Recupero, 10 años después de su muerte, el artículo que publiqué en homenaje a la mejor actirz de la historia del cine, un ser humano absolutamente excepcional:

KATHARINE, LA GRANDE
Javier de Lucas

Hepburn, por supuesto. Enseguida hubo quien encontró similitud con la otra Catalina, también grande y temible, y la llamaron “la zarina de Hollywood”, aunque el origen del apodo parece estar en la obra de teatro The Czarine, con la que debutó en Baltimore en 1928, el mismo año de su graduación en el Bryn Mawr College, un centro progresista para las hijas de la burguesía ilustrada, como la propia Kaharine, nacida de un urólogo que se carteaba con B Shaw y de una sufragista a la que acompañaba de pequeña a repartir octavillas.
Para muchos de nosotros, Katharine Hepburn es la mejor actriz de la historia del cine. Capra lo sentenció magistralmente: «hay actrices y actrices. Y hay Hepburn». Así los prueban sus récords: Cuatro oscars y doce candidaturas, además del Emy que ganó por su duelo interpretativo con L.Olivier en el drama de TV <Amor entre ruinas> (1975). Los críticos -Fernández Santos, Diego Galán, Francisco Boyero, por ejemplo- han insistido en su energía expresiva, en su velocidad de gesto, en sus dotes para la réplica, que desarrolló en diálogos vibrantes con Tracy, Bogart y Grant, pero también con James Stewart, Peter O´Toole o Paul Sofield. Su capacidad para crear la transformación de Rose Sayer, el papel protagonista de <La reina de Africa>, queda como una de las más grandes actuaciones del séptimo arte. Pero lo cierto es que nunca congenió con Hollywood y el star system: el poderoso distribuidor Harry Brandt la calificó como «veneno para la taquilla» y es famosa la decisión de Hepburn de comprar a los estudios su propio contrato para liberarse y trabajar en otro estudio, o en el teatro, algo que hizo primero con la RKO en 1938 y después con la MGM en 1953. Como actriz de teatro, representó con enorme éxito personajes de Shakespeare, como Rosalind, Portia o Cleopatra, pero también contemporáneos, como la Mary Tirone del drama de O’Neill <Largo viaje hacia la noche>. Tennesse Williams la llamó «actriz de ensueño» tras su representación de Violet Venable en <De repente, el último verano>.
Pero Katharine Hepburn ha sido la mejor actriz de la historia del cine y algunas cosas más. Frente al canon de curvas y redondeces que dominaba en la pantalla y en la vida norteamericana, ella, una pelirroja que era toda ángulos («tengo una cara angulosa, un cuerpo anguloso y, supongo, una personalidad angulosa»), fue capaz de inventar otra belleza, la propia, única, en todo caso difícilmente repetible. Y, sobre todo, como persona, Hepburn luchó, como han descrito casi todos sus biógrafos (Britton, Edwards, Ryan o Dickens, más que Bergan, Bryson o Leaming), por ser quien era, por defender su independencia, su libertad, muy lejos del papel atribuido a las mujeres todavía en su época. Hepburn tenía mucho de alguno de sus personajes en la pantalla: Tess Harding, la columnista política que rivaliza con el periodista deportivo Sam Craig, encarnado por Spencer Tracy en su primera película juntos, <La mujer del año>, dirigida por Georges Stevens en 1942. Era fácil adivinar también su parecido con la compleja Tracy Lord, la aristócrata protagonista de <Historias de Filadelfia>, una obra de teatro de Philip Barry, que ella estrenó en Brodway y cuyos derechos cinematográficos compró. Y qué decir de la encarnación misma de la libertad de espíritu, Susan Vance, la dueña del leopardo «baby » que da título a <Bringing up, Baby > –La fiera de mi niña-, de Hawks, auténtica joya del género de comedias enloquecidas –screwball comedy- de los 30, al que también pertenece <Vivir para goza>r, otra obra de Philip Barry que Cukor, Hepburn y Grant convirtieron en una perla de la comedia. Pero Katharine fue también Leonor de Aquitania, una mujer excepcional, reina de Francia con Luis VII y de Inglaterra con Enrique II, madre de Ricardo Corazón de León, protectora de Chretien de Troyes, inspiradora de la poesía trovadoresca y una de las grandes protagonistas de la historia universal.
En todos los artículos escritos tras su muerte aparecen repetidos estos adjetivos: indomable, inconformista, libre, rebelde, independiente, feminista. Y se ha recordado una y otra vez la contradicción que representa su relación con algunos de los hombres que amó: no tanto Ludlow Stevens (su único marido), o Howard Hugues, sino dos católicos conservadores, casados y alcohólicos, John Ford y sobre todo Spencer Tracy. No hay grandeza sin contradicción y la de Hepburn es difícil de entender: una mujer que, según su propio testimonio, «vivió como un hombre», se sometió a las exigencias de Ford y, mucho más, a las de Tracy. Pero su inconformismo y la firmeza de sus convicciones es indiscutible: le condujo por ejemplo a apoyar decididamente la causa del presidente F.D. Rooselvelt y sobre todo las iniciativas de Eleanor Rooselvelt. Lo muestra su discurso ante 30.000 personas en el Gilmore Stadium, en 1947, para denunciar como enemigo de la libertad al temible Comité de Actividades Antinorteamericanas. Fue un discurso propio de la abogada Amanda Bonner, la costilla de Adam Bonner/Spencer Tracy en la comedia de Cukor. Porque Katharine supo estar del lado bueno, por ejemplo, con Bogart, Bacall, y Huston, frente a la caza de brujas desatada por Maccarthy, aunque, como decía el subtítulo del libro que escribió en 1984 y en el que contó el rodaje de la Reina de Africa, casi pierde la cabeza en la aventura que vivió con ellos (The making of the Queen of Africa, or how I went to Africa with Bogart, Bacall and Huston, and almost lost my Mind).
En su biografía, Me: Stories of my Life (1991) y en los documentales Starring Katharine Hepburn (1981) y Katharine Hepburn. All about Me (1993), estrenados en televisión, repitió algunas de las afirmaciones que se le atribuyen y que certifican su imagen de mujer de una pieza. Por ejemplo, a propósito de su ateísmo, una cuestión de la que nunca hizo bandera pero que jamás ocultó, pese a la mala prensa que eso provocaba en la bien pensante e hipócrita industria de Hollywood: “soy atea; es así. Creo que no hay nada que podamos saber, salvo que debemos ser amables los unos con los otros y hacer lo que podamos hacer por los demás…No tengo miedo del más allá. No temo al infierno, ni busco el cielo…” Es la misma convicción expresada en otra entrevista: «la vida sigue estando hecha de las mismas y viejas cosas que la componían cuando trabajé en Mujercitas: el amor de los amigos y por los amigos, el de la madre por los hijos, el espíritu de sacrificio, el honor, la decencia. Esas cosas permanecen. Hunca han dejado de existir. Sólo que no se escribe de ellas: se consideran un tema aburrido!». O sobre la eutanasia activa, una cuestión presente el la película La última solución de Grace Quigley (1984), que le valió también críticas feroces a las que respondió alto y claro: «¿por qué no van a tener derecho los viejos y los enfermos a poner fin a sus vidas si así lo desean?». Fue probablemente la más grande del cine, pero su vida llegó mucho más allá del cine.

Los que no son nadie. (En el Día Internacional de los Refugiados)

Posted on 20 junio, 2013

Javier De Lucas

Siguiendo la magnífica metáfora de Ulises ante Polifemo, los periodistas y escritores Nicolás Castellanos Flores y Carla Fibla García-Sala publicaron en 2009 un audiolibro sobre historias de las migraciones, que titularon con esa fórmula: Mi nombre es nadie. El viaje más antiguo del mundo. En puridad, ese viaje no es sólo el de aquellos que conocemos como “inmigrantes económicos”, sino también el de los refugiados, el de los exilados que se ven obligados a abandonar su tierra, su patria, para huir de la persecución.

El artículo 1º de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, (aprobada en Ginebra el 21 de julio de 1951 y modificada por el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967) los define así:

“Una persona que, debido a un miedo fundado de ser perseguido por razones de raza, religión, nacionalidad, membresía de un grupo social o de opinión política en particular, se encuentra fuera de su país de nacimiento y es incapaz, o, debido a tal miedo, no está dispuesto a servirse de la protección de aquel país; o de quien, por no tener nacionalidad y estar fuera del país de su antigua residencia habitual como resultado de tales eventos, es incapaz, debido a tal miedo, de estar dispuesto a volver a éste.”

Es importante recordar que no se trata de una cuestión humanitaria. El asilo, el derecho con que se responde a la necesidad que viven los refugiados, es mucho más: es, en cierto sentido, el Urrecht que señalara von Zeiller antes incluso de  Arendt, el derecho originario. Los refugiados son la más grave anomalía jurídica desde la concepción más clásica del Derecho: seres humanos sin Estado, en el sentido estricto, outlaws, extralegem, fuera de la ley, de la cobertura de la ley. Y por eso darles asilo no es sólo una cuestión del deber básico de hospitalidad: es mucho más, es reconocerles que incluso los seres humanos que son sólo eso, seres humanos, no ciudadanos de un Estado, deben tener derechos. Por eso, la capacidad de reconocer ese derecho es el test que mide la voluntad política de atribuir a un ser humano el mínimo imprescindible de lo jurídico: sin él, no se tiene nombre, no se tiene derecho a tener derechos. Su negación es la negación misma de la universalidad de los derechos humanos, como sostuvo la filósofa alemana.

Dejemos ahora de lado cuestiones conceptuales de indiscutible importancia, como la zona gris que existe entre “inmigrantes económicos” y “refugiados políticos”. Y orillemos también otras discusiones, como la relativa a la insuficiencia de esa noción -acuñada en 1951, recuerdo-  para dar cuenta de los “nuevos” fenómenos de refugiados, como los denominados refugiados “medioambientales”, las poblaciones que huyen como resultado de desastres naturales (muchos causados por el hombre, claro): terremotos, inundaciones, pero también hambrunas…Vamos a algunos datos y cuestiones básicas.

Propongo a los lectores que aprovechemos el pretexto que nos ofrece este día para revisar algunas preguntas elementales sobre los refugiados, y a las que en no pocas veces respondemos con ideas recibidas, tópicos sin fundamento en los datos y que se revelan como asentados prejuicios –fobotipos, se diría-. Por ejemplo, parecería que la opinión pública está convencida de que vivimos una amenaza de invasión de refugiados, que esperarían  a las puertas de la UE  para poder aprovecharse de nuestra prosperidad, de las garantías que tanto nos ha costado obtener y, por tanto, es necesario ser muy rigurosos y establecer nuestra capacidad de recibirlos sin vernos desbordados, más aún en el contexto de las dificultades provocadas por la crisis y su gestión. ¿Tenemos en Europa un problema de refugiados? ¿y en España? Debemos ocuparnos de ellos? Cómo? Veamos ante todo los hechos.

Primero: es cierto que hay cada vez más personas en situación de desplazamiento para encontrar refugio. El informe anual “Tendencias globales” 2012, del Alto Comisionado de la ONU para Refugiados (ACNUR) deja claro que sigue siendo la guerra el factor que provoca más desplazamientos de los que, con carácter general, denominamos refugiados. Lo más destacado de ese Informe son, a mi juicio, dos datos. El primero,  que el número de desplazados y refugiados ha alcanzado el mayor nivel desde hace 18 años, en 1994, con más de 45,2 millones de personas desplazadas forzosamente durante 2012, lo que supone tres millones más que en el año 2011, cuando la cifra alcanzaba los 42,5 millones de desplazados y refugiados. De ellos, 15,4 millones fueron refugiados; 937.000, solicitantes de asilo; y 28,8 millones fueron desplazados internos -personas obligadas a huir dentro de las fronteras de su propio país. Los países que generaron más refugiados fueron Afganistán, pues uno de cada cuatro refugiados es afgano; Somalia, con más de 900.000; Irak, con 746.700  y Siria, con 741.400. El segundo, que cuanto más crece la necesidad (porque cada día del año 2012 aparecieron 20.000 refugiados más, esto es, 1 cada 4 segundos: un total de 7,6 millones de “nuevos casos” de desplazados forzosos), más decrece la voluntad política de poner los recursos necesarios.

Segundo: no es verdad, y tendremos que repetirlo una vez más, que seamos los europeos quienes albergamos al mayor número de refugiados. Son sobre todo los países en vía de desarrollo los que asumen esa carga. Pakistán es el primero (1,6 millones), seguido de la República Islámica de Irán (868.200). Sólo en tercer lugar aparece un país de la UE, Alemania (589.700), muy poco por encima de Kenia (565.000). La UE recibió en 2012 330.000 solicitudes, de las que 71.000 recibieron una respuesta positiva (algo más de 37000 recibieron el estatuto de refugiado; poco más de 27.000 la denominada “protección subsidiaria” y casi 6500 asilo por consideraciones humanitarias). Lo más interesante es que en sólo cinco países, Alemania (77.540), Francia (60560), Suecia (43865) , Reino Unido (28.175) y Bélgica (28.105), se recibió al 72 % de los demandantes de asilo. Para dejar más claro que no hay tal abrumadora presión de asilantes, baste pensar en la proporción de solicitudes por millón de habitantes que fue, por ejemplo, en Malta de 4.980, en Suecia de 4.625, en Bélgica, a 2.535 o en Dinamarca de 1.085.

Tercero: como señala el imprescindible Informe Anual 2013 de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, La situación de las personas refugiadas en España, nuestro país está en la cola respecto a la admisión de solicitantes de asilo: en 2012, 2.580 solicitudes, la cifra más baja en 25 años, casi 1.000 menos que el año anterior. De ellas, el mayor número procedía de Siria (255), seguidos por los provenientes de Nigeria (204), Argelia (202), Camerún (121), Costa de Marfil (106) y Mali (102). Para hacernos una idea de la supuesta «presión insoportable», eso supone 55 solicitantes de asilo por cada millón de ciudadanos españoles:  comparemos ese dato con los que recordé más arriba en otros países europeos. Pero lo que es más relevante, a esa caída de solicitudes se une el descenso de concesiones: 565, un 8,5% frente al 9,5% de 2011. La pregunta es, ¿por qué no recibimos más refugiados si de hecho existen cada vez más personas con esa necesidad? CEAR señala las mismas razones que los expertos vienen apuntando desde 2008: básicamente, cada vez es más difícil que quienes huyen de persecución y buscan refugio puedan llegar hasta nosotros y, aún menos, que obtengan el reconocimiento del asilo. La externalización de las fronteras ha creado espacios de contención -bajo el cuidado de países que muchas veces no superan el estándar mínimo de respeto de derechos humanos- cada vez más difíciles de superar. Todo ello reforzado por la utilización de la coartada de la crisis para blindar nuestro territorio mediante un incremento del cordón sanitario que lleva a cabo la agencia Frontex. Eso hace que el viaje de los refugiados sea cada vez más largo y peligroso y que caigan cada vez más en manos de las redes de tráfico y explotación de seres humanos.

En realidad, como muestra con mucha claridad el informe del Servicio jesuita para refugiados, Protection interrupted, los solicitantes de asilo en Europa topan con una complicada normativa comunitaria, pese a la promesas de un Sistema Europeo Común de Asilo (SECA), sobre todo por el instrumento jurídico básico, el Reglamento de Dublín de 2003 que establece el procedimiento para decidir a qué país le cabe la responsabilidad de examinar las solicitudes de asilo. Hoy por hoy, los candidatos no saben cómo funciona realmente la regulación ni cuáles son sus derechos. Además, es frecuente enviar a estas personas a países de la UE que no ofrecen ni vivienda digna ni servicios básicos, dejando a muchas de ellas sin hogar y en la indigencia. Finalmente, los solicitantes de asilo son detenidos en muchos de los países de la UE, al parecer por el mero hecho de ser un solicitante de asilo. En lugar de acoger, parece que el objetivo básico es disuadir: que pierdan toda esperanza de arribar a Europa. Como en tantas otras ocasiones, pareciera que sólo instituciones como el Servicio Jesuita para los Refugiados, o CEAR, son la única esperanza real para revertir el cruel destino de los refugiados, expresado con tanta lucidez como la que es capaz de expresar la poesía, uno de lo mejores poetas en español, Mario Benedetti: “El mundo es esto / en su mejor momento, una nostalgia / en su peor, un desamparo“.

No nos podemos permitir ese desamparo. No podemos ni debemos olvidar que, como hemos visto, el viaje de los “nadie” que emparenta con ese mito fundador de nuestra cultura encarnado por quien así se autodenominara, Ulises, es el de la humanidad misma, el nuestro. Por esa razón, también, el derecho de asilo es un derecho originario. Un derecho que estamos vaciando indebidamente de contenido cuando ponemos a una organización imprescindible como CEAR, al borde de la desaparición. Eso es lo que expone el manifiesto que circula en estos días y que trata de frenar la agonía que sufre esta organización especializada en la atención a los refugiados, como consecuencia en gran medida de los impagos de las Administraciones. En la mano de los poderes públicos está cumplir con sus obligaciones y devolver a CEAR una mínima parte de lo que CEAR aporta, que no es sólo la garantía del derecho de asilo, de la protección de esos “nadie”, sino un elemento clave para que podamos hablar de una democracia, de una sociedad decente. Perder a CEAR es perder en calidad democrática, en decencia: perdemos nosotros, no sólo los refugiados.

Foto 1: Portado de «Protection interrupted», del Servicio

Jesuíta para los refugiados.

Foto 2: Campamento de refugidos de Domiz, en el Kurdistán iraqí,

recoge a miles de refugiados sirios.

ACNUR, Tendencias globales 2012.

Foto 3: Encuentro de una familia en el Campo Mugunga III, en la

República Democrática del Congo. ACNUR.

CIErrenlos!

Javier de Lucas

Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), denominados en otros países Centros de Retención Administrativa (CREA), son una pieza tan esencial como terrible –y poco conocida- de las políticas migratorias de la UE y de la mayoría de sus Estados miembros.

Es verdad que hoy las noticias sobre inmigración parecen haber pasado a segundo plano: vivimos tiempos tan difíciles para la mayor parte de los ciudadanos de los países del Sur de la UE  -evidentemente para España-, que el argumento de la “preferencia nacional”, el <nosotros, primero y los de fuera que se apañen, que ya nos han costado demasiado>, se ha impuesto hasta casi pasar a formar parte del sentido común, un tópico que la opinión pública ha asumido y casi nadie cree necesario argumentar. Parecería como si la inmigración hubiera dejado de ser un elemento definitorio de nuestras prioridades: bastantes problemas tenemos y, además, ya no los necesitamos. Frente al paro, los brutales recortes en derechos y servicios sociales, la corrupción o la deficiencia de nuestra clase política, la gestión de los movimientos migratorios y de su presencia entre nosotros ya no es una prioridad, una preocupación. Sobre todo porque, para sorpresa de algunos, acabamos de descubrir que oficialmente somos de nuevo un país de emigrantes. Y aún más, no es sólo que el saldo migratorio sea de nuevo negativo (salen más personas de las que llegan) sino que cada vez parece más claro que una parte de lo mejor que tiene nuestro país, profesionales preparados y en particular jóvenes, contemplan el proyecto migratorio, ir a vivir de forma estable a otro país, casi en términos de necesidad.

Pero si se me apura, incluso esta última consideración debiera conducirnos a otro tipo de valoración. Ante todo porque frente al espejismo del mensaje que se lanza a la opinión pública, esto es,  que se acabó la inmigración, que ya no vendrán más inmigrantes y los que están volverán a sus países de origen, lo cierto es que los movimientos migratorios hacia nuestro país  -como destino o como tránsito hacia el resto de la UE, a países europeos menos deprimidos o incluso más prósperos- no van a desaparecer. Repitámoslo: las migraciones son un fenómeno estructural y aún más, incentivado por la profunda desigualdad que impone el modelo neoliberista de capitalismo de casino en el que vivimos. Pero lo que es más importante, en la medida en que esos movimientos migratorios sigan regulados casi exclusivamente bajo la perspectiva del beneficio y del orden público, esto es, la lógica del mercado y la lógica securitaria (que, las más de las veces, es un pretexto, una coartada de consumo partidista interno), los instrumentos jurídicos de esas políticas migratorias, seguirán ofreciendo un déficit insoportable en términos de legitimidad e incluso de eficacia. Quienes han tenido algún contacto con la aplicación de instrumentos jurídicos de las políticas migratorias en Europa saben bien del recurso frecuente a los eufemismos con los que se trata de disimular  la creación de una auténtica legislación de excepción (son tesis bien conocidas desde los trabajos de Agambem o Lochak),  incompatible con exigencias básicas del Estado de Derecho, pues no es sólo que la aplicación de esos recursos jurídicos propicie de facto actuaciones administrativas contrarias a esas exigencias, sino que, de iure, no pocas de las disposiciones jurídicas de las legislaciones de inmigración (mal llamadas de extranjería) suponen el cuestionamiento cuando no la derogación de alguno de sus principios fundamentales: la igualdad ante la ley, la tutela judicial efectiva, la presunción de inocencia, la propia noción de seguridad jurídica y, por supuesto el principio de publicidad sin el que no es posible el control. Pues bien, ese es el caso de los CIE.

Los CIE son instituciones no definidas como prisiones, sino como centros de retención administrativa, creadas teóricamente para alojar a inmigrantes que se encuentran a la espera de la ejecución de una orden de expulsión. Pero su función real, aunque latente, es otra: reforzar la mirada –el prejuicio- que reduce la inmigración a un fenómeno ligado únicamente al mercado laboral y, sobre todo, a la perspectiva securitaria, de orden público, básicamente policial. Los CIE son, pues, centros en los que se interna a inmigrantes que están incursos en procedimientos de expulsión (también los menores no acompañados, lo que constituye un escándalo jurídico de dimensiones aberrantes), la inmensa mayoría de ellos por haber cometido no un delito, sino una irregularidad administrativa, carecer de la documentación en regla (los papeles) para la estancia en un país de la UE. Es decir, como se ha denunciado, se les retiene por lo que son, no por lo que han hecho. En España, tienen su origen en el artículo 26.2 de la primera Ley Orgánica de Extranjería: «acordar judicialmente, con carácter preventivo o cautelar, el ingreso en centros que no tengan carácter penitenciario de extranjeros incursos en determinadas causas de expulsión mientras se sustancia el expediente”. Pero frente a la previsión del  artículo 60 de la misma ley, que sostenía que esos centros «no tendrán carácter penitenciario y estarán dotados de servicios sociales, jurídicos, culturales y sanitarios», la experiencia de su funcionamiento, desde la Orden Ministerial de 1 de julio de 1985 que los creó, ha demostrado lo contrario (hay que precisar que no fue hasta el 22 de febrero de 1999, catorce años después de la creación de los CIE, cuando se publicó la primera orden ministerial que regula su régimen interno).

Aunque la existencia de los CIE es, por tanto,  anterior a 2008, resultan clave para la puesta en práctica de la Directiva europea sobre las normas y procedimientos en los Estados Miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, aprobada en 2008 por el Parlamento europeo, más conocida como « Directiva de Retorno » y que pronto fue definida como « Directiva de la vergüenza ». Desde la directiva de 2008, pueden permanecer ingresados en los CIE hasta 180 días (60 en el caso español) en los que evidentemente se priva a los ingresados de la libertad deambulatoria pero, lo que es mucho más grave, se propicia el riesgo de graves violaciones de los derechos fundamentales, como vienen denunciando ONGs, pero también instituciones de defensa de  los derechos humanos.

Aunque desconocidos para la mayor parte de la opinión pública, no es que carezcamos de información sobre estas instituciones. En el ámbito europeo sobrepasan los 400[1], si se cuentan instituciones no definidas exactamente en esos términos, pero que cumplen tales funciones, tanto en la UE como en los países europeos vecinos. Para saber de su situación basta con consultar los trabajos de la organización Migreurop (http://www.migreurop.org) o de la ONG francesa GISTI, por ejemplo, el dossier publicado en la revista Plein Droit con el título “Des camps pour étrangers” (http://www.gisti.org/spip.php?article2819 )-. O, simplemente, ver la multipremiada película dirigida en 2010 por Olivier Masset-Dépasse,  Illegal (http://www.imdb.com/title/tt1503777/combined ). De hecho, Migreurop surgió precisamente a finales de 2000, en el Forum Social Europeo celebrado en Florencia, como una red europea para denunciar esa “Europa de camps”, expresión con la que muy intencionadamente se trataba de llamar la atención sobre la analogía con las más funestas experiencias de campos de concentración, como los de Argelés, imposibles de olvidar en la memoria de los republicanos españoles.

Aquí en España, después del cierre del CIE de Málaga -que había sido objeto de reiteradas denuncias- existen CIE en Aluche (Madrid), Zona Franca (Barcelona), Zapadores (Valencia), Lanzarote, Fuerteventura. Sobre su situación y características se pueden consultar por ejemplo los numerosos informes publicados por ONGs. Ya con ocasión de las muertes de Samba Martine, el 19 de diciembre de 2011, en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche de Madrid, y de Ibrahim Sissé de Guinea Conakry, el 6 de enero de 2012, en el de la Zona Franca de Barcelona, no pocas ONGs y movimientos sociales llamaron la opinión acerca de estos gravísimos riesgos. Pero se acumulan los datos críticos: por ejemplo, en los últimos meses, los informes  de Pueblos Unidos (http://www.pueblosunidos.org/cpu/formacion/InformeCIE2012.PDF), el realizado por varias organizaciones sobre el CIE de Zapadores, en Valencia (http://ciesno.wordpress.com/2013/03/21/cual-es-el-delito-informe-de-la-campana-por-el-cierre-de-los-centros-de-internamiento-de-extranjeros-caso-zapadores ), así como otros anteriores –los de Ferrocarril Clandestino: así, el elaborado conjuntamente con SOS Racismo y Médicos del Mundo sobre el CIE de Aluche (http://www.ferrocarrilclandestino.net ) o el de CEAR dentro del proyecto DEVAS desarrollado por el Servicio Jesuita de atención a los Refugiados (www.cear.es/files/up2012/Informe%202012.pdf.  .  Son también numerosos los trabajos de investigación que tienen por objeto el estudio de estas instituciones desde la sociología o la política de migraciones[2].  Por no hablar de la posición crítica sostenida por el Defensor del Pueblo de España, que ha venido desempeñando una tarea rigurosa y vigilante –pese a las dificultades- en relación  con esas instituciones, en particular desde el período dirigido por la Sra Cava de Llano, que ya había mostrado su preocupación por esos Centros en su ejercicio como Adjunta primera del Defensor y que siempre contó con el trabajo eficaz de los responsables del área de migración de la Alta Institución, a quienes –como ya he dicho en otras ocasiones- alguien deberá hacer justicia algún día por su esfuerzo ímprobo, en defensa de inmigrantes y refugiados, un trabajo  que dignifica a la Defensoría. Por ejemplo, en el apartado relativo a los CIE en el Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a 2011 se asegura:  “En efecto, el artículo 11 de la Ley Orgánica 1/1992 obliga al extranjero a disponer de los documentos que acrediten su identidad y su situación legal, y el artículo 20 de la misma ley permite el traslado a comisaría para proceder a la identificación en aquellos casos en los que no resulta posible hacerlo de otro modo. Por tanto, el traslado a comisaría solo puede producirse en caso de que el individuo carezca de documentación que acredite su identidad y no cuando le falten los papeles que demuestran la legalidad de su estancia en España. En este punto, la redacción del documento podría provocar una interpretación errónea de la que se desprenda que cabe la conducción a comisaría de un ciudadano extranjero aun cuando este estuviese identificado, lo cual no es conforme al Derecho. El término empleado, detención preventiva, solo cabe ante supuestos de comisión de ilícitos penales (…) lo que no incluye la eventual estancia irregular en España, que está tipificada como un ilícito administrativo. En este caso, ni siquiera podría realizarse una detención cautelar administrativa [artículo 61.1.d de la Ley de Extranjería], puesto que estas se practican en el marco de un procedimiento de expulsión ya en curso y, por tanto, no pueden llevarse a cabo antes de que se inicie dicho proceso.”

El resultado de toda esa información, de los análisis, es abrumador: a mi juicio, quien los lea no puede llegar a otra conclusión que la de la campaña iniciada con ese lema y que culmina hoy, 15 de junio: la única propuesta razonable y, aún más, justa, es suprimirlos. Así de claro. Así de sencillo. Y eso, ante todo, porque, como sostiene la misma campaña, “ser inmigrante no es un delito”. Tampoco lo es ser inmigrante irregular. Se trata, insistimos,  de una falta administrativa, del mismo rango de la que comete un ciudadano que no ha renovado a tiempo su documento de identidad o su carnet de conducir.

No hay, en mi opinión,  justificación –legal ni legítima- para unas instituciones que por definición bordean el límite de lo aceptable en materia de restricción de derechos fundamentales y de facto, en no pocas ocasiones, los desbordan. Particularmente grave es la ausencia de una perspectiva de género en su Reglamento –y en su funcionamiento- y más específicamente  la discriminación de que son objeto las mujeres inmigrantes retenidas en esos centros, sobre lo que llamó expresamente la atención el informe de 2009 de  WOMAN’S LINK WORLDWIDE, Los Derechos de las Mujeres Migrantes: una realidad invisible.

La insistencia por parte de los Gobiernos de la UE en mantener estas instituciones sólo puede explicarse desde la óptica securitaria adoptada como visión predominante en las políticas que aprovechan el hecho migratorio para obtener ventaja partidista mediante la difusión sofista, falaz e irresponsable de un mensaje xenófobo e instrumental sobre la inmigración, acrecentado hasta proporciones que pueden llegar a ser suicidas como nos lo muestra precisamente la memoria de la peor Europa, la que vivió la pesadilla de la Segunda Guerra mundial: baste el ejemplo del auge del movimiento neonazi Amanecer dorado en la Grecia expoliada por la gestión de la crisis que lleva a cabo la troika.

La opacidad, la resistencia a que las ONGs  e incluso delegaciones oficiales compuestas por jueces y fiscales puedan visitar estos centros, son bien conocidas. Siento decirlo así, pero creo que desgraciadamente tiene razón Migreurop cuando sostiene que la UE “está en guerra contra un enemigo que se inventa, los inmigrantes”. En esa guerra, los inmigrantes irregulares son el primer frente y los CIE un instrumento bélico. Deben desaparecer.