PRIMERA NOTA ANTE EL REAL DECRETO DE REGULARIZACIÓN, 2026

Nadie que conozca mínimamente las condiciones de precariedad e inseguridad jurídica en las que viven inmigrantes irregulares y los solicitantes de asilo y protección internacional pendientes durante años de una respuesta, puede dejar de alegrarse de la medida pactada por el gobierno con Podemos, para regularizar a más de medio millón de ellos (de los cerca de 850.000 que se encuentran en España a diciembre de 2025 según calcula un informe de FUNCAS (se puede consultar aquí: https://www.funcas.es/prensa/el-numero-de-inmigrantes-en-situacion-irregular-en-espana-aumenta-de-107-000-en-2017-a-840-000-en-2025/).

Yo, desde luego, me alegro de ello. Y me alegro más aún en el contexto que nos ofrecen los EEUU, con la actuación fascista (propia de la Gestapo) del ICE, que ha costado ya varios muertos y nos ha proporcionado imágenes insoportables de crueldad, como el arresto de un niño de 5 años. Esto podría pasar en Europa si triunfan las tesis políticas de los partidos de extrema derecha. En ese sentido, se ofrece un amparo previo a más de medio millón de personas que podrían ser objeto de tales barbaridades. Así lo pretende VOX, que quiere expulsar a todos ellos.

Sin embargo, y a la espera de conocer el texto definitivo del Real Decreto que se anunciará hoy en Consejo de Ministros, ya se pueden enunciar algunos matices, como los que ha propuesto Maria Martín en un artículo de recomendable lectura, publicado hoy en El País  con el título «No era tan difícil» (https://elpais.com/espana/2026-01-27/no-era-tan-dificil.html), o como este otro, que firman Alberto Perez y J Jorrin en El Confidencial (https://www.elconfidencial.com/espana/2026-01-27/regularizacion-inmigrantes-irregulares-gobierno_4291362/).

El primero, es el contexto de adopción de esta medida, que aparece como una inteligente estrategia política que acerca al gobierno a Podemos y puede propiciar la aprobación de los presupuestos. El problema no es ese; el problema es que la vía elegida, un Real Decreto, supone dar carpetazo a la tramitación parlamentaria de la Iniciativa Legislativa Popular presentada en el Congreso hace más de 2 años con el apoyo de más de 100 organizaciones (como Cáritas) y 800.000 firmas, el más importante apoyo en la historia de nuestra democracia.

El Gobierno (el PSOE) dejó arrumbada la tramitación de esta ILP que había contado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, excepto VOX. Después, se nos dijo que la reforma del reglamento de extranjería hacía ya superflua la ILP presentada ante el Congreso con un amplísimo respaldo , aunque era evidente que esa reforma dejaba en desamparo a buena parte de los irregulares que se encuentran en nuestro país, comenzando por esos que esperan la respuesta al asilo.

Ahora, el gobierno deja que sea Podemos ( y su previsible candidata en las generales, Irene Montero) quien usufructúe los réditos de esta medida. Es cierto que este partido ha sostenido la oportunidad de esa medida, y hay que reconocerlo, pero insisto, no es Podemos, sino la sociedad civil, quien ha conseguido que la iniciativa llegara al Congreso y Podemos debería ponerse menos medallas y reconocer ese impulso.

Por lo demás, desde el punto de vista legislativo, soy de la opinión de que hacerlo mediante un  Real Decreto no era la única ni la mejor vía legislativa para esta medida, que podía y debería haber nacido con un amplio respaldo parlamentario si se hubiera desbloqueado la tramitación de la ILP y por tanto, una medida como ésta habría sido objeto, como parece exigible en lógica democrática, de un debate y acuerdo suficiente en el Parlamento, lo que la dotaría de mayor legitimidad. Ahora, por el contrario,  la regularización aparece como una respuesta partidista, una respuesta sólo de la izquierda.

Tiempo habrá de examinar los detalles de este proceso de regularización que, insisto, me parece más que justificado. Habrá que ver qué medios materiales y qué dotaciones se ponen al servicio de ese proceso que se anuncia de abril a junio, y a quiénes se extiende el beneficio de la regularización (parece que a los hijos, pero no a los padres de los regularizados). También si incluye algún compromiso por ejemplo respecto a la competencia lingüísitca -un asunto muy sensible para Junts.

En todo caso, quiero subrayar algo que no siempre se expone y es que todo proceso de regularización (este y los anteriores, con gobiernos del PSOE y del PP, salvo con el gobierno Rajoy), conceptualmente, es siempre el reconocimiento de un fracaso: la ausencia de un modelo de establecimiento de vías legales, seguras, estables, para que los inmigrantes puedan llegar e instalarse en otros países, donde encontrar posibilidades de mejorar sus expectativas de una vida mejor. Las regularizaciones son, así, una consecuencia no querida pero inevitable que muestra que nuestro modelo de política migratoria no es el adecuado.

El informe de FUNCAS de 2025 sobre la situación de irregulares en España  era elocuente sobre los datos de hecho, pero otros informes  más específicos de carácter económico y financiero, como los elaborados por las Universidades Pompeu Fabra o la Carlos III, también apuntaban un saldo beneficioso como consecuencia de la emergencia a. la legalidad de estas personas (cfr. https://elpais.com/espana/2026-01-28/regularizacion-el-beneficio-fiscal-neto-es-de-hasta-4000-euros-por-inmigrante.html). Así, cifran el efecto neto por migrante regularizado entre 3.300 euros y 4.000 euros, como consecuencia positiva de la repercusión de sus cotizaciones a la Seguridad Social y el IRPF, y teniendo cuenta que , frente a tópicos sin fundamento, el gasto en servicios públicos es reducido.

En todo caso, y a la vista de algunas reacciones en medios de comunicación, y por parte de Vox e incluso del PP; me temo que el hecho de que este proceso de regularización venga asociado a una medida dictada desde el Gobierno y no debatida y aprobada por el Parlamento, da munición a la atávica utilización partidista de la inmigración y con ello a los mensajes de la extrema derecha, que ya claman obre el efecto llamada y sobre el hecho de que esta regularización significa incorporar a España a una población superior a la de La Rioja o casi igual a la de Aragón, sin discriminar si son «buenos inmigrantes» o no, y por tanto a la tesis del «gran reemplazo». Aunque también cabría considerar si no es precisamente esa la arriesgada apuesta del Gobierno y del PSOE que asoma una y otra vez, esto es,  no ya reconstruir la mayoría parlamentaria de apoyo al Gobierno, con la vista puesta en Podemos  y en Junts (así, la cesión de competencias en política migratoria a la Generalitat) con la vista puesta en los presupuestos), sino la visibilización de la posición extremista de VOX, facilitando que la extrema derecha detraiga electorado a la derecha y obligue a ésta (al PP) a asociarse con ella, lo que permite, una vez más, utilizar el argumento electoral del miedo a que venga el lobo. Es la táctica que utilizó Mitterrand para debilitar a la derecha republicana al potenciar al Front National. Creo que eso es una táctica miope y a medio plazo dañina para todos… Al  tiempo

LA DISTOPÍA DE UN MUNDO SIN DERECHO: RAZONES FRENTE A LA IMPUGNACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL (versión ampliada del artículo publicado en Público, 12 de enero de 2026)

2026 ha comenzado en shock. O quizá sería más realista decir que vivimos bajo el síndrome de la aparentemente inagotable capacidad de shock que ya mostró Trump desde el inicio de su segundo mandato. Un shock que, reconozcámoslo, se debe en no poca medida a la impotencia o la ausencia de voluntad política para reaccionar que han mostrado quienes, contra toda evidencia, siguen considerándose sus socios, con la Unión Europea como primer ejemplo. Todo con la excusa de que, en esta crisis existencial que vivimos, no hay alternativa al “realismo”, salvo el suicidio.

El oximoron de un orden global sin normas

No es nuevo. En estos veinticinco siglos de experiencia de los diferentes intentos de organizar la convivencia humana, es una constante el propósito de orillar el ejercicio del control del poder e imponer así a los demás, de forma arbitraria, la propia voluntad. Y ello mediante un primer recurso, el miedo, como reza el viejo adagio latino que vincula la creencia en una autoridad suprema (lo que con Weber llamaríamos legitimación, más que legitimidad) con esa pulsión: primus in orbe deos fecit timor[1].

Cabe señalar que esa tendencia constante no significa necesariamente prescindir del Derecho, sino, las más de las veces, identificar como tal, sin más, la imposición de la voluntad del más fuerte, como recordaré enseguida acudiendo a diferentes ejemplos. Es la noción nuda de imperium. Una concepción frente a la que se alza de forma imperecedera la denuncia de San Agustín, ilustrada por el apólogo del Alejandro Magno y el pirata: Desterrada la justicia, ¿qué son los grandes reinos sino piraterías?[2]

En resumidas cuentas, lo primero que hay que señalar frente a quienes nos envían el mensaje de que no es el Derecho, sino la fuerza, la guía inexorable en las relaciones internacionales, es recordar el por qué de la invención del Derecho. Invención, sí, porque el Derecho es un hallazgo cultural de enorme capacidad civilizatoria, que se desarrolló sobre todo en Roma. Y el alma de ese instrumento cultural es oponer una barrera frente al aparente fatum del poder absoluto y frente al mensaje que hace de la voluntad del más fuerte la norma de conducta obligada.

La idea de Derecho supone una de las más altas cumbres del proyecto civilizatorio en la historia de la humanidad. Porque, en efecto, esa creación cultural (podemos decir, esa solución) entraña una propuesta revolucionaria en las relaciones humanas: el primer intento de ofrecer seguridad mediante la observancia de unas normas que obligan a todos. Ese es el núcleo de los tres mandatos jurídicos primarios enunciados por Ulpiano que condensan esta herramienta civilizatoria: neminem laedere, honeste vivere, suum cuique tribuere [3]

Sin embargo, habrían de pasar muchos siglos hasta que esa herramienta alcanzara una dimensión global. La semilla plantada por los estoicos con su idea de una comunitas omnium gentium (la noción de Humanidad) comienza a fructificar con el debate que propicia la Escuela de Salamanca (Vitoria, Las Casas, Soto), de la que hoy se cumplen cinco siglos, que postula un Derecho común, un Derecho que no es sólo interestatal, porque se basa en la noción de derechos de todos los seres humanos. Esa semilla de un nuevo Derecho internacional conocerá un nuevo paso con la propuesta kantiana de un Derecho cosmopolita, que permita y asegure la paz entre las naciones y que exige una comunidad internacional en la forma de una Federación de Estados. Dos siglos y dos guerras mundiales después, el proyecto kantiano encarna en la Organización de las Naciones Unidas, que despliega a lo largo de 80 años un nuevo Derecho internacional, basado, sí, en la soberanía de los Estados y por tanto aún bajo la forma de Derecho interestatal, pero que poco a poco abre el camino a un nuevo sujeto en las relaciones globales, los seres humanos como titulares de derechos que se imponen como límites incluso a la soberanía estatal, haciendo uso, incluso, de un poder judicial que los garantice, como quería Kelsen y que alcanza un hito importantísimo con la Convención de Roma[4].

Ese modelo es el que hoy se encuentra en entredicho, 80 años después, con la segunda presidencia de Donald Trump que retorna al modelo imperial de un orden global Lawless, esto es, un mundo sin Derecho, sin Derecho internacional. Y ese es el camino que llevamos recorriendo desde enero de 2025, un proceso que el profesor Antonio Remiro ha denunciado reiteradamente de modo crítico, por ejemplo, en un artículo cuyo título es extraordinariamente elocuente: “la desvertebración del Derecho internacional en una sociedad globalizada”[5]. Como agudamente ha destacado el embajador Menéndez del Valle[6], siguiendo una observación de Arton-Gash, la sustitución de la referencia al Derecho internacional por el eufemismo de “un orden global sujeto a normas”, es un paso significativo en el lenguaje de las relaciones internacionales. La reciente propuesta de Trump en Davos al presentar con solemnidad en Davos su Board of Peace[7], lo que en principio era uno de los elementos de su plan de paz para Gaza (refrendado por el Consejo de Seguridad), supone un intento de sustitución de la ONU por esa Junta de Paz, a la que, de momento, no se han sumado ni Canadá, ni ninguno de los países de la UE (con excepción de la Hungría de Orban). La propuesta de un organismo que va más allá de lo que inicialmente se formuló para el caso concreto de Gaza, significa en el fondo una impugnación total del modelo onusiano de Derecho internacional, con el leit motiv proclamado por Trump en su discurso ante la Asamblea General de la ONU, en el 80 período de sesiones, Peace trough Strenght, convertido en el principio guía de la agenda de su segundo mandato presidencial[8].

Reconozcamos en todo caso y como decía, que la tradición “realista” domina una buena parte de nuestra historia. Es la concepción que identifica Derecho y fuerza, desde la postura del tirano Creonte en la tragedia de Sófocles, Antígona, a las tesis sobre la justicia que Platón pone en boca de Trasímaco en el Libro I de La República, o el cinismo con el que Calicles sostiene la ley natural del más fuerte en el diálogo platónico Gorgias. Desde tales antecedentes, que se remontan al siglo V antes de Cristo, esa concepción es una constante histórica y por eso la experiencia nos muestra que el Derecho ha sido vivido mayoritariamente como complemento del poder al servicio del statu quo, lo que explica que para una gran parte de la población se identifique como herramienta de dominación.

Tal identificación entre Derecho, fuerza y poder absoluto ha justificado históricamente como reacción no sólo la revuelta contra lo que se ofrecía como Derecho, sino, desde luego, los diferentes intentos doctrinales que han promovido la sustitución de ese instrumento de dominación por otras alternativas de mediación social, tal y como, siguiendo la intuición de Hume sobre la relación entre la escasez de recursos y la necesidad del Derecho, lo propusieron los positivistas que ingenuamente apostaron por los efectos benéficos de la técnica y el progreso industrial y la consecuente desaparición de los juristas, sustituidos por esos técnicos (Saint Simon, Comte) o, en otra perspectiva, quienes apostaron por destruir ese sistema de poder, mediante el enfrentamiento abierto con el mismo (simplificando, la tradición anarquista y la propuesta de Marx), para lograr sustituir la dominación de las personas por una administración equitativa de los recursos, conforme a las necesidades. En una y otra concepción, el Derecho y sus instrumentos -los juristas- estarían encaminados a desaparecer, como paradigmáticamente propone Saint Simon en su Parábola del industrial [9].

No será sino hasta la llegada de la Ilustración y del liberalismo político (pensemos en Locke) cuando aparezca el salto cualitativo de concebir el Derecho como barrera de protección frente al poder institucional del soberano absoluto y, por tanto, su dimensión de límite al soberano, lo que significará la creación del rule of Law y, con ello, del Estado de Derecho.

Sin embargo, eso no comporta necesariamente una concepción del Derecho como límite frente a otro tipo de poderes, en especial los que marcan la lógica del mercado. Frenar esos poderes será obra de otra transformación cultural, la que lleva a cabo el Estado social de Derecho, que es posible gracias a la democracia y que tiene como guía otra concepción del Derecho, entendido, conforme a la fórmula de Ferrajoli, como contrapartida a la concepción del Derecho como la ley de la fuerza, pues propone el Derecho como la ley del más débil, un instrumento frente a los poderes salvajes que configuran una sociedad al servicio del más fuerte, hasta el riesgo de la destrucción global[10].

La pregunta es: ¿retrocedemos hoy en este ciclo que apenas habría durado tres siglos? El shock global que supone el primer año del segundo mandato de Trump, y el avance de lo que conocemos como democracias iliberales, aunque sería más justo denominarlas regímenes populistas de corte autoritario, parecería anunciarnos este Zeitenwende: el regreso, nos dicen, a lo que nunca debió de ser observado, la concepción realista de la política, sobre todo en las relaciones internacionales. Una concepción que, reitero, se presenta como lawless, un mundo sin Derecho. Así la formuló el premier canadiense, Max Carney, en su impactante discurso en la cumbre de Davos, en 2026, en la que evocó expresamente a Tucídides, pero también a Vaclav Havel[11].

Desde luego, conocer las condiciones reales es condición de cualquier propuesta de organización de las relaciones internacionales. Pero eso es una cosa y otra el ataque de “realismo” que parece dominar hoy por doquier. Veamos esto con algún detenimiento.

 

Contradicciones del “nuevo” realismo

Me parece digna de resaltar la paradoja a la que nos conduce el paradigma “realista” (aunque creo que sería mejor llamarlo pragmatismo ralo). Hablo de paradigma “realista” para referirme a ese pesimismo -siempre tan prestigioso- que exhiben hoy decenas de supuestos “analistas” que nos proponen su interpretación acerca del “momento histórico” que vivimos, en diferentes tertulias y tribunas en medios y en redes.

De un lado, acumulan las críticas a la ingenua creencia en un orden internacional basado en reglas y, en un portentoso esfuerzo de investigación, nos descubren a nosotros, como si fuéramos pobres niños ante la historia de los reyes magos, que el Derecho no es otra cosa que la ley del más fuerte. De otra parte, con admirable incoherencia, ante la eventualidad de que lo de Venezuela se repita en Groenlandia o en Taiwan, nos animan a resistir al matón, como si eso fuera compatible con lo que nos muestran los hechos, esto es, la peregrinación ante Trump de los supuestos resistentes, convertidos en dóciles vasallos. Una peregrinación que Trump ridiculizó con su habitual grosería, burlándose de Macron (https://www.liberation.fr/politique/macron-humilie-par-trump-une-pitrerie-facade-dun-impitoyable-imperialisme-20260108_YV6TN7ECZFGK7PZRWK2MPUWW3E/). Ese sería el precio “realista”  a pagar para qu3 los EEUU no nos abandone -a los europeos- en la defensa de Ucrania o, al menos, para que conceda una silla a la UE en el espectáculo del tira y afloja que se lleva Trump con su compadre Putin. Al menos, el señor Rutte (antaño fustigador intransigente de los perezosos mediterráneos, ¡qué tiempos!) sí ha mostrado coherencia en su realista papel de lamebotas. La alternativa, nos dicen, es entregarse a la nostalgia de los pasados buenos tiempos, o suicidarse.

Habrá que repetir que no hay ninguna novedad en esta reivindicación del realismo. Hay un pasaje de Plutarco, en su Vidas Paralelas (10,2), cuando compara las de Agesilao y Pompeyo, en el que pone en boca de éste, frente a quienes le critican por su crueldad en Sicilia, una respuesta que parece el lema de Trump: “¿no cesaréis de citarnos leyes, cuando véis que ceñimos espada?”. O sea que, además de que la filosofía jurídica y política lleva enredada unos veinticinco siglos, al menos desde los sofistas, en la relación entre Derecho y fuerza sobre la que algunos parecen querer ilustrarnos hoy como una novedad, la historia del ejercicio del poder nos ofrece testimonios abrumadores sobre ese tropismo fatal que conduce a quien ejerce el poder a reiterar aquello de Juvenal en sus Satirae (6, 23): hoc volo, sic iubeo: sit pro ratione voluntas, esto es, traducido libremente, “ordeno lo que me place, porque mi voluntad es la mejor razón”. Ese lema es el sueño húmedo de quien no aspira a otra cosa que mantenerse en el poder y beneficiarse de él en provecho propio. Es lo que Trump ejemplificó en una entrevista en el New York Times (https://www.nytimes.com/2026/01/09/podcasts/the-daily/trump-interview.html), en la que dejó claro que su único límite es su propia conciencia ¿moral?

Por esas razones, hay quien califica el orden internacional emergente con el segundo mandato de Trump como un “neoroyalism” (https://doi.org/10.1017/S0020818325101057). En todo caso, parece evidente que ese poder despótico es ejercido también por Trump en el ámbito interno, el de su política nacional. Así lo muestra la transformación del servicio de inmigración y aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en un cuerpo militarizado que recurre a la estrategia del terror (esto es, una forma de “terrorismo de Estado”) en su campaña contra inmigrantes y demandantes de asilo, con bárbaras muestras como el asesinato de Renée Good en Minneapolis, a manos de un agente del ICE (https://www.washingtonpost.com/investigations/2026/01/08/video-ice-shooting-minneapolis/), seguido, pocos días después, por el asesinato de Alex Pretti también a manos del ICE, de nuevo en Minneapólis (lo que evoca inevitablemente la conmoción por el asesinato de G Floyd cinco años atrás https://www.newyorker.com/news/the-lede/an-ice-killing-puts-minneapolis-on-the-brink), o las redadas en guarderías, con el arresto de niños de muy corta edad, ejemplificadas en el caso de Liam Ramos, un niño de tan sólo 5 años (https://edition.cnn.com/2026/01/23/us/liam-conejo-ramos-ice-wwk). Todo ello ha llevado a prestigiosos medios de comunicación, como el New York Times, a afirmar que los EEUU han alcanzado una situación de terrorismo de Estado[12]. El conocido escritor y ensayista Joseph O’Neill, por su parte, hablaba abiertamente de “blitz autoritario” y del riesgo de un “colapso democrático sistémico” en los EEUU, desde el comienzo del segundo mandato de Trump[13].

Así las cosas, podría decirse que viviríamos, como sugería Alfons García[14] en la disyuntiva de optar por la nostalgia del mundo de ayer, lo que califica como “síndrome Zweig”, que en el fondo conduce antes o después al suicidio, o bien apostar por soluciones que ya hemos ensayado, aunque sea de forma renovada. Y eso nos conduce a la necesidad de adoptar lo que considero verdadero realismo, esto es, aprender de la experiencia histórica de la ausencia de limitación del monstruo del poder absoluto.

 

La vieja receta realista: el Estado de Derecho

Recordemos que ese tropismo fatal de todo poder hacia el poder absoluto, una constante sobre la que nos han advertido todos los historiadores, filósofos y científicos sociales que se han acercado con un mínimo de rigor al estudio del poder, tiene su antídoto, que fructificó en la modernidad con la crisis del ancien règime. La superación de la categoría histórica de poder absoluto se consiguió gracias a ese antídoto, esto es, gracias al sometimiento del poder a reglas ajenas a su voluntad, lo que podemos resumir en la invención del Estado de Derecho. Un Estado de Derecho cuyos límites al poder serán más sólidos en la medida en que estén respaldados por una mayoría social, es decir, un Estado de Derecho de carácter democrático. Así, la democracia, apoyada en el Estado de Derecho, asegura una paz y equilibrio social basada en tales limitaciones, no sólo frente al poder institucional sino también, al menos tendencialmente, frente a lo que otrora denominamos poderes fácticos que, por su condición, son aún más difíciles de controlar. Por tanto, la democracia apoyada en el Estado de Derecho ofrece un standard básico de igualdad en las libertades y derechos, para todos. Es la lección realista de una conquista civilizatoria en la historia del devenir de la humanidad, pero una conquista que, desde una perspectiva, insisto, realista, no está asegurada para siempre, porque asoma la tendencia del poder a ejercerlo de modo absoluto y con ello la distopía del regreso a un mundo sin Estado de Derecho, incluso sin Derecho.

Pues bien, frente a esta pugna de los expertos que ambicionan la cátedra de realismo en las relaciones internacionales, y se han convertido a la noble causa de impugnar el Derecho internacional, creo que hay que poner pie en pared en esa vieja receta del Derecho, y del Estado de Derecho. Porque un mundo sin Derecho es un mundo al que no queremos regresar. No queremos que vuelva el modelo de un poder ejercido en los términos del derecho de propiedad, entendido como privilegio del dominus, un ius utendi, fruendi et abutendi, el que concluye por ejemplo en “la maté porque era mía”, en tomar lo que le plazca aquí y allá, en su “zona de influencia” y marcar territorio con sus excrementos, frente a los rivales.

Hay quien, quizá obsesionado por la necesidad de presentarse como original, ensaya nuevas recetas, a menudo inconsistentes. Así me lo ha parecido un reciente ensayo de Acemoglu, el coautor de Cómo mueren las democracias, en el que da una vuelta por la crítica a la ineficacia de la ONU y del Derecho internacional, para concluir, bajo la invocación a M Walzer, que…¡hace falta reinventar la ONU y un orden global sujeto a reglas! (cfr. https://www.project-syndicate.org/commentary/trump-venezuela-rules-based-order-must-be-built-anew-by-daron-acemoglu-2026-01?). Un viaje paradójico similar nos propone Pau Luque, quien, tras descartar como poco importante la “retórica del universalismo y de los derechos humanos, o de las reglas del comercio internacional” e incitarnos a los europeos a despertar del noble sueño de que la razón triunfe sobre la fuerza (niños, los reyes magos eran los EEUU), da con la solución: no se trata de reivindicar el Derecho internacional, sino de aplicarlo… (https://elpais.com/opinion/2026-01-12/el-despertar-del-noble-sueno-europeo.html). A mi juicio, en lugar de tirar al niño con el agua sucia, la receta es más sencilla: tomar en serio los derechos y el Derecho mismo. También el Derecho internacional construido por la ONU desde 1948.

Porque el problema, a mi entender, no es tanto el hecho incontrovertible de la violación reiterada del Derecho internacional onusiano y el doble rasero con el que han actuado y actúan las grandes potencias (no hay más que ver el manejo del derecho de veto por parte de rusia y de los EEUU), sino la falta de voluntad política para responder con eficacia (con un sistema eficaz de sanciones) a tales violaciones.

Recordaré algo que enseñamos en las Facultades de Derecho, desde primer curso: que haya millares de violaciones cotidianas de las normas de lo que conocemos como Derecho civil y penal, no significa que no existan esas normas. lo importante es que luchemos eficazmente contra esas infracciones. Lo mismo se debe decir del Derecho internacional: el problema no es el Derecho internacional, sino la resignación ante la impunidad de su violación. Y esto no se podrá superar hasta que no entendamos que, en el Derecho interno, como en el internacional, la clave reside en la respuesta que propuso Ihering, la lucha por los derechos, entendida como tarea común y primordial de todos nosotros. Se trata de reivindicar la apuesta por los procedimientos de sanción que garanticen la lucha contra la impunidad, que es el cáncer del Derecho internacional. Eso sí, un Derecho internacional concebido sobre todo como Derecho de gentes, más que como Derecho interestatal. Y reivindicar esa concepción, ahora, cuando celebramos el quinto centenario de la Escuela de Salamanca (la de Vitoria y Las Casas), es más necesario que nunca. Porque esa tradición de la Escuela de Salamanca es la razón de ser del mejor Derecho internacional, el que nace para proteger la comunidad del género humano, frente al modelo puesto en pie por Grotius, que es un Derecho interestatal, por no decir un Derecho de las grandes empresas transnacionales de la época, la Compañías de Indias, tal y como ilustra muy bien la excelente serie de TV Tattoo y como supo explicar Ferlosio en su estupendo ensayo Esas Yndias malditas y olvidadas (Destino, 1995) que fue su polémica aportación a las celebraciones del Quinto centenario.

Ahora bien, esta no es una llamada de atención dirigida sobre todo a los Estados, que siguen insistiendo en la concepción interestatal del Derecho internacional y por eso consideran un postulado irrebatible el principio de soberanía. Como ya explicó el profesor Carrillo Salcedo en su ensayo Soberanía de los Estados y derechos humanos en Derecho internacional (Tecnos, 2001), la emergencia de los derechos humanos como principio básico del Derecho internacional exige limitar el imperio del principio de soberanía. A cambio, hay que aceptar que el contrato social del que surgen el Estado de Derecho y el standard de igualdad en las libertades, que debemos tratar de extender a todos los seres humanos, en la medida en que reivindicamos la existencia de una comunidad internacional de seres humanos, no es gratis. Exige de nuestra parte, si nos queremos ciudadanos -del Estado y del mundo- una disposición permanente de vigilancia activa, coherente con la concepción democrática según la cual los derechos (incluidos la vivienda, o la paz y un medio ambiente sostenible) y las Constituciones que los enuncian y garantizan, no son privilegios otorgados (Cartas magnas), sino bienes primordiales con cuya defensa debemos comprometernos activamente, lo que significa también oponernos a quienes no sólo no los garantizan, sino que lo violan y, encima, en nuestro nombre. Es incómodo reconocer que la ilegal actuación de Trump en su operación Absolute Resolve puede ser un paso para conseguir la transición a la democracia de un régimen como el de Maduro, los Rodríguez, Cabello y compañía, dictatorial, corrupto y responsable de desapariciones, torturas y encarcelamiento de los disidentes en condiciones horribles, además del exilio forzoso de millones de venezolanos (y no sólo de una pequeña élite reaccionaria). Parece claro que el objetivo de Trump no es la democracia en América, sino la afirmación de su “zona de influencia” y no ha faltado quien ha subrayado la analogía entre la receta de Trump para Venezuela y la de Eisenhower y luego los demás aliados del bloque occidental con el régimen de Franco: no se trata tanto de restablecer la democracia y sancionar las violaciones de derechos humanos y de los principios del Derecho internacional, como de garantizar la estabilidad de la propia zona de influencia. Pero resulta paradójico que quienes tratan de defender la democracia y los derechos humanos exhiban como razón mayor el principio de soberanía estatal. Porque a la larga, lo verdaderamente realista, lo que garantiza la estabilidad es el respeto, la garantía de los derechos humanos -los de los venezolanos y los iraníes, por ejemplo-, y eso incluye la garantía de su derecho a decidir sobre su propio contrato social y político, sin injerencia ajena.

 

 

* Borrador: no citar sin permiso del autor

[1] Primus in orbe deos fecit timor, ardua caelo / fulmina dum caderent. La cita suele ser atribuida a Petronio 17, 1-3: Loeb Classical Library, Harvard University Press, vol.3, 661. Sin embargo, otros lo atribuyen a Stacio o incluso a Lucrecio, en el Canto V de su  De natura rerum.

[2] La ciudad de Dios, Libro IV, capítulo IV.

[3] Conocidos como los tria iuris praecepta, la cita completa es la siguiente: Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuere. Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, neminem laedere, suum cuique tribuere. (Digesto,1,1,10,1).

[4] Me refiero a la Corte Penal Internacional instituida en el Estatuto de Roma de 1998. Cfr. https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf.

[5] Cfr. Remiro, A., “La desvertebración del Derecho internacional en una sociedad globalizada”, en Cursos euromediterráneos Bancaja de Derecho internacional, 2002, pp. 45 y ss.

[6] Cfr. Menéndez del Valle, E., “Con Trump, Estados Unidos culminará la destrucción del Derecho internacional”, Infolibre 20 de enero de 2026: https://www.infolibre.es/opinion/plaza-publica/trump-estados-unidos-culminara-liquidacion-derecho-internacional_129_1931274.html. El profesor Gil Gandía ha condensado la encrucijada actual de las relaciones internacionales en esta fórmula: “entre la intemperie y la norma”. Cfr. https://www.iri.edu.ar/index.php/2026/01/16/entre-la-intemperie-y-la-norma/.

[7] Cfr. The Washington Post, 21 de enero de 2026:  https://www.washingtonpost.com/world/2026/01/22/trump-board-peace-davos-countries-involved/

[8] Cfr. https://www.whitehouse.gov/articles/2025/03/president-trump-is-leading-with-peace-through-strength/. Sobre ello, remito al minucioso y brillante análisis de la profesora Ramón Chornet, “La paz por medio de la fuerza. La demolición del modelo onusiano”, en la revista Ordine Internazionale e Diritti Umani (OIDU), 2026.

[9] Escrita en 1819, Saint-Simon contrapone el impacto que supondría para Francia perder a sus 50 mejores ingenieros, físicos, médicos, panaderos y artesanos de diferentes ámbitos (“si la nación perdiera a esos hombres, sería un cuerpo sin alma”), con la pérdida de los 50 primeros aristócratas, ministros y altos cargos de la corona, jueces, juristas, etc (“esta pérdida de treinta mil individuos, los más importantes del Estado, sería solamente causa de un dolor puramente sentimental, porque ello no supondría ningún detrimento político para dicho Estado”).

[10] Ferrajoli, L., Derechos y garantías. La ley del más débil, Trotta, 1999. Ferrajoli desarrolló esas tesis en Poderes salvajes. la crisis de la democracia constitucional, Trotta, 2013, hasta culminar en Por una Constitución de la tierra. La humanidad en la encrucijada, Trotta, 2023.

[11] El discurso tuvo una repercusión inmediata como exponente a la vez, del necesario reconocimiento de que el orden global onusiano está quebrado y, al tiempo, como una alternativa, de carácter necesariamente multilateral, frente a la política de desorden global impuesta por Trump. El texto puede leerse en la revista Le grand Continent: https://legrandcontinent.eu/es/2026/01/21/construir-algo-mejor-el-discurso-completo-de-mark-carney-en-davos-x/

[12] “State Terror has arrived”, escribía M Gehlen: cfr. https://www.nytimes.com/2026/01/24/opinion/state-terror-has-arrived.html?smid=nytcore-ios-share.

[13] Cfr. la entrevista de Daniel Drake a J O’Neill en The New Yorker: https://www.nybooks.com/online/2025/02/25/authoritarian-blitz-joseph-oneill/?utm_medium=email&utm_campaign=NYR012426-ONeill-BE&utm_content=NYR012426-ONeill-BE+CID_c56c67bf9fc4a3ed922b4a03093b6bed&utm_source=Newsletter&utm_term=Authoritarian%20Blitz.

[14] En su artículo “Un año bárbaro”, cfr: https://www.levante-emv.com/opinion/2026/01/10/ano-barbaro-125523607.html.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA DISTOPIA SEUDORREALISTA: UN MUNDO SIN DERECHO*

Javier de Lucas

 

 

 

 

 

El oximoron de un orden global sin normas

No es nuevo. En estos veinticinco siglos de experiencia de los diferentes intentos de organizar la convivencia humana, es una constante el propósito de orillar el ejercicio del control del poder e imponer así a los demás, de forma arbitraria, la propia voluntad. Y ello mediante un primer recurso, el miedo, como reza el viejo adagio latino que vincula la creencia en una autoridad suprema (lo que con Weber llamaríamos legitimación, más que legitimidad) con esa pulsión: primus in orbe deos fecit timor[1].

Cabe señalar que esa tendencia constante no significa necesariamente prescindir del Derecho, sino, las más de las veces, identificar como tal, sin más, la imposición de la voluntad del más fuerte, como recordaré enseguida acudiendo a diferentes ejemplos. Es la noción nuda de imperium. Una concepción frente a la que se alza de forma imperecedera la denuncia de San Agustín, ilustrada por el apólogo del Alejandro Magno y el pirata: Desterrada la justicia, ¿qué son los grandes reinos sino piraterías?[2]

En resumidas cuentas, lo primero que hay que señalar frente a quienes nos envían el mensaje de que no es el Derecho, sino la fuerza, la guía inexorable en las relaciones internacionales, es recordar el por qué de la invención del Derecho. Invención, sí, porque el Derecho es un hallazgo cultural de enorme capacidad civilizatoria, que se desarrolló sobre todo en Roma. Y el alma de ese instrumento cultural es oponer una barrera frente al aparente fatum del poder absoluto y frente al mensaje que hace de la voluntad del más fuerte la norma de conducta obligada.

La idea de Derecho supone una de las más altas cumbres del proyecto civilizatorio en la historia de la humanidad. Porque, en efecto, esa creación cultural (podemos decir, esa solución) entraña una propuesta revolucionaria en las relaciones humanas: el primer intento de ofrecer seguridad mediante la observancia de unas normas que obligan a todos. Ese es el núcleo de los tres mandatos jurídicos primarios enunciados por Ulpiano que condensan esta herramienta civilizatoria: neminem laedere, honeste vivere, suum cuique tribuere [3]

Sin embargo, habrían de pasar muchos siglos hasta que esa herramienta alcanzara una dimensión global. La semilla plantada por los estoicos con su idea de una comunitas omnium gentium (la noción de Humanidad) comienza a fructificar con el debate que propicia la Escuela de Salamanca (Vitoria, Las Casas, Soto), de la que hoy se cumplen cinco siglos, que postula un Derecho común, un Derecho que no es sólo interestatal, porque se basa en la noción de derechos de todos los seres humanos. Esa semilla de un nuevo Derecho internacional conocerá un nuevo paso con la propuesta kantiana de un Derecho cosmopolita, que permita y asegure la paz entre las naciones y que exige una comunidad internacional en la forma de una Federación de Estados. Dos siglos y dos guerras mundiales después, el proyecto kantiano encarna en la Organización de las Naciones Unidas, que despliega a lo largo de 80 años un nuevo Derecho internacional, basado, sí, en la soberanía de los Estados y por tanto aún bajo la forma de Derecho interestatal, pero que poco a poco abre el camino a un nuevo sujeto en las relaciones globales, los seres humanos como titulares de derechos que se imponen como límites incluso a la soberanía estatal, haciendo uso, incluso, de un poder judicial que los garantice, como quería Kelsen y que alcanza un hito importantísimo con la Convención de Roma[4].

Ese modelo es el que hoy se encuentra en entredicho, 80 años después, con la segunda presidencia de Donald Trump que retorna al modelo imperial de un orden global Lawless, esto es, un mundo sin Derecho, sin Derecho internacional. Y ese es el camino que llevamos recorriendo desde enero de 2025, un proceso que el profesor Antonio Remiro ha denunciado reiteradamente de modo crítico, por ejemplo, en un artículo cuyo título es extraordinariamente elocuente: “la desvertebración del Derecho internacional en una sociedad globalizada”[5]. Como agudamente ha destacado el embajador Menéndez del Valle[6], siguiendo una observación de Arton-Gash, la sustitución de la referencia al Derecho internacional por el eufemismo de “un orden global sujeto a normas”, es un paso significativo en el lenguaje de las relaciones internacionales. La reciente propuesta de Trump en Davos al presentar con solemnidad en Davos su Board of Peace[7], lo que en principio era uno de los elementos de su plan de paz para Gaza (refrendado por el Consejo de Seguridad), supone un intento de sustitución de la ONU por esa Junta de Paz, a la que, de momento, no se han sumado ni Canadá, ni ninguno de los países de la UE (con excepción de la Hungría de Orban). La propuesta de un organismo que va más allá de lo que inicialmente se formuló para el caso concreto de Gaza, significa en el fondo una impugnación total del modelo onusiano de Derecho internacional, con el leit motiv proclamado por Trump en su discurso ante la Asamblea General de la ONU, en el 80 período de sesiones, Peace trough Strenght, convertido en el principio guía de la agenda de su segundo mandato presidencial[8].

Reconozcamos en todo caso y como decía, que la tradición “realista” domina una buena parte de nuestra historia. Es la concepción que identifica Derecho y fuerza, desde la postura del tirano Creonte en la tragedia de Sófocles, Antígona, a las tesis sobre la justicia que Platón pone en boca de Trasímaco en el Libro I de La República, o el cinismo con el que Calicles sostiene la ley natural del más fuerte en el diálogo platónico Gorgias. Desde tales antecedentes, que se remontan al siglo V antes de Cristo, esa concepción es una constante histórica y por eso la experiencia nos muestra que el Derecho ha sido vivido mayoritariamente como complemento del poder al servicio del statu quo, lo que explica que para una gran parte de la población se identifique como herramienta de dominación.

Tal identificación entre Derecho, fuerza y poder absoluto ha justificado históricamente como reacción no sólo la revuelta contra lo que se ofrecía como Derecho, sino, desde luego, los diferentes intentos doctrinales que han promovido la sustitución de ese instrumento de dominación por otras alternativas de mediación social, tal y como, siguiendo la intuición de Hume sobre la relación entre la escasez de recursos y la necesidad del Derecho, lo propusieron los positivistas que ingenuamente apostaron por los efectos benéficos de la técnica y el progreso industrial y la consecuente desaparición de los juristas, sustituidos por esos técnicos (Saint Simon, Comte) o, en otra perspectiva, quienes apostaron por destruir ese sistema de poder, mediante el enfrentamiento abierto con el mismo (simplificando, la tradición anarquista y la propuesta de Marx), para lograr sustituir la dominación de las personas por una administración equitativa de los recursos, conforme a las necesidades. En una y otra concepción, el Derecho y sus instrumentos -los juristas- estarían encaminados a desaparecer, como paradigmáticamente propone Saint Simon en su Parábola del industrial [9].

No será sino hasta la llegada de la Ilustración y del liberalismo político (pensemos en Locke) cuando aparezca el salto cualitativo de concebir el Derecho como barrera de protección frente al poder institucional del soberano absoluto y, por tanto, su dimensión de límite al soberano, lo que significará la creación del rule of Law y, con ello, del Estado de Derecho.

Sin embargo, eso no comporta necesariamente una concepción del Derecho como límite frente a otro tipo de poderes, en especial los que marcan la lógica del mercado. Frenar esos poderes será obra de otra transformación cultural, la que lleva a cabo el Estado social de Derecho, que es posible gracias a la democracia y que tiene como guía otra concepción del Derecho, entendido, conforme a la fórmula de Ferrajoli, como contrapartida a la concepción del Derecho como la ley de la fuerza, pues propone el Derecho como la ley del más débil, un instrumento frente a los poderes salvajes que configuran una sociedad al servicio del más fuerte, hasta el riesgo de la destrucción global[10].

La pregunta es: ¿retrocedemos hoy en este ciclo que apenas habría durado tres siglos? El shock global que supone el primer año del segundo mandato de Trump, y el avance de lo que conocemos como democracias iliberales, aunque sería más justo denominarlas regímenes populistas de corte autoritario, parecería anunciarnos este Zeitenwende: el regreso, nos dicen, a lo que nunca debió de ser observado, la concepción realista de la política, sobre todo en las relaciones internacionales. Una concepción que, reitero, se presenta como lawless, un mundo sin Derecho. Así la formuló el premier canadiense, Max Carney, en su impactante discurso en la cumbre de Davos, en 2026, en la que evocó expresamente a Tucídides, pero también a Vaclav Havel[11].

Desde luego, conocer las condiciones reales es condición de cualquier propuesta de organización de las relaciones internacionales. Pero eso es una cosa y otra el ataque de “realismo” que parece dominar hoy por doquier. Veamos esto con algún detenimiento.

 

Contradicciones del “nuevo” realismo

Me parece digna de resaltar la paradoja a la que nos conduce el paradigma “realista” (aunque creo que sería mejor llamarlo pragmatismo ralo). Hablo de paradigma “realista” para referirme a ese pesimismo -siempre tan prestigioso- que exhiben hoy decenas de supuestos “analistas” que nos proponen su interpretación acerca del “momento histórico” que vivimos, en diferentes tertulias y tribunas en medios y en redes.

De un lado, acumulan las críticas a la ingenua creencia en un orden internacional basado en reglas y, en un portentoso esfuerzo de investigación, nos descubren a nosotros, como si fuéramos pobres niños ante la historia de los reyes magos, que el Derecho no es otra cosa que la ley del más fuerte. De otra parte, con admirable incoherencia, ante la eventualidad de que lo de Venezuela se repita en Groenlandia o en Taiwan, nos animan a resistir al matón, como si eso fuera compatible con lo que nos muestran los hechos, esto es, la peregrinación ante Trump de los supuestos resistentes, convertidos en dóciles vasallos. Una peregrinación que Trump ridiculizó con su habitual grosería, burlándose de Macron (https://www.liberation.fr/politique/macron-humilie-par-trump-une-pitrerie-facade-dun-impitoyable-imperialisme-20260108_YV6TN7ECZFGK7PZRWK2MPUWW3E/). Ese sería el precio “realista”  a pagar para qu3 los EEUU no nos abandone -a los europeos- en la defensa de Ucrania o, al menos, para que conceda una silla a la UE en el espectáculo del tira y afloja que se lleva Trump con su compadre Putin. Al menos, el señor Rutte (antaño fustigador intransigente de los perezosos mediterráneos, ¡qué tiempos!) sí ha mostrado coherencia en su realista papel de lamebotas. La alternativa, nos dicen, es entregarse a la nostalgia de los pasados buenos tiempos, o suicidarse.

Habrá que repetir que no hay ninguna novedad en esta reivindicación del realismo. Hay un pasaje de Plutarco, en su Vidas Paralelas (10,2), cuando compara las de Agesilao y Pompeyo, en el que pone en boca de éste, frente a quienes le critican por su crueldad en Sicilia, una respuesta que parece el lema de Trump: “¿no cesaréis de citarnos leyes, cuando véis que ceñimos espada?”. O sea que, además de que la filosofía jurídica y política lleva enredada unos veinticinco siglos, al menos desde los sofistas, en la relación entre Derecho y fuerza sobre la que algunos parecen querer ilustrarnos hoy como una novedad, la historia del ejercicio del poder nos ofrece testimonios abrumadores sobre ese tropismo fatal que conduce a quien ejerce el poder a reiterar aquello de Juvenal en sus Satirae (6, 23): hoc volo, sic iubeo: sit pro ratione voluntas, esto es, traducido libremente, “ordeno lo que me place, porque mi voluntad es la mejor razón”. Ese lema es el sueño húmedo de quien no aspira a otra cosa que mantenerse en el poder y beneficiarse de él en provecho propio. Es lo que Trump ejemplificó en una entrevista en el New York Times (https://www.nytimes.com/2026/01/09/podcasts/the-daily/trump-interview.html), en la que dejó claro que su único límite es su propia conciencia ¿moral?

Por esas razones, hay quien califica el orden internacional emergente con el segundo mandato de Trump como un “neoroyalism” (https://doi.org/10.1017/S0020818325101057). En todo caso, parece evidente que ese poder despótico es ejercido también por Trump en el ámbito interno, el de su política nacional. Así lo muestra la transformación del servicio de inmigración y aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en un cuerpo militarizado que recurre a la estrategia del terror (esto es, una forma de “terrorismo de Estado”) en su campaña contra inmigrantes y demandantes de asilo, con bárbaras muestras como el asesinato de Renée Good en Minneapolis, a manos de un agente del ICE (https://www.washingtonpost.com/investigations/2026/01/08/video-ice-shooting-minneapolis/), seguido, pocos días después, por el asesinato de Alex Pretti también a manos del ICE, de nuevo en Minneapólis (lo que evoca inevitablemente la conmoción por el asesinato de G Floyd cinco años atrás https://www.newyorker.com/news/the-lede/an-ice-killing-puts-minneapolis-on-the-brink), o las redadas en guarderías, con el arresto de niños de muy corta edad, ejemplificadas en el caso de Liam Ramos, un niño de tan sólo 5 años (https://edition.cnn.com/2026/01/23/us/liam-conejo-ramos-ice-wwk). Todo ello ha llevado a prestigiosos medios de comunicación, como el New York Times, a afirmar que los EEUU han alcanzado una situación de terrorismo de Estado[12]. El conocido escritor y ensayista Joseph O’Neill, por su parte, hablaba abiertamente de “blitz autoritario” y del riesgo de un “colapso democrático sistémico” en los EEUU, desde el comienzo del segundo mandato de Trump[13].

Así las cosas, podría decirse que viviríamos, como sugería Alfons García[14] en la disyuntiva de optar por la nostalgia del mundo de ayer, lo que califica como “síndrome Zweig”, que en el fondo conduce antes o después al suicidio, o bien apostar por soluciones que ya hemos ensayado, aunque sea de forma renovada. Y eso nos conduce a la necesidad de adoptar lo que considero verdadero realismo, esto es, aprender de la experiencia histórica de la ausencia de limitación del monstruo del poder absoluto.

 

La vieja receta realista: el Estado de Derecho

Recordemos que ese tropismo fatal de todo poder hacia el poder absoluto, una constante sobre la que nos han advertido todos los historiadores, filósofos y científicos sociales que se han acercado con un mínimo de rigor al estudio del poder, tiene su antídoto, que fructificó en la modernidad con la crisis del ancien règime. La superación de la categoría histórica de poder absoluto se consiguió gracias a ese antídoto, esto es, gracias al sometimiento del poder a reglas ajenas a su voluntad, lo que podemos resumir en la invención del Estado de Derecho. Un Estado de Derecho cuyos límites al poder serán más sólidos en la medida en que estén respaldados por una mayoría social, es decir, un Estado de Derecho de carácter democrático. Así, la democracia, apoyada en el Estado de Derecho, asegura una paz y equilibrio social basada en tales limitaciones, no sólo frente al poder institucional sino también, al menos tendencialmente, frente a lo que otrora denominamos poderes fácticos que, por su condición, son aún más difíciles de controlar. Por tanto, la democracia apoyada en el Estado de Derecho ofrece un standard básico de igualdad en las libertades y derechos, para todos. Es la lección realista de una conquista civilizatoria en la historia del devenir de la humanidad, pero una conquista que, desde una perspectiva, insisto, realista, no está asegurada para siempre, porque asoma la tendencia del poder a ejercerlo de modo absoluto y con ello la distopía del regreso a un mundo sin Estado de Derecho, incluso sin Derecho.

Pues bien, frente a esta pugna de los expertos que ambicionan la cátedra de realismo en las relaciones internacionales, y se han convertido a la noble causa de impugnar el Derecho internacional, creo que hay que poner pie en pared en esa vieja receta del Derecho, y del Estado de Derecho. Porque un mundo sin Derecho es un mundo al que no queremos regresar. No queremos que vuelva el modelo de un poder ejercido en los términos del derecho de propiedad, entendido como privilegio del dominus, un ius utendi, fruendi et abutendi, el que concluye por ejemplo en “la maté porque era mía”, en tomar lo que le plazca aquí y allá, en su “zona de influencia” y marcar territorio con sus excrementos, frente a los rivales.

Hay quien, quizá obsesionado por la necesidad de presentarse como original, ensaya nuevas recetas, a menudo inconsistentes. Así me lo ha parecido un reciente ensayo de Acemoglu, el coautor de Cómo mueren las democracias, en el que da una vuelta por la crítica a la ineficacia de la ONU y del Derecho internacional, para concluir, bajo la invocación a M Walzer, que…¡hace falta reinventar la ONU y un orden global sujeto a reglas! (cfr. https://www.project-syndicate.org/commentary/trump-venezuela-rules-based-order-must-be-built-anew-by-daron-acemoglu-2026-01?). Un viaje paradójico similar nos propone Pau Luque, quien, tras descartar como poco importante la “retórica del universalismo y de los derechos humanos, o de las reglas del comercio internacional” e incitarnos a los europeos a despertar del noble sueño de que la razón triunfe sobre la fuerza (niños, los reyes magos eran los EEUU), da con la solución: no se trata de reivindicar el Derecho internacional, sino de aplicarlo… (https://elpais.com/opinion/2026-01-12/el-despertar-del-noble-sueno-europeo.html). A mi juicio, en lugar de tirar al niño con el agua sucia, la receta es más sencilla: tomar en serio los derechos y el Derecho mismo. También el Derecho internacional construido por la ONU desde 1948.

Porque el problema, a mi entender, no es tanto el hecho incontrovertible de la violación reiterada del Derecho internacional onusiano y el doble rasero con el que han actuado y actúan las grandes potencias (no hay más que ver el manejo del derecho de veto por parte de rusia y de los EEUU), sino la falta de voluntad política para responder con eficacia (con un sistema eficaz de sanciones) a tales violaciones.

Recordaré algo que enseñamos en las Facultades de Derecho, desde primer curso: que haya millares de violaciones cotidianas de las normas de lo que conocemos como Derecho civil y penal, no significa que no existan esas normas. lo importante es que luchemos eficazmente contra esas infracciones. Lo mismo se debe decir del Derecho internacional: el problema no es el Derecho internacional, sino la resignación ante la impunidad de su violación. Y esto no se podrá superar hasta que no entendamos que, en el Derecho interno, como en el internacional, la clave reside en la respuesta que propuso Ihering, la lucha por los derechos, entendida como tarea común y primordial de todos nosotros. Se trata de reivindicar la apuesta por los procedimientos de sanción que garanticen la lucha contra la impunidad, que es el cáncer del Derecho internacional. Eso sí, un Derecho internacional concebido sobre todo como Derecho de gentes, más que como Derecho interestatal. Y reivindicar esa concepción, ahora, cuando celebramos el quinto centenario de la Escuela de Salamanca (la de Vitoria y Las Casas), es más necesario que nunca. Porque esa tradición de la Escuela de Salamanca es la razón de ser del mejor Derecho internacional, el que nace para proteger la comunidad del género humano, frente al modelo puesto en pie por Grotius, que es un Derecho interestatal, por no decir un Derecho de las grandes empresas transnacionales de la época, la Compañías de Indias, tal y como ilustra muy bien la excelente serie de TV Tattoo y como supo explicar Ferlosio en su estupendo ensayo Esas Yndias malditas y olvidadas (Destino, 1995) que fue su polémica aportación a las celebraciones del Quinto centenario.

Ahora bien, esta no es una llamada de atención dirigida sobre todo a los Estados, que siguen insistiendo en la concepción interestatal del Derecho internacional y por eso consideran un postulado irrebatible el principio de soberanía. Como ya explicó el profesor Carrillo Salcedo en su ensayo Soberanía de los Estados y derechos humanos en Derecho internacional (Tecnos, 2001), la emergencia de los derechos humanos como principio básico del Derecho internacional exige limitar el imperio del principio de soberanía. A cambio, hay que aceptar que el contrato social del que surgen el Estado de Derecho y el standard de igualdad en las libertades, que debemos tratar de extender a todos los seres humanos, en la medida en que reivindicamos la existencia de una comunidad internacional de seres humanos, no es gratis. Exige de nuestra parte, si nos queremos ciudadanos -del Estado y del mundo- una disposición permanente de vigilancia activa, coherente con la concepción democrática según la cual los derechos (incluidos la vivienda, o la paz y un medio ambiente sostenible) y las Constituciones que los enuncian y garantizan, no son privilegios otorgados (Cartas magnas), sino bienes primordiales con cuya defensa debemos comprometernos activamente, lo que significa también oponernos a quienes no sólo no los garantizan, sino que lo violan y, encima, en nuestro nombre. Es incómodo reconocer que la ilegal actuación de Trump en su operación Absolute Resolve puede ser un paso para conseguir la transición a la democracia de un régimen como el de Maduro, los Rodríguez, Cabello y compañía, dictatorial, corrupto y responsable de desapariciones, torturas y encarcelamiento de los disidentes en condiciones horribles, además del exilio forzoso de millones de venezolanos (y no sólo de una pequeña élite reaccionaria). Parece claro que el objetivo de Trump no es la democracia en América, sino la afirmación de su “zona de influencia” y no ha faltado quien ha subrayado la analogía entre la receta de Trump para Venezuela y la de Eisenhower y luego los demás aliados del bloque occidental con el régimen de Franco: no se trata tanto de restablecer la democracia y sancionar las violaciones de derechos humanos y de los principios del Derecho internacional, como de garantizar la estabilidad de la propia zona de influencia. Pero resulta paradójico que quienes tratan de defender la democracia y los derechos humanos exhiban como razón mayor el principio de soberanía estatal. Porque a la larga, lo verdaderamente realista, lo que garantiza la estabilidad es el respeto, la garantía de los derechos humanos -los de los venezolanos y los iraníes, por ejemplo-, y eso incluye la garantía de su derecho a decidir sobre su propio contrato social y político, sin injerencia ajena.

 

 

* Borrador: no citar sin permiso del autor

[1] Primus in orbe deos fecit timor, ardua caelo / fulmina dum caderent. La cita suele ser atribuida a Petronio 17, 1-3: Loeb Classical Library, Harvard University Press, vol.3, 661. Sin embargo, otros lo atribuyen a Stacio o incluso a Lucrecio, en el Canto V de su  De natura rerum.

[2] La ciudad de Dios, Libro IV, capítulo IV.

[3] Conocidos como los tria iuris praecepta, la cita completa es la siguiente: Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuere. Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, neminem laedere, suum cuique tribuere. (Digesto,1,1,10,1).

[4] Me refiero a la Corte Penal Internacional instituida en el Estatuto de Roma de 1998. Cfr. https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf.

[5] Cfr. Remiro, A., “La desvertebración del Derecho internacional en una sociedad globalizada”, en Cursos euromediterráneos Bancaja de Derecho internacional, 2002, pp. 45 y ss.

[6] Cfr. Menéndez del Valle, E., “Con Trump, Estados Unidos culminará la destrucción del Derecho internacional”, Infolibre 20 de enero de 2026: https://www.infolibre.es/opinion/plaza-publica/trump-estados-unidos-culminara-liquidacion-derecho-internacional_129_1931274.html. El profesor Gil Gandía ha condensado la encrucijada actual de las relaciones internacionales en esta fórmula: “entre la intemperie y la norma”. Cfr. https://www.iri.edu.ar/index.php/2026/01/16/entre-la-intemperie-y-la-norma/.

[7] Cfr. The Washington Post, 21 de enero de 2026:  https://www.washingtonpost.com/world/2026/01/22/trump-board-peace-davos-countries-involved/

[8] Cfr. https://www.whitehouse.gov/articles/2025/03/president-trump-is-leading-with-peace-through-strength/. Sobre ello, remito al minucioso y brillante análisis de la profesora Ramón Chornet, “La paz por medio de la fuerza. La demolición del modelo onusiano”, en la revista Ordine Internazionale e Diritti Umani (OIDU), 2026.

[9] Escrita en 1819, Saint-Simon contrapone el impacto que supondría para Francia perder a sus 50 mejores ingenieros, físicos, médicos, panaderos y artesanos de diferentes ámbitos (“si la nación perdiera a esos hombres, sería un cuerpo sin alma”), con la pérdida de los 50 primeros aristócratas, ministros y altos cargos de la corona, jueces, juristas, etc (“esta pérdida de treinta mil individuos, los más importantes del Estado, sería solamente causa de un dolor puramente sentimental, porque ello no supondría ningún detrimento político para dicho Estado”).

[10] Ferrajoli, L., Derechos y garantías. La ley del más débil, Trotta, 1999. Ferrajoli desarrolló esas tesis en Poderes salvajes. la crisis de la democracia constitucional, Trotta, 2013, hasta culminar en Por una Constitución de la tierra. La humanidad en la encrucijada, Trotta, 2023.

[11] El discurso tuvo una repercusión inmediata como exponente a la vez, del necesario reconocimiento de que el orden global onusiano está quebrado y, al tiempo, como una alternativa, de carácter necesariamente multilateral, frente a la política de desorden global impuesta por Trump. El texto puede leerse en la revista Le grand Continent: https://legrandcontinent.eu/es/2026/01/21/construir-algo-mejor-el-discurso-completo-de-mark-carney-en-davos-x/

[12] “State Terror has arrived”, escribía M Gehlen: cfr. https://www.nytimes.com/2026/01/24/opinion/state-terror-has-arrived.html?smid=nytcore-ios-share.

[13] Cfr. la entrevista de Daniel Drake a J O’Neill en The New Yorker: https://www.nybooks.com/online/2025/02/25/authoritarian-blitz-joseph-oneill/?utm_medium=email&utm_campaign=NYR012426-ONeill-BE&utm_content=NYR012426-ONeill-BE+CID_c56c67bf9fc4a3ed922b4a03093b6bed&utm_source=Newsletter&utm_term=Authoritarian%20Blitz.

[14] En su artículo “Un año bárbaro”, cfr: https://www.levante-emv.com/opinion/2026/01/10/ano-barbaro-125523607.html.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA DISTOPIA SEUDORREALISTA: UN MUNDO SIN DERECHO*

Javier de Lucas

 

 

 

 

 

El oximoron de un orden global sin normas

No es nuevo. En estos veinticinco siglos de experiencia de los diferentes intentos de organizar la convivencia humana, es una constante el propósito de orillar el ejercicio del control del poder e imponer así a los demás, de forma arbitraria, la propia voluntad. Y ello mediante un primer recurso, el miedo, como reza el viejo adagio latino que vincula la creencia en una autoridad suprema (lo que con Weber llamaríamos legitimación, más que legitimidad) con esa pulsión: primus in orbe deos fecit timor[1].

Cabe señalar que esa tendencia constante no significa necesariamente prescindir del Derecho, sino, las más de las veces, identificar como tal, sin más, la imposición de la voluntad del más fuerte, como recordaré enseguida acudiendo a diferentes ejemplos. Es la noción nuda de imperium. Una concepción frente a la que se alza de forma imperecedera la denuncia de San Agustín, ilustrada por el apólogo del Alejandro Magno y el pirata: Desterrada la justicia, ¿qué son los grandes reinos sino piraterías?[2]

En resumidas cuentas, lo primero que hay que señalar frente a quienes nos envían el mensaje de que no es el Derecho, sino la fuerza, la guía inexorable en las relaciones internacionales, es recordar el por qué de la invención del Derecho. Invención, sí, porque el Derecho es un hallazgo cultural de enorme capacidad civilizatoria, que se desarrolló sobre todo en Roma. Y el alma de ese instrumento cultural es oponer una barrera frente al aparente fatum del poder absoluto y frente al mensaje que hace de la voluntad del más fuerte la norma de conducta obligada.

La idea de Derecho supone una de las más altas cumbres del proyecto civilizatorio en la historia de la humanidad. Porque, en efecto, esa creación cultural (podemos decir, esa solución) entraña una propuesta revolucionaria en las relaciones humanas: el primer intento de ofrecer seguridad mediante la observancia de unas normas que obligan a todos. Ese es el núcleo de los tres mandatos jurídicos primarios enunciados por Ulpiano que condensan esta herramienta civilizatoria: neminem laedere, honeste vivere, suum cuique tribuere [3]

Sin embargo, habrían de pasar muchos siglos hasta que esa herramienta alcanzara una dimensión global. La semilla plantada por los estoicos con su idea de una comunitas omnium gentium (la noción de Humanidad) comienza a fructificar con el debate que propicia la Escuela de Salamanca (Vitoria, Las Casas, Soto), de la que hoy se cumplen cinco siglos, que postula un Derecho común, un Derecho que no es sólo interestatal, porque se basa en la noción de derechos de todos los seres humanos. Esa semilla de un nuevo Derecho internacional conocerá un nuevo paso con la propuesta kantiana de un Derecho cosmopolita, que permita y asegure la paz entre las naciones y que exige una comunidad internacional en la forma de una Federación de Estados. Dos siglos y dos guerras mundiales después, el proyecto kantiano encarna en la Organización de las Naciones Unidas, que despliega a lo largo de 80 años un nuevo Derecho internacional, basado, sí, en la soberanía de los Estados y por tanto aún bajo la forma de Derecho interestatal, pero que poco a poco abre el camino a un nuevo sujeto en las relaciones globales, los seres humanos como titulares de derechos que se imponen como límites incluso a la soberanía estatal, haciendo uso, incluso, de un poder judicial que los garantice, como quería Kelsen y que alcanza un hito importantísimo con la Convención de Roma[4].

Ese modelo es el que hoy se encuentra en entredicho, 80 años después, con la segunda presidencia de Donald Trump que retorna al modelo imperial de un orden global Lawless, esto es, un mundo sin Derecho, sin Derecho internacional. Y ese es el camino que llevamos recorriendo desde enero de 2025, un proceso que el profesor Antonio Remiro ha denunciado reiteradamente de modo crítico, por ejemplo, en un artículo cuyo título es extraordinariamente elocuente: “la desvertebración del Derecho internacional en una sociedad globalizada”[5]. Como agudamente ha destacado el embajador Menéndez del Valle[6], siguiendo una observación de Arton-Gash, la sustitución de la referencia al Derecho internacional por el eufemismo de “un orden global sujeto a normas”, es un paso significativo en el lenguaje de las relaciones internacionales. La reciente propuesta de Trump en Davos al presentar con solemnidad en Davos su Board of Peace[7], lo que en principio era uno de los elementos de su plan de paz para Gaza (refrendado por el Consejo de Seguridad), supone un intento de sustitución de la ONU por esa Junta de Paz, a la que, de momento, no se han sumado ni Canadá, ni ninguno de los países de la UE (con excepción de la Hungría de Orban). La propuesta de un organismo que va más allá de lo que inicialmente se formuló para el caso concreto de Gaza, significa en el fondo una impugnación total del modelo onusiano de Derecho internacional, con el leit motiv proclamado por Trump en su discurso ante la Asamblea General de la ONU, en el 80 período de sesiones, Peace trough Strenght, convertido en el principio guía de la agenda de su segundo mandato presidencial[8].

Reconozcamos en todo caso y como decía, que la tradición “realista” domina una buena parte de nuestra historia. Es la concepción que identifica Derecho y fuerza, desde la postura del tirano Creonte en la tragedia de Sófocles, Antígona, a las tesis sobre la justicia que Platón pone en boca de Trasímaco en el Libro I de La República, o el cinismo con el que Calicles sostiene la ley natural del más fuerte en el diálogo platónico Gorgias. Desde tales antecedentes, que se remontan al siglo V antes de Cristo, esa concepción es una constante histórica y por eso la experiencia nos muestra que el Derecho ha sido vivido mayoritariamente como complemento del poder al servicio del statu quo, lo que explica que para una gran parte de la población se identifique como herramienta de dominación.

Tal identificación entre Derecho, fuerza y poder absoluto ha justificado históricamente como reacción no sólo la revuelta contra lo que se ofrecía como Derecho, sino, desde luego, los diferentes intentos doctrinales que han promovido la sustitución de ese instrumento de dominación por otras alternativas de mediación social, tal y como, siguiendo la intuición de Hume sobre la relación entre la escasez de recursos y la necesidad del Derecho, lo propusieron los positivistas que ingenuamente apostaron por los efectos benéficos de la técnica y el progreso industrial y la consecuente desaparición de los juristas, sustituidos por esos técnicos (Saint Simon, Comte) o, en otra perspectiva, quienes apostaron por destruir ese sistema de poder, mediante el enfrentamiento abierto con el mismo (simplificando, la tradición anarquista y la propuesta de Marx), para lograr sustituir la dominación de las personas por una administración equitativa de los recursos, conforme a las necesidades. En una y otra concepción, el Derecho y sus instrumentos -los juristas- estarían encaminados a desaparecer, como paradigmáticamente propone Saint Simon en su Parábola del industrial [9].

No será sino hasta la llegada de la Ilustración y del liberalismo político (pensemos en Locke) cuando aparezca el salto cualitativo de concebir el Derecho como barrera de protección frente al poder institucional del soberano absoluto y, por tanto, su dimensión de límite al soberano, lo que significará la creación del rule of Law y, con ello, del Estado de Derecho.

Sin embargo, eso no comporta necesariamente una concepción del Derecho como límite frente a otro tipo de poderes, en especial los que marcan la lógica del mercado. Frenar esos poderes será obra de otra transformación cultural, la que lleva a cabo el Estado social de Derecho, que es posible gracias a la democracia y que tiene como guía otra concepción del Derecho, entendido, conforme a la fórmula de Ferrajoli, como contrapartida a la concepción del Derecho como la ley de la fuerza, pues propone el Derecho como la ley del más débil, un instrumento frente a los poderes salvajes que configuran una sociedad al servicio del más fuerte, hasta el riesgo de la destrucción global[10].

La pregunta es: ¿retrocedemos hoy en este ciclo que apenas habría durado tres siglos? El shock global que supone el primer año del segundo mandato de Trump, y el avance de lo que conocemos como democracias iliberales, aunque sería más justo denominarlas regímenes populistas de corte autoritario, parecería anunciarnos este Zeitenwende: el regreso, nos dicen, a lo que nunca debió de ser observado, la concepción realista de la política, sobre todo en las relaciones internacionales. Una concepción que, reitero, se presenta como lawless, un mundo sin Derecho. Así la formuló el premier canadiense, Max Carney, en su impactante discurso en la cumbre de Davos, en 2026, en la que evocó expresamente a Tucídides, pero también a Vaclav Havel[11].

Desde luego, conocer las condiciones reales es condición de cualquier propuesta de organización de las relaciones internacionales. Pero eso es una cosa y otra el ataque de “realismo” que parece dominar hoy por doquier. Veamos esto con algún detenimiento.

 

Contradicciones del “nuevo” realismo

Me parece digna de resaltar la paradoja a la que nos conduce el paradigma “realista” (aunque creo que sería mejor llamarlo pragmatismo ralo). Hablo de paradigma “realista” para referirme a ese pesimismo -siempre tan prestigioso- que exhiben hoy decenas de supuestos “analistas” que nos proponen su interpretación acerca del “momento histórico” que vivimos, en diferentes tertulias y tribunas en medios y en redes.

De un lado, acumulan las críticas a la ingenua creencia en un orden internacional basado en reglas y, en un portentoso esfuerzo de investigación, nos descubren a nosotros, como si fuéramos pobres niños ante la historia de los reyes magos, que el Derecho no es otra cosa que la ley del más fuerte. De otra parte, con admirable incoherencia, ante la eventualidad de que lo de Venezuela se repita en Groenlandia o en Taiwan, nos animan a resistir al matón, como si eso fuera compatible con lo que nos muestran los hechos, esto es, la peregrinación ante Trump de los supuestos resistentes, convertidos en dóciles vasallos. Una peregrinación que Trump ridiculizó con su habitual grosería, burlándose de Macron (https://www.liberation.fr/politique/macron-humilie-par-trump-une-pitrerie-facade-dun-impitoyable-imperialisme-20260108_YV6TN7ECZFGK7PZRWK2MPUWW3E/). Ese sería el precio “realista”  a pagar para qu3 los EEUU no nos abandone -a los europeos- en la defensa de Ucrania o, al menos, para que conceda una silla a la UE en el espectáculo del tira y afloja que se lleva Trump con su compadre Putin. Al menos, el señor Rutte (antaño fustigador intransigente de los perezosos mediterráneos, ¡qué tiempos!) sí ha mostrado coherencia en su realista papel de lamebotas. La alternativa, nos dicen, es entregarse a la nostalgia de los pasados buenos tiempos, o suicidarse.

Habrá que repetir que no hay ninguna novedad en esta reivindicación del realismo. Hay un pasaje de Plutarco, en su Vidas Paralelas (10,2), cuando compara las de Agesilao y Pompeyo, en el que pone en boca de éste, frente a quienes le critican por su crueldad en Sicilia, una respuesta que parece el lema de Trump: “¿no cesaréis de citarnos leyes, cuando véis que ceñimos espada?”. O sea que, además de que la filosofía jurídica y política lleva enredada unos veinticinco siglos, al menos desde los sofistas, en la relación entre Derecho y fuerza sobre la que algunos parecen querer ilustrarnos hoy como una novedad, la historia del ejercicio del poder nos ofrece testimonios abrumadores sobre ese tropismo fatal que conduce a quien ejerce el poder a reiterar aquello de Juvenal en sus Satirae (6, 23): hoc volo, sic iubeo: sit pro ratione voluntas, esto es, traducido libremente, “ordeno lo que me place, porque mi voluntad es la mejor razón”. Ese lema es el sueño húmedo de quien no aspira a otra cosa que mantenerse en el poder y beneficiarse de él en provecho propio. Es lo que Trump ejemplificó en una entrevista en el New York Times (https://www.nytimes.com/2026/01/09/podcasts/the-daily/trump-interview.html), en la que dejó claro que su único límite es su propia conciencia ¿moral?

Por esas razones, hay quien califica el orden internacional emergente con el segundo mandato de Trump como un “neoroyalism” (https://doi.org/10.1017/S0020818325101057). En todo caso, parece evidente que ese poder despótico es ejercido también por Trump en el ámbito interno, el de su política nacional. Así lo muestra la transformación del servicio de inmigración y aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en un cuerpo militarizado que recurre a la estrategia del terror (esto es, una forma de “terrorismo de Estado”) en su campaña contra inmigrantes y demandantes de asilo, con bárbaras muestras como el asesinato de Renée Good en Minneapolis, a manos de un agente del ICE (https://www.washingtonpost.com/investigations/2026/01/08/video-ice-shooting-minneapolis/), seguido, pocos días después, por el asesinato de Alex Pretti también a manos del ICE, de nuevo en Minneapólis (lo que evoca inevitablemente la conmoción por el asesinato de G Floyd cinco años atrás https://www.newyorker.com/news/the-lede/an-ice-killing-puts-minneapolis-on-the-brink), o las redadas en guarderías, con el arresto de niños de muy corta edad, ejemplificadas en el caso de Liam Ramos, un niño de tan sólo 5 años (https://edition.cnn.com/2026/01/23/us/liam-conejo-ramos-ice-wwk). Todo ello ha llevado a prestigiosos medios de comunicación, como el New York Times, a afirmar que los EEUU han alcanzado una situación de terrorismo de Estado[12]. El conocido escritor y ensayista Joseph O’Neill, por su parte, hablaba abiertamente de “blitz autoritario” y del riesgo de un “colapso democrático sistémico” en los EEUU, desde el comienzo del segundo mandato de Trump[13].

Así las cosas, podría decirse que viviríamos, como sugería Alfons García[14] en la disyuntiva de optar por la nostalgia del mundo de ayer, lo que califica como “síndrome Zweig”, que en el fondo conduce antes o después al suicidio, o bien apostar por soluciones que ya hemos ensayado, aunque sea de forma renovada. Y eso nos conduce a la necesidad de adoptar lo que considero verdadero realismo, esto es, aprender de la experiencia histórica de la ausencia de limitación del monstruo del poder absoluto.

 

La vieja receta realista: el Estado de Derecho

Recordemos que ese tropismo fatal de todo poder hacia el poder absoluto, una constante sobre la que nos han advertido todos los historiadores, filósofos y científicos sociales que se han acercado con un mínimo de rigor al estudio del poder, tiene su antídoto, que fructificó en la modernidad con la crisis del ancien règime. La superación de la categoría histórica de poder absoluto se consiguió gracias a ese antídoto, esto es, gracias al sometimiento del poder a reglas ajenas a su voluntad, lo que podemos resumir en la invención del Estado de Derecho. Un Estado de Derecho cuyos límites al poder serán más sólidos en la medida en que estén respaldados por una mayoría social, es decir, un Estado de Derecho de carácter democrático. Así, la democracia, apoyada en el Estado de Derecho, asegura una paz y equilibrio social basada en tales limitaciones, no sólo frente al poder institucional sino también, al menos tendencialmente, frente a lo que otrora denominamos poderes fácticos que, por su condición, son aún más difíciles de controlar. Por tanto, la democracia apoyada en el Estado de Derecho ofrece un standard básico de igualdad en las libertades y derechos, para todos. Es la lección realista de una conquista civilizatoria en la historia del devenir de la humanidad, pero una conquista que, desde una perspectiva, insisto, realista, no está asegurada para siempre, porque asoma la tendencia del poder a ejercerlo de modo absoluto y con ello la distopía del regreso a un mundo sin Estado de Derecho, incluso sin Derecho.

Pues bien, frente a esta pugna de los expertos que ambicionan la cátedra de realismo en las relaciones internacionales, y se han convertido a la noble causa de impugnar el Derecho internacional, creo que hay que poner pie en pared en esa vieja receta del Derecho, y del Estado de Derecho. Porque un mundo sin Derecho es un mundo al que no queremos regresar. No queremos que vuelva el modelo de un poder ejercido en los términos del derecho de propiedad, entendido como privilegio del dominus, un ius utendi, fruendi et abutendi, el que concluye por ejemplo en “la maté porque era mía”, en tomar lo que le plazca aquí y allá, en su “zona de influencia” y marcar territorio con sus excrementos, frente a los rivales.

Hay quien, quizá obsesionado por la necesidad de presentarse como original, ensaya nuevas recetas, a menudo inconsistentes. Así me lo ha parecido un reciente ensayo de Acemoglu, el coautor de Cómo mueren las democracias, en el que da una vuelta por la crítica a la ineficacia de la ONU y del Derecho internacional, para concluir, bajo la invocación a M Walzer, que…¡hace falta reinventar la ONU y un orden global sujeto a reglas! (cfr. https://www.project-syndicate.org/commentary/trump-venezuela-rules-based-order-must-be-built-anew-by-daron-acemoglu-2026-01?). Un viaje paradójico similar nos propone Pau Luque, quien, tras descartar como poco importante la “retórica del universalismo y de los derechos humanos, o de las reglas del comercio internacional” e incitarnos a los europeos a despertar del noble sueño de que la razón triunfe sobre la fuerza (niños, los reyes magos eran los EEUU), da con la solución: no se trata de reivindicar el Derecho internacional, sino de aplicarlo… (https://elpais.com/opinion/2026-01-12/el-despertar-del-noble-sueno-europeo.html). A mi juicio, en lugar de tirar al niño con el agua sucia, la receta es más sencilla: tomar en serio los derechos y el Derecho mismo. También el Derecho internacional construido por la ONU desde 1948.

Porque el problema, a mi entender, no es tanto el hecho incontrovertible de la violación reiterada del Derecho internacional onusiano y el doble rasero con el que han actuado y actúan las grandes potencias (no hay más que ver el manejo del derecho de veto por parte de rusia y de los EEUU), sino la falta de voluntad política para responder con eficacia (con un sistema eficaz de sanciones) a tales violaciones.

Recordaré algo que enseñamos en las Facultades de Derecho, desde primer curso: que haya millares de violaciones cotidianas de las normas de lo que conocemos como Derecho civil y penal, no significa que no existan esas normas. lo importante es que luchemos eficazmente contra esas infracciones. Lo mismo se debe decir del Derecho internacional: el problema no es el Derecho internacional, sino la resignación ante la impunidad de su violación. Y esto no se podrá superar hasta que no entendamos que, en el Derecho interno, como en el internacional, la clave reside en la respuesta que propuso Ihering, la lucha por los derechos, entendida como tarea común y primordial de todos nosotros. Se trata de reivindicar la apuesta por los procedimientos de sanción que garanticen la lucha contra la impunidad, que es el cáncer del Derecho internacional. Eso sí, un Derecho internacional concebido sobre todo como Derecho de gentes, más que como Derecho interestatal. Y reivindicar esa concepción, ahora, cuando celebramos el quinto centenario de la Escuela de Salamanca (la de Vitoria y Las Casas), es más necesario que nunca. Porque esa tradición de la Escuela de Salamanca es la razón de ser del mejor Derecho internacional, el que nace para proteger la comunidad del género humano, frente al modelo puesto en pie por Grotius, que es un Derecho interestatal, por no decir un Derecho de las grandes empresas transnacionales de la época, la Compañías de Indias, tal y como ilustra muy bien la excelente serie de TV Tattoo y como supo explicar Ferlosio en su estupendo ensayo Esas Yndias malditas y olvidadas (Destino, 1995) que fue su polémica aportación a las celebraciones del Quinto centenario.

Ahora bien, esta no es una llamada de atención dirigida sobre todo a los Estados, que siguen insistiendo en la concepción interestatal del Derecho internacional y por eso consideran un postulado irrebatible el principio de soberanía. Como ya explicó el profesor Carrillo Salcedo en su ensayo Soberanía de los Estados y derechos humanos en Derecho internacional (Tecnos, 2001), la emergencia de los derechos humanos como principio básico del Derecho internacional exige limitar el imperio del principio de soberanía. A cambio, hay que aceptar que el contrato social del que surgen el Estado de Derecho y el standard de igualdad en las libertades, que debemos tratar de extender a todos los seres humanos, en la medida en que reivindicamos la existencia de una comunidad internacional de seres humanos, no es gratis. Exige de nuestra parte, si nos queremos ciudadanos -del Estado y del mundo- una disposición permanente de vigilancia activa, coherente con la concepción democrática según la cual los derechos (incluidos la vivienda, o la paz y un medio ambiente sostenible) y las Constituciones que los enuncian y garantizan, no son privilegios otorgados (Cartas magnas), sino bienes primordiales con cuya defensa debemos comprometernos activamente, lo que significa también oponernos a quienes no sólo no los garantizan, sino que lo violan y, encima, en nuestro nombre. Es incómodo reconocer que la ilegal actuación de Trump en su operación Absolute Resolve puede ser un paso para conseguir la transición a la democracia de un régimen como el de Maduro, los Rodríguez, Cabello y compañía, dictatorial, corrupto y responsable de desapariciones, torturas y encarcelamiento de los disidentes en condiciones horribles, además del exilio forzoso de millones de venezolanos (y no sólo de una pequeña élite reaccionaria). Parece claro que el objetivo de Trump no es la democracia en América, sino la afirmación de su “zona de influencia” y no ha faltado quien ha subrayado la analogía entre la receta de Trump para Venezuela y la de Eisenhower y luego los demás aliados del bloque occidental con el régimen de Franco: no se trata tanto de restablecer la democracia y sancionar las violaciones de derechos humanos y de los principios del Derecho internacional, como de garantizar la estabilidad de la propia zona de influencia. Pero resulta paradójico que quienes tratan de defender la democracia y los derechos humanos exhiban como razón mayor el principio de soberanía estatal. Porque a la larga, lo verdaderamente realista, lo que garantiza la estabilidad es el respeto, la garantía de los derechos humanos -los de los venezolanos y los iraníes, por ejemplo-, y eso incluye la garantía de su derecho a decidir sobre su propio contrato social y político, sin injerencia ajena.

 

 

* Borrador: no citar sin permiso del autor

[1] Primus in orbe deos fecit timor, ardua caelo / fulmina dum caderent. La cita suele ser atribuida a Petronio 17, 1-3: Loeb Classical Library, Harvard University Press, vol.3, 661. Sin embargo, otros lo atribuyen a Stacio o incluso a Lucrecio, en el Canto V de su  De natura rerum.

[2] La ciudad de Dios, Libro IV, capítulo IV.

[3] Conocidos como los tria iuris praecepta, la cita completa es la siguiente: Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuere. Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, neminem laedere, suum cuique tribuere. (Digesto,1,1,10,1).

[4] Me refiero a la Corte Penal Internacional instituida en el Estatuto de Roma de 1998. Cfr. https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf.

[5] Cfr. Remiro, A., “La desvertebración del Derecho internacional en una sociedad globalizada”, en Cursos euromediterráneos Bancaja de Derecho internacional, 2002, pp. 45 y ss.

[6] Cfr. Menéndez del Valle, E., “Con Trump, Estados Unidos culminará la destrucción del Derecho internacional”, Infolibre 20 de enero de 2026: https://www.infolibre.es/opinion/plaza-publica/trump-estados-unidos-culminara-liquidacion-derecho-internacional_129_1931274.html. El profesor Gil Gandía ha condensado la encrucijada actual de las relaciones internacionales en esta fórmula: “entre la intemperie y la norma”. Cfr. https://www.iri.edu.ar/index.php/2026/01/16/entre-la-intemperie-y-la-norma/.

[7] Cfr. The Washington Post, 21 de enero de 2026:  https://www.washingtonpost.com/world/2026/01/22/trump-board-peace-davos-countries-involved/

[8] Cfr. https://www.whitehouse.gov/articles/2025/03/president-trump-is-leading-with-peace-through-strength/. Sobre ello, remito al minucioso y brillante análisis de la profesora Ramón Chornet, “La paz por medio de la fuerza. La demolición del modelo onusiano”, en la revista Ordine Internazionale e Diritti Umani (OIDU), 2026.

[9] Escrita en 1819, Saint-Simon contrapone el impacto que supondría para Francia perder a sus 50 mejores ingenieros, físicos, médicos, panaderos y artesanos de diferentes ámbitos (“si la nación perdiera a esos hombres, sería un cuerpo sin alma”), con la pérdida de los 50 primeros aristócratas, ministros y altos cargos de la corona, jueces, juristas, etc (“esta pérdida de treinta mil individuos, los más importantes del Estado, sería solamente causa de un dolor puramente sentimental, porque ello no supondría ningún detrimento político para dicho Estado”).

[10] Ferrajoli, L., Derechos y garantías. La ley del más débil, Trotta, 1999. Ferrajoli desarrolló esas tesis en Poderes salvajes. la crisis de la democracia constitucional, Trotta, 2013, hasta culminar en Por una Constitución de la tierra. La humanidad en la encrucijada, Trotta, 2023.

[11] El discurso tuvo una repercusión inmediata como exponente a la vez, del necesario reconocimiento de que el orden global onusiano está quebrado y, al tiempo, como una alternativa, de carácter necesariamente multilateral, frente a la política de desorden global impuesta por Trump. El texto puede leerse en la revista Le grand Continent: https://legrandcontinent.eu/es/2026/01/21/construir-algo-mejor-el-discurso-completo-de-mark-carney-en-davos-x/

[12] “State Terror has arrived”, escribía M Gehlen: cfr. https://www.nytimes.com/2026/01/24/opinion/state-terror-has-arrived.html?smid=nytcore-ios-share.

[13] Cfr. la entrevista de Daniel Drake a J O’Neill en The New Yorker: https://www.nybooks.com/online/2025/02/25/authoritarian-blitz-joseph-oneill/?utm_medium=email&utm_campaign=NYR012426-ONeill-BE&utm_content=NYR012426-ONeill-BE+CID_c56c67bf9fc4a3ed922b4a03093b6bed&utm_source=Newsletter&utm_term=Authoritarian%20Blitz.

[14] En su artículo “Un año bárbaro”, cfr: https://www.levante-emv.com/opinion/2026/01/10/ano-barbaro-125523607.html.

UN FUNERAL ANUNCIADO. LA DERIVA DE LA POLITICA MIGRATORIA Y DE ASILO DE LA UE

No pòdíamos preparar peor este 18 de diciembre, día internacional de los inmigrantes. Ni en la UE como han mostrado sus ministros de Interior, según recordaré enseguida, ni en España, donde al alcalde de Badalona decidió en la víspera dejar en la calle, al raso, a más de 400 personas que ocupaban un local deshabitado: como comentaba mi colega Gemma Pinyol, si tan peligrosos eran esos okupas, ¿es coherente dejarlos en la calle? Se trata una vez más de un. gesto cara a la galería, que explota la presunta tensión entre los buenos vecinos badaloneses y los peligrosos sin papeles para cazar votos…

El mensaje desde Bruselas es más grave, claro: puede decirse que el 9 de diciembre de 2025 el Consejo de Ministros de Justicia e Interior (JAI) ofició el funeral por el débil pacto europeo de migración y asilo, aprobado por el europarlamento en abril de 2024, después de que la presidencia española del segundo semestre anterior obtuviera in extremis un acuerdo de mínimos. 

Reconozcamos ante todo, como subraya siempre otra buena amiga y experta en gestión de asilo, Paloma Favieres, que pocos han leido al completo un Pacto que, en realidad, es un complejo conjunto de instrumentos jurídicos -reglamentos- que no debían entrar en vigor en su totalidad sino hasta dos años después. En cualquier caso, conviene recordar también que, en vísperas de esa aprobación, en enero de 2024, más de 160 ONGs -incluidas las más importantes en el campo de migraciones y asilo- publicaron un manifiesto subrayando sus déficits y solicitando que se corrigieran, bajo el lema común de exigir “Un pacto con derechos”[i].

Si señalo el acuerdo del Consejo JAI de diciembre de 2025 es porque creo que simboliza que la orientación básica del Pacto ha experimentado un punto de inflexión, a mi juicio, decisivo. Es verdad que ese nuevo marco migratorio y de asilo europeo ya fue impugnado en la famosa Carta de los 15[ii]: el 15 de mayo de 2024, 15 gobiernos europeos, tras argumentar que los europeos vivimos un aumento «insostenible» de las “llegadas irregulares de inmigrantes”, y sostener que “la UE y sus Estados miembros deberían mejorar su contribución a unas asociaciones igualitarias, constructivas y amplias con países clave, especialmente a lo largo de las rutas migratorias, cambiando nuestro enfoque de la gestión de la migración irregular en Europa al apoyo a los refugiados, así como a las comunidades de acogida en las regiones de origen”, pidieron a la Comisión que la UE optara por un modelo de externalización del control migratorio y de asilo. Así, apostaban por «mecanismos de centros de retorno» fuera del espacio europeo, «a los que los retornados podrían ser trasladados mientras esperan su expulsión definitiva«. Asimismo, proponían enviar a los solicitantes de asilo a un «tercer país alternativo seguro», y completar allí el proceso para aliviar la presión sobre las autoridades nacionales. Un concepto, este de “país seguro”, que ha sido objeto de reformulación hasta extremos muy discutibles. La propuesta fue recibida favorablemente por von der Leyen, como se pudo apreciar en su discurso de candidatura para su segundo mandato en la Comisión[iii].

Los ministros de interior de la UE han oficiado, como digo, el funeral por este Pacto[iv], al sancionar oficialmente la opción por el modelo Meloni (con la única oposición del gobierno de España, representado por el ministro Marlaska), tozudamente apoyado por el supuesto gobierno socialdemócrata danés que, expresamente, ya se había quedado al meargen del Pacto migratorio y de asilo europeo. Todo ello muestra, como ha evidenciado Gemma Pinyol en una monografía de consulta obligada[v], la creciente influencia del paradigma de securitización.

Esta opción supone también, en no poca medida, el cierre de un debate sobre política migratoria, utilizado en España (como en la UE y en casi en todo el mundo) por todos los partidos políticos, como un ariete electoral, pero con singular extremismo por parte de la derecha, que insiste en cometer el error de utilizar el mismo marco ideológico de la extrema derecha (lo hace von der Leyen y lo repite aquí el PP). Un debate en el que se remachan una y otra vez desde hace más de cuarenta años los mismos tópicos, especialmente en punto a las propuestas sobre los derechos que hay que reconocer a los inmigrantes, con el corolario de la barrera de acceso a la ciudadanía que, no olvidemos, es lo que nos convierte en sujetos plenos de derechos, como a duras penas ocultaba la Declaración de derechos del hombre y del ciudadano de 1789, bajo esa dicotomía. Un debate en el que se orilla que las respuesstas deeben partir de una mirada distinta sobre la migración, la que la entiende como una cuestión radicalmente política, algo muy distinto de la habitual visión  electoralista, la que hace de la migración munición partidista

En todo caso, es evidente el punto de inflexión que vivimos hoy en toda Europa en materia de política migratoria y de asilo: basta con leer las propuestas que han avanzado la mayoría de los partidos de derecha tradicional. Así lo ha hecho también en España el PP[vi], con un programa centrado en la imagen de mano dura, expulsiones, insistencia en los fobotipos que vinculan inmigración y delincuencia y que se condensaría en lemas como “la nacionalidad española no se regala, se merece» o “no se pueden convertir barrios enteros en lugares irreconocibles de nuestro país”[vii]. Punto por punto, es la misma propuesta defendida por VOX. Así, en mayo de este año 2025, la portavoz parlamentaria de Vox, la diputada Pepa Millán, defendió que «la nacionalidad no puede ser en ningún caso un regalo» y, por otra parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha insistido reiteradamente en la necesidad de que «que nuestras calles sigan siendo y pareciendo calles de España»[viii].

Bajo la apariencia de “nuevas propuestas”, este modelo de política migratoria contiene un conjunto de ideas y propuestas que no sólo son muy viejas, sino poco adecuadas al contexto en el que vivimos y, añadiré, de escaso fundamento constitucional, tanto por lo que se refiere a España como a la propia UE. Son políticas que dejan ver por sus costuras tres ejes del discurso migratorio y también del furor en el desmantelamiento del derecho de asilo: racismo, la xenofobia y la explotación de seres humanos. Por eso, sigo reteniendo el preciso dictum de Bauman -la industria del desecho humano– junto al de Mbembé (la política migratoria y de asilo como necropolítica) y al grito de Francisco (el pecado de la indiferencia ante el trato inhumano a inmigrantes y refugiados). Así, se evidencia un preocupante desconocimiento, si no incluso una renuncia a las exigencias del Estado de Derecho plasmadas aún en la legalidad vigente, por ejemplo, en materia de expulsiones o de arraigo[ix], e inciden en la hipérbole sobre la presencia en España y en Europa de ciudadanos extranjeros, en particular, de inmigrantes y aspirantes a refugiados que proceden de Africa, Asia y América latina[x].

En lo que sigue, quiero discutir un argumento que no ha merecido apenas atención, pese a que a mi juicio en él se condensa el contrato social y político que se ofrece a los inmigrantes: el acceso a la ciudadanía y con ello a la condición plena de sujeto de Derecho y de sujeto político. Si escojo esta cuestión, precisamente en la hora en que se oficia el funeral, no es por gusto por la paradoja, sino porque sigo convencido de que el acceso de los inmigrantes a la ciudadanía es el emblema del modelo de contrato social y político que deberíamos ofrecer, en un mundo en el que las migraciones son un hecho social constitutivo, ineliminable, y nuestras sociedades son crecientemente plurales, también debido a ese fenómeno. Son realidades, insisto, hechos sociales, que nos obligan a reconocer que el tópico según el cual sólo tiene derecho a ser ciudadano quien ha nacido como tal, es insostenible y evidencian que el fenómeno migratorio tiene una dimensión política radical, porque pone de manifiesto la desigualdad constitutiva del orden global y porque, de puertas para adentro, reta nuestra visión de la democracia, al hacernos retornar al déficit que en otros ensayos he calificado como «síndrome de Atenas». una democraia perfecta para sus sujetos privilegiados, pero que sobrevive desde un modelo de exclusión (el de quienes residen sin ser sujetos de iguales derechos y, menos aún, sujetos políticos, ciudadanos), inaceptable. El mismo déficit que es el pecado original de la democracia americana, construida sobre el supremacismo y la esclavitud de los afroamericanos y luego de los asiáticos y los latinos. Frente a la concepción de la ciudadanía como un santuario, una condición a preservar para los que somos ciudadanos por nacimiento, y que sólo excepcionalmente se puede ofrecer a otros, tras pasar por un largo y complejo proceso, se impone a mi juicio una noción de ciudadanía abierta y accesible mediante procedimientos sencillos, para todo el que pruebe la voluntad de adquirirla y ejercerla en condiciones de igualdad[xi]. Y esa, mal que les pese, es la clave para otra política migratoria que resulte eficaz y no ponga en cuestión la cohesión social.  

La inalcanzable ciudadanía.

Recordaré que, en España, el acceso a la ciudadanía viene condicionado por un sistema de acceso a la nacionalidad que, además de un requisito temporal de residencia previa y continuada, exige la demostración de integración y buena conducta cívica, que se acredita mediante exámenes de conocimientos constitucionales y socioculturales y del idioma español (cuando no es la primera lengua), así como la ausencia de antecedentes penales. Es, a mi juicio, un conjunto desproporcionado de exigencias, como trataré de mostrar[xii].

  1. El primero de los requisitos de acceso a la nacionalidad, tal y como se recoge en la mayoría de los ordenamientos, es el de haber cumplido con un plazo temporal de residencia estable y legal. Me parece razonable exigirlo, aunque considero desmesurado el plazo de 10 años (porque hoy día es excesivo respecto a las condiciones de un mundo como el nuestro, en el que la movilidad es un rasgo básico). Por eso, he defendido y defiendo el establecimiento de un plazo más breve, entre 3 y 5 años, que me parece suficientemente acreditativo de la voluntad de residencia estable. Añadiré que los beneficios que se atribuyen hoy a quienes proceden de países hispanoamericanos, en lo relativo al acortamiento temporal de los plazos de residencia, constituyen una discriminación que puede llegar a considerarse justificada histórica y culturalmente.
  2. El segundo requisito que se suele proponer y con el que, sin embargo, estoy en profundo desacuerdo, es el que se concreta en los test de “integración”, como medio para demostrar el conocimiento de la legalidad constitucional y de la cultura española (sic), incluidas nuestras costumbres, que ya operan en materia de acceso a la residencia. Veamos su crítica.
    • Por lo que toca al requisito de conocimiento de la legalidad constitucional[xiii], hay que insistir en que parte de un equívoco bien conocido, el que equipara conocimiento y práctica: conocer la ley no es garantía de cumplirla. De hecho, un aforismo bien conocido reza, en sentido contrario, que la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento. Y, como se suele subrayar en criminología, los delincuentes más hábiles conocen al dedillo la legislación penal. En realidad, detrás de esta exigencia yace una concepción que pone bajo sospecha de delincuencia a todo aquel que no tiene la condición de español (en realidad, no a todos los extranjeros, sino a los inmigrantes que no proceden de un país de la UE), so pretexto de que, al no haber nacido aquí, no conocen la ley. Lo importante, claro, es que ese planteamiento supone la inversión del principio de inocencia y de libertad, conforme al cual a todos se nos presupone que actuamos conforme a la ley, hasta que un juez, mediante sentencia firme, dicte que la hemos violado. Por eso, suscribo la tesis de que a un inmigrante no se le debe exigir en punto a la legalidad constitucional lo que no se exige a un español: aquí lo que debe imperar, insisto, es el principio liberal de la presunción de cumplir con la legalidad, sólo desvirtuable mediante una sentencia firme que dicte que se ha infringido. ¿O es que los españoles de nacimiento llevan consigo en su ADN un plus de conocimiento de la Constitución y las leyes y de lo que se llama la cultura española que, por cierto, es muy plural e incluso contradictoria? Valga como ejemplo un pequeño experimento que durante años he propuesto al público de conferencias y coloquios: someterse a un test de tres preguntas sobre la Constitución. Puedo asegurarles que el resultado es que más del 90% suspendería ese test. Eso sí, la diferencia es que quienes han nacido españoles no perderían la nacionalidad al no superar ese test, lo que comporta reconocer que, para los nacidos españoles, la nacionalidad es un regalo que no han necesitado merecer. Lo que sí es recomendable, tanto para los españoles como para los que no lo son, es la promoción del conocimiento básico de la Constitución y las leyes, junto al conocimiento básico del reconocimiento y de la garantía de los derechos humanos y las obligaciones que ello comporta, lo que, por cierto, es el contenido de lo que conocemos como “educación para la ciudadanía”. Algo parecido se debería ofertar y de forma gratuita a todos los inmigrantes, al menos a los residentes legalmente en nuestro país.
    • En cuanto al argumento de la necesidad de comprobar la integración cultural, el conocimiento de costumbres o prácticas culturales, una condición vigente en no pocos países y que aquí hemos copiado hasta la desmesura (por ejemplo, con leyes autonómicas de «identidad propia», cuyo conocimiento se supone que da puntos a los inmigrantes), no me parece condición exigible. Lo que es verdaderamente el núcleo de la cuestión tiene poco que ver con el conocimiento cultural que se acredita en un test, porque de lo que se trata no es tanto de conocer la costumbre de irse de cañas y tapas, sino del respeto a las costumbres o prácticas culturales de los demás. Por eso, es falaz al tópico de que los que llegan deben abandonar sus costumbres y hacer suyas las nuestras, “lo nuestro”. Lo realmente exigible no es el conocimiento ni la práctica de «lo nuestro», sino el respeto a las prácticas y costumbres de los otros, las nuestras y las de todos, siempre -eso sí- que no dañen los bienes jurídicos (los derechos) de terceros. Aceptaré el importante matiz de que resulta aconsejable, sí, que se conozcan las prácticas y costumbres del lugar que uno habita, pero eso no obliga a hacerlas propias, sino que obliga a respetar esas costumbres y prácticas,  como las de cualquiera. Porque en materia de prácticas y costumbres culturales, sólo es exigible lo que impone o prohibe la ley. Y lo es para todos, españoles y extranjeros. En lo demás, libertad.

Lo que quiero decir con todo ello es que eso de «estar integrado», es mucho más complejo de lo que nos dicen esas propuestas migratorias del PP, e incluso la legalidad vigente. En primer lugar, porque la integración (salvo que hablemos de asimilación impuesta y exijamos la aculturación, el abandono de la cultura propia por parte de quien llega a un lugar distinto del de su origen) es un proceso en el que caben muchas idas y vueltas: por ejemplo, es perfectamente posible no querer abrazar para sí las prácticas y costumbres del lugar después de haberlas conocido, e incluso abandonarlas después de haberse sumado a ellas durante un tiempo para demostrar esa voluntad de “integración”, sobre todo si se ha constatado que lo que a uno le han vendido como condición de integración no es suficiente para vivir en igualdad de derechos. Además, eso de la integración es un proceso recíproco, no unilateral. No se trata de que “ellos” se integren en “lo nuestro”, porque no hay relación unidireccional: cuando dos se encuentran, cambian los dos, y de lo que se trata es de negociar mutuamente las condiciones de convivencia. Segundo, y fundamental, porque como he reiterado, salvo el cumplimiento de las leyes y, como diré enseguida, una competencia lingüística básica, nada más debe ser exigible bajo sanción, para adquirir la condición jurídica de ciudadano y tampoco, a mi juicio, la de vecino. En definitiva, la mejor definición que conozco de integración es la de vivir en condiciones de igualdad.

  • Eliminado, pues, el requisito del conocimiento de la legalidad constitucional y de las costumbres y cultura del país, a mi juicio sólo hay una segunda condición exigible para el acceso a la nacionalidad, junto al plazo temporal de residencia: acreditar un conocimiento suficiente de la lengua, porque sin un dominio básico de la lengua es muy difícil convivir de modo efectivo[xiv]. Por cierto, la inmensa mayoría de los inmigrantes se esfuerzan en ello y con buenos resultados, aunque parece aconsejable ofrecer, como de hecho se hace, cursos de aprendizaje. Cabe plantear una cuestión: habida cuenta de que en nuestro país existen en varias Comunidades Autónomas dos lenguas oficiales y una de ellas es definida como propia, ¿qué lengua hay que exigir? Mi respuesta es sencilla:  aquella cuyo conocimiento es un derecho y deber de todos los españoles, el español. En el caso de las Comunidades Autónomas con dos lenguas oficiales (y una de ellas considerada propia), entiendo que el requisito lingüístico como exigencia para el acceso a la nacionalidad se debe entender cumplido con el conocimiento del español, sin perjuicio de que se pueda considerar un mérito relevante el conocimiento de la lengua propia. Pero ese conocimiento de la lengua propia no puede elevarse a la condición sine qua non para el acceso a la nacionalidad, a la ciudadanía, por la sencilla razón de que la nacionalidad y la ciudadanía es la española. Las exigencias que quieren imponer a ese respecto partidos independentistas supremacistas como Junts (en su versión del acuerdo de cesión de competencias migratorias a Cataluña que espero que no sea la suscrita por el gobierno), o Aliança Catalana, esto es, condicionar no ya el acceso a la ciudadanía, sino incluso la entrada de inmigrantes en Cataluña a su conocimiento de la lengua catalana, son a mi juicio inconstitucionales, porque sólo tendrían cabida si Catalunya fuera un Estado, o si el nuestro fuera un modelo confederal estricto: ninguna de las dos hipótesis tienen cabida en el marco constitucional vigente.

 

 

Coda sobre las consecuencias negativas del actual modelo europeo

Este modelo demediado de contrato social y político, tiene importantes consecuencias negativas, para el conjunto de la UE y también para nuestro país. Ante todo, porque ahonda en el detrimento del prestigio de la función de la UE como soft power en el orden global[xv], una condición que había logrado en buena medida merced al hecho de ser primer agente internacional de ayuda humanitaria y de cooperación en desarrollo. Pero es que incluso merma su potencia comercial, en términos de egoísmo racional, ya que implica un verdadero suicidio demográfico, con obvias consecuencias laborales, económicas y de financiación.

El resultado es que Europa se aleja cada vez más de los socios potenciales en el sur global (cada vez más necesarios, ante la evidencia de la posición hostil de los EEUU de Trump), al reforzar el estereotipo de Europa como potencia encastillada, egoísta, neocolonial. Europa desdibuja su atractivo como modelo de sociedad libre, defensora de la democracia liberal y de la legalidad internacional, para asimilarla a la condición de vasallaje del imperio americano de Trump. El racismo y la xenofobia contra inmigrantes y asilados (lo de “racismo migratorio” se queda corto), con su tendencia creciente a las medidas extremas de deportación y externalización (deportaciones, campos de concentración, incluso “indefinida” en terceros países presentados como seguros, sin reparar en su condición de dictaduras), erosiona gravemente los logros del modelo europeo, de la libertad de circulación de residentes al mercado interior (sobre todo como mercado laboral igualitario, no fragmentado), de su política social, que había configurado un Estado de bienestar envidiado en el mundo.

Si hay un alma europea a reivindicar, reside en ese núcleo de defensa de la igualdad de derechos y libertades, del Estado de Derecho, de la democracia liberal y de las políticas sociales. La encrucijada en que vivimos nos ofrece -recordemos a Hölderlin- la oportunidad para salvarla, y eso sólo será posible si no nos encastillamos en el privilegio para los europeos de souche y nos abrimos a compartirla con aquellos que son atraídos por ella y quieren trabajar con nosotros en condiciones de igualdad de derechos y deberes, y así, en lugar de abandonarla, hacerla mejor.

 

 

 

 

[i] El manifiesto de esas ONGs puede consultarse en https://picum.org/blog/81-civil-society-organisations-call-on-meps-to-vote-down-harmful-eu-migration-pact/. Recomiendo la lectura de la excelente crónica de Ludovic Lamant para Mediopart acerca de las votaciones en el Parlamento europeo: https://www.infolibre.es/mediapart/parlamento-europeo-aprueba-escasa-mayoria-polemico-pacto-migratorio-da-alas-ultraderecha_1_1763961.html. Tras la aprobación, se multiplicaron los análisis críticos: cfr. por ejemplo el informe final sobre el pacto, publicado por el European Council on Refugees and Exile (ECRE) (https://ecre.org/wp-content/uploads/2020/11/NGO-Statement-Pact-Oct-2020-ES-FINAL.pdf); el de la red europea del servicio de jesuitas sobre refugiados (JRS) (https://sjme.org/wp-content/uploads/2024/04/2024.04.10-Joint-Statement-Pact-vote-ES.pdf); o, en España, el de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) (https://www.cear.es/wp-content/uploads/2024/04/Pacto-Europeo-de-Migracion-y-Asilo-retos-y-amenazas.pdf).  Por mi parte, publiqué un análisis crítico en la revista Pensamiento crítico: https://www.pensamientocritico.org/nuestro-waterloo-argumentos-criticos-y-propuestas-ante-el-pacto-europeo-de-migracion-y-asilo/.

[ii] Cfr. la noticia en https://es.euronews.com/my-europe/2024/05/16/15-paises-de-la-ue-piden-la-externalizacion-de-la-politica-de-migracion-y-asilo. Encabezados por Dinamarca, suscribían la carta los gobiernos de Bulgaria, la República Checa, Estonia, Grecia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Malta, los Países Bajos, Austria, Polonia, Rumanía y Finlandia.

[iii] https://commission.europa.eu/about/commission-2024-2029_es.

[iv] Cfr. https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/jha/2025/12/09/.

[v] La securitización de la política de inmigración y asilo de la Unión Europea (1999-2024), Tirant 2025

[vi] Las diferencias entre los programas de Vox y el PP en materia de política migratoria son ahora muy escasas: básicamente se centran en que el PP no habla de “reemigración”, ni impone expulsiones colectivas, y respecto a los menores inmigrantes no acompañados acepta una redistribución desde Canarias (y Ceuta y Melilla) a las diferentes CCAA, aunque eso sí, con otros criterios que los del gobierno de Sánchez. Además, el PP acepta el Pacto europeo de migración y asilo y propone el refuerzo de FRONTEX. El PP no excluye la posibilidad -excepcional- de procesos de regularización y tampoco se opone absolutamente al procedimiento de arraigo, aunque con un marco jurídico más estricto que el que está vigente. Me parece interesante el informe de Montse Hidalgo y J.Antonio Alvarez, publicado en El país, el 18 de octubre, con el título “¿A cuántos extranjeros en España afecta el plan del PP? Así es el status de siete millones de personas en España”, basado en datos del INE y del Observatorio Permanente de la Inmigración. Cfr. https://elpais.com/espana/2025-10-18/a-cuantos-extranjeros-afecta-el-plan-del-pp-asi-es-el-estatus-de-siete-millones-de-personas-en-espana.html.

[vii] Vid: https://www.pp.es/actualidad/articulos/feijoo-propone-reforzar-los-requisitos-para-que-un-inmigrante-adquiera-la-nacionalidad-la-nacionalidad-espanola-no-se-regala-se-merece/.

[viii] La portavoz de Vox hizo esta afirmación a propósito de la reforma del reglamento de extranjería, en mayo de este año. Así la recogía El Diario Vasco: https://www.diariovasco.com/sociedad/sucesos/nacionalidad-puede-ningun-regalo-20250520124508-vi.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.diariovasco.com%2Fsociedad%2Fsucesos%2Fnacionalidad-puede-ningun-regalo-20250520124508-vi.html. La frase de Abascal ha sido recogida por los medios en diferentes ocasiones. Por ejemplo, en Onda Cero, en agosto de este año: https://www.ondacero.es/noticias/espana/abascal-defiende-que-espana-debe-proteger-identidad-porque-alandalus-calles-deben-parecer-espana_2025080868961f5351d2460c80751236.html).

[ix] Para referirme sólo al arraigo, recordaré que hoy existen tres vías a través de las cuales los inmigrantes pueden acceder a la residencia por arraigo: la familiar (basado en un vínculo con un ciudadano español), la social (basado en el empleo y/o medios económicos) y el arraigo “formativo” creado en 2022 y que, a partir del nuevo Reglamento de extranjería (RD 1155/2024) ha pasado a denominarse arraigo socio-formativo (que exige un informe de “integración social” y la continuidad en el proceso de formación, por dos años): esta modalidad, hoy, da pie a más de 70000 permisos de residencia, entre los más de 350.000 permisos por arraigo, es decir, un 20%. Cada una de ellas establece requisitos propios en cuanto al plazo previo de residencia que hay que acreditar, los vínculos (familiares o de formación) y la demostración de empleo o de medios económicos. A este respecto me parece ilustrativo el informe

[x] La estadística muestra que en España residen hoy, aproximadamente, nueve millones y medio de extranjeros. De ellos, casi tres millones llegaron después de la pandemia, esto es, en apenas cuatro años. Siete millones de esos extranjeros no tienen nacionalidad española, pero su status es muy diferente pues, junto a los ciudadanos comunitarios que en rigor no debemos llamar extranjeros (algo más de dos millones), se encuentran los ciudadanos extracomunitarios con permisos de residencia (de los que casi un millón setecientos mil tienen permiso de residencia de larga duración y un millón seiscientos mil cuentan con permiso de residencia temporal o de protección internacional), a los que hay que sumar quioenes están pendientes de la solicitud de asilo (, los solicitantes de asilo, los estudiantes y los inmigrantes en situación irregular, cuyo número es difícil de establecer por razones obvias, pero se calcula superior al medio millón. Como es sabido, el Congreso registró una iniciativa legislativa popular para la regularización de estos últimos, que se encuentra hoy paralizada.

[xi] Son tesis que he defendido en diferentes trabajos sobre la cuestión del acceso de los inmigrantes a la nacionalidad y a la ciudadanía, escritos a lo largo de veinticinco años. Por ejemplo, “Inmigración y ciudadanía: invisibilidad, presencia, permanencia”, Anales Catedra Francisco Suárez, 2003, nº 37, pp. 81-103, https://revistaseug.ugr.es/index.php/acfs/article/view/1087/1285; también, “La ciudadanía para los inmigrantes: una condición de la Europa multicultural”, EIKASIA, nº 4, 2006, pp.1-19, https://old.revistadefilosofia.org/ciudadania.pdf, o “La ciudadanía basada en la residencia y el ejercicio de los derechos políticos de los inmigrantes”, Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, nº 13, 2006, https://www.uv.es/CEFD/13/delucas.pdf; más recientemente, “Negar la política, negar sus sujetos y sus derechos: las políticas migratorias y de asilo como emblemas de la necropolítica”,  Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, nº 36, 2017, https://turia.uv.es/index.php/CEFD/article/view/11217/pdf, o “Sobre migraciones y Constitución: extranjeros e inmigrantes en la Constitución española de 1978”, Revista Peruana de Derecho Constitucional, nº 11, 2018, pp. 99-112, https://revista.tc.gob.pe/index.php/revista/article/view/271.

[xii] Todo ello no quiere decir que el número de extranjeros que acceden a la nacionalidad española sea particularmente bajo, en términos absolutos. En los últimos 15 años, entre 2009 y 2024 han obtenido la nacionalidad por residencia más de dos millones de personas. Pero hay que subrayar que más de la mitad (55%) procedían de países latinoamericanos incluidos en la categoría de “Iberoamérica plus”, que permite solicitar la nacionalidad tras dos años de residencia legal y continuada en el país.

[xiii] Insisto en que no hablo aquí de la situación jurídica de los ciudadanos de la UE residentes en España que, a todos los efectos, no son extranjeros y tienen reconocido el ejercicio de derechos políticos: conforme al artículo 22.1 del TFUE, tienen el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo y en las elecciones municipales del Estado miembro en el que residen, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado. Sobre las normas relativas a la participación en las elecciones municipales y en las elecciones al Parlamento Europeo, es necesario tener en cuenta la Directiva 94/80/CE, de 19 de diciembre de 1994 , del Consejo y la Directiva 93/109/CE, de 6 de diciembre de 1993 , también del Consejo. Por lo que se refiere a los inmigrantes, hay que reconocer que la Constitución propicia el establecimiento de un sistema de reciprocidad, que, sin embargo, en la práctica tiene una utilidad reducida para la mayor parte de los inmigrantes residentes legales en España. Sobre ello, puede verse J de Lucas, 2018: “Sobre migraciones y Constitución: extranjeros e inmigrantes en la Constitución española de 1978”, Revista Peruana de Derecho Constitucional, nº 11, 2018, pp. 99-112, https://revista.tc.gob.pe/index.php/revista/article/view/271.

[xiv] El programa del PP no exige un nivel de máximos respecto al requisito lingüístico, pues propone un B2 como suficiente.

[xv] Cfr. el clásico de Anu Bradford, The Brussels effect, how the EU rules the world, Oxford, 2020.

¿POR QUÉ AVANZA LA EXTREMA DERECHA ENTRE LOS JÓVENES, 50 AÑOS DESPUÉS?

Este aniversario redondo, medio siglo de la muerte del dictador, ha propiciado todo tipo de balances sobre los cambios que hemos vivido en España en cincuenta años. Y hay un dato preocupante que emerge, el ascenso entre los más jóvenes de la adhesión o al menos la simpatía hacia postulados de la extrema derecha. Por más que el fenómeno parezca alinearnos con una tendencia global, parece incontestable la tesis de que sectores muy significativos de la juventud se muestran no sólo críticos hacia la democracia liberal, sino abiertamente próximos al modelo franquista, lo que es un rasgo particular de nuestro país. Veamos algunos datos.

Si acudimos al barómetro de octubre de 2025 del CIS (https://www.rtve.es/contenidos/documentos/barometro_cis_octubre_2025.pdf) parece claro que uno de cada cinco ciudadanos opina que los años de dictadura franquista fueron “buenos” o “muy buenos”. El 16 % piensa que la democracia está siendo peor que la dictadura. Por género, un 27 % de los hombres cree que la dictadura fue buena (sólo lo sostiene un 13% de las mujeres). Entre los más jóvenes, un 32,8 % (es decir, uno de cada 3) menores de 18 años ve con buenos ojos a Francisco Franco y uno de cada 4 chicos de 18 a 24 años votaría hoy a Vox, la misma cantidad de votos que PP y PSOE juntos. Es evidente la considerable pérdida del apoyo a los partidos de izquierda y también a la derecha tradicional. Por su parte, la más reciente serie de sondeos de 4DB (https://elpais.com/espana/2025-11-20/una-cuarta-parte-de-los-jovenes-ve-preferible-en-determinadas-circunstancias-un-regimen-autoritario.html) coincide en el importante porcentaje de jóvenes (casi un 20%) acerca del régimen franquista y muestra que VOX es el partido que tiene más apoyos entre ese sector de la población: le votarían alrededor del 30% de los menores de 35 años, frente al 16% de la gente de 50 años y solo un 10% de los mayores de 65 años. Ilustra esa opción ideológica la respuesta de los votantes de VOX a cuáles son sus principales preocupaciones: para el 47%, de los votantes de VOX los dos principales problemas de nuestro país son la inmigración y el rechazo al gobierno y de los partidos políticos; en tercer lugar, y a bastante distancia (un 19%), la corrupción. Sumemos a esos rasgos el porcentaje creciente de los jóvenes que rechazan el feminismo y sostienen tesis machistas.

Se han propuesto algunos análisis interesantes para explicar esta evolución. Por ejemplo, éste, que explora razones multifactoriales, también entre los propios jóvenes de origen inmigrante: https://elpais.com/eps/2025-11-02/los-jovenes-son-mas-de-derechas-que-nunca-estas-son-sus-razones.html. A mi juicio, que no es el de un experto en sociología juvenil, hay dos claves tradicionales que siguen teniendo valor para explicar el hecho de que una parte considerable de la juventud se adhiera hoy a postulados ideológicos y políticos de extrema derecha, un fenómeno que, también en mi opinión, es hasta cierto punto lógico: la clásica reacción antisistema y la frustración de sus expectativas ante lo que les ofrecen el gobierno de coalición y los partidos políticos clásicos de derecha y de izquierda en España, hoy (frustración que alcanza desde luego a jóvenes españoles cuyas familias son inmigrantes de origen). En realidad, los dos argumentos confluyen en el mismo: parece crecer entre los jóvenes la opinión de que el sistema no les ofrece nada más que frustración y condiciones más difíciles que las que tuvieron sus padres.

En efecto, si nos fijamos en el indicador del acceso a la vivienda, que es probablemente el más revelador sobre lo que define hoy el status social para las nuevas generaciones, y también define sus posibilidades de acudir a la movilidad social ascendente, el panorama es desolador. Después de 7 años de un gobierno de coalición de izquierda (y de los dos años de absoluta ineficacia del ministerio creado por Pedro Sánchez en 2023, que recuerdan a la misma ineficacia de la iniciativa del gobierno Zapatero en idéntico sentido) el acceso de los jóvenes a la vivienda ha empeorado (es cierto que también ha golpeado durísimamente sobre los alquileres y desahucios que afectan a personas mayores). Es decir, desde la izquierda no se está ofreciendo soluciones reales a la nueva generación respecto a lo que viven como una necesidad que condiciona su futuro. Pero hay que añadir que la oposición de derecha -el PP y no digamos nada de Vox-, tampoco ofrece absolutamente nada útil para los más jóvenes en relación con la cuestión del derecho a la vivienda. Ni la izquierda -menos aún, los partidos de derecha- han ofrecido soluciones convincentes y eficaces frente al destrozo que ha supuesto en el acceso a la vivienda la irrupción de los fondos buitre y del negocio del alquiler turístico. Y no hablemos e lo que ello supone en términos del incremente exponencial de los precios de alquiler y vivienda en las grandes ciudades o en entornos turísticos como Ibiza.

Unamos a ello la frustración que supone que los jóvenes, que en un alto porcentaje cuentan con estudios especializados y dominio de idiomas, se vean abocados al subempleo, es decir, a trabajos que poco o nada tienen que ver con sus competencias y, además, con muy bajas retribuciones salariales. A propósito de esa sobrecualificación, es interesante destacar que, frente a un tópico arraigado, afecta en mayor grado a los trabajadores inmigrantes que a los nacionales (https://elpais.com/economia/2024-04-18/espana-desperdicia-el-talento-extranjero-uno-de-cada-dos-inmigrantes-trabaja-por-debajo-de-su-cualificacion.html#?rel=mas). En cualquier caso, lo que parece difícil de negar es que el gobierno de coalición no ha conseguido mejorar las expectativas de movilidad social ascendente entre los más jóvenes.

En ese posicionamiento próximo a la extrema derecha también influye, como se detecta en los sondeos de opinión a los que me referí al principio, una educación muy deficiente en términos de conocimiento del pasado y del contexto histórico, algo absolutamente necesario para poder contrapesar el adanismo y presentismo que suele caracterizar a las generaciones jóvenes. Y añadiré que, en buena medida, les hemos deseducado, al fomentar la idea de que cualquier expectativa o deseo que tengan es un derecho, un derecho individual que ven que se les niega, lo que potencia la frustración. Aterrizar en esa dosis de realismo -de negación de las expectativas a las que se cree tener derecho, insisto- es un baño de pesimismo que contribuye al rechazo del sistema.

No quiero dejar de subrayar otro factor que propicia asimismo la respuesta antisistema, incluso en términos de violencia. Me refiero al cambio cultural e ideológico en torno a la violencia, que está presente en los discursos de odio y polarización que caracterizan buena parte del contenido de las redes, que a su vez son la principal fuente de información de una parte importante de esa juventud. Pongo el ejemplo de la violencia sexual y la cosificación de las mujeres que se detecta en un porcentaje significativo de los jóvenes, algo tiene que ver con ese avance del rechazo del feminismo, que no es otra cosa que un rechazo de la igualdad entre hombres y mujeres. A mi juicio, esto no puede desligarse del acceso generalizado a un tipo de pornografía desde edades muy tempranas (una pornografía que reduce a las mujeres a objeto y que asocia el sexo a conductas violentas), muy presente en las redes y que incluso ha sido ensalzado en términos de libertad necesaria por cierta cultura seudoprogre. El vínculo entre violencia, falta de educación e información manipulada, y la generalización del sentimiento de frustración me parecen, pues factores muy importantes que explican por qué una parte de esa juventud se inclina por postulados de extrema derecha, abrazando el negacionismo, la ideología patriarcal o la causa antiinmigración, que ofrece un culpable muy fácil sobre el que volcar esa frustración.

Para terminar este repaso de los motivos que pueden confluir en el incremento de la opción ideológica de extrema derecha entre las generaciones más jóvenes señalaré un fenómeno en cierto modo paradójico: no se puede dejar de reconocer que un importante sector de la juventud, hoy, se muestra como una poderosa fuerza positiva, solidaria. Eso se manifiesta, por ejemplo, en el voluntariado, en la militancia en ONGs. Todos tenemos la imagen de miles de jóvenes acudieron a limpiar los terribles efectos de la riada en poblaciones de Valencia y que supuso un contundente desmentido al calificativo de «generación de cristal», a la supuesta indiferencia y pasividad de los jóvenes frente a los problemas ajenos. Ahora bien, me parece que al mismo tiempo son constatables los intentos de manipular, de engañar a ese sector, para contraponer esa energía solidaria con «la vieja política», con argumentos del tipo «sólo el pueblo salva al pueblo», que son antipolítica pura, y que degradan los mecanismos institucionales de la democracia y del Estado de Derecho, propios de los partidos clásicos de derecha e izquierda. Si unimos a eso los casos de corrupción, tenemos las condiciones que alimentan la antipolítica propia de los partidos de extrema derecha (también de la demagogia de partidos de extrema izquierda), que se presenta con los rasgos de antisistema. La juventud solidaria (también una parte de la juventud ecologista, por ejemplo), preocupada por exigencias a las que no responde la política clásica, porque los partidos tradicionales niegan una y otra vez, o incumplen de forma desvergonzada medidas imprescindibles para preservar el equilibrio ecológico, abandona el campo clásico de la política y deja de ser una fuerza positiva, al mismo tiempo que deja de ser cantera de los partidos de izquierda.

Encauzar políticamente la solidaridad, vincularla a los principios del Estado de Derecho, a la lucha por los derechos en el ámbito institucional es un reto para la política y, desde luego, para la política de la izquierda. Quizá una pista pueda encontrarse en la exitosa estrategia (también mediática) de Zhoran Mamdani, que se ha presentado como un socialista y un demócrata que da prioridad a los problemas reales, y no a las proclamas del wokismo. Por supuesto que atiende y defiende la diversidad social, pero enfoca su programa a satisfacer necesidades reales (vivienda, salud, movilidad) y sobre todo de los más vulnerables. Es la actualización del asunto clave, para la izquierda, y para todos, jóvenes y mayores: la igualdad. Comenzando por la igualdad en el acceso a la satisfacción de necesidades básicas, algo que no garantiza la supuesta meritocracia, ni los extintos ascensores sociales.

DE NUEVO, SOBRE LOS REQUISITOS DE ACCESO A LA NACIONALIDAD (Y CIUDADANÍA) ESPAÑOLA

 

Ciudadanía española: el contrato social y político

La «nueva» política migratoria del PP[1], presentada el pasado 14 de octubre por su líder, el señor Núñez Feijoo, trata de enviar un mensaje de firmeza y rigor, que se condensaría en lemas como “la nacionalidad española no se regala, se merece» o “no se pueden convertir barrios enteros en lugares irreconocibles de nuestro país”[2]. Recordaré que en mayo de este año la portavoz parlamentaria de Vox, la diputada Pepa Millán, defendió que «la nacionalidad no puede ser en ningún caso un regalo» y, por otra parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha insistido reiteradamente en la necesidad de que «que nuestras calles sigan siendo y pareciendo calles de España»[3]. Son argumentos que refuerzan la tesis de que la política migratoria y de asilo del PP se aproxima muy sustancialmente a la de Vox[4].

A mi juicio, este “nuevo” modelo de política migratoria contiene un conjunto de ideas y propuestas que no sólo son muy viejas, sino poco adecuadas al contexto en el que vivimos y, añadiré, de escaso fundamento constitucional, por no decir abiertamente discriminatorias y sin justificación adecuada. Además, las propuestas a veces muestran un preocupante desconocimiento de la legalidad vigente, por ejemplo, en materia de expulsiones o de arraigo[5], e inciden en la hipérbole sobre la presencia en España de ciudadanos extranjeros, en particular, de inmigrantes que proceden de Africa, Asia y América latina[6].

En estas páginas, quiero centrar mi crítica a este modelo de política migratoria en lo que se refiere concretamente al acceso a la nacionalidad que, no lo olvidemos, es la llave de la condición de ciudadanía y con ello de los derechos políticos. En definitiva, la cuestión del acceso de los inmigrantes a la ciudadanía es la de qué modelo de contrato social y político debemos ofrecer en un mundo en el que las migraciones son un hecho social constitutivo, ineliminable, y nuestras sociedades son crecientemente plurales, también debido a ese fenómeno, nos obliga a reconocer que el tópico según el cual sólo tiene derecho a ser ciudadano quien ha nacido como tal, es insostenible. Frente a la concepción de la ciudadanía como un santuario, una condición a preservar para los que somos ciudadanos por nacimiento, y que sólo excepcionalmente se puede ofrecer a otros, tras pasar por un largo y complejo proceso, se impone a mi juicio una noción de ciudadanía abierta y accesible mediante procedimientos sencillos, para todo el que pruebe la voluntad de adquirirla y ejercerla en condiciones de igualdad[7].

Para el acceso a la nacionalidad, nuestro sistema vigente exige, además de un requisito temporal de residencia previa y continuada, la demostración de integración y buena conducta cívica, que se acreditan mediante exámenes de conocimientos constitucionales y socioculturales, e idioma español (cuando no es la primera lengua) y la ausencia de antecedentes penales. En lo que sigue recordaré algunas consideraciones sobre lo desproporcionado de ese modelo de requisitos para el acceso de los inmigrantes a la nacionalidad[8].

 

Los requisitos de acceso a la nacionalidad.

El primero de los requisitos de acceso a la nacionalidad, tal y como se recoge en la mayoría de los ordenamientos, es el de haber cumplido con un plazo temporal de residencia estable y legal. Me parece razonable exigirlo, aunque considero desmesurado el plazo de 10 años (porque hoy día es excesivo respecto a las condiciones de un mundo como el nuestro, en el que la movilidad es un rasgo básico). Por eso, he defendido y defiendo el establecimiento de un plazo más breve, entre 3 y 5 años, que me parece suficientemente acreditativo de la voluntad de residencia estable. Añadiré que los beneficios que se atribuyen hoy a quienes proceden de países hispanoamericanos, en lo relativo al acortamiento temporal de los plazos de residencia, constituyen una discriminación que puede llegar a considerarse justificada histórica y culturalmente.

El segundo requisito que se suele proponer y con el que, sin embargo, estoy en profundo desacuerdo, es el que se concreta en los test de “integración”, como medio para demostrar el conocimiento de la legalidad constitucional y de la cultura española (sic), incluidas nuestras costumbres, que ya operan en materia de acceso a la residencia. Veamos su crítica.

Empezaré con la exigencia de conocimiento de la legalidad constitucional[9]. Subyace a esta condición el equívoco de equiparar conocimiento y práctica: conocer la ley no es garantía de cumplirla. De hecho, un aforismo bien conocido reza, en sentido contrario, que la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento. Y, como se suele subrayar en criminología, los delincuentes más hábiles conocen al dedillo la legislación penal. En realidad, detrás de esta exigencia yace una concepción que pone bajo sospecha de delincuencia a todo aquel que no tiene la condición de español (en realidad, no a todos los extranjeros, sino a los inmigrantes que no proceden de un país de la UE), so pretexto de que, al no haber nacido aquí, no conocen la ley. Lo importante, claro, es que ese planteamiento supone la inversión del principio de inocencia y de libertad, conforme al cual a todos se nos presupone que actuamos conforme a la ley, hasta que un juez, mediante sentencia firme, dicte que la hemos violado. Por eso, suscribo la tesis de que a un inmigrante no se le debe exigir en punto a la legalidad constitucional lo que no se exige a un español: aquí lo que debe imperar, insisto, es el principio liberal de la presunción de cumplir con la legalidad, sólo desvirtuable mediante una sentencia firme que dicte que se ha infringido. ¿O es que los españoles de nacimiento llevan consigo en su ADN un plus de conocimiento de la Constitución y las leyes y de lo que se llama la cultura española que, por cierto, es muy plural e incluso contradictoria? Valga como ejemplo un pequeño experimento que durante años he propuesto al público de conferencias y coloquios: someterse a un test de tres preguntas sobre la Constitución. Puedo asegurarles que el resultado es que más del 90% suspendería ese test. Eso sí, la diferencia es que quienes han nacido españoles no perderían la nacionalidad al no superar ese test, lo que comporta reconocer que, para los nacidos españoles, la nacionalidad es un regalo que no han necesitado merecer.

Lo que sí es recomendable, tanto para los españoles como para los que no lo son, es la promoción del conocimiento básico de la Constitución y las leyes, junto al conocimiento básico del reconocimiento y de la garantía de los derechos humanos y las obligaciones que ello comporta, lo que, por cierto, es el contenido de lo que conocemos como “educación para la ciudadanía”. Algo parecido se debería ofertar y de forma gratuita a todos los inmigrantes, al menos a los residentes legalmente en nuestro país.

En cuanto al argumento de la necesidad de comprobar la integración cultural, el conocimiento de costumbres o prácticas culturales, una condición vigente en no pocos países y que aquí hemos copiado hasta la desmesura (por ejemplo, con leyes autonómicas de «identidad propia», cuyo conocimiento se supone que da puntos a los inmigrantes), no me parece condición exigible. Lo que es verdaderamente el núcleo de la cuestión tiene poco que ver con el conocimiento cultural que se acredita en un test, porque de lo que se trata no es tanto de conocer la costumbre de irse de cañas y tapas, sino del respeto a las costumbres o prácticas culturales de los demás. Por eso, es falaz al tópico de que los que llegan deben abandonar sus costumbres y hacer suyas las nuestras, “lo nuestro”. Lo realmente exigible no es el conocimiento ni la práctica de «lo nuestro», sino el respeto a las prácticas y costumbres de los otros, las nuestras y las de todos, siempre -eso sí- que no dañen los bienes jurídicos (los derechos) de terceros. Aceptaré el importante matiz de que resulta aconsejable, sí, que se conozcan las prácticas y costumbres del lugar que uno habita, pero eso no obliga a hacerlas propias, sino que obliga a respetar esas costumbres y prácticas,  como las de cualquiera. Porque en materia de prácticas y costumbres culturales, sólo es exigible lo que impone o prohibe la ley. Y lo es para todos, españoles y extranjeros. En lo demás, libertad.

Lo que quiero decir con todo ello es que eso de «estar integrado», es mucho más complejo de lo que nos dicen esas propuestas migratorias del PP, e incluso la legalidad vigente. En primer lugar, porque la integración (salvo que hablemos de asimilación impuesta y exijamos la aculturación, el abandono de la cultura propia por parte de quien llega a un lugar distinto del de su origen) es un proceso en el que caben muchas idas y vueltas: por ejemplo, es perfectamente posible no querer abrazar para sí las prácticas y costumbres del lugar después de haberlas conocido, e incluso abandonarlas después de haberse sumado a ellas durante un tiempo para demostrar esa voluntad de “integración”, sobre todo si se ha constatado que lo que a uno le han vendido como condición de integración no es suficiente para vivir en igualdad de derechos. Además, eso de la integración es un proceso recíproco, no unilateral. No se trata de que “ellos” se integren en “lo nuestro”, porque no hay relación unidireccional: cuando dos se encuentran, cambian los dos, y de lo que se trata es de negociar mutuamente las condiciones de convivencia. Segundo, y fundamental, porque como he reiterado, salvo el cumplimiento de las leyes y, como diré enseguida, una competencia lingüística básica, nada más debe ser exigible bajo sanción, para adquirir la condición jurídica de ciudadano y tampoco, a mi juicio, la de vecino. En definitiva, la mejor definición que conozco de integración es la de vivir en condiciones de igualdad.

Eliminado, pues, el requisito del conocimiento de la legalidad constitucional y de las costumbres y cultura del país, a mi juicio sólo hay una segunda condición exigible para el acceso a la nacionalidad, junto al plazo temporal de residencia: acreditar un conocimiento suficiente de la lengua, porque sin un dominio básico de la lengua es muy difícil convivir de modo efectivo[10]. Por cierto, la inmensa mayoría de los inmigrantes se esfuerzan en ello y con buenos resultados, aunque parece aconsejable ofrecer, como de hecho se hace, cursos de aprendizaje. Cabe plantear una cuestión: habida cuenta de que en nuestro país existen en varias Comunidades Autónomas dos lenguas oficiales y una de ellas es definida como propia, ¿qué lengua hay que exigir? Mi respuesta es sencilla:  aquella cuyo conocimiento es un derecho y deber de todos los españoles, el español. En el caso de las Comunidades Autónomas con dos lenguas oficiales (y una de ellas considerada propia), entiendo que el requisito lingüístico como exigencia para el acceso a la nacionalidad se debe entender cumplido con el conocimiento del español, sin perjuicio de que se pueda considerar un mérito relevante el conocimiento de la lengua propia. Pero ese conocimiento de la lengua propia no puede elevarse a la condición sine qua non para el acceso a la nacionalidad, a la ciudadanía, por la sencilla razón de que la nacionalidad y la ciudadanía es la española. Las exigencias que quieren imponer a ese respecto partidos independentistas supremacistas como Junts (en su versión del acuerdo de cesión de competencias migratorias a Cataluña que espero que no sea la suscrita por el gobierno), o Aliança Catalana, esto es, condicionar no ya el acceso a la ciudadanía, sino incluso la entrada de inmigrantes en Cataluña a su conocimiento de la lengua catalana, son a mi juicio inconstitucionales, porque sólo tendrían cabida si Catalunya fuera un Estado, o si el nuestro fuera un modelo confederal estricto: ninguna de las dos hipótesis tienen cabida en el marco constitucional vigente.

 

 

 

Coda: los deberes que importan

Concluiré con una observación que es una especie de brújula moral y política: en un mundo como el nuestro, en el que hay una pluralidad simultánea de vínculos e identidades, me parece que, en caso de conflictos de deberes, el orden jerárquico que debemos tener en cuenta, como nos ha explicado la mejor tradición crítica, de Montaigne a Montesquieu o Kant, es que las exigencia más importantes y que deben prevalecer por encima de otros deberes, son la que comporta la condición de ser miembro de la humanidad y ser parte de la vida del planeta, más que las que implican la condición de vecino de este o aquel barrio que, sin duda, no es sólo anecdótica, pero en absoluto puede ni debe ser la primordial.

 

[1] El documento oficial puede consultarse en https://www.pp.es/categoria/inmigracion/.

[2] Vid: https://www.pp.es/actualidad/articulos/feijoo-propone-reforzar-los-requisitos-para-que-un-inmigrante-adquiera-la-nacionalidad-la-nacionalidad-espanola-no-se-regala-se-merece/.

[3] La portavoz de Vox hizo esta afirmación a propósito de la reforma del reglamento de extranjería, en mayo de este año. Así la recogía El Diario Vasco: https://www.diariovasco.com/sociedad/sucesos/nacionalidad-puede-ningun-regalo-20250520124508-vi.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.diariovasco.com%2Fsociedad%2Fsucesos%2Fnacionalidad-puede-ningun-regalo-20250520124508-vi.html. La frase de Abascal ha sido recogida por los medios en diferentes ocasiones. Por ejemplo, en Onda Cero, en agosto de este año: https://www.ondacero.es/noticias/espana/abascal-defiende-que-espana-debe-proteger-identidad-porque-alandalus-calles-deben-parecer-espana_2025080868961f5351d2460c80751236.html).

[4] Las diferencias entre los programas de Vox y el PP en materia de política migratoria son ahora muy escasas: básicamente se centran en que el PP no habla de “reemigración”, ni impone expulsiones colectivas, y respecto a los menores inmigrantes no acompañados acepta una redistribución desde Canarias (y Ceuta y Melilla) a las diferentes CCAA, aunque eso sí, con otros criterios que los del gobierno de Sánchez. Además, el PP acepta el Pacto europeo de migración y asilo y propone el refuerzo de FRONTEX. El PP no excluye la posibilidad -excepcional- de procesos de regularización y tampoco se opone absolutamente al procedimiento de arraigo, aunque con un marco jurídico más estricto que el que está vigente. Me parece interesante el informe de Montse Hidalgo y J.Antonio Alvarez, publicado en El país, el 18 de octubre, con el título “¿A cuántos extranjeros en España afecta el plan del PP? Así es el status de siete millones de personas en España”, basado en datos del INE y del Observatorio Permanente de la Inmigración. Cfr. https://elpais.com/espana/2025-10-18/a-cuantos-extranjeros-afecta-el-plan-del-pp-asi-es-el-estatus-de-siete-millones-de-personas-en-espana.html.

[5] Para referirme sólo al arraigo, recordaré que hoy existen tres vías a través de las cuales los inmigrantes pueden acceder a la residencia por arraigo: la familiar (basado en un vínculo con un ciudadano español), la social (basado en el empleo y/o medios económicos) y el arraigo “formativo” creado en 2022 y que, a partir del nuevo Reglamento de extranjería (RD 1155/2024) ha pasado a denominarse arraigo socio-formativo (que exige un informe de “integración social” y la continuidad en el proceso de formación, por dos años): esta modalidad, hoy, da pie a más de 70000 permisos de residencia, entre los más de 350.000 permisos por arraigo, es decir, un 20%. Cada una de ellas establece requisitos propios en cuanto al plazo previo de residencia que hay que acreditar, los vínculos (familiares o de formación) y la demostración de empleo o de medios económicos. A este respecto me parece ilustrativo el informe

[6] La estadística muestra que en España residen hoy, aproximadamente, nueve millones y medio de extranjeros. De ellos, casi tres millones llegaron después de la pandemia, esto es, en apenas cuatro años. Siete millones de esos extranjeros no tienen nacionalidad española, pero su status es muy diferente pues, junto a los ciudadanos comunitarios que en rigor no debemos llamar extranjeros (algo más de dos millones), se encuentran los ciudadanos extracomunitarios con permisos de residencia (de los que casi un millón setecientos mil tienen permiso de residencia de larga duración y un millón seiscientos mil cuentan con permiso de residencia temporal o de protección internacional), a los que hay que sumar quioenes están pendientes de la solicitud de asilo (, los solicitantes de asilo, los estudiantes y los inmigrantes en situación irregular, cuyo número es difícil de establecer por razones obvias, pero se calcula superior al medio millón. Como es sabido, el Congreso registró una iniciativa legislativa popular para la regularización de estos últimos, que se encuentra hoy paralizada.

[7] Son tesis que he defendido en diferentes trabajos sobre la cuestión del acceso de los inmigrantes a la nacionalidad y a la ciudadanía, escritos a lo largo de veinticinco años. Por ejemplo, “Inmigración y ciudadanía: invisibilidad, presencia, permanencia”, Anales Catedra Francisco Suárez, 2003, nº 37, pp. 81-103, https://revistaseug.ugr.es/index.php/acfs/article/view/1087/1285; también, “La ciudadanía para los inmigrantes: una condición de la Europa multicultural”, EIKASIA, nº 4, 2006, pp.1-19, https://old.revistadefilosofia.org/ciudadania.pdf, o “La ciudadanía basada en la residencia y el ejercicio de los derechos políticos de los inmigrantes”, Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, nº 13, 2006, https://www.uv.es/CEFD/13/delucas.pdf; más recientemente, “Negar la política, negar sus sujetos y sus derechos: las políticas migratorias y de asilo como emblemas de la necropolítica”,  Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, nº 36, 2017, https://turia.uv.es/index.php/CEFD/article/view/11217/pdf, o “Sobre migraciones y Constitución: extranjeros e inmigrantes en la Constitución española de 1978”, Revista Peruana de Derecho Constitucional, nº 11, 2018, pp. 99-112, https://revista.tc.gob.pe/index.php/revista/article/view/271.

[8] Todo ello no quiere decir que el número de extranjeros que acceden a la nacionalidad española sea particularmente bajo, en términos absolutos. En los últimos 15 años, entre 2009 y 2024 han obtenido la nacionalidad por residencia más de dos millones de personas. Pero hay que subrayar que más de la mitad (55%) procedían de países latinoamericanos incluidos en la categoría de “Iberoamérica plus”, que permite solicitar la nacionalidad tras dos años de residencia legal y continuada en el país.

[9] Insisto en que no hablo aquí de la situación jurídica de los ciudadanos de la UE residentes en España que, a todos los efectos, no son extranjeros y tienen reconocido el ejercicio de derechos políticos: conforme al artículo 22.1 del TFUE, tienen el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo y en las elecciones municipales del Estado miembro en el que residen, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado. Sobre las normas relativas a la participación en las elecciones municipales y en las elecciones al Parlamento Europeo, es necesario tener en cuenta la Directiva 94/80/CE, de 19 de diciembre de 1994 , del Consejo y la Directiva 93/109/CE, de 6 de diciembre de 1993 , también del Consejo. Por lo que se refiere a los inmigrantes, hay que reconocer que la Constitución propicia el establecimiento de un sistema de reciprocidad, que, sin embargo, en la práctica tiene una utilidad reducida para la mayor parte de los inmigrantes residentes legales en España. Sobre ello, puede verse J de Lucas, 2018: “Sobre migraciones y Constitución: extranjeros e inmigrantes en la Constitución española de 1978”, Revista Peruana de Derecho Constitucional, nº 11, 2018, pp. 99-112, https://revista.tc.gob.pe/index.php/revista/article/view/271.

[10] El programa del PP no exige un nivel de máximos respecto al requisito lingüístico, pues propone un B2 como suficiente.

 

 

¿Que significa hoy luchar por el Derecho? Conferencia inaugural Nau Gran UV, 7 octubre 2025

(I)

El título de esta conferencia, “Sin lucha por los derechos no hay justicia posible”, coincide con el lema que escogimos para el Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València (IDHUV) hace 20 años, en el momento de su fundación, un lema que tomamos del gran jurista del siglo XIX Rudolf Jhering: “nunca, ningún derecho se ha conseguido sin lucha”.

Quizá alguno de los presentes vincule este argumento con las manifestaciones que se están viviendo en estos días a propósito de la necesidad de parar la masacre, los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, tan graves como el genocidio, que vivimos en Gaza desde que hace hoy dos años, el 7 de octubre de 2023, la organización terrorista Hamás cometiera a su vez espantosos crímenes en Israel que costaron la vida a más de 1200 personas y además mantuviera hasta hoy mismo como rehenes a varios centenares de israelíes. Por su parte, lo sabemos, la población palestina ha sido asediada por hambre, bombardeada y arrasada, con miles de niños y mujeres como víctimas.

Pues bien, las movilizaciones a las que estamos asistiendo, con mayor fuerza aún desde el episodio de la flotilla, son, en efecto, un ejemplo de esa lucha por los derechos de la que les quiero hablar. Pero no el único, ni el más importante quizá…

Estos son tiempos de gran incertidumbre que algunos, enfatizando una perspectiva que más que realista calificaré de pragmática, señalan como el fin de las esperanzas en un mundo más civilizado, esas esperanzas que surgieron tras 1945 con la fundación de la ONU y se renovaron en 1989 con la caída del muro, que parecía afirmar el comienzo de un orden multilateral, el fin de la política de bloques, una era abierta a la negociación y a la paz. En suma, un orden de relaciones internacionales en el que la razón del Derecho imperase sobre la razón de la fuerza, sobre el nudo ejercicio del poder

Lo cierto es que esas expectativas se frustraron en gran medida en 2001 con ocasión de los atentados de Al Qaeda que, como dijo el entonces alcalde Giuliani, «nos hicieron entrar en el siglo XXI por las puertas del infierno», y no han cesado de disminuir, como advirtió el canciller Scholz en el famoso discurso pronunciado pocos meses después del comienzo de la invasión de Ucrania por Rusia, el 27 de febrero de 2022, en el que advirtió que entrábamos en un punto de inflexión de los que marcan una época, un Zeitenwende. Sólo nos faltaba la voluntad decidida de Putin y, sobre todo, de Trump, de volver al marco de las relaciones de fuerza.

Para muchos, es el momento de alejar cualquier esperanza puesta en la política y volver -quien pueda- a su jardín privado a la lucha particular por mejorar su propia vida.

Yo no me sumaré a ese mensaje. Como ha puesto de manifiesto recientemente mi compañero y amigo, el profesor Manuel Cruz, en un estupendo libro que es mi primera recomendación de lectura, Resabiados y resentidos: el eclipse de las ilusiones en el mundo actual (Galaxia Gutenberg, 2025) precisamente porque vivimos entre escombros nos toca pensar entre escombros y actuar. Quiero dedicar esta oportunidad que me han brindado los organizadores de la Nau Gran al pronunciar esta conferencia inaugural, para proponerles dos asuntos:

En primer lugar, quiero exponer lo que creo que son buenas razones para implicarse en lo público, en lo común, mediante esa lucha por los derechos. Ofrecer razones para otra dimensión de esa vida activa que, por lo demás, es el motor de todos Vds para participar en el proyecto de la Nau Gran. Porque Vds y yo estamos aquí porque queremos hacer algo más que disfrutar de las bondades del hogar. Les propondré tres razones

En segundo lugar, les hablaré de cómo se puede entender en la práctica la lucha por los derechos, hoy.

Y para eso, les recomendaré media docena de lecturas y también algunas películas…

 

(II)

Vamos primero con esas tres razones:

La primera razón que justifica recurrir a la lucha por los derechos es que se trata de un deber que nos concierne a todos como ciudadanos: a todos nos concierne luchar por la garantía efectiva de los derechos que hemos adquirido, porque, si dejamos esa garantía en manos de otros, de los “políticos”, de los “expertos”, tenemos un grave riesgo de perderlos. Me referiré ante todo a lo que llamaré «la lucha por el Derecho», que se concreta en la defensa del Estado de Derecho, que estoy convencido que es nuestra tarea primordial. En realidad, esto parte de una concepción del Derecho algo distinta de lo habitual. Solemos ver el Derecho como un fenómeno externo, ajeno, una manifestación del poder y eso explica el tópico de intentar mantenerse en lo posible fuera de su alcance (en cierto modo, es lo que expresa el dicho «tengas pleitos y los ganes»).

Pero el Derecho propio de una sociedad democrática no es eso: en una sociedad democràtica, el Derecho es lo que los ciudadanos deciden que sea, bien es verdad que a través de sus representantes (y sólo a veces, en forma directa: referéndum, iniciativas legislativas populares). En una sociedad democrática el Derecho no es sólo la manifestación del poder y desde luego, de un poder ajeno: es la manifestación de nuestroa voluntad y de nuestro poder, el de los ciudadanos, que nos convertimos así en los verdaderos «señores del Derecho». Por eso el Derecho de una sociedad democrática se aproxima a lo que los ciudadanos consideramos mayoritariamente no sólo como útil para regular nuestros intereses, nuestras necesidades, nuestra convivencia, sino también como justo. Y por eso, somos los ciudadanos los que debemos servirnos de él, lo que implica vivirlo como algo propio, luchar por lo que es nuestro: así entiendo lo que les propongo como lucha por el Derecho.

Esta tarea de implicarnos en lo que tiene que ser nuestro Derecho, y así acercarlo a lo que entendemos como justo, afecta de modo a la generación a la que pertenecemos buena parte de Vds y yo, nuestra generación, que contribuyó a instaurarla en nuestro país y que no puede resignarse a verla desaparecer por un sumidero. Algo de esto es lo que proponía el Secretario General de la ONU, en su discurso de apertura a las actividades en torno a la Asamblea General de la ONU en 2025, cuando se cumplen 80 años de su fundación, cuando dijo: “Strength of United Nations lies in people ‘who refuse to give up’ (“La fuerza de las Naciones Unidas reside en las personas que se niegan a rendirse)”. Es nuestro primer deber si tomamos en serio lo que significa ser ciudadanos. Y eso exige de nosotros lo mejor que tenemos: nuestro tiempo, porque nuestro tiempo es una herramienta muy poderosa, si lo ponemos en común con el tiempo de otros. Eso es lo que en buena medida los señores del mercado no quieren, quieren que dediquemos nuestro tiempo a banalidades, a consumir, a satisfacer lo que nos presentan como necesidades y que nos encierran en un yo pasivo, y aislado de los demás…Como en la canción de Nacho Vegas,  Runrún (2014), hay que responder  «nos quieren en soledad/nos tendrán en común». Por eso la segunda recomendación de lectura: si no lo han leído, lean a Stephan Hessel, ¡Indignaos! (Destino, 2011 con prólogo de J l Sampedro).

La segunda es que, cuando hablo de lucha por el Estado de Derecho me refiero ante todo a la lucha por la garantía de los derechos y entre esos derechos no se encuentran sólo nuestras libertades individuales y los derechos sociales, de los que disfrutamos, pese a todo, en unas condiciones que hacen de la UE y de España un lugar de privilegio en comparación con el resto del mundo. Están también y sobre todo derechos que afectan a lo que es común a todos, comenzando por nuestros hijos y nuestros nietos: la paz y una vida sostenible como primeros ejemplos. En ese sentido, les propondré una tercera recomendación de lectura: lean a un jurista italiano, Luigi Ferrajoli, que ha propuesto iniciativas muy concretas en un libro relativamente reciente, Por una Constitución de la tierra, que no es un libro para juristas ni profesores de Derecho, sino para todos los ciudadanos.

A esos efectos, y esta es la tercera idea, me parece muy importante no sólo saber plantarse y decir no, esto es, resistir, sino hacerlo de forma activa y positiva. Es decir, no sólo no resignarse, pero tampoco sermonear, con la actitud de eterno reproche que se supone propia de la tercera edad, ante lo que están haciendo las generaciones de ahora, sino saber proponerles objetivos e implicarlos en su defensa. Por eso, creo que hoy, como nunca, valen las palabras de Camus en el discurso de recepción del nobel de literatura, en 1960, sobre la tarea de nuestra generación: “Cada generación sin duda, se cree destinada a rehacer el mundo. La mía sabe que, sin embargo, no lo hará. Pero su tarea quizá sea más grande: consiste en impedir que se deshaga”. Y por eso, la cuarta recomendación de lectura: lean La peste, o El hombre rebelde (biblioteca Camus, Alianza).

 

(III)

Ahora bien, la lucha por los derechos puede adoptar muy distintas modalidades. Les hablaré de tres modalidades que a su vez pueden ser ilustradas con tres referentes clásicos, que parten del mismo motor, la rebelión contra el sentimiento de lo injusto y que son ejemplo de cómo la literatura inspira al Derecho. Primero, tres mujeres: Antígona (Sófocles), Lisistrata (y su compañera la espartana Lampito, las protagonistas de la obra de Aristofanes, Lisistrata, en la que las dos mujeres deciden una huelga de sexo para acabar con la guerra) y añadiré dos personajes cinematográficos, una mujer, Qiu Ju y un abogado, Atticus Finch.

Pero antes, he de referirme a otro personaje literario, un hombre que simboliza la vía de la violencia en la lucha por los derechos: Michael Kolhass, el protagonista del relato homónimo de von Kleist que les recomiendo leer), que a su vez dio lugar a la obra de Jhering, La lucha por el Derecho.

(1) Comenzaré por la vía que simboliza la historia de Kolhass

Michael Kolhass es el ejemplo del riesgo que expresa el aforismo summum ius suma iniuria…la paradoja de un comerciante honrado que, frustrado en su creencia de alcanzar justicia por la vía del Derecho, desembocará en la venganza y la violencia, en la rebelión a sangre y fuego como respuesta a la injusticia. Tras sufrir la confiscación de sus caballos y el maltrato a los mismos por parte de los sirvientes de un despótico barón, acude a los tribunales, porque confía en las leyes y en los tribunales de justicia, pero ve desestimada su petición por la influencia del barón. Tras la muerte de su esposa, provocada por un ataque de los sirvientes del barón, Kohlass, decide hacer justicia por su mano y lidera una revuelta contra el barón que se extenderá a toda la provincia, una rebelión contra las autoridades y contra el propio sistema legal. Es la vía de la violencia.

Hay otras dos vías en la lucha por los derechos, y para ilustrarlas recurro, como he dicho, a personajes -sobre todo, femeninos- de la literatura y del cine

(2) La lucha por los derechos puede ser ilustrada también mediante una segunda vía, la de quien insiste tozudamente en la lucha mediante las armas que ofrece el Derecho, luchando ante los tribunales. No me refiero a ese de «don erre que erre» (la película de Paco Martínez Soria), el busca pleitos, sino que lo ilustraré con la historia de otra mujer, que tomo también del cine: la protagonista de la extraordinaria película que dirigió el gran cineasta chino Zhang Yi Mou en 1992: Qiu Ju, da guansi (Qiu Ju va a la corte), que se estrenó en España como Qiu Ju una mujer china, la historia de persecución de la justicia por parte de una campesina que quiere justicia contra el líder local que ha apaleado a su esposo, que es a la vez una visión sobre la China de Den Xiao Ping. Fue León de oro en Venecia en 1992 y la magnífica y bellísima actriz Gong Li (protagonista de otras películas como Sorgo rojo, La linterna roja o Adiós a mi concubina), ganó la copa Volpi por su papel. Se la recomiendo

Esa tozudez por luchar ante los tribunales, incluso aunque uno sepa que está perdida la causa o, mejor, precisamente porque alguien la tiene que defender es lo que ilustran una maravillosa novela y una espléndida película que muchos de Vds conocen, Matar a un ruiseñor, con ese arquetipo de ciudadano y jurista que es Atticus Finch, encarnado por Gregory Peck: por supuesto, recomiendo leer la novela y volver a ver la película.

(3) Y, en tercer lugar, con eso acabo, la lucha por los derechos puede recorrer una tercera vía, recuperar la idea de Antígona o Lisístrata, esto es, enfrentándose al tirano (Antígona), organizando una respuesta colectiva de mujeres (Lisístrata) y así desembocamos en la desobediencia civil como derecho de resistencia e instrumento para alcanzar la justicia. Lo he explicado en un libro de 2020, que es mi penúltima (e interesada) recomendación de lectura: Decir no: el imperativo de la desobediencia (Tirant, 2020). Antígona  y Lisístrata son la inspiración de los movimientos de defensa de los derechos civiles de los que son ejemplos diferentes Gandhi (recuerden el estupendo biopic Gandhi, la película de Richard Attenborough de 1983, con un inolvidable Ben Kingsley), Luther King, o los movimientos de desobediencia civil contra la guerra en Vietnam y la carrera nuclear, o el Rebellion Extinction, inspirado en el ecologismo, hoy.

No nos faltan causas: la lucha por la vida, y por el futuro de nuestros hijos y nietos, que es la lucha por el medio ambiente, por ejemplo, por el Mediterráneo

La lucha por la paz, por ejemplo en Gaza y no sólo en Gaza: de Yemen a Sudán, Etiopía, y tantos otros conflictos.

La lucha por la igualdad de derechos: entre hombres y mujeres, con la lucha contra  la violencia que sufren las mujeres como prioridad.

La lucha por la vivienda, sin la que nuestros hijos están condenados a un futuro más que precario

La lucha por la igualdad de derechos de los inmigrantes…

Una última recomendación de lectura: Giuliano da Empoli (La hora de los depredadores, Seix Barral, 2025) ha escrito un ensayo tan descarnado como de obligada lectura. En él describe los tiempos que nos esperan, los de la convergencia de dos tipos de depredadores que » sacan su poder de la insurrección digital y ninguna de las dos está dispuesta a tolerar que se pongan límites»: el populismo de los autócratas, aupado sobre los intereses de un puñado de empresarios de nuevas tecnologías cuya voracidad en el mercado es directamente porporcional al decaimiento d la democracia liberal y de las esperanzas en un orden global de las relaciones internacionales sujeto a reglas, Y sin embargo concluye con una receta: «la lucha continúa». En efecto, tenemos dónde escoger en la inacabable tarea de la lucha por los derechos.

 

5 MODESTAS PROPUESTAS PARA LA CLARIDAD EN EL DEBATE SOBRE GAZA (Versión ampliada del artículo en Público, 18 de septiembre de 2025)

Hay, a mi juicio, no poca confusión en el debate surgido a propósito de la interrupción de la última etapa de la vuelta ciclista a España y, lo que es mucho más importante, sobre nuestra respuesta al genocidio que -a juicio de la mayoría de los juristas expertos en la cuestión- viene llevándose a cabo en Gaza. Como jurista, como profesor de Derecho, el que se trate o no de un genocidio, además de que se estén produciendo incontables actuaciones calificables como numerosos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad (también, desde luego, por parte de Hamás), es cuestión muy relevante. Dicho esto, lo más importante es cómo poner fin a esta carnicería.

Reconoceré, de entrada, que a mí no me ha gustado ese final de la vuelta y creo que podría haberse producido de otro modo. Añadiré que, también a mi juicio, no está tan claro que la participación de un equipo que llevaba el nombre de Israel y del que es propietario un millonario sionista, estrecho amigo de Netanyahu, fuera un nuevo ejemplo de la práctica de lo que se conoce como sportwashing. Soy de los que piensan que la supuesta neutralidad política de las competiciones deportivas es un vago señuelo: el deporte y sobre todo las competiciones deportivas de masas en las que intervienen selecciones nacionales, es terreno privilegiado para la confrontación política partidista, e incluso se ha dicho que eso es un buen sustituto de la guerra. Ese es uno de los aspectos que me parecen confusos en la nota de la UCI que critica al gobierno de España (https://www.eurosport.es/ciclismo/vuelta-a-espana/2025/uci-comunicado-oficial-protestas-palestina-espana-madrid_sto23222092/story.shtml). Y creo que es correcta la dura respuesta del presidente del CSD (https://www.marca.com/ciclismo/vuelta-espana/2025/09/15/csd-responde-dureza-lappartient-blanquear-genocidio-traves-deporte.html), que insiste (lo ha hecho el propio presidente del CSD en varias intervenciones) en que el deporte no puede ser una isla en lo que se refiere a los derechos humanos. Aún así, como trataré de argumentar, no comparto la estrategia puesta en marcha por el gobierno en la gestión de ese final de la vuelta: creo que ha sido un error y propicia la confrontación de interpretaciones partidistas, algo que no ayuda a la cuestión prioritaria.

Creo que vale la pena recordar que el invento del sportwashing tampoco es algo nuevo: lo vienen utilizando muy eficazmente las petromonarquías del golfo, con Arabia Saudí al frente, en ámbitos como el fútbol, el golf o el tenis, en los que obtienen mejores réditos propagandísticos que los que derivan de la captación de cerebros para sus universidades. No había que esperar a la vuelta ciclista para verlo: las principales ligas de fútbol europeas ofrecen numerosos ejemplos, con espectáculos bochornosos como las finales de copa de España trasladadas a Arabia Saudí, con el pretexto de que el negocio (que en realidad es lo primero) se justifica con argumentos tan con atrabiliarios como que esa celebración ayuda al avance de los derechos de las mujeres en ese régimen medieval. Qué decir de los manejos de Qatar, otro régimen medieval que viola masivamente esos derechos de las mujeres, por no mencionar los de los trabajadores inmigrantes asiáticos tratados como esclavos en la construcción de los estadios en los que se jugó allí el último campeonato mundial de futbol, (https://cnnespanol.cnn.com/2022/11/29/cuantos-muertos-estadios-mundial-qatar-orix).

Quiero señalar en particular un elemento de confusión en el debate. Me refiero al entusiasmo en torno a lo que se denomina -insisto, de modo confuso a mi juicio- la “causa palestina”. Con todo respeto, no tengo claro que los miles de manifestantes de buena fe que interrumpieron el final de la vuelta, con banderas palestinas, tuvieran clara la diferencia entre la necesidad de poner fin al espantoso genocidio que lleva a cabo el ejército comandado por Netanyahu en Gaza, y lo que se aclamaba como “victoria de la causa palestina”, sobre todo si esa causa se identifica con el lema “desde el río hasta el mar”, como asumen políticos como Belarra, Montero y, más dubitativamente, Yolanda Díaz. Si por causa palestina entendemos la defensa de los derechos de los palestinos (también su derecho a existir políticamente), ninguna objeción. Pero si ello incluye un programa que exige la desaparición del Estado de Israel, me parece injustificable.

Pero lo que más me preocupa, insisito, es que, como señaló el otro día Victor Vázquez, una causa justa como la de detener el genocidio en Gaza, que debería ser compartida por todos, se convierta en materia de enfrentamiento y ganancia partidista. Y por eso no comparto la estrategia del gobierno en este punto. Es más, me parece un grave error: a mi entender, insisto, ha propiciado la división, en lugar de fomentar el consenso más amplio.

Creo que se pueden resumir en pocas tesis los argumentos que, como digo, se orientan a asegurar lo que a muchos nos parece el fin prioritario, el de construir el consenso internacional más amplio posible, y de modo urgente, para detener el terrible genocidio que está llevando a cabo Netanyahu, con la evidente complicidad de Trump y la ausencia de intervención de China o Rusia, sumada a la irresponsable inacción de la Unión Europea, con notables excepciones como las que protagoniza el gobierno de España o el de Irlanda. Lo haré en forma de cinco modestas proposiciones:

  • Es imperativo convertir en una causa con el más amplio respaldo internacional la denuncia del genocidio en Gaza. Insisto en llamarla genocidio, porque así lo argumentan con mucho detalle los expertos de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel , que cumplen un mandato del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, adoptado el 27 de mayo de 2021 (resolución A/HRC/RES/S-30/1, https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/co-israel/index). Esto es, así lo argumenta UN INFORME DE LA ONU, no tres particulares, manipulados por la propaganda de Hamas.
  • A esos efectos, es asimismo imperativo conseguir un amplio respaldo internacional a la imposición de sanciones al gobierno criminal de Netanyahu. Para conseguirlo, cabe recurrir a los instrumentos de presión que se utilizaron para aislar el régimen de apartheid en Sudáfrica y, por tanto, me parece oportuno prohibir toda participación en eventos culturales y deportivos a representantes del Estado de Israel y prohibir que se participe en tales eventos organizados por el Estado de Israel, como ya se ha hecho con Rusia, por más que sea necesario distinguir entre la conducta criminal del gobierno Netanyahu y la sociedad civil israelí.
  • El mismo imperativo del mayor consenso posible para parar el genocidio exige, a mi juicio, denunciar el fanatismo medieval y asesino de Hamas. Hamas es una organización terrorista, responsable de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, que pretende un Estado fundamentalista que violaría los más elementales derechos y libertades: los derechos de las mujeres, para empezar. Su programa político insiste en la desaparición del Estado de Israel: nos puede reivindicar el derecho de los palestinos a existir políticamente de modo independiente y negarlo a los israelíes.
  • En mi opinión, lo que hay que defender, y además es lo que concita el mayor consenso posible, son los derechos de los palestinos y el primero, su derecho a la vida. También, lo reitero, su derecho a existir políticamente y, por tanto, a un Estado palestino. Eso no tiene nada que ver con la defensa de lo que se llama vagamente la «causa palestina». Menos aún, no me cansare de repetirlo, si esa causa consiste en el proyecto de Hamas, que reivindica todo el territorio «desde el río hasta el mar», lo que supone hacer desaparecer el Estado de Israel. Yo no aplaudo ni daré vivas a esa causa. Considero un grave error confundir esa “causa palestina”, con la lucha contra el genocidio en Gaza y la eliminación de los palestinos en Cisjordania.
  • Por tanto, creo que es necesario como elemento de consenso la defensa del derecho a la existencia del Estado de Israel. Dicho esto, la defensa de la existencia del Estado de Israel es compatible con la solución política de la existencia de dos Estados, Palestina e Israel, que parece reunir el mayor consenso internacional, aunque hoy por hoy no parece viable. Incluso sería teóricamene compatible con la de un único Estado democrático, en el que los palestinos y los israelíes convivieran en condiciones de plena igualdad, siempre que así lo aceptaran los palestinos. Pero esta opción, menos deseable que la anterior, parece aún más difícil de lograr, habida cuenta de la correlación de fuerzas políticas y la mayoría fundamentaista en la Knesset.

El fiscal general, en la apertura del curso judicial 2025

 
 
El tema del día, es la debatida presencia del fiscal general del Estado (FGE), el señor García Ortiz, en el acto de apertura del año judicial que se celebra hoy, 5 de septiembre de 2025.
Lamento que miembros del CGPJ, que deben conocer bien la legalidad, hayan pedido por carta a la presidenta del TS y del CGPJ que solicitara al señor García Ortiz, Fiscal General del Estado (FGE), que no esté presente en la apertura del año judicial. Asombra que dejen de lado que el señor García Ortiz, imputado o no, es el FGE y con la ley en la mano, tiene la obligación de intervenir para exponer la memoria de la fiscalía (artículo 181.3 de la Ley Orgánica del Poder judicial, LOPJ).
Como he dejado escrito en este muro, soy de quienes piensan que habría sido mejor que el señor García Ortiz se apartara de su cargo, una vez que el Tribunal Supremo decidió procesarlo, aunque también pienso que su procesamiento carece de los indicios suficientes de criminalidad (revelación de secreto, en este caso). Más allá de la indiscutible presunción de inocencia que jurídicamente le ampara, hay un problema político, institucional, derivado del hecho de ese procesamiento, decidido por la mayoría de los magistrados del TS que entendieron de la decisión (con un importante voto disidente). En esa situación, permanecer en la FGE es legal y puede ser legítimo, pero me parece muy desaconsejable en términos políticos y de respeto a las instituciones.
El líder de la oposición, el señor Núñez Feijoo, anunció que no iba a acudir, porque considera ofensiva la presencia del FGE por estar procesado, y también califica así la presencia del ministro de justicia, por las críticas del presidente del gobierno a algunos jueces, reiteradas en una reciente entrevista en TVE y por las (a mi entender) imprudentes manifestaciones del propio ministro, que debería abstenerse de expresarse sobre las decisiones de los jueces, sean cuales fueren, precisamente por su condición de ministro de justicia, y lamentablemente no lo hace cuando no le gustan.
La decisión del señor Núñez Feijoo, a mi entender, muestra no ya una reiteradamente probada ignorancia de la legalidad, sino una muy preocupante falta de respeto institucional. Y digo esto sin perjuicio de que también a mi entender, un presidente de gobierno, por razón de su cargo, no debería manifestar esas críticas públicamente, como lo ha hecho el presidente Sánchez. No debe hacerlo él, porque no es un ciudadano más. Su indiscutible derecho a la crítica y a la libertad de expresión debería estar ponderado (limitado, sí) por la obligación que tiene de respetar la división de poderes y evitar dar pie al detrimento de las instituciones, como máximo representante del poder ejecutivo. Y eso, a mi entender, afecta también al ministro de justicia y al resto de los ministros.
La presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ ha enfatizado hoy en su intervención que, sin perjuicio del derecho a la libre crítica de las decisiones judiciales, ha de respetarse la separación de poderes y la correlativa lealtad institucional. Y asimismo ha sostenido que las descalificaciones al poder judicial desde otros poderes públicos son inoportunas, e impropias de un Estado de Derecho. Estoy de acuerdo con ella en ésto. Pero me gustaría que hubiera recordado,  con la misma contundencia, la obligación de los jueces de atenerse al mismo respeto y lealtad institucionales a la división de poderes y manifestado su crítica a los jueces y magistrados que no lo hacen y que, hasta donde yo sé, no han sido objeto de procedimiento disciplinario.
Las instituciones no deberían ser el campo de batalla partidista, pero desgraciadamente no es así: tanto el PP como el PSOE -y añado, el resto de los partidos, en proporción a su poder- desde hace mucho tiempo tratan de manejar pro domo sua a las instituciones. Concretamente, creo que es un escándalo que unos y otros se extralimiten en la legítima crítica a las decisiones judiciales, cuando no les gustan. Y ahora, desgraciadamente, trasladar todo eso a la celebración de la apertura del año judicial, es un ejemplo más de la falta de respeto institucional.
Finalmente, creo que es importante añadir que, por su parte, todos y cada uno de los jueces tienen una responsabilidad en función del poder que los ciudadanos les hemos conferido y por tanto no deben ser ajenos al imperativo de no escudarse en su estatuto de independencia para extralimitarse y entrar en la lucha partidista. Así lo hacen a mi entender cuando, por ejemplo, se manifiestan como jueces -investidos de sus atributos vestimentarios y en la puerta de los palacios de justicia-, en contra de un proyecto de ley, y no digamos de una ley ya aprobada por las Cortes. Eso es una grosera e inadmisible intromisión en la división de poderes. Añado también que resulta difícil de negar que hay decisiones judiciales particularmente polémicas, en la medida en que pueden suponer una intromisión en los otros poderes son no sólo criticables, sino reprobables. De ahí a hablar de <lawfare> hay un largo trecho y en todo caso no debemos olvidar que toda decisión judicial es recurrible en las instancias superiores y, en muchos casos, ante tribunales supranacionales, europeos. Esa es la vía que se debe seguir cuando se entiende que una decisión judicial es contraria a Derecho. Libre crítica, sí. Pero sin descalificación del poder judicial. Con respeto a la separación de poderes y a la lealtad institucional.

TORRE PACHECO. REPETIR LOS ERRORES, 25 AÑOS DESPUÉS (versión ampliada del artículo publicado en Público, 15 de julio de 2025)

 

Los acontecimientos que se sucedieron en la segunda semana de julio de 2025 en la ciudad de Torre Pacheco nos han hecho evocar a algunos de nosotros -los que, por edad, guardamos algo de memoria- lo que se vivió, 25 años antes, en enero y febrero del año 2000, en la localidad almeriense de El Ejido (muy próxima por cierto a Torre Pacheco), unos trágicos sucesos que fueron entonces considerados como el último progrom en suelo europeo y que, por cierto, tuvieron un fuerte impacto en la legislación de inmigración, mal llamada de extranjería.

A mi entender, sería en todo caso un error pensar que lo ocurrido en Torre Pacheco, o en otros municipios, como Alcalá de Henares o Piera, casi en los mismos días, obedece en cada caso a un movimiento espontáneo y localizado. Todo parece indicar que nos encontramos más bien ante un paso en la estrategia a medio plazo de la extrema derecha, que va ganando terreno en buena parte de la UE, contagiando a la derecha (creo que es evidente ese contagio en la segunda legislatura de von der Leyen) y sin que la izquierda haya dado señales de una respuesta clara y eficaz en la defensa de principios que considero irrenunciables, como trataré de exponer.

Resumamos. En la ciudad de Torre Pacheco, tras la paliza sufrida por un sexagenario a manos, presuntamente, de varios jóvenes identificados como magrebíes, se desató casi de inmediato una campaña en redes sociales, junto a declaraciones de políticos de extrema derecha, llamando a tomar la justicia por su mano, es decir, a vengarse. La campaña en cuestión, que utilizaba lemas como «cacería», se focalizó en los inmigrantes que viven en el barrio de San Antonio de esa ciudad, sobre la base de que no sólo los agresores, sino todos los inmigrantes, son delincuentes y su presencia es un peligro que hay que erradicar.

En el origen de esos mensajes y de la incitación al odio y a la violencia, alimentados con todo tipo de bulos, como se ha demostrado, se encuentran indiscutiblemente políticos de Vox y medios de extrema derecha[1]. Se trata de falsedades cuya línea argumental se centra en la tesis de que la llegada de inmigrantes, además de desbordar nuestro propio equilibrio demográfico y nuestro estilo de vida, se traduce de inmediato en un incremento de la delincuencia, en un deterioro de la garantía de los derechos de los ciudadanos (comenzando por la seguridad y siguiendo por derechos sociales: salud, educación, vivienda) y pondría en riesgo la democracia misma. Son mentiras fácilmente desmontables con la apelación a los hechos, los datos que nos muestra la estadística[2]. En particular, la pretendida correlación entre presencia de la inmigración e incremento de la delincuencia, el gran caballo de batalla de los Alvise, Abascal y tuttiquanti radicales de extrema derecha, que propagan el terrorífico panorama de una supuesta conspiración orientada a un gran reemplazo de la demografía y los valores occidentales, merced a la invasión que supondría la inmigración y que sólo se podría frenar apelando a la gran deportación, la Reemigración[3], está rotundamente desmentida por hechos, por datos que se encuentran al alcance de cualquiera, en los informes anuales de la fiscalía o en las bases de datos del ministerio del Interior.

Lo cierto es que, aunque la campaña para las cacerías en Torre Pacheco, convocaba manifestaciones para los días 15 a 8 de julio en esa localidad (en el bien entendido de que se trataba de que llegara gente a Torre Pacheco a esos efectos, pues no se contaba con una adhesión significativa de los propios vecinos), ya el 13 de julio de 2025 se habían vivido ya dos noches de violencia extrema en el barrio de San Antonio de esa localidad y numerosos enfrentamientos, con el agravante de una muy tímida reacción de las fuerzas de orden público en las primeras 24 y casi 48 horas. Algo que afortunadamente se corrigió a partir del día 15, cuando estaban anunciadas concentraciones de protesta y de cacería contra los inmigrantes, que fueron disuadidas por  una mayor presencia y control policial (que no impidió las provocaciones e insultos a los medios de comunicación presentes para informar) y, sobre todo, con detenciones como la de uno de los autores de la agresión al anciano y también de algunos de los responsables de la campaña en redes, de odio e incitación a la violencia, basada en todo tipo de bulos y falacias sobre los inmigrantes. A día de hoy, conviene destacar que la fiscalía ha incoado diligencias sobre la posible responsabilidad del diputado autonómico y líder de Vox por Murcia, el señor Antelo.

Dicho todo ésto, a mi juicio y como he anticipado, es interesante ponerlo en relación con lo que se vivió en El Ejido, hace ahora 25 años, pues hay considerables similitudes, aunque también importantes diferencias

 

 

Lecciones de El Ejido: similitudes y diferencias con Torre Pacheco.

Para los más jóvenes, recordaré algunos datos del escándalo de El Ejido. El 22 de enero de 2000 dos agricultores españoles fueron asesinados en El Ejido por un temporero marroquí. Quince días después, el 6 de febrero, una joven fue apuñalada por un inmigrante marroquí que estaba en tratamiento siquiátrico. A continuación, entre los días 8 a 10 de febrero, se produjo lo que fue calificado como un verdadero progrom, en el que se destruyeron todo tipo de locales, una mezquita, los locutorios telefónicos, las carnicerías halal, distintos vehículos y se arrasaron las sedes de Andalucía Acoge y de la Federación de mujeres progresistas. Hubo intentos de linchamiento a inmigrantes, e incluso el subdelegado del gobierno en Almería fue perseguido al grito “ese es el que les da los papeles”. Numerosos periodistas que asistieron a aquellos acontecimientos en El Ejido, calificaron como pasiva la actitud de la policía. El alcalde, Juan Enciso (en aquel entonces del PP y luego reelegido como independiente; recordaré que en las últimas elecciones Vox ha sido la 2 fuerza política), no sólo no trató de detener esas barbaridades, sino que mostró su comprensión e incluso animó al “castigo popular”. Es el mismo personaje que se hizo famoso por su lema de campaña electoral: “a las 7 de la mañana todos los inmigrantes son necesarios; a las siete de la tarde, todos sobran”.

El Ejido era entonces un caso paradigmático de la transformación social -laboral, económica, cultural- de no pocas comarcas de Almería, gracias al cultivo intensivo bajo los mares de plásticos, donde se ocupaban millares de trabajadores -en su inmensa mayoría magrebíes-, que estaban pésimamente alojados en chabolas o cortijos derruidos en las afueras de la población, salvo una pequeña concentración en el barrio de Las Norias. Se trataba de un modelo de asentamiento descrito por los especialistas que estudiaron el caso, como Ubaldo Martínez o Emma Díaz, como arquetípico del espacio segregado, pero sobre todo, lo más importante, un ejemplo de feroz desigualdad: en pocos años se incrementó la prosperidad económica, incluso el número de millonarios, mientras esos trabajadores (casi un tercio de la población total: entre 15000 y 20000 en el año 2000, para una población que en esa fecha era de unos 53000 habitantes), malvivían en pésimas condiciones laborales, por no hablar de la ausencia de derechos elementales.

Las más destacables diferencias entre el contexto de El Ejido y el de Torre Pacheco son consecuencia sobre todo de los 25 años transcurridos. Torre Pacheco, una ciudad del Campo de Cartagena, cuenta en 2025 con 46000 habitantes, de los que casi 12000 (cerca del 30%) son extranjeros no comunitarios, que no viven en el extrarradio, sino que, en su gran mayoría, se concentran en un barrio de la ciudad, San Antonio, y aparentemente conviven sin muchos problemas con el resto de los vecinos de la ciudad. Además, lo que es muy importante, también en su inmensa mayoría tienen residencia legal y una parte de ellos, sobre todo los más jóvenes, nacidos en España, son ciudadanos españoles. La mayoría de los que tienen trabajo se ocupan en la agricultura intensiva, que es la principal actividad económica y también en alguno de los 6 polígonos industriales, o pequeños empleos temporales, además de locales de comercio y restauración. Aún así, conviene resaltar un dato publicado en un artículo de la revista científica Nature, que me parece que encierra una de las claves en la que no se ha reparado en este debate. Me refiero a la conclusión de este análisis en la que se pone de manifiesto lo que posiblemente sea el más relevante argumento de la existencia de una discriminación laboral que permanece: la brecha salarial entre los trabajadores inmigrantes y los nacionales hoy, en España, alcanza el 29%[4].

Un dato que no siempre se cita  y que me parece relevante es el siguiente: en los últimos cinco años, han adquirido la nacionalidad española 944.543 inmigrantes, entre los que destacan los de tres nacionalidades de origen extracomunitario: Marruecos, Venezuela y Colombia. Los permisos de residencia han pasado de 718.178 en 2020, a 1,4 millones en 2024. Sin duda, ese incremento de residentes legales y, sobre todo, ese millón de nuevos españoles son una buena noticia. Una buena noticia que lleva consigo también la necesidad de invertir en los servicios a los que tienen derecho todos los residentes legales que ahora son casi un millón y medio más, y todos los servicios a los que tienen derecho todos los ciudadanos españoles, que ahora son casi un millón más: si no se invierte, esos servicios se degradan y ya no cabe el socorrido tópico falaz de echar la culpa a los inmigrantes ilegales: de una parte, porque son residentes legales y de otra, porque hay un millón que, insisto, son ciudadanos , con los mismos derechos y deberes que quien suscribe.

Pero permitan que insista en subrayar la situación de los jóvenes nuevos españoles (jóvenes españoles de origen magrebí), porque sucede que, una vez más, ninguno, ninguno, de los partidos políticos con responsabilidad de gobierno en estos años, en todos los niveles, se ha ocupado de invertir suficientes medios para ello, de modo que, para una parte de esos jóvenes, insisto, ciudadanos españoles, el mecanismo tantas veces descrito como “ascensor social “, no existe y desde luego siguen padeciendo racismo, comenzando por el muy carpetovetónico desprecio a «los moros» [5]. Muy verosímilmente, eso contribuye a que no sean infrecuentes el trapicheo y los pequeños delitos.

Es decir, encontramos situaciones de déficit social que son las condiciones propicias para procesos de exclusión social, que incluyen automarginación, por la frustración de toda expectativa de mejora. Esto no es algo nuevo: lo hemos vivido ya en otras poblaciones, como Salt y, sobre todo, en Francia, en las conocidas como cités, los barrios de la banlieue, caracterizados por la degradación de los servicios sociales y prestaciones en derechos básicos como salud, escuela y vivienda, además de la ausencia de perspectivas de un trabajo digno. Son procesos sociales que conocemos incluso por el cine (El odio, Los indeseables, Los miserables, Atenea…)., pero no parece que hayamos aprendido sus lecciones, la principal de las cuales es ésta: aquí, bajo el racismo, y la xenofobia lo que subyace es, insisto, una manifestación clara de los procesos de exclusión, de explotación y de desigualdad, que fomenta el capitalismo depredador.

Esta es, en mi opinión, la clave de comprensión del significado político del desafío complejo que nos plantean las migraciones, algo que, sin embargo, parece difuminarse en los análisis que ponen el acento en la ideología racista, en la xenofobia (aún más simplificadores, a mi juicio, cuando se habla de ese confuso término que es la aporofobia). Porque en esas interpretaciones, que abundan entre quienes siguen acríticamente las pautas del pensamiento correcto, suele olvidarse que el racismo y la xenofobia son sobre todo ideologías de cobertura, de justificación de lo que constituye el verdadero núcleo del problema: unas determinadas relaciones de poder, de dominación, que se sirven de las migraciones para asentar la correlación de poder, en el orden internacional y en el estatal.

Desde luego, en una perspectiva pragmático-utilitarista, ningún experto discute la tesis de que las economías de buena parte de los países del norte tienen ya una suerte dependencia estructural de los movimientos migratorios, que se traducen en efectos económicos positivos, esto es, en un saldo beneficioso, unilateral[1]. En cierto modo, esos desplazamientos masivos de inmigrantes funcionan de nuevo como ejército laboral de reserva, que alimenta en buena medida lo que se denomina economía clandestina, porque en buena medida los beneficios dependen de un modelo de explotación de los trabajadores reclutados, sometidos a condiciones laborales y salariales muy discriminatorias, con las que además se ejerce dumping social respecto a los trabajadores nacionales, si bien lo habitual es que esos trabajadores migrantes reclutados se empeñen en sectores -en nichos laborales- de los que deserta la mano de obra nacional. El arquetipo son empleos agrícolas en condiciones muy duras, un particular modelo productivo “de éxito”, que se extiende -entre otros ejemplos- desde los cultivos de la fresa en Huelva, a los cultivos del plástico en Almería, o estos cultivos intensivos del melón o la lechuga en el Campo de Cartagena, sostenidos sobre un sistema de explotación laboral de la mano de obra inmigrante[2]. En un ensayo sobre el caso de Torre Pacheco, Walter Actis ha desentrañado lo que califica como “insostenible modelo agroexportador que mantiene una alta rentabilidad tanto por la explotación humana como ambiental, extrayendo agua que no hay, erosionando los terrenos y contaminando los acuíferos subterráneos que terminan en el Mar Menor”[3]. Es algo que también ha destacado que el director de Justicia Alimentaria, Javier Guzmán, en su ensayo los presupuestos y alcance del modelo de cultivo agrícola intensivo que caracteriza a buena parte de estas poblaciones, en Almería o en Murcia, apuntaba a contextualizar en ese sentido[6].

En efecto, a mi juicio, lo que no acaban de entender quienes ponen el foco de manera simplista en el racismo y la xenofobia es que, como ya anticiparan Allport, Taguieff o Todorov, y ha contribuido a poner de manifiesto una corriente de literatura política y narrativa afroamericana, con nombres como Tha-Nheisi Coates, I.X Xendi, o Michelle Alexander, antes incluso del movimiento Black lives Matter, ambas ideologías, racismo y xenofobia son herramientas, presuntas visiones del mundo que tienen como propósito justificar una relación de poder, un modelo político de dominación, explotación y discriminación. Esa es lo que llamé la herida original que lastra el mensaje de los founding fathers de la independencia americana, de Washington a Jefferson[7].

Todas las manifestaciones del racismo, desde el etnológico que ya se conceptualizó en la Atenas clásica, al racismo biologicista típicamente decimonónico, hasta el más reciente racismo como diferencialismo cultural (que proclama la incompatibilidad de un modelo cultural. africano, islámico, asiático, latino- con el dominante en el país de que se trate), sigue el mismo patrón: prejuicios para justificar una relación de poder. Y el problema, a mi juicio, cuando hablamos de Torre Pacheco, es que esos mecanismos de discriminación y explotación no han sido removidos eficazmente por PSOE, ni por el gobierno de coalición en estos siete años, ni, por supuesto, el gobierno regional de Murcia, del PP, con políticas públicas que signifiquen inversiones y doten de medios sobre todo a las administraciones que directamente afrontan la gestión de estos desafíos, los Ayuntamientos. A ello me parece que apuntaba certeramente el comunicado “Violencia racista ¿Qué hay detrás?”, emitido por Sos Racismo Guipuzcoa/Gipuzkoako SOS Arrazekeria[8].

En ese sentido, me parecen preocupantes algunas de las importantes y negativas coincidencias entre El Ejido y Torre Pacheco. En particular, como he señalado ya, la débil respuesta inicial de los responsables políticos, de las fuerzas de orden público y de las autoridades judiciales, ante el incremento de la campaña en la calle, incentivada por Vox y los habituales portavoces en redes de extrema derecha, que difunden el lema “cacería”. Sorprende que, pese al despliegue considerable de fuerzas de seguridad, no se produjeran detenciones hasta casi transcurrida una semana, y casi hasta ayer no se haya visto particularmente activa a la fiscalía que no olvidemos, es defensora de la legalidad. Cabe recordar que en el caso de El Ejido las dos únicas condenas fueron para los dos autores de los homicidios. No hubo ninguna, para los responsables de las más de 500 conductas susceptibles de tipificación delictiva. Hay que confiar en que no se repita lo mismo ahora, en Torre Pacheco.

 

Una política migratoria que es sobre todo retórica partidista, vacía.

Pues bien, a mi juicio, es casi inevitable concluir que en torno a lo sucedido en Torre Pacheco hemos asistido de nuevo a la escenificación de la estrategia partidista que se sirve del argumento de la migración como arma arrojadiza para la descalificación del adversario, en lugar de ponerse manos a la obra para facilitar los medios que puedan garantizar que la siempre compleja convivencia que nace de la presencia importante de esos otros, los inmigrantes, pueda desarrollarse en el marco del respeto a la igualdad de derechos y al pluralismo.

Uno de los escenarios en los que me parece más evidente lo vacío del debate es el de la discusión en torno a las exigencias que han de cumplir los inmigrantes para probar que están “dispuestos a integrarse”. A ese respecto, se reitera acríticamente el tópico de que los que vienen de fuera han de adaptarse a “nuestros usos y costumbres”, como condición para que aceptemos su presencia y se pueda desarrollar un marco de convivencia. Un argumento que, si se piensa con un poco de detenimiento, carece de justificación, de fuerza de obligar, si nos referimos a usos y costumbres que no están incorporados a las leyes. Porque hay que recordar que, en democracia, allí donde las leyes no obligan ni prohiben, lo que rige es el principio de libertad, siempre que no afecte a un derecho de tercero. A un derecho, digo, no a los deseos o expectativas o hábitos particulares. No niego que sea siempre aconsejable, desde luego, respetar los usos y costumbres de los otros, pero insisto: con la única condición de que no afecten a los derechos de nadie, y eso vale en una y otra dirección, algo que confunden quienes parlotean sobre integración entendida en un sentido unidireccional. Eso no es integración, es aculturación forzada, asimilación impuesta, y supone falta de respeto. La integración o es acomodación mutua, o no es tal. Y la primera condición de esa acomodación mutua es la igualdad de derechos y deberes. Un ejemplo banal de todo ésto: quien llegó de Murcia a Valencia y vive y trabaja en Valencia desde hace más de 50 años, ¿es menos valenciano, menos vecino, porque deteste los petardos, no acuda a mascletaes, huya de las fallas, no beba horchata ni se atiborre de fartons, abomine de los festejos como els bous al carrer o els bous a la mar, o el toro ensogado, no llore de emoción con el himno regional, ni con la moixeranga, y no quiera probar el arroz al horno, todos ellos signos de identidad de los valencianos, que algunos pretenden salvaguardar por ley?

A diferencia de lo que aseguran tantos profundos tertulianos que se presentan como «analistas», pero también los portavoces de la mayoría de los partidos políticos que han llenado portadas de informativos con sus declaraciones, estoy profundamente convencido de que el debate entre los partidos políticos que se ha vivido a propósito de Torre Pacheco, no ha sido una confrontación entre dos modelos de política migratoria, el de la derecha y el de la izquierda. El supuesto debate sobre la integración cultural, el vínculo entre inmigración y criminalidad, o el balance económico de la presencia de la inmigración, se ha quedado en slogans, en invectivas, pero no ha permitido analizar modelos distintos de política migratoria, sino que ha dejado fuera de foco la necesaria confrontación de propuestas concretas, de soluciones que mejoren las condiciones de convivencia de todos: los inmigrantes que llegan y quienes vivimos aquí.

Entiéndase, claro que me parece que hay diferencias, incluso relevantes, entre lo que sostienen las fuerzas de la derecha y la de la izquierda. Pero, a mi juicio, lo que ha sucedido es sobre todo una confrontación mediática, una escenificación más de la lucha partidista que se sirve de los inmigrantes como herramienta en esa disputa. Porque, de hecho, no nos engañemos, parece que la inmensa mayoría de la clase política, en lugar de actuar por la garantía efectiva de la igualdad en derechos y deberes, se haya dedicado sobre todo a manipular la realidad y a predicar mantras retóricos con el propósito fundamental de descalificar las expectativas electorales del adversario. Así lo hacen algunos ministros del gobierno que nos quieren presentar a la derecha como encapuchados del Ku-Klux-Klan, dispuestos a comerse crudos a los inmigrantes, y también buena parte de los políticos de Vox, algunos del PP y aledaños, que propagan la imagen de unos políticos de izquierda irresponsables, cuando no enemigos de la civilización occidental…

Un ejemplo claro es la oscilante postura del líder del PP, el señor Núñez Feijoo, quien, aunque ha condenado con claridad los ataques ultra en Torre Pacheco, no ha querido identificar la responsabilidad de Vox e incluso ha adoptado parte de su discurso, sobre la necesidad de deportar de inmediato a todo inmigrante que cometa un delito, así, sin matizaciones[9]. Pero no me parece menos retórica partidista y agitadora la de quienes, para estigmatizar al contrario como gente cruel y sin piedad, ningunean los problemas reales de convivencia y, contra todas las evidencias reales, propagan acríticamente que este es un país en el que no se dan cacerías contra inmigrantes y se respetan sus derechos. Así lo ha reiterado el presidente de gobierno, que asegura imperturbable que este es un país de derechos para los inmigrantes y asilados -que se lo pregunten a tantos miles de ellos que viven en condiciones de precariedad y explotación, sin poder ejercer derechos elementales- y no digamos la inane ministra Sáiz, con su habitual tono buenista, exento de rigor jurídico, que pone en evidencia la ausencia de voluntad política de cumplir con la legalidad interna e internacional. Una y otra retórica, las de la derecha y las de la izquierda gobernante, descalifican a quienes las sostienen, porque, insisto, no se orientan a tratar de solucionar los problemas, sino a arrojarlos sobre el otro bando.

 

Sobre la mal llamada “política de cooperación internacional sobre las migraciones”. De Torre Pacheco a Mauritania.

Particularmente detestable me parece lo que sucdiçó cuando aún no sehabían apagado los ecos de lo ocurrido en Torre Pacheco. Me refiero al episodio del oportuno viaje solemne del presidente del gobierno, acompañado de una pléyade de ministros, con el que se reeditó la ritual visita de control (disfrazada de cooperación) a la república islámica de Mauritania. Conviene recordar que este es un régimen que tiene mucho de teocracia militarizada y poco de república, casi tan poco como el de los ayatollahs iraníes.

Parece evidente el mensaje que se pretendía enviar, en conexión con el debate partidista sobre quién y cómo gestiona mejor las migraciones: vean cómo se hace política internacional para mejorar esa gestión. Pues bien, no puedo dejar de señalar hasta qué punto creo que hay una tergiversación en ese mensaje de cooperación internacional en la política migratoria.

Ante todo, porque me parece completamente rechazable haber tenido que escuchar las alabanzas del presidente del gobierno y de los ministros que le acompañan, todos ellos declaradamente feministas acérrimos, a un régimen que desprecia y viola por definición los derechos de las niñas y mujeres mauritanas. Ver y escuchar a una ministra como Elma Saiz, que se proclama feminista y se declaraba escandalizada por los comentarios machistas de Abalos y compañia, departir amablemente con estos ultramachistas de convicción y hechos, sin decir palabra sobre los derechos de las mujeres y las niñas, es sencillamente repugnante. E imaginen qué pasa con los de las niñas y mujeres de otros países, que hemos pactado devolver a la exquisita policía mauritana y de cuya suerte nos desentendemos en absoluto: las quejas sobre las prácticas crueles de abandono y “devolución” a sus países de origen de esos inmigrantes que les entregamos, son muy similares a las que se viven desde hace decenios en Marruecos[10].

Pero claro, se me dirá aquello de Bismarck (“un hombre que se mete en política armado sólo con sus principios, es tan irresponsable como quien se adentra en un bosque infestado de bandidos con un palillo entre los dientes”), se me reprochará la ausencia de pragmatismo y se me repetirá que la geografía obliga. Esto es, que todo vale para amarrar que ese vecino ejerza la función que a nosotros más nos importa. Que no es otra que frenar el terrorismo islamista y domeñar los flujos migratorios. Pero no con el Derecho en la mano, sino con la vía de siempre, la del policía malo, que para policía bueno ya estamos nosotros. O sea, que el objetivo es asegurar como sea que disminuya el porcentaje de los cayucos a Canarias (el ministro Marlaska presume de cómo bajan esos porcentajes) o que, en todo caso, nos aseguremos de que podemos vaciar de Canarias a todos los que han llegado jugándose la vida a las islas y que no nos interesan, y echarlos a todos a ese paraíso de los derechos humanos que es Mauritania. Claro, el precio para nuestra conciencia es olvidar la hipocresía de que nos desentendamos de cómo se violan los derechos humanos en Mauritania, pero es que esas personas ya no son cosa nuestra, que para eso les pagamos a los mauritanos (cooperación, lo llaman), para poder librarnos de ellos, sin tener que hacerlo nosotros mismos. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre esas prácticas y las que criticamos cuando las emprende Meloni en Albania o la supuesta socialdemócrata Frederikssen de Dinamarca, con Uganda? Si encima el presidente y los ministros presumen de una política migratoria y de asilo presidida por los derechos humanos y la cooperación, no como los racistas y xenófobos del PP o de Vox, la hipocresía riza el rizo. Y, por cierto, de los planteamientos xenófobos y racistas de Junts nunca oirán Vds críticas por parte del gobierno progresista de coalición.

 

¿Qué hacer?

Terminaré con un par de propuestas, nada novedosas. Sin ninguna duda, es importante la tarea de prevención contra la narrativa tóxica, la xenofobia y el racismo, en la escuela, en la calle y en los medios de comunicación. Pero ante todo y también en mi opinión, para responder a estos sucesos que podrían ser sólo un anticipo de la estrategia por venir de la extrema derecha, frente a la que la derecha no es suficientemente contundente, me parece que son imprescindibles dos tareas.

En primer lugar, algo tan elemental como que funcione el Estado de Derecho, esto es, que se restablezcan las garantías de la convivencia, que las fuerzas de orden público y de seguridad, la policía judicial, los jueces y los fiscales dispongan de medios adecuados para poder cumplir eficazmente su función y así, primero disuadan y luego investiguen y persigan de modo diligente los presuntos actos delictivos, de modo que los responsables sean llevados ante la justicia para paguen por lo que han hecho. Restablecer el Derecho, porque lo otro, la «autodefensa vecinal» (que con frecuencia no viene de los vecinos, sino de fuera, como se ha visto en Torre Pacheco) es el imperio de la barbarie.

Y, en segundo lugar, hay que exigir a nuestros responsables políticos el cumplimiento de aquello, tan elemental también, del facta, non verba. Dejémoslo claro: hace falta poner fin al discurso condescendiente, a la retórica paternalista de la exigencia «humanitaria» con los inmigrantes, para decidirse, con presupuestos (ay!) a pasar a los números y al boletín oficial, el del Estado, el de la Comunidad Autónoma, el bando municipal. Hay que dotar de medios y concretar inversiones en servicios en esos barrios, facilitar el acceso y la garantía de derechos básicos como salud, educación, vivienda y trabajo, en condiciones de igualdad para todos.

Todo eso, la necesidad de una voluntad de hacer política en serio, y no paripés de guiñol, vale como decía, para la crítica a quienes han visto en Torre Pacheco una oportunidad de arrimar el ascua a su sardina electoralista y, por ejemplo, exhibir el peligro de Vox, con frases rimbombantes como las de la ministra Redondo, una habitual de la indignación victimista, que habla de «frenar el kukuxklan entre nosotros», mientas no consta que se preocupe un ápice por la igualdad efectiva de derechos de las mujeres inmigrantes y de las niñas inmigrantes. Y vale, desde luego para el reproche prioritario a las autoridades municipales y autonómicas que se han mostrado demasiado comprensivas con esas reacciones de barbarie ante el delito perpetrado en Torre Pacheco, que ha sido el detonante de la situación. En particular, personalizaré mi denuncia en el presidente López Miras, que se apresuró a retirar las medidas en materia de vivienda para inmigrantes aprobadas por su consejo de gobierno y que Vox rechazó de inmediato, hasta el punto de permitirse el acto indecente y machista de obligar a su propia consejera a un indigno “no lo volveremos a hacer”.

Para seguir debatiendo, en la teoría y en la práctica, propongo tener en cuenta estas dos conclusiones:

Primera conclusión: Vox ha demostrado, a fin de cuentas, que maneja muy bien las redes, que consigue atraer a un sector importante del electorado joven con sus mensajes de rebelión contra el sistema y que, de facto, manda en Murcia. El PP no se puede llamar a andana, sobre todo si todo ésto es una muestra de la estrategia de gobierno que nos puede llegar tras las elecciones generales, cuando sucedan. Por eso es necesario que os ciudadanos deberían tener clara la propuesta del PP sobre política migratoria y de asilo (por supuesto, es aplicable a los demás partidos)

Segunda conclusión: gestionar la convivencia en situaciones de cierta complejidad, no sale gratis. O sea, que hay que pensar en la financiación de medidas de políticas públicas sobre todo en el ámbito municipal. un gasto que es inversión en convivencia, en mejora de la gestión. Si los diferentes gobiernos no concretan las mencionadas inversiones y medios personales y materiales a disposición de las administraciones municipales, los grandes perdedores de todo esto serán los paganos de siempre: los inmigrantes. Pero también todos nosotros, porque el perjuicio a la convivencia no dejará de afectarnos negativamente a todos.

 

[1] Tomás Muñoz, en un interesante análisis publicado en el dossier dedicado a estos sucesos en la revista El Salto, pone de relieve que se trata de una estrategia ensayada en otros países, por ejemplo, en Inglaterra: https://www.elsaltodiario.com/region-murcia/bulos-algaradas-estrategia-internacional-promocionar-supremacismo?utm_source=Claves%20para%20entender%20Torre%20Pacheco%20y%20otros%20temas%20destacados%20de%20la%20semana&utm_medium=email&utm_campaign=bol1207.

[2]  Recientemente se han publicado algunos análisis estadísticos que son muy concluyentes a este respecto. Así, por ejemplo, https://www.eldiario.es/sociedad/datos-desmienten-vox-espana-doble-extranjeros-2005-tasa-delincuencia-baja_1_12461944.html?utm_source=adelanto&utm_medium=email&utm_content=Socio&utm_campaign=15/07/2025-adelanto&utm_source=elDiario.es&utm_campaign=e786b0fb6d-ADELANTO_15-07-2025&utm_medium=email&utm_term=0_10e11ebad6-e786b0fb6d-56371625&goal=0_10e11ebad6-e786b0fb6d-56371625&mc_cid=e786b0fb6d&mc_eid=431e753198). También, https://elpais.com/espana/2025-07-16/sube-la-criminalidad-en-espana-datos-de-tendencia-por-delito-y-en-cada-ciudad.html. Quizá venga bien señalar que estas falacias habían sido rebatidas desde hace tiempo entre nosotros, desde la antropología, la sociología y la filosofía política. Basta asomarse, por ejemplo, a las páginas que dedicó a la cuestión el antropólogo Carlos Giménez en su monografía de 2014 Antropología, derechos y ética ante la cuestión migratoria.

[3] Como es sabido, la hipótesis de un “gran reemplazo” fue formulada por Renaud Camus en su ensayo de 2010, Le grand remplacement. La solución de la gran deportación o “Reemigración”, fue incorporada en 2021 al programa electoral del partido neonazi AfD, incluso concretada en una RemigrationsAgenda, y puede consultarse en la website del partido: https://www.afd.de/remigration/. Ambos argumentos fueron mimetizados por la diputada d Vox, de Mer, en términos de las exigencias de legítimo derecho a la supervivencia del “pueblo español”, poco antes de los sucesos de Torre Pacheco: https://elpais.com/espana/2025-07-07/vox-habla-ya-abiertamente-de-deportar-a-ocho-millones-de-inmigrantes-y-sus-hijos.html.

[4] https://www.nature.com/articles/s41586-025-09259-6.

[5] https://elpais.com/espana/2025-07-15/los-hijos-de-la-inmigracion-en-torre-pacheco-en-la-diana-a-sus-ojos-seguimos-siendo-moros.html.

[6] Cfr. https://www.elsaltodiario.com/opinion/torre-pacheco-sintoma-una-sistema-agroexportador-podrido?utm_source=Claves%20para%20entender%20Torre%20Pacheco%20y%20otros%20temas%20destacados%20de%20la%20semana&utm_medium=email&utm_campaign=bol1207. A ello apunta también, creo, Mohamed El Amrani en su “Torre Pacheco: manual para una revolución involuntaria.https://elpais.com/espana/2025-07-14/torre-pacheco-manual-para-una-revolucion-involuntaria.html.

[7] Así la califiqué en el capítulo VI de mi ensayo Nosotros que quisimos tanto a Atticus Finch. De las raíces del supremacismo al Black lives Matter (2000), pp.115-135.

[8] https://sosracismogipuzkoa.org/violencia-racista-que-hay-detras/.

[9] https://elpais.com/espana/2025-07-16/feijoo-endurece-su-discurso-y-pide-deportar-de-forma-inmediata-a-los-inmigrantes-que-delincan.html?ssm=TW_CM&utm_source=tw&utm_medium=social.

[10] https://elpais.com/espana/2025-07-16/migrantes-y-refugiados-viven-aterrorizados-en-mauritania-por-la-mano-dura-del-gobierno-para-frenar-los-cayucos.html?ssm=TW_CC.

[1] Cfr. por ejemplo el reciente ensayo de la investigadora de la IE University, D. Turcu, https://theconversation.com/frente-al-discurso-antiinmigracion-datos-por-que-los-inmigrantes-son-necesarios-para-las-economias-de-ee-uu-y-europa-261124?utm_medium=email&utm_campaign=La%20conversacin%20del%20domingo%20-%203457035211&utm_content=La%20conversacin%20del%20domingo%20-%203457035211+CID_ab8a931a74a8b8a545a71a379aaca11f&utm_source=campaign_monitor_es&utm_term=Frente%20al%20discurso%20antiinmigracin%20datos%20por%20qu%20los%20inmigrantes%20son%20necesarios%20para%20las%20economas%20de%20EE%20UU%20y%20Europa.

[2] https://www.elsaltodiario.com/region-murcia/torre-pacheco-explotacion-humana-ambiental-europa-pueda-comer-lechuga-12-meses-del-ano.

[3] https://www.elsaltodiario.com/region-murcia/torre-pacheco-explotacion-humana-ambiental-europa-pueda-comer-lechuga-12-meses-del-ano.