LA LÓGICA JURÍDICA, AL REVES: REFUGIADOS Y CONTRATO DE INTEGRACIÓN


Javier de Lucas

Muchos de nosotros estamos conmocionados aún (aunque no sorprendidos, desgraciadamente) por la vuelta de tuerca que ha supuesto el Consejo Europeo celebrado el 16 de septiembre en Bratislava, que ha colocado inequívocamente las políticas migratorias y de asilo de la UE bajo el paraguas de las políticas de seguridad y defensa.Una vez más, se envía a la opinión pública europea el mensaje de que inmigrantes y solicitantes de refugio son riesgos relevantes, si no incluso amenazas, para la seguridad de las fronteras y también amenazas internas, como posibles ejércitos de reserva del terrorismo.

Tampoco sorprende –por más que lo deploremos– la inanidad de la cumbre mundial sobre inmigrantes y refugiados celebrada en Nueva York los pasados 19 y 20 de septiembre. Como se puede constatar en el informe previo del Secretario General para esa cumbre y en los informes preparatorios, todo posible acuerdo vinculante dotado de medidas concretas se posponía de entrada hasta 2018 y, por tanto, la Declaración de la cumbre no podía ser poco más que retórica buenista al uso.

Cate1

Pero aún nos faltaba otro cuarto a espadas en lo que concierne a nuestra respuesta ante los refugiados. Una exigencia que demuestra que se les puede aplicar aquello de que “al que no tiene, incluso eso que tiene se le quitará” (Marcos, 4:25). En lugar de preguntarnos qué debemos ofrecerles, nos afanamos en exigirles un esfuerzo más. A mi juicio, ese es el significado del “contrato de integración”, anticipado por el rey Felipe VIen su discurso el 19 de septiembre en la Cumbre de alto nivel celebrada en la ONU (un discurso obviamente escrito por el Gobierno Rajoy) y formalizado por el rey Guillermo de Holanda, el pasado 21 de septiembre, en el denominado Discurso de la Corona, pronunciado como es tradicional en La Haya, con ocasión de la apertura del año parlamentario.

En ese discurso se subraya que “la igualdad entre hombres y mujeres ante la ley y la no discriminación por razones de raza, creencia o bien orientación sexual, son valores que debe respetar y acatar cualquiera que quiera vivir en nuestro país”. Y se menciona expresamente “la preocupación social ante las diferencias culturales”, así como la incertidumbre que produce el hecho de que la llegada de los refugiados signifique exigir de los servicios públicos del Estado holandés un esfuerzo que literalmente se reconoce que podría ser “excesivo”.

Por todo ello, se anuncia que, a partir de 2017, el Gobierno impondrá a los recién llegados la firma de una “declaración de participación”, al modo de esa especie de contrato entre el migrante y el Estado, que se extendería a los solicitantes de refugio obligándoles a“respetar las normas y valores de la sociedad holandesa, en especial los principios democráticos de la separación entre Iglesia y Estado, y las libertades de credo y expresión”, pero también la igualdad entre hombres y mujeres.

Cate2

Se trata en realidad de proponer para los refugiados lo mismo que impuso a los inmigrantes el ministro Sarkozy, recogido con entusiasmo por el Gobierno Rajoy (y, por ejemplo, por el Gobierno valenciano del SrCamps) y hoy jaleado por la prensa que se muestra preocupada por los problemas de incompatibilidad cultural de los recién llegados (antes inmigrantes, ahora, insisto, refugiados). Una pretensión que no puede ocultar su parentesco con los propósitos del movimiento xenófobo alemán PEGIDA (Patriotas europeos contra la islamización de Europa) que alimenta al ultraderechista Partido AfD (Alternativa para Alemania) y a otros grupos y partidos similares en toda Europa: de Francia al Reino Unido, pasando por Austria, Dinamarca, Grecia o Finlandia.

Aún así, hay a quien le parece poco. El islamófobo dirigente de extrema derecha Geert Wilders calificó el discurso de “cuento de hadas” y reiteró su visión apocalíptica según la cual Holanda está siendo “destruida”, aduciendo de nuevo los recortes en sanidad, la subida de impuestos y las presiones derivadas de la llegada de los refugiados.

Pues bien, lo dijimos entonces y lo repetiremos ahora. Esa pretendida novedad del “contrato de integración” es una falacia. Una de dos: o bien supone compromiso de respeto a la legalidad y en ese caso es superfluo, por pura tautología, pues se debería presumir que todo el que es aceptado como residente acepta cumplir con sus deberes legales (de acción y de omisión, que empiezan básicamente por no causar daño en bienes jurídicamente relevantes de otras personas); o bien ese contrato añade requisitos más allá de lo exigible o de lo prohibido, y en ese otro supuesto es ilegítimo, por incompatible con la presunción general de libertad en la que se basa el Estado de Derecho. Recordemos lo elemental: allí donde no hay daño, donde no hay prohibición, debe imperar el respeto a la libertad, en aras del pluralismo.

Pero, además, es que todo esto es particularmente perverso en el caso de los refugiados. Que a quienes sufren ya enormes dificultades para poder siquiera llegar a plantear su petición de asilo, se les imponga, además, la asimilación cultural COMO CONDICION DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS QUE TIENEN POR SER REFUGIADOS, es un acto de cinismo y supone una manifiesta contravención del marco legal del Convenio de Ginebra de 1951.

¿Tanto cuesta entender que son ellos nuestros acreedores, que los refugiados pueden y deben exigir que cumplamos con nuestros deberes, y no al revés? Más temprano que tarde, esta ceguera se volverá contra nosotros.

LAS FALACIAS DETRAS DEL RUIDO EN TORNO A LOS REFUGIADOS (Deusto, 29.09.16)

GIZARTEGUNE
ERREFUXIATUAK. HAIEN ESKUBIDEAK. GURE BETEBEHARRAK.
PERSONAS REFUGIADAS. SUS DERECHOS. NUESTROS DEBERES.

BILBAO, 29.09.2016

 

LO QUE OCULTA LA “CRISIS DE REFUGIADOS”

Javier de Lucas

 

 

 

 

1. La falacia de la “crisis de refugiados”.

Apenas un año y medio desde que la Comisión de la UE anunció su Nueva Agenda Europea de Inmigración y Asilo, en mayo de 2015, un año desde la “conmoción Aylan” y los acuerdos de distribución de reasentamiento y reubicación. Pues bien, hoy se hace más inaceptable nuestra ceguera, nuestra empecinada negativa a reconocer el alcance de lo que está sucediendo en el Mediterráneo, en Europa, ante nosotros. Porque, a mi juicio, es inadmisible el hecho de que -aún hoy y en contra de toda evidencia- rehusemos teorizar adecuadamente lo que a todas luces es, como mínimo, el síntoma de una profundísima crisis del modelo político europeo (si no, incluso, una crisis de la democracia misma). Lo camuflamos bajo eufemismos como el de “crisis de refugiados” que, en el mejor de los casos, apelan al humanitarismo paternalista y ocultan la verdadera y profunda dimensión política.

Así ha sucedido en el reciente Consejo Europeo de Bratislava, cuyas conclusiones, como ha dicho Sami Naïr, justifican presuntamente el enfoque securitario y de defensa en materia de política de refugiados e incitan a una política de miedo y de odio, de xenofobia y repliegue. Las cosas no han ido mejor en la Cumbre de la ONU en N York, los pasados días 19 y 20 de septiembre.

Hay que decir basta, de una vez, a esa y otras falacias sobre la respuesta al desafío de los refugiados. La primera, que hablamos de refugiados cuando nuestro designio es impedirles o al menos dificultarles enormemente que se les reconozca como tales. En realidad hablamos de millones de personas que son aspirantes o solicitantes de refugio, que huyen de su país y vagan por el mundo queriendo solicitar refugio sin que se les deje ni eso…

Hay que decir basta, ante todo a las causas y actuar para parar las masacres de las que huyen y la masacre en la huida (tres mil muertos y desaparecidos en este año), una tragedia que esconde datos horribles, como la suerte desconocida de miles de menores no acompañados (inmigrantes irregulares, refugiados), denunciada no sólo por ONGs como Save the Children, sino nada menos que por la misma Europol. Por no hablar de la suerte de las mujeres violadas y maltratadas por las mafias en Libia mientras esperan a embarcar, a veces durante meses, en un viaje en el que arriesgan sus vidas y las de sus hijos.

Hay que decir basta, también, a lo que es una gravísima claudicación, un retroceso en lo mejor del patrimonio europeo, los elementos claves que han contribuido decisivamente a la civilización: la garantía y reconocimiento eficaz de los derechos humanos de todos los seres humanos, el imperio de la ley, la construcción de un espacio público entendido en términos de libertad, seguridad y justicia. Al vaciar el derecho de asilo, vaciamos lo mejor del proyecto europeo, su carácter de una comunidad de Derecho, de respeto al Estado de Derecho, de la primacía del Derecho al servicio de la garantía de los derechos humanos. Estamos contribuyendo a resucitar lo peor de la historia europea, la construcción de un tópico aceptado acríticamente, el mensaje de que hay seres humanos que por determinadas condiciones no son igual de humanos que los demás (como advirtiera el genial Orwell a través del personaje del cerdo Napoleón en Animal Farm). Los inmigrantes irregulares, los refugiados, son el niño que tiramos con el agua sucia de nuestros miedos. Hemos decidido que no son, no pueden ni deben ser iguales en derechos. Los hemos estigmatizado, hasta el punto de hacer de los demandantes de refugio sujetos sospechosos, invirtiendo el mecanismo de presunción de inocencia y las bases mismas de la tradición jurídica del asilo[1]. Hemos creado para ellos un estado de excepción  permanente que, por otro lado, es perfectamente funcional al estadio de evolución del capitalismo global en el que vivimos, como han sabido señalar Saskia Sassen, Zygmunt Bauman, Daniéle Lochak o Giorgio Agamben y como insiste el, a mi juicio, poco original Zizek. Y así, nosotros, europeos, caminamos por la senda de una política, una antipolítica en realidad, que traspasa todas las líneas rojas de la democracia y del Estado de Derecho.

Lo que trato de señalar es que no debemos seguir aceptando la falaz tesis de la “crisis de refugiados”, una mezcla de mentiras y errores de análisis que permiten una operación de “buena conciencia”: hablar de la “crisis de refugiados”, sostener que nos encontramos ante una encrucijada de lo humanitario y lo pragmático, que supondría asumir que nos encontramos ante el dilema de elegir entre el altruismo de ayudar a los desesperados del mundo, o sacrificar nuestra seguridad, como lo mostraría la crisis del sistema Schengen. O sea, que nuestro dilema es elegir entre derechos humanos de esos otros o nuestra seguridad. Esa falacia, cuyos supuestos fundamentos he tratado de analizar en otros trabajos, cumple una función perversa: evitar el esfuerzo crítico que debiera conducirnos a advertir el grave riesgo que se abre ante nosotros, y que intentaré abordar a continuación.

 

 

 

 

2. Lo que está en juego: un modelo político que refuerza la exclusión.

Para entender el verdadero alcance de lo que está en juego, recurriré a las tesis de Saskia Sassen y Zygmunt Bauman, que pondré en relación con las sostenidas por algunos de los que analizan las migraciones en clave jurídica y política, como Abdelmalek Sayad, Daniéle Lochak, Giorgio Agamben y Catherine Withol der Wenden.

Sassen subraya la profunda relación entre tres elementos clave de nuestras sociedades aquí y ahora: las migraciones, la desigualdad en las relaciones internacionales impuesta por la economía globalizada y el proceso de construcción del vínculo social y político[2]. Así lo explica en su libro reciente, Expulsiones, en el que sostiene que el grado actual de violencia (devenida en ordinaria) del capitalismo en su estadio global, se explica por esa lógica de expulsión, que es como deberíamos llamar a la lógica que preside la economía globalizada. Para Sassen, asistimos al final de la lógica inclusiva que ha gobernado la economía capitalista a partir de la Segunda Guerra Mundial y la afirmación de una nueva y peligrosa dinámica, la de la expulsión. Una lógica que hace culminar la contradicción ya advertida por Adam Ferguson en 1767 en su Ensayo sobre la sociedad civil, entre la lógica de lo público y la lógica del mercado o, por decirlo de otra manera, entre la lógica de la universalidad de los Derechos y la expansión del Estado de Derecho, y aquella otra del beneficio y la “mano invisible”, que postula el regreso al más radical hands-off del Derecho y los poderes públicos en el ámbito que reclama para sí (desrregulado), el mercado...

Pues bien, a mi juicio, la constante más destacable en la inmensa mayoría de los proyectos de gestión del fenómeno migratorio, en las políticas migratorias y de asilo de los países que somos destinatarios de migraciones, es el empeño en olvidar, en ocultar una verdad evidente: la inevitable dimensión política de esas manifestaciones de movilidad humana (inmigrantes y, con mayor claridad aún, refugiados), su condición de res politica, tanto desde el punto de vista estatal como desde las relaciones internacionales. Frente a ello hemos impuesto una mirada sectorial, unilateral, cortoplacista que se concreta en la construcción de una categoría jurídica de inmigrante que, en realidad, es un concepto demediado o, como propone Baumann, un paria[3]: el inmigrante es sólo el trabajador necesario en un determinado nicho laboral en el mercado de trabajo formal (como si no se le utilizara en el mercado clandestino o informal) y mientras se someta a un estatuto precario guiado por la maximalización del beneficio de su presencia. Es una herramienta, ni siquiera un trabajador igual al asalariado nacional. Por eso, su condición precaria, parcial, de sospecha[4].

Todo eso, se acentúa aún más en el caso de los refugiados. El mismo Baumann, en línea con las tesis desarrolladas por Agamben desde su conocido Homo sacer, y en alguna manera con la crítica de Zizek a la gestión de la crisis de refugiados por parte de la UE, ha explicado cómo se crea un estado de suspensión del orden jurídico, ausencia de ley, desigualdad y exclusión social, que hace posible que mujeres y hombres pierdan su condición de ciudadanos, de seres políticos y su identidad, dentro de las fronteras mismas del Estado-Nación.

Lo que me parece más relevante y criticable, desde el punto de vista jurídico y político, es cómo, en aras de esa mirada, en el Derecho de migración y asilo, se convierte en regla la excepción, contraviniendo principios básicos del Estado de Derecho. Insisto en invocar lo señalado desde diferentes perspectivas por Danièle Lochak[5], Giorgio Agamben, Zygmunt Bauman y Catherine Withol der Wenden. Esa es la constante, a mi juicio, más destacable y criticable: el estado de excepción permanente que hemos creado para los inmigrantes y que recientemente estamos trasladando, contra toda evidencia del Derecho vigente, a los refugiados. De ese modo hemos negado la condición misma de inmigrante, una categoría universal, a la vez que hemos vaciado un derecho fundamental, el derecho a ser inmigrante, a escoger el propio plan de vida, a circular libremente, que es un corolario indiscutible del principio (por cierto, liberal) de autonomía. Pero rizando el rizo, estamos desproveyendo a los refugiados de un estatuto jurídico vigente, el propio del standard normativo vinculante que es la Convención de Ginebra de 1951, so pretexto de una “crisis” tan urgente como inabordable.

Hemos creado políticas migratorias y de asilo, pues, que niegan su objeto, que lo deforman, lo sustituyen por una categoría vicaria: nos negamos a aceptar al inmigrante tout court y lo sustituimos por aquel que queremos recibir. Por eso, para nosotros, no todo el mundo tiene derecho a ser inmigrante, de forma que nuestra lógica inevitablemente produce inmigrantes “ilegales”, no-inmigrantes. Así lo explica una de las mejores expertas en política de migraciones, Catherine Withol der Wenden en un artículo publicado el año pasado sobre las novedades o las constantes en políticas migratorias. Me disculpo por la larga cita, pero me parece muy pertinente:

“La réponse aux flux migratoires ressemble ainsi à un vaste Far West, où les États les plus puissants du monde font la loi par les règles qu’ils édictent en matière de droit à la mobilité, et n’acceptent pas que des normes mondiales s’imposent à l’exercice de leur souveraineté que constitue la gestion des flux migratoires. Si l’on est Danois, on peut circuler dans 164 pays ; si on est Russe dans 94 ; si on est subsaharien, cette possibilité peut se limiter aux doigts d’une seule main si le pays où l’on est né, et dont on a la nationalité, est considéré comme un pays à risque. Le droit à la mobilité est donc l’une des plus grandes inégalités du monde aujourd’hui, dans un contexte où il devrait constituer un des droits essentiels duxxie siècle. Les riches des pays pauvres peuvent, eux, migrer, car beaucoup de pays d’immigration ont prévu d’attribuer des titres de séjour à ceux qui leur apportent des capitaux, achètent un appartement d’une taille précise, ou créent une entreprise. Les plus qualifiés, les sportifs professionnels, les créateurs et artistes de haut niveau peuvent également migrer, car beaucoup de pays d’accueil ont opté pour une ouverture de leurs frontières à une immigration sélectionnée. Les étudiants se voient aussi entrouvrir les frontières, nombre de pays, européens notamment, ayant compris le risque d’une option sans immigration dans la course à la compétitivité mondiale”[6]. Esta es la razón de nuestros fracasos a la hora de analizar y también de dar respuesta a los desafíos migratorios en su sentido más amplio (inmigrantes y refugiados).

Por su parte, Bauman, en diálogo con Agamben, ha insistido una y otra vez en la interpretación de la regresión evolutiva que ha sufrido el modelo de Estado social de Derecho en los últimos 20 años. Como explica con gran agudeza en su ya mencionado Archipiélago de excepciones -en el que no es difícil advertir la impronta de Foucault-, se trata de un proceso que, por mor de la lógica de esta fase del capitalismo global,  transforma a buena parte de los que fueron Estados sociales en Estados excluyentes, Estados policiales-penales. Se crean así no ya pequeños espacios de infra-Derecho, zonas de no-Law’s land, que escapan a la soberanía tradicional del Estado de Derecho y que se encuentran regidos por un estado de excepción permanente, sino toda una red global de esas islas, verdaderos archipiélagos de la excepción. La metáfora del Archipiélago tiene como emblema, los campos de refugiados y los barrios de inmigrantes[7]. En ellos se puede comprobar cómo, si los  “Estados sociales” de Derecho en cierto modo son una reformulación o superación del modelo hobbessiano de legitimidad, por incremento de sus outputs (es decir, porque más allá de la garantía de la vida frente a la violencia extienden la seguridad, la certeza en el status de sus ciudadanos, que ya no son meros súbditos), los “Estados penal-policiales” privan a una parte de la población (entre la que se encuentran los que ocupan los márgenes del sistema, lo que fueron consideradas “clases peligrosas”) de esos <beneficios>, los reducen a la condición de precariedad y sólo pueden acudir a una vieja argucia para mantener su adhesión. Es la coartada del agresor externo o del enemigo interior, frente al cual defienden a todos sus ciudadanos, también a los que han golpeado y reducido a la precariedad. Ese recurso, viejo argumento de la lógica del miedo, es el que Bauman denomina “el oscuro espejismo de los otros”: inmigrantes y refugiados. Esos verdaderos “excedentes” de la mano de obra global, y en particular los dos grupos que ejemplifican las migraciones forzadas y que constituyen el emblema de lo que, en términos durísimos, denomina “desecho humano”, producto genuino de la lógica de esta fase del mercado global: los inmigrantes irregulares (mal llamados “ilegales”, que es la forma en que se conoce a los trabajadores extranjeros no expresamente deseados) y los refugiados: “Uno de los resultados más letales del triunfo global de la modernidad es la acuciante crisis de la industria de tratamiento del desecho (humano)”, escribe Bauman[8]. Esa es la razón por la que se ven despojados de todos los elementos de identidad, de los marcadores nacionales: no tienen Estado, no son necesarios/útiles, o han dejado de serlo, no tienen “papeles”. Los Estados de la UE, explica Bauman, no están dispuestos a recibir a esos <excedentes de otros Estados>  y acuden al argumento de problemas de orden público, de seguridad y aun de defensa de la soberanía nacional-territorial. Se esgrime sin rubor el argumento de que son ejército de reserva de la delincuencia, de la violencia, del terrorismo. Eso es lo que, a su juicio, explica el inaceptable rechazo de los refugiados. Y así, concluye: “la basura no precisa de distinciones afinadas ni de matices sutiles, salvo que haya que clasificarla para su reciclaje”.

Lo que trato de decir es que la ignominiosa respuesta de los gobiernos europeos (peor incluso que la de las instituciones de la UE) ha de entenderse no sólo en los términos de la disputa por los medios para extender nuestros deberes a todos aquellos que son titulares de derechos, pero no son nacionales, sino que tiene una lectura, una interpretación más profunda. Como ha señalado entre nosotros acertadamente Itziar Ruiz Jiménez[9], habría que reconocer que a lo que asistimos hoy es a un desmantelamiento del ámbito de reconocimiento y garantía de los derechos y a una lucha feroz por recortar el ámbito de los sujetos del derecho a tener derechos, que son los indicadores más claros de esa paradoja hacia la que corremos el riesgo de encaminarnos y que expresaríamos con la fórmula democracias excluyentes. Primero, so pretexto de la crisis, se ha profundizado en la  mercantilización de los derechos económicos, sociales y culturales, las conquistas del siglo XX, a los propios ciudadanos, a las clases más débiles y aun a la clase media a la que se ha pauperizado. Ahora se trata de reducir el ámbito de sujetos que pueden aspirar al reconocimiento mínimo de derechos humanos fundamentales. Esa es la batalla. En ella, las primeras víctimas son esos otros más visibles, los inmigrantes y los refugiados, expulsados de la condición de sujetos de derechos.

La conclusión no puede ser más preocupante: cuando habíamos avistado un futuro de ensanchamiento de la democracia, capaz de desanclar el reconocimiento de la plenitud de derechos de una condición etnocultural (la identidad nacional), abrazando así el modelo de democracia plural e inclusiva, sucede que nos asomamos de nuevo hacia una comunidad política basada en la institucionalización de amplias zonas de exclusión. Y eso no puede ser compatible ni con la democracia ni con el Estado de Derecho. De nuevo, habrá que recordar el lema de Heraclito: <un pueblo debe luchar por sus leyes como por sus murallas>. Pero este pueblo ya no es, ya no debería ser, la comunidad etnonacional que se encierra en la fortaleza, sino una comunidad de ciudadanos libres que quieren acoger,  proteger, incluir bajo su espacio de seguridad, libertad y justicia, a los seres humanos que lo necesitan y que llegan hasta sus puertas.

 

 

 

 

3. La asimilación cultural, ilegítima condición impuesta al reconocimiento de los refugiados

El último giro de tuerca es la imposición de políticas de asimilación cultural como pre-requisito para el examen de la solicitud  de refugio. Lo hizo el Jefe de Estado español, Felipe VI, en su discurso en la ONU el 19 de septiembre. Lo ha dispuesto Holanda a través de una reforma de su régimen de derecho de asilo.

El discurso de la Corona, el pasado 21 de septiembre, en La Haya, que abre el año parlamentario en Holanda, ha incluido esta vez un apartado específico dedicado a las tensiones derivadas de la llegada de miles de refugiados. Leído por el rey, Guillermo Alejandro, en la Sala de los Caballeros del antiguo Parlamento holandés, el documento subraya “la igualdad entre hombres y mujeres ante la ley y la no discriminación por razones de raza, creencia o bien orientación sexual. Son valores que debe respetar y acatar cualquiera que quiera vivir  en nuestro país”.

Las palabras del rey han incluido, no obstante, una declaración de intenciones para que no haya malentendidos. “A nadie se le pide que renuncie a su cultura y orígenes. Pero las normas establecidas son inviolables y la intimidación y la violencia obtendrán una respuesta firme».

Como en otras democracias constitucionales, este tipo de documentos son redactados por el Gobierno, que en esta ocasión ha puesto mucho empeño en subrayar “las iniciativas privadas y municipales destinadas a animar a los solicitantes de asilo a participar en la sociedad”. A nadie se le escapa las tensiones derivadas de la llegada masiva de refugiados de Siria e Irak en 2015 —y también de otros países— a toda Europa. Por eso el monarca ha asegurado que “Holanda es un país fuerte en un mundo inestable. Un lugar próspero y atractivo, con buenas infraestructuras y servicios y un sistema legal fuerte”. Luego se ha hecho eco de “la preocupación social ante las diferencias culturales”, y la incógnita de si no supondrá el flujo humano “un esfuerzo excesivo para los servicios públicos”.

A partir de 2017, el Gobierno de centro izquierda impondrá a los recién llegados la firma de una “declaración de participación”. Concebida como una especie de contrato entre el migrante y el Estado, obliga a los que buscan refugio a “respetar las normas y valores de la sociedad holandesa, en especial los principios democráticos de la separación entre Iglesia y Estado, y las libertades de credo y expresión”, pero también la equidad entre hombre y mujer.

La asociación holandesa que reúne a los refugiados (Vluchtelingenwerk Nederland) calcula que en 2014 hasta 82.494 personas contaban con la protección necesaria. En 2015 solicitaron 58.800 extranjeros, según la Oficina Central de Estadísticas. Para 2016, el mismo organismo calcula que llegarán unos 70.000.

Los partidos de la oposición, que incluye, entre otros, liberales de izquierda, cristianodemócratas, ecologistas, socialistas radicales y al populista antimusulmán  Geert Wilders, han lamentado que el Gobierno no tuviera “nada que ofrecer”. Las elecciones del próximo año han impedido la presentación de grandes proyectos, pero Wilders ha calificado de “cuento de hadas” el discurso. En su opinión, el país está siendo «destruido». Y ha puesto como ejemplo los recortes en sanidad, la subida de impuestos y las presiones derivadas de los refugiados.

 

 


[1] Creo que lo refleja el hecho de que la definición más apropiada de aquello en que se ha convertido hoy un refugiado, como vengo insistiendo, es la que propuso hace unos meses el Alto Comisionado de derechos humanos de la ONU, el jordano Zeid Ra’ad Al Hussein: “refugees… These are people with death at their back and a wall in their face”. Nuestra aportación es esa: ponerles delante muros, alambradas, campos de detención.

[2] S Sassen, Expulsions. Brutality and Complexity in the Global Economy, Harvard University Press, 2014 (trad français, Gallimard 2016). Hay traducción española, Expulsiones. Brutalidad y complejidad en la economía global, B Aires, Katz eds. 2015.

[3] Nuevos parias, de condición precaria e intercambiable, con fecha de caducidad, tal y como sostiene en su Archipiélago de excepciones, una conferencia impartida en el CCCB de Barcelona, en diálogo con Giorgio Agamben y que fue luego publicada en Katz ediciones, 2008.

[4] Es lo que explica la conocida paradoja enunciada por el dramaturgo Max Frisch y que ignoran esos modelos de políticas migratorias: queríamos mano de obra y nos llegan personas, sociedades, visiones del mundo.

[5] Cfr. Face aux migrants: Etat de Droit ou état de siège, París, Textuel, 2007.

[6]  Withol der Wenden, C., “Une nouvelle donne migratoire”, Politique Étrangère, 3/2015, pp 95-106.

[7]  Quizá debiéramos añadir los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Bauman escribe que “es posible que la única industria pujante en los territorios de los miembros tardíos del club de la modernidad sea la producción en masa de refugiados. Y los refugiados son el ´residuo humano´ personificado: sin ninguna función ´útil´ que desempeñar en el país al que llegan y en el que se quedan, y sin intención ni posibilidad realista de ser asimilados e incorporados» (Bauman, 2008: 32)

[8] Bauman, 2008: 32.

Con Weber, a Mariano (Cartelera Turia, 30 09 2016)

En la estrategia de justificación del carácter presuntamente ineludible del apoyo a una investidura de Rajoy para formar Gobierno, aunque sea por la vía de la abstención, hay de todo. Desde el PP abunda la alabanza sin fisuras al líder, a quien acuden, como en aquellos meses de mayo, con Flores a Mariano. Pero son más quienes, faltos de tal entusiasmo, predican  falacias -como la del respeto a la lista más votada, un argumento no relevante en una democracia parlamentaria-, seudoamenazas apocalípticas -miedo al caos, a la huida del capital extranjero, a una nueva recesión- y presiones de todo tipo.

Con todo, también los hay que proponen argumentos. Entre ellos, destacan acreditados profesionales de la ciencia política, como Fernando Vallespín y José Ignacio Torreblanca que, en lugar de ir con flores hasta Mariano, pareciera que fuesen, con o por Weber, hasta concluir en él. Y así, tratan de mostrar que quienes se oponen a que Rajoy forme de una vez gobierno, con Sánchez como arquetipo, son irresponsables políticamente y se apoyan en una muy inadecuada ética de la convicción, típicamente teológica o ideológica y estérilmente moralizante. Sostiene que más valdría optar por la ética de la responsabilidad, en virtud de la cual se debe aceptar con madurez la decisión de dejar que gobierne el PP de Rajoy. Eso, añaden,  permitirá crear una oposición fuerte, formada por políticos responsables que, al no existir una mayoría absoluta, podrían conseguir en el Congreso las reformas que supuestamente jamás logrará el irresponsable e imposible intento de constituir un Gobierno de izquierda, que camina hacia el abismo, entonando el fiat iustitia et pereat mundus.

Parcen olvidar que la pretensión de wertfreiheit en ciencias sociales es mera ilusión. No hay ciencia social que pueda permitirse ser ajena a la ideología: ni la Ciencia política, ni el Derecho. Pero aún es más obvia otra consideración: apoyar a Rajoy no sólo es contrario a las más mínimas exigencias de la ética de la convicción. Es, además, contraria a la ética de la responsabilidad. O sea, políticamente hablando, irresponsable, porque el balance de la gestión de gobierno de Rajoy es desastroso. No digo ya por el grado de corrupción institucional que ha fomentado y anida en su propio partido. Me refiero a su balance, inaceptable de cara a los trabajadores, a los parados, a los pensionistas, al mundo de la enseñanza, al estado de la sanidad, al sistema público de ciencia e investigación, a la gestión de la deuda, al peso y a la presencia de España en la UE, en Latinoamérica, en el mundo árabe…

No. No hay en este caso contradicción alguna entre ética de la convicción y ética de la responsabilidad. Apoyar a Rajoy para que forme Gobierno y sufrirlo cuatro años más, sí que es propio de irresponsables, además de inconsecuentes con los principios y valores de una democracia mínimamente plural e inclusiva.

 

CULO DI FERRO Y CAMUS (Cartelera Turia, 2745)

(Re)Searchers

Culo di ferro y Camus

Javier de Lucas

Javier de Lucas

Mi admirada Almudena
Grandes ha criticado a Sánchez por su posición de resistencia porque, dice, “la resistencia no vale si no tiene un propósito”. No creo que sea cierto: no vale cualquier propósito. Por ejemplo, hay quien piensa que el de Sánchez es un propósito estricta- mente partidista, si no personal: mantenerse al frente de la SG del PSOE. Eso ya sería un propósito, pero no haría legítima la resistencia, al menos en términos de bien común (sí, para el propio Sánchez y quizá incluso para el PSOE).

Cierta tradición, a mi juicio bobalicona, insiste en presentar como muestra de inteligencia política el lema atribuido al camaleónico premio nobel CJC: el que resiste, gana. Una divisa que encuentra en Rajoy quizá su más ferviente partidario. Algunos, más informados, recuerdan la respuesta atribuida a Sandro Pertini, en el palco del Bernabeu durante el campeonato mundial de fútbol de España, ante la pregunta que le hizo Calvo Sotelo en presencia del rey Juan Carlos: “cuál es la mejor virtud de un negociador?”, a lo que el sagaz Presidente italiano habría contestado: Culo di ferro.

Yo quiero creer que la resistencia de Sánchez no es la rala versión carpetovetónica de Cela (la inmovilidad tancredista y oportunista que, en realidad, muestra la más absoluta carencia de ideas). Ni siquiera la astucia de Pertini. En mi ingenuidad, creo que podría acercarse más a la rebelión camusiana, la que se describe al comienzo del Hombre rebelde:” ¿Qué es un hombre rebelde? Un hombre que dice no. Pero negar no es renunciar: es también un hombre que dice sí desde su primer movimiento (…) El rebelde (es decir, el que se vuelve o revuelve contra algo) da media vuelta. Marchaba bajo el látigo del amo y he aquí que hace frente. Opone lo que es preferible a lo que no lo es”.

Lo preferible, a mi juicio,  es no seguir en manos de Rajoy, de su virreina SSS y de su cohorte de desvergonzados, falaces e ineficaces gobernantes del PP. Y la primera condición para ello es señalar que el rey está desnudo, denunciar que lo que quieren imponernos como “sentido común” es un propósito pro domo sua, sólo de ellos, que no tiene nada de común. Eso es, creo, un buen comienzo: negar que las políticas del PP se basen en la primacía de lo común. Y encontrar la convergencia que la defensa de lo común exige, más allá de la ventaja partidista ante las terceras elecciones.

 

UNA PROFUNDA CRISIS POLITICA, CAMUFLADA COMO CRISIS DE REFUGIADOS (publicado en La Maleta de Port Bou, nº19, 2016)

1. La falacia de la “crisis de refugiados”.

Transcurrido apenas un año desde que la Comisión de la UE anunció su Nueva Agenda Europea de Inmigración y Asilo, en mayo de 2015, se hace más inaceptable nuestra ceguera, nuestra empecinada negativa a reconocer el alcance de lo que está sucediendo en el Mediterráneo, en Europa, ante nosotros. Porque, a mi juicio, es inadmisible el hecho de que -aún hoy y en contra de toda evidencia- rehusemos teorizar adecuadamente lo que a todas luces es, como mínimo, el síntoma de una profundísima crisis del modelo político europeo (si no una crisis de la democracia misma). Lo camuflamos bajo eufemismos como el de “crisis de refugiados” que, en el mejor de los casos, apelan al humanitarismo paternalista y ocultan la verdadera y profunda dimensión política. Y hay que decir basta a esa falacia.

Hay que decir basta, en primer lugar, a la masacre (tres mil muertos y desaparecidos en este año), una tragedia que esconde datos horribles, como la suerte desconocida de miles de menores no acompañados (inmigrantes irregulares, refugiados), denunciada no sólo por ONGs como Save the Children, sino nada menos que por la misma Europol.

Hay que decir basta, también, a lo que es una gravísima claudicación, un retroceso en lo mejor del patrimonio europeo, los elementos claves que han contribuido decisivamente a la civilización: la garantía y reconocimiento eficaz de los derechos humanos de todos los seres humanos, el imperio de la ley, la construcción de un espacio público entendido en términos de libertad, seguridad y justicia. Al vaciar el derecho de asilo, vaciamos lo mejor del proyecto europeo, su carácter de una comunidad de Derecho, de respeto al Estado de Derecho, de la primacía del Derecho al servicio de la garantía de los derechos humanos. Estamos contribuyendo a resucitar lo peor de la historia europea, la construcción de un tópico aceptado acríticamente, el mensaje de que hay seres humanos que por determinadas condiciones no son igual de humanos que los demás (como advirtiera el genial Orwell a través del personaje del cerdo Napoleón en Animal Farm). Los inmigrantes irregulares, los refugiados, son el niño que tiramos con el agua sucia de nuestros miedos. Hemos decidido que no son, no pueden ni deben ser iguales en derechos. Los hemos estigmatizado, hasta el punto de hacer de los demandantes de refugio sujetos sospechosos, invirtiendo el mecanismo de presunción de inocencia y las bases mismas de la tradición jurídica del asilo[1]. Hemos creado para ellos un estado de excepción  permanente que, por otro lado, es perfectamente funcional al estadio de evolución del capitalismo global en el que vivimos, como han sabido señalar Saskia Sassen, Zygmunt Bauman, Daniéle Lochak o Giorgio Agamben y como insiste el, a mi juicio, poco original Zizek. Y así, nosotros, europeos, caminamos por la senda de una política, una antipolítica en realidad, que traspasa todas las líneas rojas de la democracia y del Estado de Derecho.

Lo que trato de señalar es que no debemos seguir aceptando la falaz tesis de la “crisis de refugiados”, una mezcla de mentiras y errores de análisis que permiten una operación de “buena conciencia”: hablar de la “crisis de refugiados”, sostener que nos encontramos ante una encrucijada de lo humanitario y lo pragmático, que supondría asumir que nos encontramos ante el dilema de elegir entre el altruismo de ayudar a los desesperados del mundo, o sacrificar nuestra seguridad, como lo mostraría la crisis del sistema Schengen. O sea, que nuestro dilema es elegir entre derechos humanos de esos otros o nuestra seguridad. Esa falacia, cuyos supuestos fundamentos he tratado de analizar en otros trabajos, cumple una función perversa: evitar el esfuerzo crítico que debiera conducirnos a advertir el grave riesgo que se abre ante nosotros, y que intentaré abordar a continuación.

 

 

 

 

2. Lo que está en juego: un modelo político que refuerza la exclusión.

Para entender el verdadero alcance de lo que está en juego, recurriré a las tesis de Saskia Sassen y Zygmunt Bauman, que pondré en relación con las sostenidas por algunos de los que analizan las migraciones en clave jurídica y política, como Abdelmalek Sayad, Daniéle Lochak, Giorgio Agamben y Catherine Withol der Wenden.

Sassen subraya la profunda relación entre tres elementos clave de nuestras sociedades aquí y ahora: las migraciones, la desigualdad en las relaciones internacionales impuesta por la economía globalizada y el proceso de construcción del vínculo social y político[2]. Así lo explica en su libro reciente, Expulsiones, en el que sostiene que el grado actual de violencia (devenida en ordinaria) del capitalismo en su estadio global, se explica por esa lógica de expulsión, que es como deberíamos llamar a la lógica que preside la economía globalizada. Para Sassen, asistimos al final de la lógica inclusiva que ha gobernado la economía capitalista a partir de la Segunda Guerra Mundial y la afirmación de una nueva y peligrosa dinámica, la de la expulsión. Una lógica que hace culminar la contradicción ya advertida por Adam Ferguson en 1767 en su Ensayo sobre la sociedad civil, entre la lógica de lo público y la lógica del mercado o, por decirlo de otra manera, entre la lógica de la universalidad de los Derechos y la expansión del Estado de Derecho, y aquella otra del beneficio y la “mano invisible”, que postula el regreso al más radical hands-off del Derecho y los poderes públicos en el ámbito que reclama para sí (desrregulado), el mercado...

Pues bien, a mi juicio, la constante más destacable en la inmensa mayoría de los proyectos de gestión del fenómeno migratorio, en las políticas migratorias y de asilo de los países que somos destinatarios de migraciones, es el empeño en olvidar, en ocultar una verdad evidente: la inevitable dimensión política de esas manifestaciones de movilidad humana (inmigrantes y, con mayor claridad aún, refugiados), su condición de res politica, tanto desde el punto de vista estatal como desde las relaciones internacionales. Frente a ello hemos impuesto una mirada sectorial, unilateral, cortoplacista que se concreta en la construcción de una categoría jurídica de inmigrante que, en realidad, es un concepto demediado o, como propone Baumann, un paria[3]: el inmigrante es sólo el trabajador necesario en un determinado nicho laboral en el mercado de trabajo formal (como si no se le utilizara en el mercado clandestino o informal) y mientras se someta a un estatuto precario guiado por la maximalización del beneficio de su presencia. Es una herramienta, ni siquiera un trabajador igual al asalariado nacional. Por eso, su condición precaria, parcial, de sospecha[4].

Todo eso, se acentúa aún más en el caso de los refugiados. El mismo Baumann, en línea con las tesis desarrolladas por Agamben desde su conocido Homo sacer, y en alguna manera con la crítica de Zizek a la gestión de la crisis de refugiados por parte de la UE, ha explicado cómo se crea un estado de suspensión del orden jurídico, ausencia de ley, desigualdad y exclusión social, que hace posible que mujeres y hombres pierdan su condición de ciudadanos, de seres políticos y su identidad, dentro de las fronteras mismas del Estado-Nación.

Lo que me parece más relevante y criticable, desde el punto de vista jurídico y político, es cómo, en aras de esa mirada, en el Derecho de migración y asilo, se convierte en regla la excepción, contraviniendo principios básicos del Estado de Derecho. Insisto en invocar lo señalado desde diferentes perspectivas por Danièle Lochak[5], Giorgio Agamben, Zygmunt Bauman y Catherine Withol der Wenden. Esa es la constante, a mi juicio, más destacable y criticable: el estado de excepción permanente que hemos creado para los inmigrantes y que recientemente estamos trasladando, contra toda evidencia del Derecho vigente, a los refugiados. De ese modo hemos negado la condición misma de inmigrante, una categoría universal, a la vez que hemos vaciado un derecho fundamental, el derecho a ser inmigrante, a escoger el propio plan de vida, a circular libremente, que es un corolario indiscutible del principio (por cierto, liberal) de autonomía. Pero rizando el rizo, estamos desproveyendo a los refugiados de un estatuto jurídico vigente, el propio del standard normativo vinculante que es la Convención de Ginebra de 1951, so pretexto de una “crisis” tan urgente como inabordable.

Hemos creado políticas migratorias y de asilo, pues, que niegan su objeto, que lo deforman, lo sustituyen por una categoría vicaria: nos negamos a aceptar al inmigrante tout court y lo sustituimos por aquel que queremos recibir. Por eso, para nosotros, no todo el mundo tiene derecho a ser inmigrante, de forma que nuestra lógica inevitablemente produce inmigrantes “ilegales”, no-inmigrantes. Así lo explica una de las mejores expertas en política de migraciones, Catherine Withol der Wenden en un artículo publicado el año pasado sobre las novedades o las constantes en políticas migratorias. Me disculpo por la larga cita, pero me parece muy pertinente:

“La réponse aux flux migratoires ressemble ainsi à un vaste Far West, où les États les plus puissants du monde font la loi par les règles qu’ils édictent en matière de droit à la mobilité, et n’acceptent pas que des normes mondiales s’imposent à l’exercice de leur souveraineté que constitue la gestion des flux migratoires. Si l’on est Danois, on peut circuler dans 164 pays ; si on est Russe dans 94 ; si on est subsaharien, cette possibilité peut se limiter aux doigts d’une seule main si le pays où l’on est né, et dont on a la nationalité, est considéré comme un pays à risque. Le droit à la mobilité est donc l’une des plus grandes inégalités du monde aujourd’hui, dans un contexte où il devrait constituer un des droits essentiels duxxie siècle. Les riches des pays pauvres peuvent, eux, migrer, car beaucoup de pays d’immigration ont prévu d’attribuer des titres de séjour à ceux qui leur apportent des capitaux, achètent un appartement d’une taille précise, ou créent une entreprise. Les plus qualifiés, les sportifs professionnels, les créateurs et artistes de haut niveau peuvent également migrer, car beaucoup de pays d’accueil ont opté pour une ouverture de leurs frontières à une immigration sélectionnée. Les étudiants se voient aussi entrouvrir les frontières, nombre de pays, européens notamment, ayant compris le risque d’une option sans immigration dans la course à la compétitivité mondiale”[6]. Esta es la razón de nuestros fracasos a la hora de analizar y también de dar respuesta a los desafíos migratorios en su sentido más amplio (inmigrantes y refugiados).

Por su parte, Bauman, en diálogo con Agamben, ha insistido una y otra vez en la interpretación de la regresión evolutiva que ha sufrido el modelo de Estado social de Derecho en los últimos 20 años. Como explica con gran agudeza en su ya mencionado Archipiélago de excepciones -en el que no es difícil advertir la impronta de Foucault-, se trata de un proceso que, por mor de la lógica de esta fase del capitalismo global,  transforma a buena parte de los que fueron Estados sociales en Estados excluyentes, Estados policiales-penales. Se crean así no ya pequeños espacios de infra-Derecho, zonas de no-Law’s land, que escapan a la soberanía tradicional del Estado de Derecho y que se encuentran regidos por un estado de excepción permanente, sino toda una red global de esas islas, verdaderos archipiélagos de la excepción. La metáfora del Archipiélago tiene como emblema, los campos de refugiados y los barrios de inmigrantes[7]. En ellos se puede comprobar cómo, si los  “Estados sociales” de Derecho en cierto modo son una reformulación o superación del modelo hobbessiano de legitimidad, por incremento de sus outputs (es decir, porque más allá de la garantía de la vida frente a la violencia extienden la seguridad, la certeza en el status de sus ciudadanos, que ya no son meros súbditos), los “Estados penal-policiales” privan a una parte de la población (entre la que se encuentran los que ocupan los márgenes del sistema, lo que fueron consideradas “clases peligrosas”) de esos <beneficios>, los reducen a la condición de precariedad y sólo pueden acudir a una vieja argucia para mantener su adhesión. Es la coartada del agresor externo o del enemigo interior, frente al cual defienden a todos sus ciudadanos, también a los que han golpeado y reducido a la precariedad. Ese recurso, viejo argumento de la lógica del miedo, es el que Bauman denomina “el oscuro espejismo de los otros”: inmigrantes y refugiados. Esos verdaderos “excedentes” de la mano de obra global, y en particular los dos grupos que ejemplifican las migraciones forzadas y que constituyen el emblema de lo que, en términos durísimos, denomina “desecho humano”, producto genuino de la lógica de esta fase del mercado global: los inmigrantes irregulares (mal llamados “ilegales”, que es la forma en que se conoce a los trabajadores extranjeros no expresamente deseados) y los refugiados: “Uno de los resultados más letales del triunfo global de la modernidad es la acuciante crisis de la industria de tratamiento del desecho (humano)”, escribe Bauman[8]. Esa es la razón por la que se ven despojados de todos los elementos de identidad, de los marcadores nacionales: no tienen Estado, no son necesarios/útiles, o han dejado de serlo, no tienen “papeles”. Los Estados de la UE, explica Bauman, no están dispuestos a recibir a esos <excedentes de otros Estados>  y acuden al argumento de problemas de orden público, de seguridad y aun de defensa de la soberanía nacional-territorial. Se esgrime sin rubor el argumento de que son ejército de reserva de la delincuencia, de la violencia, del terrorismo. Eso es lo que, a su juicio, explica el inaceptable rechazo de los refugiados. Y así, concluye: “la basura no precisa de distinciones afinadas ni de matices sutiles, salvo que haya que clasificarla para su reciclaje”.

Lo que trato de decir es que la ignominiosa respuesta de los gobiernos europeos (peor incluso que la de las instituciones de la UE) ha de entenderse no sólo en los términos de la disputa por los medios para extender nuestros deberes a todos aquellos que son titulares de derechos, pero no son nacionales, sino que tiene una lectura, una interpretación más profunda. Como ha señalado entre nosotros acertadamente Itziar Ruiz Jiménez[9], habría que reconocer que a lo que asistimos hoy es a un desmantelamiento del ámbito de reconocimiento y garantía de los derechos y a una lucha feroz por recortar el ámbito de los sujetos del derecho a tener derechos, que son los indicadores más claros de esa paradoja hacia la que corremos el riesgo de encaminarnos y que expresaríamos con la fórmula democracias excluyentes. Primero, so pretexto de la crisis, se ha profundizado en la  mercantilización de los derechos económicos, sociales y culturales, las conquistas del siglo XX, a los propios ciudadanos, a las clases más débiles y aun a la clase media a la que se ha pauperizado. Ahora se trata de reducir el ámbito de sujetos que pueden aspirar al reconocimiento mínimo de derechos humanos fundamentales. Esa es la batalla. En ella, las primeras víctimas son esos otros más visibles, los inmigrantes y los refugiados, expulsados de la condición de sujetos de derechos.

La conclusión no puede ser más preocupante: cuando habíamos avistado un futuro de ensanchamiento de la democracia, capaz de desanclar el reconocimiento de la plenitud de derechos de una condición etnocultural (la identidad nacional), abrazando así el modelo de democracia plural e inclusiva, sucede que nos asomamos de nuevo hacia una comunidad política basada en la institucionalización de amplias zonas de exclusión. Y eso no puede ser compatible ni con la democracia ni con el Estado de Derecho. De nuevo, habrá que recordar el lema de Heraclito: <un pueblo debe luchar por sus leyes como por sus murallas>. Pero este pueblo ya no es, ya no debería ser, la comunidad etnonacional que se encierra en la fortaleza, sino una comunidad de ciudadanos libres que quieren acoger,  proteger, incluir bajo su espacio de seguridad, libertad y justicia, a los seres humanos que lo neces


[1] Creo que lo refleja el hecho de que la definición más apropiada de aquello en que se ha convertido hoy un refugiado, como vengo insistiendo, es la que propuso hace unos meses el Alto Comisionado de derechos humanos de la ONU, el jordano Zeid Ra’ad Al Hussein: “refugees… These are people with death at their back and a wall in their face”. Nuestra aportación es esa: ponerles delante muros, alambradas, campos de detención.

[2] S Sassen, Expulsions. Brutality and Complexity in the Global Economy, Harvard University Press, 2014 (trad français, Gallimard 2016). Hay traducción española, Expulsiones. Brutalidad y complejidad en la economía global, B Aires, Katz eds. 2015.

[3] Nuevos parias, de condición precaria e intercambiable, con fecha de caducidad, tal y como sostiene en su Archipiélago de excepciones, una conferencia impartida en el CCCB de Barcelona, en diálogo con Giorgio Agamben y que fue luego publicada en Katz ediciones, 2008.

[4] Es lo que explica la conocida paradoja enunciada por el dramaturgo Max Frisch y que ignoran esos modelos de políticas migratorias: queríamos mano de obra y nos llegan personas, sociedades, visiones del mundo.

[5] Cfr. Face aux migrants: Etat de Droit ou état de siège, París, Textuel, 2007.

[6]  Withol der Wenden, C., “Une nouvelle donne migratoire”, Politique Étrangère, 3/2015, pp 95-106.

[7]  Quizá debiéramos añadir los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Bauman escribe que “es posible que la única industria pujante en los territorios de los miembros tardíos del club de la modernidad sea la producción en masa de refugiados. Y los refugiados son el ´residuo humano´ personificado: sin ninguna función ´útil´ que desempeñar en el país al que llegan y en el que se quedan, y sin intención ni posibilidad realista de ser asimilados e incorporados» (Bauman, 2008: 32)

[8] Bauman, 2008: 32.