Supongo que, como a muchos otros, me ha llamado la atención la coincidencia de los acontecimientos del 30 de julio de 2026 en Ceuta, con el hecho de que haya sucedido en un verano en el que la opinión pública tenía como centro de atención la interpretación de la versión del cineasta Christopher Nolan sobre la Odisea de Homero. Uno de los puntos de debate era lo que se presenta en el guión de Nolan como violación radical de la “ley de Zeus”, esto es, la xenia (Ξενία), ley de hospitalidad hacia el extranjero, que se habría violado gravemente con ocasión de la guerra de Troya y, con ello, según nos propone, el fracaso de un modelo de civilización, el que podría haber sido una sociedad abierta, como la teorizada por Bergson y que desarrolló el famoso ensayo de Popper.
Por supuesto, en el marco de esta reflexión, por fuerza breve, no entraré en la compleja discusión del principio de hospitalidad, que arranca de la Grecia clásica y desemboca en Kant y su formulación de la ley de hospitalidad universal, y en su su relación con las políticas migratorias y de asilo. Es claro que hay una fuerte tensión entre la disposición de acogida y el derecho a la libre circulación de personas de un lado y, de otro, la imposición realista que nos obliga a reconocer que ningún país -tampoco los de la UE, que sigue siendo un espacio envidiable de libertad, seguridad y justicia- está en condiciones de acoger a todos los que huyen de guerras y persecuciones o simplemente pretenden encontrar una vida mejor. En ese enfrentamiento entre el principio de hospitalidad y las exigencias del realismo, cada vez más la UE se inclina por la segunda opción. También nuestro país, pese a que el gobierno de coalición ha mantenido elementos de apertura de la gestión migratoria que tratan de ser fieles a la primera opción. Pero los recientes anteproyectos de reforma de la Ley de Extranjería y de la de Asilo parecen mostrar que retrocedemos, ante la presión de nuestros socios europeos y de la propia UE .
En lo que sigue, apuntaré algunas preguntas, y unas pocas respuestas que nos ayuden a entender, un mes después, los acontecimientos de Ceuta, esto es, la intrusión masiva de un número de personas que se calcula entre 70000 y 80000, que atravesaron la frontera de Ceuta, y han provocado, como han escrito Jorge Dezcallari y Joan Romero, una policrisis, una crisis multifactorial y multidimensional: política, social, sanitaria, humanitaria y de seguridad, que afecta al estatuto de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y a los territorios de soberanía española en el Magreb. Una crisis también europea, pues las fronteras de Ceuta son fronteras europeas y Ceuta y Melilla tienen un tratamiento específico en el Tratado de Schengen, a partir de la declaración adicional sobre Ceuta y Melilla aneja al Acuerdo de Adhesión , y en el artículo 41 del Código de fronteras de Schengen, algo que nuestros socios europeos han fingido ignorar, muy en particular los gobiernos de Italia y Dinamarca y amenaza la unidad europea.
¿Podemos determinar qué agentes tienen responsabilidad en la quiebra de la frontera de Ceuta el 30 de julio de 2026?
Con los datos de los que disponemos, creo que lo que podemos establecer no es tanto la responsabilidad directa de Marruecos en esa violación masiva -y pacífica- de la frontera de Ceuta el día 30 de julio (pienso en la responsabilidad del majzén, de los servicios de marroquíes de inteligencia, de su gendarmería), sino sostener la verosimilitud de la hipótesis de que, sin el conocimiento por parte de Marruecos de lo que se preparaba, sin la omisión de medidas de control en la parte marroquí de la frontera, en esos dos días, es imposible que pasara un acontecimiento de esas dimensiones (en torno a 80000 personas, familias enteras incluidas; la mayor parte, marroquíes). El papel de los servicios de inteligencia marroquíes es una de las claves que debemos tratar de establecer.
En ese sentido, creo que hay una conjunción de factores, por acción y omisión, dejando claro que, a mi juicio, hay una responsabilidad primaria de Marruecos que me parece indiscutible, pese a la reiterada negación por parte del gobierno español, una negativa que se explica por la imposición de la lengua de trapo diplomática a la que nos obliga nuestra condición de esclavos de la geografía, esto es, la condición de Marruecos como un “socio” tan inevitable, como poco fiable. Hay que tener en cuenta que, frente al relato que habla de una movilización “espontánea” de tantos miles de personas (es algo difícil de creer que 80000 personas se pongan de acuerdo espontáneamente en acudir a Ceuta en el mismo día), hay datos que ponen de relieve una organización, como los autobuses en los que llegaron muchas de esas personas. La hipótesis de la responsabilidad de las mafias choca con una interrogante clara, la del cui prodest: ¿qué ganaban las mafias introduciendo gratis a 80000 personas en Ceuta?
En todo caso, es cierto también que el retorno voluntario de la inmensa mayoría de los ciudadanos marroquíes (unos 70000) al día siguiente, no es explicable por órdenes de las mafias, sino por iniciativa de Marruecos, a instancias, claro de nuestro gobierno. Ese retorno pudo dar lugar al espejismo en que incurrió nuestro gobierno, de creer que la crisis estaba superada y seguramente explica también su inacción en las primeras semanas, en las que se perdió un tiempo precioso para atajar la crisis subsiguiente en Ceuta.
Dejando esto sentado, diría que también desempeñaron un papel (creo que de menor importancia) los agentes que difundieron en redes los bulos de que la frontera por mar estaba abierta y convocaron a esa entrada masiva (quince días después se repitió en redes la convocatoria para otra entrada, el 15 de agosto y, en ese caso, la actitud de Marruecos fue bien distinta, de modo que se probó su capacidad de control). Que estos agentes estuvieran ligados a las mafias es posible, como lo es que estuvieran vinculados a boots interesados en quebrar la unidad europea y la imagen de España. En ese sentido, no es posible descartar el interés de los EEUU de Trump y de Israel en ese doble objetivo: erosionar la imagen de España y sembrar desunión en la UE a cuenta de un asunto tan complicado hoy como la política migratoria y de asilo. Que las señoras Meloni y Frederiksen, con el seguidismo de los gobiernos conservadores de Suecia y Finlandia, aprovechen para meter el dedo en el ojo del gobierno español (eso sí, a posteriori), muestra el éxito de esa estrategia.
He leído recientemente un provocador e inteligente ensayo en de Ismael Crespo Amine, “El rito de Ceuta”, en el que propone una interpretación de corte antropológico, que me parece verosímil, aunque yo no la calificaría del factor desencadenante de los acontecimientos, pero sí coadyuvante: se trata de proponer que, en medio de la evidente crisis social que se vive en Marruecos, pese a sus innegables y muy considerables logros en términos de desarrollo económico, para muchos jóvenes esta convocatoria era el rito de paso con Europa, un desafío personal que también mostraba el atractivo que sigue teniendo para ellos Europa, cuya imagen conocen perfectamente a través de la televisión y las redes, al tiempo que el cierre de expectativas de una vida mejor, como la que ellos ven en Europa (por muchos matices que haya que poner a esa visión)
¿Se puede afirmar que lo que se vivió forma parte de una guerra híbrida?
Para sostener esa tesis inequívocamente, tendríamos que aceptar que, en efecto, Marruecos es el único responsable de ese asalto masivo (y pacífico), que recuerda más a la marcha verde que al salto de 2021. Sí se puede argumentar que, al menos en las consecuencias, hemos vivido un ejemplo de utilización de desplazamientos masivos de inmigrantes, conducidos de modo forzoso desde países enemigos de Europa hacia territorio europeo, que tiene precedentes, en Polonia y Finlandia, por ejemplo, por parte de Bielorrusia y Rusia. El hecho de que Ceuta viva hoy una situación enormemente complicada y desestabilizadora, prueba el éxito, al menos parcial, de esa estrategia de guerra híbrida que se sirve de movimientos masivos de población y que en el caso marroquí, a diferencia de los de Bielorrusia y Rusia, utiliza a sus propios nacionales como carne de cañón en esa estrategia. Es en definitiva, una paradoja: nosotros mismos hemos incentivado con nuestras políticas que los países del sur recurran a lo que Jomo Keniata definió en los 50 como “el arma de los pobres”, la demografía, siguiendo las tesis descritas en Population Bomb, el ensayo de 1968 de Paul y Anna Ehrlich.
¿Qué relación tiene lo sucedido don las políticas de externalización de fronteras?
Aunque creo que no se puede hablar de consecuencia directa, está claro que la estrategia de externalización que practica cada vez más la UE tiene que ver. Recordaré que la iniciativa de Meloni, frenada por sus jueces respecto a Albania, ha sido en algún modo refrendada en el Reglamento Europeo de Retorno, que tiene su claro antecedente en la malhadada Directiva de retorno de 2008 -conocida popularmente como la Directiva de la vergüenza– que se aprobó en el Parlamento europeo al grito de Send them back!, proferido por los partidos de extrema derecha en el hemiciclo).
Se trata, como es sabido, de asociar en la política de policía de fronteras a países terceros, de origen o de tránsito de los movimientos migratorios, que además no son democracias estables, ni aun siquiera Estados de Derecho (Marruecos, Mauritania, Túnez…), en aras de la securitización de la política migratoria, obsesionada con actuar sólo en ese momento del proceso migratorio que es el cruce de las fronteras, y que abre la puerta a este tipo de consecuencias.
En cierto modo esto da la razón a la tesis de Wendy Brown sobre la paradoja aparente de que cuanto más se amurallan los Estados, más muestran su incapacidad de ser soberanos en asuntos que son de rango global y por lo tanto exceden a la competencia de un solo Estado; incluso de una asociación de Estados como la UE.
¿Cómo se explica el apoyo popular creciente a los mensajes deshumanizadores (plantear confinar a los inmigrantes, negar espacios para refugiarse)? ¿qué riesgos comporta para nuestra democracia?
Sin duda, ha contribuido decisivamente a esa reacción el que haya una presión constante de discursos xenófobos por parte de la extrema derecha y que los haya incorporado no sólo VOX, sino también en parte el PP. Se ha llegado a utilizar un lenguaje casi bélico. Y se piden actuaciones que no sólo infringen la legalidad vigente, sino que tratan a todos esos grupos que se encuentran en Ceuta no como personas con derechos, sino como grupos peligrosos que hay que expulsar o incluso eliminar…
A ello, se une la, a mi juicio, indiscutible torpeza por parte del gobierno de Pedro Sánchez (a mi entender, el delegado de gobierno en Ceuta debería haber sido cesado hace semanas, por manifiesta incompetencia), que ha retrasado la puesta en marcha efectiva del muy complejo conjunto de medidas que podrían haber acelerado cierta recuperación de la normalidad. Así, se rechazó la petición unánime de todos los representantes políticos de la Ciudad Autónoma de activar los mecanismos extraordinarios previstos en la ley de protección civil o en la Ley de seguridad nacional (a la que finalmente se acudió esta semana, con el Decreto 681/2026). Añadamos la inexcusable tardanza de ministros como Elma Sáiz o Sira Rego en personarse en la ciudad, unido a irresponsables mensajes de supuesta firmeza del ministro de exteriores, asegurando que retornarían a Marruecos todos los que habían entrado, sin tener en cuenta los plazos que imponen nuestras propias leyes, o la insólita declaración del ministro del interior negando que hubiera responsabilidad alguna (“son cosas que ocurren”),
Sumemos que, aunque por fin el gobierno ha anunciado diversos paquetes de ayuda de emergencia inmediata y un plan a medio plazo de inversiones en Ceuta, ha transcurrido un mes sin que se dotara de medios materiales y de recursos personales extraordinarios a los servicios de policía y administración de justicia (alguna responsabilidad tiene el CGPJ, creo), que tienen que gestionar los varios miles de expedientes de retorno de los marroquís adultos, los de acogida y traslado en el caso de los menores, (que son menores, antes que irregulares) y cuyos procedimientos de retorno a sus familias son considerablemente complejos, y los de solicitud de protección internacional que son inexcusablemente expedientes individuales: está claro que hablamos de muchas semanas.
Hay que entender, además, la frustración de los ciudadanos de Ceuta ante la prolongación de una situación completamente anormal en sus calles, playas y montes. Sumemos, por último, que el presidente de la Ciudad Autónoma que empezó con mensajes llenos de sentido común, fue girando su discurso en línea de una descalificación creciente del gobierno central, sugiriendo -incluso expresamente- la tesis de “abandono del Estado” y que no ha sido nada proactivo en la tarea de ofrecer espacios para esos miles de personas que se encuentran en Ceuta.
Por si faltara poco, una parte de las CCAA (incluida Castilla La mancha) se han negado a lo que les obliga la legalidad vigente (Decretos 2/2025 y 668/2025 y 743/2025), en lo que toca a la distribución de menores, lo que sería un delito de prevaricación. Y sabemos la presión que Junts y ERC ejercen para que Cataluña tampoco acepte esa redistribución.
Aunque se han emprendido ya iniciativas que van a conseguir -espero. Solucionar la situación, hay que pensar en un plazo de varias semanas e incluso meses.
¿Qué relevancia tiene la decisión de imponer un mando único al amparo de la ley de seguridad nacional?
A mi juicio, esa decisión debía haberse adoptado mucho antes, cuando la reclamaron por unanimidad los representantes políticos de la Ciudad Autónoma. Respecto al reprochable RD 681/2026 que crea ese mando único, me parece criticable que mantenga una versión de lo ocurrido en Ceuta en la que se sostiene que la gestión del gobierno es irreprochable (entonces, ¿por qué ha habido que recurrir a esta medida excepcional?) e incluso se vincule la situación a una crisis migratoria, cuando es evidente que es mucho más (una policrisis, la ha calificado Jorge Dezcallar, una crisis multifactorial y multidimensional, ha explicado el profesor Joan Romero) y el propio presidente del gobierno en su declaración institucional en Ceuta reconoció que se había producido “una violación de la integridad territorial”
Dicho esto, creo que el mando único (como habría sido, a mi juicio en el caso de la Dana), puede optimizar la gestión eficaz de recursos y con ello acelerar en lo posible la puesta en práctica de soluciones inmediatas. Aunque comparto las apreciaciones críticas del profesor A Bueno sobre el coste de la activación tardía de este mecanismo (que por otro lado está sujeto a límites por la jurisprudencia del TC).
Ceuta necesita unas inversiones importantes, como ha reconocido el vicepresidente primero Cuerpo, alguien que siempre pone racionalidad y sentido común en sus intervenciones.
Evidentemente, hemos perdido varias semanas, preciosas. Pero ya se ha producido un indicio positivo, con la concreción del acuerdo sobre espacios cedidos por la ciudad de Ceuta para alojar a los inmigrantes. A ello ha seguido la aprobación por el Consejo de ministros del RD 22/2026 de ayudas urgentes socioconómicas a Ceuta, por un importe que supera los 300 millones de euros, destinados a ayudas, beneficios fiscales y laborales y refuerzos en acogida, sanidad, seguridad, educación y justicia para Ceuta..
En todo caso, es imprescindible que haya una concreción de la necesaria colaboración y solidaridad entre las administraciones. Eso, en el caso de los menores, además de un imperativo legal, es condición sine qua non. Pero en este caso, los indicios son negativos, por el rechazo expreso de varias CCAA gobernadas por el PP y VOX, sumado a la oposición de Junts y ERC a que Cataluña asuma más acogida de menores.
Se ha dicho que los acontecimientos en Ceuta ponen en peligro la unidad de acción de la UE y muestran profundas divisiones…
El riesgo de ruptura de la UE o, al menos, de una profunda crisis, es evidente. Como lo es el interés de quienes quieren socavar la fortaleza de la UE. En ese sentido comparto las tesis de quienes señalan que los sucesos de Ceuta deberían servir como una advertencia para Europa. No lo han mostrado los 22 gobiernos europeos que dirigieron una carta extremadamente crític hacia el gobierno español, atribuyendo los acontecimientos de Ceuta a la política de regularización extraordinaria de nuestro gobierno e incitando, como lo hicieron las primeras ministras Frederiksen y Meloni, mediante lo que no puede calificarse sino de bulos y falacias, incluso a la expulsión de España del Convenio Schengen, una medida que saben que no es jurídicamente posible
Está claro que el rumbo de la política migratoria y de asilo de la UE entra en colisión con la política del gobierno español en ese ámbito. Ahora bien, creo que nuestro gobierno ha emprendido, al menos simbólicamente, un giro que supone una aproximación a ese rumbo. Cabe entender así que en el mismo día en el que el Consejo de Ministros aprobaba el Decreto de aplicación de la ley de seguridad nacional, se anunciaran dos anteproyectos de reforma e la LOEX y de la Ley orgánica de asilo y protección internacional subsidiaria, con evidentes medidas restrictivas del actual marco garantista, en aras de enviar un mensaje de firmeza, a nuestros ciudadanos, a la oposición y a los socios de la UE.
Creo que tiene razón la portavoz del think tank ECFR, M. Faro Sarrats cuando escribe: “Si cada episodio migratorio se convierte en una oportunidad para que los Estados miembros se culpen mutuamente, refuercen sus fronteras nacionales y compitan por demostrar quién adopta la postura más dura, el resultado no será un mayor control, sino una Unión Europea más débil y dividida. Y una Europa dividida es también una Europa más vulnerable. Rusia y Estados Unidos observan las fracturas internas de la UE y pueden aprovecharlas para profundizar las divisiones existentes en el debate político europeo. Hay, en cualquier caso, un principio que debería mantenerse: los hechos deben prevalecer siempre sobre la conveniencia partidista. Los Estados miembros no deberían permitir que las presiones internas dicten su respuesta a la migración, ni que los flujos migratorios se conviertan en una herramienta de coacción capaz de erosionar la unidad europea, y los principios humanitarios”