Giros en la narrativa oficial del modelo de política migratoria

Muchos de nosotros saludamos con alivio el mensaje inicial del presidente del gobierno en su primera etapa de la gira africana, en Mauritania, cuando subrayó que las migraciones son fuente de «riqueza, desarrollo y prosperidad». Fue asimismo un alivio que reiterase lo que a muchos nos parece obvio: que, para gestionar la movilidad migratoria, hay que desarrollar vías legales, regulares y seguras.

Ahora bien, que el gobierno de España trabaje en establecer esas vías, no es una osadía progresista: es simplemente cumplir con lo que establecen no ya las recomendaciones, sino el título mismo del Pacto Global sobre Migraciones aprobado en diciembre de 2018 por la Asamblea General de la ONU (Global Compact for Safe, Regular and Legal Migration), una exigencia constante desde hace muchos años por parte de ONGs y expertos y también del papa Francisco desde el inicio de su pontificado. Insisto: no debería presentarse como novedad la voluntad política de cumplir con un compromiso ratificado por nuestro país hace seis años. Más bien eso habla de que hasta ahora no ha habido voluntad política de hacerlo. Tampoco por parte de la UE, todo hay que decirlo: basta con leer el Pacto migratorio y de Asilo aprobado en abril de este mismo año y que ha sido objeto de críticas tan amplias como, a mi juicio, justificadas.Me permito remitir al lector a lo que escribí  sobre ello en diversos medios, como La Marea, Infolibre o en este mismo blog (https://lucasfra.blogs.uv.es/2024/04/15/nuestro-waterloo-sobre-el-pacto-europeo-de-migracion-y-asilo-version-ampliada-del-articulo-publicado-en-infolibre-15-de-abril-de-2024/).

Requiere, en cambio, muchos matices otra afirmación del presidente en este viaje: “la inmigración no es un problema, sino una necesidad”. Eso sí, nada sencilla de gestionar. Necesidad, sí: ¿para quién?

En principio, ese mensaje es también positivo y además, para subrayar su firmeza, viene acompañado de la pátina de “realista”, para diferenciarse de los discursos «buenistas». Pero, como digo, es preciso explicar de qué se habla cuando se califica a la inmigración como necesidad. Creo que, para la mayoría de los destinatarios hipotéticos del mensaje, es claro lo que quiere decirnos el presidente: la inmigración no es un problema sino algo positivo para nosotros porque nosotros necesitamos de la inmigración. Necesitamos mano de obra en los nichos de nuestro mercado de trabajo en los que no hay oferta nacional. Necesitamos a los inmigrantes para que las pensiones y el Estado del bienestar sean sostenibles. Necesitamos millones de inmigrantes porque nuestros países viven un invierno demográfico. Toda esta argumentación de la necesidad es una apelación utilitarista, propia del egoísmo racional: sean inteligentes, la inmigración nos conviene…

Pero preguntémonos qué significa el reconocimiento de que para millones de seres humanos la inmigración es una necesidad. Y cuando hacemos esa pregunta, cambia el contexto de la migración como necesidad. Que la inmigración sea una necesidad significa que es un destino ineludible si se quiere tener un mínimo de expectativas de vida digna. Dicho de otro modo, para centenares de millones de personas, emigrar no es una libre opción, sino una alternativa ineludible, un destino fatal, una necesidad. ¿Y cuál debe ser nuestra respuesta ante esa necesidad? Como bien saben quienes conocen la relación entre necesidades y derechos, nuestra respuesta no puede ignorar que hablamos de derechos elementales de esos cientos de millones de personas. Pues bien, como saben quienes leyeron en su día a un buen iusinternacionalista preocupado por las migraciones, el profesor Checa, lo primero que hay que hacer es combatir, cambiar los factores que imponen esa necesidad a tantos millones de personas. Eso significa que no haremos una política migratoria legítima y eficaz si no trabajamos ante todo para cambiar las condiciones de vida que nos hablan de la terrible desigualdad en las relaciones internacionales (ejemplificada por la brecha a ambos lados del mediterráneo): mejorar los índices de desarrollo humano (que no son sólo índices económicos, pues incluyen la mejora en democracia y en derechos, comenzando por el derecho al agua, a la salud, a la educación…). Esa debe ser la prioridad del imprescindible pilar internacional de la política migratoria, reducir las causas de la brecha de la desigualdad. Dicho ésto, conviene añadir que, como subrayaron los primeros análisis de la OCEDE sobre el vínculo entre migraciones y desarrollo (el muy citado pero poco estudiado rapport Tapinos, “Regional economics integration and the effects of Employement and Migration”, que data nada menos que de 1993), el crecimiento en desarrollo de los países que generan migraciones no frena las migraciones, sino que, a corto y medio plazo, las incentiva. Lo explicó muy bien el profesor Antonio Izquierdo y el investigador y divulgador Hein de Haas lo subraya ahora en sus trabajos, como si fuera un descubrimiento reciente.

En todo caso, antes que necesidad, las migraciones son, como afirmaron los sociólogos de la escuela de Mauss en el XIX, un hecho social global, total. . No son un hecho excepcional, propio de crisis, sino una constante en la historia de la humanidad: los humanos necesitamos arraigo, pero somos seres migrantes, no árboles. Por eso, no se trata de estar a favor o en contra de las migraciones. Se trata de gestionar todas sus etapas, teniendo en cuenta a todos sus actores y, sobre todo, se trata de reconocer que las migraciones no son sólo un fenómeno laboral o económico, sino que afectan a todas las dimensiones de lo social (también la cultural, la política) y de ahí la dificultad de su gestión, que requiere cambios por parte de todas las partes afectadas: también por parte de las sociedades de recepción (lo de acogida es un desiderátum) que deberían plantearse qué contrato social ofrecemos a los inmigrantes y cómo su presencia nos obliga a reformular nuestro propio contrato social y político.

Pero hay más razones para la crítica de ese mensaje realista del presidente del gobierno:  ese “realismo” –acomodarse a la necesidad, que parece el mantra político por antonomasia del presidente Sánchez- parece demasiado condicionado a una perspectiva unilateral de “egoísmo racional”: aprovechar esa mano de obra barata cuando tenemos déficits importantes en numerosos sectores del mercado de trabajo y garantizando como primer objetivo nuestro beneficio. Nosotros ponemos por delante nuestros intereses y beneficios (sí: también en primer lugar el de nuestras empresas), pero ninguno de los tres países africanos concernidos -salvo, con muchos matices, Senegal-, ni, sobre todo, sus sociedades civiles, ni, digámoslo claro, los inmigrantes, son beneficiarios directos en términos de paridad.

Todo esto tiene mucho que ver a su vez con una tercera afirmación, también en principio positiva, pero necesitada de aclaraciones de principio, la propuesta de la “inmigración circular” como modelo y no como ejemplo de una vía para gestionar un sector del mercado laboral necesitado de mano de obra ocasional (trabajos de temporada), de la que hablaré enseguida.

Con todo, el giro más notable en esta narrativa del viaje del presidente es la vuelta de tuerca final sobre la primacía de la seguridad. No me refiero sólo al hecho de que se entreguen funciones de externalización de fronteras a países que no respetan los derechos humanos, como Mauritania (lean cualquier informe sobre los derechos de las mujeres allí), sino al regreso del presidente al discurso de la prioridad de la seguridad y a la exigencia de “retornar a los inmigrantes irregulares”.

Este último giro, como he tenido ocasión de explicar recientemente en una entrevista en Infolibre (https://www.infolibre.es/politica/javier-lucas-mayor-parte-izquierda-abandonado-prioridad-derechos-politica-migratoria_1_1867078.html), es muy revelador de la esquizofrenia en la que parece vivir la izquierda en sus propuestas sobre políticas migratorias y de asilo. Y es un giro compartido por el gobierno de coalición en Alemania, ante el temor de la ventaja que ofrece a la extrema derecha del AfD los atentados en Solingen. Así, se reitera el mantra de que hay principios y exigencias que proclaman con énfasis. Eso sí, morales, lo que es revelador, porque las exigencias morales, a diferencia de las obligaciones jurídicas, forman parte del ritual del arsenal retórico, pero no de compromisos de cumplimiento exigible. Dicho esto, vuelven a la realidad y se pliegan a la exigencia de reiterar aún más enfáticamente como prioridad de prioridades la voluntad de firmeza frente a la inmigración irregular, con la excusa de que es por el propio bien de los inmigrantes. Un discurso que pasa por alto el hecho difícilmente rebatible de que nuestras fronteras (no digamos las de países como Mauritania, Marruecos, Túnez o Libia) son muchas veces un agujero negro para los derechos. Cuando el presidente de gobierno señala que la inmigración irregular es un infierno, dice verdad. Pero no lo es sólo por las penalidades y abusos a los que se ven sometidos los inmigrantes y quienes buscan asilo a lo largo de sus viajes (algo que ha explicado bien la literatura y el cine, y los informes de ONGs especializadas), sino que ese infierno se vive también y sobre todo en las fronteras, en nuestras fronteras.

Sobre los límites del modelo de inmigración circular

Vuelvo sobre el argumento de la bondad del modelo de inmigración circular. Lo que quiero subrayar es que ese modelo de inmigración con contratación en origen, nada novedoso, como ya explicó Gabriela Sánchez en las páginas del Diario.es (https://www.eldiario.es/desalambre/contratados-origen-vuelta-pais-consiste-migracion-circular-pactada-sanchez-gira-africa_1_11615020.html), no puede generalizarse como la panacea. Me preocupan, sobre todo, dos aspectos de ese mensaje.

El primero, que la generalización de ese modelo abunda en la justificación de una política migratoria groseramente instrumental, de egoísmo racional, si se me permite llamarlo así, lo que se advierte en su caracterización de las migraciones (que es un paso positivo, insisto) «no como un problema, sino como una necesidad». No: las migraciones no son una necesidad (una necesidad que, por cierto, implica en buena medida una desgracia: tener que abandonar tu hogar), sino ante todo lo que los sociólogos del XIX ya llamaban un <hecho social global>, un rasgo estructural de la humanidad, que se acrecienta en contexto de globalización.

Generalizar la inmigración circular como modelo es abundar en una tesis que ya enunció Marx, el uso de los migrantes como ejército de reserva del capitalismo, mano de obra precaria y disponible, que perjudica los derechos de los propios inmigrantes y desestabiliza a los trabajadores nacionales. En suma, lo de Bauman: industria del desecho humano. Para contarrestar esa crítica sería necesario que los acuerdos bilaterales con esos países incluyeran no sólo proyectos de formación y promoción de los inmigrantes, sino resultados concretos, objetivables en términos del Indice de Desarrollo Humano de la ONU (que incluye avances en democracia y derechos humanos) para los ciudadanos de los países de origen y tránsito. Veo factible que así sea en el caso de Senegal, como ha proclamado el ministro Cuerpo al sacar pecho de las medidas anunciadas en el paquete del plan África Avanza. Dudo mucho que lo sea en el caso de Gambia y, desde luego, no tengo ninguna duda de que no habrá nada de eso en el de Mauritania.

A riesgo de que me critiquen quienes desprecian las obligaciones con los derechos humanos como ejemplo de buenismo, quienes consideran esos deberes como meras opciones, insistiré en que la primera exigencia en la gestión de la movilidad humana es garantizar los derechos de quienes los tienen más en riesgo, los propios inmigrantes (no digamos los niños, los menores), algo que brilla por su ausencia en este discurso. Derechos violados por las mafias que los explotan, desde luego. Pero también, lamentablemente, por buena parte de los gobiernos de los Estados por los que transitan y a los que llegan.

Pondré un solo ejemplo: me llama la atención que quienes, como Silvia Intxaurrondo (y la cito porque sé de su conocimiento del mundo árabe), son justamente críticos con los despropósitos del PP en política migratoria, alaben el acuerdo con Mauritania, descontextualizándolo del conocimiento de la realidad de ese país en materia de respeto a los derechos humanos y a los elementales principios e instituciones de la democracia. La pregunta que todos, también los más agudos periodistas, debemos hacernos es ésta: ¿podemos permitirnos esos acuerdos que, sobre todo, no nos engañemos, tienen como núcleo la externalización del control de fronteras (no sólo de salida y tránsito, también a la hora de las expulsiones mal llamadas devoluciones), con países cuyo standard de respeto de los derechos humanos es ínfimo? Y pondré un solo ejemplo: ¿saben qué hay en el acuerdo con Mauritania acerca de condicionar las ayudas económicas a la exigencia de respeto a los derechos de las mujeres y de las niñas, de las propias mauritanas y de las mujeres y niñas inmigrantes que transitan por Mauritania, por no hablar de las mujeres inmigrantes que nosotros vamos a devolver a Mauritania para quitárnoslas de encima? Les responderé: nada ¿Alguien en su sano juicio cree que el régimen mauritano que, para empezar, condicionó la ratificación de la CEDAW ONU a la interpretación rigorista de la sharía que hace de las mujeres infrasujetos de derechos, va a garantizar sus derechos?

La ausencia de garantías para los necesitados de protección internacional y asilo

No quiero dejar de referirme a lo que a mi juicio es un déficit particularmente preocupante en la narrativa de este viaje. Me refiero a la absoluta ausencia de referencia a otro fenómeno característico de la movilidad humana y que se ve afectado por estos acuerdos: los millones de personas que se desplazan buscando refugio, protección. No olvido la situación de los menores en Ceuta, pero apunto ahora al hecho (que el Defensor del Pueblo ha constatado) de que, en Canarias, por ejemplo, hay más de mil niños malienses: huir de Mali (como de Sudán, de Yemen, de tantos países que no garantizan e incluso prohíben los derechos de las mujeres y las niñas) es una necesidad vital. Y debemos facilitarles a ellos y a todos los que huyen de la muerte, de la ausencia de derechos humanos, de la persecución, vías legales, seguras, para que puedan ejercer su derecho a la protección internacional, incluido el asilo.

La práctica de las devoluciones en caliente, de los retornos masivos a países terceros, violan el principio básico de non refoulement del Convenio de Ginebra de refugiados. Por no hablar de las eufemísticamente denominadas “devoluciones” colectivas, que suponen una violación del artículo 19 de la Carta europea de derechos fundamentales (1 Se prohíben las expulsiones colectivas. 2. Nadie podrá ser devuelto, expulsado o extraditado a un Estado en el que corra un. Grave riesgo de ser sometido a la pena de muerte, tortura o a otras penas o tratos inhumanos o degradantes). Las expulsiones colectivas, como saben todos los gobiernos de la UE y deben saber cualquier político europeo responsable, están también prohibidas por el artículo 4 del protocolo adicional 4 del Convenio europeo de derechos humanos, ratificado por España.

Otra cosa es que un buen número de gobiernos europeos (incluidos los nuestros, de diferente signo), hayan recurrido y recurran a todas esas prácticas, en flagrante violación de tales obligaciones jurídicas. Que algunos políticos del PP o de Vox alardeen de la exigencia de expulsiones masivas sólo certifica su ignorancia o su mala fe. Alguien debería avisar a los estrategas electorales del PP que tratar de emular a Vox, o a Alvise, no les da más votos, sino que se los transfiere a Vox o a Alvise

Y, por cierto, quiero subrayar una falacia propagada por la extrema derecha. Contra lo que se asegura, España no está a la cola en las deportaciones o expulsiones (eufemísticamente denominadas «devoluciones») de inmigrantes irregulares y de solicitantes de asilo a los que se deniega. Los informes disponibles, por ejemplo, las estadísticas de Eurostat, muestran, por el contrario, que el nuestro es el 5º país de la UE en número de deportaciones ( https://www.eldiario.es/politica/espana-deporto-2-500-migrantes-primer-trimestre-ano-quinto-pais-ue-expulsiones_1_11616337.html).

Una estrategia útil, pero de corto alcance

Concluyo. Creo que este viaje apuntala un tipo de discurso sobre política migratoria que, en su simplismo argumentativo, parece estratégicamente eficaz.

El gobierno se sitúa así en el óptimo in medio virtus. Pone a un extremo la verborrea xenófoba, llena de contradicciones y falsedades, que le ha regalado la torpe estrategia del PP en estos días, de nuevo con pasajes tremendistas y desveladores de una profunda ignorancia de la más elemental legalidad, de la que suele hacer gala el diputado y portavoz Miguel Tellado que cada vez que pretende innovar quiebra un elemento básico de la legalidad interna e internacional.

Por otra parte, con la insistencia en el realismo, en la prioridad de la seguridad en las fronteras, en la dureza “contra las mafias” y contra la inmigración irregular (reconocida por el presidente como “un infierno”), se posiciona en el centro realista frente al buenismo ingenuo y contraproducente de quienes, según se dice, proclaman una política de puertas abiertas (no conozco a nadie que haya trabajado en serio en migraciones que sostenga esto, y menos aún que esa medida pueda ser adoptada por un solo Estado). Pero el gobierno parece olvidar que ese mensaje de dureza ignora que, si las mafias tienen negocio, es porque hay quien compra su mercancía: no sólo los desgraciados inmigrantes que se ven obligados a recurrir a ellas porque no hay vías legales, regulares y seguras, sino también quienes emplean a los irregulares, aprovechándose de su precariedad.

Esta estrategia, al menos a corto plazo, funcionará. Lo malo es que sus déficits suponen insistir en una política migratoria y de asilo tantas veces fracasada, sin atreverse a ensayar las propuestas que han puesto a su disposición numerosos equipos de investigación, expertos y ONGs con decenas de años de experiencia en el campo. Véase por ejemplo la sorprendente ignorancia que parece mostrar la responsable de migraciones sobre el plan Estratégico de Ciudadanía e Integración, un instrumento que respondía a otra filosofía sobre la presencia de los inmigrantes y enfatizaba la colaboración con las administraciones municipales y autonómicas, que se puso en marcha en 2007 y al que puso el finiquito el gobierno Rajoy en 2012.

Hoy se publica en Infolibre una entrevista que me ha hecho Lara Carrasco, sobre el modelo de políticas migratorias y de asilo que despliega la UE y España, ligado a acuerdos con países de origen y de tránsito.

En esta entrevista insisto en mi opinión: el modelo que, por ejemplo, se despliega hoy en la visita del presidente de gobierno a Mauritania, Gambia y Senegal (previas visitas del ministro Marlaska), yerra al no situar como condición previa el respeto de los derechos humanos y al utilizar un tipo de acuerdos (unos cientos de millones, a cambio de que hagan funciones de policía, esto es, una política de externalización de fronteras) que son mecanismos de corrupción de las élites y no redundan en beneficio de las poblaciones de esos países ni de los inmigrantes que transitan por ellos. Ofrezco algunas alternativas, que no son fórmulas mágicas, porque no las hay en un asunto tan complejo como el de la gestión de los flujos migratorios y de asilo.

La desgracia, a mi juicio,  es que la izquierda insista en ese camino. Un modelo que, en mi opinión, no sólo es ilegítimo, sino también ineficaz, acomplejada como está la mayor parte d ela izquierda por el mantra de que defender derechos de los inmigrantes es una sangría de votos y que si quiere seguir en el poder, o llegar a él, debe primar el mensaje de la eficacia de control policial. Por el contrario, la experiencia demuestra que, si practicas ese mensaje, quien acaba avanzando es la extrema derecha

https://www.infolibre.es/politica/javier-lucas-mayor-parte-izquierda-abandonado-prioridad-derechos-politica-migratoria_1_1867078.html

Fue en junio, a las puertas del verano. El debate migratorio volvía a ocupar titulares y minutos de radio y televisión porque Canarias había expresado que su sistema de acogida ya no daba más de sí. Las negociaciones para buscar una solución fueron la oportunidad perfecta para que la extrema derecha recordase y azuzase sus mensajes de odio xenófobo. Y así lo volvieron a hacer la semana pasada, aprovechando el crimen de Mocejón (Toledo) para esparcir bulos a través de las redes sociales que vinculasen —otra vez— inmigración y delincuencia. Pasó también en Reino Unido. Y todo, poco después de que la Unión Europea aprobase un nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo aplaudido por los ultras.

Javier de Lucas (Murcia, 1952), catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de València, lleva más de 30 años trabajando en torno a la migración y asegura a infoLibre que no comparte los términos en los que se debate sobre ello. Ni por parte de la extrema derecha —a la que cada vez cree con más poder de influencia—, ni de la derecha del PP ni, tampoco, de la izquierda. A punto de que comience el nuevo curso, y con una nueva gira africana del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a punto de empezar, responde a las preguntas de este periódico y pide, sobre todo, recuperar lo más básico: hablar de migración no puede desligarse, nunca, de hablar de derechos humanos.

Este martes el presidente del Gobierno inicia una gira por Mauritania, Senegal y Gambia en el marco de la crisis migratoria que vive Canarias. ¿Le daría algún consejo?

Por la experiencia que acumulo, no quiero jugar al profeta en el desierto. En todo caso, mis propuestas están lejos de las propuestas de política migratoria que conduce sobre todo el ministro Marlaska con esos países. Por lo demás, son tres países diferentes y es muy distinta la presencia de sus nacionales o de personas de terceros países en tránsito en viajes migratorios a España. En el caso de Mauritania y Gambia, pediría que pusiera como condición de cualquier acuerdo el respeto de los derechos de sus propios nacionales y de las personas que transiten por su país, algo inútil, pues sus gobernantes no están por la labor. En Senegal, un país más cercano a los parámetros democráticos, pediría diálogo con los agentes de la sociedad civil para seguir el modelo de las propuestas de codesarrollo e inmigración ideadas por Sami Naïr y que no se han puesto en práctica.

España y la UE han destinado ingentes fondos a estos países con el objetivo, entre otras cosas, de controlar la migración. En concreto, en febrero se anunciaron 210 millones para Mauritania por parte de la Unión Europea y 180 por parte de España para Senegal. ¿Cree que este tipo de políticas son solución a esta crisis humanitaria?

No. La experiencia demuestra abrumadoramente que se trata de comprar “polis malos” a cambio de un dinero que esos gobernantes no harán llegar a sus poblaciones, que no mejorará los derechos de sus ciudadanos y menos aún de los inmigrantes o demandantes de asilo que transiten por esos países. ¿Cree usted que al régimen dictatorial mauritano le importan los derechos de sus habitantes? Pues menos aún los de los inmigrantes.

¿Qué sentido tienen entonces estas propuestas? ¿Cómo se justifican?

La justificación de ese modelo de acuerdos bilaterales es puramente de control policial: externalizar esos controles para que no lleguen los inmigrantes que no nos interesan y también para echar a los sobrantes. Los derechos no existen en esos acuerdos: nos desentendemos por completo de lo que hagan con esas personas.

Muchas organizaciones denuncian la falta de transparencia de esos fondos. ¿Cree que se destinan a lo que se dice que se destinan?

Funcionan como los habituales mecanismos de corrupción de los que disfrutan las élites. Es fácil comprobar que no hay cláusula de condicionamiento de esas ayudas a resultados constatables y objetivos de progresos en los indicadores de desarrollo humano de sus poblaciones. Lo que cuentan son las estadísticas de objetivos policiales.

Entonces, ¿cuáles son, a su juicio, las medidas realmente efectivas para abordar este problema?

Si algo se aprende estudiando las políticas migratorias es que no hay soluciones fáciles. La gestión de la movilidad migratoria y de su asentamiento es muy compleja, pero hay propuestas que se pueden ensayar. Con todos los matices, para evitar los tropismos coloniales, serían efectivas las medidas de codesarrollo vinculadas a políticas migratorias que he mencionado, que someten las ayudas, como le he dicho, a controles objetivos de avance en derechos humanos, democracia y desarrollo para sus poblaciones. Me refiero a un sistema descentralizado, en el que los agentes y destinatarios de la gestión de ayudas no deben ser tanto los gobiernos, sino las organizaciones de las sociedades civiles (universidades, asociaciones, sindicatos, etc.) de los países de origen y de llegada de los inmigrantes. Y también ellos mismos, que son los que conocen las necesidades reales y la prioridad de destino de las ayudas.

Los dos grandes partidos no fueron capaces de ponerse de acuerdo en junio para dar una solución urgente a la reubicación de menores no acompañados. ¿Cree que los términos en que se desarrolló el debate, básicamente basadas en dinero y cifras de personas, fue el correcto?

Obviamente, no. Fue un ejemplo más de cómo servirse de la inmigración en la confrontación partidista: no es un ejemplo de política de inmigración, sino de hacer política partidista con la inmigración. Electoralista, simplista y maniquea, a base de manejar tópicos simplistas sobre la inmigración. Antes que inmigrantes, esos menores son niños, cuyos derechos están reconocidos y garantizados por la Convención de los Derechos del Miño y la Ley Orgánica de Protección del Menor, que son derecho vigente que obliga a todos los poderes públicos. Lo primero es cumplir con la garantía de esos derechos, y eso no parece que fuera la condición previa aceptada en un debate que, en el mejor de los casos, se deslizó por la más paternalista y condescendiente perspectiva soi dissant humanitaria. Los derechos no son limosnas piadosas.

¿Qué opina del fondo del debate? ¿Necesitamos hacer obligatoria la reubicación de los migrantes? ¿Por qué?

Es muy sencillo: hablamos de derechos de niños, de menores, que estamos obligados a garantizar y que el Gobierno de Canarias no puede asumir en solitario. Las posiciones del gobierno de la Generalitat de Cataluña y de los gobiernos del PP de diferentes comunidades autónomas que se opusieron a la distribución obligatoria suponen desconocer esas obligaciones jurídicas primarias. No hay discusión posible al respecto. Otra cosa es cómo distribuir solidariamente el cumplimiento de esas obligaciones, cómo financiar solidariamente la garantía eficaz y adecuada de esos derechos. Algo que, por cierto, el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración (PECI), que disponía partidas millonarias para ayuntamientos y comunidades autónomas para las políticas de acogida, facilitaba.

¿Cómo se puede combatir el discurso de la extrema derecha, que ha convertido a los menores migrantes en una auténtica y estupenda excusa para lanzar sus mensajes xenófobos?

Ya he dejado claro que no se puede abdicar de una línea roja: con los derechos de los menores, de los niños, no se negocia, se cumple con ellos. Hay que poner pie en pared en este tema. No cabe admitir un planteamiento que obvie esa premisa. No lo haríamos con nuestros niños. No podemos permitirnos el disparate jurídico de negar derechos a niños por su origen. Es renunciar a principios jurídicos elementales, eso es barbarie.

¿Cree que ha aumentado el número de personas que creen firmemente en el contenido de los mensajes que lanza la ultraderecha en torno a este tema? ¿Por qué cree que consiguen calar?

Sí, es un continuo in crescendo. Las razones son complejas, pero diré que es más fácil creer (insisto, creer) en explicaciones simples, fáciles, sobre las que tomar partido. Me refiero a términos que categorizan entre bueno y malo, es decir, los que corresponden a mis intereses y refuercen mis sentimientos, necesidades o prejuicios, y los que no. Quiero subrayar el papel negativo de buena parte de los medios de comunicación que, con raras excepciones, prefieren ese mensaje simplista y sensacionalista, porque es el que vende. Porque no sólo hay políticos que buscan su rédito electoral, sino también muchos medios, tertulianos y periodistas empeñados en contarnos, por ejemplo, que el hecho de que lleguen 30.000 personas en patera a un país como España es un problema de seguridad nacional, de cohesión social y de supervivencia de nuestra cultura.

¿Hasta qué punto es tóxico el discurso ambiguo del PP sobre migración —aquel que señala que valen los venezolanos y ucranianos, no valen los senegaleses ni marroquíes. ¿Cree que se ha contagiado por la extrema derecha o que los conservadores ya defendían esas ideas antes de su irrupción en la esfera pública?

Niego la mayor. No es el PP sólo, ni sólo Orban, o Salvini. Son todos los gobiernos de la Unión Europea y la propia Unión Europea quienes practican ese doble rasero. Son esos gobiernos los que están restringiendo el asilo y externalizando unas políticas migratorias obsesionadas con el control policial de fronteras y con una inmigración entendida sobre todo como fondo de reserva de mano de obra en condiciones de explotación, y de la que se puede prescindir cuando nos beneficie hacerlo.

Déjeme que insista en un asunto crucial: la explotación de los inmigrantes de países pobres como mano de obra de reserva para el mercado ya la explicó Marx en el XIX, aunque alguna filósofa experta en márketing pretenda haber descubierto hoy el vínculo entre inmigración y pobreza, que en realidad es entre inmigración y desigualdad. Bauman lo clavó: nuestras políticas migratorias se basan en una «industria del desecho humano». Por eso no hay políticas serias para promover que los inmigrantes se puedan convertir en ciudadanos de pleno derecho. En lugar de un nuevo contrato social, sólo les ofrecemos la disyuntiva nefasta entre ser víctimas del racismo u objeto pasivo de un condescendiente “humanitarismo”.

El PSOE ha pasado de dar una lección con el Aquarius a defender en la UE la externalización de las fronteras. ¿Cómo valora ese cambio de estrategia? ¿A qué cree que se ha debido?

Como puede suponer, me duele profundamente. Recordaré, ante todo, que el Gobierno de coalición no ha actuado igual que lo hizo el Gobierno Rajoy, que suprimió el PECI y aprobó el malhadado Decreto 16/2012, que dejó sin acceso a la sanidad a casi 900.000 personas residentes en España. Sin embargo, este Gobierno cedió pronto al modelo de cerrazón securitaria y a la hipocresía de la ideología neoliberal de mercado que domina la política migratoria y de asilo europea, de Dinamarca, Bélgica y los Países Bajos, a Austria; de Polonia y Hungría a Francia e Italia… En España existieron los dos PECI (2007-2010 y el interruptus 2010-2014). Hoy, la ministra del ramo parece no saber de qué va eso.

¿Cree que la ultraderecha está deseando replicar en España la estrategia violenta que desplegó en Gran Bretaña con el asesinato de tres niñas?

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Frenar cayucos a golpe de millones: por qué delegar la política migratoria en los países de origen es un error

No creo que sea un objetivo expresa y perversamente planificado. Creo que, simplemente, la extrema derecha se vale de cualquier oportunidad para propagar los bulos y fobotipos sobre la inmigración. Y cuanto más simplistas y más dolorosos sean los sucesos a manipular, saben que más fácil prende la mecha. Ninguna novedad. Algunos parecen haber olvidado que el terrible episodio del pogromo en El Ejido que duró toda la primera semana de febrero del año 2000, en el que centenares de inmigrantes fueron perseguidos y maltratados masivamente, fue consecuencia de cómo se manipularon los asesinatos cometidos por dos marroquíes.

El pasado mes de abril la UE aprobó su nuevo Pacto de Migración y Asilo, un documento muy criticado por las organizaciones de derechos humanos. ¿Considera que fue un triunfo de la extrema derecha de la UE?

Sobre eso he escrito en infoLibre y en otros medios. Es un caso claro de lo que podríamos decir “el mal de la tibieza” que describe San Juan en el Apocalipsis. “Porque no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca” (Apoc, 3, 15-17). El pacto me parece sobre todo la demostración de la claudicación de Von Der Leyen y los gobiernos europeos, por el miedo a enfrentarse en serio con el mensaje xenófobo y simplista: sus spindoctors han acuñado el dogma de que defender los derechos de los inmigrantes y demandantes de asilo, en lugar del mensaje de mano dura, es una sangría de votos. Y no se dan cuenta de que en realidad esa política de tibios, que apela como mucho a la lástima y a la coartada humanitaria, para no mencionar la exigencia de los derechos, les hace perder más votos, porque los votantes de derecha prefieren el original al sucedáneo, y quienes exigimos el respeto a los derechos como condición no podemos apoyar a quienes venden esos derechos. La mayor parte de la izquierda ha abandonado la prioridad de los derechos en la política migratoria. Parece que sólo el papa Francisco toma en serio esa exigencia.

Incluso los más legos saben que el Derecho se construye y avanza desde la contradicción y la crítica técnico-jurídicas: es una tarea básicamente doctrinal y en buena medida jurisprudencial, a la que no son ajenas las razones de contexto, también ideológicas, porque el Derecho es un instrumento del que nos servimos en las relaciones y conflictos sociales. Conviene recordar, además, que esa construcción se hace a partir de la dimensión jurídica más importante cuantitativa y cualitativamente, la normativa. Y conviene recordar asimismo que, en una sociedad democrática, esa dimensión es fruto sobre todo del debate y la contradicción que constituyen el juego parlamentario, donde se confrontan proyectos, se negocia y, como resultado, el legislativo produce las normas, con el consenso que el juego de mayorías permita en cada momento y desde el necesario respeto a los derechos de las minorías. En una sociedad democrática, las normas emanadas del legislativo gozan de la más fuerte presunción de legitimidad, como representante directo de la soberanía popular.

Añado, para no ser malinterpretado: frente a tanta vulgata sobre la tesis de Montesquieu acerca de la división de poderes, lo cierto es que la sabiduría de Montesquieu quería -y así lo dejó dicho- que los jueces, en realidad, no fueran un poder, es decir, que no lo fueran con los mismos rasgos que el legislativo y el ejecutivo. La razón es que era perfectamente consciente de los problemas que afectaban a un poder judicial que era mero instrumento de la corona y escenario de la arbitrariedad (como lo dejaban claro las <lettres de cachet>) y difícilmente esa realidad permitía el objetivo de la división de poderes: el control, el equilibrio. Esta reticencia se acentuó ante el proceso revolucionario contra el antiguo régimen, conscientes los revolucionarios de que la extracción social y la ideología de los jueces, hacía de ellos un resorte tendencialmente reaccionario que podía retrasar o incluso paralizar la transformación social y política que perseguía la revolución. Por eso el corolario: los jueces han de ser boca muda de la ley. Una concepción que llevó a sostener, como lo hizo la escuela de la exégesis (y sus sorprendentes partidarios renacidos hoy: por ejemplo, quienes sostienen que los jueces deben limitarse a aplicar literalmente la ley de amnistía), que la función de los jueces es la mera aplicación mecánica de la ley y, con ello, a minimizar la tarea de interpretación jurídica, reduciéndola a la supuesta reproducción literal de la voluntad del legislador. Hoy, cualquiera que haya cursado estudios de Derecho sabe, por el contrario, que el Derecho es siempre actividad interpretativa que está muy lejos de la supuesta subsunción mecánica en la omniprevisión del legislador.

Lo que me importa recordar aquí es sobre todo que resulta indiscutible que la función de los jueces no consiste tanto en ejercer poder, cuanto en garantizar los derechos de los ciudadanos frente a la arbitrariedad del poder institucional y también en poner freno a la arbitrariedad, a la desigualdad de poder, en los conflictos entre particulares en los que muy a menudo se dan situaciones de asimetría que dejan en desamparo a los más débiles. Es decir, los jueces son una barrera frente a cualquier exceso de poder, siempre que no reduzcamos ese poder sólo al poder político institucional,  pero eso no debe llevar al extremo de que los jueces se autoatribuyan la condición de verdaderos señores del Derecho, esto es, al riesgo del gobierno de jueces (Richterstaat) que algunos ignaros en Derecho pretenden descubrir  ahora con la fórmula “juristocracia”. Los jueces no pueden ni deben sustituir al ejecutivo, ni al legislativo, pero sí someterlos a control. Y el constitucionalismo moderno ha desarrollado además otra función, la del control de constitucionalidad, que los jueces pueden poder en marcha y que resuelve una institución, los tribunales constitucionales (que, además, no siguen todos el mismo patrón: no es lo mismo el Tribunal Supremo de los EEUU que los Tribunales Constitucionales europeos, cortados según el modelo ideado por Kelsen), y cuyo carácter mixto, político y jurisdiccional,  no siempre es bien comprendido por los legos. No digamos, por los profesionales de los medios de comunicación que informan y opinan tan a menudo sobre cuestiones jurídicas sin la más elemental formación al respecto.

Viene a cuento lo anterior, que es bien sabido, para subrayar una vez más que las decisiones judiciales (como las legislativas) son siempre susceptibles de crítica. Pero, dicho ésto y a mi entender, la responsabilidad política y el respeto a la división de poderes imponen en particular a los miembros del ejecutivo un deber de prudencia y una auto-restricción de su libertad de expresión, para respetar la división de poderes y para no propiciar desde su posición institucional el  detrimento de la confianza de los ciudadanos en los jueces: ese es el criterio que antes se repetía «el gobierno no comenta decisiones judiciales». El gobierno, si procede, tiene a su alcance recurrirlas y puede instar para ello nada menos que a la abogacía del Estado e, incluso, dirigirse a la fiscalía general del Estado para que estudie abrir las diligencias oportunas si procede (lo que, en todo caso, esalgo muy distinto de darle instrucciones, porque la fiscalía general debe ser independiente del ejecutivo, algo que pareció no entender bien el actual presidente del gobierno desde el comienzo de su mandato («¿y quién nombra a la fiscalía? Pues eso…»).

Insisto: los ministros -desde luego, el de justicia- deben ejercer la prudencia a la hora de afrontar las decisiones judiciales que no comparten. Lo cierto es que la  opinión de un ministro sobre las decisiones judiciales no es la de un particular, un profesor o un profesional del Derecho -un jurista- que tienen toda la libertad de expresión garantizada para dar a conocer su opinión, incluso con vehemencia, aunque siempre sean exigibles la educación y el respeto personales.
Por esas razones, a mi juicio, los ministros deberían abstenerse de dirigirse de continuo a la opinión pública para descalificar las decisiones de los tribunales y, sobre todo abstenerse de dirigirse a los tribunales para indicarles cómo deben resolver en este o aquel caso, desde un auto de un juez de instrucción, a los fallos del Tribunal Supremo o al Constitucional.

Ya he dejado constancia de que me abochorna la deliberada incontinencia del ministro encargado de los tuits: lo considero una persona inteligente, con sobrada experiencia política y por eso no entiendo sus tuits como descargas viscerales, sino como una estrategia meditada. Pareciera que ha entendido su condición de ministro con competencia en materia de movilidad, para dedicarse básicamente a movilizar  a la opinión pública, alegando su condición de «jurista», condición que parece confundir con la de haber obtenido el título de licenciado o graduado en Derecho, pues se le desconocen otros méritos jurídicos para arrogarse el carácter de jurista, más aún cuando exhibe un dominio más bien endeble de la «lógica jurídica» que invoca. Insisto: no se trata de negarle a un ministro su libertad de expresión, pero sí de hacerle ver que debe conjugarla con la responsabilidad institucional, antes de difundir una y otra vez a los cuatro vientos sus críticas a las decisiones judiciales que no le gustan,

Pero me preocupa sobre todo que el ministro de justicia (en un gesto encaminado, quizá, a hacer ver a los independentistas que «se está haciendo todo lo que se puede» en favor de la aplicación de la amnistía para Puigdemont) le lea la cartilla al juez Llarena o a los magistrados de la sala de lo penal del Tribunal Supremo, por muy criticable que sea su último auto al respecto (que, a mi juicio, como ya he comentado aquí mismo, excede de lo jurídicamente razonable y pertinente en buena parte de sus consideraciones). No digamos nada de su alegato de que la posición de los jueces del Tribunal Supremo sobre la amnistía sólo es compartida por Vox. Me parece totalmente improcedente esa actitud que, a mi juicio y con el respeto debido  a alguien que ha asumido tan alta y compleja responsabilidad, comporta una dosis inaceptable de irresponsabilidad política e institucional.

Por eso, desde la modestia de quien, como y, se considera antes que otra cosa un jurista, después de casi cincuenta años de ejercicio como profesor de Derecho y también con cierta experiencia en tribunales e incluso mínimamente en el poder legislativo, pero también desde mi condición de  militante socialista, me permito pedir encarecidamente a los miembros del gobierno que dejen la crítica jurídica y desde luego la ideológica a los portavoces del partido, a los diputados y militantes, que pueden y deben ejercerlas, incluso a fondo. Y siempre con argumentos y sin descalificaciones personales, ni generalizaciones, que ponen en solfa a la inmensa mayoría de los 5500 jueces y magistrados que ejercen con profesionalidad y cotidianamente su función.

Estuve atento -y paciente- ayer para seguir la ceremonia de apertura de los juegos olímpicos, en Paris
No cansaré al lector  repitiendo lo que nos han enseñado la sociología y la antropología sobre nuestra necesidad de fiestas, ritos y liturgias. Antes, asociadas a la ruptura de lo ordinario que es la noción religiosa de lo sagrado. Hoy vinculadas a las supersticiones y fabulaciones de un mundo que se dice desacralizado y que construye lo sagrado sobre todo tipo de banalidades, hasta las más estúpidas.
Los rituales que rodean la fiesta de los juegos olímpicos son un ejemplo de esa reformulación de lo sagrado, a la par que de la utilización de lo que se pretende universal, pero que en realidad esta listo para glorificar lo «nacional», el país que los organiza, el que gana medallas…La sustitución de la guerra por la confrontación deportiva
Francia, un país al que amo como segunda patria por su espíritu republicano, por su cultura y sus aportaciones a la humanidad, es también ¡ay! cuna del chauvinismo. Y con un presidente ególatra y jupiterino, no iba a desaprovechar la oportunidad, dejando en tercer o cuarto plano al Ayuntamiento de Paris que, en lógica elemental, debería haber recibido un protagonismo mayor. Algunos medios se han hecho eco de la «operación de implacable <limpieza>», que se ha llevado a cabo en estas semanas, para apartar de la vista todo cuanto pudiera servir de contraste a la imagen de una Paris y una Francia glamourosa. No me extenderé en eso; no es una novedad…
La ceremonia ha recibido elogios y críticas casi por igual. Desde el punto de vista de la innovación, no me cabe duda de que ha sido una apuesta ganadora. Desde el punto de vista de la organización y el ritmo de la ceremonia, en cambio, creo que ha sido en gran medida fallido: en muchos momentos demasiado repetitivo y prolongado hasta el aburrimiento, aunque hay que reconocer que la lluvia torrencial lo ha dificultado todo. He encontrado excesiva la insistencia “pedagógica” para presumir de la herencia cultural francesa y de su presente, en detrimento del protagonismo de quienes deben ser el centro: los sufridos atletas que han afrontado con loable entusiasmo el chaparrón que no parecía tener fin desde los barcos en los que se les ha embarcado con criterios a veces difícilmente comprensibles. Y respecto a las delegaciones de países, justo el aplauso a la participación de los refugiados bajo bandera de ACNUr, a las delegaciones de países asolados por la guerra, como delegación palestina, la de Ucrania o a la de Yemen. Me parece justificado el considerable rechazo con el que se recibió la presencia de la delegación de Israel
En lo positivo, me quedo con los detalles del marco de la ceremonia: el Sena vertebrando París, y la torre Eiffel, un icono privilegiado al que se le ha dado un estupendo juego.
Destacaré la extraordinaria brillantez de algunos momentos, eesde la impactante imagen de los humos de colores componiendo la bandera de francia, o el episodio de la <Libertad>, con el <ça ira>, la estruendosa banda de metal Gojira y la representación del coste sangriento de la revolución. Me ha gustado mucho también, aunque la lluvia implacable haya deslucido este momento, la vibrante interpretación de La Marsellesa por la magnífica y bella soprano Axelle Saint-Cirel. En cambio, aunque su fuerza simbólica me parece innegable, creo que la lluvia arruinó la coreografía de una idea tan estupenda como la banda de la guardia republicana acompañando la interpretación de la cantante maliense-francesa Aya Nakamura, que había despertado las iras de la extrema derecha que no acepta la realidad de una Francia que ya no es la de Vercingetorix y los galos.
Muy brillante la idea de las estatuas doradas de mujeres que son iconos de la cultura y el pensamiento francés y universal, de Olympe de Gouges a Alice Guy, o Simone de Beauvoir, si bien, por poner una pega, algunos hemos echado en falta a otras grandes mujeres: Marie Curie o la gran filósofa Simone Weil, por ejemplo. La referencia a los otros dos principios, igualdad y fraternidad, completados con la sororidad, la solidaridad, y con la diversidad, me parece muy justa.
A mí no me han gustado algunos de los ejemplos de la diversidad que me parece exageraban el aspecto supuestamente provocador, para caer en lo ridículo, si no incluso en lo vulgar. Encuentro muy deslucido el supuesto homenaje a la moda y me ha parecido muy fallida la coreografía de Lady Gaga y el homenaje al can-can, así como las idas y venidas del portador enmascarado, por no hablar del insoportablemente largo momento discotequero y del papanatismo de los prolongados efectos laser.
Estupendo el homenaje de Francia al rey de Roland Garros, su abrazo con Zidane, la presencia de mitos de los juegos que le acompañaron y el último relevo del más anciano de los campeones olímpicos a la pareja de atletas franceses que encendieron un pebetero que homenajea a los Montgolfier. Magnífico el colofón: la quebequesa Celine Dion reapareció cuatro años después, pese a su enfermedad, para emocionarnos con su versión del Himno al amor, de Edith Piaf

En las últimas semanas no deja de crecer lo que a primera vista parece una estrategia de acoso y derribo al presidente Sánchez, más incluso que al gobierno de coalición, que se sirve de informaciones supuestamente periodísticas sobre actuaciones de su esposa, doña Begoña Gómez. Se trata de actuaciones que, hasta donde se sabe por ahora, tienen todo el aspecto de libelos urdidos desde la ultraderecha, aunque más recientemente se ha añadido alguna documentación de aparente fiabilidad.

Recurrir a bulos y medias verdades que afectan a familiares de políticos para atacar al personaje político que se quiere derribar, es rechazable en todos los casos . El del presidente Sánchez no es el primero y los ha habido respecto a políticos de diverso signo. Recordaré, por ejemplo,entre los más recientes, las informaciones maliciosas y bulos, sobre el político de CiU y Junts, el señor Trias, o la deleznable campaña interna en ERC contra los Maragall. Es verdad que hay asuntos más graves, de los que se ha hablado en estos años pero de los que parecen emerger pruebas fehacientes en estos días: me refiero a las informaciones que parecen confirmar que se ha buscado destrucción del adversario político por medios delictivos que implican a las cloacas del Estado, a propósito de políticos de podemos y del espectro independentista. Esperemos que se nos informe fehacientemente a todos los ciudadanos acerca de esa barbaridad. Y que sus responsables sean castigados como corresponde.

Dicho ésto, en lo que aceptaré nombrar como “caso Begoña”, se impondrían a mi juicio un par de consideraciones que tienen que ver con la prudencia política y con el respeto a reglas elementales que dicta esa virtud, condición sine qua non para un ejercicio aceptable en política.

La primera es tan vieja como la tradición política romana y está acrisolada en un dictum que debería ser observado siempre: la mujer del César no sólo debe ser honrada, sino parecerlo. A mi juicio y por lo que sabemos hasta ahora, la conducta de la Sra Gómez, la esposa del presidente, no ha sido ilegal, es decir, no ha incurrido en delito alguno. Es verdad que esta afirmación ha de ser enunciada con prudencia, porque hay un procedimiento judicial en curso.  Aunque algunos consideren que su proceso es un ejemplo de lawfare, y hayan trazado incluso un perfil del juez que lo presenta como cómplice de la estrategia de la extrema derecha, lo cierto es que la Audiencia Provincial de Madrid ha validado una parte del procedimiento y que la fiscalía europea ha iniciado investigaciones que tienen que ver con ello. Por tanto, conviene no pronunciarse categóricamente mientras no tengamos suficientes elementos.

Debo decir, en todo caso y a propósito de las reglas de conducta que aconseja la prudencia política, que creo que la señora Gómez no ha sido lo prudente que debiera: por ejemplo, a mi juicio, no debió escribir cartas de recomendación para un empresario amigo y colaborador, que licitaba ante la administración. No son ilegales, en absoluto, pero no queda bien que la esposa del presidente avale a alguien que licita por fondos públicos y que es socio de ella en algunos proyectos. Por razones de prudencia, asimismo, tampoco debió convocarlo ni recibirlo en reuniones en La Moncloa para tratar sobre negocios o proyectos lícitos, sí, pero que debían haber sido objeto de conversaciones y negociaciones fuera del recinto presidencial. Y laprudencia política habría aconsejado no convocar ni recibir en La Moncloa a las autoridades universitarias de las que pretendía obtener una resolución favorable a su proyecto de cátedra de mecenazgo. Añadiré que me parece que puede aceptarse, por razón de educación y cortesía, que el presidente, si estaba en La Moncloa, saludara a quienes se han reunido con su esposa en esas ocasiones. Otra cosa sería que hubiera participado en tales reuniones: confío en que no haya sido así. Y, en cualquier caso, quizá debía haber aconsejado a su esposa que no realizara esas reuniones en La Moncloa, para evitar lo que ha pasado después, todos los bulos e infundios que están arrojando sobre él y la señora Gómez. En cualquier caso, me parece que, si hay reuniones de negocios de la esposa del presidente en La Moncloa, es lógico que la prensa quiera informar y que los ciudadanos sepamos de qué se trató. La señora Begoña Gómez tiene, sin la menor duda, todo el derecho a trabajar en lo que le parezca, y a desarrollar su carrera profesional, pero desde la prudencia a la que le obliga su condición de esposa del presidente.

Subrayaré que, en mi opinión, no han sido prudentes, ni correctos, el empresario en cuestión, ni, menos aún, las autoridades universitarias de la Complutense, al aceptar acudir a La Moncloa para mantener esas reuniones y negociaciones. Creo que hay dudas acerca de si ha sido prudente el procedimiento seguido para conceder una cátedra de mecenazgo a una persona que, al margen de su inteligencia y capacidades, de las que no dudo, no tiene titulación universitaria adecuada para esas tareas y, además, es la esposa del presidente del Gobierno. Por cierto, no me resisto a subrayar la deriva a la que están llegando las denominadas cátedras de mecenazgo, algo que, como profesor universitario, me parece muy de lamentar. Que un rector declare que no se requiere titulación universitaria alguna para desempeñar cátedras de ese tipo es un verdadero disparate.

La segunda consideración se refiere a otra cuestión que atañe también a la prudencia política y a la dignidad institucional en el ejercicio de cargos tan importantes como el de ministro de un gobierno. Porque, a mi entender, es sumamente discutible la pertinencia de las intervenciones de ministros del gobierno en defensa de la esposa del presidente. También me parece un error, aunque de otro calibre, muy distinto, que los líderes del partido hayan hecho bndera de la defensa de la esposa del presidente. Empecemos por esto último.

Es verdad que, en el fragor de las campañas electorales no se atiende demasiado a consideraciones de prudencia. Pero es que en la campaña de las recientes europeas pudimos asistir -por mi parte, lo reconozco, con verdadero estupor- a la presencia de la señora Gómez como gancho electoral en mítines y a la movilización del partido en su defensa, con el slogan electoral “todos con Begoña”. Insisto, ¡en unas elecciones europeas! en las que se supone que debíamos debatiir de otras cosas como política migratoria y de asilo, política medioambiental, autonomía energética y de defensa, toma de posición ante la guerra a sangre y fuego de Putin en Ucrania y de Netanyahui en Gaza…

Puedo entender que militantes y aun dirigentes del partido se crean en la obligación de la defensa del presidente del gobierno y secretario general del partido. Hablo, por cierto, de un partido -en este caso el PSPV-PSOE- en el que milito y he tenido el honor y el orgullo de que me incluyera en sus listas electorales al Senado, y de desempeñarme como senador en la XIII y XIV legislaturas. Lo hago constar por si algún lector no lo sabe.

Lo que me parece contrario a las exigencias de la prudencia política  es que ministros del gobierno incurran en el error de erigirse en defensores en la causa seguida contra la señora Gómez, esposa del presidente. Y aún peor, que incurran en expresiones de auténtico hooliganismo, del populismo más simplón, como por ejemplo lo hizo esa suerte de Dr Jekyll y Mister hyde en que parece encarnarse demasiado frecuentemente para lo que sería exigible en términos de la dignidad institucional la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda.  Más allá del ministro que ejerce como tuitero de guardia, el señor Puente, que está para eso según parece, el hecho de que intervengan a troche y moche para defender a la señora Gómez diferentes ministros, incluida la portavoz, desde la Moncloa y en rueda de prensa del consejo de ministros, o en actos oficiales, aunque exista el argumento de la defensa del propio presidente, no me parece que sea coherente con la dignidad de los cargos que tienen y con la separación entre lo que es privado y lo público. Insisto en que entiendo que al propio presidente del gobierno le indigne y le duela cómo están usando el nombre de su esposa con tal de denigrarle a él (aunque no creo acertada la estrategia de silencio de cinco días y su famosa carta) , y entiendo que a sus compañeros de gobierno les parezca necesario defender al presidente. Pero la esposa del presidente es autónoma, es mayor de edad, es una persona con capacidad reconocida para defenderse ella sola y, en su caso, como ahora, mediante su abogado. Tiene el mismo derecho a la presunción de inocencia y a guardar silencio en juicio que asiste a todos los ciudadanos; faltaría más. Pero añadiré que me desconcierta en particular el hecho de que el ministro de justicia entre de continuo en la descalificación de la actuación del juez de instrucción en el procedimiento que se sigue contra la señora Gómez. Tenga la opinión que tenga sobre el juez y sobre el procedimiento, es ministro de justicia: no puede ni debe comentar las actuaciones judiciales.

Espero y confío que doña Begoña Gómez salga indemne de este procedimiento judicial. De lo que ya no sale indemne es de la “pena de telediario”. Creo que la libertad de prensa es pieza indispensable de la democracia y que los ciudadanos tenemos derecho a una información veraz y plural. Pero creo también que todos los partidos deberían renunciar a servirse del ámbito de lo privado -si se trata de lo privado, claro- para ganar terreno en la contienda electoral. Por mucho que se repita el tópico, ni en la guerra, ni en el amor, ni tampoco en la política, todo vale.

Cada año dedicamos un día a conmemorara los refugiados -no cabe hablar de celebración, desde luego-. Pues bien, este de 2024 exige, si cabe, insistir con mayor énfasis en el proceso de degradación que vive el derecho al que aspiran, la protección que constituye, como explicó Arendt,  la llave para poder ser reconocidos como sujetos de derechos. Porque la situación jurídica que padecen quienes se ven obligados a huir de su país y encontrar refugio fuera de él, se puede describir así: son sin derechos, o, como explicó el entonces Comisionado de derechos humanos dela ONU, el príncipe jordano Zaid Ra’ad al Hussein, en su intervención ante la Asamblea General de la ONU el 30 de marzo de 2016: “These are people with death at their back and a wall in their face»: huyen de la muerte y nosotros les oponemos un muro.

El informe 2024 de la agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR, Global Trends Forced Displacements 2023 (acnur.org/es-es/tendencias-globales), nos presenta las principales características de los desplazados internos y los solicitantes de refugio en todo el mundo: un total de 120 millones de personas que se han visto forzadas a huir de sus hogares, incluso e sus países. Más de una de cada 70 personas en el mundo, es decir, el 1,5% de la población mundial. De ellos, casi 7 millones son demandantes de asilo y casi 32 millones se encuentran bajo el mandato de ACNUR. Contra el tópico que difunden los mensajes tremendistas de la invasión o el gran reemplazo, que nos quieren hacer creer que Europa está asediada por inmigrantes y refugiados, lo cierto es que el 75% de quienes buscan la protección del refugio son recibidos en países con renta muy baja o media y, más concretamente, el 70% se quedan en los países limítrofes a los de su país de origen. Hay un dato terrible: el porcentaje de niños constituye más de un 30% del total, es decir, cerca de 37 millones (casi 14 millones de los refugiados y casi 23 millones entre los desplazados internos)

La paradoja constitutiva de la noción de refugiado

La primera contradicción que se impone en este día mundial dedicado a los refugiados  afecta al equívoco terminológico: en efecto, conforme al artículo 1 de la Convención de Ginebra (ratificada por todos los Estados de la UE), llamamos refugiados a millones de personas que en todo el mundo huyen de sus países, lo que propicia que entendamos que ya gozan de protección, pero en rigor no lo son. La inmensa mayoría de esos millones de personas son sólo asylum seekers, seres humanos que huyen y buscan protección en otro país y quedan a la espera de respuesta, al menos de una respuesta que no suponga que les devuelvan al país del que huyen. Por eso, el principio de non refoulement es el santo y seña de esa protección que anhelan. Pues bien, conviene recordar que el proceso que media enyre la huída de sus hogares y la obtención de esa respuesta, no sólo es largo, peligroso, azaroso, sino que incluso cuando llegan a un país en el que pueden solicitar la protección, deben permanecer largo tiempo a la espera. Y lo que es peor: en este año 2024, como señalaré, se ha incrementado la tendencia a mantener a esos asylum seekers fuera del territorio de la supuesta acogida, o deportarlos («trasladarlos» es el eufemismo) a países terceros donde deben esperar esa respuesta, extremando los procedimientos que conocemos como <externalización del asilo>.

Volvamos al inicio de la cuestión y recordemos qué quiere decir ser un refugiado. De acuerdo con el Derecho internacional de refugiados que componen la Convención de Ginebra de 1951, concretamente su artículo primero y el Protocolo de Nueva York de 1966 (que eliminó los límites geográficos y temporales enunciados en la Convención, que tenía en cuenta casi exclusivamente la situación de grupos de desplazados europeos tras la segunda guerra mundial), podemos definir como refugiado a “Toda persona que tiene fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opciones políticas, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o no quiere acogerse a la protección de ese país, o regresar a él a causa de dichos temores”.

Ese marco definitorio fue ampliado en los instrumentos jurídicos de dos ámbitos regionales diferentes, el africano y el latinoamericano. Así, la Convención de la OUA de 1969 que atiende a los problemas de los refugiados en Africa, entiende por refugiado “Toda persona que, debido a agresiones externas, ocupación, dominación extranjera u otros eventos que alteren gravemente el orden público en una parte o en la totalidad del territorio del país de su origen o nacionalidad, se vea obligada a huir del lugar donde habitualmente reside”. Por su parte, la conocida como Declaración de Cartagena, considera refugiados a “Las personas que han huido de sus países, porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”.

Pero lo cierto es que cada vez ponemos más difícil a las personas que necesitan de esta protección internacional el llegar a ser refugiados, comenzando porque cada vez ponemos más obstáculos para que puedan siquiera plantear formalmente su solicitud de asilo o de la protección internacional subsidiaria y, por tanto, alcanzar la condición formal de refugiados. Y además, porque cada vez más se multiplica la casuística de los motivos de persecución y la propia noción de persecución resulta restrictiva para comprender a una categoría reciente de personas que se ven obligados a huir de sus países de origen, por otros motivos: es el caso de los denominados refugiados o desplazados climáticos o medioambientales.

La tendencia a restringir la protección que necesitan los refugiados

Ante todo, es necesario reiterar una precisión, frente al tópico: como demuestran machaconamente las estadísticas del ACNUR, la inmensa mayoría de los que huyen, insisto en ese dato, no llegan a los países europeos, porque el 70 % se quedan en los países limítrofes al suyo de origen, o en los más próximos: de los cinco principales países de destino, según los datos de 2023, Irán (3,4 millones), Colombia (2,5 millones), Pakistán (1,5 millones), sólo uno es europeo (Alemania, 2 millones).

Lo peor es que cada vez resulta más evidente que una parte de los países hacia los que huyen estos millones de personas se empeñan en impedir que alcancen su territorio o, en todo caso, en conseguir expulsarlos rápidamente de él. Me refiero a los países occidentales: además del caso extremo de Australia, pionera en arrendar o comprar islas fuera del continente australiano para confinar en ellas a los inmigrantes o solicitantes de asilo que no quieren recibir, habría que incluir en este grupo a los Estados de la UE, así como Estados Unidos y México.

En el caso europeo, es imposible dejar de constatar la tendencia creciente  de esa voluntad política de dejarlos fuera, de alejar a esas personas de nuestro territorio, mientras esperan el proceso de selección y la respuesta a sus demandas de protección. Sin duda, las fuerzas políticas de ultraderecha, que han obtenido importantes avances en las recientes elecciones europeas, han conseguido contagiar de su lógica a buena parte de la derecha conservadora. Hasta el punto de revertir el elemento básico del derecho internacional de refugiados al que me he referido al comienzo, el principio de non refoulement, enunciado en el apartado 1 del artículo 33 de la misma Convención de Ginebra de 1951. Y ello, mediante una interpretación cada vez más discrecional de lo que dispone el apartado 2:

1. Ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas.
2. Sin embargo, no podrá invocar los beneficios de la presente disposición el refugiado que sea considerado, por razones fundadas, como un peligro para la seguridad del país donde se encuentra, o que, habiendo sido objeto de una condena definitiva por un delito particularmente grave, constituya una amenaza para la comunidad de tal país.

Dos test del deterioro del derecho de asilo

Dejo de lado, porque requiere un análisis específico, el caso de la inmensa mayoría del pueblo palestino, que son refugiados en peligro, como lo acredita la existencia de una agencia específica de la ONU, la UNRWA. Los palestinos viven en una situación límite desde que, en respuesta a los terribles atentados de Hamas, el 7 de octubre de 2023,  el gobierno de Israel decidió emprender una respuesta indiscriminada a sangre y fuego que no distingue entre Hamás y la población civil palestina y ha provocado más de 35000 muertos y un número enorme de heridos, entre ellos, niños.

Quiero centrarme en dos argumentos que constituyen, a mi juicio, muestra evidente de ese proceso de deterioro del derecho al que aspiran los refugiados, en el ámbito de la Unión Europea.

Me refiero en primer lugar al Pacto europeo de migración y asilo (PEMA), aprobado el 10 de abril de 2024 por el Parlamento europeo, después de que en diciembre de 2023 el Consejo de la UE (Consejo europeo), bajo la presidencia española, alcanzara in extremis un acuerdo. A juicio de muchos de nosotros, el pacto supone una nueva vuelta de tuerca en el estrechamiento del derecho de asilo y de la protección internacional subsidiaria, porque pensamos que amenaza principios básicos del Derecho internacional de asilo y propicia una lógica jurídica discriminatoria. En todo caso, está aún lejos del proyecto de un Sistema europeo común de asilo (SECA).

Quiero advertir sobre la necesidad de evitar las generalizaciones: hay que tener en cuenta que el PEMA es un acuerdo muy complejo, que se despliega en una decena de instrumentos jurídicos. Entre ellos, en punto a la regulación del derecho de asilo y protección internacional subsidiaria, hay seis reglamentos a tener en cuenta, de los que dos son clave: el Reglamento sobre los Procedimientos de Asilo (APR, por sus siglas en inglés) y el Reglamento sobre la Gestión del Asilo y la Migración (RAMM). A ellos, como digo, hay que añadir el Reglamento de control previo a la entrada (screening), el Reglamento de Crisis y Fuerza mayor (donde se recoge el principio de solidaridad “a la carta”), el Reglamento sobre Procedimiento Fronterizo de Retorno y el Reglamento Eorodac.

La crítica formulada por ONGs con experiencia en asilo, como ECRE, CEAR, el SJM, ACCEM, y otras como Save the Children, Caritas, o PICUM, subraya por ejemplo que se ha renunciado a garantizar la asistencia legal gratuita en todas las fases del procedimiento de asilo, así como también a la reubicación obligatoria como modelo de solidaridad de todos los países europeos respecto a la acogida de refugiados (en su lugar, se ha optado por la solidaridad a la carta, que permite el rechazo de refugiados a cambio de una especie de multas), o un sistema de acceso al procedimiento que se parece demasiado a un laberinto burocrático, con plazos dilatados y con una rebaja en las garantías para personas en situación de especial vulnerabilidad, al tiempo que se priorizan procesos acelerados de deportación, lo que implica el debilitamiento de la defensa jurídica en los procedimientos administrativos en las fronteras, junto a la posibilidad de ser deportadas mientras se resuelve el recurso de expulsión.

En todo caso, resulta desolador la escasísima atención que han prestado a la garantía de los derechos de los refugiados los programas electorales de los partidos que han competido en las recientes elecciones europeas. No digamos nada de la ausencia de propuestas concretas, a propósito de los problemas a los que trata de responder (a mi juicio, de forma muy equivocada) el PEMA. El gobierno, por cierto, ha sacado pecho de la aprobación del plan, sin rectificar los problemas que afectan al laberinto burocrático de los demandantes de asilo en nuestro país, o al doble rasero entre la rápida y muy positiva solución prestada a los refugiados ucranianos frente a los que huyen de otros conflictos bélicos o de situaciones de extrema necesidad (Sudán, por ejemplo).

La segunda señal de alarma es el avance de la lógica de externalización en el ámbito del procedimiento de refugio y asilo en la UE. Es fácil constatar cómo avaanza en la UE la tendencia a crear un sistema de selección mediante centros o campos (hotspots) ubicados en países terceros, a los que se enviaría a los demandantes de esa protección internacional, a la espera de resolución. No ya países limítrofes (como lo fuera Turquía, o como pretende ahora el gobierno de Meloni con Albania), sino incluso fuera del círculo de vecindad (Mauritania, Marruecos, Libia) o, directamente, muy alejados (Ruanda), como fue objetivo del proyecto inicial del gobierno danés, que el gobierno de Sunak consiguió recientemente convertir en ley. Es cierto que el Reino Unido no forma parte de la UE, pero la lógica de la ley Sunak inspira, a todas luces, la iniciativa eufemísticamente denominada “diplomacia de la migración”, suscrita por 15 Estados miembros de la UE (Dinamarca, República Checa, Bulgaria, Estonia, Grecia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos, Austria, Polonia, Rumania y Finlandia), que entregaron el pasado 15 de mayo una carta a la Comisión Europa en la que proponían crear  centros de selección para la petición de asilo en países terceros, donde se debería trasladar a todas los inmigrantes y potenciales solicitantes de asilo rescatados en el mar (https://www.lemonde.fr/international/article/2024/05/17/quinze-pays-de-l-ue-reclament-l-externalisation-des-demandeurs-d-asile_6233893_3210.html). Subrayaré que esa iniciativa coinciudió en el tiempo con la propuesta asumida en el Manifiesto electoral del Partido Popular Europeo para las elecciones europeas celebradas el 9 de junio, “Nuestra Europa: un hogar seguro y bueno para nuestros ciudadanos” (https://www.epp.eu/papers/epp-manifesto-2024), según la cual “Cualquier persona que solicite asilo en la UE también podría ser trasladada a un tercer país seguro y someterse allí al proceso de asilo”. Por cierto, resultó desolador la ausencia de propuestas relativas a la garantía del derecho de asilo en el PEMA, en la inmensa mayoría de los programas electorales que concurrieron el 9 de junio.

La hipocresía es insoportable, además, porque se disfraza de cooperación bilateral e incluso multilateral lo que, hablando claro, es un descarado proyecto de quitarse el problema de encima, a base de la complicidad con gobiernos tan poco fiables en términos de standards de democracia y derechos humanos como los de Marruecos, Túnez, Mauritania o Nigeria. Gobiernos corruptos, que no revertirán en sus ciudadanos las ayudas que les enviamos como contrapartida a nuestra exigencia de que desempeñen el papel de poli malo. Y así, les corrompemos más, al tiempo que no ayudamos a la mejora de los derechos humanos y de las expectativas de calidad de vida de esos ciudadanos. Ya ni siquiera disimulamos con la supeditación de esas ayudas a cláusulas de contraste de sus índices de desarrollo humano.

Esos reglamentos del PEMA, estas iniciativas, parecen inspirarse en el cinismo descarnado que profesan quienes entienden que los derechos humanos y sus garantías son algo opcional o, a lo sumo, un desiderátum buenista, que debe ceder ante las exigencias que impone el realismo político. Un eufemismo para disfrazar la enésima utilización del miedo al otro como principal y recurrente argumento electoral, por parte de quienes no tienen programas de mejoras concretas para los problemas de garantía universal del derecho a la salud, y a la educación, del derecho de jóvenes y dependientes a una vivienda digna, del derecho de todos a alimentación saludable, a una política energética sostenible, o medidas eficaces para afrontar el invierno demográfico europeo.

Creo que pocas veces hemos asistido a una campaña electoral tan decepcionante como en estas elecciones europeas. Y eso que, como se ha repetido, se trata de unas elecciones existenciales: está en juego por primera vez que la lógica nacionalista y contraria al legado de los fundadores del proyecto europeo crezca hasta situarse con capacidad de condicionar un giro decisivo en las instituciones de la UE: Parlamento, Comisión y Consejo. Este momento potencialmente disruptivo es fruto de diferentes factores, pero quiero centrar mi comentario en el penoso espectáculo de la campaña, que reforzaría la tendencia a la abstención, pese a que el voto por Europa (a mi juicio, por otra Europa) parece más necesario que nunca

A mi juicio, la evolución de la campaña ha evidenciado el abandono de la discusión sobre las políticas europeas, sustituido por un tono personalista y una lógica referendaria en la que se han empleado a fondo los dos principales partidos.

Al líder del PP y la cúpula de su partido se les ha hecho larguísima la segunda semana, y han acabado casi resignados al empate técnico, cuando habían partido de un pronóstico inicial general (salvo la conocida excepción del CIS) que les daba más de seis puntos de ventaja. El ninguneo de sus líderes a su propia cabeza de lista, Dolores Montserrat, veterana europarlamentaria, es muestra de ese desconcierto. El PP, obsesionado con presentar estas elecciones como la revancha del 23-J, como la oportunidad para desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa, ha acabado planteando las elecciones como una impugnación personalista del presidente, a partir de dos argumentos domésticos, la ley de amnistía y la acusación de corrupción por las actividades de su mujer, Begoña Sánchez. Al tiempo que, pese a hacerse con los votos de la desaparecida Cs, no conseguía arañar en el caladero de Vox, lo que confirma la fortaleza de esa extrema derecha antieuropea. Y le ha pesado  la encrucijada común en la que se encuentran la derecha conservadora europea, cada vez más proclive a blanquear a una buena parte de la extrema derecha (hay que reconocer el éxito de Meloni como estratega), como confirman los líderes de esa derecha conservadora,   la señora von der Leyen (https://es.euronews.com/2024/05/23/von-der-leyen-reafirma-su-intencion-de-llegar-a-un-acuerdo-con-meloni), su compatriota Manfred Weber https://table.media/en/europe/news/manfred-weber-epp-cooperation-with-meloni-people-conceivable/), a quienes ha seguido el líder del PP, Núñez Feijoo (https://www.ondacero.es/elecciones/europeas/feijoo-abre-puerta-pactar-meloni-porque-homologable-extrema-derecha-europea_20240523664f8fab3a4a7f0001326644.html.

Por su parte, el PSOE, que contaba con una cabeza de lista de calidad, como Teresa Ribera,  con un reconocimiento internacional por su trabajo en la política de transición energética y una clara dimensión verde, y con candidatas de experiencia en el área internacional y en el parlamento europeo, como Hana Jalloul, Lina Gálvez y Javier López , dio un giro táctico radical tras la insólita carta del presidente, a quien pareciera que le pesan más en sus decisiónes políticas los bulos contra su mujer que los insultos de los fundamentalistas del gobierno Netanyahu. El presidente volvió a jugar la baza de pedir auxilio frente a la arremetida del fango y de la conspiración de la extrema derecha y de la derecha contra su persona (de paso, metió en la conspiración al  inquietante juez Delgado, lo que supondría prevaricación: algo insólito, un presidente combatiendo a un juez en una carta oficial dirigida a los ciudadanos). De esa forma, recondujo  en la segunda semana la estrategia del PSOE en campaña, que abandonó las políticas europeas y se entregó a la misma lógica personalista, y a una retórica aclamatoria del lider y de su mujer, convertida en la baza electoral, en un tono más propio de groupis de concierto, un papel en el que sobresale la vicepresidenta Montero. Probablemente, reducida la campaña a ese enfrentamiento populista, el PSOE acabe sacando ventaja: no cabe descartar en absoluto la remontada. El coste de este giro es  que no será una remontada por el contraste de las propuestas sobre políticas europeas y que el mensaje que se envía a los ciudadanos es que lo que importa es frenar el fango y el contubernio y salvar a Begoña y a su marido presidente.

En la extrema derecha, Vox ha aguantado bien esta campaña y ha resistido al PP, machacando coherentemente con el manual trumpista, mileista y brexista: durante las dos semanas ha reiterado sus slogans xenófobos y racistas,  las falacias y bulos antimigratorios, el fantasma de la burocracia bruselense como enemigo de los intereses nacionales, apoyado en socios de extrema derecha que, por cierto, hacen uso de estigmatizar a los agricultores españoles como enemigos desleales. La sorpresa es la aparente consolidación de un extremista demagogo y profesional del bulo y del insulto en las redes, conocido como <Alvise>, que -agarrado al terreno abonado del descontento («se acabó la fiesta»)- puede repetir el resultado de Ruiz Mateos e incluso incrementarlo. 

En la izquierda, Sumar y Podemos, que habían comenzado con debates y propuestas sobre políticas europeas verdes, de defensa, migración, o vivienda, se recondujeron enseguida a la conocida y estéril competición doméstica por desunir a la izquierda según la conocida secuencia de La vida de Brian, con exigencias maximalistas centradas en un irenismo desconcertante como receta frente a la agresión de Putin en Ucrania y en exigir que Netanyahu pase mañana mismo -si no ayer- al banquillo de los acusados. En esa competición, han acentuado hasta la caricatura la descalificación del PSOE, al que han presentado casi sin matices como un partido al servicio de los intereses de la derecha, algo que difícilmente pueden aceptar los socialistas y tampoco cualquier espectador neutral. Lo que no quiere decir que el grupo europarlamentario de los socialistas y democrátas europeos no practique una política de un pragmatismo a veces feroz, como por ejemplo en el pacto migratorio y de asilo, que promovieron pese a violar criterios básicos de la legalidad internacional en materia de derecho d e asilo y buena parte de las recomendaciones del Global Compact de la ONU sobre inmigración.

La paradoja es que las dos agrupaciones de carácter nacionalista, Coalición por la Europa Solidaria, CEUS -de la que forman parte el PNV y Coalición Canaria- y Ahora República -que integra a Bildu, ERC, BNG y Ara Més-  han sido las más empeñadas en debatir los temas de políticas europeas, seguramente porque comprenden bien que sus reivindicaciones pasan necesariamente por Europa, pero su peso en la campaña ha sido muy débil. No incluyo aquí a Junts, cuyo inane cabeza de lista (lástima que no hayan permitido un papel mayor a la excelente candidata Torbisco) se ha limitado a proclamar a los cuatro vientos que todo pasa por hacer president de la Generalitat al señor Puigdemont. Y me permito señalar la esperanza de una formación muy joven, como VOLT, genuinamente europeísta, con propuestas muy concretas y razonables  en los principales ámbitos de las políticas europeas, próximas a los verdes, aunque desconocida por completo en la campaña en nuestro país.

Me parece que, por el contrario, en esta campaña se ha consolidado una falacia  que a mi juicio desvirtúa esos signos de identidad europea, impulsada hoy por la derecha conservadora, que quiere que el test de idoneidad europeísta pase por asumir tres exigencias: una política de defensa plegada a las directrices de la OTAN, que sostenga la lucha de Ucrania frente a Putin y que sea fiel al modelo liberal económico (hoy algunos  como Richard Youngs hablan de la política europea deseable como política «geoliberal«). De esa manera, socios como Meloni quedan blanqueados y se abre el camino a una alianza de la derecha conservadora europea  con partidos que, en realidad, son iliberales, pues las políticas de la hábil Meloni en materia de derechos de minorías, derechos de las mujeres y libertad de prensa y expresión, lo son.  

Uno echa en falta que la campaña se dirigiera a debatir propuestas como las que enuncia Sartorius en su último libro, «La democracia expansiva». Se trata de discutir las prioridades y la viabilidad de políticas europeas que hagan sostenible el Estado del bienestar (que, junto al Estado de Derecho, son los signos de la identidad euopea), esto es, compatible con el pacto verde que hoy se tambalea en la UE, desde una estrategia de unificación de la lucha social por reducir la desigualdad. Hemos perdido la oportunidad de  debatir sobre propuestas concretas en las políticas públicas europeas como las que, por ejemplo, trató de llevar a la campaña el Manifiesto Por una Europa democrática, de justicia y de igualdad de la Plataforma Europea Progresista (https://www.informacion.es/opinion/2024/06/01/europa-democratica-progreso-justicia-igualdad-103184229.html), sin éxito: cómo hacer viable una transición hacia energías renovables y limpias,  un mayor impulso a la economía circular, el control de la inteligencia artificial y del oligopolio de las tecnologías de comunicación, el invierno demográfico europeo, las vías para el acceso seguro de los inmigrantes y las políticas de cohesión de su presencia estable entre nosotros, el modelo de sanidad pública y de pensiones, el acceso de los jóvenes a la vivienda, la calidad de vida de los mayores, sin discriminaciones por edadismo, o las medidas fiscales que aseguren los ingresos que la Unión Europea debe destinar a promover la cohesión social, mejorar las condiciones de vida y reducir la desigualdad entre las regiones. En definitiva, para hacer posible otra Europa y no la que pretenden quienes quieren simplemente amarrar el statu quo, o reforzar las tendencias iliberales.

Pero aún nos queda nuestra arma, el voto: el domingo, más que nunca, ¡hay que ejercerlo!

Cuestiones pendientes tras la aprobación de la ley

El BOE ublicó el martes 11 de junio la ley de amnistía, cuya denominación oficial es «Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña», tras ser definitivamente aprobada por el Congreso, que levantó el veto del Senado en la votación celebrada el pasado 30 de mayo de 2024 (en el sitioweb del Congreso de los Diputados se pueden seguir todos los documentos de su tramitación parlamentaria: https://www.congreso.es/es/proposiciones-de-ley?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XV&_iniciativas_id=122%2F000019). Tras el veto en el Senado al texto aprobado por el Congreso, la ley obtuvo el respaldo de la mayoría absoluta de la Cámara baja. Un respaldo no abrumador, sino estrecho (177 a favor; 172 en contra y ninguna abstención), pero en todo caso suficiente y, por tanto, desde el punto de vista de la lógica parlamentaria, la ley cuenta con legitimidad irreprochable.

Contra lo que se ha escrito, eso, a mi juicio, no quiere decir que la única cuestión pendiente sea su aplicación por los tribunales de justicia, un trámite que, según todos los indicios, no será sencillo y que algunos se han apresurado a poner bajo sospecha, so pretexto de lo que llaman «rebelión de las togas» y otros califican de lawfare.

Conviene precisar en este punto una premisa: frente a ciertas interpretaciones paleoformalistas (y aquí la paradoja es interesante: los más férreos defensores de la necesidad de superar el formalismo jurídico, antes de la ley, es decir, los partidos independentistas, se han transformado ahora, una vez aprobada la ley, en férreos formalistas que reiteran el mantra «la ley es la ley»), lo cierto es que los jueces, que están vinculados obligatoriamente al cumplimiento de la legalidad vigente, fuente de su legitimidad, no se limitan a aplicar mecánicamente la ley. No hay tal: ni en ésta, ni en ninguna otra ley. La actividad judicial es siempre interpretativa y la interpretación jurídica, lo sabemos muy bien hoy, no es un trámite mecánico que lleven a cabo los jueces como autómatas. Pero esta vexata quaestio no es cuestión a la que quiera dedicar mi comentario: vayan a las aulas o estudien quienes sostengan un modelo de interpretación jurídica propio de concepciones jurídicas del XIX, como la escuela de la exégesis (un modelo en todo similar al teológico, como supo denunciar eficazmente Kant en su opúsculo El conflicto de las Facultades). Otra cosa es que haya jueces -que los hay- que se movilizaron públicamente frente al proyecto de ley de amnistía, incluso de forma colectiva, lo que no parece que sea un ejemplo del respeto al principio de división de poderes: la elaboración de las leyes es la competencia del poder legislativo.

Es cierto que la posibilidad de recursos de constitucionalidad y, sobre todo, en lo que toca a los jueces, el planteamiento desde los tribunales de cuestiones de constitucionalidad ante nuestro Tribunal Constitucional, o de cuestiones prejudiciales ante las instancias europeas (el tribunal de la UE, de Luxemburgo), pueden llevar a modificaciones de envergadura en el texto aprobado. Por muchas proclamaciones retóricas de sus defensores (que pretendieron desde la primera versión del texto y luego en sus correcciones posteriores que se trataba de una ley impecable desde el punto de vista constitucional), tan enfáticas como las de sus  detractores (para los cuales se trata de una modificación constitucional encubierta, una ley groseramente anticonstitucional), el primer test, pero no el único, será el de su refrendo por el Tribunal Constitucional al que corresponde ese juicio de forma exclusiva. Su fallo determinará la validez constitucional o no de la ley.

Eso no quiere decir, claro, que no quepan análisis y pronunciamientos doctrinales sobre el particular. Y desde luego, no han faltado, incluso antes de que se conociera el texto de la ley. En su tramitación parlamentaria, es un texto que ha sido sometido a importantes cambios, incluso a un primer rechazo en la votación en el pleno del Congreso. Esos cambios han sido sobre todo resultado de la negociación de Junts con el PSOE: no olvidemos que si estamos hablando de una ley de amnistía, básicamente, es porque Junts puso la fuerza de sus votos para exigir la ley de amnistía como  condición para votar la investidura y el presidente Sánchez reconoció que aceptó esa negociación, «haciendo de la necesidad virtud». Salvo para los entusiastas dogmáticos de cualquier consigna que emane de la cúpula del partido, es imposible ocultar que en el caso de que  Junts no hubiera tenido esos votos, el PSOE habría mantenido lo que habían aseverado contundentemente todos sus líderes, comenzando por el presidente del gobierno y sus más destacados representantes (de Calvo a Bolaños, pasando por la siempre entusiasta Montero), esto es, que la amnistía no tenía cabida en nuestro ordenamiento ni en su programa político. es decir, sin esos votos, la ley no se habría planteado y no habríamos asistido al trance de ver a los representantes del PSOE obligados a decir «donde dije digo, digo Diego», sometidos a la exposición de sus múltiples declaraciones previas en las que negaban cualquier posibilidad de una ley de amnistía.

Al cabo, esta ley es el resultado de una proposición de ley orgánica presentada por el grupo parlamentario socialista, en solitario, en la que éste se vio abocado a una intensa -y por momentos muy tensa- negociación con los representantes de Puigdemont, que han acabado imponiendo sus exigencias al PSOE, obligando a los dirigentes del PSOE, con su secretario general a la cabeza, a desdecirse de no pocas de las líneas rojas que habían presentado sobre el particular, bajo un imperativo sostenido por el abogado de Puigdemont (y del narco Sito Miñanco), el inefable señor Boye. Conviene recordar, en todo caso, que esa de los votos es la lógica de la negociación política, en la que juega la fuerza parlamentaria de cada parte: los votos le dieron a Junts esa capacidad de presión en la negociación (claro que siempre cabía a la otra parte, el PSOE, poner pie en pared y límites a la negociación, con la consecuencia de la ruptura de la base de investidura, claro). Porque no es menos evidente que las negociaciones deben tener unas reglas de juego claras, que las partes se hayan comprometido a no quebrar, lo que obliga a romper la negociación en caso de tal ruptura. Pero no parece que haya sido así en la negociación entre Junts y el PSOE sobre esta ley.

Sobre la justificación de la ley

Volvamos a la justificación de la ley. La justificación de una norma jurídica, en un sistema democrático, tiene un primer criterio: su conformidad con la legalidad vigente. Las leyes que se han dictado conforme a los criterios de competencia y procedimiento, gozan de una presunción a favor d su justificación. Pero tal justificación remite implícitamente -es decir, que en la mayoría de los casos no se plantea- a la conformidad constitucional, lo que en algunos casos exige que se haga expresa tal conformidad, es decir, remite a un examen del criterio de conformidad constitucional que a su vez reenvía a la interpretación (ponderación, se dice) de lo que podríamos entender como válvulas abiertas de la Constitución. Abiertas, porque reenvían a criterios no estrictamente técnico-jurídicos, sino políticos, de oportunidad, e incluso morales -de moralidad pública, eso sí-. Es lo que conocemos como justificación de segundo orden. En el caso de esta ley, como trataré de argumentar (y en ello no discrepo de tesis sostenidas por los promotores de la ley) los criterios de oportunidad política, esto es, la concordia, la convivencia, la «normalización institucional, política y social en Cataluña», como reza el título de la ley, que son el elemento fundamental de juicio, son el test a demostrar. Todo ello, insisto, sin perjuicio del debate sobre su constitucionalidad (en el que me parece que no carece de argumentos la posición que niega su ajuste constitucional, como también pueden aducirse en sentido contrario) y del debate técnicojurídico que muestra, en mi opinión, argumentos a favor, pero también considerables déficits de la ley.

Quizá uno de los graves errores que subyacen a esta ley sea que no resuelve la ambigüedad subyacente a un relato que no sólo es parcial (de parte), sino manifiestamente falso: me refiero a lo que recogió el acuerdo de base entre Junts y el PSOE, suscrito el 9 de noviembre de 2023, en su apartado I (Antecedentes), que puede leerse aquí: https://www.epe.es/es/politica/20231109/lea-texto-integro-acuerdo-psoe-junts-94406323). Que los negociadores socialistas aceptaran esa versión, a mi juicio, fue un grave error. La historia de Cataluña y de su encaje en España no es la versión monocromática que transmiten los defensores del independentismo, del mismo modo que por muy catalanes que sean quienes sostienen la pretensión legítima de una Cataluña independiente, no lo son más que quienes de forma también legítima sostienen lo contrario. Los ciudadanos de Cataluña y, con ello, Cataluña misma, son una realidad plural y el secuestro que realizan los independentistas arrogándose la representación única -verdadera- del pueblo catalán, para presentar un enfrentamiento entre «Cataluña y España», es una falacia lógica muy conocida -la de tomar la parte por el todo- y reiterada por todo nacionalismo que se precie: el catalán, el español, o el que sea.

El segundo déficit, a mi juicio muy importante, es el que señaló la Comisión de Venecia (ver el texto aquí: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2024)003-spa), en un informe cuyo borrador fue objeto de filtraciones interesadas por los partidarios y detractores de la ley, sin esperar al texto definitivo del mismo, algo que puede aceptarse en términos periodísticos por el prurito del scoop (siempre que se advirtiera que no era el texto definitivo), pero que, a mi juicio, no resulta de recibo por parte de juristas, ni de políticos responsables. A mi juicio, ese informe fue objeto de manipulación, tanto por los defensores del proyecto de ley cuando sostuvieron -y así se volvió a asegurar  en el último trámite parlamentario-  que «Europa bendijo la ley», como por sus detractores, que pretendían que la Comisión consideró que la ley vulneraba elementos clave del Estado de Derecho, núcleo del modelo europeo. Desde luego, el informe definitivo de la Comisión no encontró en la ley ninguna violación a las reglas de juego del Estado de Derecho que Europa (no sólo la UE: la Comisión de Venecia se inserta en el marco institucional del Consejo de Europa) consagra como suyas y afirmó la legitimidad del objetivo de reconciliación política, si bien precisó que ese objetivo se puede garantizar también con otras herramientas legales como los procedimientos de justicia restaurativa y, en todo caso, la Comisión expresó su seria objeción al procedimiento de urgencia seguido en su tramitación y, sobre todo, a la ausencia de un consenso suficiente. Esta segunda observación pone de manifiesto un problema político, más que jurídico.  Difícilmente se puede hablar de superar un contexto divisivo si la propuesta que se formula sigue dividiendo a los ciudadanos en dos grandes bloques.

La ley de amnistía se justificó como una solución política para un problema que, sin duda, tiene ese carácter: no sólo social, sino también institucional, político. Así se asegura literalmente en el preámbulo: “Con la aprobación de esta ley, lo que el legislador pretende es excepcionar la aplicación de las normas vigentes a unos hechos acontecidos en el contexto del proceso independentista catalán en aras del interés general, consistente en garantizar la convivencia dentro del Estado de Derecho y generar un contexto social, político e institucional que fomente la estabilidad económica y el progreso cultural y social tanto de Cataluña como del conjunto de España, sirviendo al mismo tiempo de base para la superación de un conflicto político”.

En ese sentido, creo se puede considerar razonable sostener que la solución al conflicto, en efecto, debía ser social y política, esto es, que no se debió reconducir exclusivamente al pronunciamiento de los tribunales de justicia, ni sólo a la lógica penal. Enfatizo los adverbios –exclusivamente, sólo– porque son el importante matiz que yo pondría al mantra de <desjudicializar> lo sucedido en Cataluña en 2017 y “devolver a la política lo que es de la política”. La política democrática no se puede realizar al margen de las exigencias del Estado de Derecho, del imperio de la ley que significa que el depositario de la soberanía popular es el Parlamento (y por tanto que no cabe un gobierno de los jueces), pero también de la separación de poderes, de la independencia judicial.

Para que quede clara mi opinión: sostengo que ha habido y hay un conflicto social y político en Cataluña, y de una parte de Cataluña frente a España (que no de toda Cataluña). Un conflicto que no es nuevo, ni siquiera en el marco de la experiencia democrática española: baste recordar los debates en la segunda república y las posiciones de Ortega y Azaña al respecto. Pero sostengo también que en relación con los acontecimientos del procés, es ilegítima democráticamente hablando la pretensión de que los tribunales debían mantenerse al margen, porque, muy al contrario, los tribunales no podían dejar de actuar, si había indicios de que, en ese momento álgido al que condujeron las movilizaciones promovidas y en parte organizadas por los protagonistas del procés (los políticos y los de algunos movimientos sociales), en octubre de 2017, se produjeron actuaciones contrarias a la ley, sobre todo si esas actuaciones causaron daños relevantes a derechos de terceros. Y soy de los que piensan que hubo no pocas actuaciones contrarias a la ley y lesivas de bienes jurídicos relevantes, tanto de los ciudadanos individuales (la vida, la integridad física, la libertad de movimiento), como para el bien común. Correspondía a los tribunales, en buena lógica jurídica propia del Estado de Derecho, el juicio sobre esas conductas con arreglo a los tipos penales vigentes (desórdenes públicos, desobediencia, malversación, sedición o incluso terrorismo, de un lado, y agresión y abuso de poder, de otro) y establecer las correspondientes responsabilidades. Nadie puede pretender impunidad, ni estar por encima de la ley. Otra cosa son, a posteriori, las medidas de gracia que se puedan acordar: los indultos, o incluso una amnistía. Pero esas medidas de gracia, como toda ley, deben estar sometidas a su vez a justificación.

Por tanto, me gustaría que quedase claro que sostengo que los indultos y la amnistía son, ante todo, una medida de gracia. Ya me pronuncié en su momento sobre la justificación de la medida de los indultos, una decisión que apoyé públicamente, en un artículo en el número 29/2021 de la revista Teoría y Derecho (https://teoriayderecho.tirant.com/index.php/teoria-y-derecho/article/view/556). Lo cierto, en mi opinión, es que la amnistía se define también como medida de gracia, aunque tenga unas características diferentes de los indultos. Como tal, y pese a los alegatos de los diputados Rufián y Nogueras, la amnistía no supone dar la vuelta, revertir el orden legal vigente (“derrotar al régimen de 1978”), sino excepcionar su aplicación por razones de interés general. Es una forma de ejercicio del derecho de gracia, de perdón, que, como señala la RAE, «tiene naturaleza colectiva y se ordena normalmente por razones de orden político de carácter extraordinario, como el término de una guerra civil o un período de excepción». Otra cosa es que en la negociación de esa medida de gracia acabaran primando las exigencias de una de las partes, que es lo que a todas luces sucedió con esta ley, para asegurar el sostén de Junts a la investidura. Podemos discutir -y de hecho me parece que hay un considerable margen para la crítica – la inclusión de los delitos de terrorismo en la ley (me parece desafortunada la fórmula finalmente aceptada, que excluye sólo a los delitos de terrorismo que supongan violaciones graves de derechos humanos -como si las violaciones de los derechos humanos pudieran ser leves), o la reformulación de los delitos de sedición y sobre todo, de malversación. Pero ello no invalida que pueda existir una justificación política de carácter extraordinario para adoptar la ley de amnistía. Esa es la cuestión que ahora podemos y debemos verificar.

El test que la ley debe superar

Vamos a lo que, a mi juicio, es la cuestión clave como test de la ley. Una vez aprobada la ley y a la espera de esas incidencias, el verdadero test se presenta en estos términos: verificar si la ley consigue la reconciliación, concordia o convivencia estables, en términos sociales y políticos. Esa reconciliación, desde luego, no puede consistir en que los independentistas renuncien a su objetivo político, que es su razón de ser: la independencia de Cataluña. En una democracia no militante, como la nuestra, el pluralismo político alberga también a quienes pretenden la independencia, aunque eso suponga romper el marco constitucional, si tal pretensión no se `propone al margen de los cauces constitucionales. Pero sí resulta incompatible plantearla de modo unilateral -no digamos, con violencia-.

Como hemos visto que recoge el propio preámbulo de la ley, la amnistía se justificó por parte del gobierno y de los partidos que constituyen la coalición de gobierno (aunque sólo el grupo parlamentario del PSOE firmó la proposición de ley orgánica), como la solución para gestionar un conflicto político, el que existe dentro de Cataluña y, además, entre Cataluña y España. Una solución que se basa, como ha sostenido el propio presidente del Gobierno, en la superior eficacia del perdón para restablecer la convivencia, un argumento que comparto.

Pero en este punto hay que destacar una primera dificultad: los partidos independentistas catalanes con representación en la Cámara (Junts, ERC, CUP) aborrecen de la presentación de esa medida en términos de perdón, porque sostienen que todo cuanto sucedió en octubre de 2017 fue en ejercicio de derechos legítimos -libertad de expresión, de reunión, de manifestación y aun el derecho de autodeterminación- frente a los cuales la respuesta penal era ilegítima, como lo era, a su juicio, la medida constitucional prevista en el artículo 155 de la Constitución, adoptada por iniciativa del gobierno Rajoy, con el respaldo parlamentario de los grupos parlamentarios del PP y del PSOE en el Senado. Este posicionamiento -que es ideológicamente legítimo, como es obvio-, parece chocar con la condición exigible para asegurar el fin compartido que legitima la ley de amnistía, la resolución del conflicto, y esa condición es renunciar a la vía de imposición unilateral de la propia pretensión. No se le pide a esa parte que renuncien a su objetivo de independencia. Se les pide, y me parece exigible, que renuncien al proyecto de imponerla unilateralmente. Y eso hay que demostrarlo con hechos. Pero los discursos, los gestos, los alegatos contrarios a la renuncia de una proclamación unilateral («lo volveremos a hacer»), por mucho que respondan a una retórica de consumo interno en la contienda entre los independentistas por alzarse con la hegemonía en el sector social que da respaldo a tal pretensión en Cataluña, no son anecdóticos. Parece evidenciar que no se acepta tal condición.

Por lo demás, hay una parte del test, la que se refiere al final o, al menos, al apaciguamiento de la lógica divisiva en España, que arroja hoy por hoy un resultado poco positivo: parece difícil negar que la ley ha sembrado e incluso incrementado una fuerte división en el resto de la sociedad española, fuera de Cataluña. Todas las encuestas que conocemos (y es increíble que el CIS no haya preguntado jamás por la cuestión en todo este tiempo) muestran un resultado inequívocamente contrario y mayoritario a la ley, por parte de los ciudadanos del resto de España: es más, se ha acrecentado una opinión de rechazo frente a Cataluña (otro error de sinécdoque) en no pocas regiones. El anuncio de iniciativas de diferentes Comunidades Autónomas, (incluida la que preside el dirigente socialista García Page) para presentar recursos de constitucionalidad frente a la ley, siendo sin duda una respuesta legítima, (habrá que ver si se ajustan a la legalidad y si se llegan a cursar), no parece que vaya a contribuir a corto y medio plazo a acabar con el clima divisivo.

Debemos añadir la otra parte del test, la que se centra en la convivencia en Cataluña,. A ese respecto, la verificación queda dificultada no tanto por la utilización de la ley de amnistía en la campaña electoral europea (sobre todo por parte de la derecha y de la ultraderecha), cuanto por la estrategia en Cataluña de los partidos independentistas en las próximas semanas, que no es del todo previsible. Hasta que no veamos cómo se compone la mesa del Parlament y si venimos abocados a unas nuevas elecciones autonómicas, no podremos verificar los efectos benéficos en la convivencia, por más que las encuestas reflejen un enfriamiento del clima social de polarización en la sociedad civil catalana. Más allá de las inaceptables intervenciones e insultos de diputados de Vox en el pleno del Congreso celebrado el día 22 de mayo y que verosímilmente buscaban dinamitar el pleno, creo que las intervenciones parlamentarias de los portavoces de Junts y ERC en el mismo debate no parecen abonar la hipótesis de una renuncia a la estrategia de polarización, como tampoco las proclamas del inane eurodiputado Comín, exigiendo que el PSC apoye la investidura de Puigdemont, so pena de mandar al traste la legislatura en Madrid. Antes de que acabe el verano tendremos elementos de juicio sobre lo que suceda en Cataluña. Si vamos a una repetición de elecciones, me temo que el argumento de la concordia, el objetivo que legitima esta ley, no se sostendrá.

Como a una buena parte de los ciudadanos, vivo con mucha preocupación cuanto está sucediendo en esta última semana, aunque es obvio que las razones de fondo de tal preocupación vienen de bastante lejos y probablemente van bastante más allá de la incertidumbre sembrada por la carta que nos ha dirigido el presidente del gobierno. La incertidumbre en cuestión hallará respuesta en la intervención del presidente del gobierno a la que nos ha emplazado el lunes 29 de abril. Pero eso no quiere decir, ni mucho menos, que los motivos de preocupación acaben ese día.

No voy a entrar en las razones personales que ha explicitado el presidente en esta inusual misiva (parto del respeto a la persona y a su estado de ánimo), aunque me parece difícilmente discutible que, desde el momento mismo de la investidura, tras las elecciones de 23 de junio de 2023, se ha ido creando un clima insoportable de acoso y descalificación, en el que pareciera que todo vale con tal de descabalgar al gobierno de coalición. Dicho sea de paso, la reciente y burda manipulación presentada por Manos limpias y a la que se ha adherido Hazte Oir, para incriminar a la esposa del presidente, es tan grosera, que resulta difícil aceptar que un juez se permita ignorar lo que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha sentado como exigencias para abrir un procedimiento. Dicho sea de paso, añadiré que esta burda manipulación no resiste comparación con la gravedad de lo que se ha hecho contra de otros adversarios de diferente espectro político, comenzando por el presidente Suárez, hasta los más recientes, incluyendo no sólo los bulos, rumores y mentiras, sino también el acoso en los tribunales. Como también me parece de extrema gravedad la impudicia con la que se descalifica (e incluso se imputan delitos muy graves) a jueces y fiscales cuando sus actuaciones no sostienen las tesis de la parte agraviada, impudicia que descalifica a los medios de comunicación que, sin ninguna prueba fehaciente o, lo que es peor, deformando los hechos a su gusto, lanzan tales descalificaciones y acusaciones.

Trataré de ejemplificar de modo sumario las razones por las que me parece que hemos alcanzado un grado de preocupación que va más allá de lo habitual. Algunas de esas razones tiene que ver con las preocupaciones expresadas por Fernando Vallespin en su columna en El País, este domingo, bajo el título «Desde la perplejidad» (https://elpais.com/opinion/2024-04-28/desde-la-perplejidad.html)

Me preocupa que se recupere ahora la expresión «pueblo de la coalición», que sería el verdadero y buen pueblo (¡¡¡ es decir, que quien no pertenece a él, quien no apoya la coalición y se atreve a disentir o a oponerse a ella, no sería pueblo!!!), como pretendió el diputado Errejón, que fue quien utilizó esta expresión en su post en X, el 25 e abril («La respuesta no es de partido, es de pueblo de la coalición y de mayoría por la democracia»). Esto, a mi juicio, es un disparate inaceptable, por mucho que así lo proclamen los nacionalismos de toda laya, el españolista y, desde luego, los discípulos más iletrados de Sabino Arana, o una parte de los secesionistas catalanes, que separan el trigo (el buen cataán) de la paja (los «colonos», o botiflers): en democracia el pueblo soberano son los ciudadanos todos, que son distintos y respetables en su diversidad: no hay algunos que sean más pueblo que otros, por razones étnicas, religiosas, culturales, económicas o ideológicas.

Me preocupa, porque no me parece admisible en democracia que se hable de buenos y malos en el discurso político («tenemos que ganar los buenos»), para trazar un muro en lugar de contribuir a mantener une espacio público abierto a todos, esto es, lo que debiera ser un debate político democrático, que debe comenzar por el respeto al otro, al adversario político. Ese maniqueísmo en el que quien no está conmigo está contra mí y su posición es mala por definición, acaba con el pluralismo y con la libertad de expresión, de opinión y de prensa, sin los que no hay democracia.

Me preocupa que se piense y de hecho se actúe como si en la pugna política fuera de recibo el «todo vale». Porque, muy al contrario, en democracia no todo vale: no valen la calumnia, la difamación, la deshumanización del adversario y, menos aún, de sus familias. La democracia son también las formas y procedimientos. Y esto vale también para los medios de comunicación y debería valer -aunque no parece posible- en las redes sociales.

Me preocupa que se acepte el juego de convertir al Parlamento en escenario de intercambio de fango, en lugar del debate de los programas y propuestas y del control del gobierno por la oposición en base a esos programas y propuestas. Al haber aceptado esa mutación, hemos desvirtuado radicalmente una institución clave.

Como me preocupa que se desvirtúe una institución clave, el poder judicial, cuando se la convierte en arma arrojadiza: no digamos nada si son algunos miembros del poder judicial o de su gobierno quienes aceptan entrar en ese juego indigno.

Y me preocupa que, ante esta situación de crisis de las instituciones y reglas de juego de la democracia y del Estado de Derecho, se escoja la vía de convertir la democracia en un juego plebiscitario, que gira en torno a la adhesión emocional, o, al contrario (y ambas cosas son compatibles, como creo que estamos viendo), en el rechazo emocional e incluso mortal a un líder. Eso es otra cosa: es populismo y autoritarismo, propio de la relación entre un jefe carismático y sus súbditos, no del espacio público en el que los ciudadanos son el soberano. Un modelo presidencialista exento de controles, traiciona la razón de ser de la democracia parlamentaria que consagra nuestra Constitución, que reside, sobre todo, en un conjunto de instituciones y normas para el control y contrapeso del poder. Si no se respetan esas instituciones y normas no puede funcionar el Estado de Derecho ni la democracia parlamentaria.

Pondré, para finalizar, tres, entre otros ejemplos, de lo que quiero decir:
(1) No se respetan las instituciones y normas del Estado de Derecho y de la democracia parlamentaria que establece nuestra Constitución cuando se bloquea la renovación del gobierno del poder judicial, a la espera de disponer de una mayoría que permita dominar ese gobierno de los jueces.
(2) No se respetan, cuando no se acepta el juego parlamentario propio de tal democracia parlamentaria, en la que el gobierno legítimo corresponde a quien tiene la mayoría en el Parlamento, sea la que sea la formación que haya obtenido mejor resultado en las elecciones.
(3) No se respetan, cuando se criminalizan la disidencia y la crítica a las decisiones del gobierno.

Ojalá recuperemos todos un mínimo de cordura y respeto.