HARTOS DE LA CARTA MAGNA, AlrevesyalDerecho, Infolibre, 6 diciembre 2018

Este 6 de diciembre de 2018, en España, soportaremos hasta el paroxismo la exaltación oficial de la Constitución española de 1978, con motivo de su 40 aniversario. No seré yo quien niegue -todo lo contrario- el valor de esta Constitución, que ha servido de marco para el más importante periodo de estabilidad y progreso que ha conocido nuestro país.

No me cuento entre los debeladores de la ‘cultura de la transición’ y tampoco entre quienes carecen del más mínimo sentido histórico y olvidan que las Constituciones son un producto jurídico y político, herramientas que sirven para acuerdos, que nacen de un contexto y de unas necesidades concretas, por mucha voluntad de durar que las presida. Sus fortalezas y debilidades son, por así decirlo, inevitables, porque no es mejor Constitución la que diseñan genios inmarcesibles del Derecho, la filosofía, la ciencia política, la ética pública y la economía, sino la que sirve para expresar un conjunto de reglas de juego ampliamente compartido por quienes tienen que jugar y un programa de convivencia no menos ampliamente acordado, que se trata de desarrollar.

Lo que me parece inadecuado es aproximar esta conmemoración a una fiesta religiosa, más que ciudadana, por aquello de no tocarla ni mancharla, como si la Constitución fuera un dogma caído del cielo o los diez mandamientos. Y es que este tipo de conmemoración desvela de nuevo una dolorosa paradoja. ¿Cómo vamos a creer a las autoridades que pronunciarán discursos una y otra vez sobre lo importante que es la Constitución, cuando en buena medida (hay excepciones, es cierto) son los mismos cuya falta de voluntad política para reformarla origina esa paradoja de que conviva la conciencia mayoritaria de la necesidad de reforma con la conciencia de su evidente imposibilidad, habida cuenta del bloqueo impuesto por las propias fuerzas políticas? Esa paradoja es, por cierto, la raíz de una importante y creciente brecha entre ese texto y las necesidades reales de los ciudadanos, empezando por las nuevas generaciones…

Hay otra razón para nuestra impaciencia ante los festejos conmemorativos, aunque esta parezca meramente lexicográfica y, por tanto, menor: el 6 de diciembre y en torno a estos días se dirá y escribirá mil veces que celebramos el 40 aniversario de nuestra ‘Carta Magna’. Y no, no es así. Por fortuna.

Por mucho que ruborice, alguien tendría que recordar que una Constitución es algo radicalmente distinto de la Carta Magna, aunque la metáfora, que se ha repetido casi desde tiempo inmemorial y nos hace creer que ese documento, la Carta Magna, es la garantía de los derechos de la ‘gente común’, del pueblo, de los ciudadanos, sea casi imbatible en el discurso, en la retórica política al uso.

La Carta Magna original, la de 1215, no es otra cosa que una suerte de acuerdo de paz otorgado/pactado por Juan sin Tierra ante los barones y la iglesia, en Runnymede, y ratificado tras la guerra de los barones en 1217. Es un acuerdo medieval entre el monarca inglés y los barones y la Iglesia, para que barones e Iglesia vean reconocidos por el rey sus privilegios como derechos. No es el documento de garantía de derechos de la gente común que, en todo caso, son súbditos en una sociedad feudal. Nada ni remotamente parecido a ciudadanos, al pueblo como denos, como sujeto y origen del poder constituyente que alumbra la Constitución. No, desde luego, en el sentido contemporáneo de Constitución, el democrático, es el pueblo, titular de la soberanía, quien proclama (o, según las versiones, reconoce) la existencia de derechos originarios de los ciudadanos. Incluso proclama que todos los seres humanos tienen derechos que en ningún caso pueden ser entendidos como concesiones graciosas de un autócrata.

Si seguimos empleando esa metáfora, se dice, es porque los revolucionarios norteamericanos aceptaron ese mito haciéndolo propio. Pero lo cierto es que la Declaración de independencia de 1776, como es lógico, no es una Carta Magna. La Declaración se separa radicalmente del mito de la Carta Magna, al que tanto ha contribuido Hollywood con sus películas sobre Robin Hood como precedente de los luchadores por los derechos del pueblo, en lugar de lo que se supone que, en caso de existir, habría sido: un miembro de la nobleza inferior, vinculado a la tradición sajona y enrolado en la causa de los barones, frente al rey y su apoyo normando. No: los padres fundadores norteamericanos son revolucionarios y proclamarán sus derechos sin la presencia de ningún vestigio de que estos sean fruto de un acuerdo entre el pueblo y el rey. Reivindican un nuevo sujeto político y otro fundamento de los derechos.

Así que deberíamos dejar de utilizar esta metáfora por socorrida y aceptada que sea. Conmemoremos la Constitución de 1978, no la Carta Magna. Y recordemos que no es el fruto de la bondad de un rey, ni de una élite política sabia y bondadosa. No. La Constitución española de 1978 nace de un poder constituyente democrático, de los ciudadanos como soberanos. O, como escribía Luis García Montero en su entrega semanal en Infolibre (https://www.infolibre.es/noticias/opinion/columnas/2018/12/02/la_constitucion_uno_mas_89449_1023.html), una verdad compartida y en movimiento. Y eso es algo que en esta celebración debería situarse en primer lugar.

 

LA BATALLA POR UNA VIVIENDA DIGNA. MODELO DE ESTRATEGIA DE LUCHA POR LOS DERECHOS, Luces Rojas, Infolibre, 28 11 2018

 

 

 

UNA NECESIDAD BÁSICA QUE SIGUE SIN SER TOMADA EN SERIO

Como ha sido recordado con frecuencia –entre nosotros, por ejemplo, lo ha hecho la profesora González Ordovás– el derecho a la vivienda digna es un caso paradigmático del déficit de una concepción ortodoxamente liberal de los derechos: un evidente derecho fundamental, que responde a una necesidad básica indiscutible y que, sin embargo, tal y como sucede con otros derechos económicos, sociales y culturales, no es tomado en serio suficientemente en los programas de derechos humanos de los Estados. Es lo que sucede en la Constitución española de 1978, que lo recoge sólo en su artículo 47, dentro del capítulo 3º del título I, dedicado a los derechos y deberes fundamentales, capítulo que tiene el expresivo enunciado De los principios rectores de la política social y económica. Se trata, insisto en recordarlo, de un déficit común a los derechos sociales, que conviene recordar en este 40 aniversario del texto constitucional y que, a mi juicio, está en el núcleo de las propuestas más interesantes de su reforma que postulan la inclusión expresa de los derechos sociales como derechos dotados de la protección fuerte, los de la sección 1 del capítulo 2, del título1.

También se ha repetido que la estrategia de lucha por la efectiva garantía de los derechos y, en particular, de esos derechos sociales, económicos y culturales, debería saber dar un paso más y no sólo en el orden estatal, sino también a escala internacional. Se trataría de promover una noción de ciudadanía activa que integre democracia, derechos y desarrollo sostenible, en el marco de la que podríamos llamar concepción holista, por integral y por global, de los derechos. Esa es, creo, una dimensión quizá no suficientemente subrayada de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (OSD) que constituyen la Agenda 2030 aprobada por Naciones Unidas en la cumbre de desarrollo sostenible, en septiembre de 2015.

Pues bien, a mi juicio podemos encontrar un ejemplo particularmente interesante de esta manera de entender el derecho a la vivienda y en cierta medida, como digo, los derechos sociales, en el reciente informe, presentado por Leilani Fahra, la relatora especial de la ONU sobre el derecho a la vivienda digna, hace apenas un mes, el pasado 19 de octubre 2018, en Nueva York, en el marco del Tercer Comité de la sesión LXXIII de la AG ONU dedicado sobre todo a la cuestión de los asentamientos informales  y que desarrolla el que ofreció  el 15 de enero de 2018 ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En el informe se llega a algunas conclusiones simples pero urgentes: las condiciones de vida en los asentamientos informales, dados sus alcance y gravedad, constituyen una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos en todo el mundo. La sociedad mundial ha llegado a aceptar lo inaceptable. Es un imperativo de derechos humanos mejorar los asentamientos informales de modo que se ajusten a las normas básicas de la dignidad humana. Pero se subraya también que el reconocimiento de esta realidad y la movilización de todos los agentes en el marco de un paradigma compartido de derechos humanos puede hacer posible el programa de mejora para 2030. 

 

LA ESTRATEGIA DE GARANTÍA DEL DERECHO A LA VIVIENDA COMO SÍMBOLO DE UNA VISIÓN HOLISTA, QUE INTEGRA CIUDADANÍA, DERECHOS Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Me interesa traer ahora ante la luz esos informes, ante todo porque abordan una nueva estrategia a propósito de cómo hacer efectivo el derecho a la vivienda. Es cierto que el objetivo prioritario es la reflexión sobre esas “prácticas habitacionales” en las que se ve inmersos los 850 millones de personas (más de la quinta parte de la población mundial) que viven en lo que la Relatora llama “asentamientos informales”. Se trata de esos “barrios marginales” o concentraciones urbanas periféricas, slums, en las que destaca la presencia de colectivos especialmente vulnerables, como los pueblos indígenas, los refugiados e inmigrantes. Junto a ellos, buena parte de los protagonistas del fenómeno generalizado del éxodo rural hacia las ciudades, convertidas progresivamente en metrópolis en las que ese tipo de barrios periféricos, asentamientos, etc, encarna gráficamente la desigualdad y la exclusión. Sus modalidades abarcan una gama amplísima: “Desde los campamentos de personas sin hogar desplazadas constantemente en los países más ricos, hasta las comunidades masivas en el Sur Global, como Orangi Town, en Karachi (Pakistán), con una población total estimada de 2,4 millones de habitantes. Las distintas modalidades incluyen precaristas en edificios abandonados, viviendas improvisadas en contenedores, tiendas de campaña o embarcaciones, o chabolas construidas con distintos materiales de desecho. En otros lugares, las comunidades informales establecidas desde hace mucho tiempo pueden vivir en viviendas duraderas de ladrillos y mortero”.

Y la Relatora añade un fenómeno cada vez más preocupante, que deriva de los mercados informales de alquileres no regulados, que con frecuencia practican la explotación, y que, recuerda, “constituyen un componente cada vez más importante de las viviendas informales”. Esta se relaciona con las crecientes dificultades de acceso a vivienda de alquiler (y no ya de propiedad) para los jóvenes o los de permanencia de ancianos en viviendas de alquiler, ante los cambios que plantean agresivas estrategias de mercado, la irrupción de fondos buitre en el sector inmobiliario, o los fenómenos de gentrificación, por no hablar del impacto de agentes que se comportan como depredadores en el sector turístico, no sólo por cómo alterna los precios de mercado sino la convivencia en viviendas y barrio. Recientemente, el Defensor del Pueblo de España presentó en un encuentro en la UIMP un informe sobre el particular que me parece extraordinariamente útil, por el análisis de esa realidad y por las recomendaciones que contiene, dirigidas a la Administración.

 

Pero , lo que más me interesa destacar en primer lugar es cómo conecta la Relatora esas deficiencias en el derecho a la vivienda con un sistema de exclusión, institucionalizado por los agentes del mercado. Es decir, me interesa el informe de la Relatora porque se aproxima a la crítica situación del derecho a la vivienda desde esa concepción integral y global a la que me refería más arriba. En efecto, para L Fahra, el derecho a la vivienda, a un hogar, es un derecho primordial porque no es sólo que tenga como objeto una necesidad básica, sino porque sin él nos vemos privados de seguridad, libertad, igualdad (being without home is being without security, equality, freedom). Por eso, advierte de que no puede rebajarse a la categoría de preferencia secundaria, o de mera expectativa o deseo, sino que significa la condición misma de estabilidad, seguridad, dignidad. El hogar es, en cierto modo, diría yo, el ancla de los derechos, o, como ella sostiene, “el lugar donde cada uno de nosotros, como persona, desarrolla y llega a ser capaz de ejercer y reclamar todos nuestros derechos”. A mi juicio, ese cambio de perspectiva debería ser integrado como elemento clave de lo que establece el Objetivo 11.1 de los OSD: “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”.

Y ¿en que consistiría esa nueva estrategia? La Relatora recuerda, insisto, que esos han sido analizados habitualmente como un estigma, como un ejemplo negativo: “Las condiciones de vida son alarmantes e intolerables. Los residentes suelen carecer de agua y saneamiento, y viven con el temor constante del desalojo”. Pero subraya que pueden ser tomados en cuenta como una oportunidad de avanzar estrategias sinérgicas entre esas tres claves propias de los OSD (democracia, derechos, desarrollo sostenible), si entendemos otra dimensión de este fenómeno, esta vez positiva. Comprenderlos como estrategia adaptativa o incluso como respuesta a los sistemas formales de exclusión, impuestos por la lógica del mercado respecto a un bien que debería ser considerado como derecho fundamental, el acceso garantizado a la vivienda digna. Coherentemente con ello, hasta ahora la respuesta ha consistido en gran medida en el desalojo de esos barrios y la reubicación de sus residentes en lugares igualmente periféricos.

Y es que,  antes de estigmatizar, hay que entender las causas.

A mi juicio, esta es la clave. L Fahra subraya que la informalidad es resultado de la exclusión sistémica. Y, por tanto, la estrategia debe basarse en erigir una barrera activa frente al paradigma dominante, basado en el predominio de elementos depredadores de un mercado de vivienda que se configura como pieza esencial de ese sistema de exclusión. Para la relatora, “la informalidad es creada y agravada por la imposición de un sistema determinado de leyes, mercados privados, planificación y asignación de recursos que no respeta y viola los derechos fundamentales de quienes no tienen más remedio que recurrir a los asentamientos informales. Se han impuesto sistemas de colonización de tierras y bienes en las relaciones de los pueblos indígenas con la tierra y la vivienda. En los países en desarrollo, grandes sectores de la población son considerados ilegales cuando se alojan como pueden y viven bajo la amenaza constante de ser expulsados de sus hogares por la fuerza.

En los países ricos, la ley no solo impide la construcción de albergues rudimentarios por las personas sin hogar, sino que a veces penaliza incluso los actos de comer y dormir… Las personas que migran a las ciudades en busca de trabajo o que son desplazadas de otros barrios deben crear, mediante los asentamientos informales, un sistema de vivienda subsidiario para satisfacer necesidades apremiantes que quedan sin atender en el sistema formal de vivienda. Los terrenos en la periferia de las ciudades suelen ser los primeros en ser ocupados y a esos ocupantes siguen empresarios informales que atienden las necesidades de agua, saneamiento, electricidad, transporte, alimentos, ropa y otras necesidades básicas”.

La Relatora recuerda que estos asentamientos proporcionan un remedio a la necesidad habitacional de trabajadores y proveedores de servicios de quienes dependen las ciudades. De donde la gravedad de la paradoja de que se vean penalizados, se les nieguen servicios, sufran discriminación generalizada y sean obligados a pagar precios exorbitantes por las necesidades básicas o a privarse de satisfacerlas. Pero destaca también que es erróneo ignorar que con frecuencia los asentamientos informales representan un logro increíble, una profunda expresión de individuos, familias y comunidades que reclaman su lugar y su derecho a la vivienda. Son “hábitats construidos por gente”, que crea hogares, cultura y vida comunitaria en las circunstancias más adversas.

El acto de reivindicar su lugar en las ciudades y construir viviendas desafía la exclusión espacial, la apropiación de tierras y bienes por los ricos sin más fin que la especulación, la colonización de territorios indígenas y las tentativas de las autoridades de volver invisibles a comunidades enteras, negándose a reconocerlas. En su respuesta, los asentamientos informales proclaman: “Aquí estamos” y “no vamos a desaparecer”. Son una forma de ejercicio de los derechos humanos de base comunitaria encabezada por personas sin vivienda, mujeres, víctimas de la desigualdad económica, personas con discapacidad, migrantes y víctimas de la discriminación racial y étnica. El enfoque basado en los derechos debe descansar en el reconocimiento de la dualidad de los asentamientos informales que son, a la vez, violación y reivindicación de derechos.

El nuevo enfoque basado en los derechos humanos para la mejora de los asentamientos informales, se basa en un derecho que reafirma Fahra: el derecho de los residentes a permanecer in situ si es posible, y a ser alojados adecuadamente lo más cerca posible también, cuando la reubicación sea necesaria o preferible. Y ahí es donde el nuevo enfoque entronca con el objetivo 11.1 de los ODS: un enfoque integrado de los derechos humanos centrado en la obtención de vivienda adecuada, en todas sus dimensiones, y en el protagonismo de las comunidades para definir concretamente en qué consiste para ellas la vivienda digna.

Por eso, las recomendaciones de Fahra, sus diez claves, insisten en una recuperación de la clave democrática a escala municipal que, en lugar de la fácil respuesta de castigo, obstrucción y penalización, potencie las sinergias entre las administraciones de las ciudades y las comunidades en cuestión, escuche y de protagonismo a esas comunidades y potencie “nuevos enfoques de la propiedad, la tenencia, la planificación inclusiva e iniciativas legislativas y programáticas innovadoras, y mediante la participación y la rendición de cuentas basadas en los derechos”. Eso exige integrar  el derecho a la participación, el acceso a la justicia, la cooperación internacional y la asistencia para el desarrollo, los problemas ambientales, y la relación entre empresas y los derechos humanos.

“POLITICAS MIGRATORIAS: DE LA NARRATIVA TÓXICA A LAS PROPUESTAS JURIDICAS PRIORITARIAS”, Conferencia inaugural FORO: MOVIMIENTOS MIGRATORIOS. ENFRENTANDO NUEVAS REALIDADES, UNIVERSIDAD DEL ROSARIO, Bogotá, 31 octubre 2018

 

 

 

 

  1. La movilidad humana, fenómeno estructural. ¿Novedades?

Creo que entre los desafíos que debemos abordar para afrontar con éxito los viejos retos y las nuevas realidades y oportunidades que nos plantea la movilidad humana, el primero es éste: reconstruir nuestra mirada sobre el fenómeno migratorio, para aceptar la pertinencia del dictum de Horacio en sus Satirae: quid rides? Mutato nomine, de te fabula narratur. No: las migraciones y los desplazamientos en busca de asilo no son ni un problema de otros, ni una novedad, sino una constante en la historia humana.

Pero es cierto que vivimos una novedad decisiva: la de la toma de conciencia de nuevos rasgos de la movilidad humana, que en buena medida suponen la ruptura de la tradición migratoria, de nuestra representación tópica de las migraciones (siempre en clave sur-norte, cuando empíricamente está demostrado que el volumen fundamental de la movilidad migratoria se produce en sentido sur-sur). Por no hablar de la relación entre las migraciones y el nuevo paradigma económico y social internacional que impone la dimensión tecnoeconómica de la etapa actual de proceso de la globalización (vs inmigraciones tradicionales).

En una palabra, las manifestaciones tradicionales de los movimientos migratorios están cambiando y desapareciendo. Recordaré dos de esos cambios:

* ahora y en el futuro, incluso inmediato, crecerán de forma muy relevante los desplazamientos migratorios relacionados directamente con los factores climáticos, que supera el número de las tradicionales. Migraciones sur-sur

* además, el cierre de mercado de los países desarrollados potenciará ineludiblemente las migraciones clandestinas en diferentes modalidades

 

¿Podemos hablar de nuevos rasgos de los movimientos migratorios entendidos cada vez más en su sentido amplio, las manifestaciones de movilidad humana, y sobre todo aquellas que debemos reconocer como forzadas, y no como expresión de una decisión libre, escogida sin condiciones que fuercen al proceso migratorio?: Creo que hay cierto acuerdo hoy en señalar al menos las siguientes notas:

 

  • Carácter forzada y compleja: el porcentaje más amplio de esos desplazamientos responde a condiciones que obligan a salir del propio país y en sus trayectorias y objetivos suelen converger los que denominamos como aspirantes a refugiados (asylum seekers) y los migrantes forzados (en particular los relacionados con cambio climático). Son movimientos mixtos por diferentes razones, pero con rutas similares: lo comprobamos en la actual “caravana de migrantes” que desde Centroamérica trata de llegar a los EEUU y las rutas en Africa.
  • Masiva (por su número, por el amplísimo contexto común geográfico, social, económico: amenazas medio ambiente, desigualdad radical, carencia de expectativas de vida),
  • Potencialidad para poner en jaque la capacidad de los Estados nacionales para la acogida de esos movimientos. Eso tiene relación con la tendencia creciente a una respuesta punitivo-defensiva
  • Incremento de los elementos de riesgo por parte de los protagonistas de esas manifestaciones de movilidad humana. Frente a ellos, estamos debilitando el standard de derechos y de respeto al Estado de Derecho: muy precisamente estamos convirtiendo las fronteras en espacios de muerte y ausencia de derechos elementales.
  • La militarización simbólica, pero con efectos destructivos: la lógica de estigmatización y criminalización que borra en los migrantes su condición de sujetos de derechos y aun la existencia de un marco legal internacional. Lógica de internamiento y deportación

 

 

  1. Frente a esas nuevas realidades, ¿qué errores hemos cometido en nuestra reacción, en los modelos de políticas migratorias y de asilo?

El primer error a mi juicio, es lo que se ha dado en denominar <narrativa tóxica> sobre las migraciones y los refugiados, como ha reconocido incluso la OIM. En la representación de estos fenómenos, los medios de comunicación, los instrumentos educativos y los instrumentos jurídicos son decisivos. Lo sabemos muy bien los juristas, porque nuestro material de trabajo es el lenguaje. Y en el ámbito del Derecho de extranjería, del Derecho migratorio y de asilo, la manipulación del lenguaje, la creación de categorías e instrumentos conceptuales que transmiten prejuicio, que sacrifican el análisis científico a lo que hoy llamamos fake-news, es sobre abundante. Piensen en ejemplos como la noción evidentemente fobotípica, de inmigrante <ilegal>, la confusión entre retorno, repatriación, devolución y deportación/expulsión, la estigmatización como delito de tráfico de personas de conductas de solidaridad con los inmigrantes, o la aparición de eufemismos como centros cerrados, plataformas de desembarco, hotspots para referirse a centros en los que personas que no han cometido delito son sometidos a la privación de la libertad de circulación. 

Necesitamos análisis fiables, datos contrastados y una estrategia de comunicación sobre las verdaderas realidades, los desafíos reales y los medios con los que contamos: cooperación internacional, responsabilidad compartida: respeto al Derecho, solidaridad y humanidad

Necesitamos revertir la atribución a las migraciones de las características sectoriales (un fenómeno laboral, o económico-laboral) y de su presentación como fenómenos específicos, bilaterales más incluso que regionales. Por el contrario, es necesario dos rasgos de la movilidad humana, su dimensión holística y su carácter global, que deberían imponer, en buena lógica, que las respuestas sean otra cosa que lo que constatamos hoy: políticas sectoriales y aisladas (nacionales) y desde luego, políticas unilaterales, de dominio y explotación de las poblaciones migrantes y de los países que las generan

Hemos de superar de una vez la ignorancia/indiferencia ante el vínculo entre migraciones y desarrollo sostenible. Debemos reconocer que sobre todo en uno de los factores más decisivos de la nueva movilidad humana forzada, la que se vincula con problemas medioambientales, la distinción entre refugiados y migrantes se desdibuja.

 

 

 

3.Insuficiencias y falacias del Derecho migratorio.

 

La mirada dominante en estas sociedades de acogida (las europeas, muy concretamente) es una mirada determinada tanto por las condiciones sociológicas de convivencia, como por la construcción jurídica del estatuto del inmigrante. La construcción sociológica concibe la inmigración como aportación necesaria de fuerza de trabajo y ese es el discurso de legitimación de la llegada de la inmigración: los necesitamos.

Si los necesitamos, no es un derecho de ellos a venir, es una necesidad económica y ello genera una determinada concepción de integración, de la aceptación de su llegada, pero ubicados de forma separada y de su condición de sujetos de Derecho y antes el derecho. Estratificación social: la diferencia como coartada de la desigualdad: pobreza y extranjería

El principal riesgo es el uso político de las migraciones como vector en la competencia política interna en Europa. Un uso que se concreta en la  construcción jurídica, el vínculo social y político que les ofrecemos es demediada: no hay integración porque ni hay igualdad y porque se impone la aculturación como condición de reconocimiento de derechos, porque hay dos déficits de reconocimiento. El primero, el del supremacismo del nosotros, tantas veces teñido de racismo si no al menos de xenofobia. El segundo,el menosprecio a esos otros a y cultura e identidad entendida como causa de retraso, de inferoridad… es la de un status precario, un sujeto siempre inacabado, provisional, desigual.  Las deportaciones…

La mirada determina la percepción y la construcción jurídica del inmigrante (“La saisie juridique de l’inmigré”)

 

 

 

 

 

  1. La regla áurea para políticas migratorias: hay que conjugar derechos, democracia, codesarrollo y desarrollo sostenible, lo que exige responsabilidad solidaria y compartida.

Esa regla aúrea apunta  a los 4 elementos del pacto global y a los 10 principios guía enunciados en su epígrafe 15

  • Focalización prioritaria enfoque derechos y revalorización de los elementos del Derecho internacional de migraciones y de su vinculatoriedad
  • Medios para seguridad de los inmigrantes y de las sociedades concernidas (y de los Estados): legalidad, carácter regular y ordenado. Cooperación en desarrollo humano, democracia y derechos, condición de la cooperación en gestión migratoria: multilateralidad.
  • Reducir la incidencia y riesgos de los inmigrantes forzados irregulares
  • Gestión de las consecuencias de la movilidad en contextos de desastres naturales y hambrunas…

 

 

 

  1. Cinco prioridades inmediatas en Derecho migratorio y de asilo

Para finalizar, quiero señalar cinco medidas jurídicas que me parecen hoy de todo punto prioritarias, en relación con los 23 objetivos (11, 13, 16 y 19) del Pacto global y que, a mi juicio, sirven para ayudar a concretar la valiosa pero un tanto confusa iniciativa de Etienne Balibar sobre <un derecho internacional de acogida> (cfr. https://elpais.com/elpais/2018/09/28/opinion/1538155804_075889.html ):

 

  • Asegurar los derechos en el tránsito de fronteras, comenzando por el derecho a defensa y a un proceso debido. También en los procesos de retorno, readmisión, y en el monitoreo de ese retorno. Mecanismos de accountability
  • Fin del uso de la detención como mecanismo generalizado de control migratorio. Medidas alternativas (objetivo 13)
  • Medidas efectivas de protección de sujetos vulnerables: mujeres y menores no acompañados
  • Medidas de protección contra todas las formas de discriminación, contra los delitos de odio (relacionados con racismo y xenofobia)
  • Medidas de acceso efectivo de los inmigrantes, con prioridad para los MENAS (menores migrantes no acompañados): educación y sanidad.

“Carmen Alborch: una Universitaria”, El País, cultura: https://elpais.com/cultura/2018/10/28/actualidad/1540742358_184083.html

Confieso que en estos días practico una forma quizá un poco particular de duelo -seguro que les pasa a otros- que consiste en leer cuanto se escribe sobre Carmen Alborch. Y confieso también que no sé a que carta quedarme. Bueno, si me perdonan la falta de pudor, personalmente lo tengo claro: me guardo la del privilegio que he disfrutado, el de su amistad. Pero me refiero a qué carta, qué dimensión destacar, para hablar de eso que llamamos <legado>, el legado de Carmen.

No es por un prurito de originalidad, ni por un resorte gremial, por lo que he elegido apartarme de lo que me parece que, con toda la mejor intención del mundo, es una forma habitual de hablar de Carmen: sí, fue una persona que impactó en el mundo académico, como primera directora del Departamento de Derecho Mercantil y como primera Decana de la Facultad de Derecho de la Universitat de València. Claro, todo el mundo lo subraya, como se menciona siempre la medalla de la Universitat, que recibió el año pasado. Pero diría que, en general, el ritornello cuando se habla de Carmen consiste en añadir de inmediato: pero fue más, muchísimo más…

¿Y cómo negarlo? La lista de cargos de relevancia social y política que desempeñó a lo largo de su vida es más que conocida y me exime de su enumeración. Y en muchos de ellos fue la primera mujer. Fue quien abrió camino a otras y sobre todo quien se empeñó en hacer ese camino con otras y no sólo con otros, como era habitual. Por esa razón, he leído de nuevo afirmaciones que la realzan destacando que no se quedó en la Universidad, sino que traspasó su personalidad, su modo de hacer, su influencia, a muchos otros ámbitos, del arte a la política, de ésta a la literatura, siempre con la convicción feminista. Y del mismo modo, se insiste, traspasó el ámbito de la ciudad que consideraba suya, Valencia, para destacar “en Madrid” (se sigue escribiendo esto como un logro…Vds verán) y en el mundo mundial. Y es verdad: Carmen supo llevar su carácter como emblema que la convirtió en una personalidad social, que tiene un hueco propio en nuestra historia reciente. 

Con todo, en estos días, cada vez que leía estas afirmaciones, sin duda ciertas, que proyectan el legado de Carmen sobre todo más allá de la Universidad, sentía un punto de incomodidad. El mismo que me había inquietado en alguna ocasión en la que me hizo el regalo de “presentarla” o, como diría un amigo, de ser su <telonero>. ¿Fué realmente sólo una etapa y corta, aunque brillante, la de su paso por la Universidad? ¿“Superó” de esa manera Carmen el tópico del profesor que, por destacado que fuere, deja como legado de su docencia e investigación, por fuerza, según se nos dice,  una huella reducida? No lo veo así y daré tres razones.

En primer lugar, porque ese legado de los profesores universitarios no se queda jamás en las paredes de las aulas y en el reducido número de los lectores de sus trabajos. Pese al descreimiento inevitable de quien lleva más de cuarenta años en ello, sigo pensando que la docencia universitaria es un motor social potencialmente poderosísimo y no tanto por el número real, más o menos importante, de quienes fueron estudiantes de Carmen en sus relativamente pocos años como profesora, sino por el efecto multiplicador que esa tarea consigue crear cuando se hace con pasión, como ella hacía y como seguro transmitió y dejó huella en no pocos de ellos que así, por fuerz, lo habrán pasado a muchos otros.

En segundo término, porque lo que Carmen aprendió como investigadora le sirvió, como a cualquiera de los que tratamos de investigar, como un marco de ideas e inquietudes, de preguntas y de intentos de respuesta que le permitió afrontar mucho mejor los retos que osó abordar en la gestión cultural, en el arte, en la literatura, en la política, en la vida. Por eso me parece un error pensar que su formación como jurista, como especialista en Derecho mercantil, aunque se interrumpiera relativamente pronto, fue algo menor en su biografía.

Y finalmente, porque conozco pocos ejemplos como el de Carmen en cuanto a la tarea de transferir conocimiento a la sociedad, para abrir caminos, insisto, para impulsar el progreso social, para mejorar la vida de las ciudadanas y los ciudadanos reales. Eso que nuestro admirado ministro Duque, en un lapsus que esperamos que corrija, quiere reconocer con el sexenio “tecnológico”, como si la única transferencia que se hace desde la Universidad fuera en ese ámbito.

Así que, si quieren saber qué tiene que hacer alguien que se dedique a la Universidad, ahí está el ejemplo de Carmen. Porque si no ponemos lo mejor de nosotros en esas tres tareas, no sé que hacemos en eso que sigue llamándose Universidad. Pero si las hacemos bien, somos mucho más que profesores: contribuimos a que la vida de los otros sea mejor.

 

 

LIBRES HASTA EL FINAL. Un punto de vista intempestivo sobre el derecho de todo ser humano a decidir poner fin a su vida. Infolibre, 24 de octubre de 2018

 

Aún es intempestivo reivindicar el derecho a la propia muerte

Voy a proponer en lo que sigue algunas consideraciones, probablemente intempestivas, seguro que políticamente inoportunas, sobre lo que considero el debate radical que queda oculto tras la actual discusión en torno a la despenalización de determinadas prácticas eutanásicas y de suicidio asistido, e incluso sobre el proyecto de ley del grupo parlamentario socialista que reconoce –por fin!- el derecho a la eutanasia.

Porque, sin negar los muy positivos avances que representan unas y otras, creo que no van a lo que a mi juicio es la raíz: el derecho original de todo ser humano a decidir sobre aquello que es más importante, nuestra propia vida y su final. Un derecho que por ahora es sólo, claro, una libertad (“no existe en la Constitución un derecho a morir”, nos recuerdan los ortodoxos juristas y políticos). Un derecho por cuyo reconocimiento pugnamos no pocos, y que corresponde a todos, se esté o no en algunos de los supuestos “legalizados”, se pertenezca o no a alguno de los dos grupos de personas reconocidos en ese buen proyecto, esto es, enfermos en fase terminal; graves discapacitados permanentes. Sólo esos supuestos, en efecto, justifican reconocer como un derecho la decisión de poner fin (las más de las veces,  de ayudar a poner fin) a la vida, de forma dulce, esto es, digna, que eso es la eutanasia. Un avance, desde luego, en la lucha por evitar tener que pasar por el sufrimiento y, menos aún, por la crueldad que supone la imposición a toda costa de su prolongación, algo a lo que intentan responder las diferentes modalidades de reconocimiento del derecho a los cuidados paliativos, la barrera en la que se detienen C’s y PP y también la iglesia católica.

Me atrevo a utilizar esa expresión nietzscheana, Intempestivas. Entre 1873 y 1876, publicó Nietzsche los volúmenes que componen sus Unzeitgemässe Betrachtungen, Consideraciones intempestivas, una feroz diatriba de la cultura oficial (alemana), guiadas por lo que él mismo considera el <proceder intempestivo>, esto es, “proceder en un sentido contrario al espíritu contemporáneo y, con ello, surgir un efecto sobre él y los tiempos futuros”. Lo intempestivo, como se ha escrito, busca “quebrar la temporalidad de lo actual como afirmación exitosa, como festejo de la realización del devenir de la historia”.

Pues bien, sin pretensión alguna de comparación con el genio y la ambición del filósofo alemán, lo que impulsa estas líneas es ese objetivo: abandonar de una vez la autocomplacencia acerca del triunfo del espíritu civilizado de estas reformas. Ir a la raíz.

Hay mucho que decir sobre los diferentes proyectos presentados en esta legislatura y que inciden en los cuidados paliativos y el derecho a la eutanasia, desde la iniciativa legislativa de Unidos-Podemos en la que se estaban manifiestamente presentes las tesis de la Asociación DMD y del Grupo de Estudios de Política Criminal, un proyecto del que en buena medida es deudor el socialista, la del Parlament de Catalunya para la reforma del artículo 143.4 del Código Penal, o la de C’s sobre los cuidados paliativos, hasta llegar al escandaloso plagio legislativo en el que ha incurrido el PP al presentar su enmienda a la totalidad del proyecto impulsado por el Gobierno. Sobre todo ello, puede leerse este artículo de Victor Alonso Rocafort  (https://ctxt.es/es/20170517/Firmas/12788/eutanasia-parlamento-Ciudadanos-PSOE-PP-Unidos-Podemos-Victor-Rocafort.htm). Reconozco que el proyecto de ley que reconoce el derecho a la eutanasia y que impulsa el Gobierno Sánchez es un avance muy positivo (aunque mejorable): ojalá se mejore en el trámite parlamentario y se apruebe .

Pero si escribo es para argumentar que incluso este proyecto de ley que reconoce el derecho a la eutanasia deja filosóficamente casi intacto el paternalismo que supone la sumisión de nuestra decisión sobre aquello que nos es más propio, la propia muerte, al control por parte de sabios, especialistas, clérigos y demás representantes de <la autoridad>.

 

 

Tres tesis sobre la coherencia de este derecho originario con la lógica de los derechos, del estado de derecho y de la democracia

Frente a eso, creo que es hora de que reivindiquemos coherentemente y de una vez el viejo ideal de autonomía, sin el cual, conceptos tan venerables como frecuentemente vacíos o redundantes tales como el de <dignidad humana>, son poco más que retórica que tantas veces se pone al servicio de decisiones que, de hecho, son incompatibles con esa dignidad. ¿Acaso no es la suprema indignidad tener que someterse a la decisión ajena sobre la única elección verdaderamente nuestra, la de la propia muerte?

Lo expondré a través de tres tesis que me parece están en consonancia con el argumento básico expuesto de forma concisa y brillante por Javier Pérez Royo en su artículo “derecho a la propia muerte” (https://www.eldiario.es/zonacritica/Derecho-propia-muerte_6_826327376.html). Esas tres tesis tratan de razonar que el desarrollo coherente de la cultura de los derechos humanos, del Estado de Derecho y de la idea misma de democracia, postulan el reconocimiento de este derecho básico.

 

 

Primera tesis: el derecho al libre desarrollo de la personalidad, y con ello, la dignidad de la persona, es el fundamento del derecho a decidir sobre la propia  muerte, que va más allá de la obvia libertad de elegir morir. Se trata de un derecho que debe ser reconocido como tal derecho humano de rango fundamental.

Formulación negativa:  No hay un desarrollo pleno y coherente de la cultura de los derechos humanos, si no se incluye este derecho a decidir la propia muerte

El primer argumento que, a mi juicio, justifica jurídicamente –quiero decir, constitucionalmente- la consideración del derecho a decidir  sobre la propia muerte como derecho fundamental, es que se trata, probablemente, de la manifestación más relevante del libre desarrollo de la personalidad, proclamado en el artículo 10 como fundamento del orden político y de la paz social. Me remito a  una tradición filosófica de larga data. Basta recordar el dictum de Sófocles: “quien sigue apegado a la vida en la desgracia, o es un cobarde o es un estúpido”, que encuentra desarrollo en el estoicismo romano de los Séneca (“La cosa mejor que ha hecho la ley eterna es que, habiéndonos dado una sola entrada a la vida, nos ha procurado miles de salidas”, escribe en las Epístolas morales a Lucilio) o Marco Aurelio. En esa tradición es ineludible referirse al ensayo de Hume, On Suicide (1790), pasando por los argumentos de Schopenhauer (1891), “es bastante obvio que no hay nada en el mundo para el que cada hombre tenga un título más irrebatible que su propia vida y persona”, la concepción de libertad y daño de J.S. Mill en On Liberty (1859), hasta llegar al planteamiento de Camus, que sostiene que la libertad no es tal si no lo es en el test, por sí decirlo, supremo: el del derecho a decidir (sí, el más genuino derecho a decidir, por así decirlo) sobre al propia vida, sobre su final. Decidir sobre las cuestiones que afectan de modo más relevante a mi propia vida, eso es la libertad, eso es la dignidad. Y entre esas cuestiones, ¿qué duda cabe que se encuentra la de la propia muerte?

 Creo que desde el punto de vista filosófico-jurídico podemos vincular el fundamento de esas tesis con la noción misma de autonomía de la voluntad, que otros calificarían jurídicamente como el derecho a decidir sobre el propio plan de vida. Y es obvio que este es el fundamento deontológico de lo que denominamos derechos humanos. Pero eso exige dos precisiones.

La primera es algo que, por evidente, a veces queda oculto. Me refiero a lo que entre otros, ha señalado mi colega el profesor J.C Carbonell cuando critica a mi juicio con razón, una parte de la jurisprudencia constitucional sobre esta cuestión. En efecto, no tiene ninguna racionalidad contraponer en bruto dos derechos como el derecho a la vida y el derecho a la muerte. La muerte es un hecho inevitable: nuestra única certeza (puesto que sabemos que, al menos para algunos, es posible evitar el deber de pagar los impuestos, la otra presunta certeza). No hablamos del derecho a la muerte, y menos todavía de la apología del suicidio sin más. Hablamos del derecho a elegir la muerte digna, como último acto de libertad.

Y en segundo lugar, no conviene convertir el derecho a la vida (condición ontológica de los derechos, sí) en un derecho sagrado, absoluto o en un imperativo categórico, un deber absoluto y sagrado, indisponible: sólo quienes adopten una determinada posición trascendente (no la única) u holista pueden sostener que el dueño de ese derecho no es  el propio sujeto, sino Dios, o la especie/grupo social/la sociedad, ante quienes tendríamos el deber de mantener la vida sin disponibilidad de nuestra parte. Ambas dos justificaciones son criticadas por Hume con toda claridad cuando escribe…

Pues bien, como han destacado notables juristas, una interpretación integradora de vida y libertad y, por tanto, una interpretación del artículo 15 a la luz del libre desarrollo de la personalidad, obliga a considerar que la vida es un derecho, no un deber. Es eso lo que nos explica Séneca cuando escribe “no se trata de huir de la vida, sino de saber dejarla”. Como reconoció la Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de abril de 1985, debe recordarse que la vida no es en ningún caso un imperativo incondicionado, porque como también ha recordado el TC, desde la más elemental consideración jurídica que fuera recordada por Kant, la noción de derechos –y la de deberes- absolutos es una contradicción en los términos, pues hace imposible la libertad individual, los derechos de los otros, el Derecho mismo.

Por supuesto que el elemento que justifica este enfoque en la perspectiva filosófico jurídica, como ya sugerí antes, es el argumento liberal de J S Mill en su muy relevante ensayo On Liberty, acerca de la justificación de la interferencia del poder, del Derecho, en el ámbito de la libertad individual. Como recordarán, no es otro que la noción de daño: pero no cualquier daño, sino un daño relevante y mayor que el de la limitación de la libertad. Y la pregunta es ¿cuál es ese daño, o, para expresarnos en términos jurídicos, cual es el bien jurídico dañado -y más relevante que la libertad individual- a la hora de no reconocer la regulación de la eutanasia como derecho y aun penalizarla? Confieso que no lo encuentro: creo evidente que ni el daño indiscutible que puede ocasionar a terceros su pérdida, ni la pérdida de la vida como un bien indiscutible pueden justificar a mi juicio el daño que se ocasiona al bien jurídico deontológicamente prioritario que es la libertad individual (la vida lo es ontológicamente, pero no deontológicamente). Un daño peor que el daño a terceros, a la sociedad, a la vida.

Porque, insisto, hablamos de un derecho, y no de un deber que se impone como imperativo categórico ajeno a la voluntad del propio sujeto. Esa concepción puede justificarse desde determinadas visiones morales o religiosas, pero jurídicamente hablando es una manifestación de lo que los iusfilósofos denominamos paternalismo no justificado, por incompatible con la autonomía moral y jurídica individual.

 

 

Segunda tesis: el derecho a decidir sobre la propia muerte es un derecho imprescindible desde la coherencia con la lógica del Estado de Derecho, con su lógico desarrollo, y con la noción garantista de la libertad que éste supone.

Formulación negativa: no hay Estado de Derecho pleno y coherente sin el derecho a decidir sobre la propia muerte..

Si el Estado de Derecho tiene un fundamento, una línea roja que podemos descubrir como elemento de sentido que lo hace preferible es precisamente éste: el compromiso de reconocer a la persona como dueña de su destino y respetarla en lo que vale su dignidad. Porque, como asegura el propio texto constitucional,  sin dignidad de la persona,  el Estado de Derecho carece de sentido.

Vuelvo a recordarlo: cuando nuestra Constitución define qué tipo de Estado y qué orden social institucionaliza, cuando quiere formular su núcleo, su fundamento, lo hace de forma inequívoca en su artículo 10: el libre desarrollo de la personalidad, es el fundamento del orden político y de la paz social.

El Estado de Derecho surge precisamente para proteger la libertad individual, radical y deontológicamente superior, previa, a la acción de poder al que sólo le otorgamos competencias limitativas de la libertad cuando se cumple, como también he recordado, la limitación formulada por ese paradigmático liberal que fue Mill. Prohibir esta manifestación de libertad, cuando hablamos de la elección libre de lo que uno considera muerte digna, es un abuso de poder, precisamente el mal frente al que se alzan el concepto y la arquitectura institucional del Estado de Derecho.

Eso es, por cierto, lo que me parece criticable en el indiscutible paso positivo que supone el proyecto de ley de eutanasia que impulsa hoy el grupo parlamentario socialista. Para el ejercicio del derecho a la eutanasia que, insisto, no es el derecho por el que abogo en estas páginas, proyecto de ley, incurriendo a mi juicio en un exceso de precaución que revela un fondo paternalista, establece la supeditación de la decisión al juicio apriorístico de una Comisión, a la que se atribuye competencia para decidir sobre un concepto plausible en principio, pero que me parece peligrosamente próximo a los conceptos jurídicos indeterminados, de tanto riesgo cuando hablamos de garantías de los derechos humanos, como es el de “valores vitales” (“conjunto de convicciones y creencias de una persona que dan sentido a su vida y que sustentan sus decisiones y preferencias  en los procesos de enfermedad y muerte”), recogido en el apartado 8 del artículo 3. No discuto la oportunidad de una Comisión de control y evaluación, pero creo que su función debe ser la de mera fedataria de la concurrencia de los requisitos que la ley disponga para el reconocimiento del ejercicio de este derecho.

 

 

Tercera tesis: el derecho a decidir sobre la propia muerte es un derecho imprescindible si hablamos de lógica propia de la legitimidad democrática.

Formulación negativa: no hay democracia plena y coherente sin este derecho.

La democracia es sobre todo democratización de la política: esto es, igualdad en las libertades que, ante todo, son libertades individuales. La democracia parte de considerar que el sujeto del poder es el pueblo, esto es, todos y cada un de los ciudadanos en condiciones de igual libertad. Y la democracia es el antídoto del discurso del miedo y de la minoría de edad. Las razones de la eutanasia como derecho son las de la libertad igual, la de ausencia de minoría de edad o tutelaje, las del respeto a la irreductible dignidad de cada uno de los ciudadanos . Aquí valen de nuevo las tesis de Mill y las de Hume: “es imposible que surjan en un pueblo las artes y las ciencias que nos liberan de la superstición si ese pueblo no cuenta con un gobierno que respete la libertad”.

En el fondo, la democracia es la lógica consecuencia política del ideal de emancipación, de autonomía, que, siguiendo las huellas de los estoicos y de los humanistas del Renacimiento (de Erasmo a Montaigne), propusieron los ilustrados -véase el Qué es Ilustración, de Kant-, aunque no se atrevieran a dar ese paso. La democracia es la respuesta al discurso político de la minoría de edad que hace de los seres humanos súbditos y no ciudadanos, el discurso del miedo la ignorancia, la superstición y el engaño, el discurso de la desigualdad del cerdo Napoleón en Rebelión en la granja (<todos los animales somos iguales pero unos somos más iguales que otros>) , el discurso paternalista que justicia la mentira y el engaño al pueblo por su propio bien. Y no: no necesitamos guías ni padres, ni salvadores que nos impongan lo que debemos hacer. Tampoco –y lo digo desde el máximo respeto- filósofos, médicos o clérigos que decidan por mí sobre el final de mi vida.

Me gustaría explicarme bien, para que se me entienda: no digo que el ejercicio de este derecho deba quedar exento de regulación, en aras de las garantías. Sostengo lo contrario, porque no creo en derechos absolutos y porque soy consciente de los riesgos. Pero no acepto que este sea un derecho cuyo ejercicio sólo pueden reclamar enfermos terminales o personas gravemente discapacitados: deben adoptarse todas las precauciones necesarias (por tanto, este no es un <derecho anómico>. Como todos, debe ser regulado para adoptar eficazmente las precauciones necesarias que eviten cualquier forma de abuso y debe disponer de la garantía última, que en Derecho es la decisión de un juez independiente sobre el ejercicio del derecho así regulado. Pero esas precauciones no pueden ser tales que supongan de hecho la supeditación de la libre voluntad a la voluntad de otros. Por eso, tampoco acepto que la última palabra sobre mi vida la tenga una comisión, por sabios y buenos que sean sus miembros.

 

No he ocultado que, con mejor o peor acierto, subyace a estas páginas el deslumbrante comienzo de “El mito de Sísifo” de Camus, donde leemos “No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio y es el suicidio”. Y soy consciente, por tanto, de su complejidad. Más aún, desde luego, de la prudencia exigible a la hora de argumentar por el reconocimiento del derecho a la propia muerte. Ese ejercicio de la prudencia es el privilegio que nos otorga la razón, tal y como nos recuerda perennemente Marco Aurelio: “una de las funciones más nobles de la razón consiste en saber si es o no, tiempo de irse de este mundo”.

 

CARMEN, EL EIFJAFJALLA Y EL CABAÑAL. Cartelera Turia, 26 de octubre de 2018

In memoriam, Carmen Alborch

Los amigos de la Turia me regalan este espacio para escribir sobre Carmen Alborch. En estas horas, he leído un aluvión de artículos, crónicas, entrevistas y recuerdos de amigos y compañeros que compartieron proyectos, aventuras y también  algún descalabro por, con, cabe Carmen. Así que he pensado dedicar estas líneas, no a tratar de definirla o evocarla, como han hecho y harán mejor otros, sino a contar una pequeña historia en la que, claro, se puede ver quién era Carmen. Una vez más, la he recuperado gracias a la memoria viva y a los archivos inagotables de mi amigo Jesús Olavarría, uno de sus “hombres favoritos”, como le llamaba Carmen.

Por mediación de Jesús, había conseguido que Carmen accediera a dar una conferencia en el Colegio de España, en Paris, entre las actividades del 75 aniversario del Colegio, para hablar de su libro La ciudad y la vida, publicado a finales de 2009. Carmen prefería no considerarlo un libro de memorias, sino de vidas entrecruzadas o, mejor, “un libro de pasiones”, de pasión por Valencia (la Valencia de la Universidad, la cultura, la amistad, la política…), porque tenía la capacidad de vivir con pasión, de transformar en pasión todo lo que afrontaba y contagiar de ello a quienes le rodeaban.

Acompañada por Jesús, que la presentó, Carmen nos habló de esas vivencias, pasiones y proyectos, entrelazando ciudad, política y vida, el jueves 15 de abril, poco después de que acogiéramos un programa de H25 con Angels Barceló y de un concierto de Raimon. El mismo día cenó entre otros con su amigo José Guirao: los valencianos y asimilados ocupábamos Paris!

Y entonces se cruzaron las cenizas del volcán islandés, Eyjafjalla, que obligaron a anular 5000 vuelos, y una huelga de trenes, la enésima contra Sarkozy. No había manera de salir de Paris el día 16: no hubo forma tampoco de encontrar un coche de alquiler en todo Paris: agotados. Pero Carmen quería estar el sábado en una manifestación en El Cabañal el 17 y luego participar en una demostración de globos aerostáticos. Como quería, tenía que ser posible. Nos movilizó para encontrar solución y al fin Irene tuvo la idea de buscar una agencia de alquiler fuera de Paris, et voilá! Desde una pequeña agencia a  30 kms al norte, Jesús, Carmen y yo emprendimos ese viaje, casi sin paradas y lo que es peor, como diría Consuelo, conmigo al volante (eso sí que fue una prueba de amistad ciega) hasta Valencia. Carmen estuvo con la gente de  El Cabañal y luego subió al globo.

Jesús me envió ayer los emails que les mandé con las prosaicas cuentas de los gastos de ese viaje que prorrateamos (peajes,  aguas, bocatas, gasolina) y uno suyo recordándome que no había incluido la multa que nos pusieron por circular a demasiada velocidad por el viaducto de Millau. Cómo nos reímos!! Y así fue como consiguió Carmen vencer al Eyjafjalla y cumplir con sus amigos y vecinos de Valencia. Como siempre: con lucha y alegría.

 

 

 

 

EL NUEVO TRAJE DE NUESTRAS UNIVERSIDADES. Sobre transparencia, democracia y Universidad. (El País, C.Valenciana, 9.10.2018)

El empeño del Govern del Botánic por hacer de la transparencia uno de los rasgos definitorios de su proyecto político es un acierto, porque sin transparencia no hay democracia o, en todo caso, de muy baja calidad. Entiendo por transparencia la reformulación por Habermas del principio kantiano de publicidad (“son injustas todas las acciones que se refieren al derecho de otros hombres cuyos principios no soportan ser publicados”): la democracia, sostiene Habermas, requiere institucionalización de la publicidad, como garantía del control por parte de los ciudadanos (los soberanos) sobre el ejercicio del poder. Así, la publicidad conecta con las exigencias de información (clara y accesible a todos), participación (de todos) y control, y deviene en el requisito de transparencia.

Es así, porque en democracia sucede lo contrario del planteamiento propio del ancien régime. En éste, el prestigio del rey no reside en su transparencia, sino en su condición sacral, separada, inaccesible al pueblo. En democracia, la auctoritas tiene relación directa con la disposición abierta a la mirada que desnuda los actos del poder. Como enseña el cuento de Andersen, El traje nuevo del Emperador, hay que verlos desnudos, porque es como se puede comprobar si el poder cumple con lo que quiere el pueblo.

¿Cumplen las Universidades con ese principio de transparencia? ¿Deben quedar al margen, o modular esas exigencias, en aras de su independencia, su autonomía? A mi juicio, las universidades han de ser por definición abiertas: su información debe ser asequible y las instituciones que representan a todos los ciudadanos deben poder tener los elementos necesarios para ejercer la crítica sobre su funcionamiento, al menos ahí donde se invierten recursos público, las universidades públicas.

Hemos avanzado en ese requisito. Pero queda mucho por hacer. Por ejemplo, como ha señalado el colectivo UNIDIGNA (www.unidigna.org) hay déficit de transparencia en la selección y promoción del profesorado (y también del personal de administración y servicios). No por ocultación, sino por el procedimiento que nos enseña La carta robada, de Poe: por exceso de luz y de datos y por orientación interesada del foco de visibilidad (lo que en magia se llama misdirection y en cine un macguffin).

Un ejemplo: la evaluación del profesorado pasa por aplicaciones informáticas que impiden en realidad la publicidad del acto de examen y la demostración de capacidades. Es el sistema imperante, que valora lo publicado según el medio de publicación (en razón de su impacto): revistas indexadas en JCR y Scopus. El problema es que esos índices de impacto no son -como algunos piensan ingenuamente- entes de razón, sino instrumentos que refuerzan la posición hegemónica en el mercado de multinacionales como Clarivate (a través de su producto Web of Knowledge) o Elsevier (dueña de Scopus). Claro, esos indicadores son públicos, pero ¿alguien puede hablar de evaluación transparente cuando el evaluador no lee ni una página del contenido, ni su autor tiene la posibilidad de exponerlo y defenderlo públicamente en el acto de evaluación? Una Sentencia del TS de junio de 2018 ha invalidado ese sistema y exigido que ANECA lea el contenido de lo que evalúa. Pero el Ministerio de Pedro Duque de momento se niega a aceptar que eso pueda ir más allá de la validez del caso concreto juzgado.

Podríamos hablar de la falta de transparencia en la adjudicación de subvenciones y proyectos (críticas reiteradas hacia la ANECA pero que, en el caso de la CV, se pueden redirigirse a la AVAP). O en las Fundaciones o entidades instrumentales (ADEIT, OTRI) que han creado las Universidades para realizar actividades que antes eran ejercidas por sus organismos estatutarios bajo mecanismos de control sencillo y accesible. O de la dificultad de participación real y control de la información institucional en las tan iluminadas como autocomplacientes páginas web…

Sí. Todavía al ver la ceremonia de tradición multicentenaria y los coloridos ropajes que resaltan la condición de élite de sus miembros, es posible que el niño señale que la Universidad va desnuda y que su pretendido nuevo traje oculta con dificultad algunas de sus vergüenzas.

UN PELIGROSO SILENCIO. La autonomía universitaria debe ser una garantía en democracia, no una barrera, El País, 26 09 2018

 

 

El goteo incesante de informaciones que desvelan irregularidades de grueso calibre en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), unido a la utilización partidaria de dossiers académicos de políticos relevantes, ha permitido construir debates que cumplen con todas las características de la cortina de humo.

De un lado, han servido para desviar la atención, incluso en sede parlamentaria, sobre las necesidades reales de los ciudadanos, la verdadera prioridad política. De otro -y es lo que me interesa señalar aquí- malgastan una oportunidad para analizar y tratar de dar respuesta a los problemas de una institución sin la que no es posible ni el progreso ni el bienestar de ninguna sociedad, la Universidad. Salvo que pensemos, claro, que la Universidad española vive en el mejor de los mundos posibles. Puede que le parezca raro a algún lector, pero les aseguro que ese es el mensaje que las máximas autoridades universitarias repiten como un mantra. En estas páginas lo habrán leído de boca del ministro y del presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades españolas (CRUE). Todo se resuelve con dos recetas: se trata de <incidentes aislados> (echemos mano de la estadística) y, en todo caso, no nos toca, porque la autonomía universitaria nos prohíbe actuar: dejemos actuar a la propia Universidad (¿??) y/o a los tribunales de justicia.

Lo más llamativo en este asunto es precisamente esto, ese <no toca> que es una omisión de responsabilidad, académica y política. Los universitarios, los ciudadanos, sufrimos desde hace meses el ruido, la indignación y el desánimo que producen los abrumadores indicios de colonización de una Universidad pública por intereses ajenos. Esa grosera instrumentación que sucede en la URJC y no sólo desde un partido (el PP de Madrid) que la ha usado y abusado de ella a su antojo, sino por parte de empresas y particulares, no es posible sin la complicidad, activa o por omisión, de las autoridades académicas y de sus instancias de control. Los viajes turísticos desde Italia para obtener títulos son sólo el penúltimo detalle de este escándalo.

El silencio de nuestras autoridades universitarias es una opción aparentemente avalada por el principio de autonomía universitaria. E incluso hay quien puede añadir que el ruido y la furia circunstanciales son el peor escenario para discutir a fondo problemas como los señalados, o los de la precarización del profesorado, la inadecuación y opacidad de las agencias encargadas de la selección del mismo y del control de la calidad de los títulos, el abandono de la investigación en las Universidades so pretexto de primar las verdaderas casas y semilleros de ciencia e investigación, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y los Organismos Públicos de Investigación (OPIS).

Esa opción por el silencio contribuye –evidentemente, malgré soi– a extender la sospecha ante preguntas legítimas que se hace la opinión pública: ¿Sólo son problemas de esa Universidad? ¿Es suficiente garantía la arquitectura de gobierno de las Universidades, con el Consejo Social como pieza destacada, para evitar esos riesgos, o los propicia? ¿En qué medida el diseño de grado y masters, so pretexto Bolonia, abocó a la transformación del mundo universitario en un microcosmos de <emprendidurías> a la búsqueda desesperada de clientes y financiación, abandonando exigencias mínimas de su condición de servicio público, al menos si hablamos de esa especie en peligro de extinción que es el modelo de universidad pública que se intentó construir en la transición?

Pues bien, sin entrar a fondo en la discusión de la interpretación constitucional del principio de autonomía universitaria enunciado en el artículo 27.10 de la Constitución (¿una garantía institucional o un derecho fundamental?), perfilado en sentencias del TC (por ejemplo, 26/1987, 130/1991, 103/2001, 223/2012) y sobre el que existe una amplia bibliografía académica incluida la que lo considera como un <mito> propio de otro contexto histórico, hay algo que me parece claro. Ese principio no puede servir en ningún caso para obstaculizar otro principio aún más básico, en la Universidad y en democracia. El de transparencia, el principio kantiano de publicidad reformulado por Habermas en un viejo ensayo que fue su disertación para la cátedra. La comunidad universitaria, la comunidad científica, no tiene sentido sino como comunidad abierta a la libre discusión. Y la democracia misma no puede existir sin la institucionalización de la publicidad de las decisiones públicas, como garantía básica del control por parte de los ciudadanos, los soberanos, de ejercicio del poder que llevan a cabo los servidores públicos.

En ese sentido, el bloqueo en la Mesa del Congreso de una iniciativa para la comparecencia de los rectores y exrectores de la URJC, con pretextos propios de un reglamentismo más parecido a la piratería parlamentaria que a la voluntad de transparencia y abusando así de una pintoresca interpretación del principio de autonomía universitaria, señala el mal camino. Quizá se corrija parcialmente en la Asamblea de Madrid, donde se anuncia la creación de una comisión de investigación ad hoc. La tentación de cerrar filas y bloquear o posponer la inmediata y transparente investigación y rendición de cuentas es la peor decisión posible si se quiere defender ese bien social, político y jurídico que es la universidad pública. La CRUE no puede seguir ignorándolo.

 

Javier de Lucas es catedrático de Filosofía del Derecho y director del Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València.

“Esperando a @astro_Duque”, Infolibre, 19 septiembre 2018

– “la ciencia es el fundamento de la civilización” (Donnelly)

– “No. El lenguaje es el fundamento de la civilización. Es el pegamento que une a la gente entre sí. Y la primera arma que se emplea en un conflicto” (Brooks)

 

 

Sobre conocimiento y progreso

En Arrival (2017), un hito en la filmografía del canadiense Denis Villeneuve, que seguramente el tiempo pondrá en mejor lugar, el físico y matemático Ian Donnelly y la lingüista Louise Brooks mantienen el diálogo recogido arriba, apenas haberse presentado mutuamente y mientras se dirigen en helicóptero hacia su misión: nada menos que tratar de comunicarse con una civilización extraterrestre cuyas naves han descendido en una docena de puntos en la Tierra.

Ciencia y técnica (tecnología), civilización, cultura: ¿cuál es la clave de la civilización, del progreso humano? Se diría que hay que inclinarse por la respuesta de Donnelly, avanzar en un conocimiento seguro. Por tanto, esa clave es el conocimiento científico. Y sin embargo, a mi juicio, la respuesta depende de lo que entendemos por progreso humano. Por eso, sin desconocer la importancia capital del avance que nos proporciona la ciencia, apoyada por la tecnología, cabe otra respuesta: superado el modelo que entiende que ese progreso consiste en conocimiento de todo lo otro, para dominarlo, habría que convenir que, si hablamos de civilización en términos de progreso moral, social, de progreso de la humanidad, éste no puede darse sin el conocimiento de y con los otros, sin una comunicación que, gracias al conocimiento, lleve al mutuo reconocimiento.

En el fondo, más allá del tópico de las <dos culturas> avanzado en 1959 en la conferencia de Charles P.Snow, se trata de un debate muy conocido, incluso en la literatura y el cine de ciencia ficción. Las soluciones que se han dado al problema básico de cómo establecer diálogo con quienes no comparten nada de nuestros presupuestos y nuestro contexto, cómo encontrar, por así decirlo, un lenguaje verdaderamente universal, que nos permita el entendimiento mutuo, la cooperación y el progreso, han sido muy diferentes. Por citar sólo dos entre las más conocidas, recordaré la propuesta de la música: por ejemplo, Encuentros en tercera fase, 1977, guión y dirección de S.Spielberg, que tuvo su reverso caústico veinte años después, en 1996, en Mars Attacks! de T. Burton, con guión de J.Gemms. Y, claro, la que asegura que son las matemáticas/física: por ejemplo, Contact, dirigida por R.Zemeckis, 1997, con guión de Carl Sagan y Ann Druyan, y la más hermética Interstellar, 2014, de Ch.Nolan). Aunque música y matemáticas, lo sabemos desde Pitágoras, tienen muchísimo que ver. Porque no se trata simplemente de hablar, sino de conversar, entenderse, claro está.

Ted Chiang, el autor de Stories of your Life, la novela en que se basa la película, pone en boca de la doctora Louise Brooks (magistralmente interpretada en el film por la gran Amy Adams) una historia sobre la dificultad del encuentro. Parece ser que cuando Cook llegó con su Endeavour a las costas de Queensland en 1770 y preguntó a los nativos qué era aquel extraño animal al que hoy conocemos como <canguro>, recibió esta respuesta, “ganga-ruu” (que interpretó como Kanguru). Sólo más tarde aprendió que no era el nombre del animal: lo que le habían respondido era “no entiendo lo que dices”.

Conocimiento de y con los otros. No pretendo, desde luego, lanzar una reflexión sobre las dificultades de gestionar la diversidad cultural sin que se produzca lo que concluye el buen Dr. Donald Kessler, uno de los protagonistas de la sátira de Tim Burton, cuando los marcianos desatan una masacre después de que un grupo de bienintencionados terrícolas lancen a volar una paloma: ha sido un <malentendido cultural>. Tampoco es mi objetivo recuperar una discusión de lingüística fundamental (o de psicolingüística?), la que opondría la tesis de la <gramática universal> de Chomsky y las que toman pie de la <relatividad lingüística> de Shapir y Worf, a su vez criticada por McWorther, en la que soy un lego por más que lector apasionado, gracias, entre otras cosas, a las recomendaciones de lectura que me hace de tanto en tanto mi colega de la Universidad de Valencia la profesora Beatriz Gallardo-Paúls.

 

 

Las Universidades y el avance del conocimiento

No. Como verán enseguida, mi propósito es más modesto y tiene que ver con el desánimo que me produce lo que considero la enésima versión de la extrapolación del conflicto de las dos culturas. Conste que estoy convencido del desequilibrio real: hay un grado de desconocimiento mucho mayor por parte de las humanidades e incluso de las ciencias sociales respecto a las ciencias duras que no al contrario. Pero ese alejamiento se convierte cada vez más en un menosprecio en el ámbito científico-tecnológico acerca de la necesidad, relevancia –utilidad- del conocimiento que humanidades y ciencias sociales proporcionan. Una condescendencia que, en parte, se traduce en considerar que el objetivo del progreso científico es distinto del de la formación de profesionales aptos para el mercado. Y que progresivamente separa esta función, atribuida a las Universidades, de aquella, que descansaría en organismos de investigación cientifica. Item más, dentro de las Universidades, el patito feo serían, claro, las humanidades y ciencias sociales, relegadas a un segundo plano.

Y ahí mi preocupación: el riesgo que me parece va confirmándose, de desatención por parte del ministro del ramo, el rutilante Pedro Duque, a los problemas de las Universidades y al papel de las humanidades y ciencias sociales, cuestiones menores frente a la ciencia y la tecnología. No digamos si es espacial. La llegada del ministro, ingeniero y astronauta Pedro Duque, @astro_duque, por su identidad en twitter, fue recibida con aplauso general, incluso con entusiasmo rayano en el arrobamiento. Es un personaje que reúne méritos y títulos extraordinarios, aunque, a semejanza de Howard Wolowitz, el ingeniero y ocasional astronauta de Big Bang Theory creo que no es doctor, ni falta que le hace. Conste que, como no soy idiota, le considero una persona extraordinariamente competente y un superlativo divulgador de lo suyo. Pero me parece que sostiene un modelo de universidad, de ciencia (diría incluso que de prioridades culturales y sociales) que no pocos de nosotros rechazamos por reduccionista.

Llama la atención, por ejemplo, la ausencia de una reflexión y pronunciamientos concretos –más allá de la retórica- acerca del desprestigio que está cayendo sobre la universidad pública a raíz de las enormes disfunciones denunciadas en la URJC y que, más allá de la anécdota, obligarían a revisar problemas de la organización del actual sistema universitario.

Es cierto que el lunes 17, ante la ¡primera! reunión del ministro con la Conferencia de Rectores (CRUE) cien días después de su toma de posesión, éstos emitieron un comunicado para proclamar que la Universidad “merece el respaldo de la sociedad española” (caray con la contundencia!) y pidieron que los políticos “dejen de utilizarla como arma arrojadiza”. Por su parte, el ministro, en el primer pronunciamiento que se le conoce después de estos meses, calificó la crisis de la URJC como <ruido que pasará> y consideró incidente asilado los problemas en la URJC, al mismo tiempo que sostuvo que “el sistema de certificación de los títulos funciona y todo se resume en unos casos muy puntuales dentro de un instituto muy concreto”. Tout va bien, madame la marquise, que cantaba Ray Ventura en los 30…

No se defiende a la Universidad públicas on la reórica de cerrar filas y asegurar que vivimos en la mejor de las Universidades posibles. Es cierto que se crearán “tres nesas” para estudiar vías de reforma, pero esta no parece la manera de atajar los males que arrastramos, desde la precariedad del profesorado al fraude del sistema de evaluación y selección del mismo que acaba de ser objeto de una dura sentencia del Tribunal Supremo. Y, por supuesto, nada acerca de uno de los problemas de fondo, el diseño de la articulación grados/master perpetrado con el pretexto de una malhadada aplicación del “modelo Bolonia”, por las ministras Cabrera y Garmendia. Un diseño que tiene mucho que ver con la mercantilización de la Universidad pública, entendida como un gasto en el que no vale la pena invertir y que se debe al mercado y debe rendir cuentas ante él y de él obtener financiación, entrando en jolgoriosa competencia como hacen las empresas, para obtener clientes (antes llamados estudiantes) y también para investigar. Un “modelo” criticado con argumentos contundentes por el añorado F Fernández Buey en un artículo publicado en la revista Metrópolis que dirigía con enorme acierto Manuel Cruz, cuya lectura considero obligada (https://www.upf.edu/materials/polietica/_img/uni1.pdf). Pero es que estos males de la universidad pública frente a los que tampoco han reaccionado con contundencia organismos de supuesto autogobierno como la CRUE, obligarían a replantear cuestiones aplazadas una y otra vez como el modelo de gobernanza universitaria y el principio de autonomía sobre los que el ministro no parece demasiado interesado en perder tiempo. Quizá lo deja al hermano pobre del ministerio, la estructura orgánica de Universidades, que tampoco ha dicho ni pío.

Me permitirán los lectores una consideración personal, pero que creo oportuna para argumentar mi crítica. Una de las primeras ocasiones en las que el Sr Duque se prestó a debate público tras ser nombrado ministro fue en el programa de radio Hora 25, a invitación de Angels Barceló. En las redes se anunciaba ese debate como una conversación del nuevo ministro con cinco representantes de la ciencia e investigación universitaria. Se trataba sin duda de investigadores y científicos de muchísimo prestigio. Pero me permití señalar en las redes que no había ningún representante de ciencias sociales y humanidades. El programa recogió el guante y me invitaron no tanto a participar en la conversación, sino a formularle una pregunta al respecto. Para mi sorpresa, cuando inquirí al Sr Duque sobre el lugar de las ciencias sociales y humanidades en las prioridades de su ministerio, su respuesta fue que, sí, que había que tenerlas en cuenta porque nosotros no somos Singapur, y nuestra particularidad (¿?) debía ser atendida. O sea, que las ciencias sociales y las humanidades no son ciencia, pero sí un elemento pintoresco, un rasgo idiosincrático de nuestro país, o quizá de los países latinos o incluso de la vieja Europa. Como somos el viejo continente, algo habrá que tener en cuenta cosas como la historia, el Derecho, la arqueología y demás antiguallas.

No. El ministro debería saber y no sólo como responsable de Universidades, sino de ciencia, que el conocimiento (como el uso de la razón) no son patrimonio exclusivo de un modelo científico tecnológico por lo demás superado. El progreso en el conocimiento no se entiende sin la contribución de la filosofía, la historia, la arqueología, la filología, la sociología…Sin el estudio del derecho, tampoco. Porque este es un instrumento de civilización y cultura: una técnica de la que nos servimos para tratar de resolver algo muy importante: el contrate de necesidades, intereses, valores, prácticas y proyectos e los seres humanos que convivimos en nuestras sociedades. Un contraste más agudo y necesitado, pues, de respuestas más adecuadas cuanto más plurales abiertas y dinámicas son nuestras sociedades. Invertir en esos conocimientos es invertir en progreso y civilización. Y sólo quien se sitúe en el ámbito más prejudicial de la criticada razón instrumental puede ignorarlo.

Por esa razón, no cabe aceptar el reduccionismo de quien entiende que el sistema nacional de ciencia e investigación es monopolio de la <ciencia de verdad> y de la tecnología. Tampoco el reduccionismo de quienes pretenden que la verdadera <casa de la ciencia> es ajena a las Universidades y en particular a los campus de humanidades y sociales. ¿Es ese motivo suficiente para exigir del Ministerio un cambio radical en los Planes Nacionales de Ciencia y tecnología? No, entre tras razones porque se insertan en programas internacionales –europeos, en primer lugar- que en buena medida están más allá de la competencia de un ministerio. Pero sí es posible reivindicar otra mirada, otro interés, otros criterios de inversión, gestión y desde luego, evaluación de la contribución al conocimiento y al progreso social que se hace desde estos campos en las Universidades. Porque frente a lo que se nos ha hecho creer, esos rankings de Universidades no miden todo, ni diría más, no miden elementos muy importantes. Como tampoco se mide la calidad de la investigación por los reductivos y cada vez más criticados sistemas de indicadores de impacto de la productividad científica que, lejos de estar dictados por el interés puro del conocimiento, tienen mucho que ver con estrategias de mercado y con intereses, sí, ideológicos y de dominación. Baste pensar en la desviación de género tantas veces denunciada. La calidad del conocimiento no se puede ni debe medir al peso, aunque este no sea físico sino, por ejemplo, el del nombre y prestigio atribuidos a una marca (revista, grupo científico, universidad) en lugar de al trabajo personal y/o de un grupo. Hay mucho que reformar en la Universidad. Por ejemplo, en esas agencias de evaluación que se caracterizan, para empezar, por infringir los más elementales criterios de transparencia, sin la que la crítica racional que hace posible una comunidad abierta, como debe ser la científica, no es concebible. Por no hablar del siempre pospuesto estatuto del profesorado, del personal investigador y docente universitario en formación, del disparate de grados y masters, y no sólo de la vergüenza en que se ha convertido la figura de los asociados, absolutamente desvirtuada.

Uno, en su ingenuidad, le pediría al ministro que busque el beneficio de las respuestas que vienen de esas otras fuentes de conocimiento que son, por ejemplo, los textos de Husserl, Simone Weil, Horkheimer, W.Brown o Sassen. Que alguna vez deje de mirar hacia las estrellas (donde está la respuesta a lo que somos, ya se sabe) y repare en la condición humana y social real de quienes tratan de construir con su esfuerzo el sistema universitario.

“Vorrei, ma non posso. La devolución de 116 personas a Marruecos, el 23 de agosto de 2018, ¿anécdota o categoría?”, publicado en CTxT, 27 de agosto de 2018

VORREI, MA NON POSSO

LA DEVOLUCIÓN DE 116 PERSONAS A MARRUECOS: ¿ANÉCDOTA O CATEGORÍA?

Javier de Lucas

 

La ceguera de la izquierda ante la movilidad forzada

La izquierda europea, desde hace décadas, parece presa ineludible de una contradicción que le impide abordar con radicalidad –es decir, yendo a las raíces- la gestión de las diferentes manifestaciones de movilidad humana forzada, ese mundo en desplazamiento que es rasgo estructural de nuestro tiempo, por más que proclame una y otra vez su deseo de hacer las cosas <de otra manera>. Quiere, pero no puede. O quizá, más bien, es que no quiere, no tiene una decidida voluntad política de atreverse a intentar otra política migratoria, pero lo hace con la boca pequeña, como si dijera, “me gustaría, pero no me dejan”: vorrei, ma non posso.

Algo tiene que ver su incapacidad para ofrecer un discurso alternativo al securitario e instrumentalista, arma aparentemente infalible desde la que se impone la más rancia derecha. Una incapacidad de la que es un botón de muestra su ceguera ante una realidad que ya no es un porvenir incierto, sino la condición en la que vivimos: me refiero al hecho de que, aunque los negacionistas crean y traten de hacernos creer que es algo que pasará dentro de mucho tiempo y, claro, en otro sitio, a otra gente, vivimos -como se ha dicho con acierto- un <tiempo de descuento> en el que, aunque no seamos conscientes de ello, todos somos ya refugiados climáticos.

En lo que sigue, voy a ocuparme del último episodio de ese síndrome del “vorrei, ma non posso” al que acabamos de asistir con la expulsión (devolución) a Marruecos de 116 personas (inmigrantes, pero no sabemos si también víctimas de trata, refugiados, además de menores) que habían saltado la valla en Ceuta el 22 de agosto de 2018, un procedimiento que remite al Convenio bilateral entre España y Marruecos suscrito el 13 de Febrero de 1992, bajo el Gobierno de Felipe González, relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente y que no entró en vigor hasta el año 2012. Y eso me servirá para proponer una vez más una reflexión sobre esa falta de voluntad política para actuar sobre las causas, y sobre la ceguera en relación con la realidad en la que ya vivimos.

Una vez más, un gobierno de izquierda moderada, ante decisiones clave en cuestiones de gestión migratoria y de asilo, parece presa del síndrome estigmatizado por Nani Moretti en Caro Diario, cuando su protagonista grita a D’Alema, mientras éste perora en TV: “Di algo de izquierda!”. Sí, porque estamos en un proceso en el que, cada vez que un gobierno de izquierda intenta oponerse, aunque sea tímidamente, al mainstream de la xenofobia y racismo rampantes en las cancillerías europeas a propósito de inmigrantes y refugiados (primer y segundo caso Aquarius, caso Open Arms), parece asustarse de sí mismo (<¿me habré pasado de progresista?, o, por decirlo con el estigma que tanto gusta a la derecha: <¿me habré pasado de “buenista”?>) y tiene la necesidad de recurrir a la <equidistancia>, es decir, a dar un palo, casi en sentido estricto, para “recuperar” credibilidad electoral. Un paso adelante, dos hacia atrás, le critican algunos.

Aparentemente, la razón sería el mantra que reiteran spin doctors y eminentes politólogos de toda laya, que parecen poseídos por un pragmatismo gallináceo como dogma de fe: “si quieres tener perspectivas electorales de éxito, hay que aparecer firmes ante la inmigración”. El contexto europeo parece confirmarlo: antes de estas dudas y autorectificaciones del gobierno Sánchez, ya claudicó Tsipras quien, por cierto, comparte gobierno con un partido de los que gustan de la retórica que practica Salvini. Y no hablemos de las coaliciones de la derecha “liberal” con la extrema derecha, en Austria, Finlandia, Dinamarca, Bélgica, entregadas a la ideología xenófoba del húngaro Orban y los polacos Duda y Kaczynski, los mejores discípulos europeos del movimiento alt right de Bannon, con permiso del canciller austríaco Sebastian Kurz. La única excepción parece la de Portugal, pero esa peculiaridad se explica también por la escasa incidencia del fenómeno migratorio hoy en nuestro país vecino.

¿Contradicciones? Vaivenes? Bandazos? Cuál es la anécdota y cuál la categoría que definiría la política migratoria de un Gobierno con proclamada voluntad de progreso y defensa de la legalidad internacional y de los derechos humanos, como el Gobierno Sánchez, pero que nos ofrece esta de cal, de mano del ministro del Interior y con la aquiescencia de la Secretaría de Estado de Migración? Se trata simplemente de la necesidad de un simbolismo equidistante, que conjugue el humanitarismo, sin abdicar de la seguridad y defensa de nuestras fronteras? O bien, como parece ser el mensaje, simplemente sucede que el Gobierno quiere pero no puede, bajoel alegato de que ningún Gobierno europeo puede afrontar por sí solo un modelo de política migratoria y hoy pintan bastos en esta UE?

Lo cierto es que, si descartamos los discursos extremos, los de los apologetas o los de la derecha más reaccionaria, parecería más plausible la hipótesis de que el giro que tratan de impulsar Sánchez y Borrell es un objetivo que resulta imposible en el contexto de ese populismo xenófobo al que se han entregado buena parte de cancillerías europeas. El mensaje, pues, sería que no hay contradicciones, sino que el Gobierno Sánchez hace lo que puede, que, en definitiva, es poco. Vorrei, ma non posso.

Comenzaré por reconocer que se han producido gestos positivos en materia de inmigración y asilo, que para mí han sido importantes. Y, por ejemplo, creo que desde el ministerio de Exteriores y la propia Presidencia del Gobierno se intenta impulsar otra vía de gestión de esas políticas en la que se cuenta con escasos y no demasiado entusiastas aliados: Macron, Merkel y Costa. Una vía que no puede no ser europea y concertada con países de origen y tránsito, como ha insistido desde hace decenios Sami Naïr. En algunos otros trabajos he propuesto medidas concretas y criterios (también presupuetarios) para tratar de implementar otra política migratoria y de asilo. Pero ahora me interesa, insisto, tratar de esclarecer si esta decisión es un mero contrapunto o revela una concepción de política migratoria.

Comenzaré por proponer que, aun siendo verosímil el argumento, ya no me parece suficiente el mensaje del vorrei, ma non posso que, en cierto modo, parece rememorar la reacción de Felipe II ante el fracaso de la Invencible: “nosotros querríamos otra política migratoria, pero Europa y los elementos no nos dejan”. No. Ya conocemos esa letanía. Es la misma que lleva predicándose una y otra vez con el manifiesto resultado ineficaz que sólo un ciego puede negar. Da igual que esa combinación de palo y zanahoria consista en los mensajes de “perseguir a las mafias”, a la vez que se muestra compasión por los “pobres, desgraciados inmigrantes”, que no son los verdaderos culpables, claro, aunque per fas o nefas, siempre acaban siendo los paganos, los que reciben los golpes. No: este no es un tema de “humanitarismo”, como aseguran los portavoces del Gobierno: ni de compasión, ni de caridad. Una política migratoria que aspire a ser verosímil no puede consistir en una colección de gestos aislados en situaciones de <urgencia humanitaria> que, por otra parte, se aprecian conforme a un criterio que parece demasiado coyuntural. Nadie en su sano juicio negará que la gobernanza de las migraciones es cuestión compleja, pero la prioridad de esa gobernanza no puede dejar de ser inequívoca: se llama garantía de derechos y vigencia del Estado de Derecho, sin trampas, ni trucos. Ese es el primer test de coherencia. Si no hay voluntad política de mantenerlo, sobran todos los gestos.

Es de nuevo el momento de decir que estamos hartos de esos descubrimientos de lo obvio que son, por ejemplo, la recurrente invocación de planes Marshall para Africa, como acaba de “inventar” el diputado del PP Sr Casado que, pese a sus altas responsabilidades, parece ignorar la existencia por ejemplo del Plan Africa 2006-2008. La experiencia nos muestra que, incluso cuando no se ha vivido como hasta hoy, severísimos recortes en la política de cooperación, tales proyectos siempre acaban igual: las millonarias ayudas a la cooperación indefectiblemente se convierten en botín de élites corruptas de los países de origen y tránsito de los movimientos migratorios, a cambio de que algunas de nuestras empresas practiquen dumping social en esos países para incrementar su cuenta de beneficios. A cambio también, claro, de que esas élites restrinjan derechos como el de libre circulación a sus propios ciudadanos y a los de países vecinos que intentan transitar por ellos. A cambio, por supuesto, de que se hagan cargo en sus poco envidiables cárceles, de los excedentes que nosotros expulsamos (bajo el eufemismo de retorno, devolución, etc) y de cuya suerte nos desentendemos. Y no hace falta mirar muy lejos: pregunten por los negocios de esos ilustres comisionistas españoles que cortejan a Obiang. El resultado es penoso: seguimos sin saber dar respuesta eficaz y positiva a los desafíos de la movilidad humana y, lo que es peor, cada vez que lo intentamos podemos pronosticar que será a costa de una nueva herida al Estado de Derecho y a los derechos humanos

 

 

Nuestra propia ceguera nos impide percibir lo evidente

¿Por qué, cómo es posible que suceda esto una y otra vez? Quizá debiéramos empezar por reconocer el progreso de esa ceguera social, sobre la que nos advirtiera Saramago, que nos impide percibir lo evidente. Y lo evidente hoy es la superchería, el fantasma de una crisis migratoria con el que quieren atemorizarnos de nuevo en este 2018. Buena parte de los medios y de los Gobiernos europeos vuelven a tratar de hacernos creer que padecemos una situación de emergencia migratoria similar a la mal llamada “crisis de los refugiados” que según nos decían amenazaba la estabilidad y aun la viabilidad de los países europeos entre 2015 y 2017. De creer esos mensajes, los europeos viviríamos de nuevo una situación agónica, cercados por millones de desesperados que intentan gozar de nuestro bienestar y, lo que es peor, aprovecharse de lo que hemos conseguido en esta supuesta Europa de leche y miel, que arriesgaría convertirse en una sociedad ingobernable, dominada por la peor delincuencia.

Una y otra vez, en programas de televisión y radio y en la prensa escrita nos martillean con imágenes de inmigrantes desesperados que invaden nuestro territorio y ponen al límite nuestros recursos. Da igual que los fríos datos del Instituto Nacional de Estadística, del propio Ministerio del Interior español, o de la OIM y el ACNUR, o los informes de entidades que poco tienen de ONGs como el Moving for Prosperity: Global Migration and Labor Markets, del Banco Mundial (http://www.worldbank.org/en/research/publication/moving-for-prosperity ) desmientan contundentemente ese escenario: no sólo no vivimos ninguna “ola migratoria” descontrolada, sino que necesitamos imperiosamente reclutar inmigrantes para paliar nuestro declive demográfico y la insostenibilidad del estado de bienestar. Tampoco es cierto que los inmigrantes se hayan enseñoreado fraudulentamente de nuestros servicios públicos, provocando que los españoles no podamos gozar de ellos: es justo al revés, como argumenta una reciente y pedagógica campaña de Cáritas (https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/hay-invasion-abusan-ayudas-asi-desmonta-caritas-mitos-migrantes_201808235b7ef6990cf2ad56bd3b6e39.html). La pérdida de calidad del sistema de salud pública tiene que ver con los recortes y la política de privatización adoptados entre 2008 y 2018. Pero la realidad, ya se sabe, es sólo un inconveniente menor para los hacedores de opinión pública. Porque de lo que se trata es de encontrar una coartada electoral, una vez más, para el abono del discurso del miedo, de la lógica de <cierren filas> contra la amenaza de un enemigo casi imbatible, del que sólo nos pueden proteger los valores e ideario del conservadurismo más rancio. Un enemigo encarnado (por increíble que parezca) por esos pocas decenas de miles de inmigrantes y aspirantes a refugiados que consiguen llegar hasta nosotros, tras peripecias que harían palidecer a uno de los fundadores del mito europeo, Ulises, y desde el olvido de otros tantos miles –más numerosos- que llegan por vías regulares con el descabellado propósito de ganarse una vida mejor. Un espacio cada vez más despoblado y envejecido, lo que sin duda influye en el retorno de los cantos de sirena no ya conservadores, sino reaccionarios, que proliferan advirtiéndonos del presunto suicidio de nuestras sociedades si no se cierran las puertas a la inmigración, cuando muy al contrario el suicidio se producirá, inevitablemente, si los inmigrantes no llegan. Han de llegar e inevitablemente seguirán intentándolo, por muchas vallas y muros que levantemos. Y es preferible que lo hagan de una forma segura, legal, ordenada, como preconiza el Pacto de la ONU que se ha de ratificar en diciembre en Marrakesh, sin que, por cierto, los Estados de la UE le hayan prestado mayor atención.

 

 

Anécdota o categoría: el <reingreso a Marruecos> y las políticas de externalización no importa cómo.

Viene todo esto a cuento, pese a ser bien sabido y machaconamente reiterado, entre muchos otros por quien suscribe, porque acabamos de asistir a un nuevo episodio de lo que podría ser una comedia de enredo (ahora te abro la puerta, ahora te la cierro), si no estuvieran en juego vidas humanas, derechos básicos.

El reingreso exprés a Marruecos de los 116 inmigrantes que protagonizaron un salto de la valla de Ceuta, el 22 de agosto de este 2018, en el que se produjeron actuaciones violentas y lesiones a los guardias civiles que lo afrontaron, puede ser entendido como una anécdota más, o como un punto de inflexión. A mi juicio, esta decisión del Gobierno, defendida con convicción digna de mejor causa por su vicepresidenta y Ministra de Igualdad (de forma más sonrojante, creo, que aquella apelación a la “agenda cultural nocturna”) no es un episodio más o menos doloroso pero ineludible en defensa y cumplimiento de la legalidad, como trató de hacérsenos creer, sino probablemente una línea de conducta que forma parte de un planteamiento más general. En todo caso, lo que parece claro a estas alturas es que gana terreno el juicio de que se ha tratado de una decisión equivocada y preocupante (cfr. por ejemplo el comunicado de CEAR: https://www.cear.es/cear-muestra-su-preocupacion-tras-la-expulsion-acelerada-de-las-116-personas-migrantes-que-llegaron-ayer-a-ceuta/). Así lo señalan medio centenar de organizaciones que trabajan con inmigrantes y que han suscrito un manifiesto de denuncia de esta actuación por falta de respeto a la legalidad vigente y a los derechos humanos (https://sosracismo.eu/las-devoluciones-ejecutadas-en-ceuta/). El Colegio de abogados de Ceuta ha anunciado (https://www.elboletin.com/noticia/166678/nacional/los-abogados-de-116-migrantes-recurriran-su-devolucion-a-marruecos.html ) que los abogados de oficio que intervinieron (de forma manifiestamente mejorable, pero también inducidos a engaño por las autoridades, que les ocultaron que iban a ser “devueltos” de forma inmediata, en un procedimiento superacelerado) van a presentar recurso contra las órdenes de devolución. Desde la prensa de amplio espectro, las denuncias y la valoración negativa han ido in crescendo: basta leer el editorial de El País del viernes 24 de agosto significativamente titulado “Sin garantías”, o los artículos publicados en Infolibre, o Eldiario.es [1].

Mi propia opinión, por decirlo en corto y por derecho, y con todos los respetos debidos a la buena fe que presumo en quienes tienen la grave responsabilidad de gobernar, es que el Gobierno se ha equivocado y de forma gruesa en este asunto. Y lo más preocupante es que esta equivocación sea la categoría y las otras decisiones, la anécdota.

Se ha equivocado, ante todo, en la inaceptable justificación aducida por la Vicepresidenta y Ministra de Igualdad, la profesora de Derecho Constitucional Dra. Calvo, cuando trató de trazar una línea roja: no a los violentos ilegales que saltan la valla con agresiones; sí a la ayuda a los pobres indocumentados en situaciones de urgencia <humanitaria>. Ese argumento en sí mismo es una grosera falacia, incoherente con el principio de igualdad. como ha analizado en su dura pero muy argumentada crítica de la decisión la experta en Derecho internacional de derechos humanos y miembro del Observatorio de Racismo Institucional, Patricia Orejudo https://www.elsaltodiario.com/opinion/expulsion-psoe-pedro-sanchez-116-personas-valla-ceuta), porque sienta un precedente muy preocupante por la manifiesta violación del principio de igualdad, algo que resulta incomprensible que no sea advertido por quien además de una inequívoca trayectoria de firme compromiso con la causa de la Igualdad, es la titular de ese ministerio[2].

Se ha equivocado el Gobierno en esta decisión porque es incongruente con los principios básicos de la acción de gobierno proclamados por el Presidente Sánchez, el ministro Borrell y la propia vicepresidenta. Mientras el Gobierno Sánchez se esfuerza por encontrar soluciones estables para responder eficazmente a la vulneración de derechos que viene practicando el Gobierno italiano ante la indiferencia de Bruselas y de la mayor parte de los Estados miembros, con excepción de España, débilmente secundada por la RFA, Francia y Portugal, olvida criterios elementales en materia de derechos: por ejemplo, que los delincuentes, incluso los más violentos, tienen derechos que no pueden ser saltados a la ligera. Y no digamos cuando se trata en todo caso de presuntos delincuentes, sólo algunos entre los 116 <retornados>. Pagan todos por la conducta inadmisible de unos cuantos. ¿Es esa la idea de Derecho que tiene la vicepresidenta Calvo? Si así fuera, habría que recordar que se parece más bien a la técnica autoritaria de quien castiga a toda la clase porque es incapaz de identificar a quien ha gritado un insulto. Y es impropio de este Gobierno.

Convenio bilateral aparte, lo cierto es que, como me recuerda el letrado Hipólito Granero, Marruecos, desde 1991, es Estado parte de la Convención Internacional sobre la protección de todos los trabajadores migratorios y sus familiares de 1990 y España viene obligada por el Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de 1950. “En consecuencia, sostiene Granero, ambos Estados deben garantizar a todas las personas, con independencia de su status migratorio derechos como el de formular alegaciones, derecho de contradicción y derecho a un recurso efectivo”. Y no parece que hayan sido garantizados en este procedimiento de <reintegración>. Así, la abogada Patricia Fernández Vicens ha señalado problemas de legalidad derivados de estas omisiones que afectan directamente a la garantía de derechos: ausencia de información fidedigna de identificación de posibles menores: ausencia de posibles solicitantes de protección internacional; ausencia de asistencia garantizada de intérpretes de las lenguas de todos y cada uno de los 116 reintegrados; ausencia de la garantía de otorgamiento de poder para representación legal, sin la que resulta imposible que ejerzan acciones procesales después de la devolución; ausencia de remisión por parte de Marruecos del documento individualizado de toma a cargo de cada reintegrado con expresión de su nacionalidad y país de procedencia

Se ha equivocado el Gobierno al aplicar de forma dudosamente legal el propio Convenio bilateral entre España y Marruecos. Lo explican los estudios sobre ese Convenio realizados por expertos como el profesor Angel Chueca, las profesoras Teresa Fajardo e Inmaculada González García, o, más recientemente, el profesor F Vacas[3] . En particular, el profesor Chueca analizó muy tempranamente las primeras aplicaciones de ese Convenio y puso de manifiesto lo que ha explicado con meridiana claridad hoy, entre otros, el abogado especialista en extranjería Hipólito Granero: no se ha aplicado la legalidad de este Convenio, porque no es nada sencillo (al contrario, sería muy exigente) ponerlo en práctica, a la vez que se salvaguarda el cumplimiento de la legalidad internacional en materia de derechos humanos. La decisión y la forma de ejecutar la devolución, según todos los indicios, los ha incumplido. Por ejemplo, el Gobierno español no parece haber respetado lo que establece el artículo 2º del Convenio en materia de prueba de la condición de los reintegrables y del procedimiento a seguir: sólo se puede aplicar el Convenio para ejecutar la “readmisión” si existe previamente una orden de devolución con garantías, tal y como establece la LOEX[4]. Por si fuera poco, de conformidad con lo que dispone el artículo 5 del Convenio, Marruecos “se asegurará de que los extranjeros readmitidos sean enviados lo antes posible a su Estado de origen o al Estado donde comenzaron el viaje”. La experienciaes que Marruecos deporta a los inmigrantes a Agadir o a Oujda y desde llí han de enfrentarse a una situación de acoso, de hostigamiento, o a salir hacia el desierto. Marruecos en realidad se desentiende las más d las veces de esos reintegrados a su territorio. https://elpais.com/politica/2018/08/24/actualidad/1535135930_887405.html).

Se ha equivocado el Gobierno (el ministerio del Interior en primer término) por el recurso a argucias más propias de rábula, como obligar a gestionar en una noche el trámite- subrayo, trámite- de presencia de abogado de oficio para los 116 detenidos, sin garantía de traductores ad hoc, y sin prevención acerca de la inminencia de la expulsión/devolución al territorio marroquí (cfr. https://www.eldiario.es/desalambre/Expertos-cuestionan-devolucion-Marruecos-Ceuta_0_806669954.html). Esa urgencia y falta de atención escrupulosa al procedimiento revelan que lo que se llevó a cabo en Ceuta en la noche el 23, según todos esos indicios, se encaminaba a lo que puede considerarse un fraude jurídico, esto es, la falacia denunciada en varias ocasiones por el abogado J.L. Rodríguez Candela: suponer que la presencia letrada significa garantía de asistencia letrada, ateniéndose a una interpretación literal del Convenio (que no menciona la segunda) que es incongruente con el requisito de asistencia letrada como parte del derecho a tutela judicial efectiva que es un derecho humanos universal. Cuando, según testimonio de los abogados se les ocultó deliberadamente la intención de “devolución” expres de los detenidos (https://www.eldiario.es/desalambre/Ceuta-participaron-devolucion-Marruecos-inmediatamente_0_807019527.html), se frustró la garantía de tutela de derecho. Aunque, desde luego, sin negar esas y otras dificultades (a comenzar por el plazo perentorio impuesto) creo que podía y cabía exigir otra diligencia a quienes así ejercieron.

Se ha equivocado el Gobierno, en fin, en algo que no parece una anécdota, sino una cuestión de fondo, sin duda compleja y difícil: el modelo de nuestras relaciones con Marruecos. Eso exige una reflexión aparte.

 

 

Coordinación con países terceros, sin externalización ilegítima.

La pregunta es si esta aplicación del Convenio con Marruecos urgente y, como he señalado, según todos los indicios, no respetuosa con la legalidad por parte de las autoridades españolas, es sólo un gesto simbólico, un mensaje coyuntural, dirigido a quienes tratan de saltar, a las fuerzas del orden que custodian la valla, a los electores de centro que se quiere atraer, o bien marca una voluntad política en materia de inmigración y asilo, es decir, forma parte del mensaje de fondo, de los elementos de definición de la propuesta de política migratoria.

Reconozcamos, para empezar, la dictadura de la geografía, un hecho incontrovertible que parece imponer un cierto modelo geopolítico, lo que, a diferencia del hecho, es un modelo y, por tanto, como mínimo discutible, como ha argumentado el profesor Joan Romero. Sí: nuestra situación parece condenarnos (como a Italia y Grecia) a mantener una función de primera línea en la política migratoria y de asilo, tarea en la que, en el caso de España, Marruecos es pieza clave, como lo son Libia para Italia y Turquía para Grecia y, en menor medida Argelia, Túnez, Egipto, Macedonia y Albania. Ahora bien, la indiscutible necesidad de colaboración con países de inevitable tránsito y que constituyen el primer cordón exterior a la UE, ¿implica que, en aras de la eficacia de las funciones de apoyo a nuestra policía de fronteras debemos transferirles actuaciones que suponen un riesgo para la garantía efectiva de los derechos de los inmigrantes?

Reconozco que el Gobierno Sánchez (los Gobiernos de la UE y la propia Unión Europea, podría decirse, cuando ahora vuelven a insistir en eufemismos como las “plataformas de desembarco en terceros países) se enfrenta en materia de política migratoria y de asilo a un dilema de extrema dificultad: Marruecos es un socio imprescindible, pero no un aliado fiable, al menos para un modelo de política migratoria y de asilo que no quiera renunciar a la garantía de los derechos humanos. De hecho, como insiste desde hace años la especialista en migraciones y directora asociada de HRW Judith Sunderland, “la dependencia de Marruecos para tener alejados a los inmigrantes es un incentivo para que España tolere el abuso” (cfr. su artículo “Recetas para el abuso en la frontera”, https://www.elespanol.com/opinion/tribunas/20170815/239346065_12.html). Por lo demás, el régimen marroquí no puede ser considerado bajo ningún standard comparado de reconocimiento y garantía de los derechos humanos un país seguro, como habrán comprobado de nuevo los 116 retornados y ahora encerrados en las cárceles de Tetuán. No es el horror de lo que sucede en el Estado fallido que es Libia y al que Italia se empeña en devolver a los rescatados en el Mediterráneo, pese a todas las videncias y a reportajes e informes que advierten del horror que allí viven los nuevos esclavos. Pero considerarlo un país seguro es un eufemismo inaceptable. La denominada reintegración aparece como una presunción de riesgo, un mecanismo de exteriorización que delega de forma indebida nuestras propias obligaciones desde el punto de vista de las exigencias del Estado de Derecho y del Derecho internacional.

No. Este no es el camino para poner en pie una política migratoria y de asilo decente. Aunque sea de mínimos.

[1] Cfr. por ejemplo el editorial de El País del viernes 24 de agosto, significativamente titulado “Sin garantías”, https://elpais.com/elpais/2018/08/24/opinion/1535130447_357939.html, Asimismo, de eldiario.es cfr. https://www.eldiario.es/desalambre/Gobierno-migratoria-anfitrion-Aquarius-devoluciones_0_807019463.html y también https://www.eldiario.es/desalambre/Gobierno-migratoria-anfitrion-Aquarius-devoluciones_0_807019463.html. También, en Infolibre https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/08/24/que_consiste_acuerdo_espana_marruecos_devolucion_migrantes_que_aplicado_gobierno_86069_1012.html?utm_source=twitter.com&utm_medium=smmshare&utm_campaign=noticias&rnot=1042247.

[2] Escribe la doctora Orejudo: “En la aplicación de las normas jurídicas, el principio de igualdad es una garantía fundamental para las personas y un mandato insoslayable para las autoridades: situaciones iguales han de ser tratadas de forma equivalente. Las normas jurídicas —que es lo único que cabe aplicar, atendiendo a otro principio esencial, el de legalidad— no prevén que pueda darse un trato diferente a una persona extranjera en función de que haya empleado, o no, violencia en su acceso al territorio. Lo que sí establecen es que se debe perseguir y sancionar toda agresión sobre cualquier persona. Es más: castigan con mayor severidad cuando el agredido es un funcionario público que actúa en el ejercicio de sus funciones (delito de atentado). Si en el segundo salto a la valla se ejerció violencia contra guardias civiles, la obligación del Estado sería detener y poner a disposición de la Justicia a los autores del delito —si lo hubo—, aportar pruebas en el marco de un procedimiento penal con garantías, y demostrar qué persona fue la autora del concreto daño infligido. El Gobierno, sin embargo, se extralimita, prevarica, miente. Dice albergar una absoluta seguridad sobre las agresiones perpetradas por ese “centenar de violentos”, aunque no presenta ninguna prueba que la sustente. Se arroga la capacidad de juzgar sumariamente y en grupo a todas esas personas. Decide, en 24 horas, que todas y cada una de ellas emplearon la violencia en el “asalto”. ¿Todas? Y determina que lo que procede es castigarlas con su devolución inmediata. Sí, a todas, salvo a las que aparenten ser menores de edad… Debería saber la ministra de Igualdad que, de existir esas pruebas, tendrían que ser puestas en conocimiento de los tribunales, a los que la Constitución reserva la función de juzgar. Recuérdese que las agresiones constituirían delitos. Pero el Ejecutivo prefiere tomar la justicia por su mano, mostrar “firmeza” para ganarse a una ciudadanía amedrentada y calculadamente desinformada, y trasladar su comprensión y apoyo a la labor de unas fuerzas de seguridad a las que desde hace años se compromete, con sus órdenes ilegales.

Cuesta creer que para tomar esta decisión, el Ministerio de Interior haya consultado a expertas o expertos en Derecho internacional, en Derecho de asilo y en Extranjería. Más allá de que difícilmente cabe sostener su legalidad (no todas las interpretaciones caben), lo indudable es que se ha adoptado en solo un día. Un día del mes de agosto. Todo conduce a suponer que la resolución ha sido improvisada. Un ejercicio irracional y abusivo del poder, un acto de venganza, con el único cálculo del rédito electoral”.

[3] Me remito a su artículo de 2005 “Ceuta y Melilla, el acuerdo hispanomarroquí de readmisión y las obligaciones internacionales de España y la Unión Europea”, (http://www.intermigra.info/extranjeria, o al publicado con P.Aguelo, Ceuta y Melilla. Los derechos de los inmigrantes en situación irregular”, Abogacía Española, n° 36, enero, 2006, pp.14-17 y, finalmente, su “Ius migrandi y el derecho humano al desarrollo”, Eikasia. Revista de Filosofía, II 8 (enero 2007), pp. 203-204. De la profesora Teresa Fajardo debe consultarse “Los Acuerdos de readmisión de los inmigrantes en situación irregular celebrados por España”, en F.Aldecoa/J.Sobrino, (Coordinadores), Migraciones y Desarrollo. II Jornadas Iberoamericanas de Estudios Internacionales. Montevideo, 25, 26 y 27 de octubre de 2006, Marcial Pons 2007, pp. 87- 102. De la profesora González García puede verse su “El acuerdo España-Marruecos de readmisión de inmigrantes y su problemática aplicación: las avalanchas de Ceuta y Melilla”, Anuario Español de Derecho Internacional, 2006, pp. 255-284. El trabajo del profesor Félix Vacas Los Tratados bilaterales adoptados por España para regular y ordenar los flujos migratorios, Madrid, Universidad Carlos III de Madrid.Dykinson, 2007, pp.151-161. Finalmente, el artículo de la profesora Asín Cabrera “Los acuerdos bilaterales suscritos por España en materia migratoria con países del continente africano: especial consideración de la readmisión de inmigrantes en situación irregular”, Revista de Derecho Constitucional europeo, nº 10/2008, pp. 165-168 .

[4] En efecto, como destaca el profesor Chueca y recuerda el letrado Granero Sánchez, el artículo 2 exige que el Estado requirente (España) pruebe tres aspectos: 1º La nacionalidad del extranjero de un Estado distinto a las partes (Por tanto estamos ante una norma de readmisión de extranjeros, no de marroquíes por Marruecos ni de españoles por España.); 2º La entrada ilegal en el territorio del Estado requirente (Evidentemente para poder proceder a la readmisión, previamente deberá haberse acreditado la entrada ilegal en el territorio español tras el preceptivo procedimiento de devolución con las garantías jurídicas establecidas en la LOEX para este tipo de expedientes); 3º La procedencia de territorio del Estado requerido. Eso quiere decir que la aplicación estricta de la norma citada obliga pues a España a no devolver a las personas cuya nacionalidad no pueda probar o cuya entrada ilegal o cuya procedencia de territorio marroquí no pueda demostrar. Pero el artículo 2 exige además un procedimiento: (a) Una solicitud del Estado requirente (a presentar dentro de diez días desde la entrada ilegal). En la solicitud deben hallarse todos los datos personales de las personas sometidas a este régimen. (b) Un documento de aceptación de la readmisión, expedido por las autoridades del Estado requerido.