EL RETROCESO IMPARABLE DE UN DERECHO IMPRESCINDIBLE (versión ampliada del artículo publicado en Infolibre, 20 de junio de 2024)

Cada año dedicamos un día a conmemorara los refugiados -no cabe hablar de celebración, desde luego-. Pues bien, este de 2024 exige, si cabe, insistir con mayor énfasis en el proceso de degradación que vive el derecho al que aspiran, la protección que constituye, como explicó Arendt,  la llave para poder ser reconocidos como sujetos de derechos. Porque la situación jurídica que padecen quienes se ven obligados a huir de su país y encontrar refugio fuera de él, se puede describir así: son sin derechos, o, como explicó el entonces Comisionado de derechos humanos dela ONU, el príncipe jordano Zaid Ra’ad al Hussein, en su intervención ante la Asamblea General de la ONU el 30 de marzo de 2016: “These are people with death at their back and a wall in their face»: huyen de la muerte y nosotros les oponemos un muro.

El informe 2024 de la agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR, Global Trends Forced Displacements 2023 (acnur.org/es-es/tendencias-globales), nos presenta las principales características de los desplazados internos y los solicitantes de refugio en todo el mundo: un total de 120 millones de personas que se han visto forzadas a huir de sus hogares, incluso e sus países. Más de una de cada 70 personas en el mundo, es decir, el 1,5% de la población mundial. De ellos, casi 7 millones son demandantes de asilo y casi 32 millones se encuentran bajo el mandato de ACNUR. Contra el tópico que difunden los mensajes tremendistas de la invasión o el gran reemplazo, que nos quieren hacer creer que Europa está asediada por inmigrantes y refugiados, lo cierto es que el 75% de quienes buscan la protección del refugio son recibidos en países con renta muy baja o media y, más concretamente, el 70% se quedan en los países limítrofes a los de su país de origen. Hay un dato terrible: el porcentaje de niños constituye más de un 30% del total, es decir, cerca de 37 millones (casi 14 millones de los refugiados y casi 23 millones entre los desplazados internos)

 

La paradoja constitutiva de la noción de refugiado

La primera contradicción que se impone en este día mundial dedicado a los refugiados  afecta al equívoco terminológico: en efecto, conforme al artículo 1 de la Convención de Ginebra (ratificada por todos los Estados de la UE), llamamos refugiados a millones de personas que en todo el mundo huyen de sus países, lo que propicia que entendamos que ya gozan de protección, pero en rigor no lo son. La inmensa mayoría de esos millones de personas son sólo asylum seekers, seres humanos que huyen y buscan protección en otro país y quedan a la espera de respuesta, al menos de una respuesta que no suponga que les devuelvan al país del que huyen. Por eso, el principio de non refoulement es el santo y seña de esa protección que anhelan. Pues bien, conviene recordar que el proceso que media enyre la huída de sus hogares y la obtención de esa respuesta, no sólo es largo, peligroso, azaroso, sino que incluso cuando llegan a un país en el que pueden solicitar la protección, deben permanecer largo tiempo a la espera. Y lo que es peor: en este año 2024, como señalaré, se ha incrementado la tendencia a mantener a esos asylum seekers fuera del territorio de la supuesta acogida, o deportarlos («trasladarlos» es el eufemismo) a países terceros donde deben esperar esa respuesta, extremando los procedimientos que conocemos como <externalización del asilo>.

Volvamos al inicio de la cuestión y recordemos qué quiere decir ser un refugiado. De acuerdo con el Derecho internacional de refugiados que componen la Convención de Ginebra de 1951, concretamente su artículo primero y el Protocolo de Nueva York de 1966 (que eliminó los límites geográficos y temporales enunciados en la Convención, que tenía en cuenta casi exclusivamente la situación de grupos de desplazados europeos tras la segunda guerra mundial), podemos definir como refugiado a “Toda persona que tiene fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opciones políticas, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o no quiere acogerse a la protección de ese país, o regresar a él a causa de dichos temores”.

Ese marco definitorio fue ampliado en los instrumentos jurídicos de dos ámbitos regionales diferentes, el africano y el latinoamericano. Así, la Convención de la OUA de 1969 que atiende a los problemas de los refugiados en Africa, entiende por refugiado “Toda persona que, debido a agresiones externas, ocupación, dominación extranjera u otros eventos que alteren gravemente el orden público en una parte o en la totalidad del territorio del país de su origen o nacionalidad, se vea obligada a huir del lugar donde habitualmente reside”. Por su parte, la conocida como Declaración de Cartagena, considera refugiados a “Las personas que han huido de sus países, porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”.

Pero lo cierto es que cada vez ponemos más difícil a las personas que necesitan de esta protección internacional el llegar a ser refugiados, comenzando porque cada vez ponemos más obstáculos para que puedan siquiera plantear formalmente su solicitud de asilo o de la protección internacional subsidiaria y, por tanto, alcanzar la condición formal de refugiados. Y además, porque cada vez más se multiplica la casuística de los motivos de persecución y la propia noción de persecución resulta restrictiva para comprender a una categoría reciente de personas que se ven obligados a huir de sus países de origen, por otros motivos: es el caso de los denominados refugiados o desplazados climáticos o medioambientales.

 

La tendencia a restringir la protección que necesitan los refugiados

Ante todo, es necesario reiterar una precisión, frente al tópico: como demuestran machaconamente las estadísticas del ACNUR, la inmensa mayoría de los que huyen, insisto en ese dato, no llegan a los países europeos, porque el 70 % se quedan en los países limítrofes al suyo de origen, o en los más próximos: de los cinco principales países de destino, según los datos de 2023, Irán (3,4 millones), Colombia (2,5 millones), Pakistán (1,5 millones), sólo uno es europeo (Alemania, 2 millones).

Lo peor es que cada vez resulta más evidente que una parte de los países hacia los que huyen estos millones de personas se empeñan en impedir que alcancen su territorio o, en todo caso, en conseguir expulsarlos rápidamente de él. Me refiero a los países occidentales: además del caso extremo de Australia, pionera en arrendar o comprar islas fuera del continente australiano para confinar en ellas a los inmigrantes o solicitantes de asilo que no quieren recibir, habría que incluir en este grupo a los Estados de la UE, así como Estados Unidos y México.

En el caso europeo, es imposible dejar de constatar la tendencia creciente  de esa voluntad política de dejarlos fuera, de alejar a esas personas de nuestro territorio, mientras esperan el proceso de selección y la respuesta a sus demandas de protección. Sin duda, las fuerzas políticas de ultraderecha, que han obtenido importantes avances en las recientes elecciones europeas, han conseguido contagiar de su lógica a buena parte de la derecha conservadora. Hasta el punto de revertir el elemento básico del derecho internacional de refugiados al que me he referido al comienzo, el principio de non refoulement, enunciado en el apartado 1 del artículo 33 de la misma Convención de Ginebra de 1951. Y ello, mediante una interpretación cada vez más discrecional de lo que dispone el apartado 2:

  1. Ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas.
  2. Sin embargo, no podrá invocar los beneficios de la presente disposición el refugiado que sea considerado, por razones fundadas, como un peligro para la seguridad del país donde se encuentra, o que, habiendo sido objeto de una condena definitiva por un delito particularmente grave, constituya una amenaza para la comunidad de tal país.

 

Dos test del deterioro del derecho de asilo

Dejo de lado, porque requiere un análisis específico, el caso de la inmensa mayoría del pueblo palestino, que son refugiados en peligro, como lo acredita la existencia de una agencia específica de la ONU, la UNRWA. Los palestinos viven en una situación límite desde que, en respuesta a los terribles atentados de Hamas, el 7 de octubre de 2023,  el gobierno de Israel decidió emprender una respuesta indiscriminada a sangre y fuego que no distingue entre Hamás y la población civil palestina y ha provocado más de 35000 muertos y un número enorme de heridos, entre ellos, niños.

Quiero centrarme en dos argumentos que constituyen, a mi juicio, muestra evidente de ese proceso de deterioro del derecho al que aspiran los refugiados, en el ámbito de la Unión Europea.

Me refiero en primer lugar al Pacto europeo de migración y asilo (PEMA), aprobado el 10 de abril de 2024 por el Parlamento europeo, después de que en diciembre de 2023 el Consejo de la UE (Consejo europeo), bajo la presidencia española, alcanzara in extremis un acuerdo. A juicio de muchos de nosotros, el pacto supone una nueva vuelta de tuerca en el estrechamiento del derecho de asilo y de la protección internacional subsidiaria, porque pensamos que amenaza principios básicos del Derecho internacional de asilo y propicia una lógica jurídica discriminatoria. En todo caso, está aún lejos del proyecto de un Sistema europeo común de asilo (SECA).

Quiero advertir sobre la necesidad de evitar las generalizaciones: hay que tener en cuenta que el PEMA es un acuerdo muy complejo, que se despliega en una decena de instrumentos jurídicos. Entre ellos, en punto a la regulación del derecho de asilo y protección internacional subsidiaria, hay seis reglamentos a tener en cuenta, de los que dos son clave: el Reglamento sobre los Procedimientos de Asilo (APR, por sus siglas en inglés) y el Reglamento sobre la Gestión del Asilo y la Migración (RAMM). A ellos, como digo, hay que añadir el Reglamento de control previo a la entrada (screening), el Reglamento de Crisis y Fuerza mayor (donde se recoge el principio de solidaridad “a la carta”), el Reglamento sobre Procedimiento Fronterizo de Retorno y el Reglamento Eorodac.

La crítica formulada por ONGs con experiencia en asilo, como ECRE, CEAR, el SJM, ACCEM, y otras como Save the Children, Caritas, o PICUM, subraya por ejemplo que se ha renunciado a garantizar la asistencia legal gratuita en todas las fases del procedimiento de asilo, así como también a la reubicación obligatoria como modelo de solidaridad de todos los países europeos respecto a la acogida de refugiados (en su lugar, se ha optado por la solidaridad a la carta, que permite el rechazo de refugiados a cambio de una especie de multas), o un sistema de acceso al procedimiento que se parece demasiado a un laberinto burocrático, con plazos dilatados y con una rebaja en las garantías para personas en situación de especial vulnerabilidad, al tiempo que se priorizan procesos acelerados de deportación, lo que implica el debilitamiento de la defensa jurídica en los procedimientos administrativos en las fronteras, junto a la posibilidad de ser deportadas mientras se resuelve el recurso de expulsión.

En todo caso, resulta desolador la escasísima atención que han prestado a la garantía de los derechos de los refugiados los programas electorales de los partidos que han competido en las recientes elecciones europeas. No digamos nada de la ausencia de propuestas concretas, a propósito de los problemas a los que trata de responder (a mi juicio, de forma muy equivocada) el PEMA. El gobierno, por cierto, ha sacado pecho de la aprobación del plan, sin rectificar los problemas que afectan al laberinto burocrático de los demandantes de asilo en nuestro país, o al doble rasero entre la rápida y muy positiva solución prestada a los refugiados ucranianos frente a los que huyen de otros conflictos bélicos o de situaciones de extrema necesidad (Sudán, por ejemplo).

La segunda señal de alarma es el avance de la lógica de externalización en el ámbito del procedimiento de refugio y asilo en la UE. Es fácil constatar cómo avaanza en la UE la tendencia a crear un sistema de selección mediante centros o campos (hotspots) ubicados en países terceros, a los que se enviaría a los demandantes de esa protección internacional, a la espera de resolución. No ya países limítrofes (como lo fuera Turquía, o como pretende ahora el gobierno de Meloni con Albania), sino incluso fuera del círculo de vecindad (Mauritania, Marruecos, Libia) o, directamente, muy alejados (Ruanda), como fue objetivo del proyecto inicial del gobierno danés, que el gobierno de Sunak consiguió recientemente convertir en ley. Es cierto que el Reino Unido no forma parte de la UE, pero la lógica de la ley Sunak inspira, a todas luces, la iniciativa eufemísticamente denominada “diplomacia de la migración”, suscrita por 15 Estados miembros de la UE (Dinamarca, República Checa, Bulgaria, Estonia, Grecia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos, Austria, Polonia, Rumania y Finlandia), que entregaron el pasado 15 de mayo una carta a la Comisión Europa en la que proponían crear  centros de selección para la petición de asilo en países terceros, donde se debería trasladar a todas los inmigrantes y potenciales solicitantes de asilo rescatados en el mar (https://www.lemonde.fr/international/article/2024/05/17/quinze-pays-de-l-ue-reclament-l-externalisation-des-demandeurs-d-asile_6233893_3210.html). Subrayaré que esa iniciativa coinciudió en el tiempo con la propuesta asumida en el Manifiesto electoral del Partido Popular Europeo para las elecciones europeas celebradas el 9 de junio, “Nuestra Europa: un hogar seguro y bueno para nuestros ciudadanos” (https://www.epp.eu/papers/epp-manifesto-2024), según la cual “Cualquier persona que solicite asilo en la UE también podría ser trasladada a un tercer país seguro y someterse allí al proceso de asilo”. Por cierto, resultó desolador la ausencia de propuestas relativas a la garantía del derecho de asilo en el PEMA, en la inmensa mayoría de los programas electorales que concurrieron el 9 de junio.

La hipocresía es insoportable, además, porque se disfraza de cooperación bilateral e incluso multilateral lo que, hablando claro, es un descarado proyecto de quitarse el problema de encima, a base de la complicidad con gobiernos tan poco fiables en términos de standards de democracia y derechos humanos como los de Marruecos, Túnez, Mauritania o Nigeria. Gobiernos corruptos, que no revertirán en sus ciudadanos las ayudas que les enviamos como contrapartida a nuestra exigencia de que desempeñen el papel de poli malo. Y así, les corrompemos más, al tiempo que no ayudamos a la mejora de los derechos humanos y de las expectativas de calidad de vida de esos ciudadanos. Ya ni siquiera disimulamos con la supeditación de esas ayudas a cláusulas de contraste de sus índices de desarrollo humano.

Esos reglamentos del PEMA, estas iniciativas, parecen inspirarse en el cinismo descarnado que profesan quienes entienden que los derechos humanos y sus garantías son algo opcional o, a lo sumo, un desiderátum buenista, que debe ceder ante las exigencias que impone el realismo político. Un eufemismo para disfrazar la enésima utilización del miedo al otro como principal y recurrente argumento electoral, por parte de quienes no tienen programas de mejoras concretas para los problemas de garantía universal del derecho a la salud, y a la educación, del derecho de jóvenes y dependientes a una vivienda digna, del derecho de todos a alimentación saludable, a una política energética sostenible, o medidas eficaces para afrontar el invierno demográfico europeo.

 

PESE A UNA CAMPAÑA DESOLADORA, EUROPA MERECE NUESTRO VOTO

Creo que pocas veces hemos asistido a una campaña electoral tan decepcionante como en estas elecciones europeas. Y eso que, como se ha repetido, se trata de unas elecciones existenciales: está en juego por primera vez que la lógica nacionalista y contraria al legado de los fundadores del proyecto europeo crezca hasta situarse con capacidad de condicionar un giro decisivo en las instituciones de la UE: Parlamento, Comisión y Consejo. Este momento potencialmente disruptivo es fruto de diferentes factores, pero quiero centrar mi comentario en el penoso espectáculo de la campaña, que reforzaría la tendencia a la abstención, pese a que el voto por Europa (a mi juicio, por otra Europa) parece más necesario que nunca

A mi juicio, la evolución de la campaña ha evidenciado el abandono de la discusión sobre las políticas europeas, sustituido por un tono personalista y una lógica referendaria en la que se han empleado a fondo los dos principales partidos.

Al líder del PP y la cúpula de su partido se les ha hecho larguísima la segunda semana, y han acabado casi resignados al empate técnico, cuando habían partido de un pronóstico inicial general (salvo la conocida excepción del CIS) que les daba más de seis puntos de ventaja. El ninguneo de sus líderes a su propia cabeza de lista, Dolores Montserrat, veterana europarlamentaria, es muestra de ese desconcierto. El PP, obsesionado con presentar estas elecciones como la revancha del 23-J, como la oportunidad para desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa, ha acabado planteando las elecciones como una impugnación personalista del presidente, a partir de dos argumentos domésticos, la ley de amnistía y la acusación de corrupción por las actividades de su mujer, Begoña Sánchez. Al tiempo que, pese a hacerse con los votos de la desaparecida Cs, no conseguía arañar en el caladero de Vox, lo que confirma la fortaleza de esa extrema derecha antieuropea. Y le ha pesado  la encrucijada común en la que se encuentran la derecha conservadora europea, cada vez más proclive a blanquear a una buena parte de la extrema derecha (hay que reconocer el éxito de Meloni como estratega), como confirman los líderes de esa derecha conservadora,   la señora von der Leyen (https://es.euronews.com/2024/05/23/von-der-leyen-reafirma-su-intencion-de-llegar-a-un-acuerdo-con-meloni), su compatriota Manfred Weber https://table.media/en/europe/news/manfred-weber-epp-cooperation-with-meloni-people-conceivable/), a quienes ha seguido el líder del PP, Núñez Feijoo (https://www.ondacero.es/elecciones/europeas/feijoo-abre-puerta-pactar-meloni-porque-homologable-extrema-derecha-europea_20240523664f8fab3a4a7f0001326644.html.

Por su parte, el PSOE, que contaba con una cabeza de lista de calidad, como Teresa Ribera,  con un reconocimiento internacional por su trabajo en la política de transición energética y una clara dimensión verde, y con candidatas de experiencia en el área internacional y en el parlamento europeo, como Hana Jalloul, Lina Gálvez y Javier López , dio un giro táctico radical tras la insólita carta del presidente, a quien pareciera que le pesan más en sus decisiónes políticas los bulos contra su mujer que los insultos de los fundamentalistas del gobierno Netanyahu. El presidente volvió a jugar la baza de pedir auxilio frente a la arremetida del fango y de la conspiración de la extrema derecha y de la derecha contra su persona (de paso, metió en la conspiración al  inquietante juez Delgado, lo que supondría prevaricación: algo insólito, un presidente combatiendo a un juez en una carta oficial dirigida a los ciudadanos). De esa forma, recondujo  en la segunda semana la estrategia del PSOE en campaña, que abandonó las políticas europeas y se entregó a la misma lógica personalista, y a una retórica aclamatoria del lider y de su mujer, convertida en la baza electoral, en un tono más propio de groupis de concierto, un papel en el que sobresale la vicepresidenta Montero. Probablemente, reducida la campaña a ese enfrentamiento populista, el PSOE acabe sacando ventaja: no cabe descartar en absoluto la remontada. El coste de este giro es  que no será una remontada por el contraste de las propuestas sobre políticas europeas y que el mensaje que se envía a los ciudadanos es que lo que importa es frenar el fango y el contubernio y salvar a Begoña y a su marido presidente.

En la extrema derecha, Vox ha aguantado bien esta campaña y ha resistido al PP, machacando coherentemente con el manual trumpista, mileista y brexista: durante las dos semanas ha reiterado sus slogans xenófobos y racistas,  las falacias y bulos antimigratorios, el fantasma de la burocracia bruselense como enemigo de los intereses nacionales, apoyado en socios de extrema derecha que, por cierto, hacen uso de estigmatizar a los agricultores españoles como enemigos desleales. La sorpresa es la aparente consolidación de un extremista demagogo y profesional del bulo y del insulto en las redes, conocido como <Alvise>, que -agarrado al terreno abonado del descontento («se acabó la fiesta»)- puede repetir el resultado de Ruiz Mateos e incluso incrementarlo. 

En la izquierda, Sumar y Podemos, que habían comenzado con debates y propuestas sobre políticas europeas verdes, de defensa, migración, o vivienda, se recondujeron enseguida a la conocida y estéril competición doméstica por desunir a la izquierda según la conocida secuencia de La vida de Brian, con exigencias maximalistas centradas en un irenismo desconcertante como receta frente a la agresión de Putin en Ucrania y en exigir que Netanyahu pase mañana mismo -si no ayer- al banquillo de los acusados. En esa competición, han acentuado hasta la caricatura la descalificación del PSOE, al que han presentado casi sin matices como un partido al servicio de los intereses de la derecha, algo que difícilmente pueden aceptar los socialistas y tampoco cualquier espectador neutral. Lo que no quiere decir que el grupo europarlamentario de los socialistas y democrátas europeos no practique una política de un pragmatismo a veces feroz, como por ejemplo en el pacto migratorio y de asilo, que promovieron pese a violar criterios básicos de la legalidad internacional en materia de derecho d e asilo y buena parte de las recomendaciones del Global Compact de la ONU sobre inmigración.

La paradoja es que las dos agrupaciones de carácter nacionalista, Coalición por la Europa Solidaria, CEUS -de la que forman parte el PNV y Coalición Canaria- y Ahora República -que integra a Bildu, ERC, BNG y Ara Més-  han sido las más empeñadas en debatir los temas de políticas europeas, seguramente porque comprenden bien que sus reivindicaciones pasan necesariamente por Europa, pero su peso en la campaña ha sido muy débil. No incluyo aquí a Junts, cuyo inane cabeza de lista (lástima que no hayan permitido un papel mayor a la excelente candidata Torbisco) se ha limitado a proclamar a los cuatro vientos que todo pasa por hacer president de la Generalitat al señor Puigdemont. Y me permito señalar la esperanza de una formación muy joven, como VOLT, genuinamente europeísta, con propuestas muy concretas y razonables  en los principales ámbitos de las políticas europeas, próximas a los verdes, aunque desconocida por completo en la campaña en nuestro país.

Me parece que, por el contrario, en esta campaña se ha consolidado una falacia  que a mi juicio desvirtúa esos signos de identidad europea, impulsada hoy por la derecha conservadora, que quiere que el test de idoneidad europeísta pase por asumir tres exigencias: una política de defensa plegada a las directrices de la OTAN, que sostenga la lucha de Ucrania frente a Putin y que sea fiel al modelo liberal económico (hoy algunos  como Richard Youngs hablan de la política europea deseable como política «geoliberal«). De esa manera, socios como Meloni quedan blanqueados y se abre el camino a una alianza de la derecha conservadora europea  con partidos que, en realidad, son iliberales, pues las políticas de la hábil Meloni en materia de derechos de minorías, derechos de las mujeres y libertad de prensa y expresión, lo son.  

Uno echa en falta que la campaña se dirigiera a debatir propuestas como las que enuncia Sartorius en su último libro, «La democracia expansiva». Se trata de discutir las prioridades y la viabilidad de políticas europeas que hagan sostenible el Estado del bienestar (que, junto al Estado de Derecho, son los signos de la identidad euopea), esto es, compatible con el pacto verde que hoy se tambalea en la UE, desde una estrategia de unificación de la lucha social por reducir la desigualdad. Hemos perdido la oportunidad de  debatir sobre propuestas concretas en las políticas públicas europeas como las que, por ejemplo, trató de llevar a la campaña el Manifiesto Por una Europa democrática, de justicia y de igualdad de la Plataforma Europea Progresista (https://www.informacion.es/opinion/2024/06/01/europa-democratica-progreso-justicia-igualdad-103184229.html), sin éxito: cómo hacer viable una transición hacia energías renovables y limpias,  un mayor impulso a la economía circular, el control de la inteligencia artificial y del oligopolio de las tecnologías de comunicación, el invierno demográfico europeo, las vías para el acceso seguro de los inmigrantes y las políticas de cohesión de su presencia estable entre nosotros, el modelo de sanidad pública y de pensiones, el acceso de los jóvenes a la vivienda, la calidad de vida de los mayores, sin discriminaciones por edadismo, o las medidas fiscales que aseguren los ingresos que la Unión Europea debe destinar a promover la cohesión social, mejorar las condiciones de vida y reducir la desigualdad entre las regiones. En definitiva, para hacer posible otra Europa y no la que pretenden quienes quieren simplemente amarrar el statu quo, o reforzar las tendencias iliberales.

Pero aún nos queda nuestra arma, el voto: el domingo, más que nunca, ¡hay que ejercerlo!

 

 

 

 

 

EL TEST DE LA LEY DE AMNISTIA (versión ampliada del artículo publicado en Infolibre, el 3 de junio de 2024)

 

 

Cuestiones pendientes tras la aprobación de la ley

El BOE ublicó el martes 11 de junio la ley de amnistía, cuya denominación oficial es «Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña», tras ser definitivamente aprobada por el Congreso, que levantó el veto del Senado en la votación celebrada el pasado 30 de mayo de 2024 (en el sitioweb del Congreso de los Diputados se pueden seguir todos los documentos de su tramitación parlamentaria: https://www.congreso.es/es/proposiciones-de-ley?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XV&_iniciativas_id=122%2F000019). Tras el veto en el Senado al texto aprobado por el Congreso, la ley obtuvo el respaldo de la mayoría absoluta de la Cámara baja. Un respaldo no abrumador, sino estrecho (177 a favor; 172 en contra y ninguna abstención), pero en todo caso suficiente y, por tanto, desde el punto de vista de la lógica parlamentaria, la ley cuenta con legitimidad irreprochable.

Contra lo que se ha escrito, eso, a mi juicio, no quiere decir que la única cuestión pendiente sea su aplicación por los tribunales de justicia, un trámite que, según todos los indicios, no será sencillo y que algunos se han apresurado a poner bajo sospecha, so pretexto de lo que llaman «rebelión de las togas» y otros califican de lawfare.

Conviene precisar en este punto una premisa: frente a ciertas interpretaciones paleoformalistas (y aquí la paradoja es interesante: los más férreos defensores de la necesidad de superar el formalismo jurídico, antes de la ley, es decir, los partidos independentistas, se han transformado ahora, una vez aprobada la ley, en férreos formalistas que reiteran el mantra «la ley es la ley»), lo cierto es que los jueces, que están vinculados obligatoriamente al cumplimiento de la legalidad vigente, fuente de su legitimidad, no se limitan a aplicar mecánicamente la ley. No hay tal: ni en ésta, ni en ninguna otra ley. La actividad judicial es siempre interpretativa y la interpretación jurídica, lo sabemos muy bien hoy, no es un trámite mecánico que lleven a cabo los jueces como autómatas. Pero esta vexata quaestio no es cuestión a la que quiera dedicar mi comentario: vayan a las aulas o estudien quienes sostengan un modelo de interpretación jurídica propio de concepciones jurídicas del XIX, como la escuela de la exégesis (un modelo en todo similar al teológico, como supo denunciar eficazmente Kant en su opúsculo El conflicto de las Facultades). Otra cosa es que haya jueces -que los hay- que se movilizaron públicamente frente al proyecto de ley de amnistía, incluso de forma colectiva, lo que no parece que sea un ejemplo del respeto al principio de división de poderes: la elaboración de las leyes es la competencia del poder legislativo.

Es cierto que la posibilidad de recursos de constitucionalidad y, sobre todo, en lo que toca a los jueces, el planteamiento desde los tribunales de cuestiones de constitucionalidad ante nuestro Tribunal Constitucional, o de cuestiones prejudiciales ante las instancias europeas (el tribunal de la UE, de Luxemburgo), pueden llevar a modificaciones de envergadura en el texto aprobado. Por muchas proclamaciones retóricas de sus defensores (que pretendieron desde la primera versión del texto y luego en sus correcciones posteriores que se trataba de una ley impecable desde el punto de vista constitucional), tan enfáticas como las de sus  detractores (para los cuales se trata de una modificación constitucional encubierta, una ley groseramente anticonstitucional), el primer test, pero no el único, será el de su refrendo por el Tribunal Constitucional al que corresponde ese juicio de forma exclusiva. Su fallo determinará la validez constitucional o no de la ley.

Eso no quiere decir, claro, que no quepan análisis y pronunciamientos doctrinales sobre el particular. Y desde luego, no han faltado, incluso antes de que se conociera el texto de la ley. En su tramitación parlamentaria, es un texto que ha sido sometido a importantes cambios, incluso a un primer rechazo en la votación en el pleno del Congreso. Esos cambios han sido sobre todo resultado de la negociación de Junts con el PSOE: no olvidemos que si estamos hablando de una ley de amnistía, básicamente, es porque Junts puso la fuerza de sus votos para exigir la ley de amnistía como  condición para votar la investidura y el presidente Sánchez reconoció que aceptó esa negociación, «haciendo de la necesidad virtud». Salvo para los entusiastas dogmáticos de cualquier consigna que emane de la cúpula del partido, es imposible ocultar que en el caso de que  Junts no hubiera tenido esos votos, el PSOE habría mantenido lo que habían aseverado contundentemente todos sus líderes, comenzando por el presidente del gobierno y sus más destacados representantes (de Calvo a Bolaños, pasando por la siempre entusiasta Montero), esto es, que la amnistía no tenía cabida en nuestro ordenamiento ni en su programa político. es decir, sin esos votos, la ley no se habría planteado y no habríamos asistido al trance de ver a los representantes del PSOE obligados a decir «donde dije digo, digo Diego», sometidos a la exposición de sus múltiples declaraciones previas en las que negaban cualquier posibilidad de una ley de amnistía.

Al cabo, esta ley es el resultado de una proposición de ley orgánica presentada por el grupo parlamentario socialista, en solitario, en la que éste se vio abocado a una intensa -y por momentos muy tensa- negociación con los representantes de Puigdemont, que han acabado imponiendo sus exigencias al PSOE, obligando a los dirigentes del PSOE, con su secretario general a la cabeza, a desdecirse de no pocas de las líneas rojas que habían presentado sobre el particular, bajo un imperativo sostenido por el abogado de Puigdemont (y del narco Sito Miñanco), el inefable señor Boye. Conviene recordar, en todo caso, que esa de los votos es la lógica de la negociación política, en la que juega la fuerza parlamentaria de cada parte: los votos le dieron a Junts esa capacidad de presión en la negociación (claro que siempre cabía a la otra parte, el PSOE, poner pie en pared y límites a la negociación, con la consecuencia de la ruptura de la base de investidura, claro). Porque no es menos evidente que las negociaciones deben tener unas reglas de juego claras, que las partes se hayan comprometido a no quebrar, lo que obliga a romper la negociación en caso de tal ruptura. Pero no parece que haya sido así en la negociación entre Junts y el PSOE sobre esta ley.

 

Sobre la justificación de la ley

Volvamos a la justificación de la ley. La justificación de una norma jurídica, en un sistema democrático, tiene un primer criterio: su conformidad con la legalidad vigente. Las leyes que se han dictado conforme a los criterios de competencia y procedimiento, gozan de una presunción a favor d su justificación. Pero tal justificación remite implícitamente -es decir, que en la mayoría de los casos no se plantea- a la conformidad constitucional, lo que en algunos casos exige que se haga expresa tal conformidad, es decir, remite a un examen del criterio de conformidad constitucional que a su vez reenvía a la interpretación (ponderación, se dice) de lo que podríamos entender como válvulas abiertas de la Constitución. Abiertas, porque reenvían a criterios no estrictamente técnico-jurídicos, sino políticos, de oportunidad, e incluso morales -de moralidad pública, eso sí-. Es lo que conocemos como justificación de segundo orden. En el caso de esta ley, como trataré de argumentar (y en ello no discrepo de tesis sostenidas por los promotores de la ley) los criterios de oportunidad política, esto es, la concordia, la convivencia, la «normalización institucional, política y social en Cataluña», como reza el título de la ley, que son el elemento fundamental de juicio, son el test a demostrar. Todo ello, insisto, sin perjuicio del debate sobre su constitucionalidad (en el que me parece que no carece de argumentos la posición que niega su ajuste constitucional, como también pueden aducirse en sentido contrario) y del debate técnicojurídico que muestra, en mi opinión, argumentos a favor, pero también considerables déficits de la ley.

Quizá uno de los graves errores que subyacen a esta ley sea que no resuelve la ambigüedad subyacente a un relato que no sólo es parcial (de parte), sino manifiestamente falso: me refiero a lo que recogió el acuerdo de base entre Junts y el PSOE, suscrito el 9 de noviembre de 2023, en su apartado I (Antecedentes), que puede leerse aquí: https://www.epe.es/es/politica/20231109/lea-texto-integro-acuerdo-psoe-junts-94406323). Que los negociadores socialistas aceptaran esa versión, a mi juicio, fue un grave error. La historia de Cataluña y de su encaje en España no es la versión monocromática que transmiten los defensores del independentismo, del mismo modo que por muy catalanes que sean quienes sostienen la pretensión legítima de una Cataluña independiente, no lo son más que quienes de forma también legítima sostienen lo contrario. Los ciudadanos de Cataluña y, con ello, Cataluña misma, son una realidad plural y el secuestro que realizan los independentistas arrogándose la representación única -verdadera- del pueblo catalán, para presentar un enfrentamiento entre «Cataluña y España», es una falacia lógica muy conocida -la de tomar la parte por el todo- y reiterada por todo nacionalismo que se precie: el catalán, el español, o el que sea.

El segundo déficit, a mi juicio muy importante, es el que señaló la Comisión de Venecia (ver el texto aquí: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2024)003-spa), en un informe cuyo borrador fue objeto de filtraciones interesadas por los partidarios y detractores de la ley, sin esperar al texto definitivo del mismo, algo que puede aceptarse en términos periodísticos por el prurito del scoop (siempre que se advirtiera que no era el texto definitivo), pero que, a mi juicio, no resulta de recibo por parte de juristas, ni de políticos responsables. A mi juicio, ese informe fue objeto de manipulación, tanto por los defensores del proyecto de ley cuando sostuvieron -y así se volvió a asegurar  en el último trámite parlamentario-  que «Europa bendijo la ley», como por sus detractores, que pretendían que la Comisión consideró que la ley vulneraba elementos clave del Estado de Derecho, núcleo del modelo europeo. Desde luego, el informe definitivo de la Comisión no encontró en la ley ninguna violación a las reglas de juego del Estado de Derecho que Europa (no sólo la UE: la Comisión de Venecia se inserta en el marco institucional del Consejo de Europa) consagra como suyas y afirmó la legitimidad del objetivo de reconciliación política, si bien precisó que ese objetivo se puede garantizar también con otras herramientas legales como los procedimientos de justicia restaurativa y, en todo caso, la Comisión expresó su seria objeción al procedimiento de urgencia seguido en su tramitación y, sobre todo, a la ausencia de un consenso suficiente. Esta segunda observación pone de manifiesto un problema político, más que jurídico.  Difícilmente se puede hablar de superar un contexto divisivo si la propuesta que se formula sigue dividiendo a los ciudadanos en dos grandes bloques.

La ley de amnistía se justificó como una solución política para un problema que, sin duda, tiene ese carácter: no sólo social, sino también institucional, político. Así se asegura literalmente en el preámbulo: “Con la aprobación de esta ley, lo que el legislador pretende es excepcionar la aplicación de las normas vigentes a unos hechos acontecidos en el contexto del proceso independentista catalán en aras del interés general, consistente en garantizar la convivencia dentro del Estado de Derecho y generar un contexto social, político e institucional que fomente la estabilidad económica y el progreso cultural y social tanto de Cataluña como del conjunto de España, sirviendo al mismo tiempo de base para la superación de un conflicto político”.

En ese sentido, creo se puede considerar razonable sostener que la solución al conflicto, en efecto, debía ser social y política, esto es, que no se debió reconducir exclusivamente al pronunciamiento de los tribunales de justicia, ni sólo a la lógica penal. Enfatizo los adverbios –exclusivamente, sólo– porque son el importante matiz que yo pondría al mantra de <desjudicializar> lo sucedido en Cataluña en 2017 y “devolver a la política lo que es de la política”. La política democrática no se puede realizar al margen de las exigencias del Estado de Derecho, del imperio de la ley que significa que el depositario de la soberanía popular es el Parlamento (y por tanto que no cabe un gobierno de los jueces), pero también de la separación de poderes, de la independencia judicial.

Para que quede clara mi opinión: sostengo que ha habido y hay un conflicto social y político en Cataluña, y de una parte de Cataluña frente a España (que no de toda Cataluña). Un conflicto que no es nuevo, ni siquiera en el marco de la experiencia democrática española: baste recordar los debates en la segunda república y las posiciones de Ortega y Azaña al respecto. Pero sostengo también que en relación con los acontecimientos del procés, es ilegítima democráticamente hablando la pretensión de que los tribunales debían mantenerse al margen, porque, muy al contrario, los tribunales no podían dejar de actuar, si había indicios de que, en ese momento álgido al que condujeron las movilizaciones promovidas y en parte organizadas por los protagonistas del procés (los políticos y los de algunos movimientos sociales), en octubre de 2017, se produjeron actuaciones contrarias a la ley, sobre todo si esas actuaciones causaron daños relevantes a derechos de terceros. Y soy de los que piensan que hubo no pocas actuaciones contrarias a la ley y lesivas de bienes jurídicos relevantes, tanto de los ciudadanos individuales (la vida, la integridad física, la libertad de movimiento), como para el bien común. Correspondía a los tribunales, en buena lógica jurídica propia del Estado de Derecho, el juicio sobre esas conductas con arreglo a los tipos penales vigentes (desórdenes públicos, desobediencia, malversación, sedición o incluso terrorismo, de un lado, y agresión y abuso de poder, de otro) y establecer las correspondientes responsabilidades. Nadie puede pretender impunidad, ni estar por encima de la ley. Otra cosa son, a posteriori, las medidas de gracia que se puedan acordar: los indultos, o incluso una amnistía. Pero esas medidas de gracia, como toda ley, deben estar sometidas a su vez a justificación.

Por tanto, me gustaría que quedase claro que sostengo que los indultos y la amnistía son, ante todo, una medida de gracia. Ya me pronuncié en su momento sobre la justificación de la medida de los indultos, una decisión que apoyé públicamente, en un artículo en el número 29/2021 de la revista Teoría y Derecho (https://teoriayderecho.tirant.com/index.php/teoria-y-derecho/article/view/556). Lo cierto, en mi opinión, es que la amnistía se define también como medida de gracia, aunque tenga unas características diferentes de los indultos. Como tal, y pese a los alegatos de los diputados Rufián y Nogueras, la amnistía no supone dar la vuelta, revertir el orden legal vigente (“derrotar al régimen de 1978”), sino excepcionar su aplicación por razones de interés general. Es una forma de ejercicio del derecho de gracia, de perdón, que, como señala la RAE, «tiene naturaleza colectiva y se ordena normalmente por razones de orden político de carácter extraordinario, como el término de una guerra civil o un período de excepción». Otra cosa es que en la negociación de esa medida de gracia acabaran primando las exigencias de una de las partes, que es lo que a todas luces sucedió con esta ley, para asegurar el sostén de Junts a la investidura. Podemos discutir -y de hecho me parece que hay un considerable margen para la crítica – la inclusión de los delitos de terrorismo en la ley (me parece desafortunada la fórmula finalmente aceptada, que excluye sólo a los delitos de terrorismo que supongan violaciones graves de derechos humanos -como si las violaciones de los derechos humanos pudieran ser leves), o la reformulación de los delitos de sedición y sobre todo, de malversación. Pero ello no invalida que pueda existir una justificación política de carácter extraordinario para adoptar la ley de amnistía. Esa es la cuestión que ahora podemos y debemos verificar.

 

El test que la ley debe superar

Vamos a lo que, a mi juicio, es la cuestión clave como test de la ley. Una vez aprobada la ley y a la espera de esas incidencias, el verdadero test se presenta en estos términos: verificar si la ley consigue la reconciliación, concordia o convivencia estables, en términos sociales y políticos. Esa reconciliación, desde luego, no puede consistir en que los independentistas renuncien a su objetivo político, que es su razón de ser: la independencia de Cataluña. En una democracia no militante, como la nuestra, el pluralismo político alberga también a quienes pretenden la independencia, aunque eso suponga romper el marco constitucional, si tal pretensión no se `propone al margen de los cauces constitucionales. Pero sí resulta incompatible plantearla de modo unilateral -no digamos, con violencia-.

Como hemos visto que recoge el propio preámbulo de la ley, la amnistía se justificó por parte del gobierno y de los partidos que constituyen la coalición de gobierno (aunque sólo el grupo parlamentario del PSOE firmó la proposición de ley orgánica), como la solución para gestionar un conflicto político, el que existe dentro de Cataluña y, además, entre Cataluña y España. Una solución que se basa, como ha sostenido el propio presidente del Gobierno, en la superior eficacia del perdón para restablecer la convivencia, un argumento que comparto.

Pero en este punto hay que destacar una primera dificultad: los partidos independentistas catalanes con representación en la Cámara (Junts, ERC, CUP) aborrecen de la presentación de esa medida en términos de perdón, porque sostienen que todo cuanto sucedió en octubre de 2017 fue en ejercicio de derechos legítimos -libertad de expresión, de reunión, de manifestación y aun el derecho de autodeterminación- frente a los cuales la respuesta penal era ilegítima, como lo era, a su juicio, la medida constitucional prevista en el artículo 155 de la Constitución, adoptada por iniciativa del gobierno Rajoy, con el respaldo parlamentario de los grupos parlamentarios del PP y del PSOE en el Senado. Este posicionamiento -que es ideológicamente legítimo, como es obvio-, parece chocar con la condición exigible para asegurar el fin compartido que legitima la ley de amnistía, la resolución del conflicto, y esa condición es renunciar a la vía de imposición unilateral de la propia pretensión. No se le pide a esa parte que renuncien a su objetivo de independencia. Se les pide, y me parece exigible, que renuncien al proyecto de imponerla unilateralmente. Y eso hay que demostrarlo con hechos. Pero los discursos, los gestos, los alegatos contrarios a la renuncia de una proclamación unilateral («lo volveremos a hacer»), por mucho que respondan a una retórica de consumo interno en la contienda entre los independentistas por alzarse con la hegemonía en el sector social que da respaldo a tal pretensión en Cataluña, no son anecdóticos. Parece evidenciar que no se acepta tal condición.

Por lo demás, hay una parte del test, la que se refiere al final o, al menos, al apaciguamiento de la lógica divisiva en España, que arroja hoy por hoy un resultado poco positivo: parece difícil negar que la ley ha sembrado e incluso incrementado una fuerte división en el resto de la sociedad española, fuera de Cataluña. Todas las encuestas que conocemos (y es increíble que el CIS no haya preguntado jamás por la cuestión en todo este tiempo) muestran un resultado inequívocamente contrario y mayoritario a la ley, por parte de los ciudadanos del resto de España: es más, se ha acrecentado una opinión de rechazo frente a Cataluña (otro error de sinécdoque) en no pocas regiones. El anuncio de iniciativas de diferentes Comunidades Autónomas, (incluida la que preside el dirigente socialista García Page) para presentar recursos de constitucionalidad frente a la ley, siendo sin duda una respuesta legítima, (habrá que ver si se ajustan a la legalidad y si se llegan a cursar), no parece que vaya a contribuir a corto y medio plazo a acabar con el clima divisivo.

Debemos añadir la otra parte del test, la que se centra en la convivencia en Cataluña,. A ese respecto, la verificación queda dificultada no tanto por la utilización de la ley de amnistía en la campaña electoral europea (sobre todo por parte de la derecha y de la ultraderecha), cuanto por la estrategia en Cataluña de los partidos independentistas en las próximas semanas, que no es del todo previsible. Hasta que no veamos cómo se compone la mesa del Parlament y si venimos abocados a unas nuevas elecciones autonómicas, no podremos verificar los efectos benéficos en la convivencia, por más que las encuestas reflejen un enfriamiento del clima social de polarización en la sociedad civil catalana. Más allá de las inaceptables intervenciones e insultos de diputados de Vox en el pleno del Congreso celebrado el día 22 de mayo y que verosímilmente buscaban dinamitar el pleno, creo que las intervenciones parlamentarias de los portavoces de Junts y ERC en el mismo debate no parecen abonar la hipótesis de una renuncia a la estrategia de polarización, como tampoco las proclamas del inane eurodiputado Comín, exigiendo que el PSC apoye la investidura de Puigdemont, so pena de mandar al traste la legislatura en Madrid. Antes de que acabe el verano tendremos elementos de juicio sobre lo que suceda en Cataluña. Si vamos a una repetición de elecciones, me temo que el argumento de la concordia, el objetivo que legitima esta ley, no se sostendrá.

 

APUNTES APRESURADOS SOBRE CÓMO SE PONE EN RIESGO NUESTRA DEMOCRACIA

Como a una buena parte de los ciudadanos, vivo con mucha preocupación cuanto está sucediendo en esta última semana, aunque es obvio que las razones de fondo de tal preocupación vienen de bastante lejos y probablemente van bastante más allá de la incertidumbre sembrada por la carta que nos ha dirigido el presidente del gobierno. La incertidumbre en cuestión hallará respuesta en la intervención del presidente del gobierno a la que nos ha emplazado el lunes 29 de abril. Pero eso no quiere decir, ni mucho menos, que los motivos de preocupación acaben ese día.

No voy a entrar en las razones personales que ha explicitado el presidente en esta inusual misiva (parto del respeto a la persona y a su estado de ánimo), aunque me parece difícilmente discutible que, desde el momento mismo de la investidura, tras las elecciones de 23 de junio de 2023, se ha ido creando un clima insoportable de acoso y descalificación, en el que pareciera que todo vale con tal de descabalgar al gobierno de coalición. Dicho sea de paso, la reciente y burda manipulación presentada por Manos limpias y a la que se ha adherido Hazte Oir, para incriminar a la esposa del presidente, es tan grosera, que resulta difícil aceptar que un juez se permita ignorar lo que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha sentado como exigencias para abrir un procedimiento. Dicho sea de paso, añadiré que esta burda manipulación no resiste comparación con la gravedad de lo que se ha hecho contra de otros adversarios de diferente espectro político, comenzando por el presidente Suárez, hasta los más recientes, incluyendo no sólo los bulos, rumores y mentiras, sino también el acoso en los tribunales. Como también me parece de extrema gravedad la impudicia con la que se descalifica (e incluso se imputan delitos muy graves) a jueces y fiscales cuando sus actuaciones no sostienen las tesis de la parte agraviada, impudicia que descalifica a los medios de comunicación que, sin ninguna prueba fehaciente o, lo que es peor, deformando los hechos a su gusto, lanzan tales descalificaciones y acusaciones.

Trataré de ejemplificar de modo sumario las razones por las que me parece que hemos alcanzado un grado de preocupación que va más allá de lo habitual. Algunas de esas razones tiene que ver con las preocupaciones expresadas por Fernando Vallespin en su columna en El País, este domingo, bajo el título «Desde la perplejidad» (https://elpais.com/opinion/2024-04-28/desde-la-perplejidad.html)

Me preocupa que se recupere ahora la expresión «pueblo de la coalición», que sería el verdadero y buen pueblo (¡¡¡ es decir, que quien no pertenece a él, quien no apoya la coalición y se atreve a disentir o a oponerse a ella, no sería pueblo!!!), como pretendió el diputado Errejón, que fue quien utilizó esta expresión en su post en X, el 25 e abril («La respuesta no es de partido, es de pueblo de la coalición y de mayoría por la democracia»). Esto, a mi juicio, es un disparate inaceptable, por mucho que así lo proclamen los nacionalismos de toda laya, el españolista y, desde luego, los discípulos más iletrados de Sabino Arana, o una parte de los secesionistas catalanes, que separan el trigo (el buen cataán) de la paja (los «colonos», o botiflers): en democracia el pueblo soberano son los ciudadanos todos, que son distintos y respetables en su diversidad: no hay algunos que sean más pueblo que otros, por razones étnicas, religiosas, culturales, económicas o ideológicas.

Me preocupa, porque no me parece admisible en democracia que se hable de buenos y malos en el discurso político («tenemos que ganar los buenos»), para trazar un muro en lugar de contribuir a mantener une espacio público abierto a todos, esto es, lo que debiera ser un debate político democrático, que debe comenzar por el respeto al otro, al adversario político. Ese maniqueísmo en el que quien no está conmigo está contra mí y su posición es mala por definición, acaba con el pluralismo y con la libertad de expresión, de opinión y de prensa, sin los que no hay democracia.

Me preocupa que se piense y de hecho se actúe como si en la pugna política fuera de recibo el «todo vale». Porque, muy al contrario, en democracia no todo vale: no valen la calumnia, la difamación, la deshumanización del adversario y, menos aún, de sus familias. La democracia son también las formas y procedimientos. Y esto vale también para los medios de comunicación y debería valer -aunque no parece posible- en las redes sociales.

Me preocupa que se acepte el juego de convertir al Parlamento en escenario de intercambio de fango, en lugar del debate de los programas y propuestas y del control del gobierno por la oposición en base a esos programas y propuestas. Al haber aceptado esa mutación, hemos desvirtuado radicalmente una institución clave.

Como me preocupa que se desvirtúe una institución clave, el poder judicial, cuando se la convierte en arma arrojadiza: no digamos nada si son algunos miembros del poder judicial o de su gobierno quienes aceptan entrar en ese juego indigno.

Y me preocupa que, ante esta situación de crisis de las instituciones y reglas de juego de la democracia y del Estado de Derecho, se escoja la vía de convertir la democracia en un juego plebiscitario, que gira en torno a la adhesión emocional, o, al contrario (y ambas cosas son compatibles, como creo que estamos viendo), en el rechazo emocional e incluso mortal a un líder. Eso es otra cosa: es populismo y autoritarismo, propio de la relación entre un jefe carismático y sus súbditos, no del espacio público en el que los ciudadanos son el soberano. Un modelo presidencialista exento de controles, traiciona la razón de ser de la democracia parlamentaria que consagra nuestra Constitución, que reside, sobre todo, en un conjunto de instituciones y normas para el control y contrapeso del poder. Si no se respetan esas instituciones y normas no puede funcionar el Estado de Derecho ni la democracia parlamentaria.

Pondré, para finalizar, tres, entre otros ejemplos, de lo que quiero decir:
(1) No se respetan las instituciones y normas del Estado de Derecho y de la democracia parlamentaria que establece nuestra Constitución cuando se bloquea la renovación del gobierno del poder judicial, a la espera de disponer de una mayoría que permita dominar ese gobierno de los jueces.
(2) No se respetan, cuando no se acepta el juego parlamentario propio de tal democracia parlamentaria, en la que el gobierno legítimo corresponde a quien tiene la mayoría en el Parlamento, sea la que sea la formación que haya obtenido mejor resultado en las elecciones.
(3) No se respetan, cuando se criminalizan la disidencia y la crítica a las decisiones del gobierno.

Ojalá recuperemos todos un mínimo de cordura y respeto.

POR QUÉ VOLVER A LEER A KANT, HOY (versión ampliada del artículo publicado en Infolibre, 22 de abril de 2024)

Kant, un hombre de Derecho

Estamos acostumbrados a imaginar a Kant como el pensador ilustrado que pone las bases de la emancipación mediante la razón, la crítica; también, como el filósofo que asienta principios básicos de una ética universal y racional. Son dos rasgos abundantemente glosados con ocasión del tercer centenario de su nacimiento, que se cumple hoy, 22 de abril, y que hacen de 2024, en todo el mundo, el Kant-Jahr, el año de Kant (con permiso de Kafka). Pues bien, modestamente, quiero proponer al lector que considere otro aspecto de la obra de Kant en el que se ha incidido menos, el que sugería Jean Lacroix cuando le definió como “un hombre de Derecho” y que muestra la actualidad de su filosofía jurídica y política.

Créame el lector: nada más cierto, ni más pertinente en este momento. que la preocupación de Kant por el Derecho, que desemboca en un Derecho cosmopolita, garantía de esa federación de repúblicas que aseguraría la paz perpetua. Y estoy convencido de que es precisamente su preocupación por garantizar la libertad y la paz a través del Derecho (el aspecto de su legado que recogió en buena medida el gran jurista Kelsen), lo que hace rabiosamente actual a Kant. Lo es, en un contexto tan dilemático y atribulado como el nuestro, marcado por el retorno a un discurso belicista que subraya la ineficacia de una comunidad y de un orden internacional como el onusiano (heredero de las propuestas kantianas), incapaz de encontrar una voluntad política común que ofrezca respuesta eficaz a lo que parece el eterno retorno de la guerra. Esa incapacidad, ese sentimiento de impotencia ante las imágenes de destrucción en Ucrania y Gaza, ha dado alas a un pragmatismo bajo el que resurge, más o menos descarnado o encubierto, una nueva ola de belicismo.

Por eso, aunque siempre hay muchas buenas razones para volver a leer a Kant, la que propongo es la validez de ese propósito que preside la última etapa de su obra, de carácter marcadamente filosófico jurídico y político. Como pretendo recordar, en sus últimos años Kant reivindica el papel central del Derecho para garantizar esos dos objetivos que consideraba fundamentales, la libertad y la paz. Es lo que desarrolla en dos trabajos capitales de esa última etapa: el panfleto sobre La paz perpetua (1795), en el que explora las soluciones para superar la guerra, y la Metafísica de las Costumbres (1797), cuya primera parte está dedicada a la Doctrina del Derecho, una indagación de carácter filosófico jurídico, nada abstracta, muy vinculada a los cambios trascendentales que se vivían en las últimas décadas del XVIII, marcadas por las revoluciones americana y francesa y también, claro, por la omnipresencia de la guerra.

Hobbes y Kant: un antagonismo simplista

Es evidente el peso que tienen en nuestra vida y en nuestra visión del mundo las dos guerras lque se libran en Ucrania y Gaza. Ambas, dominadas a su vez por esa niebla de la guerra de la que se sirven cada vez más los contendientes para manipular la realidad, mucho más allá de lo que teorizó von Clausevitz cuando acuñó la expresión.

Un ejemplo de ello es, a mi juicio, cómo se ha presentado el lanzamiento de drones y misiles desde la república fundamentalista islámica de Irán contra territorio de Israel, información que en la mayoría de los medios apenas hace referencia a que se trata de una respuesta del régimen totalitario de los ayatollah frente a la destrucción previa por Israel de su consulado en Damasco, que causó la muerte de trece personas, entre ellos su cónsul y el jefe del servicio de inteligencia y otros altos mandos de la Guardia revolucionaria iraní que asesoran al régimen sirio. Un ataque de ese tipo, evidentemente, constituye una agresión a los principios básicos de soberanía y respeto a las sedes diplomáticas, mucho más grave que la entrada de la policía en la embajada de México en Quito, que suscitó con toda justicia la prácticamente unánime condena internacional. Algo que he echado de menos en la mayoría de las informaciones que publicaron la noticia de ese golpe de Israel en Damasco.

Pues bien, la niebla de la guerra sobrevuela las razones de ese ataque, de la respuesta de Irán y de la contrarespuesta de Israel. Me parece interesante pensar en las razones del primer ataque de Israel (más allá de acabar con la cúpula de la inteligencia militar iraní en Siria) y en las características y consecuencias del ataque iraní -quizá también prevista por el gobierno israelí, cuando destruyó el consulado de Damasco-, neutralizado eficazmente por los sistemas israelís de defensa, con colaboración, entre otros, de los EEUU y Jordania. Lo cierto es que, pese a la enorme dimensión cuantitaviva del ataque iraní, quizá fue en realidad una respuesta calculada, pensando más en la imagen de fuerza del régimen y no tanto en causar daños relevantes (lo que sería una prueba del realismo de ese régimen, como ha argumentado Sami Nair, https://elpais.com/opinion/2024-04-15/el-realismo-irani.html). En todo caso, lo que parece evidente es que la respuesta de Irán ha devuelto al gobierno de Israel un apoyo internacional que perdía a chorros y ha actuado como pantalla para continuar con su programa de destrucción implacable en Gaza y su horrible coste para la población civil palestina: un éxito derivado de su ataque en Damasco. Y todo ello, mientras asistimos casi indiferentes a las otras guerras, que no afectan tan directamente a nuestros bolsillos.

Pero volvamos a las razones del interés de leer a Kant en nuestro contexto inmediato. Parecería que estas dos guerras en Ucrania y Gaza han vuelto a decantar del lado del belicismo el delicado equilibrio entre principios y pragmatismo en las relaciones internacionales,. Me refiero a que hoy parece imponerse una versión radical de la tradicional reivindicación del pragmatismo (“realismo”) como condición del buen gobernante: me refiero a la concepción expresada, por ejemplo, en la metáfora admonitoria atribuida a Bismarck, sobre la necesidad de evitar el idealismo propio del político que sólo se pertrecha de principios para realizar su tarea, a quien el canciller de hierro compara con el ingenuo que se adentra en un bosque infestado de ladrones, con un palillo entre los dientes. Una versión radical que inspiraba, por cierto, la pragmática concepción de Kissinger -continuada por la muy influyente Madeleine Allbright- acerca de la prioridad de disponer de una posición de fuerza en las relaciones internacionales y ejecutarla, al precio que fuere.

Los partidarios del nuevo pragmatismo nos dicen que debemos abandonar el wishfull thinking y reconocer que, a la hora de la verdad, ni la diplomacia, ni las normas del Derecho internacional, ni ninguna autoridad superior (esto es, la fuerza de la razón jurídica y política, la fuerza del Derecho) nos protegerán frente a la razón de la fuerza. Sólo ser capaces de oponer una fuerza mayor -la amenaza verosímil de recurrir a ella- nos ofrece esa garantía. Ergo, ante las amenazas de Putin, sólo cabría confiar en la existencia de esa amenaza mayor, una capacidad de respuesta bélica superior a la de Putin (sobre ello, https://lucasfra.blogs.uv.es/2022/10/22/la-delgada-linea-entre-realpolitik-y-belicismo-el-del-alto-representante-borrell-version-corregida-y-ampliada-del-articuo-publicado-en-infolibre-el-19-de-octubre-de-2022/#comment-280). Hoy, buena parte de los gobernantes europeos (de Donal Tusk y Kaja Kallas, a von der Leyen y, en alguna medida, el propio Borrell) multiplican las advertencias a los ciudadanos europeos para que seamos conscientes de que vivimos en situación prebélica y debemos armarnos para poder esgrimir esa amenaza. Cuanto más, mejor.

¿Y qué tiene que ver todo esto con leer a Kant? Pues resulta que, en el marco de este regreso a la guerra como horizonte existencial, hay quien ha hablado de una nueva victoria del momento hobbesiano sobre el kantiano, acudiendo a lo que, a mi juicio, es una tan fácil como simplista contraposición entre estos dos gigantes del pensamiento. En efecto, suele presentarse a Kant como el gran contrapunto de Hobbes, precisamente a propósito de la guerra y de la paz. Pues bien, con el desmentido que suponen estas guerras -la omnipresencia de la guerra, se diría, más bien- para al idealismo kantiano, los pragmáticos se cobrarían una nueva y contundente victoria sobre los ingenuos pacifistas.

A mi juicio, si leemos a ambos pensadores con un poco de detenimiento, más allá de los tópicos, matizaremos la contraposición. Sobre todo porque Kant no es en absoluto un ingenuo idealista encerrado en su torre de marfil: el gran filósofo alemán, un voraz lector de las noticias de todo el mundo, no se aleja del modo de concebir la guerra como nuestro horizonte existencial que propone Hobbes, sino que la comparte, aunque llegado un momento se pone a la tarea de ofrecer una respuesta a esa realidad; una respuesta muy distinta de la de Hobbes (el gran Leviathan): la necesidad de superar ese destino fatal, mediante el Derecho y la federación de Estados, en aras de otra manera de entender la paz, distinta de la paz de los cementerios o de la seguridad -la tranquilidad del orden- que impera en los calabozos..

Kant, como Hobbes, explica que, si se atiende a lo que podríamos llamar la experiencia histórica de los pueblos, la guerra es algo natural, un recurso de la naturaleza para obtener sus fines, o incluso un instrumento de progreso cultural de la humanidad (no tan lejos de lo que luego sostendrá Hegel). Esas tesis se encuentran en su ensayo de 1784, Ideas para una historia universal en clave cosmopolita, o en el de 1786, Probable inicio de la historia humana. Pero Kant, como decía, era un ávido lector y observador de cuanto acontecía en el mundo. Por eso, como han explicado muy bien -entre otros- los profesores Roberto Rodríguez Aramayo y Teresa Aguado, su concepción de la guerra experimenta una profunda transformación cuando, siempre atento a la realidad internacional, tiene noticia de los acontecimientos que darán lugar a la Paz de Basilea de 1795: me refiero a los dos tratados firmados en esa ciudad suiza por la recién nacida República francesa y el reino de España, que ponen fin a la denominada “guerra de la Convención”, el frente pirenaico de la coalición de las monarquías europeas contra el régimen revolucionario francés, un acuerdo forzado en buena medida por la ruina económica que causaba en la monarquía española. Es cuando Kant decide escribir La paz perpetua. Un diseño filosófico, el trascendental opúsculo en el que sentará las bases de su proyecto jurídico y político con el que trata de transformar ese horizonte inevitable de la guerra. La guerra, sostendrá Kant, es un grave obstáculo para el progreso moral de la humanidad. Por eso, sin negar su realidad, el hecho de que se trata de una constante histórica, propone su prohibición, como un imperativo de la razón práctica: debemos prohibir el recurso a la guerra porque, de no hacerlo, estaríamos yendo en contra de nuestra propia condición de humanos.

Ese es el legado de Kant que me interesa subrayar. Tal y como argumenta, por ejemplo, la profesora Aguado, Kant sienta así las bases jurídicas, éticas y políticas para una filosofía cosmopolita de las relaciones internacionales, basada en el Derecho, a su vez, cosmopolita. Esas bases se pueden resumir en una nueva formulación del Derecho de gentes y una teoría de la gestión de relaciones pacíficas entre los Estados, a través de un federalismo internacional. Sus ejes son la garantía de la paz y del respeto de los derechos humanos, en el marco de lo que con Habermas podríamos denominar una esfera pública y, junto a ellos, la propuesta de una sociedad civil global, garantizada por un Derecho cosmopolita. Por eso, para Kant, lo que podríamos llamar un Estado cosmopolita de Derecho, aunque sería más exacto denominarlo <Federación cosmopolita de Repúblicas>, que es lo que imagina Kant, no puede no ser sino un Estado de paz, en el que ninguna guerra debe ser permitida. De ahí que, como se ha escrito, el núcleo de las tesis de Kant sobre guerra y Derecho se puede resumir en estos términos: donde impera el Derecho no puede haber ninguna guerra y donde hay guerra no cabe el imperio del Derecho. Kant, por cierto, nunca llegó a imaginar el Derecho internacional humanitario, que trata de autodisciplinar la guerra.

Un matiz: espero que cuando sostengo la validez de las propuestas kantianas sobre la exigencia prioritaria de la paz a través del Derecho y del modelo de negociación multilateral para tratar los conflictos, en el marco de una federación de Estados, se me conceda desde el lado de los pragmáticos que no postulo la estupidez de prescindir de la política de defensa. Mi reflexión se encamina a una prudente interpretación del manido lema de los Epitoma rei militaris de Vegetius, un clásico de los estudios militares que, frente a la interpretación habitual, no ordena taxativamente prepararse para la guerra si uno quiere la paz (si vis pacem, para bellum). Su apotegma es bastante menos asertivo: igitur, qui desiderat pacem, praeparet bellum, esto es, “por tanto, quien deseara la paz, debería prepararse para la guerra”.

Lo que propongo, con Kant y con el kantiano Kelsen que escribe La paz a través del Derecho, pero también, desde luego, con Gandhi y con el Mandela que sale de la cárcel tras haber sostenido la lucha armada y se transforma en defensor de la negociación con el enemigo, no es la simpleza de prescindir de la política de defensa y transformar en arados las espadas. Se trata más bien de recordar que armarse hasta los dientes, amenazar con guerra sin cuartel, no es la vía aúrea para la paz: hay que entender el manido lema de Gandhi según el cual la paz es el único camino. A mi juicio, su significado es que, para lograr la paz, lo prioritario no es tanto amenazar al enemigo con un arsenal mayor, sino trabajar en las condiciones de la negociación, del arreglo pacífico sometido a las reglas de esa concreción de lo que Kant llamaba Derecho cosmopolita que son las normas y la jurisprudencia propias de la legalidad internacional. Y que ello no obsta para exigir responsabilidades a quienes violen las normas del Derecho internacional humanitario en el curso de la guerra.

El Derecho, piedra angular de la obra de Kant

Pues bien, ese Derecho cosmopolita que propone Kant encuentra su armazón teórica en la referida Doctrina del Derecho, a la que, como he recordado, dedica la primera parte de su gran obra final, la Metafísica de las Costumbres y que nos muestra a Kant como un hombre de Derecho, como decía Lacroix.

Y aquí viene mi recomendación al lector, que no es otra que sugerir que lea las penetrantes páginas del ensayo con el que Manuel Jiménez Redondo introduce la magnífica edición de la Metafísica de las costumbres que se acaba de publicar en castellano, traducida por él mismo, y que lea asimismo el sustancioso prólogo escrito para esa edición por nuestro añorado Tomás Vives.

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El profesor Jiménez Redondo, en efecto, explica cómo en este ensayo, centrado en la discusión sobre las relaciones entre Derecho y ética y en el que Kant rehace los conceptos y principios de su filosofía jurídica, ética y política, Kant está profundamente marcado por el impacto que en él ha provocado la revolución de 1789, cuyos acontecimientos sigue con muchísima atención y muy concretamente por el debate en torno a los principios que inspiran la «Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano». De manera tan brillante como convincente, Jiménez Redondo hace ver que la Doctrina del Derecho no es otra cosa sino un análisis de esa Declaración de derechos de 1789, a la que convierte en una teoría del Derecho perfectamente articulada, basada en la libertad.

El Derecho que nos presenta Kant es un orden esencialmente tripartito, que parece particularmente adecuado en este momento de nuestra existencia marcado por la experiencia de la globalidad, por la conciencia de que formamos parte de una casa común, la Tierra y, por tanto, por la conciencia creciente acerca de que la interrelación, la interdependencia de esa morada y todos los que la habitan -no sólo los seres humanos, añadimos hoy- exige la garantía de un orden efectivo de Derecho. Un orden compuesto por el Derecho de los Estados de Derecho, el Derecho que ha de regular las relaciones entre los Estados de Derecho y el Derecho que exige la red cada vez más densa e inextricable de relaciones cosmopolitas; «si falla una de estas tres partes, necesariamente tienen que fallar las otras dos”, escribe Kant.

El siglo XXI parecía haber dejado atrás la catástrofe de un orden internacional como sistema de Estados conformado con arreglo a la relación amigo-enemigo, como proclamó también el fin de la historia, al entender derrotado el modelo de socialismo de Estado, y el final del orden de la posguerra. Pero lo cierto es que pronto hemos comprobado que no se ha abierto un orden multilateral basado en la negociación y el imperio de la legalidad internacional.

Para salir del atolladero en el que nos encontramos, creo que el Kant radicalmente ilustrado de la Doctrina del Derecho y de La paz perpetua, vuelve a aparecer hoy como referente ineludible. Como lo ha sido para los principales teóricos del último tercio del siglo XX, que buscan asentar las bases de un orden justo en las relaciones internacionales, como Rawls o Habermas. Más en concreto, si pretendemos un orden internacional que no renuncie a ser justo por ser eficaz, me parecen irrenunciables las tres propuestas de Kant, en parte matizadas por Kelsen, como ha explicado mi compañera, la profesora Cristina García Pascual: un Derecho <cosmopolita> dotado de Tribunales de justicia con capacidad sancionadora, un orden multilateral bajo la forma de federación de Estados (no de un Estado o imperio mundial), y la paz como valor superior, tal y como enunciara la Carta de las Naciones Unidas.

Quiero concluir. Como muestra de esa actualidad de Kant, no me resisto a transcribir un rasgo de la aportación de Kant sobre el que escribe Tomás Vives en su prólogo: “Kant postula un derecho de ciudadanía mundial del que se desprende como mínimo el derecho de hospitalidad”. Y cita a Kant: “No se trata aquí de un derecho por el cual el recién llegado pueda exigir el trato de huésped –que para ello sería preciso un convenio especial benéfico que diera al extranjero la consideración y el trato de un amigo o convidado–, sino simplemente de un derecho de visitante, que a todos los hombres asiste: el derecho a presentarse en una sociedad”. Por eso, concluye Vives: “Ese derecho se funda en la común posesión del suelo de la tierra. Estas ideas van ya mucho más allá de los postulados actuales de los Estados liberales de Derecho y contrastan con el inaceptable trato que recibe la emigración. Lo que sigue a ese punto de partida es la igualdad postulada de todos los pueblos en el marco de un Derecho público universal. Es decir, en el marco de un Derecho público cosmopolita común a todos y aceptado por todos como garantía de la paz perpetua. Ese objetivo está muy lejos; pero el día que se lograse, el mundo se hallaría en una situación mucho mejor que la actual para todos los individuos y se habría asegurado la paz perpetua. Tender a ese objetivo, por dificultoso que sea, es para Kant una obligación”. A pocos días del, a mi juicio, fallido pacto europeo de inmigración y asilo, estas palabras continúan siendo un aldabonazo.

Por eso, si queremos celebrar a Kant, si queremos entender por qué vale la pena leerlo, sugiero comenzar por leer esas páginas introductorias de los profesores Vives y Jiménez Redondo sobre el gran proyecto de Kant, el Derecho cosmopolita, al servicio de la libertad y de la paz. Creo que, si algún lector me hace caso, me lo agradecerá.

NUESTRO WATERLOO. Sobre el Pacto europeo de migración y asilo (versión ampliada del artículo publicado en Infolibre, 15 de abril de 2024)

La Europa que naufraga

Pido al lector mil excusas por la autocita: en el año 2015, con motivo de los peores naufragios de barcazas de inmigrantes y demandantes de refugio registrados en las costas europeas, concretamente en Lampedusa, que provocaron el inolvidable reproche de su alcalde, Giusi Nicolini, a los mandatarios europeos que acudieron al funeral colectivo con sus lágrimas de cocodrilo (“sólo espero de Vds que me digan cuánto tengo que ampliar nuestro cementerio”), publiqué un libro con el título “Mediterráneo: el naufragio de Europa”, porque entendía que, en esas tragedias  que viven miles de personas que tratan de llegar a Europa, no sólo naufragan ellos, sino también nosotros, los europeos. Es verdad que podría haber utilizado otras metáforas, como la que encabeza este artículo, que tomé en su día de la que usó la ecologista y exministra Cécile Duflot para pedir al presidente Hollande que hiciera frente a lo que ella consideraba el “Waterloo moral” que se cernía sobre Francia y toda Europa a propósito de la inmigración, (https://www.infolibre.es/opinion/columnas/naufragios_1_1114653.html). Un Waterloo moral, jurídico y político, que puede concretarse en las próximas elecciones europeas

Pues bien, lo que trato de argumentar es por qué el nuevo pacto europeo de migración y asilo, a juicio de muchos de nosotros, nos acerca un paso más a ese riesgo de naufragio del Estado de Derecho, de la solidaridad, del sentido común que, frente a la miopía del cálculo electoralista, nos hace ver que lo que hacemos a esos otros se volverá contra nosotros, a medio, antes que a largo plazo. Es la vieja verdad enunciada en una de las sátiras de Horacio: quid rides? mutato nomine, de te fabula narratur. La misma que usó Marx en el prólogo dela edición de El capital, dirigida a los obreros alemanes:, para hacerles ver que aunque creyeran que no les concernían historias de los obreros ingleses, no había diferencia: hablaban también de y para ellos. Pensamos que sólo los otros emigran o buscan refugio, sin ser conscientes de que eso son nuestras propias historias.

Para analizar el pacto europeo, conviene recordar que, frente a lo que esa denominación genérica parece sugerir (un documento único), se trata de un conjunto muy complejo de instrumentos normativos, que vienen debatiéndose desde 2020. Hablamos de nueve reglamentos: las nuevas normas que rigen las situaciones de crisis migratoria y de fuerza mayor, el reglamento de gestión de asilo e inmigración (que es una renovación -que no una sustitución- del reglamento de Dublín), el nuevo reglamento de control de las personas que intenten entrar en la UE, el procedimiento común de asilo, las normas uniformes para el asilo, el nuevo marco de asentamiento de refugiados, las condiciones de acogida de los refugiados, la nueva agencia europea de asilo y la actualización de las bases de datos europeas de huellas dactilares (https://www.consilium.europa.eu/es/policies/eu-migration-policy/eu-migration-asylum-reform-pact/). Llegar a acuerdos sobre tantos elementos es una tarea de enorme dificultad, a lo que hay que añadir la diversidad de intereses de los diferentes Estados europeos a la hora de gestionar los diversos flujos migratorios que reciben.

A partir del segundo semestre de 2023, en que la obtención del Pacto quedó fijado como uno de los objetivos prioritarios de la presidencia española del Consejo de la UE. Somos muchos los que ya señalamos los riegos y dificultades, siguiendo los nefastos precedentes sentados por el gobierno danés o el del Reino Unido (por ejemplo, https://lucasfra.blogs.uv.es/2023/06/03/la-presidencia-espanola-de-la-ue-y-el-pacto-europeo-para-una-politica-de-migracion-y-asilo-una-empresa-desesperada-conferencia-de-clausura-de-la-xv-edicion-del-master-interuniversitario-de-m/). Con motivo de la aprobación del pacto, in extremis, por el Consejo de la UE, en diciembre de 2023, las críticas se centraron en los riesgos para las garantías de derechos de los inmigrantes y, en grueso, para el derecho mismo de asilo, como por ejemplo en este llamamiento de ACCEM (https://www.accem.es/preocupacion-pacto-europeo-migracion-asilo-la-falta-vias-legales-seguras/), en el comunicado de Save the Children, que subrayaba los riesgos del pacto para los derechos de los menores inmigrantes y refugiados (https://www.savethechildren.es/notasprensa/el-nuevo-pacto-de-la-ue-sobre-migracion-y-asilo-normaliza-las-violaciones-de-derechos-y), o este de Cáritas (https://www.caritas.es/noticias/un-nuevo-pacto-europeo-de-migracion-y-asilo-que-refuerza-fronteras-y-rompe-puentes/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw2uiwBhCXARIsACMvIU24pBQdqoAdsCHpPf1cBuaeQoLgkCQEKQCASJS-g_8gVT9VEi54g1caAqD3EALw_wcB).

Luego, en el primer trimestre de 2024, y en vísperas de la discusión en el Parlamento que culminó con su aprobación en la votación celebrada el día 10, más de ciento sesenta ONGS europeas, entre las que se encuentran las más importantes en el campo de migraciones y asilo, publicaron un manifiesto subrayando sus déficits y solicitando que se corrigieran, bajo el lema común de exigir “Un pacto con derechos” (https://picum.org/blog/81-civil-society-organisations-call-on-meps-to-vote-down-harmful-eu-migration-pact/). Sobre cómo se produjo la votación, las declaraciones de los ponentes de cada uno de los reglamentos (entre lo que por cierto se encontraba el político ultraderechista español Jorge Buixadé, ponente del reglamento sobre datos biométricos), y la estrategia de los diferentes grupos parlamentarios (particularmente interesante la estrategia del grupo que depende de Giorgia Melloni), que no pudo mantener la férrea disciplina de voto, pues se produjeron votos disidentes, me remito a la excelente crónica del periodista de Mediapart Ludovic Lamant (publicada en Infolibre el 11 de abril (https://www.infolibre.es/mediapart/parlamento-europeo-aprueba-escasa-mayoria-polemico-pacto-migratorio-da-alas-ultraderecha_1_1763961.html).

En todo caso, antes de entrar en los argumentos que justifican esa conclusión, creo que hay que insistir una vez más en que nada perjudica más al debate público sobre las políticas migratorias y de asilo que repetir estereotipos que simplifican un asunto que, como he reconocido, tiene una extraordinaria dificultad. Máxime en un contexto tan polarizado ideológicamente como el europeo (el mundial, en realidad), aunque se haya producido algún dato esperanzador, como la muy mayoritaria admisión a trámite -que, ni de lejos, supone su aprobación- de la iniciativa legislativa popular para la regularización de inmigrantes, alcanzada en el Congreso el pasado 9 de abril (https://www.congreso.es/es/notas-de-prensa?p_p_id=notasprensa&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_notasprensa_mvcPath=detalle&_notasprensa_notaId=46633). Por eso, conviene evitar hipérboles y dramatizaciones: ni la conspiración del “reemplazo demográfico” y el apocalipsis de la delincuencia imparable que traería consigo la inmigración, ni tampoco la ingenuidad o el buenismo irresponsable que ignoran la dificultad de los retos que plantea la gestión de la movilidad humana.

Pues bien, desde el realismo, sí, pero con tanto rigor en los datos (empezando por los demográficos, que acreditan la tesis del envejecimiento europeo y la dificultad de sostener nuestro modelo de Estado de bienestar) como con claridad y firmeza en los principios, creo que es preciso insistir en las razones por las que muchos de nosotros pensamos que este no es un buen pacto. No lo es en términos jurídicos y políticos. Pero es que ni siquiera es un pacto realista y, aún peor, va a desempeñar un papel nefasto de cara a las elecciones europeas de este mes de junio, en la que todos nos jugamos tanto en términos de la política que nos importa de verdad, aunque algunos prefieran seguir reduciendo la política al intercambio de twitters sobre el <y tú más> de carácter doméstico y a su escenificación teatral en las sesiones de control en el Parlamento.

Una vez más: la garantía de los derechos no es una opción, como parece propiciar el Pacto.

Me parece difícil de discutir que el objetivo de garantizar los derechos como condición del Pacto se ha visto truncado, aunque, para ser rigurosos, aún falta una etapa muy relevante y nada fácil, la aprobación por cada uno de los Estados miembros, algo que no es sencillo a la vista del rechazo a elementos clave de ese pacto, manifestado por algunos gobiernos, como los de Polonia y Hungría.

No cansaré al lector con la enumeración de los ejemplos que acreditan que los cinco reglamentos que componen el núcleo del pacto ponen en riesgo derechos humanos básicos. Le remito a los detallados argumentos que puede encontrar en los análisis e las principales organizaciones con experiencia e independencia probadas en materia de migración y asilo: así, el informe final sobre el pacto, publicado por el European Council on Refugees and Exile (ECRE) (https://ecre.org/wp-content/uploads/2020/11/NGO-Statement-Pact-Oct-2020-ES-FINAL.pdf), el de la red europea del servicio de jesuitas sobre refugiados (JRS) (https://sjme.org/wp-content/uploads/2024/04/2024.04.10-Joint-Statement-Pact-vote-ES.pdf), o, en España, el de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) (https://www.cear.es/wp-content/uploads/2024/04/Pacto-Europeo-de-Migracion-y-Asilo-retos-y-amenazas.pdf).

Lo que queda claro cuál es el aspecto más preocupante del pacto: la obsesión por priorizar el argumento del control de fronteras y optimizar la política de expulsiones de aquellos a los que ya hace muchos años Antonio Izquierdo calificó como “inmigración indeseada” y Bauman denominó los desechables, al explicar su crítica de la “industria del desecho humano”, en que a su juicio se había convertido la política migratoria. El pacto propicia la renuncia a mantener garantías elementales sin las que el Estado de Derecho se revela como un privilegio al alcance de los que se lo pueden pagar: el derecho a defensa, el derecho a un juez y a un proceso debidos y, desde luego, el derecho de asilo, que parece precipitarse hacia su vaciamiento. Se desdeñan así las muy prudentes recomendaciones de los pactos globales sobre migración y asilo, aprobados por la ONU en diciembre de 2018 tras los acuerdos de Marrakesh, que subrayaban la necesidad de lo que es un acuerdo básico de todos los agentes implicados: la necesidad de garantizar vías legales y seguras para quienes se arriesgan en sus proyectos migratorios o huyen en busca de refugio. Y quedan claras sus consecuencias.

La más obvia es la del recurso, una vez más, a la vieja política de externalización de la carga del control migratorio, a toda costa, aunque los socios de esa política sean gobiernos que desdeñan los más elementales derechos humanos (Libia, Túnez, Mauritania, y, sí, Marruecos…), a los que se compra, a base de acuerdos económicos que sólo benefician a sus élites corruptas (a las que contribuimos a corromper más aún), en lugar de a sus poblaciones.

Un argumento particularmente lesivo es la falacia de la distinción entre la llegada física y la llegada jurídica de los emigrantes y refugiados a territorios de soberanía europea, algo propiciado por la nefasta decisión de la Corte de Estrasburgo que dio cobertura legal (aunque no irrestricta) a la práctica de las devoluciones en caliente. Esto es una estratagema jurídica que contribuye a convertir a las fronteras en espacios de inseguridad jurídica, con un recurso arbitrario a las detenciones y expulsiones sin garantías elementales de derechos. Se privilegia un sistema carcelario (el arquetipo de los CIES) que además se pretende externalizar a terceros países, según el modelo de Dinamarca y el Reino Unido, y se refuerza son la profundización en la lógica de la malhadada directiva de retorno: todo por la expulsión.

Y por terminar con este resumen: el mecanismo de solidaridad a la carta, vacía la solidaridad y establece dobles raseros en torno a ese principio europeo, como los que comprobamos a propósito de la puesta en práctica por primera vez de la directiva de protección temporal para los desplazados de la guerra de Ucrania, una medida que no se ha extendido a los desplazados por ningún otro conflicto (claro: no son vecinos europeos). Se desdibuja así tanto la solidaridad hacia los no europeos, como la solidaridad entre los Estados europeos a la hora de distribuir las indiscutibles cargas de una respuesta coherente con la legalidad internacional en materia de asilo y protección internacional subsidiaria que, recordemos, es norma obligad para todos los Estados miembros. Ante la reiterada resistencia de no pocos socios comunitarios, se ha decidido que los gobiernos europeos podrán elegir entre cumplir con su obligación conforme a la legalidad internacional en materia de asilo, o burlarla, mediante un pago.

Por todo ello, este no es nuestro pacto. No es un pacto digno de los ciudadanos europeos, de los principios en los que creemos y por los que apoyamos el proyecto de la Unión Europea. No es un pacto digno de lo que debemos ofrecer -reconocer, negociar- con los inmigrantes que tratan de llegar a Europa y que son un indiscutible factor de complejidad, pero no menos indiscutible elemento de prosperidad para todos: ellos, y nosotros, los europeos. No es un pacto que nos sirva ante la confrontación que nos imponen las elecciones europeas, una disputa que se diría, más incluso que electoral, entre opciones políticas, civilizatoria, porque nos jugamos el alma de Europa.

La disputa por el alma de Europa

En términos políticos, el peor de los riesgos de este pacto es que, aunque se presente como un logro de lo posible, que permite una barrera frente a la extrema derecha (que, es cierto, ha votado en su contra), en realidad es la confesión de nuestra derrota, ante su mensaje simplificador sobre la respuesta a la inmigración y a la demanda de asilo. Este es un mensaje no sólo discriminatorio, xenófobo y racista, sino que niega los más elementales deberes y derechos propios de la legalidad internacional y europea, y de las constituciones de la inmensa mayoría de los Estados miembros. Un mensaje que ha comenzado a contaminar a buena parte de las filas conservadoras y liberales europeas y ante el que parecen claudicar también los partidos de la socialdemocracia. Todo ello en aras de asegurar réditos electorales, por la supuesta sangría de votos que producen los mensajes de defensa de derechos de los inmigrantes y refugiados. Una falacia que ignora que el elector siempre prefiere acaba prefiriendo el original al sucedáneo, como se ha demostrado reiteradamente. Si se trata de “firmeza” ante la inmigración, siempre son más coherentes las propuestas del Rassemblement National de Le Pen, que las del Rennaissance (ex En marche!) de Macron, o los restos de los socialistas franceses, por poner un ejemplo. La mayoría de los estudios que conocemos sobre el recurso a la fórmula de firmeza migratoria para contener la difusión de los mensajes racistas y xenófobos demuestran la ineficacia de esta estrategia (cfr. por ejemplo https://www.infolibre.es/politica/casos-estudios-reacciones-explican-pacto-migratorio-no-debilita-contrario-extrema-derecha_1_1763922.html). Frente a lo que aseguraba la comisaria Johansson, para defender el Pacto, «el pacto migratorio quita argumentos a la extrema derecha», lo cierto es lo contrario. En ese artículo de A Munárriz se recuerda, por ejemplo, el trabajo Las estrategias de los partidos mayoritarios y el éxito de los partidos de la derecha radical, de los investigadores Werner Krause, Denis Cohen y Tarik Abou-Chadi, en el que analizaron las estrategias partidistas y trasvases de voto entre 1976 y 2017 en 12 países europeos y que concluye que cuando los partidos conservadores adoptan los lemas de dureza ante la inmigración, ello no disminuye el voto hacia los partidos de extrema derecha, sino lo contrario. Y hay también investigaciones sobre el papel de los medios al focalizar el debate migratorio en los términos simplistas que son propios de los mensajes de la derecha radical.

Lo más importante, a mi juicio, es que el debate migratorio, tal y como se está planteando en estos momentos previos a las elecciones uropeas (insisto en el efecto perverso de las reformas legislativas de endurecimiento de las leyes de migración y las condiciones de acceso y estancia de inmigrantes y refugiados) nos revela algo más grave: creo que en esas elecciones está en juego, en más de un sentido, una disputa por el alma europea, por utilizar la paráfrasis del lema al que recurrió la campaña de Biden frente a Trump. Un alma que reside en la primacía del Estado de Derecho, la prioridad de la garantía de los derechos humanos, la igualdad y universalidad de los mismos, el modelo del estado del bienestar y la defensa del pluralismo, esto es, de la diversidad como fortaleza. Por esa razón, estoy de acuerdo con los propósitos de la campaña de movilización para las elecciones al Parlamento Europeo lanzada por la red ECRE (https://euisu.vote/) y que se concretaría en cuatro compromisos que deberíamos exigir a quienes pretendan nuestro voto en la cita de junio:

  • Una política exterior y una política migratoria de la UE que, frente a la obsesión securitaria y el modelo de externalización basado en un sistema de detención y expulsiones rápidas y colectivas, promueva vías legales y seguras y la garantía de derechos en las fronteras.
  • El establecimiento de sistemas de asilo justos y funcionales en Europa que garanticen los estándares de derechos humanos.
  • La garantía a las personas refugiadas del acceso a sus derechos, para promover su inclusión en las sociedades europeas.
  • Una financiación transparente y responsable de la UE que promueva los derechos de las personas desplazadas tanto dentro como fuera de Europa.

En definitiva, se trata de no limitarse a manifestar nuestro rechazo al pacto, nuestro descontento ante este retroceso que puede convertirse en una derrota de los ideales europeos. Los ciudadanos europeos debemos movilizamos en torno a ese núcleo del alma europea, la defensa del Estado de Derecho, de la garantía de los derechos humanos, de la igual libertad en los derechos humanos y del pluralismo, que son el alma de la Unión. No podemos ni debemos permitirnos el acomodo de quien se retira del campo político, `para refugiarse en el amargo consuelo de «teníamos razón», porque esa es la forma de asegurar nuestro Waterloo.

Ojalá me equivoque.

UN ERROR INNECESARIO Y DAÑINO: SOBRE EL PACTO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS MIGRATORIAS A LA GENERALITAT (versión ampliada de los artículos publicados en Noticias Obreras -14 enero 2024- e Infolibre -21 enero 2024-).

Javier de Lucas

Demasiado ruido…

El acuerdo alcanzado entre el gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez (a través del grupo parlamentario socialista) y Junts, con ocasión del primer pleno de 2024 del Congreso celebrado el miércoles 10 de enero, ha tenido un enorme impacto mediático y ha provocado una considerable tormenta política. Como se recordará, se debatía la convalidación de tres decretos del gobierno y, tras una negociación que se prolongó hasta el último minuto, el Gobierno consiguió que Junts no obstaculizara la aprobación de esos decretos, mediante un acuerdo que incluía una delegación de las competencias en política migratoria a la Generalitat de Catalunya.

Un primer argumento debe tenerse en cuenta: gracias a este acuerdo se pudieron aprobar dos de esos tres decretos, que componen el núcleo del escudo social, el más ambicioso de los objetivos del gobierno para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos más afectados por la crisis social y económica. Pero, sin duda, es fundamental plantear un segundo debate: preguntarse si esta es una forma adecuada de plantear la gestión de la política de inmigración y asilo.

Puedo resumir mi propia opinión al respecto en tres observaciones: en primer lugar, creo que hemos asistido a una escenificación fallida (o tramposa) del acuerdo, porque se presenta como acuerdo lo que cada una de las dos partes interpreta a su manera y, por cierto, de forma difícilmente conciliable. En segundo término, el ruido sobre el acuerdo (incentivado en todo momento por Junts, pero también por PP y Vox) no se corresponde con lo magro de su contenido: como explicaré, a la espera de una hipotética ley orgánica anunciada para regular la delegación de competencias a la Generalitat en materia migratoria, poco parece añadir este acuerdo a lo que ya existe estatutariamente. En todo caso, y en tercer lugar, creo que lo más preocupante es que de nuevo se ha recurrido a la política migratoria como arma arrojadiza en el fuego cruzado partidista, con una mirada electoralista de corto alcance, que es la que en realidad explica la estrategia seguida por Junts en Cataluña y en España. Una estrategia a la que habría cedido, al menos por omisión, el gobierno.

La estrategia de Junts está pensada en clave de su ámbito prioritario, Cataluña, porque no podemos perder de vista que su motivación parece ser sobre todo la competencia electoral con ERC. Una competencia en la que aparece cada vez más la capacidad de contaminación de la ideología supremacista, cuyo ápice representa el partido nacionalista extremista Aliança Catalana, tal y como lo ejemplifica una de sus líderes, la alcaldesa de Ripoll. En cuanto al juego de estrategia en España, es decir, en el Congreso de Diputados, y en el tortuoso equilibrio al que Junts, con la fuerza de sus 7 votos, mantiene al gobierno de coalición, lo cierto es que vemos cómo Junts contribuye a que se extienda como una mancha el planteamiento de Vox sobre el debate migratorio, en los clásicos términos de la extrema derecha: la supuesta invasión migratoria que desvirtuaría la identidad española y la cohesión nacional, la amenaza de orden público que supondría la inmigración presentada como el agente principal del incremento de la delincuencia, el supuesto desgaste de los servicios como educación y sanidad por culpa de los inmigrantes y, consecuentemente, la centralidad de la política de control de fronteras, la estigmatización del foco en los derechos. Un planteamiento simplista, maniqueo y xenófobo, que ha arrastrado al PP.

No sé si, como en la canción de Sabina, Varona y Guerra, (“mucho, mucho ruido/y con tanto ruido/no escucharon el final”) el apresuramiento en la negociación parlamentaria provocó más ruido que un verdadero acuerdo. En todo caso, me parece poco discutible, a la luz de lo que ha acontecido después, que cada una de las partes, como suele suceder, se amparó en la prisa y en la ambigüedad para entender que había conseguido su propósito sin excesivo daño, obviando el tremendo daño real que, a mi juicio, se ha provocado una vez más a propósito del debate migratorio: convertirlo en arma arrojadiza, en clave partidista.

En mi opinión, el problema deriva de la omisión de la transparencia exigible desde el primer momento (esto es, antes de que se sometieran a votación los Decretos) sobre la precisión y alcance del acuerdo, unido a un debate tergiversado e interesado sobre la legitimidad del mismo, accionado por el PP y Vox y, como desencadenante de todo ello, la versión unilateral proclamada desde Junts, que incluye una justificación que remite a argumentos comunes a los que utiliza hoy la extrema derecha en toda Europa. Subrayo como causas del ruido estas tres: la falta de claridad por parte del gobierno, la habitual teatralización de las intervenciones parlamentarias de la portavoz de Junts en el Congreso, la diputada Nogueras y la rapidez de Junts por apropiarse del relato, al emitir un comunicado que explicaba el acuerdo en términos de “delegación integral” de las competencias en materia de inmigración, (https://issuu.com/juntsxcat/docs/mesjunts_42_120124). Únase a todo ello una pretensión justificatoria que viene de lejos -la pugna de Junts con la extremista Aliança Catalana y con ERC- y que fue formulada por su secretario general, el señor Turull, enfatizando la necesidad de que las expulsiones de inmigrantes quedaran al alcance de las administraciones municipales y autonómica de Cataluña (https://www.europapress.es/nacional/noticia-turull-junts-aspira-cataluna-decida-expulsion-migrantes-multireincidentes-20240111121028.html).

Lo cierto es que, frente a esta “ofensiva mediática” de Junts desde el minuto uno, ni el grupo parlamentario del PSOE ni el gobierno ofrecieron de modo inmediato las necesarias y exigibles precisiones sobre un acuerdo que, a todas luces, ignoraban la mayoría de sus diputados, más allá de unas vagas declaraciones por parte de la ministra del ramo (https://www.infobae.com/america/agencias/2024/01/12/saiz-sobre-el-pacto-migratorio-del-gobierno-con-junts-estamos-siempre-dentro-de-un-marco-constitucional/), o de la vicepresidenta primera del gobierno (https://www.europapress.es/epsocial/migracion/noticia-montero-dice-tiene-ver-cual-alcance-acuerdo-migratorio-junts-20240111100756.html). Tampoco contribuyó a la claridad una segunda intervención del señor Turull, rechazando la calificación de xenofobia y racismo  y reafirmando la legitimidad de su pretensión de competencia sobre expulsiones de inmigrantes (https://www.europapress.es/catalunya/noticia-turull-ve-indigno-acusar-junts-xenofobia-abordar-inmigracion-20240113120904.html?utm_source=boletin&utm_medium=email&utm_campaign=catalunya-1500).

Por su parte, varios consellers del gobierno de la Generalitat (de ERC), comenzando por el conseller de interior, el señor Elena, rechazaron en nombre del Consell la interpretación de Junts sobre la delegación integral y criticaron por xenófobos los propósitos de Junts que vinculaban inmigración y delincuencia, como lo hizo también expresamente el señor Junqueras (https://www.eldiario.es/catalunya/junqueras-anuncios-junts-migracion-abrazar-discursos-extrema-derecha-pone-riesgo-cohesion_1_10830302.html). Ello valió de nuevo una respuesta del Sr Turull reafirmándose en sus tesis (https://www.europapress.es/catalunya/noticia-turull-junts-critica-elena-pide-no-tener-miedo-asumir-competencias-inmigracion-20240115114911.html?utm_source=boletin&utm_medium=email&utm_campaign=catalunya-1500). Posteriormente, en el Consejo Nacional de Junts, Turull, que intervenía como secretario general de la formación, sostuvo a propósito de su interpretación de la gestión integral de la inmigración: “la nación está en juego…¿alguien cree que el Estado procurará que un inmigrante que viene a Catalunya sepa que viene a un territorio con una lengua y unas costumbres propias?”

Hubo que esperar al domingo, cuando el presidente del gobierno precisó el alcance de esa delegación en una entrevista en El País (https://elpais.com/espana/2024-01-14/pedro-sanchez-expulsar-a-migrantes-compete-a-la-administracion-central.html), al explicar la cobertura del artículo 150.2 de la Constitución, descartar que la delegación de competencias pudiera incluir la decisión sobre las expulsiones e insistir en la competencia europea, remitiendo al Pacto europeo de migración y asilo propiciado por su gobierno durante su mandato semestral de presidencia del Consejo de la UE.

En esa entrevista, y con más detalle en otra al día siguiente en Radio Nacional (https://www.rtve.es/noticias/20240115/pedro-sanchez-directo-rne/2471075.shtml), el presidente reiteró lo que ya había avanzado el ministro Bolaños sobre la remisión del contenido y alcance del acuerdo a una ley orgánica que habría de discutir las Cortes generales. Sobre todo, en la segunda entrevista, se refirió expresamente a las competencias exclusivas del Estado, conforme al artículo 149.1.2 de la Constitución, que establece que entre ellas se encuentran las relativas a la «nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo»: “todo lo que tiene que ver con el control de las fronteras y las políticas de migración irregular está residenciado en la administración general del Estado” e incidió en que la lógica del pacto europeo de inmigración y asilo va en dirección absolutamente contraria a la pretensión de una “delegación integral” de la política migratoria a la Generalitat.

Añadamos que, el mismo domingo y en un acto de presentación de la estrategia política de Sumar, la vicepresidenta segunda y líder de este grupo político, Yolanda Díaz, criticó el posible alcance del acuerdo con Junts (https://www.elcorreogallego.es/videos/nacional/2024/01/14/yolanda-diaz-anuncia-asamblea-fundacional-96887801.html) y realizó además duras críticas al pacto europeo de inmigración y asilo, declaraciones que fueron subrayadas al día siguiente por el ministro Urtasun, que como europarlamentario tiene una experiencia reconocida en el debate europeo sobre política migratoria y de asilo. En realidad, nada nuevo: son conocidas las discrepancias entre los dos socios de coalición respecto de la política migratoria y de asilo.

Sobre la legitimidad del acuerdo

Vayamos por partes y comencemos por la legitimidad del acuerdo. Que el gobierno, por sí o a través del grupo parlamentario socialista y/o del grupo parlamentario de Sumar, puede pactar con Junts, está fuera de toda discusión, como lo está que pueda hacerlo con cualquier otro partido legal, y no digamos si tiene representación parlamentaria. Al partido que dirige Carles Puigdemont le avala el hecho de que obtuvo el respaldo de algo así como la quinta parte de los votos emitidos en Cataluña en las elecciones de junio de 2023, lo que representa un porcentaje que llega, eso sí, a poco más de un 1,6% del total de los votantes en esas elecciones en toda España. En lógica democrática, no cabe excluir del juego político a los representantes elegidos por esos votantes, por magra que sea esa base: hay representantes parlamentarios en las Cortes con un soporte electoral aún menor. Otra cosa es que, además del hecho indiscutible de esos votos, fiel reflejo de la realidad social de una ciudadanía plural, la aritmética parlamentaria haya situado a los siete diputados de Junts en la condición de fiel de la balanza en las votaciones en el Congreso en esta XV legislatura. Y asunto distinto es si cabe plantear frente a Junts (como se ha argumentado frente a Bildu, o frente a Vox) algún tipo de cordón sanitario.

Respecto a esto último, es decir, en cuanto al rechazo que puede provocar en buena parte de la ciudadanía española su ideología, es obvio que tiene que ver con dos rasgos que caracterizan a Junts: la convicción independentista presentada como objetivo irrenunciable -común con lo que profesa ERC-, que por lo demás es una convicción legítima en un marco constitucional como el nuestro, no militante, como se ha repetido hasta la saciedad. Además, una ideología ultraconservadora en lo social y económico (baste recordar la política de recortes del president Mas, de quien son herederos Junts y las medidas del president Torra en ese ámbito), con un filtro supremacista propio de una tradición reaccionaria muy presente en la historia política española y catalana. A quienes, aun siendo conscientes de lo primero, parecían no haber caído en lo segundo, hasta ahora, les toca en suerte hacerse mirar si han sido miopes, fanáticos o partidarios de aquello de que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha. Dicho sea de paso, casi punto por punto se puede repetir esa argumentación crítica respecto a la caracterización ideológica de Vox que, por ejemplo, rechaza de plano el título VIII de la Constitución, practica propaganda electoral supremacista de la “españolidad” y hace apología, además, del régimen de Franco. Extrema se tangunt, separatistas y separadores.

Si se me permite la ironía, el caso es que, como advirtiera de Quincey y pregonaran en su día de modo entusiasta Sarkozy y la que fuera su polémica ministra Rachida Dati, hoy recuperada como macronista, se empieza por delinquir y se acaba por no abrazar con entusiasmo la idiosincrasia de la población indígena – lengua, costumbres, étc-, sin duda superior a la que supuestamente tendrían marcada con sello indeleble por su origen los inmigrantes en cuestión, lo que, en buena lógica de tal supremacismo, obliga a expulsarlos lo más lejos posible del paraíso local, quod erat demonstrandum. A quienes les flaquee la memoria habrá que recordarles la exigencia de Sarkozy de condicionar el reconocimiento del acceso a la ciudadanía republicana a los inmigrantes que no profesaran amor a Francia. Lo más cómico es la impostada indignación posterior del mismo señor Turull, ante la calificación de sus propósitos como xenófobos, supremacistas o racistas: ¿cómo se atreven a tildarnos de xenófobos, supremacistas, a gente de bien como el Sr Torra y todos nosotros?

De nuevo, el daño: manipular el debate migratorio

Como ya he adelantado, lo peor de todo lo sucedido, a mi juicio, es que la precipitación por obtener un acuerdo ha propiciado la enésima repetición de un viejo y conocido daño: volver a convertir el debate migratorio en un arma arrojadiza, partidista. Y es que la principal víctima de esa manipulación no son sólo los inmigrantes, sino nuestro futuro como sociedad plural e inclusiva. El futuro de todos nosotros, vamos.

Cualquiera que tenga una mínima experiencia en la gestión de esas políticas o haya prestado alguna atención a estudios comparados de los diferentes modelos ensayados en los últimos treinta años, sabe de las dificultades de ese desafío. Me referiré brevemente a algunas, comenzando por las que derivan de dos características del propio fenómeno migratorio, su multidimensionalidad y su carácter global.

La multidimensionalidad de los movimientos migratorios significa que no se puede reducir la inmigración sólo una cuestión laboral o policial y de orden público, ni sólo demográfica, económica, cultural o identitaria. Como enseñara la escuela de Durkheim, las migraciones son un hecho social total, que incluye todas esas dimensiones y, por tanto, lo hacen inasequible a tratamientos monocausales. Por ejemplo, a políticas centradas sólo en medidas de policía de frontera o de adecuación de mercado de trabajo.

En cuanto al carácter global del fenómeno de la movilidad humana, obliga a entenderlo en una dimensión geopolítica planetaria y revela insuficiente, inadecuado, cualquier modelo de gestión estrictamente estatal-nacional; a fortiori, de ámbito inferior al estatal: por ejemplo, sólo murciano, o catalán. A falta de un acuerdo mundial eficaz (el último intento fueron en 2018 los denominados pactos globales de inmigración y asilo, acordados por la Asamblea General de la ONU en diciembre de ese año y que co son Convenios, en sentido jurídico, sino más bien un compendio de recomendaciones de política migratoria y de asilo), lo más aproximado es un acuerdo regional, como el que perseguía la UE y se adoptó al final del semestre de presidencia española del Consejo, pero cuyo contenido (el de sus cinco reglamentos) nos parece decepcionante a muchos de los que trabajamos desde hace decenios sobre estas políticas (como botón de muestra, puede consultarse: https://www.europapress.es/epsocial/migracion/noticia-ong-condenan-pacto-europeo-migracion-asilo-historicamente-malo-20231220142358.html?utm_source=boletin&utm_medium=email&utm_campaign=epsocial-1900#google_vignette).

Pero quiero subrayar algo más, que saben todos los que han estudiado este debate con algo de atención, esto es, que hay otras dos características que hacen aún más compleja la gestión de los movimientos migratorios. Una, propia del fenómeno migratorio y la otra, ajena a él.

La primera es su carácter dinámico: la inmigración es un proceso, no un hecho de una pieza, y hay que tratarla como tal, con arreglo a las características de sus diferentes etapas y a la evolución que viven los propios inmigrantes y quienes con ellos interactúan, nosotros, los indígenas. No hay recetas que sirvan de una vez para siempre y para cualquier lugar: los procesos sociales dependen de características de sus agentes -que son muy plurales- y del contexto, es decir, del país y sociedad al que llegan los inmigrantes, lo que supone que no hay recetas universales.

La otra circunstancia es exógena, pero tiene un peso decisivo: se trata de la enorme rentabilidad política de la manipulación partidista del fenómeno migratorio en términos electorales, sobre todo si el discurso político es, como suele, a muy corto plazo (hasta la próxima cita electoral) y simplista, como sucede en todo discurso populista, es decir nada de argumentos complejos, ni de contextualización: blanco o negro. Aquí la izquierda, sobre todo la izquierda que ha gobernado en Europa, debe hacer una profunda autocrítica, porque no se ha atrevido a mantener un discurso universalista e igualitario, que priorice la garantía de derechos humanos y la democracia inclusiva, y afrontar la dificultad que ello supone, una dificultad que empieza por la labor de pedagogía civil que supone explicar la complejidad sin ceder a fáciles estereotipos. Sus spin-doctors han dado por inamovible el tópico de que quien hace un discurso abierto sobre gestión migratoria pierde votos a chorros. Y claro, lo que sucede es que si el marco de discusión sobre la gestión migratoria se construye en términos del más ralo pragmatismo quien tiene todas las de ganar es el discurso extremista; no ya de la derecha conservadora, sino de la extrema derecha. Eso viene siendo así desde hace decenios y por tanto no deberíamos ahora llevarnos las manos a la cabeza por el avance electoral de fuerzas que propugnan esa visión demagógica y simplista que incide en el manido tópico de que la culpa de lo que nos pasa la tienen los otros. La capitulación del supuesto liberal Macron en el vergonzoso episodio de su ley de migración, es la última muestra de la fuerza contaminante de esa estrategia de extrema derecha.

La consecuencia de esas condiciones que acabo de exponer es que la gestión de la política migratoria en cualquier Estado de la Unión Europea se presenta siempre en términos de una tensión entre lo que parece una exigencia de sentido común -la cooperación multinivel de todas las administraciones implicadas, en función de los diferentes momentos del proceso migratorio- y la aparentemente irresistible tentación de todo gobierno que se precie, desde Bruselas a cualquier Ayuntamiento, pasando por Estados y regiones, de utilizar el vector migratorio como una herramienta electoral. De donde la resistencia impenitente de todos los Estados miembros a lo que debería ser una exigencia obvia, la comunitarización de los elementos básicos de la política migratoria, que se queda sólo en el objetivo del control policial de la gestión de fronteras.

Todo ello, por no hablar de la manipulación del denominado pilar internacional de la política migratoria. Porque lo que es de sentido común, esto es, que las políticas migratorias para ser eficaces y. también ganar legitimidad, deben integrar la colaboración con los Estados de origen y tránsito de los movimientos migratorios, se convierten en la práctica en instrumentos para obligar a los gobiernos de esos países a aceptar un papel subordinado en las políticas de control de fronteras (tanto de salida como de expulsión de los inmigrantes no deseables), amén de su subordinación a los intereses geoestratégicos y económicos de los Estados que “donan” ayuda, a cambio de que esos gobiernos que la reciben consientan los beneficios unilaterales de las empresas de los países donantes. Esto deviene casi inevitablemente en circuitos de corrupción de las élites, sin que se produzca el efecto virtuoso de la gestión de la política migratoria, esto es, que sus beneficios alcancen a todos los actores reales: las sociedades de origen, las de llegada y los propios inmigrantes y sus familias.

Reitero mi opinión: la respuesta a esos planteamientos de política migratoria, que en la práctica se han constituido en el marco hegemónico del debate (también en la opinión pública) no puede, no debe ser, meramente reactiva. La alternativa a esa visión y a esas políticas no debería consistir, en mi opinión, en aquello de lo que se parece presumir, esto es, una mirada “humanista”, que parece primar un cierto paternalismo compatible con la política basada en la prioridad del control de fronteras frente a la “invasión” irregular (que es lo que a mi juicio prima en la gestión propia del ministerio del interior en la primera legislatura de gobierno de coalición). No. Se trata de sostener de modo inequívoco el reconocimiento y garantía de los derechos como prioridad de toda política migratoria, junto a políticas públicas de inclusión de los inmigrantes, (como ha tratado de impulsar el ministerio de inclusión y migraciones, por ejemplo, con la reforma del reglamento de extranjería).

…Y pocas nueces: escasa novedad

A comienzos de semana y tras las mencionadas entrevistas del presidente del gobierno y el cruce de declaraciones de representantes de ERC y del secretario general de Junts que, en una entrevista en RAC1 el lunes 15 de enero, recurrió de nuevo a la clave de amenaza para el caso de que no se aceptara su modelo de gestión integral de la inmigración (“pues si no, ya se sabe, colorín colorado…”), el periódico El País publicó lo que al parecer es el tenor literal del acuerdo: “Se acuerda una ley orgánica de delegación de competencias y recursos para que Catalunya pueda hacer una gestión integral de la inmigración conforme al artículo 150.2 de la Constitución” (https://elpais.com/espana/2024-01-16/el-psoe-solo-pacto-un-parrafo-con-junts-sobre-inmigracion-que-no-menciona-las-expulsiones.html).

Poca novedad: a mi juicio. A falta, claro está, de lo que pueda dar de sí la promesa de una ley orgánica a cuyo texto habrá que esperar para comprobar si hay algún cambio sustancial, la delegación pretendidamente “integral” no parece tal, si se enmarca coherentemente en lo dispuesto en los artículos 149 y 150 de la Constitución y, sobre todo, no parece que añada nada nuevo a lo que está en vigor.

Es sabido que el marco municipal y autonómico son los más adecuados para gestionar cuestiones como la autorización inicial de empleo y, sobre todo, las denominadas políticas de integración (salud, educación, vivienda).

Y a ese respecto, cabe recordar lo que establece el artículo 138 del Estatut de Catalunya, que atribuye a la administración de la Generalitat la competencia exclusiva en materia de primera acogida, desarrollo de las políticas de integración o establecimiento del marco normativo para acogida e integración, así como la autorización e trabajo a los extranjeros cuya relación laboral se desarrolle en Cataluña. El Estatut subraya asimismo la participación de la Generalitat en las decisiones del Estado sobre políticas de inmigración, “con especial trascendencia para Cataluña y, en particular, la participación preceptiva previa en la determinación del contingente de trabajadores extranjeros”

Parece capital la interpretación que hizo el Tribunal Constitucional en su STC 31/2010, recaída en el recurso presentado por el PP y, concretamente en lo que nos interesa aquí, frente al mencionado artículo 138 del Estatut, por supuesta vulneración de lo dispuesto en el artículo 149.1.2. de la Constitución. El TC validó la constitucionalidad del artículo 138 del Estatut, aunque acotó una posible interpretación contraria a la Constitución al indicar que “es evidente que la inmigración es una materia que ha sido reservada con carácter exclusivo al Estado, de modo que el artículo 138.1 sería claramente inconstitucional si, como parece deducirse de su enunciado, pretendiera atribuir a la Comunidad Autónoma competencias en dicha materia”. Lo que sucede, es que al mismo tiempo el TC validó la constitucionalidad del precepto estatutario sobre la base de que la referencia a la inmigración en el artículo 138.1 del Estatut no se correspondía con la materia exclusiva de competencia del Estado en inmigración fijada en el artículo 149 de la Constitución. “sino con otras materias sobre las que puede asumir competencias la Comunidad Autónoma”. Por ejemplo, las de carácter asistencial y social, esto es, lo relativo a la “integración social y económica de los inmigrantes”, en las que son claves las prestaciones de servicios sociales y las correspondientes políticas públicas (sanidad, educación, asistencia social, vivienda, etc) que son títulos competenciales de las Comunidades Autónomas.

Hablando claro: la delegación supuestamente integral de competencias no puede ir más allá de lo que ya se viene haciendo, de acuerdo con esa interpretación constitucional. Y de acuerdo también con una perspectiva que hay que integrar, la europea, habida cuenta de la competencia multinivel en materia migratoria. Por eso, conviene tener muy en cuenta las recomendaciones de la propia UE sobre políticas e indicadores de integración de la inmigración de la UE, que se pueden encontrar por ejemplo en los principios básicos comunes para las políticas de integración de los inmigrantes en la UE, en diferentes Comunicaciones de la Comisión y del Consejo, y en declaraciones y acuerdos del Parlamento Europeo que no enumeraré. Todos ellos se basan a su vez en el análisis proporcionado por los informes periódicos publicados en el Migrant Integration Policy Index (MIPEX), y en los numerosas evaluaciones y recomendaciones de la Comisión y del Parlamento europeos, que recomiendan apostar por un apoyo financiero al trabajo de las administraciones municipales y autonómicas en la gestión de la acogida e integración.

En resumidas cuentas, lo que cabe esperar es poco más que lo que ya existe. Y me sitúo en ello en línea con análisis como los expuestos por un reconocido especialista, el profesor Rojo Torrecilla, en una publicación en su blog con el expresivo título  Cataluña. Pacto político en materia de inmigración: los deseos (de algunos) por una parte, la realidad jurídica, por otra, cuando sostiene que, para juzgar sobre un cambio relevante en las competencias migratorias de la Generalitat, hay que dejar de especular y esperar al texto del proyecto de ley orgánica.

Algunas propuestas para una gestión coordinada multinivel de las políticas migratorias

La prioridad de las administraciones autonómica y municipal en la gestión de las políticas de integración (acogida y presencia) de los inmigrantes ha sido subrayada por la mayoría de los expertos: véanse, por ejemplo, los informes y trabajos de Gemma Pinyol (cfr. por ejemplo su El marco multinivel de las políticas de inclusión e integración, 2021Fundación Begirune, cuaderno 7), o Lorenzo Cachón (cf. El plan estratégico de ciudadanía e integración 2007-2010Anuario CIDOB, 2007).

Precisamente eso, la colaboración de las administraciones europea y estatal con las autonómicas y municipales, se instrumentalizó a través de la puesta en marcha por Ayuntamientos y Comunidades autónomas de planes de gestión de la inmigración  (por ejemplo, los planes del País Vasco y la propia Cataluña) y, sobre todo, a partir de la creación en 2005 del Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración de los inmigrantes, que luego se subsumió en la iniciativa que puso en marcha el gobierno de Rodríguez Zapatero, el denominado Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007-2010 (PECI), siguiendo las recomendaciones europeas. Un plan que contó con un presupuesto total de 2005 millones de euros, de los que el 75% se destinaba a las partidas de acogida, educación y empleo. En lo que se refiere a las CCAA y ayuntamientos, la financiación aportada desde el PECI se centraba en dos áreas, Acogida e Integración de un lado, y Refuerzo Educativo de otro, y suponía una contribución superior a los 300 millones de euros. La continuidad del PECI y sobre todo, la financiación, fue eliminada por el gobierno de Rajoy como una de sus primeras medidas.

En todo caso, la lección es que conviene desarrollar el marco competencial ya reconocido a las CCAA en materia de acogida e integración, y aún más específicamente reforzar los medios a disposición de los ayuntamientos, que son la Administración en la que recaen las tareas inmediatas en esas materias. Como he dejado dicho, en coincidencia con el profesor Rojo, es posible sostener que eso se pueda llevar a cabo mediante una ley orgánica, pues al fin y al cabo el legislativo tiene competencia para hacerlo, en el marco de la interpretación constitucional.

Otra cosa es que a mí no me parece aconsejable que tal concreción se limite, en su caso, a las competencias de la Generalitat de Cataluña, a diferencia del resto de comunidades autónomas que puedan reivindicar estatutariamente ese marco competencial. Mientras tanto, creo que retomar el PECI y centrar el apoyo en los recursos financieros a disposición de los ayuntamientos sería bastante más eficaz y evitaría que, una vez más, nos enfangáramos en una discusión partidista que trata de rentabilizar electoralmente los fantasmas sobre la inmigración, en lugar de poner el esfuerzo en contribuir a afrontar de forma multisectorial y multinivel la compleja gestión de la política migratoria.

Termino con la recomendación de que, en lo relativo al ámbito de la gestión municipal de la inmigración se tenga en cuenta que existe un cúmulo de experiencias de buenas prácticas que pueden ser compartidas. Así lo han recordado en un artículo reciente, titulado “Asylum and Inmigration: a positive alternative Policy”, la política del SPD, Gesine Schwan y Robin Wilson, asesor del Consejo de Europa sobre política intercultural y editor de Social Europe (https://www.socialeurope.eu/asylum-and-migration-a-positive-alternative-policy). Schwan y Wilson,basándose en el principio de orientar la gestión migratoria en términos del mutuo beneficio, esto es, en la creación y desarrollo de intereses comunes a todas las partes que intervienen en el proceso migratorio (las sociedades de origen, los inmigrantes como actores protagonistas y también las sociedades de recepción, tal y como ha sostenido a lo largo de su obra un experto de referencia internacional, Sami Naïr), postulan entre otras cosas la creación de un»Fondo Europeo para el Desarrollo y la Integración Municipales«, y la extensión de las buenas prácticas de políticas interculturales municipales, que viene realizando la red de ciudades interculturales (ICC). Una red impulsada por el Consejo de Europa desde 2007 y que agrupa a más de 160 ayuntamientos europeos, para compartir buenas prácticas en la gestión inclusiva de la diversidad cultural que tiene como uno de sus factores decisivos la creciente presencia de inmigrantes asentados entre nosotros (https://migrant-integration.ec.europa.eu/integration-practice/intercultural-cities_en) y que tiene una red española (https://www.coe.int/fr/web/interculturalcities/spain).

Iniciativas como, por ejemplo, la estrategia anti-rumores, puesta a punto desde el Ayuntamiento de Barcelona (https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/anti-rumours), o la Carta Empresarial del Ayuntamiento de Oslo (OXLO, 2013), que ofrece buenas prácticas que muestren cómo la diversidad es una oportunidad para los negocios, como la ICC rating Diversity business (https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/-/oxlo-business-charter-making-migrants-visible-as-a-resource-for-business-and-economic-growth), o las propuestas de la Declaración de Lisboa de 2017 sobre políticas municipales para la integración inclusiva de los inmigrantes y la gestión de la diversidad. Otras prácticas relevantes son las relativas al desarrollo de procesos participativos (de los inmigrantes en la administración municipal, pero también de los ciudadanos y de los ayuntamientos en la gestión de la acogida y de las políticas de inclusión). Se ha avanzado no poco también en la formulación de planes municipales (y también autonómicos) de integración en sentido inclusivo, aunque ha de reconocerse que también se han producido retrocesos. Pero la conclusión, insisto, es la necesidad de apoyar financieramente el esfuerzo de los Ayuntamientos y reforzar la cooperación de las administraciones.

¿UN PLENO PARA MARCAR LA LEGISLATURA?

La política es negociación, en aras del beneficio de los ciudadanos. En una sociedad plural, los interlocutores legítimos en la negociación política son todos aquellos que tienen respaldo de los electores, es decir, legitimidad democrática. Sean cualesquiera que fuesen sus ideas. Por tanto, las circunstancias pueden obligar a negociar con partidos que no parecen tener como objetivo el bienestar de los ciudadanos españoles, como es el caso de Junts, a todas luces.

Como ha demostrado este primer pleno del Congreso en 2024, el gobierno ha negociado hasta el límite de tiempo, para salvar el escudo social, y lo ha negociado con quien ha estado dispuesto a salvar esa protección. No ha sido esa la disposición del PP ni de Vox, cuya política de privatización y desigualdad y de indiferencia ante la suerte de los ciudadanos que se encuentran en peores condiciones, es palmaria, como evidencia la que despliega la presidenta de la Comunidad de Madrid, el gobierno de Castilla y León o los de Extremadura y Valencia, por citar sólo algunos ejemplos. Por eso, tengo claro que salvar los dos decretos, como se consiguió ayer, es un resultado que debe ser celebrado por la inmensa mayoría de los ciudadanos.

El problema, a mi entender, es el procedimiento y el coste de la negociación para obtener ese resultado

Dejo aparte lo que me permito calificar como bochornoso papel de Podemos, que como les señaló Oskar Matute citando a Bensaid, les hace perder totalmente el rumbo, pegando una patada en el culo de los ciudadanos en su revancha para descalificar a Yolanda Díaz que, por otra parte, no ha sido nada hábil ni equitativa en su trato con Podemos como fuerza dentro de Sumar.

Pero lo sucedido ayer en el debate -unido a la deplorable impresión que produjeron las sucesivas y caóticas votaciones que evidenciaron que los diputados desconocían el estado de las negociaciones que se estaban llevando a cabo simultáneamente al desarrollo de la sesión parlamentaria, incluso con tomas de posición engañosas-, evidencia que llevar al límite la negociación, esto es, dejar sin cerrar acuerdos sobre las propuestas legislativas que se llevan a los plenos, deja a los ciudadanos privados de la necesaria transparencia que debe ofrecer el debate parlamentario sobre esas negociaciones.

Todo ello, a mi juicio, obliga a que el Gobierno sea particularmente transparente y preciso respecto al contenido y alcance de lo que se ofreció ayer a Junts para obtener sus cesiones.

Es decir: a partir de hoy mismo, el gobierno tiene una obligación especial de transparencia respecto a lo acordado ayer con Puigdemont. Pienso, por ejemplo, en la cesión de competencias a la Generalitat en el ámbito de la gestión de la inmigración que, aunque tiene cobertura constitucional (artículo 150.2) y aunque es preciso reconocer que buena parte de la gestión de la presencia de lso inmigrantes recae en las administraciones autonómicas y municipales. incluye aspectos clave que son competencia estatal de difícil por no decir imposible delegación (controles de entrada y salida de fronteras, por ejemplo) porque no son ni siquiera competencia sólo del estado, sino de la UE y porque en todo caso exige una gestión de coordinación multinivel. Por lo demás, me parece especialmente inoportuna y carente de justificación en este preciso momento, con un fuerte riesgo de romper la imprescindible coordinación entre el Gobierno central y las CCAA y de estas entre sí y con las administraciones municipales, que son claves en la gestión (por ejemplo: distribución de menores y de inmigrantes llegados a Canarias o a Ceuta y Melilla). Y todavía peor a la vista de las tendencias supremacistas y xenófobas manifiestas en Junts.

Es claro que Junts no engañó: ellos no se sienten vinculados por un acuerdo de legislatura, sino sólo de investidura y van a exprimir cada paso, sin el menor sentido del bienestar de todos los ciudadanos españoles y sin rastro alguno de políticas de progreso: porque no son una fuerza de progreso. Y hay que pensar en alternativas, porque, a mi modesto entender y como persona que ha dfendido y defiende la necesidad de una política de izquierda que tiene como prioridad la igualdad de derechos comenzando por los derechos de los más débiles y como militante socialista, creo que ni se puede, ni se debe gobernar así, si se quiere llevar a cabo una política de progreso y de igualdad en los derechos de todas las personas para las que tratamos de hacer política.

KAFKA EN SU CENTENARIO (Versión ampliada del artículo publicado en Infolibre, el jueves, 4 de enero de 2024)

Franz Kafka falleció el 3 de junio de 1924, en Klosterneuburg (Austria), a los cuarenta años, a causa de una tuberculosis. En 2024 se cumple, pues, el centenario de la desaparición física del escritor nacido en Praga, una de las cumbres de la literatura europea y universal. Quien quiera conocer a fondo su biografía debe remitirse a los trabajos de Reiner Stach, comenzando por la exhaustiva biografía que abarca tres volúmenes, publicados entre 2002 y 2014, con más de 2000 páginas (hay una magnífica edición en castellano, publicada en 2016 en Acantilado, con traducción de Carlos Fortea, Kafka. Los primeros años. Los años de las decisiones. Los años del conocimiento). Sin olvidar que Adorno, Benjamin, Canetti o Camus ofrecieron páginas imprescindibles sobre el gran escritor checo.

De su relevancia, es buena prueba que nos haya quedado un adjetivo vinculado a su nombre: kafkiano. El Diccionario de la Real Academia (DRAE) ofrece como tercera de sus acepciones ésta: se dice de una situación “absurda, angustiosa”. El problema, como señaló Frederick R. Karl en su Franz Kafka. The representative Man (1991), es que se ha generalizado y banalizado un uso incorrecto del término, de modo que el calificativo kafkiano ha perdido en buena medida su fuerza. Por eso, a casi nadie le llamará la atención afirmar que este de 2024 ofrece no pocos argumentos para que pueda llegar a ser calificado de esa manera. Lo cierto es que casi cualquier cosa lo parece hoy.

Sin embargo, es imposible negar que el absurdo y la angustia, rasgos que Kafka contribuyó a imaginar como condiciones de nuestra existencia, anticipando así de forma moderna —y como lo hiciera Dostoyevski— una de las corrientes filosóficas contemporáneas, el existencialismo, que ejemplificarán Sartre y Camus, conforman la realidad en la que viven buena parte de los seres humanos hoy, pese a los indiscutibles avances científicos y tecnológicos. Baste pensar en que nos parece irremediable pronosticar que millones de personas en Gaza, Ucrania, Yemen o Sudán, por citar sólo cuatro ejemplos, se mantendrán en 2024 en condiciones absurdas y angustiosas, ante la impotencia de la comunidad internacional. Y estoy seguro de que millones de argentinos calificarían así lo que les espera en los próximos meses de gestión de Milei. Por no decir que, si Trump se impone en las elecciones de noviembre, es más que previsible pensar que el mundo entero se acercará al absurdo y a la angustia… Eso parece dar razón al crítico literario Harold Bloom cuando escribió que la nuestra es sobre todo la época de Kafka. Permítame el lector apuntar un par de consideraciones sobre aspectos que quizá puedan considerarse menores de la obra de Kafka, pero que me interesan especialmente: su relación con el Derecho y con el cine.

Kafka, un jurista malgré soi

Aunque Kafka cursó estudios de química, filología e historia del arte, la presión paterna le obligó a realizar la licenciatura en Derecho e incluso llegó a doctorarse en leyes, bajo la dirección de Alfred Weber, el hermano del gran sociólogo alemán. Eso no significa que lo hiciera con entusiasmo. Se cita siempre un pasaje de su Carta al padre en el que Kafka lamenta que, en esos años de estudios de leyes, “mi espíritu se alimentaba literalmente del serrín que, por añadidura, habían masticado mil bocas antes que yo”. Un juicio demoledor sobre el modelo antipedagógico imperante en las Facultades de Derecho de la época (y no sólo de aquella) que, conforme a la concepción del más ralo positivismo legal-formalista, pretendía que quienes salieran d las aulas fueran meros aplicadores mecánicos de las leyes .

En todo caso, como han explicado sus principales biógrafos —y en particular el profesor Bodo Pieroth que, en su ensayo Recht und Literatur, nos da noticia detallada sobre los estudios jurídicos de Kafka—, parece difícilmente discutible que su obra debe mucho a esos estudios y sobre todo a su trabajo en contacto con una determinada práctica jurídica: en efecto, tras un año escaso como pasante, Kafka se desempeñó primero en la compañía Assicurazioni Generali y, desde 1908 a 1922, en el Instituto de Seguros de Accidentes de Trabajo del Reino de Bohemia en Praga (Arbeiter-Unfallversicherungs-Anstalt für das Königreich Böhmen in Prag), dedicado sobre todo a evaluar las compensaciones por accidentes laborales: tuvo así ocasión de confrontar los laberintos burocráticos en los que consiste en buena medida el ejercicio del poder a través de las normas e instituciones jurídicas sobre los que escribió con tanta clarividencia. 

Algunos compañeros y amigos que compartimos el interés por esa mirada de Kafka sobre el Derecho, nos hemos propuesto promover algunas conversaciones y debates en torno a las agudas reflexiones que podemos encontrar en obras como El Proceso, El Castillo, y en cuentos como El juicio, En la colonia penitenciaria, o en fragmentos como Ante la ley, o Sobre la cuestión de las leyes, textos que conocemos gracias a la “traición” de su amigo y albacea Max Brod, que no cumplió con el deseo expreso de Kafka de que se quemaran. Seguro que entre las publicaciones que verán la luz en este año destacará el ensayo cuya inminente aparición nos avanzó uno de sus más conocidos estudiosos entre nosotros, el escritor y abogado Lorenzo Silva —autor de una pequeña monografía con el título El Derecho en la obra de Kafka, que data de 1989 (revisada y publicada en 2008)—, con motivo de una reciente intervención en el aula de literatura de la Universitat de València que dirige la profesora Cristina García Pascual.

Kafka, el cine y la literatura

En todo caso, mi intención en estas líneas, hoy, es más sencilla. Quiero unirme a quienes propondrán aprovechar la conmemoración de su muerte para hacer de 2024 un año kafkiano en la acepción propia. Esto es, para disfrutar y aprender de la lectura de algunos de los ensayos y narraciones de Kafka. Pero también, por qué no, para adentrarse en las relaciones entre Kafka y el cine. 

Hanns Zischler, en su muy recomendable ensayo Kafka va al cine (2008), supo mostrar a Kafka como un cinéfilo adelantado, de primera hora, muchas veces junto a su amigo Max Brod, con quien frecuentó algunas de las primeras salas de cine en Praga, Berlín, París, Milán o Munich. Por su parte, Javier Quirce (https://www.cultugrafia.com/huella-kafka-cine-literatura) ha sabido encontrar una fórmula que me parece insuperable para explorar el otro lado de esa relación, la influencia de Kafka en el cine y, en particular, en el expresionismo Murnau, Lang): “sombras que tomaron Europa”. Pero la huella de Kafka, como muestran Zischler y Quirce, se prolonga más allá, por ejemplo, en Hitchcock, Laughton, o el genial Orson Welles. Fue éste quien dirigió en 1962 una adaptación de El Proceso, con Anthony Perkins encarnando a Joseph K, acompañado nada menos que por Jeanne Moreau, Romy Schneider, Elsa Martinelli y Akim Tamiroff, y que incluye un prólogo directamente basado en el fragmento “Ante la ley”. Se trata, desde luego, de una versión muy superior al remake que dirigió David Jones en 1993.

A destacar también dos versiones de El castillo, la dirigida por Rudolph Noelte en 1968, protagonizada por Maximilian Schell, y el, a mi juicio, muy superior remake que dirigió Michael Hanecke en 1997, con Ulrich Muhe como protagonista. Como curiosidad, cabe señalar la versión cinematográfica del relato La colonia penitenciaria, dirigida por el chileno Raúl Ruiz en 1970 y la adaptación del Informe para la Academia que dirigió Carles Mira en 1975, con el gran Jose Luis Gómez como protagonista.

Pero, sobre todo, como es obvio, hay que releer a Kafka. Como una pequeña muestra de cuanto podemos aprender en sus páginas, permítame el lector que recomiende una de sus breves y más impactantes narraciones. Me refiero a su Informe para la Academia, publicado en la revista Der Jude, en 1917 y posteriormente incluido en la colección de relatos Un médico rural(1919). En mi opinión, hay pocos textos literarios que cuenten con un incipit que atrape tanto como éste:

“Ilustrísimos señores académicos: es para mí un honor que me hayan invitado ustedes a presentar a esta Academia un informe sobre mi anterior vida de simio”.

En este discurso que dirige el protagonista, Peter el rojo, a los académicos, se muestra el mono capturado en Guinea y domesticado hasta el extremo de no pertenecer a ninguno de los dos mundos. Al parecer, la inspiración para este cuento le vino a Kafka tras la lectura de una crónica del diario Prager Tagblatt, que describía la actuación de un simio, conocido como ”cónsul Peter”, en un cabaret de Praga, entre 1908 y 1909. Kafka nos ofrece la historia de quién fué simio, pero no es reconocido como hombre, pese a su enorme esfuerzo de asimilación, y consigue así dar una vuelta de tuerca al recurso que utilizaron Shakespeare con el judío Shylock, o Montesquieu con el persa Usbek e incluso respecto a su más conocido relato, La Metamorfosis: porque se trata de dar voz al otro, para que nos hable no tanto o no sólo de él cuanto de nosotros mismos y de las contradicciones en la dialéctica del reconocimiento y la igualdad. Un otro que no es sólo la minoría —el judío—, sino que supera la barrera de la especie. Son ideas que necesitamos repensar con urgencia hoy. Buena lectura…

2024: MEILLEURS VOEUX!!

Como saben mis amigos, en lo que se refiere a las felicitaciones navideñas, sigo la costumbre francesa que, sin dejar de felicitar esas fiestas, se centra en formular los <voeux>, los buenos deseos, para el año entrante. Y para ello trato de encontrar cada año una efeméride significativa.

En el próximo año 2024 conmemoramos, entre otros, el centenario de la muerte del gran Franz Kafka. Tiempo habrá en este año para leer y comentar algunas de las obras de este genio. Los juristas, en particular, tenemos una gran deuda con él…

En todo caso, en este tránsito al nuevo año -que es bisiesto- quiero invitar a todos los lectores e este blog a releer uno de sus breves relatos, que es una obra maestra. Se trata de su «Informe para la Academia» (publicado en la revista <Der Jude>, en 1917). Hay pocos textos literarios que cuenten con un incipit que atrape tanto como el de este Informe:

“Ilustrísimos señores académicos: es para mí un honor que me hayan invitado ustedes a presentar a esta Academia un informe sobre mi anterior vida de simio”.

El Informe que presenta Peter el rojo, que fué simio, pero no es reconocido como hombre pese a su enorme esfuerzo de asimilación, sigue el recurso que utilizaron Shakespeare con el judío Shylock o Montesquieu con el persa Usbek: dar voz al otro para que nos hable no tanto o no sólo de él, cuanto de nosotros mismos y de las contradicciones en la dialéctica del reconocimiento y la igualdad.

Y para que el año comience con sonrisa, os regalo tres de las maravillosas secuencias de Singin´ in the rain, la inmortal película de Stanley Donen, de cuyo nacimiento se cumplen 100 años en 2024…

Singin’ in the rain

Make´em laugh

Moses suposes:

¡¡Mis mejores deseos para todos en el año 2024!!