Ni de lejos soy un experto como para atreverme a opinar en el muy complejo debate del modelo de financiación en un Estado de autonomías. Lo que sí tengo claro son los argumentos, tan sencillos como fáciles de recordar, respecto a cuál es el sentido y la justificación de los impuestos en un Estado social de Derecho como es el nuestro, según lo define la Constitución española de 1978. No digamos, sobre cuál es su sentido y justificación desde una concepción socialdemócrata, como la que se supone defiende el partido socialista y también el PSC.
A mi juicio, esos argumentos son estos dos: el primero, todos los ciudadanos debemos contribuir proporcionalmente (en la medida de nuestros recursos) al sostenimiento del bien común, ergo de servicios públicos universales en salud, educación, trabajo, vivienda…Y el segundo: la razón de ser de un sistema impositivo socialdemócrata es la redistribución de los recursos entre los ciudadanos, para promover la igualdad entre los ciudadanos, no entre los territorios. Y eso obliga a atender ante todo a los que se encuentran en situación de desventaja, por así decirlo, heredada, como consecuencia, por ejemplo, de su sexo, edad, lengua o, también, entre otros, de su lugar de nacimiento, trabajo o residencia.
Lo diré como lo pienso: la cuestión del equilibrio territorial es un medio para que los poderes públicos, en un modelo de Estado que ya no es centralista, resuelvan mejor esa finalidad. Pero no al revés, y menos aún puede convertirse en un pretexto para incrementar la desigualdad entre los ciudadanos de un mismo Estado, por compleja que sea su estructura territorial.
Otra cosa es que haya quien no solo quiere acabar con ciertos aspectos de la Constitución de 1978, ciertamente muy mejorables, como la estructura territorial, sino también con el modelo de Estado social de Derecho y con sus objetivos en términos de igualdad progresiva entre sus ciudadanos.
Sería terrible que gobiernos socialdemócratas antepusieran la perspectiva que prima los territorios (perspectiva que, insisto, a mi juicio es importante, pero es un medio), por encima de la perspectiva que atiende prioritariamente a los ciudadanos, esto es, por encima del objetivo propio del Estado social de Derecho, que es la igualdad entre los ciudadanos de un mismo Estado.