A propósito del relato de Joyce «Los muertos», sobre el que Houston dirigió su maravillosa última película, titulada en España «Dublineses»

He releído el magnífico relato de Joyce, «Los muertos», incluido en su extraordinaria «Dublineses», y de nuevo me ha hecho volver a ver la versión que dirigió para el cine, en 1987, un John Houston que tuvo que llevar a cabo el rodaje en silla de ruedas y con botella de oxígeno, aquejado de un enfisema pulmonar del que murió apenas tres meses después de concluir esta, su 29 película.

Aquí en España, la película se estrenó con el título «Dublineses» (por el título del libro y quizá también por temor a que el título original, «Los muertos» no fuera tan comercial).

Confieso que sigue impresionándome cómo el gran director consigue enlazar su propia visión del amor, la vida y la muerte -llena de poesía y música, de fiesta y de melancolía, los rasgos tan propios del alma irlandesa- con la narración de Joyce.

Suele destacarse el momento mágico en el que la canción «The Lass of Aughrim», interpretada por uno de los asistentes, un tenor local, hace que Greta (gran Anjelica Houston) evoque su amor perdido.

Gabriel, su marido, vive, como escribió A Grijalva en su magnífico análisis del film, varias epifanías: la epifanía de descubrir que el amor -por fugaz que sea, como el que vivieron su mujer y su joven amor, Michael- importa más que la vida y así, en cierto modo, toma también conciencia de que hay distintos modos de entender quiénes son los muertos: los que no viven el amor, los que se han conformado con la rutina, aunque sea llevadera a través de ritos y tradiciones como la fiesta que ofrecen las viejas tías a sus invitados.

Toma conciencia, también, de la epifanía que perseguía Joyce en su relato: la transición entre dos mundos, el de los muertos, del que ellos mismos son herederos y el de un mundo que está por llegar y al que se resiste esa veja sociedad irlandesa que Joyce fustigó y que Houston trata con más melancolía que ira.

Hasta la secuencia final, ese extraordinario plano de tres minutos que describe maravillosamente la inmensa distancia entre Greta y Gabriel, y que cierra la voz en off que reproduce las propias palabras de Joyce, “mientras la nieve cae sobre los vivos y sobre los muertos”.

Deporte, negocios, poder. El esperpento del Mundial de fútbol de Qatar, como símbolo (versión ampliada del artículo publicado en Infolibre, el 18 de enero de 2022)

Pecunia adhuc non olet.

El dinero cada vez resulta más difícil de oler. A eso me refiero con la reformulación de una de las más conocidas entre las anécdotas que nos legó Suetonio: la famosa advertencia de Vespasiano a su hijo Tito, pecunia non olet, a propósito de la tasa que el primero impuso a la orina que diariamente se vertía en las letrinas de Roma, y que era recogida en la Cloaca Maxima, la red de alcantarillado público de la que ya disponía la ciudad en ese momento. Orina que producía notables beneficios a curtidores o lavanderos. La literatura que seguimos denominando de ficción ofrece numerosos ejemplos del aserto “detrás de una gran fortuna siempre hay un crimen”, desde el Sarrassine de Balzac, al Gran Gatsby de Scott Fitzgerald. Y el cine y la TV cultivan con éxito historias de esos “blanqueos”. Hoy, no es ya que el dinero no huela; es que, como subrayara Sánchez Ferlosio en su Non olet, se blanquea cada vez mejor: pecunia adhuc non olet.

Por si queda alguien que no haya salido espantado tras este latinista proemio (no me negarán que esto sí que es “cerrarse una puerta”), añadiré que, aunque sostengo con toda pasión esa causa, no escribo estas líneas en reivindicación del papel de la cultura clásica —del latín y del griego— en el currículum educativo. Tampoco se trata sin más de evocar la sentencia del emperador, a la que dio una vuelta castiza nuestro Quevedo con su “poderoso caballero…” No hace falta estar doctorado en la tantas veces sobrevalorada ciencia política (modestamente, siempre sugiero a sus frecuentemente olímpicos representantes comenzar por el conocimiento de la historia de las ideas), para saber que, si se habla de erótica del poder, esta palidece ante la que derrocha el vil metal.

Toda esta introducción viene a cuento porque este año que acabamos de estrenar nos va a ofrecer uno de los ejemplos más obscenos de esa fatal capacidad del dinero. Me refiero, como habrán adivinado, al Mundial de fútbol que se celebrará en Qatar, en fechas distintas de las habituales, por aquello de respetar las inversiones de los magnates que se gastan una pasta en deportistas. Porque convendrán Vds conmigo en que lo que no puede ser es que el precio de las estrellas futbolísticas en el mercado (precio, no valor) se devalúe por un bajo rendimiento debido al impacto del calor en su salud, mientras se exhiben en el escaparate de ese importante evento. Porque esto del mundial que han negociado la FIFA y Qatar es, en el fondo, un nuevo episodio de la política que se denomina en inglés sportwashing que, al fin y al cabo —nihil novum sub sole—, no es más que una modalidad algo más sofisticada del viejo panem et circenses…Y hasta aquí, el latín.

El deporte lava más blanco: el dinero y también el poder

Puzo y Coppola nos mostraron en la tercera parte de El Padrino que el afán de lavar los negocios sucios lleva a buscar blanqueadores profesionales, esos que practican a gran escala lo que el señor lobo de Tarantino ofrecía al por menor. Esa es la razón de que Michael Corleone acuda al obispo Gilday (trasunto de Marzinckus), para ser admitido como accionista del grupo Inmobiliari, una multinacional bajo el sello de El Vaticano, aparente garantía de blancura. Ese uso de la capacidad persuasiva de la religión al servicio de los intereses de dominación (las más de las veces, disuasiva, merced al miedo y al prejuicio), es tan viejo como el mundo y, por desmentirme y volver al latín, recordaré la fórmula acuñada por Estacio y popularizada por Petronio en su Satiricon: primus in orbe deos facit timor.

Pero hoy sabemos que la nueva religión pagana que con sus iglesias, clérigos, ritos y ceremonias contribuye a domeñar a la opinión pública y, así, a prolongar la eficacia del lema de Vespasiano, es el deporte. Hace mucho tiempo que periodistas de investigación como el notable Andrew Jennings alzaron el velo sobre el increíble negocio en que devino el movimiento olímpico, sobre todo gracias a Samaranch (The Great Olympic Swindle, The Lord of the Rings), que transitó muy rápidamente de los ideales enunciados por Coubertin a convertirse en formidable instrumento de propaganda política y en un entramado de privilegios y sinecuras. Los juegos de Berlín, en 1936, fueron el ensayo más obvio. Y aunque el tiro le saliera a Hitler parcialmente por la culata, gracias a Jesse Owens, la competencia técnica de Leni Riefenstahl, que dirigió el largometraje Olimpia (1938) puso de manifiesto que el séptimo arte, unido al espectáculo del deporte, podía ser el gran instrumento de manipulación popular. Y ofreció un escalón para quienes entendieron el beneficio de la política como espectáculo, particularmente en las sociedades de masas que propician la degradación de la democracia en demagogia. Sin necesidad de ser ingenuos —la idea de competición deportiva lleva en sí desde su origen su supeditación a funciones sociales, económicas y políticas—, hay que reconocer la aceleración de esas tendencias desde el pasado siglo. Esto es, la casi inevitable transformación del deporte —y muy específicamente el fútbol— en espectáculo y negocio. Al servicio de quienes dominan, que no son necesariamente quienes figuran en la política institucional, claro. La “épica” de las selecciones nacionales, de las competiciones deportivas olímpicas o los campeonatos regionales y mundiales de las diferentes disciplinas, con el fútbol siempre en cabeza, e suficientemente elocuenta de esa manipulación a la que sirve el deporte, con el concurso de medios de comunicación que rivalizan en la narrativa de la exaltación de la tribu.

Por supuesto, frente a la ingenua sabiduría del “fútbol es fútbol”, el deporte de masas por excelencia no podía dejar de ser utilizado así. Que el fútbol dejó de ser deporte lo mostró el citado Jennings cuando puso en evidencia las tramas de corrupción de la FIFA (The Dirty Game. uncovering the Scandal at FIFA), las mismas que luego alimentaron noticias en todos los medios de comunicación, implicando a dirigentes y exjugadores. Hoy quizá sólo conservan esa dimensión deportiva del viejo deporte inventado en Inglaterra el fútbol aficionado y el fútbol femenino; éste, en trance de una transformación que podría ser peor que la machista orientación de exhibición de carne que parece regir en otros “deportes” minoritarios, como el voleibol o el vóley-playa femeninos. Ha dado ejemplo la Federación Internacional de Balonmano (FIH, por sus siglas en inglés) con sus reglas sexistas sobre vestimenta de las mujeres que practican el balonmano-playa,  reglas que fueron contestadas corajudamente el pasado verano por la selección noruega.

El fútbol profesional, lo sabemos, ha pasado a ser casi exclusivamente otra cosa, porque así lo exige la lógica del business, aplicada a su vez a la política: espectáculo regido por un único criterio, el del beneficio de unos pocos. Y a ello contribuyen decisivamente unos medios de comunicación que, en buena medida —con las notables y honrosas excepciones que Vds quieran señalar—, son la correa de transmisión de esa lógica implacable, como lo evidencia la ruidosa “renovación comunicativa” que sufrimos, en la que las gestas futbolísticas del domingo se alternan en las ondas con ilustradoras metáforas de productos bancarios, manjares o productos inmobiliarios. El poder de la comunicación se muestra precisamente en la capacidad de imponer al “aficionado” esa indigesta ración de “información en vivo”.

Lo interesante de esta evolución reciente es que hemos pasado de la fase de un negocio al servicio de los intereses financieros de grandes multimillonarios (el modelo de los Tapie y Berlusconi, los Florentino Pérez o Abramovich), a otro tipo de millonarios que, en realidad, son la fachada del fenómeno conocido como los  club-estado, con el PSG como emblema; un club al que, conforme a la  genial invención de Valdano, habría que denominar PSQ. Otros clubs, británicos sobre todo —desde luego, también españoles— participan de esa estrategia, como ha mostrado Walter Oppenheimer a propósito del  Newcastle o Chadwick en relación con el Manchester City, propiedad de la empresa de capital privado Abu Dhabi United Group, perteneciente al jeque Mansour bin Zayed Al Nahayan, de la familia real del emirato de Abu Dabi. Pero el PSG, insisto, es el arquetipo.

En efecto, el club de París, cuyo presidente es Nasser al Khelaifi, miembro de la familia real qatarí, es hoy propiedad de Qatar Sports Investment (QSi), firma presidida por el propio Al Khelaifi y subsidiaria de Qatar Investment Authority, un fondo soberano de inversión cuyo director ejecutivo, a su vez, es el emir qatarí Tamim bin Hamad Al Zani. En 2019, Al Khelaififue elegido por la Asociación de Clubes Europeos (ECA) como delegado del comité ejecutivo de la Unión Europea de Asociaciones de Fútbol (UEFA), el verdadero organismo rector del fútbol continental.

Como decía,  el PSG es el arquetipo del fenómeno que conocemos como sportwashing y que ha sido ilustrado muy bien por las investigaciones del profesor de Geopolítica Económica del deporte de la Escuela de Negocios EM Lyon en Francia, Simon Chadwick. Se trata de la utilización del deporte como medio de blanqueo de negocios y también de regímenes políticos despóticos y corruptos y que no se limita, desde luego, al fútbol ni sólo a Qatar. Baste pensar en la organización de la Paris-Dakar bajo el patronazgo de Arabia Saudí, que también ha albergado la última edición de la supercopa española de fútbol, tras el más modesto intento de “exportación” que supuso celebrarla en Marruecos. Amnistía Internacional lleva denunciando desde 2019 este proyecto de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y los peregrinos argumentos de su presidente, el Sr. Rubiales, para vestir como iniciativa que favorece los derechos humanos en el reino saudí, cuando se trata de un ejemplo más —desde luego, muy hiriente— de esta lógica que trato de ilustrar.

Recientemente los lectores de infoLibre han podido leer la investigación llevada a cabo por el digital Orient XXI, a propósito de las ingenierías financieras en las que se muestra campeón los Emiratos Árabes Unidos (EAU, que todos identificamos con la ciudad de Dubái), un verdadero “infierno para los derechos humanos”, a la par que un paraíso para blanqueo de capitales, como han denunciado  rigurosas investigaciones  llevadas a cabo por la Federación Internacional por los Derechos Humanos y el  Observatoire des Armements.

Hipocresía y servilismo ante los petroemiratos: el Mundial de Qatar

Volvamos al ejemplo de Qatar. Para los que aún lo ignoren, el pequeño Estado de Qatar (apenas 11.500 Km2 y poco más de 600.000 habitantes), el país con mayor renta per cápita del mundo, fruto sobre todo del hecho de que alberga la tercera reserva mundial de gas, es un emirato, una monarquía absoluta. Desde su independencia del protectorado británico, en 1971, reina un clan, el de los Al Thani: una familia que monopoliza el gobierno del país y que ha desplegado un impresionante conglomerado de empresas multinacionales, con propiedades inmobiliarias cuyo capital es muy difícil de precisar. Desde 2013, el emir es  Tamim bin Hamad al Thani,  hijo de la más famosa de las esposas de su padre,  Mozah bint Nasser al-Missned, una  celebritie  internacional de primer rango, emblema de lo  fashion, conocida en su día en todo el mundo como “la jequesa de Qatar“.

Es verdad que el régimen qatarí ha dado algunos pasos que lo alejan del wahabismo saudí o de los Emiratos árabes (por ejemplo, ha adoptado algunas medidas de reconocimiento de derechos a las mujeres: tienen derecho a voto en elecciones municipales y pueden ser candidatas). A ello ha contribuido muy notablemente la creación de su célebre agencia de noticias Al-Jazeera, una referencia en el mundo árabe, pero también en el ámbito internacional. Es la alternativa a CNN, pero también a la muy conservadora MBC saudí y a la cadena integrista de los EAU, Al Arabiya. Y valga la digresión para reconocer la notable tergiversación acerca de los medios árabes que impera en la opinión pública occidental; no digamos en medios conservadores como la FOX. Lo ha explicado con su habitual rigor la profesora de la Universitat de València y periodista  Lola Bañón. Es verdad también que ese mundial de fútbol puede entrañar efectos positivos, entre los que se apunta de nuevo el argumento de ciertas mejoras en la posición de las mujeres en el espacio público.

Dicho lo anterior, resulta necesario reconocer que Qatar no puede, ni remotamente, presentarse como una democracia, ni resiste el contraste con test básicos de respeto y garantía de los derechos humanos. No lo es, aunque ello suponga llevar la contraria al criterio expresado por el otrora eximio jugador Xavi, hoy rescatado por el Barça en el marco del estrecho vínculo del club azulgrana con Qatar. Me refiero a unas recordadas declaraciones del entonces entrenador del club qatarí Al-Sadd, recordadas por ridículas. También, por lo grosero del argumento  pro domo sua, pues, aunque mostraba los varios soles a los que se arrimaba —el propio Qatar, y de paso, la causa independentista—, a duras penas ocultaba que no había más guía que su propio interés. Justo lo que explicó

 Cicerón en su versus Clodio, cuando acuñó la expresión. En efecto, en la  entrevista al diario Ara, el 21 de septiembre de 2019, Xavi sostenía que, aunque Qatar no fuera en sentido estricto una democracia, comparado con España todo funcionaba mucho mejor en el emirato, como había constatado en la media docena de años de residencia allí. Para él y su familia, claro, Qatar era un paraíso. Hace falta querer estar ciego a lo que no sea uno mismo.

Organizaciones de derechos humanos como  Human Rights Watch  han emitido reiteradamente informes que dejan en evidencia la  explotación de trabajadores emigrantes en el país, cruciales para construir los modernos estadios del Mundial de 2022 y que incluyen una cifra de muertes durante la construcción por encima de los 7000. Las  denuncias sobre la corrupción  de miembros de la FIFA para conceder el mundial a Qatar y, posteriormente, las relativas a las condiciones laborales de los trabajadores que han construido los estadios e infraestructuras del mundial, han estado en el punto de mira desde que se confirmó que Qatar sería sede del Mundial de Fútbol en 2022. Así, en marzo de 2021  Amnistía Internacional  publicó una carta abierta a la FIFA para exigir que ésta se comprometiera a «adoptar  medidas concretas y urgentes para garantizar que la competición deje un legado positivo y duradero a todas las personas trabajadoras migrantes de Qatar y no dé lugar a más abusos laborales». No digamos, por lo que se refiere a las acusaciones relativas a su régimen jurídico y político, que viola estándares básicos de la legitimidad internacional,  con leyes que discriminan a mujeres, y a las personas pertenecientes a minorías LGTBIQ. Para guinda, véanse las advertencias del presidente del Comité organizador del campeonato del mundo de Qatar, para que los homosexuales que acudan a esa celebración eviten gestos de afecto en público.

Recordaré, para concluir, que el mundial de Qatar en 2022, como ha advertido el mencionado profesor Chadwick, forma parte de un proyecto de más largo alcance, el Qatar National Vision 2030 que, según la propaganda qatarí, pretende crear «una sociedad avanzada capaz de sostener su desarrollo y proveer un alto estándar de vida para su pueblo». El deporte es pieza esencial de esa estrategia comunicativa de Qatar. Pero esa estrategia de crecimiento se asemeja al otro gran proyecto de crecimiento, el propio del modelo de capitalismo chino, porque ni la democracia ni los derechos humanos forman parte de él.

Sobran, pues, a mi juicio, las razones para oponerse a este evento y por ello me he sumado —e invito a los lectores a hacer lo propio— a la  campaña #BOICOTQATAR2022.

VARIACIONES SOBRE UN TÓPICO WEBERIANO. ACERCA DEL LUGAR DE LA CIENCIA EN LA DECISIÓN POLÍTICA (artículo publicado en la Revista de las Cortes Generales, nº 111/2021, pp. 75-96)

RESUMEN

La pandemia revive el clásico debate sobre el papel de la ciencia en la toma de decisiones políticas, especialmente en las democracias. El autor referencia a filósofos y dirigentes políticos, algunos señalan la necesidad de una confianza plena en la ciencia como guía de la política y de un Estado de derecho que busca seguridad y certeza. No obstante, otros filósofos recuerdan que el concepto de ciencia conlleva incertidumbre intrínseca y error, dado que se trata de un proceso dinámico de acceso a un conocimiento cada vez más cierto, pero sujeto a falsabilidad. La pandemia ha evidenciado los límites de la política pero también de la ciencia, lo que según el autor permitiría descartar una ciencia que justifica o sustituye el poder político. Estos límites deberían también disuadir de exigencias de responsabilidad desproporcionadas a la naturaleza real de la política y de la ciencia.

Palabras clave: ciencia, política, pandemia, democracia, seguridad, Estado de derecho, excepción, expertos, responsabilidad política, asesoramiento, conocimiento, Parlamento.

Sumario: I. un tópico complejo: ciencia y decisión política. II. Sobre el papel del Derecho como instrumento de certeza social. Sentido y alcance de la «seguridad jurídica». III.. Sobre la responsabilidad de las decisiones políticas en la era de la pandemia. IV. Coda: sobre las oficinas de asesoramiento científico y tecnológico en los parlamentos. Bibliografía.  Notas.

(I)

Uno de los tópicos recurrentes a los que nos ha acostumbrado la pandemia es el del reconocimiento del valor de la ciencia, del conocimiento científico (o científico-tecnológico). Se ha dicho hasta la saciedad que, en cierto modo, entre el legado positivo que nos dejan estos meses terribles se encuentra esa confianza renovada en su relevancia social, en su necesidad. Incluso en términos que parecen reverdecer el comienzo de esa ilusión positivista del XIX que alentaron Saint-Simon y, sobre todo, Comte: todo lo que necesitamos, todo lo que podemos esperar, nos llegará de manos de la ciencia.

Es cierto que esta confianza renovada en la ciencia (ingenua en su fundamento, aunque seguramente no hay ingenuidad en el recurso a ella que se ha visto obligado a propagar el político de profesión, al que denominaré, weberianamente, el político) es una reacción, una pulsión casi inevitable que se acentúa a partir del momento en el que el político es consciente de que el conocimiento pone en sus manos un poder colosal, y ambivalente precisamente en esa potencialidad. Pocos alegatos tan explícitos acerca del riesgo que ello supone como el de Robert Oppenheimer (considerado el padre de la bomba atómica por su liderazgo en el laboratorio de Los Alamos, decisivo en el Proyecto Manhattan), quien, abrumado ante la primera prueba de la bomba, el 16 de julio de 1945, parece que recordó algunos versos del Bhagavad-Gita, para afirmar «ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos». Por cierto, Oppenheimer, que sucedió a Einstein en la cátedra de Física Teórica del Institute for Advanced Study, en Princeton, fue durante un tiempo uno de los más conven- cidos representantes del movimiento que defendía la necesidad de acudir a la supremacía de la ciencia en el marco de la nueva política, surgida tras el fin de la guerra. Pero fue sometido a una auditoría de seguridad, en el marco del macartismo, que revocó sus credenciales y le llevó a un cierto ostracismo.

En el otro lado del espejo, cabe destacar la visión del presidente F. D. Roosevelt, quien entendió que debía impulsar decididamente el desarrollo de la ciencia y la investigación científica para dar respuesta a los desafíos que se le presentaban a la nación norteamericana en una encrucijada tan compleja como la que afrontó en las etapas de su presidencia: de la recuperación de la Gran Depresión, a la Segunda Guerra Mundial. Roosevelt creó en 1940 el Comité de Investigación de la Defensa Nacional (NDRC, National Defense Research Com- mittee), presidido por el profesor Vannevar Bush y cuya finalidad era «coordinar, supervisar y realizar investigaciones científicas sobre los problemas subyacentes al desarrollo, producción y uso de mecanismos y dispositivos de guerra». En 1941, Roosevelt decidió crear la Oficina de Investigación y Desarrollo Científico (OSRD, Office of Scientific Research and Development), cuyo objetivo era optimizar la aplicación de las investigaciones científicas en la tecnología de guerra, asegurar la mejor cooperación entre las agencias de investigación civiles y mi- litares y, muy específicamente, el desarrollo y la búsqueda de recursos para la «sanidad militar», en un contexto de guerra. Roosevelt situó al profesor Bush al frente de esta nueva agencia, de la que el NDRC pasó a ser una suerte de organismo asesor hasta que se extinguió en 1947.

Pues bien, pocos testimonios tan elocuentes sobre el papel que la ciencia y la investigación debían desempeñar en las decisiones políticas que habían de adoptarse en aquellas difíciles circunstancias, como la carta que el presidente Roosevelt dirigió el 17 de noviembre de 1944 al director de esa Oficina de Investigación y Desarrollo Científico, el profesor Bush1, en la que le formulaba cuatro preguntas sobre el avance y el papel de la ciencia en el incremento del potencial norteamericano, no solo en el plano armamentístico, sino también en la lucha por la salud y en el bienestar al que apuntaba su New Deal. Una carta que dio lugar al famoso informe que este presentó a Roosevelt el 25 de julio de 1945, con el título Science, the endless frontier (Ciencia, la frontera sin fin) (Bush, 2020), inspirado a su vez en un discurso del propio Roosevelt quien, como es sabido, enunció reiteradamente su tarea en términos de superar fronteras y confiaba para ello en el papel de la ciencia. En ese informe, además de reafirmar las razones del carácter esencial de la ciencia y de las instituciones científicas en nuestras sociedades, en particular en el ámbito de la lucha contra la enfermedad y la consecu- ción del bienestar, se subrayaba el decisivo papel que debía asumir el Gobierno en el impulso y desarrollo de la ciencia y la necesaria, aunque compleja, relación entre ciencia y poder político, entre el científico y el político, por volver al motto weberiano. Asimismo, se ofrecían no pocas pistas y recomendaciones relativas a cómo renovar y asegurar el talento científico. Es un documento que aún hoy impresiona por la clarividencia del gran presidente norteamericano2.

En todo caso, como decía, este no es sino un nuevo escenario para un viejo debate, uno de los más complejos y constantes en la historia del pensamiento social y político: ¿no sería mejor dejar que gobernaran los sabios? O, trasladado a la discusión contemporánea, ¿no habría llegado ya la hora de que la ciencia viera reconocido su papel de guía fiable en la toma de decisiones políticas y se le abrieran, así, las puertas del Ejecutivo y el Legislativo3? ¿No sería esa la forma de asegurarnos de que las decisiones políticas sean apropiadas, nece- sarias, proporcionadas? Este es, al mismo tiempo, un debate mucho más complejo de lo que aparenta, aunque solo sea porque se utilizan, y con frecuencia sin contextualizarlas adecuadamente, diferentes nociones de ciencia, de certeza, de seguridad. Y porque, como decía, en el fondo se trata de un escenario, una variación más, de un asunto clave en toda reflexión sobre el quehacer político, de Platón a Weber, por mencionar dos de las referencias claves a las que acudir cuando se trata de elucidar si la decisión del gobernante debería buscar la legitimación que le ofrece el conocimiento científico (versión con- temporánea de la que le prestaba la sabiduría del filósofo), o si eso es una pretensión que debe quedar limitada al ámbito del asesoramiento, pero sin usurpar el núcleo de la decisión, que ha de ser necesariamente prudencial, por decirlo aristotelico modo.

Hobbes, a quien cabe el honor de haber adelantado la moderna concepción de la política, entendida precisamente como ciencia, aseguraba que la primera tarea de todo gobierno es garantizar la vida de los gobernados. Hasta el punto de que el genial pensador admite una sola excepción a la sumisión al poder ilimitado que los ciudadanos ceden al monstruoso Leviathan: precisamente, la ausencia de esa seguridad4. Esta es la condición que hace posibles todos los demás objetivos de la acción política. Algunos, siguiendo esa lógica, hablan de una contradicción o, al menos, de tensión límite entre seguridad y libertad, que justificaría sacrificar nuestra libertad en aras de la seguridad. Pero creo que es un planteamiento falaz.

Es cierto que, en regímenes dictatoriales o autoritarios, los ciudadanos son súbditos y no tienen más remedio que abandonarse a la fe en su gobierno, o someterse sin más a él. Precisamente por esa razón, tales gobiernos pueden mantener la ficción de que siempre aciertan, porque siempre lo saben todo, lo prevén todo y lo hacen por el bien del pueblo. Ese planteamiento conduce a la tan conocida –sencilla y falaz– alternativa: «O nosotros (o la obediencia a nuestros mandatos), o el caos (la muerte)». De donde, en efecto, frente a la libertad propia del estado de naturaleza y que nos hace devorarnos unos a otros como lobos (la guerra civil como el mal por antonomasia, al fondo), no hay opción: elegimos la seguridad.

En las sociedades democráticas, abiertas, plurales, eso no funciona así. Los ciudadanos son mayores de edad y han superado, a la manera en que nos enseñó el psicoanálisis, el mito del padre que todo lo sabe y nos protege frente a cualquier peligro. Sabemos, como explicaron Rousseau y Kant5, que esa seguridad de los calabozos, o, peor, de los cementerios (la verdadera paz perpetua), no es tal. La seguridad es, ante todo, seguridad en y desde las libertades, que es lo que nos proporciona el Estado de derecho, con el imperio de la ley. Por eso, los ciudadanos pueden y deben someter a juicio crítico, a control, las decisiones de sus gobernantes, incluso (quizá, sobre todo) las que se adoptan en circunstancias excepcionales, en las que están en juego las vidas de todos. Eso no quiere decir que sea tarea fácil, ni siquiera en un momento histórico como el presente, en el que los ciudadanos llevamos en nuestro bolsillo, en nuestros smartphones, mucha más información que la que nunca antes estuvo al alcance de las élites de gobierno.

¿Necesitamos una revisión de los instrumentos que contribuyen a la percepción de que las decisiones políticas proporcionan certeza, seguridad? Quizá convendría comenzar por una breve reflexión sobre la forma en que el Derecho aparece como la más poderosa herramienta de seguridad en nuestras sociedades: ¿sigue cumpliendo esa función?

II.

Es comúnmente admitido que la primera de las funciones del Derecho consiste en proporcionar seguridad en las relaciones sociales.

Seguridad, en primer lugar, como garantía del status de los individuos que pertenecen al grupo en el que existe ese Derecho como sistema normativo, es decir, garantía del conjunto de derechos y deberes de cada individuo del grupo, basada en la previsibilidad de las conductas del otro (incluido el poder institucional), gracias a la amenaza de la sanción que monopoliza el Derecho. En efecto, no es posible ninguna relación social sin un mínimo grado de seguridad sobre lo que cabe esperar de la otra parte; también del poder institucional. Y el Derecho, en eso, parece un instrumento eficaz: el otro se atendrá a la conducta que el Derecho ha establecido mediante la norma, porque en caso contrario sabe que será objeto de sanción que le obligará a realizar esa conducta prevista o una sustitutoria. Y la parte contraria puede así confiar en obtener esa conducta o una equivalente gracias a la sanción. La conducta del poder institucional (en un Estado de derecho) resulta también previsible, porque está sometido asimismo a control por el Derecho, gracias sobre todo al principio de legalidad, al de irretroactividad de las normas desfavorables (en particular, las penales) y a la división de poderes. Pero esa previsibilidad, como acabamos de ver, se basa a su vez en la certeza de la norma, esto es, en la pretensión de que siempre existe una norma clara y que es eficaz, es decir, que se cumple inexorablemente.

Ambos predicados, sin embargo, contra lo que han pretendido algunos modelos explicativos de qué sea el Derecho, como el iusnaturalismo racionalista o el positivismo legal formalista, no carecen de excepciones, incluso en un modelo de Estado constitucional. No siempre existe una norma cierta: hay problemas de lagunas normativas –situaciones no previstas, para las que no hay norma– y de antinomias o contradicciones entre normas, máxime en sistemas jurídicos plurales, como los de los Estados de la Unión Europea [UE], con varias instancias normativas, desde la local, la autonómica, la estatal y la estrictamente europea. O sea, que incluso la certeza jurídica es tentativa, como subrayó el realismo jurídico frente al positivismo jurídico más formalista, con su crítica a la noción de validez como una creencia ingenua, paralela a la necesidad psicológica del padre6.  

La defectibilidad de la certeza que proporciona el derecho se acrecienta en situaciones de grave excepcionalidad, como la que sufrimos en la pandemia de la COVID-19, en la que la necesidad de actuar es tan urgente que obliga a reducir excepcionalmente las reglas y procedimientos que tratan de garantizar la certeza, al mismo tiempo que se deben conjugar las garantías de los derechos y libertades fundamentales y la garantía del derecho a la vida y la salud pública. Esa necesidad obliga a una gestión política que recurre (como estamos viendo en nuestro país) a los supuestos de excepción previstos en los Estados constitucionales7 y, aún más, a una modalidad extrema, nunca vista, del fenómeno que Carl Schmitt ya advirtió en 1950 y que Ernst Forsthoff calificara como «legislación motorizada»8, para referirse a los nocivos efectos que sobre la seguridad jurídica suponía esta manía de legislador de producir cada vez más leyes y de menor duración en el tiempo. Ese problema de teoría y técnica legislativa se complica todavía más si concurre con lo que, en conocido trabajo de 1993, el profesor Pérez Luño denominara «El desbordamiento de las fuentes del Derecho», algo evidente en nuestro contexto jurídico, como Estado de estructura cuasi federal y miembro de la UE, lo que añade complejidad pluridimensional.

III.

Volvamos, pues, a las cuestiones que planteaba al comienzo de estas páginas. ¿Cómo guiarnos en esa prueba tan difícil para nuestra madurez cívica a la que nos somete la gestión política de la pandemia? ¿Cómo podemos estar seguros de la certeza de esas decisiones, de las que depende, en sentido estricto, nada menos que la vida de miles de personas?

Una respuesta habitual es la que ya nos propusiera Platón (1949), apoyada, por cierto, en la presunción de la unidad entre bien y verdad. «Quien sabe, actúa bien, necesariamente». Ergo, si queremos certeza, fiémonos de los que saben.

Desde el filósofo rey hasta la fe ciega en el avance inexorable de la ciencia y la técnica, que fue proclamada por el positivismo del XIX y que se prolonga hasta hoy mismo, esa solución conduce a lo que los profesores Moreno, De Pinedo y Villanueva, en un artículo reciente de título muy sugestivo (12 de abril, 2020), denominan epistocracia, un modelo que discuten a fondo siguiendo las tesis de von Neurath. La epistocracia supone, cito, «la tesis del gobierno de los expertos y la crítica de la democracia. En este caso, se considera que la democracia, de existir, debe guarecerse en el consejo de los verdaderos especialistas». Pero los supuestos en los que se asienta resultan más que discutibles, también en esta pandemia, pues, como añaden, “un hecho, registrado como protocolo científico, es algo complejo de determinar. Puede haber mentiras e incompetencia, pero quizá hay más… pensar en cómo tienen que actuar las instituciones a partir de la información que aportan los modelos, ni es sencillo ni puede llevarse a cabo con una regla y un compás. Especialmente cuando, como en el caso de la covid-19, los modelos se construyen sobre datos heterogéneos y posiblemente corruptos, sujetos a un nivel de incertidumbre muy elevado, no es evidente qué significa para una institución actuar de manera razonable a partir de la evidencia”. Por eso, sostienen que «no sólo no hay forma «experta» de ponerse de acuerdo sobre quiénes son los expertos; ni siquiera es fácil reconocer dónde está la frontera entre los asuntos que involucran negociación sobre valores y preferencias y los asuntos que se resuelven sabiendo cómo son las cosas»9.

Es por esa razón por la que me parecen criticables tesis como las del prestigioso neurocientífico y catedrático de Columbia Rafael Yuste, en su artículo «Que la ciencia revolucione la política» (firmado también por Darío Gil) (7 de junio, 2020), en el que proponían «institucionalizar la ciencia en la cúpula del estado», lo que se concretaría en una llamada a que los científicos hagan política, a que entren en cargos de decisión y se creen vicepresidencias científicas (y también consejos asesores científicos que puedan tomar las decisiones en situaciones excepcionales10). No digo con ello que, como ha escrito ácidamente la profesora Depraz, nos encontremos ante «ciegos que guían a otros ciegos», porque «la brújula de los científicos parece más bien una veleta»11.

Pero me parece difícil de discutir que, comenzando por la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) (que, pese a poder invocar que se rige por criterios científicos, no puede ocultar la dimensión burocrática y el peso de los criterios «políticos» en su actuación debido a su dimensión intergubernamental, como sucede con toda la estructura de la Organización de las Naciones Unidas [ONU]) y continuando por los muy diferentes comités científicos y equipos de investigación creados ad hoc en cada país, están muy lejos de ser el oráculo de Delfos que nos gustaría (que necesitamos) creer. Por más que sea preciso destacar y agradecer la enorme contribución de esos equipos científicos, la crítica, incluso la autocrítica de la propia comunidad científica, es ineludible12.

Creo que Jürgen Habermas nos ha ofrecido en no pocas ocasiones algunas excelentes pistas para orientarse en este debate. Lo hizo, de nuevo, en la entrevista que le planteó Nicolas Truong en Le Monde (10 de abril, 2020). En ella, señalaba algo que los estudiosos de lo que se conviene en denominar ámbito de la «razón práctica» tienen muy en cuenta, en la tradición aristotélica que supo recuperar Kant: la defectibilidad constitutiva de ese uso de la razón (si se quiere, del conocimiento). Lo traduzco así:” la pandemia pone al alcance de la opinión pública internacional, de golpe y de forma simultánea un principio que hasta ahora sólo era cuestión de los expertos y no del gran público: la necesidad de actuar desde el conocimiento explícito de nuestro des-conocimiento. Con la pandemia, todos los ciudadanos aprenden que sus gobiernos deben tomar decisiones desde la plena conciencia de los límites del saber de los virólogos que les aconsejan. Y es así como se nos revela a plena luz, una luz cruel, cómo la acción política se lleva a cabo, por así decirlo, sumergida en la incertidumbre. Y es posible que esta inhabitual experiencia deje huella en la conciencia pública”.

Pues bien, por duro que parezca el mensaje, creo que hay que aceptarlo: ni siquiera la ciencia, ni la tecnología puesta al servicio de la biología, la farmacia y la medicina nos proporcionan esa certeza que instintivamente necesitamos. La ciencia no es el demiurgo que nos gustaría creer13.

Al mismo tiempo, la decisión que ha de adoptar el político es insustituible e indefectible, más aún en un contexto democrático. Es insustituible: solo el político (que cuenta con la legitimidad demo- crática) está habilitado, es decir, legitimado, para ello. Y, al tiempo, es indefectible: el político no puede recurrir a escudarse en la duda, ni remitir su responsabilidad al científico (aunque esa tentación ha estado presente en la pandemia y ha sido irresistible en no pocos momentos). No es cierto que la ciencia pueda y deba saberlo todo, y por tanto no es cierto que el no saber lo que conviene sea siempre ignorancia culpable o interesada. La verdad es que la ciencia, aunque conoce muchas cosas, es sobre todo el proceso metódico de conocer: lo que nos falta por conocer excede con mucho a lo que conocemos.

Por todo ello, creo que no conocen las características del método científico, basado en el procedimiento «prueba y error», quienes nos proponen una versión de la ciencia como conjunto de dogmas asentados e inatacables. La comunidad científica no funciona así. Popper lo formuló muy bien: la ciencia avanza mediante el recurso a «conjeturas y refutaciones», y es que, a juicio de este gran filósofo, el objeto de la ciencia no consiste en «verificar hipótesis», sino en «falsarlas»14.

En ese sentido, me parece elocuente el juicio crítico del Premio Jaume I de Nuevas Tecnologías 2015, Pablo Artal (10 de abril, 2020), quien ha llegado a hablar de «gran fracaso de la ciencia española» y que ejemplifica con estos argumentos: «La ciencia española no tiene una estructura sólida de ayuda al tejido productivo del país. En las últimas décadas, se ha promovido la actividad científica por resultados en publicaciones, primándose casi exclusivamente la cantidad. Los científicos, para sobrevivir, nos hemos adaptado a esas directrices. Esto ha sido en parte beneficioso. Se han creado grupos de excelencia y com- petitivos en el entorno europeo. Pero se han destruido casi por completo las actividades de investigación menos glamurosas que ofrecían pocas opciones de generar publicaciones de relumbrón, pero que pueden resultar de importancia vital para una sociedad, en especial en tiempos de crisis. No tenemos una estructura científico-técnica que trabaje por objetivos estratégicos, como los laboratorios nacionales en otros países. Prácticamente, todo nuestro sistema se guía por una actividad independiente por parte de los científicos. Podríamos decir que es una ciencia puramente académica. Por ello tenemos buenos resultados en número de publicaciones, pero no existe un entramado que pueda responder en casos de dificultad, ni que ayude de manera eficiente al sector productivo. No tienen más que ver nuestra actividad en patentes. No es por flagelarles mentalmente, pero conviene que sepan que una sola compañía tecnológica produjo el año pasado tres veces más patentes que toda España».

En realidad, como sostiene Artigas, quizá sean Freeman y Sko- limowski quienes supieron formularlo con mayor claridad, al subrayar que la clave del método científico es «llegar asintóticamente cada vez más cerca de la verdad». En efecto, mediante el sistema de prueba y error, mediante la refutación, se procede mediante los siguientes pasos15:

  • se reconocen los errores,
  • se eliminan
  • se avanza más allá de ellos, de modo que
  • se llega más cerca de un conocimiento más seguro, menos erróneo.

Por eso, lo que llamamos evidencias científicas  nunca son definitivas. Y habría que añadir que, en un contexto tan dinámico y complejo como el de esta pandemia global, pretender que contamos con evidencias científicas irrefutables es un disparate simplista.

Permítame el lector añadir que no envidio el desafío al que están sometidos todos los equipos de investigación vinculados hoy a la lucha contra la pandemia y sometidos a una presión múltiple. Ante todo, la de los ciudadanos legos (como quien suscribe) que, literalmente, esperábamos ese milagro que se ha encarnado en las vacunas. También, la de los políticos que necesitan exhibir que ya se cuenta con soluciones eficaces. Y, por supuesto, la de los laboratorios y la industria farmacéutica, ante el negocio indiscutible que supone hacerse con las patentes. Adviértase que, por más que resulte evidente que ha habido la natural comunicación y colaboración propia de la comunidad científica, no se puede ignorar el peso de la competencia en la lucha por esas patentes que dan rendimientos en el mercado.

Por supuesto, todo ello no significa dejar de reconocer que es suicida que el político adopte decisiones políticas contra lo que nos indica el científico, siempre que no olvidemos lo que acabo de recordar: la ciencia, la comunidad científica, se caracteriza por una discusión abierta y en permanente corrección, que está muy lejos de esa versión popular de la ciencia como sistema de dogmas irrefutables y asentados de una vez para siempre. Entre otras razones, porque quienes investigan y quienes deciden en la pandemia de la COVID-19 no se mueven con datos indiscutibles y completos16.

Es decir: no es sólo que los dirigentes políticos no deban escudar sus decisiones como consecuencia necesaria de dictámenes científicos. Es que no pueden hacerlo.

Parto, desde luego, de la presunción fuerte de buena fe y predominio del criterio del bien común en la inmensa mayoría de aquellos a quienes el azar ha puesto en centros de decisión durante esta pandemia, pero lo que trato de subrayar es no solo la enorme responsabilidad que les ha tocado afrontar, sino sobre todo las con- diciones trágicas en las que nuestros gobernantes deben decidir. Y, por esa razón, me parecen mezquinos y falaces los juicios –no ya peyorativos, sino criminalizadores– tan comunes en redes, que comienzan asegurando que a los responsables políticos «les va en el sueldo» asumir la excepcionalidad de la situación porque para eso han sido elegidos, para terminar afirmando que no solo no han estado a la altura de las circunstancias absolutamente excepcionales, sino que son responsables directos de las muertes ocurridas en dichas circunstancias. Dicho esto, quiero dejar claro que tampoco intento convertirles en inimputables, ni eximirles de la crítica, ni del control, absolutamente imprescindibles en democracia.

Weber concluía sus reflexiones sobre la política y la ciencia como vocación, dos conferencias reunidas en El político y el científico (1979), con esta afirmación: «¡Sólo la persona que está segura de no desesperar cuando el mundo, desde su punto de vista, es de mente simple y debilitado para aceptar lo que sea que se tenga que ofrecer, y sólo la persona que sea capaz de decir «¡A pesar de Todo!» tiene el llamado para la profesión de la política!». El político debe ser cons- ciente de sus limitaciones, de la dosis de incertidumbre ineliminable, a la hora de prever el curso de las acciones que ha de dirigir. Esto es, ha de ser capaz de tomar esas decisiones y de persuadir a los ciudadanos de que vale la pena intentarlo.

Pero, en primer lugar, el político democrático está obligado a hacerlo sin engaño, sin recurrir a esa noble mentira, de raigambre platónica y sobre la que discutieron en 1778 un puñado de ilustra- dos a raíz de una convocatoria de la Real Academia de Ciencias de Berlín, cuyo tema decidió el rey Federico II, a instancias de Voltaire: ¿conviene engañar al pueblo por su propio bien?17 La comunicación de las decisiones políticas debiera tener el coraje de venir presidida por este principio: decir la verdad a los ciudadanos. Lo que incluye reconocer las limitaciones, el grado de incertidumbre en el que nos movemos. Y, en segundo lugar, el político democrático debe respetar a los ciudadanos como titulares del poder que él administra, es decir, debe atenerse al cumplimiento de lo establecido en las reglas de juego institucionales y en los principios que basan la acción política, que son, ante todo, la garantía y desarrollo de los derechos humanos. Con todo, esas condiciones no nos proporcionan la seguridad absoluta que nos gustaría, claro. Pero la pandemia ha venido a recordarnos también eso, que, además de vulnerables y frágiles, ni sabemos todo, ni debemos actuar como si lo supiéramos.

IV

Ya he señalado la previsión de la que hizo gala el presidente Roosevelt al comprender la necesidad de institucionalizar agencias u oficinas de asesoramiento científico, de cara a poder adoptar decisio- nes políticas (muchas de ellas convertidas en normas) que permitan diseñar políticas públicas para las que el conocimiento científico y tecnológico es condición sine qua non. Es decir, no solo para ase- sorar al Gobierno, sino también para guiar al Poder Legislativo. Eso lleva a plantear la cuestión específica del lugar de la ciencia en los Parlamentos, el asesoramiento científico en la tarea legislativa, que ha obtenido muy diferentes respuestas institucionales18. A mi juicio, el modelo de la Parliament Office of Science and Technology (POST), que lleva mucho tiempo consolidado en el Parlamento británico, parece particularmente apropiado19.

No puedo ahora extenderme acerca de esta compleja cuestión, sobre la que, como es sabido, en nuestro país existe ya un instrumento específico, gracias a un convenio suscrito entre el Congreso de los Diputados y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), el pasado 21 de marzo de 2021, por el que se ha creado la denominada Oficina de Ciencia y Tecnología en el Parlamento, concebida como instrumento para la práctica de la asesoría científica en la vida parlamentaria (aunque es necesario precisar que, pese a la denominación, la Oficina solo presta asesoramiento a los diputados del Congreso, y al Congreso; no al Senado ni a los senadores). El proceso de creación de esa oficina se remonta a las propuestas de la ya mencionada iniciativa Ciencia en el Parlamento, y que, después de diversas negociaciones con esa organización y con la COSCE, entre otros interlocutores, desembocó en el mencionado convenio con la FECYT. En su presentación, la presidenta del Congreso de los Dipu- tados sostuvo que «el convenio permitía institucionalizar la asesoría científica en la cultura parlamentaria española» y, así, proporcionar el apoyo de la ciencia ante la elaboración de las políticas públicas. El Congreso optó así por un modelo de oficina de carácter prospectivo, a la que la Cámara planteará en cada período los temas que pueden requerir la tarea de asesoramiento.

Sin perjuicio de que el tema requiere, como es obvio, un análisis específico y detallado, me limitaré a recordar la conveniencia de que, en la creación y funcionamiento de estas oficinas de asesora- miento, se mantengan las condiciones de autonomía e independencia de las Cámaras, tanto por lo que se refiere a su independencia del Gobierno20 como en cuanto atañe a la competencia de la Cámara (a través de su Presidencia y de la Mesa), en particular en todo lo relativo al respecto del principio de autonomía de la Cámara en cuanto afecta a su personal (por ejemplo, en la selección del personal laboral de esas oficinas debería salvaguardarse la competencia de la Mesa de la Cámara) e, incluso, lo que se da en calificar como autonomía tecnológica que, evidentemente, es cada vez más importante21.

NOTAS

1 La carta de Roosevelt, así como la contestación del director de la Oficina de Inves- tigación y Desarrollo Científico, el profesor Vannevar Bush, y el informe que este presentó en nombre de la Oficina al visionario presidente norteamericano, pueden consultarse en la versión castellana que ofreció la revista Redes. Revista de Estudios Sociales de la Ciencia (Bush, 1999), que puede descargarse en el siguiente enlace: http://iec.unq.edu.ar/index.php/ es/publicaciones/revista-redes/numeros-anteriores/item/67-redes-%E2%80%93-revista- de-estudios-sociales-de-la-ciencia-14. La versión original del informe puede consultarse en https://www.nsf.gov/od/lpa/nsf50/vbush1945.htm.

2 Sobre F. D. Roosevelt recomiendo vivamente la biografía escrita por el profesor H. W. Brands (2008).

3 Cfr. por ejemplo en nuestro país la iniciativa ciudadana Ciencia en el Parlamento, que, en su website cienciaenelparlamento.org, se define como una «iniciativa ciudadana independiente que tiene como objetivo que la ciencia y el conocimiento científico sean una de las fuentes de información en la formulación de propuestas políticas. #Cienciae- nelParlamento promueve una cultura política cercana a la ciencia y potenciar una actividad científica centrada en las necesidades de la sociedad. Para lograr este fin, es importante que los responsables políticos y el sector de la ciencia, la tecnología y la innovación en España mantengan contactos regulares que permitan facilitar el empleo de la ciencia de manera efectiva para el asesoramiento de decisiones políticas».

4 «La obligación de los súbditos con respecto al soberano se comprende que no ha de durar ni más ni menos que lo que dure el poder mediante el cual tiene capacidad para protegerlos. En efecto, el derecho que los hombres tienen, por naturaleza, a protegerse a sí mismos, cuando ninguno puede protegerlos, no puede ser renunciado por ningún pacto. La soberanía es el alma del Estado, y una vez que se separa del cuerpo, los miembros ya no reciben movimiento de ella. El fin de la obediencia es la protección, y cuando un hombre la ve, sea en su propia espada o en la de otro, por naturaleza sitúa allí su obediencia, y su propósito de conservarla. Y aunque la soberanía, en la intención de quienes la hacen, sea inmortal, no sólo está sujeta, por su propia naturaleza, a una muerte violenta, a causa de una guerra con el extranjero, sino que por la ignorancia y pasiones de los hombres tiene en sí, desde el momento de su institución, muchas semillas de mortalidad natural, por las discordias intestinas» (Hobbes, 2018: capítulo xxi, «De la libertad de los súbditos»).

5 Recuérdese el texto del capítulo IV («De la esclavitud») de El contrato social (Rous- seau, 1993): «Se me dirá que el déspota asegura á sus súbditos la tranquilidad civil. Bien está; pero ¿qué ganan los súbditos en esto, si las guerras que les atrae la ambición de su señor, si la insaciable codicia de este, si las vejaciones del ministerio que les nombra, les causan más desastres de los que experimentarían abandonados á sus disensiones? ¿Qué ganan en esto, si la misma tranquilidad es una de sus desdichas? También hay tranquilidad en los calabozos: ¿es esto bastante para hacer su mansión agradable? Tranquilos vivían los griegos encerrados en la caverna del Cíclope aguardando que les llegara la vez para ser de- vorados. Decir que un hombre se da gratuitamente, es decir un absurdo incomprehensible; un acto de esta naturaleza es ilegítimo y nulo por el solo motivo de que el que lo hace no está en su cabal sentido. Decir lo mismo de todo un pueblo, es suponer un pueblo de locos: la locura no constituye derecho». Por su parte, Kant encabeza su panfleto sobre la paz perpetua (1982) con esta «cláusula salvatoria»: «A la paz perpetua. Esta inscripción satírica que un hostelero holandés había puesto en la muestra de su casa, debajo de una pintura que representaba un cementerio, ¿estaba dedicada a todos los «hombres» en general, o especialmente a los gobernantes, nunca hartos de guerra, o bien quizá sólo a los filósofos, entretenidos en soñar el dulce sueño de la paz?».

6 Me refiero a la crítica de Alf Ross (1961) a la noción de validez sostenida por Kelsen, como «construcciones metafísicas erigidas sobre la base de una falsa interpretación de la «fuerza obligatoria» experimentada en la conciencia moral».

7 En nuestro caso, básicamente se trata de lo dispuesto en el artículo 116 de la Cons- titución española de 1978 y en la ley de desarrollo, la Ley Orgánica (LO) 4/1981 de los estados de alarma, excepción y sitio. Sobre el debate a propósito de la adecuación de esos supuestos de estado de excepción en la pandemia de la COVID-19, pueden leerse, entre otros muchos estudios, los artículos de los profesores Pérez Royo (14 de abril, 2020), J. Urías (14 de abril, 2020), García Figueroa (8 de abril, 2020), Xavier Arbós (31 de marzo, 2020), Tomás de la Quadra-Salcedo (8 de abril, 2020) y Pedro Cruz Villalón (17 de abril, 2020). Tras la Sentencia del Tribunal Constitucional de 14 de julio de 2021, recaída en el recurso 2054-2020 sobre la constitucionalidad del decreto de estado de alarma, se han sucedido otros análisis: por ejemplo, el de Manuel Aragón (6 de julio, 2021), Javier García Roca (12 de julio, 2021), Tomás de la Quadra-Salcedo (22 de julio, 2021), Ramón Soriano (23 de julio, 2021), Miguel Pasquau (20 de julio, 2021) y Pedro Cruz Villalón (23 de julio, 2021). Finalmente, como es sabido, el TC, en una muy discutible y discutida Sentencia (con cinco votos particulares), la STC 148/2021, de 14 de julio de 2021 formulada frente al Recurso de inconstitucionalidad 2054-2020, Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Vox del Congreso de los Diputados, invalidó el estado de alarma, sosteniendo que habría sido preciso el recurso al estado de excepción. Esa Sentencia fue confirmada luego por la STC 183/2021, de 27 de octubre de 2021, recaída en el recurso de inconstitucionalidad 5342-2020, interpuesto de nuevo por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Vox del Congreso de los Diputados.

8 Schmitt (1950: 20) habló ya de «das «motorisierte Gesetz»». Pero fue Forsthoff (1964) quien desarrolló el concepto. Recordaré que, por su parte, Irti (1978) anunció lo que denominó una etapa de «decodificación», caracterizada por el recurso generalizado a las leyes especiales. En las décadas siguientes se popularizó esa crítica. Así, Luhmann (1986) habló de «marea de leyes o hiperjuridificación» y García de Enterría (1999) de «un mundo de leyes desbocadas». Sobre ello, Laporta (2004: 45 y 63).

9 Y así, concluyen: «Es difícil saber cuál es la naturaleza de los hechos sobre los que las instituciones deben actuar y más difícil todavía determinar cómo ha de ser el proceso de decisión a partir de esos hechos. La reflexión de las instituciones debe siempre partir de la información científica, pero involucra necesariamente cuestiones que pertenecen al ámbito de lo normativo».

10 Esta última propuesta, sin embargo, que ha sido formulada también por el astrofísico Avi Loeb (30 de abril, 2020), me parece más interesante y deseable.

11 Cfr. su «Science et pouvoir: quand un aveugle guide un aveugle» (14 de abril, 2020), en el que escribe: «Et si la boussole scientifique, aussi humble soit-elle, n’était qu’une girouette dans la main des politiques? Qu’y a-t-il de pire: être aveugle et le savoir? On peut penser que c’est ce que vivent aujourd’hui de nombreux scientifiques, authentique- ment déboussolés… Ou bien: être aveugle et croire qu’on a la situation en main? A force de se croire maîtres et possesseurs de l’univers, nos gouvernants ont réussi à persuader certains scientifiques de se faire guides même chancelants de leur action publique. Double illusion, double aveuglement: quand un aveugle guide un aveugle, la chute de Scylla sera pire que celle de Charybde…».

13 Pero convendría matizar. Así, un informe del Reuters Institute, publicado el 15 de abril de 2020 (Nielsen, 2020), ponía en entredicho esa confianza de los ciudadanos en la ciencia, con motivo de la crisis de la COVID-19, y mostraba diferencias considerables según los países. Un año después, se diría que esa confianza ha aumentado, o, mejor, que la opinión pública sostiene en efecto que la ciencia merece todo el prestigio, aunque lo cierto es que ese estado de opinión contrasta con el hecho de que, en los meses de desescalada desde mayo de 2021, parece que no se sigan –incluso masivamente– las recomendaciones y llamadas a la prudencia que vienen desde el mundo científico, ante el «cansancio social» por las medidas de confinamiento.

14 Cfr., por ejemplo, lo que escribe en el capítulo X de sus Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge: «[…] los falsacionistas o falibilistas dicen, a grandes rasgos, que aquello que no puede ser (por el momento) derrocado por la crítica, no merece (por el momento) ser considerado seriamente; mientras que aquello que puede ser derrocado de ese modo y sin embargo resiste todos nuestros esfuerzos críticos para conseguirlo, muy posiblemente será falso, pero no es inmerecedor de ser considerado seriamente y quizás de ser incluso creído –aunque sólo de modo tentativo […] Los falsacionistas (el grupo de falibilistas al cual yo pertenezco) creen –como lo creen también la mayoría de los irracionalistas– que han descubierto argumentos lógicos que muestran que el programa del primer grupo no puede ser llevado a término: que nunca podemos dar razones positivas que justifiquen que una teoría es verdadera» (1963: 228). Como ha señalado Artigas (1992), a quien sigo ampliamente en esta interpretación, es en el addendum de 1961 a su conocidísima obra The open Society and its Enemies donde Popper formula mejor la idea: «Por falibilismo entiendo aquí la idea, o la aceptación del hecho, de que podemos equivocarnos, y de que la búsqueda de la certeza (e in- cluso la búsqueda de una alta probabilidad) es una búsqueda equivocada. Pero esto no implica que la búsqueda de la verdad sea una equivocación. Por el contrario, la idea de error implica la de verdad como el patrón que puede no ser alcanzado. Implica que, si bien podemos buscar la verdad, e incluso podemos encontrarla (como me parece que lo hacemos en muchos casos), nunca podemos estar bien seguros de haberla encontrado. Siempre cabe el error, aunque en el caso de algunas pruebas lógicas y matemáticas esa posibilidad pueda ser considerada como pequeña. Pero el falibilismo no tiene en absoluto por qué dar lugar a conclusiones escépticas o relativistas. Esto se hace patente si consideramos que todos los ejemplos históricos cono- cidos de falibilidad humana –incluyendo todos los ejemplos conocidos de equivocaciones en la justicia– son ejemplos del avance de nuestro conocimiento. Cada descubrimiento de una equivocación constituye un avance real en nuestro conocimiento […] Por tanto, podemos aprender de nuestros errores. Esta perspectiva fundamental es, en realidad, la base de toda la epistemología y la metodología» (1977: Addenda, I, «Facts, Standards, and Truth: A Further Criticism of Relativism», 369-396).

15 De nuevo sigo aquí la interpretación de Artigas, quien remite a Freeman-Skoli- mowski (1974). Sobre prueba y error, mi colega, el profesor Vicente Martínez, astrofísico, me brinda esta cita del eminente físico ruso Lev Landau: «Cosmologists are often in error, but never in doubt».

16 Así lo señaló una revisión científica de treinta y un modelos publicados hasta el 24 de marzo de 2020, realizada por un equipo de científicos de Holanda, Austria, Reino Unido y Alemania, y publicada en la prestigiosa revista British Medical Journal (VV. AA., 2020). El estudio advertía que, con la pandemia de coronavirus en plena expansión, los modelos que intentan ayudar a los médicos a diagnosticar la COVID-19 o a saber si un paciente puede sufrir complicaciones o morir por la infección, no funcionan.

17 Hay una completa edición de ese concurso (Becker et al., 1991).

18 El website de European Parlamientary Technology Assessement, eptanetwork. org, reúne enlaces no solo a oficinas ubicadas en países europeos, sino también del resto del mundo. Cfr. también, por ejemplo, la presentación de experiencias comparadas sobre sistemas de asesoramiento parlamentario en ciencia y tecnología, ofrecida por la Dra. Sarah Foxen, directora de la oficina POST del Parlamento británico (agosto 2019).

19 La información sobre la POST puede encontrarse en su website: https://post. parliament.uk/. Agradezco al catedrático de Astronomía y Astrofísica de la Universitat de València y miembro de la directiva de la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), profesor Vicent Martínez, su asesoramiento en ese estudio comparado y el contacto con la Dra. Sarah Foxen.

20 Por ejemplo, respecto a la mencionada Oficina de Ciencia y Tecnología en el Par- lamento, creada por convenio entre el Congreso de los Diputados y la FECYT, convendría que se matizara con cuidado y precisión el papel de la FECYT, puesto que esta agencia, aunque es una fundación del sector público cuya misión es impulsar la ciencia e innovación, promoviendo su integración y acercamiento a la sociedad, tiene una dependencia orgánica del Ministerio de Ciencia e Innovación.

21 Sobre ello, remito al excelente artículo «Parlamento y Ejecutivo en la era digital: ¿hacia la autonomía tecnológica de las Cámaras?» (García Mexía y Pereira González, 2018).

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POR FUSTER, MALGRÉ CIERTO FUSTERIANISMO (versión amplada del artículo publicado en La Vanguardia, edición Comunidad Valenciana, 4 de enero de 2022 -Any Fuster-)

La celebración en 2022 del Any Fuster, una acertada e incluso necesaria iniciativa del Consell de la Generalitat Valenciana, propiciará un sinnúmero de interpretaciones y comentarios sobre el escritor de Sueca y sobre su obra.

No sé si harán falta cien años más para que se diluya el feroz y atávico antagonismo de la derecha hacia el autor de Nosaltres, els valencians. Pero no hace falta ser un profeta para prever que se produzcan, en el otro extremo, intentos de «beatificación» por parte de quienes subrayan hasta la hipérbole más disparatada su dimensión intelectual. Como se ha dicho también, semejantes procesos de sacralización seguramente le parecerían al propio Fuster collonades.

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RETRATO DE JOAN FUSTER. AÑOS 80 

Comienzo por reconocer que, para quienes nos situamos en las antípodas del nacionalismo como ideología política -sin que eso signifique desconocer en absoluto su importancia histórica, su eficacia política- es evidente que el Fuster político, oculta a menudo al Fuster escritor, como ha subrayado pertinentemente un experto fusterólogo a la par que fusteriano, el profesor Furió. Pero conviene reconocer la dificultad de separar una y otra dimensión, como añadiré enseguida.

Es ese Fuster político, y su legado en tales términos, el que a algunos de nosotros -a mí, desde luego- nos obliga a cobrar distancia de su figura, porque simboliza un proyecto que consideramos más que cuestionable. Conste que eso no significa -no, en mi caso- poner en duda su relevancia y su eficacia, su influencia, en la formulación de ese que seguramente es el más verosímil valencianismo político. Un proyecto que, como es obligado en toda versión del nacionalismo, exige la (re)creación de una cultura e identidad propias, basada de forma prioritaria, aunque no exclusiva, en la propia lengua. Tal valencianismo político -ligado a la unidad lingüística del idioma que se habla en Catalunya, Valencia y les illes, una tesis que considero científicamente incuestionable- no existiría sin Fuster, creo. Tampoco sus herejías, alguna las cuales pone en cuestión el dogma nacionalista en su versión más pura, como se recordará.

El pero a esa concepción política fusteriana se refuerza para cualquier lector de la reciente y excelente edición que ha cuidado D. Sasson de los escritos de Hobswam (Sobre el nacionalismo, Crítica, 2021). Volver a Hobswam me reafirma en la necesidad de garantizar la riqueza cultural que supone el reconocimiento del nacionalismo cultural, al mismo tiempo que me confirma la necesidad de sostener el rechazo hacia un proyecto, el del nacionalismo político, que consista en crear una multitud de Estados propios cuya razón de ser estribe en el monismo cultural.

El problema es precisamente este: que una parte de quienes reivindican el reconocimiento de esa identidad cultural – el propio Furió- sostiene que eso no es posible, no será eficaz, sin la reivindicación de un Estado propio. Aún más: se empeñan en denostar fórmulas como la del federalismo, que es -a juicio de muchos de nosotros- la que puede permitir conjugar uno y otro propósito, el del reconocimiento de la identidad propia, en el marco de un espacio político común, presidido por el principio de lealtad federal, que se conjuga, sí, en las dos direcciones.

Sin pretender usurpar la categoría de historiador, de la que carezco, un lector suficientemente atento de esos trabajos de E.Hobswam, o de los de John Elliot (por ejemplo, su Scots&Catalans: Union&Desunion, Yale U.P., 2018), puede concluir que la historia muestra cómo esa opción del nacionalismo político nos sitúa ante el riesgo de la pendiente resbaladiza de modelos desigualitarios, si no excluyentes, y que plantea no pocas dificultades para la garantía de las condiciones básicas de la democracia y del Estado de Derecho, como la igual libertad de todos los ciudadanos, sea cual fuere esa identidad cultural, que no tiene sólo la clave nacionalista, sino otras: género, etnia, religión u opción sexual, por ejemplo. Lo saben bien quienes vivieron el nacionalcatolicismo franquista. Y también los que padecen la mimética ideología excluyente sostenida por los Arana, Barrera, Torra o Puigdemont de turno.

Pero volvamos a la figura y obra del Joan Fuster escritor. Por lo que se refiere a su dimensión intelectual, y con todo el respeto a los más autorizados fusterólogos, como el ya citado profesor Furió y mi respetado Toni Mollà, cuyo libro Converses inacabades (Joan Fuster), Tándem, 1992, sigue siendo referencia obligada, discrepo del juicio sobre la entidad del personaje y, sobre todo, de su obra.

Estoy convencido de que Fuster fue un excelente articulista, un buen escritor, un notable ensayista, a la altura -en mi opinión- de Josep Pla, o Eugeni D’Ors. Creo que puede sostenerse con fundamento que fue sin duda el intelectual valenciano por antonomasia en el pasado siglo, un intelectual en el mejor sentido del término, porque como señala Antoni Furió, su legado no es sólo su escritura, sino lo que contribuyó a mover. Y ahí precisamente radica la dificultad de separar al Fuster escritor del Fuster político.

Pero, en todo caso, reconocer su relevancia como intelectual no autoriza dislates como el de quienes, a mi juicio sin rastro alguno de sindéresis, han sostenido en los prolegómenos de la conmemoración que se trata de alguien comparable a Habermas. No digamos ya, parangonarlo con Montaigne, de quien tanto bebió.. Sobre todo, porque Fuster carece de estatura “filosófica”. Y a ese respecto, me permito evocar el conocido episodio del juicio de Fuster sobre Unamuno, en mi opinión, un ejemplo de uso mezquino de la ironía por parte del de Sueca. Mezquino porque lo formula desde una evidente asimetría en el conocimiento y en la capacidad para un pensar filosófico, que es algo muy distinto de la agudeza periodística e incluso de la habilidad para el ensayo. Por supuesto que habrá quien prefiera el tipo de escepticismo y -digámoslo así- cierto epicureísmo mediterráneo de Fuster, frente a un pensamiento que profundizó en la exigente angustia existencial de sello kierkegardiano. No es mi caso, desde luego. Y si se trata de sacar varas de medir sobre profundidad filosófica, dejémonos de frivolidades: no hay comparación posible, entre otras cosas porque creo que Fuster no aspiraba (no habría podido) a la tarea filosófica. Eso no lo hace ni mejor, ni peor: son dimensiones distintas. Y me permito añadir que buena parte de quienes se autocalifican de filósofos no merecen el calificativo de buenos profesores de filosofía, un menester muy digno y hoy quizá más necesario que nunca, frente a desmanes legislativos de toda laya. Reitero: Unamuno fue además de escritor, un profesor y un filósofo que, a mi juicio, no tiene parangón en el siglo XX español. Incluso frente a Ortega. En ese aspecto, a años luz de Fuster.

Por concluir este alegato: creo que la importancia e interés intelectual de Fuster radica, en buena medida, en algo que ha destacado bien   el admirado y ya citado fusteriano, Toni Mollà , esto es, que su obra se inspira en y dialoga con buena parte de lo mejor de la cultura europea y por tanto abre en nuestra tierra el debate con esos vínculos intelectuales. Ahora bien, insisto: elevarlo al partenón de grandes intelectuales europeos, como B Russell o A. Camus, me temo que es otra cosa. De esas que merecen algo más de prudencia y sentido de la proporción.

Porque, en definitiva y a mi juicio, honrar a Fuster es un deber de agradecimiento que incluye evitar la hipérbole de su sacralización, algo que quienes le conocieron bien aseguran que habría detestado.

¿Tenemos derecho a la ciencia? Versión ampliada del artículo publicado en La Vanguardia, 13 de diciembre de 2021

Un argumento del discurso que pronunció el president Puig en el acto institucional de conmemoración de la Constitución, celebrado el pasado 6 de diciembre en la sede de Casa Mediterráneo en Alicante, me llamó la atención y me hizo pensar, a su vez, en el significado de las distinciones acordadas este año por el Consell a la defensa de los derechos y las libertades constitucionales que, desde que se crearon hace tres años, se entregan en este día. En efecto, el president destacó que hay una palabra que sólo se menciona una vez en el texto constitucional y que, sin embargo, tiene una relevancia enorme, la ciencia. Esa referencia se encuentra en el artículo 44.2 de la Constitución, en cuyo apartado segundo se puede leer: «Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general».

¿Tiene sentido sostener que uno de los derechos humanos es el derecho a la ciencia, a la investigación científica? En principio, la interpretación literal y contextual del texto constitucional no permiten proponer que la ciencia y la investigación sean un derecho entre los enunciados en la Constitución. Por ejemplo, es evidente la diferencia respecto a lo que el primer apartado del mismo artículo 44 establece sobre la cultura, enunciada como un derecho de todos (“Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho). No hay tal afirmación en lo que se refiere a la ciencia y a la investigación científica que, por tanto, no son presentadas en sentido estricto como un derecho de todas las personas. Si a eso añadimos que este artículo se sitúa en el capítulo tercero del título primero, que se titula  “De los principios rectores de la política social y económica”, parece claro que los constituyentes no los concibieron como derechos en sentido estricto, sino como principios, criterios orientativos, sí, pero que carecen de la garantía, de la resistencia protegida que se atribuye a los derechos. Lo deja claro el artículo 53, en el capítulo cuarto, donde se exponen las garantías de los derechos fundamentales, esto es, su protección eficaz. Así, en el apartado 3 de ese artículo se atribuye a los principios una garantía y eficacia, por así decirlo, de segundo orden: “El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo Tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen”.

Sin embargo, cualquiera que conozca, por ejemplo, los trabajos de Mikel Mancisidor, profesor de Derecho Internacional y miembro del comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (cfr. por ejemplo), sabe que el derecho a la ciencia está proclamado como tal en el artículo 27 de la Declaración de 1948 y en el apartado 1.b del artículo 15 de los Pactos de derechos conómicos, sociales y culturales de 1966, si bien, como él mismo afirma, se trata del “gran desconocido”. Así lo explica el mismo Mancisidor, en una entrevista reciente: “estaba ya en la declaración de 1948 como derecho a participar en el desarrollo científico y a beneficiarse de sus aplicaciones materiales. Lo que pasa es que estaba muy escondido y olvidado, y la Unesco empezó a rescatarlo a principios del siglo XXI. Posteriormente, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales hizo lo propio con la adopción de este comentario general del que yo he sido correlator en los últimos años”. Se refiere Mancisidor a la importante Observación General no 25/2020, del Comité de los DESC, relativa a “la ciencia y los derechos económicos,
sociales y culturales” . Por ejemplo, el apartado 15 de esta Observación actualiza y explica los contenidos de este derecho: “El derecho a participar en el progreso científico y sus aplicaciones y gozar de sus beneficios comprende tanto libertades como derechos. Las libertades incluyen el derecho a participar en el progreso científico y a disfrutar de la libertad indispensable para la investigación científica. Los derechos comprenden el derecho a gozar, sin discriminación, de los beneficios del progreso científico. Esas libertades y derechos implican obligaciones no solo negativas, sino también positivas, para los Estados”. El ejemplo que aduce me parece muy ilustrativo: “El mejor ejemplo actualmente sería el del acceso a las vacunas de la covid y el reto de que este sea universal y sin discriminación”.
Es evidente, pues, que desde el punto de vista del Derecho internacional de los derechos humanos, la respuesta a la pregunta inicial es afirmativa: sí, existe un derecho humano a la ciencia y a la investigación científica, con los perfiles que acabo de recoger.
Dicho eso, ¿debemos incorporar ese derecho a nuestra Constitución?
En estos días se ha hablado de la Constitución y sus posibles reformas. Por cierto: contra el tópico tan frecuente entre periodistas, políticos y ¡ay! profesores, me gusta insistir en que nosotros tenemos Constitución, no <Carta Magna>: aquí no hubo ningún rey soberano, haciendo concesiones graciosas a sus súbditos. La Constitución, muy al contrario, emana directamente de la soberanía de los ciudadanos, del pueblo. Pero volvamos al asunto. Entre las propuestas de reforma, no ha faltado la reclamación de conseguir que algunos de los derechos enunciados en el capítulo tercero -por ejemplo, salud (artículo 43); vivienda (artículo 47) y, por qué no, medio ambiente (artículo 45)- tengan el mismo rango de garantía y eficacia que los del capítulo segundo. ¿Qué decir de la ciencia y de la investigación científica?
La pandemia y la crisis climática han puesto de manifiesto con meridiana claridad que la mayor esperanza con la que contamos frente a los desafíos que ponen en serio riesgo nuestra supervivencia, viene de la investigación científica, de la ciencia. Los avances conseguidos por la comunidad científica tienen, además, una gran trascendencia en el día a día de cada uno de nosotros. Y ello, en buena medida, a partir de la investigación básica, también por lo que se refiere a ciencias sociales y humanidades, no lo olvidemos. Una investigación que en más de un 70% se lleva a cabo en las universidades. Quizá donde nos resulta más evidente hoy es en el campo de las ciencias de la vida, en particular en la biomedicina, un ámbito en el que la garantía eficaz de derechos básicos -la vida, la salud- avanza de la mano del progreso científico.

Y ahí es donde enlazo con las distinciones que ha otorgado el Consell de la GVA en este año. Porque, además de reconocer la admirable labor de la plataforma de ONGs Sense Llar, por su abnegada y constante lucha por los sin techo (quienes no tienen derecho a la vivienda), estos premios que, recuerdo, tienen como argumento la defensa de los derechos y las libertades constitucionales, han recaído en tres personas excepcionales, los profesores Ana Lluch, Avelino Corma y Francis Martinez Mojica, representantes de la ciencia y la investigación, cuya promoción constituye un deber de los poderes públicos. La ciencia y la investigación quedan así reafirmadas como expresión del interés general, porque hacen posible la mejor garantía de los derechos. Lo que significa que todos tenemos derecho a que ciencia e investigación sean objeto de promoción. Eso se concreta, como recordaron los propios premiados, en inversiones. Pero, como también insistieron los premiados, sin la coordinación entre el gobierno central y las Comunidades autónomas y, sobre todo, sin el concurso de la iniciativa privada, será imposible alcanzar el objetivo del 2% del PIB. Por eso me parece que acierta en su insistencia la ministra Morant, cuando subraya que hay que apostar por “acompañar a las empresas” para crear más “cultura de la ciencia” y conseguir ese objetivo. Una colaboración que es idea clave en el sistema científico: recordemos que la característica fundamental de la ciencia es, debe ser, constituir una comunidad abierta, y hoy se subraya la importancia que tiene para el progreso científico que esa comunidad sea capaz de conjugar esfuerzos de equipos multi y transdisciplinares.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2022 dedican a ciencia e innovación la mayor inversión en la historia de nuestro país, tal y como explicó la ministra Diana Morant: el presupuesto del ministerio de Ciencia e Innovación para 2022 es de 3.843 millones de euros; un aumento del 19% respecto a los de 2021, que casi duplica la cifra de 2020. Por ejemplo, se destinan 2.854 millones de euros a fomento y coordinación de la investigación científica y técnica y 200 millones de euros para el Programa Invierte. También los presupuestos de la Comunidad Valenciana: así, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), se destinarán más de 14,6 millones de euros dentro de los Planes Complementarios de I+D+I. Además, por ejemplo, se atribuyen 28,3 millones de euros a programas para atraer, retener y consolidar talento humano y mejorar el trabajo de nuestros investigadores e investigadoras. Pero hace falta más: hay que tener en cuenta que aún nos encontramos por debajo de la media de la UE en este capítulo. En efecto, la media europea del gasto en I+D estaba en 2019 en el 2,23% del PIB. En España, sólo el 1,25%.

La ciencia no sólo es un derecho. Es, debe ser, un poderoso instrumento al servicio de los derechos humanos. Así lo entiende la Agenda 2030, que ha creado un foro colaborativo sobre ciencia, tecnología e innovación para los ODS y una plataforma ‘online’ desde la que compartir conocimiento tecnológico. Todo esfuerzo por aumentar la inversión en ciencia e investigación y ponerla al servicio de estos objetivos es poco, porque lo que se dedica a ello no es gasto. Y no sólo porque incremente nuestra riqueza: porque es inversión en nuestros derechos, en mejorar las condiciones de vida de todos nosotros.

LOS DERECHOS DE TODOS (versión ampliada del artículo publicado en Infolibre, 12 de diciembre de 2021)

El día internacional de los derechos humanos, que conmemora la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU en 1948, es uno de los test más claros del desgaste que produce la reiteración de este tipo de conmemoraciones. Sobre todo, por el contraste entre la retórica que abunda en esas celebraciones y la consabida terquedad de los hechos. Estos evidencian las incontables violaciones de los derechos allí proclamados, que hacen que la Declaración, pretendidamente universal, suene hueca en contraste con la realidad que sufre una buena parte de los seres humanos. En el lado de la crítica de tal celebración se encuentran también las voces que reiteran que, a la vista de los sesgos culturales ye ideológicos presentes en este texto y que hoy se nos hacen difícilmente aceptables y evidentemente poco universales, y a la vista también de su dependencia de un contexto histórico hoy sobrepasado, como lo muestra por ejemplo la ausencia de una perspectiva ecológica, no hay razones para festejar, sino más bien para lamentar.

Por otra parte, no les falta la razón a quienes subrayan que, pese a todas sus limitaciones, ese acuerdo alcanzado en 1948 sería una utopía hoy, cuando parece imposible un consenso comparable con el que dio a luz la Declaración, marcada por la necesidad de responder al daño que supuso para la humanidad la experiencia de la segunda guerra mundial. Ni la terrible amenaza de la pandemia, ni la evidencia del riesgo en que nos encontramos para la sostenibilidad de la vida en el planeta, parecen suficientes para asegurar hoy consensos que impliquen compromisos a la altura de los retos, como acabamos de comprobar en la COP26. Entre otras razones, porque hoy falta la voluntad política y seguramente la autoridad e inteligencia de quienes sí supieron responder a aquel desafío: líderes como Eleanor Roosevelt, que pilotó el proyecto, junto a un extraordinario grupo de políticos e intelectuales. Por ejemplo, el jurista francés René Cassin, autor del primer borrador; el abogado canadiense John Peters Humphrey, primer director de la División de derechos humanos de la ONU y verdadero cerebro gris en las negociaciones, o la delegada de la India, Hansa Mehta, quien, como nueva Olimpie de Gouges, enmendó el texto del artículo primero, “todos los hombres nacen libres e iguales”, para que dijera “todos los seres humanos nacen libres e iguales”.

Si entendiéramos la universalidad de los derechos como condición efectiva, empírica, un resultado, parece claro que no estamos para celebraciones. Sin embargo, creo que es cada vez más evidente la importancia, aún más, la necesidad de defender esa universalidad como propuesta, como tarea exigente y ambiciosa, de la que ni podemos ni debemos abdicar. El valor del mensaje de universalidad es el de luchar por conseguir que se reconozcan por igual todos y los mismos derechos a todos los seres humanos, cada uno desde su insustituible particularidad, desde sus diferencias. Lo que significa, claro, que la negación de su titularidad o la ausencia de garantía de alguno de esos derechos para alguno —en realidad para muchos— seres humanos, por razón de su sexo, de su pertenencia a un grupo étnico, nacional o religioso, o a una clase social, o por su opción sexual o de cualquier otro tipo, es una violación de los derechos de todos los seres humanos, es decir, de los nuestros.

Por otra parte, me parece evidente que, frente a las consabidas críticas por la ausencia de eficacia de la Organización de las Naciones Unidas, la arquitectura institucional dispuesta por la ONU a lo largo de estas siete décadas, a partir de la Declaración, de los Pactos de Derechos Humanos de 1966 y del sistema de Convenciones y Comités, ha sido imprescindible para avanzar en la aspiración de extender su reconocimiento y garantía a todos los seres humanos por igual. Comenzando por lo más necesario: la necesidad de eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres (incluyendo, claro, las formas de violencia que sufren por el hecho de serlo), que no por azar fue y sigue siendo el primer objetivo que se propuso la ONU en la tarea de garantía y efectividad de derechos. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, que acordó la Asamblea General en su resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979sigue siendo la herramienta jurídica más importante, probablemente junto al instrumento jurídico del que se dotó por su parte el Consejo de Europa para prevenir y luchar eficazmentecontra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, el Convenio de Estambul, de 11 de mayo de 2011. Queda mucho por hacer, por supuesto. Pero si se mira a la situación en 1948, no es menos evidente cuánto se ha avanzado en esta exigencia imprescindible de civilización que es la igualdad entre hombres y mujeres. 

Ahora bien, una vez más conviene recordar que no hay avances irreversibles: ni en ésta, ni en las demás causas por los derechos humanos. Esa es una razón suficiente para que siga siendo necesario insistir en un mensaje, el del vínculo entre tomar en serio los derechos humanos y hacer lo propio con la democracia. Porque se trata de hacer entender que todos y cada uno de nosotros somos los verdaderos señores de los derechosesto es, que no son concesiones que nos hace un soberano (en una Carta Magna), ni regalos otorgados por los académicos, los políticos, las ONG, los jueces o los funcionarios. Afirmar que los derechos son humanos, significa que son nuestros en el sentido de que todos nosotros por igual somos sus titulares y, por tanto, que todos y cada uno somos responsables de cuidar de ellos, de luchar con los medios que el Derecho pone a nuestro alcance para que esos derechos se mantengan y se fortalezcan. Y me gustaría recordar dos condiciones para que esa lucha sea eficaz.

La primera nos la enseña una y otra vez la historia. Casi siempre, los avances en los derechos se han originado en la razón de un solo individuo (como proponía Thoreau, o como postuló la mencionada Olimpie de Gouges), o de unos pocos, que han expresado con firmeza y con argumentos su disidencia respecto a la opinión o al estado de cosas dominante. Pero si esa voz o voces aisladas no consiguen movilizar a la mayoría, el avance se enquista en conflicto o en debate para élites. Luchar por los derechos exige no tanto exhibir superioridad moral y recrearse en ella, sino más bien ser capaz de saber sumar, lo que quiere decir no sólo movilizar, sino convencer y negociar. Y eso me conduce al otro requisito para una lucha eficaz por los derechos.

Porque la verdadera condición previa, claro, consiste en saberlo y saberlo explicar. Ser conscientes de que los tenemos a nuestro alcance —a nuestro cuidado— y que depende de nosotros el que se vivan como tales. Eso quiere decir que, para luchar eficazmente por los derechos, primero es necesario educar en ellos, un objetivo que debe estar en el centro de cualquier programa político. Una exigencia que debe requerirse, en particular, en la formación de aquello a quienes profesionalmente hemos encomendado las tareas que hacen posible ese reconocimiento y garantía: jueces, fiscales, policía, funcionarios, profesores, profesionales de la comunicación.

Si queremos que el mensaje de los derechos humanos sea un mensaje de liberación por igual no debemos utilizarlos como ladrillos para levantar muros, sino como puentes que nos ayuden a construir juntos una sociedad más decente

Lo que pretendo recordar, una vez más, es que tomar en serio la obligación de educar en derechos humanos es mucho más que enseñar un conjunto de textos, un catálogo de derechos. Es aprender que las instituciones jurídicas y políticas (comenzando por leyes y tribunales) sólo adquieren sentido si sirven al objetivo de la mejor garantía de la igual libertad de todos. Se trata, insisto, de aprender a vivir los derechos, a servirse de ellos y también a defenderlos como lo que son: algo propio y, a la vez, común a todos. Frente a quienes se recrean en seguir glosando la aguda –y cínica– crítica de Bentham al calificar la noción de derechos humanos como “un sinsentido con zancos” (“natural rigts are… a nonsense upon stilts”, 1831), recordaré el acierto del joven Marx (en sus artículos en la Gaceta Renana entre 1842 y 1843 y en ensayos como la Crítica de la cuestión judía en 1843 o la Crítica de la filosofía del Derecho de Hegel en 1844), al subrayar el riesgo de que esos derechos proclamados en el 89 no fueran otra cosa que barreras que permitían el espléndido aislamiento de quienes pretenden vivir “a salvo” y por encima del resto de la sociedad. Si queremos que el mensaje de los derechos humanos sea un mensaje de liberación por igual, para todos los seres humanos, no debemos utilizarlos como ladrillos para levantar muros, sino como puentes que nos ayuden a construir juntos una sociedad más decente.

La gestión migratoria, como test de la democracia (versión ampliada del artículo publicado en Infolibre, 24 de octubre de 2021)

El pasado martes 19 de octubre, el Consejo de ministros aprobó el Real Decreto 903/2021, por el que se reforma el Reglamento de la Ley de Extranjería, mediante nueve proposiciones, encaminadas a facilitar la situación de legalidad de los menores inmigrantes tutelados y su inserción laboral. En efecto, esos menores, a los que España, en cumplimiento de las exigencias de la propia legalidad y de la legalidad internacional, debe ofrecer y ofrece un régimen de protección en tanto que menores, se encontraban hasta hoy ante un cúmulo de dificultades cuando cumplían su mayoría de edad. Barreras que convertían en un laberinto el lógico objetivo de hacer efectiva su situación legal y acceder al mercado laboral. Es decir, para poder realizar un proyecto como el que queremos tener cualquiera de nosotros: vivir y trabajar dignamente.

Esta decisión del Gobierno ha sido objeto de diferentes interpretaciones y comentarios. Quiero referrime a algunas de ellas.

Los hay, por ejemplo, que han subrayado, en clave de política partidaria, que la reforma ha sido una victoria del equipo del ministerio que dirige Escrivá, que sostenía este proyecto frente a las reticencias del ministerio del Interior, dirigido por el ex-magistrado Grande Marlaska. Que ha habido tensión dentro del Gobierno y no sólo entre los socios de la coalición, sino entre dos ministerios que corresponden al socio mayoritario, resulta difícilmente discutible. Y no tiene nada de extraño, ni es necesariamente negativo. Es normal en un gobierno plural, con ministros más conservadores, más partidarios del discurso de seguridad y control de fronteras, como el de Interior y otros de perfil técnico y más abierto, más atentos a las oportunidades que el reto migratorio comporta, como el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En realidad, esa tensión está presente hoy en cualquier gobierno de centroizquierda (no en los de derecha, monotemáticamente consagrados al discurso de orden púbico y a la estigmatización de la migración), porque no hay ninguno que pueda permitirse dejar de abordar un asunto tan complejo como el de la política migratoria, en la que convergen perspectivas y exigencias que muchas veces entran en rumbo de colisión. Y no es el menor de esos dilemas el que enfrenta la garantía efectiva de los derechos de los inmigrantes, de un lado y, de otro, las exigencias de una concepción de soberanía territorial junto a las reglas del mercado laboral entendido en clave, como mucho, socioliberal, tal y como vigila Bruselas. Conjugar ambas perspectivas no es fácil, aunque se tenga clara la prioridad de la garantía de los derechos humanos. De hecho, lo que sucede en el ámbito de la política migratoria y de asilo europea (que es sobre todo la política de los gobiernos europeos que cuentan de verdad) es que esta prioridad se queda muchas veces en papel mojado, ante las imposiciones de quienes de verdad deciden en la Unión. Son los gobiernos alemán, francés, danés, belga y holandés, que tienen claro que el espacio de libertad, seguridad y justicia comunes es un espacio de libre circulación de personas, pero sobre todo de capitales y mercancías, en el que los inmigrantes son sobre todo mano de obra que debe producir beneficio, porque la verdadera prioridad es el imperio de la libre competencia y la maximalización del beneficio. O sea, el libre mercado, amigos, que decía aquel, aunque esté un poco sometido a ciertos límites, conforme al modelo de capitalismo renano.

Ha habido también quienes, desde una perspectiva más técnico-jurídica, han examinado el articulado de esa reforma y han destacado los avances en términos de reconocimiento de derechos, oportunidades laborales y también las dificultades de su puesta en práctica. En lo que a ello se refiere, remito al lector al análisis de una autoridad en Derecho migratorio laboral, al mismo tiempo que un referente por su inequívoco compromiso con los derechos, el profesor Eduardo Rojo. Si a alguien le interesa conocer con detalle los porqués y los cómos de esta reforma, hará bien en asomarse a su blog, en el que —desde hace tiempo— ha examinado los diversos elementos que entran en juego, ha analizado las diferentes versiones de la reforma y acaba de proporcionar argumentos minuciosos y convincentes sobre su justificación técnica y alcance.

A mí me interesa sobre todo situar al lector ante una perspectiva ligeramente diferente. Quiero utilizar esta reforma como test de otra lógica jurídica y política posible y, a mi juicio, deseable. La que debe ayudar a construir un modelo diferente de política migratoria. Un modelo más coherente con la aspiración a una democracia plural, equitativa e incluyente.

Vericuetos de la universalidad y la prosperidad: egoísmo racional y derechos

La necesidad de esta reforma ha sido una convicción que han defendido profesores, investigadores, expertos, militantes de los derechos humanos y ONGs desde hace años y así han tratado —hemos tratado— de argumentarlo, ante la opinión pública y ante los responsables políticos. Muy recientemente, más de 250 organizaciones suscribieron un manifiesto para exigir esta reforma del reglamento. Por eso, al tener noticia de la decisión del Gobierno, han emitido un comunicado en el que resumen las razones por las que valoran muy positivamente este paso.

El equipo del ministro Escrivá, desde su inicio, apostó por esta reforma. Así lo sostenía quien le acompañó como Secretaria de Estado de Inmigración desde el comienzo, Hana Jalloul. El ministro lo hizo oficial de forma muy clara, y también el actual secretario de Estado, Jesús J. Perea, quien ha insistido en numerosas ocasiones en mejorar el sistema público de acogida de menores y en la necesidad de poner al día nuestra normativa en la garantía de los derechos de estos menores. Y ello desde una convicción que está muy lejos del buenismo irresponsable que tanto critica la extrema derecha y también la derecha de nuestro país.

La reforma se basa en un análisis realista de los beneficios que puede proporcionar una inmigración, sí, ordenada, regular, pero también segura, es decir, segura para los inmigrantes en primer lugar. Seguridad que es seguridad jurídica, seguridad en libertades y derechos, tanto como en deberes. Una propuesta que se basa en los sólidos estudios —también demográficos, algo muy importante para el futuro de países como España— que demuestran que una buena regulación de los movimientos y de la presencia estable de los inmigrantes redunda en la riqueza del país que los recibe, riqueza en todos los órdenes. Ese asunto ha sido objeto de estudio por el economista canadiense David Card, que recibió este año el premio Nobel de economía y que demostró en sus estudios sobre la inmigración cubana en Florida lo infundado de los prejuicios y bulos sobre el impacto negativo de la inmigración en el orden laboral y económico. Prosperidad, es un objetivo a nuestro alcance —al alcance de los de aquí, y también de los que llegan aquí— si se gestionan mejor , de otra manera, las migraciones.

En definitiva, es lo que con mucha prudencia y un lenguaje que podríamos calificar incluso de timorato, proponía el Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration adoptado por la Asamblea General de la ONU el 19 de diciembre de 2018, tras los acuerdos de Marrakech. Ese pacto, recordemos, aunque no tiene fuerza normativa, fue rechazado por los EEUU, Australia, Chile o Israel y por Estados miembros de la UE como Austria, Hungría, Polonia, Chequia o la Italia de Salvini. El pacto sólo pretende orientar sobre las buenas prácticas de política migratoria y, lo que es quizá más importante, señalar las prácticas rechazables, que deben ser evitadas. En materia de menores migrantes, el pacto obviamente refuerza “el principio del interés superior del niño en todo momento, como consideración primordial en cualquier situación que afecte a los menores en el contexto de la migración internacional, incluidos los menores no acompañados y separados” y por ejemplo, señala como objetivo “poner fin a la práctica de la detención de menores en el contexto de la migración internacional.” Muy concretamente, el objetivo 15 f (nº 31) afirma la necesidad de “proporcionar una educación inclusiva y equitativa de calidad a los niños y jóvenes migrantes, y facilitar el acceso a oportunidades de aprendizaje durante toda la vida, por ejemplo, aumentando la capacidad de los sistemas educativos y facilitando el acceso sin discriminación al desarrollo de la primera infancia, la enseñanza académica, los programas de educación no académica para los menores que no puedan acceder al sistema académico, la formación profesional y en el empleo, y la formación técnica y lingüística, y fomentando las alianzas con todas las partes interesadas que puedan apoyar esta labor.” Hay que recordar que España es Estado garante del pacto.

Pero no es sólo por coherencia con lo que hemos hecho (y sí, gastado) con esos niños, ni sólo por egoísmo racional, por lo que debemos abrir paso a otra política migratoria que permita —como en el caso de la reforma del reglamento de extranjería— que esos niños inmigrantes se puedan convertir en trabajadores regulares. Y que puedan llegar a ser ciudadanos iguales a los demás, con todos los derechos y obligaciones. Esta es la cuestión de fondo que quería señalar.

Sabemos por experiencia que los derechos de los otros son los nuestros. Que luchar por su reconocimiento es luchar por la universalidad aceptable, que no es la de la imposición hegemónica de nuestro modelo cultural, de nuestros intereses, sino la universalidad del reconocimiento de otro como igual. Porque los derechos de esos otros —las otras, en primer lugar, y también esos otros, los diferentes por opción sexual, lengua, religión o nacionalidad de origen— son nuestros derechos.

Tenemos una oportunidad y debemos saber aprovecharla (evidentemente, teniendo en cuenta siempre los riesgos, las dificultades innegables) para renovar las bases y condiciones de nuestro contrato social. Para ofrecer un contrato social que no relegue a esas personas al estatus de sujetos de segundo orden, casi de semiesclavitud, propia de su condición de vidas desechables, como ha mostrado Butler, como denunció Sayad y como critica Mbembé, al calificar como necropolítica la concepción que está en la base de la política migratoria. Un nuevo contrato social y político que sea atractivo para que, quienes desean llegar a nuestro país por el objetivo de mejorar sus condiciones de vida, tengan también la voluntad de convertirse en ciudadanos de pleno derecho, en españoles como nosotros. Ciudadanos con derecho a participar en el establecimiento y desarrollo de las reglas de juego. A votar y ser votados. Ciudadanos que, desde sus diferencias, contribuyen a construir un país más grande, más rico y, desde luego, mejor, más decente, más libremente igualitario. Ese es el reto. Un reto que exige ser capaces de diseñar instrumentos como el que ofrece esta reforma. Bienvenida sea.

Bienestar animal: ni más, ni menos que un buen paso

Una reforma legal largamente esperada

El pleno del Senado aprobó el pasado 17 de noviembre la proposición de ley de modificación del Código Civil (CC), la Ley Hipotecaria (LH) y la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), sobre el régimen jurídico de los animales. Se trata de responder a situaciones cada día más frecuentes, como divorcios y separaciones de parejas que, tras una ruptura, desean seguir compartiendo su vida con su mascota, o también en caso de fallecimiento de la persona con quien convivía el animal de compañía (me resisto a utilizar el término jurídico «dueño»; enseguida explicaré por qué).

Esta reforma legal, similar a la realizada, por ejemplo, en Francia (artículo 515.14 de su Código Civil, tras la reforma de 2015, que define al los animales como “êtres vivants doués de sensibilité”), aunque más amplia, es coherente con el punto de inflexión que significó lo dispuesto en su día por el artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que estableció claramente que los animales son seres sensibles o seres sintientes, esto es, no son cosas, aunque incluyó una cláusula de salvaguardia de especificidades de las disposiciones de los Estados miembros que ha sido objeto de no pocas críticas: “Al formular y aplicar las políticas de la Unión en materia de agricultura, pesca, transporte, mercado interior, investigación y desarrollo tecnológico y espacio, la Unión y los Estados miembros tendrán plenamente en cuenta las exigencias en materia de bienestar de los animales como seres sensibles, respetando al mismo tiempo las disposiciones legales o administrativas y las costumbres de los Estados miembros relativas, en particular, a ritos religiosos, tradiciones culturales y patrimonio regional”). 

Hay que recordar que, en nuestro país, ya el Código Penal, tras la reforma de 1 de julio de 2015, había tipificado como delito en su artículo 337 bis el abandono a un animal doméstico en condiciones de peligro para su vida o integridad. Además, están tipificados como delitos la conducta de “maltrato animal” (artículo 337.1), el tipo agravado de “maltrato con resultado de muerte” (artículo 337.3) y el “maltrato cruel en espectáculos no autorizados legalmente” (artículo 337.4).

Aproximadamente 30.000 de las 100.000 parejas que se divorcian al año en España conviven con una mascota, por lo que urgía definir la relación de los animales con los humanos en el ámbito familiar y especialmente en momentos de ruptura.

En la defensa de la proposición de ley en el Senado, la senadora socialista por Salamanca Elena de Diego recordó que esta modificación legislativa “supone un cambio necesario y demandado por la sociedad española, contraria a tratar a los animales de compañía como meras cosas y, por supuesto, a su maltrato. Los animales no pueden ser considerados como cosas en nuestro ordenamiento jurídico, sino como lo que son, seres vivos con sensibilidad”. Por tanto, la razón de ser de la reforma es garantizar la protección del animal, frente al sufrimiento que supone para él alejarlo de su hogar y de su vida compartida hasta ese momento. Aproximadamente 30.000 de las 100.000 parejas que se divorcian al año en España conviven con una mascota, por lo que “urgía definir la relación de los animales con los humanos en el ámbito familiar y especialmente en momentos de ruptura”, señaló por su parte Mª Victoria De Pablo, senadora socialista por La Rioja, quien subrayó que esta proposición de ley trata de “ofrecer seguridad jurídica a los animales y también a su relación con los humanos”. Ese debate en el Senado introdujo algunas mejoras en el texto, por ejemplo, al incorporar a las parejas de hecho en el articulado referido a la protección de las mascotas en caso de separación de los convivientes.

Las consecuencias no son nada abstractas. Así, por ejemplo, tras la reforma del artículo 111 de la LH, un animal de compañía no podrá ser tratado como si fuera como una lámpara o una mesa y no podrá ser hipotecado. Tampoco, después de la reforma del artículo 605 de la LEC, podrá ser embargado. Asimismo, conforme a la nueva redacción de los artículos 90, 91, 94bis, 103, 333 bis o 914 del CC, el juez ha de tener en cuenta el bienestar del animal de compañía en procedimientos de divorcio, nulidad, separación o rupturas de parejas, a la hora de determinar quién se quedará con él, o un tiempo de convivencia o incluso un régimen de visitas, con independencia de quién sea el titular de la documentación y/o microchip del animal, lo que deberá constar en el convenio de nulidad, separación o divorcio. Su consideración de seres sensibles evita situaciones tan dolorosas como que un animal tenga en un accidente de tráfico la misma consideración que una maleta y no exista obligación de atenderlos.

El compromiso del Gobierno con la protección de los animales

Este Gobierno y, desde luego, el Partido Socialista, están comprometidos con la protección y defensa de los animales. Lo acredita el hecho de que, por primera vez, se cuente con una Dirección Generalpara los Derechos de los AnimalesLa agenda legislativa demuestra también ese compromiso: además de aprobar la mencionada proposición de ley,ya  está en curso un anteproyecto de Ley de protección y derechos de los animales, en período de exposición pública desde el 6 de octubre.

Por otra parte, y de acuerdo con el compromiso que supuso que en 2017 el entonces gobierno español ratificara el Convenio Europeo sobre Protección de Animales de Compañía de 13 de noviembre de 1987, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha puesto en marcha un «Plan de actuaciones para la tenencia responsable de animales de compañía (PATRAC)», con el propósito de promover un cambio de actitud en la relación con los animales, así como el de avanzar en la ordenación, transparencia y colaboración del sector. Asimismo, se ha elaborado, por ejemplo, una guía sobre las condiciones de bienestar animal para el transporte por carreterade perros y gatos en España, donde se describen los requisitos de bienestar animal que debe cumplir ese tipo de transporte. Deben reseñarse asimismo iniciativas legislativas de algunas comunidades autónomas, como el Proyecto de ley de protección, bienestar y tenencia de animales de compañía y otras medidas de bienestar animal, impulsado desde el Govern del Botànic y actualmente en curso en les Corts valencianes, desde el pasado 15 de octubre.

Finalmente, cabe recordar que, en consonancia con las recomendaciones formuladas por diversas ONGs especializadas en la protección de derechos de los animales, como APDDA y PRODA, y como explicó con mucha claridad Marivi Vaquer en este artículo, la nueva Ley de Educación, la LOMLOE aprobada en diciembre de 2020, incorporó la promoción de la empatía hacia los animales dentro del currículo obligatorio en todos los niveles de enseñanza. Por ejemplo, en su artículo 17, apartado i, que establece como objetivo educativo “Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan la empatía y su cuidado”, lo que se reitera en el artículo 23 K, en el que se señala el objetivo más amplio de “Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora”. 

Un largo camino por recorrer

Todo lo anterior me permite sostener que la aprobación de esta ley es, sin lugar a dudas, un buen paso. Pero falta mucho aún: baste pensar, por ejemplo, que esta ley se refiere a  los animales de compañía, dejando al margen al resto de animales, algo que ha sido criticado no sin falta de razón como una discriminación basada en una perspectiva que prima el interés de los humanos por sus animales más cercanos, los que le ofrecen el calor de su compañía (que no necesariamente son los genéticamente más próximos a los seres humanos), y no el de los mismos animales. Hay un largo camino hacia el objetivo en el que muchos creemos, que debe ser el del reconocimiento de los derechos de los animales no humanos. Porque, también si hablamos de los animales, el bienestar no es lo mismo que el reconocimiento de derechos. 

Creo que hace un flaco favor a la tesis bienestarista —sin negar su genuina buena intención—, el hecho de que esa perspectiva del bienestar animal parece frecuentemente ligada aún a cierta ñoña sensiblería en nuestra consideración de los animales (en particular de los animales de compañía). Una mirada que Sánchez Ferlosio atribuía en no poca medida al pernicioso legado de lo que él denominaba «mensaje Disney», como se puede leer en su libro póstumo De algunos animales: Bestiario ilustrado, y como ya había dejado escrito en numerosos artículos y en algún otro ensayo. Es la mentalidad que sólo tiene en consideración a los animales en la medida en que los antropomorfiza. 

Y es que, tras la mirada propia del bienestarismo, con mucha frecuencia encontramos el reflejo de una cultura especeísta y paternalista, de una concepción anclada en el fondo en el mensaje bíblico de Adán (ni siquiera Adán y Eva), al que se otorga la condición de dueño y señor de la creación, trufado del cartesianismo (los animales como máquinas), que tanto han hecho a favor de la explotación animal. Junto a la caracterización de los animales en la tradición jurídica del derecho romano como cosas, que son objeto de la propiedad en la más plena y terrible de sus acepciones: us fruendi, utendi et abutendi (el subrayado es mío). No hay acto más coherente con esa noción de propiedad que la del poder de destruirla, «porque es mía». La misma filosofía del patriarcalismo que entiende que, al abusar, maltratar y aun matar a la mujer, se está en su derecho, «la maté porque era mía».

El problema es que, a mi juicio, la concepción del «bienestar animal» sigue anclada en la tradición del paternalismo voluntarista del XIX, el espíritu de las sociedades protectoras de animales, que han hecho y hacen una labor indiscutiblemente positiva, también para «civilizar» a nuestras sociedades en los valores de evitar la crueldad y el maltrato con los animales y en cierta empatía y cuidado hacia ellos, pero que no hay que entender como la meta, sino como una etapa. 

La lógica de la ideología que propicia el bienestar de los animales, en todo caso, es la de los deberes que los seres humanos tendríamos hacia ellos, una concepción que mantienen algunos filósofos de la moral y también algunos iusfilósofos, firmemente contrarios al reconocimiento de que los animales puedan ser titulares de derechos. Al reclamar la exclusividad de la condición de la titularidad de derechos para los seres humanos (en base a su condición, a su vez, de únicos sujetos morales, dotados de dignidad), concluyen que sólo cabe hablar de deberes hacia los animales y muchos de ellos sostienen que se trata sólo de deberes morales, más que jurídicos. Incluso, en la mayoría de los casos, deberes no exigibles, sino supererogatorios, es decir, propios de nuestra benevolencia, esto es, concesiones graciosas de buena voluntad.

Insisto: hay mucho que hacer en esa tarea de cambiar la mirada jurídica (y política) sobre los animales, como nos han enseñado por ejemplo los textos de Singer, Francione, o en el ámbito político Davidson y Kymlicka. Obviamente, el nobel Coetzee, por ejemplo, en su celebrada Elisabeth Costello. Y en nuestro país, desde pioneros como Jesús Mosterín o Jorge Riechmann, a las filósofas ecofeministas como Alicia Puleo y Marta Tafalla y, en el ámbito jurídico, especialistas como Marita Candela y José Luis Rey. Sobre un acercamiento filosófico a los animales en la perspectiva nietzscheana y sus consecuencias jurídicas, recomendaré los ensayos de M.José González Ordovás y también la lectura de la monografía de Virtudes Azpitarte El animal en Nietzsche, de inminente publicación.

No será un camino fácil. Quedan por resolver asuntos de complejidad enorme. Mencionaré sólo tres: la necesidad de revisar nuestro modelo de industria alimentaria y el modelo mismo de alimentación. En segundo lugar, la cuestión de la experimentación científica con animales, que volvió a salir a la luz con ocasión de los trabajos de investigación periodística sobre prácticas de experimentación cruel por parte de Vivotecnia. Finalmente, y en relación con el problema de la protección de los cetáceos mantenidos en cautividad para espectáculos, como ha puesto en evidencia la joven activista Olivia Mandle, ejemplo de ciudadanía activa y comprometida que ha obtenido más de 100.000 firmas en apoyo de su campaña ‘No es país para delfines’, debemos afrontar el debate sobre la limitación, si no el cierre, de los delfinarios en España, como ya se ha hecho en otros países (Alemania, Finlandia, Suiza, Noruega Reino Unido, Polonia, Islandia, Chipre, Eslovenia, Croacia, Uruguay, Costa Rica, Chile o India).

La paradoja del ACNUR

Este lunes, día 8 de noviembre, se celebra en Madrid un acto para conmemorar que la agencia de la Organización de las Naciones Unidas para la protección de los refugiados, el ACNUR, cumple 70 años de existencia. El ACNUR continúa la admirable labor asentada por quien fuera nombrado por la Sociedad de las Naciones, en 1921, para desempeñar un nuevo cargo, el de Alto Comisionado para los refugiados: me refiero al extraordinario y polifacético Fridtjof Nansen que, además de sus legendarias exploraciones, de su trabajo como científico y diplomático, puso en marcha la iniciativa que conocemos como pasaporte Nansen, un documento de viaje que tanto ayudó a los miles de apátridas que provocó la primera guerra mundial.pasaporte Nansen

En realidad, la causa de los desplazados y refugiados, los errantes obligados a huir de sus hogares por diferentes tipos de persecución, es tan antigua como la historia de la humanidaderrantes y tenemos testimonios innumerables de ello en la literatura y el arte. Alguna vez he propuesto que los primeros refugiados de los que tenemos memoria son los expulsados del paraíso por haber violado la regla básica de su creador, probar la fruta del árbol del bien y del mal. Adán y Eva experimentaron, en efecto, la expulsión del primer hogar, al que no podían volver pues lo guardaba nada menos que la espada flamígera de los querubines (Génesis, 3, 24). Es una imagen ilustrada mil veces por el arte, como el famoso grabado en madera de Doré, y que tiene un poderosísimo efecto aterrador, desde el punto de vista de su significado simbólico: no solo se les veta el regreso al hogar, sino el retorno al mejor hogar posible, y ello para siempre. Una capacidad de sembrar terror que sin duda envidian todos los aparatos represivos de las más feroces dictaduras que hayan obligado a huir a todos los refugiados que en el mundo han sido.

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas creó el ACNUR mediante su resolución 428 (V), de 14 de diciembre de 1950 (el texto del Estatuto del ACNUR se puede consultar aquí). Se trata de una decisión que guardaba continuidad con la adoptada por la Sociedad de las Naciones en 1921. El Alto Comisionado para los Refugiados, de acuerdo con su Estatuto, tenía un carácter marcadamente transitorio: primero, porque su mandato estaba limitado inicialmente a tres años, que luego se fueron prorrogando por períodos quinquenales. En segundo lugar, porque se ceñía territorial y personalmente al millón de europeos desplazados en ese continente, sobre todo como consecuencia de la segunda guerra mundial. En ese sentido, el origen de la agencia queda ligado a una perspectiva en cierto modo eurocéntrica y con frecuencia se ha planteado la duda acerca de si la ONU habría respondido igualmente si el millón de desplazados se hubiera situado en alguna región africana o asiática en ese mismo período. Además, se concibió como un organismo de carácter “humanitario y social” y, por ello, estrictamente basado en la “neutralidad política”. Conforme a los dispuesto en el art. 8 del mismo Estatuto, el ACNUR tiene también la misión de promocionar el desarrollo y supervisar la aplicación del marco jurídico internacional de protección de los refugiados, que remite a la Convención de Naciones Unidas de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y el Protocolo de Nueva York de 1967, que rectificó buena parte de los elementos de esa provisionalidad y amplió el marco de actuación de ACNUR y de los países adheridos a la Convención. Pero, en cierto modo, el ACNUR nació con la esperanza de que pronto desapareciera su necesidad, su razón de ser.

Una constante histórica

Sin embargo, pronto se comprobó que ninguna de estas delimitaciones se iba a cumplir. Esa es la buena y la mala noticia. Porque es muy mala la que nos muestra que esa circunstancia que ingenuamente la ONU consideró provisional y limitada en sus causas, en las personas afectadas y por tanto, en el tiempo en que sería necesario el mecanismo de protección, pronto se reveló ilusoria. Lo cierto, como decía, es que tal ingenuidad carecía de fundamento y hay que pensar más bien en que se impuso una preocupación muy específica, quizá porque afectaba al corazón del mundo, la vieja Europa.corazón del mundo Pero nadie se podía llamar a engaño: como he recordado y resultaba evidente, el fenómeno de la movilidad humana forzada por diferentes formas de persecución había sido una constante histórica y no iba a dejar de repetirse, en Europa y en todo el mundo.

La buena noticia ha sido y es que, afortunadamente para millones de seres humanos, el Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) ha seguido trabajando durante siete décadas, cumpliendo así la que es su paradoja fundacional: el ACNUR no debería existir, porque lo deseable sería que no hubiera personas obligadas a desplazarse de sus hogares para encontrar un lugar donde poder vivir sin peligro, dignamente. Pero la experiencia nos muestra que se han multiplicado las causas y los escenarios de esas huidas forzadas. Hoy, el ACNUR tiene más trabajo que nunca, como puede desprenderse de un vistazo a sus informes anuales (aquí se puede descargar el de 2020). Si no se hubiera creado en 1950, hoy sería aún más imprescindible hacerlo.

Quizá el mayor desafío que habrá de afrontar el ACNUR en el horizonte próximo será el que provoca esa categoría imprecisa de desplazados forzosos que algunos llaman inmigrantes climáticos y otros, refugiados medioambientales o climáticos (ver por ejemplo el informe de CEAR, “Huir del clima”, que puede descargarse aquí). No huyen de persecuciones en sentido estricto, pero se ven forzados a abandonar sus hogares para salvar sus vidas, para encontrar refugio lejos de su solar natalencontrar refugio, incluso de su país. No entran, pues, en la definición estricta de refugiados (sería mejor decir, personas que buscan la protección que otorga el asilo y en su caso, la protección subsidiaria). Pero son, y serán, muchos millones de personas las necesitadas de una respuesta, de una protección que les niegan o son incapaces de ofrecerles sus propios Estados. Ni debemos, ni podemos desentendernos de esa necesidad de protección y es urgente encontrar las herramientas jurídicas para hacerlo.

Sobre todo, mal que pese a la perspectiva eurocéntrica o, mejor dicho, a la visión prepotente del primer mundo, este no va a ser solo un problema de esos otros que han tenido la desgracia de nacer en la parte desafortunada del mundoesos otros (que no es pequeña, claro). Pese a la miopía de buena parte de los gobernantes reunidos en la COP26, esa amenaza no atañe solo a los que tenemos el privilegio de habitar en el primer mundo. Baste pensar, por ejemplo, en el escenario del Mediterráneo y con ello, del sur de Europa, auténtica zona cero de la degradación ambiental. Esos desplazados forzosos por razón de la crisis climática seremos pronto también nosotros. Si no por conciencia de la común pertenencia a la humanidad y a la de compartir la vida en el planeta, al menos por egoísmo racional. Hay que actuar ahora.

No le va a faltar trabajo al ACNUR y, por eso, concluyamos con la paradoja: larga vida al Alto Comisionado para los Refugiados.

DE DECLIVES Y BRÚJULAS, Versión ampliada del artículo publicado en Infolibre, 19de septiembre de 2021

La precipitada retirada de las tropas de EEUU de Afganistán, ordenada por el presidente Biden (aunque la decisión se remonta a Obama), ha producido un sinfín de comentarios e interpretaciones -sobre todo en medios de los EEUU- sobre el fin del <siglo americano> (cfr. por ej. el ensayo de Joseph Nye, https://www.researchgate.net/publication/317308696_Joseph_S_Nye_Jr_Is_the_American_Century_Over/link/593baad2458515e398dd73bc/download), o sobre el no menos discutido <declive del imperio americano> (véase, por ejemplo, el ensayo de Rebecca Gordon en The Nation, “The US Empire is crambling before our Eyes”, https://www.thenation.com/article/society/american-empire-decline/), expresión que debe algo de su éxito a la trilogía cinematográfica del canadiense Denys Arcand (cfr. https://www.imdb.com/name/nm0000780/) que algunos hemos aprovechado para volver a ver en estos días de vacaciones.

No hace falta haber leído a Ibn Jaldún -quien escribió sobre ello con mayor amplitud que Gibbon- para saber que todo imperio está destinado a caer, antes o después: desde el que construyó Roma, al de los aztecas o los incas, el de Kublai Khan, el <imperio del centro>, pasando por el de Felipe II, el británico, o el chino de Xi Jinping, que ahora nos parece imparable. Por supuesto, también el austrohúngaro (mítica referencia para Berlanga) glosado magníficamente en los avatares de los von Trotta, protagonistas de La marcha Radetzky de Joseph Roth, que nos ofrece un ejemplo de cómo el declive puede incluir rasgos de opereta, tal y como supo plasmar de forma desternillante Jaroslav Hasek en sus historias sobre el buen soldado Svejk.

En todo caso, parece obligado recordar que las tesis sobre el declive del imperio americano -no digamos, sobre su entierro-, como ya escribía Nye, son a su vez probablemente apresuradas y recuerdan la reacción de Mark Twain al leer su necrológica en un periódico, cuya fiabilidad quedó así retratada. Nye hace notar que ya se empezó a hablar de ese declive cuando la Unión Soviética puso en órbita el primer sputnik, en 1957 nada menos. Es el mismo diagnóstico que ofrece un veterano analista de las relaciones internacionales, John Lee Anderson, en un reciente ensayo publicado el 1 de septiembre de este año en The New Yorker, con el título “Is the U.S. Withdrawal from Afghanistan the End of the American Empire?” (https://www.newyorker.com/news/daily-comment/is-the-us-withdrawal-from-afghanistan-th). Claro que, ahora, la tesis del declive parece más fundada, debido a la derrota en Afganistán y al recurso a la socorrida cita que califica a ese país como <tumba de los imperios> que le han invadido, el británico (todos evocamos la maravillosa película de Huston, basada en un relato de Kipling, El hombre que pudo reinar), el soviético y, ahora, el norteamericano.

Lo cierto es que, si de declive norteamericano hablamos, las causas estarían más en el interior de la sociedad y de la democracia norteamericanas que en el fracaso evidente de su estrategia de guerra contra el terrorismo. Basta leer las interesantes reflexiones del embajador Chas Friedman en su conferencia “The End of the American Empire” (https://mepc.org/speeches/end-american-empire),  o el severo análisis de el análisis de A. Cordesman, “Learning from the War: Who lost Afghanistan? versus learning Why we lost?”, escrito para el Center for Strategic International Studies (CSIS) (https://www.csis.org/analysis/learning-right-lessons-afghan-war). Eso no quiere decir que no estemos asistiendo al aparentemente imparable ascenso del viejo imperio del centro, impulsado por Xi JinPing, con su combinación de dictadura del partido y capitalismo de mercado y que resulta particularmente preocupante precisamente porque propone abiertamente un nuevo orden en las relaciones internacionales, radicalmente alternativo al basado en el Estado de Derecho, la democracia liberal y un mercado más o menos regulado, que es el que sostienen las potencias occidentales y que, en lo que más nos interesa, subyace a toda la arquitectura institucional que Europa a contribuido a crear y consolidar. Y toda esa reflexxión me lleva a alguna consideración sobre la difundida tesis de otro declive, el de Europa.

Me parece difícilmente discutible que el zeitgeist dominante en Europa, hoy, es el de la nostalgia (ya Kundera definió así la identidad europea, nostalgia de lo que fue Europa), la de aquella Europa tan cosmopolita como -no lo olvidemos, elitista- de los círculos de afortunados que viajaban de café en café y de teatro en teatro, tal y como nos lo describen algunos de sus mejores intelectuales, como Zweig o Steiner. Pero, a mi juicio, se trata de un espejismo peligroso. La imagen de un balneario donde dormitan plácidamente ricos y despreocupados jubilados europeos, más o menos bien avenidos, atendidos por el tropel de servicios que proporcionan los europeos del sur y la inmigración extracomunitaria reclamada a esos efectos, mientras China y Rusia se hacen fuertes en sus posiciones y Biden trata de negociar con Xi JinPing la hegemonía económica, es una metáfora tan sugerente como inexacta. En todo caso, si bien es cierto que parece declinante el papel de la UE en las relaciones internacionales, pese a su indiscutible peso como potencia científica, comercial y de cooperación, todavía hoy, no es verdad que todo esté visto para sentencia.

No diré que falten argumentos a quienes tratan de insuflar optimismo sobre la capacidad de resiliencia de la UE, a la vista de la respuesta ofrecida frente a la pandemia y frente a la crisis económica y social, a diferencia de lo sucedido en 2008. Lo ha argumentado con claridad y de forma reciente el presidente de la Fondation Schuman, Jean Dominique Giuliani (cfr. https://www.jd-giuliani.eu/fr/article/cat-2/813_L-Europe-reussira-t-elle-sa-revolution.html). Creo que tiene razón Giuliani cuando subraya, por ejemplo, que si el conjunto de los europeos (señalemos las excepciones: el Reino Unido de Blair, la España de Aznar, la presión de Durao Barroso) hubieran sido consultados y escuchados -al menos tanto como lo ha sido Israel- sobre la estrategia norteamericana en Irak, Siria (en otro sentido, Iran), no habríamos asistido a la sucesión de fracasos en las que han concluido esas aventuras guerreras y que han reforzado la tesis del declive norteamericano. Y también cuando advierte de que la vía europea debería encaminarse ante todo a encontrar una <brújula> que nos oriente en la difícil tarea de construir el camino propio de la UE que puede sacarnos del declive. Una vía aún más complicada en estos tiempos de fuerte tormenta en los que vivimos y que requieren a su juicio que Europa se aleje de muchos de sus dogmas (políticas económicas y presupuestarias, limitaciones diplomáticas y militares, un excesivo formalismo legalista y una prudencia política “aptas para tiempos de calma”, pero no para los que vivimos hoy.

A mi entender, Giuliani coincide en ello con las propuestas del Alto Representante Borrell, que ha subrayado la necesidad de ese camino propio, sin realismos simplistas ni maniqueísmos propios de la guerra fría, pero también sin abdicar de los principios y valores del modelo europeo. Se trata de afirmar el papel europeo, frente a los desafíos de China (que ya es nuestro segundo socio comercial) y Rusia, pero también, sin falsas equidistancias, pero teniendo claro que, como ha señalado Enrico Letta, la opción europea no puede consistir en elegir entre ser una colonia norteamericana o china.

La clave sobre la que, a mi juicio, reposa tal brújula, como ya escribió el mismo Borrell (cfr. https://www.politicaexterior.com/articulo/la-doctrina-sinatra/), es tan clara como complicada de poner en práctica en nuestro contexto global: se llama autonomía. Por ejemplo, autonomía científica, esto es, científico-tecnológica, en investigación y desarrollo en ámbitos como la biotecnología y el desarrollo de las nuevas TIC, pero sin perder la excelencia en el ámbito de la creación cultural humanista que siempre tuvo en Europa un foco potentísimo. También, autonomía energética, lo que necesariamente pasa por el desarrollo e innovación de las energías sostenibles y la reducción de la dependencia de combustibles fósiles, fuentes energéticas fuertemente contaminantes que (salvo en el caso de Noruega, que no pertenece a la UE y en menor medida del Reino Unido) nos hacen enormemente tributarios a los europeos de los recursos de Rusia, Argelia y Libia. Por supuesto, autonomía en seguridad y defensa, que ya no reposa sólo en una política militar o en un ejército europeo propio en competencia con la OTAN, sino en disponer de los propios recursos económicos y de personal frente a las amenazas más urgentes para la seguridad humana, como, por ejemplo, las pandemias que fácilmente se convierten en <sindemias>, como acabamos de comprobar con la Covid-19 y frente a las cuales los medios europeos son aún débiles, como hemos visto con el Centro Europeo para la prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC: https://www.ecdc.europa.eu/en) o la agencia europea del medicamento (EMA: https://www.ema.europa.eu/en). Avancemos en esas medidas de autonomía.