5 MODESTAS PROPUESTAS PARA LA CLARIDAD EN EL DEBATE SOBRE GAZA (Versión ampliada del artículo en Público, 18 de septiembre de 2025)

Hay, a mi juicio, no poca confusión en el debate surgido a propósito de la interrupción de la última etapa de la vuelta ciclista a España y, lo que es mucho más importante, sobre nuestra respuesta al genocidio que -a juicio de la mayoría de los juristas expertos en la cuestión- viene llevándose a cabo en Gaza. Como jurista, como profesor de Derecho, el que se trate o no de un genocidio, además de que se estén produciendo incontables actuaciones calificables como numerosos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad (también, desde luego, por parte de Hamás), es cuestión muy relevante. Dicho esto, lo más importante es cómo poner fin a esta carnicería.

Reconoceré, de entrada, que a mí no me ha gustado ese final de la vuelta y creo que podría haberse producido de otro modo. Añadiré que, también a mi juicio, no está tan claro que la participación de un equipo que llevaba el nombre de Israel y del que es propietario un millonario sionista, estrecho amigo de Netanyahu, fuera un nuevo ejemplo de la práctica de lo que se conoce como sportwashing. Soy de los que piensan que la supuesta neutralidad política de las competiciones deportivas es un vago señuelo: el deporte y sobre todo las competiciones deportivas de masas en las que intervienen selecciones nacionales, es terreno privilegiado para la confrontación política partidista, e incluso se ha dicho que eso es un buen sustituto de la guerra. Ese es uno de los aspectos que me parecen confusos en la nota de la UCI que critica al gobierno de España (https://www.eurosport.es/ciclismo/vuelta-a-espana/2025/uci-comunicado-oficial-protestas-palestina-espana-madrid_sto23222092/story.shtml). Y creo que es correcta la dura respuesta del presidente del CSD (https://www.marca.com/ciclismo/vuelta-espana/2025/09/15/csd-responde-dureza-lappartient-blanquear-genocidio-traves-deporte.html), que insiste (lo ha hecho el propio presidente del CSD en varias intervenciones) en que el deporte no puede ser una isla en lo que se refiere a los derechos humanos. Aún así, como trataré de argumentar, no comparto la estrategia puesta en marcha por el gobierno en la gestión de ese final de la vuelta: creo que ha sido un error y propicia la confrontación de interpretaciones partidistas, algo que no ayuda a la cuestión prioritaria.

Creo que vale la pena recordar que el invento del sportwashing tampoco es algo nuevo: lo vienen utilizando muy eficazmente las petromonarquías del golfo, con Arabia Saudí al frente, en ámbitos como el fútbol, el golf o el tenis, en los que obtienen mejores réditos propagandísticos que los que derivan de la captación de cerebros para sus universidades. No había que esperar a la vuelta ciclista para verlo: las principales ligas de fútbol europeas ofrecen numerosos ejemplos, con espectáculos bochornosos como las finales de copa de España trasladadas a Arabia Saudí, con el pretexto de que el negocio (que en realidad es lo primero) se justifica con argumentos tan con atrabiliarios como que esa celebración ayuda al avance de los derechos de las mujeres en ese régimen medieval. Qué decir de los manejos de Qatar, otro régimen medieval que viola masivamente esos derechos de las mujeres, por no mencionar los de los trabajadores inmigrantes asiáticos tratados como esclavos en la construcción de los estadios en los que se jugó allí el último campeonato mundial de futbol, (https://cnnespanol.cnn.com/2022/11/29/cuantos-muertos-estadios-mundial-qatar-orix).

Quiero señalar en particular un elemento de confusión en el debate. Me refiero al entusiasmo en torno a lo que se denomina -insisto, de modo confuso a mi juicio- la “causa palestina”. Con todo respeto, no tengo claro que los miles de manifestantes de buena fe que interrumpieron el final de la vuelta, con banderas palestinas, tuvieran clara la diferencia entre la necesidad de poner fin al espantoso genocidio que lleva a cabo el ejército comandado por Netanyahu en Gaza, y lo que se aclamaba como “victoria de la causa palestina”, sobre todo si esa causa se identifica con el lema “desde el río hasta el mar”, como asumen políticos como Belarra, Montero y, más dubitativamente, Yolanda Díaz. Si por causa palestina entendemos la defensa de los derechos de los palestinos (también su derecho a existir políticamente), ninguna objeción. Pero si ello incluye un programa que exige la desaparición del Estado de Israel, me parece injustificable.

Pero lo que más me preocupa, insisito, es que, como señaló el otro día Victor Vázquez, una causa justa como la de detener el genocidio en Gaza, que debería ser compartida por todos, se convierta en materia de enfrentamiento y ganancia partidista. Y por eso no comparto la estrategia del gobierno en este punto. Es más, me parece un grave error: a mi entender, insisto, ha propiciado la división, en lugar de fomentar el consenso más amplio.

Creo que se pueden resumir en pocas tesis los argumentos que, como digo, se orientan a asegurar lo que a muchos nos parece el fin prioritario, el de construir el consenso internacional más amplio posible, y de modo urgente, para detener el terrible genocidio que está llevando a cabo Netanyahu, con la evidente complicidad de Trump y la ausencia de intervención de China o Rusia, sumada a la irresponsable inacción de la Unión Europea, con notables excepciones como las que protagoniza el gobierno de España o el de Irlanda. Lo haré en forma de cinco modestas proposiciones:

  • Es imperativo convertir en una causa con el más amplio respaldo internacional la denuncia del genocidio en Gaza. Insisto en llamarla genocidio, porque así lo argumentan con mucho detalle los expertos de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel , que cumplen un mandato del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, adoptado el 27 de mayo de 2021 (resolución A/HRC/RES/S-30/1, https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/co-israel/index). Esto es, así lo argumenta UN INFORME DE LA ONU, no tres particulares, manipulados por la propaganda de Hamas.
  • A esos efectos, es asimismo imperativo conseguir un amplio respaldo internacional a la imposición de sanciones al gobierno criminal de Netanyahu. Para conseguirlo, cabe recurrir a los instrumentos de presión que se utilizaron para aislar el régimen de apartheid en Sudáfrica y, por tanto, me parece oportuno prohibir toda participación en eventos culturales y deportivos a representantes del Estado de Israel y prohibir que se participe en tales eventos organizados por el Estado de Israel, como ya se ha hecho con Rusia, por más que sea necesario distinguir entre la conducta criminal del gobierno Netanyahu y la sociedad civil israelí.
  • El mismo imperativo del mayor consenso posible para parar el genocidio exige, a mi juicio, denunciar el fanatismo medieval y asesino de Hamas. Hamas es una organización terrorista, responsable de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, que pretende un Estado fundamentalista que violaría los más elementales derechos y libertades: los derechos de las mujeres, para empezar. Su programa político insiste en la desaparición del Estado de Israel: nos puede reivindicar el derecho de los palestinos a existir políticamente de modo independiente y negarlo a los israelíes.
  • En mi opinión, lo que hay que defender, y además es lo que concita el mayor consenso posible, son los derechos de los palestinos y el primero, su derecho a la vida. También, lo reitero, su derecho a existir políticamente y, por tanto, a un Estado palestino. Eso no tiene nada que ver con la defensa de lo que se llama vagamente la «causa palestina». Menos aún, no me cansare de repetirlo, si esa causa consiste en el proyecto de Hamas, que reivindica todo el territorio «desde el río hasta el mar», lo que supone hacer desaparecer el Estado de Israel. Yo no aplaudo ni daré vivas a esa causa. Considero un grave error confundir esa “causa palestina”, con la lucha contra el genocidio en Gaza y la eliminación de los palestinos en Cisjordania.
  • Por tanto, creo que es necesario como elemento de consenso la defensa del derecho a la existencia del Estado de Israel. Dicho esto, la defensa de la existencia del Estado de Israel es compatible con la solución política de la existencia de dos Estados, Palestina e Israel, que parece reunir el mayor consenso internacional, aunque hoy por hoy no parece viable. Incluso sería teóricamene compatible con la de un único Estado democrático, en el que los palestinos y los israelíes convivieran en condiciones de plena igualdad, siempre que así lo aceptaran los palestinos. Pero esta opción, menos deseable que la anterior, parece aún más difícil de lograr, habida cuenta de la correlación de fuerzas políticas y la mayoría fundamentaista en la Knesset.

El fiscal general, en la apertura del curso judicial 2025

 
 
El tema del día, es la debatida presencia del fiscal general del Estado (FGE), el señor García Ortiz, en el acto de apertura del año judicial que se celebra hoy, 5 de septiembre de 2025.
Lamento que miembros del CGPJ, que deben conocer bien la legalidad, hayan pedido por carta a la presidenta del TS y del CGPJ que solicitara al señor García Ortiz, Fiscal General del Estado (FGE), que no esté presente en la apertura del año judicial. Asombra que dejen de lado que el señor García Ortiz, imputado o no, es el FGE y con la ley en la mano, tiene la obligación de intervenir para exponer la memoria de la fiscalía (artículo 181.3 de la Ley Orgánica del Poder judicial, LOPJ).
Como he dejado escrito en este muro, soy de quienes piensan que habría sido mejor que el señor García Ortiz se apartara de su cargo, una vez que el Tribunal Supremo decidió procesarlo, aunque también pienso que su procesamiento carece de los indicios suficientes de criminalidad (revelación de secreto, en este caso). Más allá de la indiscutible presunción de inocencia que jurídicamente le ampara, hay un problema político, institucional, derivado del hecho de ese procesamiento, decidido por la mayoría de los magistrados del TS que entendieron de la decisión (con un importante voto disidente). En esa situación, permanecer en la FGE es legal y puede ser legítimo, pero me parece muy desaconsejable en términos políticos y de respeto a las instituciones.
El líder de la oposición, el señor Núñez Feijoo, anunció que no iba a acudir, porque considera ofensiva la presencia del FGE por estar procesado, y también califica así la presencia del ministro de justicia, por las críticas del presidente del gobierno a algunos jueces, reiteradas en una reciente entrevista en TVE y por las (a mi entender) imprudentes manifestaciones del propio ministro, que debería abstenerse de expresarse sobre las decisiones de los jueces, sean cuales fueren, precisamente por su condición de ministro de justicia, y lamentablemente no lo hace cuando no le gustan.
La decisión del señor Núñez Feijoo, a mi entender, muestra no ya una reiteradamente probada ignorancia de la legalidad, sino una muy preocupante falta de respeto institucional. Y digo esto sin perjuicio de que también a mi entender, un presidente de gobierno, por razón de su cargo, no debería manifestar esas críticas públicamente, como lo ha hecho el presidente Sánchez. No debe hacerlo él, porque no es un ciudadano más. Su indiscutible derecho a la crítica y a la libertad de expresión debería estar ponderado (limitado, sí) por la obligación que tiene de respetar la división de poderes y evitar dar pie al detrimento de las instituciones, como máximo representante del poder ejecutivo. Y eso, a mi entender, afecta también al ministro de justicia y al resto de los ministros.
La presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ ha enfatizado hoy en su intervención que, sin perjuicio del derecho a la libre crítica de las decisiones judiciales, ha de respetarse la separación de poderes y la correlativa lealtad institucional. Y asimismo ha sostenido que las descalificaciones al poder judicial desde otros poderes públicos son inoportunas, e impropias de un Estado de Derecho. Estoy de acuerdo con ella en ésto. Pero me gustaría que hubiera recordado,  con la misma contundencia, la obligación de los jueces de atenerse al mismo respeto y lealtad institucionales a la división de poderes y manifestado su crítica a los jueces y magistrados que no lo hacen y que, hasta donde yo sé, no han sido objeto de procedimiento disciplinario.
Las instituciones no deberían ser el campo de batalla partidista, pero desgraciadamente no es así: tanto el PP como el PSOE -y añado, el resto de los partidos, en proporción a su poder- desde hace mucho tiempo tratan de manejar pro domo sua a las instituciones. Concretamente, creo que es un escándalo que unos y otros se extralimiten en la legítima crítica a las decisiones judiciales, cuando no les gustan. Y ahora, desgraciadamente, trasladar todo eso a la celebración de la apertura del año judicial, es un ejemplo más de la falta de respeto institucional.
Finalmente, creo que es importante añadir que, por su parte, todos y cada uno de los jueces tienen una responsabilidad en función del poder que los ciudadanos les hemos conferido y por tanto no deben ser ajenos al imperativo de no escudarse en su estatuto de independencia para extralimitarse y entrar en la lucha partidista. Así lo hacen a mi entender cuando, por ejemplo, se manifiestan como jueces -investidos de sus atributos vestimentarios y en la puerta de los palacios de justicia-, en contra de un proyecto de ley, y no digamos de una ley ya aprobada por las Cortes. Eso es una grosera e inadmisible intromisión en la división de poderes. Añado también que resulta difícil de negar que hay decisiones judiciales particularmente polémicas, en la medida en que pueden suponer una intromisión en los otros poderes son no sólo criticables, sino reprobables. De ahí a hablar de <lawfare> hay un largo trecho y en todo caso no debemos olvidar que toda decisión judicial es recurrible en las instancias superiores y, en muchos casos, ante tribunales supranacionales, europeos. Esa es la vía que se debe seguir cuando se entiende que una decisión judicial es contraria a Derecho. Libre crítica, sí. Pero sin descalificación del poder judicial. Con respeto a la separación de poderes y a la lealtad institucional.