AUTISMO, CON DIGNIDAD. UNA PROPUESTA (artículo de Javier Garcinuño y Javier de Lucas, Infolibre, 5 de julio de 2022)

El autismo es una realidad poco conocida, pero de la que hablamos con frecuencia y, con la misma frecuencia —según resulta fácilmente constatable—, se utiliza el término, coloquialmente, con una connotación despectiva o de reproche. De hecho, el Diccionario de la Real Academia Española, que reconoce los usos suficientemente asentados del lenguaje, su utilización por el pueblo, recoge una tercera acepción de la voz autista, de la manera siguiente: “Tercera acepción: Adjetivo. Dicho de una persona: Encerrada en su mundo, conscientemente alejada de la realidad”.

Sin embargo, la realidad científica y la experiencia social de las familias que conviven con personas afectadas por Trastornos de Espectro Autista (TEA), que se calcula son unos 70 millones en todo el mundo, es muy otra. Los TEA hacen referencia a un conjunto amplio de condiciones que afectan al neurodesarrollo y al funcionamiento cerebral, dando lugar a dificultades en la comunicación e interacción social, así como en la flexibilidad del pensamiento y de la conducta de la persona que lo presenta. Aunque bajo esa denominación se reúnen muy diversas manifestaciones, tienen en común que afectan a las habilidades para comunicarse y relacionarse con los demás. También se asocian a un patrón restringido y repetitivo de intereses, actividades y comportamientos, que inciden en la capacidad de la persona para anticiparse y adaptarse de manera flexible a las demandas del entorno. En algunos casos, se relacionan con la presencia de alteraciones en el procesamiento de la estimulación que proviene del entorno. Esto provoca que la persona pueda experimentar reacciones de hiper o hiposensibilidad hacia estímulos de las diferentes modalidades sensoriales (auditiva, visual, táctil, etc.).

Los TEA, a veces, están asociados a otros trastornos del neurodesarrollo, como la discapacidad intelectual o el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Pero en muchos casos no inciden en el funcionamiento intelectual global y así los afectados por TEA pueden tener un gran potencial cognitivo, aunque algunos de sus procesos psicológicos (como la cognición social, el lenguaje o las funciones ejecutivas) tengan un funcionamiento diferente e incidan en la manera en que la persona percibe, interpreta y se relaciona con el mundo que le rodea.

Lo que importa subrayar es que las personas afectadas por TEA tienen un riesgo muy elevado de sufrir procesos de rechazo, estigmatización y exclusión social, alimentados por la ignorancia y los prejuicios aún imperantes al respecto en buena parte de la opinión pública. Esto comporta no pocas limitaciones a su autonomía personal, al ejercicio de sus derechos, a su participación en la sociedad.

Afortunadamente, contamos con ejemplos de personas que no se resignan a la ignorancia y al prejuicio y luchan por eliminar esas barreras. Es el caso de Anabel Cornago, a la que bien se puede calificar como ejemplo de las <madres coraje> que se esfuerzan por conseguir una vida más plena y con total garantía de derechos a sus hijos afectados por el TEA. Anabel Cornago impulsó en la conocida plataforma change.org una campaña que en poco tiempo ha logrado reunir más de 70000 firmas, “Autismo con dignidad”, para conseguir que la Real Academia repare una injusticia que tiene su manifestación como tantas otras en el lenguaje, la que expresa la mencionada tercera acepción del diccionario. No se trata de una manifestación más de lo “políticamente correcto”, ni tampoco supone considerar que basta con no utilizar una palabra o expresión para que el problema desaparezca. No es un ejemplo de “cultura de cancelación”. El lenguaje —y lo sabemos muy bien los juristas, y también los parlamentarios, porque nuestra herramienta son las palabras— tiene esa función de configuración de la realidad social. Esta es, por tanto, una exigencia de dignidad, para devolver a esas personas su condición de agentes de pleno derecho de nuestra sociedad y promover, pues, una imagen que les devuelva sus esperanzas de autonomía y un reconocimiento al esfuerzo que han de asumir.

El senador socialista por Cáceres Javier Garcinuño, miembro de la Comisión del Senado para políticas integrales de discapacidad, mantuvo varias conversaciones con la señora Cornago y con otros representantes de familias de afectados por TEA y decidió promover una moción para que el Senado hiciera suya esa campaña, iniciativa que recibió el apoyo de la dirección del grupo parlamentario socialista. Preciso es consignar la importancia que tuvo para la tramitación de esta moción que el director de la Real Academia Española de la lengua, el profesor Santiago Muñoz Machado, recibiera a los dos firmantes de estas líneas, el propio senador Garcinuño y el senador De Lucas. Tras conversar con él sobre la tarea de la Academia en relación con el diccionario y sobre las posibilidades de acoger una moción sobre la mencionada tercera acepción, quedó claro para nosotros que lo más conveniente era promover la inclusión de una “marca” en esa tercera acepción, que dejase claro que ese uso es peyorativo, despectivo.

A juicio de los senadores firmantes de la moción, lo importante, en efecto, es contribuir a romper el estigma que pesa sobre las personas que padecen TEA y las consecuencias negativas para su reconocimiento y sus derechos. Somos conscientes de que eso no basta y que es necesario promover otras acciones por parte de los poderes públicos, significativamente en el ámbito de la educación y en el de los servicios sociales, por ejemplo, que contribuyan a rescatar esa dignidad. También en el ámbito de la comunicación, en el que existen ya algunas guías de estilo.

Ese fue el espíritu con el que el que el senador Garcinuño, como ponente, negoció con todos los grupos parlamentarios en la Comisión y defendió una versión transaccional que fue aprobada por unanimidad, reflejando así el sentir de la Cámara a favor de ese rescate de dignidad. Se trata de abrir camino y ayudar a las personas: algo que, a juicio de todos, da el mejor sentido a la actividad parlamentaria

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Javier Garcinuño es senador socialista por Cáceres

Javier de Lucas es senador socialista por ValenciaMÁS SOBRE ESTE TEMA

MELILLA, DESPUÉS DE LA DESOLACIÓN (versión ampliada del artículo publicado en Levante-EMV, 3 de julio de 2022)

Las brutales imágenes de violencia en la frontera de Melilla, que conocimos el viernes 24 de junio gracias a los videos difundidos por la sección de Nador de la principal asociación marroquí de defensa de derechos humanos, AMDH (pueden verse en su cuenta de twitter, @NadorAmdh), dejan sin aliento. Por violentos que fueran una parte de los centenares de inmigrantes que intentaron el salto (hay testimonios de que un buen grupo de ellos llevaba palos y piedras), nada puede justificar el uso absolutamente desproporcionado de la fuerza, el evidente maltrato y aun crueldad que protagonizó la gendarmería marroquí durante el enfrentamiento y, sobre todo, las faltas de respeto a la más elemental dignidad humana que se sucedieron después, con personas agonizantes, amontonadas unas sobre otras, sin la menor asistencia.

La condena internacional y la exigencia de investigación para evitar la impunidad

Pocos días después de los hechos, se ha producido un clamor internacional para que se lleve a cabo una investigación independiente, que impida que todo quede impune. Para esclarecer, por ejemplo, si la policía marroquí intervino en suelo español para practicar «devoluciones e caliente» -algo que no le corresponde en ningún caso y que supondría una groera violación del procedimiento legal vigente en España, incluso después de la convalidación parcial de es práctica por el TEDH. parcial: así lo ha recordado el TS español. Y aunque el ministro del interior lo ha negado en el Congreso, hay videos que confirman que así sucedió (https://www.publico.es/politica/gendarmes-marroquies-suelo-espanol-pruebas-marlaska-niega.html)

Esa investigación internacional ha sido exigida, por ejemplo, por las dos agencias especializadas de la ONU, ACNUR y OIM (https://www.europapress.es/internacional/noticia-acnur-oim-lamentan-muertes-frontera-melilla-20220625200645.html), y por el más importante organismo específico de la ONU, el Comité sobre derechos de los trabajadores migrantes, (https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/06/un-committee-urges-prompt-investigation-deaths-migrants-moroccan-spanish). Muy contundente ha sido el portavoz del Secretario General de la ONU, Stéphane Dujarric, que aseguró que tanto Marruecos como España hicieron un uso “excesivo” de la fuerza, exigió una investigación y recordó las obligaciones de todos los Estados de respetar los derechos de los inmigrantes; también en las fronteras. Posteriormente, el propio Secretario General insistió en los tres aspectos (https://www.infolibre.es/politica/marruecos-melilla-reacciones-internacionales_1_1270543.html).

También se han pronunciado en ese sentido organizaciones internacionales, como la Comisión de la Unión Africana, cuyo presidente, Moussa Faki Mahamat, ha recordado ”las obligaciones de todos los países bajo el derecho internacional de tratar a todos los migrantes con dignidad y priorizar su seguridad y derechos humanos, mientras se abstienen del uso de fuerza excesiva” (https://au.int/en/pressreleases/20220626/chairperson-expresses-shock-violent-treatment-african-migrants).

Por lo que se refiere a nuestro país, el Defensor del Pueblo de España ha iniciado un expediente, tras la denuncia de varias ONGs (https://www.eldiario.es/politica/ultima-hora-actualidad-politica_6_9120521_1091810.html), y la fiscalía de Sala de extranjería requirió a la Fiscal General del Estado (FGE) para que se abrieran diligencias de investigación. El martes 28, la FGE dictó el decreto que la ha puesto en marcha https://elpais.com/espana/2022-06-28/la-fiscalia-investigara-la-muerte-de-los-migrantes-que-intentaron-saltar-la-valla-de-melilla.html).

Sin embargo, creo que la tesis oficial d la UE y también de nuestro gobierno, es la que ha enunciado el comisario europeo de inmigración, el griego Magaritis Schinas, en una reciente entrevista: Marruecos es posiblemente el policía malo y se puede reconocer que en el salto a Melilla hizo u uso desproporcionado de la fuerza, sí. Pero para la Unión Europea es el policía necesario y hay que mostrar nuestra comprensión hacia él (https://www.lavanguardia.com/internacional/20220703/8382240/hubo-excesivo-fuerza-melilla.html)

Lamento ese doble lenguaje.Lo lamento porque estoy firmemente convencido del compromiso programático de mi partido, el PSOE, con la defensa de los derechos humanos. Por eso, lamento profundamente el silencio de una parte de los responsables de políticas migratorias de mi partido respecto a las violaciones de derechos cometidas en la frontera de Melilla: ¿con qué argumentos van a seguir sosteniendo que defienden los derechos humanos después de cerrar la boca ante esta barbarie?

Después de lo ocurrido en Melilla: ¿qué hacer?

Antes de ninguna otra consideración, recordaré que semejante brutalidad por parte de la gendarmería marroquí y de elementos paramilitares, no constituye nada nuevo, ni inesperado. Lo cierto es que hay datos que parecen confirmar que la policía marroquí había preparado las condiciones para una actuación de represión masiva de los inmigrantes que se encontraban en el Gurugú. Como parece también evidente que se ha incrementado exponencialmente el número de sudaneses y eritreos que, ante la situación en Libia, se desvían hacia Marruecos: un número importante de las víctimas tienen ese origen. Se trata, por cierto, personas susceptibles de necesitar protección internacional. Desgraciadamente, es más que probable que se vuelva a repetir algo así, porque es pauta habitual por parte de la gendarmería marroquí. Pese a todo, cualquiera que conozca mínimamente la situación en la que se encuentra una parte de la juventud en amplias regiones del continente africano (https://qz.com/africa/2179954/world-refugee-day-why-africas-youth-want-to-emigrate-to-europe-and-us/), sabe que los intentos de llegar a lo que, pese a todas las crisis, sigue siendo una región privilegiada, Europa, no van a cesar. Por altas que sean las vallas. Por trágicos que sean lo viajes en los que se pierden años, derechos, incluso la vida. Por muchos palos y balas con los que se afronte sus intentos de saltar.

Pero no es esto lo que más me interesa destacar aquí. Escribo estas líneas, a invitación del diario Levante-EMV, para tratar de apuntar cuál debería ser nuestra respuesta, más allá de la desolación y de la indignación. Más allá, claro, de la elemental solidaridad y empatía con las víctimas y sus familias, que echamos en falta en la primera reacción del presidente y del gobierno, que se mostraron demasiado complacientes con Marruecos (“bien resuelto”, fue una afirmación muy desafortunada), aunque luego el presidente del gobierno y la portavoz han reiterado expresamente las condolencias a las víctimas y sus familias. Pero es mucho peor la actitud del gobierno marroquí: jamás ha existido por parte de las autoridades marroquíes el más mínimo gesto hacia los inmigrantes que han fallecido o sufrido graves heridas. Y es que Mohamed VI y su corte practican impenitentemente un feroz racismo hacia los inmigrantes negros llegados del sur de sus fronteras, a los que consideran infrapersonas, un status muy por debajo del de súbditos, el que tiene la mayor parte de la población del reino alauita. En las pérdidas de vida y violaciones de derechos las mafias tienen una gran responsabilidad, sí. Pero, insisto, es enorme la de las autoridades marroquíes. Y la respuesta debida, ante todo, es esclarecer los hechos y determinar con claridad las responsabilidades y su castigo. También del lado español, pues hay evidencia de que la policía marroquí entró en territorio español para volver a llevar a algunos de los inmigratnes a territorio marroquí.

Si más allá de caso concreto nos preguntamos qué hacer, cómo asegurar una respuesta legítima, adecuada y eficaz a la gestión de los movimientos migratorios, a mi juicio y en opinión de muchos de nosotros, las condiciones básicas de esa respuesta son bastante sencillas.

Empecemos por saber lo que no hay que hacer. Para mí, después de 40 años de experiencia, está claro que lo primero es dejar de insistir en los errores de una política migratoria que reiteran inútilmente tanto sufrimiento, tanto dolor y que no han disuadido ni disuadirán a los millones de personas que, si quieren una expectativa más digna de vida, no tienen otra elección que emprender esa dificilísima aventura. Siguiendo al filósofo camerunés Mbembé, he calificado muchas veces ese modelo de política migratoria como necropolítica. Necropolítica, sí, porque en lugar del imperativo básico de respeto a la vida y dignidad humanas, las vidas de los inmigrantes parecen sólo cifras de una perversa contabilidad que sólo entiende de la hoja de resultados, medida en términos de beneficio económico por quienes creen que los migrantes solo son -y así deben ser tratados- fuerza de trabajo. Ese imperativo unilateral de beneficio y una tan solemne como retórica “defensa de la integridad del territorio y de la soberanía del Estado español”, hacen de las fronteras lugares sin derechos, ajenos a la igualdad en el imperio de la ley. Lean las recomendaciones 76 a 82 del Informe “Violaciones de los derechos humanos en las fronteras internacionales: tendencias, prevención y rendición de cuentas” (https://www.ohchr.org/es/documents/thematic-reports/ahrc5031-human-rights-violations-international-borders-trends-prevention), presentado hace una semana ante la Asamblea General de la ONU por el relator especial de derechos de los inmigrantes y que denuncia prácticas que no respetan los Principios y Recomendaciones sobre los derechos humanos en las fronteras internacionales, propuestos a Naciones Unidas por el Secretario General, en 2014 (https://acnudh.org/principios-y-directrices-recomendados-sobre-los-derechos-humanos-en-las-fronteras-internacionales/). No son tan difíciles de conocer. Pero sí muy fáciles de burlar, a la vista de la experiencia.

Hay que superar una política migratoria cuyo emblema y único objetivo parece la obsesión de control policial, que lleva a levantar vallas más altas, apalear y expulsar a personas, y externalizar lo peor de la represión a regímenes autocráticos, dispuestos a hacer el papel de policía malo, que se salta cualquier límite de respeto a los derechos humanos y al Estado de Derecho, en una complicidad que no es cooperación, sino que se parece demasiado al chantaje y quizá la corrupción.). Hay mafias, sí, pero hace muchos años ya que sabemos que no son sólo de tráfico y explotación: también las que se benefician de la floreciente industria del control de fronteras. Así lo mostraron a finales de los 2000, las investigaciones de Claire Rodier y de Migreurop, a las que siguieron por ejemplo las de Akkerman en 2019 para el Transnational Institute y otros proyectos (por ej., https://thecorrespondent.com/10221/security-for-sale-the-price-we-pay-to-protect-europeans/497732037-a3c8cc9e). Lo que es peor, eso incluye por desgracia a Frontex, como hemos visto recientemente.

Además, no se puede dejar de señalar a quienes hacen negocio de su estratégica posición geográfica: Marruecos es el arquetipo de hacer negocio con la “esclavitud de la geografía”. Pero ante eso, que es chantaje, la respuesta no puede consistir en ceder resignadamente, sino en negociar, desde la firme exigencia de una contrapartida que debe implicar el respeto de derechos. Y la experiencia muestra que no es eso lo que cabe esperar de los monarcas alauíes, que practican impunemente con nuestro país lo que se da en llamar la estrategia del salchichón.

Vayamos a la parte propositiva. Habida cuenta de las características de este artículo, me limitaré a señalar tres tipos de iniciativas, bien conocidas.

La primera, remite a la reiterada reclamación de crear vías legales, seguras y regulares para que los inmigrantes puedan llegar e instalarse sin riesgo de sus vidas, para trabajar legalmente, regresar a sus países y en su caso, volver a trabajar aquí, sin tener que pasar a lo largo de todas esas etapas por la clandestinidad. Porque la clandestinidad, el tráfico y la explotación, que son el negocio de las mafias, existen por dos razones. Porque hay empleadores en nuestro país a quien interesa el dumping social que supone disponer de esa mercancía, de esa mano de obra vulnerable, dispuesta a renunciar a sus derechos, y porque no hay vías legales y seguras para llegar y, por tanto, los inmigrantes tienen que acudir a las rutas que controlan las mafias.

La segunda, consiste en construir una política europea de asociación con los países de origen, pero no tanto para asegurar la obsesión del control, sino sobre todo para incidir en las causas de esos movimientos migratorios forzados, que seguirán existiendo y se van a incrementar si no actuamos. Esos desplazamientos masivos no se podrán regular mientras continúe la inmensa brecha de desigualdad en desarrollo humano, derechos humanos y democracia. Por tanto, iniciativas de asociación para la promoción en esos países de esos tres indicadores.

Y una tercera propuesta: poner en marcha medidas para otra política de acogida y, sobre todo, de inclusión, empezando por el acceso al mercado laboral en condiciones de igualdad de derechos. Hay que desarrollar actuaciones como las que con mucho acierto, a mi juicio, ha puesto en marcha, por primera vez en nuestro país el ministerio de inclusión y migraciones, mediante reformas del reglamento de extranjería como las que permiten la incorporación a la seguridad social y al mercado de trabajo de miles de jóvenes que, así, no serán la amenaza que pretenden los carteles de Vox, sino que se convertirán en parte de la mejor esperanza para nuestro país.

EUROPA, ANTE UNA APUESTA DECISIVA: LA CUMBRE DE LA OTAN EN MADRID (Versión ampliada de artículo publicado en Infolibre 27 de junio de 2022)

  1. Una mirada sobre Europa, occidente y el atlantismo

La OTAN va a renovar su “concepto estratégico”, en la cumbre de Madrid, como lo hace cada diez años, aunque se trate de un período excesivamente largo, ante la aceleración histórica que vivimos. Para entender lo que se pone en juego en esta cumbre, desde el punto de vista de los principales actores, sugiero leer con atención el análisis que propone el general Dacoba, director del Instituto Español de Estudios Estratégicos (https://www.vozpopuli.com/espana/general-dacoba-otan-reconocera-madrid-dos-amenazas-rusia-terrorismo.html?utm_source=Newsletter+VP&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=newslettervp_datos).

La reunión de Madrid viene marcada por la precipitación de los acontecimientos en estos últimos cuatro meses, tras la invasión de Ucrania por la Federación Rusa, es decir, los objetivos de la cubre están marcados en no poca medida por la agenda de Putin quien, incluso malgré soi, ha “resucitado” a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, devenida en destino indiscutible de los europeos. Hoy, para nosotros los europeos, estar en OTAN recuerda lo que en aquellos viejos juegos infantiles se llamaba “tocar madre”, un trasunto de la protección que otorga el lugar sagrado.

Lo que me parece más interesante debatir es que, en no pocos think tanks, analistas y claro, entre los inevitables tertulianos convertidos hoy en gurus de la geopolítica, parece abrirse paso un proceso de reconceptualización no exento -a mi juicio- de riesgos: se daría por inexorable la identidad entre la <visión atlántica> y la pertenencia de los europeos a un occidente cuyos valores estarían en serio peligro y debemos defender. Esta es una concepción que, a mi entender, comporta el riesgo de situar a los europeos no sólo -o no tanto- como socios activos de una alianza defensiva necesaria, sino también al servicio de un bloque, o, para decirlo más claro, bajo el primado de los intereses geoestratégicos norteamericanos.

Trataré de dejar claro mi punto de vista: no discuto lo que llamaré punto de vista realista. Admito que, hoy día, sólo la OTAN garantiza eficazmente a los europeos nuestra defensa, por mucho que nos entretengamos con nuestra “brújula estratégica”. Una defensa, reitero, que es presentada en términos de garantía de los valores de occidente, de nuestro modelo de vida, ese modo de vida europeo para cuya salvaguarda la presidenta von der Leyen quiso crear una comisaría específica. O, con mayor justificación, la salvaguarda de democracia liberal frente a los autoritarismos y los populismos autoritarios que, además, impugnan los principios del orden internacional, como evidencia la China de Xi Ping.

Es lógico que, ante la reaparición de la visión del “enemigo a las puertas”, todos hayamos vuelto los ojos al primo de zumosol: por obra y gracia de Putin hemos modificado los presupuestos de defensa (el epítome, Alemania), acercándonos a lo que venían demandando todos los presidentes norteamericanos (de Bush y Obama, a Trump y, ahora, Biden), o incluso hemos abandonado el status de neutralidad (Suecia, Finlandia). Porque parece evidente que la UE, pese al elevadísimo monto del gasto en defensa de sus Estados miembros (mucho mayor en su conjunto que el de la Federación rusa), no tiene capacidad propia de defensa. Es decir, no sólo estamos jurídicamente vinculados a las exigencias que derivan de esa pertenencia y, por tanto, tenemos deberes que cumplir; es que la necesitamos para garantizar nuestra seguridad. Ahora bien, lo que hay que discutir es el precio.

Cuando propongo discutir el precio, no hablo sólo, ni sobre todo -con ser importante-, del presupuesto de defensa. Porque, mal que nos pese, si aceptamos lo uno -la OTAN como garantía eficaz de nuestra defensa- no sé cómo podemos oponernos a lo otro: el incremento del presupuesto en defensa, en aras de una proporcional distribución de la financiación del Pacto del que somos socios y que nos da esa garantía. Dicho sea de paso, la “cultura de defensa” sigue siendo una asignatura pendiente en nuestra opinión pública. Cuando hablo de precio me refiero sobre todo a lo que tenemos que admitir y aquello a lo que tenemos que renunciar, como consecuencia de ese amargo descubrimiento de que no podemos no depender de la OTAN. Más concretamente, ¿son algunas de esas exigencias realmente conciliables con el proyecto europeo? Ese recuperado atlantismo, ¿garantiza de verdad lo que es propio del modelo europeo?

Eso nos lleva a un debate nada sencillo, porque más allá de lo que sin duda es el núcleo de nuestro modelo, el europeo, que radica en la defensa del estado de Derecho, la garantía de los derechos humanos, las instituciones de la democracia liberal y el estado social europeo, la <dependencia atlántica> parecería jugar a favor de la concepción de un orden global (el que tiene como condición la hegemonía de los EEUU), vinculado a otro tipo de liberalismo, más próximo a un<desorden de mercado> profundamente desigualitario, depredador. Ese deslizamiento de lo europeo hacia lo atlántico, a mi juicio, cambia a su vez la vieja (e impropia) relación entre lo europeo y lo occidental.

Por no añadir que ese concepto, el de <occidente>,  se sostiene mal hoy: es confuso, si no engañoso, como ha mostrado el profesor Castells en un certero y reciente artículo (https://www.lavanguardia.com/opinion/20220618/8348638/occidente.html), que concluía con un argumento, a mi juicio, imprescindible: “Lo que no tiene sentido en un mundo de redes es volver a levantar las murallas de un Occidente cuya acción civilizadora es en buena parte una mistificación ideológica”. En el mismo sentido, me parece que apunta una reflexión de Boaventura Santos titulada “La contracción de occidente” (https://www.other-news.info/noticias/la-contraccion-de-occidente/). Pese a esa inadecuación, pese a esas objeciones, creo que cabe sostener que tal identificación es lo que los Estados miembros de la OTAN entienden como el núcleo del modelo de defensa que propone el Tratado de la OTAN y también el núcleo de sus diferentes conceptos estratégicos.

Hablemos, pues, del coste de lo que la OTAN pretende establecer en la cumbre de Madrid: el punto de partida es un escenario en el que se considera verosímil una guerra de alcance global. Conviene, por ejemplo, leer la entrevista ofrecida por el Secretario General Stoltenberg (https://elpais.com/internacional/2022-06-25/jens-stoltenberg-lider-de-la-otan-dar-la-paz-por-descontada-en-europa-puede-terminar-en-una-guerra.html?sma=newsletter_alerta20220625). Y a esos efectos, se trata de redefinir la estrategia de la Alianza, impulsar la inversión en defensa de los Estados miembros, conseguir una financiación conjunta y más equilibrada. Sin poner límites claros a la admisión de nuevos miembros, aunque sea con el coste de crear un muro defensivo en las propias fronteras de la Federación rusa, redefinida como la nueva amenaza común, mientras que China es sólo un “desafío geoestratégico y sistémico más a largo plazo”. En resumidas cuentas, este reposicionamiento de la OTAN, se ha dicho, supondrá el mayor despliegue militar desde los tiempos de la guerra fría.

A mi entender, al de algunos de nosotros, ese proceso de reidentificación de la OTAN como guardián de occidente, propiciado por la guerra de Putin en Ucrania, comporta riesgos serios para el proyecto europeo, entendido en términos de autonomía política, económica, energética, estratégica. Un proyecto que consiste en definir un papel común y propio para Europa, desde su diversidad: un papel específico (aunque sea menor) de Europa en el mundo, algo a lo que nuestros dirigentes en Bruselas, urgidos por la distorsión de los acontecimientos que ha supuesto la agresión de Putin, parecerían haber renunciado, pese a los más o menos patéticos intentos de Macron de mantener el maquillaje de la grandeur francesa, ayudado por el perfil bastante plano del canciller Scholz, muy lejos del protagonismo internacional de Merkel.

Hoy, se nos dice, debemos aceptar sacrificios en aras de la defensa de nuestros principios europeos. Sacrificios que los europeos y sobre todo los más pobres, viven con creciente dificultad (resumámoslos en el concepto inflación). En ese sentido, creo, hay que entender las advertencias insistentes del Alto Representante Borrell, que insta a los europeos a aprender el lenguaje del poder y, sobre todo, a lo que él mismo denomina la necesidad de “despertar geopolíticamente” de los europeos (https://legrandcontinent.eu/es/2022/03/24/europa-en-el-interregno-nuestro-despertar-geopolitico-tras-ucrania). Lo que ha cambiado en estos últimos cuatro meses es que la lógica de esos sacrificios no la dicta sólo la UE, sino también la OTAN: los europeos somos ahora más “atlánticos” incluso, que “occidentales”. Y esa perspectiva reductivamente atlantista supondría, por desgracia, un serio riesgo de abandono de una concepción multilateral y cooperativa en las relaciones internacionales, la que soñamos que se abría paso con la caída del muro. La que sería más coherente con un proyecto de autonomía europea, como agente de soft power en las relaciones internacionales. No hablo de concepciones ingenuamente irenistas, de un pacifismo propio de otros contextos. Pero tampoco hay que aceptar, sin más que el motor de la política exterior europea deba consistir, por obra y gracia de Putin, en rearmarse hasta los dientes. Una nueva política de defensa es imprescindible y la OTAN es pieza clave, sí. Pero no al precio de abandonar un elemento clave del proyecto europeo: la apuesta por la diplomacia multilateral, por los espacios de cooperación y negociación.

2. Sobre el concepto estratégico de Madrid y la relevancia del <flanco sur>: África como caja de pandora para el “occidente atlántico”.

Pues bien, entre los elementos de ese nuevo concepto estratégico que nacería de la cumbre de la OTAN en Madrid, se encontraría algo que, no siendo en rigor un elemento novedoso, sí que pasaría a ganar relevancia: la inclusión como prioridad estratégica para la OTAN de las soi-dissants “amenazas del flanco sur”. Una inclusión que ha sido presentada incluso como un éxito diplomático de la Europa del Sur (de España, concretamente).

Por supuesto que no faltan razones para la preocupación por esos riesgos y amenazas desde el “flanco sur”, un eufemismo para referirse a la preocupación por la evolución del equilibrio del “escenario africano” en lo que a algunos les sigue gustando denominar “gran tablero”. Tal preocupación responde a indiscutibles factores estructurales y también a algunos cambios relevantes en el equilibrio de influencias en el continente africano, por la creciente presencia de China, por la desestabilización producida por agentes mercenarios al servicio de  Putin (la compañía Wagner), unidos al incremento del riesgo terrorista representado por  las franquicias de AlQaeda, cuya capacidad desestabilizadora en Nigeria, Mali y parte del Sahel, lejos de reducirse, se ha multiplicado, sobre todo tras el abandono por parte de Francia de sus misiones en la zona (https://www.lavanguardia.com/internacional/20210710/7590472/sahel-francia-retirada-repliegue-macron-hollande-barjan-yihadismo-qaeda-islamismo-radical-takuba.html), ratificada por la decisión de Macron, el 17 de febrero de 2022, de abandonar la operación Barkhane, esto es, la presencia en Mali, tras la ruptura de relaciones con su Junta militar y, sobre todo, para evitar lo que para algunos corría el riesgo de convertirse en el “Afganistán francés” (https://www.realinstitutoelcano.org/comentarios/la-inalcanzable-mision-antiterrorista-de-francia-en-el-sahel/#:~:text=El%2017%20de%20febrero%20de,francesas%20y%20europeas%20de%20Mali.).

A todo ello, se une la preocupación por uno de los peores efectos de la estrategia de guerra seguida por Putin, el bloqueo de las exportaciones de grano desde Ucrania, vitales en todo el mundo y, desde luego, en un buen número de países africanos, lo que puede desencadenar una “hambruna catastrófica”, que impulsará desplazamientos forzados de población. Lo recordaba Ramón Lobo en un análisis reciente (https://www.levante-emv.com/internacional/2022/06/25/tormenta-perfecta-acecha-africa-67654333.html): las consecuencias de la guerra -el bloqueo de los puertos, el alza de los precios, que se han incrementado en estos 4 meses más del 30%- golpean las exportaciones de girasol, cebada, maíz y trigo de las que África es muy dependiente, porque un 40% del trigo que se consume en ese continente (y de forma particularmente agravada, en regiones ya devastadas, como la del<cuerno de Africa>) es ruso y el 10% ucranio. Y hasta 14 países de renta baja o media-baja en esa región, con altos niveles ya de hambre y deuda, importan más del 50% de su trigo de Ucrania y Rusia, porcentaje que se eleva al 100% en Eritrea, el 92% en Somalia y más del 50% en Yemen.

Todo ello acelerará procesos sobre los que vienen insitiendo diferentes agencias de las Naciones Unidas (ACNUR, FAO, OMS) y no pocas ONGs, esto es, un incremento exponencial de desplazamientos masivos de población que serán la principal manifestación de movilidad humana en menos de 15 años, los que, a falta de otra etiqueta, denominamos “desplazados climáticos”.

Estos desplazamientos forzados y masivos se producirán, en primera instancia, en el eje sur-sur, y sus efectos desestabilizadores sobre países con escasa capacidad de acogida, no se deberían ignorar. Baste pensar en los datos que ofrece la FAO sobre la situación casi endémica de “gran hambruna” en regiones del Sahel y del Cuerno de Africa.  Cifras como ésta: cada día, en esta región del cuerno de Africa, mueren de hambre 1800 seres humanos. Y más de 18 millones de personas padecerán hambre severa en los próximos meses. Cuatro ONGs, Acción contra el Hambre, Save the Children, Unicef y Oxfam Intermon, han elaborado un manifiesto en el que reclaman una intervención específica e inmediata: ante el riesgo de lo que consideran una crisis alimentaria sin precedentes, una gran hambruna que puede matar de hambre a 49 millones de personas en los próximos meses y, de manera inmediata, a 14 millones de niños de menos de 5 años este mismo verano (https://www.lavanguardia.com/vida/20220626/8366491/agenda-otan-africa.html).

Sucede que, además del desigual impacto de la guerra en Ucrania sobre países terceros, los efectos del proceso del cambio climático y de la pandemia también se reparten de modo desigual. En Europa, incluso en España, no hemos dejado de hablar del episodio de calor adelantado al fin de esta primavera. Pero hay que leer el índice de riesgo climático elaborado por Germanwatch sobre el año 2021 (https://germanwatch.org/sites/default/files/Resumen%20Indice%20de%20Riesgo%20Clim%C3%A1tico%20Global%202021.pdf), para darse cuenta de cómo el cambio climático golpea sobre todo a las regiones más pobres. Y para advertir la envergadura de los desplazamientos masivos que va a producir.

Pero los líderes europeos no se centran en remediar las causas de esa situación, sino en los temores que despierta lo que consideran “segunda fase” de los desplazamientos masivos: esto es, su posible reorientación hacia nuestro continente (https://elpais.com/internacional/2022-06-22/bruselas-teme-que-la-guerra-de-putin-provoque-oleadas-migratorias-hacia-la-ue-desde-el-norte-de-africa.html?sma=newsletter_alerta20220622). Reaparece así un escenario que en rigor no es nuevo, sino que se ha manejado como una constante en la narrativa tóxica que, a mi juicio, sostiene la estigmatización de los movimientos migratorios y subyace a buen parte de nuestras políticas migratorias y de asilo. Hablo del temor a lo que en su día se llamó (así lo hizo el líder del movimiento de los países no alineados, el presidente Jomo Kenyata) “la bomba de los pobres”, esto es, un uso deliberado de los flujos migratorios en términos de amenaza de presión demográfica sobre el continente europeo, dando pábulo a los fantasmas de aquellos que en Europa hablan de grandes contingentes migratorios a nuestras puertas, dispuestos a lo que asemejan a una “invasión”, cuando no -incluso-, a la tesis conspiranoica del “gran reemplazo”. Nada nuevo, insisto: por no referirnos más que a referencias contemporáneas, baste mencionar el conocido libro de Paul Ehrlich, The Population Bomb (1968) o las tesis de Robert Kaplan, por ejemplo, en libros como The Revenge of Geography (2013). En realidad, este uso estratégico de lso movimientos migratorios ha de ponerse en relación con el punto de inflexión en los flujos migratorios en los años 50 del siglo XX, con los procesos de descolonización, que marcan movimientos migratorios masivos desde el sur no desarrollado, hacia el norte rico, con especial incidencia en las antiguas metrópolis (Francia, Reino Unido y, en menor medida, Bélgica y Países Bajos). El caso de los flujos desde Latinoamérica a los EEUU es diferente, claro y se relaciona estrechamente con la profunda desigualdad estructural.

Es verdad que el uso estratégico de grandes desplazamientos migratorios como elemento de presión puede vincularse también a la noción de “guerras híbridas”, como ejemplificaron Lukashenko y Putin al utilizar la presión de desplazados sobre la frontera oriental de la UE (y de la OTAN). Pero ya antes Erdogan había hecho lo propio con los movimientos de desplazados sirios desde la península de Anatolia hacia las islas griegas del egeo y hacia los Balcanes. Por no hablar del recurso del que han echado mano una y otra vez los diferentes autócratas del Magreb para presionar, por ejemplo, sobre las fronteras españolas: de la marcha verde frente al Sáhara español aprovechando la enfermedad de Franco, a la más reciente utilización de miles de niños, adolescentes y jóvenes en las fronteras de Ceuta y Melilla. Pero, de otro lado, como señala el director general de Oxfam Intermón, Franc Cortada, quizá habría que reparar en el enfoque que subraya que, más que tragedias naturales, nos encontramos ante una estrategia que consiste en utilizar el hambre como instrumento de guerra: “No estamos ante una crisis de escasez de alimentos; nos encontramos con que se usa, descaradamente, el hambre como arma de guerra. Permitir que millones de personas mueran en el mundo por hambre, así como dejar que las grandes empresas encuentren oportunidades para beneficiarse de esta catástrofe, no es otra cosa que un gran fracaso político”.

3. La gestión de la movilidad humana: de nuevo, el riesgo de que los derechos sean postergados por la geopolítica.

Lo que me interesa plantear aquí subrayar, para finalizar, es que, bajo esa concepción estratégica del riesgo del “flanco sur”, se puede producir una consecuencia que, por desgracia, no constituye ninguna novedad. Me refiero a la contaminación de las políticas migratorias y de asilo.

Digo que no es nuevo, porque el problema fundamental de nuestras políticas migratorias y de asilo, como venimos insistiendo algunos de nosotros desde hace bastantes años, es el modelo de gobernanza unilateral de las migraciones que constituye su parti pris: nuestra insistencia en dominar esos movimientos en nuestro beneficio, sin negociar ni tener en cuenta los intereses de las personas y de los países que forman parte de la secuencia migratoria, de las sociedades civiles en origen, y en tránsito, ni de los propios migrantes como agentes, como protagonistas de esos procesos de movilidad, que contra el argumento reiterado por el neoliberalismo, no puede explicarse sólo no principalmente como muestra de la “libre circulación de trabajadores” por la que supuestamente apuesta el mercado, sino que son en buena medida -también para los inmigrantes, no sólo para refugiados- procesos forzados, no deseados.

De ese prejuicio, de esa pretensión de dominio unilateral de los flujos y de los procesos de instalación, de asentamiento de los migrantes, nacen dos errores de nuestra mirada sobre las migraciones y de nuestro modelo de políticas migratorias, que hay que seguir denunciando.

El primero, tiene mucho que ver con la miopía -el prejuicio- de seguir conceptualizando a los inmigrantes exclusivamente como fuerza de trabajo (en el fondo, el mismo del esclavismo), ignorando  que las migraciones son hechos y procesos sociales de dimensión global y holista, que responden, a las relaciones sociales propias del (des)orden internacional y también a las de nuestras sociedades, todas ellas hoy en profundo proceso de reconfiguración, proceso respecto al cual la presencia migratoria tiene un poderosa capacidad de transformación, aunque nos neguemos a aceptarlo y pretendamos tenerlos aquí, según nuestro “orden natural”, es decir, como invisibles, separados y dominados.

El segundo error de conceptualización, que es el que me parece más presente en este concepto estratégico, consiste en insistir de modo desequilibrado, desproporcionado, en los potenciales riesgos y amenazas (indiscutibles, como tales, sí) para nuestra seguridad y defensa. De un lado, el más grave, esto es, la amenaza terrorista vinculada a movimientos como las franquicias de AlQaeda. De otro, el riesgo de que la llegada masiva de migrantes, de desplazados, empujados por esas grandes hambrunas ( o por las guerras del agua, los efectos del cambio climático, étc) entrañen  un efecto disolvente de los elementos de cohesión social, por la quiebra del equilibrio del estado del bienestar y por la capacidad de radicalización de algunos de los movimientos yihadistas sobre los migrantes residentes en Europa, que podrían conducir a ese escenario de pesadilla que denuncia insistentemente una parte de la derecha y toda la extrema derecha europea, la de comunidades segregadas que minan la cohesión social y despiertan el terrible fantasma del enfrentamiento civil.

Negar la dimensión de riesgo, incluso de potencial amenaza que puede entrañar esa constante demográfica que es la movilidad humana que se desplaza en sentido sur-norte (por más que la inmensa mayoría de esos movimientos, como ha explicado Whitol der Wenden, sigue el rumbo sur-sur), sería un error. Lo subrayo: nada de ingenuidad. Otra cosa es el empeño en reducirlos a esa dimensión potencial. Y lo peor es que semejante análisis deje de lado lo que habría de ser una prioridad, y no una concesión al buenismo: el respeto de los derechos humanos de los inmigrantes y desplazados. Ese respeto, esa garantía, no es una opción, sino una obligación de los gobiernos que pretendan ser mínimamente coherentes con las exigencias del Estado de Derecho y de la legitimidad democrática. Esos derechos no pueden ser objeto de negociación, de venta. Son obligaciones cuyo cumplimiento ha de ser exigible. Y no pueden quedar supeditados al criterio de optimización del beneficio, ni tampoco a la lógica geoestratégica.

Ante la necesidad de contar con un planteamiento nuevo de las relaciones de Europa con Africa, parecieran abrirse dos opciones que desgraciadamente entrarían en colisión: la de quienes lo enmarcan en esa prioridad geoestratégica de revenir los riegos y amenazas del flanco sur y la de quienes entienden que esos flujos migratorios deben formar parte de un planteamiento global, en el que europeos y africanos construyamos un marco global de relaciones desde la perspectiva del mutuo beneficio y de las exigencias de promoción de la Democracia, los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Por eso, sostiene el economista J.Sachs que, si Europa quiere hacer una contribución seria para mejorar el mundo -también para los europeos-, no debería fijar su prioridad en el marco de la lógica de bloques que parece imponerse, esto es, centrada en el objetivo de conseguir que Ucrania gane la guerra contra Putin, sino que, además de tratar de lograr una solución negociada, diplomática, a esa agresión de Putin sobre Ucrania, por difícil que sea tal empeño, debería focalizar sus esfuerzos en asegurar la educación para cada niño en Africa (https://elpais.com/cultura/2022-06-22/jeffrey-sachs-algo-falla-en-el-sistema-americano-y-en-la-naturaleza-humana.html?ssm=FB_CC&fbclid=IwAR1EJSQKHNbjirJ4B6b1NIzsZhwEQ9bDjPCxRfJu-yI0FB5JcyMtL3KO-8Q).

En todo caso, llama poderosamente atención que el problema de las hambrunas catastróficas derivadas de la guerra de Ucrania (como el de las grandes sequías, o el de la contaminación de los campos de cultivo o recursos naturales) no se analice como lo que es: un gravísimo peligro para las poblaciones que se ven obligadas a huir. Los europeos sólo nos planteamos las consecuencias que esas hambrunas pueden implicar para nosotros, sin centrarnos en la actuación verdaderamente necesaria: ¿cómo ayudar a esas poblaciones que se ven expulsadas de sus hogares, como consecuencia de estos fenómenos? ¿qué protección y qué garantías de sus derechos y con qué procedimientos vamos a poner a su alcance? Preguntas como esas son las que dieron lugar en 1951 a la Convención de Ginebra y luego al Protocolo de Nueva York, las piezas clave del derecho internacional de refugiados. Esas preguntas motivaron la aprobación en 2003 de la directiva europea de protección temporal ante llegadas masivas de personas en busca de protección, directiva que hemos activado con una rapidez y eficacia loables, en relación con los desplazados de la guerra de Ucrania.  ¿Qué hace falta para que nos decidamos a ofrecer respuestas, protección efectiva, a quienes no sean ucranios? ¿vamos a conformarnos con mirar esos desastres y lamentar su suerte?

HABLEMOS DE PROGRESO: PERSONA (NO) HUMANA (versión ampliada del artículo publicado en Infolibre, 25 de mayo de 2022)

¿Seguir hablando de progreso?

Un periodista al que leo y aprecio, Alfons García Ginerse hacía eco en una reciente columna del descrédito de una idea que fue santo y seña de la izquierda y del liberalismo político hasta hace muy poco. Me refiero a la noción de progreso

Al menos desde la crítica encabezada por Adorno y desarrollada por sus seguidores en la Escuela de Frankfurt, no se ha dejado de escribir sobre ese descrédito de la idea de progreso, que viene ligado a su confusión con una cierta idea de modernidad. Es el resultado de habernos confiado a un modelo de razón que tergiversa el núcleo de la noción de progreso, identificándola —más bien sustituyéndola— por la promesa del crecimiento sin límites —a caballo del mercado y sus leyes, la competencia y el beneficio— y de las posibilidades que abre el desarrollo tecnológico. Sabemos que esa promesa, la de “dominar la tierra y cuanto nos rodea”, lleva consigo una condena como la de Prometeo. Porque hoy somos conscientes del coste de ese horizonte de explotación insaciable, que el desarrollo de la tecnología —unido a la ideología de mercado— hizo verosímil, hasta hacernos creer que estaba al alcance de nuestra mano. Por decirlo en una palabra, podemos designar ese coste con el término acuñado por el nobel de química Crutzen, el Antropoceno. Pero no tanto en el sentido geológico, estratigráfico, sino en el profundamente político, tal y como por ejemplo lo explicó Manuel Arias Maldonado, de forma muy didáctica, en su libro de 2018, Antropoceno. La política en la era humana.  

A mi juicio, el núcleo de ese coste es perder de vista lo más elemental, esto es, que si la política tiene sentido digno, incluso muy noble, si puede ser algo más que lo que denominamos politiquería, es cuando se pone al servicio de la vida, y no al revés. Al servicio de mejorar las condiciones efectivas de vida de todos, comenzando por quienes tienen mayor dificultad para entender su vida como una vida decente. Por eso, tiene razón a mi juicio Alfons García Giner cuando escribe “el progreso real es la multiplicación de escuelas públicas, más que la joven que pasa hoy con un patinete ultrasilencioso y un móvil grabando en el manillar”.  

Pero con la pandemia hemos aprendido que la primacía de esa vida decente comienza no sólo por la garantía de la salud de los que nos rodean, sino por una noción holista, global, de salud y de vida, en un doble sentido. Salud, vida, de todos los seres humanos: de la pandemia no podemos salvarnos sólo “los europeos”. Hemos aprendido que es fútil, suicida, la pretensión de poner fronteras al virus. De donde se deduce que la solidaridad con los otros, con africanos, asiáticos, sudamericanos, es no tanto una exigencia de solidaridad cuanto de egoísmo racional. Pero más aún, como traté de señalar en estas mismas páginas, al comienzo de la pandemia (La prioridad es la salud: ¿de quiénes?), lo que la pandemia nos ha redescubierto es la interconexión entre la salud de las personas, de los animales y el medio ambiente, lo que se conoce como el principio de One Health (una sola salud). Una idea que tiene mucho que ver con algo que desde Darwin se supone que debemos tener asumido, esto es,la continuidad de la vida, que rompe con el prejuicio de la superioridad especista

El progreso es desarrollo moral, jurídico, político

Pues bien, la toma de conciencia de ese continuum de la vida, a mi juicio, tiene mucho que ver con lo mejor de la noción de progreso, que es la exigencia de un desarrollo moral, jurídico y político, que nos hace tomar conciencia de ese bien que tenemos entre manos y respecto al cual a los seres humanos nos cabe una especial responsabilidad de proteger: la garantía de la vida, del equilibrio sostenible de la vida del planeta. 

Hace ya no pocos años, en un libro que titulé Blade Runner: el Derecho guardián de la diferencia, vinculé esa noción de progreso moral a la lección que, a mi juicio, recibe Deckard, el blade runner encarnado por Harrison Ford, de parte del replicanteRoy Batty (Rutger Hauer), cuando le salva la vida, antes del famoso monólogo que tantos de nosotros recordamos. La transformación más importante que están experimentando los replicantes y que les acerca a salvar esa diferencia insuperable respecto a los humanos es ésta: están aprendiendo no sólo sentimientos como el amor, sino también la piedad, el respeto a la vida. Ese es el significado del gesto de Beatty al salvar la vida de Deckard: si Deckard quiere ser realmente humano, debe aprender a respetar la vida de los otros, de todos los otros. 

Porque eso es lo que nos hace humanos: no un tipo de inteligencia, ni la capacidad de memoria, ni la conciencia de sufrimiento, ni la risa o el lenguaje. Es saber el valor de la vida de los otros, de todo otro y actuar de conformidad a ello. O, por mejor decir, esa es la idea regulativa que guía el progreso moral de la humanidad, a la que deben encaminarse el mejor Derecho, la mejor política: progresar consiste en aprender y llevar a la práctica esa exigencia de respeto a la vida. Progresar es hacernos más humanos, una tarea en la que, paradójicamente, podemos aprender mucho de los animales no humanos, de nuestra vida con ellos.

Persona (no) humana: la extensión de la lucha por los derechos

Una película documental que acaba de estrenarse, Persona (no) humana, de Álex Cuéllar y Rafa G. Sánchez, producida por Xavier Crespo, ilustra a mi juicio esa propuesta de progreso moral. El documental, a través de un abanico amplio de testimonios, muestra las semillas de cambio que ha supuesto el reconocimiento de derechos a la orangutana Sandra y la chimpancé Cecilia, un emblema de la lucha del movimiento animalista, con la referencia de fondo al proyecto Gran Simio. 

La batalla no sólo jurídica, pero desde luego jurídica, ante los tribunales, es a mi juicio un ejemplo muy didáctico de lucha por el Derecho, a propósito de los derechos de los animales no humanos. Y sin tremendismos, como los que llegan a vincular esa lucha por los derechos con actividades terroristas (una tesis ilustrada en la conocida película 12 monos). Dos ejemplos que, a mi juicio, entroncan perfectamente con lo que debemos entender por progreso moral y jurídico. Aunque haya no pocos —e incluso muy ilustres, como Fernando Savater— que consideran que hablar de derechos de los animales es lo contrario, un ejemplo de confusión moral. 

La película me parece interesante precisamente porque muestra en un sentido muy práctico y, a la vez, profundo, que aquello que insisto en considerar como el leit-motiv del Derecho, la exigencia de lucha por los derechos, que nos compete a todos los ciudadanos, no se reduce al ámbito de nuestros derechos, sino que se extiende, se debe extender, por mera coherencia, al ámbito de los derechos de los animales no humanos, sin que ello suponga ceder un ápice en la exigencia de la lucha por los derechos humanos, de todos los seres humanos. Al contrario, como digo, es un corolario de esa exigencia. 

Dicho de otra manera, como, por ejemplo, ha argumentado brillantemente Virtudes Azpitarte en su excelente libro Nietzsche y los animales. Más allá de la cultura y la justicia, hay una manera de entender el animalismo que lo muestra como un importante vector de cambio civilizatorio, un elemento que permite avanzar en el progreso moral. Hablar de derechos de los animales no humanos, como han explicado muchas veces filósofos y juristas de obligada referencia, como Singer, Francione, Kymlicka, Donaldson, Hadley, Bradhsw, o escritores y ensayistas como Coetzee (por ejemplo, en su imprescindible Elizabeth Costello), no significa reivindicar para los animales no humanos, ni para todos ellos sin precisiones ni especificaciones, todos y los mismos derechos que los que reconocemos a los seres humanos como titulares. Sólo a quienes optan por la vía de la caricatura, para ridiculizar la causa de los derechos de los animales no humanos se les ocurre semejante analogía evidentemente impropia. Los derechos que reivindicamos, ante todo, son los derechos a un trato digno, es decir, en primer lugar, a la eliminación de toda forma de crueldad, de violencia, en nuestro trato con ellos. Y ese progreso moral y jurídico se está abriendo camino, por ejemplo con la tipificación del maltrato animal como delito, o el reconocimiento de que los animales no son cosas, sino seres sintientes. Aunque queda mucho por hacer, y baste con pensar en las campañas contra empresas de investigación como Vivotecnia, que denuncian el maltrato y la crueldad en la experimentación con animales (por ejemplo, en twitter #rescateVivotecnia).

Es, creo, la misma lucha que lleva a cabo una activista y ciudadana, a mi juicio, ejemplar, la joven Olivia Mandle, que impulsa a través de plataformas como Change la campaña No es pais para delfines. Es la lucha por acabar con el transporte indigno de animales, las formas crueles de sacrificio en mataderos, el maltrato y, como he mencionado, la crueldad en la experimentación con animales. 

Queda mucho por hacer. Estamos aún transitando desde las campañas por el bienestar animal al reconocimiento de sus derechos. También de su condición de sujetos, como lo hace el proyecto Gran Simio y ejemplifica este documental, Persona (no) humana

LAS AFGANAS, INVISIBLES (versión ampliada del artículo publicado en Infolibre, el 16 de abril de 2022)

Diez segundos. Según las investigaciones de Microsoft, ese es el límite medio de nuestra paciencia cuando no se carga una página en internet. Menos que la memoria de un pez. Las TIC, con su inmenso aporte de información, tienen como uno de sus efectos haber potenciado la dificultad de mantener la atención. En realidad, como sostienen especialistas como los neuropsicólogos Portellano García Alba, lo que disminuye es la denominada atención focalizada, esto es, “la que mantiene el interés en un estímulo de modo continuado”. Al mismo tiempo, parece que aumenta la atención multitarea, “que nos permite prestar interés de forma simultánea a varios estímulos” (cfr. Neuropsicología de la atención, las funciones ejecutivas y la memoria, 2014). Por lo que se refiere al impacto de las TIC en lo que podríamos llamar la «atención colectiva«, estudios como los de los físicos estadísticos de los laboratorios Hewlett-Packard de Palo Alto, Fang Wu y B. A. Huberman, sostienen que el tiempo medio hasta que una noticia se evapora es de menos de 70 minutos.

En realidad, sin necesidad de esas investigaciones, casi todos sabemos que, hoy, la atención prioritaria a noticias que no nos afecten directamente se ha vuelto extremadamente volátil. Y como hoy, según me gusta recordar, vivimos bajo el imperio de una nueva modalidad del principio que imaginó el obispo irlandés Berkeleyesse est percipi (ser es ser percibido), la conclusión es que, para la opinión pública, lo que deja de estar bajo el foco en los medios de comunicación —no digamos en las redes—, no existe.

Todo esto viene a cuento del manto de invisibilidad que pareciera haber caído, para la opinión pública internacional, sobre la situación que padecen las mujeres niñas afganas bajo el régimen fundamentalista talibán. Una situación que ganó la atención de esa opinión pública durante unas pocas semanas, en el verano del año pasado, que ahora parece tan lejano. El derrumbamiento del gobierno de Afganistán sostenido por los EEUU y sus aliados y la toma del poder absoluto por los fanáticos talibán, una vez consumada la retirada vergonzosa, dio paso durante un corto período a las operaciones de evacuación de una parte del personal que había colaborado con las potencias occidentales y con el régimen de KabulItalia España, por ejemplo, realizaron esa evacuación de forma ejemplarrápida eficaz, y todos asistimos a imágenes emocionantes de su llegada en aviones militares al aeropuerto de Torrejón. Pero el compromiso europeo no llegó a más.

Esa terrible situación no ha dejado de empeorar, de modo que, según el Global Women, Peace and Security Index, editado por el GIWPS (Gergetown Institute for Women, Peace and SecurityAfganistán es hoy el país más peligroso para las mujeres y niñas. Por su parte, un informe conjunto de varios Relatores especiales de la ONU sostiene que el régimen talibán trata de borrar a las mujeres y niñas del espacio público, mediante una sistemática discriminación que incluye prácticas de violencia.

Recordemos: el 15 de agosto de 2021, los talibán suprimieron el Ministerio de Asuntos de la Mujer y la Afghanistan Independent Human Rights Commission (AIHRC), y restablecieron el Ministerio de Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio (sic), a la par que abolieron todas las disposiciones legales adoptadas para proteger los derechos de las mujeres. El régimen talibán ha hecho de Afganistán uno de los países con más alta tasa de mortalidad infantil. Cientos de mujeres mueren por falta de tratamiento médico elemental durante su embarazo. Otro botón de muestra: mientras que antes de la caída del régimen los matrimonios forzados de niñas menores de 15 años no llegaban al 9%, e incluso los de menores de 18 años no alcanzaban el 35%, hoy, el fanatismo y la pobreza han multiplicado hasta un 500% esa práctica de matrimonios forzados de menores. El último y terrible golpe es la decisión de limitar al mínimo la escolarización de las niñas y adolescentes. Mutilar su derecho a al educación es la vía más eficaz para asegurar que las mujeres queden en una situación de discrriminación y dominación.

Sin duda, la atención de la opinión pública está centrada ahora en la mayor diáspora forzada que hemos conocido en Europa desde la Segunda Guerra mundial, el éxodo obligado de ciudadanos ucranianos —sobre todo, mujeres y niños—, que ha superado ya los cuatro millones de personas y frente al cual la UE ha reaccionado con generosidad rapidez, mediante la activación del mecanismo previsto en la Directiva de Protección Temporal 2001/55/CE, que los Estados miembros han debido desarrollar para su aplicación. Ha de destacarse, sin la menor duda, la generosidad y prontitud con la que el Gobierno español implementó de inmediato la puesta en práctica de un sistema de acogida eficaz, que ha sido elogiado por todos los socios europeos y por instituciones como ACNUR. Pero, aunque debemos reconocer el carácter enormemente positivo de esa respuesta, llama poderosamente la atención la falta de simetría con situaciones perfectamente análogas.

Una discriminación que obedece, creo, a la ausencia de voluntad política, esto es, a razones ajenas —contrarias, en realidad— al Derecho de refugiados y relacionadas con la estrategia política en el contexto. Así lo subrayé en estas mismas páginas de infoLibre y en el mismo sentido puede leerse este artículo de Blanca Garcés. Es lo que María Martín ha llamado “refugiados fuera del foco”, cuya consecuencia es, a fin de cuentas, una discriminación por razón de origen, o por razones etnoculturales religiosas, como las que en 2015 impulsaron a los gobiernos de Hungría Polonia a rechazar la obligatoriedad de acoger a refugiados que huían de la guerra de Siria. Lo han denunciado también las campañas de ONGs como CEAR o la UNRWA, que piden una misma respuesta, condición de vida digna, para todos los refugiados, no importa de dónde vengan. Porque no sería admisible que para la UE, hoy, en abril de 2022, hubiera refugiados de primera y de segunda. Por eso, la pregunta es: ¿se han vuelto invisibles las mujeres niñas afganas, evidentemente necesitadas de modo urgente de la protección internacional en que consiste el asilo y la protección subsidiaria?

Hay instituciones, organizaciones y movimientos sociales que, desde agosto de 2021, tratan de mantener viva la necesidad de prestar ayuda a esas mujeres y niñas, siguiendo las primeras y contundentes tomas de posición de la Unión Europea

Sería injusto decir que las hemos olvidado. Hay instituciones, organizaciones y movimientos sociales que, desde agosto de 2021, tratan de mantener viva la necesidad de prestar ayuda a esas mujeres y niñas, siguiendo las primeras y contundentes tomas de posición de la Unión Europea. Recordemos que la presidenta de la Comisión Europea fue categórica al condicionar el reconocimiento del régimen talibán por parte de la UE a la garantía efectiva de los derechos humanos y, en particular, de los derechos y de la condición de las mujeres y de las niñas afganas.

Destacaré sobre todo el trabajo del Parlamento europeo. Tras el gesto simbólico de institucionalizar los días de las mujeres afganas (1 y 2 de febrero), el pasado 7 de abril adoptó la Resolución 2022/2571 (RSP), por la que se condenan firmemente las limitaciones a los derechos fundamentales de niñas y mujeres afganas por parte del régimen talibán. En primer lugar, la restricción del acceso de las niñas afganas a la educación, a partir de la enseñanza secundaria. Pero también, las restricciones en el acceso a la salud, el trabajo o la libre movilidad: por ejemplo, se han impuesto límites a sus desplazamientos que sean superiores a 70 kilómetros, sin compañía de varones que tengan vínculos familiares de proximidad. Al mismo tiempo, esa declaración elogia el coraje y la valentía de esas mujeres que se atreven a manifestarse públicamente en defensa de sus derechos y desafiar las amenazas de los fundamentalistas y pide a los Estados miembros y a la ciudadanía europea que concreten su apoyo a estas mujeres.

Sin embargo, esas iniciativas no han encontrado eco suficiente en los parlamentos de los Estados miembros, pese a que algunas de sus representantes lo han intentado. Por ejemplo, la Asamblea Nacional francesa aprobó el 18 de Agosto de 2021 una declaración impulsada por la diputada de La Manche, Sonia Krimi, y otras 23 diputadas de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, que ya se habían dirigido al primer ministro francés, para conocer las acciones concretas del gobierno galo en defensa de los derechos de las mujeres y niñas afganas y, en particular, sobre la política de asilo. Las diputadas consideraban que las persecuciones organizadas por los talibán y de las que son víctimas las mujeres deberían convertirlas directa prioritariamente en beneficiarias del derecho de asilo.

En nuestro país, una iniciativa de algunos senadores, que tratamos de comprometer una vía de asilo preferente para las 69 mujeres afganas diputadas de la Woesi Jirga (la Asamblea Nacional, de 200 miembros), objetivo preferente, junto a juezas, profesionales del periodismo y profesoras, apelando a la Unión Interparlamentaria, no prosperó.

En la sociedad civil, también en nuestro país, se produjeron iniciativas centradas en algunos de esos grupos profesionales de mujeres que se encuentran en un riesgo más grave. Así, el Manifiesto impulsado por representantes de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España “Abrid las puertas a Afganistán y a las afganas” obtuvo en muy pocos días más de 120.000 firmas de apoyo. A destacar, asimismo, la campaña de recaudación de fondos, apoyo en redes y experiencia para brindar la ayuda necesaria a las juezas magistradas afganas puesta en marcha en el mismo mes de agosto de 2021 por el Comité de Ayuda para Mujeres Juezas Afganas, de la International Association of Women Judges (IAWJ) y que en España ha sido organizada por la Asociación de Mujeres Juezas (AMJE), que forma parte de la IAWJ.

Desde el sector universitario, universidades como las de BarcelonaSalamanca Valencia han promovido campañas para ofrecer becas para que mujeres universitarias afganas puedan comenzar proseguir sus estudios en España. Puede consultarse, por ejemplo, la campaña de la Universitat de Valencia, promovida por profesores de su Facultad de Derecho y del Instituto de Derechos Humanos.

RNo es tarea fácil, más allá de la denuncia y la retórica. Hay que reconocer que ofrecer protección efectiva a las mujeres y niñas afganas, no es tan sencillo como declararse a su favor, denunciar su situación o solidarizarse con ellas más o menos retóricamente. El primer y principal obstáculo, evidentemente, es la dificultad de salir de Afganistán, si no es acompañadas por varones de su familia y, aun así, superar los controles de policíía: es una empresa prácticamente imposible. Pero sí hay algunas situaciones sobre las que se puede intentar actuar. Por ejemplo, para conseguir visados urgentes para las mujeres que han conseguido huir a países limítrofes o cercanos (PakistánIránChina) y que, si permanecen en esos países, arriesgan ser devueltas al régimen talibán. Me consta la preocupación de las autoridades españolas y, en particular, del Ministerio de Inclusión, por encontrar soluciones para esos casos. Espero que se encuentre el procedimiento ágil seguro. No podemos, no debemos abandonarlas.

Sobre por qué debe impartirse Filosofía en la ESO, y sobre por qué no es ese el proyecto del RD 217/2022

Resumo en diez tesis mi juicio sobre el RD 217/2022 (BOE de 30 de marzo de2022), que regula el marco normativo de las enseñanzas en ESO. Unas tesis que, en definitiva, son fruto de mis convicciones sobre qué sea filosofía y cómo y cuándo ha de enseñarse, después de 48 años dedicado a enseñar filosofía del Derecho.

1. Como la mayoría de los profesores de filosofía (de Secundaria y de Universidad) y como también sostiene la Red de sociedades españolas de Filosofía, entiendo desde hace años, no ahora, que la enseñanza de la filosofía es algo muy distinto de la enseñanza de «valores cívicos y éticos»

2. Como ellos, sostengo que la oferta de una asignatura de la filosofía es necesaria en la etapa de la ESO (Enseñanza Secundaria Obligatoria) y no sólo en Bachillerato. Si no, quienes no pasan al Bachillerato y eligen otra opción, no tendrían garantizada la enseñanza de filosofía. Sin embargo, la denominada Ley Celaa o LOMLOE, no incluyó esa asignatura en el curriculum obligatorio en ESO. Tampoco la ética. Sí se incluyen dos asignaturas de filosofía en Bachillerato. Pero, como acabo de señalar, que exista en Bachillerato no es lo mismo que exista en la etapa obligatoria de enseñanza secundaria, la ESO.

3. El BOE del 30 de marzo de 2022 ha publicado el RD 217/2022, que establece el marco mínimo curricular en ESO. No aparece como obligatoria la filosofía. Sí, la asignatura de «valores cívicos y éticos», que los responsables del Ministerio entendieron entonces -y sostienen también ahora- que es filosofía. Por eso afirman que en ESO se dará filosofía. Esto viene de la LOMLOE, claro está: el equipo de la ministra Celaa que redactó la LOMLOE entendía que la «enseñanza en valores civicos y éticos» es filosofía. Y hoy, el equipo del Ministerio de Educación alega concretamente que, tal y como se establecen el RD 217/2022, el tercer bloque de la asignatura “valores cívicos y éticos” tiene un contenido “filosófico”. Pero eso no es verdad: en ese bloque hay multitud de cuestiones que nada tienen que ver con el quehacer de la filosofía, que queda diluído en esa abigarrada lista de problemas.

4. Por eso, sostengo -sostenemos- que tal asignatura no sustituye, no puede sustituir a la filosofía. La filosofía es mucho más que enseñar valores y, sobre todo, es otra cosa: es, como lo entendía Sócrates, mayeútica o, como lo explicaba Kant, la tarea de ayudar a aprender a pensar con la propia cabeza, formación en espíritu crítico, en autonomía. Eso es absolutamente distinto de enseñar o promover determinados valores.

5. La conclusión, pues, es cristalina: no se enseña filosofía en la ESO, por mucho que se pretenda que la asignatura de valores cívicos y éticos “es filosofía”. No lo es.

6. A esa manera sorprendente de entender qué es filosofía se añade la sorpresa por lo que establece el artículo 4 del mismo RD 217/2022: «La finalidad educativa de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanísticos…»

7. Si esa es la finalidad educativa de la ESO, entonces -a mi juicio- la asignatura de filosofía debería ser parte del núcleo de esa finalidad educativa, porque la filosofía, después de al menos veinticinco siglos, es elemento básico de la cultura, desde luego en su aspecto humanístico. Pero el legislador no lo entiende así, porque entiende que la asignatura de valores…ya es filosofía

8. A todo esto se debe añadir otra consideración: como el RD 217/2022 establece sólo el marco mínimo, su concreción queda a decisión de las CCAA en un porcentaje entre el 40 y el 60%, en función de que tengan lengua propia. Eso tiene un importante riesgo, que conocemos. Es cierto que ha habido gobiernos de CCAA que han aprovechado ese 40/50% de contenidos que pueden determinar, para incluir explícitamente una asignatura de filosofía. Así lo ha hecho el Consell de la Generalitat Valenciana.

8. El problema se agrava porque la asignatura de “valores cívicos y étcos” y los contenidos de sus tres bloques son impugnados por gobiernos de VOX (y el PP, según hemos visto en Murcia), porque lo ven como «adoctrinamiento». Por eso, oponen el PIN parental (la conformidad con los valores de los padres) y en todo caso reivindican «sus propios valores». Es lo que tiene confundir ética y enseñanza en valores (no digamos, filosofía, que sobre todo es formación en espíritu crítico, en autonomía)

9. Desde los responsables del Ministerio se nos dice -y es verdad – que el curriculum escolar tiene unas horas y no se puede cargar más. Si las adjudicamos a una cosa, no podemos mantener otra. Y es verdad, insisto. Pero resulta que precisamente esa es la cuestión, que en este modelo educativo centrado en competencias, se prefiere que esas horas en la ESO se dediquen por ej. a «competencia emprendedora», que no a filosofía

10. Cierto y verdad: en Bachillerato habrá dos asignaturas de Filosofía. Pero no menos cierto y verdad, a mi juicio: en la Enseñanza Secundaria Obligatoria (y recuerden cuál es su finalidad, lo del articulo 4), no se enseñará filosofía.

SOBRE LOS ACUERDOS ENTRE EL GOBIERNO DE ESPAÑA Y EL REY DE MARRUECOS Y SU REPERCUSIÓN EN EL CONTENCIOSO DEL SAHARA OCCIDENTAL

El acuerdo del gobierno de España con el rey de Marruecos que, sorprendentemente, ha sido conocido en nuestro país antes a través del comunicado del rey que del propio gobierno español, el 18 de marzo de 2022 (https://www.swissinfo.ch/spa/marruecos-espa%C3%B1a_marruecos-asegura-que-espa%C3%B1a-apoya-su-propuesta-de-autonom%C3%ADa-del-sahara/47445156), ha sido objeto de polémica por sus repercusiones en la posición de España respecto al contencioso en el Sáhara occidental y a los derechos de los saharauis.

No tengo ninguna duda de que el gobierno de España ha actuado y actúa guiado por la defensa de los intereses de España y de los ciudadanos españoles, en un momento particularmente complejo y difícil en el contexto internacional, por factores que no hace ninguna falta explicitar.

Sin duda, a la hora de aceptar el planteamiento del reino alauita, la colaboración de Marruecos en la política migratoria ha sido un elemento clave, decisivo para aceptar el planteamiento marroquí, junto con el compromiso de Mohamed VI de renunciar a reivindicaciones que socavan la integridad territorial y la soberanía de España (Ceuta, Melilla, Canarias . Si ambos extremos constituyeran un compromiso, insisto, estable, sería sin duda un paso muy importante para la alcanzar un marco duradero de garantía en temas de importancia indiscutible para España.

Dicho todo ésto, me uno a los que ponen en duda que, habida cuenta de la experiencia que tenemos acerca del comportamiento arbitrario del rey Mohamed VI, tengamos garantía de que no cambie de opinión según le convenga y por tanto, de que no se sienta vinculado por este acuerdo. Su predilección por el chantaje y la ausencia de cualquier control democrático de sus decisiones, pues se trata de un autócrata que carece de contrapesos en las instituciones y centros de poder marroquíes, unido a su acreditado desprecio por los derechos humanos, no son la mejor garantía.

Lo que más me importa, en todo caso, es que el planteamiento de partida de este acuerdo supone aceptar de facto y quizá de iure que el Sahara es de soberanía marroquí (tesis que, a juicio de algunos de nosotros, es inaceptable). Me refiero al planteamiento de que la solución al contencioso del Sahara pasa por la propuesta de Marruecos aceptada en 2007 por el presidente Zapatero como solución aceptable y supuestamente admisible en el marco de las resoluciones de la ONU. En palabras del expresidente Rodríguez Zapatero, que cito textualmente: «Podemos decir que después de 50 años sin solución abrir una vía como la autonomía me parece lo inteligente. Lo que no conviene es la situación de los últimos 50 años ni económica, no social ni políticamente. Estas posiciones no han dado lugar a nada. Intentemos otras vías. Sabemos lo que puede suponer un proceso de autonomía. ¿Por qué no puede ser esa una vía? Me lo pareció en 2008 y este Gobierno que reafirma ahora esto es una opinión política expresada. Otros países europeos también apoyan esto. Tendríamos que felicitarnos porque hoy hemos recuperado una relación de plena confianza con Marruecos sin hacer un cambio«.

Eso es lo que ahora se consagra oficialmente: aceptar, desde luego de facto y posiblemente de iure, que la solución para los saharauis consiste en ser una región autónoma de Marruecos.

La primera consecuencia es que eso supone renunciar concretamente a la soberanía sobre los fosfatos y los bancos de pesca, que serían marroquíes. Eso es contrario a Derecho.

Recordaré que es contrario a una reiterada jurisprudencia del TJUE, confirmada por la reciente Sentencia del TJUE de septiembre de 2021 (https://curia.europa.eu/…/pdf/2021-09/cp210166es.pdf), que revoca las decisiones del Consejo europeo sobre la soberanía de esos bancos de pesca por parte de Marruecos, frente al Frente Polisario.

Y en segundo lugar y sobe todo, es contrario a Derecho porque no garantiza suficientemente el núcleo de las resoluciones de la ONU sobre el problema de la ejecución de la descolonización de lo que fue conocido como el Sahara español, el territorio reivindicado por los saharauis.

Ese núcleo, como sabemos muy bien, conforme al Derecho internacional y a las resoluciones de la ONU, comenzando por la resolución 1514 (XXV) (https://www.un.org/dppa/decolonization/es/general-assembly) y su desarrollo posterior en relación con el contencioso saharaui, cuyo punto de partida es la resolución 690/1991 del Consejo de Seguridad (https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/597/52/PDF/NR059752.pdf?OpenElement)), que establece también la MINURSO, es el ejercicio del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, como pueblo descolonizado.

Y eso, supone un referendum de autodeterminación. Un referendum del pueblo saharaui, sin manipulaciones del censo como las que lleva haciendo Marruecos desde hace años, al instalar colonos marroquies en ese territorio (algo similar a lo que hacen los colonos judíos en Palestina). Adulteraciones que serían todavía más graves si se acepta que Marruecos es soberana, que el Sahara es una región marroquí y por tanto el censo se constituye sobre esa base.

La defesa de esa interpretación de las exigencias de la legalidad internacional ha sido la posición que ha sostenido el PSOE siempre, reiterada en su programa electoral de 2019 y en su 40 Congreso, este mismo año, en valencia.

A mi juicio, apoyar la propuesta del reino de Marruecos (como hizo el presidente Zapatero en 2007 y como se hace ahora, en idénticos términos, por cierto, a como la presenta la administración norteamericana: «la base más seria, realista y creíble para la resolución del contencioso»), se aparta de la interpretación más coherente de la legalidad internacional, tal y como acaba de sostener el Comunicado del Encuentro de Juristas y Observatorios de Derechos Humanos para el Sahara Occidental (19.03.2022).

SANCIONES A PUTIN, SÍ. PERO NO DE BROCHA GORDA (versión ampliada del artículo publicado en La Vanguardia, 17 de marzo de 2022)

Javier de Lucas

Sanciones frente a la agresión: la posición de la UE

Ante la injustificable agresión ejecutada por Putin contra Ucrania -que puede ser considerado un crimen internacional (crimen de agresión)-, ante los crímenes de guerra e incluso quizá crímenes contra la humanidad que se están cometiendo en estas tres semanas de la <acción militar especial>, la Unión Europea decidió reaccionar. Pese a las demandas del presidente Zelinsky, se han descartado las medidas que puedan significar un enfrentamiento directo armado, por miedo a que eso desencadene una tercera guerra mundial con uso de armas nucleares. Se ha descartado, muy concretamente, la reiterada demanda de Ucrania para crear una zona de exclusión aérea, como se hizo con la Libia de Gadafi, lo que precipitó la intervención de Francia, EEUU y el Reino Unido que propició el derrocamiento y linchamiento del dictador libio. Dicho sea de paso, la intervención de Francia estaba cantada por el consejero aúlico de Sarkozy, el siempre autocomplaciente BHL, que le aseguró la reelección con esa coartada. La misma que Hollywood contó en un film que se ha citado muchas veces, la película de Barry Levinson Wag the dog (1997), que en España se estrenó como «Cortina de humo».

Pero está claro que Putin y Rusia no son Gadafi ni Libia. El discurso del presidente de Ucrania ante el Congreso de los EEUU, el miércoles 16 de marzo, debería ser leído con atención, pues resulta difícil negar que pone a los EEUU y por extensión a la UE y a los aliados ante la más dura de las contradicciones: el Derecho internacional y la razón están de la parte de Ucrania, pero eso no es suficiente para correr el riesgo del enfrentamiento armado con Putin. Aún así, es evidente que, como alegó Zelinsky evocando Pearl Harbour y el 11S,  Ucrania tiene todo el derecho de legítima defensa frente a una agresión, como reconoce el artículo 51 de la Carta de la ONU (“Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales”). Es evidente que el Consejo no ha adoptado ni va a adoptar medidas. Pero parece coherente con los principios de legalidad internacional que terceros Estados -la UE, Canadá, los EEUU-, contribuyan a esa legítima defensa, proporcionando los medios -eso se llama armamento, sí- para que el Estado agredido pueda hacer frente al agresor.

Por lo que se refiere a las sanciones acordadas por la UE, hay que tener en cuenta que adoptó en 2003 su propio marco normativo para las sanciones: se trata de sus Orientaciones sobre la aplicación y evaluación de medidas restrictivas». Las sanciones se conciben como instrumento esencial de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), dentro de un planteamiento político integrado y global que comprende el diálogo político, acciones complementarias y el recurso a otros instrumentos disponibles. Expresamente, la UE se compromete a reducir al mínimo los efectos en la población civil local y en las actividades legítimas del país de que se trate o que se realicen con él.

Este punto es particularmente interesante, pues trata de impedir lo que podríamos llamar “efecto brocha gorda”. Esto es, como señalaba recientemente Salvador Enguix, evitar “que paguen justos por pecadores” https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20220315/8124227/justos-pecadores-caso-universidades-ucrania-rusia.html). En efecto, la mayoría de los ciudadanos rusos no son responsables de las decisiones de Putin y de su gobierno, ni desde luego, de la élite de millonarios que tienen con Putin una relación de ayuda mutua, aunque se supone que sí han elegido libremente a sus representantes en la Duma que han suscrito unánimemente las decisiones de Putin sobre la “acción militar especial” en Ucrania. Contra ellos, y no contra el pueblo ruso, contra los representantes de su sociedad civil de modo indiscriminado, es contra quienes se deben dirigir las sanciones. Por eso hay que examinar, como veremos enseguida, el problema del “doble filo” de las sanciones. El marco normativo de las sanciones ha sido actualizado en 2005, 2009, 2012, 2017 y, en lo que más nos interesa y es más reciente, el 4 de mayo de 2018, un acuerdo que conviene consultar (https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5664-2018-INIT/es/pdf).

Muy concretamente desde ese marco legal la UE ha venido adoptando medidas de sanción contra Rusia desde 2014, por su anexión de Crimea y por los incumplimientos de los acuerdos de Minsk. La cronología y desglose de esas sanciones puede consultarse en la detallada infografía proporcionada por el propio Consejo europeo (https://www.consilium.europa.eu/es/infographics/eu-sanctions-against-russia-over-ukraine/). Pero, ante la decisión de Rusia de reconocer como entidades independientes las zonas no controladas por el Gobierno de las provincias de Donetsk y Luhansk en 2022 la UE adoptó medidas de sanción, que dan un salto cualitativo poco después, en febrero de 2022, como respuesta a la agresión a Ucrania. Así, el Consejo europeo adoptó el 24 de febrero de 2022 un primer paquete de sanciones económicas y de ruptura o suspensión de relaciones particularmente duro (https://www.consilium.europa.eu/es/policies/sanctions/restrictive-measures-ukraine-crisis/), a los que han seguido otros tres: el más reciente, -el cuarto- en el Consejo del 7 de marzo (https://euroefe.euractiv.es/section/exteriores-y-defensa/news/ue-ultima-mas-sanciones-rusia-se-prepara-crisis-energetica/). A mi juicio, se trata de una respuesta más que justificada desde el punto de vista de la legalidad internacional. Porque la UE debe afirmar con contundencia su oposición a la agresión y el recurso a cuantas iniciativas legales -y en primer lugar, la vía diplomática- puedan detener la guerra, aunque tengan un coste evidente para nosotros mismos.

El punctum dolens de todo esto, como decía, es que resulta difícil evitar lo que se ha denominado el <doble efecto de las sanciones>, esto es, su repercusión sobre la población de modo, insisto, indiscriminado. Me parece que es muy clarificador el análisis que ha propuesto a ese respecto recientemente el columnista del New York Times Max Fisher, en su sección The Interpreter (https://www.nytimes.com/2022/03/09/world/europe/russia-ukraine-economy.html), en la que subraya que la estrategia de las sanciones incluye específicamente poner a prueba la capacidad de esos gobiernos autocráticos frente a su propia opinión pública. Eso significa que el destinatario indirecto de las sanciones, pese al importante matiz que recogen los principios enunciados por la propia UE acerca de evitar la brocha gorda, en el fondo está expresamente contemplado como elemento estratégico: la hipótesis es que dificultar la vida cotidiana en Rusia se supone que se alienta la resistencia frente al autócrata. Como ha escrito el profesor del King College Sam Greene, autor del libro Putin v the People: The Perilous Politics of a Divided Russia (Yale University Press, 2019), la clave consiste en lograr que Putin tenga que hacer frente a un segundo frente, a una “segunda guerra”, la que le enfrentaría contra su propia opinión pública, contra su pueblo. El problema es que esa insurgecia de la opinión pública resulta muy difícil, habida cuenta del aislamiento digital impuesto por el Kremlin como han subrayado por ejemplo Valerie Hopkins y Adam Satariano (https://app.informed.so/articles/2022-03-07-russia-blocked-from-the-global-internet-plunges-into-digital-isolation). Además, esta es una apuesta de riesgo, con daños que sólo eufemísticamente se pueden denominar colaterales o no queridos, pero que en realidad son muy severos para la población. Baste pensar en las penas de hasta 15 años de cárcel que afrontan quienes desde la prensa o los medios, como Marina Ovsiannikova, la regidora de televisión que interrupió el telediario Vremya del canal 1, el canal ruso oficial de mayor audiencia, con su pancarta denunciando la propaganda y las mentiras informativas y proclamando el no a la guerra, o desde la calle, como Yelena Osipova, la superviviente de la segunda guerra mundial que incita a los soldados rusos en Ucrania a abandonar sus armas y los más de 15000 manifestantes que han sufrido detenciones. El problema, creo, es que esas son indiscutiblemente posturas heroicas. Y el heroísmo se admira, pero no se puede exigir; ni siquiera inducir.

Pues bien, uno de los aspectos en los que las sanciones se revelan más cuestionables o, si se prefiere, más necesitadas de esprit de finesse, de un pincel fino por contraste con la brocha gorda es, a mi juicio, las sanciones que se plantean en la modalidad de ruptura o suspensión de las relaciones con personas e instituciones en el ámbito cultural, científico y universitario. En realidad, a eso vienen estas líneas.

¿Sancionar la ciencia, la cultura, la Universidad?

En estos días, he sostenido públicamente mi discrepancia con las consecuencias de estas sanciones en el ámbito de la ciencia, la educación y la cultura. La ruptura de relaciones con las instituciones científicas, de investigación, culturales y universitarias rusas y refrendadas en nuestro país por los ministerios de Ciencia, Universidades y también desde el de Cultura, así como -en el caso de las Universidades- por la CRUE, y que han repercutido directamente en la toma de posición de las cuatro Universidades que constituyen la Alianza Universitaria Ruso Española (AURE), Carlos III, Oviedo, Rovira i Virgili y la Universitat de Valencia (https://www.uv.es/uvweb/uv-noticias/ca/noticies/posicionament-universitats-espanyoles-xarxa-aure-alianca-rus-espanyola-1285973304159/Novetat.html?id=1286250256148&plantilla=UV_Noticies%2FPage%2FTPGDetaillNews&fbclid=IwAR1XJPyuyoF5CzdA0Aslq8UCh_E78d3A2o8NgwRMykbpDnjnJVA6rMj7s7c), pese a que está lleno de importantes matices sobre los que ha pasado por alto la polémica en la opinión pública, me parece que mantiene el error de partida.

Creo que esta suspensión de relaciones y actividades de colaboración -no digamos si es ruptura y no simplemente interrupción, es  un error de concepto: la cultura, la ciencia, la investigación, la educación, por definición deben ser abiertas. Quienes las llevan a cabo no deben sufrir por las irresponsables e inadmisibles decisiones del autócrata Putin. Desde luego, es un error de concepto, a mi juicio, porque una medida tan indiscriminada, que no entra en los necesarios matices, en el examen de los casos concretos, parece un apriorismo injusto.

Creo que es un error táctico: estas medidas no ayudan a la situación de los científicos, los profesores, los creadores artísticos, los periodistas…que están en contra de la guerra. En realidad, les ponen las cosas más dificiles, los aíslan, no les ayudan. Puede facilitar, por el contrario, la propaganda oficial que presenta a la UE como una potencia que desprecia y ofende al pueblo ruso. Insisto: argumentar que con estas medidas se trata de incentivar la resistencia del pueblo ruso, de los agentes de su sociedad civil contra Putin, es plausible, pero sólo si se hace con proporción, para evitar el daño mayor,  el daño a los inocentes, que son la mayoría de la población y también la inmensa mayoría de los científicos, profesores, investigadores, estudiantes, o los creadores y artistas culturales. Y aquí llegamos a las decisiones que han causado considerable polémica.

Me refiero a las que adoptó el Consejo de Gobierno de mi Universidad de Valencia (UV), que suponían congelar los acuerdos con las Universidades rusas, paralizar los programas de movilidad con esas universidades en el curso próximo y recomendar a los estudiantes valencianos en Rusia que retornaran y a los estudiantes rusos en valencia que hicieran lo propio. Creo que son dos los problemas de esas decisiones, aunque insisto, el error de fondo no es tanto de la propia UV, sino de los acuerdos que aplica, esto es, los adoptados por la UE con sus sanciones, trasladadas al plano universitario -con el acuerdo de la European University Association-, por los Ministerios españoles de Ciencia, Universidades y Cultura y por la CRUE, la conferencia de rectores de las universidades españolas.

 Primero, la suspensión de actividades del Centro Ruso de la Universitat de València, uno de los dos que existen en universidades españolas junto al de la Universidad de Granada, en alianza con el Ruskiy Mir, una institución oficial rusa similar a la red de Institutos Confucio del Han Ban chino. Lo cierto es que la Universidad de Granada adoptó un acuerdo diferente: en lugar de suspender sus actividades, se acordó administrar en adelante el Centro Ruso directamente por la propia Universidad, sin la presencia de esa institución oficial rusa, en aplicación de las sanciones. Pero no se priva a los estudiantes ni a los profesores, investigadores o profesionales, de la oportunidad que significa la existencia de tal centro (https://www.granadahoy.com/granada/Centro-Ruso-Granada-UGR_0_1662134076.html). Me parece una decisión mucho más razonable.

Además, su recomendación a los estudiantes rusos en relación con la suspensión de sus estudios (también se recomendó a los estudiantes de la UV en Rusia que retornaran). En realidad, respecto al acuerdo relativo a los diez estudiantes rusos, creo que lo que ha habido es un error de comunicación, de grueso calibre, porque ha afectado a la imagen de la Universidad, de su Consejo de Gobierno y de su rectora, al enfatizar inicialmente la dimensión de suspensión y de ruptura alegando la coherencia con los acuerdos de instituciones superiores (de la propia UE, de los ministerios, de la CRUE) que, insisto y a mi juicio, son desproporcionados e indiscriminados. Lo cierto es que, como ha aclarado después el comunicado oficial de la propia UV, (un comunicado que debería haberse publicado el primer día pero que no se hizo público hasta el 16 de marzo: https://www.uv.es/uvweb/uv-noticias/ca/noticies/posicio-uv-sobre-programes-mobilitat-russia-1285973304159/Novetat.html?id=1286250292228&plantilla=UV_Noticies/Page/TPGDetaillNews), la Universitat se dirigió a los diez estudiantes de nacionalidad rusa que cursan en ella sus estudios para recomendarlas que retornaran a su país, a la vista de la guerra y de las consecuencias de las sanciones, que comportan indudablemente dificultades económicas para continuar su vida en Valencia y les ofreció ayuda fuera cual fuera la decisión que adoptaran. La Universitat aclara que no se les prohibió (faltaría más) que prosigan sus estudios.Así se dice expresamente: “la Universitat ha recomanat, com a mesura de seguretat a l’estudiantat valencià a Russia retornar a valència i l’estudiantat rus rerornar al seu país, però donarem suport a les decissions que adopten”).

Cualquiera que conozca los estatutos, el programa con el que concurrió a las elecciones el equipo rectoral de la profesora Mestre y el talante y, desde luego, las convicciones de la rectora Mestre y de los profesores que forman parte de su equipo de gobierno, sabe que no cabe duda de que el propósito de ese acuerdo del Consejo de gobierno era ayudar a los estudiantes, no castigarlos. Esa es mi convicción y por eso he rechazado y condeno los insultos y descalificaciones de grueso tono vertidos contra la rectora y el Consejo de Gobierno. Pero lo cierto es que se comunicó mal y, sobre todo, se enfatizó la coherencia con una posición da principio (la de la UE y demás instituciones que han decidido aplicar las sanciones en el mundo científico universitario y cultural) que, como digo, considero errónea por su carácter indiscriminado en cuanto a sus destinatarios y por su desproporción e inadecuación a lo que es la comunidad universitaria, una comunidad por definición abierta. Estoy con el president Puig, cuando advirtió que en ningún modo las sanciones, tampoco las universitarias, pueden tener como objeto a los ciudadanos de a pie, porque hay que distinguir entre Putin, su círculo de poder y el pueblo ruso https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20220316/8130085/ximo-puig-pide-uv-trate-todos-rusos-fueran-putin.html).Ojalá acabe pronto este horror y no tenga como consecuencia la aparición de un foso en las relaciones entre el admirable pueblo ruso, su maravillosa cultura, sus extraordinarios científicos, artistas, profesores, investigadores y estudiantes… y nosotros.

VERICUETOS DE LA VOLUNTAD POLÍTICA EUROPEA ANTE LOS REFUGIADOS (versión ampliada del artículo publicado en Infolibre, 16 de marzo de 2022)

Una nueva voluntad política europea, ante los refugiados ucranianos

El aluvión de informaciones sobre la masiva diáspora ucraniana no puede dejar impasible a nadie: en menos de tres semanas de guerra, casi tres millones de personas han abandonado sus hogares en busca de protección. Impresiona, asimismo, el esfuerzo de solidaridad que se vive en toda Europa, comenzando por los países fronterizos: Polonia, Rumania o Moldavia, tanto por parte de sus gobiernos como de los ciudadanos. Polonia, otrora reluctante a cualquier pacto europeo que le imponga cuotas, acoge ya a 1,6 millones de refugiados ucranianos; el gobierno húngaro de Orban, cortado por el mismo patrón, ha recibido ya a más de un cuarto de millón. Casi 200.000 se encuentran en Eslovaquia, y más de 100.000 en un país minúsculo y pobre, Moldavia, de apenas dos millones de habitantes. Mientras tanto, la propia UE ha adoptado acuerdos políticos inéditos respecto a los desplazados que huyen de Ucrania.

El punto de inflexión ha sido la Decisión de Ejecución (UE) 2022/382 del Consejo, adoptada el 4 de marzo de 2022. Esta decisión supone activar la aplicación de la Directiva de protección temporal 2001/55/CEE, prevista para casos de afluencia masiva de personas desplazadas. Es la primera vez que se decide así, después de  veinte años de su aprobación. La activación obliga a los Estados miembros a concretar el reconocimiento individual de la protección temporal en el caso concreto de las personas desplazadas por el conflicto en Ucrania. Ello permite ofrecer a los ucranios una protección internacional análoga a la del asilo, que consiste ante todo en el principio de no devolución al país de origen a quien solicita tal protección (principio de non refoulement) y, ademá,s posibilita permisos de residencia y trabajo, apoyo financiero y acogida. En aplicación de ese acuerdo, los gobiernos europeos rivalizan hoy en establecer sistemas ágiles y generosos para esos desplazados ucranianos. Por no hablar de los innumerables ejemplos de generosa solidaridad por parte de las instituciones, agentes de la sociedad civil y simples ciudadanos.

Si la respuesta institucional europea ha sido en términos generales generosa y ágil, en el caso del gobierno español (y de los gobiernos de las CCAA y de un buen número de ayuntamientos) resulta remarcable y se concreta en dos órdenes ministeriales que concretan los acuerdos adoptados en el Consejo de ministros del 8 de marzo de 2022 (cuatro días después de la decisión del Consejo europeo).

La primera, la OM/170/2022, de 9 de marzo de 2022 (https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/10/pdfs/BOE-A-2022-3716.pdf), amplía la protección temporal otorgada en virtud de la Decisión de Ejecución (UE) 2022/382 del Consejo de 4 de marzo de 2022 a personas afectadas por el conflicto de Ucrania que puedan encontrar refugio en España. Supone, por cierto, una interpretación particularmente generosa de la aplicación de la directiva europea de 2001. En primer lugar, España permite acogerse a la norma a aquellos que ya vivían en España y que actualmente están en situación irregular, un supuesto que no estaba expresamente incluido en la decisión del Consejo Europeo. La medida beneficia a un número incierto de ucranios, por la imposibilidad de medir con rigor la irregularidad, pero puede tratarse de entre 10.000 y 18.000 personas. La aplicación que el gobierno español ha hecho, “considerando que las consecuencias de la guerra afectan a otras muchas personas”, amplía el ámbito subjetivo de aplicación, al extenderlo también a los refugiados que habían obtenido protección internacional en Ucrania, así como a los ciudadanos de terceros países con permisos permanentes de residencia en ese país. La norma también incluye a los familiares directos de estos. La ampliación de los supuestos que pueden acogerse a la directiva europea también beneficiará a aquellos residentes en Ucrania que estaban fuera del país antes de que el pasado 24 de febrero comenzase la invasión rusa. Esto incluye a turistas, estudiantes o ciudadanos en viajes de trabajo. En su decisión, España amplia la protección temporal a aquellos que residían en Ucrania con autorizaciones de residencia temporales y no solo permanentes, incluyendo así, por ejemplo, a estudiantes de terceros países. El resto de residentes ucranios en España, como ya se anunció la semana pasada, tendrán prioridad para renovar con agilidad sus trámites.

La principal incógnita residía en la cuestión de procedimiento, debido a lo dispuesto en el artículo 11 del RD 1235/2003 que aprobó el reglamento de aplicación de la directiva europea de 2001 y que impone que las solicitudes pasen por la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), muy sobrecargada en la actualidad (unas 80000 solicitudes pendientes), lo que supone que la tramitación y resolución de los expedientes de asilo en España sufran desde hace años muy considerables retrasos y dificultades, pese al esfuerzo de este gobierno por reforzar las plantillas de funcionarios que trabajan en esos temas. Pero el 10 de marzo se publicaba en el BOE una segunda Orden ministerial, la OM 169/2022 del Ministerio de Presidencia que, tras el trabajo conjunto con los ministerios de Inclusión y de Interior, habilitaba una solución de urgencia para aplicar individualmente la directiva de protección temporal y desbloquear las dificultades de procedimiento. Se trata de la, por la que se desarrolla el procedimiento para el reconocimiento de la protección temporal a personas afectadas por el conflicto en Ucrania (https://www.boe.es/eli/es/o/2022/03/09/pcm169/dof/spa/pdf), presentada como una normativa complementaria del Reglamento de 2003.

Esta solución técnicojurídica para salvar la dificultad que planteaba el mencionado artículo 11 del Reglamento es del mayor interés. De un lado, se arranca de la disposición final primera de esa norma, que habilita a los Ministerios de inclusión y de Interior para dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, las normas que sean necesarias para la ejecución y desarrollo de lo dispuesto en él. Además, para reforzar el fundamento jurídico de esta normativa complementaria, se invocan los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y particularmente a los de necesidad y eficacia, proporcionalidad, eficiencia y seguridad jurídica. En suma, esta Orden Ministerial supone de hecho la creación de una vía urgentísima de acogida, pues hace posible que los desplazados reciban en un plazo de 24 horas la documentación necesaria para trabajar.

Quede claro que, a mi juicio, todos estos esfuerzos merecen, por descontado, un juicio muy positivo. Pero resulta muy llamativa la aparición ahora, con ocasión de la diáspora ucraniana, de una voluntad política que ha sabido echar mano de instrumentos jurídicos y aun de ponerlos en marcha con una agilidad y eficacia inusitadas. Esta nueva y decidida voluntad política ante un caso específico de asylum seekers (demandantes de asilo o protección internacional), los ucranios que buscan protección huyendo de la guerra desatada ferozmente por Putin, exige explicación. Y la exige además, porque esto sucede cuando nos encontramos en medio de un debate sobre el nuevo y complejo Plan europeo de inmigración y asilo que está en estudio desde 2020 (un conjunto de documentos de considerable dificultad técnica), presidido por la voluntad política del núcleo duro de la UE que insiste en mantener la lógica básica del reglamento de Dublín, esto es, que el estado miembro en el que pongan pie los aspirantes a obtener asilo se haga cargo de todo lo relativo a ese expediente, sin que pueda trasladarse a un tercer Estado miembro. Una tesis que, como han puesto de manifiesto gobiernos como el de España, es manifiestamente asimétrica e insolidaria ¿Significa esto un giro en la política europea sobre refugiados, o se trata sólo de una notable excepción?

Dicho con más claridad, ¿por qué esta movilización de esfuerzos, esta decidida voluntad política de concretar de forma tan generosa la solidaridad europea, de afrontar ahora sí y con decisión esta crisis de refugiados, a diferencia de cuanto sucedió en dos casos absolutamente similares? Me refiero, claro, a los desplazamientos masivos de personas que huían de la guerra en Siria (también en Afganistán, aunque los supuestos no sean idénticos), para los que el europarlamento solicitó la activación de esa directiva.

Reparemos en que en el caso de Siria se trata de una guerra que dura ya 11 años y que ha provocado que más de 13 millones de personas huyan de sus hogares: casi 7 millones desplazados a otros puntos de Siria y más de 6 millones han abandonado su país. El fracaso de los intentos que hizo la Comisión en 2015 par asegurar un procedimiento se distribución de cuotas obligatorias de refugiados sirios entre los Estados miembros es un recuerdo lacerante de la ausencia de voluntad política, por no decir de la voluntad política de rechazo, de desentendimiento de la suerte de esos centenares de miles de personas.

En cuanto a nuestra respuesta a los afganos ha sido, con todos los respetos, cicatera: no quiero desdeñar el esfuerzo realizado para evacuar y reubicar en la UE -en España se consiguió evacuar a 2000, de los que 1650 solicitaron asilo- a aquellos que trabajaban como colaboradores de nuestras embajadas en Kabul. Hay motivos para estar orgullosos de la eficacia y agilidad de esa operación humanitaria, insisto, pero la mayoría de los afganos -de las mujeres y niñas afganas- que sufren graves violaciones de sus derechos por parte del régimen talibán y que buscan como pueden refugio no encontrarán la voluntad política de la UE.

Podríamos añadir, por cierto, el caso de Venezuela, como recordaba la periodista María Martín (https://elpais.com/espana/2022-03-14/el-inedito-ejemplo-de-los-refugiados-ucranios.html). El régimen de Maduro ha generado, según los datos del ACNUR, un éxodo de más de 6 millones de personas. España es uno de los tres países de la UE que ha recibido más solicitudes de asilo o protección internacional por parte de esos desplazados venezolanos, más de 118.000 en 2019. El Gobierno español ha acudido a otorgarles una solución excepcional, un permiso de residencia de un año por razones humanitarias, pero, como ha puesto de manifiesto CEAR, el porcentaje de reconocimiento como refugiados es mínimo. Y hay que hacer constar que el entonces Defensor del Pueblo pidió al Gobierno que contemplase la activación de la directiva 2001, pero no se consideró procedente.

Por no decir de cuanto sucede en las islas del Egeo, en el Mediterráneo o en Canarias, donde parece naufragar reiteradamente cualquier atisbo de voluntad política europea decente.

Los límites empíricos de la solidaridad. De la solidaridad al interés geopolítico.

Vuelvo a la pregunta que motiva este artículo. Ante la necesidad de explicación para la aparición de esta insólita voluntad política caben varias hipótesis.

Una de las primeras consiste en tratar de entender el motor de solidaridad que aquí se ha manifestado. ¿Por qué esta explosión de solidaridad con los ucranios, que no se queda en proclamas retóricas o vagos sentimientos, sino que se concreta en la disposición a afrontar sacrificios concretos, no sólo por parte de los ciudadanos de a pie que dan muestras de ello con una movilización nunca vista, sino también de las instituciones?

Creo que puede servirnos la referencia a lo que se ha llamado la concepción liberal de solidaridad, propuesta por Richard Rorty en su influyente obra Contingencia, ironía, solidaridad. Rorty se propone desnudar los límites de un universalismo solidario que, en el fondo, se queda las más de las veces en retórica, de acuerdo con el lema que se atribuye a un europeo de profunda convicción social, Jacques Delors: “no podemos cargar con toda la miseria de mundo”. Para Rorty, la retórica universalista de los vínculos con la humanidad, con una esencia humana, muy asequible en la medida en que el propósito de mostrarse solidario con los que viven en el otro extremo del mundo queda satisfecho con gestos que no cuestan nada, no tiene capacidad para concretarse en deberes, en contribuciones concretas. Eso sólo es posible desde un sentido más restringido y más local, que permite percibir con claridad nuestras similitudes en la experiencia del dolor y la humillación de oras personas y así incluirlas en el nosotros. Esto se activa con mayor capacidad cuanto esos sufrimientos los padecen quienes se encuentran más próximos al círculo del nosotros. Posibilita así asumir sacrificios esfuerzos reales por ellos. El sufrimiento de los ucranios es eso, precisamente, un sufrimiento próximo. También porque los ucranios viven entre nosotros ya, con importantes comunidades en varios estados europeos (en España vive la cuarta por número). Un botón de muestra lo ofrecen las imágenes de reencuentro con los niños y adolescentes ucranianos que, para muchas familias -por ejemplo, en España- son de la familia, porque han vivido ya aquí con su familia de acogida, que los considera suyos.

En realidad, la respuesta de Rorty nos aproxima a la tesis más verosímil, la que han ofrecido la mayoría de los expertos que, siguiendo la navaja de Ockham, es la más sencilla. Los ucranios -a diferencia de los afganos o de los sirios- son de los nuestros. Así lo explica el investigador del CIDOB Francesco Pasetti: “Como hemos visto en medios de comunicación, también por parte de representantes políticos, hay un relato y un juicio moral muy diferente a los que tuvimos tras la crisis de 2015: ahora se trata de nosotros, no de otros, estas personas son nuestros verdaderos refugiados” (cfr. https://elpais.com/internacional/2022-03-14/por-que-huir-de-ucrania-no-es-huir-de-siria.html). Entendámonos: no es sólo ni primordialmente porque sean rubios, con ojos azules y cristianos. También lo son, por ejemplo, buena parte de los rusos. Es que, sin admitirlos como europeos tout court, los vemos próximos a nosotros, los europeos. Y esa proximidad se debe también, aquí y ahora, a un interés geopolítico: a diferencia de los asiáticos o de los africanos y de los rusos que son nuestros enemigos, los ucranianos son vistos ahora como enemigos de nuestro enemigo, el autócrata Putin. Por eso, sin ánimo alguno de ironía, ni menos aún de menoscabo a la terrible condición de refugiado -una situación en absoluto envidiable, que no puede desearse a nadie-, cabe decir que, en este momento y para nosotros, los ucranianos son los refugiados por excelencia.

Esta razón entronca con la advertencia proclamada reiteradamente por el Alto Representante Borrell: la agresión de Putin ha actuado como acelerador de una nueva conciencia geopolítica de la UE (al igual que ha supuesto un punto d inflexión en la magen y en el papel de la OTAN para los europeos). Y ello porque la UE ha dejado claro que la invasión de Ucrania por Putin es una guerra del populismo autoritario contra los valores de la democracia liberal que encarna la UE. Es decir, vemos a los ucranianos como víctimas de una guerra que es nuestra guerra. Sí, es verdad que esa guerra, por ahora y afortundmente, sólo lo es en los términos de una guerra económica, que incluye la ayuda a la legítima defensa del Estado agredido en términos de ayuda humanitaria y ayuda armamentística a Ucrania, junto a un abanico de fuertes sanciones económicas. Todo ello, en el marco de la legalidad internacional definida por el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas y sin renunciar al papel primordial de la diplomacia. Por eso, asumimos sacrificios en aras de su protección, porque son de los nuestros.

Ahora bien, aun siendo de los nuestros, no son exactamente nosotros. Tenemos muy claro que ni forman parte de la UE, ni de la OTAN. Los queremos, sí, pero no tanto como, por ejemplo, para imponer una zona de exclusión aérea que abra el riesgo de un enfrentamiento directo que, por lo que dicen los dos gallitos -Putin y Biden- (el tercero, China, guarda silencio y probablemente es el que obtendrá más beneficio de este desastre), sería una tercera guerra mundial con recurso a armamento nuclear. Para eso, para que estemos dispuestos a jugárnosla de verdad,

Pero no quiero finalizar sin referirme a otro factor de la aparición de esa voluntad política, que podría describirse como la “paradoja boomerang de los refugiados europeos”, un argumento que está en el núcleo mismo del sistema de protección internacional a las personas que necesitan encontrar refugio

La paradoja de un sistema jurídico que nació para proteger a los europeos, se convirtió en universal y parece regresar a la preferencia europea.

A propósito de la diáspora ucraniana, se ha hecho referencia a menudo en estos días a otros éxodos europeos. Por ejemplo, los que causaron las guerras en la antigua Yugoslavia durante la década de los años 90, con especial brutalidad en Bosnia y Kosovo.  Se calcula que dos millones y medio de personas huyeron de sus hogares como consecuencia de esos conflictos y fueron recibidos por diferentes Estados de la Unión Europea, incluida España.

En realidad, la referencia inicial obliga a remontarse a los desplazamientos masivos de europeos tras la primera y sobre todo la segunda guerra mundial. Lo mismo sucedía con el mandato del ACNUR, que se preveía por sólo tres años, el tiempo necesario para reasentar a esos ciudadanos europeos desplazados de sus hogares.

Precisamente ahí reside la paradoja: el derecho internacional de refugiados cuyo núcleo es la Convención de Ginebra de 1951, y la aparición misma de la Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) en 1952, una agencia cuyo antecedente fue la Organización Internacional de los Refugiados creada en 1946, se vinculan directamente con el objetivo de proteger a esos europeos que se habían visto obligados a huir de sus hogares. De hecho, la Convención nace con una limitación geográfica (territorio europeo) y temporal (hechos acontecidos antes de 1951). El mandato del ACNUR se limitaba a tres años, los que se entendía necesarios para reasentar a esa diáspora europea. Por eso, más de una vez ha habido quien se ha preguntado si esa Convención y esa Agencia habrían nacido y tendrían los perfiles que tienen hoy si no se hubiera tratado precisamente de atender a una demanda que se veía primordialmente como europea.

Pero lo importante es, casi de inmediato, apenas quince años después, tanto el Derecho internacional de refugiados como el ACNUR adquirieron un alcance universal. Ello fue posible merced a la adopción del segundo elemento nuclear del Derecho internacional de refugiados, el Protocolo sobre el estatuto de los refugiados, que se adoptó en Nueva York en 1967 y que eliminó el restringido ámbito territorial y temporal de la Convención, permitiendo su proyección universal. Dicho de otro modo: lo que nació a impulsos del drama europeo, se proyecta a todos los refugiados, o, para hablar con mayor propiedad, a todas las personas a las que es necesario ofrecer la protección internacional propia de la condición de refugiados (titulares del derecho de asilo o de la protección internacional subsidiaria). Todos ellos lo son por igual, sea cual fuere el país del que son ciudadanos, sus características étnicas, nacionales, religiosas…con tal de que se acredite que se han visto forzados a abandonarlo por sufrir persecución que les pone en serio peligro, por parte de su propio Estado, o sin que el Estado del que son ciudadanos los proteja. Lo que me interesa destacar es que la Convención de Ginebra no admite refugiados de primera o segunda clase. Como establece su artículo 3, cualquier discriminación por razones geográficas o de otro tipo es contraria al espíritu mismo de ese instrumento jurídico.

Sin embargo, pareciera que en la actual coyuntura se refuerza de nuevo la preferencia europea, como en un efecto boomerang. Y no sólo porque las fuerzas de extrema derecha, en Polonia, Hungría, Alemania, Italia o España clamen por los “verdaderos y buenos refugiados”, los que están libres del estigma de sospecha de ser ejército de reserva del yihadismo, como sostiene Vox. Es que gobiernos tan respetados como el danés practican abiertamente esa discriminación, al adoptar medidas para restringir los derechos de los refugiados sirios -medidas que ha anunciado que no aplicará a los ucranios- y que son totalmente contrarias a la Convención (cfr. https://www.nytimes.com/interactive/2022/03/07/world/europe/Syrian-Asylum-Seekers-in-Denmark.html?smtyp=cur&smid=tw-nytimesworld).

La conclusión que cabe sostener es muy clara: de acuerdo con la legalidad internacional, resulta inadmisible una discriminación entre personas a los que se reconozca como refugiados, por el hecho de que pertenezcan a una confesión religiosa, como pretendieron los gobiernos de Polonia y Hungría con motivo de la crisis de refugiados de 2015, vinculada a la evolución de la guerra de Siria (y, en menor medida, a la situación de Afganistán), al tratarse en su mayoría de personas de fe musulmana. Tampoco por razones geográficas. Y precisamente por eso resulta difícil justificar que la activación de la directiva sólo se haya producido a favor de los ucranianos. Para despejar cualquier duda, quiero dejar claro que no discuto que se active la directiva ahora, ante el horror que les obliga a huir. Digo que, a mi juicio, es injustificable desde el punto de vista de la observancia del derecho internacional de refugiados que no se hiciera en su momento, que no se haga ahora lo mismo, respecto a sirios y afganos.

LA POLÍTICA DE LA RECONQUISTA CULTURAL (versión ampliada del artículo publicado en Infolibre, el 14 de febrero de 2022)

En círculos de nuestra derecha política cobra fuerza la tesis de dar prioridad a la denominada “guerra cultural”. Se trata de una batalla por la hegemonía cultural, que tiene no poco de paradójica reinterpretación de Gramsci. Hay una versión soi dissant liberal, la que me parece que pueden representar, con todos los matices que quieran, la diputada Cayetana Alvarez de Toledo, o su protector, el escritor Vargas Llosa, en su faceta de activista político de la derecha liberal. Y otra, en tono mucho más agreste, enarbolada por las gentes de Vox e incluso algún sector del PP, como la señora Díaz Ayuso. Esta segunda versión cada vez parece más próxima a los lemas y propósitos del supremacismo, a la xenofobia -cuando no el racismo- de los Orban, Le Pen, del muy hábil polemista Zemmour y, claro, de la versión estadounidense, la que encarnan Trump, su ideólogo Bannon y el movimiento Q’anon.

Así, la extrema derecha y una parte de la derecha, parecen empeñadas en la reivindicación de la superioridad de «nuestra cultura», la española, que -como en la polémica entre Américo Castro y Sánchez Albornoz-, entienden como una cultura monolítica, cristiana y castellana, en nombre de la cual habría que reconquistar España frente a los que quieren disolverla. A su entender, hoy, como entonces -o en la “cruzada” del 36-, se trataría de ganar la batalla por la verdadera alma de España, frente a la nueva llegada amenazadora de los <moros> (meros «invasores», dicen, aunque la invasión durara 7 siglos) y frente a los separatistas <antiespañoles>. Y claro, eso exige expulsar a los extraños y domeñar a los rebeldes.

Así lo ha dejado claro Vox, por enésima vez, en las Proposiciones No de Ley (PNL) números 854 y 855, que se debatirán en el próximo pleno en el Congreso y respecto a las cuales será interesante ver la reacción del PP, sobre todo tras los resultados de las elecciones en Castilla y León, que dejan al PP en manos de Vox si quiere mantener el gobierno en la legislatura abierta repentinamente por decisión del presidente Fernández Mañueco. El propósito de esas iniciativas parlamentarias no es normativo, claro, sino simbólico: son instrumentos en esa guerra cultural, con el altavoz que proporciona el debate en el Congreso. Una reconquista cultural que, reitero, les parece clave para ganar la batalla por el poder. Pero que, a mi juicio, habla mal de su visión de la política, de lo que les interesa a los ciudadanos.

Sabemos que las identidades son constructos sociales. Aun así, resulta increíble que los Abascal, Olona o Díaz Ayuso, como también algunos seudohistoriadores y no pocos “comunicadores” en prensa, radio y televisión, quieran reescribir la historia de España de forma tan ignara, como si aquí no hubieran vivido más que Viriato (portugués, por cierto), Don Pelayo, Jaime I y los Reyes Católicos. Por no hablar de la mixtificación de la figura de El Cid, un valeroso y hábil guerrero de frontera que no tuvo empacho en servir a los intereses del rey musulmán de Zaragoza y que no conquistó Valencia en nombre de ningún rey cristiano, sino de sí mismo.

Esa pretendida <identidad española> es brutalmente ficticia, y quizá revela más acerca del miedo de algunos a mirarse en el espejo, que no de sus convicciones. Lo dejó escrito magistral y lapidariamente Machado, en sus <Proverbios y Cantares>, antes de que lo argumentara elocuentemente el gran Edward Said: «hombre occidental/tu miedo a Oriente/ ¿es miedo a dormir, o a despertar?».

La historia de España es la de una profunda diversidad de pueblos y culturas, una riqueza incontestable, para la que hay que reconocer que no acabamos de encontrar un modelo estable de gestión política común. Y si bien el de la Constitución de 1978 nos ha ofrecido el período más duradero y exitoso, parece claro que hay que actualizarlo, y a fondo. Porque, entre otras cosas, ese acuerdo constitucional es deudor de un contexto global, incluso de un mundo, que ya no existe. Desgraciadamente, ante esa necesidad de actualización, la que parece ir ganando terreno es esa “narrativa” de la derecha extrema, al hilo de un cierto movimiento de agravio que postula la necesidad de una recentralización, una lógica centrípeta, so pretexto del peligro de desintegración de España.

Estos días he mantenido varias conversaciones sobre ese asunto con algunos buenos amigos, como Hana Jalloul y Gerardo Pisarello. Y les confiaba que, si hoy intentara repetir un experimento que realicé con frecuencia hace más de 30 años, cuando comenzábamos a debatir sobre la multiculturalidad constitutiva de España -de «las Españas», como subraya Joan Romero-, me temo que obtendría el mismo resultado, muestra de ignorancia de nuestra propia historia. Hace 30 años, en efecto, iniciaba muchas conferencias, charlas y clases con esta pregunta: ¿quién le parece que ha sido el filosofo español más importante de nuestra historia? Casi siempre la respuesta era Ortega, o Unamuno. Alguna vez alguien se atrevía a sugerir el nombre de Ramon Llull, incluso Séneca. Nunca el de una mujer, como María Zambrano. A mi juicio, la respuesta acertada era y es, por encima de todos ellos, otro cordobés, el que más ha aportado a la cultura universal, incluso por encima de Séneca, o de Maimónides (cordobeses también). Me refiero al filósofo, médico, jurista y teólogo Averroes, en la versión castellanizada, o, por su nombre árabe, Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rushd.

Averroes, gracias a sus Comentarios sobre Aristóteles, o a obras como Refutación de la refutación, fue clave para que la cultura europea, la universal, recuperase a Aristóteles. Además, aportó conceptos básicos para la modernidad. Distinguía entre varias formas de intelecto, hasta cuatro, aunque las básicas para él eran dos: el intelecto receptivo y el agente, una distinción que permitió separar razón y fe y desvincular la reflexión filosófica de las especulaciones míticas y su instrumentación política. Por no hablar de su noción de imputabilidad. Pero claro, el filosofo cordobés era árabe y musulmán y hay algunos que siguen pensado que es imposible ser español y árabe, o español y musulmán…

Vuelvo al presente. La primera de las dos PNL presentadas por Vox a las que me he referido antes, pretende entre otros objetivos que, a imitación de una -a mi juicio- reaccionaria y calculada iniciativa del presidente Macron, el Gobierno suspenda los visados a los ciudadanos de Marruecos, Argelia, Túnez y Mauritania, como medida de retorsión por la falta de colaboración de sus gobiernos en el control de la inmigración “ilegal”. La segunda sostiene que los flujos de inmigración “ilegal”, vinculados a lo que denominan “grave crisis migratoria” que padeceríamos hoy, unidos a los procesos de radicalización de jóvenes musulmanes, serían un peligrosísimo vivero para el terrorismo (yihadista, claro) y por tanto deben ser considerados “situación de interés para la Seguridad Nacional”.

Vox se agarra así a uno de sus ganchos electorales, el espantajo de la amenaza de la inmigración. Dejo de lado algo tan evidente como lo injustificado de que la restricción del visado afecte a todos los ciudadanos de esos países no colaboradores y no se dirija sólo a su clase dirigente. Dejo de lado lo desproporcionado de la estigmatización de los inmigrantes musulmanes (así, en general) como aspirantes a terroristas. Obviaré asimismo que carece de sentido mimetizar la iniciativa francesa (al menos respecto a Túnez y Mauritania), habida cuenta de los datos sobre la inmigración a España procedente de esos países, que son poco relevantes. Por no hablar del castigo a las mujeres y hombres de Túnez, que llevaron a cabo valerosamente una revolución democrática y a la que hemos abandonado mientras su presidente practica un golpe de Estado permanente.  Me limitaré a subrayar dos aspectos.

El primero es que, una vez más, Vox recurre a hechos alternativos, falsea datos de la inmigración a Canarias (basta ver lo que muestra la web Maldita Migración), así como del impacto de los inmigrantes en el Estado del bienestar. Lo cierto y bien sabido es que la inmigración ofrece un saldo abiertamente positivo a ese respecto, pues aporta bastante más de lo que recibe. Así lo han vuelto a demostrar el International Migration Outlook (IMO) 2021 de la OCDE, y el World Migration Report 2022 de la Organización Internacional de las Migraciones (ONU): lean el capítulo 12, por ejemplo.

El segundo, es que justo cuando Vox pretende afirmarse como partido de gobierno, acredita un severo desconocimiento de exigencias básicas de una política de Estado, adecuada a nuestro contexto global. Mensajes como éste evidencian que Vox no conoce bien -por no decir, nada- el mundo en el que vivimos y prefiere vivir en su ensoñación de la España imperial. En un momento de crisis energética respecto al suministro de gas (que no afecta a Francia, líder de la energía nuclear), cuando España puede ofertar un corredor de gas para la UE, gracias a Argelia y aún más si las relaciones con Marruecos mejoran, lo último que dicta el manual de relaciones exteriores es utilizar la diplomacia agresiva contra esos dos países. No digamos nada en la coyuntura de tensión a propósito de Ucrania, a la que no es en absoluto ajena la cuestión energética. Quizá sus dirigentes podrían comenzar por leer un libro escrito por alguien nada sospechoso de peligroso izquierdismo, La venganza de la geografía, de Robert Kaplan. Porque eso repercute en el día a día de los ciudadanos, en el coste de la luz, del gas, de la gasolina y del diésel, por ejemplo. Pero superar esa grosera ignorancia quizá es mucho pedir a quienes viven de un populismo irresponsable, aun a costa de poner en riesgo las necesidades e intereses de los ciudadanos españoles que dicen defender.