El tema del día, es la debatida presencia del fiscal general del Estado (FGE), el señor García Ortiz, en el acto de apertura del año judicial que se celebra hoy, 5 de septiembre de 2025.
Lamento que miembros del CGPJ, que deben conocer bien la legalidad, hayan pedido por carta a la presidenta del TS y del CGPJ que solicitara al señor García Ortiz, Fiscal General del Estado (FGE), que no esté presente en la apertura del año judicial. Asombra que dejen de lado que el señor García Ortiz, imputado o no, es el FGE y con la ley en la mano, tiene la obligación de intervenir para exponer la memoria de la fiscalía (artículo 181.3 de la Ley Orgánica del Poder judicial, LOPJ).
Como he dejado escrito en este muro, soy de quienes piensan que habría sido mejor que el señor García Ortiz se apartara de su cargo, una vez que el Tribunal Supremo decidió procesarlo, aunque también pienso que su procesamiento carece de los indicios suficientes de criminalidad (revelación de secreto, en este caso). Más allá de la indiscutible presunción de inocencia que jurídicamente le ampara, hay un problema político, institucional, derivado del hecho de ese procesamiento, decidido por la mayoría de los magistrados del TS que entendieron de la decisión (con un importante voto disidente). En esa situación, permanecer en la FGE es legal y puede ser legítimo, pero me parece muy desaconsejable en términos políticos y de respeto a las instituciones.
El líder de la oposición, el señor Núñez Feijoo, anunció que no iba a acudir, porque considera ofensiva la presencia del FGE por estar procesado, y también califica así la presencia del ministro de justicia, por las críticas del presidente del gobierno a algunos jueces, reiteradas en una reciente entrevista en TVE y por las (a mi entender) imprudentes manifestaciones del propio ministro, que debería abstenerse de expresarse sobre las decisiones de los jueces, sean cuales fueren, precisamente por su condición de ministro de justicia, y lamentablemente no lo hace cuando no le gustan.
La decisión del señor Núñez Feijoo, a mi entender, muestra no ya una reiteradamente probada ignorancia de la legalidad, sino una muy preocupante falta de respeto institucional. Y digo esto sin perjuicio de que también a mi entender, un presidente de gobierno, por razón de su cargo, no debería manifestar esas críticas públicamente, como lo ha hecho el presidente Sánchez. No debe hacerlo él, porque no es un ciudadano más. Su indiscutible derecho a la crítica y a la libertad de expresión debería estar ponderado (limitado, sí) por la obligación que tiene de respetar la división de poderes y evitar dar pie al detrimento de las instituciones, como máximo representante del poder ejecutivo. Y eso, a mi entender, afecta también al ministro de justicia y al resto de los ministros.
La presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ ha enfatizado hoy en su intervención que, sin perjuicio del derecho a la libre crítica de las decisiones judiciales, ha de respetarse la separación de poderes y la correlativa lealtad institucional. Y asimismo ha sostenido que las descalificaciones al poder judicial desde otros poderes públicos son inoportunas, e impropias de un Estado de Derecho. Estoy de acuerdo con ella en ésto. Pero me gustaría que hubiera recordado, con la misma contundencia, la obligación de los jueces de atenerse al mismo respeto y lealtad institucionales a la división de poderes y manifestado su crítica a los jueces y magistrados que no lo hacen y que, hasta donde yo sé, no han sido objeto de procedimiento disciplinario.
Las instituciones no deberían ser el campo de batalla partidista, pero desgraciadamente no es así: tanto el PP como el PSOE -y añado, el resto de los partidos, en proporción a su poder- desde hace mucho tiempo tratan de manejar pro domo sua a las instituciones. Concretamente, creo que es un escándalo que unos y otros se extralimiten en la legítima crítica a las decisiones judiciales, cuando no les gustan. Y ahora, desgraciadamente, trasladar todo eso a la celebración de la apertura del año judicial, es un ejemplo más de la falta de respeto institucional.
Finalmente, creo que es importante añadir que, por su parte, todos y cada uno de los jueces tienen una responsabilidad en función del poder que los ciudadanos les hemos conferido y por tanto no deben ser ajenos al imperativo de no escudarse en su estatuto de independencia para extralimitarse y entrar en la lucha partidista. Así lo hacen a mi entender cuando, por ejemplo, se manifiestan como jueces -investidos de sus atributos vestimentarios y en la puerta de los palacios de justicia-, en contra de un proyecto de ley, y no digamos de una ley ya aprobada por las Cortes. Eso es una grosera e inadmisible intromisión en la división de poderes. Añado también que resulta difícil de negar que hay decisiones judiciales particularmente polémicas, en la medida en que pueden suponer una intromisión en los otros poderes son no sólo criticables, sino reprobables. De ahí a hablar de <lawfare> hay un largo trecho y en todo caso no debemos olvidar que toda decisión judicial es recurrible en las instancias superiores y, en muchos casos, ante tribunales supranacionales, europeos. Esa es la vía que se debe seguir cuando se entiende que una decisión judicial es contraria a Derecho. Libre crítica, sí. Pero sin descalificación del poder judicial. Con respeto a la separación de poderes y a la lealtad institucional.