ENTREVISTA EN EL DIARIO.ES MURCIA, 19 11 2026

ENTREVISTA EN ELDIARIO.ES MURCIA, 19 11 2026

https://www.eldiario.es/murcia/entrevistas/javier-lucas-programa-electoral-toma-serio-complejidad-politica-migratoria_1_13673019.html

Javier de Lucas: “Ningún programa electoral se toma en serio la complejidad de la política migratoria”

Elisa Reche

Murcia —

19 de noviembre de 202606:00 h

Javier de Lucas (Murcia, 1952) estudió en Murcia hasta segundo de Derecho, pasó por Pamplona tras el sueño de estudiar cine y en 1974 se instaló en Valencia, donde ha desarrollado su carrera como catedrático de Filosofía del Derecho y director del Instituto de Derechos Humanos, con largas estancias en el extranjero, entre ellas siete años al frente del Colegio de España en París. Fue senador hasta 2023 y hoy es catedrático emérito y consejero del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana.

Este jueves vuelve a su ciudad para pronunciar la ponencia inaugural del II Seminario sobre Migración que organiza el profesor Carlos Gil Gandía en la Facultad de Derecho, en plena campaña de unas elecciones generales en las que la inmigración se ha convertido en uno de los ejes del debate.

 

Su ponencia se titula ‘Migrar en tiempos jurídicamente convulsos’. ¿Ha cambiado el derecho o la forma en que los gobiernos lo aplican?

Lo que ha cambiado es la voluntad política dominante, que no creo que sea socialmente mayoritaria, pero sí hegemónica en el discurso del poder y en un espacio público que hoy constituyen sobre todo unas redes sociales extraordinariamente manipulables al servicio de quien tiene el poder económico para manejarlas. Esa voluntad desarrolla una narrativa tóxica que utiliza la inmigración a la vez como ejército de reserva y como explicación simplista de todos los males. En esta campaña quien lo ejemplifica clarísimamente es Vox que, ante cualquier problema, saca el comodín de que la culpa es de la inmigración.

 

¿Puede una persona tener derechos plenos si no es ciudadana?

Durante la regularización se ha difundido que era una forma de captar votos, lo cual es mentira, porque los regularizados no tienen derecho a voto, sino a una residencia legal y a buscar trabajo. En toda Europa los residentes extranjeros están equiparados en la mayoría de los derechos, pero no en la participación política, con lo que hemos resucitado el viejo síndrome de Atenas, el de una democracia que excluye como sujetos políticos a una parte de la población que reside legalmente y contribuye. Y con la paradoja de que su presencia aumenta el censo y, por tanto, el número de diputados y senadores, pero ellos no pueden votarlos.

 

¿El Pacto Europeo de Migración y Asilo protege a quienes llegan o consolida la ‘Europa fortaleza’?

Como proyecto es una necesidad, pero este pacto no protege debidamente los derechos de quienes llegan. Su pieza más criticable es el reglamento de retorno, con la ficción de los países seguros. Hemos incluido en esa lista a Mauritania, que se rige por una interpretación muy estricta de la sharía, como si fuera un lugar seguro para las mujeres y niñas que devolvemos allí desde Canarias. Eso vulnera el principio más elemental del derecho de asilo, la no devolución a un país que no sea seguro.

Y el discurso de la integración es irreal si se plantea como algo unilateral porque cuando hay relación entre dos partes cambian las dos. Quien llega tiene que respetar nuestras costumbres, pero no practicarlas. Yo llevo más de cuarenta años en Valencia, hablo valenciano y no me gustan los petardos ni las fallas, y prefiero el arroz de Cabo de Palos a la paella. ¿Quiere decir eso que no soy valenciano?

 

¿Estamos ante un retroceso de los derechos humanos como marco común?

Sin duda, y es una lección brutal de que los derechos no están adquiridos para siempre. Lo vemos en personas a las que detienen en la calle o a las que se quiere deportar a países con los que nunca han tenido relación, como pretenden cinco países europeos que negocian con Ruanda un centro de deportación, un país que, como pueden imaginar los lectores, no es un paraíso del Estado de derecho. Las deportaciones colectivas son directamente contrarias al Convenio Europeo de Derechos Humanos.

 

¿Hay responsabilidad jurídica de los Estados en las muertes del Mediterráneo y la ruta canaria?

En el Mediterráneo puede haberla cuando se demuestra omisión del deber de socorro porque si hay voluntad política, en el marco del Estado de derecho se puede establecer responsabilidad jurídica. En Canarias no creo que la haya en ese sentido porque Salvamento Marítimo hace justamente lo contrario, salvar vidas. Otra cosa es la responsabilidad de mantener a esas personas en condiciones infrahumanas que, además, generan enormes dificultades a la población local, como en El Hierro, una isla de unos 10.000 habitantes a la que en las últimas semanas han llegado miles de personas, o en Ceuta, con la entrada de un contingente que el Gobierno cifra en 80.000 personas y algunos agentes elevan a más de 100.000.

Esas situaciones son caldo de cultivo de reacciones xenófobas. La responsabilidad es del Gobierno central, pero también de las comunidades autónomas que se niegan a asumir la redistribución de menores y un principio básico de solidaridad.

 

¿Cómo valora el debate migratorio en la campaña del 29N?

Ningún programa se toma en serio la complejidad de la política migratoria. Los más difícilmente compatibles con los derechos básicos son los que ignoran los derechos de los menores no acompañados, contrarios a la Convención sobre los Derechos del Niño. Además, solo se habla de quienes llegan en patera, cuando la inmensa mayoría entra por vías regulares y acaba en situación irregular porque no hay vías legales para trabajar.

Con nuestro perfil demográfico, o los españoles empiezan a tener hijos, lo que es imposible sin vivienda, o la inteligencia artificial da un salto portentoso, o no hay más remedio que recurrir a la inmigración, pero no en términos de semiesclavitud. Dentro de su inconcreción, creo que el Frente Amplio es quien ofrece algunas medidas que cuadran ese sudoku.

 

Casi 1,2 millones de personas, más de 45.000 en la Región de Murcia, han pedido acogerse a la regularización extraordinaria. ¿Es una cuestión de derechos, de economía o de ambas? ¿Choca con el marco europeo, como sostiene la oposición?

Hay que reconocer que la inmensa mayoría de los socios europeos está en contra de cualquier regularización y que España está en minoría. Las regularizaciones son el reconocimiento de un fracaso, pero un mal menor cuando no has abierto vías legales y tampoco puedes expulsar a esas personas.

No soy partidario de las puertas abiertas, que son un disparate, y se puede discutir si este proceso se ha hecho bien, pero no se puede mantener a más de un millón de personas en condiciones de semiesclavitud. La alternativa es tener trabajadores con derechos o sin derechos, y necesitamos esa fuerza de trabajo con los mismos derechos que cualquier otro trabajador.

 

La agricultura murciana depende de trabajadores migrantes y, a la vez, aquí pesa mucho el discurso antiinmigración. ¿Cómo se explica?

Por un mensaje tan simplista como eficaz, que tuvo sus episodios en Torre Pacheco y Jumilla y que a los más viejos nos recordó a El Ejido, cuyo alcalde venía a decir que a las siete de la mañana todos los trabajadores eran necesarios y las siete de la tarde sobraban todos. Es el discurso de que hay seres humanos que son herramientas, pero no iguales en derechos, y que prende con un bulo. Sirve también de excusa para no invertir en sanidad o educación, culpando a los inmigrantes de un desbordamiento que estadísticamente es falso, y omitiendo que esos supuestos gorrones también pagan la sanidad y la educación.

 

¿Qué deja Torre Pacheco? ¿Funcionaron los mecanismos contra los delitos de odio?

Son mecanismos muy complejos porque la libertad de expresión hay que protegerla al máximo y ser xenófobo por falta de educación no te convierte necesariamente en delincuente; otra cosa es poner en peligro la vida, la libertad o la igualdad. La enseñanza es que convivir con diferentes es complicado, y esos festivales interculturales en los que una vez al año nos enseñan a hacer hummus crean el espejismo de que no lo es. Sin igualdad de derechos y de deberes no hay convivencia, y eso no es tolerancia, que es un engaño repugnante, porque supone que yo soy superior al otro y lo aguanto mientras me dé la gana.

 

En algunas zonas de la Región la mayoría del alumnado es de origen migrante. ¿Está respondiendo el Estado?

Si las comunidades y los ayuntamientos, que cargan con la mayor parte del gasto en sanidad y educación, no tienen recursos ni voluntad de universalizarlos, lo que llega es el conflicto y la estigmatización. Hay que explicarle a la gente que si tarda en conseguir una cita médica no es porque haya inmigrantes, sino porque faltan médicos, y que la solución es más profesorados y más medios.

Ningún partido plantea la colaboración entre administraciones, que se echan la culpa mutuamente mientras la casa se queda sin barrer. El problema no lo tienen los ministros, sino quien está en el ayuntamiento, en la escuela y en el centro de salud, y ahí es donde hay que poner el dinero.

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¿Qué le diría a un joven murciano que vota por primera vez el 29N sobre la inmigración?

Que la inmigración es su futuro y que gestionarla bien es la clave de que ese futuro sea mejor. El inmigrante no es tu enemigo, es tu socio, si sabemos convertirlo en socio. Si los echamos vamos a la ruina porque en un país sin inmigración no habría pensiones, ni trabajo, ni vivienda, ni mejor educación ni sanidad para los jóvenes.

 

 

La Universidad de Murcia celebra este jueves su II Seminario sobre Migración

 

LA UE APUESTA POR LA ERA DE LAS DEPORTACIONES (versión ampliada del artículo publicado en Levante-EMV el 19 de noviembre de 2026)

 

Externalizar las deportaciones. De nuevo, el “Plan Ruanda”

No son pocos los que se rasgan las vestiduras ante la noticia que se ha producido a mediados de noviembre de 2026, del principio de acuerdo entre cinco gobiernos europeos y el de Ruanda, para instalar allí un “centro de retorno” (return hub, que en inglés parece que suene mejor[1]). No es un proyecto que conozcamos en todos sus detalles: por ejemplo, el gobierno alemán parece introducir no pocos matices. En todo caso, se trata de un “plan piloto” que empezará en 2027, al amparo de la base legal que proporciona el artículo 14 del Reglamento Europeo de Retorno que acaba de entrar en vigor[2]. Es un convenio cuyo respaldo, previsiblemente, se extiende más allá de esos 5 gobiernos europeos. Podría ser el caso de España, si tras las elecciones del 29 de noviembre hay un gobierno del PP con Vox, un partido que ha declarado su entusiasmo por esta iniciativa.

Hablando claro, el proyecto consiste en la deportación de esas personas a un tercer país, distinto de su país de origen, siempre que sea “seguro” y con el que se haya establecido un convenio a tales efectos; no se trata de «retornos», pues. Son expulsiones a las que resulta más riguroso, pues, denominar deportaciones.

Hago notar que este Convenio se pacta con el inaceptable régimen de Kigali, que preside desde hace más de 20 años Paul Kagame, un personaje siniestro donde los haya, como han denunciado muchas ONGs defensoras de derechos humanos[3], y del Consejo de Derechos Humanos de la propia ONU[4]. Respecto a la condición de país seguro que otorgan los socios europeos a Ruanda, basta ver el informe Freedom in the World 2026, de la Fundación Freedom House, que le otorga 21 puntos sobre 100, en la escala de países seguros en 2026[5].

A mi juicio, es más que discutible la viabilidad, de este nuevo «plan Ruanda», pero lo importante aquí es otra cosa. Se trata del gesto de intención disuasoria, como ha reconocido, ufana, la xenófoba y criptorracista premier danesa Frederikssen quien, en una reciente entrevista, se mostraba satisfecha de que su posición encuentre cada vez más respaldo en la UE “He estado aislada y la gente consideraba que nuestros planes eran erróneos, contrarios a los valores europeos y ajenos a la tradición socialdemócrata. Ahora, una mayoría de mis colegas está de mi lado», y añadió que el objetivo del Convenio es sobre todo disuasorio: “la cifra más importante es la que nunca veremos, porque ojalá no empiecen el viaje”[6], esto es, lo importante es el impacto mediático, el número de los que no vendrán, al saber esta noticia. En otras palabras, la lógica del Convenio es apaciguar el creciente sentimiento antimigratorio fomentado por la extrema derecha europea, en lugar de buscar una gestión adecuada de la migración.

Pero, también a mi juicio, convendría que muchos de los escandalizados se tentaran bien la ropa antes de hacer pública su indignación, porque la hipocresía y el cinismo europeos en materia de migración y asilo no empiezan con este acuerdo con Ruanda, ni con los reiterados planes de gobiernos como el de Dinamarca, verdadera pionera en ese proyecto de externalización, desde la aprobación por su parlamento, en 2021, de una ley para propiciar las deportaciones[7], pero también el Reino Unido. Por no hablar del proyecto de Meloni respecto a Albania (“una iniciativa innovadora” en palabras de la cínica von der Leyen), para externalizar la tarea de selección y deportación de los indeseables. El “plan Ruanda” tiene, pues, antecedentes (de Dinamarca a Israel, pasando por el Reino Unido y los EEUU), y casi siempre esos intentos han salido mal, incluso con severos reproches judiciales, como sucedió en el caso del último intento del gobierno del Reino Unido[8].

Pero quiero subrayar algo más importante, esa luna que los que denuncian sólo el dedo del plan Ruanda parecen ignorar.  La verdad es que, desde hace mucho tiempo, y no sólo bajo el impulso de la extrema derecha, la política migratoria y de asilo de la UE cabalga una contradicción fundamental, a base de elevadas dosis de cinismo e hipocresía.

Resumámoslo así: buena parte de las sociedades europeas son ejemplo de envejecimiento demográfico y de la dificultad de mantener su modelo de Estado de bienestar sólo con la contribución de la mano de obra nacional, sobre todo en sectores laborales despreciados por sus propios trabajadores. Por eso, no dudan en reclutar inmigrantes, siempre que su presencia se traduzca en un saldo beneficioso para las mismas sociedades y siempre que quienes llegan se sometan a las condiciones que dictamos unilateralmente y que, en muchos casos, suponen una situación de precariedad, de desigualdad en derechos, e incluso de explotación. Por cierto que la literatura y el cine han ido incorporando ejemplos de ello, con particular protagonismo de la explotación de las mujeres inmigrantes, algo que no parece una prioridad para el feminismo mainstream: que le pregunten a nuestra ministra de igualdad, o a la de migración, a la de trabajo, o a la tantas veces vocinglera eurodiputada Irene Montero. Claro, peor va donde no hay un feminismo mínimamente coherente, como en las filas del PP o Vox[9].

La hipocresía de quien proclama lo de la remigración y la expulsión masiva de todos los inmigrantes que no sean legales (ni rentables económicamente, añadamos), fue denunciada en las campañas en EEUU y otros países sobre “un día sin inmigrantes” (por ejemplo, ésta en California, en 2025[10].

El gobierno español votó en contra de ese Reglamento. En mi opinión, eso le honra, como también, a mi juicio, fue acertada -como mal menor- la decisión del proceso de regularización -criticado por el resto de socios europeos-, por más que sea discutible cómo se articuló en el RD 316/2026 y cómo se ha ejecutado hasta hoy el proceso. Pero atención a la paja en el ojo propio y la viga en el ajeno: ¿acaso son justificables en términos de garantía de los derechos humanos los convenios que ha establecido nuestro propio gobierno con algunos países africanos, para “devolverles” a inmigrantes irregulares o frustrados solicitantes de asilo provenientes de terceros países? Personalmente he denunciado reiteradamente la hipocresía de nuestro gobierno en el caso de Mauritania, un país en el que rige la interpretación estricta de la sharia y que no garantiza la igualdad de derechos de sus mujeres y sus niñas; así que, a fortiori, tampoco la de las mujeres y niñas inmigrantes que les deportamos a ese país y de cuya suerte nos desentendemos, con la misma lógica de externalizar la responsabilidad juridica  (ya no son cosa nuestra) que subyace al proyecto Meloni y al Convenio con Ruanda. Y todo ello, con el silencio, si no la complacencia, de las mencionadas ministras de igualdad, de inmigración y de la antaño mujer más poderosa de España, hoy en exilio forzado en Andalucía. Todas ellas, en la proclamada visita exitosa de nuestro gobierno a Nuakchott (un ejemplo, se nos dice, de la política eficaz bilateral en materia de migración), acompañando al presidente del gobierno, estuvieron más calladas que lo estarían respecto a los derechos de las mujeres, las niñas y las minorías, si fuera el caso de negociar con China.

Así que, no: menos escándalos con el convenio de esos cinco gobiernos con Ruanda, si eso no viene acompañado de una crítica coherente a lo que es una política migratoria y de asilo tan desprovista de legitimidad en términos de derechos humanos como ineficaz, según demuestra la experiencia.

Habría que tener el valor político y la inteligencia de gestión para salir de esos errores. De momento, la derecha navega con el viento en las velas de la extrema derecha y la izquierda se agota en una política de gestos, mientras deja hacer y fomenta, aunque sea por omisión, esa hipocresía de todos nosotros como sociedad, en aras de una supuesta eficacia que se ha demostrado errada. Porque tengámoslo claro: mientras siga la deigualdad radical entre el norte y el sur, ellos seguirán viniendo, aunque arriesguen sus vidas, mientras nosotros nos sentimos a gusto con nuestra conciencia porque derramamos lágrimas de cocodrilo.

 

[1]Cfr. esa noticia en  https://www.rtve.es/noticias/20261116/cinco-paises-ue-crearan-ruanda-centro-deportacion-segun-austria/17316681.shtml.

[2] El texto de ese artículo 14 del Reglamento puede leerse en https://www.boe.es/doue/2026/2280/L00001-00049.pdf).

[3] Cfr. este comunicado del International Rescue Committee: https://www.rescue.org/eu/press-release/joint-statement-47-organisations-call-eu-protect-peoples-rights-not-outsource-them

[4] Cfr. por ejemplo https://docs.un.org/es/A/HRC/WG.6/51/RWA/1.

[5] Cfr. https://freedomhouse.org/sites/default/files/2026-03/FIW2026_final_digital%20%281%29.pdf.

[6] Cfr. su entrevista al periódico danés Berlignske en junio de 2026: https://www.berlingske.dk/emne/mette-frederiksen.

[7] Sobre los reiterados intentos del gobierno de Frederiksen, remito a mi análisis “Dinamarca, la sorpresa de una ley que desnaturaliza el asilo”: https://www.lamarea.com/2021/07/06/dinamarca-la-sorpresa-de-una-ley-que-desnaturaliza-el-asilo/. Dinamarca y Ruanda llegaron a firmar un convenio bilateral (https://um.dk/media/04jdw0f0/joint-statement-on-bilateral-cooperation.pdf?utm_source=chatgpt.com), que sin embargo fue abandonado en 2023.

[8] Puede leerse un elenco de los diferentes intentos por diversos países para establecer un acuerdo con Ruanda en https://www.elconfidencial.com/mundo/2026-11-18/centros-retorno-ruanda-solicitantes-asilo-ue-1hms_4466705/.

[9] A quien le interese este asunto, que desnuda nuestro cinismo e hipocresía, le remito a cuatro novelas que, por cierto, constituyen el objeto de la tesis doctoral de Isabel Gonzálvez (Literatura y Derecho: el ejemplo del trabajo doméstico de las mujeres inmigrantes), en el Instituto de Derechos Humanos de la UV: Canción dulce (L. Slimani), Ceniza en la boca (B. Navarro), Limpia (A. Trabucco), Casas limpias (M. Agúndez).

[10] Cfr. por ejemplo https://www.latimes.com/espanol/california/articulo/2025-02-02/lanzan-campana-un-dia-sin-inmigrantes-que-impacte-en-el-ambito-economico-de-ee-uu). El leit-motiv ha sido utilizado recientemente por José Mota en un gag que invito a visionar: https://www.youtube.com/shorts/dkv_B1JwTvU

MEDIA DOCENA DE REFLEXIONES SOBRE EL ACCIDENTE DE URDA

Han pasado los tres días de duelo. Es hora para tratar de formular algunas reflexiones y sobre todo de comenzar a hacer propuestas. Por mi parte, ofreceré media docena de apuntes y una consideración general:1. Comencemos por constatar la evolución de la valoración de la alta velocidad:
Cabe recordar que vivimos en los 90 y comienzos de este siglo XXI una etapa en la que el AVE era sinónimo de confort, puntualidad y seguridad: nos quejábamos por retrasos de 5 minutos y exigíamos devolución si era superior a 15 minutos. Al mismo tiempo, se suprimieron buena parte de los trayectos de media distancia y se reforzó la estructura radial, siempre con Madrid como centro de comunicación.
Coincidiendo con la liberalización, empezamos a perder confort y puntualidad en el AVE: comprobamos que 25 años después, los vagones y asientos eran los mismos, e incluso peores; comenzó a ser habitual que los trayectos durasen más y que no se llegara nunca con menos de 20 minutos de retraso. Comenzaron las anulaciones frecuentes.
Desde hace un par de años se hicieron públicas las quejas por los traqueteos excesivos y se conocieron las denuncias de falta de seguridad por parte de los profesionales incluso con huelgas del sector de maquinistas, que han abocado al punto crítico de dos accidentes con un total de 115 muertos en 9 meses. El primero, un accidente por falta de revisión del estado de las vías. El segundo, a todas luces, un problema muy grave de inseguridad del sistema.
2. Ahora, hay que esperar que en el tiempo más breve posible los técnicos ,de un lado, y la justicia de otro -en este caso será preciso más tiempo- ofrezcan el resultado de sus investigaciones. Tomemos nota de que, respecto al accidente de Adamuz, a comienzos de 2026, aún no tenemos resultados técnicos y los del procedimiento judicial se prolongarán probablemente al menos un año.
3. Me parece de todo punto desmesurado, inadmisible, que se tache al ministro o al gobierno de criminales o asesinos, como lo hace VOX. No podemos confundir la responsabilidad jurídica -no digamos la penal- con la responsabilidad moral, ni con la responsabilidad política. La retórica carroñera  no ayuda ni a las víctimas, ni a las familias, ni a la consecución de un resultado que nos aproxime a la verdad de lo sucedido.
4. Dejemos claro que la responsabilidad política es otra cosa. Es evidente que a estas alturas aún no sabemos quién o quiénes son los responsables directos del desastre en Urda. Pero una cosa es eso, y otra la responsabilidad política que, a mi juicio, es clara: es del gobierno y más concretamente de su ministro de transportes y del equipo que él situó al frente de ADIF, un ente que a todas luces presenta una gestión muy deficiente. No está claro que la separación de RENFE y ADIF haya sido una buena decisión. Pero en casos como éste, la dimisión es la vía más aconsejable, porque no es un reconocimiento de culpa: es un mecanismo para preservar la dignidad del cargo.
5. Resulta patente que, como reconoció el presidente del gobierno, se ha perdido la confianza en el sistema ferroviario (en alta velocidad, en media y en cercanias), y ello exige un replanteamiento del sistema ferroviario  -quizá un pacto de Estado, como se ha propuesto- con particular atención a las cercanías, que son el medio que necesitan millones de personas para llevar a cabo la movilidad segura que necesita su vida cotidiana. Veremos qué propuestas hace el gobierno esta semana, en el Consejo de ministros y el ministro Puente en su comparecencia ante la Diputación Permanente
6. A mi juicio, es inverosímil pensar que la persona que pueda restablecer esa confianza sea el ministro Puente. Una persona que apenas unas horas tras el accidente lanzó imputaciones directas al controlador, cuyo ministerio podría tener que ver con las filtraciones de conversaciones que deberían estar bajo secreto del sumario que se instruye, y, sobre todo, que ha tenido la indecencia de victimizarse hablando del «calvario» que iba a pasar él, cuando el calvario lo han vivido las víctimas y lo viven sus familias, no merece confianza por parte de los ciudadanos.Añado ahora una consideración más general, que es una interrogante. Quizá el error consistió en creernos el sueño de converrir el indiscutible salto que consiguió España en la transición, en todos los órdenes, en la quimera d habernos convertido en una gran potencia económica. Quizá el error ha consistido en pretender que, sin las condiciones propias de una economía y un sistema industrial al alcance de verdaderas potencias, nuestro país se apuntara a ese «capitalismo de velocidad» que ahora se critica y además en detrimento de un sistema de comunicaciones que además de no basarse en una concepción radial, diera prioridad a lo  imprescindible, lo que supone tener en cuenta la importancia de la inversión en las redes de las cercanías

No digo que se trate de abandonar la alta velocidad, pero en lugar de las baladronadas del ministro Puente presumiendo de que alcanzaríamos los 350 kms/hora en las redes de AVE existentes, como si pudiéramos de verdad competir con Japón o China, habría convenido probablemente tener más dosis de realismo y sobre todo una concepción muy diferente del modelo de movilidad que necesita de verdad nuestro pais. Un modelo que, insisto, parece exigir otras prioridades en el sistema ferroviiario y por tanto en las inversiones que se le deben destinar  Esta pieza capital de la movilidad y la comunicación debe ser ante todo, segura y adecuada a las prioridades que, probablemente, comienzan por redes eficientes de cercanías

EXPULSIÓN Y ESTADO DE EXCEPCIÓN, MOTS D’ORDRE DEL PACTO EUROPEO DE MIGRACIÓN Y ASILO (PEMA)

JORNADAS SOBRE EL NUEVO PACTO EUROPEO DE INMIGRACIÓN Y ASILO

RETOS JURIDICOS Y SOCIALES

22-23 octubre de 2026

 

CONFERENCIA INAUGURAL

MOTS D’ORDRE del PEMA:

EXPULSIÓN, EXCEPCIONALIDAD, EMERGENCIA

Javier de Lucas

 

 

 

Como saben todos ustedes, el Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) es un entramado normativo sumamente complejo, cuyo análisis requiere un estudio minucioso de los elementos que lo integran. A mi juicio, ese tipo de análisis es precisamente el que posibilita el programa de estas Jornadas, que reúnen a excelentes expertos e investigadores para tratar los diferentes elementos del PEMA y sus consecuencias. Es algo que hay que agradecer a los organizadores, el Centro de Documentación europea, el Centro de Estudios de las Migraciones y Relaciones Interculturales y el Área de Derecho internacional público, y los Vicerrectorados de política científica y de estudiantes de la Universidad de Almería.

A todos los responsables -y desde luego, a algunos de ellos con los que me une una antigua amistad, así como una trayectoria de colaboración en la investigación de la política migratoria y de asilo- quiero agradecerles la deferencia de haberme invitado a pronunciar esta conferencia inaugural, que concibo como una introducción para la discusión más específica del PEMA, que seguirá a continuación.

 

Dos claves de interpretación del PEMA

Mi propósito es explicar por qué, a mi juicio, el PEMA viene marcado por algunas mots d’ordre, algunas claves interpretativas. Concretamente, les propongo considerar dos: la primera es lo que calificaré como lmperativo de la expulsión, la exigencia de eficacia en la expulsión de inmigrantes irregulares como prioridad absoluta en la política de control de fronteras, una preocupación dominante en la política migratoria y de asilo de la Unión Europea, y que no es un argumento reciente: cabe remontarlo al menos a la directiva de 2008/115, relativa a las normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, conocida popularmente como la Directiva de la vergüenza, si no mucho antes, como les recordaré, en refrencia al Consejo Europeo de Sevilla de 2001.

Este imperativo de expulsión, sin duda, puede alcanzar expresiones extremas, no expresamente presentes en el PEMA, pero en cambio sí abiertamente explicitadas como prioridades políticas por algunos de los partidos políticos con más fuerza en el contexto europeo y, por cierto, no sólo en la extrema derecha o en la derecha más conservadora. Me refiero al lema de la Rückwanderung, la Reemigración, esa pretensión desmesurada y a todas luces contraproducente, más retórica que práctica sin duda (es imposible traducirla en hechos), que puede llegar a convertirse en un eje predominante en el debate electoral que se aproxima en 2027, aunque espero que no en las próximas elecciones generales, ni tampoco en las autonómicas, pese a los esfuerzos de Vox.

En realidad, esa propuesta esconde al tiempo no sólo un modelo de política migratoria de imposible cumplimiento y de efectos muy negativos, malgré soi, sino una pretensión muy reaccionaria, de carácter etnocultural, vinculada al supremacismo y a la supuesta pureza de raza, es decir, una propuesta xenófoba que se alimenta del espantajo conspiranoide del gran reemplazo, en aras de una concepción propia del racismo cultural, con ecos evidentes de la limpieza étnica. Todo ello, vinculado a un modelo de política migratoria obsesionado con el control de fronteras casi en términos de exclusividad, y con esa desgraciada y falaz metáfora de los vasos comunicantes, según la cual se trata de admitir sólo a un contingente de migrantes -legales- en el mismo número que los nichos laborales oficiales del mercado de trabajo: los demás, fuera.

En segundo lugar, junto a esa primera clave interpretativa para entender el PEMA hay otra, a mi juicio no menos importante: la de la excepcionalidad o emergencia, que a mi juicio pugna con elementos básicos del Derecho de refugiados y aun del Estado de Derecho. Me refiero a una cierta generalización de la convicción de vivir en tiempos de emergencia, tal y como recogen por ejemplo las magras conclusiones del reciente Consejo europeo de 16 y 17 de octubre en el apartado VII (epígrafes 65 y 66) en materia de migración, que celebran -cito- “la intención de la Comisión de colaborar estrechamente con los Estados miembros en el desarrollo de (subrayo) un marco de emergencia y en relación con todos los tipos de instrumentalización”. Esas situaciones de emergencia justificarían incluso, a juicio de buena parte de los gobiernos de la UE y parece que de la propia Comisión, abandonar elementos básicos del Derecho internacional de refugiados como el principio de non refoulement.

Concretaré esa argumentación en el Reglamento 2026/2028, publicado en el Diario Oficial de la UE el 15 de octubre de 2026, aunque una parte de sus disposiciones entraron en vigor de inmediato el día 16 y otra el 17. Se Trata -como explicarán los expertos que intervendrán luego- del Reglamento del Parlamento europeo y del Consejo, que establece un sistema común para el retorno efectivo de los nacionales de terceros países en situación irregular. Este Reglamento deroga y sustituye a la hasta entonces vigente Directiva europea 2008/115 CE.

Pero antes permítanme referirme a algunos ensayos que nos pueden ayudar a entender mejor esas mots d’ordre a la que responde esta norma.

 

Cuatro lecturas recomendables

En efecto, dedicaré la primera parte de mi intervención a evocar algunas lecturas que, aunque aparentemente ajenas a una vinculación inmediata con lo que aquí se va a discutir, esto es, los retos jurídicos y sociales del Pacto europeo de migración y asilo, a mi juicio, permiten entender mejor esas dos claves interpretativas del PEMA que les acabo de proponer.

Hace más de 10 años, Saskia Sassen publicó un libro esclarecedor, cuyo título sigue siendo, a mi juicio, particularmente vigente. Me refiero a su Expulsions. Brutality and Complexity in the Global Economy[1]. Sassen explicaba cómo bajo el imperio de un capitalismo depredador, el modelo de economía global de mercado exigía una lógica opuesta a la que debe caracterizar la que es propia de la democracia y aun del Estado de Derecho, la de la igualdad y la inclusión, bajo las garantías jurídicas de un Derecho entendido como instrumento para reducir la violencia, la crueldad en las relaciones sociales. La lógica de expulsión sobre la que teoriza Sassen no es tanto la de expulsión territorial, sino la de exclusión social, que deja fuera, excluye a las clases trabajadoras y progresivamente a clases medias, golpea a ancianos y a jóvenes y no hace falta que les diga que también a los migrantes y a los que buscan la protección del refugio y a los que mal llamamos refugiados, porque la mayoría de ellos jamás acceden a ese título jurídico: cada vez menos, con instrumentos como los que componen el PEMA. Se trata de un modelo que generaliza el estatuto de precariedad y en realidad propone sustituir a los así expulsados por un ejército laboral de reserva, caracterizado por una precariedad laboral y social aun mayor: los inmigrantes. Por cierto, les diré que los juristas, al menos los que somos muy mayores, ya sabíamos de ese propósito de precarización a través de status jurídicos de radical desigualdad: lo explicó Anton Menger, el precursor de lo que conocemos como “socialismo jurídico”, en su hoy casi olvidado El Derecho civil y los pobres (1898) que tradujo al español, como otras relevantes obras jurídicas, el gran Adolfo Posada.

Por su parte, Bauman, en su Archipiélago de excepciones[2], y en diálogo con Aganbem, destacó lo que éste y la jurista francesa Lochak han explicado como una tendencia creciente en derecho migratorio, lo que denominan la lógica del estado de excepción permanente, que crea normas específicas para los inmigrantes, con garantías jurídicas distintas de las que rigen para los ciudadanos y que le lleva a calificar a las políticas migratorias y de asilo como “industria del desecho humano”.

Aún más duro es el filósofo camerunés Achille Mbembé, que acuñó la noción de necropolítica[3] para explicar un tipo de concepción de la política que parte de la noción de vidas desechables, en concidencia con tesis de Bauman y W.Brown y que la ha aplicado al ámbito de las políticas de extranjería y migración.

Termino estas referencias a lecturas previas que me parece oportuno recomendar, con el ensayo Estados amurallados. Soberanía en declive, que publicó Wendy Brown en 2017[4] y que me parece de muy recomendable lectura para todos nosotros, en particular en la edición en castellano de Herder, porque viene acompañado de un interesantísimo comentario de Etienne Balibar. Brown, que ha insistido asimismo, como decía, en otro concepto útil para nuestra discusión, el de vidas vulnerables, subrayaba como una tendencia en incremento en el actual proceso de globalización del mercado el hecho de que mientras se pierde soberanía efectiva en un mundo desterritorializado, los Estados tienden a reivindicar su espacio territorial de soberanía, reforzando -amurallando- sus fronteras no frente a las mercancías ni frente a los turistas ricos, sino frente a los inmigrantes a los que, al mismo tiempo se recluta por vías clandestinas.

Todo ello tiene mucho que ver, claro está, con la obsesión de vincular la política migratoria y de asilo con un supuesto control de fronteras que reivindica políticas de cierre y de expulsión, hasta el paroxismo de la propuesta de la Reemigración, que hoy copia Vox del programa de AfD (Rückwanderung, Remigration, Ausländer raus!). Pocos ejemplos tan gráficos como el grito del “send them back!” con el que los partidos de extrema derecha y algunos diputados conservadores saludaron la aprobación del reglamento de retorno en el Parlamento de Estrasburgo.

 

La UE, en la era de las deportaciones

Dedicaré la segunda parte de mi intervención al Reglamento de retorno, una pieza del PEMA en la que se ponen de manifiesto las dos claves interpretativas del Pacto, que les propongo. Su finalidad es establecer una regulación directamente aplicable, con procedimientos comunes, para lo que establece un nuevo instrumento, la orden europea de rtorno y nuevas reglas de cooperación entre Estados siempre -se asegura- en el marco del respeto a los derechos humanos y a los principios del Derecho internacional de refugiados. El 17 de abril de 2027 la Comisión aprobará el formulario definitivo de esa orden europea, que será accesible mediante el Sistema informático Schengen.

Déjenme que les recuerde algunos hitos que llevaron hasta la aprobación de esa norma. En el camino a la aprobación de este Reglamento fue clave la toma de posición (que conocimos el 8 de junio) de la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Laila Medina, al presentar sus conclusiones sobre el Protocolo Italia-Albania para establecer centros de deportación fuera de suelo comunitario. La principal es que levantó la objeción a la creación de centros externalizados (es decir, creados en países terceros a la UE) con el objetivo de expulsión, basándose en que los Estados de la UE «conservan la libertad de situar dichos centros en territorio albanés sin invadir la competencia exclusiva de la Unión». Pese a ello, esta posibilidad debe quedar sujeta a condiciones, sostuvo, «en cuanto a las condiciones de internamiento de los solicitantes de protección internacional, las directivas pertinentes establecen una armonización completa de las garantías mínimas, que los Estados miembros no pueden rebajar», y sobre esa base planteó la hipótesis de que el acuerdo entre las autoridades italianas y albanesas podía no cumplir esos requisitos. Pocos días después de que fuera emitida esta posición de la abogada general de la UE, que suele adelantar el juicio del tribunal de Justicia de la UE con sede en Luxemburgo (TJUE), el miércoles 17 de junio, el pleno del Parlamento europeo dió la luz verde a ese Reglamento, entre gritos de «¡send them back!» («enviadlos de vuelta»), de los diputados de extrema derecha, que parecen evocar el lema del `partido AfD, Rückwanderung, «Remigración», que ha sido asumido en Suecia, Francia, Dinamarca y que VOX quiere imponer en España. El Reglamento fue aprobado con 418 votos a favor, 218 en contra y 30 abstenciones. Señalemos que los 3 eurodiputados socialdemócratas daneses votaron a favor (una excepción en las filas de la izquierda en el europarlamento) y que la eurodiputada irlandesa democristiana Marie Walsh votó en contra (una excepción en las filas de los populares europeos).

La votación en la Eurocámara se produjo un día después de que los gobiernos de la UE acordaran la posibilidad de financiar los centros de deportación en el extranjero con fondos comunitarios, en el marco de un acuerdo alcanzado durante el Consejo de Asuntos Generales en Luxemburgo que fija la versión final del programa Europa Global, el principal instrumento de financiación de la acción exterior de la UE para el período 2028–2034. El texto acordado indica que este instrumento “debería contribuir a que los retornos, la readmisión y la reintegración se produzcan de forma segura, digna, sostenible y eficaz, así como a la búsqueda de soluciones innovadoras [como los centros de deportación], entre otras cosas para prevenir y combatir la migración irregular”. 

Pero ¿por qué es tan relevante esta norma con la que se cerraba el paquete del Pacto europeo de migración y asilo?  Me sumo a quienes la interpretan en una clave muy negativa: cuando la UE habla de retorno, lo que quiere decir es deportación, o expulsión. La expresión «retorno» es un eufemismo para una operación de externalización del procedimiento de expulsión o deportación. El nuevo Reglamento de Retorno adoptado por la UE habilita a los países miembros para expulsar a los inmigrantes en situación irregular a centros ubicados en terceros países. Y, sobre todo, tiene elementos difícilmente compatibles con el Estado de Derecho. Veamos las razones que apoyan esta tesis pero antes, creo que conviene que el lector tenga en cuenta dos precisiones.

La primera, como siempre que hablamos de Derecho, es terminológica, pues desde la Alicia de Lewis Carroll sabemos que lo importante respecto a las palabras de la ley no son las palabras en sí, sino quién impone su significado. Y a ese respecto hay que subrayar que cuando la UE habla de retorno, lo que quiere decir es deportación, o expulsión. Para que se vea la falsedad del término ‘retorno’, basta con señalar que el Reglamento habilita a los países de la UE para expulsar a inmigrantes en situación irregular a terceros países, sin relación con su origen, siempre que tengan acuerdos bilaterales con un Estado no comunitario, para construir en su territorio los llamados «centros de retorno», que podrán ser tanto lugares de tránsito, como espacios donde se espere que la persona permanezca a la espera de su deportación.

Ese es el uso real de la retórica migratoria impuesta con el éxito indiscutible por la extrema derecha, que ha elevado la ideología de la  securitización  como clave de comprensión y gestión del fenómeno migratorio: la inmigración es presentada como amenaza -invasión-, lo que supone someter la presencia de inmigrantes y refugiados al principio de sospecha y, así, imponer a inmigrantes y refugiados una lógica jurídica y política propia del  estado de excepción permanente: unas leyes, unos derechos, distintos de los que son propios del Estado de Derecho.

En ese marco de comprensión, el objetivo prioritario de toda política migratoria y de asilo, se nos dice, debe ser  expulsar no sólo a quienes no se encuentran legalmente en nuestro territorio, sino también a quienes se considera que no son estrictamente necesarios, o han dejado de serlo. La idea fuerza de esta norma es ahora recurrir de modo general a  externalizar, llevar fuera de nuestras fronteras los centros que preparan esas operaciones.

Pero para entender cómo hemos llegado a ese planteamiento, es necesaria la segunda precisión, esto es, ofrecer un poco de contexto, lo que exige alguna perspectiva histórica, aunque no sean los nuestros tiempos propicios para tener presente lo sucedido hace 20 años.

Buena parte de las informaciones difundidas sobre el Reglamento de retorno se remontan como mucho a las propuestas de los gobiernos danés y británico en 2021, antecedentes a su vez del  modelo Meloni, que muchos ven como la inspiración para este Reglamento de retorno. Pero hay que recordar que mucho antes, estuvieron  Berlusconi y Aznar. Porque el impulso hacia esa política que pone en el centro un sistema de deportaciones, que pivota a su vez sobre la existencia de centros específicos creados en toda la UE a esos efectos (los que nosotros conocemos como CIE), arranca cuando menos de dos referencias sin las que, a mi juicio, no se entiende cómo hemos llegado hasta aquí.

La primera nos remite al  Consejo Europeo de junio de 2002 en Sevilla, bajo la presidencia española que ejercía el gobierno Aznar y que propuso desarrollar un sistema de relaciones bilaterales de policía migratoria, que incluía la externalización en terceros países de los centros de internamiento previos para la deportación, tal y como había adelantado Berlusconi en su desvergonzado acuerdo con la Libia de Gadafi. En ese momento, la externalización de los centros de deportación no se aprobó, entre otras razones, por la frontal oposición de Suecia. Pero caló la idea de la colaboración policial con países de origen y tránsito de la inmigración que trataba de llegar a Europa, lo que se concretaría en el famoso acuerdo de 2016 de la UE con Turquía (preconizado por Alemania y Grecia) para que los turcos impidieran el tránsito de quienes huían de la guerra en Siria, a cambio de 6.000 millones de euros.

Poco después del Consejo Europeo de Sevilla, llegó el segundo hito, la aprobación en 2008 de la mencionada Directiva de retorno (https://www.boe.es/doue/2008/348/L00098-00107.pdf), que de inmediato se calificó como “directiva de la vergüenza”. Una norma que se inspiraba, por cierto, en  el infamante modelo australiano, ponderado por su eficacia. Un modelo que comenzó con el caso del buque noruego MV Tampa, en 2001, lleno de refugiados. Australia desvió extraterritorialmente a la mayor parte de sus ocupantes a la isla de Nauru.

Esta directiva es el precedente que hoy se reforma, para endurecerla aún más, mediante el Reglamento en cuestión, hasta el punto de que hace real la proclama del eurodiputado sueco de extrema derecha Charlie Weimers en el debate de esta norma en el Parlamento europeo: “Ha llegado la era de las deportaciones”. Pero, en sentido estricto, no es una novedad: supone profundizar en medidas “pragmáticas”, a las que vienen recurriendo no pocos gobiernos europeos, mediante acuerdos bilaterales para implicar a países de origen y tránsito de los movimientos migratorios en funciones de policía de fronteras, aunque buena parte de esos países violan standards básicos de derechos humanos, en particular de derechos de las mujeres y de los menores. Es el caso de Mauritania, con la que el gobierno español acaba de renovar ese tipo de acuerdos, en una contradicción flagrante con su valiente posición a favor del proceso extraordinario de regularización, en aras del respeto a los derechos. Tampoco cumplen con esta exigencia Túnez, Marruecos, Libia, Argelia o Uganda, países hacia los que se orientan los acuerdos bilaterales de policía de fronteras, en los que participa España.

El comisario de Interior y Migración de la UE, el austríaco Magnus Brunner, y la propia presidenta de la Comisión, han defendido esta nueva norma, como corolario necesario de la soberanía europea sobre sus fronteras y para corregir la actual ineficacia de los procedimientos de expulsión: alegan que, hoy, la UE sólo consigue expulsar a un 28% de migrantes que no han recibido autorización legal. Von der Leyen ya ha anunciado que, para asegurar la eficacia en la política de retorno, esto es, que los países de origen admiten a los expulsados de la UE, se aprovecharán “al máximo los incentivos en todos los sectores clave y ámbitos políticos, como la política de visados, el comercio y la ayuda al desarrollo”.

El eurodiputado liberal Malik Azmani, ponente de la norma, aseguró en su intervención ante el Parlamento: “con el Pacto Migratorio aseguramos la puerta delantera de la UE. Con el reglamento de retornos, aseguramos la puerta trasera”. Azmani sostuvo asimismo que la nueva norma es un texto “equilibrado, legalmente sólido y totalmente consistente con los valores europeos compartidos”.

Algunos gobiernos ya están a la búsqueda de socios acomodaticios para esas medidas, en países africanos o asiáticos, sin importar la ausencia de garantía de derechos en esos aliados, ni el hecho de que los  expulsables  sean, o no, nacionales de esos países o incluso ni siquiera hayan transitado por ellos. Y todo esto sucede cuando según las estadísticas de Frontex, en 2025 se registraron un 26 % menos de cruces irregulares de fronteras que en 2024, la cifra más baja desde 2021 y en los cuatro primeros meses de 2026 se ha contabilizado hasta un 40 % menos de intentos de entrada irregular que en el mismo período de 2025.

De acuerdo con el Reglamento, quienes hayan recibido una orden de retorno están obligados a “cooperar con las autoridades”. En caso de negarse, podrán ser detenidos por hasta 24 meses prorrogables a 30 en determinadas circunstancias. El reglamento abre la posibilidad de que los países de origen de los inmigrantes expulsados que se nieguen a recibirlos puedan sufrir consecuencias, desde restricciones en materia de visados a una revisión de las ayudas al desarrollo que reciben o de las relaciones comerciales si continúan rechazando su regreso. 

Los grupos de izquierda en el europarlamento, la Agencia europea de derechos fundamentales y las ONG especializadas, como  PICUM, han denunciado que el Reglamento se sitúa en esa lógica de un estado de excepción permanente a la que ya me he referido y debilita garantías básicas de derechos al crear lo que la representante de PICUM ha calificado como “sistema draconiano de detención y deportación”, que ˝parece querer emular las políticas del ICE trumpista. Desde Equinox Initiative for Racial Justice, por ejemplo, se denuncia que el Reglamento legitima cárceles extraterritoriales sin garantía de derechos, el recurso a técnicas de perfilado racial y la detención de niños. En efecto, causa especial preocupación los riesgos para la garantía de derechos para las familias y para los menores en esos centros externalizados y en los procesos de expulsión que, como hemos visto en los EE UU, pueden afectar a menores a los que se separa de sus padres. A ese respecto, es particularmente significativo el pronunciamiento hecho público el 16 de junio de 2026 por medio centenar de expertos independientes en derechos humanos que participan en organismos de la ONU sobre las Convenciones que protegen los derechos de la infancia, que señalan que el nuevo Reglamento es incompatible con el respeto a las normas básicas de Derecho internacional que protegen los derechos de los niños. En particular, subrayan que la detención de los niños y de sus familias por un período de hasta 30 meses en Estados terceros ajenos a la UE son una grave violación del standard de derechos y en particular remiten a los Comentarios Generales nº 23 (Convenio de derechos del niño) y nº 24 (Convención de derechos de la mujer), que establecen con toda claridad la prohibición de ese tipo de detenciones y exigen su abolición. El pronunciamiento urge a la UE a adoptar las medidas que retiren del Reglamento esos riesgos de graves violaciones de derechos[5].

Las críticas abundan en que esa externalización contribuye a crear limbos legales, desentendiéndose de una responsabilidad a la que no puede renunciar sin violar los principales instrumentos de garantía de los derechos humanos ratificados por la UE y sus gobiernos, sino que la vía emprendida no asegura que se alcance el cacareado objetivo, sobre todo si esa eficacia implica poner en riesgo el respeto las normas y procedimientos del Estado de Derecho, como sucedió con las tristemente famosas expulsiones en caliente. En suma, el pragmatismo, el objetivo de maximalizar el porcentaje de expulsiones, no es aceptable cuando su coste es pasar por encima de la garantía de derechos.

 

Hace algo más de diez años que escribí un libro (Mediterráneo, el naufragio de Europa[6]) en el que apliqué a la UE el dictum de Souflot, el Waterloo moral y político de la UE, a causa de la deriva de su política migratoria y de asilo: por eso denunciaba que vivimos el naufragio de la credibilidad de los principios que la UE proclama orgullosa ante el mundo. Los países del sur global no pueden creer en las proclamas de la UE, cuando constatan que los derechos que de verdad importan a los europeos son sólo los nuestros, y que en aras de esa prioridad estamos dispuestos a sacrificar los derechos de quienes no gozan el pasaporte granate: sus vidas y sus derechos valen menos.

Por supuesto que hay que regular la movilidad humana que tiene como destino a Europa. Los europeos estamos en nuestro derecho -aún más, en la obligación- de hacerlo del modo más eficaz posible. Pero nunca al coste de los derechos de los otros. Su respeto, y por tanto el establecimiento de vías legales y seguras para los propios inmigrantes, no es una opción secundaria, sino la condición sine qua non de estas políticas.

En ese contexto, a mi juicio cobra especial importancia la aprobación en el Parlamento sueco, el lunes 15 de junio, de dos leyes sobre las que conviene fijar la atención y que han sido impulsadas por el partido de extrema derecha Demócratas de Suecia, que se convirtió en las elecciones de 2022 en la segunda fuerza política del país, con más de un 20% de los votos. Su apoyo es imprescindible para la coalición minoritaria de centroderecha que consiguió formar gobierno y que se comprometió en esas elecciones a reducir la inmigración y tomar medidas enérgicas contra la delincuencia.

Se trata, en primer lugar, de una ley, popularmente conocida ya como «ley de buena conducta», que permite a las autoridades no conceder o revocar con carácter retroactivo los permisos de residencia de los inmigrantes acudiendo al concepto jurídico indeterminado de “mala conducta”. La ley no especifica qué tipos de comportamientos se consideran inaceptables, pero el Gobierno ha mencionado las deudas impagadas, el impago de impuestos, la delincuencia y los vínculos con organizaciones extremistas. La Agencia de Migración tiene la tarea de revisar los permisos y las decisiones pueden ser recurridas ante un tribunal de migración. “Cualquiera que no se esfuerce por hacer lo correcto no debería poder contar con quedarse”, sostuvo el ministro de Migración, Johan Forssell, cuando presentó el proyecto de ley en marzo. de este mismo año 2026:  las personas que se comportan mal o cometen delitos no son bienvenidas en el país, fue su mensaje.

La norma que permitirá la expulsión de los migrantes por faltas como no declarar un trabajo ha sido criticada por la oposición y por grupos de defensa de los derechos humanos por considerarla “arbitraria”, ya que la decisión de no conceder o incluso revocar el permiso de residencia se tomaría en función de comportamientos no tipificados como delitos. “La ley de buena conducta deja a las personas en la incertidumbre sobre qué acciones o expresiones pueden utilizarse en su contra”, afirma en un comunicado el grupo CivilRights Defenders, que sostiene su incompatibilidad con la lógica del Estado de Derecho y el principio de igualdad ante la ley. Así, Jacob Lind, investigador en migraciones internacionales de la Universidad de Malmö, considera que la votación del lunes en el Parlamento sueco “tendrá consecuencias devastadoras para los migrantes indocumentados, que se verán aún más marginados al restringirse su acceso a los derechos”. 

La segunda ley, aprobada por estrecho margen —174 a favor y 172 en contra— obliga a los funcionarios públicos a denunciar a todo extranjero del que sospechen que no tiene sus papeles de residencia en regla. Esta polémica ley suscitó tantas críticas que, al final, los profesores, médicos y trabajadores sociales han quedado exentos de esa obligación de denunciar. No así los empleados de instituciones públicas como las oficinas de empleo, del fisco sueco o de la seguridad social que sí deberán comunicar inmediatamente con la policía cuando crean haber atendido o tratado con una persona sin papeles. Para el investigador Lind, esa ley supone, entre otras cosas, “una violación directa de los derechos de los niños —consagrados en la legislación sueca desde 2020— y atenta contra la integridad y la imparcialidad de los funcionarios públicos (…) Se trata de una política cruel e ineficaz que abre la caja de Pandora de la delación, un sello distintivo de los Estados autoritarios».

Algunas organizaciones de derechos humanos ya han anunciado su intención de recurrir para derogar esta ley. Por ejemplo, PICUM, cuya responsable de incidencia política, Louise Bonneau, describe como “un gran revés para los derechos humanos en Suecia” la aprobación de las nuevas normas antiinmigración, en el comunicado de la ONG. PICUM sostiene que “La obligación de notificación impuesta a los [funcionarios de los] organismos públicos crea un clima de miedo que perjudica no solo a las personas indocumentadas, sino a todas las personas que dependen de estas instituciones, así como a los funcionarios que trabajan en ellas”, asegura la responsable de la organización de derechos humanos, que considera igualmente que “las llamadas exenciones para la asistencia sanitaria, las escuelas y los servicios sociales no ofrecen una protección suficiente” a los migrantes. “En la práctica”, afirma, la información sobre su situación migratoria “circulará entre los proveedores de servicios, los organismos y las autoridades de inmigración”.

 

Concluyendo

Si los europeos decimos tomar en serio el Estado de Derecho y las garantías de los derechos humanos más elementales de todos los seres humanos, como el derecho a tutela judicial efectiva, debemos probarlo: los mecanismos que las defienden brillan por su ausencia en este Reglamento y por eso hay que rechazarlo, siguiendo la pista marcada por los jueces italianos que han rechazado reiteradamente la inaceptable argucia jurídica intentada por Meloni en Albania, en los centros de Sengjin y Gjader, una iniciativa que no se puede separar de la posición del gobierno italiano respeto a la solicitud de Albania para incorporarse a la UE[7].  Ante la ausencia de voluntad política de la mayor parte de los gobernantes europeos para poner por delante la prioridad de la garantía de los derechos, tendremos que confiar en la acción de magistrados y fiscales. De otra manera, no podremos evitar que se hagas reales esos «agujeros negros de los derechos humanos», que ha denunciado el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Michael O’Flaherty[8].

 

 

* Cfr. https://www.cde.ual.es/jornadas-sobre-el-nuevo-pacto-europeo-de-migracion-y-asilo-retos-juridicos-y-sociales/.

[1] El ensayo de Sassen se publicó en Harvard University Press, 2014. Hay traducción española, Expulsiones. Brutalidad y complejidad en la economía global, Katz, 2015. Me permito remitir a mi comentario “Una profunda crisis política camuflada como crisis de refugiados, en mi blog, https://lucasfra.blogs.uv.es/2016/09/08/una-profunda-crisis-politica-camuflada-como-crisis-de-refugiados-publicado-en-la-maleta-de-port-bou-no19-2016/.

[2] Archipiélago de excepciones, Katz, 2008, en su origen es la conversación que mantuvieron Bauman y Agamben en el CCCB, en el mismo año.

[3] Cfr. su ensayo Necropolitique, publicado en 2006 en la revista Raisons Politiques, nº 21/2006, pp. 29-60. Este trabajo, junto con uno anterior, “Du gouvernement privé indirect”, que había aparecido en la revista Politique africaine. Nº73/1999 (pp.103-121) fue publicado en castellano con el título Necropolitica, Barcelona, Melusina, 2011.

[4] Walled States, Waning Sovereignity, Princeton University Press, 2010, que se editó en español con el estudio de Balibar, Estados amurallados, soberanía en declive Herder, 2015.

[5] El texto se puede leer en https://www.globaldetentionproject.org/eu-new-return-regulation-threatens-to-significantly-expand-detention-warn-un-special-procedures

[6] Mediterráneo. El naufragio de Europa, Tirant 2015.

[7] Cfr. Sobre ello, me parece interesante análisis de Andi Hoshaj publicado el 10 de diciembre de 2024 en  The Conversation, “Albania‑Italy: migration deals risk becoming a requirement for EU membership”. Puede consultarse en  https://theconversation.com/albania-italy-migration-deals-risk-becoming-a-requirement-for-eu-membership-241992.

[8] Cfr. https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/efficiency-through-dignity-why-europe-s-return-policies-need-human-rights. Ha de destacarse el impacto muy negativo sobre los derechos de los solicitantes de asilo: para cumplir con la Convención de Ginebra de 1951 sobre los derechos de los refugiados, se debe garantizar no sólo el principio básico de  non refoulement  (la no devolución al país de origen del que huyeron), sino proporcionar acceso al derecho a la educación, a la salud, al empleo y a la garantía de defensa. Nada de eso se encuentra expresamente incluido en el Reglamento de retorno.

NOTAS AL VUELO SOBRE EL DERECHO A LA VIVIENDA, ENTRE LA URGENCIA Y LA DEMAGOGIA

Es indiscutible la contribución de los movimientos sociales a la exigencia de tomar en serio el derecho a la vivienda como un derecho justiciable, una característica jurídica que hoy no tiene, porque el artículo 47 de la CE78 no le otorga ese rango, como sabe cualquier estudiante de primero de Derecho y cualquiera que haya leído con atención el título I de la Constitución, algo que parece que no han hecho las ministras y ministros de nuestro gobierno que han hecho pronunciamientos tan enfáticos como vacuos sobre la obligatoriedad  de  ese derecho en nuestro marco constitucional. Dicho ésto, es preciso reconocer que hay prestigiosos constitucionalistas, como Presno Linera, que argumentan detalladamente en a favor de una interpretación contraria a esa tesis (https://presnolinera.wordpress.com/2026/09/30/la-vivienda-en-la-constitucion-espanola/).
La clave ha sido el evento, muy difundido en los medios, del terrible desahucio a una anciana de 87 años, Maria del Carmen Abascal, aunque la verdad es que hemos vivido -y seguramente viviremos- otros desahucios mucho más terribles, sin el mismo eco. Digo la clave, porque esa difusión mediática ha contribuido no poco a poner el foco en una perspectiva emocional y de urgencia, características que no suelen ser buenas consejeras. la hora de legislar. Lo prueba la deficiencia técnica de los dos decretos (26/2026 y sobre todo, 27/2026) que el gobierno se apresuró a aprobar y que pocos días después fueron rechazados por el Congreso en una sesión extraordinaria convocada ad hoc.
Reconocer la razón que asiste a esta reivindicación urgente del derecho a la vivienda no significa necesariamente, a mi juicio, compartir la estrategia que están llenado a cabo esos movimientos, encabezados por el denominado «sindicato de inquilinas», cuyas dos portavoces no brillan precisamente (en mi opinión) por la sutileza de sus análisis y la carga argumentativa, aunque son tremendamente eficaces en los slogans y en la utilización emocional y sin matices -demagógica, también en mi opinión- de lo que es, sin duda, una crisis social y política que desnuda la ineficacia de la actuación de la mayor parte de nuestros dirigentes -estatales, autonómicos y locales-. Soy de los que sostienen que el derecho a la protesta  e incluso a la desobediencia es un derecho básico, sin el que ni la democracia ni los derechos pueden existir y lo he argumentado por extenso en un libro que titulé precisamente Decir No. El imperativo de la desobediencia. La acampada en Sol y en otras plazas, las manifestaciones en nuestras calles, son expresión de ese derecho.

Lo que más me preocupa en este momento no es si todo ello -con el argumento del rechazo a los dos decretos y la ventana de oportunidad estratégica que se abre con ello para el PSOE y para la izquierda- conducirá a convocatoria anticipada de elecciones, sino cómo se gestiona toda esa rabia social. Conste que no lo digo por los incidentes vividos en la manifestación del sábado en Valencia (la única que se sepa que ha tenido esas características), donde se sumaron las acciones de algunos provocadores con una cuestionable respuesta de la policía, aunque no quepa ignorar que los heridos los ha puesto precisamente la policía. Pero son incidentes aislados.

No, me preocupa lo que considero grave irresponsabilidad política, esto es, el aliento de una estrategia de confrontación y el fomento de una lógica populista, que renuncia a la política institucional. Puedo entender que la enorme frustración de centenares de miles de jóvenes lleve a las referidas portavoces del sindicato de inquilinas a excesos verbales que deploro, pero que, como digo, comprendo. Por más que lo considere un error, puedo entender también que desde ese movimiento se entiendan agotadas las vías institucionales y se recurra a la convocatoria de una huelga general. Lo que no puedo entender ni menos aún justificar es que algunos experimentados dirigentes políticos y sindicales apoyen sin matices esa convocatoria o, lo que me parece peor, como ha hecho el exalcalde Ribó, se apunten a esa estrategia de descalificación y confrontación, en lo que se parece mucho a un intento de capitalizar el movimiento y usarlo partidariamente. Ribó ha asegurado -cito textualmente-. «en vivienda, la gente pide ir por las bravas: menos palabras y más hechos». Así, se apunta a la vía de la confrontación social, con el agravante de que, en sus años de alcalde, brillan por su ausencia las medidas de política de vivienda como las que él y muchos otros ponen como ejemplo a seguir, las adoptadas en Viena. Cero autocrítica y un tufo demagógico que me parece , insisto, rechazable.

La primera y fundamental evidencia es que no hay soluciones sencillas, ni inmediatas para una cuestión tan compleja como la de la vivienda, por más que resulte insoportable seguir sin actuar. La urgencia es indiscutible, pero me parece que resulta mala consejera.

A quienes tratan de encontrar soluciones que no pasen por imponer «a las bravas»  la ley de la calle (y no es cuestión menor preguntarse si esa calle que se manifiesta en una buena parte de nuestras ciudades es representativa de la mayoría de los ciudadanos, por más que las encuestas de urgencia así parecen indicarlo), les sugiero leer una interesantísima, lúcida y muy pesimista entrevista al geógrafo Brett Christophers, que publicó en 2025 un libro excelente con un título muy expresivo, «Nuestra vidas, en sus carteras de inversión», en la que  explica por qué en este modelo de capitalismo no puede existir un derecho a la vivienda como derecho exigible, y que se puede leer en el suplemento Ideas de El País de hoy (https://elpais.com/ideas/2026-10-01/brett-christophers-geografo-economico-en-el-capitalismo-contemporaneo-el-derecho-a-la-vivienda-no-existe.html).

La conclusión es que esta es una lucha a más amplio plazo de lo que deseamos. Es verdad que las administraciones locales, autonómicas y el gobierno de España pueden y deben adoptar medidas urgentes y a muy corto plazo, siguiendo ejemplos de ciudades y países europeos. Mazzucato con cuya tesis de que el derecho a la vivienda es la base de todos los demás no estoy de acuerdo (es una condición importante para la autonomía personal, pero no la base de todos los derechos) ha propuesto, por ejemplo, configurar de antemano el mercado de la vivienda, imponer condiciones a los promotores, poner freno a los especuladores y desarrollar un mercado de vivienda social tan grande como para imponer los términos de la construcción, como en Viena (https://elpais.com/ideas/2026-10-03/mariana-mazzucato-economista-la-vivienda-es-un-derecho-humano-y-la-base-de-todo-lo-demas.html). Para más pista, basta con leer las recomendaciones que ha dirigido a España, en materia del derecho a la vivienda, el Comité de derechos económicos, sociales y culturales de la ONU (https://www.housingrightswatch.org/sites/default/files/Recomendaciones%20UN%20a%20Espa%A4a%20Derecho%20Vivienda.pdf).

Pero el verdadero cambio exige reformas estructurales de envergadura:  en nuestro caso, a mi juicio, una reforma constitucional que defina el derecho a la vivienda con el mismo tipo de protección y justiciabilidad que los derechos reconocidos en los artículos 15 a 29 de la Constitución. De mayor envergadura aún es la exigencia sobre la que llama la atención Chirstophers: el modelo imperante de capitalismo extractivo y depredador es incompatible con reconocer y garantizar ese y otros derechos: esa es, evidentemente, tarea a más largo plazo. 

ALGUNOS JUECES BUENOS (Versión ampliada del artículo en el diario digital Público, 20 de septiembre de 2026)

Arrecian las tesis que sostienen que existe una conspiración judicial contra el gobierno, encaminada a derribarlo como sea y se ponen en relación con el conocido motto del expresidente Aznar, «quien pueda hacer, que haga»
 
Creo que hay sin duda magistrados y jueces, en particular en algunos de los altos tribunales, que actúan más como militantes políticos de un partido que como depositarios de la función jurisdiccional. Y me parece que las quejas de la presidenta del TS y del CGPJ en la apertura del año judicial evidenciaron una preocupante falta de autocrítica
 
Dicho ésto, la hipótesis conspiranoica que implica a todo el TS e incluso al «poder judicial» (sic) en una campaña evidentemente ilegítima de derribo del gobierno, me parece una hipérbole disparatada e irresponsable, que tiene un coste terrible, por el daño institucional que está causando: basta ver sondeos recientes que muestran el descrédito creciente del poder judicial en la opinión pública. Así, me parece terriblemente irresponsable que todo un subdirector de un periódico, J.M.Romero, afirme que en España el poder judicial es un peligro grave para la democracia (cfr. https://www.eldiario.es/eventos/alerta-democratica-revista-eldiario-pone-termometro-sistema-vivimos-peligro-real-llama-judicial_1_13519136.html).
 
Por eso, creo que vale la pena dar una vuelta a este debate.

 

 

 

 

CON BÉLA TARR Y SIMONE WEIL, FRENTE A LOS NUEVOS BÁRBAROS (versión ampliada del artículo en Público, 11 de septiembre de 2026)

 

He tenido la suerte de asistir durante unos días a la 19ª edición del Festival Internacional de Cine de Bueu (FICBUEU). En su sesión inaugural, los organizadores tuvieron el acierto de proyectar un desasosegante corto del director y guionista de cine húngaro, Béla Tarr. Se trata de Prologue, un film de 5 minutos de duración, rodado en un plano secuencia, que es la contribución de Tarr a la película colectiva Visions of Europe (2004). Un corto premonitorio, que parece haber sido concebido para explicar la barbarie a la que asistimos hoy, in crescendo, en territorio europeo. Tarr utiliza en cierto modo la capacidad catárquica que tiene enfrentar al violento con su propia violencia, el recurso que utilizó con éxito Gandhi en su estrategia de no violencia, con la misma mecánica de la que se aprovecha el jiu-jitsu, tal y como se revela en los últimos segundos de su corto (está disponible en abierto en https://www.facebook.com/watch/?v=828290370660250 y recomiendo encarecidamente su visionado).

Quiso el azar que, ese mismo día, Sami Naïr publicara un artículo sobre la crisis de Ceuta (https://elpais.com/ideas/2026-09-04/el-momento-ceuta-y-la-trampa-que-europa-se-tendio-a-si-misma.html?ssm=TW_CC), en el que dejó escrita su preocupación por “el desarrollo de un clima cultural en los países europeos asediados por los nuevos bárbaros”, algo que entronca bien con la visión de Tarr.

Todo ello me hizo preguntarme si se ha hecho cierta la interpretación que ha sostenido cierta tradición liberal democrática, acerca del viejo dictum de Tocqueville sobre democracia y barbarie, en las páginas finales de su La democracia en América. Conforme a esa interpretación, lo que más importa al liberal que es Tocqueville es subrayar el riesgo de la tiranía de la mayoría, en coincidencia con la interpretación que hizo a su vez Talmon de las tesis de Rousseau sobre la volonté générale como expresión genuina de la democracia, para denunciar la amenaza de una “democracia totalitaria”, que conduciría a la barbarie (me refiero a su ensayo de 1952, Los orígenes de la democracia totalitaria). Esa preocupación coincidiría con la que a muchos nos provocan las demagógicas tesis populistas al uso, que en realidad abominan del espíritu democrático, tanto como abjuran del leit motiv básico de limitación del poder a través de las normas, procedimientos e instituciones del Estado de Derecho, que esas tesis populistas tienden a minusvalorar o ridiculizar, si no a execrar, como lo muestra continuamente su exponente, Trump.

Me temo que, aunque aleccionadora y de gran potencia pedagógica, esta crítica visión de Europa que nos ofrece Tarr no sea suficiente hoy frente a la grave amenaza que los europeos tenemos que afrontar. Y no me refiero sólo a la más que preocupante noticia de los resultados de la extremista AfD en el Land  Sachsen-Anhalt, sino a lo que los sondeos parecen pronosticar en buena parte de los procesos electorales que tendrán lugar en la UE en 2027. Esta vez, los nuevos bárbaros no son una pesadilla a nuestras puertas: están ya dentro y van ganando poder.

Ese aumento progresivo de crueldad, violencia, discriminación y deshumanización del otro al que asistimos hoy, tiene como exponente político el slogan difundido desde la misma AfD, la Reemigración (Rückwanderung, Fremden raus!), convertido en el sueño húmedo de la extrema derecha europea: expulsar a todos los inmigrantes, un desiderátum que ya se ha encarnado en no poca medida en el Reglamento europeo de retorno, aclamado al grito de Send them back! en el Europarlamento, por los grupos parlamentarios de extrema derecha, con la complicidad, al menos por omisión, de buena parte de los de derecha conservadora europea. Un proyecto reverdecido estas semanas por el seudopatriotismo españolista, con motivo de los acontecimientos de Ceuta, que exige expulsiones inmediatas y sin procedimiento, una pretensión que fue propiciada por unas torpes declaraciones iniciales del ministro de exteriores, que quería enviar un mensaje de firmeza.

Como digo, esa mancha que se extiende por Europa, ha emergido en ciertas interpretaciones del episodio de Ceuta que me parecen emblemáticas de esa lógica de la democracia excluyente, el proyecto político que Habermas criticó al hablar del chauvinismo del bienestar, uno de cuyos síntomas es la precarización de los y las inmigrantes, convertidos en herramientas, como lo ejemplifica con toda claridad el mal llamado trabajo doméstico o los servicios de cuidado, en los que se subemplean millares de mujeres y que es el coste humano que permite la emancipación de las nuestras y de todos nosotros, los europeos. Pero lo que me parece más preocupante es que, detrás de una parte de ese patriotismo agresivo que exhiben algunos de los que acuden a las manifestaciones, en Ceuta y en muchas ciudades españoles, no resulta difícil advertir una pulsión racista y criminalizadora hacia los inmigrantes.

Es la razón que me hace volver a algunas de las páginas clave del imprescindible ensayo de Simone Weil, La Ilíada o el poema de la fuerza, que conviene releer en este verano en el que la opinión pública ha tenido como centro de atención y debate la interpretación de la versión del cineasta Christopher Nolan sobre la Odisea de Homero.

Uno de los puntos de ese debate era lo que se presenta en el guión de Nolan como violación radical de la “ley de Zeus”, esto es, la xenia (Ξενία), el principio de hospitalidad hacia el extranjero, que se habría infringido gravemente con ocasión de la guerra de Troya. De esa manera, según parece proponernos el cineasta, se habría introducido el fin de un modelo de civilización que, al menos in nuce, contenía el germen de una sociedad abierta, por utilizar la conocida fórmula introducida por Bergson y desarrollada por Popper.

Pero lo cierto es que, aunque la mejor Atenas instituye un modelo que es el embrión de democracia, en el ámbito deliberativo de la asamblea, Atenas estaba muy lejos de lo que entendemos por una sociedad abierta. No digamos nada de Esparta, ni menos aún de lo poco que sabemos de Troya, idealizada por Nolan para justificar la malheur de conscience de Ulises, el leit motiv de su Odisea. Atenas estaba muy lejos de lo que entendemos por una sociedad abierta. Se trata de un modelo de ciudad-Estado basado en la exclusión de una gran parte de la población y que se empeña en dejar en los márgenes a los extranjeros. Por esa razón, hace ya treinta años califiqué como síndrome de Atenas la tendencia creciente de los gobiernos de la UE a amurallarse como paraísos democráticos en decadencia, frente a la amenaza de las migraciones, aunque al mismo tiempo necesitan a esos inmigrantes como ciudadanos de segunda clase, para realizar los servicios que requieren los europeos, que parecemos cada vez más un club de elitistas jubilados. De ese modo, quería advertir, la UE estaría recuperando el modelo de democracia con altas cotas de exclusión institucionalizada que encontramos en aquella espléndida Atenas (cfr. “Europa: el síndrome de Atenas”, https://elpais.com/diario/1997/12/29/opinion/883350007_850215.html).

Pues bien, a mi juicio es ese mainstream europeo, más incluso que la intrusión masiva de personas que transgredieron la frontera de Ceuta, lo que amenaza el modelo de sociedad abierta que era la ciudad de Ceuta y que podría ser un ejemplo, un antídoto para la amenaza de los bárbaros, en España y en Europa.

Recordaré que lo que sí encierra la historia que nos narra Homero en la Ilíada es la potencia del sentimiento de piedad y empatía por quien sufre, el antídoto al motivo mismo del poema, tal y como nos lo propone el primer verso del canto primero: canta, oh diosa, la cólera del pélida Aquiles. Porque, como explica Simone Weil, si bien la Iliada es un poema de cólera y fuerza, la que embarga a Aquiles contra Agamenón cuando éste le arrebata a Briseida y le hace apartarse de la guerra, la misma que le domina una vez más tras la muerte de su amado Patroclo a manos del héroe troyano y le hace volver a la guerra, pero con un motivo privado (algo que, curiosamente está bien reflejado en Troya, la versión que rodó W. Petersen en 2004), esa cólera, lo digo con Weil, tiene un contrapunto precioso en el famoso pasaje en el que Príamo suplica a Aquiles que le permita enterrar los despojos de Héctor y lo consigue. La piedad ante el sufrimiento del otro, nos hace ver Weil con Homero, se impone así a la crueldad, la violencia, la discriminación y deshumanización del otro, que son las pulsiones básicas de la barbarie.

Pero la apelación a la piedad, a la empatía ante el sufrimiento y desvalimiento de los otros, aunque condiciones necesarias para contrarrestar la narrativa tóxica de deshumanización del otro, no parecen hoy suficiente barrera contra la barbarie, contra esa crueldad que se extiende como una mancha metífica por toda Europa, y que hemos visto que amenaza romper la tradición de modélica convivencia de las cuatro culturas en la ciudad de Ceuta. No basta con ellas frente a las consignas de odio, frente a la deshumanización del otro inmigrante, incluso si ante todo es un adolescente o un niño, como reflejó el espantoso titular del reportaje de la periodista Laura Garófano en el diario El Español, al dar la noticia de la muerte de un joven marroquí de 17 años, enfermo crónico de diabetes, en el centro de menores de La Esperanza, en Ceuta: “La muerte de un invasor con diabetes y la huida de otro con varicela, últimos síntomas de la crisis sanitaria en Ceuta”( https://www.elespanol.com/reportajes/20260904/muerte-invasor-diabetes-huida-varicela-ultimos-sintomas-crisis-sanitaria-ceuta/1003744372202_0.html).

No: creo que es es el momento de oponer la barrera más fuerte que ha creado nuestra civilización contra la crueldad, la violencia y la discriminación. La barrera del Derecho, con todo su monopolio legítimo de la fuerza, para sancionar, incluso duramente, comportamientos que afrentan a la humanidad como civilización. Por eso, hoy, todos debemos ser conservadores: poner pie en pared para preservar el Estado de Derecho, en Ceuta, en España, en Europa. Para controlar los excesos del poder, del poder de allende nuestras fronteras y del propio. Para exigir responsabilidades y sancionarlas, sin algaradas ni hipérboles apocalípticas, sino con la fuerza tranquila del Derecho. Y desde esa base, siempre bajo el control del Estado de Derecho, es como debemos recurrir también a una política de defensa europea, autónoma y que, como ha explicado reiteradamente Jesús Núñez Villaverde, sin ser necesariamente belicista, sea lo suficientemente firme como para contrarrestar las amenazas reales de rango bélico a las que tenemos que hacemos frente.

 

 

 

CEUTA, UN MES DESPUÉS. MEDIA DOCENA DE PREGUNTAS Y ALGUNAS RESPUESTAS

Supongo que, como a muchos otros, me ha llamado la atención la coincidencia de los acontecimientos del 30 de julio de 2026 en Ceuta, con el hecho de que haya sucedido en un verano en el que la opinión pública tenía como centro de atención la interpretación de la versión del cineasta Christopher Nolan sobre la Odisea de Homero. Uno de los puntos de debate era lo que se presenta en el guión de Nolan como violación radical de la “ley de Zeus”, esto es, la xenia (Ξενία), ley de hospitalidad hacia el extranjero, que se habría violado gravemente con ocasión de la guerra de Troya y, con ello, según nos propone, el fracaso de un modelo de civilización, el que podría haber sido una sociedad abierta, como la teorizada por Bergson y que desarrolló el famoso ensayo de Popper.

Por supuesto, en el marco de esta reflexión, por fuerza breve, no entraré en la compleja discusión del principio de hospitalidad, que arranca de la Grecia clásica y desemboca en Kant y su formulación de la ley de hospitalidad universal, y en su su relación con las políticas migratorias y de asilo. Es claro que hay una fuerte tensión entre la disposición de acogida y el derecho a la libre circulación de personas de un lado y, de otro, la imposición realista que nos obliga a reconocer que ningún país -tampoco los de la UE, que sigue siendo un espacio envidiable de libertad, seguridad y justicia- está en condiciones de acoger a todos los que huyen de guerras y persecuciones o simplemente pretenden encontrar una vida mejor. En ese enfrentamiento entre el principio de hospitalidad y las exigencias del realismo, cada vez más la UE se inclina por la segunda opción. También nuestro país, pese a que el gobierno de coalición ha mantenido elementos de apertura de la gestión migratoria que tratan de ser fieles a la primera opción. Pero los recientes anteproyectos de reforma de la Ley de Extranjería y de la de Asilo parecen mostrar que retrocedemos, ante la presión de nuestros socios europeos y de la propia UE .

En lo que sigue, apuntaré algunas preguntas, y unas pocas respuestas que nos ayuden a entender, un mes después, los acontecimientos de Ceuta, esto es, la intrusión masiva de un número de personas que se calcula entre 70000 y 80000, que atravesaron la frontera de Ceuta, y han provocado, como han escrito Jorge Dezcallari y Joan Romero, una policrisis, una crisis multifactorial y multidimensional: política, social, sanitaria, humanitaria y de seguridad, que afecta al estatuto de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y a los territorios de soberanía española en el Magreb. Una crisis también europea, pues las fronteras de Ceuta son fronteras europeas y Ceuta y Melilla tienen un tratamiento específico en el Tratado de Schengen, a partir de la declaración adicional sobre Ceuta y Melilla aneja al Acuerdo de Adhesión , y en el artículo 41 del Código de fronteras de Schengen, algo que nuestros socios europeos han fingido ignorar, muy en particular los gobiernos de Italia y Dinamarca y amenaza la unidad europea.

 

¿Podemos determinar qué agentes tienen responsabilidad en la quiebra de la frontera de Ceuta el 30 de julio de 2026?

Con los datos de los que disponemos, creo que lo que podemos establecer no es tanto la responsabilidad directa de Marruecos en esa violación masiva -y pacífica- de la frontera de Ceuta el día 30 de julio (pienso en la responsabilidad del majzén, de los servicios de marroquíes de inteligencia, de su gendarmería), sino sostener la verosimilitud de la hipótesis de que, sin el conocimiento por parte de Marruecos de lo que se preparaba, sin la omisión de medidas de control en la parte marroquí de la frontera, en esos dos días, es imposible que pasara un acontecimiento de esas dimensiones (en torno a 80000 personas, familias enteras incluidas; la mayor parte, marroquíes). El papel de los servicios de inteligencia marroquíes es una de las claves que debemos tratar de establecer.

En ese sentido, creo que hay una conjunción de factores, por acción y omisión, dejando claro que, a mi juicio, hay una responsabilidad primaria de Marruecos que me parece indiscutible, pese a la reiterada negación por parte del gobierno español, una negativa que se explica por la imposición de la lengua de trapo diplomática a la que nos obliga nuestra condición de esclavos de la geografía, esto es, la condición de Marruecos como un “socio” tan inevitable, como poco fiable. Hay que tener en cuenta que, frente al relato que habla de una movilización “espontánea” de tantos miles de personas (es algo difícil de creer que 80000 personas se pongan de acuerdo espontáneamente en acudir a Ceuta en el mismo día), hay datos que ponen de relieve una organización, como los autobuses en los que llegaron muchas de esas personas. La hipótesis de la responsabilidad de las mafias choca con una interrogante clara, la del cui prodest: ¿qué ganaban las mafias introduciendo gratis a 80000 personas en Ceuta?

En todo caso, es cierto también que el retorno voluntario de la inmensa mayoría de los ciudadanos marroquíes (unos 70000) al día siguiente, no es explicable por órdenes de las mafias, sino por iniciativa de Marruecos, a instancias, claro de nuestro gobierno. Ese retorno pudo dar lugar al espejismo en que incurrió nuestro gobierno, de creer que la crisis estaba superada y seguramente explica también su inacción en las primeras semanas, en las que se perdió un tiempo precioso para atajar la crisis subsiguiente en Ceuta.

Dejando esto sentado, diría que también desempeñaron un papel (creo que de menor importancia) los agentes que difundieron en redes los bulos de que la frontera por mar estaba abierta y convocaron a esa entrada masiva (quince días después se repitió en redes la convocatoria para otra entrada, el 15 de agosto y, en ese caso, la actitud de Marruecos fue bien distinta, de modo que se probó su capacidad de control). Que estos agentes estuvieran ligados a las mafias es posible, como lo es que estuvieran vinculados a boots interesados en quebrar la unidad europea y la imagen de España. En ese sentido, no es posible descartar el interés de los EEUU de Trump y de Israel en ese doble objetivo: erosionar la imagen de España y sembrar desunión en la UE a cuenta de un asunto tan complicado hoy como la política migratoria y de asilo. Que las señoras Meloni y Frederiksen, con el seguidismo de los gobiernos conservadores de Suecia y Finlandia, aprovechen para meter el dedo en el ojo del gobierno español (eso sí, a posteriori), muestra el éxito de esa estrategia.

He leído recientemente un provocador e inteligente ensayo en de Ismael Crespo Amine, “El rito de Ceuta”, en el que propone una interpretación de corte antropológico, que me parece verosímil, aunque yo no la calificaría del factor desencadenante de los acontecimientos, pero sí coadyuvante: se trata de proponer que, en medio de la evidente crisis social que se vive en Marruecos, pese a sus innegables y muy considerables logros en términos de desarrollo económico, para muchos jóvenes esta convocatoria era el rito de paso con Europa, un desafío personal que también mostraba el atractivo que sigue teniendo para ellos Europa, cuya imagen conocen perfectamente a través de la televisión y las redes, al tiempo que el cierre de expectativas de una vida mejor, como la que ellos ven en Europa (por muchos matices que haya que poner a esa visión)

 

¿Se puede afirmar que lo que se vivió forma parte de una guerra híbrida?

Para sostener esa tesis inequívocamente, tendríamos que aceptar que, en efecto, Marruecos es el único responsable de ese asalto masivo (y pacífico), que recuerda más a la marcha verde que al salto de 2021. Sí se puede argumentar que, al menos en las consecuencias, hemos vivido un ejemplo de utilización de desplazamientos masivos de inmigrantes, conducidos de modo forzoso desde países enemigos de Europa hacia territorio europeo, que tiene precedentes, en Polonia y Finlandia, por ejemplo, por parte de Bielorrusia y Rusia. El hecho de que Ceuta viva hoy una situación enormemente complicada y desestabilizadora, prueba el éxito, al menos parcial, de esa estrategia de guerra híbrida que se sirve de movimientos masivos de población y que en el caso marroquí, a diferencia de los de Bielorrusia y Rusia, utiliza a sus propios nacionales como carne de cañón en esa estrategia. Es en definitiva, una paradoja: nosotros mismos hemos incentivado con nuestras políticas que los países del sur recurran a lo que Jomo Keniata definió en los 50 como “el arma de los pobres”, la demografía, siguiendo las tesis descritas en Population Bomb, el ensayo de 1968 de Paul y Anna Ehrlich.

 

¿Qué relación tiene lo sucedido don las políticas de externalización de fronteras?

Aunque creo que no se puede hablar de consecuencia directa, está claro que la estrategia de externalización que practica cada vez más la UE tiene que ver. Recordaré que la iniciativa de Meloni, frenada por sus jueces respecto a Albania, ha sido en algún modo refrendada en el Reglamento Europeo de Retorno, que tiene su claro antecedente en la malhadada Directiva de retorno de 2008 -conocida popularmente como la Directiva de la vergüenza– que se aprobó en el Parlamento europeo al grito de Send them back!, proferido por los partidos de extrema derecha en el hemiciclo).

Se trata, como es sabido, de asociar en la política de policía de fronteras a países terceros, de origen o de tránsito de los movimientos migratorios, que además no son democracias estables, ni aun siquiera Estados de Derecho (Marruecos, Mauritania, Túnez…), en aras de la securitización de la política migratoria, obsesionada con actuar sólo en ese momento del proceso migratorio que es el cruce de las fronteras, y que abre la puerta a este tipo de consecuencias.

En cierto modo esto da la razón a la tesis de Wendy Brown sobre la paradoja aparente de que cuanto más se amurallan los Estados, más muestran su incapacidad de ser soberanos en asuntos que son de rango global y por lo tanto exceden a la competencia de un solo Estado; incluso de una asociación de Estados como la UE.

 

¿Cómo se explica el apoyo popular creciente a los mensajes deshumanizadores (plantear confinar a los inmigrantes, negar espacios para refugiarse)? ¿qué riesgos comporta para nuestra democracia?

Sin duda, ha contribuido decisivamente a esa reacción el que haya una presión constante de discursos xenófobos por parte de la extrema derecha y que los haya incorporado no sólo VOX, sino también en parte el PP. Se ha llegado a utilizar un lenguaje casi bélico. Y se piden actuaciones que no sólo infringen la legalidad vigente, sino que tratan a todos esos grupos que se encuentran en Ceuta no como personas con derechos, sino como grupos peligrosos que hay que expulsar o incluso eliminar…

A ello, se une la, a mi juicio, indiscutible torpeza por parte del gobierno de Pedro Sánchez (a mi entender, el delegado de gobierno en Ceuta debería haber sido cesado hace semanas, por manifiesta incompetencia), que ha retrasado la puesta en marcha efectiva del muy complejo conjunto de medidas que podrían haber acelerado cierta recuperación de la normalidad. Así, se rechazó la petición unánime de todos los representantes políticos de la Ciudad Autónoma de activar los mecanismos extraordinarios previstos en la ley de protección civil o en la Ley de seguridad nacional (a la que finalmente se acudió esta semana, con el Decreto 681/2026). Añadamos la inexcusable tardanza de ministros como Elma Sáiz o Sira Rego en personarse en la ciudad, unido a irresponsables mensajes de supuesta firmeza del ministro de exteriores, asegurando que retornarían a Marruecos todos los que habían entrado, sin tener en cuenta los plazos que imponen nuestras propias leyes, o la insólita declaración del ministro del interior negando que hubiera responsabilidad alguna (“son cosas que ocurren”), 

Sumemos que, aunque por fin el gobierno ha anunciado diversos paquetes de ayuda de emergencia inmediata y un plan a medio plazo de inversiones en Ceuta, ha transcurrido un mes sin que se dotara de medios materiales y de recursos personales extraordinarios a los servicios de policía y administración de justicia (alguna responsabilidad tiene el CGPJ, creo), que tienen que gestionar los varios miles de expedientes de retorno de los marroquís adultos, los de acogida y traslado en el caso de los menores, (que son menores, antes que irregulares) y cuyos procedimientos de retorno a sus familias son considerablemente complejos, y los de solicitud de protección internacional que son inexcusablemente expedientes individuales: está claro que hablamos de muchas semanas.

Hay que entender, además, la frustración de los ciudadanos de Ceuta ante la prolongación de una situación completamente anormal en sus calles, playas y montes. Sumemos, por último, que el presidente de la Ciudad Autónoma que empezó con mensajes llenos de sentido común, fue girando su discurso en línea de una descalificación creciente del gobierno central, sugiriendo -incluso expresamente- la tesis de “abandono del Estado” y que no ha sido nada proactivo en la tarea de ofrecer espacios para esos miles de personas que se encuentran en Ceuta.

Por si faltara poco, una parte de las CCAA (incluida Castilla La mancha) se han negado a lo que les obliga la legalidad vigente (Decretos 2/2025 y 668/2025 y 743/2025), en lo que toca a la distribución de menores, lo que sería un delito de prevaricación. Y sabemos la presión que Junts y ERC ejercen para que Cataluña tampoco acepte esa redistribución.

Aunque se han emprendido ya iniciativas que van a conseguir -espero. Solucionar la situación, hay que pensar en un plazo de varias semanas e incluso meses.

 

¿Qué relevancia tiene la decisión de imponer un mando único al amparo de la ley de seguridad nacional?

A mi juicio, esa decisión debía haberse adoptado mucho antes, cuando la reclamaron por unanimidad los representantes políticos de la Ciudad Autónoma.  Respecto al reprochable RD 681/2026 que crea ese mando único, me parece criticable que mantenga una versión de lo ocurrido en Ceuta en la que se sostiene que la gestión del gobierno es irreprochable (entonces, ¿por qué ha habido que recurrir a esta medida excepcional?) e incluso se vincule la situación a una crisis migratoria, cuando es evidente que es mucho más (una policrisis, la ha calificado Jorge Dezcallar, una crisis multifactorial y multidimensional, ha explicado el profesor Joan Romero) y el propio presidente del gobierno en su declaración institucional en Ceuta reconoció que se había producido “una violación de la integridad territorial”

Dicho esto, creo que el mando único (como habría sido, a mi juicio en el caso de la Dana), puede optimizar la gestión eficaz de recursos y con ello acelerar en lo posible la puesta en práctica de soluciones inmediatas. Aunque comparto las apreciaciones críticas del profesor A Bueno sobre el coste de la activación tardía de este mecanismo (que por otro lado está sujeto a límites por la jurisprudencia del TC).

Ceuta necesita unas inversiones importantes, como ha reconocido el vicepresidente primero Cuerpo, alguien que siempre pone racionalidad y sentido común en sus intervenciones.

Evidentemente, hemos perdido varias semanas, preciosas. Pero ya se ha producido un indicio positivo, con la concreción del acuerdo sobre espacios cedidos por la ciudad de Ceuta para alojar a los inmigrantes. A ello ha seguido la aprobación por el Consejo de ministros del RD 22/2026 de ayudas urgentes socioconómicas a Ceuta, por un importe que supera los 300 millones de euros, destinados a ayudas, beneficios fiscales y laborales y refuerzos en acogida, sanidad, seguridad, educación y justicia para Ceuta..

En todo caso, es imprescindible que haya una concreción de la necesaria colaboración y solidaridad entre las administraciones. Eso, en el caso de los menores, además de un imperativo legal, es condición sine qua non. Pero en este caso, los indicios son negativos, por el rechazo expreso de varias CCAA gobernadas por el PP y VOX, sumado a la oposición de Junts y ERC a que Cataluña asuma más acogida de menores.

 

Se ha dicho que los acontecimientos en Ceuta ponen en peligro la unidad de acción de la UE y muestran profundas divisiones…

El riesgo de ruptura de la UE o, al menos, de una profunda crisis, es evidente. Como lo es el interés de quienes quieren socavar la fortaleza de la UE. En ese sentido comparto las tesis de quienes señalan que los sucesos de Ceuta deberían servir como una advertencia para Europa. No lo han mostrado los 22 gobiernos europeos que dirigieron una carta extremadamente crític hacia el gobierno español, atribuyendo los acontecimientos de Ceuta a la política de regularización extraordinaria de nuestro gobierno e incitando, como lo hicieron las primeras ministras Frederiksen y Meloni, mediante lo que no puede calificarse sino de bulos y falacias, incluso a la expulsión de España del Convenio Schengen, una medida que saben que no es jurídicamente posible

Está claro que el rumbo de la política migratoria y de asilo de la UE entra en colisión con la política del gobierno español en ese ámbito. Ahora bien, creo que nuestro gobierno ha emprendido, al menos simbólicamente, un giro que supone una aproximación a ese rumbo. Cabe entender así que en el mismo día en el que el Consejo de Ministros aprobaba el Decreto de aplicación de la ley de seguridad nacional, se anunciaran dos anteproyectos de reforma e la LOEX y de la Ley orgánica de asilo y protección internacional subsidiaria, con evidentes medidas restrictivas del actual marco garantista, en aras de enviar un mensaje de firmeza, a nuestros ciudadanos, a la oposición y a los socios de la UE.

Creo que tiene razón la portavoz del think tank ECFR, M. Faro Sarrats cuando escribe: “Si cada episodio migratorio se convierte en una oportunidad para que los Estados miembros se culpen mutuamente, refuercen sus fronteras nacionales y compitan por demostrar quién adopta la postura más dura, el resultado no será un mayor control, sino una Unión Europea más débil y dividida. Y una Europa dividida es también una Europa más vulnerable. Rusia y Estados Unidos observan las fracturas internas de la UE y pueden aprovecharlas para profundizar las divisiones existentes en el debate político europeo. Hay, en cualquier caso, un principio que debería mantenerse: los hechos deben prevalecer siempre sobre la conveniencia partidista. Los Estados miembros no deberían permitir que las presiones internas dicten su respuesta a la migración, ni que los flujos migratorios se conviertan en una herramienta de coacción capaz de erosionar la unidad europea, y los principios humanitarios”

NINGUNA SORPRESA ANTE LA OBSCENA ALIANZA

Buena parte de la prensa se ha hecho eco del comunicado conjunto emitido ayer, 10 de agosto de 2026, por  la primera ministra danesa, la socialdemócrata Frederiksen y la primera ministra italiana, la hábil reaccionaria Meloni, sobre los graves riesgos que acechan a Europa por la debilidad frente a la «inmigración ilegal».

Diré que lo que más me sorprende de esas reacciones en prensa y también de algunos de los que se presentan como  analistas de las relaciones internacionales  es su desconcierto ante esa toma de posición de Frederiksen.

La verdad es que no es la única representante de la izquierda europea que sostiene iniciativas de extrema dureza en políticas migratorias y de asilo. Desde hace muchos años, Frederiksen viene adoptando una toma de posición que vacía el derecho de asilo y erosiona gravemente los derechos de los inmigrantes, mucho antes de que lo hiciera el partido político BSW (la lista de Sarah Wagenknecht, antigua dirigente del partido Die Linke).

El tercer gobierno Frederiksen, salido de las urnas de 2026 y conocido como gobierno del trébol de cuatro hojas (en danés: firkløverregeringenes), es una coalición de centro derecha, compuesta por el partido socialdemócrata, Izquierda Verde, Socialliberales y «Moderados» (liberales). Frederiksen consiguió los acuerdos después de difíciles negociaciones y algunos quieren ver en ello ecos de lo que nos presentó la serie televisiva Borgen.

Pero lo cierto es que bajo lo que se ha llamado -y a mi juicio, con acierto- el «mito danés», subyace una deriva política muy preocupante. Y no es de ahora, por lo que me sorprende la sorpresa a la que aludía al principio. Para entenderlo, transcribo lo que publiqué hace unos años en la revista La Marea, bajo el título «Dinamarca y el escándalo de una ley que desnaturaliza el asilo» (https://www.lamarea.com/2021/07/06/dinamarca-la-sorpresa-de-una-ley-que-desnaturaliza-el-asilo/) para sostener la tesis de que la evolución de la política danesa en materia de inmigración y asilo en los últimos 20 años muestra que, bajo el ‘dulce paraíso danés’, subyace una política de rechazo al otro:

 

  «El <escándalo> ante la política danesa de asilo»

El Parlamento danés aprobó el pasado 3 de junio de 2021 una ley que pretende reubicar a los solicitantes de asilo en otros países fuera de la Unión Europea, donde deberán esperar hasta que sus casos sean decididos. Además, la ley posibilita que finalmente los solicitantes no sean acogidos por Dinamarca, sino por ese otro país, aunque tenga una legislación poco acorde con la Convención de Ginebra de 1951 sobre derecho de refugiados. La ley obtuvo una amplia mayoría de 70 votos a favor y solamente 24 en contra. 

Para asegurar ese propósito, el Gobierno danés, al parecer, ha entablado negociaciones con diferentes países africanos, según informó el diario Jyllands-Posten, que menciona Egipto, Etiopía, Túnez y Ruanda. Parece que se ha centrado en este último, pues se ha sabido que el ministro de Inmigración e Integración danés, Mattias Tesfaye, viajó a Kigali para firmar, según sus declaraciones, “un memorando de entendimiento para crear las condiciones para una cooperación futura en cuestiones de migración”. En realidad, el propósito específico en materia de asilo lo dejó claro el portavoz del Gobierno danés, Rasmus Stoklund, en declaraciones recogidas por Reuters al presentar esta ley: «Si solicitas asilo en Dinamarca, sabes que te enviarán a un país fuera de Europa y, por tanto, esperamos que la gente deje de buscar asilo en Dinamarca«. 

La noticia de esta ley produjo sorpresa y escándalo en la opinión pública europea. El ACNUR, el Europarlamento y ONG de todo el mundo denunciaron que todo ello es contrario a la propia Convención, un texto que, paradójicamente, Dinamarca fue el primer país en ratificar, el 4 de diciembre de 1952.

Sin embargo, a mi juicio, tal sorpresa y escándalo obedece al desconocimiento de los hechos en lo que se refiere a Dinamarca y, lo que es más grave, a una aparente ignorancia sobre la constante regresión de la política europea de asilo en los últimos años. Sin duda, Dinamarca ocupa siempre los primeros lugares cuando se mide la calidad de vida, el bienestar y los estándares de garantía de los derechos: una democracia liberal modélica. Sí, pero excluyente. Es decir, sólo para ciudadanos daneses. 

Un repaso por la evolución de la reciente historia política y social danesa ofrece un ejemplo muy claro de cómo el centro derecha liberal, que sostiene un modelo de estado de bienestar  fuertemente etnonacional, con dosis no ocultas de desigualdad también de corte etnocultural, puede contaminarse de las ideas de la extrema derecha, animado por un contexto social, insisto, de chauvinismo y xenofobia nada minoritarios, en el que la carrera por no ceder a la extrema derecha esos ganchos populistas y, al tiempo, la necesidad de contar con sus votos para esas políticas, acaba pervirtiendo principios básicos del estado de Derecho y de la democracia.

Es el caso del Partido del Pueblo Danés, un partido de derecha nacionalista y fuertemente conservadora, que apoya hoy al partido en el gobierno, socialdemócrata. Y, sobre todo, es el ejemplo de la creciente influencia de un partido de extrema derecha, de esos que se dicen desacomplejados y cuya xenofobia y racismo contaminan no ya a la derecha, sino a la socialdemocracia: Nye Borgerlige (La Nueva Derecha), un partido anti inmigración, anti Unión Europea y anti impuestos. Algo que nos suena en España.

Es lo que podríamos llamar el mito danés, una lección que bien puede servir a los españoles de hoy, creo. Así lo denunció el periodista y escritor británico residente en Dinamarca, Michael Booth, en su libro The Almost Nearly Perfect People: Behind the Myth of the Scandinavian Utopia (2016), en el que sostiene que eso que llama mito danés (en realidad, lo extiende a todos los países escandinavos) tiene mucho de chauvinismo e incluso de xenofobia institucional. En realidad, y frente a una opinión tan difundida como infundada, los países nórdicos hace tiempo que dejaron de ser un “paraíso del asilo”.

La fecha clave, probablemente, es 2016, esto es, el año siguiente a la mal llamada “crisis de los refugiados” de 2015. La evolución, en el caso de Dinamarca, es elocuente: en 2015 se aprobaron 15.000 solicitudes; en 2019, solo 761 personas obtuvieron asilo; en 2020, 600, la cifra más baja desde que en 1992 comenzaron los registros. Por su parte, en Suecia –país que recibió en 2015 a cientos de miles de ciudadanos que huían de la guerra y la pobreza en países como Siria, Iraq y Afganistán–, el número cayó en picado: de 162.450 en 2015 a 28.790 peticiones registradas a finales de 2016, lo que representa una caída del 82%, según datos de la Oficina Nacional de Estadística.

Noruega y Finlandia experimentaron una caída de 27.615 y 26.740 solicitudes menos, respectivamente: en el caso noruego, ese paso de 31.110 personas en 2015 a 3.485 en 2019 es la cifra más baja desde 1997. Solo Islandia, en cambio, es una excepción en la región nórdica. La isla tramitó 1.125 solicitudes de asilo en 2016 frente a las solo 345 del año anterior. Los factores de esa caída son diversos: la crisis del modelo Schengen, la reacción de los países centroeuropeos (Austria muy significativamente) ante el miedo al contagio alemán, o la firme oposición de los países de tránsito del Este (Macedonia, Hungría, Polonia, Eslovaquia y Serbia).

 Dinamarca, para los daneses

Dinamarca es, en efecto, un país próspero, con una economía de bienestar, pero donde impera la desigualdad entre los ciudadanos daneses y los extranjeros. Lo acredita, de un lado, la desigualdad social evidenciada en los 22 guetos repartidos por el país con un fuerte componente etnocultural. Pues bien, el Gobierno danés ha puesto en práctica una legislación orientada a establecer un número máximo de “residentes no occidentales” en esos guetos, que debería ser el 30% antes de 2030, desde el argumento de que con altos porcentajes de no occidentales «aumenta el riesgo de que surjan sociedades religiosas y culturales paralelas».

La otra razón es, sobre todo, la evolución de la política danesa en materia de inmigración y asilo en los últimos 20 años. Eso justifica que se sostenga que haya quien mantenga que, bajo el ‘dulce paraíso danés’ subyace una política de rechazo al otro, poco diferente de la de Orban: así lo proponía Alberto Mesa en un artículo publicado en 2018. Dinamarca no cree ya en las políticas de integración y por eso ha optado por las políticas de disuasión.

En 2015 el Gobierno danés publicitó que Dinamarca recibió el mayor número de solicitantes de asilo de tiempos recientes. Si se piensa en el número real, 21.000 personas, el titular resulta llamativo porque, bien pensado, tampoco hablamos de una invasión masiva e insoportable para la solvente economía danesa. Ese mismo año, el mismo Gobierno danés pagó anuncios en algunos diarios extranjeros en los que dejaban claro que los refugiados no eran bienvenidos en ese país.

En enero de 2016, el Parlamento danés, gracias a los votos del partido de derecha liberal, del partido Conservador, de la Alianza Liberal y del ultranacionalista y xenófobo Partido del Pueblo Danés, aprobó una reforma legal que restringía los derechos de los refugiados, sobre todo en lo relativo a la reagrupación familiar (retrasaba hasta 3 años la reunificación, violando el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos) y contemplaba que se les requisase el dinero e incluso las joyas que excedieran de un valor equivalente a las 10.000 coronas danesas (1.340 euros), para pagar con ello los servicios a los que tienen derecho como refugiados, algo que supone negar la propia Convención y evocaba medidas perversas adoptadas por la Alemania nazi. Poco después, el gobierno liberal propuso el plan A stronger Denmark. Controlling the influx of Refugees, bajo el lema de garantizar la seguridad, la paz y el orden. 

Desde entonces, y bajo gobiernos de distinto signo –desde la derecha liberal, hasta la socialdemocracia de la actual primera ministra Mette Frederiksen–, la política de asilo tiene un propósito constante: reducir al mínimo las llegadas y solicitudes de asilo, disuadir a los posibles solicitantes, hacer imposible su acceso a la residencia, obligarlos a salir, mediante la creación de los denominados “centros de detención” Ellebaek, con capacidad para 118 internos y Vridsløselille, con 500 plazas. El segundo, como explica Medina, es una prisión construida en 1859, clausurada por sus deficiencias en 2015 y reabierta en marzo de 2016 como «centro de detención».

A ellos se unen dos “centros de salida”, los de Kærshovedgård y Sjælsmark verdaderos “limbos de los indeportables”, como los calificó la periodista Alicia Medina en un artículo de 2017 que a mi juicio es imprescindible leer para entender la evolución del modelo danés. Ese artículo muestra cómo se acumulan cientos de demandantes de asilo calificados como “deportables” en esos centros de salida, en los que pueden permanecer indefinidamente hasta que acepten salir de Dinamarca. A diferencia de los centros de acogida, los centros de detención y los de salida son gestionados por funcionarios de los servicios penitenciarios. Lo llamativo, como explica Alicia Medina en su trabajo, es que el Consejo danés de refugiados sostiene esas medidas: «Si una persona ha sido rechazada y no hay posibilidad de que se quede legalmente en Dinamarca es aceptable que el Estado y la policía la expulsen a su país y medidas como la detención son parte del proceso».

Subrayaré que no se trata de un caso aislado y que hay mucho de hipocresía en esas condenas y no poco cinismo en el escándalo ante la decisión danesa. Buena parte de los Estados miembros de la UE participan de esta regresión del asilo, que no busca encontrar soluciones equilibradas para garantizar las necesidades de protección internacional de quienes pretenden alcanzar Europa desde la ensoñación de verla como “tierra de asilo y libertades”, sino contener esas llegadas o, por decir la verdad, que se ocupen otros de esa tarea: los europeos del Sur, o los países de origen y tránsito de esos movimientos de personas. Esa voluntad de ‘externalización’ (que sean otros los que hagan el trabajo sucio) caracteriza el denominado Pacto europeo de inmigración y asilo 2020, a juicio de muchos observadores como la federación Migreurop, en la que se integran, por ejemplo, PICUM o SOS Racismo.

Un pacto que ha sido criticado como poco europeo, poco solidario –y con razón– precisamente por Italia, España y Grecia, relegados a una función de policía y contención –los guardias de la porra–: los tres han de ocuparse de que los refugiados no lleguen a desplazarse desde ese bajo vientre europeo hacia el norte –desplazamientos eufemísticamente denominados en la jerga bruselense movimientos secundarios, el término que horroriza a las cancillerías de Europa rica–. Como ha resumido Martin Lemberg-Pedersen, investigador de la Universidad de Alborg, Dinamarca, al igual que Austria, Bélgica, Países Bajos, pero también Alemania y Francia (y no solo los países del Este), esto es, quienes mandan en la UE, no tratan de solucionar el problema; se limitan a empujarlo hacia el sur. 

El vaciamiento danés del asilo, ¿modelo para la UE?

Dinamarca no está sola en esas rebajas del asilo: le acompañan Austria, los Países Bajos o Bélgica y no solo –como acostumbramos a oír– los gobiernos de Hungría o Polonia. En realidad, la UE tiene una política muy poco solidaria y no solo con los solicitantes de asilo que sueñan con llegar a esas tierras que se supone espacio de justicia, libertad y asilo; también con ese bajo vientre europeo al que se encomienda la función de barrera: España, Italia y Grecia. 

La paradoja consiste en que, cuanta mayor es la necesidad de protección, cuando se multiplican las causas que obligan cada vez a más personas a buscar refugio fuera de sus país, más se estrechan las condiciones que imponemos para su ejercicio. Lo certifican todos los informes sobre el asilo en el mundo, que venimos conociendo en las últimas semanas. Filipo Grandi, el Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR), destacaba esa paradoja en la presentación en Ginebra del Informe anual: no dejan de incrementarse los factores que obligan a millones de personas a abandonar su casa, su tierra, su familia, sus amigos (82,4 en el último recuento que ofrece ese informe del ACNUR). Y, sin embargo, la protección internacional para proporcionar acogida, refugio, no deja de estrecharse.

El Informe muestra que aumentan y se diversifican los factores que obligan a huir: a las guerras y persecuciones, se unen los desastres naturales y los provocados por la mano del hombre; singularmente, por un modelo depredador de mercado global que externaliza los costes y daños más allá del norte rico, mientras acumula beneficios que jamás reinvierte en los países y poblaciones expoliados. Algo que tiene mucho que ver con las diásporas que cada vez más afectan a un mayor número de seres humanos como consecuencia de la degradación medioambiental. Cada vez más personas obligadas a huir.

El retroceso se puede apreciar en las cifras facilitadas por la oficina EASO de la UE, en su Latest Asylum Trends de marzo de 2021. En un sentido coincidente, el Informe 2021 del Centro de Control de Desplazamientos Internos de Ginebra (IDMC),  subraya que nunca se había visto tal número de personas obligadas a desplazarse en el interior de sus propios países. El Informe tiene dos partes: en la primera, se ofrecen las cifras. En la segunda, el papel del cambio climático en los desplazamientos internos.

Este informe se une al de muchas instituciones (no solo el ACNUR ni la OIM) sobre la inminencia y alcance de un fenómeno que va a cambiar el panorama de los desplazamientos forzados y masivos de personas en los próximos años: me refiero a los desplazamientos climáticos. Ya lo advertía, por ejemplo, el informe del Banco Mundial Groundswell. Preparing for internal Climate Migration, publicado en 2018, que se centraba en tres regiones: África subsahariana, Asia meridional y América Latina, que juntas representan el 55% de la población del mundo en desarrollo. El análisis mostraba  que el cambio climático empujará a decenas de millones de personas a migrar dentro de sus países para 2050.

Pronosticaba que, sin una acción concreta sobre el clima y el desarrollo, poco más de 143 millones de personas, o alrededor del 2,8% de la población de estas tres regiones podrían verse obligadas a trasladarse dentro de sus propios países para escapar de los impactos lentos del cambio climático. Migrarán de áreas menos viables con menor disponibilidad de agua y productividad de cultivos y de áreas afectadas por el aumento del nivel del mar y las marejadas ciclónicas. Las zonas más pobres y vulnerables al clima serán las más afectadas. 

Estas tendencias, junto con la aparición de «puntos críticos» de inmigración y emigración climática, tendrán importantes implicaciones para los sectores sensibles al clima y para la adecuación de la infraestructura y los sistemas de apoyo social. Cabe añadir lo que señala el Informe Global Trends 2040: A more Contested World, del National Intelligence Council de los EEUU, publicado también en marzo de 2021, que en su apartado Demographics and Social Developpements, define las migraciones como factor estructural global y sostiene, en coincidencia con los diagnósticos de las organizaciones especializadas, que la presión migratoria se incrementará muy sustancialmente.

Pues bien, pese a ese incremento de factores que obligaran a millones de personas a desplazarse y buscar refugio o protección, parece confirmarse que la respuesta solidaria y generosa que la comunidad internacional supo ofrecer en la Convención de Ginebra sobre los refugiados, en 1951 –sobre la que, estableciendo un mecanismo básico para los que se ven forzados a dejar su hogar ante la persecución (en non refoulement, la prohibición de devolución al país del que huyen), que está en la base del derecho de asilo y de la protección internacional subsidiaria–, no deja de retroceder: cada vez somos menos solidarios con ellos, cada vez regateamos más el refugio. Y por eso cabe sospechar que en aquella respuesta generosa tuvo que ver el hecho de que el problema afectara en ese momento a europeos desplazados de sus hogares como consecuencia de la II Guerra Mundial: no parece que, si hoy se planteara la necesidad de otra Convención de Ginebra, el estándar de protección fuera equiparable. Todos los estudiosos son muy pesimistas al respecto.

Por su parte, en lo que se refiere a España, la Comisión española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la ONG con mayor experiencia en el ámbito de asilo y refugio en nuestro país, ha presentado también su Informe relativo al asilo en España. España, con 88.762 solicitudes (en 2019 fueron 118.200), es el tercer país de la UE en solicitudes de protección internacional recibidas en 2020, tras Alemania (121.955) y Francia (93.470). Pero solo otorgó este tipo específico de protección internacional a 5.700 personas en 2020, esto es, menos del 5%. (Aunque cabe consignar que aumentó el número de autorizaciones de residencia temporal por razones humanitarias, 40.726, fundamentalmente a ciudadanos de nacionalidad venezolana). Comparada con las aceptadas por Alemania (44%), Italia (23%) o Francia (22%), Bélgica (35%), nos situamos a la cola de Europa, cuya media se sitúa en torno al 30%. 

Insistiré sólo en un aspecto de este Informe, la situación de los colombianos que tratan de encontrar refugio en nuestro país. Es un hecho difícil de rebatir que no cesa la huída forzada de ciudadanos colombianos que no tienen otra alternativa para salvar sus vidas que desplazarse o incluso salir de su país. Muchos de ellos llegan a España para pedir asilo (la segunda nacionalidad, tras los venezolanos) y ven rechazada su solicitud en un 98% de los casos (37.907 solicitudes denegadas), porque las autoridades españolas consideran que las autoridades colombianas pueden protegerles frente a las situaciones de violencia y persecución que se viven en el país. Sin embargo, como ha señalado una experta de referencia, Paloma Favieres, directora jurídica de CEAR, en muchos casos hay manifiesta “connivencia” de las autoridades con esa violencia y persecución. 

El tercer informe es el del Defensor del Pueblo, que viene realizando una tarea incansable en el control de las decisiones que recaen sobre inmigrantes y demandantes de refugio. Se ha mostrado muy crítico con algunas de las prácticas de nuestras autoridades. En el Informe que presentó el martes 22 de junio ante la Comisión mixta de Congreso y Senado, subraya su preocupación acerca de las dificultades que encuentran los menores con necesidades de protección internacional para acceder al procedimiento.

Por ejemplo, destaca la incongruencia de que los menores no puedan actuar en el procedimiento administrativo de asilo por sí mismos, pero sí ante la jurisdicción contencioso- administrativa, sin necesidad de asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela, en virtud del artículo 18 de la Ley 29/1998, de 13 de julio. El informe incide también en el hecho de que a los menores le afectan de forma particularmente grave los problemas para compatibilizar los procedimientos del régimen de extranjería con las solicitudes de protección internacional. Y denuncia que, pese a que la institución ha formulado a las administraciones recomendaciones para clarificar la compatibilidad de ambos procedimientos, no fueron aceptadas.

La protección internacional a quienes han perdido el derecho a tener derechos es un test mínimo de nuestra proclamada superioridad civilizatoria, en términos del desarrollo del Estado de Derecho y la garantía de los derechos y libertades. No debemos permitirnos suspender reiteradamente ese examen.

 

 

LA GEOPOLITICA QUE PASA POR CEUTA (versión ampliada del artículo en el diario digital PÚBLICO, 1 de agosto de 2026)

 

Lo que se ha vivido en Ceuta en el verano de 2026 no ha sido una crisis migratoria, sino una jugada mayor en el tablero geopolítico.

Lo que se ha vivido en Ceuta este verano no es el resultado de una crisis migratoria, aunque e evidente su conexión con el modelo español y europeo de política migratoria y de asilo, y con el papel de Marruecos en esas políticas. Tampoco se puede reducir a una crisis humanitaria, aunque lo más grave de cuanto ha sucedido, sin duda, es la  tragedia de la pérdida de  160 personas que murieron en el mar. Y en cuanto a su contexto, aunque tampoco se pueda hablar de un único factor, no es posible ignorar la crisis social que se vive en el país alauita, que empuja a decenas de miles de jóvenes a buscar desesperadamente huir de su país, pese a indicadores que hablan de avances importantes en su desarrollo. Hemos vivido lo que el embajador y ex jefe del CNI, Jorge Dezcallar, ha calificado como policrisis: política, social migratoria, sanitaria…

A estas alturas me parece difícil que haya nadie que niegue el papel de Marruecos en lo que ha sucedido.Aunque sólo sea por omisión, es inexplicable que esta entrada masiva en Ceuta pretenda hablar en serio se le puede escapar que, por importante que pueda ser el papel de difusión de mensajes de las redes sociales, por poderosas que sean las mafias de tráfico de personas, y por enteradas que estén de los fundamentos jurídicos de las sucesivas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y del Tribunal Supremo sobre la diferencia que hay entre superar mecanismos de contención en las fronteras terrestres y mecanismos de mera vigilancia en el mar, no tienen capacidad para conseguir que cerca de 80000 personas (en su inmensa mayoría, marroquíes), hombres, mujeres, incluso familias, y un importante número de menores que se calcula en no menos de 7000 ), cruzaran la frontera del Tarajal en menos de 24 horas, jugándose en no pocos casos la vida, pues el número de los que han muerto varía entre 140 y 160 personas. Como tampoco es creíble que tengan la capacidad para conseguir que, en menos de 24 horas, la inmensa mayoría (unos 70000) retornaron por su propia voluntad a Marruecos (cfr. https://www.publico.es/sociedad/ultima-hora-entrada-migrantes-ceuta-directo.html). Por no hablar de la exhibición de control por parte de Marruecos ante el publicitado nuevo intento de ingreso masivo en Ceuta el 15 de agosto (https://www.youtube.com/watch?v=uGeCkqa4wco).

La conclusión es obvia: se trata de un nuevo ejemplo, particularmente bien organizado y eficaz en su impacto mediático internacional (ha sido cabecera de los principales diarios y medios de comunicación en todo el mundo), de la estrategia geopolítica del rey de Marruecos, con el concurso de los EEUU e Israel y que apunta no sólo a debilitar la posición de España, sino la de la UE, aprovechando que la política migratoria se ha convertido en un instrumento de división.

En esta enésima jugada de gato y ratón de Marruecos, en las fronteras de Ceuta y Melilla, este país cuenta con dos ventajas, de las que no dispone España.

La primera es bien conocida: el régimen marroquí es una satrapía, en la que el monarca y su entorno, el makhzen (de donde, por cierto, la palabra española almacén) deciden, sin que sus súbditos tengan arte ni parte en la toma de decisiones. En Marruecos no hay ciudadanos de pleno derecho, como no hay Estado de Derecho, sino una casta de privilegiados que participan de los negocios del rey (algunos muy poco limpios), mientras que la mayoría de las y los marroquíes son carne de cañón en sus manos, como ya se evidenció en la Marcha verde y en los sucesos en Ceuta en 2021. La ventaja de ese y de los demás regímenes no democráticos es que no tiene ninguno de los inconvenientes que supone una democracia, comenzando por las instituciones de control y división del poder

La segunda es más reciente: el soberano marroquí cuenta con el decidido apoyo de la administración norteamericana que lo ha convertido en aliado preferente. No hay más que escuchar las declaraciones de la portavoz de la Casa Blanca (https://www.nbcnews.com/politics/politics-news/europe-will-unrecognizable-20-years-due-immigration-white-house-strate-rcna247534). Un paso más lo dio el fiel aliado del Secretario de Estado Rubio, el congresista republicano por Florida Díaz Balart, que impulsó que en mayo de 2026, el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de EE. UU incluyera una enmienda en su informe de presupuestos de operaciones exteriores en la que situó explícitamente a Ceuta y Melilla como «territorios de Marruecos», eso sí, bajo administración española. Y la guinda, como siempre, la ha puesto Trump al declarar que, si los demócratas ganan las elecciones de medio mandato de noviembre, “EEUU en tres años puede convertirse en Ceuta” (https://www.youtube.com/watch?v=MZS5hGOlnT0).

Cabe recordar que esta decantación de Marruecos como aliado preferente de los EEUU no es de ahora: la diplomacia marroquí, aun pagando el alto precio de abandonar a los palestinos, consiguió el apoyo tecnológico de Israel y el diplomático de los EEUU en el giro internacional sobre la marroquinidad del Sahara y de sus recursos. Marruecos brinda a la administración Trump su papel geoestratégico en el Mediterráneo y como supuesta barrera frente al terrorismo yihadista.

El decisivo papel desempeñado por el entorno del rey (el majhzem), con el concurso de los servicios secretos (algo conformado por las investigaciones de un grupo de periodistas) es la hipótesis más verosímil. Marruecos propició, al menos por omisión, como ha señalado Ruth Ferrero, este movimiento masivo, que fue ampliamente difundido por las redes sociales y que tuvo como espoleta la profunda crisis social que afecta a la juventud marroquí, que pese al incuestionable desarrollo que ha experimentado Marruecos en los últimos años, carece de expectativas de una vida mejor en su propio país. Como ha escrito Irene Fernández Molina, profesora en la Universidad de Exeter y miembro del consejo académico del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos, «Hay mucha gente desesperada por buscar una vida mejor. Y llama la atención la discrepancia con el discurso oficial. En el discurso del Trono, justo el mismo día, Mohamed VI hablaba de estabilidad, seguridad y consolidación del desarrollo económico. Contrasta con la gente desesperada por cruzar la frontera. Hay una disonancia evidente«. Y eso tiene mucho que ver con el hecho de que el Mediterráneo suponga, como siempre ha insistido en subrayar Sami Naïr, la mayor brecha desigualitaria del planeta, en términos de demografía y de PIB

 

Esclavos de la geografía, sí. La estrategia de Marruecos

Que el presidente del gobierno español, en su medida y única intervención en Ceuta, y todos sus ministros (del de exteriores a interior, pasando por los ministros más inexplicablemente ausentes, como la de Migraciones o la de infancia y juventud) hayan alabado la colaboración de Marruecos y no hayan pronunciado el más mínimo reproche al reino alauita, suscribiendo la interesante teoría de las mafias lectoras de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, tiene otra explicación, más verosímil: le obliga lo que nos descubrió Montesquieu, mucho antes que los politólogos realistas a la Kagan, esto es, la “esclavitud de la geografía”, que marca al Derecho y a la política. El vecino que la geografía nos ha impuesto a 14 km al sur, tiene muchas claves en asuntos de prioridad para España, comenzando, desde luego, por la inmigración. Eso explica -que no justifica- el insólito giro de nuestra política exterior en la cuestión de los derechos del pueblo saharaui. Pero, como acabamos de comprobar, esas claudicaciones no nos aseguran contra los cíclicos chantajes de los soberanos alauitas que, a veces, según tenemos experiencia, tienen más que ver con agravios personales del caprichoso hijo del hábil Hassan II, que no con grandes movimientos de su diplomacia.

Por supuesto, sería un grave error ignorar la dificilísima situación en la que se ha visto el gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta y los ciudadanos ceutíes, tan españoles como los de Chamberí, al encontrarse en menos de 24 horas con una entrada masiva de marroquíes que llega a superar el 50 % de los habitantes de la ciudad, una policrisis, como la ha calificado el embajador Dezcallar (política, social, de sanidad, de seguridad) cuyos efectos no se acaban de resolver. 

Hay que subrayar que apenas se produjo la entrada masiva, todos los miembros de la Junta de Portavoces de la Asamblea de Ceuta, incluido el PSOE, reclamaron al Gobierno central el cierre de la frontera y el despliegue del ejército, así como la declaración de la emergencia nacional al amparo de la normativa de seguridad nacional (que no de la de protección civil) ante el «salto cualitativo» que, según afirman, ha experimentado la recurrente crisis migratoria que vive la ciudad por la llegada masiva de personas desde Marruecos.  (https://www.europapress.es/nacional/noticia-todos-partidos-ceuta-reclaman-gobierno-declaracion-emergencia-nacional-crisis-migratoria-20260730132444.html). Y, desde luego, es comprensible el clima de preocupación, e incluso miedo, que llevó a muchos ciudadanos, a muchos comerciantes, a encerrarse y que viene prolongándose durante semanas.

La política migratoria como falsa explicación de la crisis

Reitero lo que señalé al principio: este episodio no debe ser interpretado en clave de respuesta a la política migratoria del gobierno; tampoco al reciente proceso de regularización. La lectura más fidedigna, creo, es la de un desafío de Marruecos (apoyado por la administración Trump) a la soberanía española sobre las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. desafío que busca al menos mostrar la debilidad del gobierno de España para explotarla en las relaciones internacionales, a favor de las posiciones de Marruecos. En ese objetivo coinciden la estrategia del gobierno de Trump y del rey Mohamed VI y los gobiernos europeos más reaccionarios (de Italia a Finlandia, pasando por Dinamarca y Suecia). de derecha y así lo ha subrayado y a mi juicio con el acierto en él habitual el profesor Antonio Remiro en su artículo «Ceuta porosa» (https://www.informacion.es/opinion/2026/07/31/ceuta-porosa-133001158.html). Lo recalca también el embajador Jorge Dezcallar, que sostiene que a Marruecos siempre le interesa que el gobierno español se encuentre en una posición de debilidad (https://elpais.com/espana/2026-07-31/el-asalto-de-ceuta.html). Añadiré que esa tesis es coincidente con lo que ha defendido en su análisis de lo sucedido en Ceuta, en clave de las relaciones entre España y Marruecos, el reconocido especialista Jesús Núñez Villaverde (https://www.eldiario.es/internacional/ensena-crisis-ceuta-relacion-espana-marruecos_129_13421487.html)

A ese respecto, creo que el presidente del gobierno respondió inicialmente bien (oero esa primera rspuesta ha quedado desdibujada por ell hecho de que incomprensiblemente se hayan dilatado en el el tiempo la presentación de las responsabilidades políticas o, aun pero, como hizo el ministro Marlaska, se nieguen directamente). Sin duda, hizo bien en enfatizar  en su declaración institucional en Ceuta la integridad territorial y la soberanía española de Melilla y Ceuta (que se remonta a finales del siglo XV y principios del XVII, respectivamente) y la prioridad de garantizar la seguridad de los ciudadanos ceutíes, porque ese es el terreno de la disputa en el que trata de avanzar Marruecos.. 

Dicho esto, el problema, a mi juicio, es que en el marco discursivo que domina la política europea, es imposible desligar este episodio del debate sobre la política migratoria. Y ahí es donde encuentro los problemas de la posición de nuestro gobierno, frente a la propaganda interesada de la derecha y extrema derecha europea (con Italia, Finlandia, la inevitable Dinamarca y Suecia, que llegan a pedir el disparate de que España sea expulsada del Acuerdo Schengen), que ha visto el filón para continuar con sus críticas, asentadas en bulos y disparates, sobre el proceso de regularización, y plantear de nuevo la emergencia securitaria como clave de la política migratoria (con el apoyo de políticos connotados de extrema derecha, en Polonia, Alemania y Francia) y por eso, en lo que sigue, quiero insistir en que en términos de política migratoria, una vez más, tanto  la izquierda como la derecha liberal y conservadora, cometen el error de hacer suyo el marco discursivo sobre el debate que difunden la derecha ultramontana y la extrema derecha.

 

Algunos errores en la defensa del modelo de política migratoria, a propósito de lo sucedido en Ceuta

Pues bien, considero un primer error que, en esa declaración institucional, el presidente del gobierno haya concretado sus propuestas sólo en el marco de comprensión de la seguridad como clave de la política migratoria. Así, al subrayar que esta irrupción masiva en Ceuta ha sido un hecho excepcional, frente a lo que ha calificado como gran éxito de la política del gobierno en colaboración con países de origen y tránsito, que ha conseguido una importante disminución de entradas de inmigrantes irregulares en las costas españolas (obviando que el mayor porcentaje de inmigración irregular llega por la vía legal -tramposa- del visado turista). Y, desde luego, yerra a mi juicio al concretar las iniciativas sólo en el ámbito de seguridad: el aumento de dotación de policía y guardia civil, y la presencia de fuerzas armadas. También por eso, considero un error el hecho de que -y permítanme la cita-, como yo mismo apunté frente al optimismo de otros colegas (https://www.publico.es/sociedad/migracion/supremo-cierra-puerta-devoluciones-caliente-mar-pero-deja-abierta-via-gobierno-recuperarlas.html, se perdiera de vista que la sentencia del TS, en realidad, ofrecía una pista para seguir con las devoluciones en caliente. Y es lo que ha escogido el presidente al anunciar que se colocarán elementos de contención en el mar, como un sistema de boyas, de forma que quien los traspase pueda ser objeto del procedimiento de devolución en frontera, al igual que en la frontera terrestre. O sea, dejemos a un lado los derechos y sigamos con las devoluciones en caliente, sin asistencia de letrado y sin tutela judicial efectiva.

No puedo dejar de añadir algo sobre la actitud de los socios del gobierno y de algunos de los ministros: me llama la atención el silencio atronador de la ministra de infancia, que no ha dicho hasta ahora una palabra sobre cómo se garantizarán los derechos de los 7000 menores que entraron en Ceuta, o de los que queden allí. Espero que no suceda como en 2021, cuando fueron objeto de devoluciones ilegales (sobre ello, recomiendo leer esta pieza de Laura Anido: https://www.publico.es/sociedad/migracion/pasara-menores-han-quedado-ceuta-gobierno-puede-repetir-devoluciones-realizo-2021.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=web&via=publico_es). Y me cuesta admitir el silencio de la ministra de migración, que ha dejado todo en manos del ministro del interior, lo que supone aceptar que, a la hora de la verdad, la óptica securitaria es la clave, que la migración es un asunto de policía, incluso de defensa, como pretenden buena parte de los gobiernos europeos. Ni una palabra sobre refuerzo de medios materiales y de personal para tramitar con arreglo a Derecho los procedimientos de expulsión, un asunto que se presenta, y lo subrayo, cargado de complejidad y que llevará mucho más que semanas.

Dos consideraciones críticas para finalizar.

La primera, es el error del autoelogio por el papel del gobierno español en el impulso del Plan europeo de migración y asilo (PEMA), obviando que una pieza clave del mismo, el malhadado Reglamento de retorno, ha sido criticado por nuestro propio gobierno. El PEMA, por razones que muchos hemos explicado, no es el modelo de política migratoria y de asilo a seguir (cfr. por ejemplo https://letraslibres.com/politica/los-derechos-que-importan-a-los-europeos-critica-del-nuevo-reglamento-europeo-de-retorno/10/06/2026/). Y menos aún, cuando ha sido reconducido por la Comisión al modelo Meloni.

La segunda, es el error, al menos parcial, en la valoración positiva de los acuerdos bilaterales del gobierno de España con países de origen y tránsito de las migraciones y de los solicitantes de asilo. Es verdad, y acierta el gobierno al subrayarlo, que es importante contribuir a consolidar el desarrollo económico y también el de los derechos humanos y la democracia en esos países. Pero no pocos de los ejemplos de esos convenios ignoran precisamente la democracia y los derechos humanos, por ejemplo, los de las mujeres y las niñas, como evidencia el acuerdo con Mauritania. Esos convenios no están al servicio de la mejora de la democracia, los derechos humanos y los servicios a los ciudadanos en esos países, sino que su leit motiv es la asociación de esos países en la labor policial de control de fronteras y en unas políticas de retorno que en muchos casos tienen un enorme coste en términos de los derechos humanos de las personas que arrojamos en manos de tales regímenes.

La UE presume de su ayuda exterior a los países de origen y tránsito de los movimientos migratorios: más de 5.000 millones de euros en ayuda exterior a países como Marruecos para abordar las «causas fundamentales de la migración», pero esa ayuda no frenó la migración. Como muestran Kelsey Norman y Nicholas R. Micinski en Aiding Autocrats, la ayuda europea en materia de migración ha reforzado el poder de los líderes autoritarios y conlleva el riesgo de una mayor represión.

La conclusión, como venimos denunciando desde hace años, es que la óptica basada casi exclusivamente en la securitización, que lleva a una política de externalización de la policía migratoria, compatible con la hipocresía de un mercado que se beneficia de la mano de obra barata y precaria es un error recurrente. Por otra parte, omo han explicado los investigadores finlandeses la esquizofrénica política de asilo, no sólo choca con principios y valores de la UE y con compromisos legales, sino que es cara.

 

 

 

Termino reiterando lo que escribí con motivo de la crisis de 2021 en Ceuta. Sí: la política migratoria es una cuestión de Estado y también una cuestión que puede afectar a la soberanía nacional. Sí: las relaciones con Marruecos son una cuestión de Estado y un hecho que muchas veces es difícil de gestionar. Pero ni la política migratoria, ni las relaciones con Marruecos, ni las razones de Estado, pueden estar por encima de la garantía de los derechos de las personas. Menos aún, de los menores.