“DERECHOS SOCIALES Y PROCESOS DE EXCLUSIÓN. LECCIONES DEL ÍNDICE AROPE 2021 (ponencia en las XXVIII Jornadas de la Sociedad Española de Filosofía Jurídica y Política, Sevilla, 30 septiembre 2022)

Contradicciones sobre el futuro del Estado social de Derecho

La primera reacción ante el título de esta mesa (“Horizontes del actual Estado social de Derecho”) es, seguramente, de escepticismo, porque resulta más que problemático hablar de horizontes en el Estado social de Derecho (incluso de horizontes del Estado de Derecho, sin más), teniendo en cuenta las condiciones actuales.

Quizá más que debatir acerca de los horizontes -desde luego, no en el sentido positivo- habría que hacerlo acerca de si tiene posibilidad de continuar el modelo de Estado social de Derecho, y no sólo por las dificultades empíricas (en primer lugar, de financiación) que amenazan seriamente las políticas públicas reales, propias del modelo. Por decirlo con claridad, el contexto en el que vivimos no sólo afecta a esas condiciones empíricas, sino a la viabilidad y a la pertinencia misma del modelo. Aún no hemos salido de la pandemia, que ha puesto en entredicho un elemento clave del Estado de Derecho, la noción de seguridad jurídica (tantas veces mal entendida, como supo advertir entre nosotros anticipadamente el profesor Pérez Luño, al desarrollar las tesis de Wiethölter en diferentes trabajos[1]) sustituida por el simplismo securitario. Más aún, vivimos las graves consecuencias de la guerra de Ucrania (ese “conflicto tribal de Vds que nos está fastidiando a todos”, según declaraba el embajador de Senegal ante UNESCO) que, en buena medida, es un exponente de la pugna entre el modelo autoritario/populista y el democrático liberal no sólo desde el punto de vista estatal, sino del propio orden y relaciones internacionales. cComo se ha repetido, el motor más valioso de la democracia liberal, la libertad de expresión, se convierte en su mayor debilidad, que aprovechan sus enemigos: no hay más que pensar en cómo el incremento de la inflación que estrecha las condiciones de vida de una buena parte de la población en las democracias europeas, actúa como freno para la coherencia de la defensa de lso valores democráticos en un orden internacional que parece haber regresado a una de las pesadillas de la “guerra fría”, la verosimilitud de la amenaza de uso de armas nucleares. Y, sobre todo, ¿es no sólo viable, sino pertinente, el modelo de Estado social cuando las pruebas del cambio climático nos sitúan ante la evidencia del fin de un modelo supuestamente civilizatorio, que merece más el calificativo de Antropoceno? ¿Es verosímil seguir apostando por él en la modalidad de recreación que supondría un Estado de Derecho global, como preconiza, por ejemplo, Luigi Ferrajoli?

Pero, por otra parte, ese cúmulo de dificultades ha obligado a volver los ojos sobre la necesidad de retornar o en su caso reforzar esa condición de garantía que es el Estado del bienestar, incluso en un ámbito supraestatal -al menos regional- como es el caso de la UE. La experiencia de la necesidad de una respuesta basada en ese modelo ante fenómenos como el de la pandemia o la crisis actual, así lo acredita. Como apuntaba, lo argumenta minuciosamente Luigi Ferrajoli en su reciente Constitución de la tierra. La humanidad en la encrucijada[2]: la principal, a su juicio, es la “dramática confirmación de la necesidad de la expansión del paradigma constitucional a escala supranacional”. Pero, a efectos de lo que nos interesa en la discusión en esta mesa, la pandemia nos ha advertido, subraya Ferrajoli, sobre “el papel vital de la esfera pública frente al modelo liberista de devaluación de la misma”, sobre la “necesidad de refundar el papel de la esfera pública en el gobierno de la economía”, frente al leit-motiv de la desregulación que promueven lo que el jurista italiano ha calificado como “poderes salvajes”.

La lucha contra la exclusión

En mi intervención, hoy, voy a centrarme en un asunto que creo resume el propósito del modelo de Estado del bienestar o, por mejor decir, del Estado social de Derecho: la lucha contra la exclusión social, entendida sobre todo como lucha contra la desigualdad. Y utilizaré una clave interpretativa en la que han insistido sobre todo Axel Honneth y Etienne Balibar el test de la progresiva universalización de la garantía de los derechos sociales, lo que exige una capacidad de financiación de los correspondientes servicios. Éste, como venimos comprobando en las últimas semanas, es el verdadero punctum dolens en un modelo de Estado social complejo como el del Estado de las autonomías, en nuestro país, pese al esfuerzo que está haciendo la Unión Europea.

En efecto, lo que distingue el proyecto de gramática social y política propuesto por Honneth es la reivindicación de la igualdad, entendida al modo de Balibar, como egalibertad, igualdad en las libertades y derechos, lo que supone, creo, tres matizaciones que afectan al modo de entender el modelo de Estado social de Derecho. Ante todo, como expresamente subraya Balibar, una concepción activa de los sujetos de esa libertad: activa, es decir, no pasiva, no reducidos a la condición de consumidores de los bienes y mercancías que les procura una visión asistencialista y paternalista del Estado social (una perversión sobre la que ya llamó la atención Ferguson en su Ensayo sobre la sociedad civil, en 1767, cuando advirtió que la contaminación de la lógica del espacio público por la lógica del marcado ponía en peligro el alma de ciudadano). Además, consciente de su alma cívica, de la necesidad de actuar en común, y no como mónadas, tal y como quiere el mercado (y aquí sigue siendo pertinente la denuncia de la ideología del individualismo posesivo que hiciera MacPherson). Y precisamente por eso, como subraya por su parte Honneth, la insistencia en que los derechos sociales son el test concreto de las políticas de reconocimiento, lo que a mi entender es la respuesta clave a la pregunta sobre cómo limitar la exclusión.

Lo primero a subrayar cuando hablamos de exclusión es que se trata de procesos sociales, más que de categorías fijas. Ni integración, ni segregación, ni exclusión lo son: como han explicado muy bien R.Castel y G.Mauger[3]. Castel concibe la exclusión social no tanto como un status, cuanto como un “recorrido”, el deslizamiento de degradación o pérdida de los mecanismos de la cohesión social (de la inclusión), que viene configurado por factores de vulnerabilidad, en los que la clave son la precariedad laboral y la fragilidad de los “soportes sociales relacionales”, hasta configurar lo que denomina procesos de marginalidad y segregación, caracterizados por la ausencia estable de trabajo y el aislamiento del mainstream social.

Por lo demás, he explicado en otras ocasiones[4] mi adhesión a la tesis que propone la relación entre lucha contra la exclusión y la caracterización de la democracia deseable, en términos de una sociedad decente, tal y como inicialmente la formula[5] y, sobre todo, como la ha desarrollado la filosofía del reconocimiento, que sitúa las claves de ese modelo en una sociedad de respeto y reconocimiento, en la que no se den el menosprecio o humillación, ni el exilio. Una tesis, por cierto, en la que la resonancia de los acentos de Pèguy y Camus resulta ineludible.

En efecto, es sabido que, para Pèguy, en el fundamento del orden político debe situarse la lucha contra la miseria, contra la imposición de la miseria, contra la humillación y el exilio, pero esa es una empresa permanentemente inacabada[6]. Prescindiendo de la dimensión mística presente en Pèguy, ese es también, a mi juicio, el sentido del camusiano “se rèvolter contre la injustice”, que se formula ya en sus Lettres à un ami allemand. Y, también en mi opinión, esa tradición es la que encuentra una formulación más precisa en el ideal al que apuntan las tesis de Honneth sobre la sociedad del menosprecio[7], corregidas e integradas en buena medida con algunos elementos que proceden de la reflexión sobre la alteridad propia de Emmanuel Lévinas[8] y también en diálogo con Nancy Fraser[9] y a las que me referiré de inmediato.

En todo caso, la denuncia de esa patología del menosprecio tiene como antecedente filosófico la crítica de la categoría del desarraigo, tal y como fue analizada por Simone Weil, a mi juicio una de las cumbres del pensamiento contemporáneo. La obra probablemente capital de Simone Weil es precisamente L’Enracinement, traducida al castellano como Echar raíces[10], quizá el esfuerzo más penetrante por proporcionar un análisis que desentrañe el arraigo como una categoría no vinculada exclusivamente a la angustia existencial, sino a la condición misma del ser humano. Pero no en abstracto, sino del ser humano definido por su relación con el trabajo que, para la inmensa mayoría de la humanidad, es precisamente un factor de deshumanización, tal y como pone de manifiesto en buena parte de su obra, largamente vinculada a una experiencia real de la condición obrera.

Sin pretensión de originalidad, pues se trata de un motto frecuente en los trabajos de Balibar, Castel o Mauger, he escrito en alguna ocasión que uno de los desafíos que afrontan hoy nuestras democracias es el grado de exclusión institucional que son capaces de albergar, en términos del establecimiento de una discriminación en cuanto a la titularidad y garantía efectiva como sujetos de derechos de una parte de la población, es decir, en términos de déficit de egalibertad. La historia nos muestra que no es en absoluto infrecuente el modelo de regímenes democráticos que conviven o incluso exigen e institucionalizan la exclusión. Ante todo, porque la propia concepción del Estado nacional se presenta como un mecanismo de gestión de la inclusión y de la exclusión o, por mejor decir, de la gestión de los procesos sociales de inclusión y exclusión (de los mecanismos de cohesión social), que se concretan en las condiciones de atribución de derechos y de la categoría de ciudadanía, todavía hoy. En ese sentido puede decirse que las democracias viven bajo la sombra de lo que se puede calificar como “síndrome de Atenas”: la democracia ateniense es el ejemplo por antonomasia de democracia basada en un modelo socioeconómico y también jurídico y político que institucionaliza la esclavitud y la existencia de infrasujetos, comenzando por la barrera de la pertenencia, de la identidad “nacional” decimos, que es el sciboleth para distinguir a los ciudadanos. Un modelo guiado por el “mito de Procusto”, que sólo permite reconocer como ciudadanos a los que se ajustan a un patrón (etnocultural o nacional, pero también socioeconómico: los trabajadores útiles y consumidores pasivos) y que constituye, por lo demás, el pecado original que subyace a la gran democracia norteamericana.

Si me parece relevante la aportación de Honneth[11], en lo que se refiere a la precisión del uso que hay que dar hoy a las categorías de emancipación y exclusión, es porque contribuye a entender el nexo entre ambas categorías en el contexto histórico en el que nos encontramos. La premisa capital de su trabajo es que el proyecto de realización personal (de emancipación, diríamos) depende de nuestra capacidad de conocer y construir una relación de reconocimiento con el mundo, con los otros, con uno mismo. Por eso, señala tres esferas de ese reconocimiento[12]: la del amor/amistad, la jurídico-política y la social-cultural, indispensables para la adquisición de la autoestima, del respeto por uno mismo, del reconocimiento del propio valor. Aunque sin duda la más relevante es la primera, a los efectos del argumento que me interesa hay que referirse a las otras dos y, en primer lugar, a la jurídico-política, cuya necesidad reside en que no puede haber conciencia de la propia autonomía (y dignidad) si el individuo no es reconocido como “un sujeto universal, titular de derechos y deberes”.

Los derechos sociales, palancas de igual libertad

Desde el punto de vista que nos interesa más aquí, esto es, la concreción del objetivo de reducir la exclusión, lo interesante es la función como test de la garantía de los derechos sociales, un indicador del grado de universalización de la inclusión jurídica y política. En el bien entendido de que, como ha señalado Ferrrajoli al presentar su idea de un constitucionalismo global, se trata de empujar el objetivo más allá de la limitación institucional propia de la lógica del Estado nacional, que los considera un atributo exclusivo de sus ciudadanos.

Dicho de otro modo, el paso decisivo frente a la exclusión institucionalizada es el reconocimiento y garantía del elenco de derechos y deberes que el Derecho permite concretar; el que las declaraciones americana y francesa ejemplificaron de diversa forma, y que desarrolla el constitucionalismo contemporáneo ha contribuido a desarrollar y precisar, como garantías exigibles por parte de todos los ciudadanos -no como concesiones o privilegios de unos pocos-, hasta alcanzar su lógica consecuencia en la Declaración universal de derechos y en la arquitectura de la legalidad internacional del sistema de las Naciones Unidas.

Aun así, esta segunda esfera del reconocimiento es indispensable, pero insuficiente, porque sin la tercera, el reconocimiento sociocultural, la estima de los valores y capacidades que se relacionan con el ámbito siempre complejo de la identidad cultural, no es posible construir la autoestima.

El problema que Honneth sabe identificar bien, a mi entender, es la generalización de dos de las formas de menosprecio (en el sentido profundo de negación explícita de reconocimiento, no sólo de omisión): el menosprecio que se manifiesta en la negación de derechos y en la exclusión de la comunidad jurídica y política y, en segundo lugar, el menosprecio hacia los valores propios de una forma de vida calificados como indignos, como un obstáculo para la propia realización, para el progreso. Una y otra forma de negación del reconocimiento no sólo producen exclusión, sino también la pérdida de autoestima, la autodestrucción. Muy concretamente, y en relación con la primera de estas dos manifestaciones, Honneth insiste en la importancia de las exigencias de reconocimiento y en el marco normativo que debe asegurar su satisfacción, como pistas para reconstruir ese modelo. El motor de esta demanda de reconocimiento, sería -insisto- el acceso y la garantía universal -igual, que no mecánica, uniforme- de los derechos sociales, que lejos de ser conquistas adquiridas se encuentran en permanente proceso de cuestionamiento, como concretaré enseguida.

Es verdad que eso se puede predicar de todos los derechos, según la lección aprendida de Ihering, pero es inquietante sobre todo cómo la lógica del mercado global impulsa a vaciar de la condición de derechos a los derechos sociales (que Balibar entiende como palancas de la igualdad real), convertidos en mercancías y sujetos por tanto a la desregulación y competencia feroz que es propia de la lógica del capitalismo financiero. La cuestión es que ese el proceso de desmantelamiento -palancas de igualdad real- no tiene consecuencias sólo en términos de pérdida de capacidad adquisitiva o de empeoramiento de las condiciones laborales. Es el sentido más profundo de la precarización como condición social definitiva. La lógica de esta etapa del capitalismo, la de la precarización, trata de reducir el trabajo a mercancía cuyo coste es preciso abaratar y, por tanto, tiende a construir al trabajador como objeto intercambiable, cuyas necesidades son un coste, si no un obstáculo para el beneficio. Para eso, es necesario un trabajo de demolición de las reglas, comenzando por las del Derecho del trabajo. Pero con la extensión de la precarización, es el estatus mismo del trabajador como sujeto de Derecho, como ciudadano y protagonista del espacio público, el que desaparece por el sumidero.

Creo que tiene razón Mauger cuando, en consonancia con la tesis de “democracia de rechazo” de Rosanvallon, sostiene que esta tercera exigencia es, en realidad, una cuestión política o incluso prepolítica: no tiene sentido hablar de representación y menos aún de participación política si no se da el mínimo de respeto y reconocimiento. En esas condiciones, lo que se produce es la sustitución de la democracia de adhesión (de la representativa, no digamos de la participativa) por esa “democracia de rechazo”. Es la evidencia de que asistimos a un proceso de pérdida, a una degradación de la condición de ciudadanía, como resultado de su identificación exclusiva en términos formales, técnicojurídicos y por eso apolíticos, un proceso reforzado por la sustitución del ciudadano activo por el consumidor satisfecho, pasivo. El vínculo político, un lazo estrecho con la sociedad política se ha convertido en un adjetivo menor, porque la condición de ciudadano no tiene apenas nada que ver con el ejercicio de la soberanía, con el protagonismo en la toma de las decisiones relevantes para todos, las decisiones públicas qua comunes y relevantes.

En todo caso, Honneth advierte que la evolución del capitalismo moderno (y a mi juicio en ello coincide con cuanto había anticipado MacPherson en su examen de la “teoría política del individualismo posesivo”) se orienta en una dirección que impide esa relación de respeto y reconocimiento, e impone una patología social, una sociedad del desprecio y de la exclusión. Ello lleva a concluir que el capitalismo neoliberal -en la modalidad del capitalismo financiero- exacerbará la concepción de la sociedad como una agregación (“colección”) de individuos motivados por el cálculo racional de sus intereses y la voluntad de construirse un lugar en la lucha por afirmar ese propio interés. Precisamente por eso, esa concepción del mundo es incapaz de dar cuenta e incluso de entender los conflictos que derivan las expectativas morales insatisfechas y que, por el contrario, Honneth considera que constituyen el núcleo de lo social. Por tanto, las perspectivas de emancipación, de vida buena, pasan por la lucha contra los dispositivos sociales, ideológicos, políticos, que generan el olvido del reconocimiento.

La pista del índice AROPE

Creo que eso es lo que trata de concretar, en el marco de la Unión Europea, lo que conocemos como indicador Arope (“At Risk of Poverty and/or Exclusion”), una tasa que sirve para medir el grado de cumplimiento del proceso de inclusión social que la propia UE incluyó entre sus objetivos en la Estrategia EU 2020, y que remite al porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social. Los resultados de 2021 son descorazonadores, por lo que se refiere a nuestro país. La población en riesgo de pobreza o exclusión social en España aumentó en 2021 hasta el 27,8 %, ocho décimas más que el año anterior. El INE explica que este porcentaje se establece con un nuevo concepto de la tasa AROPE, que mide la población que se encuentra en alguna de estas tres situaciones: riesgo de pobreza, personas con carencias material y social severa, o con baja intensidad en el empleo. La tasa que determina el umbral de pobreza se fija en el 60% de la media de los ingresos. La “carencia material severa” se mide por referencia a los mínimos en siete de un total de 14 aspectos de la vida, desde no poder permitirse una semana de vacaciones, ni comer carne o pescado al menos cada dos días a no disponer de ordenador personal o no estar en condiciones de asumir gastos imprevistos. La baja intensidad en el empleo determina cuántas personas que conviven en un mismo hogar están ocupadas

Desde febrero de 2022, con la invasión de Ucrania por Rusia, estamos ante otra vuelta de tuerca de ese proceso. El debate político en serio es sustituido por la propaganda en torno al simplismo securitario, por el retorno casi desnudo del motto hobbesiano del miedo a la guerra (el miedo político por antonomasia), por la amenaza de un enemigo ad portas y eso es lo que justifica la problematización de la cuestión migratoria, de la amenaza de la invasión por los diferentes -e incompatibles- con nuestro modo de vida (mercado, derechos, democracia), en un contexto de inflación creciente que para algunos es la antesala de una nueva recesión. Pese a la reacción de la Unión Europea y de los gobiernos que reencuentran o refuerzan los postulados de la socialdemocracia clásica, del keynesianismo, vivimos un proceso de adelgazamiento de los recursos que nos obliga a apretarnos el cinturón, que opera en dirección contraria al proceso de universalización, de extensión progresiva de los derechos sociales, volviendo a la lógica de la primacía nacional, que muestra los límites de la lógica de la solidaridad, extensiva de la igual libertad más allá del vínculo de ciudadanía. Lo hemos visto con ocasión de la gestión de la pandemia. Lo vemos con el doble rasero en el reconocimiento de protección internacional a los refugiados y desplazados de primera, frente a los otros. El proceso de reducción de exclusión, el camino hacia la universalización, la extensión de esa concreción de la egalibertad que son los derechos sociales, sigue siendo, como en el tema ya clásico, a long and winding road. Pero, como advirtiera Vico, mucho antes de que Heine escribiera sus famosos versos sobre el peligro y la salvación, estos desastres que nos acechan parecen desgracias, pero son oportunidades. Puede que estemos ante una de las últimas.


[1] Se trata de poner de relieve que la seguridad jurídica no es tanto un resultado, cuanto el presupuesto mismo del Derecho, es decir, condición sine qua non para hablar de un sistema de derechos y libertades garantizadas. Por eso, la forma en que definamos la seguridad jurídica es clave para entender la fortaleza del Estado de Derecho y aun para hablar de Estado constitucional de Derecho. Es así, como propone el mismo Pérez Luño, un concepto que evoluciona en el transcurso del desarrollo del Estado de Derecho y se desliza, según la conocida fórmula acuñada por Denninger, “von der Rechtssicherheit zur Rechtsgütersicherheit als sozialer Gerechtigkeit”,. Se trata de la progresiva toma de conciencia de que la seguridad jurídica no es tanto la dimensión positiva de legalidad, cuanto la garantía de los bienes jurídicos básicos que el orden social y político considera necesario asegurar, desde una perspectiva de justicia social. Sobre ello, me permito remitir al monográfico del número 28 (2020) de la revista Teoría y Derecho, coordinado por el profesor Angel López, y dentro de él a mi “El derecho, desde la pandemia”, pp.16-37.

[2] Cfr en particular el capítulo 2, La pandemia del COVID y sus enseñanzas, pp. 21-27

[3] Cfr. R.Castel, Las metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado, Paidós, 1995; también La discriminación negativa ¿Ciudadanos o indígenas?, Hacer Editorial, 2010. Asimismo, El ascenso de las incertidumbres: trabajo, protecciones, estatuto del individuo. Fondo de Cultura Económica, 2010. Sobre la aportación de G. Mauger, puede consultarse “Précarisation et nouvelles formes d’encadrement des classes populares”. Actes de la recherche en sciences sociales. Vol. 136-137, 2001. “Rebelión contra la precariedad”, Le Monde Diplomatique, 126, 2006; también, “Los jóvenes de los suburbios en Francia”, Papeles de trabajo. Revista del IDAES, vol.2 2008

[4] Cfr. por ejemplo “En los márgenes de la legitimidad: exclusión y ciudadanía”, Doxa, nº 15-16, 1994, pp 353 ss. También, “Les raisons de l’exclusion”, en S. Naïr/J de Lucas, Le déplacement du monde. Migrations et thémaiques identitaires, Kimé, 1996; “Un mal no sólo francés”, Pasajes, 2007; Sobre los fundamentos de la igualdad y del reconocimiento. Un análisis crítico de las condiciones de las políticas europeas de integración ante la inmigración, Eurobask, 2012; más recientemente, Decir No: el imperativo de la desobediencia, Tirant, 2020, pp.69-75, sobre el umbral de exclusión que pueden tolerar las democracias y Nosotros que quisimos tanto a Atticus Finch: de las raíces del supremacismo al Black Lives Matter, Tirant, 2020, pp. 109-179 sobre el límite institucional de exclusión que arrastra el proyecto democrático de la revolución norteamericana desde 1776.

[5] Me refiero con ello al ensayo de Avishai Margalit, publicado en 1997 con ese título. En el prólogo del libro, el autor explica cómo en una conversación mantenida con su colega Sidney Morgenbesser, éste le comentó que “el problema más acuciante no era la sociedad justa, sino la sociedad decente”. Un comentario que, según escribe, “le causó una gran impresión” hasta tal punto de ser la base sobre la que construyó este ensayo. Margalit se convenció de la importancia que hay que darle, en el pensamiento político, a los conceptos de honor y humillación. La sociedad decente es aquella que no humilla a sus integrantes.

[6] « La Cité doit placer en son fondement la misère et la lutte contre la misère. Puisque la misère ne peut jamais réellement être vaincue, la Cité s’organise sur la base d’un sentiment d’angoisse et d’inquiétude ; elle est une oeuvre contre la misère condamnée à l’inachèvement », De Jean Coste, Babel, 1993. Todo ello remite a su conocido lema “pour une societé sans exil”.

[7] Honneth ha desarrollado esa tesis de la sociedad del menosprecio (término preferible, a mi juicio, al de “desprecio”, utilizado en la excelente edición publicada por Francesc. J. Hernández y Benno Herzog, La sociedad del desprecio, Trotta, 2011) en diferentes ensayos, desde su Kampf um Anerkennung – Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte, 1992 (hay traducción española, La lucha por el reconocimiento Por una gramática moral de los conflictos sociales, Crítica. 1997); Das Andere der Gerechtigkeit. Aufsätze zur praktischen Philosophie. Suhrkamp, 2000; “El reconocimiento como ideología”, Isegoría, nº 35, pp.129-150, 2006; Reconocimiento y menosprecio. Sobre la fundamentación normativa de una teoría social, Katz, 2010; Reconocimiento. Una historia de las ideas europeas Akal, 2019.

[8] Lo que no excluye otras fuentes. Por dar otros ejemplos, los estudios sobre los procesos de exclusión que en la sociología contemporánea ofrecen Robert Castel, Etiénne Balibar y Gérard Mauger, o, de otra parte, Ulrich Beck y Zygmunt Baumann.

[9] Cfr. por ejemplo Nancy Fraser, Escalas de justicia, Herder, 2008 y, a los efectos de la discusión sobre emancipación, N.Fraser, L.Boltanski, y Ph.Corcuff, Domination et émancipation, pour un renouveau de la critique sociale, Presses Universitaires de Lyon, 2014. Creo que sigue siendo interesante leer el diálogo entre Honneth y Fraser, Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange, 2003, del que hay edición en castellano, ¿Redistribución o reconocimiento? un debate filosófico-político, Morata, 2006.

[10] Vid. S. Weil, L’Enracinement (trad castellana J.R. Capella, Echar raíces, Trotta, 2014.)

[11] El propósito de la obra de Honneth es revitalizar la <teoría crítica> por medio de una gramática moral y política de los conflictos sociales, basada en la teoría del reconocimiento recíproco de Ch. Taylor y a G.H Mead- y que, en el ámbito jurídico, ha sido aplicada de un modo interesante por W.Kymlicka. El filósofo alemán ha construido a mi juicio una reformulación de la teoría de la justicia que pivota sobre la idea de libertad, desde una perspectiva claramente arraigada en la dimensión de alteridad, en la socialidad que, significativamente, concluye en el Estado democrático de Derecho. Desde el punto de vista filosófico-jurídico y político, ese proyecto culmina en su obra más acabada, Das Recht der Freiheit: Grundriss einer Demokratischer Sittlichkeit Suhrkamp, 2011 (hay edición española, El derecho de la libertad. Esbozo de una eticidad democrática -con traducción de Graciela Calderón-, Clave intelectual, 2014.

[12] Como es sabido, hay una interesante relación de las tesis de Honneth con las de Nancy Fraser, que insiste en que la noción de justicia social se constituye por la interrelación entre tres dimensiones: distribución de recursos, reconocimiento y representación. El balance del acceso a esos tres tipos de bienes es lo que permite determinar el grado de exclusión institucional.

UN BALANCE SOBRE LAS RAZONES DEL FRACASO DEL MODELO UNILATERAL DE GOBERNANZA DE LAS MIGRACIONES (ponencia en el X Congreso de Migraciones, Madrid, 14-16 de septiembre de 2022)

Resumiré el propósito de mi intervención en este congreso, a través de las siguientes tesis

  1. Como reza el lema de este X Congreso, asistimos a importantes cambios en las manifestaciones de movilidad humana, en medio de una transformación convulsa de las relaciones internacionales y de la geopolítica que enfrenta hoy a las grandes potencias en juego: China, los EEUU y, en menor medida, la Federación Rusa y la Unión Europea..
  2. Esas transformaciones, a mi juicio, tienen un importante impacto en las categorías con las que tratamos de gestionar políticamente las diferentes manifestaciones de la movilidad humana, que es hoy más global que nunca: ya no vale la dicotomía entre la movilidad propia de los migrantes, básicamente entendidos como fenómeno laboral y económico y la de los “refugiados “(más bien, asylum seekers).
  3. El impacto del cambio climático, de la devastación de los recursos y hábitats naturales, debería obligarnos a encontrar respuestas adecuadas y específicas para esa relativamente nueva manifestación de movilidad humana, de importancia creciente, que representan los millones de personas que se desplazan forzados por tales transformaciones.
  4.  En todo caso, parece evidente que no se puede responder de forma eficaz y justa a la dimensión global y holista de las manifestaciones de movilidad humana, si no es desde un modelo de gestión que sea a su vez global, holista y multilateralmente negociado.
  5.  La dimensión de globalización tecnoeconómica, al no ir acompañada de una globalización jurídica y política igualitaria, no propicia ese modelo, sino que lo sustituye por el viejo modelo colonial, sujeto a los intereses geopolíticos y económicos de los agentes hegemónicos en el mercado global. UN MODELO DE GOBERNANZA QUE ES DE DOMINIO UNILATERAL Y QUE SIRVE A LA PROPIA GOBERNANZA
  6. Tres acontecimientos recientes lo prueban: el análisis de las migraciones como riesgo en el nuevo concepto estratégico de la OTAN adoptado en Madrid, la dispar respuesta a las crisis de refugiados de Ucrania, Afganistán y Siria y los planes de externalización de los demandantes de asilo a países terceros.
  7. Es preciso revisar las normas de un modelo de globalización, el jurídico y político relativo a la respuesta a las manifestaciones de movilidad humana forzada. Desgraciadamente, los dos Global Compact aprobados por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 2018, que proponían un conjunto de buenas prácticas de gestión y, sobre todo, señalaban las prácticas difícilmente justificables y probadamente ineficaces, no han tenido observancia por parte de los principales Estados que gestionan la circulación y «acogida» de esas poblaciones en desplazamiento.

1.¿Gobernar las migraciones o gobernar utilizando las migraciones?

En un mundo cada vez más desigual y más interdependiente, el objetivo de encontrar una respuesta política a las diferentes manifestaciones de movilidad humana que protagonizan más de 250 millones de personas es un reto capital. Como ha insistido Sami Nair a lo largo de su ingente obra y como se concreta por ejemplo en un excelente libro de 2016 de la investigadora colombiana Alexandra Castro (La gobernanza internacional de las migraciones: de la gestión migratoria a la protección de los derechos humanos) que recomiendo vivamente, se trata de encontrar las claves que permitan un modelo de gobernanza de las migraciones que, además de asegurar su gestión eficaz por parte de los Estados implicados, redunde en beneficio de todas las sociedades y actores implicados (no sólo, ni prioritariamente, de sus gobiernos) y garantice una condición sine qua non de esa política, la garantía de los derechos de los inmigrantes, la vigencia del Estado de Derecho en el ámbito migratorio. El problema es que, hasta ahora y a mi juicio, la mayor parte de los Estados receptores de los movimientos migratorios sur-norte (que no representan porcentualmente la mayoría de esos desplazamientos, pues éstos de producen sobre todo entre países del Sur, frente a la idea dominante en la opinión pública en Europa o en los EEUU), no han ensayado un modelo de gobernanza de las migraciones acorde con ese marco conceptual y menos aún un modelo global. Es decir, no han probado un modelo de política migratoria a la altura de ese desafío. No. Como podemos contrastar examinando las políticas de la mayoría de los gobiernos europeos, insisten en intentar un dominio unilateral e instrumental de esos movimientos, en clave del beneficio de sus mercados y de sus agentes (la inmigración vista sólo como cuestión laboral y de equilibrio de mercado), en clave de cortoplacismo electoral (utilizar sus riesgos y beneficios para asegurarse el mayor número de votantes) y, los que pueden permitírselo, en clave de sus intereses geoestratégicos (expansión del propio mercado y del área de influencia geoestratégica). Todo, desde el indiscutible argumento de la soberanía nacional: nos corresponde a nosotros decidir quién puede cruzar nuestras fronteras y quedarse aquí. Una política en la que la garantía de los derechos es en el mejor de los casos una opción, si no una carga “buenista”, que se trata de minimizar.

Dicho de otra manera, no han tratado ni tratan de construir una gobernanza mundial o al menos multilateral de las migraciones, sino de utilizar las migraciones para asegurar su propia gobernanza. Por eso, no han hecho ni hacen política migratoria, sino sobre todo política con la inmigración, usándola como baza a muy corto plazo, el de la siguiente convocatoria de elecciones. Y por esa razón también, además de esas claves, el discurso político de la mayor parte de los gobiernos europeos sobre las migraciones utiliza otra clave, la prioridad del lenguaje de policía y orden público (luchar contra la criminalidad, combatir la inmigración irregular y las mafias que trafican y explotan a los inmigrantes), cuando no, incluso, militar y de defensa: defender nuestras fronteras, en términos de hacer frente a la amenaza de invasión. A esos efectos, con la inestimable colaboración de los medios que se aseguran audiencia a base de sucesos trágicos y de vender sensacionalistas escenarios de riesgo, sin respeto alguno por los datos reales, no se vacila en usar tres prejuicios con los que se estigmatiza a los migrantes mediante mensajes normativos que bordean la xenofobia institucional.

Se invierte el principio de seguridad jurídica y presunción de inocencia y se les presenta conforme al viejo molde de las clases peligrosas: son esquiroles en competencia desleal en el mercado laboral, gorrones que se aprovechan de los beneficios de nuestro sistema de bienestar (en educación y sanidad, sobre todo) y ejército de reserva de la delincuencia, si no ilegales, es decir, criminales, delincuentes, por el hecho mismo de emigrar sin regularidad administrativa. A los que se viene añadiendo otro, el argumento de la xenofobia cultural: los inmigrantes serían, por su (sic) radical incompatibilidad con nuestra cultura (aquí se apunta a esa amalgama de musulmanes, árabes y africanos), una amenaza para nuestra identidad.

2.Otro modelo: gobernanza multilateral, cooperativa y en beneficio de todas las partes implicadas.

Los hechos son muy tercos. Ese es el realista punto de partida de la propuesta alternativa de política migratoria, que existe. Está formulada en la Resolución 73/195 de la Asamblea General de la ONU, que aprobaron 153 países el 19 de diciembre de 2018, con 12 abstenciones y 5 votos en contra (https://undocs.org/es/A/RES/73/195), a partir del Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM), un documento acordado en Marrakesh una semana antes. Es lo que conocemos como Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular, que debe ser objeto de una primera evaluación en 2022, pero sobre el que ya ha presentado un primer informe el Secretario General Guterres. El GCM cuenta con una serie contrapartida: el rechazo de los gobiernos de EEUU, Brasil, Chile y Suiza y, en la UE, de Austria, Bélgica, Chequia, Hungría e Italia. España, por cierto, se comprometió oficialmente a desempeñar un papel de promoción y garantía de ese GCM.

Como ha explicado muy bien la iusinternacionalista Teresa Fajardo, cuyo análisis del GCM comparto en muy gran medida en estas líneas, este instrumento de Soft Law (es decir, sin valor jurídico vinculante, pero con importantes consecuencias en la práctica jurídica internacional) que es el GCM, no tiene nada de revolucionario. Es realista, porque arranca del principio de soberanía de los Estados, que consagra. También lo es, en aparente paradoja, porque reconoce que la gobernanza de ese hecho social global que son las migraciones, no está al alcance de ningún Estado de por sí. Menos aún si persiste y aun se incrementa (entre las sociedades del sur y no digamos, entre las del sur y el norte) el verdadero factor determinante, el efecto salida, resultado de la radical desigualdad en los índices de desarrollo humano y las abismales diferencias de expectativas de vida y trabajo para muchos, incluido también el legítimo deseo de una vida y un trabajo mejor para profesionales especializados. Tal modelo de gobernanza sólo puede ser el resultado de una acción concertada, multilateral, que acepta el enfoque de responsabilidad compartida y de solidaridad. L GCM es un embrión de lex migrationis global, que parte de reglas comunes que, pese al tópico que insiste en que no hay tal en materia migratoria, a diferencia de lo que sucede respecto a los refugiados, sí existen, aunque de forma fragmentada, escasamente específica, más allá del Convenio de la ONU de 1990 (Resolución 45/58) y de los Convenios de la OIT. Pero dejémoslo claro, como lo hace el propio GCM: “El Pacto Mundial se basa en el derecho internacional de los derechos humanos y defiende los principios de no regresión y no discriminación. La aplicación del Pacto Mundial asegurará el respeto, la protección y el cumplimiento efectivo de los derechos humanos de todos los migrantes, independientemente de su estatus migratorio, durante todas las etapas del ciclo de la migración. También reafirmamos el compromiso de eliminar todas las formas de discriminación contra los migrantes y sus familias, como el racismo, la xenofobia y la intolerancia”. Por eso, por ejemplo, el énfasis en la prioridad de la salvaguarda del interés del menor inmigrante del menor inmigrante o la recomendación de que los internamientos sean última ratio de esta política, al revés de lo que practican los gobiernos europeos. El Pacto detalla 23 objetivos, con un abanico de iniciativas, en consonancia con la Agenda 2030, que asientan el vínculo entre políticas migratorias, desarrollo humano y democracia, algo que, por cierto, ignora el Pacto europeo de migración y Asilo propuesto por la Comisión Europea este mismo año y que sigue enrocado en la política de control de fronteras e ignora la prioridad de establecer vías legales, seguras y asequibles para los inmigrantes cuya inexistencia es el verdadero motor de la migración irregular y la razón del negocio de las mafias. Se trata de combinar, como explica Fajardo, políticas públicas migratorias de alcance mundial (multilateral) con las nacionales y con acciones transversales, mediante la acción coordinada de las diferentes administraciones, pero sobre todo de los agentes de las sociedades civiles y de los propios inmigrantes, con un lugar destacado para la OIM. La política migratoria no puede centrase casi exclusivamente, como sucede hoy, en la contención de los movimientos migratorios y en su explotación para nuestro beneficio. Ha de abrirse a una gestión acorde con el Derecho internacional y que, como insiste Naïr, transforme los desplazamientos migratorios de destino fatal en una opción que beneficie a todos. El GCM apunta buenas pistas en ese sentido

3.Ejemplos del retroceso en la concepción multilateral y garantista de la gobernanza de las migraciones

El primer y más reciente botón de muestra del retroceso en el avance haca una concepción multilateral y equilibrada en la gobernanza internacional de las migraciones lo encontramos en el nuevo concepto estratégico aprobado en la cumbre de la OTAN en Madrid, en junio de 20222. Me refiero a la inclusión como prioridad estratégica para la OTAN de las soi-dissants “amenazas del flanco sur”. Una inclusión que ha sido presentada incluso como un éxito diplomático de la Europa del Sur (de España, concretamente).

Por supuesto que no faltan razones para la preocupación por esos riesgos y amenazas desde el “flanco sur”, un eufemismo para referirse a la preocupación por la evolución del equilibrio del “escenario africano” en lo que a algunos les sigue gustando denominar “gran tablero”. Tal preocupación responde a indiscutibles factores estructurales y también a algunos cambios relevantes en el equilibrio de influencias en el continente africano, por la creciente presencia de China, por la desestabilización producida por agentes mercenarios al servicio de  Putin (la compañía Wagner), unidos al incremento del riesgo terrorista representado por  las franquicias de AlQaeda, cuya capacidad desestabilizadora en Nigeria, Mali y parte del Sahel, lejos de reducirse, se ha multiplicado, sobre todo tras el abandono por parte de Francia de sus misiones en la zona (https://www.lavanguardia.com/internacional/20210710/7590472/sahel-francia-retirada-repliegue-macron-hollande-barjan-yihadismo-qaeda-islamismo-radical-takuba.html), ratificada por la decisión de Macron, el 17 de febrero de 2022, de abandonar la operación Barkhane, esto es, la presencia en Mali, tras la ruptura de relaciones con su Junta militar y, sobre todo, para evitar lo que para algunos corría el riesgo de convertirse en el “Afganistán francés” (https://www.realinstitutoelcano.org/comentarios/la-inalcanzable-mision-antiterrorista-de-francia-en-el-sahel/#:~:text=El%2017%20de%20febrero%20de,francesas%20y%20europeas%20de%20Mali.).

A todo ello, se une la preocupación por uno de los peores efectos de la estrategia de guerra seguida por Putin, el bloqueo de las exportaciones de grano desde Ucrania, vitales en todo el mundo y, desde luego, en un buen número de países africanos, lo que puede desencadenar una “hambruna catastrófica”, que impulsará desplazamientos forzados de población. Lo recordaba Ramón Lobo en un análisis reciente (https://www.levante-emv.com/internacional/2022/06/25/tormenta-perfecta-acecha-africa-67654333.html): las consecuencias de la guerra -el bloqueo de los puertos, el alza de los precios, que se han incrementado en estos 4 meses más del 30%- golpean las exportaciones de girasol, cebada, maíz y trigo de las que África es muy dependiente, porque un 40% del trigo que se consume en ese continente (y de forma particularmente agravada, en regiones ya devastadas, como la del<cuerno de Africa>) es ruso y el 10% ucranio. Y hasta 14 países de renta baja o media-baja en esa región, con altos niveles ya de hambre y deuda, importan más del 50% de su trigo de Ucrania y Rusia, porcentaje que se eleva al 100% en Eritrea, el 92% en Somalia y más del 50% en Yemen.

Todo ello acelerará procesos sobre los que vienen insitiendo diferentes agencias de las Naciones Unidas (ACNUR, FAO, OMS) y no pocas ONGs, esto es, un incremento exponencial de desplazamientos masivos de población que serán la principal manifestación de movilidad humana en menos de 15 años, los que, a falta de otra etiqueta, denominamos “desplazados climáticos”.

Estos desplazamientos forzados y masivos se producirán, en primera instancia, en el eje sur-sur, y sus efectos desestabilizadores sobre países con escasa capacidad de acogida, no se deberían ignorar. Baste pensar en los datos que ofrece la FAO sobre la situación casi endémica de “gran hambruna” en regiones del Sahel y del Cuerno de Africa.  Cifras como ésta: cada día, en esta región del cuerno de Africa, mueren de hambre 1800 seres humanos. Y más de 18 millones de personas padecerán hambre severa en los próximos meses. Cuatro ONGs, Acción contra el Hambre, Save the Children, Unicef y Oxfam Intermon, han elaborado un manifiesto en el que reclaman una intervención específica e inmediata: ante el riesgo de lo que consideran una crisis alimentaria sin precedentes, una gran hambruna que puede matar de hambre a 49 millones de personas en los próximos meses y, de manera inmediata, a 14 millones de niños de menos de 5 años este mismo verano (https://www.lavanguardia.com/vida/20220626/8366491/agenda-otan-africa.html).

Sucede que, además del desigual impacto de la guerra en Ucrania sobre países terceros, los efectos del proceso del cambio climático y de la pandemia también se reparten de modo desigual. En Europa, incluso en España, no hemos dejado de hablar del episodio de calor adelantado al fin de esta primavera. Pero hay que leer el índice de riesgo climático elaborado por Germanwatch sobre el año 2021 (https://germanwatch.org/sites/default/files/Resumen%20Indice%20de%20Riesgo%20Clim%C3%A1tico%20Global%202021.pdf), para darse cuenta de cómo el cambio climático golpea sobre todo a las regiones más pobres. Y para advertir la envergadura de los desplazamientos masivos que va a producir.

Aún así, los líderes europeos no se centran en remediar las causas de esa situación, sino en los temores que despierta lo que consideran “segunda fase” de los desplazamientos masivos: esto es, su posible reorientación hacia nuestro continente (https://elpais.com/internacional/2022-06-22/bruselas-teme-que-la-guerra-de-putin-provoque-oleadas-migratorias-hacia-la-ue-desde-el-norte-de-africa.html?sma=newsletter_alerta20220622).

Reaparece así un escenario que en rigor no es nuevo, sino que se ha manejado como una constante en la narrativa tóxica que, a mi juicio, sostiene la estigmatización de los movimientos migratorios y subyace a buen parte de nuestras políticas migratorias y de asilo. Hablo del temor a lo que en su día se llamó (así lo hizo el líder del movimiento de los países no alineados, el presidente Jomo Kenyata) “la bomba de los pobres”, esto es, un uso deliberado de los flujos migratorios en términos de amenaza de presión demográfica sobre el continente europeo, dando pábulo a los fantasmas de aquellos que en Europa hablan de grandes contingentes migratorios a nuestras puertas, dispuestos a lo que asemejan a una “invasión”, cuando no -incluso-, a la tesis conspiranoica del “gran reemplazo”. Nada nuevo, insisto: por no referirnos más que a referencias contemporáneas, baste mencionar el conocido libro de Paul Ehrlich, The Population Bomb (1968) o las tesis de Robert Kaplan, por ejemplo, en libros como The Revenge of Geography (2013). En realidad, este uso estratégico de lso movimientos migratorios ha de ponerse en relación con el punto de inflexión en los flujos migratorios en los años 50 del siglo XX, con los procesos de descolonización, que marcan movimientos migratorios masivos desde el sur no desarrollado, hacia el norte rico, con especial incidencia en las antiguas metrópolis (Francia, Reino Unido y, en menor medida, Bélgica y Países Bajos). El caso de los flujos desde Latinoamérica a los EEUU es diferente, claro y se relaciona estrechamente con la profunda desigualdad estructural.

Es verdad que el uso estratégico de grandes desplazamientos migratorios como elemento de presión puede vincularse también a la noción de “guerras híbridas”, como ejemplificaron Lukashenko y Putin al utilizar la presión de desplazados sobre la frontera oriental de la UE (y de la OTAN). Pero ya antes Erdogan había hecho lo propio con los movimientos de desplazados sirios desde la península de Anatolia hacia las islas griegas del egeo y hacia los Balcanes. Por no hablar del recurso del que han echado mano una y otra vez los diferentes autócratas del Magreb para presionar, por ejemplo, sobre las fronteras españolas: de la marcha verde frente al Sáhara español aprovechando la enfermedad de Franco, a la más reciente utilización de miles de niños, adolescentes y jóvenes en las fronteras de Ceuta y Melilla. Pero, de otro lado, como señala el director general de Oxfam Intermón, Franc Cortada, quizá habría que reparar en el enfoque que subraya que, más que tragedias naturales, nos encontramos ante una estrategia que consiste en utilizar el hambre como instrumento de guerra: “No estamos ante una crisis de escasez de alimentos; nos encontramos con que se usa, descaradamente, el hambre como arma de guerra. Permitir que millones de personas mueran en el mundo por hambre, así como dejar que las grandes empresas encuentren oportunidades para beneficiarse de esta catástrofe, no es otra cosa que un gran fracaso político”.

El segundo ejemplo es el de los planes de algunos países europeos para acabar de externalizar la gestión de los procedimientos de asilo. Ya lo adelantó el Reino Unido y Dinamarca, que había explorado previamente incluso esa posibilidad, anunció el pasado 9 de septiembre la firma de un convenio con Ruanda, al entender que el actual sistema global de asilo y migración es disfuncional», por lo que abogan por «una nueva postura».

En la declaración conjunta sostienen que están explorando en conjunto el establecimiento de un programa a través del cual solicitantes de asilo espontáneos que lleguen a Dinamarca puedan ser trasladados a Ruanda para que se consideren sus solicitudes y protección, así como la opción de que se asienten en Ruanda.

Por ello, Dinamarca y Ruanda estudian enviar a Kigali a solicitantes de asilo llegados al país europeo Ello se concretaría en el envío a Ruanda de solicitantes de asilo que lleguen a territorio danés, un plan similar al anunciado hace pocos meses por Londres y Kigali, duramente criticado por numerosas ONG. Los ministerios de Exteriores de ambos países han señalado en un comunicado conjunto su «compromiso a la hora de fortalecer el diálogo bilateral y la asociación en múltiples áreas», incluidaslas de clima, buena gobernanza y «política de refugiados.

 (: https://www.europapress.es/internacional/noticia-dinamarca-ruanda-estudian-enviar-kigali-solicitantes-asilo-llegados-pais-europeo-20220909145315.html)

La crítica no se ha hecho esperar: Ante la noticia de que las autoridades danesas han firmado un acuerdo con el gobierno ruandés para mejorar la cooperación en materia de migración y asilo que podría permitir el envío de solicitantes de asilo a Ruanda, el director para Europa de Amnistía Internacional, Nils Muižnieks, ha declarado:

“Cualquier intento de trasladar a Ruanda a solicitantes de asilo que llegan a Dinamarca para tramitar allí sus solicitudes de asilo sería no sólo inadmisible, sino potencialmente ilegal. Dinamarca no puede negar el derecho de quienes llegan a su territorio de solicitar asilo y trasladar a estas personas a un tercer país sin las garantías necesarias.

 “Estas propuestas llevan el traspaso de la responsabilidad de la protección de la población refugiada por gobiernos de la UE a un nuevo mínimo y sentarían un precedente peligroso en Europa y en el mundo.

 “La idea de que los países ricos pueden pagar para no tener que cumplir sus obligaciones internacionales, despojando a quienes piden asilo incluso de su derecho a que sus solicitudes se estudien en Dinamarca, es profundamente preocupante”.

4.¿Es posible recuperar el modelo alternativo de gobernanza?

Insisto en subrayar que la contaminación de las políticas migratorias y de asilo por los intereses geoestratégicos de dominación no es una novedad, porque el problema fundamental de nuestras políticas migratorias y de asilo, es el modelo de gobernanza unilateral de las migraciones que constituye su parti pris: nuestra insistencia en dominar esos movimientos en nuestro beneficio, sin negociar ni tener en cuenta los intereses de las personas y de los países que forman parte de la secuencia migratoria, de las sociedades civiles en origen, y en tránsito, ni de los propios migrantes como agentes, como protagonistas de esos procesos de movilidad, que contra el argumento reiterado por el neoliberalismo, no puede explicarse sólo no principalmente como muestra de la “libre circulación de trabajadores” por la que supuestamente apuesta el mercado, sino que son en buena medida -también para los inmigrantes, no sólo para refugiados- procesos forzados, no deseados.

De ese prejuicio, de esa pretensión de dominio unilateral de los flujos y de los procesos de instalación, de asentamiento de los migrantes, nacen dos errores de nuestra mirada sobre las migraciones y de nuestro modelo de políticas migratorias, que hay que seguir denunciando.

El primero, tiene mucho que ver con la miopía -el prejuicio- de seguir conceptualizando a los inmigrantes exclusivamente como fuerza de trabajo (en el fondo, el mismo del esclavismo), ignorando  que las migraciones son hechos y procesos sociales de dimensión global y holista, que responden, a las relaciones sociales propias del (des)orden internacional y también a las de nuestras sociedades, todas ellas hoy en profundo proceso de reconfiguración, proceso respecto al cual la presencia migratoria tiene un poderosa capacidad de transformación, aunque nos neguemos a aceptarlo y pretendamos tenerlos aquí, según nuestro “orden natural”, es decir, como invisibles, separados y dominados.

El segundo error de conceptualización, que es el que me parece más presente en este concepto estratégico, consiste en insistir de modo desequilibrado, desproporcionado, en los potenciales riesgos y amenazas (indiscutibles, como tales, sí) para nuestra seguridad y defensa. De un lado, el más grave, esto es, la amenaza terrorista vinculada a movimientos como las franquicias de AlQaeda. De otro, el riesgo de que la llegada masiva de migrantes, de desplazados, empujados por esas grandes hambrunas ( o por las guerras del agua, los efectos del cambio climático, étc) entrañen  un efecto disolvente de los elementos de cohesión social, por la quiebra del equilibrio del estado del bienestar y por la capacidad de radicalización de algunos de los movimientos yihadistas sobre los migrantes residentes en Europa, que podrían conducir a ese escenario de pesadilla que denuncia insistentemente una parte de la derecha y toda la extrema derecha europea, la de comunidades segregadas que minan la cohesión social y despiertan el terrible fantasma del enfrentamiento civil.

Negar la dimensión de riesgo, incluso de potencial amenaza que puede entrañar esa constante demográfica que es la movilidad humana que se desplaza en sentido sur-norte (por más que la inmensa mayoría de esos movimientos, como ha explicado Whitol der Wenden, sigue el rumbo sur-sur), sería un error. Lo subrayo: nada de ingenuidad. Otra cosa es el empeño en reducirlos a esa dimensión potencial. Y lo peor es que semejante análisis deje de lado lo que habría de ser una prioridad, y no una concesión al buenismo: el respeto de los derechos humanos de los inmigrantes y desplazados. Ese respeto, esa garantía, no es una opción, sino una obligación de los gobiernos que pretendan ser mínimamente coherentes con las exigencias del Estado de Derecho y de la legitimidad democrática. Esos derechos no pueden ser objeto de negociación, de venta. Son obligaciones cuyo cumplimiento ha de ser exigible. Y no pueden quedar supeditados al criterio de optimización del beneficio, ni tampoco a la lógica geoestratégica.

Ante la necesidad de contar con un planteamiento nuevo de las relaciones de Europa con Africa, parecieran abrirse dos opciones que desgraciadamente entrarían en colisión: la de quienes lo enmarcan en esa prioridad geoestratégica de revenir los riegos y amenazas del flanco sur y la de quienes entienden que esos flujos migratorios deben formar parte de un planteamiento global, en el que europeos y africanos construyamos un marco global de relaciones desde la perspectiva del mutuo beneficio y de las exigencias de promoción de la Democracia, los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Por eso, sostiene el economista J.Sachs que, si Europa quiere hacer una contribución seria para mejorar el mundo -también para los europeos-, no debería fijar su prioridad en el marco de la lógica de bloques que parece imponerse, esto es, centrada en el objetivo de conseguir que Ucrania gane la guerra contra Putin, sino que, además de tratar de lograr una solución negociada, diplomática, a esa agresión de Putin sobre Ucrania, por difícil que sea tal empeño, debería focalizar sus esfuerzos en asegurar la educación para cada niño en Africa (https://elpais.com/cultura/2022-06-22/jeffrey-sachs-algo-falla-en-el-sistema-americano-y-en-la-naturaleza-humana.html?ssm=FB_CC&fbclid=IwAR1EJSQKHNbjirJ4B6b1NIzsZhwEQ9bDjPCxRfJu-yI0FB5JcyMtL3KO-8Q).

En todo caso, llama poderosamente atención que el problema de las hambrunas catastróficas derivadas de la guerra de Ucrania (como el de las grandes sequías, o el de la contaminación de los campos de cultivo o recursos naturales) no se analice como lo que es: un gravísimo peligro para las poblaciones que se ven obligadas a huir. Los europeos sólo nos planteamos las consecuencias que esas hambrunas pueden implicar para nosotros, sin centrarnos en la actuación verdaderamente necesaria: ¿cómo ayudar a esas poblaciones que se ven expulsadas de sus hogares, como consecuencia de estos fenómenos? ¿qué protección y qué garantías de sus derechos y con qué procedimientos vamos a poner a su alcance? Preguntas como esas son las que dieron lugar en 1951 a la Convención de Ginebra y luego al Protocolo de Nueva York, las piezas clave del derecho internacional de refugiados. Esas preguntas motivaron la aprobación en 2003 de la directiva europea de protección temporal ante llegadas masivas de personas en busca de protección, directiva que hemos activado con una rapidez y eficacia loables, en relación con los desplazados de la guerra de Ucrania.  ¿Qué hace falta para que nos decidamos a ofrecer respuestas, protección efectiva, a quienes no sean ucranios? ¿vamos a conformarnos con mirar esos desastres y lamentar su suerte?

5.Tres propuestas para recuperar el modelo alternativo

La primera, remite a la reiterada reclamación de crear vías legales, seguras y regulares para que los inmigrantes puedan llegar e instalarse sin riesgo de sus vidas, para trabajar legalmente, regresar a sus países y en su caso, volver a trabajar aquí, sin tener que pasar a lo largo de todas esas etapas por la clandestinidad. Porque la clandestinidad, el tráfico y la explotación, que son el negocio de las mafias, existen por dos razones. Porque hay empleadores en nuestro país a quien interesa el dumping social que supone disponer de esa mercancía, de esa mano de obra vulnerable, dispuesta a renunciar a sus derechos, y porque no hay vías legales y seguras para llegar y, por tanto, los inmigrantes tienen que acudir a las rutas que controlan las mafias.

La segunda, consiste en construir una política europea de asociación con los países de origen, pero no tanto para asegurar la obsesión del control, sino sobre todo para incidir en las causas de esos movimientos migratorios forzados, que seguirán existiendo y se van a incrementar si no actuamos. Esos desplazamientos masivos no se podrán regular mientras continúe la inmensa brecha de desigualdad en desarrollo humano, derechos humanos y democracia. Por tanto, iniciativas de asociación para la promoción en esos países de esos tres indicadores.

Y una tercera propuesta: poner en marcha medidas para otra política de acogida y, sobre todo, de inclusión, empezando por el acceso al mercado laboral en condiciones de igualdad de derechos. Hay que desarrollar actuaciones como las que con mucho acierto, a mi juicio, ha puesto en marcha, por primera vez en nuestro país el ministerio de inclusión y migraciones, mediante reformas del reglamento de extranjería como las que permiten la incorporación a la seguridad social y al mercado de trabajo de miles de jóvenes que, así, no serán la amenaza que pretenden los carteles de Vox, sino que se convertirán en parte de la mejor esperanza para nuestro país.

UNA UNIVERSIDAD DE TODOS Y PARA TODOS (Intervención en la segunda jornada conmemorativa del 50 aniversario de la UNED, organizada por el Senado y el Rectorado de la UNED y celebrada en el Centro Asociado Ramón J. Sender de la UNED en Barbastro, el 15 de septiembre de 2022)

Muchas gracias, magnífico y excelentísimo Sr Rector de la UNED, mi querido profesor Mairal

Permítanme expresar mi agradecimiento al presidente del Senado que, por deberes institucionales de representación del Estado, no puede acompañarnos como era su voluntad. Desde el inicio de esta iniciativa conjunta del Senado y de la UNED en conmemoración del cincuentenario, el presidente Ander Gil, que conoce por vocación y experiencia profesional la tarea docente, respaldó e impulsó esta celebración y sé de su deseo de estar hoy aquí. Un agradecimiento que hago extensivo a los componentes del gabinete del presidente, a la responsable de protocolo, Doña Maria Eugenia Enríquez, y también a los correspondientes responsables del gabinete del rector.

Gracias a los miembros de la Comisión de Ciencia, innovación y Universidades que tengo el honor de presidir, por el acuerdo unánime de todos los grupos parlamentarios en apoyo de esta propuesta. Gracias en particular al senador Jose Aurelio Aguilar, que fue portavoz de Universidades del grupo Parlamentario socialista en el Senado y que estuvo en el origen de la propuesta, con quien trabajé desde el inicio para presentarla, y a los senadores Alarcó, Alós y Magdaleno, que -además del propio senador Aguilar- han participado y participan en estas jornadas. Desde luego, gracias a todos los ponentes de estas dos jornadas.

Mi agradecimiento expreso a mi colega de la UNED, la vicerrectora Yolanda Peña, por su inteligente y discreto trabajo de organización, también pese a alguno de los habituales sobresaltos organizativos, que ha llevado siempre con elegancia y sentido del humor.

Y gracias a todas las autoridades, a los compañeros del Senado, a los profesores, tutores y estudiantes que nos acompañan

Verán: aunque tengo el honor de ser miembro del Senado, yo soy un profesor de filosofía del derecho y filosofía política, mi trabajo durante casi medio siglo. Y les hablo también desde esa condición. Hace unos meses, con motivo de un trabajo de investigación sobre el modelo de gestión política de la ciencia y de la Universidad, sobre el tópico weberiano (aunque es un tema que ya está en Platón) de las relaciones entre políticos y científicos, y gracias a los magníficos servicios de la Biblioteca del Senado y de su Centro de documentación, estuve repasando los Diarios de Sesiones del Senado, de 1910, que recogen las intervenciones como senador de nuestro más eminente científico y universitario, el aragonés (y navarro) Santiago Ramón y Cajal.

Don Santiago Ramón y Cajal, encarna como nadie lo que podríamos denominar patriotismo científico que es, a mi juicio, el mejor de los patriotismos. A través de sus escritos y también de sus intervenciones parlamentarias como senador, dejó clara la prioridad política de la tarea de elevación científica y cultural de la sociedad española.

Creo que Don Santiago estaría muy orgulloso de una institución como la UNED, precisamente por la doble esencia académica y social de esta Universidad.

En efecto, docencia, investigación, arraigo y promoción del territorio, al servicio de los mejores ideales y desde una capacidad ejemplar de adaptación a los profundos cambios sociales y tecnológicos, con un enorme trabajo de innovación en la docencia y en la investigación, caracterizan a la UNED. Y demás, esta Universidad sabe concitar la indispensable colaboración entre los agentes privados y públicos, como ejemplifica magníficamente este centro asociado Ramón J Sender de Barbastro, fruto de los esfuerzos de la Fundación Ramón J Sender, del Ayuntamiento de Barbastro, la Diputación de Huesca, el Gobierno de Aragón y la propia UNED.

No insistiré en las características diferenciales de la UNED, que explicarán en sus intervenciones el rector Mairal y el presidente del Senado, mucho mejor de lo que yo pueda hacerlo.

Querría sólo insistir en un mensaje: la UNED como Universidad para todos, como Universidad de todos.

A lo largo de estos años -y seguro que en el futuro-, la UNED ha sido una verdadera fábrica de sueños o, por mejor decir, la herramienta que ha hecho posible que millones de personas hayan podido hacer realidad sus sueños de desarrollo personal y profesional, ese magnífico proyecto de patriotismo científico que quería Ramón y Cajal.

Una Universidad para todos: para cualquier persona, con independencia de su origen, de su lugar de residencia, con una capacidad de adaptación a las condiciones laborales, familiares y personales. La UNED es así un poderoso factor de igualdad y de inclusión.

Pero, además, esta Universidad es un factor decisivo de la democratización del derecho a la cultura y a la educación, requisitos imprescindibles para una sociedad de mujeres y hombres libres e iguales y, por esa razón, la UNED es Una Universidad de todos, que hace accesible la enseñanza superior como motor de la igual libertad de todos los ciudadanos, por tanto, de una sociedad más culta, más igualitaria, más libre.

La UNED es una Universidad para todos y una Universidad de todos. En ese sentido, puede decirse que, como decimos los universitarios, es nuestra alma mater común. Por eso, permítame Sr Rector que, aunque no tengo la condición formal y el honor de pertenecer al claustro de doctores de esta Universidad, la considere como mía propia.

¡Larga vida a la UNED!

CUANDO FALTA EL PAN, BUENO ES EL CIRCO. LA MUERTE DE ISABEL II Y EL BUSINESS

Quienes me conocen saben de mi debilidad por los aforismos clásicos. La realidad más inmediata, la de la reacción en los medios y en algunos círculos políticos ante la muerte de la reina Isabel II, me ha sugerido la actualidad de dos de ellos: <panem et circenses> de un lado y el no menos sabio <ne quid nimis>, de otro.

El bombardeo mediático a propósito de una muerte

<Ne quid nimis>, es la traducción latina de uno de los preceptos grabados en el templo de Delfos, <Μηδὲν άγαν>: nada en exceso. Su oportunidad me parece evidente ante la avalancha de «información» -más bien habría que hablar de propaganda o publicidad- a propósito de la muerte de Isabel II y de la obvia operación de promoción de Carlos III, su sucesor, que carece del perfil institucional de su madre…

Isabel II es una figura de innegable relevancia histórica (pero sin exagerar. Digamos que tampoco es una verdadera protagonista de la historia, como Churchill, Mandela o Gorbachov: ella no ha cambiado el mundo con sus decisiones), de la que se destaca habitualmente su sentido del deber y de la dignidad institucional, aunque no está exenta de claroscuros, como cualquiera. Comprendo que su muerte es una noticia triste y de gran envergadura para los ciudadanos británicos e incluso de la Commonwealth y por eso entiendo que se le preste una atención destacada. Pero otra cosa es el despliegue, más apologético que informativo, insisto, al que estamos asistiendo.

Recordaré algo obvio: la monarquía británica, como todas, se asienta en su utilidad, pero sobre todo en su capacidad para hacer creer a la opinión pública que está dotada de una legitimidad especial: una suerte de combinación de las que Weber llama la «legitimidad carismática», y “legitimidad tradicional”. No basta, pues, con la tradición: es preciso desplegar seducción, más incluso que ejemplaridad. Por eso, los fastos, las ceremonias rituales, llenas de solemnidad y color, son elemento clave y en un mundo regido por la necesidad de vender «marca» y en el que la política es cada vez más espectáculo, es obvio que los Windsor comprendieron bien que su existencia se justifica por ese «valor» que añaden a la marca Reino Unido. Todo ello se resumen el apelativo con el que se conoce a los Windsor, <The Firm>. Cabe recordar que Windsor como nombre de familia para la dinastía se escogió para disimular su origen germánico: Sajonia-Coburgo), del mismo modo que se cambió el del consorte de la reina Isabel, Felipe de Mountbatten (también de origen alemán: Battenberg). De ahí que los Windsor  y sobre todo Isabel y Felipe -no tanto, ni mucho menos sus descendientes- sean maestros en el boato ceremonial, con la complicidad de los medios de comunicación, un negocio en el que una y otra parte se retroalimentan y que ha desbordado ampliamente los dominios de la <prensa de corazón> según el modelo <Hola>, para invadir todos los espacios mediáticos.. Lo explican muy bien Antoine Perraud en un artículo en Mediapart, reproducido por Infolibre (https://www.infolibre.es/mediapart/reina-establishement-isabel-ii_1_1314183.html) y David Gallardo, que ofrece datos sobre el business (https://www.infolibre.es/cultura/isabel-ii-negocio-muerte-resucitado_1_1314139.html).

Por todo ello y sin ignorar la relevancia histórica de la figura de Isabel II, cabe preguntarse por qué este exceso de noticias en torno a su muerte, sus funerales, su entierro, su sucesión.

Si no hay pan, dales circo

Creo que no es nada difícil entender que una de las razones de este sobredimensionado despliegue es la que nos ofrece el otro aforismo que mencioné al principio: lo que vivimos en estos días es una muestra de cómo el espectáculo sirve para distraer de la falta de pan, en una vuelta de tuerca del <panem et circenses>, expresión que aparece en la Sátira X de Juvenal.

Sin ápice de cinismo, diré que esta muerte le ha venido muy bien a las políticas que debe afrontar Liz Truss, la nueva premier británica, del mismo modo que le viene bien a quienes quieren entretener al público al menos por un rato, frente al elenco de dificultades que los ciudadanos europeos deben afrontar en esta rentrée. Es aquello del <show must go on>, entronizado como santo y seña de los medios de comunicación y también de la política como espectáculo.

Por supuesto, siempre hay quien se recrea en el exceso. El ejemplo de algunos gobernantes autonómicos que han dispuesto luto oficial en sus comunidades (luto oficial por la muerte de una monarca extranjera, mientras se niega el duelo oficial -no digamos la investigación- por las miles de muertes en eso que seguimos llamando <residencias de la tercera edad>) es particularmente llamativo. Pero también me parece un exceso el abrumador despliegue al que asistimos en estos días, de información trufada de ditirambos en los medios de comunicación, incluso ad nauseam.

Entiendo que en los medios privados esta es una forma de hacer caja, una vez que se ha impuesto por tierra, mar y aire el formato en el que fue precursor el espacio «Tómbola», en el que lo importante no es la noticia, sino cómo aportar un escándalo más entretenido y, si es posible, con imágenes. Es lo que vende, según ese tribunal supremo que es el share.

Lo que me parece menos justificable es que los medios públicos se apunten a esa propuesta «informativa». Aunque puedo entender los motivos para ese desvarío: el primero, que quienes los gestionan se ha rendido asimismo a la dictadura del share y or tanto se trata de alimentar el espectáculo que la muerte, funerales, entierro y coronación van a proporcionar. Y podría ser también que haya otro motivo en el caso de los medios públicos en España: una operación de imagen de la monarquía que, a todas luces va más allá de la británica, porque quizá no le viene mal a la española, ahora que en algunos medios se difunde una serie documental («salvar al rey», HBO Max) sobre las tropelías que practicó a diestro y siniestro el anterior titular, que estuvo a punto de mandar al garete la institución. Es difícil exagerar la gravedad de su pretensión de estar por encima de la ley y de la justicia, mientras por navidad nos amonestaba a hacer lo que contrario de lo que él practicaba, por no hablar del hecho de que se sirviera de los servicios del Estado para sus fines particulares. Todo ello, por cierto, con la complicidad de la inmensa mayoría de los medios de comunicación, que le fueron demasiado tiempo serviles, aunque ahora hagan leña del árbol caído.

ES HORA DE DECIR NO, A UNAS TRADICIONES QUE NOS DEGRADAN (versión ampliada del artículo publicado en Infolibre, 29 de agosto de 2022)

Los festejos taurinos que salpican buena parte de las fiestas de verano en numerosos municipios han adquirido este año una dimensión trágica. Concretamente, en la Comunitat Valenciana y en menos de seis semanas, se han cobrado ya siete víctimas mortales. La última, una septuagenaria de nacionalidad francesa, conocida aficionada a estas prácticas, que desde hace años recorría asiduamente los pueblos en los que se celebran. A propósito de esos festejos taurinos no han faltado, por cierto, elementos que cabría calificar como propios de la picaresca, como la peregrina explicación de las autoridades municipales de Nules, ante la denuncia de la celebración de un “encierro infantil” en sus calles, presentado como manifestación de «trashumancia urbana con exposición de animales bovinos«. Dicho sea de paso, otros Ayuntamientos han reaccionado muy rápidamente anulando los festejos al comprobar la presencia de menores o incluso se han pronunciado por la prohibición de esas prácticas, como el de Tavernes de la Valldigna.

La gravedad de estos hechos mortales ha llevado a la consellera de justicia e interior de la comunidad valenciana, Gabriela Bravo, a convocar de urgencia la comisión consultiva de festejos taurinos tradicionales, prevista en el título V del muy detallado Reglamento de festejos taurinos tradicionales de la Comunitat Valenciana, aprobado por el Decreto 31/2015 del Consell, siendo presidente el popular Alberto Fabra. La consellera daba una muestra de sentido común, del que andamos muy necesitados: “la vida está por encima de las tradiciones”. Mi argumento es el mismo: no hay tradición que valga la pena, si se cobra vidas humanas. Y añadiré: no hay tradición que valga la pena, si supone disfrutar con actos de crueldad y violencia. Actos gratuitos de maltrato, contra la integridad física y aun la vida de otros seres vivos, como sucede en el caso de los festejos taurinos que comentamos.

Como decía, no se trata de costumbres específicas de esa comunidad autónoma. Existen también en Cataluña y con una considerable polémica. Recordemos que el Parlament de Catalunya aprobó en 2010 una PNL que prohibió las corridas de toros en esa comunidad, lo que dio lugar a la Ley 28/2010, de 3 de agosto, de modificación del artículo 6 del texto refundido de la Ley de protección de los animales, pero esta disposición expresamente dejó claro que otro tipo de festejos taurinos quedaban a salvo de esa prohibición: “las fiestas de toros sin muerte del animal, correbous, en las fechas y localidades donde se celebran de forma tradicional». «En estos casos —se añade expresamente— está prohibido inferir daño a los animales».

En su momento y desde numerosas instancias, se denunció lo que a todas luces parecía una incoherencia, que se interpretaba como debida a consideraciones electoralistas. Así lo señala, por ejemplo, la Coordinadora para la Abolición de los Correbous de Cataluña, que cifra en 31 el número de municipios en los que todavía se celebran estas fiestas, la inmensa mayoría situados en las Terres de l’Ebre. Y se destaca que representan un porcentaje mínimo de la población total de Cataluña, aunque indiscutiblemente marca o puede marcar el resultado de las elecciones en esos municipios de Tarragona: así lo indica su portavoz, Toni Teixidó, en una entrevista para Crónica global: “¿Seguimiento? ¿Tradición? En esos municipios residen 140.000 personas mientras que, en toda Cataluña, viven 7,6 millones de personas. Si descontamos a los antitaurinos y menores, calculamos que los defensores de los correbous no pasan de 70.000. Es decir, un escaso 0,9% de los ciudadanos de Cataluña”.

Pero, más allá de estas críticas que hoy, ante la inminencia de las elecciones municipales, se revelan como un obstáculo insuperable para la tramitación de una nueva PL, presentada por el Comuns y la CUP, lo que deberíamos plantearnos es si no ha llegado la hora de dar fin a una tradición difícilmente compatible con elementos evidentes de lo que hoy entendemos por civilización, algo que incluye el fin de la crueldad y los malos tratos infligidos a. los animales.

Así lo señala, por ejemplo, Virtudes Azpitarte, autora de un brillante ensayo sobre Nietzsche y el animalismo, quien, consultada sobre el particular, se pronuncia con toda claridad: estos son, a su juicio, espectáculos difíciles de digerir. «No puede decirse que sea ético ni estético, es patético y ridículo. Los que nos indignamos nos preguntamos cómo el Gobierno catalán prohíbe las corridas de toros pero no estos eventos festivos crueles y patéticos. Tendría que ser el mismo bien jurídico protegido, la misma argumentación jurídica. Una vez más, queda en evidencia la labor de políticos y legisladores que no ven más que una rentabilidad en votos… la tradición no es un argumento. La tradición no es valorativa, no justifica ni legitima nada, mucho menos el sufrimiento de un ser vivo. Las costumbres son históricas y cambian con el tiempo. Se llama progreso. Se dice que son cultura, pero la cultura es evolucionar, ampliar tu mentalidad y tu círculo de empatía. Si no hay cambio, la cultura de un pueblo se estanca y se pudre. Es poner trabas a la evolución y al crecimiento de la humanidad… No olvidemos –añade– que estas torturas se financian a cargo del erario público y aquí sí podemos objetar y gritar: ¡no con mis impuestos! Es un claro caso que nos permite desobedecer las normas tributarias».

En lo que se refiere a la Comunitat Valenciana, mi opinión es muy clara. Creo que ha llegado el momento de derogar ese Decreto 31/2015 y, por tanto, el Reglamento de festejos taurinos tradicionales en la Comunitat Valenciana (bous al carrer). Un texto cuya minuciosidad y detalle desearía uno para otras causas:nada menos que 100 artículos, agrupados en cinco títulos, ocho anexos destinados a complementar y asegurar la eficacia de la regulación, cinco disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.

No es cuestión menor que el Preámbulo de este reglamento comience con una afirmación que, sin duda, es compartida por una parte de los valencianos, pero que confieso que me repugna: «Los festejos taurinos tradicionales (bous al carrer) son una de las señas de identidad del pueblo valenciano«. No contentos con ello, los autores del preámbulo ensalzan esas prácticas y celebra nel hecho de que en nuestra comunidad se convoquen más de 6.000 festejos taurinos. Aún más, el traído preámbulo considera estas prácticas no sólo como un rasgo identitario, sino como un «valor identitario» (sic). Así pues, si nos lo tomamos en serio resultaría que, hablando de valores, este preámbulo proporcionaría argumentso para defender que se forme en ese valor tan nuestro a los niños valencianos en la ESO y en el Bachillerato, como parte de esa educación en valores que –a mi juicio erróneamente– se propone en la LOMLOE. Por cierto, el reglamento no se queda ahí en la defensa y promoción del valor identitario en cuestión, y prevé que se creen también cátedras universitarias de tauromaquia.

Este rasgo identitario «tan nuestro», elevado a la categoría de “valor identitario”, me parece un disparate de rango mayor. Como me lo parecen en general los intentos de establecer unas señas y unos valores específicos identitarios de este tenor. Por lo que sé acera de los problemas de identidad colectiva a los que he dedicado algunos años de estudio, procuro tener presente siempre el aserto de Witgenstein sobre el “infierno de la identidad”. Por decirlo brevemente, me parece estéril e incluso contraproducente adentrarse en el arcano de ese constructo que son los “rasgos de identidad». También, claro, los del «pueblo valenciano”. Para empezar: ¿qué entendemos por tal sujeto colectivo? ¿el pueblo valenciano que supuestamente aparece cuando Jaume I conquista estas tierras, y no antes? Y esos rasgos, ¿son una esencia que debemos preservar a salvo de cualquier evolución?

Diré, por si acaso, que no vivo en la torre de marfil de mis convicciones y deseos: no estoy ciego y, como llevo casi dos tercios de mi vida en estas tierras que considero mías, aunque no naciera aquí, conozco algo de estas tradiciones. Sé que, posiblemente, hay ciudadanos a cuyo voto debo tengo el honor de representar a los valencianos en el Senado, que disfrutan de ellas y las defienden. estas tradiciones. Por tanto, no niego que tales festejos cuentan con cierto arraigo popular. Puedo comprender, además, el ansia de recuperar las fiestas populares, tras los dos años de confinamiento. Y me parece que seguramente coincide tal ansia con cierto espíritu de aprovechar este verano como fin de fiesta antes de un período de duras restricciones y sacrificios, como el que nos anuncian. Tampoco ignoro que hay un buen número de peñas taurinas en muchas de nuestras poblaciones, que defienden las diferentes manifestaciones de estos «festejos taurinos tradicionales» (reunidos bajo la denominación común de bous al carrer, que reúne tradiciones diferentes, enumeradas en el reglamento: «toros cerriles», «toros ensogados», encierros, toros embolados, bous a la mar). Y añadiré que estoy convencido de que, en la defensa de los festejos, incide la presión de los lobbies que negocian con estas manifestaciones taurinas, que se han visto bloqueadas durante dos años.

Pero, aun así, soy de los que piensan que ha llegado la hora de acabar con esos festejos y de derogar ese reglamento, porque hay tradiciones multicentenarias –la guerra, la esclavitud, el maltrato a los diferentes– que son contrarias a lo que significa civilización. Precisamente porque una de las ideas guía de la «civilización», es eliminar la crueldad. Como me recordaba Alicia Puleo, “¡las mujeres viviríamos todavía en estado de subordinación si el argumento de la tradición no hubiera sido refutado por la ética!”.

No somos pocos los que pensamos que la primera obligación que tenemos quienes somos representantes de los ciudadanos, es respetarles. Eso supone tratarles como adultos. Creo que, por respeto a los ciudadanos, por respeto al honor de la tarea de representarles, nuestra obligación no puede consistir en acompañar a rebaños; menos aún, en jalear a manadas o jaurías. Por eso, a veces hay que decir ya basta, aunque, a corto plazo, estos pronunciamientos que parecen impopulares (lo son, reconozcámoslo, para una parte de la población) puedan suponer perder algunos votos, como parece el caso. Demos este paso: es una idea a la que ha llegado su hora.

Para entendernos: recomendaciones para el verano. Infolibre 10 agosto 2022

Javier de Lucas (Murcia, 1952), es una de las voces más autorizadas de nuestro país en materia de derechos humanos. Su trayectoria es casi inabarcable: catedrático de filosofía del derecho en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia (del que fue fundador), exdirector del Colegio de España en París y actualmente es senador por el PSOE y presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Senado, ha escrito 25 libros, varios centenares de artículos en revistas especializadas y colabora habitualmente en prensa: así, en Infolibre, csi desde los comienzos. Dentro de toda la actividad intelectual que desarrolla ha dejado hueco, sin embargo, para cultivar su pasión por la lectura y el cine; ahora también, por las series de TV.

«Leo casi compulsivamente», asegura De Lucas, «pero si me preguntas por preferencias, depende del momento. En los dos últimos años, he devorado ensayos que presentan contexto y ayudan al diagnóstico de lo que nos pasa: sigo con atención cuanto escribe Etienne Balibar, como su último Cosmopolitique. Des frontières à l’espèce humaine. También el de Roberto Gargarella, El Derecho, como una conversación entre iguales, y dos de los últimos de Manuel Cruz, El virus del miedo -sobre un asunto que ha tratado muy bien Patricia Simón en su Miedo. Viaje por un mundo que se resiste a ser gobernado por el odio- y Democracia, la última utopía. Más referidas a cuestiones que se debaten hoy, los de José Errasti y Marino Pérez Nadie nace en un cuerpo equivocado. Éxito y miseria de la ideología de género; el de Alvarez Junco, Qué hacer con un pasado sucio; y los de S L Myers El nuevo zar. Ascenso y reinado de Vladimir Putin, y Pitts, Afropean. Notas sobre la Europa negra. Desde hace años me interesa mucho la discusión sobre la cuestión animalista y he leído los libros recientes de Marta Tafalla Filosofía ante la crisis ecológica. Una propuesta de convivencia con las demás especies: decrecimiento, veganismo y rewilding y el de Virtudes Azpitarte, Nietzsche y los animales. más allá de la cultura y de la justicia. Por más que hay sobre todo dos clásicos imprescindibles a los que recurro: las Meditaciones de Marco Aurelio y los Ensayos de Montaigne.

Respecto a la novela, asegura, «confieso que me he hecho mayor, porque prefiero releer que estar al día. Gracias al nobel he descubierto la obra de Abdulrazak Gurnah y me han interesado mucho su Paraíso y A orillas del mar porque suponen un punto de vista diferente (el de la cultura musulmana que ha dominado Zanzibar durante siglos) acerca del comercio de esclavos, las manifestaciones de movilidad humana e incluso los refugiados, en el continente africano. Me gustan dos autores de ese tipo de novela policiaca que permite contextualizar: Markaris (La hora de los hipócritas, Ética para inversores o Cuarentena) y  todo lo que publica Von Schirach».

Sereconoce como un lector regular de poesía, «pero poco cultivado y con un espectro muy reducido, más bien recurrente. Tengo a mano habitualmente a Hölderlin y a Rilke, a Emily Dickinson y a René Char. También a Benedetti y a García Montero».

Cambiando de tercio, el filósofo asegura que, desde el confinamiento, dedica más tiempo ahora a las series de TV que al cine: «porque su formato y duración permite a quienes tienen algo que decir plantear la complejidad y la multiplicidad de factores que moldean nuestra realidad, sin simplismos ni maniqueísmos. Me asomo a muchas series, aunque hay pocas que me mantengan la atención más allá del primer capítulo. Si se trata de las que ayudan a comprender la situación, me resulta difícil mencionar una sola, aunque siempre destacaría Years, years, que describe muy bien a mi juicio algunos de los males que nos acechan y no pocas de nuestras erróneas respuestas. Pero también The Wire (la cuarta temporada, por ejemplo), Succession, Baron Noir y Les sauvages. La última temporada de Borgen es mucho más cercana a los problemas reales de nuestro desorden internacional que las anteriores, es más realista sobre el juego político que esas temporadas anteriores, que me parecen demasiado dramatizadas e idealizadas. Sobre la industria millonaria de las drogas, Zerozerozero. Sobre las epidemias que destrozan los EEUU, American Rust. Me han gustado mucho Mare of East Town y After Life. También me han hecho reír, algo muy de agradecer dos series recientes, The state of the Union y Hacks

Sobre el cine de nuestro país, nos recomienda dos películas de este mismo año: Alcarrás Cinco Lobitos. La primera narra la historia de los Solé, una familia de agricultores catalanes que ve peligrar su forma de vida cuando se instalan en sus terrenos placas solares. El film ha hecho historia al ganar el Oso de Oro en Berlín, convirtiendo a Clara Simón, su directora, en la primera mujer española en hacerse con ese galardón. En cuanto a Cinco Lobitos, trata el tema de la maternidad y de las relaciones familiares desde varias perspectivas y con una gran sensibilidad. De ambas destaca De Lucas que “son cine de calidad, sin alharacas, y las dos historias, aparentemente cotidianas, reflejan las dificultades propias de nuestra situación y las diferentes maneras de encararlas”. Añade un largo, de género documental, de la directora Laura Hojman, «Antonio Machado. Los días azules».

“Creo que las buenas creaciones culturales, qué se yo, el teatro de Mayorga, las películas y series, la poesía o el ensayo que he mencionado, la danza, son siempre refugio y también acicate”, relata el filósofo, que nos invita a preguntarnos qué entendemos por cultura. Para él la clave de esa definición está en incluir a todo aquello que nos ayude a interrogarnos, a mantener la curiosidad y, en lo posible, el sentido del humor o, al menos, la ironía”.

La amistad no admite la procrastinación. De nuevo, en 31 de julio

Como cada 31 de julio, sigo con el hábito de recordar que esta era la fecha del comienzo de las vacaciones de verano para un grupo de amigos que nos reuníamos en Jávea, en casa de Ignacio e Inma.

Sus ausencias, como la de Paco, como la de los otros amigos que se nos han ido en estos años de pandemia sin apenas poderlos despedir, como la muy reciente de Tomás, son ahora las que marcan esta fecha.

Ya no celebramos el santo de Ignacio, con esas veladas llenas de risas, vino y poesía, con su protagonismo -puro pleonasmo, hablando de Ignacio-, al que daba siempre contrapunto un Paco que estaba cargado de poesía, por más que intentara disimularlo.

Ignacio sigue en nuestra memoria e incluso se diría que en ella nos acompaña aún más, a cada año que le echamos en falta. Como nos acompañan esos amigos que son parte de nosotros mismos: Paco, Inma, Tomás…

No era Benedetti uno de los preferidos en esas veladas (Salinas, mucho más), pero me acojo a los versos de Benedetti en su poema «Después», cuando despunta esta mañana del 31 de julio en Jávea, aún tranquila:

«No hay después

Porque después, el té se enfría

después, el interés se pierde,

después, el día se vuelve noche

,después, la gente crece,

después, la gente envejece,

después, la vida se termina

y uno, después, se arrepiente por no hacerlo antes,

cuando tuvo oportunidad»

No escribo esto, hoy, para lamentar mis pérdidas, nuestras pérdidas.

Escribo para aprovechar este día y repetirme, repetir a los amigos, que es ahora cuando tenemos que saber mostrar nuestra amistad, nuestro afecto a las personas que nos importan.

No hace falta escribir como Benedetti o Salinas. Incluso, no hace falta escribir.

Quizá basta que sepan que estamos ahí y que cuentan con nosotros. Al menos, que se lo digamos y no lo dejemos para después.

EL LEGADO DE RAMÓN Y CAJAL Y LA REFORMA DE LA LEY DE LA CIENCIA (versión ampliada del artículo publicado en Infolibre, 28 de julio de 2022)

1 La reforma de la ley de la ciencia, en el año de investigación Cajal

El pasado martes 19 de julio, el Senado aprobó la reforma de la ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (la ley 14/2011), pero introdujo en el texto que llegó del Congreso una enmienda polémica, a propuesta del grupo parlamentario del Partido Popular, apoyada por varios grupos. En realidad, la enmienda tiene su origen en una propuesta de la CRUE y de la red de centros de investigación de excelencia SOMMa, como luego explicaré. La aprobación de esa enmienda, que entra dentro de la competencia propia del Senado como Cámara de segunda lectura, tal y como está previsto en nuestra Constitución y en el reglamento de las Cámaras, obliga a que el texto vuelva al Congreso para su aprobación definitiva. En el tercer y último apartado, propondré una interpretación sobre el significado y alcance de ese vericueto parlamentario.

Antes de explicar el sentido y alcance que a mi juicio supone esa enmienda, en relación con los objetivos que se propone la ley, quiero situar esta reforma legislativa, que no es precisamente algo improvisado. En realidad, era un proyecto pendiente desde que dirigió el ministerio de Ciencia su anterior titular, Pedro Duque y aun se puede añadir que se trata de un proyecto muy necesario, en opinión generalizada en la comunidad científica e investigadora. En efecto, desde que se aprobó la ley anterior, la ley 14/2011, han transcurrido más de diez años. Diez años es hoy un período demasiado amplio, con arreglo a la velocidad que impone el ritmo continuamente acelerado de las tecnologías, gracias a la capacidad de innovación que nace del desarrollo vertiginoso de la investigación científica, esto es, de la propia ciencia. Era evidente, pues, la oportunidad, incluso la necesidad, de realizar esta reforma. La ley obtuvo en el Congreso un amplísimo respaldo, tras un detallado debate en Comisión, y se aprobó sin votos en contra. Personalmente, confío en que el gobierno y la actual ministra, Diana Morant, que entendió muy bien la prioridad de esta reforma para el futuro de nuestra sociedad, la vean culminada en las próximas semanas, tras el paréntesis de las vacaciones parlamentarias.

En todo caso, conviene señalar que el impresionante desarrollo de la ciencia y la tecnología al que asistimos hoy, no es estimulado sólo por el sector público que, en sociedades democráticas, se supone vinculado al interés común, sino en gran medida guiado también por los intereses de las grandes empresas, algo consecuente con el modelo de economía de mercado. Frente a la concepción ingenua que vincula el afán de avance en el conocimiento con el ideal puro de la verdad, algunos nos han recordado que detrás de los avances, de las revoluciones científicas (Kuhn) hay intereses particulares que los guían. Lo explicó muy bien Habermas y lo ha recordado Boaventura Santos, en un ensayo de lectura muy recomendable publicado el pasado 17 de julio, en El Espectador.

Acabamos de comprobar la conjugación de esos dos motores del avance científico -una vez más, en proporción muy desigual-, con ocasión del magnífico esfuerzo gracias al cual se nos ha provisto, en tiempo récord, de vacunas eficaces frente a la pandemia. Porque conviene señalar que las patentes de esas vacunas no han sido cedidas como bienes comunes puestos al alcance de todos los que lo necesitan, sino que han permanecido en el dominio de las corporaciones que invirtieron en su investigación, procurándoles así enormes beneficios. Es el mercado, claro, nos dirán. Una respuesta que a muchos nos parece insuficiente y particularmente injusta cuando hablamos de algo que, por la importancia y el alcance universal de lo que está en juego, no debería quedar exclusivamente supeditado a los principios de competencia y beneficio. Por eso entendemos que, si no al margen de la lógica del mercado, estos resultados deberían quedar sujetos a una clara regulación que ponga límites y garantice prioridades, en aras del bien común. Y me excuso por recordar que así debería ser para guardar coherencia con algo bien sabido: la prioridad de lo común tiene que ver con la característica básica del conocimiento científico, clave de la mejor manera de entender el progreso humano que ha sido destacada por la mayoría de quienes han hecho contribuciones relevantes a ese modo de saber: la ciencia debe estar al servicio de un ideal universal, al beneficio de la humanidad. Y también por eso, la comunidad científica debe ser una comunidad abierta.

Pues bien, eso es, precisamente, a mi entender, uno de los elementos más destacados de lo que podríamos llamar “el legado de Ramón y Cajal”, concretamente a propósito del significado social de la ciencia y de las características de lo que podríamos llamar la gestión política de la ciencia. Creo que es un asunto sobre el que vale la pena reflexionar precisamente a propósito del debate en torno a la ley, porque esta reforma, indispensable para nuestro país, tiene lugar en 2022, declarado por el gobierno, año de investigación Ramón y Cajal, en homenaje al más universal de nuestros científicos, que recibió en 1906 el premio nobel de fisiología y medicina. 

2. Sobre el legado de Cajal: la gestión política de la ciencia

El propio Cajal nos dejó buen testimonio de su juicio sobre estas cuestiones, en ensayos como Reglas y consejos sobre la actividad científica. Los tónicos de la voluntad o, con un punto de humor negro, en El mundo visto a los ochenta años. Impresiones de un arterioesclerótico. Son también numerosos los ensayos de historiadores de la ciencia y las biografías del nobel que, lógicamente, prestan atención a ello. En estas líneas me inspiro en particular en los recogidos en el volumen Cajal: una reflexión sobre el papel social de la ciencia (Zaragoza, 2006), que coordinó Jose Carlos Mainer por iniciativa de la Fundación Fernando el católico; por ejemplo, en los trabajos de Jose Manuel Sánchez Ron y Carlos Forcadell.

Todos los especialistas coinciden en subrayar que el motor de su trabajo intelectual fue lo que se ha llamado su patriotismo científico, esto es, es su convicción de la necesidad de impulsar en España el desarrollo de la investigación científica, para conseguir sacar a nuestro país del atávico retraso en que se encontraba, para construir un futuro mejor, distinto, para ese país que tanto amaba. Un amor sólo comparable al que profesó por la ciencia. Por eso, para Cajal, el progreso de la ciencia debe ser una prioridad capital de la política. Cajal, como recuerda Sánchez Ron, entiende que «el poderío militar y político y la prosperidad intelectual e industrial suelen ser cosas solidarias, como ramas brotadas del mismo tronco», y, por ende, políticos han de ser los remedios (las «terapéuticas» escribe), propuestos para conseguir «la elevación científica y cultural» de la sociedad española. Eso explica por qué, si bien rechazó la propuesta de hacerse cargo del ministerio de Instrucción Pública, no declinó importantes tareas al frente de instituciones públicas, como la Junta de Ampliación de Estudios, el Instituto Nacional de Higiene Alfonso XIII o, lo que resulta menos conocido, su trabajo como senador en la legislatura 1910-1911.

Precisamente los diarios de sesiones de esa legislatura, que he podido consultar gracias a la eficiencia del magnífico servicio de documentación del Senado, ofrecen el testimonio de las intervenciones de Cajal, en noviembre y diciembre de 1910, con ocasión de la discusión de los presupuestos del Estado de 1911. En ellas queda de manifiesto su sentido de lo público, de la importancia de la inversión en ciencia, así como de la necesidad de control del presupuesto destinado a instituciones científicas. Pero también son reflejo de su concepción acerca de la gestión política de la ciencia y del papel que un científico, un intelectual, debe asumir, si se implica en el terreno de la política activa.

Al objeto de mi comentario, me detendré sólo en la sesión del 26 de noviembre de 1910 (Diario de Sesiones del Senado, nº 75, pp.1219 ss), en punto al debate sobre la sección 7ª del presupuesto de gastos del ministerio de Instrucción pública y Bellas artes para 1911. Cajal intervino en primer lugar para defender la necesidad esa partida presupuestaria, habida cuenta de la importancia que a su juicio tenía la Junta de ampliación de Estudios para el impulso de la ciencia en España, convencido como estaba de que no había progreso posible sin avances significativos en la investigación científica y que, para ello, como insistió en numerosas ocasiones, era preciso «europeizar a los profesores, con lo cual se europeizará a los discípulos y así a la nación entera». Con palabras que bien podrían ser escritas hoy,  nuestro nobel ya había manifestado reiteradamente su preocupación por la sangría que suponía para el país el hecho de que lo mejor de las nuevas generaciones, después de haber sido formadas con no poco esfuerzo público, descartara dedicarse a tareas científicas, por la precariedad en que se encontraba la ciencia: “¿consentiremos que el novel investigador pida a cualquier otra profesión el pedazo de pan que les rehúsa la ciencia pura, perdiendo el Estado el fruto de sus sacrificios?”.

Cajal sostiene también, con la mayor cortesía y firmeza la autonomía de la Junta de Ampliación de Estudios en las decisiones que tocan a los candidatos y a la dotación de las ayudas, y confronta su tesis con las del propio ministro de Instrucción pública y Bellas artes, D. Julio Borell y Cuéllar. El ministro, con no menos cortesía y firmeza, reivindica que, puesto que la responsabilidad política es suya, debe tener una competencia de tutela y decisión respecto a los acuerdos de la Junta. Hay que decir que hoy causa envidia la oratoria parlamentaria en estas discusiones presupuestarias que, lejos de estereotipos al uso, sabe conjugar un exquisito, incluso excesivo tono formal, con el manejo riguroso de datos y estadísticas.

El argumento del ministro es todo, menos improcedente: bienvenidos los sabios, que juegan un papel necesario en la gestión de la ciencia, pero es fundamental el control de cómo administran los recursos públicos que se han puesto en sus manos. Y, sobre todo, en última instancia, se trata de decisiones políticas que corresponden a quien ha sido elegido para adoptarlas. El ministro está, pues, muy lejos de los conocidos dicterios que los aparatchiks de los partidos suelen arrojar sobre los intelectuales, como “cabezas de chorlito”. La argumentación del ministro se sitúa lejos también de la muy habitual y despectiva referencia a la soberbia y a la pretendida “superioridad moral” de los intelectuales, argumentos frecuentes en quienes parecen haber interiorizado como el catecismo la lógica de los aparatos internos de los partidos con menor tradición -o vocación- democrática interna y que ven con reticencia y sospecha la presencia en órganos de decisión política -gobiernos, parlamentos- de quienes no se han formado desde temprana edad bajo los principios de observancia jerárquica, férrea disciplina y cierre de filas ante las instrucciones de los mandos. Máxime si quienes así se pronuncian no han conocido prácticamente otro mundo -no han tenido trayectoria laboral significativa-. fuera de una militancia interna, que se parece demasiado a un coto vedado para quienes no tengan pedigree partidario. 

El ministro, junto a esas reticencias, deja muy claro que respeta el gran valor de la presencia de Cajal en la discusión pública. Por su parte, Cajal, de cuya valía intelectual era imposible dudar, pone de manifiesto el buen fundamento de su modelo de gestión política de la ciencia: las líneas políticas, el programa, corresponden al gobierno. Y él está de acuerdo con ese programa, razón por la que acepta estar presente activamente en política. Pero no dejará de defender lo que considera el mejor criterio, la adecuación a objetivos científicos, a la hora de decidir sobre los destinatarios y términos de las ayudas de la Junta.

3. Condiciones laborales dignas y excelencia en la investigación

Pero es el momento de analizar la razón de ser y el impacto de la enmienda aprobada en el Senado. Vaya por delante mi acuerdo con los argumentos que sostuvieron los portavoces de ciencia e innovación del grupo parlamentario socialista en el Senado, los senadores Zubeldia y Latorre, cuando explicaron el sentido y alcance de la reforma propuesta por el Gobierno. El objetivo de esta reforma, subrayaron, es garantizar los derechos laborales a los jóvenes investigadores, dignificar sus condiciones de trabajo. Junto a ello, se trata de superar los déficits de nuestro sistema de ciencia detectados por los agentes del propio sistema y por organismos internacionales: así, disminuir los trámites administrativos en la gestión científica y garantizar una financiación pública estable y progresiva de la I+D+I para alcanzar el 1,25% del PIB en 2030, de conformidad con el Pacto de la Ciencia y la Innovación, que como ya he recordado, cuenta con un amplio respaldo político y social. Hay que destacar que el proyecto del gobierno incorporó finalmente en el Congreso más de 100 enmiendas de otros grupos.

El punctum dolens es la disposición adicional décima de la ley, sobre la figura del contrato laboral indefinido, vinculado al desarrollo de las actividades científico-técnicas para personal de investigación. Esta es la disposición que fue modificada como consecuencia de la aprobación de la enmienda 79, introducida por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado y que recibió el apoyo de los senadores de Vox, PNV, Junts, UPN y ERC (que había votado a favor de la misma disposición en el Congreso). 

A mi entender, debe matizarse la polémica, porque creo preciso reconocer que la enmienda no tiene sólo una motivación partidista, por mucho que hay que reconocer también que algunos partidos la han utilizado como una ocasión para castigar al gobierno. Pero hay argumentos para sostener las posiciones enfrentadas, que resumo a continuación.

Las críticas a esta disposición llegaron sobre todo desde la red SOMMa, de centros de excelencia de investigación y también por parte de la CRUE, al entender que la introducción de la figura del contrato laboral indefinido supone limitar la posibilidad de contratación en el caso de los proyectos competitivos europeos que, por sus características, no admiten la figura del contrato indefinido y optan así por un modelo que lleva a encadenar contratos temporales. He de decir que los representantes de esos centros mantuvieron reuniones con los grupos parlamentarios (yo mismo recibí a la presidenta y al vicepresidente de esa red, como presidente de la Comisión del Senado) y la CRUE envió a todos los grupos parlamentarios en el Senado un manifiesto con su posición contraria a la introducción de contrato indefinido. Matizaré, por cierto, que la presidenta de la red SOMMa se ha pronunciado pública e inequívocamente contra la precariedad laboral de los investigadores. En todo caso, los defensores de la enmienda sostienen que el modelo de contrato indefinido generalizado en los proyectos competitivos supondría una rigidificación del sistema, un modelo de funcionarización, inadecuado a las características de los proyectos competitivos de investigación y desde luego a los de fondos europeos.

Todo ello redundaría en costes inasumibles para los centros de investigación (y no digamos para las universidades, se subraya) y, por tanto, en una pérdida de competitividad en los proyectos, vector fundamental del avance científico especializado. La CRUE insiste en dos argumentos: el modelo de contrato indefinido llevaría a dobla el coste de indemnización, frente a los costes del contrato temporal y, además, el aumento de los despidos exigiría Expedientes de Regulación de Ocupación, que estarían condicionados a las decisiones del comité de empresa.

Específicamente, el senador Reniu, que intervino en nombre de ERC -por lo demás, un reconocido profesor e investigador en ciencia política- justificó su cambio de postura alegando que lo que pretende su partido es que el debate se centre en lo fundamental: la dotación de fondos estatales suficientes para financiar las líneas de investigación que sustentan los contratos de los científicos, algo que a su entender, no estaría suficientemente explícito en la ley. Nada de eso fue alegado por ERC en el Congreso, sin embargo.

Por su parte, el gobierno, los grupos parlamentarios que lo apoyan, el sindicato CCOO y asociaciones de investigadores jóvenes, han insistido en argumentos que, a mi juicio, tienen mayor peso. El asunto de fondo es que el sistema de ciencia no puede ser ajeno al modelo de reforma laboral aprobado por las Cortes generales, porque se trata de acabar con la generalizada condición de temporalidad que afecta sobre todo a científicos jóvenes, pero que, como consecuencia de la práctica de encadenar contratos temporales, les alcanza frecuentemente hasta los cuarenta años. La introducción del contrato indefinido, garantiza estabilidad en el puesto de trabajo y mejores condiciones laborales en los términos de indemnización por despido, o a la hora de recibir ayudas de guardería o de comida. El sindicato CCOO sostiene que la diferencia son ocho días de sueldo anuales en las indemnizaciones por despido. Con un contrato temporal, son 12 días por año trabajado. Con uno indefinido, serían 20. CCOO asegura que hay entre ochocientos y mil euros de diferencia por investigador entre uno y otro. “Cuesta creer que un incremento de menos de 1.000 euros por año en las indemnizaciones por despido en proyectos, típicamente, de más de 500.000, euros suponga un quebranto para ninguna institución”, sostienen. Por lo demás, si se mantuviera la enmienda aprobada en el Senado, se calcula que los contratos indefinidos alcanzarían al 30% de los investigadores (y personal técnico y de gestión), mientras que con el texto aprobado en el Congreso los contratos indefinidos alcanzarían el 70%. El texto de la ley tal y como llegó del Congreso no impide despedir a investigadores cuando la línea de investigación deja de tener financiación, pero penaliza esos despidos con una indemnización mayor. 

No es simple la disyuntiva. Pero a mi juicio, es difícil discutir la tesis de que la ciencia será mejor si las condiciones de trabajo son estables y dignas. Salvo que admitamos el razonamiento paleoliberal, a mi jjuicio, falaz, de que en aras del progreso debemos seguir aceptando recortes importantes de derechos, con discriminaciones que, además, cuentan con sesgo de género. A mi entender, esa no puede ser nuestra opción. Se trata de encontrar soluciones que, desde el imprescindible reconocimiento de la igual dignidad en derechos, garanticen el progreso científico y tecnológico. Creo que esta ley consigue una razonable conciliación de esas exigencias y espero que la enmienda sea rectificada en su nuevo paso por el Congreso.

PRESENTACIÓN EN EL PLENO DEL SENADO DEL PROYECTO DE LEY DE LA CIENCIA, LA INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA, 19 de julio de 2022

Señorías,

Este año 2022, como saben todos Vds., fue declarado oficialmente por el gobierno <año de investigación Ramón y Cajal>, en honor de quien recibiera el premio nobel en 1906. En 2022 se conmemora, en efecto, el 170 aniversario de su nacimiento en la localidad navarra de Petilla de Aragón y el centenario de su jubilación como profesor. Es un buen marco para debatir el proyecto de ley por el que se modifica la ley 14/2011 de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la innovación

Por acuerdo de la Comisión de Ciencia, innovación y Universidades, en su sesión celebrada el 14 de julio, me corresponde el honor de someter a la consideración del Pleno del Senado el dictamen sobre este proyecto de ley.

Creo que, en primer lugar, es de justicia agradecer su trabajo a todos los miembros de la Ponencia y de la Comisión, a los servicios de la Cámara y en particular al señor Letrado.

El Proyecto, que se tramita por el procedimiento de urgencia, tuvo su entrada en esta Cámara el día 1 de julio de 2022, fecha asimismo de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

El plazo de presentación de propuestas de veto y enmiendas terminó el día 7 de julio de 2022.

Las enmiendas presentadas fueron 141. Su distribución es la siguiente:

36 de los Senadores González-Robatto Perote y Marín Gascón y la Senadora Merelo Palomares del Grupo Parlamentario Mixto;

5 de los Senadores Muñoz Lagares y Sánchez López del Grupo Parlamentario Democrático (Ciudadanos, Agrupación de Electores “Teruel Existe” y Partido Regionalista de Cantabria);

31 de la Senadora Castellví Auví y del Senador Cleries i González del Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario;

1 del Senador Vidal Matas y 16 del Senador Gómez Perpinyà, ambos del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista Gomera);

8 del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV),

1 del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu (GPERB)

y 43 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El Gobierno, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 134.6 de la Constitución y 151 del Reglamento de esta Cámara, manifestó su disconformidad con la tramitación de las enmiendas números 1, 3, 5, 34, 35, 43, 44, 51, 78, 124, 127, 137, 139 y 140,.

La Ponencia ha estado integrada por los senadores D. Antonio Alarcó Hernández (GPP), D. Emilio Argüeso Torres (GPMX), D.ª Assumpció Castellví Auví (GPN), D.ª María Fernández Álvarez (GPS), D. José Latorre Ruiz (GPS), Dª. María Rosa Peral Díez (GPV), D.ª María Ponce Gallardo (GPD), D. Josep Maria Reniu Vilamala (GPERB), D. Juan José Sanz Vitorio (GPP), D. Vicenç Vidal Matas (GPIC) y D. Alejandro José Zubeldia Santoyo (GPS).

La Ponencia, tras reunirse el día 12 de julio de 2022, emitió su Informe, en el que acordó, por mayoría, no introducir enmiendas en el texto remitido por el Congreso de los Diputados. Asimismo, acordó, por unanimidad, en relación con diversos errores de índole técnica, terminológica y gramatical detectados en el referido texto, y a la vista de la nota del Letrado, efectuar las oportunas correcciones, que no tienen la naturaleza de enmiendas a los efectos de lo dispuesto en el artículo 90.2 de la Constitución.

La Comisión se reunió para dictaminar el día 14 de julio de 2022 y acordó aceptar como dictamen el texto propuesto por la Ponencia en su Informe, que no introduce modificaciones en el remitido por el Congreso de los Diputados.

A este Dictamen se han presentado 7 votos particulares:

De los Sres. González-Robatto Perote y Marín Gascón y de la Sra. Melero Palomares (GPMX), correspondiente a las enmiendas 88 a 123.

De los Sres. Sánchez López y Muñoz Lagares (GPD), correspondiente a las enmiendas 2 y 4.

De la Sra. Castellví Auví y del Sr. Cleries i Gonzàlez (GPN), correspondiente a las enmiendas 7 a 33 y 36.

Del Sr. Gómez Perpinyà (GPIC), correspondiente a las enmiendas 125, 126, 128 a 136, 138 y 141.

Del G. P. Vasco en el Senado (EAJ-PNV), correspondiente a las enmiendas 80 a 87.

Del G. P. Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu, correspondiente a la enmienda 6.

Del G. P. Popular en el Senado correspondiente a las enmiendas 37 a 42, 45 a 50, 52 a 77 y 79.

Señorías, he evocado el año Cajal. He aprovechado estos días para leer sus intervenciones en el Senado, en noviembre y diciembre de 1910. Les invito a hacerlo, porque son muy aleccionadoras y sus argumentos continúan interpelándonos hoy, por más que resulta indiscutible cuánto hemos avanzado en las reivindicaciones de Cajal para que la ciencia arraigara sólidamente en nuestro país. No creo que sea una anécdota aislada el hecho de que dos mujeres científicas españolas, la bioquímica IRENE MIGUEL ALIAGA y la inmunóloga CAROLA GARCÍA DE VINUESA, hayan sido reconocidas en este año -junto al neurobiólogo OSCAR MARÍN- como fellows de la Royal Society de Londres, donde unen sus nombres a los de algunos de los científicos más prestigiosos de la historia, como el propio Ramón y Cajal.

Confiemos en que nuestro debate contribuya a que esta Ley de la Ciencia ofrezca un nuevo y positivo impulso en la consolidación de la ciencia, esa ciencia que el mismo Ramón y Cajal, en bellísima definición, llamó “la poesía de la verdad”.

TOMÁS VIVES: UN JURISTA SABIO, UNA PERSONA EXTRAORDINARIA (obituario en El País, Comunidad Valenciana, 10 de julio de 2022)

Esta mañana de domingo de julio nos ha traído una triste noticia que nos sume en duelo, la muerte de Tomás Vives Antón. Desaparece así un gran jurista, pero también una figura pública de primer orden, por sus relevantes contribuciones a la cultura del Estado de Derecho, de la democracia, de las libertades.

Con toda seguridad, podremos leer en estos días homenajes de quienes le conocieron bien, en la Universidad, en la judicatura, en la política. Redacto estas líneas apresuradas desde la confianza de que otros escribirán mejor que yo sobre la personalidad y la obra científica y jurídica de Tomás, aunque no creo que con mayor admiración y afecto que yo.

En más de una ocasión, Tomás Vives evocó las palabras de Antonio Machado para que nuestro país dejara de ser “ese burgo sórdido” que decía el poeta y fuera posible asentar una democracia de calidad. Tomás luchó personalmente por ese ideal, desde los tiempos del franquismo en los que, como joven fiscal, colaboró en la formación de Justicia Democrática y siempre a través de su trabajo docente e investigador como catedrático de Derecho penal, así como desde la asunción de importantes responsabilidades públicas en el Consejo General del Poder Judicial primero, entre 1990y 1995 y luego en el Tribunal Constitucional (1995-2004), del que fue vicepresidente.

Además de la figura del maestro, entendido como experto que profundiza en una rama o incluso en un aspecto muy concreto del conocimiento y ayuda a los demás a avanzar en ello, creo que Tomás tiene otra dimensión, la del sabio, a quien su ansia de conocer, de aprender, de estudiar y debatir con otros, le lleva más allá de su especialidad y a quien acuden buscando su mejor criterio personas de todos los ámbitos.

Tomás Vives fue ante todo un penalista sin el que no se puede explicar la doctrina y la práctica penales de la España democrática. Sus manuales, monografías y artículos científicos han sido estudiados por millares de estudiantes, profesores y profesionales del Derecho. Por no hablar de sus clases, de sus intervenciones en seminarios y reuniones científicas. Creó en torno a él una numerosa escuela de brillantes profesores y su influencia entre los especialistas de Derecho penal es enorme. Pero dejó también una huella perdurable en el ámbito de la doctrina y la jurisprudencia constitucionales, con libros de la entidad de La libertad como pretexto (1995) y con ensayos como el más reciente “Reivindicación de la concepción kantiana del derecho y el delito: tras la libertad” (2019). Por supuesto, a través de su contribución a fallos constitucionales en los que supo subrayar el alcance fundamental de la libertad como bien superior de nuestro ordenamiento constitucional, ya sea en el ámbito del asociacionismo político, en el de la libertad de expresión y, desde luego, en el de los límites del recurso al brazo punitivo, por ejemplo, en sus tomas de posición sobre la doctrina Parot o sobre la ilegalización de partidos políticos. Su crítica al populismo punitivo fue clarividente. En las páginas de El País, en 2015, advertía contra la tendencia a seguir “los dictados irreflexivos de ciudadanos encolerizados…(porque) resulta electoralmente más rentable que defender los derechos básicos, que constituyen los cimientos de la democracia”.

Quienes conocían a Tomás sabían de su interés y dedicación a cuestiones de filosofía política y jurídica, y es algo de lo que puedo dar fe, pues asistí y alguna vez participé en sus debates y trabajos con su querido amigo Manuel Jiménez Redondo, a propósito de tal o cual aspecto de la obra de Habermas, o de Rawls, que conocía en profundidad desde una larga estancia de investigación en Frankfurt y más de una vez me dejó en apuros con sus genuinas preguntas sobre el fundamento filosófico -y las limitaciones jurídicas- que subyacían a alguna de las tesis de la Teoría de la justicia, o a la crítica de Habermas al liberalismo de Rawls.

Tomás recibió a lo largo de su carrera muchas y merecidas distinciones. Quiero recordar ahora dos de ellas: la Distinción de la Generalitat Valenciana por la defensa de los derechos y las libertades constitucionales (2019) y el Primer premio Ihering del Instituto de Derechos humanos de la Universitat de València, “por su excepcional trayectoria como jurista, que se ha distinguido por su contribución doctrinal a la defensa de los derechos y libertades fundamentales y por su trabajo profesional en los tribunales y en las más altas instituciones del Estado, en garantía de esos derechos”.

Todos los que le queremos y le admiramos, porque la admiración y cariño por Tomás son para siempre, nos unimos ahora en el mensaje de afecto y solidaridad a su compañera de vida -su esposa Cande-, a sus hijos Ana y Salvador, a sus nietos y a su familia y también a sus discípulos, compañeros y allegados.