Giros en la narrativa oficial del modelo de política migratoria

Muchos de nosotros saludamos con alivio el mensaje inicial del presidente del gobierno en su primera etapa de la gira africana, en Mauritania, cuando subrayó que las migraciones son fuente de «riqueza, desarrollo y prosperidad». Fue asimismo un alivio que reiterase lo que a muchos nos parece obvio: que, para gestionar la movilidad migratoria, hay que desarrollar vías legales, regulares y seguras.

Ahora bien, que el gobierno de España trabaje en establecer esas vías, no es una osadía progresista: es simplemente cumplir con lo que establecen no ya las recomendaciones, sino el título mismo del Pacto Global sobre Migraciones aprobado en diciembre de 2018 por la Asamblea General de la ONU (Global Compact for Safe, Regular and Legal Migration), una exigencia constante desde hace muchos años por parte de ONGs y expertos y también del papa Francisco desde el inicio de su pontificado. Insisto: no debería presentarse como novedad la voluntad política de cumplir con un compromiso ratificado por nuestro país hace seis años. Más bien eso habla de que hasta ahora no ha habido voluntad política de hacerlo. Tampoco por parte de la UE, todo hay que decirlo: basta con leer el Pacto migratorio y de Asilo aprobado en abril de este mismo año y que ha sido objeto de críticas tan amplias como, a mi juicio, justificadas.Me permito remitir al lector a lo que escribí  sobre ello en diversos medios, como La Marea, Infolibre o en este mismo blog (https://lucasfra.blogs.uv.es/2024/04/15/nuestro-waterloo-sobre-el-pacto-europeo-de-migracion-y-asilo-version-ampliada-del-articulo-publicado-en-infolibre-15-de-abril-de-2024/).

Requiere, en cambio, muchos matices otra afirmación del presidente en este viaje: “la inmigración no es un problema, sino una necesidad”. Eso sí, nada sencilla de gestionar. Necesidad, sí: ¿para quién?

En principio, ese mensaje es también positivo y además, para subrayar su firmeza, viene acompañado de la pátina de “realista”, para diferenciarse de los discursos «buenistas». Pero, como digo, es preciso explicar de qué se habla cuando se califica a la inmigración como necesidad. Creo que, para la mayoría de los destinatarios hipotéticos del mensaje, es claro lo que quiere decirnos el presidente: la inmigración no es un problema sino algo positivo para nosotros porque nosotros necesitamos de la inmigración. Necesitamos mano de obra en los nichos de nuestro mercado de trabajo en los que no hay oferta nacional. Necesitamos a los inmigrantes para que las pensiones y el Estado del bienestar sean sostenibles. Necesitamos millones de inmigrantes porque nuestros países viven un invierno demográfico. Toda esta argumentación de la necesidad es una apelación utilitarista, propia del egoísmo racional: sean inteligentes, la inmigración nos conviene…

Pero preguntémonos qué significa el reconocimiento de que para millones de seres humanos la inmigración es una necesidad. Y cuando hacemos esa pregunta, cambia el contexto de la migración como necesidad. Que la inmigración sea una necesidad significa que es un destino ineludible si se quiere tener un mínimo de expectativas de vida digna. Dicho de otro modo, para centenares de millones de personas, emigrar no es una libre opción, sino una alternativa ineludible, un destino fatal, una necesidad. ¿Y cuál debe ser nuestra respuesta ante esa necesidad? Como bien saben quienes conocen la relación entre necesidades y derechos, nuestra respuesta no puede ignorar que hablamos de derechos elementales de esos cientos de millones de personas. Pues bien, como saben quienes leyeron en su día a un buen iusinternacionalista preocupado por las migraciones, el profesor Checa, lo primero que hay que hacer es combatir, cambiar los factores que imponen esa necesidad a tantos millones de personas. Eso significa que no haremos una política migratoria legítima y eficaz si no trabajamos ante todo para cambiar las condiciones de vida que nos hablan de la terrible desigualdad en las relaciones internacionales (ejemplificada por la brecha a ambos lados del mediterráneo): mejorar los índices de desarrollo humano (que no son sólo índices económicos, pues incluyen la mejora en democracia y en derechos, comenzando por el derecho al agua, a la salud, a la educación…). Esa debe ser la prioridad del imprescindible pilar internacional de la política migratoria, reducir las causas de la brecha de la desigualdad. Dicho ésto, conviene añadir que, como subrayaron los primeros análisis de la OCEDE sobre el vínculo entre migraciones y desarrollo (el muy citado pero poco estudiado rapport Tapinos, “Regional economics integration and the effects of Employement and Migration”, que data nada menos que de 1993), el crecimiento en desarrollo de los países que generan migraciones no frena las migraciones, sino que, a corto y medio plazo, las incentiva. Lo explicó muy bien el profesor Antonio Izquierdo y el investigador y divulgador Hein de Haas lo subraya ahora en sus trabajos, como si fuera un descubrimiento reciente.

En todo caso, antes que necesidad, las migraciones son, como afirmaron los sociólogos de la escuela de Mauss en el XIX, un hecho social global, total. . No son un hecho excepcional, propio de crisis, sino una constante en la historia de la humanidad: los humanos necesitamos arraigo, pero somos seres migrantes, no árboles. Por eso, no se trata de estar a favor o en contra de las migraciones. Se trata de gestionar todas sus etapas, teniendo en cuenta a todos sus actores y, sobre todo, se trata de reconocer que las migraciones no son sólo un fenómeno laboral o económico, sino que afectan a todas las dimensiones de lo social (también la cultural, la política) y de ahí la dificultad de su gestión, que requiere cambios por parte de todas las partes afectadas: también por parte de las sociedades de recepción (lo de acogida es un desiderátum) que deberían plantearse qué contrato social ofrecemos a los inmigrantes y cómo su presencia nos obliga a reformular nuestro propio contrato social y político.

Pero hay más razones para la crítica de ese mensaje realista del presidente del gobierno:  ese “realismo” –acomodarse a la necesidad, que parece el mantra político por antonomasia del presidente Sánchez- parece demasiado condicionado a una perspectiva unilateral de “egoísmo racional”: aprovechar esa mano de obra barata cuando tenemos déficits importantes en numerosos sectores del mercado de trabajo y garantizando como primer objetivo nuestro beneficio. Nosotros ponemos por delante nuestros intereses y beneficios (sí: también en primer lugar el de nuestras empresas), pero ninguno de los tres países africanos concernidos -salvo, con muchos matices, Senegal-, ni, sobre todo, sus sociedades civiles, ni, digámoslo claro, los inmigrantes, son beneficiarios directos en términos de paridad.

Todo esto tiene mucho que ver a su vez con una tercera afirmación, también en principio positiva, pero necesitada de aclaraciones de principio, la propuesta de la “inmigración circular” como modelo y no como ejemplo de una vía para gestionar un sector del mercado laboral necesitado de mano de obra ocasional (trabajos de temporada), de la que hablaré enseguida.

Con todo, el giro más notable en esta narrativa del viaje del presidente es la vuelta de tuerca final sobre la primacía de la seguridad. No me refiero sólo al hecho de que se entreguen funciones de externalización de fronteras a países que no respetan los derechos humanos, como Mauritania (lean cualquier informe sobre los derechos de las mujeres allí), sino al regreso del presidente al discurso de la prioridad de la seguridad y a la exigencia de “retornar a los inmigrantes irregulares”.

Este último giro, como he tenido ocasión de explicar recientemente en una entrevista en Infolibre (https://www.infolibre.es/politica/javier-lucas-mayor-parte-izquierda-abandonado-prioridad-derechos-politica-migratoria_1_1867078.html), es muy revelador de la esquizofrenia en la que parece vivir la izquierda en sus propuestas sobre políticas migratorias y de asilo. Y es un giro compartido por el gobierno de coalición en Alemania, ante el temor de la ventaja que ofrece a la extrema derecha del AfD los atentados en Solingen. Así, se reitera el mantra de que hay principios y exigencias que proclaman con énfasis. Eso sí, morales, lo que es revelador, porque las exigencias morales, a diferencia de las obligaciones jurídicas, forman parte del ritual del arsenal retórico, pero no de compromisos de cumplimiento exigible. Dicho esto, vuelven a la realidad y se pliegan a la exigencia de reiterar aún más enfáticamente como prioridad de prioridades la voluntad de firmeza frente a la inmigración irregular, con la excusa de que es por el propio bien de los inmigrantes. Un discurso que pasa por alto el hecho difícilmente rebatible de que nuestras fronteras (no digamos las de países como Mauritania, Marruecos, Túnez o Libia) son muchas veces un agujero negro para los derechos. Cuando el presidente de gobierno señala que la inmigración irregular es un infierno, dice verdad. Pero no lo es sólo por las penalidades y abusos a los que se ven sometidos los inmigrantes y quienes buscan asilo a lo largo de sus viajes (algo que ha explicado bien la literatura y el cine, y los informes de ONGs especializadas), sino que ese infierno se vive también y sobre todo en las fronteras, en nuestras fronteras.

Sobre los límites del modelo de inmigración circular

Vuelvo sobre el argumento de la bondad del modelo de inmigración circular. Lo que quiero subrayar es que ese modelo de inmigración con contratación en origen, nada novedoso, como ya explicó Gabriela Sánchez en las páginas del Diario.es (https://www.eldiario.es/desalambre/contratados-origen-vuelta-pais-consiste-migracion-circular-pactada-sanchez-gira-africa_1_11615020.html), no puede generalizarse como la panacea. Me preocupan, sobre todo, dos aspectos de ese mensaje.

El primero, que la generalización de ese modelo abunda en la justificación de una política migratoria groseramente instrumental, de egoísmo racional, si se me permite llamarlo así, lo que se advierte en su caracterización de las migraciones (que es un paso positivo, insisto) «no como un problema, sino como una necesidad». No: las migraciones no son una necesidad (una necesidad que, por cierto, implica en buena medida una desgracia: tener que abandonar tu hogar), sino ante todo lo que los sociólogos del XIX ya llamaban un <hecho social global>, un rasgo estructural de la humanidad, que se acrecienta en contexto de globalización.

Generalizar la inmigración circular como modelo es abundar en una tesis que ya enunció Marx, el uso de los migrantes como ejército de reserva del capitalismo, mano de obra precaria y disponible, que perjudica los derechos de los propios inmigrantes y desestabiliza a los trabajadores nacionales. En suma, lo de Bauman: industria del desecho humano. Para contarrestar esa crítica sería necesario que los acuerdos bilaterales con esos países incluyeran no sólo proyectos de formación y promoción de los inmigrantes, sino resultados concretos, objetivables en términos del Indice de Desarrollo Humano de la ONU (que incluye avances en democracia y derechos humanos) para los ciudadanos de los países de origen y tránsito. Veo factible que así sea en el caso de Senegal, como ha proclamado el ministro Cuerpo al sacar pecho de las medidas anunciadas en el paquete del plan África Avanza. Dudo mucho que lo sea en el caso de Gambia y, desde luego, no tengo ninguna duda de que no habrá nada de eso en el de Mauritania.

A riesgo de que me critiquen quienes desprecian las obligaciones con los derechos humanos como ejemplo de buenismo, quienes consideran esos deberes como meras opciones, insistiré en que la primera exigencia en la gestión de la movilidad humana es garantizar los derechos de quienes los tienen más en riesgo, los propios inmigrantes (no digamos los niños, los menores), algo que brilla por su ausencia en este discurso. Derechos violados por las mafias que los explotan, desde luego. Pero también, lamentablemente, por buena parte de los gobiernos de los Estados por los que transitan y a los que llegan.

Pondré un solo ejemplo: me llama la atención que quienes, como Silvia Intxaurrondo (y la cito porque sé de su conocimiento del mundo árabe), son justamente críticos con los despropósitos del PP en política migratoria, alaben el acuerdo con Mauritania, descontextualizándolo del conocimiento de la realidad de ese país en materia de respeto a los derechos humanos y a los elementales principios e instituciones de la democracia. La pregunta que todos, también los más agudos periodistas, debemos hacernos es ésta: ¿podemos permitirnos esos acuerdos que, sobre todo, no nos engañemos, tienen como núcleo la externalización del control de fronteras (no sólo de salida y tránsito, también a la hora de las expulsiones mal llamadas devoluciones), con países cuyo standard de respeto de los derechos humanos es ínfimo? Y pondré un solo ejemplo: ¿saben qué hay en el acuerdo con Mauritania acerca de condicionar las ayudas económicas a la exigencia de respeto a los derechos de las mujeres y de las niñas, de las propias mauritanas y de las mujeres y niñas inmigrantes que transitan por Mauritania, por no hablar de las mujeres inmigrantes que nosotros vamos a devolver a Mauritania para quitárnoslas de encima? Les responderé: nada ¿Alguien en su sano juicio cree que el régimen mauritano que, para empezar, condicionó la ratificación de la CEDAW ONU a la interpretación rigorista de la sharía que hace de las mujeres infrasujetos de derechos, va a garantizar sus derechos?

La ausencia de garantías para los necesitados de protección internacional y asilo

No quiero dejar de referirme a lo que a mi juicio es un déficit particularmente preocupante en la narrativa de este viaje. Me refiero a la absoluta ausencia de referencia a otro fenómeno característico de la movilidad humana y que se ve afectado por estos acuerdos: los millones de personas que se desplazan buscando refugio, protección. No olvido la situación de los menores en Ceuta, pero apunto ahora al hecho (que el Defensor del Pueblo ha constatado) de que, en Canarias, por ejemplo, hay más de mil niños malienses: huir de Mali (como de Sudán, de Yemen, de tantos países que no garantizan e incluso prohíben los derechos de las mujeres y las niñas) es una necesidad vital. Y debemos facilitarles a ellos y a todos los que huyen de la muerte, de la ausencia de derechos humanos, de la persecución, vías legales, seguras, para que puedan ejercer su derecho a la protección internacional, incluido el asilo.

La práctica de las devoluciones en caliente, de los retornos masivos a países terceros, violan el principio básico de non refoulement del Convenio de Ginebra de refugiados. Por no hablar de las eufemísticamente denominadas “devoluciones” colectivas, que suponen una violación del artículo 19 de la Carta europea de derechos fundamentales (1 Se prohíben las expulsiones colectivas. 2. Nadie podrá ser devuelto, expulsado o extraditado a un Estado en el que corra un. Grave riesgo de ser sometido a la pena de muerte, tortura o a otras penas o tratos inhumanos o degradantes). Las expulsiones colectivas, como saben todos los gobiernos de la UE y deben saber cualquier político europeo responsable, están también prohibidas por el artículo 4 del protocolo adicional 4 del Convenio europeo de derechos humanos, ratificado por España.

Otra cosa es que un buen número de gobiernos europeos (incluidos los nuestros, de diferente signo), hayan recurrido y recurran a todas esas prácticas, en flagrante violación de tales obligaciones jurídicas. Que algunos políticos del PP o de Vox alardeen de la exigencia de expulsiones masivas sólo certifica su ignorancia o su mala fe. Alguien debería avisar a los estrategas electorales del PP que tratar de emular a Vox, o a Alvise, no les da más votos, sino que se los transfiere a Vox o a Alvise

Y, por cierto, quiero subrayar una falacia propagada por la extrema derecha. Contra lo que se asegura, España no está a la cola en las deportaciones o expulsiones (eufemísticamente denominadas «devoluciones») de inmigrantes irregulares y de solicitantes de asilo a los que se deniega. Los informes disponibles, por ejemplo, las estadísticas de Eurostat, muestran, por el contrario, que el nuestro es el 5º país de la UE en número de deportaciones ( https://www.eldiario.es/politica/espana-deporto-2-500-migrantes-primer-trimestre-ano-quinto-pais-ue-expulsiones_1_11616337.html).

Una estrategia útil, pero de corto alcance

Concluyo. Creo que este viaje apuntala un tipo de discurso sobre política migratoria que, en su simplismo argumentativo, parece estratégicamente eficaz.

El gobierno se sitúa así en el óptimo in medio virtus. Pone a un extremo la verborrea xenófoba, llena de contradicciones y falsedades, que le ha regalado la torpe estrategia del PP en estos días, de nuevo con pasajes tremendistas y desveladores de una profunda ignorancia de la más elemental legalidad, de la que suele hacer gala el diputado y portavoz Miguel Tellado que cada vez que pretende innovar quiebra un elemento básico de la legalidad interna e internacional.

Por otra parte, con la insistencia en el realismo, en la prioridad de la seguridad en las fronteras, en la dureza “contra las mafias” y contra la inmigración irregular (reconocida por el presidente como “un infierno”), se posiciona en el centro realista frente al buenismo ingenuo y contraproducente de quienes, según se dice, proclaman una política de puertas abiertas (no conozco a nadie que haya trabajado en serio en migraciones que sostenga esto, y menos aún que esa medida pueda ser adoptada por un solo Estado). Pero el gobierno parece olvidar que ese mensaje de dureza ignora que, si las mafias tienen negocio, es porque hay quien compra su mercancía: no sólo los desgraciados inmigrantes que se ven obligados a recurrir a ellas porque no hay vías legales, regulares y seguras, sino también quienes emplean a los irregulares, aprovechándose de su precariedad.

Esta estrategia, al menos a corto plazo, funcionará. Lo malo es que sus déficits suponen insistir en una política migratoria y de asilo tantas veces fracasada, sin atreverse a ensayar las propuestas que han puesto a su disposición numerosos equipos de investigación, expertos y ONGs con decenas de años de experiencia en el campo. Véase por ejemplo la sorprendente ignorancia que parece mostrar la responsable de migraciones sobre el plan Estratégico de Ciudadanía e Integración, un instrumento que respondía a otra filosofía sobre la presencia de los inmigrantes y enfatizaba la colaboración con las administraciones municipales y autonómicas, que se puso en marcha en 2007 y al que puso el finiquito el gobierno Rajoy en 2012.

Hoy se publica en Infolibre una entrevista que me ha hecho Lara Carrasco, sobre el modelo de políticas migratorias y de asilo que despliega la UE y España, ligado a acuerdos con países de origen y de tránsito.

En esta entrevista insisto en mi opinión: el modelo que, por ejemplo, se despliega hoy en la visita del presidente de gobierno a Mauritania, Gambia y Senegal (previas visitas del ministro Marlaska), yerra al no situar como condición previa el respeto de los derechos humanos y al utilizar un tipo de acuerdos (unos cientos de millones, a cambio de que hagan funciones de policía, esto es, una política de externalización de fronteras) que son mecanismos de corrupción de las élites y no redundan en beneficio de las poblaciones de esos países ni de los inmigrantes que transitan por ellos. Ofrezco algunas alternativas, que no son fórmulas mágicas, porque no las hay en un asunto tan complejo como el de la gestión de los flujos migratorios y de asilo.

La desgracia, a mi juicio,  es que la izquierda insista en ese camino. Un modelo que, en mi opinión, no sólo es ilegítimo, sino también ineficaz, acomplejada como está la mayor parte d ela izquierda por el mantra de que defender derechos de los inmigrantes es una sangría de votos y que si quiere seguir en el poder, o llegar a él, debe primar el mensaje de la eficacia de control policial. Por el contrario, la experiencia demuestra que, si practicas ese mensaje, quien acaba avanzando es la extrema derecha

https://www.infolibre.es/politica/javier-lucas-mayor-parte-izquierda-abandonado-prioridad-derechos-politica-migratoria_1_1867078.html

Fue en junio, a las puertas del verano. El debate migratorio volvía a ocupar titulares y minutos de radio y televisión porque Canarias había expresado que su sistema de acogida ya no daba más de sí. Las negociaciones para buscar una solución fueron la oportunidad perfecta para que la extrema derecha recordase y azuzase sus mensajes de odio xenófobo. Y así lo volvieron a hacer la semana pasada, aprovechando el crimen de Mocejón (Toledo) para esparcir bulos a través de las redes sociales que vinculasen —otra vez— inmigración y delincuencia. Pasó también en Reino Unido. Y todo, poco después de que la Unión Europea aprobase un nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo aplaudido por los ultras.

Javier de Lucas (Murcia, 1952), catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de València, lleva más de 30 años trabajando en torno a la migración y asegura a infoLibre que no comparte los términos en los que se debate sobre ello. Ni por parte de la extrema derecha —a la que cada vez cree con más poder de influencia—, ni de la derecha del PP ni, tampoco, de la izquierda. A punto de que comience el nuevo curso, y con una nueva gira africana del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a punto de empezar, responde a las preguntas de este periódico y pide, sobre todo, recuperar lo más básico: hablar de migración no puede desligarse, nunca, de hablar de derechos humanos.

Este martes el presidente del Gobierno inicia una gira por Mauritania, Senegal y Gambia en el marco de la crisis migratoria que vive Canarias. ¿Le daría algún consejo?

Por la experiencia que acumulo, no quiero jugar al profeta en el desierto. En todo caso, mis propuestas están lejos de las propuestas de política migratoria que conduce sobre todo el ministro Marlaska con esos países. Por lo demás, son tres países diferentes y es muy distinta la presencia de sus nacionales o de personas de terceros países en tránsito en viajes migratorios a España. En el caso de Mauritania y Gambia, pediría que pusiera como condición de cualquier acuerdo el respeto de los derechos de sus propios nacionales y de las personas que transiten por su país, algo inútil, pues sus gobernantes no están por la labor. En Senegal, un país más cercano a los parámetros democráticos, pediría diálogo con los agentes de la sociedad civil para seguir el modelo de las propuestas de codesarrollo e inmigración ideadas por Sami Naïr y que no se han puesto en práctica.

España y la UE han destinado ingentes fondos a estos países con el objetivo, entre otras cosas, de controlar la migración. En concreto, en febrero se anunciaron 210 millones para Mauritania por parte de la Unión Europea y 180 por parte de España para Senegal. ¿Cree que este tipo de políticas son solución a esta crisis humanitaria?

No. La experiencia demuestra abrumadoramente que se trata de comprar “polis malos” a cambio de un dinero que esos gobernantes no harán llegar a sus poblaciones, que no mejorará los derechos de sus ciudadanos y menos aún de los inmigrantes o demandantes de asilo que transiten por esos países. ¿Cree usted que al régimen dictatorial mauritano le importan los derechos de sus habitantes? Pues menos aún los de los inmigrantes.

¿Qué sentido tienen entonces estas propuestas? ¿Cómo se justifican?

La justificación de ese modelo de acuerdos bilaterales es puramente de control policial: externalizar esos controles para que no lleguen los inmigrantes que no nos interesan y también para echar a los sobrantes. Los derechos no existen en esos acuerdos: nos desentendemos por completo de lo que hagan con esas personas.

Muchas organizaciones denuncian la falta de transparencia de esos fondos. ¿Cree que se destinan a lo que se dice que se destinan?

Funcionan como los habituales mecanismos de corrupción de los que disfrutan las élites. Es fácil comprobar que no hay cláusula de condicionamiento de esas ayudas a resultados constatables y objetivos de progresos en los indicadores de desarrollo humano de sus poblaciones. Lo que cuentan son las estadísticas de objetivos policiales.

Entonces, ¿cuáles son, a su juicio, las medidas realmente efectivas para abordar este problema?

Si algo se aprende estudiando las políticas migratorias es que no hay soluciones fáciles. La gestión de la movilidad migratoria y de su asentamiento es muy compleja, pero hay propuestas que se pueden ensayar. Con todos los matices, para evitar los tropismos coloniales, serían efectivas las medidas de codesarrollo vinculadas a políticas migratorias que he mencionado, que someten las ayudas, como le he dicho, a controles objetivos de avance en derechos humanos, democracia y desarrollo para sus poblaciones. Me refiero a un sistema descentralizado, en el que los agentes y destinatarios de la gestión de ayudas no deben ser tanto los gobiernos, sino las organizaciones de las sociedades civiles (universidades, asociaciones, sindicatos, etc.) de los países de origen y de llegada de los inmigrantes. Y también ellos mismos, que son los que conocen las necesidades reales y la prioridad de destino de las ayudas.

Los dos grandes partidos no fueron capaces de ponerse de acuerdo en junio para dar una solución urgente a la reubicación de menores no acompañados. ¿Cree que los términos en que se desarrolló el debate, básicamente basadas en dinero y cifras de personas, fue el correcto?

Obviamente, no. Fue un ejemplo más de cómo servirse de la inmigración en la confrontación partidista: no es un ejemplo de política de inmigración, sino de hacer política partidista con la inmigración. Electoralista, simplista y maniquea, a base de manejar tópicos simplistas sobre la inmigración. Antes que inmigrantes, esos menores son niños, cuyos derechos están reconocidos y garantizados por la Convención de los Derechos del Miño y la Ley Orgánica de Protección del Menor, que son derecho vigente que obliga a todos los poderes públicos. Lo primero es cumplir con la garantía de esos derechos, y eso no parece que fuera la condición previa aceptada en un debate que, en el mejor de los casos, se deslizó por la más paternalista y condescendiente perspectiva soi dissant humanitaria. Los derechos no son limosnas piadosas.

¿Qué opina del fondo del debate? ¿Necesitamos hacer obligatoria la reubicación de los migrantes? ¿Por qué?

Es muy sencillo: hablamos de derechos de niños, de menores, que estamos obligados a garantizar y que el Gobierno de Canarias no puede asumir en solitario. Las posiciones del gobierno de la Generalitat de Cataluña y de los gobiernos del PP de diferentes comunidades autónomas que se opusieron a la distribución obligatoria suponen desconocer esas obligaciones jurídicas primarias. No hay discusión posible al respecto. Otra cosa es cómo distribuir solidariamente el cumplimiento de esas obligaciones, cómo financiar solidariamente la garantía eficaz y adecuada de esos derechos. Algo que, por cierto, el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración (PECI), que disponía partidas millonarias para ayuntamientos y comunidades autónomas para las políticas de acogida, facilitaba.

¿Cómo se puede combatir el discurso de la extrema derecha, que ha convertido a los menores migrantes en una auténtica y estupenda excusa para lanzar sus mensajes xenófobos?

Ya he dejado claro que no se puede abdicar de una línea roja: con los derechos de los menores, de los niños, no se negocia, se cumple con ellos. Hay que poner pie en pared en este tema. No cabe admitir un planteamiento que obvie esa premisa. No lo haríamos con nuestros niños. No podemos permitirnos el disparate jurídico de negar derechos a niños por su origen. Es renunciar a principios jurídicos elementales, eso es barbarie.

¿Cree que ha aumentado el número de personas que creen firmemente en el contenido de los mensajes que lanza la ultraderecha en torno a este tema? ¿Por qué cree que consiguen calar?

Sí, es un continuo in crescendo. Las razones son complejas, pero diré que es más fácil creer (insisto, creer) en explicaciones simples, fáciles, sobre las que tomar partido. Me refiero a términos que categorizan entre bueno y malo, es decir, los que corresponden a mis intereses y refuercen mis sentimientos, necesidades o prejuicios, y los que no. Quiero subrayar el papel negativo de buena parte de los medios de comunicación que, con raras excepciones, prefieren ese mensaje simplista y sensacionalista, porque es el que vende. Porque no sólo hay políticos que buscan su rédito electoral, sino también muchos medios, tertulianos y periodistas empeñados en contarnos, por ejemplo, que el hecho de que lleguen 30.000 personas en patera a un país como España es un problema de seguridad nacional, de cohesión social y de supervivencia de nuestra cultura.

¿Hasta qué punto es tóxico el discurso ambiguo del PP sobre migración —aquel que señala que valen los venezolanos y ucranianos, no valen los senegaleses ni marroquíes. ¿Cree que se ha contagiado por la extrema derecha o que los conservadores ya defendían esas ideas antes de su irrupción en la esfera pública?

Niego la mayor. No es el PP sólo, ni sólo Orban, o Salvini. Son todos los gobiernos de la Unión Europea y la propia Unión Europea quienes practican ese doble rasero. Son esos gobiernos los que están restringiendo el asilo y externalizando unas políticas migratorias obsesionadas con el control policial de fronteras y con una inmigración entendida sobre todo como fondo de reserva de mano de obra en condiciones de explotación, y de la que se puede prescindir cuando nos beneficie hacerlo.

Déjeme que insista en un asunto crucial: la explotación de los inmigrantes de países pobres como mano de obra de reserva para el mercado ya la explicó Marx en el XIX, aunque alguna filósofa experta en márketing pretenda haber descubierto hoy el vínculo entre inmigración y pobreza, que en realidad es entre inmigración y desigualdad. Bauman lo clavó: nuestras políticas migratorias se basan en una «industria del desecho humano». Por eso no hay políticas serias para promover que los inmigrantes se puedan convertir en ciudadanos de pleno derecho. En lugar de un nuevo contrato social, sólo les ofrecemos la disyuntiva nefasta entre ser víctimas del racismo u objeto pasivo de un condescendiente “humanitarismo”.

El PSOE ha pasado de dar una lección con el Aquarius a defender en la UE la externalización de las fronteras. ¿Cómo valora ese cambio de estrategia? ¿A qué cree que se ha debido?

Como puede suponer, me duele profundamente. Recordaré, ante todo, que el Gobierno de coalición no ha actuado igual que lo hizo el Gobierno Rajoy, que suprimió el PECI y aprobó el malhadado Decreto 16/2012, que dejó sin acceso a la sanidad a casi 900.000 personas residentes en España. Sin embargo, este Gobierno cedió pronto al modelo de cerrazón securitaria y a la hipocresía de la ideología neoliberal de mercado que domina la política migratoria y de asilo europea, de Dinamarca, Bélgica y los Países Bajos, a Austria; de Polonia y Hungría a Francia e Italia… En España existieron los dos PECI (2007-2010 y el interruptus 2010-2014). Hoy, la ministra del ramo parece no saber de qué va eso.

¿Cree que la ultraderecha está deseando replicar en España la estrategia violenta que desplegó en Gran Bretaña con el asesinato de tres niñas?

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Frenar cayucos a golpe de millones: por qué delegar la política migratoria en los países de origen es un error

No creo que sea un objetivo expresa y perversamente planificado. Creo que, simplemente, la extrema derecha se vale de cualquier oportunidad para propagar los bulos y fobotipos sobre la inmigración. Y cuanto más simplistas y más dolorosos sean los sucesos a manipular, saben que más fácil prende la mecha. Ninguna novedad. Algunos parecen haber olvidado que el terrible episodio del pogromo en El Ejido que duró toda la primera semana de febrero del año 2000, en el que centenares de inmigrantes fueron perseguidos y maltratados masivamente, fue consecuencia de cómo se manipularon los asesinatos cometidos por dos marroquíes.

El pasado mes de abril la UE aprobó su nuevo Pacto de Migración y Asilo, un documento muy criticado por las organizaciones de derechos humanos. ¿Considera que fue un triunfo de la extrema derecha de la UE?

Sobre eso he escrito en infoLibre y en otros medios. Es un caso claro de lo que podríamos decir “el mal de la tibieza” que describe San Juan en el Apocalipsis. “Porque no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca” (Apoc, 3, 15-17). El pacto me parece sobre todo la demostración de la claudicación de Von Der Leyen y los gobiernos europeos, por el miedo a enfrentarse en serio con el mensaje xenófobo y simplista: sus spindoctors han acuñado el dogma de que defender los derechos de los inmigrantes y demandantes de asilo, en lugar del mensaje de mano dura, es una sangría de votos. Y no se dan cuenta de que en realidad esa política de tibios, que apela como mucho a la lástima y a la coartada humanitaria, para no mencionar la exigencia de los derechos, les hace perder más votos, porque los votantes de derecha prefieren el original al sucedáneo, y quienes exigimos el respeto a los derechos como condición no podemos apoyar a quienes venden esos derechos. La mayor parte de la izquierda ha abandonado la prioridad de los derechos en la política migratoria. Parece que sólo el papa Francisco toma en serio esa exigencia.

Incluso los más legos saben que el Derecho se construye y avanza desde la contradicción y la crítica técnico-jurídicas: es una tarea básicamente doctrinal y en buena medida jurisprudencial, a la que no son ajenas las razones de contexto, también ideológicas, porque el Derecho es un instrumento del que nos servimos en las relaciones y conflictos sociales. Conviene recordar, además, que esa construcción se hace a partir de la dimensión jurídica más importante cuantitativa y cualitativamente, la normativa. Y conviene recordar asimismo que, en una sociedad democrática, esa dimensión es fruto sobre todo del debate y la contradicción que constituyen el juego parlamentario, donde se confrontan proyectos, se negocia y, como resultado, el legislativo produce las normas, con el consenso que el juego de mayorías permita en cada momento y desde el necesario respeto a los derechos de las minorías. En una sociedad democrática, las normas emanadas del legislativo gozan de la más fuerte presunción de legitimidad, como representante directo de la soberanía popular.

Añado, para no ser malinterpretado: frente a tanta vulgata sobre la tesis de Montesquieu acerca de la división de poderes, lo cierto es que la sabiduría de Montesquieu quería -y así lo dejó dicho- que los jueces, en realidad, no fueran un poder, es decir, que no lo fueran con los mismos rasgos que el legislativo y el ejecutivo. La razón es que era perfectamente consciente de los problemas que afectaban a un poder judicial que era mero instrumento de la corona y escenario de la arbitrariedad (como lo dejaban claro las <lettres de cachet>) y difícilmente esa realidad permitía el objetivo de la división de poderes: el control, el equilibrio. Esta reticencia se acentuó ante el proceso revolucionario contra el antiguo régimen, conscientes los revolucionarios de que la extracción social y la ideología de los jueces, hacía de ellos un resorte tendencialmente reaccionario que podía retrasar o incluso paralizar la transformación social y política que perseguía la revolución. Por eso el corolario: los jueces han de ser boca muda de la ley. Una concepción que llevó a sostener, como lo hizo la escuela de la exégesis (y sus sorprendentes partidarios renacidos hoy: por ejemplo, quienes sostienen que los jueces deben limitarse a aplicar literalmente la ley de amnistía), que la función de los jueces es la mera aplicación mecánica de la ley y, con ello, a minimizar la tarea de interpretación jurídica, reduciéndola a la supuesta reproducción literal de la voluntad del legislador. Hoy, cualquiera que haya cursado estudios de Derecho sabe, por el contrario, que el Derecho es siempre actividad interpretativa que está muy lejos de la supuesta subsunción mecánica en la omniprevisión del legislador.

Lo que me importa recordar aquí es sobre todo que resulta indiscutible que la función de los jueces no consiste tanto en ejercer poder, cuanto en garantizar los derechos de los ciudadanos frente a la arbitrariedad del poder institucional y también en poner freno a la arbitrariedad, a la desigualdad de poder, en los conflictos entre particulares en los que muy a menudo se dan situaciones de asimetría que dejan en desamparo a los más débiles. Es decir, los jueces son una barrera frente a cualquier exceso de poder, siempre que no reduzcamos ese poder sólo al poder político institucional,  pero eso no debe llevar al extremo de que los jueces se autoatribuyan la condición de verdaderos señores del Derecho, esto es, al riesgo del gobierno de jueces (Richterstaat) que algunos ignaros en Derecho pretenden descubrir  ahora con la fórmula “juristocracia”. Los jueces no pueden ni deben sustituir al ejecutivo, ni al legislativo, pero sí someterlos a control. Y el constitucionalismo moderno ha desarrollado además otra función, la del control de constitucionalidad, que los jueces pueden poder en marcha y que resuelve una institución, los tribunales constitucionales (que, además, no siguen todos el mismo patrón: no es lo mismo el Tribunal Supremo de los EEUU que los Tribunales Constitucionales europeos, cortados según el modelo ideado por Kelsen), y cuyo carácter mixto, político y jurisdiccional,  no siempre es bien comprendido por los legos. No digamos, por los profesionales de los medios de comunicación que informan y opinan tan a menudo sobre cuestiones jurídicas sin la más elemental formación al respecto.

Viene a cuento lo anterior, que es bien sabido, para subrayar una vez más que las decisiones judiciales (como las legislativas) son siempre susceptibles de crítica. Pero, dicho ésto y a mi entender, la responsabilidad política y el respeto a la división de poderes imponen en particular a los miembros del ejecutivo un deber de prudencia y una auto-restricción de su libertad de expresión, para respetar la división de poderes y para no propiciar desde su posición institucional el  detrimento de la confianza de los ciudadanos en los jueces: ese es el criterio que antes se repetía «el gobierno no comenta decisiones judiciales». El gobierno, si procede, tiene a su alcance recurrirlas y puede instar para ello nada menos que a la abogacía del Estado e, incluso, dirigirse a la fiscalía general del Estado para que estudie abrir las diligencias oportunas si procede (lo que, en todo caso, esalgo muy distinto de darle instrucciones, porque la fiscalía general debe ser independiente del ejecutivo, algo que pareció no entender bien el actual presidente del gobierno desde el comienzo de su mandato («¿y quién nombra a la fiscalía? Pues eso…»).

Insisto: los ministros -desde luego, el de justicia- deben ejercer la prudencia a la hora de afrontar las decisiones judiciales que no comparten. Lo cierto es que la  opinión de un ministro sobre las decisiones judiciales no es la de un particular, un profesor o un profesional del Derecho -un jurista- que tienen toda la libertad de expresión garantizada para dar a conocer su opinión, incluso con vehemencia, aunque siempre sean exigibles la educación y el respeto personales.
Por esas razones, a mi juicio, los ministros deberían abstenerse de dirigirse de continuo a la opinión pública para descalificar las decisiones de los tribunales y, sobre todo abstenerse de dirigirse a los tribunales para indicarles cómo deben resolver en este o aquel caso, desde un auto de un juez de instrucción, a los fallos del Tribunal Supremo o al Constitucional.

Ya he dejado constancia de que me abochorna la deliberada incontinencia del ministro encargado de los tuits: lo considero una persona inteligente, con sobrada experiencia política y por eso no entiendo sus tuits como descargas viscerales, sino como una estrategia meditada. Pareciera que ha entendido su condición de ministro con competencia en materia de movilidad, para dedicarse básicamente a movilizar  a la opinión pública, alegando su condición de «jurista», condición que parece confundir con la de haber obtenido el título de licenciado o graduado en Derecho, pues se le desconocen otros méritos jurídicos para arrogarse el carácter de jurista, más aún cuando exhibe un dominio más bien endeble de la «lógica jurídica» que invoca. Insisto: no se trata de negarle a un ministro su libertad de expresión, pero sí de hacerle ver que debe conjugarla con la responsabilidad institucional, antes de difundir una y otra vez a los cuatro vientos sus críticas a las decisiones judiciales que no le gustan,

Pero me preocupa sobre todo que el ministro de justicia (en un gesto encaminado, quizá, a hacer ver a los independentistas que «se está haciendo todo lo que se puede» en favor de la aplicación de la amnistía para Puigdemont) le lea la cartilla al juez Llarena o a los magistrados de la sala de lo penal del Tribunal Supremo, por muy criticable que sea su último auto al respecto (que, a mi juicio, como ya he comentado aquí mismo, excede de lo jurídicamente razonable y pertinente en buena parte de sus consideraciones). No digamos nada de su alegato de que la posición de los jueces del Tribunal Supremo sobre la amnistía sólo es compartida por Vox. Me parece totalmente improcedente esa actitud que, a mi juicio y con el respeto debido  a alguien que ha asumido tan alta y compleja responsabilidad, comporta una dosis inaceptable de irresponsabilidad política e institucional.

Por eso, desde la modestia de quien, como y, se considera antes que otra cosa un jurista, después de casi cincuenta años de ejercicio como profesor de Derecho y también con cierta experiencia en tribunales e incluso mínimamente en el poder legislativo, pero también desde mi condición de  militante socialista, me permito pedir encarecidamente a los miembros del gobierno que dejen la crítica jurídica y desde luego la ideológica a los portavoces del partido, a los diputados y militantes, que pueden y deben ejercerlas, incluso a fondo. Y siempre con argumentos y sin descalificaciones personales, ni generalizaciones, que ponen en solfa a la inmensa mayoría de los 5500 jueces y magistrados que ejercen con profesionalidad y cotidianamente su función.