Sentido de la oportunidad

El sentido de la oportunidad no es lo mismo que el oportunismo. Y no hace falta decirlo muy alto: entre las condiciones que ha de reunir quien se dedica a la gestión de la cosa pública, este sentido de la oportunidad, saber medir los tiempos, saber priorizar los objetivos, es lo que distingue a un estadista incluso a un político responsable, de un aficionado y no digamos de un aventurero.

Todo esto viene a cuento de la tremolina a la que asistimos en prensa, radio y televisión sobre el alcance que debe tener la censura a los actos de los que hemos ido descubriendo indicios más que serios (aunque sospechar, vaya que se sospechaba) en los que venía incurriendo desde hace tiempo Juan Carlos de Borbón. Y, por supuesto, añado de inmediato que la presunción de inocencia le debe proteger en todo momento desde el punto de vista jurídico, como a cualquiera, hasta que, llegado el caso y si se sustancien procedimientos judiciales (algo que me parece hoy por hoy poco previsible y añado que lo lamento) recaiga una decisión firme. La inusitada, inaceptable extensión del concepto de inviolabilidad tal y como la vienen sosteniendo(a mi juicio, contra toda lógica jurídica elemental) los letrados del Congreso, se erige hoy como una formidable barrera, pese a la argumentación que la muestra como una interpretación incompatible con la más elemental lógica democrática, como han puesto en evidencia recientes artículos de los profesores Carbonell y Arbós, sin ir más lejos. Otra cosa es la responsabilidad ética y la política, respecto a las cuales hay sobradas evidencias de que el rasero que maneja el personaje está muy por debajo de lo que cabría no sólo esperar, sino exigirle.

Sin duda, ha de distinguirse la crítica a los actos de una persona, Juan Carlos de Borbón, de la crítica a la institución, la monarquía. Añadiré de inmediato que eso no significa que la institución-la monarquía- sea sagrada y exenta de crítica. En democracia, la libertad de expresión, manda. Las Constituciones no son tablas de la ley que debamos aceptar como dogmas inmutables. El consenso de hace cincuenta años, por mucho que aceptemos el brocardo «vox populi, vox Dei», no es la voz de Dios frente a la que sólo quepa decir «amén». Entre otras cosas porque la voz del pueblo puede cambiar y de hecho cambia.

Otra cosa, a su vez, es que sea exigible al político, como recordaba al comienzo de estas líneas, un mínimo de sentido de la oportunidad y del bien común. No parece que, en medio de la situacion de crisis más grave que haya vivido Europa y desde luego nuestro país desde hace un siglo, sea lo más oportuno abrir nada menos que un proceso de revisión constitucional, el que afecta al modo de Estado (monarquía o república) que, como deberían recordar sus promotores, de acuerdo con la Constitución supondría dos convocatorias electorales y, en su caso, la aprobación de la reforma. Salvo que seamos partidarios del sendero luminoso y de sus profestas, como parece serlo el President torra que continuamente se atribuye (quizá por sus convicciones católiconacionales) la condición de intérprete supremo y casi profeta de todo el pueblo de Catalunya y de paso, de la democracia y aun de la verdad. Sin el menor sentido político de la oportunidad y de la responsabilidad, por cierto

Soy republicano confeso (no de nacimiento: diré que no he tenido esa ventaja genética y en mi caso esa convicción es producto del estudio y de la experiencia) y lo seré, creo, hasta mi muerte. He criticado reiterada y públicamente a la monarquía restaurada en la persona de J.Carlos de Borbón y sobre todo al propio monarca, por el afán de impunidad que progresivamente ha ido mostrando un rey al que contra toda evidencia llamamos emérito (pues, a todas luces, no merece ese calificativo). Considero que su comportamiento, desde hace muchos años, está manifiestamente al margen del mínimo tolerable. Que está imbuido de que su inviolabilidd es patente de corso para una impunidad que le protege contar todos los demanes que pueda cometer y contra la confusión continua entre lo público y lo privado, una tentación que es mucho mas frecuente en monarquias que en Repúblicas, sobre todo cuando se sigue pensando en el monarca en términos de legitimidad que se confunde con el origen dinástico, y no con la voluntad del soberano, que es el pueblo. no el rey. En una monarquía constitucional el rey es un funcionario al servicio de la salud pública, la de los ciudadanos. Esto es algo que hace mucho tiempo olvidó D. Juan Carlos de Borbón, si es que alguna vez lo entendió. El servilismo de cuantos le jalearon al sostener que el rey había «concedido» la democracia al pueblo español (ignorando que esa es en sí una locución envenenada, además de un sofisma) ayudó no poco a esa perversa ilusión. por mi parte, por ejemplo, su momento arguementé que el procesamiento de Urdangarín era una solución vicaria frente a la que correspondía, pues, a mi juicio, el verdadero responsable del entramado de corrupción que involucraba a la casa real y a su familia -comisionista alemana mediante- parecía el propio Juan Carlos I, que alentaba un entorno de privilegios, comisiones y negocios.

Pero, insisto, la tarea de los gobernantes y de quienes tienen alguna responsabilidad política (modestamente, me incluyo como senador) es la de medir los tiempos y actuar con prudencia siempre en aras de la salud del pueblo, de los ciudadanos. Por todo eso, creo que tiene razón quien, como el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y como ha expresado la vicepresidenta Calvo, tiene claro que ese precepto máximo enunciado por Cicerón (salus populi suprema lex esto), esto es, la salud de los ciudadanos, su salud en el sentido vital, pero también su salvación frente a las amenazas de caer en la miseria, en la pérdida del trabajo, de la vivienda, de la capacidad económica para atender gastos elementales, ahora y aquí, exige no aventurarse en este momento en una reforma constitucional de esta envergadura.

Ya me gustaría que dispusiéramos de un contexto de mínima bonanza económica y estabilidad, en nuestro país, en Europa, en el mundo y que las prioridades fueran entre otras, una de las que considero propias de la lógica democrática, esto es, la adecuación de la forma de Estado a lo que piense la mayoría de los ciudadanos que, estoy convencido, a muy corto plazo será la república. Pero desgraciadamente, de manera que nos ha sorprendido a todos, la situación hoy no es esa. Un gobernante responsable no puede tener otra prioridad. Puede y debe censurar lo que le parezca reprobable, por supuesto. Faltaría más. Pero un gobernante responsable no puede permitirse aquí y ahora dejar de poner el mejor de sus esfuerzos en lo que es más que urgente, imprescindible: en llegar a acuerdos que aseguren que podamos atender con medidas efectivas, adecuadas, proporcionadas, las necesidades de nuestros ciudadanos frente a la crisis sanitaria, económica y social que ya tenemos encima y que en los próximos meses se va a agudizar, desgraciadamente. Un político responsable, ahora y aquí, no debiera tener otra prioridad que nos distrajera de ésta, aunque sea legítima, aunque responda a su propia ideología y programa.La estatura política se evidenciará, a mi juicio, en la responsabilidad, que incluye no excitar a la opinión pública a exigir objetivos que distraigan del único aceptable y legítimo conforme al mandato en el que insisto machaconamente: salus populi suprema lex esto.

LEER A CICERÓN, ANTES DEL CONSEJO EUROPEO DE 17 Y 18 DE JULIO DE 2020. Versión extendida del artículo publicado en Infolibre, 17 de julio de 2020

Está tan gastado el calificativo de <histórico> que cuando nos enfrentamos realmente a un acontecimiento que puede ser un parteaguas en nuestras vidas y en las de las generaciones inmediatas, apenas consigue llamar nuestra atención. Y, sin embargo, el Consejo Europeo de este fin de semana (y probablemente su secuela, porque parece difícil que se consiga un acuerdo) merece bien tal denominación, pues su trascendencia, para bien o para mal, será enorme. Pocos pueden discutir que el futuro de más de una generación de europeos y aun de la propia UE (y no sólo, como parecen querer presentar los “frugales”, el futuro de Italia y España, los países europeos que están más afectados por las consecuencias socioeconómicas de la pandemia), va a depender de esas decisiones. Lo cierto es que llegamos a este momento decisivo en términos de un considerable enfrentamiento a propósito del contenido, del alcance y de las condiciones del propio presupuesto europeo y de los fondos de reconstrucción.

Sin duda, sería tan deseable evitar ilusiones vanas (se ha llegado a hablar de un momento hamiltoniano de la UE, algo a mi juicio muy deseable pero absolutamente inverosímil en el contexo en el que vivimos), como posiciones de un grosero pragmatismo, meramente partidistas (no digamos ventajistas), o ralamente patrioteras, las propias del <right or wrong, my country>. En todo caso, lo que está claro es que esto no es un problema que provocamos los perezosos fainéants italianos y españoles, sino la verdadera cuestión de Europa, aquí y ahora. Más aún, insisto, de las futuras generaciones de europeos. Y lo que sorprende es que no seamos capaces de ver lo que tenemos -y lo que nos jugamos- en común. Insisto: este Consejo Europeo tiene ante sí nada menos que demostrar que la Unión es un instrumento útil para ofrecer soluciones ante la amenaza común más grave que nos ha afectado en la historia reciente, desde la segunda guerra mundial.

A la búsqueda de ese depósito común, he vuelto a caer sobre la conocida máxima de Cicerón en el libro tercero de su De Legibus, 3, 8: “Ollis salus populi suprema lex esto”. Con ese arcaísmo –ollis, por illis– Cicerón impone un mandato prioritario que cabe definir como sagrado a los magistrados: la salud del pueblo ha de ser el criterio supremo por el que se oriente su actuación: el sacrum que conecta en Roma lo religioso, lo moral, lo jurídico, es la vida de los ciudadanos. Lo repetirán quienes de un modo u otro sostengan una parecida concepción <republicana>, con especial mención a Spinoza y, por supuesto, los revolucionarios de 1776 y 1789. Porque en Cicerón, como ha mostrado con la inteligencia y con la apabullante cultura jurídica que le caracterizan nuestro admirado profesor Angel M. López, en un reciente artículo a propósito de un ensayo del profesor F. Llano sobre Cicerón[1] encontramos un completo modelo de lo que podríamos llamar “patriotismo republicano”. Un modelo que, como advierte el profeso LLano, trasciende el republicanismo romano para proyectarse como una guía cosmopolita: «Cicerón contribuyó con su doctrina iusfilosófica a ampliar los límites del republicanismo romano al proyectar a toda la humanidad su defensa del gobierno de la razón, el imperio del Derecho y la garantía de la libertad». Por eso, a mi juicio, aunque algunos puedan decir que ese brocardo ciceroniano es poco más que una obviedad que todo el mundo comparte, pero que no nos ayuda a precisar lo que necesitamos, no lo creo así. Además de los ensayos de los profesores A. López y F. Llano a los que acabo de referirme, algunos <clásicos modernos> nos ayudan a esclarecer el profundo sentido del patriotismo republicano formulado por Cicerón. Pienso por ejemplo en H.Arendt en su ensayo “La promesa de la política”[2], en G.Agamben en “El sacramento del lenguaje” (Homo sacer, II)[3] y, sobre todo en el Foucault del curso de 1981-82, “La hermenéutica del sujeto”[4].

La clave está, evidentemente, en lo que entendamos por <salus populi> (que, dicho sea de paso, no es exactamente <salus publica>, una expresión más tardía). Pues bien, sobre el sujeto de la expresión, ese <populi>, creo que los dos primeros ensayos dan en el clavo al apuntar que Cicerón trata de indicarles a los magistrados que el criterio guía es lo que es <sagrado>, el punto de intersección entre fas, mos y ius, precisamente porque es imprescindible para la vida de los ciudadanos. Porque cuando Cicerón habla del pueblo, piensa en los ciudadanos de la república que defiende. Y no olvidemos que Cicerón entiende que para que podamos hablar de <pueblo> en sentido político (republicano), no basta que exista una multitud, una agregación de sujetos. En su De Republica 1, 39 lo explica bien: “coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus”: son el interés común y el consenso jurídico los que hacen aparecer el demos. Por so, para Cicerón, como ha recordado Ferrajoli, la clave de la existencia de una verdadera res publica, es la ley, el derecho como regla común que rige la convivencia y permite dirimir qué es verdaderamente el interés común, entre todos los intereses en concurrencia. En ese sentido creo que Ferrajoli tiene razón: hasta que aparece la ley (hoy diremos, la Constitución) el pueblo no es sujeto político.

Esta primera pista me parece relevante si pensamos en las decisiones que nos esperan en el Consejo Europeo del 17 y 18 (y quizá en lo que siga), decisiones a las que con toda justicia cabe el calificativo de históricas. Lo primero para que esas decisiones estén a la altura del desafío, en sentido positivo, es que se ajusten al núcleo del Derecho europeo que permite establecer qué es lo común, aquello que da sentido, que permite hablar de unión. Por eso, el verdadero cemento de la Unión Europea es el Estado de Derecho, en su desarrollo hacia lo que es específico del modelo europeo, el Estado social de Derecho, que hoy enunciamos en términos de Estado constitucional. Y a ese núcleo que permite hablar de “unión” europea, pertenece la idea de solidaridad, junto con la idea de equidad, el principio de <justice as fairness>. No hay unión sin la solidaridad, entendida como conciencia conjunta de derechos y deberes de los europeos y eso se pone a prueba precisamente ahora, en la pandemia del COVID19. Si esa pretendida Unión no sirve para que los europeos actuemos solidaria y proporcionalmente al riesgo común, ¿para qué nos sirve la UE? Si en esta coyuntura, millones de europeos se ven tratados como ciudadanos de segunda, difícilmente podrá exigírseles que sigan apostando por la UE. Y no hablo de subsidios o de caridad, de donaciones gratis et amore. No se trata de la solidaridad entendida como una ayuda que se presta a los manirrotos, por piedad. No hay solidaridad jurídica sin rendición de cuentas, porque no hay solidaridad jurídica en democracia, sin responsabilidad, lo que es tanto como decir sin control. Pero tampoco me parece admisible el trato cuasi colonial que parece inspirar algunas de las posiciones avanzadas por los condescendientes líderes de la soidissant frugalidad. Si formamos parte de la Unión es porque tenemos en común, insisto, una conciencia conjunta de derechosy deberes y esa conciencia debe activarse precisamente ante una amenaza común que afecta en mayor grado a unos que a otros, pero que debe ser sentida como propia de todos. De esta pandemia, de sus consecuencias sociales y económicas, no podremos salir, si no es todos juntos. Por eso esta, quizá más que nunca, es la hora de Europa. La hora de comprobar qué significa para unos y otros ser europeos.

La segunda pista que nos ofrece la lectura de Cicerón atañe más al sentido de la noción de <salus>. Y aquí me sirve sobre todo la investigación de Foucault, que propone, como es sabido, hasta media docena de acepciones, remontándose al origen griego: <salus> es <soteria> (Σωτηρία), del verbo <sozein> (σώζειν). Lo que tiene en cuenta como mandato supremo el jurista y político romano es, ante todo, salvar a los ciudadanos de un peligro, de una amenaza, de un riesgo. Esta es, ni más ni menos, la primera tarea que los europeos necesitamos que emprendan en serio nuestros gobernantes: salvarnos de la amenaza del COVID19 y de sus terribles consecuencias sanitarias, económicas, sociales. Pero Foucault apunta también otro sentido: <sozein>, salvar, significa también hacer el bien, asegurar el buen estado de alguien, de algo, de un grupo; su bienestar. Y de eso va también el desafío a cuya altura deberían estar los gobernantes europeos en este fin de semana: acordar un plan que sea garantía de la cohesión social, de la protección de todos los europeos, comenzando por los más vulnerables en esta crisis, tal y como ha propuesto desde el primer momento a nuestros socios europeos el Gobierno de España que preside Pedro Sánchez. Y eso no será posible si, en lugar del modelo depredador del sistema de fundamentalismo de mercado, no nos orientamos a lo que bien se ha denominado el Green Social Deal, que exige los esfuerzos concertados de todos.

Salvar a los ciudadanos de la amenaza de la pandemia y de sus consecuencias socioeconómicas. Y cuando hablo de ciudadanos entiendo el término en el sentido inclusivo, a todos los residentes, a los que se encuentran viviendo entre nosotros; muchos de ellos, arriesgando sus vidas en trabajos -recolección agrícola, distribución de alimentos, étc- sin los que no habría podido continuar la vida, nuestra vida. Devolverles el bienestar, la satisfacción de sus necesidades básicas de modo digno, comenzando por los más vulnerables. He aquí dos guías a extraer de esa inspiración republicana, ciceroniana, que enlazan bien con aquello de León Felipe: “…no es lo que importa llegar sólo, ni pronto, sino con todos y a tiempo”.

Recuerda Angel M. López las palabras de Borges acerca de la definición de clásico: «…clásico no es un libro…que necesariamente posee tales o cuales méritos; es un libro que las generaciones de los hombres, urgidas por diversas razones, leen con previo fervor y con una misteriosa lealtad» Y concluye: «es este <previo fervor> el que siempre nos unirá leyendo a Cicerón». No puedo estar más de acuerdo con el maestro de juristas de la Universidad hispalense. Ojalá que así lo sintiesen al menos algunos de nuestros representantes reunidos en Bruselas y en cuyas manos está reafirmar el sentido de la Unión.


[1] Cfr. Angel M. López y López, “Por qué Cicerón nos sigue interpelando hoy”, Quaderni Fiorentini per la Storia del pensiero giuridico moderno, 48 (2019), pp. 707-725. El libro de Fernando Llano es El gobierno de la razón. La filosofía jurídica de Marco Tulio Cicerón, Thomson/Aranzadi, 2017

[2] H. Arendt, “La promesa de la política” (tard de E Cañas y F. Birulés). Hay una primera edición en Austral, creo que agotada. Puede consultarse la edición de Paidós, Barcelona, 2008.

[3] G. Agamben, El Sacramento del lenguaje. Arqueología del juramento, Homo sacer, II, (trad de A. Gimeno), Pretextos, 2011.

[4] M. Foucault, Hermenéutica del sujeto. Cursos del Collége de France 1981-82, (trad. de H. Pons), Akal, 2005.

LAS DEVOLUCIONES EN CALIENTE: LA HORA DEL LEGISLADOR (VERSIÓN EXTENDIDA DEL ARTÍCULO PUBLICADO EN INFOLIBRE, 19DE JUNIO DE 2020)

Devoluciones en caliente: la hora del legislador

Javier de Lucas

Infolibre, 19/06/2020 a las 06:00

https://www.infolibre.es/noticias/opinion/columnas/2020/06/17/devoluciones_caliente_hora_del_legislador_107855_1023.html

La sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (STEDH) de 13 de febrero de 2020, recaída en el caso N.D. y N.T. contra España y adoptada por unanimidad, supuso una sorpresa muy negativa entre los medios jurídicos que trabajan en el ámbito de la garantía de los derechos humanos de los inmigrantes y demandantes de asilo y también en ámbitos jurídicos de prestigio: así, el Consejo General de la Abogacía o ACNUR denunciaron el olvido por parte del TEDH de la infracción de derechos reconocidos en la Convención para las personas refugiadas de 1951. El Relator especial de Derechos de los Trabajadores Inmigrantes y la Asociación Jueces y Juezas para la Democracia recordaron por enésima vez, frente a esta STEDH, que la práctica de las “devoluciones en caliente” vulnera el derecho a defensa y a un juicio debido, como lo hizo en reiteradas ocasiones el Comisario Europeo de derechos humanos al resaltar que tales devoluciones «impiden que los inmigrantes ejerzan de modo efectivo su derecho a buscar protección internacional». Y podría seguir. Pero ante todo, resumamos algunos elementos de la discusión.

Como se recordará, los hechos remiten al 13 de agosto de 2014, cuando N.D. y N.T., ciudadanos nacionales de Mali y Costa de Marfil respectivamente, participaron en uno de los saltos colectivos y traspasaron la frontera vallada de Marruecos con la ciudad autónoma de Melilla. La frontera es un entramado de tres vallas alambradas, con concertinas puntiagudas, sirga tridimensional e instalaciones de video vigilancia. Ambos ciudadanos entraron de forma ilegal en territorio de soberanía española. Ambos fueron enviados inmediatamente de vuelta por las autoridades españolas a territorio marroquí. Es decir, fueron objeto de la práctica de expulsión conocida popularmente como “devoluciones en caliente”. Como es sabido, se trata de prácticas supuestamente legalizadas por la disposición final primera de la L.O. 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana (la ley mordaza), titulada “Régimen especial de Ceuta y Melilla”, por la que se añadió una disposición adicional décima a la L.O. 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

La representación jurídica del Gobierno español ha negado siempre (tanto la del Gobierno del señor Rajoy como la del actual, al mantener el recurso ante la Gran Sala) que se trate de expulsiones insiste en hablar de rechazos en frontera, desde el curioso concepto operativo de frontera que, en lugar de atenerse al trazado oficial acordado por Tratado entre España y Marruecos, retrotrae la misma hasta la última valla, donde supuestamente comenzaría el territorio de soberanía y jurisdicción españolas.

Se ha discutido en estos días acerca de la medida en la que el propio Tribunal Constitucional español se ve constreñido por esta sentencia, a la hora de dictaminar sobre el recurso de constitucionalidad interpuesto contra la mencionada L.O 4/2015. Creo que es el momento de señalar que, en torno a todo esto, se sobreponen varios malentendidos. Voy a referirme a tres.

Una sentencia desafortunada por ignorancia de los hechos e incompatible con principios elementales del Estado de Derecho

El primer malentendido consiste en repetir que esta STEDH resuelve sobre la práctica de las “devoluciones en caliente”. En puridad, no es así. El fallo, de forma a mi juicio errada, se ha limitado a sostener que España no es responsable de la expulsión (la sentencia deja claro que no hubo rechazo, sino expulsión, porque N.D. y N.T. estaban en territorio de soberanía española, ergo bajo jurisdicción española), porque N.D. y N.T. eligieron cruzar la frontera, pero no a través del paso legal de Beni Asar, sino de forma cualificadamente ilegal: junto con otros, de forma violenta, saltando el triple vallado.

Pues bien, ante todo, deja perplejos a todos los que conocen mínimamente la situación en la frontera de Melilla la oceánica ignorancia o desprecio de esa realidad por parte del TEDH. ¿Eligieron? Los magistrados del TEDH muestran un total desconocimiento de la realidad de la práctica en la frontera, es decir, de los hechos: como sabe cualquiera que se haya tomado la molestia de ir allí, de conocer lo que allí sucede, o cualquiera que haya leído los múltiples informes elaborados por diferentes organizaciones de defensa de los derechos humanos, para las personas de origen subsahariano no existe de hecho posibilidad alguna de cruzar el paso fronterizo u obtener visado o resolución favorable a la tramitación de la demanda de asilo en ese paso fronterizo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la L.O. 12/2009 reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.

El informe de CEAR como tercera parte ante el TEDH es contundente: “Según el Ministerio de Interior, durante el año 2018, solo un 0,67% de las solicitudes de asilo fueron presentadas en representaciones diplomáticas españolas únicamente en la modalidad de extensión familiar. Por otro lado, las opciones de conseguir un visado de trabajo para alguien procedente de un país de África subsahariana son mínimas por no decir imposibles. En los consulados o Embajada de Marruecos tampoco existe esta opción y además las personas subsaharianas en este país sufren una continua persecución y discriminación por parte de las autoridades alauíes… Tampoco existe una opción de acudir a esta vía desde Marruecos o desde los países limítrofes a Malí o Costa de Marfil”. Por no decir que las oficinas de asilo en frontera se encuentran en territorio español (no en el marroquí, de Beni Ansar) y no sólo no se encontraban abiertas en el momento de producirse los hechos (como se puede leer en el parágrafo 152 de esa STEDH), sino que, al expulsar de forma inmediata a los dos demandantes, se les impidió en cualquier caso la personación en dichas oficinas. Aún más, la Organización independiente británica Forensic Architectures (www.forensic-architecture.org), ha publicado un informe sobre la frontera de Melilla, elaborado en colaboración con el European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) de Berlín, que pone en cuestión la sentencia dictada por del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en febrero de 2020 en el caso ND y NT contra España y muestra que los argumentos de hecho que presentó España y el TEDH consideró probados, son falsos. El informe se puede consultar en https://www.youtube.com/watch?v=0qICrF569oU&feature=youtu.be

Pero con ser eso grave, la tesis de fondo del TEDH es verdaderamente difícil de admitir desde los principios básicos del Estado de Derecho (ya no digamos desde el garantismo): supone que el derecho básico a defensa y a un procedimiento debido se pierde cuando se actúa de forma ilegal y criminal. Dejemos aparte (que es mucho dejar) el hecho de que no ha habido ocasión de probar ante un juez si ND y NT cometieron una falta administrativa (cruzar la frontera sin papeles) o si, en efecto, realizaron delitos contra las fuerzas de seguridad. Lo relevante no es eso, sino que se considera que esas tres circunstancias sumadas (que se saltara la valla, que el salto fuera colectivo, que se utilizara violencia) suspenden justificadamente un derecho humano absolutamente clave para que podamos hablar de Estado de Derecho. Ni la persona que haya cometido el crimen más repugnante ve suspendido su derecho a defensa y a un procedimiento debido. Es terrible que un Tribunal de derechos humanos lo ignore. Y a ello hay que sumar un elemento que resulta particularmente oportuno recordar en vísperas del Día Mundial de los Refugiados: «En la medida en que se trata de actuaciones de hecho que permiten eludir el procedimiento administrativo preceptivo en las actuaciones de expulsión del territorio de extranjeros que hayan entrado de forma ilegal, posibilitan burlar la observancia de las debidas garantías y salvaguardas procesales, privan a las personas necesitadas de protección internacional del acceso al derecho de asilo contemplado en el artículo 13.4 CE y sobre todo, atacan el núcleo del Derecho internacional de refugiados, el principio de non refoulement» (artículo 33 de la Convención de Ginebra).

Sobre el papel del TC ante las devoluciones en caliente

El segundo malentendido afecta, como decía, a la vinculación del Tribunal Constitucional (TC) por la sentencia del TEDH. En estos días se ha hablado en informaciones periodísticas y en especulaciones de tertulianos sobre la necesidad de encontrar un punto de equilibrio entre la STEDH y el recurso contra la “ley mordaza” que denunció su inconstitucionalidad y exigió la eliminación de esta práctica y que el TC debe ahora resolver. Por las razones que ya he expuesto, me parece jurídicamente poco sostenible que se sugiera que el TC puede elegir una “vía intermedia”: validar las devoluciones en caliente y la suspensión de derechos que comportan, pero no en todos los casos, sino sólo en los que concurran esas tres circunstancias mencionadas.

Pero es que no hay tal necesidad. Como advirtió en los días inmediatos a la Sentencia el profesor Presno Linera (cfr. “Algunas consideraciones sobre los efectos de la Sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre las <devoluciones en caliente>”, https://presnolinera.wordpress.com/2020/02/14/algunas-consideraciones-a-proposito-de-los-efectos-de-la-sentencia-del-tribunal-europeo-de-derechos-humanos-sobre-las-devoluciones-en-caliente/), a la hora de enjuiciar la constitucionalidad de las “devoluciones en caliente” el Tribunal Constitucional tendrá en cuenta lo que acaba de decir la Gran Sala del TEDH, pero eso no implica que su fallo dependa, en exclusiva, de que dichas prácticas hayan sido declaradas conforme al CEDH, porque esas medidas deben ajustarse, en todo caso, a lo previsto por los preceptos constitucionales que regulan el asilo y la tutela judicial efectiva. Pues bien: el TC no debería dar primacía a lo que resulta compatible, según el TEDH, con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en caso de que la Constitución española hubiera elevado (como de hecho es así) el ámbito de protección de los derechos. Ni el Convenio Europeo de derechos humanos (CEDH) ni la jurisprudencia del TEDH –al menos desde el punto de vista de una teoría de los derechos fundamentales adecuada a nuestra Constitución– pueden originar límites adicionales a los derechos protegidos por la Constitución española, más allá de los previstos en la legislación orgánica (en este caso la Ley de extranjería, por vía de la Ley de seguridad ciudadana).

Dicho de otra manera, no todo lo que el TEDH considera compatible con el CEDH (Convenio Europeo de Derechos Humanos) es necesariamente compatible con nuestra Constitución, que mantiene un standard más garantista (hasta hoy), por ejemplo, en materia de asilo y garantía judicial efectiva en cuestiones que pueden afectar a los derechos humanos de no nacionales. Lo cierto es que el TEDH, garante de los Derechos Humanos comprendidos en el Convenio Europeo, ha optado en este fallo por lo que se ha calificado –a mi juicio, con acierto– como un enfoque punitivista de protección de tales derechos, reduciendo la titularidad de los mismos a aquellos individuos que no hayan cometido una infracción administrativa, como es la entrada irregular al territorio. Por tanto, puede alegarse que, en virtud del art.53 del propio CEDH, tanto nuestro Tribunal Constitucional como el propio Gobierno español no tienen por qué vincularse a ese standard menos garantista que acaba de fijar este STEDH. Y es que, sin duda alguna, es un principio básico del Estado constitucional de Derecho el que la circunstancia de que una persona haya cometido un acto criminal no le priva del derecho a la protección judicial efectiva. Contra lo que sostiene el TEDH, entrar irregularmente en España no priva del derecho a defensa y a una decisión judicial que justifique la expulsión.

La hora del legislador

Y llegamos al malentendido final: la solución ante los problemas que plantean las prácticas de “devoluciones en caliente”, a mi juicio, no está en manos de los jueces, ni aun del Tribunal Constitucional. La solución real está en manos del legislador. Es hora de responder a una demanda que, por cierto, es un clamor popular: derogar la L.O. 4/2015, la ley mordaza al menos desde luego en su malhadada disposición final primera.

Desde ese punto de vista, me parece que son muy razonables las propuestas concretas formuladas en un reciente manifiesto de CEAR titulado “Por una política migratoria y de asilo propia de una sociedad democráticamente avanzada”. Me voy a referir sólo a dos:

La primera y más evidente es la necesidad de la derogación de la disposición adicional 10ª de la L. O. 4/2000 introducida a través de la disposición final 1ª de la L.O. 4/2015, que regula ad hoc el rechazo en frontera en Ceuta y Melilla y propicia así las “devoluciones en caliente”, una práctica imposible de conciliar con la legalidad interna e internacional, frente a lo que literalmente expresa la propia disposición adicional 10ª que remite a la legalidad internacional. En efecto, esa disposición supone una violación directa del principio de non-refoulement, sobre el que descansa toda la arquitectura legal de la Convención de Ginebra de derecho de refugiados y es incompatible con el derecho a defensa y a un procedimiento legal individualizado previo a todo acto administrativo de expulsión (que, además de asistencia letrada y control judicial efectivo, incluye por ejemplo el derecho a disponer de traducción en las comunicaciones que afecten a la persona a la que se trata de expulsar).

En segundo lugar, la modificación de la restricción sobre solicitud de asilo, desde la formulación del artículo 38 de la L. O. 12/2009, que convierte la tramitación de solicitudes recibidas en embajadas y oficinas consulares españolas en una facultad discrecional del embajador o representante consular español, que podrá, o no, decidir la tramitación, acabando así con la interpretación más favorable que obligaba a los representantes diplomáticos españoles a cursar las solicitudes presentadas en sus legaciones, conforme a la tradición latinoamericana del asilo diplomático, que España mantenía como excepción entre los Estados miembros de la UE.

No sigamos propiciando que los desplazamientos de población de carácter forzado, tanto de quienes buscan refugio como de aquellos que tratan de encontrar trabajo y vida digna, se conviertan en una carrera contra la muerte, objeto de necropolítica. Propiciemos vías legales y seguras. Defendamos a quienes necesitan que les ofrezcamos un refugio. Convirtamos en hechos las recomendaciones del Global Compact on legal ordelry, safe and regular Migration y del Global Compact on Refugees de Naciones Unidas, de diciembre de 2018.

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* Javier de Lucas es catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia y senador por Valencia, elegido en las listas del PSPV-del PSOE como independiente.

Menos retórica y más medios en las Universidades para el curso 2020-21 (versión extendida del artículo publicado el 10 de junio de 2020 en el diario Levante-EMV, «Conjugar autonomía y co-responsabilidad en las Universidades»)

Comenzaré por negar un tópico al que se recurre con demasiada frecuencia: contra el mantra de la ausencia de control, las universidades españolas se cuentan entre las instituciones más sometidas a crisis, a crítica y autocrítica. Y es difícil encontrar un colectivo que pase por más evaluaciones (también externas) como los profesores e investigadores universitarios. Aún así, al mismo tiempo se impone reconocer que también es difícil encontrar el grado de cainismo y, paradójicamente, de gremialismo, que se vive en los campus. Un fenómeno incrementado, creo, por el sistema creado para fomentar la competencia investigadora (que no docente) y para evaluar la selección y promoción del profesorado desde la ANECA, institución manifiestamente mejorable. Un sistema que, a juicio de muchos de quienes hemos desempeñado competencias de evaluación del profesorado universitario, se ha revelado no sólo erróneo, sino muy perjudicial.

La gran recesión de 2008 y las políticas de austeridad que la siguieron, añadieron a esos males endémicos un grave problema de financiación: como recordaba en un artículo reciente el vicerrector de la UJI, el profesor Modesto Fabra, evocando el Informe “¿Quién financia la universidad?” publicado en 2017 por el Observatorio del Sistema Universitario, entre 2009 y 2015 las universidades públicas españolas sufrieron una caída de recursos sin precedentes, superior al 20 %. España pasó de estar en la media de países de la OCDE en lo relativo al porcentaje del PIB dedicado a universidades, a ser el sexto país por la cola, destinando únicamente un 79 % del promedio de la OCDE.

En esa situación de debilidad de recursos, incrementada a su vez en el caso de la Comunidad Valenciana por el déficit que la aqueja comparativamente desde hace años, ha llegado la pandemia. Las expectativas con las que las Universidades deben afrontar el futuro inmediato no ofrecen pues, motivos para el optimismo. No lo es, por ejemplo, el hecho de que en la muy acertada medida adoptada por el Gobierno de reservar para Educación 2000 millones de euros del fondo extraordinario que ha concedido a las CCAA, no se incluya la educación universitaria. Tampoco que, mientras el Ministerio de Universidades ha decidido la supresión de la horquilla de tasas y ha fijado unos precios máximos de matrícula que nos sitúan en el escenario de 2011, al mismo tiempo que, conjuntamente con el de Educación, ha optado acertadamente por bajar el requisito académico para la obtención de becas, no se avizoran mecanismos complementarios que permitan a las Universidades recabar ingresos. En las recomendaciones publicadas esta misma semana por el ministerio de Universidades, hay muchas sugerencias pero ninguna concreción de medios que se vayan a poder a disposición de profesores, personal de administración y servicios, más allá de la remisión a páginas web para ver tutoriales…

Por supuesto, el condicionamiento que nace de las carencias del modelo de financiación autonómica, que no garantiza en las comunidades autónomas recursos suficientes para atender el gasto creciente en los distintos servicios públicos esenciales y en particular en sanidad y educación, y en particular en Universidades, la tradicional hermana pobre, es una losa. Y es imperativo llegar a acuerdos al respecto. Acuerdos no sólo entre el Gobierno central y las CCAA, sino también acuerdos dentro de las CCAA, acuerdos entre las administraciones con competencia universitaria y los rectorados y representantes de los trabajadores y estudiantes de las Universidades. Acuerdos que signifiquen que la sociedad civil no sólo debe exigir la mayor transparencia en la rendición de cuentas por parte de las propias Universidades, que demuestre el mejor aprovechamiento de los recursos, sino implicarse en mejorar su calidad y condiciones, por ejemplo, en la participación en el I+D+I y también, por qué no decirlo, en el mecenazgo de las Universidades. Algo se ha conseguido, pero estamos lejos, lejísimos de que el servicio público esencial que son las Universidades sea asumido omo tal por las administraciones e, insisto, por la sociedad civil.

Pero no escribo sólo para reforzar la habitual (y, a mi modo de ver, justificada) queja de las Universidades por la inconsecuencia que supone su considerable abandono por parte de los poderes públicos y la sociedad civil. Creo que los propios universitarios y, de modo específico, sus autoridades, es decir, los Rectorados de las Universidades y la CRUE, deben asumir que el principio de autonomía universitaria exige algo más que estar a la espera de las iniciativas del Ministerio y de las consejerías de las CCAA sobre cómo se va a afrontar el próximo curso académico. Exige co-responsabilidad, como recordaba recientemente el President Puig en una reunión con diputados y senadores socialistas valencianos. Y las Universidades deben tomar la iniciativa de abrirse más aún (porque ya se ha caminado en esta vía y hay ejemplos muy positivos) a las negociaciones con los agentes de la sociedad civil, para desarrollar un intercambio que redundará positivamente en la transparencia de la aportación y responsabilidad social de las Universidades, sin demérito de aquello que, a mi juicio, es más preciado: su independencia, su carácter de motor crítico de la sociedad.

Ruboriza tener que argumentarlo una vez más: la educación e investigación superiores son condición sine qua non de la adaptación del tejido social a las nuevas exigencias, a las respuestas a los riesgos y amenazas que debemos afrontar. Con todo respeto, tanto como las terrazas, los bares y los restaurantes, si no más. Es incongruente proclamar que una de las lecciones que hemos aprendido de la pandemia es la necesidad de invertir prioritariamente en Ciencia (en innovación también se añade) y olvidar que la mayor parte de esa ciencia, investigación e incluso innovación, se lleva a cabo en las Universidades. Pero es que, además, la aportación de las Universidades no se reduce a su contribución a la ciencia, investigación e innovación. Las sociedades democráticas exigen ciudadanía informada, crítica y activa. Y esa ciudadanía depende en buena medida del conocimiento crítico que la investigación básica y la docencia proporcionan mediante la educación superior. Por no hablar del hecho indiscutible de que la calidad de la docencia universitaria influye en la calidad de buena parte de nuestros profesionales, de los agentes de la sociedad civil. La Universidad, insisto otra vez, como el resto de los niveles educativos, es un servicio público esencial.

Esperamos que todo eso se incluya en el debate sobre ese nudo gordiano de la financiación autonómica y de la financiación específica de la sanidad y educación, también la universitaria, como prioridades en las políticas públicas. Mientras tanto, como casi siempre, lo cierto es que, a quienes forman parte de la comunidad universitaria, es decir, profesores, investigadores, personal de administración y servicios y estudiantes, no les basta con declaraciones generales, retóricas, que como mucho se limitan al carácter semipresencial o completamente online del curso 2020-21 o del primero de sus semestres.

Por ejemplo, de cara al curso 2020-21, hay aún tiempo suficiente para que los Rectorados actúen de forma positiva y proactiva y no se limiten, como se ha hecho en estas semanas del segundo semestre del curso 2019-2020, a declaraciones retóricas y a un aluvión de documentos burocráticos que no suponen otra cosa que apelar como siempre al sacrificio y generosidad del profesorado y del personal de administración y servicios, con el fin de exigirles que modifiquen y adapten programas y guías docentes y métodos de evaluación, al tiempo que se les pide (como en los demás niveles educativos) que sean capaces del esfuerzo sobreañadido de transformar su actividad, para incluir un contacto telemático constante que, en caso de titulaciones con importantes ratio profesor/estudiante, resulta difícil de mantener de forma sobrevenida, al mismo tiempo que se concilia familiarmente y se investiga durante el confinamiento. Por no añadir que todo eso se ha hecho con el agravante de perentoriedad y sin proporcionar ningún soporte adicional, salvo las tradicionales palabras de solidaridad y promesas de reconocimiento que raramente se traspasan a los hechos…

Sí, hay que tomar en serio la autonomía universitaria en el sentido también de responsabilidad o, como mínimo, co-responsabilidad de los universitarios, de todos los que componen la comunidad universitaria, pero no sólo de estudiantes, personal de administración y servicios y profesores e investigadores. Es la hora, más que nunca, de que las autoridades universitarias con capacidad de decisión, los rectorados y la CRUE de un lado, exijan medidas factibles y, de otro, ofrezcan soluciones y no sólo declaraciones retóricas y exhortaciones al esfuerzo y sacrificio común.

Cabe como mínimo esperar y exigir de nuestras autoridades universitarias, que para eso han sido elegidas (aunque, ciertamente, nadie pudiera prever que les tocaran las circunstancias extremamente excepcionales que supone la pandemia), esperar y exigir, insisto, al menos pronunciamientos claros sobre medidas concretas, tal y como se lo han reclamado sindicatos universitarios, en un arco ideológico amplio que va de CCOO a CSIF: esta situación no se puede afrontar si no se pone todo el esfuerzo para incrementar las plantillas de PDI y de PAS. Por eso, esperamos de los rectorados y la CRUE, porque ese es su trabajo, y no sólo hacer declaraciones genéricas y reconocimientos genéricos a la capacidad de esfuerzo y sacrificio, esperamos, digo, que presionen y encuentren soluciones que permitan obtener los medios adecuados.

Menos retórica, menos exhortaciones al sacrificio y al esfuerzo, y más concreción en la puesta a disposición de los medios adecuados para que no sufra merma la calidad de la actividad docente universitaria: eso es lo que esperamos de las autoridades académicas, de la CRUE y de los rectorados. Proporcionar los medios adecuados exige en primer lugar adecuadas dotaciones presupuestarias (del Ministerio, de las CCAA) por las que deben negociar la CRUE y los Rectorados. Por eso, proporcionar los medios adecuados pasa ante todo por el incremento y consolidación de plantillas. Pero también exige facilitar infraestructuras técnicas (equipos informáticos, plataformas digitales, etc), así como remodelar los espacios disponibles, a fin de acondicionarlos para los requisitos que exige la salud pública en la enseñanza presencial, a la que no se debería renunciar, aunque pueda combinarse con modelos online. Proporcionar medios adecuados, significa que los trabajadores (y los estudiantes también) tengan un espacio seguro de trabajo (lo que en su caso puede requerir realización de pruebas de PCR y seroprevalencia), velando por la seguridad de los grupos de riesgo a los que debe garantizarse el teletrabajo. Hablando de teletrabajo, no podemos demorar la concreción de las garantías de los derechos laborales en el teletrabajo (cuyo único marco normativo, por cierto, es por ahora el muy genérico Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo de 2015). Por supuesto, medios adecuados comportan medidas que garanticen la formación específica en nuevas tecnologías para el profesorado y el personal de administración y servicios, en lugar de confiarlo a la propia iniciativa de los trabajadores (y a las propias herramientas de trabajo que consigan). es decir, que las autoridades académicas concreten de una vez la tan retórica habitual sobre “la apuesta decidida de las Universidades por el aprendizaje y la mejora de las competencias y habilidades digitales de los trabajadores de forma continua y permanente”.

Y, en lo relativo a los estudiantes, para garantizar la igualdad, es preciso comprometerse eficazmente en el acceso equitativo a las herramientas (incluidas tablets u ordenadores personales) y en la formación en los nuevos hábitos en lo que toca a los recursos e instrumentos docentes. Un esfuerzo especial se ha de poner en garantizar el papel primordial las bibliotecas universitarias y también el trabajo seguro en laboratorios y lugares de prácticas… ¿seguimos? Quedan aún tres meses. Asuman con hechos el liderazgo de este trabajo que se espera de todos y cada uno de nosotros.

De nuevo sobre política, ciencia y certeza. Conferencia de clausura de la edición 2019-2020 del Master de derechos humanos, democracia y justicia internacional (10 de junio de 2020)

SOBRE POLITICA, CIENCIA Y CERTEZA, A LA LUZ DE LA PANDEMIA

Javier de Lucas

Sobre la dificultad de decidir, sin plena certeza

¿Cómo estar seguros de que las decisiones políticas son apropiadas, necesarias, proporcionadas? ¿Pueden proporcionarnos certeza esas decisiones? Este es uno de los debates clave que nos plantea la gestión de la pandemia, al mismo tiempo que, quizá, uno de los más complejos. Baste pensar en la perplejidad que produce que un responsable político habitualmente ponderado, el lehendakari Urkullu, le espetara al presidente del Gobierno en una de las conferencias que éste mantuvo con los Presidentes de las Comunidades Autónomas, que no era de recibo que sus indicaciones políticas carecieran de <certeza>. Habría que preguntarle a su vez al lehendakari ¿quién y cómo la puede proporcionar?

La primera tarea de todo gobierno, tal y como lo enunciara Hobbes, es garantizar la vida de los gobernados. Hasta el punto de que el genial pensador admite una sola excepción a la sumisión al poder ilimitado que los ciudadanos ceden al monstruoso Leviathan: precisamente la ausencia de esa seguridad[1]. Esta es la condición que hace posible todos los demás objetivos de la acción política. Algunos, siguiendo esa lógica, hablan de una contradicción o, al menos, de tensión límite entre seguridad y libertad, que justificaría sacrificar nuestra libertad en aras de la seguridad. Pero creo que es un planteamiento falaz.

En regímenes dictatoriales o autoritarios, los ciudadanos son súbditos y no tienen más remedio que abandonarse a la fe en su gobierno, o someterse sin más a él. Esos gobiernos pueden mantener la ficción de que siempre aciertan y que lo hacen por el bien del pueblo, con una sencilla y falaz alternativa: <o nosotros, (o la obediencia a nuestros mandatos), o el caos (la muerte)>. De donde, en efecto, frente a la libertad propia del estado de naturaleza y que nos hace devorarnos unos a otros como lobos (la guerra civil como el mal por antonomasia, al fondo), no hay opción: elegimos la seguridad. Pero en sociedades democráticas, abiertas, plurales, eso no funciona así. Los ciudadanos son mayores de edad y han superado, a la manera en que nos enseñó el psicoanálisis, el mito del padre que todo lo sabe y nos protege frente a cualquier peligro. Sabemos, como explicaron Rousseau y Kant[2], que esa seguridad de los calabozos, o, peor de los cementerios (la verdadera paz perpetua), no es tal. La seguridad es, ante todo, seguridad en y desde las libertades. Por eso, los ciudadanos pueden y deben someter a juicio crítico, a control, las decisiones de sus gobernantes, incluso (quizá, sobre todo) las que se adoptan en circunstancias excepcionales, en las que están en juego las vidas de todos. Eso no quiere decir que sea tarea fácil, ni siquiera en un momento histórico como el presente, en el que los ciudadanos llevamos en nuestro bolsillo, en nuestros smartphones, mucha más información que la que nunca antes estuvo al alcance de las élites de gobierno.

¿Necesitamos una revisión de los instrumentos que contribuyen a la percepción de que las decisiones políticas proporcionan certeza, seguridad? Quizá convendría comenzar por una breve reflexión sobre la forma en que el Derecho aparece omo la más poderosa herramienta de seguridad en nuestras sociedades: ¿sigue cumpliendo esa función?

El Derecho como instrumento de certeza social: sobre el sentido y alcance de la seguridad jurídica

Es comúnmente admitido que la primera de las funciones del Derecho es proporcionar seguridad en las relaciones sociales.

Seguridad, en primer lugar, como garantía del status de los individuos que pertenecen al grupo en el que existe ese Derecho como sistema normativo, es decir, garantía del conjunto de derechos y deberes de cada individuo del grupo, basada en la previsibilidad de las conductas del otro (incluido el poder institucional), gracias a la amenaza de la sanción que monopoliza el Derecho. En efecto, no es posible ninguna relación social sin un mínimo grado de seguridad sobre lo que cabe esperar de la otra parte; también del poder institucional. Y el Derecho, en eso, parece un instrumento eficaz: el otro se atendrá a la conducta que el Derecho ha establecido mediante la norma, porque en caso contrario sabe que será objeto de sanción que le obligará a realizar esa conducta prevista o una sustitutoria. Y la parte contraria puede así confiar en obtener esa conducta o una equivalente gracias a la sanción. La conducta del poder institucional (en un Estado de Derecho) resulta también previsible, porque está sometido asimismo al control del Derecho, gracias sobre todo al principio de legalidad, al de irretroactividad de las normas desfavorables (en particular, las penales) y a la división de poderes.

Pero esa previsibilidad, como acabamos de ver, se basa a su vez en la certeza de la norma, esto es, en que siempre existe una norma clara y que es eficaz, es decir, que se cumple inexorablemente.  Ambos predicados, sin embargo, contra lo que han pretendido algunos modelos explicativos de qué sea el Derecho como el iusnaturalismo racionalista o el positivimso legal formalista, no carecen de excepciones, incluso en un modelo de Estado constitucional. No siempre existe una norma cierta (hay problemas de lagunas normativas -situaciones no previstas, para las que no hay norma- y de antinomias o contradicciones entre normas, máxime en sistemas jurídicos plurales, como los de los Estados de la UE, con varias instancias normativas, dese la local, la autonómica, la estatal y la estrictamente europea). O sea, que incluso la certeza jurídica es tentativa, como subrayó el realismo jurídico frente al positivismo jurídico más formalista, con su crítica a la noción de validez como una creencia ingenua, paralela a la necesidad psicológica del padre[3].

La defectibilidad de la certeza que proporciona el Derecho se acrecienta en situaciones de grave excepcionalidad, en la que la necesidad de actuar es tan urgente que obliga a reducir excepcionalmente las reglas y procedimientos que tratan de garantizar la certeza. Esa necesidad obliga a una gestión política que recurre (como estamos viendo en nuestro país) a los supuestos de excepción previstos en los Estados constitucionales[4] y aún más, a una modalidad extrema, nunca vista, del fenómeno que Karl Schmitt ya advirtió en 1950 y que Ernst Forsthoff, calificara como “legislación motorizada”[5], para referirse a los nocivos efectos que sobre la seguridad jurídica suponía esta manía de legislador de producir cada vez más leyes y de menor duración el tiempo. Ese problema de teoría y técnica legislativa se complica aún más si concurre con lo que en conocido trabajo de 1993 el profesor Pérez Luño denominara “El desbordamiento de las fuentes del Derecho”, algo evidente en nuestro contexto jurídico, como Estado de estructura cuasi federal y miembro de la UE, lo que añade complejidad pluridimensional.

Sobre la responsabilidad de las decisiones políticas en la era de la pandemia

Volvamos, pues, a la pregunta inicial ¿Cómo guiarnos en esa prueba tan difícil para nuestra madurez cívica a la que nos somete la gestión política de la pandemia? ¿cómo podemos estar seguros de la certeza de esas decisiones, de las que depende, en sentido estricto, nada menos que la vida de miles de personas?

Una respuesta habitual es la que ya nos propusiera Platón, apoyada por cierto en la presunción de la unidad entre bien y verdad. Quien sabe, actúa bien, necesariamente. Ergo, si queremos certeza, fiémonos de los que saben.

Desde el filósofo rey hasta la fe ciega en el avance inexorable de la ciencia y la técnica, que fue proclamada por el positivismo del XIX y que se prolonga hasta hoy mismo, esa solución conduce a lo que los profesores Moreno, de Pinedo y Villanueva, en un artículo reciente de título muy sugestivo[6], denominan epistocracia, un modelo que discuten a fondo siguiendo las tesis de von Neurath. La epistocracia supone, cito, “la tesis del gobierno de los expertos y la crítica de la democracia. En este caso, se considera que la democracia, de existir, debe guarecerse en el consejo de los verdaderos especialistas”. Pero los supuestos en los que se asienta resultan más que discutibles, también en esta pandemia, pues, como añaden, “un hecho, registrado como protocolo científico, es algo complejo de determinar. Puede haber mentiras e incompetencia, pero quizá hay más… pensar en cómo tienen que actuar las instituciones a partir de la información que aportan los modelos, ni es sencillo ni puede llevarse a cabo con una regla y un compás. Especialmente cuando, como en el caso del covid-19, los modelos se construyen sobre datos heterogéneos y posiblemente corruptos, sujetos a un nivel de incertidumbre muy elevado, no es evidente qué significa para una institución actuar de manera razonable a partir de la evidencia”. Y por eso concluyen: “no sólo no hay forma “experta” de ponerse de acuerdo sobre quiénes son los expertos; ni siquiera es fácil reconocer dónde está la frontera entre los asuntos que involucran negociación sobre valores y preferencias y los asuntos que se resuelven sabiendo cómo son las cosas[7]….

Por eso me parecen completamente desafortunadas tesis como las publicadas recientemente (este domingo en Ideas), por el neurocientífico y catedrático de Columbia Rafael Yuste y Darío Gil, en su artículo “Urgencia de la ciencia”, en el que proponen “institucionalizar la ciencia en la cúpula del estado”, lo que se concretaría en una llamada a que los científicos hagan política, a que entren en cargos de decisión y se creen Vicepresidencias científicas (y también consejos asesores científicos que puedan tomar las decisiones en situaciones excepcionales[8]).

No digo con ello que, como ha escrito ácidamente la profesora Dapraz, nos encontremos ante <ciegos que guían a otros ciegos>, porque <la brújula de los científicos parece más bien una veleta>[9]. Pero me parece difícil de discutir que, comenzando por la propia OMS (que, pese a poder invocar que se rige por criterios científicos no puede ocultar la dimensión burocrática y el peso de los criterios <políticos> en su actuación debido a su dimensión intergubernamental[10], como sucede con toda la estructura de la ONU) y continuando por los muy diferentes Comités Científicos y equipos de investigación creados ad hoc en cada país, están muy lejos de ser el oráculo de Delfos que nos gustaría (que necesitamos) creer.

Por más que sea preciso destacar y agradecer la enorme contribución de esos equipos científicos, la crítica, incluso la autocrítica de la propia comunidad científica, es ineludible. Basta leer, por ejemplo, lo que en un artículo reciente considera el Premio Jaume I de Nuevas Tecnologías 2015, Pablo Artal, esto es, el gran fracaso de la ciencia española y que ejemplifica así: “La ciencia española no tiene una estructura sólida de ayuda al tejido productivo del país. En las últimas décadas, se ha promovido la actividad científica por resultados en publicaciones, primándose casi exclusamente la cantidad. Los científicos, para sobrevivir, nos hemos adaptado a esas directrices. Esto ha sido en parte beneficioso. Se han creado grupos de excelencia y competitivos en el entorno europeo. Pero se han destruido casi por completo las actividades de investigación menos glamurosas que ofrecían pocas opciones de generar publicaciones de relumbrón, pero que pueden resultar de importancia vital para una sociedad, en especial en tiempos de crisis. No tenemos una estructura científico-técnica que trabaje por objetivos estratégicos, como los laboratorios nacionales en otros países. Prácticamente, todo nuestro sistema se guía por una actividad independiente por parte de los científicos. Podríamos decir que es una ciencia puramente académica. Por ello tenemos buenos resultados en número de publicaciones, pero no existe un entramado que pueda responder en casos de dificultad, ni que ayude de manera eficiente al sector productivo. No tienen mas que ver nuestra actividad en patentes. No es por flagelarles mentalmente, pero conviene que sepan que una sola compañía tecnológica produjo el año pasado tres veces más patentes que toda España”[11].

Creo que Jürgen Habermas nos ha proporcionado una buena aproximación para orientarse en este debate. Lo ha hecho, de nuevo, en una reciente entrevista de Nicolas Truong en Le Monde[12]. En ella, señalaba algo que los estudiosos de lo que se conviene en denominar ámbito de la <razón práctica>, tienen muy en cuenta, en la tradición aristotélica que supo recuperar Kant: la defectibilidad constitutiva de ese uso de la razón (si se quiere, del conocimiento). Lo traduzco así: “la pandemia pone al alcance de la opinión pública internacional, de golpe y de forma simultánea un principio que hasta ahora sólo era cuestión de los expertos y no del gran público: la necesidad de actuar desde el conocimiento explícito de nuestro des-conocimiento. Con la pandemia, todos los ciudadanos aprenden que sus gobiernos deben tomar decisiones desde la plena conciencia de los límites del saber de los virólogos que les aconsejan. Y es así como se nos revela a plena luz, una luz cruel, cómo la acción política se lleva a cabo, por así decirlo, sumergida en la incertidumbre. Y es posible que esta inhabitual experiencia deje huella en la conciencia pública”.

Pues bien, por duro que parezca el mensaje, creo que hay que aceptarlo: ni siquiera la ciencia, ni la tecnología puesta al servicio de la biología, la farmacia y la medicina nos proporcionan esa certeza que instintivamente necesitamos. La ciencia no es el demiurgo que nos gustaría creer[13]. No es cierto que la ciencia deba saberlo todo, y por tanto el no saber lo que conviene es ignorancia culpable o interesada. La verdad es que la ciencia, aunque conoce muchas cosas, es sobre todo el proceso metódico de conocer: lo que nos falta por conocer excede con mucho a lo que conocemos.

No conoce las características de la ciencia, basada en el procedimiento prueba y error, quien nos propone la versión de la ciencia como conjunto de dogmas asentados e inatacables. La comunidad científica no funciona así. Popper lo formuló muy bien: la ciencia avanza mediante el recurso a <conjeturas y refutaciones>[14].

Como ha escrito Artigas, lo explican muy claramente Freeman y Skolimowski al subrayar que la clave del método científico es “llegar asintóticamente cada vez más cerca de la verdad”. En efecto, mediante el sistema de prueba y error, mediante la refutación,

(a) se reconocen los errores,

(b) se eliminan,

(c) se avanza más allá de ellos, de modo que

(d) se llega más cerca de un conocimiento más seguro, menos erróneo[15].

Por eso, lo que llamamos “evidencias científicas” nunca son definitivas. Y habría que añadir que en un contexto tan dinámico y complejo como el de esta pandemia global, pretender que contamos con evidencias científicas irrefutables es un disparate simplista. Permítame el lector añadir que no envidio el desafío al que están sometidos todos los equipos de investigación vinculados hoy a la lucha contra la pandemia y sometidos a una presión múltiple: la de los ciudadanos legos (como quien suscribe) que, literalmente, esperamos el milagro. La de los políticos que quieren exhibir que ya tenemos soluciones. La de los laboratorios, por hacerse con patentes (aunque parece que haya más cooperación que competencia)…

Por supuesto que todo ello no significa dejar de reconocer que es suicida adoptar decisiones políticas contra lo que nos indica la ciencia, siempre que no olvidemos lo que acabo de recordar que la ciencia, la comunidad científica, se caracteriza por una discusión abierta y en permanente corrección, que está muy lejos de esa versión popular de la ciencia como sistema de dogmas irrefutables y asentados de una vez para siempre. Entre otras razones, porque quienes investigan y quienes deciden en la pandemia del COVID-19 no se mueven con datos indiscutibles y completos, tal y como ha señalado una revisión científica de 31 modelos publicados hasta el 24 de marzo, realizado por un equipo de científicos de Holanda, Austria, Reino Unido y Alemania, publicado en la prestigiosa revista British Medical Journal. El estudio advierte que, con la pandemia de coronavirus en plena expansión, los modelos que intentan ayudar a los médicos a diagnosticar la Covid-19 o a saber si un paciente puede sufrir complicaciones o morir por la infección, no funcionan[16].

Es decir: no sólo es que los dirigentes políticos no deban escudar sus decisiones como consecuencia necesaria de dictámenes científicos. Es que no pueden hacerlo.

Parto, desde luego, de la presunción fuerte de buena fe y predominio del criterio del bien común en la inmensa mayoría de aquellos a quienes el azar ha puesto en centros de decisión durante esta pandemia.

Lo que trato de subrayar es no sólo la enorme responsabilidad que les ha tocado afrontar, sino sobre todo las condiciones trágicas en las que nuestros gobernantes deben decidir. Y por esa razón, me parecen mezquinos y falaces los juicios no ya peyorativos sino criminalizadores, tan comunes en redes, que comienzan asegurando que a los responsables políticos “les va en el sueldo” asumir la excepcionalidad de la situación porque para eso han sido elegidos, para terminar afirmando que no sólo no han estado a la altura de las circunstancias absolutamente excepcionales sino que son responsables directos de las muertes ocurridas en estas circunstancias excepcionales. Dicho esto, quiero dejar claro que tampoco intento convertirles en inimputables, ni eximirles de la crítica, ni del control, absolutamente imprescindibles en democracia.

Weber concluía sus reflexiones sobre la política y la ciencia como vocación, dos conferencias reunidas en El político y el científico, con esta afirmación:  «¡Sólo la persona que está segura de no desesperar cuando el mundo, desde su punto de vista, es de mente simple y debilitado para aceptar lo que sea que se tenga que ofrecer, y sólo la persona que sea capaz de decir ‘¡A pesar de Todo!’ tiene el llamado para la profesión de la política!». El político debe ser consciente de sus limitaciones, de la dosis de incertidumbre ineliminable, a la hora de prever el curso de las acciones que ha de dirigir. Pero ha de ser capaz de tomar esas decisiones y de persuadir a los ciudadanos de que vale la pena intentarlo. Pero sin engaño. La comunicación de las decisiones políticas debiera tener el coraje de venir presidida por este principio: decir la verdad a los ciudadanos. Lo que incluye reconocer las limitaciones, el grado de incertidumbre en el que nos movemos. Y, en segundo lugar, debe respetar a los ciudadanos como titulares del poder que él administra, es decir, debe atenerse al cumplimiento de lo establecido en las reglas de juego institucionales y en los principios que basan la acción política, que son, ante todo, la garantía y desarrollo de los derechos humanos. Con todo, esas condiciones no nos proporcionan la seguridad absoluta que nos gustaría, claro. Pero la pandemia ha venido a recordarnos también eso, que además de vulnerables y frágiles, ni sabemos todo, ni debemos actuar como si lo supiéramos.


[1] “La obligación de los súbditos con respecto al soberano se comprende que no ha de durar ni más ni menos que lo que dure el poder mediante el cual tiene capacidad para protegerlos. En efecto, el derecho que los hombres tienen, por naturaleza, a protegerse a sí mismos, cuando ninguno puede protegerlos, no puede ser renunciado por ningún pacto. La soberanía es el alma del Estado, y una vez que se separa del cuerpo, los miembros ya no reciben movimiento de ella. El fin de la obediencia es la protección, y cuando un hombre la ve, sea en su propia espada o en la de otro, por naturaleza sitúa allí su obediencia, y su propósito de conservarla. Y aunque la soberanía, en la intención de quienes la hacen, sea inmortal, no sólo está sujeta, por su propia naturaleza, a una muerte violenta, a causa de una guerra con el extranjero, sino que por la ignorancia y pasiones de los hombres tiene en si, desde el momento de su institución, muchas semillas de mortalidad natural, por las discordias intestinas”, Leviathan, capítulo XXI:”De la libertad de los súbditos”.

[2] Recuérdese el texto del Capítulo IV (“De la esclavitud”) del Contrato Social: “Se me dirá que el déspota asegura á sus súbditos la tranquilidad civil. Bien está; pero ¿que ganan los súbditos en esto, si las guerras que les atrae la ambición de su señor, si la insaciable codicia de este, si las vejaciónes del ministerio que les nombra, les causan más [11] desastres de los que experimentarían abandonados á sus disensiones? ¿Qué ganan en esto, si la misma tranquilidad es una de sus desdichas? también hay tranquilidad en los calabozos: es esto bastante para hacer su mansión agradable? Tranquilos vivían los griegos encerrados en la caverna del Cíclope aguardando que les llegara la vez para ser devorados. Decir que un hombre se da gratuitamente, es decir un absurdo incomprehensible; un acto de esta naturaleza es ilegítimo y nulo por el solo motivo de que el que lo hace no está en su cabal sentido. Decir lo mismo de todo un pueblo, es suponer un pueblo de locos: la locura no constituye derecho. Por su parte, Kant encabeza su panfleto sobre la paz perpetua con esta <claúsula salvatoria>: “A la paz perpetua. Esta inscripción satírica que un hostelero holandés había puesto en la muestra de su casa, debajo de una pintura que representaba un cementerio, ¿estaba dedicada a todos los «hombres» en general, o especialmente a los gobernantes, nunca hartos de guerra, o bien quizá sólo a los filósofos, entretenidos en soñar el dulce sueño de la paz?”.

[3] Me refiero a la crítica de Alf Ross a la noción de validez sostenida por Kelsen, como “construcciones metafísicas erigidas sobre la base de una falsa interpretación de la «fuerza obligatoria» experimentada en la conciencia moral” .

[4] En nuestro caso, básicamente se trata de lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución española de 1978 y en la Ley de desarrollo (L-O- 4/1981). Sobre ese particular, pueden leerse entre otros muchos estudios publicados recientemente, los artículos de los profesores Pérez Royo, “Alarma, excepción y sitio” (https://www.eldiario.es/contracorriente/ALARMA-EXCEPCION-SITIO_6_1016358378.html), del profesor J.Urías, “Estado de alarma y limitación de derechos: ni excepción ni suspensión” (http://blogs.infolibre.es/alrevesyalderecho/?p=5774, Presno Linera, p.ej.,”Estado de alarma, estado de excepción y libertad de circulación” ( https://almacendederecho.org/estado-de-alarma-estado-de-excepcion-y-libertad-de-circulacion/), Arbós “Derechos fundamentales y crisis sanitaria” (https://www.elperiodico.com/es/opinion/20200331/articulo-xavier-arbos-derechos-fundamentales-crisis-sanitaria-7912195), Tomás de la Quadra-Salcedo, “Límite y restricción. No suspensión (https://elpais.com/elpais/2020/04/07/opinion/1586245220_558731.html o Pedro Cruz Villalón, “La Constitución, bajo el estado de alarma” (https://elpais.com/elpais/2020/04/16/opinion/1587025782_733659.html

[5] Schmitt habló ya de das “motorisierte Gesetz”» en su Die Lage der europäischen Rechtswissenschaft, Tübingen, Internationaler Universitäts-Verlag, 1950, p. 20. Pero fue Forsthoff quien desarrolló el concepto en su Rechtsstaat in Wandel, Stuttgart, Kohlhammer, 1964. Recordaré que, por su parte, Irti (1978) anunció l o que denominó una etapa de <decodificación>, caracterizada por el recurso generalizado a las leyes especiales. En las décadas siguientes se popularizó esa crítica. Así, Luhman habló de “marea de leyes o hiperjuridificación (1986) y García de Enterría de “un mundo de leyes desbocadas” (1999). Sobre ello, Laporta, «Teoría y realidad de la legislación: una introducción general», en Menéndez Menéndez, A.; Pau Pedrón, A. (dirs.). La proliferación legislativa: un desafío para el estado de derecho, pp. 29-88, Madrid, Civitas, 2004, pp. 45 y 63.

[6] “Expertos: sólo los míos son buenos” (https://www.sinpermiso.info/textos/expertos-solo-los-mios-son-buenos),

[7] Y así, escriben: “Es difícil saber cuál es la naturaleza de los hechos sobre los que las instituciones deben actuar y más difícil todavía determinar cómo ha de ser el proceso de decisión a partir de esos hechos. La reflexión de las instituciones debe siempre partir de la información científica, pero involucra necesariamente cuestiones que pertenecen al ámbito de lo normativo

[8] Esta última propuesta, sin embargo, que ha sido formulada también por el astrofísico Avi Loeb, parece más interesante y deseable: cfr su Let’s Create an Elite Scientific Body to Advise on Global Catastrophes, publicado el 30 de abril: https://blogs.scientificamerican.com/observations/lets-create-an-elite-scientific-body-to-advise-on-global-catastrophes/

[9] Cfr. su “Science et pouvoir: quand un aveugle guide un aveugle”, Libération, 15 abril 2020, en el que escribe: “Et si la boussole scientifique, aussi humble soit-elle, n’était qu’une girouette dans la main des politiques? Qu’y a-t-il de pire: être aveugle et le savoir? On peut penser que c’est ce que vivent aujourd’hui de nombreux scientifiques, authentiquement déboussolés… Ou bien: être aveugle et croire qu’on a la situation en main ? A force de se croire maîtres et possesseurs de l’univers, nos gouvernants ont réussi à persuader certains scientifiques de se faire guides même chancelants de leur action publique. Double illusion, double aveuglement : quand un aveugle guide un aveugle, la chute de Scylla sera pire que celle de Charybde…”

[10] Así lo ha señalado, por ejemplo, el epidemiólogo López Acuña, quien, en una reciente intervención radiofónica, subrayaba esa dimensión intergubernamental, que lastra su independencia  y su sujeción a un reglamento de actuación modificado justamente después de la epidemia del SARS: “Lo que se ha hecho es seguir las pautas del reglamento sanitario internacional, pero hay una limitación que muchos hemos señalado desde hace tiempo: es un instrumento que no tiene elementos de coercitividad, no le da ningún poder supranacional en situaciones de pandemia y esto es porque los países no quisieron ceder ese grado de soberanía a un organismo intergubernamental”. López Acuña subraya algo evidentemente fundamental: “Necesitamos un nuevo modelo de gobernanza global de la salud para fenómenos que son verdaderamente globales y en los que hay una posible amenaza a la seguridad sanitaria mundial” (https://cadenaser.com/programa/2020/04/15/hora_25/1586902326_732495.html).

[11] Cfr. https://www.jotdown.es/2020/04/el-gran-fracaso-de-la-ciencia-espanola/

[12] Cfr. https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/10/jurgen-habermas-dans-cette-crise-il-nous-faut-agir-dans-le-savoir-explicite-de-notre-non-savoir_6036178_3232.html

[13] Aunque un reciente informe del Reuters Institute, publicado el 15 de abril de 2020, pone en entredicho esa confianza de los ciudadanos en la ciencia, con motivo de la crisis del COVID 19 y muestra diferencias considerables según los países: cfr. Navigating the ‘infodemic’: key findings from our new report on how people access news about coronavirus (https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/calendar/navigating-infodemic-key-findings-our-new-report-how-people-access-news-about-coronavirus).

[14] Para Popper, el objeto de la ciencia no es «verificar» hipótesis sino «falsearlas». Cfr. por ejemplo lo que escribe en el Capítulo X de sus Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge, Routledge, London, 1974: «los falsacionistas o falibilistas dicen, a grandes rasgos, que aquello que no puede ser (por el momento) derrocado por la crítica, no merece (por el momento) ser considerado seriamente; mientras que aquello que puede ser derrocado de ese modo y sin embargo resiste todos nuestros esfuerzos críticos para conseguirlo, muy posiblemente será falso, pero no es inmerecedor de ser considerado seriamente y quizás de ser incluso creído -aunque sólo de modo tentativo… Los falsacionistas (el grupo de falibilistas al cual yo pertenezco) creen -como lo creen también la mayoría de los irracionalistas- que han descubierto argumentos lógicos que muestran que el programa del primer grupo no puede ser llevado a término: que nunca podemos dar razones positivas que justifiquen que una teoría es verdadera…» [Popper 1963, p. 228]. Como ha señalado Artigas (“Conocimiento humano, fiabilidad y fabilismo, 1992) a quien sigo ampliamente en esta interpretación, es en el Addendum de 1961 a su conocidísima obra  The open Society and its Enemies, donde Popper formula mejor la idea: «Por falibilismo entiendo aquí la idea, o la aceptación del hecho, de que podemos equivocarnos, y de que la búsqueda de la certeza (e incluso la búsqueda de una alta probabilidad) es una búsqueda equivocada. Pero esto no implica que la búsqueda de la verdad sea una equivocación. Por el contrario, la idea de error implica la de verdad como el patrón que puede no ser alcanzado. Implica que, si bien podemos buscar la verdad, e incluso podemos encontrarla (como me parece que lo hacemos en muchos casos), nunca podemos estar bien seguros de haberla encontrado. Siempre cabe el error, aunque en el caso de algunas pruebas lógicas y matemáticas esa posibilidad pueda ser considerada como pequeña. Pero el falibilismo no tiene en absoluto por qué dar lugar a conclusiones escépticas o relativistas. Esto se hace patente si consideramos que todos los ejemplos históricos conocidos de falibilidad humana -incluyendo todos los ejemplos conocidos de equivocaciones en la justicia- son ejemplos del avance de nuestro conocimiento. Cada descubrimiento de una equivocación constituye un avance real en nuestro conocimiento…Por tanto, podemos aprender de nuestros errores. Esta perspectiva fundamental es, en realidad, la base de toda la epistemología y la metodología…»: cfr. “Facts, Standards, and Truth: A Further Criticism of Relativism», en The Open Society and Its Enemies, Routledge, London 1977, Addenda, I, pp. 369-396.

[15] De nuevo sigo aquí la interpretación de Artigas, quien remite a Freeman-Skolimowski , «The Search for Objectivity in Peirce and Popper», en Schilpp, P. ed., The Philosophy of Karl Popper, Open Court, La Salle (Illinois), pp. 464-519. Sobre prueba y error, mi colega, el profesor Vicente Martínez, astrofísico, me brinda esta cita del eminente físico ruso Lev Landau:”Cosmologists are often in error, but never in doubt”.

[16] “Prediction models for diagnosis and prognosis of covid-19 infection: systematic review and critical appraisal” (cfr. https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1328).

Esperanza, sin engaño (versión ampliada del artículo publicado en Infolibre, 27 de mayo de 2020)

Luces Rojas

Esperanza, sin engaño

Javier de Lucascontacta@infolibre.es@xdelucas Publicada el 27/05/2020 a las 06:00

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No me gusta, ni lo pretendo, ejercer de agorero o aguafiestas, pero precisamente ahora en que parece asomar cierto optimismo, quiero proponer al lector una reflexión sobre un riesgo en el que creo que no se ha insistido suficientemente. Me refiero al que subyace a la frecuente utilización de expresiones como la «salida del túnel», o la «recuperación de la normalidad» (aunque ya casi nadie cree que sea posible una vida «normal» como la entendíamos antes). Sobre todo, me parece preocupante la estrategia comunicativa de algunos responsables públicos y de no pocos medios de comunicación, que se sirven de esas y otras expresiones para presentar la entrada en las sucesivas fases de la «desescalada» como una carrera por «ganar la victoria», so pretexto de enviar un necesario mensaje positivo de alivio, de premio al esfuerzo realizado. Reconozco que muchas veces esos mensajes se acompañan de argumentos no exentos de razón, como la tesis de que, para salir de esto con el menor porcentaje de daño económico y social, hay que reactivar la economía: promover la reapertura de negocios y empresas, recuperar la sangría de puestos de trabajo e incentivar el consumo. Pesa también en esa estrategia la necesidad de hacer frente a una crisis que nos explican que ya está aquí y que no conoce parangón con lo que hayamos vivido quienes nacimos después de la Guerra Civil y la II Guerra Mundial. Baste como botón de muestra la reciente intervención del gobernador del Banco de España en el Congreso, que llamaba a un consenso suprapartidario para las próximas legislaturas [ver aquí], algo que suena a sarcasmo en un contexto en el que la pandemia es utilizada sin disimulo para obtener ventajas precisamente partidistas.

Insisto en que el riesgo de ese tipo de mensajes es serio. Quiero decir que, en el mejor de los casos, esto es, cuando no se trata de un deliberado intento de utilizar de forma partidaria la pandemia para un propósito tan indecente como atribuirse medallas, incluso al precio de criminalizar al adversario político, se trataría de un ensoñamiento que me parece particularmente nocivo. No niego que sea comprensible. Pero considero un grave error fomentar de modo imprudente la voluntad –aunque sea inconsciente– de amnesia colectiva, si se me permite decirlo así. Porque, con seguridad, a la mayoría de nosotros nos gustaría pensar que todo esto que hemos vivido y aún vivimos ha sido una pesadilla y que está próximo el momento en que despertaremos de este mal sueño. Ojalá todo esto fuera un mal sueño.

No es así: no hay ni habrá, al menos a medio plazo (un año, nos dicen, con lo que eso puede significar en términos de pérdida de vidas humanas) nada parecido a la postpandemia: hasta que la vacuna esté en condiciones de ser administrada de forma general, viviremos en una especie de pandemia intermitente, con rebrotes que podremos controlar mejor si ponemos todo el empeño en estar preparados. Eso exige aprovechar que hemos controlado el momento más angustioso de la pandemia (momento que podría volver) para disponer los medios que permitan al personal sanitario un más que merecido período de recuperación y para consolidar los recursos necesarios, comenzando por los medios para reducir la dependencia de proveedores externos. Una dependencia que, en no poca medida, ha mostrado hasta qué punto el mito del mercado libre y racional dotado de una mano invisible reguladora encierra algo más parecido a un zoco, por no decir una selva. Por tanto, se trata de exigir que todas las declaraciones retóricas sobre la toma de conciencia de esas prioridades se concreten ya en inversiones en infraestructura y mantenimiento material, así como en contrataciones del personal necesario para mejorar las condiciones del sistema de salud pública. La mayor parte de esas exigencias, en nuestro sistema competencial, obliga a las Comunidades Autónomas, que son las que tienen que entender que ésta es ahora la prioridad política y presupuestaria. Como lo es revisar a fondo el sistema de residencias para ancianos cuyos déficits, dificultades y contradicciones hemos conocido en gran medida gracias a una sostenida investigación de infoLibre: véase por ejemplo esta entrevista con Attac en la que Manuel Rico da cuenta de esa labor de investigación: [ver aquí].

Pero a su vez, todo eso comporta otro sistema de financiación justo, como viene exigiendo notoriamente la Comunidad Valenciana. Y me permito señalar que, como reconocen casi todos los observadores, la Generalitat Valenciana, como se advierte en las intervenciones públicas de su presidente, Ximo Puig, de los miembros del Consell de la Generalitat y de las fuerzas políticas representadas en Les Corts valencianes, está ofreciendo un buen ejemplo de gestión de esta pandemia. Con errores, desde luego, porque nadie estaba preparado para esto. Pero ha mostrado que la condición sine qua non era entender que existe una prioridad, la salud pública. Por eso, desde el primer momento se ha mostrado leal a la unidad de acción, que debe estar en manos del gobierno central, lealtad que no comporta ausencia de crítica, sino que la exige. Unidad de acción que, según los informes jurídicos más solventes, no parece practicable, sobre todo por lo que se refiere a la movilidad de todas las personas en todo el territorio, sin ese instrumento que es el estado de alarma [ver aquí]. Lo que no quiere decir que no se vigile cualquier abuso y que no se someta a un estricto control parlamentario, como de hecho se viene realizando. Unidad de acción que no implica sólo a las administraciones, sino que comporta saber dar voz y escuchar a todos los agentes sociales. Y todo ello desde la mesura, la prudencia y la proximidad a los ciudadanos: desde saber pedir perdón por los errores, a tratar de informar con el mayor realismo. Realismo y prudencia que se muestran también cuando –como han hecho también otros Gobiernos de CCAA, como la Generalidad de Catalunya o la Junta de Castilla y León– se sabe renunciar a correr en la desescalada.

Pues bien, precisamente por eso, conforme se abren esas fases de la desescalada, es más necesaria, a mi juicio, una pedagogía de la prudencia y del realismo crítico que no maquille la realidad a la que nos enfrentamos. Porque, de forma quizá no tan inconsciente, pareciera que esta estrategia comunicativa a la que me he referido aliente una lógica que, en su expresión más brutal, se condensa en ese refrán tan español de «el muerto al hoyo y el vivo al bollo». Venga: abramos ya las empresas y negocios grandes y pequeños –el tópico mensaje de la alegría de reencontrarse con amigos en bares y terrazas–, recuperemos centenares de miles de puestos de trabajo, incentivemos la llegada del turismo sin molestas cuarentenas disuasorias.

Por no hablar del riesgo que me parece percibir en ese otro mensaje que nos exhorta a aprender de los superiores países nórdicos, que apuestan por la libertad individual y la responsabilidad cívica, en lugar del paternalismo de aquí, que nos trataría como a menores de edad. Como si bastara apostar por la tesis de que cada uno decida desde su propia responsabilidad si quiere ir aquí o allá, llevar mascarilla o no, viajar a su segunda residencia para pasar mejor el verano y todo funcionará. Reconozco que estoy harto de quienes nos sermonean con la invocación del modelo escandinavo o de ese confinamiento inteligente, propio de los ejemplares Países Bajos, según nos aleccionó un simpático periodista de este país que, por cierto, practica una tan inteligente como insolidaria política fiscal que le ha convertido de facto un paraíso fiscal. Responsabilidad individual, desde luego, pero en el bien entendido de que la prioridad es la salud. Un bien que no es individual, porque, como recordé en estas mismas páginas, hoy se admite el principio «Una sola salud», que refleja el hecho de que la salud de las personas, los animales y el medio ambiente están todas ellas interconectadas [ver aquí]. Sin duda, no hay sociedad cívica sin la asunción de la responsabilidad individual. Siempre que eso no sirva para autoblindarse, desentendiéndose de los demás. Ya he explicado en algún comentario que, a mi juicio, esta pandemia nos puede ayudar a darle la vuelta a la metáfora de Pilato: porque lavarse las manos, como hemos aprendido en la pandemia, ya no simboliza un gesto indiferente, de quedarse al margen, de no tener nada que ver con los otros (a los que se mira como salvajes). Nos lavamos las manos, como usamos mascarillas, para protegernos a nosotros y a los demás, para ser solidarios, porque la salud no es individual, no se puede preservar ya sólo individualmente: es común, es de todos.

Pero, sobre todo, es que no nos podemos permitir el autoengaño de la euforia, de dejar atrás el mal sueño, de haber alcanzado por fin la luz al final del túnel: no podemos dejar atrás sin más casi 30.000 muertos, con lo que significa para sus familias, por no hablar de las secuelas que pesan sobre buena parte de los recuperados del covid-19. Ni siquiera entro en lo que estamos ya afrontando, una crisis económica y social como no hemos vivido quienes nacimos después de nuestra guerra civil. Imaginemos lo que pueden significar los rebrotes y lo que puede llegar y probablemente llegará en otoño. Hay que preparase para estar en las mejores condiciones de afrontarlo. Y eso exige, ante todo, prudencia, frente a la euforia del paseo, las cervezas, las terrazas y las playas. Todos necesitamos descansar, aliviar el confinamiento. Porque, aunque sean sólo unos pocos los que abusan de las suspensiones de la restricción de la libertad de movimiento que comporta la entrada en las nuevas fases de la desescalada, basta con esos pocos para que pueda irse al traste el esfuerzo de la mayoría. Necesitamos motivos para la esperanza, sí. Pero motivos consecuentes: y eso comporta aceptar que tenemos que aprender a perder una parte de nuestros hábitos de vida, conforme a la parábola que muestra Ricky Gervais en la serie After Life, como nos recordaba el otro día Alfons García Giner en su espléndido artículo «El arte de perder«.

En efecto, se trata de aprender también a perder, esto es, a autolimitarnos, a perder un poco, para que ni nosotros ni los demás perdamos más. Porque lo que menos necesitamos es el engaño de las falsas esperanzas. La madurez de una sociedad consiste, desde luego, en exigir que nos traten como adultos y nos digan la verdad de lo que se sabe: no se trata, en absoluto, de convertirnos en súbditos sumisos. Pero también consiste en saber actuar en consecuencia. Y eso obliga a dejarse de autoengaños. Obliga a informarse, para conocer y aceptar la realidad que nos toca vivir. Y a partir de ahí, trabajar –cada uno como sepa y pueda– para mejorarla. Para los demás. Porque así será mejor para mí, para nosotros.

No alentemos falsas esperanzas: no hay nada parecido a la pospandemia

Siento ejercer de agorero o aguafiestas. Me preocupa mucho la estrategia comunicativa de algunos responsables públicos y de no pocos medios de comunicación que presentan la entrada en las sucesivas fases mediante con un alarde e insistencia en el alivio y las oportunidades que por fin se abrirían a la población, alentando así lo que me parece una inconsciente carrera que da pie a algo peor. Me refiero a lo que me permito calificar de ensoñamiento nocivo, la idea de la «salida del túnel», de la recuperación de la normalidad (aunque ya casi nadie cree que sea posible una vida «normal», como la entendíamos antes). Un mensaje que considero absolutamente imprudente, por más que comprensible, y que parece coincidir con cierta voluntad de amnesia colectiva, si se me permite decirlo así. Me refiero a que, con seguridad, a la mayoría de nosotros nos gustaría pensar que todo esto ha sido una pesadilla y que despertaremos de este mal sueño. Pero no es así: conforme se abren esas fases es más necesaria, a mi juicio, una pedagogía de la prudencia y del realismo crítico, que no maquille la realidad a la que nos enfrentamos.


Lo diré brutalmente: de forma quizá no tan inconsciente, pareciera que desde medios de comunicación y desde algunos responsables públicos (muchas veces con argumentos no exentos de razón como la tesis de que, para salir de esto con el menor porcentaje de daño económico y social hay que reactivar el trabajo e incentivar el consumo) se aliente el espíritu de ese refrán tan español de «el muerto al hoyo y el vivo…». Venga: abramos ya todos los negocios, recuperemos los centenares de miles de puestos de trabajo, incentivemos la llegada del turismo sin molestas cuarentenas disuasorias, permitamos que cada uno decida desde su propia responsabilidad si quiere ir aquí o allá, si quiere llevan mascarilla o no, si quiere viajar a su segunda residencia para pasar mejor el verano, que ya está bien de tanto sacrificio y además es absolutamente necesario para el sector clave en nuestra economía, el turismo…Y se nos sermonea con la invocación del modelo escandinavo (o del <confinamiento inteligente> , el propio de los ejemplares países bajos, según nos aleccionó un simpático periodista de este país que, por cierto, practica una tan inteligente como insolidaria política fiscal que le ha convertido de facto un paraíso fiscal), que tanto apuesta por la libertad individual y la responsabilidad cívica, en lugar del paternalismo de aquí, que nos trata como a menores de edad.

Sin duda, no hay sociedad cívica sin la asunción de la responsabilidad individual. Siempre que eso no sirva para autoblindarse, desentendiéndose de los demás. Ya he explicado que, a mi juicio, esta pandemia nos puede ayudra a darle la vuelta a la metáfora de Pilato: lavarse las manos ya no simboliza un gesto indiferente, de quedarse al margen, de no tener nada que ver con los otros (a los que se mira como salvajes). Nos lavamos las manos, como usamos mascarillas, para protegernos a nosotros Y A LOS DEMÁS, PARA SER SOLIDARIOS, PORQUE LA SALUD ES COMÚN, ES DE TODOS.

Pero, sobre todo, es que no nos podemos permitir el autoengaño de la euforia, de <dejar atrás el mal sueño>, de haber alcanzado por fin <la luz al final del túnel>: no podemos dejar atrás sin más casi 30.000 muertos, con lo que significa para sus familias, por no hablar de las secuelas que pesan sobre buena parte de los recuperados del Covid19. Ni siquiera entro en lo que estamos ya afrontando, una crisis económica y social como no hemos vivido quienes nacimos después de nuestra guerra civil. Imaginemos lo que pueden significar los rebrotes y lo que puede llegar y probablemente llegará en otoño. Hay que preparase para estar en las mejores condiciones de afrontarlo
Prudencia, pues, frente a la euforia del paseo, las cervezas, las terrazas y las playas. Todos necesitamos descansar, aliviar el confinamiento. Y, por supuesto, necesitamos reactivar la economía, tratar de frenar la sangría de puestos de trabajo, atender a las necesidades de cuantos han quedado sin cobertura ante este desastre.
Necesitamos motivos para la esperanza, sí. Pero motivos consecuentes: y eso comporta aceptar que tenemos que aprender a perder una parte de nuestros hábitos de vida, conforme a la parábola que muestra Ricky Gervais en su «After Life», que nos recondaba el otro día Alfons García Giner en un espléndido artículo. Se trata de aprender tambié a autolimitarnos (lo que no quiere decir que tengamos que convertirnos en súbditos sumisos), a perder un poco para que ni nosotros ni los demás perdamos más. Porque lo que menos necesitamos es el engaño de las falsas esperanzas. La madurez de una sociedad consiste, desde luego, en exigir que nos traten como adultos y nos digan la verdad de lo que se sabe. Pero también en saber actuar en consecuencia. Y eso obliga a dejarse de autoengaños. Obliga a informarse para conocer y aceptar la realidad que nos toca vivir. Y a partir de ahí, trabajar -cada uno como sepa- para mejorarla. Para los demás. Porque así será mejor para cada uno de nosotros.

LA PRIORIDAD ES LA SALUD ¿DE QUIÉN? (versión extendida del artículo publicado en Infolibre, 27 de abril de 2020)

LA PRIORIDAD ES LA SALUD. ¿DE QUIÉNES?

Javier de Lucas

Una de las pocas afirmaciones que nadie pone en duda, sea cual sea su sesgo ideológico o partidario, es ésta: la prioridad de prioridades, en esta pandemia, es la salud. Menuda obviedad, me dirán. Sn duda. Es obvio que, frente al COVID19, todos los esfuerzos se han de ordenar a garantizar al máximo posible la vida de los ciudadanos. Y en aras de esa única certeza, se han pedido sacrificios a la población, se ha producido un auténtico vuelco en los hábitos de vida de los particulares y las administraciones han reconducido sus objetivos y recursos a obtener el mejor resultado: salvar vidas.

Semejante obviedad, la universalidad del propósito, salvar vidas, sin más, nos hace pasar como evidente que se trata de un esfuerzo común en aras de un bien común. Pero, como sucede en tantas ocasiones con los que nos parece evidente, la aparente obviedad no carece de zonas grises o, por mejor decir, de algunos aspectos menos visibles sobre los que conviene tratar de ofrecer criterios o, al menos argumentos para establecerlos. Voy a referirme a tres de esas zonas grises, algunos de las cuales deberían encontrarse, a mi juicio, en zona de la máxima certeza.

Sigamos con el universal: las vidas de todos, sí. ¿A todos por igual? Creo que hay una excepción, una prioridad: hay vidas que hemos de garantizar primero si queremos asegurar las vidas de todos. Me refiero, claro, al personal sanitario, al que, además de aplaudir a las ocho de la tarde, hay que ofrecer seguridad en su trabajo, proporcionar los mejores recursos posibles y asegurar, en la medida en que sea factible, rotación y descanso. Nadie lo discutirá, creo. En buena medida, el juicio sobre la gestión (que, recordaré, no debe recaer sólo ni aun prioritariamente en el Ministerio, aunque la esté dirigiendo, sino en las Comunidades Autónomas), tiene este primer punto de referencia: ¿estamos poniendo todos los medios adecuados al respecto?

Una segunda zona gris, donde la pretendida universalidad parece de hecho desdibujarse, afecta al riesgo de lo que, a falta de otro término, acepto en llamar edadismo y sobre el que han escrito con mucho acierto los profesores Cabezas, Cardona y Flores, coordinadores de un libro a mi entender imprescindible: Edad, discriminación y derechos. Me refiero a esa forma de discriminación que se ha revelado en toda su crudeza con motivo de la pandemia y que parece considerar justificado relegar a un puesto secundario a quienes han superado una edad (al menos 65; no digamos de 80 en adelante), casi como si aceptáramos el lamentable argumento de que, <al fin y al cabo, ya han vivido lo suyo> o, peor, <es natural, ya era muy mayor>.

En un primer momento, en efecto, parecía que no nos preocupábamos tanto -quiero creer que ahora, sí- cuando las cifras de muertos afectaban a ancianos, porque era “natural”. No nos afectaban, o no nos afectaban tanto esas muertes. Pero esa “naturalidad” adquirió las dimensiones de algo parecido a un infierno cuando comenzamos a conocer la ferocidad con la que se cebaba la pandemia en las residencias de ancianos. No ejerceré el cinismo del “no hay mal que por bien no venga”, pero algo que parece que ahora todos tenemos claro después de conocer este horror es que tenemos una prioridad política para cuando podamos comenzar a revisar prioridades y objetivos de las políticas públicas. Es indiscutible la necesidad de revisión del régimen de concesión, funcionamiento y supervisión de esos establecimientos, sin duda necesarios, sin duda en su mayoría bien gestionados (aunque el debate sobre las prestaciones médicas obligatoria en centros concebidos como meramente asistenciales está lejos de concitar unanimidad), pero que presentan zonas no grises, sino de auténtico espanto. El extraordinario trabajo de investigación que esta realizando el equipo de Infolibre que dirige Manuel Rico será, creo, de gran utilidad para esa inaplazable tarea.

Sé que hay otras muchas zonas grises. Por ejemplo, las vidas de quienes trabajan y de quienes viven en las prisiones, en centros de los que no está permitido salir (los CIE, que no todos han sido desalojados), o de los que no pueden marchar a un lugar más seguro que en el que viven amontonados: es el ejemplo del CETI de Melilla, del que vamos conociendo, afortunadamente, un goteo de salidas; pero ese goteo, sin duda, es insuficiente. O las vidas de los que habitan en la España supuestamente vacía, a distancia de centros y equipos de salud. Las de los que carecen de hogar… Pero permítanme que llame su atención sobre grupo que, casi por definición (por injustificable definición) escapan del universal, porque no son parte de ese <nosotros> que, en realidad usurpa al <todos>. ¿Qué sucede con quienes no son ciudadanos, con quienes son ciudadanos de segunda, es decir, con los inmigrantes a la espera de un permiso de residencia estable y que se han quedado sin trabajo? ¿Y con los que, lisa y llanamente, no tienen papeles y a los que algún político sigue empeñado en llamar ilegales, todavía hoy? Sé que, afortunadamente, el Gobierno de Pedro Sánchez enmendó el disparate perpetrado por el Gobierno Rajoy mediante el RD 16/2012 que acabó con la sanidad universal. Sé de la existencia de redes solidarias y de la fidelidad al juramento hipocrático del personal sanitario. Como me constan los esfuerzos del equipo ministerial que dirige el Sr Escrivá en el Ministerio que ha unido la Inclusión con la Inmigración, algo que tiene muy claro la Secretaria de Estado, la señora Hanna Jalloul. Pero no basta. Entre otras razones, porque la llave para las soluciones depende de una normativa manifiestamente mejorable, la denominada Ley de extranjería y de una interpretación -a mi juicio desproporcionadamente lastrada del lado del orden público- que administra, obviamente, Interior.

Y no debe ser así. Las razones son evidentes y lo han explicado los firmantes de un manifiesto recientísimamente publicado en el país vecino, en Le Monde (https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/21/coronavirus-notre-nation-doit-montrer-sa-gratitude-envers-les-etrangers-qui-affrontent-cette-crise-avec-nous_6037272_3232.html): trabajan para asegurar que se recogen los cultivos que nos permiten alimentarnos, en preparar, distribuir, hacer llegar esos alimentos a nuestras casas, en cuidar de nuestros mayores y de nuestros enfermos, practican la solidaridad aunque no tengan un trabajo regular (los manteros que fabrican mascarillas o EPIs), arriesgan sus vidas por las nuestras, porque se sienten agradecidos por poder estar con nosotros. Como dice el manifiesto, “son parte, al lado de los ciudadanos nacionales, de los que toman el riesgo de enfrentarse a la enfermedad, en primera línea, pero como invisibles. Integran ese salariado precario y desvalorizado que en realidad permite la continuidad de la vida de todos nosotros. Con una diferencia: su situación administrativa los hace más frágiles, más vulnerables. La pandemia nos ha dado una lección inolvidable sobre nuestra fragilidad, la de todos los seres humano. Nos llenamos la boca con la solidaridad, con ese precioso lema de “no dejar a nadie atrás”. Pero nos comportamos como si hubiera, por decirlo como lo ha explicado Butler, vidas que no importan o que importan menos. En estas condiciones, creo, regularizar es dar un paso frente a la fragilidad. Sé que la nuestra no es la situación de Portugal, que ha podido y sabido adoptar esa medida. Pero es que incluso en el plazo inmediato, desde una perspectiva de egoísmo racional, nos beneficiará.

El pasado 17 de abril, el Parlamento europeo adoptó la Resolución 2020/2616 (RSP) “Acción coordinada de la UE para luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias” (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_ES.html), aprobada por una gran mayoría y sobre la que me ha llamado la atención un trabajo de la profesora Ramón Chornet que he podido consultar gracias a su deferencia, aunque aún no está publicado. Es interesante, porque contiene un apartado que me gustaría que se tomase realmente en serio, para acabar con las zonas grises de las que he intentado hablar en estas líneas. Me refiero al que reafirma el principio acuñado a comienzos de los 2000 por la OIE (Oficina Internacional de Epizootias), hoy denominada Organización Mundial de Sanidad Animal, y conocido como “Una sola salud”. Permítanme que lo transcriba: “(la Resolución) recuerda el principio «Una sola salud», que refleja el hecho de que la salud de las personas, los animales y el medio ambiente están todas ellas interconectadas y que las enfermedades pueden transmitirse de las personas a los animales y viceversa; destaca la necesidad de adoptar un enfoque de «Una sola salud» para las pandemias y las crisis sanitarias, tanto en el sector de la salud humana como en el sector veterinario; resalta, por tanto, que debe hacerse frente a las enfermedades tanto en personas como en animales, teniendo en cuenta también especialmente la cadena alimentaria y el medio ambiente, que pueden ser otra fuente de microorganismos resistentes”

El universal al que me refería al principio, obviamente, remite en primer lugar a todos los seres humanos, a la Humanidad. Pero velar por la salud de todos, ahora que somos dolorosamente mas conscientes de nuestra común fragilidad, nos remite en realidad a un valor más amplio, el de la vida y el de el equilibrio de la vida, que ponemos en peligro con nuestro modelo depredador, con esa crecimiento y explotación sin límites que es simplemente suicida.

Dicen que cuando las generaciones más jóvenes pregunten dentro de unos años a los más viejos: <abuelo, ¿qué hiciste tú en 2020?>, responderemos: <lavarnos las manos>. Pero eso también ha cambiado con la pandemia. Ese “me lavo las manos” ya no lo entendemos como la actitud de indiferencia de Pilato, que simbolizaba así que no era asunto suyo y por tanto no tenía responsabilidad de la suerte que corriera la vida de otro. Ese <lavarse las manos> es ahora, lo hemos aprendido, un gesto, un compromiso, por la salud de todos, porque hemos aprendido que si quiero de verdad que importe mi vida, me ha de importar la vida de todos los demás, y así hemos caído en la cuenta de que somos responsables de las vidas de todos; también la de esos otros, los demás.

¿Un nuevo derecho en la Declaración Universal de derechos humanos? (A propósito de la iniciativa de BirdLife, en su carta al Secretario General Antonio Guterres) (publicado en Samaruc Digital, 23 abril 2020)

Puede que uno de los efectos más relevantes de la pandemia es que podemos visibilizar hasta qué punto la salud es un bien común, en el sentido más radical del término. No ya un bien de todas las personas, sino ligado a la vida misma y, por tanto, al equilibrio de la vida en el planeta. Por eso me parece tan importante la iniciativa lanzada por la ONG BirdLife, a través de una carta dirigida al Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, para incluir en la Declaración Universal de derechos humanos un artículo 31 que incorpore el derecho al medio ambiente

No creo que la importancia de esta iniciativa resida en su viabilidad; desde luego, no a corto plazo. La ONU y sus agencias, con todas sus bondades, es una impresionante estructura burocrática que funciona mediante un complejísimo equilibrio de poderes que tienen que ver, lamentablemente, con una distribución muy desigual de los recursos en el mundo y, sobre todo, del poder mismo en el seno de la organización, tal y como refleja la estructura misma de su órgano clave, el Consejo de Seguridad. En estos momentos, además, en los que la geopolítica parece inmersa en una nueva fase de pugna por el liderazgo, en la que China ha conseguido avanzar gracias al vacío dejado por los EEUU en gran medida gracias a la concepción aislacionista de Trump (y siempre con el inteligente Putin a la espera de ganar terreno e influencia), pensar en una reforma de la Declaración, que abriría las puertas a no pocas iniciativas, me parece poco viable. Lo relevante, en todo caso, es la dimensión simbólica, el gesto, destinado a impulsar una conciencia civilizatoria asentada en otros valores, en otros presupuestos muy diferentes de los que, pese a todo, constituyen algunos presupuestos de la Declaración.

En efecto, pese a su carácter inmensamente positivo, que permite hablar de la Declaración universal de derechos humanos como un hito en la historia de la humanidad, inevitablemente está presa de limitaciones que se deben al contexto histórico y a su vinculación con una visión cultural, una visión del mundo, en la que, entre otros, pesa decisivamente una noción de progreso estrechamente ligada a la concepción de dominio de la naturaleza, de crecimiento sin límites. Una noción inevitablemente desigualitaria y, digámoslo abiertamente, depredadora.

Es cierto que hemos recorrido un largo camino desde 1948 y que la noción de un derecho al medio ambiente se ha ido incorporando al programa de la propia ONU (lo más significativo, claro está, es la Agenda 2030) y al moderno constitucionalismo comparado, incluso con más fuerza que en nuestra Constitución de 1978. En efecto, en nuestra Constitución aparece el derecho al medio ambiente, sí, en el Título de derechos fundamentales, pero no como tal, sino como “principio rector de la vida económica y social”, del Capítulo tercero, concretamente en el artículo 45. Aunque si lo tomásemos en serio, lo de <principio rector de la vida económica y social> no es ninguna tontería. Incluso me parece más apropiado que enunciarlo como un derecho fundamenta, en el sentido de un derecho subjetivo, de no ser porque los tales principios quedan privados en nuestra Constitución de la protección fuerte que se otorga a los derechos fundamentales. La jurisprudencia de nuestro país (gracias al impuso que supuso la creación de la fiscalía especializada en medio ambiente) y sobre todo la jurisprudencia internacional, por ejemplo, la del Tribunal europeo de derechos humanos de Estrasburgo ha avanzado mucho en la consideración del derecho al medio ambiente. Quizá el ejemplo más notable es la sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Holanda, el 20 diciembre de 2019, en el caso URGENDA (por la ONG que impulsó el proceso) que obligó al Estado holandés a poner en práctica medidas para conseguir, antes del fin de 2020, una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (causantes del cambio climático) en un 25%, en relación a las emisiones registradas en 1990. El diario The Guardian la consideró «The most important climate change court decision in the world so far, confirming that human rights are jeopardised by the climate emergency and that wealthy nations are legally obligated to achieve rapid and substantial emission reductions.» Una decisión histórica”, sobre el cambio climático, como fue saludada por la propia ONG y por activistas como a Greta Thunberg.

Pero decía antes que lo importante de la iniciativa de Birdlife es su carácter simbólico. Sobre todo, si damos el paso necesario de dejar de considerarlo sólo como un derecho nuestro, el derecho a mejorar nuestra calidad de vida, a respirar mejor o gozar de agua limpia, de océanos sin contaminación…Por eso, me gustaría que la iniciativa no propusiera un “derecho humano más”. Incluso me atrevo a decir que la reformularía críticamente: prefiero tomarla, insisto, como el anuncio de la necesidad de abordar un cambio civilizatorio, que avance un paso más en la concepción de un desarrollo humano basado en el respeto a la vida, como tal. La vida de todos, no sólo de los seres humanos o de las otras especies animales. La vida en y del planeta, que es lo que quiere decir el medio ambiente si nos lo tomamos en serio. No es que debamos cuidar mejor de la tierra porque no tenemos un planeta B. Es que, si no cuidamos el medio ambiente, la tierra, más allá de nuestra validad de vida, seguiremos la senda segura del suicidio de la especie. Aunque quizá, en la perspectiva de los eones, tampoco cabe magnificar: el planeta ha existido mucho antes que nosotros. Y, así lo creo, la vida del planeta y en el planeta seguirá, después de nosotros.

Contribución a la iniciativa «Confinados, sí, pero con Cultura», con la que la Associació de Veïns de La Malvarrosa celebra el día del libro de 2020

He elegido un libro de uno de los pocos genios a los que he conocido personalmente: Jose Luis Cuerda.

Se trata de «Me noto muy cambiá», un ajoya editada por Pepitas de Calabaza y que guardo como un tesoro porque me la dedicó personalmente gracias a la mediación de un gran amigo común, Fernando Flores.

El libro es una colección de aforismos, o como el prefiere ocurrencias. Para ser más precisos «inteletos», que es el término que usaban él y sus amigos surrealistas de Albacete. Lleva dibujos e ilustraciones del propio Cuerda, que lo convierten en una delicia. Y se puede tomar y dejar, o abrir al azar. Una lectura estupenda para estos tiempos de confinamiento

Como botón de muestra, entresaco este <inteleto>, particularmente indicado en estos días: «Estamos aguantando por encima de nuestras posibilidades»