«Republicanismo, consenso y pacto constitucional» (artículo con Ander Gil, publicado en La Vanguardia, 14 de octubre de 2020)

Cualquier debate sobre la validez y justificación de un sistema político, necesita puntos de referencia que reúnan dos condiciones: claridad y generación de consensos. Más aún en momentos en que se extrema la incertidumbre, la inestabilidad, como éstos que vivimos, como consecuencia de la tiple crisis -sanitaria, económica, social- provocada por la pandemia y que nos afecta con virulencia extrema en este comienzo de otoño

Lo cierto es que, en el caso de nuestro país, contamos con principios que reúnen esas condiciones. Son los enunciados en el artículo 1 de la Constitución española de 1978: principio de legitimidad democrática y defensa del Estado social de Derecho. Y, junto a ellos, lo establecido en el apartado 3 sobre la forma de Estado: la monarquía parlamentaria. En ellos reposa el modelo constitucional que se pactó en 1978 y en el que los socialistas jugamos un papel clave. Configuran un marco institucional y un pacto fundamental de convivencia que no debería ponerse en riesgo por miopes cálculos partidistas.Thanks for watching!PUBLICIDAD 

Pero es preciso hacer dos acotaciones acerca de ese riesgo. La primera, es que ese marco institucional debe quedar al margen de su confiscación partidaria, es decir, nadie puede pretender apropiárselo en exclusiva, como cuando algunos dicen “nosotros somos los verdaderos constitucionalistas”, o “los verdaderos españoles”, ni disponer de ese marco constitucional como si fuera su propiedad. Parafraseando a Harrington, el marco institucional es sólido y fecundo si se apoya en el imperio de las leyes y las instituciones y no del hombre. La segunda acotación señala que la lealtad a ese marco no consiste sólo en la voluntad de preservarlo como se enunció en el momento constituyente, como dogma de fe que bloquea toda pretensión de cambio. Se trata, como ha formulado el mejor constitucionalismo desde el famoso ensayo de Ferdinand de Lasalle, de concebirlo y utilizarlo como un programa. Un proyecto que vale la pena si y sólo si lo sabemos desarrollar.

La legitimidad democrática, fruto del modelo constitucional y condición sine qua non de legitimidad de cualquier sistema político contemporáneo, es dinámica: exige una permanente atención a las demandas de los titulares de esa legitimidad, los ciudadanos, y por tanto, a sus exigencias de cambio y de mejora de las condiciones de vida de todos. Y por eso, como postula el Estado social de Derecho, el mejor test de esa legitimidad es la garantía efectiva de los derechos de todos y para todos, con especial atención a los derechos sociales. En este punto, los socialistas podemos mostrar orgullosos una importantísima contribución, porque hemos protagonizado desde largos años de gobierno la construcción y el desarrollo del estado del Bienestar, que ha supuesto un progreso sin parangón y una tendencia a la igualdad de oportunidades y garantía real de libertad, aunque aún con un indiscutible camino por recorrer.

Para preservar y, desde luego, mejorar ese marco constitucional que nace del contrato social, de la negociación y el acuerdo constituyentes, es fundamental la participación del individuo en la vida pública, lo que es la antítesis de la dominación y la tiranía. Ese es el espíritu del mejor republicanismo, una concepción democrática transversal, que puede compartir la derecha, el centro liberal y la izquierda y que no implica necesariamente una forma de Estado determinada. Desde sus antecedentes en el mejor espíritu romano que nos legó Cicerón, a las reformulaciones que encontramos en Maquiavelo, en Locke y sobre todo en los revolucionarios de 1776, el motor del republicanismo son las instituciones que aseguran el control de poder por parte de los ciudadanos, del pueblo (el soberano democrático), es decir, las instituciones que crean y consolidan el Estado de Derecho, como garantía de la no dominación.

Así, el principal interés republicano está en contar con una ciudadanía activa y que esté comprometida con la buena salud política del Estado. Como expresó el filósofo estadounidense Michael Sandel “Soy libre en la medida en que soy miembro de una comunidad que controla su propio destino y participante en las decisiones que gobiernan sus asuntos”. Es lo mismo que, con acierto, el politólogo Rosanvallon llama reforzar “el poder de nadie”. Reforzar el poder institucional sacando de la lucha partidista el conjunto de instituciones que garantizan lo que es básico en democracia: la separación y control de poderes. Y ese republicanismo se puede concretar en la forma de Estado que decida el pueblo. Nuestra decisión fue una monarquía parlamentaria que es y deber ser cada vez más una institución al servicio de esa primacía de la salud del pueblo, de la cosa pública y, en ese sentido, sí, puede y debe ser republicana (como, a sensu contrario, una república presidencialista puede convertirse de facto en un régimen cuasimonárquico, como por ejemplo la Bielorrusia de Aleksandr Lukashenko). El test es que se guíe por la primacía de la legitimidad democrática y del Estado social de Derecho, como lo quisieron nuestros constituyentes.

La buena noticia es que contamos con ese marco institucional sólido, acordado en 1978, no para limitar nuestra libertad, sino para adaptar ese marco a las necesidades de nuestros ciudadanos, que cambian y por eso debemos saber reformularlas. Por eso, la defensa de las instituciones, de todas las instituciones, es un principio absolutamente republicano, y en base a ese principio los socialistas defendemos el pacto constitucional; no en vano fuimos artífices del mismo.

Este Republicanismo, paralelamente, fomenta el progreso en torno a la prosperidad, el respeto al pluralismo y la convivencia, frente al individualismo posesivo del que la derecha abusa sin pudor, avanzando en los derechos sociales con programas legislativos innovadores, como ya hicimos los socialistas a lo largo de las últimas décadas al garantizar, por poner sólo algunos ejemplos, la Educación Básica, Obligatoria y Gratuita en 1985, el Sistema Nacional de Salud en 1986, el Sistema de Pensiones Asistenciales en 1990, la ley 13/2005 de reforma del Código civil en materia de matrimonio, o la Ley de Dependencia en 2006. Y como hemos hecho ahora en las excepcionales circunstancias generadas por la pandemia de la Covid-19, aprobando el Ingreso Mínimo Vital y decenas de medidas para que nadie se quede atrás.

Avances que, además, se garantizarían a través de su inclusión en la Constitución Española, junto a la preservación de unas instituciones robustas, un sistema competencial más claro y reforzado, y una ciudadanía responsable y exigente. Es ahora cuando tenemos que dar certidumbres a los ciudadanos. Y son precisamente las instituciones las que cumplen esa función aportando soluciones a los problemas. Los socialistas tenemos la firma voluntad de fortalecer esas instituciones: ni las utilizamos por intereses partidistas como ha hecho el Partido Popular mediante turbios manejos como la policía patriótica o la Trama Kitchen, ni las bloqueamos como hace hoy el mismo partido impidiendo la renovación de órganos constitucionales esenciales.

Es preciso insistir en la consideración de la necesidad de defender el punto de partida de nuestro marco institucional. Respetar ese punto de partida, pero recordando que el mejor respeto también consiste en su desarrollo y no en su bloqueo. Incluso con reformas constitucionales si ello es preciso y siempre con la mayor de las lealtades hacia quien la debemos, que es el soberano, es decir, la ciudadanía. La última palabra en ese desarrollo, en los necesarios cambios, la ha de tener el pueblo, como por cierto exige la Constitución lo que, en cierto modo, sigue un patrón krausista de ética en las conductas individuales, de progreso moral de toda la humanidad, de dar un papel activo a la inteligencia y que la acción política sea inteligente, es decir, que se guie por la razón.

En este terrible año de 2020 se hace más patente aún que la legitimidad del orden político y de sus actores consiste en anteponer como prioridad esa garantía efectiva de los derechos básicos. Sin duda la salud o la educación, que ponen el foco en nuestros niños y mayores, pero también una vida digna, para desempleados y aquellos ciudadanos en situaciones de vulnerabilidad. Porque tenemos como nunca conciencia de vulnerabilidad, y lo que históricamente podría asimilarse a conciencia de clase, pero también de la dimensión solidaria y universal de los sujetos de derechos y de la indivisibilidad de esos derechos. En otras palabras: sabemos que no nos salvamos si no nos salvamos todos. Y sabemos que el derecho a la salud no es sólo el derecho a la vida “de los míos”, sino que es interdependiente y que va mucho más allá de la noción de salud humana y obliga a garantizar bienes de alcance global. Es la salud de la propia vida del planeta que enlaza con una perspectiva global, como vemos con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En este punto, los socialistas y este Gobierno estamos más que comprometidos. Este Gobierno nació del diálogo, la responsabilidad y el compromiso social, y así gobierna. Otros, como vemos en la actual dirección del PP, parece que trabajen sobre todo por desestabilizar no sólo a los actuales gobernantes, sino a todas las instituciones impidiendo la renovación de órganos judiciales o poniéndose de perfil en una situación histórica como es la pandemia mundial del coronavirus. El Gobierno y el partido socialista que lo apoya, no tiene miedo a que se nos exija responsabilidad política, precisamente porque esa responsabilidad es la que guía nuestra defensa de las instituciones. Ojalá ese sentido de la responsabilidad mueva al principal partido de la oposición a dejar cálculos partidarios para estar a la altura de lo que necesitamos todos.

EL ALMA DE UNA NACIÓN: EL SENTIDO PROFUNDO DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE 3 DE NOVIEMBRE DE 2020. Versión extendida del artículo publicado en Infolibre el 4 de octubre de 2020, con el título «Una nació dividida: la estrategia electoral de Donald Trump»

La mancha original del experimento democrático norteamericano

Uno de los errores que cometemos con mayor frecuencia es el de minusvalorar o incluso despreciar los argumentos de quien mantiene tesis opuestas a las nuestras. Creo que es lo que sucede a menudo con respecto a Donald Trump. Por ejemplo, a la hora de caricaturizar su oposición a movimientos como el Me Too o el Black Lives Matter (BLM) y más en esta última recta de la campaña electoral. Trump, más allá de su caldo de cultivo “natural” -los rednecks de la América profunda y los blancos supremacistas del Bible Belt, amén de los movimientos armados supremacistas y racistas, de extrema derecha, algunos de ellos milicias armadas, como los Oath Keepers, Three percenters, Proud Boys, Posse Comitatus, o el movimiento QANON-, está consiguiendo imponer en amplios sectores de la ciudadanía norteamericana su versión sobre el significado de la batalla en la que está empeñado el BLM desde su aparición en 2014. En esa tarea, Trump parece aliado con una amplísima red comunicativa de verdaderos <centros de odio> a lo largo de todo el país, tal y como se puede consultar en la utilísima base de datos del Southern Poverty Law Center (https://www.splcenter.org/hate-map?year=2016) que me señaló Eugenio del Río -siempre bien informado acerca de lo importante-, que difunden una estrategia de estigmatización, pieza imprescindible de la justificación de la política supremacista y racista, de la subordiscriminación a la que se somete a individuos y grupos identificados con rasgos etnoculturales y de clase.

A mi juicio, Trump está logrando con notable eficacia que, cada vez más, para un amplio porcentaje de la opinión pública, el BLM aparezca vinculado -si no incluso, reducido- a los aspectos violentos de las protestas y manifestaciones que se desarrollan en denuncia de la violencia policial y contra la impunidad en la que quedan un alto porcentaje de esas conductas, como lo ha mostrado por enésima vez la reciente exoneración de los dos policías que en marzo de 2020 mataron a Breonna Taylor. Así, aunque tiene el coste de profundizar en la división del país, la habilidad de la estrategia electoral de Trump consiste en presentar ante el votante (o, al menos, ante un amplio sector) que existe un verdadero enfrentamiento civil, una disputa, entre partidarios de la ley, el orden y la defensa de las fuerzas policiales, frente a los que causan disturbios en las calles, destrozan edificios y se enfrentan a las fuerzas del orden, a los que consigue que se identifique con el BLM. Pero no es así. Muy al contrario, y es lo que pretendo ilustrar, el objetivo del BLM tiene una raíz profunda, inscrita en la herida original del experimento democrático norteamericano.

Recordemos. El 1 de enero de 1863 entró en vigor la orden ejecutiva del presidente Lincoln, conocida como Proclamación de la Emancipación (Proclamación 95). No suponía la abolición de la esclavitud -algo que llegaría en 1865-, pero cambió el status legal para más de tres millones y medio de negros en 10 Estados, que pasaron de esclavos a libres en cuanto huyeron al norte o se liberaron del poder confederado, gracias al avance del ejército de la Unión. Fue una medida de guerra, pensada sobre todo para golpear el corazón del sistema económico del sur, dependiente por completo de la esclavitud. Cien años después, el 28 de agosto de 1963, M.L. King evocó esa fecha en su célebre discurso en la Marcha por los trabajos y la libertad, conocida como Marcha sobre Washington, para recordar que los centenares de miles de ciudadanos allí congregados, en su mayoría afroamericanos, seguían pendientes del cumplimiento de esa promesa y, aún peor, de la promesa de los padres constituyentes en 1776. Estas fueron sus palabras: “En un sentido llegamos a la capital de nuestra nación para cobrar un cheque. Cuando los arquitectos de nuestra república escribieron las magníficas palabras de la Constitución y la Declaratoria de la Independencia, firmaban una promisoria nota de la que todo estadounidense sería el heredero…En vez de honrar su obligación sagrada, Estados Unidos dio al negro un cheque sin valor que fue devuelto marcado como <fondos insuficientes>. Pero nos rehusamos a creer que el banco de la justicia está quebrado. Nos rehusamos a creer que no hay fondos en los grandes depósitos de oportunidad en esta nación”.

Doscientos cincuenta años después de las promesas de igualdad, libertad y felicidad para todos que formularon los padres fundadores, la realidad que ofrecen los EEUU sigue siendo muy otra para millones de ciudadanos norteamericanos, en particular para los afroamericanos (pero también, más recientemente, para la pujante minoría latina, los hispanos). Creo que el alcance y significado que persigue BLM es mucho más que el de un movimiento sectorial y conecta directamente con ese déficit estructural, que tiene relación a su vez con un rasgo sistémico de la democracia estadounidense, el racismo, el supremacismo. Creo que el BLM tiene sus raíces en una visión que exige tomar en serio, para todos, las promesas de los founding fathers y en ese sentido, a mi juicio, entronca con los movimientos de derechos civiles de los 50 y 60. Más concretamente, sus reivindicaciones pueden relacionarse estrechamente con el leit-motiv del discurso de M.L.King en 1963, sobre el cheque impagado y también con otra famosa afirmación del premio Nobel de la paz: “nuestras vidas comienzan a extinguirse en el momento en que guardamos silencio sobre las cosas que importan”. Las cosas que importan son las garantías efectivas de la vida, las libertades y los derechos de los afroamericanos. Así lo expresó una de las tres fundadoras del movimiento, Alicia Garza, en la presentación del BLM, en abril de 2014: “Cuando decimos Black Lives Matter, estamos hablando de las formas en que los negros se ven privados de sus derechos humanos básicos y de la dignidad”. Estamos hablando de la igualdad en derechos y libertades, pues.

La estrategia de Trump: profundizar en la nación dividida

Puede que la estrategia de Donald Trump, en la que esa manipulación del papel del movimiento BLM desempeña un papel nada secundario, le permita reducir su desventaja frente a Joe Biden e incluso conseguir la reelección. Antes al contrario, creo que la habilidad de la estrategia electoral de Trump radica precisamente en persuadir a la opinión pública (o, al menos, a un amplio sector) de que ya existe esa división, obviamente maniquea: un verdadero enfrentamiento civil, una disputa que opone a los defensores de una <América grande>, esto es, los partidarios de la ley, el orden y la defensa de las fuerzas policiales, frente a los que causan disturbios en las calles, destrozan edificios y se enfrentan a las fuerzas del orden, a los que consigue que se identifique con el BLM. En la “épica” de Trump, sólo uno de los dos proyectos que pugnan, como se ha dicho, por el alma de América, puede sobrevivir. Frente a lo que él presenta como la disolución del país, trata de imponer el suyo, el del make America great again, un proyecto que Krugman ha descrito con dureza (“Trump’s racist, statist, suburban dream”, https://www.nytimes.com/2020/08/13/opinion/trump-suburbs-racism.html).

Quizá, malgré soi, Trump acierta en algo. América no es ni ha sido nunca una nación. Y es que hay algo en lo que Trump, pese a todo, acierta: cuando el ensayista de The Nation, Richard Kreitner, o el historiador de Yale, David Blight, advierten del fin de mito de los EEUU como una nación, tienen razón, en el sentido de que el experimento norteamericano que nace en 1776 no era en absoluto inclusivo, ni, menos aún, universalista. La retórica conceptual de los padres fundadores ocultaba una penosa realidad que se fue imponiendo conforme se expandía esa gran nación americana: la imposición de la hegemonía de los buenos colonos blancos, con el coste del genocidio de los indígenas y de un sistema esclavista nutrido por el comercio con la mano de obra barata que eran los negros. No: los EEUU fueron desde el comienzo una nación dividida, un proyecto excluyente que recordaba el coste de la brillante democracia ateniense y del mejor momento de esplendor de la república romana: mantener a esas dos categorías de sujetos (obviamente, habría que añadir a las mujeres) en la condición de infrahumanos, en aras de asegurar la prosperidad y el dominio de los buenos y nuevos norteamericanos. Durante la mayor parte de su corta historia, bajo la metáfora ingenua del melting pot, se ocultó la imposición de la jerarquía WASP y una estructura social que, aunque aparentemente abierta -el sueño americano según el cual cualquiera puede alcanzar la cúspide social por sus propios medios-, está mucho más próxima a una sociedad de castas de lo que les gustaría reconocer. Dos ideologías excluyentes, el supremacismo blanco, más aún ahora que parece sentirse amenazado y el racismo, forman parte de la identidad fundacional, aunque es justo reconocer que una sociedad como la norteamericana llevaba dentro el gen pluralista que trataba de equilibrar esas dos taras y que ha permitido combatirlas con cierta eficacia en los ambientes liberales de la costa este y de algunos Estados de raíz más abierta, frente al conservadurismo de la América profunda o, no digamos, del Bible Belt. Ese supremacismo, que tiene una profunda veta patriarcalista, se ve interpelado también por movimientos como el Me Too y por la crítica feminista. De ahí también que la figura de Kamala Harris, el poder fuerte detrás de Biden, sea vista como una amenaza.

No: los EEUU no han conseguido superar ese trauma original. Investigaciones como la publicada en 2010 por la jurista M. Alexander sobre la asimetría de las condenas penales y de la población reclusa por lo que se refiere a los ciudadanos afroamericanos (hay traducción castellana, El Color de la justicia. La nueva segregación racial en Estados Unidos), la de Rothstein, (The Color of Law. A forgotten History of how our Government segregated America, 2017) o la muy reciente Caste. The Origins of our discontents (2020) de la ensayista I. Wilkerson, lo evidencian de forma incontestable. La desigualdad es la realidad más llamativa si se examina la estructura social y las diferencias de clase y etnoculturales en los EEUU.

Hace tiempo que el filósofo Etienne Balibar resumió en la fórmula <egalibertad> (la igualdad en las libertades) la condición básica para que hablemos de democracia, en serio. Por su parte, Axel Honneth ha argumentado de forma convincente que el test más claro a esos efectos, es el de los derechos sociales: la garantía del acceso y el disfrute de derechos como trabajo, vivienda, salario mínimo, cobertura ante la enfermedad y la vejez, para todos los ciudadanos, comenzando por los mas vulnerables. Si no se alcanza, si hay grupos significativos de población excluidos o marginados de facto (no digamos, de iure) de esa igual libertad, hay que dar la razón a quienes, en el idioma que sea, denuncian que “lo llaman democracia, pero no lo es”. Ese déficit, ese foso de desigualdad, es un virus particularmente presente en la admirada democracia estadounidense. Por supuesto, este déficit de desigualdad no es privativo de la democracia norteamericana: está presente en buena parte de las democracias que ocupan los primeros puestos del ranking, se acrecienta desde la Gran Recesión de 2008 y amenaza con hacerse mayor con ocasión de la crisis de la pandemia, que golpea directamente los indicadores clave para las democracias (https://www.economist.com/graphic-detail/2020/01/22/global-democracy-has-another-bad-year).

Esto es lo más preocupante. Como es obvio, no sólo está en juego un proyecto nacional.  La victoria de Trump, sería una mala noticia para la democracia y el Estado de Derecho en los propios EEUU y también en todo el mundo. Lo evidencia el descarado partidismo de Trump ante la oportunidad que le ofrece la desaparición de Ruth Bader Ginsburg, una figura cuyo alcance no sólo simbólico supera  lo habitual incluso entre quienes alcanzan el grado de justice del Tribunal Supremo de los EEUU (SCOTUS: cfr. https://www.levante-emv.com/opinion/2020/09/20/muerte-luchadora-14015077.html). Sin duda, nos encontramos ante un ejemplo de manual de la manipulación partidista de eso que Rosanvallon considera “el poder de nadie” (https://lelephant-larevue.fr/interview/faut-multiplier-voire-inventer-procedures-de-representation-peuple/), el marco de las instituciones que son clave del juego democrático porque aseguran la separación de poderes y, por tanto, el control del poder. La condición es que ese marco institucional no sea confiscado, monopolizado, por alguno de los contendientes en la lucha partidista. Pues bien, Trump está dispuesto a ello, a profundizar en la división de la nación, tal y como acaba de denunciar el premio Nobel Krugman (“Trump’s racist, statist, suburban dream”, https://www.nytimes.com/2020/08/13/opinion/trump-suburbs-racism.html), a romper el equilibrio en el Tribunal Supremo, asegurándose así una verosímil influencia en caso de polémica sobre los resultados electorales -recuérdese el precedente en las elecciones que verosímilmente ganó Gore a Bush- y la permanencia de su legado durante más de 20 años. La juventud (48 años) y el sesgo ideológico de la candidata propuesta por Trump, Amy Coney Barret, una brillante jurista conservadora, militante de la causa antiabortista, así lo demuestra. Trump, un habitual jugador ventajista, ha puesto en marcha con la inestimable ayuda de líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, el proceso para tratar de sellar casi definitivamente la mayoría conservadora en el TS, aunque eso suponga romper con el precedente que impuso el bando republicano frente al presidente Obama, pues consiguieron bloquear el nombramiento de Merrick Garland, un juez blanco y moderado, que Obama esperaba que fuera aceptable para los republicanos moderados, con el argumento de que no debía hacerlo en un año electoral. Y ahora lo hacen a menos de mes y medio de las elecciones. Recomiendo a este respecto el análisis de un buen conocedor de la obra de RBG y del sistema constitucional norteamericano, el profesor Presno Linera (https://presnolinera.wordpress.com/2020/09/20/trump-y-el-tribunal-supremo-tercera-parte/). Por cierto, ese bloqueo y confiscación del marco institucional no es privativo de los EEUU. Basta asomarse a lo que ocurre en España con el bloqueo de órganos constitucionales que no se renuevan cuando lo exige el mandato constitucional porque, a todas luces, ello beneficia los intereses de un partido.

Por mi parte, creo que tienen toda la razón quienes, como el editor de The Nation, Elie Mystal (https://www.thenation.com/article/politics/ruth-bader-ginsburg-dissent/) reclaman una oposición frontal al intento de Trump, en honor de RBG y en defensa de la democracia. Y precisamente por eso me parece juiciosa la posición de los inspiradores de la campaña Take Back the Court, K Kendell y A.Belkin, que sostienen que, en caso de que Trump y McConnell sigan adelante con su intento de reemplazar a RBG antes de la elección presidencial, la responsabilidad cae en el campo de los demócratas, sobre todo si Biden gana las elecciones. En ese supuesto, escriben en un artículo en San Francisco Chronicle, “to expand the Supreme Court is to expand Democracy” (https://www.sfchronicle.com/opinion/article/Expand-the-US-Supreme-Court-to-save-democracy-14418147.php). Si el intento de Trump fructifica, la única salida, en el caso insisto hoy aún dudoso de victoria de Biden, sería que el nuevo presidente ampliase la composición del TS con al menos dos jueces más, para restablecer el equilibrio. Está en juego la democracia, nada menos.

Ibram X.Kendi, probablemente el más interesante entre los historiadores norteamericanos actuales que se ocupan sobre el racismo y el supremacismo, ideologías que contaminan casi desde su nacimiento el experimento democrático norteamericano, ejemplificó esta mancha original en un multipremiado ensayo que toma su título del famoso discurso pronunciado en 1860 en el Senado por el entonces senador de Missisipi y luego líder confederado, Jefferson Davies, en el que sostuvo que la desigualdad entre las razas blanca y negra estaba sellada desde los orígenes de la creación (“stamped from the Beginning”). Pues bien, el propio Kendi, en un reciente artículo para The Atlantic, en el que se pregunta si estamos ante la oportunidad de poner fin a la hegemonía de la ideología racista en los EEUU (https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2020/09/the-end-of-denial/614194/), sostiene que, paradójicamente, el negacionismo de Trump ha puesto a los ciudadanos norteamericanos ante la oportunidad de aprovechar el punto de no retorno al que Trump ha llevado a la sociedad norteamericana, para cerrar su mandato y exigir que el nuevo equipo presidencial rompa con ese prejuicio y cumpla de una vez por todas y ya, la promesa de la igualdad: “La abolición de la esclavitud parecía tan imposible a mediados del siglo XIX como lo es hoy la igualdad, pero de la misma manera que los abolicionistas exigieron la erradicación inmediata de la esclavitud, la igualdad inmediata debe ser la exigencia hoy. No en 20 años. No en 10 años. Ahora”. Están hartos de esperar, de que les pidan paciencia. Precisamente por eso asegura que, para él, como para los afroamericanos, “paciencia es una palabra sucia”.

Las mujeres y los hombres del Black Lives Matter, las nuevas generaciones que se reúnen para repetir los lemas “<no justice no peace>, <I can’t breathe>, o <Get your knee off our necks>”, son perfectamente conscientes de queel cheque del que habló el Dr. King sigue sin cobrar y no quieren esperar. En ese sentido, creo, aciertan los demócratas cuando sostienen que lo que está en juego en noviembre de 2020 <es una batalla por el alma de la nación>. En efecto, tienen razón quienes postulan que no se trata sólo de ejercer el voto para impedir un segundo mandato de Trump, para evitar que se incrementen el racismo y el supremacismo, sino sobre todo para construir una alternativa, la de aprovechar el mandato de Biden y Harris para ganar de una vez por todas la igualdad prometida. Ojalá, junto a las mujeres, que rechazan el machismo grosero y el patriarcalismo del que hace gala Trump, se movilicen esos millones de afroamericanos y latinos para votar. Ojalá lo entienda así finalmente la mayoría de los votantes norteamericanos.


En la muerte de una luchadora: RBG (versión extendida del artículo publicado en Levante-EMV, 20.09.2020)

La última batalla de esa impresionante luchadora que ha sido Ruth Bader Ginsburg, estaba condenada inexorablemente a la derrota, pero ella no cejó. No me gusta aplicar a los enfermos de cáncer esos términos, <lucha>, <victoria>. Pero en este caso es absolutamente adecuado porque, según confesó hace pocas semanas a su nieta, su último deseo era éste: poder vivir lo suficiente como para que su sustitución como magistrada del Tribunal Supremo de los EEUU fuera un nombramiento propuesto por el nuevo presidente. De hecho, ya había rechazado jubilarse durante el segundo período del mandato de Obama (lo que habría posibilitado su sustitución por un magistrado/a de carácter progresista), porque tenía una voluntad de trabajo que le hacía pensar que podría seguir desempeñándolo responsablemente, hasta “cumplir los 90”. En todo caso, comentó en más de una ocasión que deseaba que su sustitución fuera realizada por un nuevo presidente que esperaba fuera mejor que Trump, al que se enfrentó abiertamente desde antes incluso de su elección, con declaraciones que alguna vez entraron en la terminante descalificación, algo de lo que expresamente se retractó, en una de las escasas muestras de moderación de su <radicalidad>.

RBG, como era popularmente conocida o incluso “notorius RBG”, según el apodo que acuñó con mucho éxito una estudiante de Derecho norteamericana, Shana Knizhnik, haciendo un juego de palabras con el nombre de un famoso rapero, “Notorious BIG”, fue también, en los últimos años un auténtico icono cultural para las nuevas generaciones. La propia Knizhnik, con Iris Carmon, escribió luego la biografía más conocida de Ruth Bader, Notorious RBG. The Life and Times of RBG, que publicó The NewYork Times en su colección de bestsellers.

Su férrea voluntad de trabajo en defensa de la igualdad de género, de los derechos de las mujeres y su combate contra todas las formas de discriminación, comenzando por los que sufren los trabajadores, las minorías y los inmigrantes, contrastaba con una apariencia física de fragilidad, acentuada a sus 87 años tras cuatro procesos de cáncer y un progresivo debilitamiento de la vista y del oído. Pero si hay un ejemplo contemporáneo en los EEUU de la mulier fortis, es precisamente Ruth Bader. Y no precisamente en el clásico papel conservador de la mujer invisibilizada en el hogar, sino en el de la jurista y ciudadana: militante de la Unión Americana por las Libertades Civiles -ACLU-, fundó en 1972 la sección dedicada a derechos de las mujeres, dispuesta a acabar con esa invisibilización, con la subordiscriminación que sufren las mujeres todavía en este siglo. En los años 70 y 80 defendió ante el TS seis de los principales casos de discriminación de género de los que ganó cinco, hasta conseguir que se aceptara que la misma enmienda que vetaba la discriminación racial debía prohibir toda forma de discriminación de las mujeres como inconstitucional.

RBG llegó al Tribunal Supremo de los EEUU a propuesta del presidente Clinton, en 1993, en sustitución de Byron R. White, quien había sido propuesto por el presidente John F. Kennedy y ejerció en el TS durante más de 30 años. El Senado confirmó el nombramiento en menos de dos meses, con 96 votos a favor y sólo 3 en contra. El último justice del TS nombrado a propuesta de un presidente demócrata había sido Thurgood Marshall, a quien propuso Lyndon B. Johnson en 1967. Mucho han calificado a Bader como la Thurgood Marshall del movimiento de derechos de las mujeres.

Como justice del TS, Ruth Bader cabe situar a Bader en la estela del legendario justice Holmes (“the great Dissenter”), por sus votos en disidencia de la mayoría conservadora del alto tribunal, en especial durante los años en que, tras la jubilación en 2006 de la primera mujer que accedió al cargo, Sandra O’Connor- con quien mantuvo una excelente relación dialéctica desde posiciones ideológicas alejadas-, se convirtió en representante casi en solitario de la lucha por la igualdad de género y por los derechos de las minorías, así como por nuevos derechos, también en el ámbito medioambiental.  Eso no le impidió votar junto a sus colegas conservadores cuando pensó que tenían razón: RBG probó un y otra vez que se guiaba por su independencia de criterio, no por banderías.

El estilo de sus resoluciones es proverbial: en lugar de un lenguaje complicado con largas subordinadas y términos alambicados, RBG procuraba emplear oraciones declarativas sencillas y desprovistas del tan abstruso como muchas veces incomprensible argot jurídico. En más de una ocasión declaró que en ello advertía la influencia de sus estudios de literatura con Vladimir Nabokov en Cornell. Con frecuencia, para presentar sus votos en disidencia, utilizaba un guiño gestual, incluyendo en la túnica judicial adornos llamativos e incluso lo que se llamó un «collar disidente”. Esos votos, que comenzaban con el I dissent -frecuentemente sin la mediación del obligado “respetuosamente”-, son un ejemplo de poderosa argumentación jurídica, que bien cabe situar en la tradición consagrada por Ihering de entender el Derecho como la herramienta “civilizada” de una lucha social, que es la lucha por el Estado de Derecho, la lucha por los derechos. Esos años, según reveló en una entrevista en 2014, fueron «sus peores tiempos»: “La imagen para el público que entraba a la sala del tribunal era de ocho hombres, de cierto tamaño, y luego esta mujercita sentada a un lado. Esa no fue una buena imagen para que la viera el público “. Hay que hacer notar que Obama consiguió que se nombrara a otras dos mujeres, de perfil progresista: Sonia Sotomayor en 2009 y Elena Kagan en 2010.

Contamos con numerosos testimonios audiovisuales de ese trabajo incansable de Ruth Bader. Mencionaré tres: el documental de Julie Cohen y Betsy West, RBG (2018); el biopic que le dedicó Mimi Leder también en 2018, On the Basis of the Sex (“Una cuestión de género”, se tituló en España) y una entrevista realizada por la profesora Ruth Rubio en el Instituto Europeo de Florencia, en 2016, que se publicó en el volumen 15, nº 3 (2017) de la revista International journal of constitutional law (págs. 602-620) y que es accesible en Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=qRqe43iwhbw).

Ojalá que las mujeres, que tuvieron en ella a una gran campeona, y el movimiento antirracista, encabezado por el BLM, pero que es clave también para la que es ya la primera minoría en los EEUU, los latinos, sepan recoger ese espíritu de lucha de RBG y empujar para conseguir apartar a Trump de la presidencia, el próximo 3 de noviembre.

Y ojalá que, pese a la ventana de oportunidad que se les abre a Donald Trump y al líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, para tratar de sellar casi definitivamente la mayoría conservadora en el TS, sustituyendo a Bader por un candidato conservador, los demócratas sepan imponer el criterio de coherencia con el precedente de lo que sucedió con Obama, al que los republicanos bloquearon el nombramiento de Merrick Garland, un juez blanco y moderado, que esperaba que fuera aceptable para los republicanos moderados, con el argumento de que no debía hacerlo en año electoral. De no ser así, la herencia de Trump podría alargarse hasta veinte años, pese a su eventual derrota. Sobre esa “nueva batalla que está dispuesto a librar con su habitual incontinencia el presidente Trump, recomiendo leer el análisis de un buen conocedor de la obra de RBG y del sistema constitucional norteamericano, el profesor Presno Linera (https://presnolinera.wordpress.com/2020/09/20/trump-y-el-tribunal-supremo-tercera-parte/). Trump se ha lanzado a por el botín: baste pensar en las candidatas que ha filtrado y que es evidente que tenía preparadas a la espera de un fatal desenlace de la enfermedad de RBG y que apuntan a la intención de Trump bien conocida, de modificar el derecho al aborto en contra de la famosa decisión Roe vs Wade. Esas candidatas son la juez conservadora y militante religiosa Amy Coney Barrett, de 48 años, la juez Neomi Rao de 47 o incluso la juez Allison Jones Rushing, que sólo tiene 38 años. Esto ofrecería una perspectiva de dominio del TS por parte del sector más conservador, por unos 30 años.

Por mi parte, creo que tienen toda la razón quienes como el editor de The Nation, Elie Mystal (https://www.thenation.com/article/politics/ruth-bader-ginsburg-dissent/) reclman una oposición frontal al intento de Trump, en honor de RBG y en defensa de la democracia. Y precisamente por eso me parece juiciosa la posición de quienes como los inspiradores de la campaña Take Back the Court, K Kendell y A.Belkin (a quienes se ha sumado el historiador Ibram X Kendi) sostienen que, en caso de que Trump y McConnell sigan adelante con su intento de reemplazar a RBG antes de la elección presidencial, la responsabilidad cae en el campo de los demócratas, sobre todo si Biden gana las elecciones. En ese supuesto, escriben en un artículo en San Francisco Chronicle, “to expand the Supreme Court is to expand Democracy” (https://www.sfchronicle.com/opinion/article/Expand-the-US-Supreme-Court-to-save-democracy-14418147.php). Si el intento de Trump fructifica, la única salida, en el caso insisto hoy aún dudoso de victoria de Biden, sería que el nuevo Presidente ampliase la composición del TS con al menos dos jueces más, para restablecer el equilibrio. Está en juego la democracia, nada menos.

ES LA HORA DEL SENTIDO COMÚN Y DEL SENTIDO DE LO COMÚN (Versión extendida del artículo publicado en Infolibre, el 4 de septiembre de 2020)

Encaramos el último trimestre de este dificilísimo 2020 con retos de tal envergadura que sorprende que todos los que tienen responsabilidad de gobierno, los partidos políticos, los sindicatos y principales agentes sociales, no sean, no seamos capaces de saber priorizar lo que me parece imprescindible: las exigencias del sentido común. Exigencias que son, también, las exigencias del sentido de lo común.

Creo que, dejando aparte consideraciones de partido y legítimos cálculos políticos, la conferencia del presidente del gobierno en la Casa de América, en la mañana del lunes 31 de agosto, en la Casa de América, fue una apelación a actuar unidos, desde el sentido común y desde el sentido de lo común, es decir desde la prioridad del imperativo de lo que es común, lo que nos importa a todos los ciudadanos. Llamaré patriotismo a la lealtad a ese sentido común y de lo común. En aras de ese modo de entender el patriotismo, me parece que el sentido común dicta que el común de los ciudadanos necesitamos imperativamente instrumentos de respuesta adecuados para contrarrestar el impacto de las tremendas crisis que afrontamos, en el ámbito sanitario, en el de la educación, en el empleo, en la atención a nuestros mayores. Es decir, ante todo, para atender a los más vulnerables y que nadie se quede atrás. Y por eso puede decirse que, aunque contemos con los fondos europeos, una prioridad irrenunciable, imprescindible, que impone ese patriotismo es tener lo antes posible unos Presupuestos adecuados.

Desde ese sentido común y de lo común resulta evidente que cuanto planteamos con anterioridad a la pandemia debe ser revisado: va contra el sentido común intentar proyectos que no tengan en cuenta esta prioridad de prioridades. Eso significa, en primer lugar, que no podemos seguir prorrogando los Presupuestos del ministro Montoro, absolutamente ajenos a las crisis que nos desafían ya. Tampoco, y ya lo siento, puede servir el proyecto de Presupuestos que se estaba diseñando antes de la crisis de la pandemia y que respondía al acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos. El Gobierno de coalición debe encontrar, y apuesto que la encontrará, una propuesta acordada entre los dos socios, en la que tanto el PSOE como Unidas Podemos saben que deberán renunciar a algunas de sus prioridades, porque la prioridad que dicta el sentido común y de lo común en la profunda crisis sanitaria, económica y social que provoca la pandemia, es atender a las personas y grupos más vulnerables, para que no vuelva a suceder como en 2008. Por tanto, ese sentido común y de lo común hace ver también que los objetivos consignados en el acuerdo programático de gobierno de coalición ya no pueden ser condición irrenunciable, ante urgencias como la que tenemos delante. Estoy seguro de que ese patriotismo es el que va a mantener el PSOE. Y creo que también Unidas Podemos. En particular, confío en el patriotismo del partido comunista, como ya lo probó hace años, en otro momento decisivo. Y espero que En Comú Podem entienda estas razones y no obstaculice la negociación, es decir, que no se sume a la concepción de prioridades que coloca como condición sine qua non de toda negociación la discusión del derecho a la autodeterminación de Cataluña, una posición que, aquí y ahora y lo repetiré donde haga falta, a mi juicio, no sólo es errónea sino absolutamente carente de sentido político de izquierda.

La propuesta del Gobierno debe ser negociada con todos los partidos que estén dispuestos a dejar a un lado sus legítimos intereses –claro, partidistas– y la estrategia de derribar al Gobierno en el plazo más breve posible, para priorizar lo que necesitan los ciudadanos, en aras de ese sentido común y de lo común, que es como entiendo la apelación a la unidad. Insisto, en primer lugar, las necesidades de los que más están sufriendo esta crisis y desgraciadamente pueden quedar aplastados por ella. Por eso, no creo que la prioridad sea tanto sacar adelante unos Presupuestos «de izquierda», aunque sí, insisto, unos Presupuestos en los que queden suficiente y prioritariamente garantizadas las necesidades de los más vulnerables ante la crisis. Pero, al mismo tiempo, la llamada a la unidad no comporta un cierre sumiso de filas, un trágala. No: no se pide ni se debe pedir a nadie el abandono de la imprescindible labor de crítica, de negociación, de control. Es una convocatoria a negociar bajo un imperativo difícilmente discutible, casi categórico, el de lo que manda el sentido común, el sentido de lo público, la salud de los ciudadanos, que son el demos, el sujeto soberano.

Salvo milagro, no creo que el tercer partido del arco parlamentario, Vox, esté dispuesto a entrar en una negociación de este tipo. Su modo de entender el patriotismo no va por ahí, porque no parece que en él tenga cabida el respeto a quienes piensan diferente y reivindican que esa diferencia es la manera que tiene cada uno de entender el amor por su país y la solidaridad con los demás ciudadanos. Con Vox –ojalá me equivoque– no cabe pensar en la negociación, porque parecen creer que son los únicos que toman en serio el imperativo salus populi suprema lex esto, como también parecen creer que sólo forma parte de ese populus el que piensa como ellos.

Añadiré que, en mi opinión, salvo que se produzca un giro sustancial en su postura y estrategia, me parece muy difícil que se pueda contar como socios del proyecto de Presupuestos a ERC, aunque hayan sido socios de la investidura. Dejaré claro que preferiría contar con ERC como socios, pero han probado e insistido con tanta claridad en sus declaraciones que su prioridad de prioridades es el objetivo de la independencia y por eso su condición para sentarse a negociar los Presupuestos es esa, que creo que más vale creerles y no hacerse ilusiones. Su ideario no viene de ahora y es perfectamente legítimo, claro; nadie tiene derecho a extrañarse ni, faltaría más, a exigirles que lo abandonen. A mi juicio, está claro que su proyecto de independencia (ya, ahora) les sitúa, por definición, en una óptica diferente de los intereses comunes en España, aunque, a mi entender, no debería serlo –y menos aquí y ahora– que les resulten ajenos los intereses de todos los ciudadanos, comenzando por los más vulnerables. Pero si insisten en ponerlo por delante también aquí y ahora, y condicionar toda negociación presupuestaria a la negociación de su proyecto de autodeterminación, como hicieron en 2019, diré, con todo respeto, que se sitúan ellos mismos fuera del sentido político común y también, creo, del seny, en pos de una rauxa que me parece suicida para la inmensa mayoría de los ciudadanos. No pretendo, ni muchísimo menos, hablar en nombre del PSOE: no soy portavoz, sino un senador raso y encima independiente, por más que orgulloso de formar parte del grupo parlamentario socialista en el Senado. Pero dicho esto, creo que puedo afirmar que nosotros, en el PSOE, no estamos en eso, no podemos permitirnos estarlo. Porque nuestra prioridad es ese sentido común y de lo común, que obliga a poner por delante, aquí y ahora, lo que importa a la inmensa mayoría de nuestros conciudadanos (que lo son también de ERC), que es, insisto, cómo garantizar aquí y ahora los derechos de todos, comenzando por los que menos los tienen asegurados. Ojalá ERC pueda entenderlo así y recapacitar, más allá de la mirada a corto plazo, puesta en las elecciones en Catalunya y en su rivalidad con Junts per Cat. Entenderá el lector, por cierto, que, dicho todo esto, no gaste ni una línea más en explicar por qué no me parece posible negociar con los fieles del proyecto del ex-president Puigdemont. Y evidentemente tampoco en las CUP, a las que no interesa nada lo que entienden que no tiene nada que ver con ellos, esto es, los ciudadanos españoles: sigan sentando cátedra de lo que es una posición de izquierdas, mientras se desentienden de las necesidades de los conciudadanos en mayor situación de riesgo, porque son españoles.

Espero que Ciudadanos acuda a la negociación, tal y como proclaman, con el sentido común por delante –salus populi– y dejen de lado su legítima ambición de desgastar a Unidos Podemos a toda costa. Las señales que emite su portavoz, el diputado y abogado del Estado señor Bal, así parecerían confirmarlo. Ojalá que su líder, la señora Arrimadas, tenga ese sentido común y de lo común. Lo espero, sinceramente.

Y espero que así lo entiendan también los demás partidos para entrar así a negociar. Confío en el sentido común (más que en el sentido de lo común, la verdad), acreditado largamente por el PNV y por los diputados de Compromís, el Sr Baldoví, y del BNG, el Sr.Rego. Confío en el sentido común y de lo común demostrado por Más País-Equo y por los diputados Guitarte, Mazón, Quevedo y Oramas. Y confío en el sentido común y en el olfato político de EH-Bildu, ante la necesidad de estos Presupuestos.

Finalmente, ante esa negociación, creo que la responsabilidad del PP es extraordinaria: desde la modestia de mi condición de senador de a pie, permítanme que escriba que es la hora de demostrar hasta qué punto la prioridad del Partido Popular son los ciudadanos españoles, España, y no derribar a toda costa al Gobierno. No les pido que abdiquen de su condición de primer partido de la oposición. Les pido a los diputados y senadores del PP lo que les pide el presidente del Gobierno, que demuestren que son un partido de Estado y, sobre todo, un partido que entiende y practica ese patriotismo del sentido común y de lo común. Que prueben que les importa ante todo lo que importa al común de los ciudadanos, en esta hora, la más difícil que le ha tocado vivir a nuestro país en casi cien años.

No confundamos «figurar» y trabajar

Hay cierta prensa, cierta opinión pública y, desde luego, una parte muy importante de las redes sociales que postula para el ámbito de los políticos la identidad entre «ser popular», «aparecer todos los días en programas de radio y televisión y en las columnas de la prensa (incluidas las de chismes) y hacer el trabajo que a uno le toca hacer, es decir, analizar las situaciones, tratar de gestionar los problemas, e incluso adelantarse a ellos, negociar con todas las partes implicadas y decidir. Eso viene a cuento de la coincidencia en no pocos medios de comunicación de una crítica al ministro «Castells» como «desaparecido».

estoy convencido de que, como todos los máximos responsables de la acción de gobierno, el ministro Castells debe estar sujeto a control y se deben analizar, debatir y criticar con publicidad y libertad todas sus decisiones e intervenciones; también, en su caso, sus omisiones. Faltaría más. Todos los debemos hacer, con ánimo constructivo, máxime en las circunstancias que nos ha tocado vivir en 2020. Que no son las normales, por si hace falta recordarlo: y que no lo sean no es razón para reducir ni el control ni el diálogo, aunque evidentemente las circunstancias obligan a replanteamientos de las modalidades de llevarlo a cabo.

Pero me gustaría hacer un par de comentarios a propósito de la calificación de «ministro desaparecido», que se ha difundido por algunos medios.

Veamos: una cosa es estar permanentemente en el ruido mediático, en las tertulias y programas, y otra es no estar dispuesto e incluso tomar la iniciativa cuando se trata de comparecer en sesiones de control ante las Cámaras o de reunirse con los agentes de la política universitaria.

Respecto a lo primero, está claro que este ministro no tiene el estilo de ir de tele en tele, de tertulia en tertulia. Eso no quiere decir, por cierto, que no haya accedido a cuantas entrevistas se le han solicitado. Es una cuestión de hecho: no ha puesto ningún problema. Lo más importante para juzgar su tarea, a mi enteder, es si el ministro está al frente de la gestión que le corresponde, si lo hace con acierto y si responde y está dispuesto a responder de ello ante el Congreso y el Senado, en pleno y en Comisiones. También es muy relevante si tiene iniciativa en el diálogo con los sectores implicados en la Universidad.

Luego hablamos de si lo hace con acierto o no. Que el ministro responde, no rehúye ninguna pregunta y toma la iniciativa para comparecer, me parece más que probado. Tiene, por cierto, el récord de comparecencia en una Comisión del Senado: estuvo más de 8 horas hablando y contestando una por una a cuantas preguntas se le formularon, con réplicas y dúplicas. Yo fui uno de los testigos de esa Comision, en mi calidad de presidente de la misma.

Que ha tenido iniciativa para escuchar a los agentes de la Universidad, en particular a los estudiantes, a la CRUE y a los sindicatos, mientras fue posible hacerlo con normalidad (hasta Marzo y luego desde junio) me parece también probado. Quizá se puede criticar que se ha reunido menos con representantes de PAS y Profesorado (que no son sólo lo sindicatos, como éstos parecen entender). Obviamente, a no pocos (los sindicatos, por ejemplo y no sólo ellos) les habría gustado otro tipo de reuniones y sobre todo otro tipo de decisiones. Ahí entramos en el juicio sobre el modelo que propone el ministro y las prioridades que ha decidido en su actuación. Lo comento luego.

Que el Ministerio de Universidades tiene escasas y -al tiempo- complicadas competencias, no es un secreto para nadie. Ni el ministro, ni quien suscribe, ni tantísimos profesores, PAS, estudiantes, equipos de gobierno, rectores, etc, estuvimos de acuerdo con la división del Ministerio de Ciencia, innovación y Universidades Seguimos echando en falta el organismo de coordinación. Creo que tampoco hay que olvidar, cuando se debate su capacidad de liderazgo que si creo que debe tener el Ministerio, que, en aplicación de la distribución competencial y del principio de autonomía universitaria, el Ministerio no tiene tanto que decir sustantivamente, respecto al margen que corresponde a las CCAA y a los Rectorados.

Aun así, cabe la crítica. Yo mismo he opinado que ni las recomendaciones emanadas del Ministerio y luego acordadas recientísimamente en la Comisión delegada de la Conferencia de política universitaria, sobre el comienzo de curso 2020-21 en la Universidad, eran muy escasas y pecaban de ausencia de criterios claros sobre aspectos docentes a mi juicio cruciales. Añadiré de inmediato que reprocho lo mismo (incluso más, porque su responsabilidad es mayor al tener transferidas las competencias) a la conselleria de Universidades de la GVA que, a mi juicio, y a diferencia de la enorme tarea desplegada por la conselleria de Educación y sobre todo por el secretario autonómico Miquel Soler, sí ha estado ausente, limitándose a indicaciones generales sobre criterios de salud y aún más vagos sobre docencia, sin precisar el empleo de los 400 millones supuestamente dedicados a la Universidad. Del equipo de gobierno no se puede decir que no haya trabajado: ha emanado páginas y paginas de recomendaciones, pero, a mi modesto entender, si abordar ni dar criterio claro en los principales problemas. Quiza, en el caso de la conselleria, porque por estos pagos y en general, interesa mas lo de innovacion (y una peculiar concepción de la ciencia, que atiende casi sólo a la tecnología, sin haber entendido aún el papel de las Humanidades y las ciencias sociales; qué cruz!) que la Universidad, ya que lo primero da ruido mediático y permite sacar pecho de nuevas tecnologías y demás y lo de la Universidad es gestión «aburrida»: a discutir. Tengo excelentes compañeros universitarios y en las Cortes valencianas que piensan lo contrario, como mi apreciado Pedro Ruiz Castell. Ojalá me equivoque yo.

Termino: hay objetivos concretos del proyecto que tiene el equipo del ministro Castells que me parecen muy necesarios e incluso loables. Cinco concretos como muestra: eliminar la montaña de burrocracia que perjudica a la docencia y, sobre todo, a la investigación (por ejemplo en el disparate de las agencias de evaluación); resolver el problema de precariedad, injusticia e inadecuación en el que se encuentran los profesores asociados (lo que no significa que todos tengan que ser profesores estables; menos aún si se tiene en cuenta la perversión de la figura); adoptar medidas eficaces en la lucha contra la endogamia en la selección del profesorado; acabar con la indignidad del Reglamento de disciplina académica; incrementar la participación de los estudiantes. Añado: resolver de una vez el estatuto del PDI.

Otra cosa es que no veo que, en plena pandemia, sea el momento de correr por resolver esto último ni, menos aun una nueva Ley orgánica de Universidades. Tampoco estoy de acuerdo con el empeño en incorporar el modelo angloamericano, mediante la «doble carrera» de profesorado, duplicando por vía contractual a un profesorado cuya garantía de estabilidad reside sobre todo en el puesto estable y ene l actual sistema mixto, a mi juicio y en la simplificación de puestos y «carrera «, frente a lo cual la propuesta del ministro tal y como l conozco y entiendo significa acabar con dos puestos de contrato estable y multiplicar las figuras, justo lo que habría que evitar. En particular, lo de titulares y catedráticos laborales, aunque cuenta con la referencia en el modelo autonómico catalán, con el que el ministro y su equipo parece estar bastante de acuerdo (y del que yo discrepo en no pocos aspectos), me parece propio de otro sistema universitario que no tiene nada que ver con el nuestro y, a mi juicio, comporta más riesgo de endogamia que lo que trata de evitar.

De todo eso, se puede y debe discutir. Pero sin confundir a la opinión pública ni caricaturizar de forma absolutamente desproporcionada y a mi juicio injusta a un ministro y a su equipo, que trabajan en serio -según me consta-, sin tratar de estar todo el día, como decía una de estas celebridades televisivas, «en el candelabro». No hay que confundir trabajar con estar día sí y día también en los programas de Ana Rosa, Evole, en Al Rojo Vivo, el Intermedio o el Objetivo…Ese, sí, es otro mundo. No el nuestro. Al menos, no como entiendo yo la investigación y la docencia universitarias. Pero es que uno tiene ya una edad (como el ministro, por cierto)…

LA RESPONSABILIDAD DEL POLITICO Y EL SENTIDO DE LA OPORTUNIDAD. Versión extensa del artículo publicado en Infolibre, el 7 de agosto de 2020

El sentido de la oportunidad, obviamente, no es lo mismo que el oportunismo. No hace falta decirlo muy alto para que se entienda: entre las condiciones que ha de reunir quien se dedica a la gestión de la cosa pública, este sentido de la oportunidad, que significa entre otras cosas saber medir los tiempos y saber priorizar los objetivos, es lo que distingue a un estadista, incluso a un político responsable, de un aficionado y no digamos de un aventurero. Mi compañero en el Senado, el profesor Manuel Cruz, lo ha explicado con mucha claridad en un reciente y muy agudo artículo en estas mismas páginas de Infolibre (https://www.infolibre.es/noticias/opinion/plaza_publica/2020/08/05/pequena_teoria_del_fusible_109681_2003.html).

Todo esto viene a cuento de la tremolina a la que asistimos en prensa, radio y televisión sobre el alcance que debe tener la censura a los actos en los que venía incurriendo desde hace tiempo Juan Carlos de Borbón y de los que hemos ido descubriendo indicios más que serios (aunque sospechar, vaya que se sospechaba). Por supuesto, añado de inmediato que, desde el punto de vista jurídico, la presunción de inocencia le debe proteger en todo momento, como a cualquiera, hasta que, llegado el caso y, si se sustancien procedimientos judiciales, recaiga una decisión firme. Item más: diré que esa posibilidad es algo que me parece hoy por hoy poco previsible y bien que lo lamento, porque considero preferible que se deduzca jurídicamente la responsabilidad en la que haya incurrido, por el bien de todos; empezando por el mínimo respeto debido al Estado de Derecho y a la igualdad ante la ley. La inusitada, inaceptable extensión del concepto de inviolabilidad, tal y como la vienen sosteniendo los letrados del Congreso, se erige hoy como una formidable barrera, a mi juicio, contra toda lógica jurídica elemental. Una lógica que la muestra, además, como una interpretación incompatible con la más elemental lógica democrática. Lo han puesto en evidencia, por ejemplo, dos recientes y magníficos artículos del profesor Carbonell (en el blog alrevesyalderecho, de @_infolibre: http://blogs.infolibre.es/alrevesyalderecho/?p=5529ue)

 y del profesor Arbós (https://www.elperiodico.com/es/opinion/20200804/la-monarquia-en-crisis-por-xavier-arbos-8064743?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=cm).

Dicho esto y por conocido que sea, habrá que insistir en que otra cosa bien distinta es la responsabilidad ética y la política, respecto a las cuales hay sobradas evidencias de que el rasero que maneja el personaje está, desde hace tiempo, muy por debajo de lo que cabría no sólo esperar, sino exigirle. Aquí el daño ocasionado a los ciudadanos y a las instituciones es muy considerable.

Sin duda, ha de distinguirse la crítica a los actos de una persona, Juan Carlos de Borbón, de la crítica a la institución, la monarquía. Añadiré de inmediato que eso no significa que la institución -la monarquía- sea sagrada y exenta de crítica. En democracia, la libertad de expresión, manda. Nada ni nadie están exentos de crítica. Las Constituciones no son tablas de la ley que debamos aceptar como dogmas revelados, incuestionables. Y tampoco cabe aducir que el consenso constitucional alcanzado hace cincuenta años sea eterno e inmutable, porque, por mucho que aceptemos el brocardo «vox populi, vox Dei», ese consenso poco tiene que ver con la voz de Dios frente a la que sólo quepa decir «amén». Entre otras cosas, porque la voz del pueblo puede cambiar y de hecho, cambia.

Así que, por supuesto, respeto a la Constitución y a sus instituciones, de las que forma parte la monarquía parlamentaria. Pero bienvenida toda la crítica, sobre todo si sirve para corregir aspectos manifiestamente mejorables, como la mencionada interpretación de la inviolabilidad del Jefe del Estado, o la evidente e inaceptable discriminación que se introdujo en el texto del artículo 57.1 a la hora de establecer el criterio de sucesión en la corona. En 1978 se estableció una discriminación en contra de la mujer que, cincuenta años después, no hay cómo justificar. Como tampoco parece justificable que un monarca parlamentario sea el Jefe de las Fuerzas Armadas, en lugar del ministro de Defensa -es decir, el Gobierno-. Ya sé que esa condición pudo jugar a favor de la democracia en el oscuro episodio del 23 de febrero. Pero el mismo argumento sirve para entender cuán frágil es una democracia en la que el papel del Ejército (encima, si se le atribuye constitucionalmente la garantía de la integridad del territorio) depende de la firmeza de las convicciones democráticas del rey.

Libre crítica, pues. Pero, como recordaba al comienzo de estas líneas, eso no excluye que sea exigible al político, por responsabilidad, un mínimo de sentido de la oportunidad y del bien común. Y aquí es donde a mi juicio debe criticarse la ausencia de una y otra en quienes, desde la condición de representantes de los ciudadanos -e incluso desde el gobierno- hacen un llamamiento a un referéndum inmediato para decidir sobre la forma de Estado: monarquía o república. Creo que no es sólo una opinión entre otras la que aconseja abstenerse de animar aquí y ahora esa propuesta. Me parece evidente que, en medio de la situación de crisis más grave que haya vivido Europa y desde luego nuestro país desde hace un siglo, carece del sentido de la oportunidad y, por ende, como vengo sosteniendo, no está a la altura de la responsabilidad política exigible quien exige abrir en este momento nada menos que el proceso de revisión constitucional más complejo, el que afecta al Título Preliminar  que incluye el modo de Estado (monarquía o república). En efecto, como deberían recordar sus promotores, de acuerdo con el artículo 168 del título X de la Constitución (la verdad, uno duda de que lo tengan en cuenta o lo hayan leído bien: https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=166&fin=169&tipo=2), esto supondría nada menos que embarcarse en este momento en dos convocatorias electorales con mayorías muy cualificadas de las Cámaras y eso, en su caso, si se consigue la aprobación de la reforma. Quiero que se me entienda bien. El mío no es un razonamiento del tipo “no están maduras…ni lo estarán”. Por eso, añadiré que, a mi juicio, la opción del constituyente que se concreta en esos artículos 167 y 168 y que se conoce como modelo rígido, que complica enormemente de hecho la reforma constitucional, aunque tenga su apoyo en el deseo de estabilidad política, ofrece asimismo el inconveniente de dejar en la práctica como única opción real el <proceso deconstituyente> (no quiero emplear términos como el de ruptura y revolución). O, simplemente, la vía de hecho, de situarse al margen de las reglas (de la propia Constitución) cuando se discrepa de lo que hay. Me parece que emplear ahora todos los esfuerzos que requeriría esa propuesta, se opone a lo que aconseja una elemental prudencia, salvo que seamos partidarios de senderos luminosos y de sus profetas, como parece serlo el President Torra, quien, a mi juicio, y con el debido respeto a quien ostenta la dignidad de la Presidencia de la Generalitat de Catalunya, continuamente se atribuye (quizá por sus convicciones católiconacionales) la condición de intérprete supremo y casi profeta de todo el pueblo de Catalunya y, de paso, de la democracia y aun de la verdad; sin el menor sentido político de la oportunidad y de la responsabilidad, por cierto.

Soy republicano confeso. No de nacimiento: diré que no he tenido esa ventaja genética y en mi caso esa convicción es producto de años de dudas, de estudio y también de observación de la experiencia. Lo seré, creo, hasta mi muerte. He criticado reiterada y públicamente a la monarquía restaurada en la persona de J.Carlos de Borbón y sobre todo al propio monarca, por el afán de impunidad que progresivamente ha ido mostrando un rey al que, contra toda evidencia, seguimos considerando rey cuando hay otro que ejerce esa función de Jefe del Estado. Y lo que es peor, lo llamamos emérito, cuando a todas luces, no merece ese calificativo. Por ejemplo, en su momento argumenté públicamente que el procesamiento de su yerno, el Sr Urdangarín, en el caso Noos era una solución vicaria frente a la que correspondía, pues, a mi juicio, el verdadero responsable del entramado de corrupción que involucraba a la casa real y a su familia -comisionista alemana mediante- parecía el propio Juan Carlos I, que alentaba un entorno de privilegios, comisiones y negocios. Considero que su comportamiento, desde hace muchos años, está manifiestamente al margen del mínimo tolerable. Creo que D. Juan Carlos de Borbón está imbuido de la íntima convicción de que su inviolabilidad es patente de corso para una impunidad que le protege contra todos los desmanes que pueda cometer y contra la confusión continua entre lo público y lo privado. Una tentación que, a mi juicio, es mucho más frecuente en monarquías que en repúblicas. Sobre todo, cuando se sigue pensando en el monarca en términos de una legitimidad que se confunde con el origen dinástico y no con la única fuente de legitimidad en democracia, que es la voluntad del soberano: y en democracia el soberano es el pueblo, que expresa su voluntad a través de la Constitución refrendada por él.

Dicho de otro modo: en una monarquía constitucional, el rey, como Jefe de Estado, no es otra cosa que un alto funcionario -el más alto, desde luego- al servicio de la salud del pueblo, la de los ciudadanos y en ello, cierto, no se distingue mucho del presidente de una república no presidencialista como la alemana, salvo en que el cargo es vitalicio y se transmite por nacimiento, que no son pequeñas diferencias. Esto es algo que hace mucho tiempo parece haber olvidado D. Juan Carlos de Borbón, si es que alguna vez lo entendió. El servilismo de cuantos le jalearon, desde la clase política, los medios de comunicación y los centros financieros de poder que ahora tratan de hacernos ver que poco tienen que ver con él, al sostener que el rey había «concedido» la democracia al pueblo español (ignorando que esa es en sí una locución envenenada, además de un sofisma), ayudó no poco a crear esa injustificada pretensión. Quizá en no pocos casos, además, no hubo tanto servilismo, cuanto la utilización de esa coartada del rey popular e intachable para el propio beneficio de esos centros de poder, beneficio del que se hacía partícipe a Juan Carlos de Borbón, obsesionado a todas luces por garantizarse una fortuna que nunca le pareció suficiente. Es verdad que el actual rey, Felipe VI, ha avanzado en algunas medidas que suponen una mayor transparencia en la administración del presupuesto de la Casa Real y en la rendición de cuentas. Tampoco era muy difícil, viniendo como se venía de un régimen de absoluta opacidad y discrecionalidad. Pero queda mucho por hacer para convertir la monarquía en una institución realmente transparente. No digamos, exenta de privilegios que casan mal con una sociedad democrática y avanzada. Porque privilegio injustificable es, por ejemplo, la opacidad sobre el destino de Juan Carlos de Borbón fuera de España, cuando resulta que sigue sin renunciar al título de rey con lo que ello comporta de gastos públicos en su seguridad. Como privilegio inaceptable es el dictum de la consorte del rey según el cual “tiene derecho a vacaciones” y a privacidad respecto a cómo la toma, dónde y cuánto cuesta. Porque doña Letizia debería ser consciente de que su status privilegiado -y muy privilegiado- de consorte del rey, no la protege sólo de lunes a viernes, en horario de oficina. Los sábados, domingos y fiestas de guardar, sigue gozando de él, y a costa de los contribuyentes, que somos los paganos de escoltas, seguridad y tren de vida que poco tienen que ver con el de la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles. Así que tenemos derecho a saber dónde, cuándo y cómo gasta nuestros impuestos, con los que, insisto, se paga esa vida de privilegio.

Pero, insisto, la tarea de los gobernantes y de quienes tienen alguna responsabilidad política (modestamente, me incluyo como senador) es la de medir los tiempos y actuar con prudencia, siempre en aras de la salud del pueblo, de los ciudadanos. Por todo eso, creo que tiene razón quien, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y como ha expresado la vicepresidenta Calvo, tiene claro ese precepto máximo enunciado por Cicerón (salus populi suprema lex esto), esto es, el primer imperativo que debe guiar las decisiones políticas. Y eso quiere decir que la primera regla de conducta es la salud de los ciudadanos: su salud en el sentido vital, pero también su salvación frente a las amenazas de caer en la miseria, en la pérdida del trabajo, de la vivienda, de la capacidad económica para atender gastos elementales. Todo ello, ahora y aquí, exige a mi juicio no aventurarse en este momento en revisar el consenso constitucional sobre la forma de Estado, mediante una reforma constitucional -insisto, legítima- de tal envergadura que comportaría añadir un considerable período de incertidumbre en el peor contexto posible.

Ya me gustaría que dispusiéramos de una situación de mínima bonanza económica y estabilidad, en nuestro país, en Europa, en el mundo y que las prioridades fueran entre otras, una de las que considero propias de la lógica democrática. Lo es, a mi juicio, la adecuación de la forma de Estado a lo que piense la mayoría de los ciudadanos que, estoy convencido, a muy corto plazo será la república. Pero desgraciadamente, y aún más debido a la forma absolutamente imprevista en que nos ha sorprendido la crisis, la situación hoy no es esa. Un gobernante responsable no puede tener ahora otra prioridad que asegurar el máximo consenso y la mayor eficacia en la respuesta a la crisis sanitaria, económica y social causada por la pandemia. Puede y debe censurar lo que le parezca reprobable, por supuesto. Faltaría más. Pero un gobernante responsable no puede permitirse aquí y ahora dejar de poner el mejor de sus esfuerzos y concentrar los esfuerzos de todos, de todos, en lo que es más que urgente, imprescindible: en conseguir que, mediante una negociación lo más transparente posible entre todos los actores implicados (que somos todos, no sólo los partidos políticos y los representantes de las diferentes administraciones públicas, sino todos los ciudadanos, todos los actores de la sociedad civil), se llegue a alcanzar acuerdos que aseguren que podamos atender con medidas efectivas, adecuadas, proporcionadas, las necesidades de nuestros ciudadanos frente a la crisis sanitaria, económica y social que ya tenemos encima y que en los próximos meses se va a agudizar, desgraciadamente. Un político responsable, ahora y aquí, no debiera tener otra prioridad que nos distrajera de ésta, aunque sea legítima, aunque responda a su propia ideología y programa. La estatura política se evidenciará, a mi juicio, en la responsabilidad que comporta asegurar esa finalidad, lo que incluye no excitar a la opinión pública a exigir objetivos que distraigan del único objetivo aceptable y legítimo, conforme al mandato en el que insisto machaconamente. Por eso, me atrevo a pedir a los republicanos de convicción que repitan conmigo el principio que Cicerón dejó escrito en su tratado sobre la república: salus populi suprema lex esto. No es demasiado difícil dirimir lo que ello exige aquí y ahora, aunque nos cueste una vez más posponer la decisión que corresponde al pueblo soberano sobre la forma de Estado. Trabajemos ahora para mejorar las condiciones de todos en la crisis, para adelantar la reconstrucción y así hacer posible que ese pronunciamiento pueda llegar más pronto que tarde.

Sentido de la oportunidad

El sentido de la oportunidad no es lo mismo que el oportunismo. Y no hace falta decirlo muy alto: entre las condiciones que ha de reunir quien se dedica a la gestión de la cosa pública, este sentido de la oportunidad, saber medir los tiempos, saber priorizar los objetivos, es lo que distingue a un estadista incluso a un político responsable, de un aficionado y no digamos de un aventurero.

Todo esto viene a cuento de la tremolina a la que asistimos en prensa, radio y televisión sobre el alcance que debe tener la censura a los actos de los que hemos ido descubriendo indicios más que serios (aunque sospechar, vaya que se sospechaba) en los que venía incurriendo desde hace tiempo Juan Carlos de Borbón. Y, por supuesto, añado de inmediato que la presunción de inocencia le debe proteger en todo momento desde el punto de vista jurídico, como a cualquiera, hasta que, llegado el caso y si se sustancien procedimientos judiciales (algo que me parece hoy por hoy poco previsible y añado que lo lamento) recaiga una decisión firme. La inusitada, inaceptable extensión del concepto de inviolabilidad tal y como la vienen sosteniendo(a mi juicio, contra toda lógica jurídica elemental) los letrados del Congreso, se erige hoy como una formidable barrera, pese a la argumentación que la muestra como una interpretación incompatible con la más elemental lógica democrática, como han puesto en evidencia recientes artículos de los profesores Carbonell y Arbós, sin ir más lejos. Otra cosa es la responsabilidad ética y la política, respecto a las cuales hay sobradas evidencias de que el rasero que maneja el personaje está muy por debajo de lo que cabría no sólo esperar, sino exigirle.

Sin duda, ha de distinguirse la crítica a los actos de una persona, Juan Carlos de Borbón, de la crítica a la institución, la monarquía. Añadiré de inmediato que eso no significa que la institución-la monarquía- sea sagrada y exenta de crítica. En democracia, la libertad de expresión, manda. Las Constituciones no son tablas de la ley que debamos aceptar como dogmas inmutables. El consenso de hace cincuenta años, por mucho que aceptemos el brocardo «vox populi, vox Dei», no es la voz de Dios frente a la que sólo quepa decir «amén». Entre otras cosas porque la voz del pueblo puede cambiar y de hecho cambia.

Otra cosa, a su vez, es que sea exigible al político, como recordaba al comienzo de estas líneas, un mínimo de sentido de la oportunidad y del bien común. No parece que, en medio de la situacion de crisis más grave que haya vivido Europa y desde luego nuestro país desde hace un siglo, sea lo más oportuno abrir nada menos que un proceso de revisión constitucional, el que afecta al modo de Estado (monarquía o república) que, como deberían recordar sus promotores, de acuerdo con la Constitución supondría dos convocatorias electorales y, en su caso, la aprobación de la reforma. Salvo que seamos partidarios del sendero luminoso y de sus profestas, como parece serlo el President torra que continuamente se atribuye (quizá por sus convicciones católiconacionales) la condición de intérprete supremo y casi profeta de todo el pueblo de Catalunya y de paso, de la democracia y aun de la verdad. Sin el menor sentido político de la oportunidad y de la responsabilidad, por cierto

Soy republicano confeso (no de nacimiento: diré que no he tenido esa ventaja genética y en mi caso esa convicción es producto del estudio y de la experiencia) y lo seré, creo, hasta mi muerte. He criticado reiterada y públicamente a la monarquía restaurada en la persona de J.Carlos de Borbón y sobre todo al propio monarca, por el afán de impunidad que progresivamente ha ido mostrando un rey al que contra toda evidencia llamamos emérito (pues, a todas luces, no merece ese calificativo). Considero que su comportamiento, desde hace muchos años, está manifiestamente al margen del mínimo tolerable. Que está imbuido de que su inviolabilidd es patente de corso para una impunidad que le protege contar todos los demanes que pueda cometer y contra la confusión continua entre lo público y lo privado, una tentación que es mucho mas frecuente en monarquias que en Repúblicas, sobre todo cuando se sigue pensando en el monarca en términos de legitimidad que se confunde con el origen dinástico, y no con la voluntad del soberano, que es el pueblo. no el rey. En una monarquía constitucional el rey es un funcionario al servicio de la salud pública, la de los ciudadanos. Esto es algo que hace mucho tiempo olvidó D. Juan Carlos de Borbón, si es que alguna vez lo entendió. El servilismo de cuantos le jalearon al sostener que el rey había «concedido» la democracia al pueblo español (ignorando que esa es en sí una locución envenenada, además de un sofisma) ayudó no poco a esa perversa ilusión. por mi parte, por ejemplo, su momento arguementé que el procesamiento de Urdangarín era una solución vicaria frente a la que correspondía, pues, a mi juicio, el verdadero responsable del entramado de corrupción que involucraba a la casa real y a su familia -comisionista alemana mediante- parecía el propio Juan Carlos I, que alentaba un entorno de privilegios, comisiones y negocios.

Pero, insisto, la tarea de los gobernantes y de quienes tienen alguna responsabilidad política (modestamente, me incluyo como senador) es la de medir los tiempos y actuar con prudencia siempre en aras de la salud del pueblo, de los ciudadanos. Por todo eso, creo que tiene razón quien, como el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y como ha expresado la vicepresidenta Calvo, tiene claro que ese precepto máximo enunciado por Cicerón (salus populi suprema lex esto), esto es, la salud de los ciudadanos, su salud en el sentido vital, pero también su salvación frente a las amenazas de caer en la miseria, en la pérdida del trabajo, de la vivienda, de la capacidad económica para atender gastos elementales, ahora y aquí, exige no aventurarse en este momento en una reforma constitucional de esta envergadura.

Ya me gustaría que dispusiéramos de un contexto de mínima bonanza económica y estabilidad, en nuestro país, en Europa, en el mundo y que las prioridades fueran entre otras, una de las que considero propias de la lógica democrática, esto es, la adecuación de la forma de Estado a lo que piense la mayoría de los ciudadanos que, estoy convencido, a muy corto plazo será la república. Pero desgraciadamente, de manera que nos ha sorprendido a todos, la situación hoy no es esa. Un gobernante responsable no puede tener otra prioridad. Puede y debe censurar lo que le parezca reprobable, por supuesto. Faltaría más. Pero un gobernante responsable no puede permitirse aquí y ahora dejar de poner el mejor de sus esfuerzos en lo que es más que urgente, imprescindible: en llegar a acuerdos que aseguren que podamos atender con medidas efectivas, adecuadas, proporcionadas, las necesidades de nuestros ciudadanos frente a la crisis sanitaria, económica y social que ya tenemos encima y que en los próximos meses se va a agudizar, desgraciadamente. Un político responsable, ahora y aquí, no debiera tener otra prioridad que nos distrajera de ésta, aunque sea legítima, aunque responda a su propia ideología y programa.La estatura política se evidenciará, a mi juicio, en la responsabilidad, que incluye no excitar a la opinión pública a exigir objetivos que distraigan del único aceptable y legítimo conforme al mandato en el que insisto machaconamente: salus populi suprema lex esto.

LEER A CICERÓN, ANTES DEL CONSEJO EUROPEO DE 17 Y 18 DE JULIO DE 2020. Versión extendida del artículo publicado en Infolibre, 17 de julio de 2020

Está tan gastado el calificativo de <histórico> que cuando nos enfrentamos realmente a un acontecimiento que puede ser un parteaguas en nuestras vidas y en las de las generaciones inmediatas, apenas consigue llamar nuestra atención. Y, sin embargo, el Consejo Europeo de este fin de semana (y probablemente su secuela, porque parece difícil que se consiga un acuerdo) merece bien tal denominación, pues su trascendencia, para bien o para mal, será enorme. Pocos pueden discutir que el futuro de más de una generación de europeos y aun de la propia UE (y no sólo, como parecen querer presentar los “frugales”, el futuro de Italia y España, los países europeos que están más afectados por las consecuencias socioeconómicas de la pandemia), va a depender de esas decisiones. Lo cierto es que llegamos a este momento decisivo en términos de un considerable enfrentamiento a propósito del contenido, del alcance y de las condiciones del propio presupuesto europeo y de los fondos de reconstrucción.

Sin duda, sería tan deseable evitar ilusiones vanas (se ha llegado a hablar de un momento hamiltoniano de la UE, algo a mi juicio muy deseable pero absolutamente inverosímil en el contexo en el que vivimos), como posiciones de un grosero pragmatismo, meramente partidistas (no digamos ventajistas), o ralamente patrioteras, las propias del <right or wrong, my country>. En todo caso, lo que está claro es que esto no es un problema que provocamos los perezosos fainéants italianos y españoles, sino la verdadera cuestión de Europa, aquí y ahora. Más aún, insisto, de las futuras generaciones de europeos. Y lo que sorprende es que no seamos capaces de ver lo que tenemos -y lo que nos jugamos- en común. Insisto: este Consejo Europeo tiene ante sí nada menos que demostrar que la Unión es un instrumento útil para ofrecer soluciones ante la amenaza común más grave que nos ha afectado en la historia reciente, desde la segunda guerra mundial.

A la búsqueda de ese depósito común, he vuelto a caer sobre la conocida máxima de Cicerón en el libro tercero de su De Legibus, 3, 8: “Ollis salus populi suprema lex esto”. Con ese arcaísmo –ollis, por illis– Cicerón impone un mandato prioritario que cabe definir como sagrado a los magistrados: la salud del pueblo ha de ser el criterio supremo por el que se oriente su actuación: el sacrum que conecta en Roma lo religioso, lo moral, lo jurídico, es la vida de los ciudadanos. Lo repetirán quienes de un modo u otro sostengan una parecida concepción <republicana>, con especial mención a Spinoza y, por supuesto, los revolucionarios de 1776 y 1789. Porque en Cicerón, como ha mostrado con la inteligencia y con la apabullante cultura jurídica que le caracterizan nuestro admirado profesor Angel M. López, en un reciente artículo a propósito de un ensayo del profesor F. Llano sobre Cicerón[1] encontramos un completo modelo de lo que podríamos llamar “patriotismo republicano”. Un modelo que, como advierte el profeso LLano, trasciende el republicanismo romano para proyectarse como una guía cosmopolita: «Cicerón contribuyó con su doctrina iusfilosófica a ampliar los límites del republicanismo romano al proyectar a toda la humanidad su defensa del gobierno de la razón, el imperio del Derecho y la garantía de la libertad». Por eso, a mi juicio, aunque algunos puedan decir que ese brocardo ciceroniano es poco más que una obviedad que todo el mundo comparte, pero que no nos ayuda a precisar lo que necesitamos, no lo creo así. Además de los ensayos de los profesores A. López y F. Llano a los que acabo de referirme, algunos <clásicos modernos> nos ayudan a esclarecer el profundo sentido del patriotismo republicano formulado por Cicerón. Pienso por ejemplo en H.Arendt en su ensayo “La promesa de la política”[2], en G.Agamben en “El sacramento del lenguaje” (Homo sacer, II)[3] y, sobre todo en el Foucault del curso de 1981-82, “La hermenéutica del sujeto”[4].

La clave está, evidentemente, en lo que entendamos por <salus populi> (que, dicho sea de paso, no es exactamente <salus publica>, una expresión más tardía). Pues bien, sobre el sujeto de la expresión, ese <populi>, creo que los dos primeros ensayos dan en el clavo al apuntar que Cicerón trata de indicarles a los magistrados que el criterio guía es lo que es <sagrado>, el punto de intersección entre fas, mos y ius, precisamente porque es imprescindible para la vida de los ciudadanos. Porque cuando Cicerón habla del pueblo, piensa en los ciudadanos de la república que defiende. Y no olvidemos que Cicerón entiende que para que podamos hablar de <pueblo> en sentido político (republicano), no basta que exista una multitud, una agregación de sujetos. En su De Republica 1, 39 lo explica bien: “coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus”: son el interés común y el consenso jurídico los que hacen aparecer el demos. Por so, para Cicerón, como ha recordado Ferrajoli, la clave de la existencia de una verdadera res publica, es la ley, el derecho como regla común que rige la convivencia y permite dirimir qué es verdaderamente el interés común, entre todos los intereses en concurrencia. En ese sentido creo que Ferrajoli tiene razón: hasta que aparece la ley (hoy diremos, la Constitución) el pueblo no es sujeto político.

Esta primera pista me parece relevante si pensamos en las decisiones que nos esperan en el Consejo Europeo del 17 y 18 (y quizá en lo que siga), decisiones a las que con toda justicia cabe el calificativo de históricas. Lo primero para que esas decisiones estén a la altura del desafío, en sentido positivo, es que se ajusten al núcleo del Derecho europeo que permite establecer qué es lo común, aquello que da sentido, que permite hablar de unión. Por eso, el verdadero cemento de la Unión Europea es el Estado de Derecho, en su desarrollo hacia lo que es específico del modelo europeo, el Estado social de Derecho, que hoy enunciamos en términos de Estado constitucional. Y a ese núcleo que permite hablar de “unión” europea, pertenece la idea de solidaridad, junto con la idea de equidad, el principio de <justice as fairness>. No hay unión sin la solidaridad, entendida como conciencia conjunta de derechos y deberes de los europeos y eso se pone a prueba precisamente ahora, en la pandemia del COVID19. Si esa pretendida Unión no sirve para que los europeos actuemos solidaria y proporcionalmente al riesgo común, ¿para qué nos sirve la UE? Si en esta coyuntura, millones de europeos se ven tratados como ciudadanos de segunda, difícilmente podrá exigírseles que sigan apostando por la UE. Y no hablo de subsidios o de caridad, de donaciones gratis et amore. No se trata de la solidaridad entendida como una ayuda que se presta a los manirrotos, por piedad. No hay solidaridad jurídica sin rendición de cuentas, porque no hay solidaridad jurídica en democracia, sin responsabilidad, lo que es tanto como decir sin control. Pero tampoco me parece admisible el trato cuasi colonial que parece inspirar algunas de las posiciones avanzadas por los condescendientes líderes de la soidissant frugalidad. Si formamos parte de la Unión es porque tenemos en común, insisto, una conciencia conjunta de derechosy deberes y esa conciencia debe activarse precisamente ante una amenaza común que afecta en mayor grado a unos que a otros, pero que debe ser sentida como propia de todos. De esta pandemia, de sus consecuencias sociales y económicas, no podremos salir, si no es todos juntos. Por eso esta, quizá más que nunca, es la hora de Europa. La hora de comprobar qué significa para unos y otros ser europeos.

La segunda pista que nos ofrece la lectura de Cicerón atañe más al sentido de la noción de <salus>. Y aquí me sirve sobre todo la investigación de Foucault, que propone, como es sabido, hasta media docena de acepciones, remontándose al origen griego: <salus> es <soteria> (Σωτηρία), del verbo <sozein> (σώζειν). Lo que tiene en cuenta como mandato supremo el jurista y político romano es, ante todo, salvar a los ciudadanos de un peligro, de una amenaza, de un riesgo. Esta es, ni más ni menos, la primera tarea que los europeos necesitamos que emprendan en serio nuestros gobernantes: salvarnos de la amenaza del COVID19 y de sus terribles consecuencias sanitarias, económicas, sociales. Pero Foucault apunta también otro sentido: <sozein>, salvar, significa también hacer el bien, asegurar el buen estado de alguien, de algo, de un grupo; su bienestar. Y de eso va también el desafío a cuya altura deberían estar los gobernantes europeos en este fin de semana: acordar un plan que sea garantía de la cohesión social, de la protección de todos los europeos, comenzando por los más vulnerables en esta crisis, tal y como ha propuesto desde el primer momento a nuestros socios europeos el Gobierno de España que preside Pedro Sánchez. Y eso no será posible si, en lugar del modelo depredador del sistema de fundamentalismo de mercado, no nos orientamos a lo que bien se ha denominado el Green Social Deal, que exige los esfuerzos concertados de todos.

Salvar a los ciudadanos de la amenaza de la pandemia y de sus consecuencias socioeconómicas. Y cuando hablo de ciudadanos entiendo el término en el sentido inclusivo, a todos los residentes, a los que se encuentran viviendo entre nosotros; muchos de ellos, arriesgando sus vidas en trabajos -recolección agrícola, distribución de alimentos, étc- sin los que no habría podido continuar la vida, nuestra vida. Devolverles el bienestar, la satisfacción de sus necesidades básicas de modo digno, comenzando por los más vulnerables. He aquí dos guías a extraer de esa inspiración republicana, ciceroniana, que enlazan bien con aquello de León Felipe: “…no es lo que importa llegar sólo, ni pronto, sino con todos y a tiempo”.

Recuerda Angel M. López las palabras de Borges acerca de la definición de clásico: «…clásico no es un libro…que necesariamente posee tales o cuales méritos; es un libro que las generaciones de los hombres, urgidas por diversas razones, leen con previo fervor y con una misteriosa lealtad» Y concluye: «es este <previo fervor> el que siempre nos unirá leyendo a Cicerón». No puedo estar más de acuerdo con el maestro de juristas de la Universidad hispalense. Ojalá que así lo sintiesen al menos algunos de nuestros representantes reunidos en Bruselas y en cuyas manos está reafirmar el sentido de la Unión.


[1] Cfr. Angel M. López y López, “Por qué Cicerón nos sigue interpelando hoy”, Quaderni Fiorentini per la Storia del pensiero giuridico moderno, 48 (2019), pp. 707-725. El libro de Fernando Llano es El gobierno de la razón. La filosofía jurídica de Marco Tulio Cicerón, Thomson/Aranzadi, 2017

[2] H. Arendt, “La promesa de la política” (tard de E Cañas y F. Birulés). Hay una primera edición en Austral, creo que agotada. Puede consultarse la edición de Paidós, Barcelona, 2008.

[3] G. Agamben, El Sacramento del lenguaje. Arqueología del juramento, Homo sacer, II, (trad de A. Gimeno), Pretextos, 2011.

[4] M. Foucault, Hermenéutica del sujeto. Cursos del Collége de France 1981-82, (trad. de H. Pons), Akal, 2005.

LAS DEVOLUCIONES EN CALIENTE: LA HORA DEL LEGISLADOR (VERSIÓN EXTENDIDA DEL ARTÍCULO PUBLICADO EN INFOLIBRE, 19DE JUNIO DE 2020)

Devoluciones en caliente: la hora del legislador

Javier de Lucas

Infolibre, 19/06/2020 a las 06:00

https://www.infolibre.es/noticias/opinion/columnas/2020/06/17/devoluciones_caliente_hora_del_legislador_107855_1023.html

La sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (STEDH) de 13 de febrero de 2020, recaída en el caso N.D. y N.T. contra España y adoptada por unanimidad, supuso una sorpresa muy negativa entre los medios jurídicos que trabajan en el ámbito de la garantía de los derechos humanos de los inmigrantes y demandantes de asilo y también en ámbitos jurídicos de prestigio: así, el Consejo General de la Abogacía o ACNUR denunciaron el olvido por parte del TEDH de la infracción de derechos reconocidos en la Convención para las personas refugiadas de 1951. El Relator especial de Derechos de los Trabajadores Inmigrantes y la Asociación Jueces y Juezas para la Democracia recordaron por enésima vez, frente a esta STEDH, que la práctica de las “devoluciones en caliente” vulnera el derecho a defensa y a un juicio debido, como lo hizo en reiteradas ocasiones el Comisario Europeo de derechos humanos al resaltar que tales devoluciones «impiden que los inmigrantes ejerzan de modo efectivo su derecho a buscar protección internacional». Y podría seguir. Pero ante todo, resumamos algunos elementos de la discusión.

Como se recordará, los hechos remiten al 13 de agosto de 2014, cuando N.D. y N.T., ciudadanos nacionales de Mali y Costa de Marfil respectivamente, participaron en uno de los saltos colectivos y traspasaron la frontera vallada de Marruecos con la ciudad autónoma de Melilla. La frontera es un entramado de tres vallas alambradas, con concertinas puntiagudas, sirga tridimensional e instalaciones de video vigilancia. Ambos ciudadanos entraron de forma ilegal en territorio de soberanía española. Ambos fueron enviados inmediatamente de vuelta por las autoridades españolas a territorio marroquí. Es decir, fueron objeto de la práctica de expulsión conocida popularmente como “devoluciones en caliente”. Como es sabido, se trata de prácticas supuestamente legalizadas por la disposición final primera de la L.O. 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana (la ley mordaza), titulada “Régimen especial de Ceuta y Melilla”, por la que se añadió una disposición adicional décima a la L.O. 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

La representación jurídica del Gobierno español ha negado siempre (tanto la del Gobierno del señor Rajoy como la del actual, al mantener el recurso ante la Gran Sala) que se trate de expulsiones insiste en hablar de rechazos en frontera, desde el curioso concepto operativo de frontera que, en lugar de atenerse al trazado oficial acordado por Tratado entre España y Marruecos, retrotrae la misma hasta la última valla, donde supuestamente comenzaría el territorio de soberanía y jurisdicción españolas.

Se ha discutido en estos días acerca de la medida en la que el propio Tribunal Constitucional español se ve constreñido por esta sentencia, a la hora de dictaminar sobre el recurso de constitucionalidad interpuesto contra la mencionada L.O 4/2015. Creo que es el momento de señalar que, en torno a todo esto, se sobreponen varios malentendidos. Voy a referirme a tres.

Una sentencia desafortunada por ignorancia de los hechos e incompatible con principios elementales del Estado de Derecho

El primer malentendido consiste en repetir que esta STEDH resuelve sobre la práctica de las “devoluciones en caliente”. En puridad, no es así. El fallo, de forma a mi juicio errada, se ha limitado a sostener que España no es responsable de la expulsión (la sentencia deja claro que no hubo rechazo, sino expulsión, porque N.D. y N.T. estaban en territorio de soberanía española, ergo bajo jurisdicción española), porque N.D. y N.T. eligieron cruzar la frontera, pero no a través del paso legal de Beni Asar, sino de forma cualificadamente ilegal: junto con otros, de forma violenta, saltando el triple vallado.

Pues bien, ante todo, deja perplejos a todos los que conocen mínimamente la situación en la frontera de Melilla la oceánica ignorancia o desprecio de esa realidad por parte del TEDH. ¿Eligieron? Los magistrados del TEDH muestran un total desconocimiento de la realidad de la práctica en la frontera, es decir, de los hechos: como sabe cualquiera que se haya tomado la molestia de ir allí, de conocer lo que allí sucede, o cualquiera que haya leído los múltiples informes elaborados por diferentes organizaciones de defensa de los derechos humanos, para las personas de origen subsahariano no existe de hecho posibilidad alguna de cruzar el paso fronterizo u obtener visado o resolución favorable a la tramitación de la demanda de asilo en ese paso fronterizo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la L.O. 12/2009 reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.

El informe de CEAR como tercera parte ante el TEDH es contundente: “Según el Ministerio de Interior, durante el año 2018, solo un 0,67% de las solicitudes de asilo fueron presentadas en representaciones diplomáticas españolas únicamente en la modalidad de extensión familiar. Por otro lado, las opciones de conseguir un visado de trabajo para alguien procedente de un país de África subsahariana son mínimas por no decir imposibles. En los consulados o Embajada de Marruecos tampoco existe esta opción y además las personas subsaharianas en este país sufren una continua persecución y discriminación por parte de las autoridades alauíes… Tampoco existe una opción de acudir a esta vía desde Marruecos o desde los países limítrofes a Malí o Costa de Marfil”. Por no decir que las oficinas de asilo en frontera se encuentran en territorio español (no en el marroquí, de Beni Ansar) y no sólo no se encontraban abiertas en el momento de producirse los hechos (como se puede leer en el parágrafo 152 de esa STEDH), sino que, al expulsar de forma inmediata a los dos demandantes, se les impidió en cualquier caso la personación en dichas oficinas. Aún más, la Organización independiente británica Forensic Architectures (www.forensic-architecture.org), ha publicado un informe sobre la frontera de Melilla, elaborado en colaboración con el European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) de Berlín, que pone en cuestión la sentencia dictada por del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en febrero de 2020 en el caso ND y NT contra España y muestra que los argumentos de hecho que presentó España y el TEDH consideró probados, son falsos. El informe se puede consultar en https://www.youtube.com/watch?v=0qICrF569oU&feature=youtu.be

Pero con ser eso grave, la tesis de fondo del TEDH es verdaderamente difícil de admitir desde los principios básicos del Estado de Derecho (ya no digamos desde el garantismo): supone que el derecho básico a defensa y a un procedimiento debido se pierde cuando se actúa de forma ilegal y criminal. Dejemos aparte (que es mucho dejar) el hecho de que no ha habido ocasión de probar ante un juez si ND y NT cometieron una falta administrativa (cruzar la frontera sin papeles) o si, en efecto, realizaron delitos contra las fuerzas de seguridad. Lo relevante no es eso, sino que se considera que esas tres circunstancias sumadas (que se saltara la valla, que el salto fuera colectivo, que se utilizara violencia) suspenden justificadamente un derecho humano absolutamente clave para que podamos hablar de Estado de Derecho. Ni la persona que haya cometido el crimen más repugnante ve suspendido su derecho a defensa y a un procedimiento debido. Es terrible que un Tribunal de derechos humanos lo ignore. Y a ello hay que sumar un elemento que resulta particularmente oportuno recordar en vísperas del Día Mundial de los Refugiados: «En la medida en que se trata de actuaciones de hecho que permiten eludir el procedimiento administrativo preceptivo en las actuaciones de expulsión del territorio de extranjeros que hayan entrado de forma ilegal, posibilitan burlar la observancia de las debidas garantías y salvaguardas procesales, privan a las personas necesitadas de protección internacional del acceso al derecho de asilo contemplado en el artículo 13.4 CE y sobre todo, atacan el núcleo del Derecho internacional de refugiados, el principio de non refoulement» (artículo 33 de la Convención de Ginebra).

Sobre el papel del TC ante las devoluciones en caliente

El segundo malentendido afecta, como decía, a la vinculación del Tribunal Constitucional (TC) por la sentencia del TEDH. En estos días se ha hablado en informaciones periodísticas y en especulaciones de tertulianos sobre la necesidad de encontrar un punto de equilibrio entre la STEDH y el recurso contra la “ley mordaza” que denunció su inconstitucionalidad y exigió la eliminación de esta práctica y que el TC debe ahora resolver. Por las razones que ya he expuesto, me parece jurídicamente poco sostenible que se sugiera que el TC puede elegir una “vía intermedia”: validar las devoluciones en caliente y la suspensión de derechos que comportan, pero no en todos los casos, sino sólo en los que concurran esas tres circunstancias mencionadas.

Pero es que no hay tal necesidad. Como advirtió en los días inmediatos a la Sentencia el profesor Presno Linera (cfr. “Algunas consideraciones sobre los efectos de la Sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre las <devoluciones en caliente>”, https://presnolinera.wordpress.com/2020/02/14/algunas-consideraciones-a-proposito-de-los-efectos-de-la-sentencia-del-tribunal-europeo-de-derechos-humanos-sobre-las-devoluciones-en-caliente/), a la hora de enjuiciar la constitucionalidad de las “devoluciones en caliente” el Tribunal Constitucional tendrá en cuenta lo que acaba de decir la Gran Sala del TEDH, pero eso no implica que su fallo dependa, en exclusiva, de que dichas prácticas hayan sido declaradas conforme al CEDH, porque esas medidas deben ajustarse, en todo caso, a lo previsto por los preceptos constitucionales que regulan el asilo y la tutela judicial efectiva. Pues bien: el TC no debería dar primacía a lo que resulta compatible, según el TEDH, con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en caso de que la Constitución española hubiera elevado (como de hecho es así) el ámbito de protección de los derechos. Ni el Convenio Europeo de derechos humanos (CEDH) ni la jurisprudencia del TEDH –al menos desde el punto de vista de una teoría de los derechos fundamentales adecuada a nuestra Constitución– pueden originar límites adicionales a los derechos protegidos por la Constitución española, más allá de los previstos en la legislación orgánica (en este caso la Ley de extranjería, por vía de la Ley de seguridad ciudadana).

Dicho de otra manera, no todo lo que el TEDH considera compatible con el CEDH (Convenio Europeo de Derechos Humanos) es necesariamente compatible con nuestra Constitución, que mantiene un standard más garantista (hasta hoy), por ejemplo, en materia de asilo y garantía judicial efectiva en cuestiones que pueden afectar a los derechos humanos de no nacionales. Lo cierto es que el TEDH, garante de los Derechos Humanos comprendidos en el Convenio Europeo, ha optado en este fallo por lo que se ha calificado –a mi juicio, con acierto– como un enfoque punitivista de protección de tales derechos, reduciendo la titularidad de los mismos a aquellos individuos que no hayan cometido una infracción administrativa, como es la entrada irregular al territorio. Por tanto, puede alegarse que, en virtud del art.53 del propio CEDH, tanto nuestro Tribunal Constitucional como el propio Gobierno español no tienen por qué vincularse a ese standard menos garantista que acaba de fijar este STEDH. Y es que, sin duda alguna, es un principio básico del Estado constitucional de Derecho el que la circunstancia de que una persona haya cometido un acto criminal no le priva del derecho a la protección judicial efectiva. Contra lo que sostiene el TEDH, entrar irregularmente en España no priva del derecho a defensa y a una decisión judicial que justifique la expulsión.

La hora del legislador

Y llegamos al malentendido final: la solución ante los problemas que plantean las prácticas de “devoluciones en caliente”, a mi juicio, no está en manos de los jueces, ni aun del Tribunal Constitucional. La solución real está en manos del legislador. Es hora de responder a una demanda que, por cierto, es un clamor popular: derogar la L.O. 4/2015, la ley mordaza al menos desde luego en su malhadada disposición final primera.

Desde ese punto de vista, me parece que son muy razonables las propuestas concretas formuladas en un reciente manifiesto de CEAR titulado “Por una política migratoria y de asilo propia de una sociedad democráticamente avanzada”. Me voy a referir sólo a dos:

La primera y más evidente es la necesidad de la derogación de la disposición adicional 10ª de la L. O. 4/2000 introducida a través de la disposición final 1ª de la L.O. 4/2015, que regula ad hoc el rechazo en frontera en Ceuta y Melilla y propicia así las “devoluciones en caliente”, una práctica imposible de conciliar con la legalidad interna e internacional, frente a lo que literalmente expresa la propia disposición adicional 10ª que remite a la legalidad internacional. En efecto, esa disposición supone una violación directa del principio de non-refoulement, sobre el que descansa toda la arquitectura legal de la Convención de Ginebra de derecho de refugiados y es incompatible con el derecho a defensa y a un procedimiento legal individualizado previo a todo acto administrativo de expulsión (que, además de asistencia letrada y control judicial efectivo, incluye por ejemplo el derecho a disponer de traducción en las comunicaciones que afecten a la persona a la que se trata de expulsar).

En segundo lugar, la modificación de la restricción sobre solicitud de asilo, desde la formulación del artículo 38 de la L. O. 12/2009, que convierte la tramitación de solicitudes recibidas en embajadas y oficinas consulares españolas en una facultad discrecional del embajador o representante consular español, que podrá, o no, decidir la tramitación, acabando así con la interpretación más favorable que obligaba a los representantes diplomáticos españoles a cursar las solicitudes presentadas en sus legaciones, conforme a la tradición latinoamericana del asilo diplomático, que España mantenía como excepción entre los Estados miembros de la UE.

No sigamos propiciando que los desplazamientos de población de carácter forzado, tanto de quienes buscan refugio como de aquellos que tratan de encontrar trabajo y vida digna, se conviertan en una carrera contra la muerte, objeto de necropolítica. Propiciemos vías legales y seguras. Defendamos a quienes necesitan que les ofrezcamos un refugio. Convirtamos en hechos las recomendaciones del Global Compact on legal ordelry, safe and regular Migration y del Global Compact on Refugees de Naciones Unidas, de diciembre de 2018.

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* Javier de Lucas es catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia y senador por Valencia, elegido en las listas del PSPV-del PSOE como independiente.

Menos retórica y más medios en las Universidades para el curso 2020-21 (versión extendida del artículo publicado el 10 de junio de 2020 en el diario Levante-EMV, «Conjugar autonomía y co-responsabilidad en las Universidades»)

Comenzaré por negar un tópico al que se recurre con demasiada frecuencia: contra el mantra de la ausencia de control, las universidades españolas se cuentan entre las instituciones más sometidas a crisis, a crítica y autocrítica. Y es difícil encontrar un colectivo que pase por más evaluaciones (también externas) como los profesores e investigadores universitarios. Aún así, al mismo tiempo se impone reconocer que también es difícil encontrar el grado de cainismo y, paradójicamente, de gremialismo, que se vive en los campus. Un fenómeno incrementado, creo, por el sistema creado para fomentar la competencia investigadora (que no docente) y para evaluar la selección y promoción del profesorado desde la ANECA, institución manifiestamente mejorable. Un sistema que, a juicio de muchos de quienes hemos desempeñado competencias de evaluación del profesorado universitario, se ha revelado no sólo erróneo, sino muy perjudicial.

La gran recesión de 2008 y las políticas de austeridad que la siguieron, añadieron a esos males endémicos un grave problema de financiación: como recordaba en un artículo reciente el vicerrector de la UJI, el profesor Modesto Fabra, evocando el Informe “¿Quién financia la universidad?” publicado en 2017 por el Observatorio del Sistema Universitario, entre 2009 y 2015 las universidades públicas españolas sufrieron una caída de recursos sin precedentes, superior al 20 %. España pasó de estar en la media de países de la OCDE en lo relativo al porcentaje del PIB dedicado a universidades, a ser el sexto país por la cola, destinando únicamente un 79 % del promedio de la OCDE.

En esa situación de debilidad de recursos, incrementada a su vez en el caso de la Comunidad Valenciana por el déficit que la aqueja comparativamente desde hace años, ha llegado la pandemia. Las expectativas con las que las Universidades deben afrontar el futuro inmediato no ofrecen pues, motivos para el optimismo. No lo es, por ejemplo, el hecho de que en la muy acertada medida adoptada por el Gobierno de reservar para Educación 2000 millones de euros del fondo extraordinario que ha concedido a las CCAA, no se incluya la educación universitaria. Tampoco que, mientras el Ministerio de Universidades ha decidido la supresión de la horquilla de tasas y ha fijado unos precios máximos de matrícula que nos sitúan en el escenario de 2011, al mismo tiempo que, conjuntamente con el de Educación, ha optado acertadamente por bajar el requisito académico para la obtención de becas, no se avizoran mecanismos complementarios que permitan a las Universidades recabar ingresos. En las recomendaciones publicadas esta misma semana por el ministerio de Universidades, hay muchas sugerencias pero ninguna concreción de medios que se vayan a poder a disposición de profesores, personal de administración y servicios, más allá de la remisión a páginas web para ver tutoriales…

Por supuesto, el condicionamiento que nace de las carencias del modelo de financiación autonómica, que no garantiza en las comunidades autónomas recursos suficientes para atender el gasto creciente en los distintos servicios públicos esenciales y en particular en sanidad y educación, y en particular en Universidades, la tradicional hermana pobre, es una losa. Y es imperativo llegar a acuerdos al respecto. Acuerdos no sólo entre el Gobierno central y las CCAA, sino también acuerdos dentro de las CCAA, acuerdos entre las administraciones con competencia universitaria y los rectorados y representantes de los trabajadores y estudiantes de las Universidades. Acuerdos que signifiquen que la sociedad civil no sólo debe exigir la mayor transparencia en la rendición de cuentas por parte de las propias Universidades, que demuestre el mejor aprovechamiento de los recursos, sino implicarse en mejorar su calidad y condiciones, por ejemplo, en la participación en el I+D+I y también, por qué no decirlo, en el mecenazgo de las Universidades. Algo se ha conseguido, pero estamos lejos, lejísimos de que el servicio público esencial que son las Universidades sea asumido omo tal por las administraciones e, insisto, por la sociedad civil.

Pero no escribo sólo para reforzar la habitual (y, a mi modo de ver, justificada) queja de las Universidades por la inconsecuencia que supone su considerable abandono por parte de los poderes públicos y la sociedad civil. Creo que los propios universitarios y, de modo específico, sus autoridades, es decir, los Rectorados de las Universidades y la CRUE, deben asumir que el principio de autonomía universitaria exige algo más que estar a la espera de las iniciativas del Ministerio y de las consejerías de las CCAA sobre cómo se va a afrontar el próximo curso académico. Exige co-responsabilidad, como recordaba recientemente el President Puig en una reunión con diputados y senadores socialistas valencianos. Y las Universidades deben tomar la iniciativa de abrirse más aún (porque ya se ha caminado en esta vía y hay ejemplos muy positivos) a las negociaciones con los agentes de la sociedad civil, para desarrollar un intercambio que redundará positivamente en la transparencia de la aportación y responsabilidad social de las Universidades, sin demérito de aquello que, a mi juicio, es más preciado: su independencia, su carácter de motor crítico de la sociedad.

Ruboriza tener que argumentarlo una vez más: la educación e investigación superiores son condición sine qua non de la adaptación del tejido social a las nuevas exigencias, a las respuestas a los riesgos y amenazas que debemos afrontar. Con todo respeto, tanto como las terrazas, los bares y los restaurantes, si no más. Es incongruente proclamar que una de las lecciones que hemos aprendido de la pandemia es la necesidad de invertir prioritariamente en Ciencia (en innovación también se añade) y olvidar que la mayor parte de esa ciencia, investigación e incluso innovación, se lleva a cabo en las Universidades. Pero es que, además, la aportación de las Universidades no se reduce a su contribución a la ciencia, investigación e innovación. Las sociedades democráticas exigen ciudadanía informada, crítica y activa. Y esa ciudadanía depende en buena medida del conocimiento crítico que la investigación básica y la docencia proporcionan mediante la educación superior. Por no hablar del hecho indiscutible de que la calidad de la docencia universitaria influye en la calidad de buena parte de nuestros profesionales, de los agentes de la sociedad civil. La Universidad, insisto otra vez, como el resto de los niveles educativos, es un servicio público esencial.

Esperamos que todo eso se incluya en el debate sobre ese nudo gordiano de la financiación autonómica y de la financiación específica de la sanidad y educación, también la universitaria, como prioridades en las políticas públicas. Mientras tanto, como casi siempre, lo cierto es que, a quienes forman parte de la comunidad universitaria, es decir, profesores, investigadores, personal de administración y servicios y estudiantes, no les basta con declaraciones generales, retóricas, que como mucho se limitan al carácter semipresencial o completamente online del curso 2020-21 o del primero de sus semestres.

Por ejemplo, de cara al curso 2020-21, hay aún tiempo suficiente para que los Rectorados actúen de forma positiva y proactiva y no se limiten, como se ha hecho en estas semanas del segundo semestre del curso 2019-2020, a declaraciones retóricas y a un aluvión de documentos burocráticos que no suponen otra cosa que apelar como siempre al sacrificio y generosidad del profesorado y del personal de administración y servicios, con el fin de exigirles que modifiquen y adapten programas y guías docentes y métodos de evaluación, al tiempo que se les pide (como en los demás niveles educativos) que sean capaces del esfuerzo sobreañadido de transformar su actividad, para incluir un contacto telemático constante que, en caso de titulaciones con importantes ratio profesor/estudiante, resulta difícil de mantener de forma sobrevenida, al mismo tiempo que se concilia familiarmente y se investiga durante el confinamiento. Por no añadir que todo eso se ha hecho con el agravante de perentoriedad y sin proporcionar ningún soporte adicional, salvo las tradicionales palabras de solidaridad y promesas de reconocimiento que raramente se traspasan a los hechos…

Sí, hay que tomar en serio la autonomía universitaria en el sentido también de responsabilidad o, como mínimo, co-responsabilidad de los universitarios, de todos los que componen la comunidad universitaria, pero no sólo de estudiantes, personal de administración y servicios y profesores e investigadores. Es la hora, más que nunca, de que las autoridades universitarias con capacidad de decisión, los rectorados y la CRUE de un lado, exijan medidas factibles y, de otro, ofrezcan soluciones y no sólo declaraciones retóricas y exhortaciones al esfuerzo y sacrificio común.

Cabe como mínimo esperar y exigir de nuestras autoridades universitarias, que para eso han sido elegidas (aunque, ciertamente, nadie pudiera prever que les tocaran las circunstancias extremamente excepcionales que supone la pandemia), esperar y exigir, insisto, al menos pronunciamientos claros sobre medidas concretas, tal y como se lo han reclamado sindicatos universitarios, en un arco ideológico amplio que va de CCOO a CSIF: esta situación no se puede afrontar si no se pone todo el esfuerzo para incrementar las plantillas de PDI y de PAS. Por eso, esperamos de los rectorados y la CRUE, porque ese es su trabajo, y no sólo hacer declaraciones genéricas y reconocimientos genéricos a la capacidad de esfuerzo y sacrificio, esperamos, digo, que presionen y encuentren soluciones que permitan obtener los medios adecuados.

Menos retórica, menos exhortaciones al sacrificio y al esfuerzo, y más concreción en la puesta a disposición de los medios adecuados para que no sufra merma la calidad de la actividad docente universitaria: eso es lo que esperamos de las autoridades académicas, de la CRUE y de los rectorados. Proporcionar los medios adecuados exige en primer lugar adecuadas dotaciones presupuestarias (del Ministerio, de las CCAA) por las que deben negociar la CRUE y los Rectorados. Por eso, proporcionar los medios adecuados pasa ante todo por el incremento y consolidación de plantillas. Pero también exige facilitar infraestructuras técnicas (equipos informáticos, plataformas digitales, etc), así como remodelar los espacios disponibles, a fin de acondicionarlos para los requisitos que exige la salud pública en la enseñanza presencial, a la que no se debería renunciar, aunque pueda combinarse con modelos online. Proporcionar medios adecuados, significa que los trabajadores (y los estudiantes también) tengan un espacio seguro de trabajo (lo que en su caso puede requerir realización de pruebas de PCR y seroprevalencia), velando por la seguridad de los grupos de riesgo a los que debe garantizarse el teletrabajo. Hablando de teletrabajo, no podemos demorar la concreción de las garantías de los derechos laborales en el teletrabajo (cuyo único marco normativo, por cierto, es por ahora el muy genérico Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo de 2015). Por supuesto, medios adecuados comportan medidas que garanticen la formación específica en nuevas tecnologías para el profesorado y el personal de administración y servicios, en lugar de confiarlo a la propia iniciativa de los trabajadores (y a las propias herramientas de trabajo que consigan). es decir, que las autoridades académicas concreten de una vez la tan retórica habitual sobre “la apuesta decidida de las Universidades por el aprendizaje y la mejora de las competencias y habilidades digitales de los trabajadores de forma continua y permanente”.

Y, en lo relativo a los estudiantes, para garantizar la igualdad, es preciso comprometerse eficazmente en el acceso equitativo a las herramientas (incluidas tablets u ordenadores personales) y en la formación en los nuevos hábitos en lo que toca a los recursos e instrumentos docentes. Un esfuerzo especial se ha de poner en garantizar el papel primordial las bibliotecas universitarias y también el trabajo seguro en laboratorios y lugares de prácticas… ¿seguimos? Quedan aún tres meses. Asuman con hechos el liderazgo de este trabajo que se espera de todos y cada uno de nosotros.