Ciudadanía española: el contrato social y político

La «nueva» política migratoria del PP[1], presentada el pasado 14 de octubre por su líder, el señor Núñez Feijoo, trata de enviar un mensaje de firmeza y rigor, que se condensaría en lemas como “la nacionalidad española no se regala, se merece» o “no se pueden convertir barrios enteros en lugares irreconocibles de nuestro país”[2]. Recordaré que en mayo de este año la portavoz parlamentaria de Vox, la diputada Pepa Millán, defendió que «la nacionalidad no puede ser en ningún caso un regalo» y, por otra parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha insistido reiteradamente en la necesidad de que «que nuestras calles sigan siendo y pareciendo calles de España»[3]. Son argumentos que refuerzan la tesis de que la política migratoria y de asilo del PP se aproxima muy sustancialmente a la de Vox[4].

A mi juicio, este “nuevo” modelo de política migratoria contiene un conjunto de ideas y propuestas que no sólo son muy viejas, sino poco adecuadas al contexto en el que vivimos y, añadiré, de escaso fundamento constitucional, por no decir abiertamente discriminatorias y sin justificación adecuada. Además, las propuestas a veces muestran un preocupante desconocimiento de la legalidad vigente, por ejemplo, en materia de expulsiones o de arraigo[5], e inciden en la hipérbole sobre la presencia en España de ciudadanos extranjeros, en particular, de inmigrantes que proceden de Africa, Asia y América latina[6].

En estas páginas, quiero centrar mi crítica a este modelo de política migratoria en lo que se refiere concretamente al acceso a la nacionalidad que, no lo olvidemos, es la llave de la condición de ciudadanía y con ello de los derechos políticos. En definitiva, la cuestión del acceso de los inmigrantes a la ciudadanía es la de qué modelo de contrato social y político debemos ofrecer en un mundo en el que las migraciones son un hecho social constitutivo, ineliminable, y nuestras sociedades son crecientemente plurales, también debido a ese fenómeno, nos obliga a reconocer que el tópico según el cual sólo tiene derecho a ser ciudadano quien ha nacido como tal, es insostenible. Frente a la concepción de la ciudadanía como un santuario, una condición a preservar para los que somos ciudadanos por nacimiento, y que sólo excepcionalmente se puede ofrecer a otros, tras pasar por un largo y complejo proceso, se impone a mi juicio una noción de ciudadanía abierta y accesible mediante procedimientos sencillos, para todo el que pruebe la voluntad de adquirirla y ejercerla en condiciones de igualdad[7].

Para el acceso a la nacionalidad, nuestro sistema vigente exige, además de un requisito temporal de residencia previa y continuada, la demostración de integración y buena conducta cívica, que se acreditan mediante exámenes de conocimientos constitucionales y socioculturales, e idioma español (cuando no es la primera lengua) y la ausencia de antecedentes penales. En lo que sigue recordaré algunas consideraciones sobre lo desproporcionado de ese modelo de requisitos para el acceso de los inmigrantes a la nacionalidad[8].

Los requisitos de acceso a la nacionalidad.

El primero de los requisitos de acceso a la nacionalidad, tal y como se recoge en la mayoría de los ordenamientos, es el de haber cumplido con un plazo temporal de residencia estable y legal. Me parece razonable exigirlo, aunque considero desmesurado el plazo de 10 años (porque hoy día es excesivo respecto a las condiciones de un mundo como el nuestro, en el que la movilidad es un rasgo básico). Por eso, he defendido y defiendo el establecimiento de un plazo más breve, entre 3 y 5 años, que me parece suficientemente acreditativo de la voluntad de residencia estable. Añadiré que los beneficios que se atribuyen hoy a quienes proceden de países hispanoamericanos, en lo relativo al acortamiento temporal de los plazos de residencia, constituyen una discriminación que puede llegar a considerarse justificada histórica y culturalmente.

El segundo requisito que se suele proponer y con el que, sin embargo, estoy en profundo desacuerdo, es el que se concreta en los test de “integración”, como medio para demostrar el conocimiento de la legalidad constitucional y de la cultura española (sic), incluidas nuestras costumbres, que ya operan en materia de acceso a la residencia. Veamos su crítica.

Empezaré con la exigencia de conocimiento de la legalidad constitucional[9]. Subyace a esta condición el equívoco de equiparar conocimiento y práctica: conocer la ley no es garantía de cumplirla. De hecho, un aforismo bien conocido reza, en sentido contrario, que la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento. Y, como se suele subrayar en criminología, los delincuentes más hábiles conocen al dedillo la legislación penal. En realidad, detrás de esta exigencia yace una concepción que pone bajo sospecha de delincuencia a todo aquel que no tiene la condición de español (en realidad, no a todos los extranjeros, sino a los inmigrantes que no proceden de un país de la UE), so pretexto de que, al no haber nacido aquí, no conocen la ley. Lo importante, claro, es que ese planteamiento supone la inversión del principio de inocencia y de libertad, conforme al cual a todos se nos presupone que actuamos conforme a la ley, hasta que un juez, mediante sentencia firme, dicte que la hemos violado. Por eso, suscribo la tesis de que a un inmigrante no se le debe exigir en punto a la legalidad constitucional lo que no se exige a un español: aquí lo que debe imperar, insisto, es el principio liberal de la presunción de cumplir con la legalidad, sólo desvirtuable mediante una sentencia firme que dicte que se ha infringido. ¿O es que los españoles de nacimiento llevan consigo en su ADN un plus de conocimiento de la Constitución y las leyes y de lo que se llama la cultura española que, por cierto, es muy plural e incluso contradictoria? Valga como ejemplo un pequeño experimento que durante años he propuesto al público de conferencias y coloquios: someterse a un test de tres preguntas sobre la Constitución. Puedo asegurarles que el resultado es que más del 90% suspendería ese test. Eso sí, la diferencia es que quienes han nacido españoles no perderían la nacionalidad al no superar ese test, lo que comporta reconocer que, para los nacidos españoles, la nacionalidad es un regalo que no han necesitado merecer.

Lo que sí es recomendable, tanto para los españoles como para los que no lo son, es la promoción del conocimiento básico de la Constitución y las leyes, junto al conocimiento básico del reconocimiento y de la garantía de los derechos humanos y las obligaciones que ello comporta, lo que, por cierto, es el contenido de lo que conocemos como “educación para la ciudadanía”. Algo parecido se debería ofertar y de forma gratuita a todos los inmigrantes, al menos a los residentes legalmente en nuestro país.

En cuanto al argumento de la necesidad de comprobar la integración cultural, el conocimiento de costumbres o prácticas culturales, una condición vigente en no pocos países y que aquí hemos copiado hasta la desmesura (por ejemplo, con leyes autonómicas de «identidad propia», cuyo conocimiento se supone que da puntos a los inmigrantes), no me parece condición exigible. Lo que es verdaderamente el núcleo de la cuestión tiene poco que ver con el conocimiento cultural que se acredita en un test, porque de lo que se trata no es tanto de conocer la costumbre de irse de cañas y tapas, sino del respeto a las costumbres o prácticas culturales de los demás. Por eso, es falaz al tópico de que los que llegan deben abandonar sus costumbres y hacer suyas las nuestras, “lo nuestro”. Lo realmente exigible no es el conocimiento ni la práctica de «lo nuestro», sino el respeto a las prácticas y costumbres de los otros, las nuestras y las de todos, siempre -eso sí- que no dañen los bienes jurídicos (los derechos) de terceros. Aceptaré el importante matiz de que resulta aconsejable, sí, que se conozcan las prácticas y costumbres del lugar que uno habita, pero eso no obliga a hacerlas propias, sino que obliga a respetar esas costumbres y prácticas,  como las de cualquiera. Porque en materia de prácticas y costumbres culturales, sólo es exigible lo que impone o prohibe la ley. Y lo es para todos, españoles y extranjeros. En lo demás, libertad.

Lo que quiero decir con todo ello es que eso de «estar integrado», es mucho más complejo de lo que nos dicen esas propuestas migratorias del PP, e incluso la legalidad vigente. En primer lugar, porque la integración (salvo que hablemos de asimilación impuesta y exijamos la aculturación, el abandono de la cultura propia por parte de quien llega a un lugar distinto del de su origen) es un proceso en el que caben muchas idas y vueltas: por ejemplo, es perfectamente posible no querer abrazar para sí las prácticas y costumbres del lugar después de haberlas conocido, e incluso abandonarlas después de haberse sumado a ellas durante un tiempo para demostrar esa voluntad de “integración”, sobre todo si se ha constatado que lo que a uno le han vendido como condición de integración no es suficiente para vivir en igualdad de derechos. Además, eso de la integración es un proceso recíproco, no unilateral. No se trata de que “ellos” se integren en “lo nuestro”, porque no hay relación unidireccional: cuando dos se encuentran, cambian los dos, y de lo que se trata es de negociar mutuamente las condiciones de convivencia. Segundo, y fundamental, porque como he reiterado, salvo el cumplimiento de las leyes y, como diré enseguida, una competencia lingüística básica, nada más debe ser exigible bajo sanción, para adquirir la condición jurídica de ciudadano y tampoco, a mi juicio, la de vecino. En definitiva, la mejor definición que conozco de integración es la de vivir en condiciones de igualdad.

Eliminado, pues, el requisito del conocimiento de la legalidad constitucional y de las costumbres y cultura del país, a mi juicio sólo hay una segunda condición exigible para el acceso a la nacionalidad, junto al plazo temporal de residencia: acreditar un conocimiento suficiente de la lengua, porque sin un dominio básico de la lengua es muy difícil convivir de modo efectivo[10]. Por cierto, la inmensa mayoría de los inmigrantes se esfuerzan en ello y con buenos resultados, aunque parece aconsejable ofrecer, como de hecho se hace, cursos de aprendizaje. Cabe plantear una cuestión: habida cuenta de que en nuestro país existen en varias Comunidades Autónomas dos lenguas oficiales y una de ellas es definida como propia, ¿qué lengua hay que exigir? Mi respuesta es sencilla:  aquella cuyo conocimiento es un derecho y deber de todos los españoles, el español. En el caso de las Comunidades Autónomas con dos lenguas oficiales (y una de ellas considerada propia), entiendo que el requisito lingüístico como exigencia para el acceso a la nacionalidad se debe entender cumplido con el conocimiento del español, sin perjuicio de que se pueda considerar un mérito relevante el conocimiento de la lengua propia. Pero ese conocimiento de la lengua propia no puede elevarse a la condición sine qua non para el acceso a la nacionalidad, a la ciudadanía, por la sencilla razón de que la nacionalidad y la ciudadanía es la española. Las exigencias que quieren imponer a ese respecto partidos independentistas supremacistas como Junts (en su versión del acuerdo de cesión de competencias migratorias a Cataluña que espero que no sea la suscrita por el gobierno), o Aliança Catalana, esto es, condicionar no ya el acceso a la ciudadanía, sino incluso la entrada de inmigrantes en Cataluña a su conocimiento de la lengua catalana, son a mi juicio inconstitucionales, porque sólo tendrían cabida si Catalunya fuera un Estado, o si el nuestro fuera un modelo confederal estricto: ninguna de las dos hipótesis tienen cabida en el marco constitucional vigente.

Coda: los deberes que importan

Concluiré con una observación que es una especie de brújula moral y política: en un mundo como el nuestro, en el que hay una pluralidad simultánea de vínculos e identidades, me parece que, en caso de conflictos de deberes, el orden jerárquico que debemos tener en cuenta, como nos ha explicado la mejor tradición crítica, de Montaigne a Montesquieu o Kant, es que las exigencia más importantes y que deben prevalecer por encima de otros deberes, son la que comporta la condición de ser miembro de la humanidad y ser parte de la vida del planeta, más que las que implican la condición de vecino de este o aquel barrio que, sin duda, no es sólo anecdótica, pero en absoluto puede ni debe ser la primordial.

[1] El documento oficial puede consultarse en https://www.pp.es/categoria/inmigracion/.

[2] Vid: https://www.pp.es/actualidad/articulos/feijoo-propone-reforzar-los-requisitos-para-que-un-inmigrante-adquiera-la-nacionalidad-la-nacionalidad-espanola-no-se-regala-se-merece/.

[3] La portavoz de Vox hizo esta afirmación a propósito de la reforma del reglamento de extranjería, en mayo de este año. Así la recogía El Diario Vasco: https://www.diariovasco.com/sociedad/sucesos/nacionalidad-puede-ningun-regalo-20250520124508-vi.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.diariovasco.com%2Fsociedad%2Fsucesos%2Fnacionalidad-puede-ningun-regalo-20250520124508-vi.html. La frase de Abascal ha sido recogida por los medios en diferentes ocasiones. Por ejemplo, en Onda Cero, en agosto de este año: https://www.ondacero.es/noticias/espana/abascal-defiende-que-espana-debe-proteger-identidad-porque-alandalus-calles-deben-parecer-espana_2025080868961f5351d2460c80751236.html).

[4] Las diferencias entre los programas de Vox y el PP en materia de política migratoria son ahora muy escasas: básicamente se centran en que el PP no habla de “reemigración”, ni impone expulsiones colectivas, y respecto a los menores inmigrantes no acompañados acepta una redistribución desde Canarias (y Ceuta y Melilla) a las diferentes CCAA, aunque eso sí, con otros criterios que los del gobierno de Sánchez. Además, el PP acepta el Pacto europeo de migración y asilo y propone el refuerzo de FRONTEX. El PP no excluye la posibilidad -excepcional- de procesos de regularización y tampoco se opone absolutamente al procedimiento de arraigo, aunque con un marco jurídico más estricto que el que está vigente. Me parece interesante el informe de Montse Hidalgo y J.Antonio Alvarez, publicado en El país, el 18 de octubre, con el título “¿A cuántos extranjeros en España afecta el plan del PP? Así es el status de siete millones de personas en España”, basado en datos del INE y del Observatorio Permanente de la Inmigración. Cfr. https://elpais.com/espana/2025-10-18/a-cuantos-extranjeros-afecta-el-plan-del-pp-asi-es-el-estatus-de-siete-millones-de-personas-en-espana.html.

[5] Para referirme sólo al arraigo, recordaré que hoy existen tres vías a través de las cuales los inmigrantes pueden acceder a la residencia por arraigo: la familiar (basado en un vínculo con un ciudadano español), la social (basado en el empleo y/o medios económicos) y el arraigo “formativo” creado en 2022 y que, a partir del nuevo Reglamento de extranjería (RD 1155/2024) ha pasado a denominarse arraigo socio-formativo (que exige un informe de “integración social” y la continuidad en el proceso de formación, por dos años): esta modalidad, hoy, da pie a más de 70000 permisos de residencia, entre los más de 350.000 permisos por arraigo, es decir, un 20%. Cada una de ellas establece requisitos propios en cuanto al plazo previo de residencia que hay que acreditar, los vínculos (familiares o de formación) y la demostración de empleo o de medios económicos. A este respecto me parece ilustrativo el informe

[6] La estadística muestra que en España residen hoy, aproximadamente, nueve millones y medio de extranjeros. De ellos, casi tres millones llegaron después de la pandemia, esto es, en apenas cuatro años. Siete millones de esos extranjeros no tienen nacionalidad española, pero su status es muy diferente pues, junto a los ciudadanos comunitarios que en rigor no debemos llamar extranjeros (algo más de dos millones), se encuentran los ciudadanos extracomunitarios con permisos de residencia (de los que casi un millón setecientos mil tienen permiso de residencia de larga duración y un millón seiscientos mil cuentan con permiso de residencia temporal o de protección internacional), a los que hay que sumar quioenes están pendientes de la solicitud de asilo (, los solicitantes de asilo, los estudiantes y los inmigrantes en situación irregular, cuyo número es difícil de establecer por razones obvias, pero se calcula superior al medio millón. Como es sabido, el Congreso registró una iniciativa legislativa popular para la regularización de estos últimos, que se encuentra hoy paralizada.

[7] Son tesis que he defendido en diferentes trabajos sobre la cuestión del acceso de los inmigrantes a la nacionalidad y a la ciudadanía, escritos a lo largo de veinticinco años. Por ejemplo, “Inmigración y ciudadanía: invisibilidad, presencia, permanencia”, Anales Catedra Francisco Suárez, 2003, nº 37, pp. 81-103, https://revistaseug.ugr.es/index.php/acfs/article/view/1087/1285; también, “La ciudadanía para los inmigrantes: una condición de la Europa multicultural”, EIKASIA, nº 4, 2006, pp.1-19, https://old.revistadefilosofia.org/ciudadania.pdf, o “La ciudadanía basada en la residencia y el ejercicio de los derechos políticos de los inmigrantes”, Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, nº 13, 2006, https://www.uv.es/CEFD/13/delucas.pdf; más recientemente, “Negar la política, negar sus sujetos y sus derechos: las políticas migratorias y de asilo como emblemas de la necropolítica”,  Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, nº 36, 2017, https://turia.uv.es/index.php/CEFD/article/view/11217/pdf, o “Sobre migraciones y Constitución: extranjeros e inmigrantes en la Constitución española de 1978”, Revista Peruana de Derecho Constitucional, nº 11, 2018, pp. 99-112, https://revista.tc.gob.pe/index.php/revista/article/view/271.

[8] Todo ello no quiere decir que el número de extranjeros que acceden a la nacionalidad española sea particularmente bajo, en términos absolutos. En los últimos 15 años, entre 2009 y 2024 han obtenido la nacionalidad por residencia más de dos millones de personas. Pero hay que subrayar que más de la mitad (55%) procedían de países latinoamericanos incluidos en la categoría de “Iberoamérica plus”, que permite solicitar la nacionalidad tras dos años de residencia legal y continuada en el país.

[9] Insisto en que no hablo aquí de la situación jurídica de los ciudadanos de la UE residentes en España que, a todos los efectos, no son extranjeros y tienen reconocido el ejercicio de derechos políticos: conforme al artículo 22.1 del TFUE, tienen el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo y en las elecciones municipales del Estado miembro en el que residen, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado. Sobre las normas relativas a la participación en las elecciones municipales y en las elecciones al Parlamento Europeo, es necesario tener en cuenta la Directiva 94/80/CE, de 19 de diciembre de 1994 , del Consejo y la Directiva 93/109/CE, de 6 de diciembre de 1993 , también del Consejo. Por lo que se refiere a los inmigrantes, hay que reconocer que la Constitución propicia el establecimiento de un sistema de reciprocidad, que, sin embargo, en la práctica tiene una utilidad reducida para la mayor parte de los inmigrantes residentes legales en España. Sobre ello, puede verse J de Lucas, 2018: “Sobre migraciones y Constitución: extranjeros e inmigrantes en la Constitución española de 1978”, Revista Peruana de Derecho Constitucional, nº 11, 2018, pp. 99-112, https://revista.tc.gob.pe/index.php/revista/article/view/271.

[10] El programa del PP no exige un nivel de máximos respecto al requisito lingüístico, pues propone un B2 como suficiente.

(I)

El título de esta conferencia, “Sin lucha por los derechos no hay justicia posible”, coincide con el lema que escogimos para el Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València (IDHUV) hace 20 años, en el momento de su fundación, un lema que tomamos del gran jurista del siglo XIX Rudolf Jhering: “nunca, ningún derecho se ha conseguido sin lucha”.

Quizá alguno de los presentes vincule este argumento con las manifestaciones que se están viviendo en estos días a propósito de la necesidad de parar la masacre, los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, tan graves como el genocidio, que vivimos en Gaza desde que hace hoy dos años, el 7 de octubre de 2023, la organización terrorista Hamás cometiera a su vez espantosos crímenes en Israel que costaron la vida a más de 1200 personas y además mantuviera hasta hoy mismo como rehenes a varios centenares de israelíes. Por su parte, lo sabemos, la población palestina ha sido asediada por hambre, bombardeada y arrasada, con miles de niños y mujeres como víctimas.

Pues bien, las movilizaciones a las que estamos asistiendo, con mayor fuerza aún desde el episodio de la flotilla, son, en efecto, un ejemplo de esa lucha por los derechos de la que les quiero hablar. Pero no el único, ni el más importante quizá…

Estos son tiempos de gran incertidumbre que algunos, enfatizando una perspectiva que más que realista calificaré de pragmática, señalan como el fin de las esperanzas en un mundo más civilizado, esas esperanzas que surgieron tras 1945 con la fundación de la ONU y se renovaron en 1989 con la caída del muro, que parecía afirmar el comienzo de un orden multilateral, el fin de la política de bloques, una era abierta a la negociación y a la paz. En suma, un orden de relaciones internacionales en el que la razón del Derecho imperase sobre la razón de la fuerza, sobre el nudo ejercicio del poder

Lo cierto es que esas expectativas se frustraron en gran medida en 2001 con ocasión de los atentados de Al Qaeda que, como dijo el entonces alcalde Giuliani, «nos hicieron entrar en el siglo XXI por las puertas del infierno», y no han cesado de disminuir, como advirtió el canciller Scholz en el famoso discurso pronunciado pocos meses después del comienzo de la invasión de Ucrania por Rusia, el 27 de febrero de 2022, en el que advirtió que entrábamos en un punto de inflexión de los que marcan una época, un Zeitenwende. Sólo nos faltaba la voluntad decidida de Putin y, sobre todo, de Trump, de volver al marco de las relaciones de fuerza.

Para muchos, es el momento de alejar cualquier esperanza puesta en la política y volver -quien pueda- a su jardín privado a la lucha particular por mejorar su propia vida.

Yo no me sumaré a ese mensaje. Como ha puesto de manifiesto recientemente mi compañero y amigo, el profesor Manuel Cruz, en un estupendo libro que es mi primera recomendación de lectura, Resabiados y resentidos: el eclipse de las ilusiones en el mundo actual (Galaxia Gutenberg, 2025) precisamente porque vivimos entre escombros nos toca pensar entre escombros y actuar. Quiero dedicar esta oportunidad que me han brindado los organizadores de la Nau Gran al pronunciar esta conferencia inaugural, para proponerles dos asuntos:

En primer lugar, quiero exponer lo que creo que son buenas razones para implicarse en lo público, en lo común, mediante esa lucha por los derechos. Ofrecer razones para otra dimensión de esa vida activa que, por lo demás, es el motor de todos Vds para participar en el proyecto de la Nau Gran. Porque Vds y yo estamos aquí porque queremos hacer algo más que disfrutar de las bondades del hogar. Les propondré tres razones

En segundo lugar, les hablaré de cómo se puede entender en la práctica la lucha por los derechos, hoy.

Y para eso, les recomendaré media docena de lecturas y también algunas películas…

(II)

Vamos primero con esas tres razones:

La primera razón que justifica recurrir a la lucha por los derechos es que se trata de un deber que nos concierne a todos como ciudadanos: a todos nos concierne luchar por la garantía efectiva de los derechos que hemos adquirido, porque, si dejamos esa garantía en manos de otros, de los “políticos”, de los “expertos”, tenemos un grave riesgo de perderlos. Me referiré ante todo a lo que llamaré «la lucha por el Derecho», que se concreta en la defensa del Estado de Derecho, que estoy convencido que es nuestra tarea primordial. En realidad, esto parte de una concepción del Derecho algo distinta de lo habitual. Solemos ver el Derecho como un fenómeno externo, ajeno, una manifestación del poder y eso explica el tópico de intentar mantenerse en lo posible fuera de su alcance (en cierto modo, es lo que expresa el dicho «tengas pleitos y los ganes»).

Pero el Derecho propio de una sociedad democrática no es eso: en una sociedad democràtica, el Derecho es lo que los ciudadanos deciden que sea, bien es verdad que a través de sus representantes (y sólo a veces, en forma directa: referéndum, iniciativas legislativas populares). En una sociedad democrática el Derecho no es sólo la manifestación del poder y desde luego, de un poder ajeno: es la manifestación de nuestroa voluntad y de nuestro poder, el de los ciudadanos, que nos convertimos así en los verdaderos «señores del Derecho». Por eso el Derecho de una sociedad democrática se aproxima a lo que los ciudadanos consideramos mayoritariamente no sólo como útil para regular nuestros intereses, nuestras necesidades, nuestra convivencia, sino también como justo. Y por eso, somos los ciudadanos los que debemos servirnos de él, lo que implica vivirlo como algo propio, luchar por lo que es nuestro: así entiendo lo que les propongo como lucha por el Derecho.

Esta tarea de implicarnos en lo que tiene que ser nuestro Derecho, y así acercarlo a lo que entendemos como justo, afecta de modo a la generación a la que pertenecemos buena parte de Vds y yo, nuestra generación, que contribuyó a instaurarla en nuestro país y que no puede resignarse a verla desaparecer por un sumidero. Algo de esto es lo que proponía el Secretario General de la ONU, en su discurso de apertura a las actividades en torno a la Asamblea General de la ONU en 2025, cuando se cumplen 80 años de su fundación, cuando dijo: “Strength of United Nations lies in people ‘who refuse to give up’ (“La fuerza de las Naciones Unidas reside en las personas que se niegan a rendirse)”. Es nuestro primer deber si tomamos en serio lo que significa ser ciudadanos. Y eso exige de nosotros lo mejor que tenemos: nuestro tiempo, porque nuestro tiempo es una herramienta muy poderosa, si lo ponemos en común con el tiempo de otros. Eso es lo que en buena medida los señores del mercado no quieren, quieren que dediquemos nuestro tiempo a banalidades, a consumir, a satisfacer lo que nos presentan como necesidades y que nos encierran en un yo pasivo, y aislado de los demás…Como en la canción de Nacho Vegas,  Runrún (2014), hay que responder  «nos quieren en soledad/nos tendrán en común». Por eso la segunda recomendación de lectura: si no lo han leído, lean a Stephan Hessel, ¡Indignaos! (Destino, 2011 con prólogo de J l Sampedro).

La segunda es que, cuando hablo de lucha por el Estado de Derecho me refiero ante todo a la lucha por la garantía de los derechos y entre esos derechos no se encuentran sólo nuestras libertades individuales y los derechos sociales, de los que disfrutamos, pese a todo, en unas condiciones que hacen de la UE y de España un lugar de privilegio en comparación con el resto del mundo. Están también y sobre todo derechos que afectan a lo que es común a todos, comenzando por nuestros hijos y nuestros nietos: la paz y una vida sostenible como primeros ejemplos. En ese sentido, les propondré una tercera recomendación de lectura: lean a un jurista italiano, Luigi Ferrajoli, que ha propuesto iniciativas muy concretas en un libro relativamente reciente, Por una Constitución de la tierra, que no es un libro para juristas ni profesores de Derecho, sino para todos los ciudadanos.

A esos efectos, y esta es la tercera idea, me parece muy importante no sólo saber plantarse y decir no, esto es, resistir, sino hacerlo de forma activa y positiva. Es decir, no sólo no resignarse, pero tampoco sermonear, con la actitud de eterno reproche que se supone propia de la tercera edad, ante lo que están haciendo las generaciones de ahora, sino saber proponerles objetivos e implicarlos en su defensa. Por eso, creo que hoy, como nunca, valen las palabras de Camus en el discurso de recepción del nobel de literatura, en 1960, sobre la tarea de nuestra generación: “Cada generación sin duda, se cree destinada a rehacer el mundo. La mía sabe que, sin embargo, no lo hará. Pero su tarea quizá sea más grande: consiste en impedir que se deshaga”. Y por eso, la cuarta recomendación de lectura: lean La peste, o El hombre rebelde (biblioteca Camus, Alianza).

(III)

Ahora bien, la lucha por los derechos puede adoptar muy distintas modalidades. Les hablaré de tres modalidades que a su vez pueden ser ilustradas con tres referentes clásicos, que parten del mismo motor, la rebelión contra el sentimiento de lo injusto y que son ejemplo de cómo la literatura inspira al Derecho. Primero, tres mujeres: Antígona (Sófocles), Lisistrata (y su compañera la espartana Lampito, las protagonistas de la obra de Aristofanes, Lisistrata, en la que las dos mujeres deciden una huelga de sexo para acabar con la guerra) y añadiré dos personajes cinematográficos, una mujer, Qiu Ju y un abogado, Atticus Finch.

Pero antes, he de referirme a otro personaje literario, un hombre que simboliza la vía de la violencia en la lucha por los derechos: Michael Kolhass, el protagonista del relato homónimo de von Kleist que les recomiendo leer), que a su vez dio lugar a la obra de Jhering, La lucha por el Derecho.

(1) Comenzaré por la vía que simboliza la historia de Kolhass

Michael Kolhass es el ejemplo del riesgo que expresa el aforismo summum ius suma iniuria…la paradoja de un comerciante honrado que, frustrado en su creencia de alcanzar justicia por la vía del Derecho, desembocará en la venganza y la violencia, en la rebelión a sangre y fuego como respuesta a la injusticia. Tras sufrir la confiscación de sus caballos y el maltrato a los mismos por parte de los sirvientes de un despótico barón, acude a los tribunales, porque confía en las leyes y en los tribunales de justicia, pero ve desestimada su petición por la influencia del barón. Tras la muerte de su esposa, provocada por un ataque de los sirvientes del barón, Kohlass, decide hacer justicia por su mano y lidera una revuelta contra el barón que se extenderá a toda la provincia, una rebelión contra las autoridades y contra el propio sistema legal. Es la vía de la violencia.

Hay otras dos vías en la lucha por los derechos, y para ilustrarlas recurro, como he dicho, a personajes -sobre todo, femeninos- de la literatura y del cine

(2) La lucha por los derechos puede ser ilustrada también mediante una segunda vía, la de quien insiste tozudamente en la lucha mediante las armas que ofrece el Derecho, luchando ante los tribunales. No me refiero a ese de «don erre que erre» (la película de Paco Martínez Soria), el busca pleitos, sino que lo ilustraré con la historia de otra mujer, que tomo también del cine: la protagonista de la extraordinaria película que dirigió el gran cineasta chino Zhang Yi Mou en 1992: Qiu Ju, da guansi (Qiu Ju va a la corte), que se estrenó en España como Qiu Ju una mujer china, la historia de persecución de la justicia por parte de una campesina que quiere justicia contra el líder local que ha apaleado a su esposo, que es a la vez una visión sobre la China de Den Xiao Ping. Fue León de oro en Venecia en 1992 y la magnífica y bellísima actriz Gong Li (protagonista de otras películas como Sorgo rojo, La linterna roja o Adiós a mi concubina), ganó la copa Volpi por su papel. Se la recomiendo

Esa tozudez por luchar ante los tribunales, incluso aunque uno sepa que está perdida la causa o, mejor, precisamente porque alguien la tiene que defender es lo que ilustran una maravillosa novela y una espléndida película que muchos de Vds conocen, Matar a un ruiseñor, con ese arquetipo de ciudadano y jurista que es Atticus Finch, encarnado por Gregory Peck: por supuesto, recomiendo leer la novela y volver a ver la película.

(3) Y, en tercer lugar, con eso acabo, la lucha por los derechos puede recorrer una tercera vía, recuperar la idea de Antígona o Lisístrata, esto es, enfrentándose al tirano (Antígona), organizando una respuesta colectiva de mujeres (Lisístrata) y así desembocamos en la desobediencia civil como derecho de resistencia e instrumento para alcanzar la justicia. Lo he explicado en un libro de 2020, que es mi penúltima (e interesada) recomendación de lectura: Decir no: el imperativo de la desobediencia (Tirant, 2020). Antígona  y Lisístrata son la inspiración de los movimientos de defensa de los derechos civiles de los que son ejemplos diferentes Gandhi (recuerden el estupendo biopic Gandhi, la película de Richard Attenborough de 1983, con un inolvidable Ben Kingsley), Luther King, o los movimientos de desobediencia civil contra la guerra en Vietnam y la carrera nuclear, o el Rebellion Extinction, inspirado en el ecologismo, hoy.

No nos faltan causas: la lucha por la vida, y por el futuro de nuestros hijos y nietos, que es la lucha por el medio ambiente, por ejemplo, por el Mediterráneo

La lucha por la paz, por ejemplo en Gaza y no sólo en Gaza: de Yemen a Sudán, Etiopía, y tantos otros conflictos.

La lucha por la igualdad de derechos: entre hombres y mujeres, con la lucha contra  la violencia que sufren las mujeres como prioridad.

La lucha por la vivienda, sin la que nuestros hijos están condenados a un futuro más que precario

La lucha por la igualdad de derechos de los inmigrantes…

Una última recomendación de lectura: Giuliano da Empoli (La hora de los depredadores, Seix Barral, 2025) ha escrito un ensayo tan descarnado como de obligada lectura. En él describe los tiempos que nos esperan, los de la convergencia de dos tipos de depredadores que » sacan su poder de la insurrección digital y ninguna de las dos está dispuesta a tolerar que se pongan límites»: el populismo de los autócratas, aupado sobre los intereses de un puñado de empresarios de nuevas tecnologías cuya voracidad en el mercado es directamente porporcional al decaimiento d la democracia liberal y de las esperanzas en un orden global de las relaciones internacionales sujeto a reglas, Y sin embargo concluye con una receta: «la lucha continúa». En efecto, tenemos dónde escoger en la inacabable tarea de la lucha por los derechos.

Hay, a mi juicio, no poca confusión en el debate surgido a propósito de la interrupción de la última etapa de la vuelta ciclista a España y, lo que es mucho más importante, sobre nuestra respuesta al genocidio que -a juicio de la mayoría de los juristas expertos en la cuestión- viene llevándose a cabo en Gaza. Como jurista, como profesor de Derecho, el que se trate o no de un genocidio, además de que se estén produciendo incontables actuaciones calificables como numerosos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad (también, desde luego, por parte de Hamás), es cuestión muy relevante. Dicho esto, lo más importante es cómo poner fin a esta carnicería.

Reconoceré, de entrada, que a mí no me ha gustado ese final de la vuelta y creo que podría haberse producido de otro modo. Añadiré que, también a mi juicio, no está tan claro que la participación de un equipo que llevaba el nombre de Israel y del que es propietario un millonario sionista, estrecho amigo de Netanyahu, fuera un nuevo ejemplo de la práctica de lo que se conoce como sportwashing. Soy de los que piensan que la supuesta neutralidad política de las competiciones deportivas es un vago señuelo: el deporte y sobre todo las competiciones deportivas de masas en las que intervienen selecciones nacionales, es terreno privilegiado para la confrontación política partidista, e incluso se ha dicho que eso es un buen sustituto de la guerra. Ese es uno de los aspectos que me parecen confusos en la nota de la UCI que critica al gobierno de España (https://www.eurosport.es/ciclismo/vuelta-a-espana/2025/uci-comunicado-oficial-protestas-palestina-espana-madrid_sto23222092/story.shtml). Y creo que es correcta la dura respuesta del presidente del CSD (https://www.marca.com/ciclismo/vuelta-espana/2025/09/15/csd-responde-dureza-lappartient-blanquear-genocidio-traves-deporte.html), que insiste (lo ha hecho el propio presidente del CSD en varias intervenciones) en que el deporte no puede ser una isla en lo que se refiere a los derechos humanos. Aún así, como trataré de argumentar, no comparto la estrategia puesta en marcha por el gobierno en la gestión de ese final de la vuelta: creo que ha sido un error y propicia la confrontación de interpretaciones partidistas, algo que no ayuda a la cuestión prioritaria.

Creo que vale la pena recordar que el invento del sportwashing tampoco es algo nuevo: lo vienen utilizando muy eficazmente las petromonarquías del golfo, con Arabia Saudí al frente, en ámbitos como el fútbol, el golf o el tenis, en los que obtienen mejores réditos propagandísticos que los que derivan de la captación de cerebros para sus universidades. No había que esperar a la vuelta ciclista para verlo: las principales ligas de fútbol europeas ofrecen numerosos ejemplos, con espectáculos bochornosos como las finales de copa de España trasladadas a Arabia Saudí, con el pretexto de que el negocio (que en realidad es lo primero) se justifica con argumentos tan con atrabiliarios como que esa celebración ayuda al avance de los derechos de las mujeres en ese régimen medieval. Qué decir de los manejos de Qatar, otro régimen medieval que viola masivamente esos derechos de las mujeres, por no mencionar los de los trabajadores inmigrantes asiáticos tratados como esclavos en la construcción de los estadios en los que se jugó allí el último campeonato mundial de futbol, (https://cnnespanol.cnn.com/2022/11/29/cuantos-muertos-estadios-mundial-qatar-orix).

Quiero señalar en particular un elemento de confusión en el debate. Me refiero al entusiasmo en torno a lo que se denomina -insisto, de modo confuso a mi juicio- la “causa palestina”. Con todo respeto, no tengo claro que los miles de manifestantes de buena fe que interrumpieron el final de la vuelta, con banderas palestinas, tuvieran clara la diferencia entre la necesidad de poner fin al espantoso genocidio que lleva a cabo el ejército comandado por Netanyahu en Gaza, y lo que se aclamaba como “victoria de la causa palestina”, sobre todo si esa causa se identifica con el lema “desde el río hasta el mar”, como asumen políticos como Belarra, Montero y, más dubitativamente, Yolanda Díaz. Si por causa palestina entendemos la defensa de los derechos de los palestinos (también su derecho a existir políticamente), ninguna objeción. Pero si ello incluye un programa que exige la desaparición del Estado de Israel, me parece injustificable.

Pero lo que más me preocupa, insisito, es que, como señaló el otro día Victor Vázquez, una causa justa como la de detener el genocidio en Gaza, que debería ser compartida por todos, se convierta en materia de enfrentamiento y ganancia partidista. Y por eso no comparto la estrategia del gobierno en este punto. Es más, me parece un grave error: a mi entender, insisto, ha propiciado la división, en lugar de fomentar el consenso más amplio.

Creo que se pueden resumir en pocas tesis los argumentos que, como digo, se orientan a asegurar lo que a muchos nos parece el fin prioritario, el de construir el consenso internacional más amplio posible, y de modo urgente, para detener el terrible genocidio que está llevando a cabo Netanyahu, con la evidente complicidad de Trump y la ausencia de intervención de China o Rusia, sumada a la irresponsable inacción de la Unión Europea, con notables excepciones como las que protagoniza el gobierno de España o el de Irlanda. Lo haré en forma de cinco modestas proposiciones:

• Es imperativo convertir en una causa con el más amplio respaldo internacional la denuncia del genocidio en Gaza. Insisto en llamarla genocidio, porque así lo argumentan con mucho detalle los expertos de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel , que cumplen un mandato del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, adoptado el 27 de mayo de 2021 (resolución A/HRC/RES/S-30/1, https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/co-israel/index). Esto es, así lo argumenta UN INFORME DE LA ONU, no tres particulares, manipulados por la propaganda de Hamas.
• A esos efectos, es asimismo imperativo conseguir un amplio respaldo internacional a la imposición de sanciones al gobierno criminal de Netanyahu. Para conseguirlo, cabe recurrir a los instrumentos de presión que se utilizaron para aislar el régimen de apartheid en Sudáfrica y, por tanto, me parece oportuno prohibir toda participación en eventos culturales y deportivos a representantes del Estado de Israel y prohibir que se participe en tales eventos organizados por el Estado de Israel, como ya se ha hecho con Rusia, por más que sea necesario distinguir entre la conducta criminal del gobierno Netanyahu y la sociedad civil israelí.
• El mismo imperativo del mayor consenso posible para parar el genocidio exige, a mi juicio, denunciar el fanatismo medieval y asesino de Hamas. Hamas es una organización terrorista, responsable de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, que pretende un Estado fundamentalista que violaría los más elementales derechos y libertades: los derechos de las mujeres, para empezar. Su programa político insiste en la desaparición del Estado de Israel: nos puede reivindicar el derecho de los palestinos a existir políticamente de modo independiente y negarlo a los israelíes.
• En mi opinión, lo que hay que defender, y además es lo que concita el mayor consenso posible, son los derechos de los palestinos y el primero, su derecho a la vida. También, lo reitero, su derecho a existir políticamente y, por tanto, a un Estado palestino. Eso no tiene nada que ver con la defensa de lo que se llama vagamente la «causa palestina». Menos aún, no me cansare de repetirlo, si esa causa consiste en el proyecto de Hamas, que reivindica todo el territorio «desde el río hasta el mar», lo que supone hacer desaparecer el Estado de Israel. Yo no aplaudo ni daré vivas a esa causa. Considero un grave error confundir esa “causa palestina”, con la lucha contra el genocidio en Gaza y la eliminación de los palestinos en Cisjordania.
• Por tanto, creo que es necesario como elemento de consenso la defensa del derecho a la existencia del Estado de Israel. Dicho esto, la defensa de la existencia del Estado de Israel es compatible con la solución política de la existencia de dos Estados, Palestina e Israel, que parece reunir el mayor consenso internacional, aunque hoy por hoy no parece viable. Incluso sería teóricamene compatible con la de un único Estado democrático, en el que los palestinos y los israelíes convivieran en condiciones de plena igualdad, siempre que así lo aceptaran los palestinos. Pero esta opción, menos deseable que la anterior, parece aún más difícil de lograr, habida cuenta de la correlación de fuerzas políticas y la mayoría fundamentaista en la Knesset.

Los acontecimientos que se sucedieron en la segunda semana de julio de 2025 en la ciudad de Torre Pacheco nos han hecho evocar a algunos de nosotros -los que, por edad, guardamos algo de memoria- lo que se vivió, 25 años antes, en enero y febrero del año 2000, en la localidad almeriense de El Ejido (muy próxima por cierto a Torre Pacheco), unos trágicos sucesos que fueron entonces considerados como el último progrom en suelo europeo y que, por cierto, tuvieron un fuerte impacto en la legislación de inmigración, mal llamada de extranjería.

A mi entender, sería en todo caso un error pensar que lo ocurrido en Torre Pacheco, o en otros municipios, como Alcalá de Henares o Piera, casi en los mismos días, obedece en cada caso a un movimiento espontáneo y localizado. Todo parece indicar que nos encontramos más bien ante un paso en la estrategia a medio plazo de la extrema derecha, que va ganando terreno en buena parte de la UE, contagiando a la derecha (creo que es evidente ese contagio en la segunda legislatura de von der Leyen) y sin que la izquierda haya dado señales de una respuesta clara y eficaz en la defensa de principios que considero irrenunciables, como trataré de exponer.

Resumamos. En la ciudad de Torre Pacheco, tras la paliza sufrida por un sexagenario a manos, presuntamente, de varios jóvenes identificados como magrebíes, se desató casi de inmediato una campaña en redes sociales, junto a declaraciones de políticos de extrema derecha, llamando a tomar la justicia por su mano, es decir, a vengarse. La campaña en cuestión, que utilizaba lemas como «cacería», se focalizó en los inmigrantes que viven en el barrio de San Antonio de esa ciudad, sobre la base de que no sólo los agresores, sino todos los inmigrantes, son delincuentes y su presencia es un peligro que hay que erradicar.

En el origen de esos mensajes y de la incitación al odio y a la violencia, alimentados con todo tipo de bulos, como se ha demostrado, se encuentran indiscutiblemente políticos de Vox y medios de extrema derecha[1]. Se trata de falsedades cuya línea argumental se centra en la tesis de que la llegada de inmigrantes, además de desbordar nuestro propio equilibrio demográfico y nuestro estilo de vida, se traduce de inmediato en un incremento de la delincuencia, en un deterioro de la garantía de los derechos de los ciudadanos (comenzando por la seguridad y siguiendo por derechos sociales: salud, educación, vivienda) y pondría en riesgo la democracia misma. Son mentiras fácilmente desmontables con la apelación a los hechos, los datos que nos muestra la estadística[2]. En particular, la pretendida correlación entre presencia de la inmigración e incremento de la delincuencia, el gran caballo de batalla de los Alvise, Abascal y tuttiquanti radicales de extrema derecha, que propagan el terrorífico panorama de una supuesta conspiración orientada a un gran reemplazo de la demografía y los valores occidentales, merced a la invasión que supondría la inmigración y que sólo se podría frenar apelando a la gran deportación, la Reemigración[3], está rotundamente desmentida por hechos, por datos que se encuentran al alcance de cualquiera, en los informes anuales de la fiscalía o en las bases de datos del ministerio del Interior.

Lo cierto es que, aunque la campaña para las cacerías en Torre Pacheco, convocaba manifestaciones para los días 15 a 8 de julio en esa localidad (en el bien entendido de que se trataba de que llegara gente a Torre Pacheco a esos efectos, pues no se contaba con una adhesión significativa de los propios vecinos), ya el 13 de julio de 2025 se habían vivido ya dos noches de violencia extrema en el barrio de San Antonio de esa localidad y numerosos enfrentamientos, con el agravante de una muy tímida reacción de las fuerzas de orden público en las primeras 24 y casi 48 horas. Algo que afortunadamente se corrigió a partir del día 15, cuando estaban anunciadas concentraciones de protesta y de cacería contra los inmigrantes, que fueron disuadidas por  una mayor presencia y control policial (que no impidió las provocaciones e insultos a los medios de comunicación presentes para informar) y, sobre todo, con detenciones como la de uno de los autores de la agresión al anciano y también de algunos de los responsables de la campaña en redes, de odio e incitación a la violencia, basada en todo tipo de bulos y falacias sobre los inmigrantes. A día de hoy, conviene destacar que la fiscalía ha incoado diligencias sobre la posible responsabilidad del diputado autonómico y líder de Vox por Murcia, el señor Antelo.

Dicho todo ésto, a mi juicio y como he anticipado, es interesante ponerlo en relación con lo que se vivió en El Ejido, hace ahora 25 años, pues hay considerables similitudes, aunque también importantes diferencias

Lecciones de El Ejido: similitudes y diferencias con Torre Pacheco.

Para los más jóvenes, recordaré algunos datos del escándalo de El Ejido. El 22 de enero de 2000 dos agricultores españoles fueron asesinados en El Ejido por un temporero marroquí. Quince días después, el 6 de febrero, una joven fue apuñalada por un inmigrante marroquí que estaba en tratamiento siquiátrico. A continuación, entre los días 8 a 10 de febrero, se produjo lo que fue calificado como un verdadero progrom, en el que se destruyeron todo tipo de locales, una mezquita, los locutorios telefónicos, las carnicerías halal, distintos vehículos y se arrasaron las sedes de Andalucía Acoge y de la Federación de mujeres progresistas. Hubo intentos de linchamiento a inmigrantes, e incluso el subdelegado del gobierno en Almería fue perseguido al grito “ese es el que les da los papeles”. Numerosos periodistas que asistieron a aquellos acontecimientos en El Ejido, calificaron como pasiva la actitud de la policía. El alcalde, Juan Enciso (en aquel entonces del PP y luego reelegido como independiente; recordaré que en las últimas elecciones Vox ha sido la 2 fuerza política), no sólo no trató de detener esas barbaridades, sino que mostró su comprensión e incluso animó al “castigo popular”. Es el mismo personaje que se hizo famoso por su lema de campaña electoral: “a las 7 de la mañana todos los inmigrantes son necesarios; a las siete de la tarde, todos sobran”.

El Ejido era entonces un caso paradigmático de la transformación social -laboral, económica, cultural- de no pocas comarcas de Almería, gracias al cultivo intensivo bajo los mares de plásticos, donde se ocupaban millares de trabajadores -en su inmensa mayoría magrebíes-, que estaban pésimamente alojados en chabolas o cortijos derruidos en las afueras de la población, salvo una pequeña concentración en el barrio de Las Norias. Se trataba de un modelo de asentamiento descrito por los especialistas que estudiaron el caso, como Ubaldo Martínez o Emma Díaz, como arquetípico del espacio segregado, pero sobre todo, lo más importante, un ejemplo de feroz desigualdad: en pocos años se incrementó la prosperidad económica, incluso el número de millonarios, mientras esos trabajadores (casi un tercio de la población total: entre 15000 y 20000 en el año 2000, para una población que en esa fecha era de unos 53000 habitantes), malvivían en pésimas condiciones laborales, por no hablar de la ausencia de derechos elementales.

Las más destacables diferencias entre el contexto de El Ejido y el de Torre Pacheco son consecuencia sobre todo de los 25 años transcurridos. Torre Pacheco, una ciudad del Campo de Cartagena, cuenta en 2025 con 46000 habitantes, de los que casi 12000 (cerca del 30%) son extranjeros no comunitarios, que no viven en el extrarradio, sino que, en su gran mayoría, se concentran en un barrio de la ciudad, San Antonio, y aparentemente conviven sin muchos problemas con el resto de los vecinos de la ciudad. Además, lo que es muy importante, también en su inmensa mayoría tienen residencia legal y una parte de ellos, sobre todo los más jóvenes, nacidos en España, son ciudadanos españoles. La mayoría de los que tienen trabajo se ocupan en la agricultura intensiva, que es la principal actividad económica y también en alguno de los 6 polígonos industriales, o pequeños empleos temporales, además de locales de comercio y restauración. Aún así, conviene resaltar un dato publicado en un artículo de la revista científica Nature, que me parece que encierra una de las claves en la que no se ha reparado en este debate. Me refiero a la conclusión de este análisis en la que se pone de manifiesto lo que posiblemente sea el más relevante argumento de la existencia de una discriminación laboral que permanece: la brecha salarial entre los trabajadores inmigrantes y los nacionales hoy, en España, alcanza el 29%[4].

Un dato que no siempre se cita  y que me parece relevante es el siguiente: en los últimos cinco años, han adquirido la nacionalidad española 944.543 inmigrantes, entre los que destacan los de tres nacionalidades de origen extracomunitario: Marruecos, Venezuela y Colombia. Los permisos de residencia han pasado de 718.178 en 2020, a 1,4 millones en 2024. Sin duda, ese incremento de residentes legales y, sobre todo, ese millón de nuevos españoles son una buena noticia. Una buena noticia que lleva consigo también la necesidad de invertir en los servicios a los que tienen derecho todos los residentes legales que ahora son casi un millón y medio más, y todos los servicios a los que tienen derecho todos los ciudadanos españoles, que ahora son casi un millón más: si no se invierte, esos servicios se degradan y ya no cabe el socorrido tópico falaz de echar la culpa a los inmigrantes ilegales: de una parte, porque son residentes legales y de otra, porque hay un millón que, insisto, son ciudadanos , con los mismos derechos y deberes que quien suscribe.

Pero permitan que insista en subrayar la situación de los jóvenes nuevos españoles (jóvenes españoles de origen magrebí), porque sucede que, una vez más, ninguno, ninguno, de los partidos políticos con responsabilidad de gobierno en estos años, en todos los niveles, se ha ocupado de invertir suficientes medios para ello, de modo que, para una parte de esos jóvenes, insisto, ciudadanos españoles, el mecanismo tantas veces descrito como “ascensor social “, no existe y desde luego siguen padeciendo racismo, comenzando por el muy carpetovetónico desprecio a «los moros» [5]. Muy verosímilmente, eso contribuye a que no sean infrecuentes el trapicheo y los pequeños delitos.

Es decir, encontramos situaciones de déficit social que son las condiciones propicias para procesos de exclusión social, que incluyen automarginación, por la frustración de toda expectativa de mejora. Esto no es algo nuevo: lo hemos vivido ya en otras poblaciones, como Salt y, sobre todo, en Francia, en las conocidas como cités, los barrios de la banlieue, caracterizados por la degradación de los servicios sociales y prestaciones en derechos básicos como salud, escuela y vivienda, además de la ausencia de perspectivas de un trabajo digno. Son procesos sociales que conocemos incluso por el cine (El odio, Los indeseables, Los miserables, Atenea…)., pero no parece que hayamos aprendido sus lecciones, la principal de las cuales es ésta: aquí, bajo el racismo, y la xenofobia lo que subyace es, insisto, una manifestación clara de los procesos de exclusión, de explotación y de desigualdad, que fomenta el capitalismo depredador.

Esta es, en mi opinión, la clave de comprensión del significado político del desafío complejo que nos plantean las migraciones, algo que, sin embargo, parece difuminarse en los análisis que ponen el acento en la ideología racista, en la xenofobia (aún más simplificadores, a mi juicio, cuando se habla de ese confuso término que es la aporofobia). Porque en esas interpretaciones, que abundan entre quienes siguen acríticamente las pautas del pensamiento correcto, suele olvidarse que el racismo y la xenofobia son sobre todo ideologías de cobertura, de justificación de lo que constituye el verdadero núcleo del problema: unas determinadas relaciones de poder, de dominación, que se sirven de las migraciones para asentar la correlación de poder, en el orden internacional y en el estatal.

Desde luego, en una perspectiva pragmático-utilitarista, ningún experto discute la tesis de que las economías de buena parte de los países del norte tienen ya una suerte dependencia estructural de los movimientos migratorios, que se traducen en efectos económicos positivos, esto es, en un saldo beneficioso, unilateral[1]. En cierto modo, esos desplazamientos masivos de inmigrantes funcionan de nuevo como ejército laboral de reserva, que alimenta en buena medida lo que se denomina economía clandestina, porque en buena medida los beneficios dependen de un modelo de explotación de los trabajadores reclutados, sometidos a condiciones laborales y salariales muy discriminatorias, con las que además se ejerce dumping social respecto a los trabajadores nacionales, si bien lo habitual es que esos trabajadores migrantes reclutados se empeñen en sectores -en nichos laborales- de los que deserta la mano de obra nacional. El arquetipo son empleos agrícolas en condiciones muy duras, un particular modelo productivo “de éxito”, que se extiende -entre otros ejemplos- desde los cultivos de la fresa en Huelva, a los cultivos del plástico en Almería, o estos cultivos intensivos del melón o la lechuga en el Campo de Cartagena, sostenidos sobre un sistema de explotación laboral de la mano de obra inmigrante[2]. En un ensayo sobre el caso de Torre Pacheco, Walter Actis ha desentrañado lo que califica como “insostenible modelo agroexportador que mantiene una alta rentabilidad tanto por la explotación humana como ambiental, extrayendo agua que no hay, erosionando los terrenos y contaminando los acuíferos subterráneos que terminan en el Mar Menor”[3]. Es algo que también ha destacado que el director de Justicia Alimentaria, Javier Guzmán, en su ensayo los presupuestos y alcance del modelo de cultivo agrícola intensivo que caracteriza a buena parte de estas poblaciones, en Almería o en Murcia, apuntaba a contextualizar en ese sentido[6].

En efecto, a mi juicio, lo que no acaban de entender quienes ponen el foco de manera simplista en el racismo y la xenofobia es que, como ya anticiparan Allport, Taguieff o Todorov, y ha contribuido a poner de manifiesto una corriente de literatura política y narrativa afroamericana, con nombres como Tha-Nheisi Coates, I.X Xendi, o Michelle Alexander, antes incluso del movimiento Black lives Matter, ambas ideologías, racismo y xenofobia son herramientas, presuntas visiones del mundo que tienen como propósito justificar una relación de poder, un modelo político de dominación, explotación y discriminación. Esa es lo que llamé la herida original que lastra el mensaje de los founding fathers de la independencia americana, de Washington a Jefferson[7].

Todas las manifestaciones del racismo, desde el etnológico que ya se conceptualizó en la Atenas clásica, al racismo biologicista típicamente decimonónico, hasta el más reciente racismo como diferencialismo cultural (que proclama la incompatibilidad de un modelo cultural. africano, islámico, asiático, latino- con el dominante en el país de que se trate), sigue el mismo patrón: prejuicios para justificar una relación de poder. Y el problema, a mi juicio, cuando hablamos de Torre Pacheco, es que esos mecanismos de discriminación y explotación no han sido removidos eficazmente por PSOE, ni por el gobierno de coalición en estos siete años, ni, por supuesto, el gobierno regional de Murcia, del PP, con políticas públicas que signifiquen inversiones y doten de medios sobre todo a las administraciones que directamente afrontan la gestión de estos desafíos, los Ayuntamientos. A ello me parece que apuntaba certeramente el comunicado “Violencia racista ¿Qué hay detrás?”, emitido por Sos Racismo Guipuzcoa/Gipuzkoako SOS Arrazekeria[8].

En ese sentido, me parecen preocupantes algunas de las importantes y negativas coincidencias entre El Ejido y Torre Pacheco. En particular, como he señalado ya, la débil respuesta inicial de los responsables políticos, de las fuerzas de orden público y de las autoridades judiciales, ante el incremento de la campaña en la calle, incentivada por Vox y los habituales portavoces en redes de extrema derecha, que difunden el lema “cacería”. Sorprende que, pese al despliegue considerable de fuerzas de seguridad, no se produjeran detenciones hasta casi transcurrida una semana, y casi hasta ayer no se haya visto particularmente activa a la fiscalía que no olvidemos, es defensora de la legalidad. Cabe recordar que en el caso de El Ejido las dos únicas condenas fueron para los dos autores de los homicidios. No hubo ninguna, para los responsables de las más de 500 conductas susceptibles de tipificación delictiva. Hay que confiar en que no se repita lo mismo ahora, en Torre Pacheco.

Una política migratoria que es sobre todo retórica partidista, vacía.

Pues bien, a mi juicio, es casi inevitable concluir que en torno a lo sucedido en Torre Pacheco hemos asistido de nuevo a la escenificación de la estrategia partidista que se sirve del argumento de la migración como arma arrojadiza para la descalificación del adversario, en lugar de ponerse manos a la obra para facilitar los medios que puedan garantizar que la siempre compleja convivencia que nace de la presencia importante de esos otros, los inmigrantes, pueda desarrollarse en el marco del respeto a la igualdad de derechos y al pluralismo.

Uno de los escenarios en los que me parece más evidente lo vacío del debate es el de la discusión en torno a las exigencias que han de cumplir los inmigrantes para probar que están “dispuestos a integrarse”. A ese respecto, se reitera acríticamente el tópico de que los que vienen de fuera han de adaptarse a “nuestros usos y costumbres”, como condición para que aceptemos su presencia y se pueda desarrollar un marco de convivencia. Un argumento que, si se piensa con un poco de detenimiento, carece de justificación, de fuerza de obligar, si nos referimos a usos y costumbres que no están incorporados a las leyes. Porque hay que recordar que, en democracia, allí donde las leyes no obligan ni prohiben, lo que rige es el principio de libertad, siempre que no afecte a un derecho de tercero. A un derecho, digo, no a los deseos o expectativas o hábitos particulares. No niego que sea siempre aconsejable, desde luego, respetar los usos y costumbres de los otros, pero insisto: con la única condición de que no afecten a los derechos de nadie, y eso vale en una y otra dirección, algo que confunden quienes parlotean sobre integración entendida en un sentido unidireccional. Eso no es integración, es aculturación forzada, asimilación impuesta, y supone falta de respeto. La integración o es acomodación mutua, o no es tal. Y la primera condición de esa acomodación mutua es la igualdad de derechos y deberes. Un ejemplo banal de todo ésto: quien llegó de Murcia a Valencia y vive y trabaja en Valencia desde hace más de 50 años, ¿es menos valenciano, menos vecino, porque deteste los petardos, no acuda a mascletaes, huya de las fallas, no beba horchata ni se atiborre de fartons, abomine de los festejos como els bous al carrer o els bous a la mar, o el toro ensogado, no llore de emoción con el himno regional, ni con la moixeranga, y no quiera probar el arroz al horno, todos ellos signos de identidad de los valencianos, que algunos pretenden salvaguardar por ley?

A diferencia de lo que aseguran tantos profundos tertulianos que se presentan como «analistas», pero también los portavoces de la mayoría de los partidos políticos que han llenado portadas de informativos con sus declaraciones, estoy profundamente convencido de que el debate entre los partidos políticos que se ha vivido a propósito de Torre Pacheco, no ha sido una confrontación entre dos modelos de política migratoria, el de la derecha y el de la izquierda. El supuesto debate sobre la integración cultural, el vínculo entre inmigración y criminalidad, o el balance económico de la presencia de la inmigración, se ha quedado en slogans, en invectivas, pero no ha permitido analizar modelos distintos de política migratoria, sino que ha dejado fuera de foco la necesaria confrontación de propuestas concretas, de soluciones que mejoren las condiciones de convivencia de todos: los inmigrantes que llegan y quienes vivimos aquí.

Entiéndase, claro que me parece que hay diferencias, incluso relevantes, entre lo que sostienen las fuerzas de la derecha y la de la izquierda. Pero, a mi juicio, lo que ha sucedido es sobre todo una confrontación mediática, una escenificación más de la lucha partidista que se sirve de los inmigrantes como herramienta en esa disputa. Porque, de hecho, no nos engañemos, parece que la inmensa mayoría de la clase política, en lugar de actuar por la garantía efectiva de la igualdad en derechos y deberes, se haya dedicado sobre todo a manipular la realidad y a predicar mantras retóricos con el propósito fundamental de descalificar las expectativas electorales del adversario. Así lo hacen algunos ministros del gobierno que nos quieren presentar a la derecha como encapuchados del Ku-Klux-Klan, dispuestos a comerse crudos a los inmigrantes, y también buena parte de los políticos de Vox, algunos del PP y aledaños, que propagan la imagen de unos políticos de izquierda irresponsables, cuando no enemigos de la civilización occidental…

Un ejemplo claro es la oscilante postura del líder del PP, el señor Núñez Feijoo, quien, aunque ha condenado con claridad los ataques ultra en Torre Pacheco, no ha querido identificar la responsabilidad de Vox e incluso ha adoptado parte de su discurso, sobre la necesidad de deportar de inmediato a todo inmigrante que cometa un delito, así, sin matizaciones[9]. Pero no me parece menos retórica partidista y agitadora la de quienes, para estigmatizar al contrario como gente cruel y sin piedad, ningunean los problemas reales de convivencia y, contra todas las evidencias reales, propagan acríticamente que este es un país en el que no se dan cacerías contra inmigrantes y se respetan sus derechos. Así lo ha reiterado el presidente de gobierno, que asegura imperturbable que este es un país de derechos para los inmigrantes y asilados -que se lo pregunten a tantos miles de ellos que viven en condiciones de precariedad y explotación, sin poder ejercer derechos elementales- y no digamos la inane ministra Sáiz, con su habitual tono buenista, exento de rigor jurídico, que pone en evidencia la ausencia de voluntad política de cumplir con la legalidad interna e internacional. Una y otra retórica, las de la derecha y las de la izquierda gobernante, descalifican a quienes las sostienen, porque, insisto, no se orientan a tratar de solucionar los problemas, sino a arrojarlos sobre el otro bando.

Sobre la mal llamada “política de cooperación internacional sobre las migraciones”. De Torre Pacheco a Mauritania.

Particularmente detestable me parece lo que sucdiçó cuando aún no sehabían apagado los ecos de lo ocurrido en Torre Pacheco. Me refiero al episodio del oportuno viaje solemne del presidente del gobierno, acompañado de una pléyade de ministros, con el que se reeditó la ritual visita de control (disfrazada de cooperación) a la república islámica de Mauritania. Conviene recordar que este es un régimen que tiene mucho de teocracia militarizada y poco de república, casi tan poco como el de los ayatollahs iraníes.

Parece evidente el mensaje que se pretendía enviar, en conexión con el debate partidista sobre quién y cómo gestiona mejor las migraciones: vean cómo se hace política internacional para mejorar esa gestión. Pues bien, no puedo dejar de señalar hasta qué punto creo que hay una tergiversación en ese mensaje de cooperación internacional en la política migratoria.

Ante todo, porque me parece completamente rechazable haber tenido que escuchar las alabanzas del presidente del gobierno y de los ministros que le acompañan, todos ellos declaradamente feministas acérrimos, a un régimen que desprecia y viola por definición los derechos de las niñas y mujeres mauritanas. Ver y escuchar a una ministra como Elma Saiz, que se proclama feminista y se declaraba escandalizada por los comentarios machistas de Abalos y compañia, departir amablemente con estos ultramachistas de convicción y hechos, sin decir palabra sobre los derechos de las mujeres y las niñas, es sencillamente repugnante. E imaginen qué pasa con los de las niñas y mujeres de otros países, que hemos pactado devolver a la exquisita policía mauritana y de cuya suerte nos desentendemos en absoluto: las quejas sobre las prácticas crueles de abandono y “devolución” a sus países de origen de esos inmigrantes que les entregamos, son muy similares a las que se viven desde hace decenios en Marruecos[10].

Pero claro, se me dirá aquello de Bismarck (“un hombre que se mete en política armado sólo con sus principios, es tan irresponsable como quien se adentra en un bosque infestado de bandidos con un palillo entre los dientes”), se me reprochará la ausencia de pragmatismo y se me repetirá que la geografía obliga. Esto es, que todo vale para amarrar que ese vecino ejerza la función que a nosotros más nos importa. Que no es otra que frenar el terrorismo islamista y domeñar los flujos migratorios. Pero no con el Derecho en la mano, sino con la vía de siempre, la del policía malo, que para policía bueno ya estamos nosotros. O sea, que el objetivo es asegurar como sea que disminuya el porcentaje de los cayucos a Canarias (el ministro Marlaska presume de cómo bajan esos porcentajes) o que, en todo caso, nos aseguremos de que podemos vaciar de Canarias a todos los que han llegado jugándose la vida a las islas y que no nos interesan, y echarlos a todos a ese paraíso de los derechos humanos que es Mauritania. Claro, el precio para nuestra conciencia es olvidar la hipocresía de que nos desentendamos de cómo se violan los derechos humanos en Mauritania, pero es que esas personas ya no son cosa nuestra, que para eso les pagamos a los mauritanos (cooperación, lo llaman), para poder librarnos de ellos, sin tener que hacerlo nosotros mismos. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre esas prácticas y las que criticamos cuando las emprende Meloni en Albania o la supuesta socialdemócrata Frederikssen de Dinamarca, con Uganda? Si encima el presidente y los ministros presumen de una política migratoria y de asilo presidida por los derechos humanos y la cooperación, no como los racistas y xenófobos del PP o de Vox, la hipocresía riza el rizo. Y, por cierto, de los planteamientos xenófobos y racistas de Junts nunca oirán Vds críticas por parte del gobierno progresista de coalición.

¿Qué hacer?

Terminaré con un par de propuestas, nada novedosas. Sin ninguna duda, es importante la tarea de prevención contra la narrativa tóxica, la xenofobia y el racismo, en la escuela, en la calle y en los medios de comunicación. Pero ante todo y también en mi opinión, para responder a estos sucesos que podrían ser sólo un anticipo de la estrategia por venir de la extrema derecha, frente a la que la derecha no es suficientemente contundente, me parece que son imprescindibles dos tareas.

En primer lugar, algo tan elemental como que funcione el Estado de Derecho, esto es, que se restablezcan las garantías de la convivencia, que las fuerzas de orden público y de seguridad, la policía judicial, los jueces y los fiscales dispongan de medios adecuados para poder cumplir eficazmente su función y así, primero disuadan y luego investiguen y persigan de modo diligente los presuntos actos delictivos, de modo que los responsables sean llevados ante la justicia para paguen por lo que han hecho. Restablecer el Derecho, porque lo otro, la «autodefensa vecinal» (que con frecuencia no viene de los vecinos, sino de fuera, como se ha visto en Torre Pacheco) es el imperio de la barbarie.

Y, en segundo lugar, hay que exigir a nuestros responsables políticos el cumplimiento de aquello, tan elemental también, del facta, non verba. Dejémoslo claro: hace falta poner fin al discurso condescendiente, a la retórica paternalista de la exigencia «humanitaria» con los inmigrantes, para decidirse, con presupuestos (ay!) a pasar a los números y al boletín oficial, el del Estado, el de la Comunidad Autónoma, el bando municipal. Hay que dotar de medios y concretar inversiones en servicios en esos barrios, facilitar el acceso y la garantía de derechos básicos como salud, educación, vivienda y trabajo, en condiciones de igualdad para todos.

Todo eso, la necesidad de una voluntad de hacer política en serio, y no paripés de guiñol, vale como decía, para la crítica a quienes han visto en Torre Pacheco una oportunidad de arrimar el ascua a su sardina electoralista y, por ejemplo, exhibir el peligro de Vox, con frases rimbombantes como las de la ministra Redondo, una habitual de la indignación victimista, que habla de «frenar el kukuxklan entre nosotros», mientas no consta que se preocupe un ápice por la igualdad efectiva de derechos de las mujeres inmigrantes y de las niñas inmigrantes. Y vale, desde luego para el reproche prioritario a las autoridades municipales y autonómicas que se han mostrado demasiado comprensivas con esas reacciones de barbarie ante el delito perpetrado en Torre Pacheco, que ha sido el detonante de la situación. En particular, personalizaré mi denuncia en el presidente López Miras, que se apresuró a retirar las medidas en materia de vivienda para inmigrantes aprobadas por su consejo de gobierno y que Vox rechazó de inmediato, hasta el punto de permitirse el acto indecente y machista de obligar a su propia consejera a un indigno “no lo volveremos a hacer”.

Para seguir debatiendo, en la teoría y en la práctica, propongo tener en cuenta estas dos conclusiones:

Primera conclusión: Vox ha demostrado, a fin de cuentas, que maneja muy bien las redes, que consigue atraer a un sector importante del electorado joven con sus mensajes de rebelión contra el sistema y que, de facto, manda en Murcia. El PP no se puede llamar a andana, sobre todo si todo ésto es una muestra de la estrategia de gobierno que nos puede llegar tras las elecciones generales, cuando sucedan. Por eso es necesario que os ciudadanos deberían tener clara la propuesta del PP sobre política migratoria y de asilo (por supuesto, es aplicable a los demás partidos)

Segunda conclusión: gestionar la convivencia en situaciones de cierta complejidad, no sale gratis. O sea, que hay que pensar en la financiación de medidas de políticas públicas sobre todo en el ámbito municipal. un gasto que es inversión en convivencia, en mejora de la gestión. Si los diferentes gobiernos no concretan las mencionadas inversiones y medios personales y materiales a disposición de las administraciones municipales, los grandes perdedores de todo esto serán los paganos de siempre: los inmigrantes. Pero también todos nosotros, porque el perjuicio a la convivencia no dejará de afectarnos negativamente a todos.

[1] Tomás Muñoz, en un interesante análisis publicado en el dossier dedicado a estos sucesos en la revista El Salto, pone de relieve que se trata de una estrategia ensayada en otros países, por ejemplo, en Inglaterra: https://www.elsaltodiario.com/region-murcia/bulos-algaradas-estrategia-internacional-promocionar-supremacismo?utm_source=Claves%20para%20entender%20Torre%20Pacheco%20y%20otros%20temas%20destacados%20de%20la%20semana&utm_medium=email&utm_campaign=bol1207.

[2]  Recientemente se han publicado algunos análisis estadísticos que son muy concluyentes a este respecto. Así, por ejemplo, https://www.eldiario.es/sociedad/datos-desmienten-vox-espana-doble-extranjeros-2005-tasa-delincuencia-baja_1_12461944.html?utm_source=adelanto&utm_medium=email&utm_content=Socio&utm_campaign=15/07/2025-adelanto&utm_source=elDiario.es&utm_campaign=e786b0fb6d-ADELANTO_15-07-2025&utm_medium=email&utm_term=0_10e11ebad6-e786b0fb6d-56371625&goal=0_10e11ebad6-e786b0fb6d-56371625&mc_cid=e786b0fb6d&mc_eid=431e753198). También, https://elpais.com/espana/2025-07-16/sube-la-criminalidad-en-espana-datos-de-tendencia-por-delito-y-en-cada-ciudad.html. Quizá venga bien señalar que estas falacias habían sido rebatidas desde hace tiempo entre nosotros, desde la antropología, la sociología y la filosofía política. Basta asomarse, por ejemplo, a las páginas que dedicó a la cuestión el antropólogo Carlos Giménez en su monografía de 2014 Antropología, derechos y ética ante la cuestión migratoria.

[3] Como es sabido, la hipótesis de un “gran reemplazo” fue formulada por Renaud Camus en su ensayo de 2010, Le grand remplacement. La solución de la gran deportación o “Reemigración”, fue incorporada en 2021 al programa electoral del partido neonazi AfD, incluso concretada en una RemigrationsAgenda, y puede consultarse en la website del partido: https://www.afd.de/remigration/. Ambos argumentos fueron mimetizados por la diputada d Vox, de Mer, en términos de las exigencias de legítimo derecho a la supervivencia del “pueblo español”, poco antes de los sucesos de Torre Pacheco: https://elpais.com/espana/2025-07-07/vox-habla-ya-abiertamente-de-deportar-a-ocho-millones-de-inmigrantes-y-sus-hijos.html.

[4] https://www.nature.com/articles/s41586-025-09259-6.

[5] https://elpais.com/espana/2025-07-15/los-hijos-de-la-inmigracion-en-torre-pacheco-en-la-diana-a-sus-ojos-seguimos-siendo-moros.html.

[6] Cfr. https://www.elsaltodiario.com/opinion/torre-pacheco-sintoma-una-sistema-agroexportador-podrido?utm_source=Claves%20para%20entender%20Torre%20Pacheco%20y%20otros%20temas%20destacados%20de%20la%20semana&utm_medium=email&utm_campaign=bol1207. A ello apunta también, creo, Mohamed El Amrani en su “Torre Pacheco: manual para una revolución involuntaria.https://elpais.com/espana/2025-07-14/torre-pacheco-manual-para-una-revolucion-involuntaria.html.

[7] Así la califiqué en el capítulo VI de mi ensayo Nosotros que quisimos tanto a Atticus Finch. De las raíces del supremacismo al Black lives Matter (2000), pp.115-135.

[8] https://sosracismogipuzkoa.org/violencia-racista-que-hay-detras/.

[9] https://elpais.com/espana/2025-07-16/feijoo-endurece-su-discurso-y-pide-deportar-de-forma-inmediata-a-los-inmigrantes-que-delincan.html?ssm=TW_CM&utm_source=tw&utm_medium=social.

[10] https://elpais.com/espana/2025-07-16/migrantes-y-refugiados-viven-aterrorizados-en-mauritania-por-la-mano-dura-del-gobierno-para-frenar-los-cayucos.html?ssm=TW_CC.

[1] Cfr. por ejemplo el reciente ensayo de la investigadora de la IE University, D. Turcu, https://theconversation.com/frente-al-discurso-antiinmigracion-datos-por-que-los-inmigrantes-son-necesarios-para-las-economias-de-ee-uu-y-europa-261124?utm_medium=email&utm_campaign=La%20conversacin%20del%20domingo%20-%203457035211&utm_content=La%20conversacin%20del%20domingo%20-%203457035211+CID_ab8a931a74a8b8a545a71a379aaca11f&utm_source=campaign_monitor_es&utm_term=Frente%20al%20discurso%20antiinmigracin%20datos%20por%20qu%20los%20inmigrantes%20son%20necesarios%20para%20las%20economas%20de%20EE%20UU%20y%20Europa.

[2] https://www.elsaltodiario.com/region-murcia/torre-pacheco-explotacion-humana-ambiental-europa-pueda-comer-lechuga-12-meses-del-ano.

[3] https://www.elsaltodiario.com/region-murcia/torre-pacheco-explotacion-humana-ambiental-europa-pueda-comer-lechuga-12-meses-del-ano.

Javier de Lucas*

Vox acaba de dar un paso extremo -pero consecuente- en un proyecto electoral que fía buena parte de su apuesta a la centralidad del discurso de la inmigración como amenaza existencial, lo que exigiría medidas radicales, como la denominada Reemigración, una tesis formulada por Martin Sellner en su ensayo Remigration. Ein Vorschlag (Remigración. Una propuesta), y que Alice Weidel incorporó al programa electoral del partido nenonazi AfD (se puede leer aquí: https://www.afd.de/remigration/). Vox, en línea con ello y con las políticas trumpistas, propone expulsar de España a millones de personas; muchas de ellas, ciudadanos españoles de pleno derecho. La señora de Meer, que presentó tal iniciativa (https://elpais.com/espana/2025-07-07/vox-habla-ya-abiertamente-de-deportar-a-ocho-millones-de-inmigrantes-y-sus-hijos.html), reconoció la extrema dificultad de su puesta en práctica, pero apeló a esa versión de la legítima defensa que tiene todo pueblo para su supervivencia, para preservar sus signos de identidad, frente a la amenaza de un “gran reemplazo”, teoría conspiranoica enunciada en un ensayo de 2021 por Renaud Camus (Le gran Remplacement. Introduction au remplacisme global), que denuncia la invasión producida por la inmigración incontrolada. Para Vox, la política migratoria del gobierno y frente a la cual el PP titubea provocarían ese catastrófico efecto que denuncian.

No conocemos la respuesta del PP. Maticemos: sí sabemos lo que piensa la líder en la sombra, la señora Díez Ayuso, que comparte esas tesis y está dispuesta a competir con Vox defendiendo iniciativas similares, con el objetivo de arrastrar a hipotéticos votantes de Vox a las filas del PP madrileño. Pero lo cierto es que, tras leer la ponencia política del reciente 21 Congreso nacional del PP, no está claro cuál es la línea que separa su modelo migratorio respecto al de Vox, aunque el lema que preside el programa, “Nosotros, los españoles”, ya ofrece algunas pistas. Su ponencia política incluye la inmigración las cuestiones de seguridad, y habla de “fronteras desprotegidas” y “descontrol migratorio”. Es clara la línea restrictiva de derechos de los inmigrantes: dificulta su acceso a las ayudas sociales y endurece las condiciones de reagrupación familiar y arraigo. Es verdad que oficialmente el PP se ha desmarcado sin ambages de la propuesta de reemigración de Vox, pero lo cierto es que en el día a día se evidencia la debilidad del PP frente a las presiones de Vox, presiones que doblan la mano al PP en las medidas de política migratoria en los gobiernos autonómicos de Valencia y Murcia, donde el PP necesita el apoyo de Vox para gobernar.

Abascal ya ha adelantado que el PP no tendrá su apoyo tras las próximas elecciones, si no acepta sus medidas sobre migración y asilo. Parece difícil suponer que, si se mantiene esa correlación tras las elecciones generales, el PP pueda evitar el abrazo del oso. Lo más probable es que si el señor Núñez Feijoo necesita los votos de Vox para ser investido presidente, hará de la necesidad virtud, como lo hizo Sánchez con los votos de Junts. Y, por cierto, recordaré que tanto Vox como Junts son formaciones que impugnan abiertamente la Constitución.

¿Pero qué decir del gobierno y, más específicamente, del PSOE? Creo que el gobierno yerra el tiro una vez más, presa del prejuicio de que no puede no enfatizar la prioridad de un discurso de “firmeza ante la inmigración”. Por eso, al final, abraza posiciones restrictivas respecto a la imigración y al asilo, mensajes que sus spindoctors consideran imprescindibles para combatir la crítica de que el PSOE tiene una postura buenista e irresponsable en política migratoria. Es la posición que ha encarnado erre que erre desde el primer día el a mi juicio reaccionario ministro Marlaska, con la ayuda de la manifiesta incompetencia exhibida, también a mi juicio, por la nueva ministra del ramo, la señora Elma Sáiz, probablemente la peor ministra de migración que ha tenido un gobierno en España en mucho tiempo. Una posición que se combina con un paternalismo condescendiente que habla de los inmigrantes como víctimas. Porque, en mi opinión, si hubiera que describir con una palabra la política migratoria y de asilo del PSOE y del gobierno en estos siete años bajo la dirección de Pedro Sánchez, el término obligado es ambigüedad. Me explicaré.

Con la mano derecha, trata de exhibir un lenguaje de “firmeza ante la inmigración” y, para no ser acusados de “buenistas irresponsables”, se recurre al palo, esto es, a las restricciones de derechos, por ejemplo, en la línea del estrechamiento del asilo: el informe 2025 de CEAR muestra que en 2024 nuestra tasa de reconocimiento de solicitudes fue del 18,5%, mientras que la media europea está en el 46,6%. A ello debemos añadir la resistencia del gobierno a cumplir con obligaciones jurídicas básicas, incluso pese a severas admoniciones del Tribunal Supremo en un asunto tan grave como la situación de los menores no acompañados en Canarias (resistencia que cuenta, hay que decirlo, con la insolidaridad de la inmensa mayoría de los gobiernos de las CCAA).

Al mismo tiempo, con la mano izquierda, se predica (nunca mejor dicho) el paternalismo “humanitario”, con el que trata de calmar las reivindicaciones de sus socios a la izquierda: por eso, los responsables del PSOE en esta materia (con alguna excepción, como la exsecretaria de Estado Hana Jalloul), cuando quieren exhibir sus principios, hacen pucheros para mostrar la pena que sienten por los pobres inmigrantes y así, denuncian la crueldad y la ausencia de perspectiva humanista por parte de la derecha. Todos los ministros que han tomado la palabra para contestar a Vox (empezando por el ministro Marlaska, lo que ya tiene su aquél) subrayan la consabida línea roja del gobierno ante ese delirio. Pero sucede que es un rojo muy desvaído, porque consiste en sostener que, ante la inmigración, hay que mantener que se trata de una “cuestión de humanidad”. Una vez más, como ya he señalado, se desvela un buenismo vergonzante, que es el fiel reflejo del complejo que domina a esta izquierda con voluntad de gobernar, el PSOE, en la que el pragmatismo acaba siempre imponiéndose a la coherencia con los principios. Pero no les escucharán respuestas concretas, vinculantes, inmediatas, sobre el cumplimiento de las obligaciones jurídicas, sobre la garantía de los derechos exigidos por la legalidad, la propia y la internacional.

Da vergüenza tener que recordar que la propuesta de Vox es inconstitucional e ilegal, contraria a la mínima garantía de los derechos consagrada en la Constitución, en los instrumentos jurídicos internacionales que nos vinculan y en nuestra propia legislación específica: baste pensar, por ejemplo, en lo que dispone el artículo 14.3 de la ley orgánica 4/2000 (LOEX): “Los extranjeros, cualquiera que sea su situación administrativa, tienen derecho a los servicios y prestaciones sociales básicas”. Pero da vergüenza que saque pecho un gobierno que acaba de perpetrar el dislate de la disposición transitoria 5 del nuevo reglamento de extranjería que entró en vigor el pasado 20 de mayo, de nefastas consecuencias para los demandantes de asilo, que más que un ejemplo de incompetencia técnicojurídica por parte de la ministra Saíz es una muestra de la confusión conceptual acerca del asilo y la inmigración, de la obsesión del ministro Marlaska por evitar que el asilo se convierta en coladero de falsos inmigrantes. Como causa vergüenza que un gobierno progresista arrastra los pies ante la petición de un nuevo proceso de regularización, que tiene un amplio respaldo social, son los clavos que muestran que, en el fondo, no hay voluntad política de ofrecer una respuesta coherente con los pregonados principios de respeto a la legalidad propia e internacional. La conclusión es que, en el fondo, para este gobierno los derechos de los inmigrantes siguen siendo la guinda del pastel, una opción, y no una condición sine qua non, una obligación a garantizar y a hacer respetar.

Por lo demás, a estas alturas, avergüenza también tener que recordar lo evidente, esto es, que además de su inverosímil puesta en práctica, sería una propuesta absolutamente ruinosa en términos del utilitarismo propio de un egoísmo racional, esto es, para la sostenibilidad del PIB, del sistema productivo y del modelo de Estado social de Derecho: un desastre para todos nosotros. Los datos que nos ofrecen el retrato robot estadístico de la realidad de inmigración en España son absolutamente elocuentes (https://elpais.com/espana/2025-07-11/datos-para-entender-la-inmigracion-cuantos-son-donde-viven-y-en-que-trabajan.html). Y por si alguien necesita una explicación pedagógica, le sugiero leer la inteligente campaña divulgativa “sin ellos”, emitida por la sexta: https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/ellos-planta-cara-odio-triunfa-redes-millones-visualizaciones_2025040467efedd5eec2d3000145dd88.html.).

Y avergüenza que, ante sucesos como los que han sacudido hoy Torre Pacheco, sin duda incentivados por Vox, no se saquen las lecciones de lo que sucedió en El Ejido hace 25 años. Entonces, la razzia, el progrom que siguió a la difusión de un homicidio a manos de inmigrantes, un linchamiento colectivo que supuso más de 500 indicios de delito, se saldó finalmente con cero condenas. Hoy, en Torre Pacheco, sorprende la liviana actitud del ministerio del Interior y de la fiscalía ante un proceso social de gran similitud, que arranca de un presumible delito inicial de lesiones contra un anciano de la localidad, presuntamente cometido por un grupo de inmigrantes, conducta criminal que indiscutiblemente ha de ser perseguida y castigada, aunque hay una importante diferencia, fruto de que han transcurrido 25 años. La diferencia es ésta: en El Ejido, el asentamiento de los inmigrantes seguía el modelo de diseminación espacial (ubicación extra muros), como describieron los mejores antropólogos (Ubaldo Martínez, Emma Martín). Hoy, en TorrePacheco, hay un barrio entero de la ciudad, San Antonio, donde están asentados de forma estable y mayoritaria inmigrantes, y donde existe una generación de jóvenes inmigrantes que son el rostro del fracaso de la mal llamada integración, porque no se han puesto los medios para ello, de modo que para buena oparte de ellos, sus expectativas de ascensor social son nulas. Una historia de la que debíamos haber aprendido las lecciones francesas que incluso han sido llevadas al cine (El odio, Los indeseables, Los miserables, Atenea…). Porque aquí, bajo el racismo, lo que subyace es un proceso de exclusión social, de explotación y de desigualdad.

Insistiré una vez más en lo que considero la raíz del problema. Frente a cualquier análisis coyuntural, es preciso reconocer que las migraciones son una constante histórica, un fenómeno multidimensional y plural, a cuya gestión venimos enfrentándonos con una ceguera suicida sobre su condición más relevante: son una cuestión política. El problema es que tanto la derecha como la izquierda utilizan las migraciones como una herramienta para hacer (mala) política. Es decir, somos nosotros, con nuestras políticas migratorias y de asilo (y buena parte de los medios de comunicación, incluidas las redes sociales) quienes construimos las migraciones como un problema existencial que debemos abordar desde la perspectiva de la securitización, como ha analizado Gemma Pinyol, al mismo tiempo que, por debajo de esa coartada, nos empeñamos en usar a los inmigrantes como fuerza barata de trabajo, de usar y tirar. La constante es la más absoluta ignorancia de que las migraciones no son algo bueno ni malo, sino un fenómeno social de alcance global y cuya gestión constituye un desafío complejo, una tarea en la que una y otra vez fracasamos.

Cuando digo que las migraciones son sobre todo una cuestión política es porque me parece claro que más allá de sus innegables dimensiones laborales, económicas y culturales, las migraciones interpelan a las nociones clave sobre las que construimos la política, en el orden interno (estatal) y en el internacional y son uno de los dos grandes desafíos civilizatorios a los que no sabemos enfrentarnos, junto al del cambio climático. Las interpelan y nosotros insistimos en ofrecer viejas e inútiles respuestas, que fracasan una y otra vez, produciendo enorme dolor y con un coste terrible de vidas humanas, Claro, nuestra necropolítica migratoria las considera vidas desechables, costes colaterales del gran negocio que pretendemos con nuestro modelo de explotación unilateral de la movilidad humana.

En efecto, en primer lugar, las migraciones cuestionan el vínculo de exclusividad entre nacionalidad y ciudadanía y la calidad democrática del contrato social y político que ofrecemos a quienes, a diferencia de nosotros (que tuvimos la lotería de nacer del lado bueno de la geografía), nos han elegido para desarrollar su proyecto de vida y expresan su voluntad de hacer todo lo posible por pertenecer y contribuir a la prosperidad de nuestras sociedades. Nosotros les ofrecemos un status demediado, les regateamos el reconocimiento de iguales derechos y les hacemos muy difícil convertirse en ciudadanos, en sujetos de las decisiones que nos afectan a todos: ellos sólo las sufren, no pueden decidir y eso es reinventar el status de esclavitud de los extranjeros en la democracia ateniense.

Pero es que, en segundo lugar, las migraciones son una prueba del desorden internacional, de la desigualdad que no para de aumentar entre el norte y el sur global. Nuestras políticas migratorias y de asilo parten del dogma del dominio unilateral del orden internacional: nosotros imponemos las condiciones de movilidad, decidimos a quiénes, cómo y cuándo queremos recibir y pretendemos que los países del sur, de origen o tránsito de los flujos de movilidad humana las más de las veces forzada, desempeñen el papel de policía a nuestra conveniencia, a cambio de concesiones económicas que, en buena parte de los casos, no van a parar a sus poblaciones, sino a las élites corruptas: en Marruecos, Mauritania, Túnez, Nigeria o Mali. Porque digámoslo claro, la retórica de cooperación con esos países es una cortina de humo. La verdadera cooperación exigiría de nuestra parte inversiones en democracia, desarrollo humano y garantía de los derechos humanos. Algo que no nos importa, porque gato blanco o negro, lo importante es que cace los ratones que nos sobran o nos molestan, los inmigrantes y demandantes de asilo que nos sobran y de los que nos queremos librar como sea. Dinamarca, ha comenzado su presidencia rotativa del Consejo de la UE con medidas inequívocas a ese respecto, que refuerzan el modelo Meloni (cuando no el carácter reaccionario de las propuestas de los Orban, Dudda y tuttiquanti), y ante las que la Comisión Europea que preside von der Leyen se ha rendido con armas y bagaje. Y no nos equivoquemos: cuando la derecha copia las recetas de la extrema derecha, quien sale beneficiada, siempre, siempre, es la extrema derecha y los perdedores no son sólo los inmigrantes, sino todos nosotros.

Hasta que no nos tomemos en serio que la primera condición de toda política migratoria es garantizar la igualdad de derechos de los inmigrantes, en un marco legal en el que sean considerados como iguales sujetos de derechos y deberes, como vecinos que deben poder adquirir la plena condición de ciudadanos, seguiremos fracasando en la gestión de los desafíos de la inmigración.

* Javier de Lucas acaba de publicar Migraciones: la política, en la colección Ágora de la editorial Tirant, 2025, un ensayo en el que condensa 40 años de estudios sobre las políticas migratorias y de asilo

Las expectativas defraudadas de un Comité Federal anunciado como histórico

Es bien conocida la difícil situación que atraviesa el PSOE como consecuencia del informe de la UCO y de las primeras decisiones judiciales relacionadas con las actividades indiciariamente delictivas, que revelarían un entramado de corrupción protagonizado por los ex altos cargos del PSOE Abalos y Cerdán, a los que parecen añadirse otros, pese a los esfuerzos de los dirigentes del partido por encapsular el problema en dos o tres personas. Por eso, el Comité Federal anunciado para el sábado 5 de julio había despertado enorme expectación, con una atención mediática espectacular, en todos los sentidos del término. Y, sin embargo, como en la fábula de Esopo, muchos dirán que los montes parieron un ratón.

En una columna publicada en el diario El Pais(https://elpais.com/…/pedro-sanchez-o-como-contener-el…), la escritora y periodista Berna González Harbour se servía del conocido apólogo de San Agustin (el vano esfuerzo de vaciar el mar con un cubo, empresa que el genio de Tagaste hace ver que es desproporcionada, pero aún sí, incomparable con la pretensión de entender a Dios), para adelantar su juicio: las propuestas del secretario general, esto es, algunos cambios de nombres en el núcleo del Comité Federal y una serie de exigencias éticas (prostitución, control de las cuentas de los altos cargos del partido), no eran respuestas a la altura de los graves problemas de legitimidad y credibilidad que afectan hoy al partido socialista y al propio secretario general. Es decir, que lo que Sánchez propone a su partido es como tratar de vaciar el océano con un cubo de playa.

Lo peor para la fiabilidad de esas propuestas llegó el mismo día: la sesión del Comité tuvo que retrasarse como consecuencia de la conmoción causada por la obligada dimisión del fontanero de confianza, el señor Salazar, uno de los principales nombramientos elegidos por Sánchez para la tarea de renovación, que había sido denunciado en un reportaje de eldiario.es del día anterior, por comportamientos de acoso laboral y sexual que, pásmense, al parecer eran un secreto a voces, al menos entre las mujeres que trabajaban con él, desde hacía años. Es decir, un tercer y grave error del secretario general en la tarea de elegir y vigilar a los más altos responsables del partido. Sin embargo, el propio Sánchez no hizo referencia expresa a ello, más allá de reiterar el “apoyo a las mujeres” por parte del partido.

Creo que el recurso al relato de San Agustín es acertado. Y lo es todavía más a la vista del desarrollo de ese Comité Federal que, a mi juicio, dejó en evidencia la peculiar concepción del ejercicio de la responsabilidad política por parte del propio Sánchez y de la inmensa mayoría de los miembros del Comité Federal, a la vista de las intervenciones y del resultado de la votación. Ni él, ni los suyos, contemplaron siquiera la posibilidad -se diría que lógica, incluso añadiría que debida- de poner el cargo de secretario general a disposición del Comité Federal a la vista de esos graves errores, y eso que, obviamente, habría obtenido una respuesta abrumadoramente favorable a su continuidad. Porque en buena lógica de rendición de cuentas, lo procedente era eso: someterse a una decisión de continuidad o de reprobación, un gesto democrático mucho más importante que el resultado de tal votación, fácilmente previsible, como digo.

Pedro Sánchez y la inmensa mayoría del Comité no lo entendieron así: con la metáfora del capitán que no abandona el barco en medio de la tempestad, sobre la que luego volveré, se obvió esa rendición de cuentas, relegada a la ritual y ya cansina petición de perdón y al gesto compungido. Esto es, al recurso a presentarse como víctima, cuando las verdaderas víctimas son los abrumados militantes y votantes que han visto defraudada su confianza. Una vez más, nos quedamos sin saber en qué consiste asumir responsabilidad política, por la culpa in eligendo y también in vigilando.

Pero esto no es un problema exclusivo del partido socialista. A mi juicio, se trata de un ejemplo más, la enésima muestra de cómo la ley de hierro de las organizaciones enunciada por Michels, domina en los partidos políticos. Es este uno de los aspectos más relevantes del importante déficit democrático interno de los partidos políticos, que abarca aspectos como la financiación, la falta de transparencia, los rígidos procedimientos de disciplina interna que ahogan la crítica y la pluralidad, étc. Todo ello se concreta en el instinto fuertemente conservador del propio interés de permanencia en el poder de quienes ocupan los lugares clave del aparato, con el argumento de que esa es la única garantía de que la organización pueda cumplir con sus fines. De esta manera, la lógica centrípeta, el cierre de filas, adornado con el argumento de la lealtad al líder, se presenta como condición ineludible, aunque sea evidente el riesgo de que con ello se puede poner en peligro la continuidad del proyecto al que la organización dice servir. Esos mecanismos generan la creencia -insisto en el término, creencia– de que todo cambio a fondo (por ejemplo, el cambio de líder) es un peligro para la supervivencia del partido, lo que tiene elementos de verosimilitud certificados por la propia experiencia reciente del PSOE, pero orilla la consideración de que en situaciones de especial gravedad, no llevar a cabo ese cambio en el aparato es probablemente lo que va a amenazar la supervivencia de la organización y aún peor, pondrá en riesgo su legitimidad: ¿o es que el líder es más imprescindible que el partido?

Soy de los que piensan que la peor hipótesis de futuro para nuestro país es un gobierno del PP en manos de Vox. Por eso, creo que lo que el PSOE necesita (añadiré, lo que el país necesita), ante todo, es ofrecer una limpieza a fondo que vaya más allá de cambiar cuatro rostros para poder resistir. Item más, el país y el PSOE necesitan un gobierno capaz de construir y sacar adelante propuestas que vayan más allá del mantra de que en caso contrario, viene el lobo. Si todo el argumentario lo fiamos a reiterar ese mantra, no habrá manera de recuperar la confianza de los ciudadanos y eso llevará a la derrota de la izquierda en las elecciones, sean en el 2026 o en el 2027. Los ciudadanos necesitamos una segunda parte de la legislatura que avance firmemente en los derechos sociales, en la igualdad, pero el problema es si existe una mayoría parlamentaria progresista para llevarlo a cabo. Eso sólo se puede comprobar mediante una moción de confianza, o mediante elecciones. Porque digámoslo claro, por mucho que el expresidente Rodríguez Zapatero se empeñe en el lavado de cara de Puigdmont y los suyos, por mucho que los dirigentes del PSOE eviten cuidadosamente la crítica a Puigdemont y a Junts, es meridianamente claro que Junts no forma parte de esa ecuación, de esas fuerzas progresistas dispuestas a avanzar en derechos sociales, porque es un partido de derecha reaccionaria.

Un partido democrático es incompatible con el culto acrítico al líder

Pero quiero aprovechar la columna de González Harbour para añadir otra interpretación del apólogo de San Agustín, que sugiere una lección de fondo de mucho interés para el futuro no sólo del PSOE, sino de la izquierda y, por tanto, para el futuro de este país.

Los más viejos del lugar recordarán que Txiki Benegas hizo famosa su alusión a Felipe González como <dios>. Dios, recordemos a San Agustín, es insondable, mucho más que el océano y si no somos capaces de entenderlo, tampoco de comprender sus razones, que las tiene, claro. Pues eso: va a ser que nuestro problema, en el partido y en el gobierno es que no entendemos a dios. Y es que la crisis que vive el PSOE y con él, el gobierno de coalición, se agrava precisamente por la profunda transformación operada en la estructura del partido, esto es, por la dependencia absoluta del partido respecto a Pedro Sánchez, y ya no como líder, sino como dios, un ser imprescindible. Vamos, casi como Florentino lo es para Butragueño.

Recordaré que el endiosamiento del líder es una de las razones que, en política, llevan a la corrupción, porque como señaló lord Acton, el poder, indefectiblemente, corrompe y el poder absoluto conduce a la corrupción absoluta. Quien se toma por dios, acaba abandonando elementales precauciones de prudencia en política, comenzando por la autocrítica coherente, y continuando por escuchar y aun fomentar la libre crítica. a sus decisiones. No parece que el secretario general lo haya entendido, pues su respuesta consiste básicamente en reiterar el denostado “lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir” y en exhibir su condición imprescindible, por responsabilidad, como lo muestra su metáfora del capitán del barco, que no debe abandonar cuando hay mala mar. En realidad, como escribía Diego S. Garrocho (https://elpais.com/opinion/2025-07-07/el-capitan-sanchez.html), el capitán parece ignorar que si el barco corre el riesgo de zozobra no es sólo por el estado de la mar (los factores exógenos, incluida una innegable persecución feroz por parte de un sector de los medios de comunicación y por la estrategia ultramontana de PP y VOX), sino por los errores de actuación del propio capitán y de una parte importante de la tripulación escogida por él. 

El problema es que quien se toma, no ya por capitán, por secretario general de un partido, o presidente del gobierno, sino por imprescindible, es decir, el que está por encima de toda crisis y resiste porque, como dios, es el que es, acaba actuando por encima de las reglas y de las gentes, ya que sólo él posee la certeza de qué es lo que conviene hacer. En consecuencia, el lider politico que ha pasado a considerarse de semejante condición (todos somos contingentes, pero él es necesario…recuerden la genial secuencia de Amanece que no es poco), no quiere críticos ni disidentes. Por eso, se rodea sobre todo de adoradores o palmeros/as, como el siempre sutil señor Puente, que de manera tan elegante como es habitual en él, lo califica de “puto amo”. El líder que cae presa de esa narrativa, acaba por pensar en términos de culto de adoración, lo que significa que a sus fieles sólo les cabe el aplauso, el elogio desmedido a su sacrificio y su dolor, o la laminación del que no aplaude: así, Pedro Sánchez cultiva la épica del héroe, víctima de su capacidad de sacrificio.

El problema, claro, es que, para quienes forman parte de su iglesia, o corte cercana, como lo ha evidenciado ese aprendiz de monaguillo inquisidor que es el inefable ministro Puente, todo aquel que critica al líder es un desleal, un traidor, alguien que se ha mudado a la fachosfera. Por eso, la quintaesencia del buen militante es ese tipo de <estrecho colaborador> (como P.Sánchez llamaba a Cerdán hasta hace unos días) que encarna la pluriempleada vicepresidenta Montero, la que más y mejor aplaude, la que no ve una mancha de reproche posible al impoluto líder. Diré de paso que me pasma que el secretario general del PSC, el siempre prudente Sr Illa, se haya sumado a esa corte y haya tenido el cuajo de decir que quien critica al secretario general critica al partido: ¡gran muestra de respeto al pluralismo y a los compañeros que disienten!

No son pocos los que advierten que el PSOE se encuentra ante un gravísimo riesgo de pérdida de confianza por parte de los ciudadanos, algo que se llevó por delante al partido socialista italiano y al francés. Lamentablemente, la experiencia nos muestra que quien se toma a sí mismo por el ser imprescindible, no puede aceptar que haya una alternativa, porque no hay alternativa imaginable para ese héroe de características casi preternaturales. Por eso, su proyecto para el partido no contempla preparar el día después que, insisto, es inevitable que llegue. Y, me temo, el resultado es que cuando este secretario general vuelva a ser mortal, cosa que sucederá, bien porque descienda él mismo, o porque le bajen del pedestal, es decir, cuando llegue el día después de Pedro Sánchez, dejará una organización debilitada, con un importante déficit de autoridad ante los ciudadanos, por mucho tiempo.

El 28 de junio se publicó un <Manifiesto para la regeneración democrática>, suscrito por más de cien firmantes. Buena parte de ellos, a mi juicio, no pueden ser descritos con esa fórmula entre despreciativa y condescendiente del «grupo de los resentidos» que han utilizado algunos prominentes miembros del PSOE -como el ministro Puente o el portavoz del grupo parlamentario socialista en el Congreso, Patxi López-, para referirse a todos aquellos que hoy hacen públicas sus críticas a la línea de actuación del partido y del gobierno, tras la sacudida del informe de la UCO que nos ha mostrado a los dos últimos secretarios de organización del PSOE liderando una trama corrupta, junto a un entramado que parece más amplio, en el que concurren empresarios sin escrúpulos y militantes con altas responsabilidades en el partido y en el gobierno.

Sin duda, entre quienes hoy se apuntan a la exigencia de responsabilidades y piden que rueden cabezas, sobre todo la del secretario general del PSOE y presidente del gobierno, hay no pocos a quienes parece animar únicamente un afán vengativo, rencoroso, y cuyo único programa parece consistir en echar a Pedro Sánchez de la política, como sea. Con ello, son cómplices de la peor ultraderecha europea, la que representa VOX y de una derecha (la del PP encarnada sobre todo por la señora Díaz Ayuso), que no parece tener otro programa para ofrecer a los ciudadanos españoles que el de mandar a Pedro Sánchez a la papelera: ¡magra propuesta!

Rechazo con firmeza a quienes así actúan, pero tras la lectura del texto del manifiesto, no me parece que responda a esos objetivos espurios. Se podrá estar de acuerdo o no con los argumentos ahí expresados, pero se trata de críticas razonadas. Nada que ver, por cierto, con el reciente pronunciamiento del presidente de la Conferencia episcopal, que parece aspirar a portavoz de VOX. Vale la pena detenerse a leerlas y vale la pena reflexionar sobre la propuesta que se formula: la convocatoria de elecciones generales.

Me apresuro a pedir que no se cometa la falacia de decir que la petición de elecciones generales que hace este manifiesto sólo puede responder al ánimo de echar del gobierno al PSOE (y a su socio de gobierno de coalición) y que quienes la hacen, forzosamente, son cómplices de la derecha y la extrema derecha. Con este manifiesto no se piden elecciones generales para que gane la extrema derecha, sino para que se pronuncien los ciudadanos, que es la lógica estricta de la democracia. Y serán los ciudadanos quienes decidan a quién quieren apoyar. Si optasen por dar la victoria a la derecha e incluso por la extrema derecha, en buena lógica democrática lo que nos cabría a quienes militamos en la izquierda es aprender la lección y mejorar, para recuperar cuanto antes sea posible su confianza.

Pero, en cualquier caso, ante ese manifiesto hay que encontrar los argumentos para decidir si está justificado pedir que se adelanten ya las elecciones como paso necesario para regenerar la democracia en España. Primero, es conveniente leerlo. Lo pueden hacer aquí, por ejemplo:

https://www.eldebate.com/uploads/files/2025/06/28/7446d219-11bf-4451-91a6-28a3a31952f0.pdf

Por mi parte, una vez leído, diré que lo que se argumenta no me parece suficiente para exigir el adelanto electoral. Y razonaré por qué.

Sólo un ciego -o un fanático- puede negar la gravedad de la situación que vivimos. Ante esa excepcionalidad, parece también razonable que las medidas a adoptar vayan más allá de peticiones retóricas de perdón y unos cuantos ceses: no se recupera así la confianza de los ciudadanos, seriamente deteriorada por cuanto venimos conociendo. Porque, frente a los primeros mensajes del partido y del gobierno, esto no es una anécdota, ni el caso de tres manzanas podridas. ¿Qué alternativas hay?

Se ha señalado y así lo creo yo también, que sería inevitable convocar elecciones anticipadas si nos encontrásemos ante un caso de financiación ilegal del PSOE. Por lo que hasta ahora sabemos, no es así. Y añadiré que confío en que no lo sea. Descartado ese supuesto, ¿qué hacer?

A mi entender, para saber qué hacer, hay que tratar de responder a dos cuestiones, que tienen que ver con la recuperación de la confianza de los ciudadanos, de los militantes, de los electores, sin la que no hay democracia que resista. Se ha deteriorado la confianza en el principal partido, el PSOE. Se ha deteriorado también la confianza en el gobierno de coalición. Negarlo no hace más que empeorar la situación.

Pues bien, ante la pregunta sobre qué hacer para que el gobierno recobre la confianza de los ciudadanos, a mi juicio, la opción más coherente es que el gobierno y su presidente se sometan a una cuestión de confianza. Creo que la superarán, y si lo creo es por razones de fondo y también por criterios de conveniencia de los partidos que apoyan al gobierno de coalición: tienen mucho que perder. Pero lo importante no es si la ganan o la pierden (en cuyo caso sería inevitable la convocatoria electoral). Lo importante es mostrar la voluntad política de someterse al debate y al juicio del Congreso, porque estamos en una democracia parlamentaria y en ella lo que cuenta es la confianza del parlamento. Hasta ahora, esta vía se ha excluido por parte del gobierno. Creo que se equivoca.

La segunda cuestión toca a la necesidad de que el PSOE recupere la confianza perdida, como partido que hizo de la lucha contra la corrupción su primera bandera: pues bien, también a mi juicio, lo mejor sería que el secretario general pusiera su cargo a disposición del Comité federal, máximo órgano entre congresos y que se proceda a convocar un congreso extraordinario. Tal y como están las cosas, probablemente Pedro Sánchez sería el único o, en todo caso, el candidato con más posibilidades. Pero, de nuevo, la cuestión no es el resultado: la cuestión, insisto, es cómo recuperar la confianza. En las circunstancias excepcionales que vivimos, creo, la opción más limpia para que el PSOE se muestre como un partido abierto a recuperar la confianza de los ciudadanos, no es repetir el mantra del prietas las filas y amenazar con las tinieblas exteriores a todo aquel que no demuestre fe inquebrantable en el secretario general, sino actuar en la vía de la regeneración. Por lo que sé, no sucederá así. Lo lamento: se pierde una seria oportunidad de abrir de verdad el partido a la sociedad y con ello, me temo, se enviará a un parte de los militantes y, sobre todo, de los votantes del PSOE, al sofá de la abstención.