ENTREVISTA EN EL DIARIO.ES MURCIA, 19 11 2026

ENTREVISTA EN ELDIARIO.ES MURCIA, 19 11 2026

https://www.eldiario.es/murcia/entrevistas/javier-lucas-programa-electoral-toma-serio-complejidad-politica-migratoria_1_13673019.html

Javier de Lucas: “Ningún programa electoral se toma en serio la complejidad de la política migratoria”

Elisa Reche

Murcia —

19 de noviembre de 202606:00 h

Javier de Lucas (Murcia, 1952) estudió en Murcia hasta segundo de Derecho, pasó por Pamplona tras el sueño de estudiar cine y en 1974 se instaló en Valencia, donde ha desarrollado su carrera como catedrático de Filosofía del Derecho y director del Instituto de Derechos Humanos, con largas estancias en el extranjero, entre ellas siete años al frente del Colegio de España en París. Fue senador hasta 2023 y hoy es catedrático emérito y consejero del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana.

Este jueves vuelve a su ciudad para pronunciar la ponencia inaugural del II Seminario sobre Migración que organiza el profesor Carlos Gil Gandía en la Facultad de Derecho, en plena campaña de unas elecciones generales en las que la inmigración se ha convertido en uno de los ejes del debate.

 

Su ponencia se titula ‘Migrar en tiempos jurídicamente convulsos’. ¿Ha cambiado el derecho o la forma en que los gobiernos lo aplican?

Lo que ha cambiado es la voluntad política dominante, que no creo que sea socialmente mayoritaria, pero sí hegemónica en el discurso del poder y en un espacio público que hoy constituyen sobre todo unas redes sociales extraordinariamente manipulables al servicio de quien tiene el poder económico para manejarlas. Esa voluntad desarrolla una narrativa tóxica que utiliza la inmigración a la vez como ejército de reserva y como explicación simplista de todos los males. En esta campaña quien lo ejemplifica clarísimamente es Vox que, ante cualquier problema, saca el comodín de que la culpa es de la inmigración.

 

¿Puede una persona tener derechos plenos si no es ciudadana?

Durante la regularización se ha difundido que era una forma de captar votos, lo cual es mentira, porque los regularizados no tienen derecho a voto, sino a una residencia legal y a buscar trabajo. En toda Europa los residentes extranjeros están equiparados en la mayoría de los derechos, pero no en la participación política, con lo que hemos resucitado el viejo síndrome de Atenas, el de una democracia que excluye como sujetos políticos a una parte de la población que reside legalmente y contribuye. Y con la paradoja de que su presencia aumenta el censo y, por tanto, el número de diputados y senadores, pero ellos no pueden votarlos.

 

¿El Pacto Europeo de Migración y Asilo protege a quienes llegan o consolida la ‘Europa fortaleza’?

Como proyecto es una necesidad, pero este pacto no protege debidamente los derechos de quienes llegan. Su pieza más criticable es el reglamento de retorno, con la ficción de los países seguros. Hemos incluido en esa lista a Mauritania, que se rige por una interpretación muy estricta de la sharía, como si fuera un lugar seguro para las mujeres y niñas que devolvemos allí desde Canarias. Eso vulnera el principio más elemental del derecho de asilo, la no devolución a un país que no sea seguro.

Y el discurso de la integración es irreal si se plantea como algo unilateral porque cuando hay relación entre dos partes cambian las dos. Quien llega tiene que respetar nuestras costumbres, pero no practicarlas. Yo llevo más de cuarenta años en Valencia, hablo valenciano y no me gustan los petardos ni las fallas, y prefiero el arroz de Cabo de Palos a la paella. ¿Quiere decir eso que no soy valenciano?

 

¿Estamos ante un retroceso de los derechos humanos como marco común?

Sin duda, y es una lección brutal de que los derechos no están adquiridos para siempre. Lo vemos en personas a las que detienen en la calle o a las que se quiere deportar a países con los que nunca han tenido relación, como pretenden cinco países europeos que negocian con Ruanda un centro de deportación, un país que, como pueden imaginar los lectores, no es un paraíso del Estado de derecho. Las deportaciones colectivas son directamente contrarias al Convenio Europeo de Derechos Humanos.

 

¿Hay responsabilidad jurídica de los Estados en las muertes del Mediterráneo y la ruta canaria?

En el Mediterráneo puede haberla cuando se demuestra omisión del deber de socorro porque si hay voluntad política, en el marco del Estado de derecho se puede establecer responsabilidad jurídica. En Canarias no creo que la haya en ese sentido porque Salvamento Marítimo hace justamente lo contrario, salvar vidas. Otra cosa es la responsabilidad de mantener a esas personas en condiciones infrahumanas que, además, generan enormes dificultades a la población local, como en El Hierro, una isla de unos 10.000 habitantes a la que en las últimas semanas han llegado miles de personas, o en Ceuta, con la entrada de un contingente que el Gobierno cifra en 80.000 personas y algunos agentes elevan a más de 100.000.

Esas situaciones son caldo de cultivo de reacciones xenófobas. La responsabilidad es del Gobierno central, pero también de las comunidades autónomas que se niegan a asumir la redistribución de menores y un principio básico de solidaridad.

 

¿Cómo valora el debate migratorio en la campaña del 29N?

Ningún programa se toma en serio la complejidad de la política migratoria. Los más difícilmente compatibles con los derechos básicos son los que ignoran los derechos de los menores no acompañados, contrarios a la Convención sobre los Derechos del Niño. Además, solo se habla de quienes llegan en patera, cuando la inmensa mayoría entra por vías regulares y acaba en situación irregular porque no hay vías legales para trabajar.

Con nuestro perfil demográfico, o los españoles empiezan a tener hijos, lo que es imposible sin vivienda, o la inteligencia artificial da un salto portentoso, o no hay más remedio que recurrir a la inmigración, pero no en términos de semiesclavitud. Dentro de su inconcreción, creo que el Frente Amplio es quien ofrece algunas medidas que cuadran ese sudoku.

 

Casi 1,2 millones de personas, más de 45.000 en la Región de Murcia, han pedido acogerse a la regularización extraordinaria. ¿Es una cuestión de derechos, de economía o de ambas? ¿Choca con el marco europeo, como sostiene la oposición?

Hay que reconocer que la inmensa mayoría de los socios europeos está en contra de cualquier regularización y que España está en minoría. Las regularizaciones son el reconocimiento de un fracaso, pero un mal menor cuando no has abierto vías legales y tampoco puedes expulsar a esas personas.

No soy partidario de las puertas abiertas, que son un disparate, y se puede discutir si este proceso se ha hecho bien, pero no se puede mantener a más de un millón de personas en condiciones de semiesclavitud. La alternativa es tener trabajadores con derechos o sin derechos, y necesitamos esa fuerza de trabajo con los mismos derechos que cualquier otro trabajador.

 

La agricultura murciana depende de trabajadores migrantes y, a la vez, aquí pesa mucho el discurso antiinmigración. ¿Cómo se explica?

Por un mensaje tan simplista como eficaz, que tuvo sus episodios en Torre Pacheco y Jumilla y que a los más viejos nos recordó a El Ejido, cuyo alcalde venía a decir que a las siete de la mañana todos los trabajadores eran necesarios y las siete de la tarde sobraban todos. Es el discurso de que hay seres humanos que son herramientas, pero no iguales en derechos, y que prende con un bulo. Sirve también de excusa para no invertir en sanidad o educación, culpando a los inmigrantes de un desbordamiento que estadísticamente es falso, y omitiendo que esos supuestos gorrones también pagan la sanidad y la educación.

 

¿Qué deja Torre Pacheco? ¿Funcionaron los mecanismos contra los delitos de odio?

Son mecanismos muy complejos porque la libertad de expresión hay que protegerla al máximo y ser xenófobo por falta de educación no te convierte necesariamente en delincuente; otra cosa es poner en peligro la vida, la libertad o la igualdad. La enseñanza es que convivir con diferentes es complicado, y esos festivales interculturales en los que una vez al año nos enseñan a hacer hummus crean el espejismo de que no lo es. Sin igualdad de derechos y de deberes no hay convivencia, y eso no es tolerancia, que es un engaño repugnante, porque supone que yo soy superior al otro y lo aguanto mientras me dé la gana.

 

En algunas zonas de la Región la mayoría del alumnado es de origen migrante. ¿Está respondiendo el Estado?

Si las comunidades y los ayuntamientos, que cargan con la mayor parte del gasto en sanidad y educación, no tienen recursos ni voluntad de universalizarlos, lo que llega es el conflicto y la estigmatización. Hay que explicarle a la gente que si tarda en conseguir una cita médica no es porque haya inmigrantes, sino porque faltan médicos, y que la solución es más profesorados y más medios.

Ningún partido plantea la colaboración entre administraciones, que se echan la culpa mutuamente mientras la casa se queda sin barrer. El problema no lo tienen los ministros, sino quien está en el ayuntamiento, en la escuela y en el centro de salud, y ahí es donde hay que poner el dinero.

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¿Qué le diría a un joven murciano que vota por primera vez el 29N sobre la inmigración?

Que la inmigración es su futuro y que gestionarla bien es la clave de que ese futuro sea mejor. El inmigrante no es tu enemigo, es tu socio, si sabemos convertirlo en socio. Si los echamos vamos a la ruina porque en un país sin inmigración no habría pensiones, ni trabajo, ni vivienda, ni mejor educación ni sanidad para los jóvenes.

 

 

La Universidad de Murcia celebra este jueves su II Seminario sobre Migración

 

LA UE APUESTA POR LA ERA DE LAS DEPORTACIONES (versión ampliada del artículo publicado en Levante-EMV el 19 de noviembre de 2026)

 

Externalizar las deportaciones. De nuevo, el “Plan Ruanda”

No son pocos los que se rasgan las vestiduras ante la noticia que se ha producido a mediados de noviembre de 2026, del principio de acuerdo entre cinco gobiernos europeos y el de Ruanda, para instalar allí un “centro de retorno” (return hub, que en inglés parece que suene mejor[1]). No es un proyecto que conozcamos en todos sus detalles: por ejemplo, el gobierno alemán parece introducir no pocos matices. En todo caso, se trata de un “plan piloto” que empezará en 2027, al amparo de la base legal que proporciona el artículo 14 del Reglamento Europeo de Retorno que acaba de entrar en vigor[2]. Es un convenio cuyo respaldo, previsiblemente, se extiende más allá de esos 5 gobiernos europeos. Podría ser el caso de España, si tras las elecciones del 29 de noviembre hay un gobierno del PP con Vox, un partido que ha declarado su entusiasmo por esta iniciativa.

Hablando claro, el proyecto consiste en la deportación de esas personas a un tercer país, distinto de su país de origen, siempre que sea “seguro” y con el que se haya establecido un convenio a tales efectos; no se trata de «retornos», pues. Son expulsiones a las que resulta más riguroso, pues, denominar deportaciones.

Hago notar que este Convenio se pacta con el inaceptable régimen de Kigali, que preside desde hace más de 20 años Paul Kagame, un personaje siniestro donde los haya, como han denunciado muchas ONGs defensoras de derechos humanos[3], y del Consejo de Derechos Humanos de la propia ONU[4]. Respecto a la condición de país seguro que otorgan los socios europeos a Ruanda, basta ver el informe Freedom in the World 2026, de la Fundación Freedom House, que le otorga 21 puntos sobre 100, en la escala de países seguros en 2026[5].

A mi juicio, es más que discutible la viabilidad, de este nuevo «plan Ruanda», pero lo importante aquí es otra cosa. Se trata del gesto de intención disuasoria, como ha reconocido, ufana, la xenófoba y criptorracista premier danesa Frederikssen quien, en una reciente entrevista, se mostraba satisfecha de que su posición encuentre cada vez más respaldo en la UE “He estado aislada y la gente consideraba que nuestros planes eran erróneos, contrarios a los valores europeos y ajenos a la tradición socialdemócrata. Ahora, una mayoría de mis colegas está de mi lado», y añadió que el objetivo del Convenio es sobre todo disuasorio: “la cifra más importante es la que nunca veremos, porque ojalá no empiecen el viaje”[6], esto es, lo importante es el impacto mediático, el número de los que no vendrán, al saber esta noticia. En otras palabras, la lógica del Convenio es apaciguar el creciente sentimiento antimigratorio fomentado por la extrema derecha europea, en lugar de buscar una gestión adecuada de la migración.

Pero, también a mi juicio, convendría que muchos de los escandalizados se tentaran bien la ropa antes de hacer pública su indignación, porque la hipocresía y el cinismo europeos en materia de migración y asilo no empiezan con este acuerdo con Ruanda, ni con los reiterados planes de gobiernos como el de Dinamarca, verdadera pionera en ese proyecto de externalización, desde la aprobación por su parlamento, en 2021, de una ley para propiciar las deportaciones[7], pero también el Reino Unido. Por no hablar del proyecto de Meloni respecto a Albania (“una iniciativa innovadora” en palabras de la cínica von der Leyen), para externalizar la tarea de selección y deportación de los indeseables. El “plan Ruanda” tiene, pues, antecedentes (de Dinamarca a Israel, pasando por el Reino Unido y los EEUU), y casi siempre esos intentos han salido mal, incluso con severos reproches judiciales, como sucedió en el caso del último intento del gobierno del Reino Unido[8].

Pero quiero subrayar algo más importante, esa luna que los que denuncian sólo el dedo del plan Ruanda parecen ignorar.  La verdad es que, desde hace mucho tiempo, y no sólo bajo el impulso de la extrema derecha, la política migratoria y de asilo de la UE cabalga una contradicción fundamental, a base de elevadas dosis de cinismo e hipocresía.

Resumámoslo así: buena parte de las sociedades europeas son ejemplo de envejecimiento demográfico y de la dificultad de mantener su modelo de Estado de bienestar sólo con la contribución de la mano de obra nacional, sobre todo en sectores laborales despreciados por sus propios trabajadores. Por eso, no dudan en reclutar inmigrantes, siempre que su presencia se traduzca en un saldo beneficioso para las mismas sociedades y siempre que quienes llegan se sometan a las condiciones que dictamos unilateralmente y que, en muchos casos, suponen una situación de precariedad, de desigualdad en derechos, e incluso de explotación. Por cierto que la literatura y el cine han ido incorporando ejemplos de ello, con particular protagonismo de la explotación de las mujeres inmigrantes, algo que no parece una prioridad para el feminismo mainstream: que le pregunten a nuestra ministra de igualdad, o a la de migración, a la de trabajo, o a la tantas veces vocinglera eurodiputada Irene Montero. Claro, peor va donde no hay un feminismo mínimamente coherente, como en las filas del PP o Vox[9].

La hipocresía de quien proclama lo de la remigración y la expulsión masiva de todos los inmigrantes que no sean legales (ni rentables económicamente, añadamos), fue denunciada en las campañas en EEUU y otros países sobre “un día sin inmigrantes” (por ejemplo, ésta en California, en 2025[10].

El gobierno español votó en contra de ese Reglamento. En mi opinión, eso le honra, como también, a mi juicio, fue acertada -como mal menor- la decisión del proceso de regularización -criticado por el resto de socios europeos-, por más que sea discutible cómo se articuló en el RD 316/2026 y cómo se ha ejecutado hasta hoy el proceso. Pero atención a la paja en el ojo propio y la viga en el ajeno: ¿acaso son justificables en términos de garantía de los derechos humanos los convenios que ha establecido nuestro propio gobierno con algunos países africanos, para “devolverles” a inmigrantes irregulares o frustrados solicitantes de asilo provenientes de terceros países? Personalmente he denunciado reiteradamente la hipocresía de nuestro gobierno en el caso de Mauritania, un país en el que rige la interpretación estricta de la sharia y que no garantiza la igualdad de derechos de sus mujeres y sus niñas; así que, a fortiori, tampoco la de las mujeres y niñas inmigrantes que les deportamos a ese país y de cuya suerte nos desentendemos, con la misma lógica de externalizar la responsabilidad juridica  (ya no son cosa nuestra) que subyace al proyecto Meloni y al Convenio con Ruanda. Y todo ello, con el silencio, si no la complacencia, de las mencionadas ministras de igualdad, de inmigración y de la antaño mujer más poderosa de España, hoy en exilio forzado en Andalucía. Todas ellas, en la proclamada visita exitosa de nuestro gobierno a Nuakchott (un ejemplo, se nos dice, de la política eficaz bilateral en materia de migración), acompañando al presidente del gobierno, estuvieron más calladas que lo estarían respecto a los derechos de las mujeres, las niñas y las minorías, si fuera el caso de negociar con China.

Así que, no: menos escándalos con el convenio de esos cinco gobiernos con Ruanda, si eso no viene acompañado de una crítica coherente a lo que es una política migratoria y de asilo tan desprovista de legitimidad en términos de derechos humanos como ineficaz, según demuestra la experiencia.

Habría que tener el valor político y la inteligencia de gestión para salir de esos errores. De momento, la derecha navega con el viento en las velas de la extrema derecha y la izquierda se agota en una política de gestos, mientras deja hacer y fomenta, aunque sea por omisión, esa hipocresía de todos nosotros como sociedad, en aras de una supuesta eficacia que se ha demostrado errada. Porque tengámoslo claro: mientras siga la deigualdad radical entre el norte y el sur, ellos seguirán viniendo, aunque arriesguen sus vidas, mientras nosotros nos sentimos a gusto con nuestra conciencia porque derramamos lágrimas de cocodrilo.

 

[1]Cfr. esa noticia en  https://www.rtve.es/noticias/20261116/cinco-paises-ue-crearan-ruanda-centro-deportacion-segun-austria/17316681.shtml.

[2] El texto de ese artículo 14 del Reglamento puede leerse en https://www.boe.es/doue/2026/2280/L00001-00049.pdf).

[3] Cfr. este comunicado del International Rescue Committee: https://www.rescue.org/eu/press-release/joint-statement-47-organisations-call-eu-protect-peoples-rights-not-outsource-them

[4] Cfr. por ejemplo https://docs.un.org/es/A/HRC/WG.6/51/RWA/1.

[5] Cfr. https://freedomhouse.org/sites/default/files/2026-03/FIW2026_final_digital%20%281%29.pdf.

[6] Cfr. su entrevista al periódico danés Berlignske en junio de 2026: https://www.berlingske.dk/emne/mette-frederiksen.

[7] Sobre los reiterados intentos del gobierno de Frederiksen, remito a mi análisis “Dinamarca, la sorpresa de una ley que desnaturaliza el asilo”: https://www.lamarea.com/2021/07/06/dinamarca-la-sorpresa-de-una-ley-que-desnaturaliza-el-asilo/. Dinamarca y Ruanda llegaron a firmar un convenio bilateral (https://um.dk/media/04jdw0f0/joint-statement-on-bilateral-cooperation.pdf?utm_source=chatgpt.com), que sin embargo fue abandonado en 2023.

[8] Puede leerse un elenco de los diferentes intentos por diversos países para establecer un acuerdo con Ruanda en https://www.elconfidencial.com/mundo/2026-11-18/centros-retorno-ruanda-solicitantes-asilo-ue-1hms_4466705/.

[9] A quien le interese este asunto, que desnuda nuestro cinismo e hipocresía, le remito a cuatro novelas que, por cierto, constituyen el objeto de la tesis doctoral de Isabel Gonzálvez (Literatura y Derecho: el ejemplo del trabajo doméstico de las mujeres inmigrantes), en el Instituto de Derechos Humanos de la UV: Canción dulce (L. Slimani), Ceniza en la boca (B. Navarro), Limpia (A. Trabucco), Casas limpias (M. Agúndez).

[10] Cfr. por ejemplo https://www.latimes.com/espanol/california/articulo/2025-02-02/lanzan-campana-un-dia-sin-inmigrantes-que-impacte-en-el-ambito-economico-de-ee-uu). El leit-motiv ha sido utilizado recientemente por José Mota en un gag que invito a visionar: https://www.youtube.com/shorts/dkv_B1JwTvU

MEDIA DOCENA DE REFLEXIONES SOBRE EL ACCIDENTE DE URDA

Han pasado los tres días de duelo. Es hora para tratar de formular algunas reflexiones y sobre todo de comenzar a hacer propuestas. Por mi parte, ofreceré media docena de apuntes y una consideración general:1. Comencemos por constatar la evolución de la valoración de la alta velocidad:
Cabe recordar que vivimos en los 90 y comienzos de este siglo XXI una etapa en la que el AVE era sinónimo de confort, puntualidad y seguridad: nos quejábamos por retrasos de 5 minutos y exigíamos devolución si era superior a 15 minutos. Al mismo tiempo, se suprimieron buena parte de los trayectos de media distancia y se reforzó la estructura radial, siempre con Madrid como centro de comunicación.
Coincidiendo con la liberalización, empezamos a perder confort y puntualidad en el AVE: comprobamos que 25 años después, los vagones y asientos eran los mismos, e incluso peores; comenzó a ser habitual que los trayectos durasen más y que no se llegara nunca con menos de 20 minutos de retraso. Comenzaron las anulaciones frecuentes.
Desde hace un par de años se hicieron públicas las quejas por los traqueteos excesivos y se conocieron las denuncias de falta de seguridad por parte de los profesionales incluso con huelgas del sector de maquinistas, que han abocado al punto crítico de dos accidentes con un total de 115 muertos en 9 meses. El primero, un accidente por falta de revisión del estado de las vías. El segundo, a todas luces, un problema muy grave de inseguridad del sistema.
2. Ahora, hay que esperar que en el tiempo más breve posible los técnicos ,de un lado, y la justicia de otro -en este caso será preciso más tiempo- ofrezcan el resultado de sus investigaciones. Tomemos nota de que, respecto al accidente de Adamuz, a comienzos de 2026, aún no tenemos resultados técnicos y los del procedimiento judicial se prolongarán probablemente al menos un año.
3. Me parece de todo punto desmesurado, inadmisible, que se tache al ministro o al gobierno de criminales o asesinos, como lo hace VOX. No podemos confundir la responsabilidad jurídica -no digamos la penal- con la responsabilidad moral, ni con la responsabilidad política. La retórica carroñera  no ayuda ni a las víctimas, ni a las familias, ni a la consecución de un resultado que nos aproxime a la verdad de lo sucedido.
4. Dejemos claro que la responsabilidad política es otra cosa. Es evidente que a estas alturas aún no sabemos quién o quiénes son los responsables directos del desastre en Urda. Pero una cosa es eso, y otra la responsabilidad política que, a mi juicio, es clara: es del gobierno y más concretamente de su ministro de transportes y del equipo que él situó al frente de ADIF, un ente que a todas luces presenta una gestión muy deficiente. No está claro que la separación de RENFE y ADIF haya sido una buena decisión. Pero en casos como éste, la dimisión es la vía más aconsejable, porque no es un reconocimiento de culpa: es un mecanismo para preservar la dignidad del cargo.
5. Resulta patente que, como reconoció el presidente del gobierno, se ha perdido la confianza en el sistema ferroviario (en alta velocidad, en media y en cercanias), y ello exige un replanteamiento del sistema ferroviario  -quizá un pacto de Estado, como se ha propuesto- con particular atención a las cercanías, que son el medio que necesitan millones de personas para llevar a cabo la movilidad segura que necesita su vida cotidiana. Veremos qué propuestas hace el gobierno esta semana, en el Consejo de ministros y el ministro Puente en su comparecencia ante la Diputación Permanente
6. A mi juicio, es inverosímil pensar que la persona que pueda restablecer esa confianza sea el ministro Puente. Una persona que apenas unas horas tras el accidente lanzó imputaciones directas al controlador, cuyo ministerio podría tener que ver con las filtraciones de conversaciones que deberían estar bajo secreto del sumario que se instruye, y, sobre todo, que ha tenido la indecencia de victimizarse hablando del «calvario» que iba a pasar él, cuando el calvario lo han vivido las víctimas y lo viven sus familias, no merece confianza por parte de los ciudadanos.Añado ahora una consideración más general, que es una interrogante. Quizá el error consistió en creernos el sueño de converrir el indiscutible salto que consiguió España en la transición, en todos los órdenes, en la quimera d habernos convertido en una gran potencia económica. Quizá el error ha consistido en pretender que, sin las condiciones propias de una economía y un sistema industrial al alcance de verdaderas potencias, nuestro país se apuntara a ese «capitalismo de velocidad» que ahora se critica y además en detrimento de un sistema de comunicaciones que además de no basarse en una concepción radial, diera prioridad a lo  imprescindible, lo que supone tener en cuenta la importancia de la inversión en las redes de las cercanías

No digo que se trate de abandonar la alta velocidad, pero en lugar de las baladronadas del ministro Puente presumiendo de que alcanzaríamos los 350 kms/hora en las redes de AVE existentes, como si pudiéramos de verdad competir con Japón o China, habría convenido probablemente tener más dosis de realismo y sobre todo una concepción muy diferente del modelo de movilidad que necesita de verdad nuestro pais. Un modelo que, insisto, parece exigir otras prioridades en el sistema ferroviiario y por tanto en las inversiones que se le deben destinar  Esta pieza capital de la movilidad y la comunicación debe ser ante todo, segura y adecuada a las prioridades que, probablemente, comienzan por redes eficientes de cercanías