«Sosegaos, sosegaos y decid» es frase que se atribuye a  Felipe II, el rey prudente, ante la queja desconsolada de una mujer que acudió a él. En su mensaje de Navidad de este año terrible de 2024, pareció que Felipe VI, más de cuatro siglos después, apelaba también al sosiego, a dejar de lado proclamas exaltadas y con frecuencia vacías.

Pedir sosiego en la conversación pública -como en la privada (basta pensar en tantas reuniones en estos días festivos)- es siempre un consejo oportuno;  incluso, necesario. Y no sólo para los políticos demasiado a menudo enzarzados en un griterío que tiene poco que ver con ofrecer soluciones a los ciudadanos ante quienes tienen que responder. El sosiego de la clase política exige, sí, que se rebajen los decibelios y la agresividad en las Cámaras y en los gabinetes de comunicación de los partidos. Pero también a nosotros, los ciudadanos  de a pie, nos conviene el sosiego. Eso sí, con dos importantes matices que creo que no quedaron tan explícitos en ese mensaje navideño.

El primero, es que ya no estamos en tiempos de monarcas soberanos. El rey, en una democracia parlamentaria como la nuestra, no es el soberano de cuyo arbitrio depende nuestra suerte, sino un servidor público, sujeto a las leyes.  Por eso, su actividad debe ser transparente y controlable, aunque aún hoy queda demasiado trecho por recorrer en esa tarea.  Hoy, no somos súbditos que esperemos del rey gracias y privilegios, tampoco en tiempos de tribulación. En esos tiempos, lo que los ciudadanos, como soberanos que somos,  esperamos de aquellos que son administradores del poder que les concedimos, es garantía de nuestros derechos y restitución de los perjuicios que hemos sufrido: pero está claro que, más allá de ofrecer cierto consuelo con su presencia, el rey no tiene competencia alguna a ese respecto. Esa capacidad reside en otras instituciones -las administraciones públicas, los tribunales de justicia-, a las que debemos dirigir nuestras exigencias.

El segundo es que viene bien la apelación al sosiego, siempre que esa apelación sea completa. Recordemos la cita: el sosiego no es para callar, sino para decir. Cuando nos llaman al sosiego, no debemos entenderlo como una invocación para que la clase política finja una unidad de criterio que no es, ni tiene por qué ser tal. Por lo demás, tomar la palabra no es un privilegio reservado a la clase política ni a los medios de comunicación, por más que ellos sean actores imprescindibles en la conversación pública.  La palabra debe corresponder en última instancia a los ciudadanos. Pero la apelación a la calma, que tambien nos concierne a nosotros los ciudadanos como protagonistas de la política y no como espectadores es necesaria (no digamos nada ante la suplantación de la conversación pública por el ruido y la manipulación en las redes sociales), pero no debería ser entendida como llamada a que los ciudadanos guardemos silencio, para que nos sometamos o nos resignemos.

La apelación al sosiego sólo tiene sentido si lo es como punto de partida para  «decir», esto es, para tomar la voz e intervenir, desde la calma y la reflexión. Porque la calma no es pasividad, no es renuncia a los propios ideales e intereses y a la confrontación con los que proponen otros.  Nos conviene la calma para  mejor «decir», para exigir lo que entendemos como justo y denunciar lo que creemos que no lo es. y para confrontarlo, con razones, con quienes piensan de otro modo. La democracia consiste precisamente en esa conversación pública, que es confrontación de razones e intereses,  sometida a las reglas del Derecho como garantía.

Insisto: afortunadamente -y aun con las imperfecciones de nuestro sistema político y de tantos de quienes lo encarnan institucionalmente- vivimos en un Estado de Derecho en el que nuestra palabra no busca la benevolencia de un rey, sino encontrarse con la palabra de los otros, desde las reglas de juego del Derecho, para decidir lo que nos conviene. Solo así conseguiremos que se cumpla el sentido del Derecho y se restablezca ahí donde haya quebrado. Con el establecimiento de las responsabilidades y, en su caso, de las sanciones.

Pero esta no es una tarea en la que nos corresponde sólo el papel de espectadores: nosotros, los ciudadanos, somos los soberanos de ese Derecho y debemos luchar por que no retroceda: tomar la voz para exigir de quienes hemos elegido como gestores de nuestra soberanía que se nos garanticen de forma efectiva y a todos, sin excepción, nuestros derechos, lo que comporta en primer lugar el derecho a tener derechos, a ser justiciables y, por tanto, a obtener respuesta por parte de las administraciones y, en su caso, de los tribunales de justicia que establecen en última instancia las responsabilidades y sanciones correspondientes.

Ahora bien, con hay que confundir responsabilidad  jurídica y responsabilidad política: los representantes políticos no deben entender que la victoria en las elecciones les da carta blanca para menoscabar nuestra confianza . La última palabra sobre el contrato de confianza que es el contrato político, debe corresponder siempre a los ciudadanos. Y no necesariamente al final de cada mandato surgido de las elecciones. En circunstancias excepcionales, por ejemplo, en casos de grave corrupción o de grave ineficacia, debe ser posible un  mecanismo político de sanción al poder, de carácter deconstituyente y, desde luego, reglado. 

Que así sea, en Navidad y después

En el balance del año, aquí va una referencia a una veintena de series de televisión , las que más me han interesado en 2024, entre el más de medio centenar que he visto a lo largo de estos meses. Por supuesto, se trata de mi gusto, sin pretensiones de objetividad.

Creo que, por encima del nivel aceptable, se encuentran estas seis:

Slow Horses, en su 4 temporada, basada en la novela Spook Street, de la serie de novelas Slough House, de M.Herron. Aunque el guión en esta temporada es a veces vacilante, son impagables Gary Oldman, Kristin Scott Thomas y Saskia Reeves, y cobra protagonismo Jonathan Price, mientras se asienta Jack Lowden y hace su aparición Hugo Weaving. Banda sonora de Mick Jagger. Se emitió en Apple TV

Shogun: esta miniserie brilla por su coreografía y escenografía deslumbrantes, pese a los altibajos derivados de la a mi juicio mediocre novela de Clavell. Se sostiene en dos actuaciones soberbias, de Hiroyuki Sanada y Anna Sawai, con excelentes actores de reparto, que consiguen salvar la en mi opinión deplorable interpretación de Cosmo Jarvis. Se emitió en Disney+

1888, primera precuela de Yellowstone que, a mi juicio, supera a la gran serie protagonizada por Kevin Costner y a la segunda precuela, 1923 (protagonizada por Helen Mirren y Harrison Ford), salidas del ingenio de Taylor Sheridan, omnipresente en las series de TV, hoy. Magnífica ambientación, que nos retrotrae a los primeros grandes westerns, y actores sobresalientes, como Sam Elliot y Tim McGraw, con Isabel May en el papel de Elsa Dutton (narradora y protagonista, que vuelve a aparecer como la voz en off en el final de Yellowstone) y la cantante Faith Hill. Se emitió en SkyShowtime

Say Nothing, miniserie de 6 episodios, basada en la estupenda novela de Radden Keefe, sobre los troubles en Irlanda del norte y la violencia del Ira contra sus disidentes o supuestos colaboradores con los británicos. Las protagonistas son las dos hermanas Price, que comandaron el primer atentado del IRA con bomba en Londres, y el antagonista es Gerry Adams, que sale muy malparado en el libro y en la serie. Se emitió en Netflix

Todo un hombre, miniserie de 6 episodios que adapta un relato de Tom Wolfe, con una impresionante actuación de Jeff Daniels. Se emitió en Netflix

Querer: a mi juicio, la mejor serie española de 2024: Alauda Ruiz de Azúa, una de nuestras mejores directoras, dirige esta miniserie de 4 episodios sobre violencia sexual en el matrimonio, con dos actores sobresalientes: Nagore Aramburu, un descubrimiento para muchos de nosotros, y el siempre eficaz Pedro Casablanc. Se emitió en Movistar+

Me parecen destacables estas otras quince, en las que hay siempre altibajos. Las agrupo por temáticas

Entre las comedias:

Bad Sisters : miniserie de humor e intriga, que cuenta con dos temporadas, protagonizada por cinco hermanas irlandesas. Buenas actuaciones, un guión interesante (más en la primera temporada), paisajes y música irlandesa, con banda sonora de Leonard Cohen. Emitida en Apple TV

Lillyhammer: una miniserie que para mí ha sido una de las mejores sorpresas, que reenvía a los Soprano, con un inmenso Steven Van Zandt exiliado a Noruega y combina eficazmente intriga y comedia. Emitida en Netflix

Hacks: tercera temporada de esta serie de humor, con episodios breves y gran actuación de la veterana Jean Smart, bien secundada por Hannah Einbinder. Se emitió en MAX (HBO)

Shrinking (Terapia sin filtro): me ha encantado ver a Harrison Ford en un registro cómico, como terapeuta veterano en crisisrodeado de los integrantes de su gabinete de terapeutas, bien secundado por Jason Siegel y un elenco un tanto desigual de actores, con guiones que subrayan lo políticamente correcto, punteado por un énfasis en relaciones sexuales, paternofiliales y de amistad. Emitida en Apple TV

Intrigas con tintes geopolíticos

La fiebre, miniserie francesa de 6 episodios: racismo, fútbol y “guerra” cultural y comunicativa. Emitida en Movistar+

Un caballero en Moscú, miniserie, protagonizada por Ewan Macgregor, sobre una novela de A. Towless, que narra a vida de un aristócrata ruso confinado en un hotel de lujo en Moscú tras el triunfo de la revolución). Emitida en Skyshowtime

La Diplomática, cuenta con dos temporadas. Intrigas geopolíticas, con eficaces protagonistas, Keri Rusell y Rufus Sewell. Emitida en Netflix

Total Control, una serie sobre la geopolítica en clave australiana, emitida en Filmin. Las complejas relaciones de Australia con los EEUU, bajo la sombra de China. Tiene su antecedente en otra miniserie australiana, Pine Gap.

Policíacas:

Dark Winds, una miniserie policíaca, basada en las novelas de T. Hillerman, Leaphorn&Chee, sobre la policía tribal navajo, con tres magníficos actores protagonistas, Zahn Tokiya-Ku McClarnon, Kiowa Gordon y Jessica Matten, que encabezan a un elenco de actores, mayoritariamente de diferentes grupos indígenas. Emitida en Amazonprime

True Detective en su 4 temporada, con un guión un tanto errático, de fondo ecologista e indigenista, salvada por la escenografía y las actrices protagonistas: Jodie Foster, con Kali Reis y Fiona Shaw. Emitida en MAX

Major of Kingstown: Taylor Sheridan escribe el guión, con un buen elenco de actores conducidos por Jeremy Renner, con Diane Wiest, Hugh Dillon, Aidan Miller y Emma Laird. Emitida en Skyshowtime

Blue Lights. Serie policíaca con dos temporadas, sobre el complejo papel de policías novatos en una comisaría de Belfast, en una Irlanda del Norte en la que se entremezclan mafias de droga y terroristas. Emitida en Movistar+

Fargo, en su 5 temporada, con estupendas actuaciones de John Hamm, Jennifer Jason-Leigh y Juno Temple. Emitida en Movistar+

The capture (temporadas 1 y 2), intriga policíaca con trasfondo de lucha contra el terrorismo, con la estupenda Holliday Granger. Emitida en Movistar+

Inevitablemente, Yellowstone, en su 5 y más floja temporada. La segunda parte de ella, realmente decepcionante tras el giro de guión obligado por el abandono de Costner…Emitida en Skyshowtime

Y menciono otras que me entretuvieron:

Entre las de fantasía y ciencia ficción, Los anillos del poder; La casa del dragón, Fall Out, Para toda la humanidad

Del género policíaco: Sugar; Cormoran Strike; East New York; The Gentlemen; Deadwind; y Tulsa King (gracias a un autoparódico Silvester Stallone)

Entre las comedias, The Morning Show; Succession y The Bear (a mi juicio sobrevalorada)

Como recreación histórica, Franklin y Los amos del aire

Mi intervención consta de dos partes. En la primera, a partir de una obvia precisión conceptual sobre el fenómeno migratorio, presentaré tres observaciones metodológicas, de las que derivan tres consecuencias que, a mi juicio, debe tener presente todo aquel que investigue en el ámbito de Derecho migratorio y de asilo. En la segunda, recordaré algunos rasgos que caracterizan las investigaciones en este ámbito

1. UNA PRECISIÓN CONCEPTUAL, TRES CUESTIONES DE MÉTODO Y TRES CONSECUENCIAS PARA NUESTRO OBJETO DE INVESTIGACIÓN

1.1.Una precisión conceptual

Las migraciones como fenómeno social total y global: la lección de la escuela de Mauss y la constatación de que se trata de una constante histórica, incluso en las grandes narrativas.

1.2.Tres cuestiones básicas de método:

1.2.1.Atención a la división entre hecho y valor: en las migraciones no hay hechos brutos, sino hechos institucionales, conforme a la conocida distinción propuesta por John Searle, siguiendo las tesis de Austin (Actos de Habla, The Construction of social Reality, 1995): los hechos brutos son hechos objetivos que se dan en el mundo, ontológicamente, existen independientemente de nosotros, son fenómenos cuya presencia hace verdadera o falsa una descripción; los hechos institucionales sólo se dan por nuestro acuerdo; los hechos institucionales son hechos sociales morfológicos, que dan forma a las sociedades y son constitutivos de ellas. Se imponen en una sociedad a partir de la tradición o la autoridad y tienen a perdurar. Los hechos institucionales son funciones del lenguaje.

1.2.2.Es la misma lección que aprendimos de Berger y Luckmann en un ensayo que se convirtió en obra de referencia[1]: la de la construcción social de la realidad. En diálogo con Weber y Durkheim (también con Schütz), explicaron el orden social como producto de un proceso dialéctico de externalización, objetivación e internalización, proceso en el que la dimensión lingüística es clave para entender cómo las interacciones de los individuos en la vida cotidiana, en los procesos de socialización, crean el cambio social

1.2.3.Y es la lección de Habermas: la constatación de los intereses que guían el conocimiento, que Habermas definió de forma canónica (interés técnico, práctico y emancipativo y su correlación con los diferentes tipos de saber científico), al advertir sobre el desplazamiento de la teoría del conocimiento a la teoría de la ciencia y aún más a la tecnología, un desplazamiento que afecta gravemente al conocimiento crítico y al interés emancipador[2].

1.3.Tres consecuencias para nuestro objeto de investigación.

1.3.1.No son las políticas migratorias y de asilo las que utilizan conceptos de inmigrante y refugiado como base sino, muy al contrario, son los intereses que mueven esas políticas los que construyen unas categorías que, en realidad, resultan funcionales al objetivo de las mismas. Dicho más concretamente, los instrumentos jurídicos de los que se sirven las políticas migratorias y de asilo (las leyes de inmigración y extranjería; también el Convenio de Ginebra y el protocolo de Nueva York, en el ámbito de los refugiados, esto es, del modelo de protección que suponen el reconocimiento del derecho de asilo o de la protección subsidiaria) son un poderoso medio a través del cual -y a despecho del desprecio que sostienen ciertos politólogos y sociólogos sobre la capacidad de conformación social de la dimensión normativa- se envía a la comunidad que vive bajo ese orden jurídico y político (es decir, a los ciudadanos, que son los verdaderos destinatarios de esas normas, más que los propios inmigrantes o quienes buscan refugio[3]) el mensaje de quién y por qué, en qué condiciones, debe ser reconocido como un verdadero y buen inmigrante. Quién y por qué debe ser reconocido como un refugiado. Las normas, las decisiones jurídicas contribuyen tan poderosamente como los medios de comunicación a la creación de nuestra representación sobre los protagonistas de la movilidad humana. A nuestra mirada sobre el fenómeno de la movilidad

1.3.2.Las migraciones tienen una inevitable y radical dimensión política (res política), una cuestión política radical que obliga a repensar las categorías básicas de la política en el orden interno y en el internacional.

1.3.3.La dimensión de derechos humanos, en las investigaciones sobre movilidad humana, debe ser transversal y no puede ser considerada como una cuestión adjetiva o secundaria. Dicho de otra manera, así como el Derecho, pese a ser una herramienta, no es neutral (toma posición a favor de determinado principios y valores que se concretan en los derechos humanos: no se puede ser neutral en torno a la tortura, por ejemplo), el Derecho migratorio y de asilo tampoco puede ser considerado sólo desde la perspectiva de la eficacia de sus disposiciones: no es neutral respecto a los derechos de los inmigrantes y los demandantes de asilo.

2. ELEMENTOS DE LA CONFIGURACIÓN DEL MODELO DE DERECHO MIGRATORIO Y DE ASILO

2.1. La necesidad de una perspectiva crítica: integrar la biopolítica y la dimensión internacional -global- del mercado, junto a la geopolítica. El ejemplo de la necropolítica

2.1.1. El punto de partida del Derecho migratorio y de asilo no es el paso de fronteras y la regulación de la acogida, sino algo previo: las razones estructurales que impulsan y regulan la movilidad humana y eso apunta al desorden internacional y al mantenimiento de relaciones de colonización, incluso bajo la apariencia de cooperación al desarrollo o codesarrollo. Por eso, la dimensión internacional es parte fundamental de la respuesta jurídica.

2.1.2. Por supuesto que ello no excluye, al contrario, el estudio de la economía del control migratorio, que va más allá de la configuración de los nichos laborales para los que se considera adecuado la aportación de mano de obra extranjera controlada, oficial o clandestinamente por los agentes del mercado. También la “industria de la seguridad” que evoca el dictum de Bauman,  que denunció la política migratoria como la “industria del desecho humano”.

2.1.3. Atención especial merece la perspectiva biopolítica, en el sentido desarrollado por Foucault y Aganbem: El biopoder tiene como fin “hacer vivir y dejar morir”, y se enfoca en los procesos particulares de la vida, como natalidad, mortalidad, longevidad, reproducción, migración y enfermedad; controla un campo biológico, que se divide en una jerarquía de razas, donde se deja morir a aquellas que están en la parte inferior” y su aplicación en materia migratoria por Mbembé, como necropolítica, que insiste en las tesis de Bauman y Butler que enlazan con tesis de Arendt (vidas superfluas) y Aganbem (nudas vidas): las vidas de los inmigrantes como vidas desechables. Con atención a dos problemas específicos de construcción de refuerzo de la vulnerabilidad: las mujeres (importancia de la perspectiva de género) y los menores.

2.1.4. Además, el estudio del status y proceso de presencia de los inmigrantes, nos muestra cuatro rasgos de las políticas migratorias y de asilo: (a)la creación de un “estado de excepción permanente” (Aganbem, Lochak) predicado como (b)el status “natural” de inmigrantes y solicitantes de asilo, que supone (c)la extranjerización como status y la (d)racialización de las personas inmigrantes y solicitantes de asilo. Ese estado de excepción es una concepción que se sitúa en línea con lo que los juristas nazis denominaron en su día el “Derecho penal del enemigo”. Y, junto a ello, lo que la escuela de Copenhague de estudios críticos de seguridad ha definido como la “securitización”, esto es, el proceso mediante el cual un fenómeno político y social es comprendido a través de una “óptica securitaria” que justifica la adopción de medidas especiales que exceden el marco jurídico y los procedimientos ordinarios de decisión política. Así, el proceso migratorio se construye como un problema de seguridad, con total independencia de su naturaleza objetiva o de la relevancia específica de la supuesta amenaza.

2.1.5. A esos efectos, hay que esclarecer cómo las instituciones, las leyes, los centros de detención de migrantes y de refugiados, los tribunales, las organizaciones no gubernamentales y otras burocracias son un dispositivo para administrar, controlar y regular la vida de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiados en un modo que sea funcional a la reproducción del capitalismo global. Estos análisis estudian los diferentes discursos y sus tecnologías (biopolíticas) mediante los cuales se captan a los migrantes que prometen mayor productividad y plusvalía al sistema capitalista neoliberal, ya sea por sus calificaciones laborales o por su vulnerabilidad socioeconómica a la explotación.

2.1.6. La estigmatización de inmigrantes y solicitantes de asilo procede en realidad a la configuración legal de esas categorías desde la perspectiva del riesgo o incluso más abiertamente de la amenaza (amenaza laboral, económica, social y cultural), como ya advirtiera Marx en su análisis de la noción del “campesino polaco”: por eso se utilizan adjetivos como “invasión” o “ilegales”.

2.2. La construcción jurídica de inmigrantes y refugiados como infrasujetos de derecho

2.2.1. Inmigrantes como no sujetos o infrasujetos

Ante todo, hay que insistir en la falacia que subyace al genérico “los inmigrantes”. Básicamente, porque no existen los inmigrantes, sino muy diferentes tipos de personas que migran, esto es, que se desplazan y por razones -por condiciones y, por tanto, por proyectos- que son diversos, aunque tengan en común algo tan sencillo como mejorar su vida, lo que apunta a un argumento muy propio de la noción liberal de derechos, el reconocimiento de la autonomía, del derecho a decidir sobre el propio plan de vida.

Ahora bien, esa autonomía que nos parece evidente reconocer como principìo jurídico básico a los ciudadanos del mundo rico, es un derecho negado a quienes no tienen la opción, esto es, a quienes no pueden elegir no ser emigrantes, salir de su propio país, por ejemplo, porque sufren persecución y está en peligro su vida, su integridad, la de su familia y el Estado no les protege frente a esa persecución o incluso las fuerzas del Estado son las que les persiguen. Pero también porque carecen de expectativas de una vida digna para ellos y sus familias, en su propio Estado, en su hogar.

Lo que quiero decir es que, en realidad, las migraciones forzadas constituyen la mayor parte de las manifestaciones de movilidad humana. Aunque sin duda hay otras maneras de ser inmigrante, aunque con frecuencia no pensemos en ellos como inmigrantes. Como ha explicado con mucha claridad Catherine Withol der Wenden[4], tan inmigrantes lo son los inmigrantes forzados, como los que llegan a otro país porque pueden hacerlo, porque pueden permitirse viajar

2.2.2. El status administrativo como condición natural: de la “ilegalidad” a la extranjerización permanente.

Un segundo y muy importante rasgo de esa construcción, como ha escrito François Gemene, es “aplicar a los inmigrantes un estatus administrativo como si fuera consustancial a la identidad de inmigrantes”[5], esto es como si se naciera inmigrante, o, aún más, inmigrante legal o inmigrante irregular, cuando estas son en todo caso categorías administrativas unilateralmente dictadas. Y, junto a ello, la identificación de los inmigrantes no ya como trabajadores, sino como un tipo particular de trabajadores extranjeros. Porque quienes realizan esta construcción no hablan de cualquier tipo de trabajadores: sólo serán reconocidos como inmigrantes los trabajadores deseados (inmigration choisie, que decía la doctrina Sarkozy, que en el fondo imitan la mayoría de las políticas migratorias de los países europeos) y mientras lo sean, es decir, mientras produzcan beneficios. Siempre que hablemos, por supuesto, del mercado formal de trabajo. Lo cual quiere decir que la teoría oficial ignora conscientemente o, peor, niega a todos los inmigrantes que no llegan como trabajadores, a las familias de los inmigrantes (que solo existen como tales miembros de su familia), o a los trabajadores inmigrantes empleados en lo que denominamos economía clandestina o sumergida, la mayor parte de ellos, irregulares o, como suele denominárseles todavía hoy en muchos círculos, trabajadores o inmigrantes ilegales. El término tiene importantes consecuencias, también simbólicas. Sirve para la función de estigmatización (de extranjerización, en la acepción más peyorativa) de esos trabajadores como un peligro, para asociarles a la delincuencia y para pretender justificar un doble proceso de discriminación: qua extranjeros y qua delincuentes. En suma: gentes que no pueden tener, no pueden aspirar a tener la condición de igualdad en derechos.

En el fondo, se trata de un proceso de construcción social de la exclusión, que fue explicado a mi juicio de forma muy clara por el discípulo de Bourdieu y especialista en sociología de las migraciones Abdelmalek Sayad con el oximoron “presencia ausente”[6], y que hoy, tras las pistas de la biopolítica y de la antropología filosófica formuladas por Foucault, Agamben y, con otros matices, Judith Butler, se sintetiza en la identificación de la concepción de la política migratoria como emblema de lo que el filósofo camerunés Achille Mbembe ha acuñado como necropolítica[7].

Se trata de una concepción de la política en la que la vida de los otros es objeto de cálculo de coste (la política migratoria suele reducirse a cifras, a cupos que expresan los inmigrantes “admisibles” y por cuánto tiempo lo son) y por tanto carece de valor intrínseco en la medida en que no resultan rentables o dejan de serlo. Se trata de una política que guarda semejanza con la política colonial, remozada con el lenguaje propio de la etapa del capitalismo neoliberal en que vivimos, en el que el proyecto de la democracia inclusiva parece quedar orillado. Por el contrario, se refuerzan los mecanismos no sólo de desigualdad, sino de exclusión y expulsión de una parte de la población respecto a los beneficios del crecimiento económico. Ese es el rasgo, la exigencia más notable del modelo de capitalismo neoliberal en esta etapa de la evolución del proyecto del mercado global, que trata de obtener una desregulación que permita liberarse incluso de la sujeción a normas básicas como las que responden a la garantía de derechos humanos elementales entendidos como universales. La vida también: la condición de ese precariado al que son conducidos los inmigrantes y en particular los irregulares, parece próxima a la de caducidad u obsolescencia programada, al igual que la de las mercancías. Por eso, he subrayado el acierto de la fórmula de Bauman al referirse a las políticas migratorias como “industria del desecho humano”. Esas son, como enseña Butler, “vidas que no importan”, vidas sustituibles o desechables.

2.2.3. El estado de excepción como lógica jurídica en Derecho de inmigración:

En otras ocasiones he acudido a la alternativa que daba título a una obra de divulgación de la jurista francesa Danièle Lochak: Migrations: état de droit ou état de siége? Porque nuestras políticas migratorias bordean de continuo esa posibilidad: crear para los inmigrantes un status jurídico que no es acorde con la exigencia plena del Estado de Derecho (igualdad y seguridad en las libertades, reconocidas en la ley y garantizadas por un poder judicial independiente) y parecen construir un cierto status de sujetos jurídicos de segunda clase, especialmente si hablamos de los inmigrantes irregulares, desde luego. El botón de muestra es la resistencia a reconocer a los menores inmigrantes no acompañados como lo que son, niños, menores. No como inmigrantes irregulares.

2.2.4. Probablemente no hay categoría como la de subordiscriminación, para explicar mejor el proceso de exclusión institucional al que se somete a buena parte de los inmigrantes forzados. La subordiscriminación es un término acuñado en el seno de la crítica jurídica feminista en los EEUU ( sobre todo por Crenshaw o CE.Mackinnon), que proponen también el de «discriminación interseccional». En nuestro país, en el ámbito de la iusfilosofía y del análisis del Derecho antidiscriminatorio, autoras como Añón, Barrére, Mestre, Solanes y Rubio han contribuido a esta conceptualización.

El status de inferioridad en la condición de sujetos del espacio público, unido a la “naturalidad” de cierta discriminación en derechos, me parece adecuado para describirla situación en que se encuentran quienes -aunque consiguen instalarse como residentes legales- siguen siendo denominados inmigrantes, ni siquiera inmigrados. Estos son dos términos que explican la diferencia entre concebir que su condición permanente es la de no dejar de ser ajenos a la sociedad que los recibe (no dejarán nunca de ser inmigrantes, e incluso se habla de “inmigrantes de segunda o tercera generación”, cuando en realidad se trata sencillamente de ciudadanos) y el status que expresa que se ha adquirido un resultado -son ya inmigrados. Aunque la referencia de una u otra manera al hecho de que son o han sido protagonistas de esa movilidad significa que quienes son newcomers, incluso si consiguen nacionalizarse y con ello adquirir la ciudadanía, nunca podrán ser como el ciudadano que lo es de cuna, el nacional de origen.

Esa condición de no sujetos del espacio público junto a la de discriminación “justificada” que viven los inmigrantes, incluso si llegan a ser residentes legales, insisto, pone de manifiesto que la mirada propia de nuestras políticas migratorias supone un elevado riesgo de hacerles vivir en la esquizofrenia democrática que, al decir de Ph.Cole, supone la existencia de status neocoloniales en nuestras democracias. El riesgo de vivir encerrados en el círculo vicioso de la invisibilidad y la desigualdad. Un círculo vicioso, porque pareciera que la invisibilidad (política, pública; al menos, un estatus de sumisión, una suerte de compromiso de no luchar por sus derechos) es la condición para acceder a la legalidad. Pero esa invisibilidad les precariza y hace inviable el objetivo de igualdad. Y cuando optan por la visibilidad, aparece límpidamente el discurso no sólo discriminatorio sino desigualitario, que utiliza la técnica jurídica de la fragmentación o multiplicación de estatus, que conllevan derechos muy diferentes, como se advierte nítidamente en la vía de la reciprocidad emprendida en nuestro país para el pacato reconocimiento del derecho al voto, en aras de una interpretación tan literal como a mi juicio mezquina del artículo 13 de la Constitución. Una técnica de fragmentación que ha multiplicado la tipología ideada por Hammar para explicar los estatus públicos en relación con la ciudadanía: de los tres estatus (ciudadanos/nacionales, extranjeros y denizens), hemos pasado hasta ocho estatus, como ha recordado Withol der Wenden (nacionales, ciudadanos de la UE residentes, ciudadanos de la UE no residentes, no UE residentes –los sujetos de la directiva 2003–, no UE temporales, demandantes de asilo, sin papeles no expulsables y sin papeles expulsables) y ello además sin tener en cuenta la estratificación entre no-UE trabajadores cualificados –los más deseables– y no cualificados y, además, la pendiente resbaladiza, la vulnerabilidad que amenaza a todos los no-UE residentes.

2.3. Las fronteras como espacio de no derecho y la dimensión concentracionaria, elementos definitorios de la lógica jurídicopolítica que se aplica a los solicitantes de asilo y que contribuye decisivamente a la precarización del derecho de asilo: la función de barrera jurídica que se ha ido atribuyendo a las fronteras (como han puesto de manifiesto de Lucas, o Solanes), unido al aliciente de los beneficios de la industria de seguridad fronteriza) y la creación de campos que son lugares de infraderecho, cuando no de no derecho, en continuidad con lo que sucede en las fronteras, son elementos definitorios que influyen en la precarización del derecho de asilo, cada vez más sometido a restricciones. En particular, se ha sugerido la existencia de un hilo conductor que relaciona los campos de concentración y exterminio (nazis y los estalinistas), con los campos de internamiento y de selección inmigrantes/solicitantes de asilo (hotspots) que, a su vez, para escapar al control del Derecho, son externalizados, como en su día se externalizaron las prisiones para los sospechosos de terrorismo.

* Este texto es un borrador. Se ruega no citar sin el acuerdo del autor.

[1] The Social Construction of Reality, 1968. Hay traducción castellana La construcción social de la realidad, Amorrortu, 1986.

[2] Recordaré que, en realidad, la pista fundamental sobre el riesgo que afecta al modelo europeo -occidental- de conocimiento racional fue ofrecida por Husserl en su clarividente La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental (1937). Para Husserl, ese elemento básico de la cultura (no sólo occidental), desaparecería si la filosofía no pudiera generar reflexiones sobre lo universal, sino solamente sobre el ámbito de la Lebenswelt. Adorno y Horkheimer desarrollaron la crítica a la racionalidad instrumental, la colonización del conocimiento por el interés tecno-pragmático, sobre todo tras lo que se denomina el <efecto Auschwitz> (Crítica de la razón instrumental y Dialéctica de la Ilustración, ambas publicadas en 1947), que es reformulada por Habermas en su ensayo Erkenntniss und Interesse, publicado en 1968 (hay traducción al castellano: Conocimiento e interés, Taurus, 1982) y en Zur Logik der Sozialenwissenschaften, 1982 (hay traducción al castellano, La lógica de las ciencias sociales, Tecnos, 1988).

[3] Utilizo obviamente una distinción que es capital en sociología jurídica, pero también en teoría de la argumentación jurídica. Me refiero, de un lado, a la diferenciación entre funciones manifiestas y funciones latentes de las normas, formulada por Merton y aplicada por Eckhoff al análisis sociológico jurídico y, de otro, al papel capital que juega la noción de auditorio y su tipología desde el punto de vista de la construcción del destinatario de los mensajes jurídicos.  Por supuesto, todo ello implica aceptar que el Derecho, como lenguaje y sus manifestaciones -legislativas, jurisdiccionales, administrativas- es una práctica social que no responde a la existencia de verdad (del nexo de causalidad empírica o lógica, que permite el establecimiento de leyes naturales), sino a convenciones que se traducen en atribuciones de significado, como explicara agudamente Humpty-Dumpty a Alicia, en la obra de L.Carroll Alicia a través del espejo: lo importante no es lo que signifiquen las palabras, sino saber quién manda. Porque el primer atributo del poder es éste: establecer el significado de las palabras.

[4] Cfr. por ejemplo, Withol der Wenden, La Question Migratorie au XXI siècle. Migrants, Réfugiés et Relations Internacionales, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 2010; también, ”Las nuevas migraciones”, Sur, 23, 2016, pp.17-28.

[5] “Nous parlons des immigrés comme si leur statut administratif était consubstantiel de leur identité, et même comme si ce statut se transmettait à leurs enfants – ne parle-t-on pas d’immigrés”, “Dépasser les fracture de l’identité”, AOC, agosto de 2021: https://aoc.media/opinion/2021/07/28/depasser-les-fractures-de-lidentite-2/?loggedin=true (consultado el 2 de septiembre de 2021).

[6] Cfr. A Sayad, L’inmigration ou les paradoxes de l’alterité, Bruxelles, De Boeck-Weshael. Reimpreso en 2006 en dos volúmenes: L’inmigration ou les paradoxes de l’alterité. 1. L’illusion du provisoire. 2. Les enfants illeégitimes, Paris, Editions Raisons d’Agir.

[7] He propuesto esa interpretación, por ejemplo, en “Negar la política, negar sus sujetos y derechos (Las políticas migratorias y de asilo como emblemas de la necropolitica) | Deny the Politics, their Subjects and Rights (Migration and Asylum Policies as Emblems of Necropolitics)”, Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, nº 36/2017.

Cada 6 de diciembre hay que aguantar, elevado a la enésima potencia, el tropel de periodistas y políticos que se turnan en hablar de «nuestra Carta Magna» para referirse a la Constitución española de 1978. Quienes me soportan saben de las razones por las que impugno una y otra vez esa aseveración. En este 2024, desbordado el hartazgo, voy a insistir en ellas, sin esperanza más allá de que, como me recordaba una querida amiga, gutta cavat lapidem. O, para ser más realista, que la insistencia, si no consigue romper el estúpido tópico, al menos haga surgir la duda sobre su uso, que es por donde se empieza para restablecer la razón.

El argumento es bien sencillo y empieza por algunos datos que nos ofrecen los historiadores: la Carta Magna fue un documento arrancado al rey Juan de Inglaterra por un grupo de nobles rebeldes, apoyados por la iglesia, y que el rey otorgó a regañadientes, en Runnymede, el 15 de junio de 1215. Su redacción se atribuye al entonces arzobispo de Canterbury, Stephen Langton. En esa <magna carta>, el rey se comprometía a proteger los derechos eclesiásticos, el acceso a la justicia inmediata, la protección de los barones frente a detenciones ilegales y también a aceptar la limitación de tarifas feudales por parte de la corona, que constituía el principal agravio contra el que luchaban esos nobles. En el curso de los enfrentamientos que siguieron a la muerte de Juan, la carta fue ratificada por Enrique III en 1226 y luego por Eduardo I, quien la sancionó en 1297. Desde entonces, formó parte del derecho inglés. En otras palabras, la Carta en cuestión es uno de los antecedentes del reconocimiento de derechos frente al poder y en ese sentido uno de los hitos históricos en el camino del reconocimiento de los derechos. Nada más y nada menos.

Nada que ver, pues, con una Constitución. No, desde luego, con lo que los revolucionarios franceses y americanos del XVIII entendían por Constitución. Lo dejaba claro el artículo 16 de la primera Constitución francesa, de 1791: «Toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución». A partir de ahí evolucionó el moderno constitucionalismo, consagrando la soberanía popular, la igualdad ante la ley y el reconocimiento progresivo de libertades y derechos a todos los ciudadanos, comenzando por las mujeres, excluidas de esa condición hasta bien entrado el siglo XX.

Es posible disculpar a los periodistas y a quienes escriben discursos para los políticos cuando, hartos de tener que repetir el término Constitución en el mismo párrafo de un discurso, buscan fórmulas alternativas y recurren a lo de «Carta Magna», la mayoría de las veces sin saber el disparate histórico, jurídico y político que ello supone. Eso se arregla estudiando un poco. Pero deben tener claro que hablar de nuestra Constitución -de cualquiera de las Constituciones democráticas aprobadas en este último siglo- como una «Carta Magna» es una analogía no sólo impropia, sino contraproducente. Como lo es también, aunque aquí se trate de un problema técnicojurídico, hablar de las Constituciones como «Norma Fundamental», tratando de incorporar una terminología kelseniana. Quienes así lo hacen muestran desconocer las tesis del gran jurista vienés, que concibió su tesis de la existencia de una Grundnorm de todo ordenamiento jurídico como una condición hipotética, trascendental, sin la cual es imposible concebir el Derecho mismo (incluida la Constitución): la norma fundamental sería más bien la cláusula pacta sunt servanda, apoyada a su vez en un hecho fundante, el poder.

Pero la metáfora tiene un aspecto aún peor. La tesis de la Constitución, nuestra Constitución de 1978, como carta magna, dice mal de la Constitución porque, si se toma en serio, sugiere algo más -y peor- que una analogía impropia. En realidad, supone sujetar la Constitución de 1978 a una tesis que la maldice, en el sentido de execrarla, de imputarle una maldición.

En efecto, si se toma en serio esa referencia a la Carta Magna, lo que se nos estaría diciendo es que la Constitución de 1978 no fue otra cosa que un documento otorgado por el rey y/o los poderes fácticos en la transición, una coartada para que siguieran en el poder los que estaban en él, con otras caras y ropajes. Una tesis conspiratoria que cuenta con el atractivo de todas las de su género y que no dista demasiado de la que sostienen entre nosotros algunos de los que impugnan lo que llaman «régimen del 78», negando toda legitimidad democrática al proceso constituyente y a la democracia que surgió de él, de la mano de la Constitución.

No creo que esa tesis tenga fundamento con rigor histórico. Lo que nos muestran los hechos acreditados por los historiadores (aunque aún quedan hechos por acreditar, es cierto) es que la transición alumbró un régimen democrático, como todos, imperfecto. La democracia no fue fruto del regalo magnánimo del rey Juan Carlos I, sino el resultado del respaldo del pueblo a las fuerzas democráticas que querían el cambio del régimen dictatorial de Franco. Un régimen que pretendía su continuación, de la mano de su sucesor designado. Lo que parece cierto es que el rey Juan Carlos I y sobre todo quienes le asesoraron, entendieron que no había alternativa: o se aceptaba iniciar el camino a una democracia, o esa monarquía heredada de Franco estaba destinada a desaparecer, quizá con un enfrentamiento de sangre por medio. La primera piedra de ese proyecto de democracia fue la Constitución de 1978, como expresión del pacto social y político que quería poner fin a la dictadura franquista y abrir una convivencia pacífica bajo el imperio de la ley, entendida como expresión de esa soberanía popular. Un proceso en el que hubo que enfrentarse a quienes pretendían boicotearlo, esto es, las fuerzas vivas del franquismo y también quienes optaban por una vía violenta, «revolucionaria», para lograr sus propósitos (ETA, o el oscuro GRAPO como ejemplos). Reconozcamos que esa transición se logró, en términos generales, de modo pacífico, aunque no pueden ignorarse los muertos que se cobró, que no fueron pocos y que conviene recordar para no edulcorar ese proceso de transición, que tuvo un componente importante de lucha social, en la que no pocos vieron frustrados los ideales más ambiciosos que creyeron al alcance tras la muerte del dictador, sustituidos por pactos en torno a lo que era posible.

Por lo que se refiere a la Constitución, repetiré que, con todos sus defectos, que los tiene, y con las contradicciones, lagunas e insuficiencias de un texto que se negoció hace más de 40 años y que nació en un contexto no ya muy diferente del nuestro sino en muchos sentidos, desaparecido (lo que exige importantes reformas constitucionales, siempre aplazadas por las dificultades que impone un modelo rígido de reforma, como el nuestro), la de 1978 es una Constitución democrática. Un punto de partida, claro, no las tablas sagradas de la ley.

Ya ha pasado un mes. Pero una gran parte de los afectados sigue viviendo en el momento cero, en el año cero y en la zona cero, como ha escrito Raquel Ejerique (https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/valencia-ano-cero-retrato-hecatombe_129_11855235.html?fbclid=IwY2xjawG3w6FleHRuA2FlbQIxMQABHeaMI1PKz9gDfiaYw5BWhu9bs9k3RmxCi0-L1Ke_x5GGmlofyKuEGbd13A_aem_76Ptx_OCQwSrWa-fLenibA). Por eso, a mi juicio, cada día que pasa, aumenta entre ellos (y entre buena parte de la ciudadanía) un mal mortal para la convivencia: la desconfianza de los ciudadanos en sus instituciones, comenzando por las de gobierno y representación.

Aumenta, creo, la sensación de que, desde Madrid, a pesar de las indiscutibles y cuantiosas iniciativas positivas del gobierno central a favor de las víctimas de la descomunal riada (algunas particularmente eficaces, como la reconstrucción de buena parte de las infraestructuras de movilidad que dependen del Estado, o el papel de las fuerzas armadas y de seguridad que también dependen de él), no se acaba de entender la envergadura de lo que sucede, lo que da pie a la indignación, colmada de desesperación, por parte de quienes no encuentran razones para hablar de «recuperar la normalidad». Dicho sea de paso, no es el juicio que recibe la actuación de la Delegación del Gobierno, con la señora Bernabé al frente, que no ha dejado de pisar el terreno incansablemente desde el primer momento y afrontar directamente, en primera persona, las críticas indignadas de quienes están, insisto, desesperados

Si esto es así, ¿qué decir de las muestras de incompetencia y ceguera (que parece voluntaria) del gobierno valenciano? Creo que hay un consenso muy superior entre la opinión pública acerca del pronóstico de que el president Mazón, su Consell y el PP de Valencia no pueden recuperar la confianza política perdida y que van a pasar por un calvario insufrible, si no dimite y se convocan elecciones. No de inmediato, pero sí pronto, en cuanto las consecuencias más graves del desastre hayan podido ser paliadas.

En todo caso, creo que a esos efectos de restaurar la confianza política, es inexcusable que se lleve a cabo un verdadero debate en el parlamento de los valencianos acerca de lo que debe hacerse. Un debate, que como luego añadiré, tiene como mejor vía la presentación de una moción de censura.

La sensación es que el gobierno valenciano muestra una y otra vez su torpeza e incompetencia, comenzando por el desastre de su política de comunicación, a la hora de tratar de ofrecer respuestas convincentes a los afectados que viven en esa permanente hora cero. Pero también a todos los valencianos. La disyuntiva es ésta: o no han entendido, o no quieren reconocer la gravedad de lo que sucede tras la riada. Ofreceré tres botones de muestra:
Primero, la huida de explicación verosímil y de asunción de responsabilidad por parte de quien es el primer responsable político valenciano, el propio president Mazón, entregado hoy por hoy al «y tú, más» respecto al gobierno Sánchez y a cualquier institución vinculada a él, mientras es obviamente incapaz de hacer frente a los ciudadanos afectados. Lo prueba la indigna reacción de parapetarse en el Palau (él mismo y el conseller de Educación, el señor Rovira), tras la muerte de un trabajador, por derrumbe en el porche de un centro educativo de Massanasa, que está relacionado con la falta de diligencia de la Consellería. la hora de adoptar medidas de seguridad en los centros escolares (aún hay millares de niños sin escuela). Lo prueba el hecho de que en su visita a Utiel, el President evite el centro urbano y recorra caminos para supervisar infraestructuras.
Segundo: la mala gestión del escudo militar con el que se ha tratado de proteger (comenzando por el bochornoso episodio del incremento de salario en el momento menos oportuno) y la incapacidad del president Mazón para acercarse a los ciudadanos, sumada a la ausencia de empatía que demuestra que, al cumpllirse el primer mes del desastre, no haya tenido una muestra de reconocimiento institucional de solidaridad y de petición de perdón, como han hecho buena parte de los alcaldes que, al fin y al cabo, están todos los días en la brecha.
Tercero: lo que pretenden que de sentido al resto de legislatura, esto es, la reconstrucción encomendada al vicepresidente Gan Pampols (hay que referirse ya a él en esos términos), va a ser cosa de años, sin duda y se parece demasiado, desde el punto de vista de responsabilidad política, a un intento de desviar la exigencia de responsabilidades a quienes estaban al mando o debían estarlo el día 29 y en los días siguientes. No digo que esa prioridad para la legislatura carezca de justificación . Sí pienso, como ha señalado la profesora de economía de la Universitat de València, Matilde Mas, (https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/val/matilde-economista-reconstruir-zona-cero-error-hay-incentivar-traslado-casas-empresas-zonas-no-inundables_1_11842767.html), que hablar de reconstrucción es un error, porque supondría seguir manteniendo todo lo que se ha demostrado que incrementa el riesgo de pérdidas de vidas humanas y daños materiales enormes, cuando es obvio que se trata de corregir todo eso: se trata de incentivar el traslado de casas y empresas a zonas no inundables, subraya. Eso implica levantar la vivienda social, una eficaz red de transporte público y simplificar e incrementar el dinero de las ayudas. Por lo demás, añade, la reconstrucción en Valencia no es la misma que en Afganistán: exige gestionar los recursos de la administración pública y eso no es fácil para quien no tenga experiencia en ello. Y exige transparencia, para evitar todo asomo de corrupción, y también ese escenario reprochable de quieres quienes lucrarse con  las tareas de reconstrucción.

En todo caso, cuanto he recordado no empece, sino más bien al contrario, que haya una prioridad genuinamente política. Quiero decir, que también es prioritaria la exigencia política, de dignidad y transparencia, y por tanto, requisito para la confianza política de los ciudadanos en las instituciones, plantear una moción de censura en las Corts, tal y como proponía al comienzo de estas líneas. Sabemos que es una moción que fracasará, por muchas dificultades (entre otras, Vox no la apoyaría aunque creo que en una repetición electoral saldría beneficiada). Pero insistir, como hace la líder del PSPV y ministra, Diana Morant, en la vía de que Feijoo deje caer a Mazón, es -a mi juicio- un grave error: no sólo porque es evidente que el PP no lo va a hacer, sino también y sobre todo porque la prioridades no son sólo materiales, sino asimismo, como digo, de carácter político en el genuino sentido de la palabra, que no es el de la lucha partidista y tacticista por el poder.  Por eso, hay que dar una respuesta que ofrezca satisfacción a los ciudadanos -no sólo a los afectados- en términos de asunción de responsabilidades, de saber en qué se falló (y reconoceré que todos los que fallaron antes, en y después del 29, son Estado, desde luego: desde la administración municipal a la autonómica y a la administración central del Estado) y debatir sobre lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Esa, creo, es una prioridad política, pública, para todos los valencianos y debe tener lugar en su parlamento

(I)

La catástrofe causada por la Dana que arrasó el día 29 de octubre más de 70 municipios de varias comarcas de la provincia de Valencia, especialmente en l’Horta Sud y La Ribera, es, probablemente, el mayor desastre de origen natural que se ha vivido en España en casi cien años[1]. Los datos de la tragedia, comenzando por las víctimas humanas, son aterradores para un país como el nuestro. A pesar de que apenas ha transcurrido tiempo, creo que vale la pena tratar de apuntar algunas pistas para la reflexión sobre esta catástrofe, desde la filosofía jurídica, moral y política.

En su día, leí con atención el ensayo de Ernesto Garzón Valdés, Calamidades[2], cuyo origen, recuerdo, fue su intervención en las Conferencias Aranguren, en la Residencia de Estudiantes. En estas semanas, claro, he vuelto a él, como también al poema de Voltaire sobre el terremoto de Lisboa (1756), a la carta que Rousseau le dirigió, criticando sus tesis, y a un texto imprescindible de Camus, La peste (1947), que tantos releímos durante la epidemia del COVID.3]

Cito el ensayo de Ernesto Garzón, porque me parece un buen punto de partida para apuntar algunas cuestiones que, como digo, considero de relevancia e interés no sólo académico, sino general. En su Calamidades, toma como referencia la noción kantiana de mal moral para ofrecer una distinción conceptual entre dos tipos de desastres, las catástrofes y las calamidades, y considera que las primeras son el resultado de causas naturales y las segundas, producto de la intencionalidad humana[. Pasa luego a esclarecer los elementos de algunas de esas calamidades, que siguen de actualidad (intervenciones armadas con fines humanitarios, terrorismo de Estado y terrorismo internacional, las guerras…) para tratar de elucidar el tipo de mal que suponen y el establecimiento de responsabilidad, más que la culpabilidad. Todo ello con una referencia que me parece muy importante: la relación de las calamidades con lo que denomina “arrogancia insensata” y con la “ignorancia”. Como señalaré más adelante, conviene tener en cuenta a ese propósito otra aguda reflexión del mismo autor sobre los tipos de ignorancia, que presentó en su lectio de aceptación del doctorado honoris causa de la Universitat de València[4]. En efecto, creo que la catástrofe que evoco se relaciona con dos de esas clases de ignorancia que explica Garzón Valdés, la “ignorancia presuntuosa”, que tiene mucho que ver con la “arrogancia insensata”, y la “ignorancia querida”.

Hoy, todos tenemos claro que ya no vivimos en los tiempos en los que dominaba la visión que subrayaba el azar desgraciado como causa de las catástrofes. Es la que propuso Voltaire en su largo poema de 234 versos, “Poème sur le désastre de Lisbonne, ou examen de cet axiome, tout est bien” (Sobre el desastre de Lisboa, o un examen del axioma todo está bien), publicado en 1756. Se trata de un texto que tiene su origen en la carta que dirigió Voltaire desde Ginebra a su amigo Jean Robert Tronchin, el 24 de noviembre de 1755, cuando tuvo noticia del desastre acaecido el 1 de noviembre. En ese poema, tras poner de relieve la fragilidad de la vida humana, lamenta la muerte de “cien mil a quienes la tierra devora” y nos recuerda lo cerca que estamos todos de la muerte por “crueldades del destino”; pero, sobre todo, se rebela contra las tesis del mejor de los mundos posibles, que minimiza la existencia del mal, y también contra el quietismo de quienes aceptan una resignación impotente, desde la convicción de que se trata de “las leyes de hierro que encadenan la voluntad de Dios”. Rousseau, por su parte, señala que más bien lo que nos debe preocupar es el mal que el ser humano causa a la naturaleza y destaca que los efectos del terremoto son más graves debido a factores sociales y políticos, como el tipo de construcción en Lisboa, o el hecho de que las personas afectadas se preocupan más de sus propiedades que de su vida.

La visión de las catástrofes asociada a la tesis existencialista de la ausencia de sentido, es la que encontramos en La Peste. Lo que me interesa subrayar ahora, más allá de cómo Camus plantea nuestra voluntad de ignorar ese tipo de catástrofe, incluso si ya está a nuestras puertas[5], es sobre todo la conclusión que ofrece Camus, a través del protagonista, el doctor Rieux, cuando se enfrenta a ese mal terrible que azota Orán. Rieux, pese a todo, confía en la ciencia y sobre todo en la solidaridad, pero insiste en el peso de la ignorancia y la arrogancia insensatas por parte de muchos de nosotros, y en particular, de los responsables públicos: “el mal que existe en el mundo proviene casi siempre de la ignorancia, y la buena voluntad, sin clarividencia, puede ocasionar tantos desastres como la maldad”.

Las catástrofes, con todo, advierte Camus, tienen la capacidad de rehumanizar, pues pueden ser el detonante de la fraternidad, de la solidaridad[6]: frente al mal, inevitable -tanto si hablamos de desastres naturales o epidemias, como si nos referimos al mal moral que subyace a las calamidades, de acuerdo con la propuesta de Ernesto Garzón-, lo importante es nuestra actitud: cómo responder, cómo rebelarse, y la medida es desechar el “sálvese quien pueda” y tratar de hacer el bien a los otros, comenzando por las víctimas. Creo que eso plantea de nuevo un debate sobre el que intervino el propio Garzón Valdés y sobre el que hemos debatido ampliamente: el de los deberes de solidaridad que, más allá de la solidaridad espontánea, del voluntariado, remite a lo que podríamos calificar de “solidaridad institucionalizada”, como respuesta propia de lo que denominamos Estado social, consecuencia de la concepción política que entiende que la necesaria respuesta solidaria no se puede dejar sólo en manos de la espontaneidad de la sociedad civil, del voluntariado.

A mi modesto entender, el problema con la distinción entre calamidades y catástrofes propuesta por Garzón Valdés, es el mismo de tantas propuestas dicotómicas, como las que agradaban a Bobbio, y tiene que ver con el hecho de que, como advirtiera Weber, se trata en todo caso de tipos ideales, que sufren al confrontarse con la realidad que es histórica, plural y cambiante y difícilmente se deja atrapar en categorías conceptuales abstractas. Y es que hablar de esos desastres que denominamos catástrofes en términos de acontecimientos naturales, ajenos a la mano del hombre, tal y como nos propone Ernesto Garzón, en línea de continuidad con el argumento del “azar desgraciado”, que vimos en Voltaire (“la desgracia, el desastre o la miseria provocados por causas naturales que escapan al control humano), tropieza con la evidencia de que existe una suerte de zona gris entre ambas categorías. Ya no podemos decir sin más que los desastres naturales escapan al control humano. No se pueden evitar, pero sí paliar sus consecuencias, desde el principio de prudencia, básico en toda acción política y en especial en las que tocan a la gestión de los desastres, es decir, a la respuesta preventiva. Se trata de desarrollar la capacidad de pre-prevención de los mismos, lo que es posible precisamente mediante los avances de la ciencia y la tecnología. Evidentemente, la gestión de las consecuencias de esos desastres naturales es una cuestión sobre todo de responsabilidad y eficacia en la acción pública, concertada entre las instituciones y los agentes de la sociedad civil. Todo ello abre otras perspectivas acerca del establecimiento de responsabilidades: moral, política y jurídica, como abordaré en el tercer apartado.

 Pero, sobre todo, esa distinción entre catástrofes y calamidades choca con un argumento que, también a mi parecer, no está suficientemente presente entre los asuntos de filosofía moral, jurídica y política a los que dedicó su brillante inteligencia Garzón Valdés ni, reconozcámoslo, tampoco en nuestra generación, con algunas excepciones. Me refiero a la dimensión ecológica de justicia, que integra las exigencias de justicia social y la perspectiva de las respuestas ante la gran transformación que deriva de la crisis ecológica. Pese a su necesidad, aún más, a su urgencia, la filosofía moral, jurídica y política no ha proporcionado suficientemente propuestas sobre ello, salvo las excepciones como los ensayos de filósofos como Hans Jonas, Bruno Latour o Michel Serres, o los de juristas como Michelle Delmas-Marty o Luigi Ferrajoli.

A partir de lo que ya he matizado acerca de las catástrofes, cabe sostener que éstas, como las calamidades, también nos plantean asuntos de relevancia moral, política y jurídica: desde la necesidad de replantear un modelo civilizatorio que ha conducido al antropoceno, a cuestiones más específicas como la influencia que tiene la desigualdad ante las catástrofes naturales de enorme magnitud, según hablemos de países con alto grado de desarrollo (pienso en los sismos en Japón, en los huracanes y tornados en los EEUU), por contraste con lo que acaece con los monzones en buena parte del sureste asiático o con los terremotos en el Magreb o incluso en zonas deprimidas de Turquía), o también en la diferencia de impacto entre clases acomodadas y las clases más vulnerables en un mismo territorio.

Las catástrofes nos plantean asimismo la relación entre la ciencia y las decisiones políticas que, como se ve en el caso de Oppenheimer, descrito como un Prometeo americano en una biografía en la que se inspira a su vez una película reciente de Nolan[7], tiene su cara y su cruz: el proyecto Manhattan no se entiende sin un ambicioso proyecto puesto en marcha por el presidente Roosevelt que inicialmente sí tenía que ver con la Defensa (el National Research Defense Committee, 1940) devino en la creación de una agencia científica de asesoramiento al gobierno (Office of Scientific Research and Developpment, 1941), con fines mucho más amplios, relacionados con la salud y bienestar, como se lee en la carta que el mismo presidente dirigió a esa Agencia y que fue el origen del famoso informe Science, the endless Frontier, de 1944[8]. También es un asunto de relevancia moral política y jurídica la mencionada reflexión sobre la solidaridad, el papel de la sociedad civil y el del Estado. Finalmente, en este breve repaso, la cuestión de la responsabilidad política de la gestión de esos desastres remite al problema de la acountability

(II)

Aunque es evidente que el riesgo cero no existe y menos aún en una “sociedad del riesgo”, que vive bajo el impacto global del cambio climático, y por tanto que hay fenómenos naturales catastróficos que es imposible eliminar, no lo es menos que hoy contamos con capacidad científica y tecnológica para prever y también para reducir las consecuencias de esos desastres. Por eso, las catástrofes, como la de Valencia, deben ser entendidas no como producto inevitable y exclusivo del azar, sino como un fallo sistémico (tal y como definió la Dana de Valencia el director del Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria, Iñigo Losada[9]), que es también el resultado de la ausencia de políticas preventivas que tengan en cuenta los avisos de la ciencia, frente a un modelo de crecimiento y explotación ilimitada de los recursos naturales, aún decimonónico, que explota sin freno la naturaleza, espoleado por la lógica del beneficio. Y, por supuesto, se agravan en función de esa arrogancia insensata y de la ignorancia frente a los avisos de la ciencia, por parte de quienes han de gestionarlas y tomar decisiones.

Insisto: ya no podemos seguir sosteniendo esa concepción de la impotencia del hombre ante los fenómenos naturales. Los conocemos y sabemos bien las posibilidades de actuar preventivamente para poder responder a ellos. Lo que nos falta es la voluntad política para actuar decididamente ante aquello que nos enseña la ciencia y nos proporciona la tecnología. Esa deficiencia en la voluntad política de actuar de forma prudente, sabiamente, se debe sobre todo a sigue siendo prioritario el beneficio de algunos frente a los derechos de los más. Es una dolorosa paradoja: si bien, de un lado, ya no aceptamos que el hombre no puede intervenir para prevenir o minimizar los efectos de las fuerzas de la naturaleza, de otro lado, no actuamos en consecuencia. Y por eso, aunque ya no vale aquello de que no hay responsabilidad humana: moral, política e incluso jurídica, porque la hay, por arrogancia e ignorancia ante los avisos de la ciencia y por incompetencia en la gestión de las catástrofes, nuestro sistema jurídico y político, como apuntaré en el tercer apartado, hace muy difícil el ejercicio real de la exigencia de responsabilidades políticas.

Con esto -como he anticipado más arriba-, quiero plantear el interés de una cuestión conectada al debate sobre las catástrofes, que es la de la necesidad de revisar las relaciones entre ciencia, técnica y política, sobre todo ante las catástrofes y no sólo ante las calamidades.

Si aceptamos que vivimos en sociedades de riesgo global, en las que está más claro que nunca que, sin una presunción de fiabilidad, la vida en estas sociedades se desmoronaría, parece evidente la necesidad de obtener esas referencias fiables que nos proporcionan la ciencia y la tecnología, como es el caso de los sistemas expertos, tal y como expuso. Anthony Giddens. Mediante ellos, que requieren un uso extensivo de la tecnología de las comunicaciones, hemos alcanzado la presunción de cierta eficiencia y capacidad de reducción de riesgos, que hemos incorporado a nuestra vida cotidiana a cambio de convertir nuestros datos personales en mercancía de ese nuevo y próspero mercado de los sistemas de comunicación tecnológica y la inteligencia artificial y de correr riesgos de fraudes. Como decía Giddens, se trata de “compromisos anónimos sobre los que se sostiene la fe en el manejo de un conocimiento del que una persona profana es en gran parte ignorante”. Cada vez que acudimos a un hospital, consultamos nuestras cuentas bancarias o hacemos gestiones con ellas, preparamos online un viaje, o, desde luego, cada vez que los gestores públicos quieren prevenir o gestionar emergencias, acudimos a esos sistemas expertos, y aunque no conozcamos a quienes responden a nuestras gestiones o interrogantes, en hospitales, bancos o agencias de viajes, depositamos nuestra confianza en esos sistemas.

El problema, a efectos de las catástrofes, no es tanto el fallo de esos sistemas, sino -como señala Ernesto Garzón- la arrogancia insensata, la ignorancia injustificable y la incompetencia de quienes deben adoptar decisiones políticas basándose en los análisis de la ciencia y no lo hacen, por alguno de esos motivos. Y es un problema porque no sólo contribuyen a la magnitud de la catástrofe, sino que fomentan muchas veces un populismo basado en la desconfianza ante la ciencia[10].

Pues bien, creo que la gestión política de esta catástrofe se relaciona con la ignorancia que Garzón Valdés llama “presuntuosa”, pero también con la “ignorancia querida”.

El profesor Garzón Valdés se inspira en Jonathan Glover para definir los dos requisitos que concurrirían en la primera[11]: que sea fácilmente superable y, al mismo tiempo, que esa superación tenga efectos desagradables. Me parece evidente que, en el caso del que hablamos, era muy fácil superar la ignorancia de los gestores políticos, acudiendo a los avisos de la ciencia, mucho antes, inmediatamente antes y durante el desencadenamiento de la Dana. Y no hace falta hablar de los efectos desagradables: es evidente que esos mismos responsables han tratado de negar tener conocimiento de esos avisos o incluso restarles importancia hasta el límite del negacionismo.

Para ilustrar lo que llama “ignorancia querida”, que entiende como una forma de autoengaño, se apoya en Strawson[12]: en nuestra vida cotidiana, al adoptar continuamente decisiones, preferimos “no saber” algunas cosas, o fingir que no están a nuestro alcance (lo que estaría paradójicamente cerca de la ignorancia presuntuosa): ese tipo de ignorancia “nos envuelve en una niebla protectora de la que no podemos prescindir mientras seamos como somos, es decir, seres vulnerables a las reacciones de los demás y a la verdad desnuda que no pocas veces nos ofende”. Ni qué decir tiene que, en una vida política como la nuestra, convertida en demasiada medida en espectáculo, esa niebla protectora puede parecerle al responsable político un escudo benéfico, pero lo cierto es que se trata de la evidencia de la incompetencia.

Lo que quiero señalar es que, con frecuencia, las catástrofes son desencadenadas por fenómenos naturales, pero no estrictamente causadas sólo por ellos. Desde luego, creo que es el caso de esa Dana que ha destrozado las vidas de una buena parte de casi un millón de ciudadanos que viven en esas comarcas próximas a la capital, salvada por el reencauzamiento del río Turia, una obra de enormes proporciones que se emprendió tras la gran riada de 1957 en la ciudad. No era mucho esperar que el sistema de emergencias valenciano y español (con piezas fiables científicamente, como la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET), con el conocimiento y los medios informáticos y de comunicación que permiten monitorizar en tiempo real los episodios meteorológicos, y con el marco normativo jurídico que los toma como referencia, pudiera responder en términos de prevención y de reducción de sus consecuencias. Pero es evidente que se producen y se han producido en este caso disonancias importantes entre las aportaciones de la ciencia y la tecnología de un lado, y las decisiones políticas, de otro.

Tenemos un grado suficiente de conocimiento científico sobre las amenazas que comporta el cambio climático. Baste pensar en los informes científicos que explican su evolución y que están transformando en alto grado las condiciones ambientales[13]. Por ejemplo, en Europa, con dos puntos particularmente sensibles: el cambio de las corrientes del Atlántico Norte y la transformación del Mediterráneo en zona cero[14], y muy concretamente, la existencia de mapas de zona inundables, de “manchas de inundación” sobre el mapa de territorios habitados, en las que se ha construido sin cesar y sin tomar prevenciones, desechando los estudios como el informe de la OCDE de 2018, sobre infraestructuras resilientes al clima, o iniciativas mixtas de I+D, como el proyecto Adaptare, emprendido en 2022 por Ferrovial y el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria, que trata de identificar y evaluar los riesgos a corto, medio y largo plazo, para prevenir y adaptar infraestructuras que puedan resistir a los riesgos del cambio climático, en vertiginosa evolución.

La cartografía permite establecer con precisión los mapas de zonas de riesgo, de zonas inundables. Ya en 2003 se estableció un Plan de Acción Territorial sobre prevención de riesgo de inundación en la Comunidad Valenciana: Patricova, que se revisó diez años después y cuya filosofía se incorporó en 2014 a la nueva ley de ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana que textualmente señala: “Se ubicarán espacios libres de edificación junto al dominio público hidráulico, a lo largo de toda su extensión y en las zonas con elevada peligrosidad por inundaciones”. En el mismo 2013, se creó el Sistema nacional de Cartografía de zonas inundables, resultado de una directiva europea de 2007 sobre prevención de inundaciones[15]. Pero, lamentablemente, estos análisis no se incorporaron para introducir modificaciones legislativas, por ejemplo, en la ley del suelo, ni en las ordenanzas municipales sobre construcción, que se aceleró en los últimos años, no sólo en la costa del Mediterráneo, sino también en esas comarcas que han sufrido el desastre.

(III)

Para terminar, quiero referirme sucintamente a la cuestión del establecimiento de responsabilidades en relación con las catástrofes.

Por supuesto, es evidente la diferencia entre la responsabilidad moral, la política y la jurídica. Respecto a esta última, es evidente que es posible, incluso que habrá que plantear el ejercicio de acciones de responsabilidad patrimonial frente a la Administración. Otra cosa es la pertinencia y viabilidad de emprender acciones penales. Respecto a esto último, creo que, como ha expuesto el profesor Quintero[16], conviene ser muy prudentes cuando se habla de presentar acusaciones o  denuncias por delitos de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro. Tales imputaciones, como argumenta el mismo profesor, tienen una difícil fundamentación jurídico penal en nuestro ordenamiento. El profesor Quintero, en ese artículo, explica que, para hablar de homicidio imprudente, se requiere poder establecer una imputación objetiva que, a su vez supone necesariamente identificar una conducta contraria a un mandato jurídico, y añade: “en las situaciones en las que, como sucedió en la que motiva estas líneas, se acumulan procesos causales y decisorios que pueden no estar ni siquiera concatenados…es precisamente cuando es fundamental fijar el momento en que se infringió una norma de cuidado concretamente destinada a evitar los resultados que se podían producir. Esas normas de cuidado nacen tanto de leyes y reglamentos de prevención de riesgos como de la experiencia cultural sobre la posible materialización de esos riesgos. A la obligación de respetar esas normas se une el deber personal de cuidado, que se mide en función de las especiales condiciones del sujeto y su capacidad de previsión y de control de los riesgos posibles”. Además, y esto es capital, “Es consubstancial al delito imprudente el que el resultado se pueda prever, con independencia de que el sujeto concreto lo haya previsto o no. Esa previsibilidad se ha de poder apreciar objetivamente y ex ante de la realización de la acción u omisión”. Por eso, concluye, “el resultado (las muertes) ha de derivarse de la acción del autor o autores. Cierto que no se trata de una derivación físico-causal, sino normativa, y eso exige poder establecer una relación que llamaremos de “imputación”, entre actuaciones de los autores, infractoras de concretas normas de cuidado, desbordando el marco del riesgo aceptado y siendo posible prever el resultado de muerte”.

Como decía, este tipo de responsabilidad es bien distinta de la responsabilidad moral (ligada a la identificación del mal moral) y de la política. Concluyo con una breve referencia a esta última.

La exigencia de responsabilidad política, la accountability, es consustancial a la democracia. Inicialmente, se intenta acotar la puesta en práctica de esa exigencia a mecanismos parlamentarios de depuración de responsabilidades (comisiones de investigación, mociones de reprobación) o, en todo caso, a la capacidad que tienen el titular de la soberanía, esto es, los ciudadanos, de modificar su voto en las elecciones cuando se ha acreditado tal (ir)responsabilidad. Poco a poco se ha generalizado también la praxis de que, sin esperar al siguiente momento electoral, una vez acreditada la responsabilidad política, ésta ha de asumirse por el gobierno correspondiente o por el partido que lo sostiene en forma de dimisiones o ceses de quienes se identifiquen como titulares de esa responsabilidad, lo que suele obligar a escalar sucesivamente en la jerarquía política, en la que se intenta que algunos cargos de menor rango actúen como fusibles de los responsables últimos. Y por supuesto siempre existe la posibilidad de ejercer mociones de censura o confianza cuando el establecimiento de responsabilidades políticas está suficientemente acreditado. Sólo en algunos sistemas electorales se prevén mecanismos intermedios de censura, o procesos deconstituyentes. Esta ausencia de mecanismos eficaces de rendición de cuentas políticas ignora la advertencia que señalara el cardenal de Retz en sus Mémoires (1765): “quand ceux qui commandent ont perdu la honte…ceux qui obéissent perdent le respect; et c’est dans ce même moment où l’on revient de la léthargie, mais par des convulsions», lo que podría traducirse libremente así: “Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto, y despiertan de su letargo, pero de forma violenta”[17]. Si los responsables políticos no rinden cuentas y asumen esa responsabilidad -lo que, hablando en plata, significa dimisiones y/o ceses-, la consecuencia es que la legítima rabia ciudadana se desborde, en términos cuando menos de cavar un abismo de desconfianza entre los ciudadanos y no ya esos políticos sino la política. El desbordamiento de las emociones pone en jaque a la razón, es decir, a la razón que se traduce en Estado de Derecho. Y esa amenaza es de una gravedad insoslayable.

Lo que me interesa subrayar es que el efecto de indignación ante actos en los que se hace evidente la responsabilidad política por falta de previsión o por incompetencia en la gestión de catástrofes tiene un riesgo evidente, el de la manipulación de la rabia y la frustración, que conduce a lo que Canetti, en su famoso ensayo de 1960[18], denominara “masa de acoso”. La indignación, el sentimiento de lo injusto, como sabemos, es un motor poderoso de la lucha por el Derecho, cuyos antecedentes se remontan a la antigüedad clásica, como demuestra la Antígona de Sófocles. Lo explicó muy bien Jhering en su imprescindible ensayo La lucha por el Derecho y también ahondó en las razones, las buenas razones políticas para la indignación, Stephen Hessel en un panfleto de enorme éxito[19], que precedió a los movimientos populares como Occupy Wall Street, o a los del 15M en España, de los que surgió Podemos. Pero el mismo Jhering explicó la patología de la indignación, acudiendo al famoso relato de von Kleist, Michael Kohlhass, como una variante perversa de esa lucha por el Derecho que, desde la evidente afrenta de lo injusto acaba convirtiéndose en tomar la justicia por la propia mano.

En momentos de catástrofes, con la conmoción que provocan y las emociones de frustración y rabia, que acompañan a la necesidad de encontrar responsables, cuando no culpables, no podemos ignorar el riesgo que afronta la democracia liberal: convertirse en una democracia de sentimientos y pasiones[20], en la que la apelación a las emociones o la sustitución de las razones por los slogans simplistas y las fake news, los bulos, que caracterizan en buena medida hoy a las poderosos redes sociales, a su vez manipuladas sin límite, acaben arruinando los elementos básicos de la democracia.

Una parte de ese riesgo se ha manifestado en forma de polémica acerca del fracaso del Estado y del slogan “sólo el pueblo salva al pueblo”, que llama una vez más a la desconfianza de “la política” y la demonización de “los políticos”, estigmatizados como una casta corrupta, alejada de los intereses y necesidades del “pueblo”. Los más avisados esperan poder aplicar la pauta descrita por Naomi Klein en su ensayo La doctrina del shock, sobre la propuesta difundida por ideólogos como Friedman y sus adláteres: acontecimientos como éste son una oportunidad para hacer negocio, mediante la privatización de lo público, porque tras la demonización de «la política», de «lo público», surge su devaluación y así sale beneficioso privatizar enormes sectores que se adquieren por derribo y son sustituidos por pujantes empresas que explotan en definitiva ese viejo motor: el miedo., junto al horror vacui. Miedo a la incertidumbre, al desamparo. Miedo al vacío que deja el Estado, previamente desmantelado.

Con independencia de la encomiable labor espontánea de los miles de voluntarios llegados de todas partes y en gran medida jóvenes -que han desmontado así el estereotipo de una “generación de cristal”, apática y ajena a los interese generales-, lo cierto es que ha habido una indiscutible deficiencia e incompetencia en los primeros días después del desastre, por parte de no pocos de los responsables políticos concernidos en las diferentes administraciones (sobre todo la autonómica y también la administración general del Estado y el propio Gobierno central. Pero, como escribía el profesor Juan Romero[21], sonroja tener que recordar que, por ejemplo, los Ayuntamientos son tan Estado como el gobierno autonómico, el central y la administración general del Estado. Y ese Estado respondió desde el principio: no sólo los alcaldes y Ayuntamientos, no sólo los directamente afectados -que trabajaron incansablemente desde el primer momento- sino también los que de inmediato pusieron todos sus medios a disposición. Como también es Estado y actuó eficazmente la Agencia Estatal de Meteorología. Estado son la Universidades públicas, como la de Valencia que, con sus prudentes decisiones de suspender desde el mismo día 29 de octubre por la mañana toda actividad docente y enviar a sus trabajadores a casa, salvaron sin duda muchas vidas, en contraste con la propia administración autonómica -salvo la Diputación de Valencia- y con la mayoría de las empresas, que no aplicaron lo que dispone la ley de prevención de riesgos laborales.

Más penoso es tener que subrayar obviedades como que, sin lo que llamamos Estado, y en concreto, sin un modelo como el del Estado social, serían muy difíciles buena parte de los avances en ciencia ni investigación (por ejemplo, los que no están al servicio de intereses empresariales, que son legítimos en principio, claro), no habría agencias de investigación como el CSIC, ni entidades científicas como AEMET, ni habría salud pública, ni educación pública, ni sistema de pensiones, ni seguridad social. No habría defensa (no habría Ejército), ni seguridad (cuerpos nacionales de policía o Guardia Civil, algo muy distinto de los servicios de seguridad que se pueden pagar los ricos). Es decir: sí, el pueblo salva al pueblo, pero sobre todo lo hace a través de sus instrumentos institucionales y gracias a los impuestos.

Por consiguiente, la solución no puede consistir en reducir el Estado a su mínima expresión, sino en estudiar cómo corregir, a fondo si es preciso, cuestiones tan concretas como importantes en relación con la respuesta de los poderes públicos (en coordinación, sí, con los agentes privados) al cambio climático y con sus consecuencias: Se trata de revisar el marco normativo y la ejecución de los sistemas de prevención y alerta y, más aún, los protocolos de colaboración institucional entre los agentes del Estado, las diferentes administraciones. Corregir en lo posible las aberraciones urbanísticas que hemos cometido, contra las enseñanzas básicas de la ciencia (geógrafos, geólogos, climatólogos, por ejemplo). Porque la acción de los poderes públicos y de las instituciones y agentes privados debe tener en cuenta la guía que ofrecen la educación, la investigación y la ciencia.

* Esta entrada del blog tiene su origen en mi contribución al homenaje al profesor Ernesto Garzón Valdés, celebrado en la Fundación Coloquio jurídico, en noviembre de 2024. Se publicará como artículo, con algunas variaciones, en el próximo número de la revista CEFD

[1] Al cumplirse dos semanas del desastre, la pérdida más importante son las víctimas mortales y desaparecidos aún por localizar, en una cifra que se acerca a 250 personas. En las poblaciones afectadas (la mayoría de l’horta Sud, una zona de la conurbación de la metrópolis de Valencia) viven cerca de 850000 personas. Los cálculos más fiables permiten hablar de 400000 personas afectadas directamente, casi 100000 hogares gravemente dañados, con más de 350000 trabajadores, buena parte de los cuales se han quedado sin puestos de trabajo o en precario, y más de 30000 empresas seriamente perjudicadas. Un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, IVIE (https://www.levante-emv.com/economia/2024/11/03/dana-tendra-gran-impacto-negativo-111143911.html) cifra las pérdidas en 28.000 millones de euros, y subraya que los 70 municipios que han salido más golpeados por la DANA generan el 34,5% del PIB provincial y el 22% del PIB regional (más de lo que producen en un año las comunidades de Asturias, Cantabria, Extremadura, La Rioja o Navarra). El desastre ha dañado gravemente a infraestructuras, incluidas la comunicación, que impactan directamente sobre la movilidad de toda esa población e incluso sobre las comunicaciones de Valencia con otros territorios, a través de carretera y ferrocarril. Por su parte, el Departamento de geografía de la Universitat de València ha cartografiado el mapa del desastre y cifra el área afectada en 562,7Km2, de los que casi 60 constituyen área urbana y están ocupados por viviendas familiares (21km2 son zonas residenciales) y empresas (33 km2 son superficies industriales). El estudio permite identificar las zonas definidas como inundables, en las que se cebó la catástrofe, una de las razones de su magnitud, más que previsible en ese sentido: https://www.uv.es/uvweb/uv-noticies/ca/noticies/universitat-crea-primera-cartografia-precisa-inundacions-provocades-dana-1285973304159/Novetat.html?id=1286405127409&plantilla=UV_Noticies/Page/TPGDetaillNews.

[2] Publicado en el año 2004, con el título Calamidades, Gedisa, 2004, hoy está agotado.

[3] “<calamidad>…aquella desgracia, desastre o miseria que resulta de acciones humanas intencionales, es decir, excluiré los casos que pueden caer bajo la denominación general de <mala suerte> individual o colectiva, o que son consecuencia de actos voluntarios no intencionales…<catástrofe>, la desgracia, el desastre o la miseria provocados por causas naturales que escapan al control humano” (ibid.., pp.11-12).

[4] En esa lección distinguió entre 8 clase de ignorancia: excusante, presuntuosa, culpable, racional, docta, conjetural, inevitable y querida. El texto, junto a una selección de sus ensayos, puede encontrarse en la colección honoris causa de la Universitat de València, con el título Filosofía, política, derecho, Universitat de València, 2001, editado por quien suscribe. Esa lección puede encontrarse también como artículo, publicado en el número 11 (1999) de la revista Isonomía: «Algunas reflexiones sobre la ignorancia», pp. 129-148.

[5] Aunque es sabido que Camus ofreció la interpretación de que La peste era una metáfora del nazismo y de la guerra, lo es también de nuestra actitud ante los desastres: “Nuestros conciudadanos eran como todo el mundo: pensaban ellos mismos…no creían en las plagas. La plaga no está hecha a la medida del hombre, por tanto, el hombre se dice que la plaga es irreal, un mal sueño que tiene que pasar. Pero no siempre pasa. Y debido a esa incredulidad, a esa ignorancia, sucede que continuaban haciendo negocios, planeando viajes y teniendo opiniones. ¿Cómo hubieran podido pensar en la peste, que suprime el porvenir, los desplazamientos y las discusiones? Se creían libres y nadie será libre mientras haya plagas”

[6] En diferentes trabajos, inspirándome en las obras de Ibn Jaldún y de Durkheim, he propuesto entender la solidaridad como el tipo de vínculo social que consiste en la conciencia conjunta de derechos y deberes, que se activa de modo particular ante los peligros -no digamos los daños- que afectan a ese fondo común y ante la evidencia de que sólo actuando de modo conjunto, solidariamente, se puede dar respuesta.

[7] Me refiero a American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J.Robert Oppenheimer,  de Kai Bird y Martin J. Sherwin, Atlantic, 2005 (hay versión en castellano, Prometeo americano. Triunfo y tragedia de J. Robert Oppenheimer, Debate), en la que se basó la película de Nolan, Oppenheimer (2023).

[8] Sobre ello me permito remitir a De Lucas, “Variaciones sobre un tópico weberiano. Acerca del lugar de la ciencia en la decisión política”, Revista De Las Cortes Generales, (111), pp. 75-96. https://doi.org/10.33426/rcg/2021/111/1609.

[9] Cfr. entrevista en El País, https://elpais.com/economia/2024-11-10/obras-hidraulicas-resilientes-el-escudo-ante-la-crisis-del-clima-que-falto-en-valencia.html.

[10]  Sobre esa ideología populista advierte Richard Seymour en su Disaster Nationalism. The Downfall of the Liberal Civilisation, Verso Books, 2024.

[11] Cfr. art citado en la nota 3, p.133.

[12] Ibid., p. 144.

[13] En 1988, las Naciones Unidas y la Organización Meteorológica Mundial fundaron el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, IPCC, para proporcionar actualizaciones periódicas sobre la evidencia científica sobre el calentamiento global. El informe United in Science, de septiembre de 2019 de la Organización Meteorológica mundial reunió los detalles sobre el estado actual del clima y presentó tendencias en las emisiones y concentraciones atmosféricas de los principales gases de efecto invernadero. En la investigación los científicos destacan la urgencia de una transformación socioeconómica fundamental en sectores clave como el uso de la tierra y la energía para evitar un aumento peligroso de la temperatura global con impactos potencialmente irreversibles. También examinan herramientas para apoyar tanto la mitigación como la adaptación. (Se puede descargar en este enlace: https://news.un.org/es/story/2019/09/1462482). Puede consultarse el muy didáctico ensayo de E.Ortega, J.A.Saénz de Santamaría y S. Uhlig, Cambios climáticos, Mcgraw Hill, 2024

[14] Sobre ello, por ejemplo, https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2024-11-09/stefan-rahmstorf-climatologo-el-colapso-de-la-corriente-oceanica-atlantica-provocaria-un-clima-extremo-sin-precedentes-en-europa.html.

[15] La web del Ministerio para la transición ecológica y reto demográfico alberga el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI): https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-inundacion/snczi.html.

[16] “La imputación de la catástrofe y los límites del Derecho penal”, Almacén de Derecho, noviembre 2024, https://almacendederecho.org/la-imputacion-de-la-catastrofe-y-los-limites-del-derecho-penal.

[17] Aunque frecuentemente atribuido a Lichtenberg, el aforismo se encuentra en las Mémoires de Jean-François-Paul de Gondi, Cardinal de Retz, tomo 1 p.66.

[18] Me refiero, claro está, a Masse und Macht. Hay versión en castellano, Masa y poder, Muchnik, 1977.

[19] Indignez vous! (2010). Hay versión castellana con prólogo de J.L. Sampedro, Indignaos!, Destino, 2010.

[20] Cfr. por ejemplo, P. Rosanvallon, La contrademocratie. La politique à l’âge de la défiance, Seuil, 2006; M.Arias Maldonado, La democracia sentimental: política y emociones en el siglo XXI, Página Indómita, 2016.

[21]  Cfr. https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/donde-estaba-el-estado_129_11785212.html.

La gestión del espantoso desastre de la Dana, en las ciudades y pedanías de comarcas de Valencia y en Letur, las poblaciones más afectadas, ha dado lugar a mensajes tan aparentemente obvios y convincentes en su simplicidad, como -a mi juicio- engañosos, cuando no ejemplos de manipulación.

Uno de los más efectivos es el que apela a la contraposición entre el pueblo -siempre adornado de todas las bondades- y el Estado, con frecuencia presentado como una bestia insaciable y despreocupada de las necesidades reales de los ciudadanos, caricatura en la que coinciden los neoliberales iletrados pero poderosos (Milei o Trump son algunos de esos analfabetos funcionales y exitosos políticos) y otros enemigos del sistema que, por el contrario, son ilustrados pero nada poderosos, como les sucede a buena parte de la tipología de los anarcas y anarquistas (Jünger nos enseñó la diferencia). De ahí el mantra “sólo el pueblo salva al pueblo” que, paradójicamente, no se está difundiendo por parte de círculos revolucionarios de extrema izquierda, sino en los medios de la derecha y, sobre todo, la ultraderecha y que apela a la bondad del pueblo como única respuesta ante el fracaso del Estado.

En lo que se refiere a la gestión del desastre causado por la Dana en Valencia, se puede ejemplificar esa tentación mediante el contraste entre las imágenes de miles de ciudadanos que dedican su tiempo y sus recursos, altruistamente, a tratar de ayudar a los damnificados (los ríos de gente que cruzan el “puente de la solidaridad” que une el casco de Valencia con un barro periférico fuertemente afectado, el de La Torre, quedarán en nuestra memoria para siempre) y las quejas por el abandono que viven esas poblaciones, denunciadas por alcaldes de todo signo político y por sus habitantes y sintetizadas en la frase “en estos días aquí no hemos visto ningún uniforme” (militar, bomberos, policía, guardia civil), con la que se proclama la ausencia del Estado, denunciada también por personas que influyen en la vida pública pero que no parecen conocer la situación, como el habitualmente ponderado Antonio Banderas, que proclamaba en un tuit su indignación por no ver al ejército en las calles de esos pueblos. En esta ocasión, una vez más, conviene recordar que antes de opinar es preciso un mínimo conocimiento de la realidad de este desastre y también, del marco normativo y competencial de situaciones de emergencia que, por supuesto, también ha dado para la disputa partidista.

Y conviene también poner de relieve que, en situaciones de graves crisis, los más avisados esperan poder aplicar la pauta descrita por Naomi Klein en su ensayo «La doctrina del shock» sobre la idea propia de Friedman y sus adláteres: acontecimientos como éste son una oportunidad para hacer negocio mediante la privatización de lo público, porque tras la demonización de «la política», de «lo público» (el «fracaso del Estado»), surge su devaluación y así sale beneficioso privatizar enormes sectores que se adquieren por derribo y son sustituidos por pujantes empresas que explotan en definitiva ese viejo motor: el miedo, junto al horror vacui. Miedo a la incertidumbre, al desamparo. Miedo al vacío que deja el Estado, previamente desmantelado.

Desmontar simplificaciones sobre “pueblo” y “Estado”

Pues bien, en primer lugar, hay no poco que matizar sobre el buen pueblo. Empezaré por reconocer que soy de los que ha aprendido acerca de lo que significa el principio político que sostiene que el pueblo es el sujeto de la política, leyendo por ejemplo a Ranciére, que enseña que la democracia es ante todo lucha por la democracia, por el poder de las gentes reunidas como pueblo (y hoy, un pueblo que trata de trascender los límites impuestos por la nación), porque los sistemas políticos tienen como hilo común, en no poca medida, el miedo al poder del pueblo que, en democracia, es el titular de la soberanía, mientras que los gobernantes son administradores de lo que es nuestro, de los ciudadanos, del pueblo. Como también he aprendido de Thoreau, Fromm, Zinn o Chomsky, la necesidad democrática de la desobediencia civil: la indignación, la frustración ante la incompetencia de sus gobernantes, no digamos la rabia al ver la impunidad con la que los derechos son frustrados, si no violados tal que en la parábola de von Kleist, Michael Kohlhass, que sirvió al gran jurista Jhering para ilustrar su tesis de que el Derecho es sobre todo lucha por el Derecho, es una buena razón para la protesta. Pero si uno ha leído a Canetti, o ha visto películas como La jauría humana, Matar a un ruiseñor, o Grupo salvaje, sabe bien que el pueblo puede ser tantas veces también masa, moldeable por demagogos de toda laya, de Hitler, Stalin o Mussolini, a Milei, Bolsonaro o Trump. Y sabemos también que, en situaciones extremas, sale lo mejor y lo peor de todos nosotros: altruistas y saqueadores. Bien es verdad que, afortunadamente, como hemos visto en Valencia, aquellos son muchos más que éstos.

Es evidente que la respuesta de los poderes públicos, comenzando por el Consell de la Generalitat, desde el momento previo e inexistente de la prevención al de la que habría sido necesaria respuesta inmediata, ha dejado mucho que desear, en contraste con instituciones como la Universitat de València, que adoptó medidas que seguramente han salvado muchas vidas de sus trabajadores y de los estudiantes (en contraste también con lo que dejaron de hacer no pocas empresas, ignorando lo que dicta la ley de prevenciones laborales). Habrá tiempo de establecer responsabilidades para que las conductas y decisiones irresponsables e incompetentes encuentren sanción, incluso más allá de la sanción política, que es la que se expresa sobre todo con el voto.

También hay que matizar y mucho, sobre la pretendida «ausencia del Estado», y no digamos sobre su falencia y sobre la necesidad de dejarlo atrás, tesis difundidas por escritores justicieros, como Jose Manuel de Prada, que escribió en una tribuna de ABC que “España es un Estado fallido gobernado por hijos de puta”, y añadió que “tendríamos que ahorcarlos”, o incluso por editoriales de periódicos que en su día fueron conservadores y hoy parecen demasiado próximos a la extrema derecha, como el diario El Español, titulaba el 3 de noviembre “España de luto, y sus políticos a otra cosa” o como el propio ABC, en su editorial del 1 de noviembre titulado “¿Dónde está el Estado?”, dando pábulo a la tesis de Estado fallido.

Para empezar, recordaré la necesidad de desmontar la eficaz falacia de que todos los políticos son incompetentes, cuando no ladrones. Por ejemplo, he leído en estos días a un ilustre hispanista sostener la afirmación, tan atractiva como -a mi juicio- tramposa, de que la corrupción e incompetencia de nuestra clase política hoy, es la misma -sin solución de continuidad- que denunciara Valle Inclán en Luces de Bohemia. Decir esto puede quedar redondo como metáfora literaria, pero es una falsedad colosal. Que el poder político corrompe, como sentenciara Lord Acton, (y añadamos que si corrompe en buena medida es porque es corrompido casi siempre a manos de los poderes de facto), no significa que no se haya avanzado nada desde el XIX, también en España, para controlar al corrompido (aunque sea a posteriori) y también -menos, la verdad- al corruptor. En un Estado de Derecho que funcione, y el nuestro, con todos sus defectos, lo es, la actividad de la administración pública está sometida hoy a controles normativos (por ejemplo, la Ley de Contratos del Sector Público), de diferentes instituciones (como el Tribunal de Cuentas) y al contraste ante los tribunales de justicia, que establecen responsabilidades y sanciones: económicas, administrativas y, si es preciso, penales. Nada que se pueda comparar a las denuncias de Larra o Valle. Va a seguir habiendo corruptores y corrompidos, seguro. Pero lo importante es poder ponérselo más difícil y, en todo caso reducir su impunidad mediante sistemas de control y sanción eficaz.

En todo caso, como escribía el profesor Juan Romero (https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/donde-estaba-el-estado_129_11785212.html), sonroja tener que recordar que tan Estado son las Autonomías y los Ayuntamientos, como el gobierno central y la administración general del Estado. Más penoso es tener que subrayar obviedades como que, sin lo que llamamos Estado, y en concreto, sin un modelo como el del Estado social, serían muy difíciles buena parte de los avances en ciencia ni investigación, por ejemplo, los que no están al servicio de intereses empresariales, que son legítimos en principio, claro: por ejemplo, los que no están al servicio de intereses empresariales, que son legítimos en principio, claro. Así, Estado es el mayor centro de investigación de nuestro país, el CSIC, como lo es la AEMET. Estado son las Fuerzas Armadas (el ejército, por cuya presencia han clamado todos los afectados) y los cuerpos y fuerzas de seguridad. Estado son los bomberos, los servicios forestales, los servicios de protección civil. Sin el Estado, en suma, sin un Estado social, ni habría salud pública, ni educación pública, ni sistema de pensiones, ni seguridad social. Es decir: sí, el pueblo salva al pueblo, pero sobre todo lo hace a través del Estado y de las instituciones públicas, y gracias a los impuestos.

A propósito de la solidaridad

Conviene también recordar que la solidaridad no es sólo una virtud que se practica sólo espontáneamente y a través del voluntariado. En muchas ocasiones he propuesto una tesis fuerte sobre la solidaridad, que arranca de considerarla no sólo como una cualidad moral individual, sino como el propio vínculo social, el cemento que hace posible la constitución de las sociedades y su evolución: esa es la noción de asabiyah que propuso el genial Ibn Jaldún en su monumental propuesta de filosofía de la historia, Muqaddihmah. La solidaridad es así el motor social que hay que preservar y desarrollar.

La solidaridad responde ante todo a la conciencia común del vínculo social, y se basa sobre todo en lo contrario de la tesis atomista que el neoliberalismo pretende imponer, esto es, que somos sólo mónadas aisladas y que lo social no existe. Como principio jurídico, expresa la conciencia colectiva de la existencia de derechos y deberes comunes, porque existen bienes comunes que sólo se pueden proteger entre todos, en común, algo que, es cierto, se hace más evidente en situaciones de enorme peligro o de catástrofes que afectan a los otros y en particular cuando esos otros son cercanos. Por eso, el Estado social debe asumir el sostenimiento de esas exigencias de solidaridad y no simplemente dejarlas al albur de la virtud ciudadana. Hablamos de bienes comunes de carácter global, los que el jurista Karel Vasak entendía que daban lugar a lo que él denomino una «tercera generación derechos» (después de las libertades públicas y de los derechos económicos, sociales y culturales), una categoría en la que entran el agua, el medio ambiente, desde luego. Hoy es más evidente que nunca que resulta inviable afrontar los grandes desafíos globales (la gestión de la movilidad humana, el cambio climático, por enunciar dos de ellos) sin el concurso de los poderes públicos, concertados desde luego con los agentes sociales.

Lo que quiero recordar y creo que conviene repetir hoy, en el contexto de la Dana y también en el contexto del debate sobre la estructura territorial del Estado y el modelo de financiación, es que la solidaridad es también un principio jurídico que, en nuestro caso, tiene rango constitucional (artículos 2 y 138). Sin solidaridad no puede haber igualdad entre los ciudadanos que viven en un Estado compuesto. El modelo federal precisamente recuerda esto: ese Estado que nace de un pacto (foedus) de mutua lealtad y ayuda.

La solidaridad es también un principio jurídico de la propia UE ((como traté de explicar aquí: https://www.infolibre.es/opinion/luces-rojas/solidaridad-entendida_1_1174940.html). El artículo 222 del Tratado de funcionamiento de la UE incluye la denominada “cláusula de solidaridad”, que establece la posibilidad de que la Unión y los países de la Unión Europea actúen conjuntamente para prevenir la amenaza terrorista en el territorio de un país de la UE, o para prestar ayuda a otro país de la UE que sea víctima de una catástrofe natural o de origen humano. Además, la UE creó la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas (DG ECHO) de la Comisión Europea como organismo específico de esta respuesta solidaria que, entre otras cosas, incluye la prevención rente a catástrofes (https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/what/humanitarian-aid/disaster-preparedness_en) y se ha previsto actuaciones de solidaridad ante crisis migratorias (https://www.consilium.europa.eu/es/policies/eu-migration-policy/eu-migration-asylum-reform-pact/migration-crisis/), medidas que se activaron con motivo de la invasión de Ucrania por Rusia y la consiguiente diáspora, pero que no se han activado ante otras crisis en territorio no europeo. Y, para terminar estas referencias, recordemos que la solidaridad es la razón de la creación del Fondo Europeo de solidaridad (https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/paginas/fsue.aspx), que se activó como respuesta a la segunda crisis que nos amenazó con el COVID.

Todo esto para argumentar que, si queremos sacar de verdad lecciones, la cuestión no puede centrarse en reiterar lugares tan comunes como falsos. No vamos a mejorar si nos quedamos en la apología del pueblo (al fin y al cabo, sí, el soberano) y la execración del malvado Estado. Mejor sería estudiar cómo corregir, a fondo si es preciso, cuestiones tan concretas como importantes en relación con la respuesta al cambio climático y con sus consecuencias, tal que el marco normativo y la ejecución de los sistemas de prevención y alerta y, más aún, los protocolos de colaboración institucional entre los agentes del Estado, las diferentes administraciones. Corregir en lo posible las aberraciones urbanísticas que hemos cometido, contra las enseñanzas básicas de la ciencia (geógrafos, geólogos, climatólogos, por ejemplo), por no decir los cinco puntos de la agenda que propone el profesor Romero en el artículo que he citado.

Para acabar: no podemos perder de vista que el sentido de la acción del Estado, de la acción política es, incontestablemente, el mejor servicio a los ciudadanos, a la sociedad, algo que, por ejemplo, no parece haber entendido la (todavía hoy y, a mi juicio, inexplicablemente) consellera de turismo de la Comunitat Valenciana, la señora Nuria Montes, que trata a las familias de los muertos y desaparecidos con la misma displicencia con la que imagino trataba a sus subordinados en su empresa hotelera. Quizá porque no ha entendido que su función como consellera de turismo no es defender los legítimos intereses de esa patronal, sino los de los valencianos, sea cual fuere su relación con los establecimientos de hostelería. Bueno es que todos aquellos que se dediquen a la política tengan bien presente la advertencia de las Mémoires de un contemporáneo de Mazarino, el cardenal de Retz (tantas veces mal atribuida a Lichtenberg), escritas en 1675: “Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto, y despiertan de su letargo, pero de forma violenta”.

Debemos reconstruir. Pero con sentido común y con la guía de la prudencia, lo que significa la guía de la ciencia. Sin arrojar al niño con el agua sucia, pero limpiando todas las cloacas que podamos, ahora que aún podemos

Giros en la narrativa oficial del modelo de política migratoria

Muchos de nosotros saludamos con alivio el mensaje inicial del presidente del gobierno en su primera etapa de la gira africana, en Mauritania, cuando subrayó que las migraciones son fuente de «riqueza, desarrollo y prosperidad». Fue asimismo un alivio que reiterase lo que a muchos nos parece obvio: que, para gestionar la movilidad migratoria, hay que desarrollar vías legales, regulares y seguras.

Ahora bien, que el gobierno de España trabaje en establecer esas vías, no es una osadía progresista: es simplemente cumplir con lo que establecen no ya las recomendaciones, sino el título mismo del Pacto Global sobre Migraciones aprobado en diciembre de 2018 por la Asamblea General de la ONU (Global Compact for Safe, Regular and Legal Migration), una exigencia constante desde hace muchos años por parte de ONGs y expertos y también del papa Francisco desde el inicio de su pontificado. Insisto: no debería presentarse como novedad la voluntad política de cumplir con un compromiso ratificado por nuestro país hace seis años. Más bien eso habla de que hasta ahora no ha habido voluntad política de hacerlo. Tampoco por parte de la UE, todo hay que decirlo: basta con leer el Pacto migratorio y de Asilo aprobado en abril de este mismo año y que ha sido objeto de críticas tan amplias como, a mi juicio, justificadas.Me permito remitir al lector a lo que escribí  sobre ello en diversos medios, como La Marea, Infolibre o en este mismo blog (https://lucasfra.blogs.uv.es/2024/04/15/nuestro-waterloo-sobre-el-pacto-europeo-de-migracion-y-asilo-version-ampliada-del-articulo-publicado-en-infolibre-15-de-abril-de-2024/).

Requiere, en cambio, muchos matices otra afirmación del presidente en este viaje: “la inmigración no es un problema, sino una necesidad”. Eso sí, nada sencilla de gestionar. Necesidad, sí: ¿para quién?

En principio, ese mensaje es también positivo y además, para subrayar su firmeza, viene acompañado de la pátina de “realista”, para diferenciarse de los discursos «buenistas». Pero, como digo, es preciso explicar de qué se habla cuando se califica a la inmigración como necesidad. Creo que, para la mayoría de los destinatarios hipotéticos del mensaje, es claro lo que quiere decirnos el presidente: la inmigración no es un problema sino algo positivo para nosotros porque nosotros necesitamos de la inmigración. Necesitamos mano de obra en los nichos de nuestro mercado de trabajo en los que no hay oferta nacional. Necesitamos a los inmigrantes para que las pensiones y el Estado del bienestar sean sostenibles. Necesitamos millones de inmigrantes porque nuestros países viven un invierno demográfico. Toda esta argumentación de la necesidad es una apelación utilitarista, propia del egoísmo racional: sean inteligentes, la inmigración nos conviene…

Pero preguntémonos qué significa el reconocimiento de que para millones de seres humanos la inmigración es una necesidad. Y cuando hacemos esa pregunta, cambia el contexto de la migración como necesidad. Que la inmigración sea una necesidad significa que es un destino ineludible si se quiere tener un mínimo de expectativas de vida digna. Dicho de otro modo, para centenares de millones de personas, emigrar no es una libre opción, sino una alternativa ineludible, un destino fatal, una necesidad. ¿Y cuál debe ser nuestra respuesta ante esa necesidad? Como bien saben quienes conocen la relación entre necesidades y derechos, nuestra respuesta no puede ignorar que hablamos de derechos elementales de esos cientos de millones de personas. Pues bien, como saben quienes leyeron en su día a un buen iusinternacionalista preocupado por las migraciones, el profesor Checa, lo primero que hay que hacer es combatir, cambiar los factores que imponen esa necesidad a tantos millones de personas. Eso significa que no haremos una política migratoria legítima y eficaz si no trabajamos ante todo para cambiar las condiciones de vida que nos hablan de la terrible desigualdad en las relaciones internacionales (ejemplificada por la brecha a ambos lados del mediterráneo): mejorar los índices de desarrollo humano (que no son sólo índices económicos, pues incluyen la mejora en democracia y en derechos, comenzando por el derecho al agua, a la salud, a la educación…). Esa debe ser la prioridad del imprescindible pilar internacional de la política migratoria, reducir las causas de la brecha de la desigualdad. Dicho ésto, conviene añadir que, como subrayaron los primeros análisis de la OCEDE sobre el vínculo entre migraciones y desarrollo (el muy citado pero poco estudiado rapport Tapinos, “Regional economics integration and the effects of Employement and Migration”, que data nada menos que de 1993), el crecimiento en desarrollo de los países que generan migraciones no frena las migraciones, sino que, a corto y medio plazo, las incentiva. Lo explicó muy bien el profesor Antonio Izquierdo y el investigador y divulgador Hein de Haas lo subraya ahora en sus trabajos, como si fuera un descubrimiento reciente.

En todo caso, antes que necesidad, las migraciones son, como afirmaron los sociólogos de la escuela de Mauss en el XIX, un hecho social global, total. . No son un hecho excepcional, propio de crisis, sino una constante en la historia de la humanidad: los humanos necesitamos arraigo, pero somos seres migrantes, no árboles. Por eso, no se trata de estar a favor o en contra de las migraciones. Se trata de gestionar todas sus etapas, teniendo en cuenta a todos sus actores y, sobre todo, se trata de reconocer que las migraciones no son sólo un fenómeno laboral o económico, sino que afectan a todas las dimensiones de lo social (también la cultural, la política) y de ahí la dificultad de su gestión, que requiere cambios por parte de todas las partes afectadas: también por parte de las sociedades de recepción (lo de acogida es un desiderátum) que deberían plantearse qué contrato social ofrecemos a los inmigrantes y cómo su presencia nos obliga a reformular nuestro propio contrato social y político.

Pero hay más razones para la crítica de ese mensaje realista del presidente del gobierno:  ese “realismo” –acomodarse a la necesidad, que parece el mantra político por antonomasia del presidente Sánchez- parece demasiado condicionado a una perspectiva unilateral de “egoísmo racional”: aprovechar esa mano de obra barata cuando tenemos déficits importantes en numerosos sectores del mercado de trabajo y garantizando como primer objetivo nuestro beneficio. Nosotros ponemos por delante nuestros intereses y beneficios (sí: también en primer lugar el de nuestras empresas), pero ninguno de los tres países africanos concernidos -salvo, con muchos matices, Senegal-, ni, sobre todo, sus sociedades civiles, ni, digámoslo claro, los inmigrantes, son beneficiarios directos en términos de paridad.

Todo esto tiene mucho que ver a su vez con una tercera afirmación, también en principio positiva, pero necesitada de aclaraciones de principio, la propuesta de la “inmigración circular” como modelo y no como ejemplo de una vía para gestionar un sector del mercado laboral necesitado de mano de obra ocasional (trabajos de temporada), de la que hablaré enseguida.

Con todo, el giro más notable en esta narrativa del viaje del presidente es la vuelta de tuerca final sobre la primacía de la seguridad. No me refiero sólo al hecho de que se entreguen funciones de externalización de fronteras a países que no respetan los derechos humanos, como Mauritania (lean cualquier informe sobre los derechos de las mujeres allí), sino al regreso del presidente al discurso de la prioridad de la seguridad y a la exigencia de “retornar a los inmigrantes irregulares”.

Este último giro, como he tenido ocasión de explicar recientemente en una entrevista en Infolibre (https://www.infolibre.es/politica/javier-lucas-mayor-parte-izquierda-abandonado-prioridad-derechos-politica-migratoria_1_1867078.html), es muy revelador de la esquizofrenia en la que parece vivir la izquierda en sus propuestas sobre políticas migratorias y de asilo. Y es un giro compartido por el gobierno de coalición en Alemania, ante el temor de la ventaja que ofrece a la extrema derecha del AfD los atentados en Solingen. Así, se reitera el mantra de que hay principios y exigencias que proclaman con énfasis. Eso sí, morales, lo que es revelador, porque las exigencias morales, a diferencia de las obligaciones jurídicas, forman parte del ritual del arsenal retórico, pero no de compromisos de cumplimiento exigible. Dicho esto, vuelven a la realidad y se pliegan a la exigencia de reiterar aún más enfáticamente como prioridad de prioridades la voluntad de firmeza frente a la inmigración irregular, con la excusa de que es por el propio bien de los inmigrantes. Un discurso que pasa por alto el hecho difícilmente rebatible de que nuestras fronteras (no digamos las de países como Mauritania, Marruecos, Túnez o Libia) son muchas veces un agujero negro para los derechos. Cuando el presidente de gobierno señala que la inmigración irregular es un infierno, dice verdad. Pero no lo es sólo por las penalidades y abusos a los que se ven sometidos los inmigrantes y quienes buscan asilo a lo largo de sus viajes (algo que ha explicado bien la literatura y el cine, y los informes de ONGs especializadas), sino que ese infierno se vive también y sobre todo en las fronteras, en nuestras fronteras.

Sobre los límites del modelo de inmigración circular

Vuelvo sobre el argumento de la bondad del modelo de inmigración circular. Lo que quiero subrayar es que ese modelo de inmigración con contratación en origen, nada novedoso, como ya explicó Gabriela Sánchez en las páginas del Diario.es (https://www.eldiario.es/desalambre/contratados-origen-vuelta-pais-consiste-migracion-circular-pactada-sanchez-gira-africa_1_11615020.html), no puede generalizarse como la panacea. Me preocupan, sobre todo, dos aspectos de ese mensaje.

El primero, que la generalización de ese modelo abunda en la justificación de una política migratoria groseramente instrumental, de egoísmo racional, si se me permite llamarlo así, lo que se advierte en su caracterización de las migraciones (que es un paso positivo, insisto) «no como un problema, sino como una necesidad». No: las migraciones no son una necesidad (una necesidad que, por cierto, implica en buena medida una desgracia: tener que abandonar tu hogar), sino ante todo lo que los sociólogos del XIX ya llamaban un <hecho social global>, un rasgo estructural de la humanidad, que se acrecienta en contexto de globalización.

Generalizar la inmigración circular como modelo es abundar en una tesis que ya enunció Marx, el uso de los migrantes como ejército de reserva del capitalismo, mano de obra precaria y disponible, que perjudica los derechos de los propios inmigrantes y desestabiliza a los trabajadores nacionales. En suma, lo de Bauman: industria del desecho humano. Para contarrestar esa crítica sería necesario que los acuerdos bilaterales con esos países incluyeran no sólo proyectos de formación y promoción de los inmigrantes, sino resultados concretos, objetivables en términos del Indice de Desarrollo Humano de la ONU (que incluye avances en democracia y derechos humanos) para los ciudadanos de los países de origen y tránsito. Veo factible que así sea en el caso de Senegal, como ha proclamado el ministro Cuerpo al sacar pecho de las medidas anunciadas en el paquete del plan África Avanza. Dudo mucho que lo sea en el caso de Gambia y, desde luego, no tengo ninguna duda de que no habrá nada de eso en el de Mauritania.

A riesgo de que me critiquen quienes desprecian las obligaciones con los derechos humanos como ejemplo de buenismo, quienes consideran esos deberes como meras opciones, insistiré en que la primera exigencia en la gestión de la movilidad humana es garantizar los derechos de quienes los tienen más en riesgo, los propios inmigrantes (no digamos los niños, los menores), algo que brilla por su ausencia en este discurso. Derechos violados por las mafias que los explotan, desde luego. Pero también, lamentablemente, por buena parte de los gobiernos de los Estados por los que transitan y a los que llegan.

Pondré un solo ejemplo: me llama la atención que quienes, como Silvia Intxaurrondo (y la cito porque sé de su conocimiento del mundo árabe), son justamente críticos con los despropósitos del PP en política migratoria, alaben el acuerdo con Mauritania, descontextualizándolo del conocimiento de la realidad de ese país en materia de respeto a los derechos humanos y a los elementales principios e instituciones de la democracia. La pregunta que todos, también los más agudos periodistas, debemos hacernos es ésta: ¿podemos permitirnos esos acuerdos que, sobre todo, no nos engañemos, tienen como núcleo la externalización del control de fronteras (no sólo de salida y tránsito, también a la hora de las expulsiones mal llamadas devoluciones), con países cuyo standard de respeto de los derechos humanos es ínfimo? Y pondré un solo ejemplo: ¿saben qué hay en el acuerdo con Mauritania acerca de condicionar las ayudas económicas a la exigencia de respeto a los derechos de las mujeres y de las niñas, de las propias mauritanas y de las mujeres y niñas inmigrantes que transitan por Mauritania, por no hablar de las mujeres inmigrantes que nosotros vamos a devolver a Mauritania para quitárnoslas de encima? Les responderé: nada ¿Alguien en su sano juicio cree que el régimen mauritano que, para empezar, condicionó la ratificación de la CEDAW ONU a la interpretación rigorista de la sharía que hace de las mujeres infrasujetos de derechos, va a garantizar sus derechos?

La ausencia de garantías para los necesitados de protección internacional y asilo

No quiero dejar de referirme a lo que a mi juicio es un déficit particularmente preocupante en la narrativa de este viaje. Me refiero a la absoluta ausencia de referencia a otro fenómeno característico de la movilidad humana y que se ve afectado por estos acuerdos: los millones de personas que se desplazan buscando refugio, protección. No olvido la situación de los menores en Ceuta, pero apunto ahora al hecho (que el Defensor del Pueblo ha constatado) de que, en Canarias, por ejemplo, hay más de mil niños malienses: huir de Mali (como de Sudán, de Yemen, de tantos países que no garantizan e incluso prohíben los derechos de las mujeres y las niñas) es una necesidad vital. Y debemos facilitarles a ellos y a todos los que huyen de la muerte, de la ausencia de derechos humanos, de la persecución, vías legales, seguras, para que puedan ejercer su derecho a la protección internacional, incluido el asilo.

La práctica de las devoluciones en caliente, de los retornos masivos a países terceros, violan el principio básico de non refoulement del Convenio de Ginebra de refugiados. Por no hablar de las eufemísticamente denominadas “devoluciones” colectivas, que suponen una violación del artículo 19 de la Carta europea de derechos fundamentales (1 Se prohíben las expulsiones colectivas. 2. Nadie podrá ser devuelto, expulsado o extraditado a un Estado en el que corra un. Grave riesgo de ser sometido a la pena de muerte, tortura o a otras penas o tratos inhumanos o degradantes). Las expulsiones colectivas, como saben todos los gobiernos de la UE y deben saber cualquier político europeo responsable, están también prohibidas por el artículo 4 del protocolo adicional 4 del Convenio europeo de derechos humanos, ratificado por España.

Otra cosa es que un buen número de gobiernos europeos (incluidos los nuestros, de diferente signo), hayan recurrido y recurran a todas esas prácticas, en flagrante violación de tales obligaciones jurídicas. Que algunos políticos del PP o de Vox alardeen de la exigencia de expulsiones masivas sólo certifica su ignorancia o su mala fe. Alguien debería avisar a los estrategas electorales del PP que tratar de emular a Vox, o a Alvise, no les da más votos, sino que se los transfiere a Vox o a Alvise

Y, por cierto, quiero subrayar una falacia propagada por la extrema derecha. Contra lo que se asegura, España no está a la cola en las deportaciones o expulsiones (eufemísticamente denominadas «devoluciones») de inmigrantes irregulares y de solicitantes de asilo a los que se deniega. Los informes disponibles, por ejemplo, las estadísticas de Eurostat, muestran, por el contrario, que el nuestro es el 5º país de la UE en número de deportaciones ( https://www.eldiario.es/politica/espana-deporto-2-500-migrantes-primer-trimestre-ano-quinto-pais-ue-expulsiones_1_11616337.html).

Una estrategia útil, pero de corto alcance

Concluyo. Creo que este viaje apuntala un tipo de discurso sobre política migratoria que, en su simplismo argumentativo, parece estratégicamente eficaz.

El gobierno se sitúa así en el óptimo in medio virtus. Pone a un extremo la verborrea xenófoba, llena de contradicciones y falsedades, que le ha regalado la torpe estrategia del PP en estos días, de nuevo con pasajes tremendistas y desveladores de una profunda ignorancia de la más elemental legalidad, de la que suele hacer gala el diputado y portavoz Miguel Tellado que cada vez que pretende innovar quiebra un elemento básico de la legalidad interna e internacional.

Por otra parte, con la insistencia en el realismo, en la prioridad de la seguridad en las fronteras, en la dureza “contra las mafias” y contra la inmigración irregular (reconocida por el presidente como “un infierno”), se posiciona en el centro realista frente al buenismo ingenuo y contraproducente de quienes, según se dice, proclaman una política de puertas abiertas (no conozco a nadie que haya trabajado en serio en migraciones que sostenga esto, y menos aún que esa medida pueda ser adoptada por un solo Estado). Pero el gobierno parece olvidar que ese mensaje de dureza ignora que, si las mafias tienen negocio, es porque hay quien compra su mercancía: no sólo los desgraciados inmigrantes que se ven obligados a recurrir a ellas porque no hay vías legales, regulares y seguras, sino también quienes emplean a los irregulares, aprovechándose de su precariedad.

Esta estrategia, al menos a corto plazo, funcionará. Lo malo es que sus déficits suponen insistir en una política migratoria y de asilo tantas veces fracasada, sin atreverse a ensayar las propuestas que han puesto a su disposición numerosos equipos de investigación, expertos y ONGs con decenas de años de experiencia en el campo. Véase por ejemplo la sorprendente ignorancia que parece mostrar la responsable de migraciones sobre el plan Estratégico de Ciudadanía e Integración, un instrumento que respondía a otra filosofía sobre la presencia de los inmigrantes y enfatizaba la colaboración con las administraciones municipales y autonómicas, que se puso en marcha en 2007 y al que puso el finiquito el gobierno Rajoy en 2012.

Hoy se publica en Infolibre una entrevista que me ha hecho Lara Carrasco, sobre el modelo de políticas migratorias y de asilo que despliega la UE y España, ligado a acuerdos con países de origen y de tránsito.

En esta entrevista insisto en mi opinión: el modelo que, por ejemplo, se despliega hoy en la visita del presidente de gobierno a Mauritania, Gambia y Senegal (previas visitas del ministro Marlaska), yerra al no situar como condición previa el respeto de los derechos humanos y al utilizar un tipo de acuerdos (unos cientos de millones, a cambio de que hagan funciones de policía, esto es, una política de externalización de fronteras) que son mecanismos de corrupción de las élites y no redundan en beneficio de las poblaciones de esos países ni de los inmigrantes que transitan por ellos. Ofrezco algunas alternativas, que no son fórmulas mágicas, porque no las hay en un asunto tan complejo como el de la gestión de los flujos migratorios y de asilo.

La desgracia, a mi juicio,  es que la izquierda insista en ese camino. Un modelo que, en mi opinión, no sólo es ilegítimo, sino también ineficaz, acomplejada como está la mayor parte d ela izquierda por el mantra de que defender derechos de los inmigrantes es una sangría de votos y que si quiere seguir en el poder, o llegar a él, debe primar el mensaje de la eficacia de control policial. Por el contrario, la experiencia demuestra que, si practicas ese mensaje, quien acaba avanzando es la extrema derecha

https://www.infolibre.es/politica/javier-lucas-mayor-parte-izquierda-abandonado-prioridad-derechos-politica-migratoria_1_1867078.html

Fue en junio, a las puertas del verano. El debate migratorio volvía a ocupar titulares y minutos de radio y televisión porque Canarias había expresado que su sistema de acogida ya no daba más de sí. Las negociaciones para buscar una solución fueron la oportunidad perfecta para que la extrema derecha recordase y azuzase sus mensajes de odio xenófobo. Y así lo volvieron a hacer la semana pasada, aprovechando el crimen de Mocejón (Toledo) para esparcir bulos a través de las redes sociales que vinculasen —otra vez— inmigración y delincuencia. Pasó también en Reino Unido. Y todo, poco después de que la Unión Europea aprobase un nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo aplaudido por los ultras.

Javier de Lucas (Murcia, 1952), catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de València, lleva más de 30 años trabajando en torno a la migración y asegura a infoLibre que no comparte los términos en los que se debate sobre ello. Ni por parte de la extrema derecha —a la que cada vez cree con más poder de influencia—, ni de la derecha del PP ni, tampoco, de la izquierda. A punto de que comience el nuevo curso, y con una nueva gira africana del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a punto de empezar, responde a las preguntas de este periódico y pide, sobre todo, recuperar lo más básico: hablar de migración no puede desligarse, nunca, de hablar de derechos humanos.

Este martes el presidente del Gobierno inicia una gira por Mauritania, Senegal y Gambia en el marco de la crisis migratoria que vive Canarias. ¿Le daría algún consejo?

Por la experiencia que acumulo, no quiero jugar al profeta en el desierto. En todo caso, mis propuestas están lejos de las propuestas de política migratoria que conduce sobre todo el ministro Marlaska con esos países. Por lo demás, son tres países diferentes y es muy distinta la presencia de sus nacionales o de personas de terceros países en tránsito en viajes migratorios a España. En el caso de Mauritania y Gambia, pediría que pusiera como condición de cualquier acuerdo el respeto de los derechos de sus propios nacionales y de las personas que transiten por su país, algo inútil, pues sus gobernantes no están por la labor. En Senegal, un país más cercano a los parámetros democráticos, pediría diálogo con los agentes de la sociedad civil para seguir el modelo de las propuestas de codesarrollo e inmigración ideadas por Sami Naïr y que no se han puesto en práctica.

España y la UE han destinado ingentes fondos a estos países con el objetivo, entre otras cosas, de controlar la migración. En concreto, en febrero se anunciaron 210 millones para Mauritania por parte de la Unión Europea y 180 por parte de España para Senegal. ¿Cree que este tipo de políticas son solución a esta crisis humanitaria?

No. La experiencia demuestra abrumadoramente que se trata de comprar “polis malos” a cambio de un dinero que esos gobernantes no harán llegar a sus poblaciones, que no mejorará los derechos de sus ciudadanos y menos aún de los inmigrantes o demandantes de asilo que transiten por esos países. ¿Cree usted que al régimen dictatorial mauritano le importan los derechos de sus habitantes? Pues menos aún los de los inmigrantes.

¿Qué sentido tienen entonces estas propuestas? ¿Cómo se justifican?

La justificación de ese modelo de acuerdos bilaterales es puramente de control policial: externalizar esos controles para que no lleguen los inmigrantes que no nos interesan y también para echar a los sobrantes. Los derechos no existen en esos acuerdos: nos desentendemos por completo de lo que hagan con esas personas.

Muchas organizaciones denuncian la falta de transparencia de esos fondos. ¿Cree que se destinan a lo que se dice que se destinan?

Funcionan como los habituales mecanismos de corrupción de los que disfrutan las élites. Es fácil comprobar que no hay cláusula de condicionamiento de esas ayudas a resultados constatables y objetivos de progresos en los indicadores de desarrollo humano de sus poblaciones. Lo que cuentan son las estadísticas de objetivos policiales.

Entonces, ¿cuáles son, a su juicio, las medidas realmente efectivas para abordar este problema?

Si algo se aprende estudiando las políticas migratorias es que no hay soluciones fáciles. La gestión de la movilidad migratoria y de su asentamiento es muy compleja, pero hay propuestas que se pueden ensayar. Con todos los matices, para evitar los tropismos coloniales, serían efectivas las medidas de codesarrollo vinculadas a políticas migratorias que he mencionado, que someten las ayudas, como le he dicho, a controles objetivos de avance en derechos humanos, democracia y desarrollo para sus poblaciones. Me refiero a un sistema descentralizado, en el que los agentes y destinatarios de la gestión de ayudas no deben ser tanto los gobiernos, sino las organizaciones de las sociedades civiles (universidades, asociaciones, sindicatos, etc.) de los países de origen y de llegada de los inmigrantes. Y también ellos mismos, que son los que conocen las necesidades reales y la prioridad de destino de las ayudas.

Los dos grandes partidos no fueron capaces de ponerse de acuerdo en junio para dar una solución urgente a la reubicación de menores no acompañados. ¿Cree que los términos en que se desarrolló el debate, básicamente basadas en dinero y cifras de personas, fue el correcto?

Obviamente, no. Fue un ejemplo más de cómo servirse de la inmigración en la confrontación partidista: no es un ejemplo de política de inmigración, sino de hacer política partidista con la inmigración. Electoralista, simplista y maniquea, a base de manejar tópicos simplistas sobre la inmigración. Antes que inmigrantes, esos menores son niños, cuyos derechos están reconocidos y garantizados por la Convención de los Derechos del Miño y la Ley Orgánica de Protección del Menor, que son derecho vigente que obliga a todos los poderes públicos. Lo primero es cumplir con la garantía de esos derechos, y eso no parece que fuera la condición previa aceptada en un debate que, en el mejor de los casos, se deslizó por la más paternalista y condescendiente perspectiva soi dissant humanitaria. Los derechos no son limosnas piadosas.

¿Qué opina del fondo del debate? ¿Necesitamos hacer obligatoria la reubicación de los migrantes? ¿Por qué?

Es muy sencillo: hablamos de derechos de niños, de menores, que estamos obligados a garantizar y que el Gobierno de Canarias no puede asumir en solitario. Las posiciones del gobierno de la Generalitat de Cataluña y de los gobiernos del PP de diferentes comunidades autónomas que se opusieron a la distribución obligatoria suponen desconocer esas obligaciones jurídicas primarias. No hay discusión posible al respecto. Otra cosa es cómo distribuir solidariamente el cumplimiento de esas obligaciones, cómo financiar solidariamente la garantía eficaz y adecuada de esos derechos. Algo que, por cierto, el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración (PECI), que disponía partidas millonarias para ayuntamientos y comunidades autónomas para las políticas de acogida, facilitaba.

¿Cómo se puede combatir el discurso de la extrema derecha, que ha convertido a los menores migrantes en una auténtica y estupenda excusa para lanzar sus mensajes xenófobos?

Ya he dejado claro que no se puede abdicar de una línea roja: con los derechos de los menores, de los niños, no se negocia, se cumple con ellos. Hay que poner pie en pared en este tema. No cabe admitir un planteamiento que obvie esa premisa. No lo haríamos con nuestros niños. No podemos permitirnos el disparate jurídico de negar derechos a niños por su origen. Es renunciar a principios jurídicos elementales, eso es barbarie.

¿Cree que ha aumentado el número de personas que creen firmemente en el contenido de los mensajes que lanza la ultraderecha en torno a este tema? ¿Por qué cree que consiguen calar?

Sí, es un continuo in crescendo. Las razones son complejas, pero diré que es más fácil creer (insisto, creer) en explicaciones simples, fáciles, sobre las que tomar partido. Me refiero a términos que categorizan entre bueno y malo, es decir, los que corresponden a mis intereses y refuercen mis sentimientos, necesidades o prejuicios, y los que no. Quiero subrayar el papel negativo de buena parte de los medios de comunicación que, con raras excepciones, prefieren ese mensaje simplista y sensacionalista, porque es el que vende. Porque no sólo hay políticos que buscan su rédito electoral, sino también muchos medios, tertulianos y periodistas empeñados en contarnos, por ejemplo, que el hecho de que lleguen 30.000 personas en patera a un país como España es un problema de seguridad nacional, de cohesión social y de supervivencia de nuestra cultura.

¿Hasta qué punto es tóxico el discurso ambiguo del PP sobre migración —aquel que señala que valen los venezolanos y ucranianos, no valen los senegaleses ni marroquíes. ¿Cree que se ha contagiado por la extrema derecha o que los conservadores ya defendían esas ideas antes de su irrupción en la esfera pública?

Niego la mayor. No es el PP sólo, ni sólo Orban, o Salvini. Son todos los gobiernos de la Unión Europea y la propia Unión Europea quienes practican ese doble rasero. Son esos gobiernos los que están restringiendo el asilo y externalizando unas políticas migratorias obsesionadas con el control policial de fronteras y con una inmigración entendida sobre todo como fondo de reserva de mano de obra en condiciones de explotación, y de la que se puede prescindir cuando nos beneficie hacerlo.

Déjeme que insista en un asunto crucial: la explotación de los inmigrantes de países pobres como mano de obra de reserva para el mercado ya la explicó Marx en el XIX, aunque alguna filósofa experta en márketing pretenda haber descubierto hoy el vínculo entre inmigración y pobreza, que en realidad es entre inmigración y desigualdad. Bauman lo clavó: nuestras políticas migratorias se basan en una «industria del desecho humano». Por eso no hay políticas serias para promover que los inmigrantes se puedan convertir en ciudadanos de pleno derecho. En lugar de un nuevo contrato social, sólo les ofrecemos la disyuntiva nefasta entre ser víctimas del racismo u objeto pasivo de un condescendiente “humanitarismo”.

El PSOE ha pasado de dar una lección con el Aquarius a defender en la UE la externalización de las fronteras. ¿Cómo valora ese cambio de estrategia? ¿A qué cree que se ha debido?

Como puede suponer, me duele profundamente. Recordaré, ante todo, que el Gobierno de coalición no ha actuado igual que lo hizo el Gobierno Rajoy, que suprimió el PECI y aprobó el malhadado Decreto 16/2012, que dejó sin acceso a la sanidad a casi 900.000 personas residentes en España. Sin embargo, este Gobierno cedió pronto al modelo de cerrazón securitaria y a la hipocresía de la ideología neoliberal de mercado que domina la política migratoria y de asilo europea, de Dinamarca, Bélgica y los Países Bajos, a Austria; de Polonia y Hungría a Francia e Italia… En España existieron los dos PECI (2007-2010 y el interruptus 2010-2014). Hoy, la ministra del ramo parece no saber de qué va eso.

¿Cree que la ultraderecha está deseando replicar en España la estrategia violenta que desplegó en Gran Bretaña con el asesinato de tres niñas?

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Frenar cayucos a golpe de millones: por qué delegar la política migratoria en los países de origen es un error

No creo que sea un objetivo expresa y perversamente planificado. Creo que, simplemente, la extrema derecha se vale de cualquier oportunidad para propagar los bulos y fobotipos sobre la inmigración. Y cuanto más simplistas y más dolorosos sean los sucesos a manipular, saben que más fácil prende la mecha. Ninguna novedad. Algunos parecen haber olvidado que el terrible episodio del pogromo en El Ejido que duró toda la primera semana de febrero del año 2000, en el que centenares de inmigrantes fueron perseguidos y maltratados masivamente, fue consecuencia de cómo se manipularon los asesinatos cometidos por dos marroquíes.

El pasado mes de abril la UE aprobó su nuevo Pacto de Migración y Asilo, un documento muy criticado por las organizaciones de derechos humanos. ¿Considera que fue un triunfo de la extrema derecha de la UE?

Sobre eso he escrito en infoLibre y en otros medios. Es un caso claro de lo que podríamos decir “el mal de la tibieza” que describe San Juan en el Apocalipsis. “Porque no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca” (Apoc, 3, 15-17). El pacto me parece sobre todo la demostración de la claudicación de Von Der Leyen y los gobiernos europeos, por el miedo a enfrentarse en serio con el mensaje xenófobo y simplista: sus spindoctors han acuñado el dogma de que defender los derechos de los inmigrantes y demandantes de asilo, en lugar del mensaje de mano dura, es una sangría de votos. Y no se dan cuenta de que en realidad esa política de tibios, que apela como mucho a la lástima y a la coartada humanitaria, para no mencionar la exigencia de los derechos, les hace perder más votos, porque los votantes de derecha prefieren el original al sucedáneo, y quienes exigimos el respeto a los derechos como condición no podemos apoyar a quienes venden esos derechos. La mayor parte de la izquierda ha abandonado la prioridad de los derechos en la política migratoria. Parece que sólo el papa Francisco toma en serio esa exigencia.