LÍNEAS DE URGENCIA ANTE EL SHOCK DEL INCENDIO DE NOTRE DAME

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Creo que esta mañana, 16 DE ABRIL, Sami Nair ha dado con la clave de lo que debe ser nuestra reacción ante la desolación que nos causa el incendio de Notre Dame, de Paris.
En la entrevista que le ha hecho Pepa Bueno en el espacio Hoy por hoy (y que he podido seguir en directo con Sami, antes de que partiera de Valencia, donde ayer participó en una interesante conversación de la que he dado cuenta en redes sociales), Sami ha recordado algo que advirtiera Kant: el arte tiene la capacidad de despertar en nosotros la dimensión de lo universal, de lo que nos es común, de lo que nos constituye como humanidad.
Esta reacción unánime que ha provocado el desastre , la caída ante nuestros ojos de la aguja de la catedral, la pérdida de sus vidrieras y su sillería, de tantos bienes culturales que son herencia multisecular, pasa por encima de credos, lenguas, nacionalidades e ideologías, y es un buen argumento a recordar precisamente en el momento de la recrecida de la reacción que quiere traernos de regreso a las sociedades cerradas, marcadas por el miedo y el odio al otro.
Notre Dame no es patrimonio francés ni europeo: es universal. Como otros universales que compartimos y que han de ponerse como prioridades: los derechos humanos, el respeto al otro, el Estado de Derecho, la democracia, la igual libertad de todos, la solidaridad con todos los otros, nuestra responsabilidad de proteger a quienes son más vulnerables, nuestra responsabilidad de preservar la vida del planeta…

¿ESPEJO DE DEMÓCRATAS, O JUGADORES DE PÓKER?, INFOLIBRE, 10 abril 2019

El pasado miércoles, en estas mismas páginas, mi respetado colega, el profesor Sánchez Cuenca, publicó un artículo “Esperanza y libertad”, con el mismo título de un libro del exconseller Romeva, libro que se presentó en el centro cultural Blanquerna, en Madrid.

Por supuesto, cada uno es muy libre de depositar sus afectos o empatía en quien se lo inspire. En este caso, valoro además la coherencia que supone el gesto de solidaridad del profesor Sánchez Cuenca, que le llevó a visitar en la cárcel al Sr Romeva. Es muy difícil no empatizar con quien se encuentra privado de libertad, en una aplicación que muchos consideramos desmedida de la excepcional prisión preventiva, aunque haya actuado en su contra el comportamiento en mi opinión poco solidario y digno de los huidos (que no exiliados, a mi juicio), los señores Puigdemont, Comín y Ponsatí, a diferencia, por ejemplo, del conseller Forn.  Exiliado, para decirlo claro, fue Machado. Las diferencias saltan a la vista.

Puedo comprender, aunque no lo comparto, la empatía e incluso el contagio emotivo con el relato épico de los <valientes perdedores>, tratados con crueldad y convertidos en las víctimas heroicas. Lo que no me parece aceptable en quien sostiene la exigencia de una cultura democrática, plural, abierta a la crítica, como el profesor Sánchez Cuenca, es que se omita toda referencia al propósito para el que se crean ese relato épico que pretenden hacernos creer los exconsellers y los Sres Sánchez y Cuixart, entre otros: humillaciones, injusticias, crueldades a las que habrían sido sometidos los presos del procés y que soportarían con talante que habría que comparar con el de Gandhi o Mandela.

Me llama la atención, sobre todo, la omisión de la obviedad de que aquí hay un ejemplo de manual de la utilización de un recurso predemocrático para la justificación del vínculo político. En este caso, el mito de un pueblo, el catalán, que por emplear la increíble argumentación del Sr Cuixart, propia de un narrador de cuentos, que no de un líder civil del siglo XXI, “llevaría en su ADN” las notas excelsas de pacífico, resistente, demócrata y todas las demás cualidades que se quiera añadir, sin mezcla de mal alguno, no como esos otros pueblos ibéricos. Una narrativa que deja tamañitos los esfuerzos de los Wagner, Schiller, Grimm et alia para proporcionar los mitos fundadores del proyecto político hegemónico del prusiano Bismarck y que, en el fondo, tanto se asemeja a la mística nacionalista franquista, malgré soi: una nación depositaria de todos los valores occidentales, precursora de la justicia y del combate contra el mal, amparada en su icono religioso, al que se sitúa por encima del debate civil. O sea, sospechosamente cercana a la narrativa de Covadonga, el Cid y los Reyes Católicos que invoca el Sr Abascal para su relato sobre el inmarcesible pueblo español.

Sé que el autor subraya elementos que deben ser tenidos en cuenta y que diferencian al Sr Romeva de la actitud de otros compañeros del procés: un espíritu autocrítico (que me parece un tanto exagerado y autoindulgente si se contrasta con sus hechos como conseller) y una posición, por lo que sé, claramente laica. Porque tampoco entiendo que en el análisis del proyecto secesionista se omita otro elemento predemocrático de esa narrativa, otra similitud a mi juicio extremadamente preocupante: las raíces nacionalcatólicas de la misma, que poco tienen que envidiar a las de cierto franquismo, aunque aquí la montaña de Covadonga y su Santina sea sustituida por el aura intocable de Montserrat, envuelta en las resonancias  wagnerianas tan caras al Liceu y presididas por la devoción a la Moreneta y su corte benedictina. Véase como botón de muestra la ausencia de la menor crítica por parte del Govern en relación con las evidencias de abusos de menores en el monasterio de Montserrat y la complicidad de los abades en su encubrimiento, incluidas presiones a las familias. Ni Torra, ni Artadi, ni Puigdemont, ni Bonvehí han dicho esta boca es mía; por cierto, tampoco Romeva, Sánchez, Rull ni Turull; menos aún ese acendrado creyente que es Junqueras. ¿Pueden ser propuestos como políticos modelo a estas alturas del siglo XXI quienes, como Junqueras y algunos de sus consellers en prisión, viven aún en la confusión normativa de que los argumentos religiosos son materia probatoria en el ámbito civil –“si yo soy buen creyente, si milito en Cáritas o en tal o cual parroquia o asociación juvenil católica, no puedo ser mala persona, ni mucho menos delincuente”-, como si no supiéramos de casos de supuestos buenos creyentes que parecen haber expoliado a los ciudadanos, a los contribuyentes, desde Urdagarín a Cotino o Camps?

Lo que me importa es lo siguiente: el profesor Sánchez Cuenca considera a Romeva exponente de “un grado máximo de conciencia sobre los principios democráticos que deben regir la acción política y aun la vida misma”. Un auténtico <espejo de demócratas>.  Y pregunto: ¿puede ser presentado como espejo de demócratas alguien como el Sr. Romeva, uno de los responsables políticos de lo que comporta el más grave atentado posible a la democracia, que no es otro que engañar deliberada y continuamente a sus ciudadanos, contribuyendo decisivamente (con la ayuda inestimable del Gobierno Rajoy) a un enfrentamiento civil que sólo ellos se niegan a ver?  Advierto que no hablo de responsabilidades penales, que eso corresponderá al TS. Es verdad que, en su descargo, podría alegarse que lo que hizo el Govern Puigdmont tiene prestigiosos antecedentes. Por ejemplo, el alegato platónico de la “noble mentira”, o el de Federico II de Prusia cuando, a sugerencia de Voltaire, convocó el concurso de la Academia de Ciencias de Berlín de 1778, bajo el lema “¿Conviene engañar al pueblo por su propio bien?”.

Porque, si algo ha quedado claro, entre otras cosas por las declaraciones de los propios responsables, como la Sra Ponsatí y ahora por las declaraciones en el juicio al procés ante el TS, es que engañaron una y otra vez a sus partidarios, a dos millones largos de ciudadanos que, en su inmensa mayoría, son independentistas de buena fe, un hecho que, sin duda, no podemos permitirnos ignorar.

Los engañaron al hacerles creer que saltarse unilateralmente las reglas de juego (la Constitución y las decisiones del Tribunal Constitucional, que declararon no vinculantes para Catalunya) era ejercicio de la democracia. Los engañaron al proclamar un mandato democrático nacido de un referéndum que no puede considerarse tal, porque careció de las mínimas garantías de un referéndum democrático. Engañaron conscientemente a quienes creyeron de buena fe en el advenimiento de una República catalana de leche y miel, que se podía declarar unilateralmente, que se habría proclamado supuestamente durante 8 segundos y que ahora confiesan que ni siquiera eso, que fue una jugada de póker.

No sé si al profesor Sánchez Cuenca le parece que una cualidad del espejo de demócratas es saber tirarse faroles en el póker continuamente. Yo no les llamaré “tahúres del Mississipi”, pero me parece que ofendieron la confianza que deben poder depositar los ciudadanos en sus gobernantes, les hayan votado o no. Romper con el mínimo exigible a quien quiere representarlos es algo que debiera inhabilitarlos para el ejercicio de cargos públicos.

Si a ese engaño, por su propio bien, se une el evidente menosprecio de los derechos de los ciudadanos que en Catalunya (y con la misma buena fe que a los otros) no son partidarios de la independencia y menos aún de la unilateralidad, la verdad es que no veo espejo de demócratas sino malos aprendices de Maquiavelo de barrio.

No. No deseo a nadie la privación de libertad. No deseo a nadie verse apartado de su familia. No me parece aceptable la extensión en tiempo y forma de la prisión preventiva. Y conste que no considero a los encausados reos de un delito de rebelión, calificación jurídica que me parece absolutamente improcedente. Pero ¿espejo de demócratas? Ni hablar.

Y una coda: escribe mi compañero de la Universidad Carlos III que “la política española y catalana no podrá volver a funcionar con normalidad hasta que se resuelva este conflicto de una manera más civilizada (salvo que nos resignemos a vivir en una democracia de baja calidad)”. Espero que eso de más civilizada no quiera decir que no considera un logro de la civilización el sometimiento de los conflictos a la instancia del Derecho, sumándose así a la banal demagogia que proclama que el recurso al Derecho es un error cuando de lo que se trata es de hacer política. Porque, desde luego, el Derecho no puede sustituir a la política, pero soy de los que creo que no hay política civilizada si no nos sometemos, todos, al imperio del Derecho que, entre otras cosas, sirve para saber cuándo se ha traspasado la raya de lo inaceptable desde el punto de vista del bien común. Y eso supone someterse al examen de tribunales de justicia a los que encomendamos tales decisiones. Salvo que mi colega piense, al igual que parecen sostener el Sr Romeva y el activista y abogado, el señor Van der Eynde, que este juicio en el Supremo es una mera farsa política si garantía alguna. Yo, no lo creo así. Las actuaciones de los tribunales de justicia no son nunca la acción perfecta de la justicia, como recuerda la anécdota bien conocida del justice Holmes. Pero es lo mejor que hemos inventado. Prueben sin ellas, a ver qué civilización consiguen.

 

PRAGMATISMO, CINISMO Y DERECHOS HUMANOS (Con Jose Elías Esteve), El País, 5 abril 2019

La lucha contra la impunidad ante violaciones graves de derechos humanos acaba de experimentar en España serios reveses. Por un lado, el proyecto legislativo de recuperación de la jurisdicción universal a través de la reforma del artículo 23.4 Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), anunciado por la Ministra de Justicia, naufragó ante la firme oposición de la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores, marcada por la prioridad de las relaciones con China. Recordemos que ya fue sepultada en el 2014 por el Gobierno Rajoy, ante las presiones del régimen de Beijing, al haberse decretado órdenes de arresto internacional contra dirigentes del Partido Comunista Chino por la comisión de un crimen de genocidio en Tíbet. Así lo manifestó públicamente el Ministro de Exteriores de aquel entonces, García Margallo, cuando trajo a colación el 20% de la deuda pública española en manos de China como la única razón que precipitó el cambio legislativo. Pero junto a esta frustración en el orden legislativo, hay que hacer notar una triple debacle judicial.

En efecto, más de cuatro años y medio después de la presentación por parte de los diputados socialistas del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 1/2014 que derogaba de facto el artículo 23 LOPJ, el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) dio un sonoro carpetazo en su Sentencia de 20 de diciembre de 2018. Este fallo, que otorgó validez constitucional a la reforma legal del PP, no presagiaba nada halagüeño para los intereses de las víctimas de crímenes internacionales. La Sentencia admitía sin ambigüedades que “se puede concluir sin dificultad que, tal como alegan los recurrentes, la LO 1/2014 restringe el alcance del principio de jurisdicción universal previamente regulado”. Pero descargaba toda la responsabilidad en el propio “legislador”, que es quien tiene la potestad de establecer los requisitos procesales que estime oportunos. Y todo ello, haciendo abstracción de la presión ejercida por China, origen directo del cambio legislativo. Por no hablar de la supresión de la acción popular, o del desprecio absoluto a nuestras obligaciones internacionales nacidas de Tratados internacionales ratificados por España, como las Convenciones de Ginebra que obligan a los Estados firmantes a perseguir los crímenes de guerra o el Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional. El TC hace caso omiso también de las críticas desde la ONU a la reforma, tanto por el Relator Especial para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, el reputado internacionalista y expresidente de la Comisión de derechos humanos de la ONU, el profesor Fabián Salvioli, como por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas.

Especial consideración merece la participación en esta sentencia de quien, ya como Fiscal General del Estado, se mostró particularmente sensible a la posición de la Embajada de los EEUU en el caso Couso y posteriormente, como magistrado del Tribunal Supremo, fue el ponente de la sentencia que vino a denegar la casación a las víctimas tibetanas. Nos referimos al Sr Conde Pumpido. En aquel veredicto, con un razonamiento que nos parece más propio de quienes enarbolan el principio de realpolitik como fatum de la política exterior y no de los criterios propios de un jurista y magistrado, ya advertía que no se pueden “desconocer los problemas en las relaciones internacionales de España que la interpretación expansiva de la Jurisdicción Universal estaba ocasionando”.

Así, parecía dar el paso desde el pragmatismo al cinismo, cuando concluía que, si una víctima no puede buscar justicia en los tribunales españoles, deberá buscar otras alternativas más allá de nuestras fronteras: “la víctima deberá bien activar la jurisdicción en países con mejor derecho, bien instar al Estado a que actúe, en defensa de su nacional, ante el Tribunal Penal Internacional.” Sólo desde el cinismo puede resultar razonable, por ejemplo, pedir a una víctima de la represión en Tibet o a un practicante chino de Falun Gong que acuda a Beijing para que China, que no es parte del Estatuto de Roma, denuncie el caso ante un Tribunal Penal Internacional que no reconoce. Como cinismo es la otra opción propuesta:  búsquense el tribunal nacional de otro Estado, ya que aquí las puertas están ya cerradas a sus casos y de forma retroactiva, a pesar que fueron investigados durante más de una década.

Pragmatismo y cinismo parecen guiar asimismo la decisión del TC cuando admite que “ambas posibilidades son evidentemente gravosas para una víctima, y la colocan en una situación de mayor vulnerabilidad”, pero a pesar de ello no se puede deducir “la ausencia de seguridad jurídica, ni la introducción de un criterio de extensión de la jurisdicción extravagante, imprevisible o discriminatorio”. Pragmatismo y cinismo es poner en segundo término la razonabilidad jurídica para poder avalar la impunidad de los grandes aliados comerciales, a pesar de las abrumadoras pruebas de la comisión de los más graves crímenes internacionales.

Esta sentencia escribía las primeras líneas de la crónica de una impunidad anunciada. Un mes más tarde, en un segundo fallo, el TC vino a ratificar el archivo del caso Falun Gong y hace tan sólo unos días, en un tercer veredicto, se ha hecho lo propio con el caso del genocidio tibetano, al desestimar el recurso de amparo promovido por el Comité de Apoyo al Tíbet. En este último asunto, a pesar de incluir un caso de torturas cometido contra una víctima española, Thubten Wangchen, se recurre a la treta de leguleyo de que no ostentaba esta nacionalidad en el momento de la comisión de los hechos, para fallar una decisión que le deja desprotegido y en total desamparo por nuestros tribunales.

Este triple pronunciamiento judicial repara íntegramente “el daño severo” que denunciaba el portavoz del Ministerio del Exterior de China, Hong Lei en octubre de 2013, cuando la Audiencia Nacional decretó las órdenes de arresto internacional contra distintos líderes del Partido Comunista Chino. Con esta tensión definitivamente resuelta, ya pueden descansar plácidamente en su retiro los grandes jerarcas chinos, como Li Peng, antiguo primer ministro, acusado de haber cometido genocidio contra el pueblo tibetano y responsable directo de ordenar la entrada de los tanques en la Plaza de Tiananmen para masacrar la protesta estudiantil. Y mientras, sus familias atesoran cuentas millonarias en paraísos fiscales.

Todo esto sucede cuando hace unas pocas semanas las víctimas tibetanas se manifestaban en todo el mundo, recordando el 60 aniversario del 10 de marzo de 1959, cuando la brutal represión china de la reivindicación de los derechos de los tibetanos obligó al exilio al Dalai Lama y a buena parte de los rebeldes. Esta primavera se conmemora asimismo el 30 aniversario de la masacre estudiantil ordenada por Li Peng. También las familias de sus víctimas exigirán justicia. A unos y otros, nuestros tribunales les envían los mensajes del pragmatismo y del cinismo. ¿Es ésta la protección internacional que otorgan los países que han ratificado la Convención del genocidio o de la tortura? No: son los efectos de una política exterior que aún está recogiendo la alfombra roja de la visita del presidente chino, Xi Jinping. Por si no nos hubiéramos dado cuenta, China no es Venezuela. Pero la política del pragmatismo y del cinismo no parece compatible con tomar en serio los derechos humanos. Sólo con su reducción a ritual retórico.

 

 

«De nuevo, la xenofobia: ¿algo más que un fantasma que recorre Europa?», Noticias Obreras, abril 2019

La construcción del otro: el extranjero

Vivimos en sociedades plurales, que no gestionan bien la diversidad, en términos de inclusión, igualdad y reconocimiento de quienes son diferentes. Lo puso, por ejemplo, de manifiesto, Jesús Vidal, el actor de “Campeones”, al recibir el Goya como actor revelación, cuando habló de “visibilidad”. La cuestión sigue siendo el trato al “otro”.

Eso me lleva a plantear en qué sentido el otro, el extranjero, es objeto de nuestro rechazo, de nuestro temor, de nuestro miedo. Extranjero, ¿qué quiere decir?

El cantante francogriego (y de origen egipcio) Georges Moustaki cantaba Le métèque (del griego metoikos, el que cambia de casa, aplicado a los ciudadanos no atenienses con derechos restringidos), por su pinta de “extranjero, judío errante y pastor griego”. Los ingleses distinguen entre strangers, extraño, desconocido, con sentido no muy amable, y foreigners, el que viene de fuera. San Agustín, por su parte, ya decía “yo soy dos y estoy en cada uno de los dos plenamente”.

El otro está dentro de nosotros, por eso, cada uno de nosotros es a la vez otro. Pensar que el otro es solo alguien que viene de fuera es una reducción que tiene serias consecuencias. Así el otro es objeto de un juicio que oscila, tantas veces, entre el rechazo, el miedo y la persecución, precisamente por temor a lo desconocido, por prejuicio e ignorancia hacia lo que no sabemos qué es. En el fondo, esta es la raíz de la xenofobia.

La xenofobia no debe analizarse solo como reacción ante las migraciones. Es verdad que ese es el objeto político en el que se fija el discurso xenófobo, que está avanzando en Europa y que, si no conseguimos contrarrestarlo, puede producir una hecatombe política en el plano europeo y un desastre en el panorama político español. Se utilizan las migraciones como mascarón de proa, pero no se puede entender la xenofobia como si fuera solo un asunto que tiene que ver con las migraciones.

En el fondo, la xenofobia apunta directamente contra el núcleo, el mínimo común denominador, sin el cual no podemos convivir, ni tener, no ya sociedades democráticas de calidad, sino sencillamente, sociedades decentes.

El filósofo Charles Péguy decía que una sociedad decente es aquella en la que nadie tiene que sentirse excluido, ni marcharse al exilio físicamente o al exilio interior, que evita el exilio, en la que cada uno de nosotros, que somos un “otro”, somos reconocidos desde esa condición diferente como igual(1). Ese ideal moral mínimo, el de una ciudad sin exilio, es una obligación moral que nos corresponde a todos. Construir una sociedad en que nadie deba vivir privado del reconocimiento de la condición de sujeto de derecho, que es la del ser político, el que, como ciudadano, goza de la protección del derecho que dispensan los Estados.

La xenofobia, insisto, es justo el mensaje contrario al de la igual libertad para todos, es decir, el mensaje de la universalidad de los derechos humanos. La tesis de la universalidad se comprueba mediante el test de los derechos de los otros. Uno no se toma en serio los derechos humanos si no se toma en serio los derechos de los otros, de cualquier tipo de otros, comenzando por quienes son la mayor parte de los otros, que son las otras, las mujeres, personas a las que no hemos reconocido su igual identidad durante siglos, encerradas en una división social basada aparentemente en la diferencia de género y categorizada por uno de nuestros padres de la tradición cultural, Aristóteles.

Al lado de esa mayoría, que son las otras, hay muchos otros a los que no se les reconoce iguales en derechos que a nosotros: los extranjeros; en particular, los inmigrantes; los otros por la diversidad lingüística, religiosa, nacional, funcional, sexual; los otros que son los niños; y los otros que son los ancianos.

Mientras no nos tomemos en serio esa igual condición de todos los otros, no podemos construir una sociedad decente. Esa es la razón por la que la xenofobia es tan grave y por lo que no es solo un problema de cómo tratamos a los inmigrantes, como arquetipo del extranjero, de la vieja noción de extranjero. El fenómeno va mucho más allá, va más al fondo de la raíz, va a los principios de construcción de una sociedad decente. No se puede banalizar este asunto.

Permítanme que narre una experiencia personal, que tiene que ver con cómo tomé conciencia de los problemas de la construcción jurídica de la alteridad. Siendo estudiante, había recibido una beca del DAAD para realizar un período de estudio en Alemania. En la aduana, un funcionario alemán me dijo que mi pasaporte era falso. Intenté explicarles que no podía ser falso, con la conciencia de que me lo habían hecho bien (lo hicieron en la comisaría de policía en la que mi padre era Comisario Jefe). Él insistió y me señaló la fecha de nacimiento del pasaporte, que era la fecha de expedición. Intenté razonar con él y hacerle ver que era un error material. Ese error, de hecho, era la prueba de que no había ningún intento de engañar, porque estaba claro que yo no tenía el mes y medio de vida que indicaba la fecha. Fui sometido a un procedimiento de examen que pensaba que no se producía en países civilizados. Cuando estaba casi en cueros, uno de los policías encontró en mi maleta el documento del Ministerio de Asuntos Exteriores en el que se certificaba que yo era uno de sus becados. En ese momento, cambió todo. Si me había pasado eso a mí, una persona privilegiada al que su padre le había ayudado a hacer el pasaporte e iba a Alemania con una beca, qué le pasaría a quien no tenía nada de eso. Por eso, creo, llevo tantos años ocupándome de este asunto. Confieso que podría haber decidido a hacerlo por razones más serias, filosóficas, políticas, pero todo empezó así. Esa fue la razón por la que decidí dedicarme al tratamiento jurídico negativo que la discriminación o subordiscriminación suponen.

 

 

 

 

Los relatos de la diversidad: ejemplos de la literatura

A menudo la historia es utilizada por algunos para afirmar que la actitud de miedo y rechazo a la presencia del otro es una tendencia innata. Es verdad que ha sido una constante que el otro que quiere tener presencia como es, que no quiere desaparecer, y que quiere ser aceptado como es, ha sido calificado como enemigo, inasimilable, como bárbaro, que no sabe hablar en como nosotros, que es lo que nos propone el origen griego del término, que es tomado así por Aristóteles para hacernos ver que esos seres humanos que no saben hablar (balbucean: de ahí la expresión “bárbaros”) no lo son , no son seres humanos como nosotros. Por eso, si están entre nosotros están destinados a ser objeto de dominación, nuestros esclavos. Quien no puede compartir nuestra lengua, no puede compartir el universo de valores en el que se basa la convivencia. El lenguaje, nuestro lenguaje en realidad, muestra la barrera entre quién es civilizado y quién no. Todo aquel que no pertenece a mi comunidad, que se ve en el rasgo primero de la lengua, es el bárbaro.

Hay dos mitos que se han utilizado para explicar las respuestas dadas al otro. En el mito de la torre de Babel, edificación que en la Biblia se sitúa en la llanura de la región de Senaar (se piensa que en realidad se inspira en Sharkalisharri, rey de Akkad, y sucesor de Sargón I) Yhavé castiga el intento del rey Nemrod de construir una torre que llegara al cielo haciendo hablar a cada uno de los que la estaban levantado un idioma diferente para que no se pudieran entender: les castiga con la confusión de lenguas. Más allá de la lectura teológica, para la que no estoy preparado, que se refiere a la soberbia humana de creerse Dios, está la interpretación de que la diversidad de lenguas es un castigo, una patología social, y, por tanto, ninguna sociedad puede pervivir y progresar sin homogeneidad. La diversidad aparece así como patología.

Esa homogeneidad siempre tiene que ser impuesta, porque la realidad es diversa. La diversidad significaría atomizar las sociedades. La diferencia cultural, el aparecer identificable como un otro visible es un mal que tiene que evitarse, bien haciendo que los diferentes desaparezcan o no sean visibles. Es lo que llevaba a esconder a las personas con discapacidad, que no podían jugar en el mismo juego que los demás, como recordaba Jesús Vidal, y no digamos ya las persona que quieren organizar su ida de una manera diferente en las relaciones sociales, de poder o sexuales.

El otro mito es la leyenda griega de Procusto, mezcla de bandolero y tabernero que acepta y acoge a otros. Este personaje, somete a quienes se alojan en su casa a lo que llamamos el lecho de Procusto. Si son más pequeños, los descoyunta hasta que alcanzan el tamaño adecuado; y si son más grandes, los mutila para que encajen. Se trata de que tengan la imagen normal, que sean como él, sean homogéneos.

La relación con el otro a lo largo de la historia, en nuestra tradición, se enfrenta a dos únicos destinos: o es un enemigo, y por tanto hay que acabar con él, o se somete a nosotros, asimilándose a nosotros forzadamente, en el fondo, convirtiéndose en esclavo.

En la literatura clásica se pueden encontrar ejemplos de este tipo de respuestas. Les recordaré algunas, extraídas de las obras de Shakespeare, Defoe, Swift y Orwell, aunque podríamos hablar también de Montaigne o de Montesquieu.

En el Otello de Shakespeare, el general de Venecia, el moro, convertido en el paradigma de los celos, puede arrojar otra lectura, la que propuso Luis García Montero en su adaptación para el teatro: La del otro al que valoramos por estar a nuestro servicio. Otello es un general que defiende a la serenísima república de Venecia, pero que ha trasgredido una línea que no debe cruzar, se ha creído realmente un igual a nosotros y se ha casado con una veneciana. Pero él siempre será un “otro” al que aceptamos si se somete a nuestro servicio pero al que no le permitiremos ser igual a nosotros porque a nuestros ojos no lo es realmente.

En El Mercader de Venecia aparece el célebre monólogo de Shylock (“¿Si nos pincháis, no sangramos? ¿No nos reímos si nos hacéis cosquillas?“) cuando quiere cobrarse la deuda y reclama ser igual que los venecianos. Él es judío, usurero, viejo, libidinoso, pero es igual que los venecianos. ¿Habría podido cobrarse la deuda si en lugar de ser él hubiera sido un veneciano? ¿Habría podido ejercer el derecho a hacer suyo el derecho, decir soy sujeto de ese derecho igual que vosotros? Portia se encarga de que no se apropie del derecho de los venecianos para beneficiarse de él. Es un “otro”, al que el derecho no le ampara como a nosotros. Nosotros te permitimos estar aquí, participar del juego de los contratos, la financiación que no das, pero sigues siendo un “otro”.

También hay otras novelas que pasan por ser dos de las mejores obras de filosofía política básicas para entender el cambio hacia la filosofía contractualista y donde también se pueden ver puntos diferentes en la gestión de la diversidad, la conceptualización y el reconocimiento del otro, en respuesta a la xenofobia.

Una es el Robinson Crusoe de Daniel Defoe. El protagonista crea a Viernes como sujeto que, por definición, solo puede ser esclavo, aparece de repente y además es negro. Las posibilidades que tiene es que expulsarle de la isla, matarle o convertirle en su esclavo.

La otra es Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift, un viaje por todas las formas de alteridad, la más estúpida, la de los que son iguales que nosotros, pero en pequeñito, los liliputienses: hasta la más radical, los que no son humanos, el último viaje es al país de los caballos, los houyhnhnms, en los que descubre las cualidades que adornan al ser humano (la piedad, el sentido de la justicia, de la paz, el reconocimiento de otro) frente a las características de los que tienen apariencia de humanos, verdadera plaga para la naturaleza, a los que este artista del inglés, llama yahoos. Son viajes por la alteridad, por la dificultad de reconocer al otro, por el prejuicio de pensar que el otro en cuanto diferente no puede ser tratado como igual y su destino es someterse, ser expulsado o aniquilado.

En Rebelión en la granja, de George Orwell, se puede ver también cómo crecen las raíces de la xenofobia. El cerdo Napoleón, el jefe de los animales que se rebelan, se da cuenta que está perdido al haber empezado la revolución con el lema “todos los animales son iguales”, de modo que los otros animales dejan de respetar a los cerdos como los jefes, como la clase alta. El cerdo cambia las leyes y cambia el lema; ahora dirá: “Todos los animales son iguales pero algunos son más iguales que otros”. Es decir, los que son otros ya no son igualmente iguales.

Frente al recorrido de la noción del otro como extranjero hay también otros relatos en el mundo griego clásico y en el mundo bíblico que ofrecen una respuesta más humana.

En el Antiguo Testamento encontramos el Libro de Rut, la mujer que va en compañía de su madre política, su suegra, a la que no quiere abandonar y llega al campo de Booz en busca de comida. Este enternecido por el gesto de compasión de Rut, les permite quedarse con las gavillas que dejan sus trabajadores y llegará a casarse con ella, pudiendo engendrar así al bisabuelo del rey David. Es una historia de hospitalidad ante la extranjera, de reconocimiento del otro, que es distinto, desconocido, que ante el temor y desconcierto, genera, en vez de miedo y agresividad, acogida y ayuda.

Ulises está perdido pero no es un perdido, es viajero que navega por el Mediterráneo, sujeto a una maldición que tiene que ver con el ejercicio de su astucia para conquistar Troya. Este mar es el caldo amniótico de la idea de viaje y hospitalidad. Kavafis, en Viaje a Ítaca, nos explicó este personaje como uno de esos viajeros que nos hacen ver que uno se hace a sí mismo, en el nostos griego, el viaje de retorno al hogar, más que a la patria. Ulises va a tardar en volver, es un viajero errante que, en ese viaje, incluso alguien tan sabio como Ulises, crece y conoce, porque entra en contacto con otros y no en el modo habitual que es la guerra, eso es la Illiada. Le pasa de todo, es muy realista, se encuentran buenos y menos buenos, hechiceras y bárbaros, que no practican ninguno de los principios básicos que hace posible los viajes civilizados que es la hospitalidad.

En el canto primero, Ulises es definido como hombre artero, que anduvo errante mucho tiempo y vio las ciudades de los hombres y conoció su forma de pensar. Encuentros, viajes, que le hacen crecer en el conocimiento y en la inteligencia emocional. En la mayor parte de esos lugares, como dice un grande de la diversidad del otro, Edward Said, recibe la hospitalidad que sigue unas reglas precisas: se debe ofrecer baño y vestido limpio, sentarle a la mesa, mejor medio para indicar su integración provisional en la comunidad y hacerle partícipe del banquete, honrándole con una porción selecta, un regalo, y darle los medios para volver a su casa.

El xenón en esta tradición griega no es solo el extranjero es también el huésped. Ese doble sentido es que el que hace que en el canto undécimo, después de la aventura de Polifemo, Ulisis exclame: “¡Ay de mí, será esta una tierra de gentes hospitalarias y temerosas de los dioses o un país de salvajes y violentos!” Esa es la disyuntiva del viajero, el náufrago, el otro, en ese Mediterráneo de contacto y conflicto de culturas que nos describen los clásicos.

 

 

Nuestra barbarie hacia el extranjero: el ejemplo del Mediterráneo

Ese Mediterráneo en el cual hoy, esos otros, los náufragos, experimentan reacciones de barbarie. Es verdad que si hay un mascarón de proa de la xenofobia hoy es nuestra incapacidad para ver el valor de la vida del otro, para tomarnos en serio que este es el primer deber jurídico, además de un deber específico del sistema de derecho internacional marítimo. No un deber moral de ser buenos, como son la gente del Open Arms o Sea Watch… Porque no puede haber derecho, no hay derecho posible, sin el respeto a esa promesa básica que es “respetaré tu vida y si está en peligro te acogeré, te salvaré”.

Hemos convertido el Mediterráneo en un espacio de barbarie que, porque son otros, miramos con indiferencia la muerte cotidiana. Ese es el primer síntoma, y grave, sin centrarnos solo en las políticas de inmigración por más que tampoco podemos dejar de hablar de ella, de que el cáncer de la xenofobia tiene patente de corso entre nosotros, desobedeciendo el mandato divino para los que tienen la suerte de la fe, sea la que sea, de ver en el otro a uno mismo, el mandato maravilloso del Evangelio de pasar del amor a uno mismo al amor a los otros, en el caso del cristianismo, por ser hijos del mismo padre, y en otras tradiciones culturales no cristianas, porque no puede haber convivencia decente, no puede haber derecho sin el respeto al bien jurídico básico que es la vida de los otros, que vale tanto como la mía, y que es la prueba de que me tomo en serio el mandato del respeto a la vida.

Por eso la xenofobia es tan peligrosa y más peligroso aún, no la posición de quienes hacen bandera de eso con el argumento egoísta de que hay que salvarse a sí mismo, sino de quienes no hacen nada, pudiendo hacerlo, para evitarlo. Nos metemos con el mensaje de Trump, “América primero”, “yo primero”, pero nosotros hacemos lo mismo y así es posible que en países que se suponían estaban en la cumbre de la democracia y los derechos humanos, se salten el derecho internacional.

Pensábamos que los daneses eran superhombres en la escala civilizatoria. El Parlamento de Dinamarca, por mayoría absoluta, con un gobierno liberal de derechas apoyada por un partido de extrema derecha (como pasa en Austria y en Finlandia, como pasaba hasta hace unas semanas en Bélgica, y de lo que se han librado en Suecia hace poco) ha vaciado de contenido el derecho de asilo. Quien sea reconocido como refugiado tiene que pagarse las prestaciones, mediante un copago en el que también se admiten joyas, salvo que se pueda alegar que tienen extraordinario valor familiar. El estatus de refugiado trata de garantizar esas prestaciones a los que no tienen nada, porque nosotros tenemos la posibilidad de darles acogida y refugio, que es no solo evitar que tengan que volver al país del que huyen, sino también que puedan reconstruir un hogar entre nosotros mientras lo necesiten.

El refugio es una manifestación jurídica del principio de hospitalidad. En una sociedad decente un inmigrante que viva entre nosotros de forma estable tiene que tener los mismos derechos que nosotros, porque lo otro es esclavitud.

Si el otro vive, trabaja, cumple las mismas leyes igual que nosotros, debe tener los mismos derechos. ¿Quiere eso decir que hay que darle al día siguiente la ciudadanía a todo aquel que cruce la frontera? Evidentemente, no. Hace falta que acredite la voluntad de vivir entre nosotros, de convivir con nosotros, de crear esa sociedad como la creamos nosotros. Pero desde el punto de vista del tratamiento de los derechos, el principio contrario a la xenofobia es igual reconocimiento de todos los otros. Esto nos exige una respuesta muy sencilla, aunque sea costosa de tomar en serio, que es la igualdad de trato, la igual libertad para los otros. Su reconocimiento y garantía debe ser una prioridad en la lucha por los derechos.

 

Notas

Intervención en el debat de presentación del libro «El fenómeno migratorio en España. Reflexiones desde el ámbito de la seguridad nacional», DSN, Presidencia del Gobierno

 

Seis precisiones sobre la visión del actual fenómeno migratorio

Debo decir que, en principio, consideraba poco adecuada mi presencia en esta mesa, porque no soy sociólogo, ni demógrafo, ni antropólogo. Mi perspectiva es la de la respuesta ante el fenómeno migratorio, una perspectiva crítico normativa. El aspecto al que he dedicado más de 30 años de trabajo, de investigación, docencia y también de intervención social, es el del análisis crítico de los instrumentos jurídicos de las políticas migratorias y de asilo. De hecho, mi contribución en este libro es un capítulo que se titula “Migraciones y derechos humanos: una perspectiva jurídica”

Pero creo que no: sí que puedo aportar algo en esta primera mesa. Señalaré seis aspectos que me parecen condiciones sine qua non de un debate sobre las migraciones

El primero, recordar la necesidad de revisar la narrativa sobre las migraciones, porque en gran medida es una <narrativa tóxica>. Volveré sobre ello.

El segundo, evitar la dramatización o el ninguneo de la problematicidad del hecho migratorio, los dos polos habituales. Sobre todo, me inquieta esa constante en los documentos de estrategia de seguridad nacional que presentan las migraciones como amenaza cuando sería más adecuado hablar de inexorable factor de riesgo (las migraciones son una constante estructural de la historia de la humanidad, acelerada por las condiciones de la actual etapa de globalización), o mejor, de desafío a gestionar

El tercero, subrayar las novedades de la etapa actual de los movimientos migratorios (coincido con la caracterización que hace el GCM)

El cuarto, seguir pretendiendo que las migraciones son un asunto de soberanía nacional, desde la vieja concepción territorial (que, en realidad, como ha explicado W. Brown, es una coartada, en el marco de una política propia de la <democracia emocional> y del populismo) el fenómeno de la movilidad humana no está al alcance de ningún Estado: la Gobernanza ha de ser mundial o no lo será

El quinto, ignorar que las migraciones, por su carácter holista y global son res política que cuestiona las categorías básicas tanto en el orden internacional como en el interno: no se pueden solucionar con políticas laborales.

El sexto, la visión unilateral del modelo de Gobernanza, que siguen sosteniendo la inmensa mayoría de los estados destinatarios de los movimientos migratorios: imponer un modelo de gestión de las migraciones desde sus propios intereses de mercado y geoestratégicos

 

 

Lo nuevo en las actuales manifestaciones de movilidad humana

Vivimos una novedad decisiva: la de la toma de conciencia de nuevos rasgos de la movilidad humana, que en buena medida suponen la ruptura de la tradición migratoria, de nuestra representación tópica de las migraciones (por ejemplo, siempre en clave sur-norte, cuando empíricamente está demostrado que el volumen fundamental de la movilidad migratoria se produce en sentido sur-sur). Por no hablar de la relación entre las migraciones y el nuevo paradigma económico y social internacional que impone la dimensión tecnoeconómica de la etapa actual de proceso de la globalización (vs inmigraciones tradicionales).

En una palabra, las manifestaciones tradicionales de los movimientos migratorios están cambiando y desapareciendo. Recordaré dos de esos cambios:

* ahora y en el futuro, incluso inmediato, crecerán de forma muy relevante los desplazamientos migratorios relacionados directamente con los factores climáticos, que supera el número de las tradicionales. Migraciones sur-sur

* además, el cierre de mercado de los países desarrollados potenciará ineludiblemente las migraciones clandestinas en diferentes modalidades

¿Podemos hablar de nuevos rasgos de los movimientos migratorios entendidos cada vez más en su sentido amplio, las manifestaciones de movilidad humana, y sobre todo aquellas que debemos reconocer como forzadas, y no como expresión de una decisión libre, escogida sin condiciones que fuercen al proceso migratorio?

Creo que hay cierto acuerdo hoy en señalar al menos las siguientes características novedosas del fenómeno migratorio, en las que insiste el GCM

 

  • Carácter forzado y complejo: el porcentaje más amplio de esos desplazamientos responde a condiciones que obligan a salir del propio país y en sus trayectorias y objetivos suelen converger los que denominamos como “aspirantes a refugiados” (asylum seekers) y los migrantes forzados (en particular los relacionados con cambio climático). Son movimientos mixtos por diferentes razones, pero con rutas similares: lo comprobamos en la actual “caravana de migrantes” que desde Centroamérica trata de llegar a los EEUU y también en las rutas en Africa.
  • Masiva (por su número, por el amplísimo contexto común geográfico, social, económico: amenazas medio ambiente, desigualdad radical, carencia de expectativas de vida),
  • Potencialidad para poner en jaque la capacidad de los Estados nacionales para la acogida de esos movimientos. Eso tiene relación con la tendencia creciente a una respuesta punitivo-defensiva
  • Incremento de los elementos de riesgo por parte de los protagonistas de esas manifestaciones de movilidad humana. Frente a ellos, estamos debilitando el standard de derechos y de respeto al Estado de Derecho: muy precisamente estamos convirtiendo las fronteras en espacios de muerte y ausencia de derechos elementales.
  • La militarización simbólica, pero con efectos destructivos: la lógica de estigmatización y criminalización que borra en los migrantes su condición de sujetos de derechos y aun la existencia de un marco legal internacional. Lógica de internamiento y deportación

 

 

La lucha contra la narrativa tóxica

 El problema consiste, sobre todo en el uso político de las migraciones como vector en la competencia política interna en Europa.  La construcción jurídica, el vínculo social y político que les ofrecemos es demediado: no hay integración, porque no hay igualdad y porque se impone la aculturación como condición de reconocimiento de derechos, porque hay dos déficits de reconocimiento:

El primero, el del supremacismo del nosotros, tantas veces teñido de racismo, si no al menos de xenofobia.

El segundo, el menosprecio a esos otros  y a su cultura e identidad, entendidas como causa de retraso, de inferioridad… La consecuencia inevitable es la atribución a esos otros de un status precario, un sujeto siempre inacabado, provisional, desigual.

El extremo se produce con la perversión jurídica de utilizar ese Derecho, el derecho migratorio, como instrumento para naturalizar un estado de excepción permanente, como status jurídico propio de los inmigrantes, esto es, utilizar el Dereeho contra los derechos.

Todo ello se justifica desde la imposición de una narrativa tóxica sobre el fenómeno migratorio. toda política migratoria hoy, a mi juicio, debe comenzar por plantearse el marco simbólico de construcción del discurso migratorio. Y en este punto la primera dificultad es vencer lo que podríamos denominar el discurso tóxico sobre las migraciones: la presentación de los protagonistas de los desplazamientos migratorios como sujetos ajenos, diferentes, incompatibles con nuestro marco de necesidades, valores e intereses. Sujetos que suponen una triple amenaza: (1) laboral/económica, como competencia desleal en el mercado laboral; (2) Ejército de reserva de la delincuencia; (3) Invasores culturales que rompen con la identidad cultural específica, propia.

Hay quien trata de encontrar los antídotos frente al resentimiento y al odio como motores sociales, en las posibilidades de educar y aun de institucionalizar la empatía y de la cooperación, también de noble tradición filosófica. Por supuesto que me sumo a esos proyectos de garantía de una educación y de prácticas cívicas. Pero querría un paso más. Y para eso, me referiré a un ejemplo particularmente claro de la narrativa tóxica como estrategia política, sobre el que ya llamó la atención Gemma Pinyol en un excelente artículo a propósito de las migraciones (https://elpais.com/elpais/2018/07/05/opinion/1530814645_466534.html) y que estamos viendo crecer no ya en otros países europeos, sino aquí y ahora, en Cataluña y Andalucía y en el resto del nuestro.

Hablo, claro, de políticas partidistas migratorias y de asilo, de mensajes electorales que no sólo envenenan sus propias flechas, sino que consiguen contagiar a otros que creen que también deben hacerlo, para no perder la delantera electoral. Discursos reductivos que construyen a los inmigrantes como otros que ni pueden, ni deben ser tratados como iguales. De esa narrativa forma parte un tipo de “información” presente en los medios de comunicación, pero también, a mi juicio, la difusión de esos mensajes tóxicos a través de instrumentos jurídicos de políticas de migración y asilo y de la perversión de su debate público. Porqueno olvidemos que el Derecho, en su diferentes manifetaciones, es también y sobre todo un mensaje, apoyado por la fuerza de la sanción.

Para erigir la barrera del respeto frente a esta narrativa tóxica, para cambiar la mirada y el discurso hoy hegemónicos en la opinión pública a propósito de esos otros, inmigrantes y demandantes de asilo, es necesario diseñar y planificar una estrategia que incluya siempre tests de verificación de resultados, realizados por instancias independientes.

Necesitamos una tarea de información y educación de la opinión pública y los agentes sociales. Porque necesitamos conocer a esos otros. Y para eso es imprescindible contar con análisis fiables, datos contrastados. Creo que esa necesidad es una de las aportaciones del GCM impulsado por la ONU y aprobado en Marrakesh precisamente en el 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y diría que necesitamos al menos estas siete concreciones:

  1. Necesitamos una estrategia de recuperación y análisis de datos fiables sobre los movimientos migratorios y de refugiados que, ante todo, siguen la dirección que marca la necesidad: son Sur-sur. Necesitamos, pues, análisis fiables, datos contrastados y una estrategia de comunicación sobre las verdaderas realidades, los desafíos reales y los medios con los que contamos: coperación internacional, responsabilidad compartida: respeto al Derecho, solidaridad y humanidad
  2. Necesitamos una estrategia eficaz contra ese proceso de difusión de rumores, medias verdades, fake news, sobre todo en las redes sociales. Por cierto, ya contamos con iniciativas muy positivas a ese respecto, como la estrategia antirumores para prevenir racismo (http://www.antirumores.com/proyecto.html.) o las redes institucionales antirumores frente a estereotipos de migraciones (por ejemplo, la organizada por la Junta de Andalucía, https://www.juntadeandalucia.es/organismos/justiciaeinterior/areas/politica s-migratorias/redantirumores.html). Recientemente, se ha añadido la web Malditamigración (https://migracion.maldita.es/).
  3. Necesitamos revertir el tratamiento sectorial de las migraciones (como fenómeno sólo laboral, o económico-laboral) y analizarlas como fenómeno global que sólo puede ser abordado desde el multilateralismo y la cooperación.
  4. Necesitamos entender que aumentan las causas de la necesidad de demanda de asilo mientras se estrechan las soluciones, lo que es evidente respeto al cambio climático. Entender la necesidad del mantenimiento del principio del non refoulement, y de vías de acceso seguras y legales
  5. Necesitamos, en suma, revertir el discurso sobre las verdaderas realidades, los desafíos reales y los medios con los que contamos: revertir el discurso de la inmigración como factor de enfrentamiento social y con ello la prioridad del discurso sobre defensa y aun guerra contra las amenazas, para construir el de cooperación internacional, de responsabilidad compartida y mutuo beneficio.
  6. Hay que hacer entender que las manifestaciones de movilidad humana tienen características holísticas y dimensiones globales, que deberían imponer, en buena lógica, que las respuestas sean otra cosa que lo que constatamos hoy: políticas sectoriales y aisladas (nacionales) y desde luego, políticas unilaterales, de dominio y explotación de las poblaciones migrantes y de los países que las generan
  7. Reconocer que sobre todo en uno de los factores más decisivos de la nueva movilidad humana forzada, la que se vincula con problemas medioambientales, la distinción entre refugiados y migrantes se desdibuja.

 

Por supuesto, esa voluntad de mutuo conocimiento debe concretarse prioritariamente en el sentido de desmontar la gran asimetría, la del desconocimiento que tenemos nosotros hacia esos otros. Pero esa es una tarea de sumas, no de restas. Por eso, aunque se trate de un movimiento minoritario que llega a nuestro país con retraso respecto a la discusión que se ha vivido, por ejemplo, en los EEUU o en Francia, me parece peligroso que esté cobrando eco entre nosotros un movimiento que, en lugar de sumar en la lucha antirracista, divide. Me refiero a la reivindicación de quienes sostienen que sólo las personas racializadas pueden y deben tener voz. Que los blancos debemos callar y abstenernos de tomar parte en ese proceso de mutuo reconocimiento y de combate contra la ignorancia y los prejuicios. Me parece un grave error, porque a mi juicio, insisto, en este primer paso (y en los sucesivos) se trata de sumar, no de dividir, de imponer una suerte de revancha que podría acabar por constituir otro racialismo.

 

 

 

 

La tesis: los derechos, en el centro del análisis

A la hora de describir y analizar el hecho migratorio, los fenómenos o manifestaciones de movilidad humana, sobre todo los de carácter forzado que, a mi juicio, son la mayoría, los derechos de los inmigrantes no son un añadido, un elemento secundario y optativo, una especie de guinda del pastel. No son una opción ni -menos aún- una variable obstáculo, a superar. Son una condición imprescindible, una constante de la incógnita a despejar: condición misma de todo análisis y del diseño de cualquier respuesta, como lo ha reconocido aunque tímidamente, el Global Compact on Migration adoptado en Marrakesh en diciembre de 2018, y aprobado por la AG ONU una semana después,  el 19 de diciembre de 2018. Por cierto, que hacen mal quienes lo llaman Pacto Global porque no tiene el rango normativo de los Pactos, los Convenios o Convenciones propias de la arquitectura institucional del sistema de derechos de Naciones Unidas y precisamente por eso carece de todo fundamento la crítica que le reprocha ser incompatible con el principio de soberanía de los Estados en materia de política de migraciones: son recomendaciones carentes de fuerza de obligar.

Frente a quienes niegan o relativizan la prioridad del enfoque de derechos humanos en las políticas migratorias, ese enfoque es una condición del análisis de la situación migratoria y por tanto del proyecto de la gobernanza global de las migraciones. Eso sí: si y sólo si ese proyecto de gobernanza quiere ser algo distinto de lo que hasta ahora tenemos, proyectos de dominación unilateral de las migraciones bajo el prisma sectorial, parcial, de los intereses económicos y geoestratégicos de los países de recepción.

Sin embargo, la mayoría de los modelos de políticas migratorias proceden de hecho a una formulación de los derechos de los inmigrantes en términos de recortes, fragmentación y aun regateo, aplicando diferentes consideraciones que pueden reducirse a dos, que se discuten en este capítulo.

De un lado, lo que constituye una suerte de dogma a la hora de reconocimiento de derechos, aun de derechos humanos y fundamentales, esto es, la desigualdad en el reconocimiento a partir de la distinción entre ciudadano y extranjero. Los inmigrantes, qua extranjeros, no pueden gozar de la plena igualdad de derechos con los nacionales.

De otro, opera con mayor fuerza discriminatoria el argumento de la condición administrativa de la presencia de los inmigrantes en territorio del Estado de recepción. De conformidad con ello, los inmigrantes irregulares, todavía a menudo calificados como ilegales, al haber ingresado de forma no legal en territorio del Estado no pueden gozar de los mismos derechos que quienes entran cumpliendo con todos los requisitos legales.

A partir del examen del marco constitucional y de la legalidad internacional, sostengo, por el contrario, que la respuesta normativa en clave de reconocimiento de derechos fundamentales, debe garantizar el principio de igualdad.

Aún más, hoy, en Estados democráticos que deben regirse por el principio de pluralismo inclusivo, en el contexto de globalización y multiculturalidad, la ciudadanía debe vincularse a la residencia efectiva, esto es, a la voluntad de pertenecer establemente, acreditada básicamente a través de la residencia legal estable, más que a la nacionalidad para convertir oficialmente en ciudadanos a quienes ya de facto forman parte de nuestra sociedad.

En eso debe consistir un proyecto de integración: en llevar al reconocimiento y garantía efectiva de los derechos en términos de la igualdad entre inmigrantes, residentes y ciudadanos, hasta alcanzar a ese derecho fundamental que es la participación política. Solo así romperemos el cáncer que afecta desde su raí a nuestras políticas de inmigración, la construcción del status de los inmigrantes en términos de la <presencia ausente> (Sayad). 

CONDICIONES DE LAS POLÍTICAS DE INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES, Ponencia en Encuentros Córdoba,Migraciones y Migrantes, 26 marzo 2019

¿Qué hacer tras la patera?

Antes que hablar de alternativas simplistas, como expulsar o integrar, habría que decir algo sobre cómo recibir a quienes llegan por esta vía irregular a territorio español y que, por cierto, son solo un porcentaje mínimo de los que denominamos inmigrantes irregulares

  • Porque, por lo que se refiere al sistema de acogida en costas, hay mucho que mejorar: por ejemplo, habría que esclarecer la heterogeneidad terminológica y funcional que propicia ciertas confusiones entre dispositivos, centros (CITE, CATE, CEADE), comisarías y en las tareas atribuidas a funcionarios y ONGs
  • No digamos en lo que toca a menores, mujeres víctimas de trata y a todos aquellos susceptibles de demandar protección internacional: repartos sin solidaridad, distribuciones en autobuses, …
  • Pero si hablamos del proyecto de expulsar, es inevitable que hablemos de los CIE, instituciones clave en el sistema de recepción/expulsión de los irregulares y que constituyen una afrenta al estado de Derecho.

 

Pero, si hablamos de integrar, yo comenzaría por recomendar a las autoridades españolas la lectura del último Dictamen del CESE sobre “Los costes de la no inmigración y la no integración”, adoptado hace tan sólo unos días, el pasado 14 de marzo y del que han sido ponentes Pavel Trantina y un colega y amigo de muchos de los que estamos aquí, J.A Moreno.

Este dictamen, de suyo, no constituye ninguna novedad. Pero me parece una buena sistematización y un buen resumen de lo que hay de positivo en las buenas prácticas guiadas por los principios de igualdad e inclusión que deben guiar las medidas de integración en política migratoria

 

 

El CESE reitera la prioridad del objetivo de la integración (1.6):

“el fomento de la integración es esencial para reforzar los valores y principios fundamentales de la UE, entre los cuales la diversidad, la igualdad y la no discriminación son cruciales. La integración atañe a toda la sociedad, incluidos los migrantes que se establecen en el país de acogida, independientemente de su situación u origen. Sin embargo, son necesarias políticas especiales para las personas con vulnerabilidades particulares (como los refugiados), y un enfoque comunitario y una ayuda específica a medida —en lugar de un enfoque único— pueden generar mejores resultados. Por lo tanto, es imperativo que los Estados miembros de la UE aprendan unos de otros y se esfuercen sinceramente por fomentar un entorno en el que la integración de los migrantes sea viable y se eviten los riesgos

 

 

Señala condiciones previas que algunos hemos reiterado. Al menos, tres:

  • Acabar con la narrativa tóxica:

“convencido de que existe una necesidad urgente de cambiar la narrativa sobre la migración y volver a un debate racional, basado en los hechos. Los refugiados y migrantes no deben verse como una amenaza sino como una oportunidad para el modelo económico y social europeo”.

  • Superar la lógica centrada en el control migratorio:

“Las políticas actuales que hacen del control migratorio una de las prioridades en la agenda de asuntos exteriores, menoscaban la posición de la UE en las relaciones exteriores, haciéndola proclive al chantaje y la pérdida de credibilidad en materia de derechos humanos. El CESE está convencido de que la UE y los Estados miembros deben ir más allá del modelo actual y velar por el fomento de formas regulares de entrada que faciliten la migración ordenada y una inclusión satisfactoria”.

  • Reconocer que los propios Estados y sus mercados reclutan migración; también irregular.

 

 

Recuerda que existe un acervo de principios y buenas prácticas europeas sobre políticas de integración, para asegurar ese objetivo (5.2/5-7):

5.2 Los principales puntos pertinentes para la comprensión del concepto por parte de la UE se enumeran en los principios básicos comunes para una política de integración de los inmigrantes en la UE, adoptados por el Consejo en 2004. Por integración se entiende un «proceso bidireccional y dinámico de ajuste mutuo por parte de todos los inmigrantes y residentes de los Estados miembros». Es contrario a la idea errónea ampliamente compartida de integración como asimilación, un proceso unidireccional en el que las personas abandonan sus atributos nacionales y culturales por los de su nuevo país de residencia. Sin embargo, como se ha reiterado en el Plan de acción de la UE para la integración de los nacionales de terceros países de 2016, un elemento esencial para vivir y participar en la UE es la comprensión y la suscripción de sus valores fundamentales.

5.3 Cabe destacar que la integración atañe a todos los migrantes que se establecen en un país de acogida, independientemente de su situación u origen. Sin embargo, son necesarias políticas especiales para las personas con vulnerabilidades particulares (como los refugiados), y un enfoque comunitario en lugar de un enfoque único puede generar mejores resultados.

5.4 El empleo constituye una pieza clave del proceso de integración. Por lo tanto, los Estados miembros y los interlocutores económicos y sociales perciben la inclusión en el mercado laboral de los migrantes como una prioridad. En efecto, la demanda de trabajadores migrantes sigue siendo uno de los principales factores cruciales que impulsa la inmigración.

5.5 Entre otras variables esenciales que determinan la integración de los migrantes en el Estado receptor están la certeza y la previsibilidad de la situación migratoria, las posibilidades y obstáculos para la obtención de la ciudadanía, las posibilidades de reagrupación familiar, la disponibilidad de cursos de idioma, los requisitos de conocimiento lingüístico y cultural, los derechos políticos y la apertura general de una determinada sociedad y su disposición a adoptar y ayudar los recién llegados e interactuar con ellos, y viceversa.

5.6 Además, la integración de los migrantes está estrechamente interrelacionada con una plétora de políticas relacionadas con la protección en el lugar trabajo, la vivienda, la atención sanitaria, la educación, los derechos de las mujeres, la igualdad y la no discriminación, entre otras.

5.7 En un esfuerzo por cuantificar las políticas establecidas, se creó en 2015 el Índice de Políticas de Integración de los Inmigrantes (MIPEX), que proporciona datos comparables sobre los Estados miembros de la UE y otros varios países. Sus resultados subrayan la existencia de discrepancias entre los Estados miembros, incluida la persistente división este-oeste.

 

 

 

Y denuncia los riesgos de la ausencia de integración (I.7):

“La no integración entraña riesgos y costes económicos, socioculturales y políticos. De ahí que la inversión en la integración de los migrantes sea la mejor póliza de seguro contra posibles costes, problemas y tensiones futuros. Las políticas públicas deberían abordar los temores, preocupaciones e inquietudes de los diversos sectores de la población de las sociedades de la UE, a fin de evitar los discursos antieuropeístas y xenófobos. Para ello, las políticas pertinentes deben incluir un conjunto claro, coherente y razonado de obligaciones para los propios migrantes, pero también una denuncia coherente de la retórica y las actitudes contra ellos

 

 

Esos costes se concretan (5.8) en tres tipos (Económicos, socioculturales y de seguridad)

 

Económicos: 

exclusión de los migrantes del mercado formal (y aumento del trabajo no declarado

mayores costes para solucionar problemas sociales después de que aparezcan, en lugar de prevenirlos;

incapacidad de los migrantes para explotar plenamente su potencial (transferida a menudo a las siguientes generaciones);

 

Socioculturales:

falta de identificación con los valores y normas del país de acogida y su aceptación

agravamiento de las diferencias socioculturales entre los migrantes y las comunidades de acogida

discriminación estructural de los migrantes, incluida falta de un acceso adecuado a los servicios

aumento de la xenofobia y la desconfianza mutua;

reproducción de las barreras lingüísticas;

segregación espacial que conduce directamente a la creación de guetos;

ruptura de la cohesión social general;

 

Seguridad

aumento de los discursos de incitación al odio y los delitos motivados por el odio;

deterioro en la aplicación de la ley y posible incremento de los índices de delincuencia, en particular en las zonas socialmente excluidas;

posible radicalización y aumento del apoyo a ideologías extremas (por parte tanto de las comunidades de migrantes como de la sociedad de acogida).

 

 

 

No. No lo llamen Desobediencia civil. Infolibre, 25 de marzo de 2019

Sobre la política de desobediencia y el derecho a la desobediencia

 Entre los defensores de la causa secesionista en Cataluña, pero no sólo, se ha convertido en lugar común sostener la desobediencia como estrategia política e invocar en su apoyo la tradición de la desobediencia civil. No me ocuparé de la contradicción en que incurre el Govern de la Generalitat –cuya legitimidad de origen se basa indiscutiblemente en el refrendo democrático, libre y por cierto abrumador en Catalunya a la Constitución de 1978, es decir, al orden constitucional– cuando espolea a los ciudadanos a desobedecerla de facto, cuando les parezca bien, a ignorarla unilateralmente (“apreteu”).

Menos todavía, de esa flagrante violación del orden legítimo que se produce cuando un Govern desobedece las decisiones del órgano independiente propio del Estado de derecho en períodos electorales (la Junta Electoral Central), jugando al engaño con lazos y pancartas. Si la autoridad de la que emana el Derecho y encargada de hacerlo cumplir convierte aleatoriamente (según su arbitrio) la obediencia a sus normas en una opción, deja de tener capacidad de exigir obediencia: no puede existir un derecho genérico a la desobediencia sin que la noción de Derecho desaparezca. A mi juicio, pierde así la razón para exigir a su vez obediencia a los propios mandatos, a sus leyes. Simplemente, ese mensaje no es que sea irresponsable, es que no es serio.

Cuestión absolutamente distinta es la del «derecho a la desobediencia civil». Pero, por las razones que expondré, tampoco me parece justificada esta invocación que se hace desde el secesionismo de la noble tradición de la desobediencia civil. Añadiré que considero absolutamente impropio equiparar a algunos de los protagonistas del procés (políticos, como Mas, Junqueras, Rus o Turull  y representantes de la sociedad civil como Cuixart) con reconocidos representantes de la tradición de la desobediencia civil y de la lucha contra la discriminación en derechos humanos y fundamentales, una lista que va de Rosa Parks, M.L.King o Malcom X, a Gandhi o Mandela.

No me lo parece, sobre todo cuando, como trataré de mostrar, es discutible que todos esos nobles precedentes practicasen la desobediencia civil y no, más bien, el “derecho de resistencia” que, en su versión iusnaturalista, cabe remitir al alegato de Antígona. Por no hablar de la, a mi juicio, indebida apropiación de ese concepto cuando se recurre a analogías que, en mi opinión, son de todo punto impropias. Así, afirmaciones como, por ejemplo, ”está en nuestro ADN”, (sic) para sostener la peregrina tesis de que «el pueblo catalán» es pacífico por naturaleza, muy en la línea romántico/naturalista y absolutamente acientífica de Möser y Herder (los pueblos como plantas de la historia), de donde la criminalidad, la violencia, serían cosa de los no catalanes.
El mismo pueblo que según esta tradición épico-romántica, tiene como símbolo sagrado un himno que exhorta al «pacífico» bon colp de falç y entre sus iconos, los guerreros unas veces victoriosos (almogávares, el tambor el Bruch) otros, derrotados (Rafael Casanovas, Josep Moragues). Peor aún, se sostiene como meritoria una argumentación que supone una notable confusión de los órdenes normativos que ha costado siglos separar: la distinción entre lo que es pecado y lo que es delito, para entendernos. Así sucede cuando el Sr Junqueras y algunos otros utilizan la referencia a sus convicciones religiosas y morales o su afiliación a movimientos parroquiales, o a ONGs religiosas, como prueba –jurídica– de su inocencia, sin que nadie parezca alarmarse por esta versión de nacionalcatolicismo que parece impregnar a una parte de los militantes de la causa del procés, con el sagrado tótem de Montserrat de fondo. Por cierto, un tótem que ampara abusos sexuales, según hemos sabido, sin que hayamos escuchado condena o exigencia de responsabilidades por parte de Puigdmont, Torra o Artadi.

No. Sostengo que el hecho de recurrir a estrategias de movilización ciudadana, vinculadas a la historia de desobediencia civil, no constituye necesariamente desobediencia civil, sino que en muchas ocasiones –a mi juicio, en ésta– es otra cosa: rebeldía (que no rebelión en el sentido penal), o incluso revolución; eso sí, no violentas.

No basta con la no-violencia para que podamos hablar de desobediencia civil

El quid de la cuestión, a mi juicio, es que para hablar de desobediencia civil no basta que las actuaciones que la invocan tengan el rasgo de no violentas. Hace falta algo más. Y por eso creo que en las manifestaciones ciudadanas, pacíficas, organizadas por diferentes agentes de la opción secesionista falta un elemento clave de la noción de desobediencia civil, tal y como la entienden desde el padre del concepto moderno, H.D.Thoreau, hasta gentes como H.A. Bedau, B.Russell, H.Arendt, J.Rawls o J.Habermas.

Para que los actos de desobediencia constituyan desobediencia civil es necesario, sobre todo, que invoquen un fundamento de legitimidad comúnmente aceptado, porque su objetivo no es impugnar el marco jurídicopolítico de convivencia, sino muy al contrario, impugnar una norma, una decisión, una actuación política, jurídica, administrativa que se entiende no es conforme con las reglas de juego que todos hemos aceptado. Se trata de apelar a la mayoría para convencerla de que el acto o decisión impugnado debe ser revisado para restablecer las reglas de juego comunes. Por eso, para conseguirlo, se puede acudir incluso a la violación de leyes que no se discuten ni impugnan, que es lo que llamamos desobediencia civil indirecta, la más frecuente, la que practican aquellos que, para llamar la atención sobre la ilegitimidad de una decisión, se sientan ante un juzgado, o se niegan a pagar un impuesto que, de suyo, no impugnan.

Ahora, cuando tanto se habla del conflicto entre democracia y legalidad, entre democracia y Estado de Derecho, es necesario recordar que, en Estados constitucionales como los nuestros, donde los principios de legitimidad están incorporados directamente en la norma que establece las reglas de juego con las que hemos decidido organizarnos (o indirectamente: por ejemplo, por el reenvío a normas o criterios interpretativos del Derecho internacional), la desobediencia civil ya no apela a leyes naturales o divinas, sino a esas normas básicas que nos hemos dado a nosotros mismos como reglas de juego. Y eso, mal que pese a algunos, se llama Constitución.

 

Sobre el mandato de desobedecer

¿Eso quiere decir que no es nunca legítimo impugnar la Constitución? No, porque no cabe excluir la posibilidad de casos en los que el bloqueo político y la violación de derechos sean tan graves que contaminen de invalidez a la propia Constitución. Esoconduce a la rebeldía revolucionaria, al derecho de resistencia que, a su vez, como lo hicieron Gandhi o el segundo Mandela, que no consideraban legítimo el orden legal británico en India ni el régimen del apartheid en Sudáfrica, puede elegir la vía de la no-violencia. Pero en esos casos no es correcto hablar de desobediencia civil, pues ni Gandhi ni Mandela aspiraban a mantener las reglas de juego impuestas por los británicos o los afrikaners, sino a cambiarlas por completo, a sustituir un régimen evidentemente ilegítimo, por colonial, por antidemocrático, por otro, fruto de la libre decisión de los ciudadanos tratados como súbditos de un imperio ajeno.

Es posible e incluso legítimo (aun diría más, en algunos casos, obligado) impugnar unilateralmente la propia regla de juego, la Constitución: pero si y solo si se prueba que, en efecto, era antidemocrática (impuesta unilateralmente, como en los supuestos coloniales) o bien que ha devenido en la práctica en un orden ilegítimo, que mantiene graves violaciones de derechos humanos. Pero, pese a los esfuerzos de la retórica secesionista, ni la Constitución española de 1978 fue un ejercicio de dominio colonial sobre Catalunya, ni asistimos hoy en Catalunya y en España a una violación tan grave y generalizada de los derechos humanos que haya subvertido el orden constitucional, aunque, desde luego, hayamos vivido un retroceso preocupante en no pocas garantías de derechos en los últimos años, retroceso que debe ser denunciado y corregido y sus responsables deben rendir cuentas. Pero todos los indicadores internacionales siguen situando a España como una democracia constitucional, con indicadores incluso superiores a los de otros Estados de la UE, si se acude por ejemplo al número de condenas por el TEDH de Estrasburgo.

Quienes no aceptan el marco constitucional e invocan unilateralmente otros criterios de legitimidad diferentes de aquellos por los cuales hemos aceptado autoobligarnos la mayoría de los ciudadanos, a mi entender no deben hablar de desobediencia civil. La unilateralidad rompe con la civilidad y, una de dos: o es un abuso, o se pone abiertamente fuera de juego. En ambos casos, aunque se acuda a acciones propias de la tradición de la desobediencia civil, no se ejerce desobediencia civil, sino otra cosa. Es mejor para todos que así se diga y se defienda. Para no confundir, es decir, para estar de acuerdo y entendernos sobre a qué estamos jugando y qué nos estamos jugando.

 

 

Entrevista de Amparo Soria a J de Lucas en Levante-EMV, 24 de marzo de 2019

Javier de Lucas parafrasea a René Char en una carta que escribe a Albert Camus, para explicar su decisión de ir como número 1 en las listas del PSPV-PSOE al Senado, como independiente: «Hay dos tipos de conducta frente a la vida. Una es soñarla y la otra es tratar de vivirla y realizarla».

De Lucas (Murcia, 1952) describe así su salto de la academia a la política, donde cree que mantendrá su independencia. Durante la entrevista firma los papeles oficiales que le postulan a la Cámara Alta, donde llegaría como «catedrático y activista» por los derechos humanos.

¿Costó mucho convencerle?

La propuesta me la hizo el President y fue un honor. Yo no tengo otra cosa más que mi trabajo y mi independencia de criterio, que me la da la universidad. Me ha costado arriesgarlo en el último tramo de vida profesional tras haber vuelto de París al Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València. Al mismo tiempo, reconozco que me presionaron bien con eso de que no bastaba con dar ideas y criticar desde fuera. Naturalmente, tengo mis diferencias.

Sí, ha mostrado discrepancias con el Gobierno de Sánchez.

En política de inmigración he criticado a todos los partidos, también al socialista. En esta legislatura con Pedro Sánchez he criticado ferozmente las posiciones del ministro Grande-Marlaska, al que respeto como juez pero en materia de inmigración, no. No voy a renunciar a decir lo que pienso, como que estoy contra los CIE y quiero que se cierren, que no es la posición del partido, y la defenderé. En la medida en que la propuesta me garantizaba que podía mantener mi criterio, dije que sí, pese a todo lo que yo he criticado a esa institución a la que no encontraba utilidad.

Si la oferta se la hubiera hecho Podemos, con quién tiene más afinidad en cuestiones de migración, ¿habría aceptado?

Nunca he militado en ningún partido pero no me importa reconocer que cuando surgió Podemos tuve buena relación con ellos, participé en los debates. Tengo muy buena relación con Antonio Montiel, Fabiola Meco y Lola Bañón. No así con Podemos en Madrid, con la cúpula, aunque sí con su gente. Maria Eugenia Rodríguez Palop, que será eurodiputada, es muy amiga mía. Discutí el programa de derechos humanos del partido porque así me lo pidieron. Ya lo he confesado antes: en las elecciones pasadas voté a Compromís en València y a Podemos en las autonómicas y apoyé la candidatura de Oltra a la presidencia. No di por hecho a Puig como presidente.

¿Qué cambió?

Ha ejercido muy bien la labor de presidente, dejando espacio a Oltra, en cuya conselleria hemos colaborado en asuntos como el «Aquarius». No soy nacionalista y ese componente me separa bastante de una parte de Compromís, no del todo. No por el catalanismo, que tengo muy claro que la batalla contra el catalán es una estupidez.

 

Como ha dicho en numerosas ocasiones, la labor del Senado está cuestionada. ¿Es un cementerio de elefantes?

El Senado es una cámara desaprovechada. Tendría que ser una cámara territorial con otra configuración constitucional. Hay varias razones para ir al Senado. Puede haber un debate importante sobre el 155 y las propuestas que manejan Cs y PP de aplicarlo de forma permanente no es que sean anticonstitucionales, que lo son, sino que me parecen un disparate. Tengo amigos allí, como Jon Iñarritu, de Bildu, y ahora va Manuel Cruz, uno de los pocos filósofos de verdad. Además, el Senado envía representantes al Consejo de Europa y a la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa. En el consejo hay una comisión jurídica de derechos humanos. Sus dictámenes no son vinculantes pero muy importantes.

 

¿Cómo revitalizar el Senado?

Creo que depende de la voluntad de trabajo de los que estén ahí.

 

Sin embargo, al senador más activo de Compromís, Carles Mulet, no le han propuesto repetir.

Hay esa visión de que cuando un senador trabaja mucho hay que pasarlo al Congreso (ríe). Es lógico con la actual configuración. Con alianzas con otros senadores con intereses comunes se puede acceder a información que no tengo como profesor ni activista.

 

¿Cómo se plantearía usted una posible votación del 155?

Por deformación profesional, para mí saltarse la ley no es serio. Me parece respetable y en algunos casos necesario que haya movimientos sociales de desobediencia, siempre que sea pacífica, no como los CDR. Derribar el marco normativo es legítimo, pero no será desobediencia civil, es otra cosa. Desobediencia rebelde, que no rebelión, que no creo que la haya habido en todo lo que ha pasado. Ahora no hay razones para un 155, pero si se desobedece como hace Torra a las instrucciones de la Junta Electoral, está fuera del proceso democrático. Es muy difícil negociar con el señor Torra e imposible con el señor Puigdemont, porque no tienen voluntad de negociación. Hay otros grupos como ERC con los que se debe intentar. La Constitución se puede cambiar, pero con un proceso que no la vulnere.

 

¿Estaría a favor de tender puentes con Cataluña?

Estoy a favor de tender puentes con los que tengan un apoyo social importante. Eso no quiere decir que todas las opiniones sean respetables. Decir «las mujeres son inferiores», es una estupidez, y no se respeta ni tolera, se combate. Las opiniones faltas de razón también se ven en política. Sobre Cataluña, las opiniones que se están negociando son respetables aunque no compartibles. Yo con el señor Puigdemont no negociaría, no tiene voluntad de hablar, sino de imponer.

 

 

«¿Inmigrantes antes que menores? Niños que queremos invisibles», Cinferencia inaugural en Congreso internacional , Save the Children, Bilbao, 20 03 2019

 

Introducción

Dejó escrito B. Brecht que son tiempos duros aquellos en los que hay que luchar por lo evidente

Duros, difíciles, son estos tiempos en los que hay que luchar para que los menores sean reconocidos como menores, con todos sus derechos.

Hay cuestiones que desbordan el marco específico, sectorial, en el que se suelen plantear, para convertirse en cierto modo en símbolos, en referencias mucho más amplias. Es el caso, a mi juicio, del debate que afecta al trato que dispensamos a los menores -inmigrantes, solicitantes de asilo- que llegan a nuestros países, civilizados. Probablemente este asunto es la <prueba del nueve> de nuestra calidad como sociedades decentes.

Creo que todos coincidimos en reconocer que no hay sujetos de mayor vulnerabilidad que los protagonistas de este congreso internacional, los niños en movimiento, concretamente los menores extranjeros no acompañados, sean éstos inmigrantes o bien puedan entrar en la categoría de demandantes de la protección internacional en la que consiste el asilo o la protección subsidiaria.

Si tenemos en cuenta que, por ejemplo, 1 de cada 5 inmigrantes y refugiados que llegan a Europa son menores y que 1 de cada 4 solicitudes de asilo corresponde a un menor de edad, según revela Save The Children[1], su situación debería constituir una preocupación prioritaria, máxime si tenemos en cuenta los intentos de subvertir su condición, haciendo pasar por delante el adjetivo de extranjero (inmigrante, irregular) por el de menor.

Por eso, hoy más que nunca hay que recordar que los Menores Extranjeros No Acompañados (MENAS) son niños, con todos los derechos del niño, comenzando por el carácter prioritario del interés del menor.

 

 

Los datos de la situación de los MENAS

Comencemos por el principio. Como ha explicado en diferentes trabajos Elena Arce, probablemente la investigadora española que más ha profundizado en el estudio jurídico del problema[2], hay tres condiciones que explican que no haya grupo más vulnerable a las violaciones de derechos humanos que los niños.

Si a (1) esa condición de menores, añadimos las de (2) extranjeros (inmigrantes o solicitantes de asilo) y (3) no acompañados, nos encontramos ante lo que, con una metáfora que el Derecho penal norteamericano ha tomado del béisbol, se conoce como la regla de  <three strikes, and you’re out!>[3]. Se trata de la multiplicación de factores de vulnerabilidad, que convierte a los Menores Extranjeros no Acompañados, los que conocemos en el argot técnico de UNICEF como MENAS, en los sujetos más frágiles, más vulnerables[4].

En España, los datos de 2018 arrojan hasta octubre cifras relevantes, pero en modo alguno preocupantes en el sentido de inabordables y, al mismo tiempo, como ha acreditado el reciente Informe de UNICEF[5] coordinado por el Dr. Pablo Ceriani, es impresionante la gravedad de los riesgos y violaciones en sus derechos.

El número total de MENAS en España alcanzó la cifra de 11174, de los que casi 5000 llegaron en 2018, con una distribución territorial muy asimétrica, si se piensa que 4098 de ellos se encuentran en Andalucía y casi 1000 en Melilla. Es decir, hay una desproporción considerable entre las diferentes Comunidades Autónomas: manda la geografía y los responsables del Gobierno central y de esos diferentes territorios han fracasado hasta hoy en el establecimiento de una distribución equilibrada (como sucede en la UE).

El primer problema radica en que las diferentes comunidades autónomas se ofrecieron a acoger sólo a 199 menores extranjeros no acompañados, lo que representa apenas el 1,8% de los 11.174 niños registrados en España (poco más del 4% de los 4.835 que llegaron en este año pasado). El sistema de reparto ideado desde el Gobierno central, que bonificaba a las comunidades que se ofrecieran a acoger a los niños de otras regiones, atribuyéndoles un 25% adicional en la cuantía de la ayuda prevista (40 millones de euros en total) fracasó[6]. Es el pecado de la ausencia de planificación y coordinación; también, de la ausencia de solidaridad. Pero, sobre todo, de no tomar en serio el principio jurídico básico al que aludiré a lo largo de estas páginas, el deber de garantizar la prioridad del interés del menor.

Digámoslo claro desde el primer momento: por supuesto que la creación de categorías o taxonomías técnicas como esta de MENAS tiene una justificación funcional, en el ámbito del Derecho migratorio, de extranjería y asilo. Pero lo cierto es que, antes que hablar de MENAS, deberíamos hablar de niños, de menores. Por tanto, toda consideración jurídica respecto a ellos debe encuadrarse en un marco normativo que tiene standards internacionales e internos muy bien definidos: la Convención de derechos del niño, de Naciones Unidas (1989) y, en el caso español, la Ley Orgánica 1/1996 de protección jurídica del menor.

De ese standard se desprende un principio jurídico prioritario, tanto desde el punto de vista sustantivo como en su dimensión interpretativa: el interés del menor debe prevalecer sobre cualquier otra consideración. También sobre elementos administrativos, como el carácter, regular o no, de la presencia de un menor extranjero en territorio de soberanía de otro país.

 

 

 

Las inequívocas Observaciones de los Comités de las Naciones Unidas son reiteradamente incumplidas por los Gobiernos europeos, que parecieran preferir el lema <antes extranjero, que menor>.

Ese criterio prioritario, el del respeto al interés del menor, ha sido reiterado por el Comité de derechos del niño de la ONU en reiteradas recomendaciones[7] y entre ellas revisten particular interés las dos Observaciones Generales emitidas conjuntamente en 2017 por dos Comités de la ONU con competencia en este ámbito (el Comité de derechos de los trabajadores inmigrantes y el propio Comité de derechos del niño). La primera, relativa a “los principios generales relativos a los derechos humanos de los niños en el contexto de la migración internacional”, (Observación general conjunta nº 3 del Comité de derechos de los trabajadores inmigrantes y la Observación General conjunta nº 22 del Comité de derechos del niño). La segunda, sobre “las obligaciones de los Estados relativas a los derechos humanos de los niños en el contexto de la migración internacional en los países de origen, tránsito, destino y retorno” (Observación general conjunta nº 4 del Comité de derechos de los trabajadores inmigrantes y Observación General conjunta nº 23 del Comité de derechos del niño).

Lamentablemente, como veremos, estas Observaciones generales están siendo ignoradas por buena parte de los Gobiernos europeos en su deriva obsesiva hacia el control unilateral de los movimientos migratorios, marcada por el tratamiento en términos de orden público y la supeditación a las exigencias coyunturales del mercado formal de trabajo interno.

Los MENAS son un problema, pues no pueden ser considerados inmigrantes irregulares y los Estados están obligados a cumplir con los standards normativos ya referidos, es decir, a acogerlos y garantizar todos sus derechos hasta que cumplan la mayoría de edad, lo que resulta antieconómico. No resulta extraño, pues, que los partidos y los gobiernos que aceptan la lógica jurídica perversa que identifica al inmigrante aceptable como aquel que es funcional a las necesidades coyunturales del mercado de trabajo, esto es, supedita la noción de emigrante a la condición de trabajador útil y que produce beneficios y mientras los aporte, tenga problemas con la llegada de los MENAS: son niños antes que inmigrantes y eso rompe con toda la construcción jurídica de la que se sirven los instrumentos de políticas migratorias. De ahí el empeño, insisto, obsesivo, en tratar de poner en duda la condición de menores o incluso, como se ha propuesto recientemente, en subvertir el principio de que los menores inmigrantes son niños antes que inmigrantes. Aunque hay que destacar la tarea llevada a cabo por los tribunales de justicia en defensa del interés del menor y en el caso español -como ha reiterado el Tribunal Supremo-, de la protección integral del menor, reconocida en la Constitución[8].

 

 

Los niños inmigrantes, instrumento de una política electoralista y cortoplacista

Todo ello viene particularmente a cuento por cuanto, en estas primeras semanas de 2019 y más aún, al calor de las inminentes citas electorales, buena parte de los partidos que participan en la contienda aceptan utilizar el tema migratorio como elemento de discusión partidaria, si es que no hacen de él (de su versión, tendríamos que añadir) el principal caballo de batalla, junto a la denominada cuestión catalana.  

En ese contexto, se producen iniciativas que afectan directamente al estatuto jurídico de los menores extranjeros no acompañados, convertidos, como se ha asegurado, en el espejo de “los intrusos en la fortaleza europea” (https://www.elsaltodiario.com/migracion/los-menores-que-migran-solos-son-los-intrusos-en-la-fortaleza-europa). Como se ha denunciado en numerosas ocasiones, el problema es que, en muchos casos, su situación en centros de menores es incluso peor que en la calle (https://mundoenmovimiento.org/articulo/por-que-la-calle-es-mejor-que-el-centro-de-menores/).

 

 

 

Tres ejemplos de malas prácticas respecto a los niños inmigrantes

Me limitaré a citar tres ejemplos de esta deriva política reaccionaria, propia de quienes, en aras de un populismo demagógico, no dudan en destruir principios básicos del reconocimiento jurídico de los niños.

El primero, de ya larga trayectoria, es el intento de borrar la condición de menor para anteponer la de inmigrante. Ya en su momento, tras la denominada <crisis de los cayucos>, el Gobierno autónomo de Canarias exigió reiteradamente poder acogerse a la condición prioritaria de inmigrante ilegal para expulsar (para enviar a territorio de la península como paso previo) a los menores inmigrantes no acompañados., pese a que ellos infringía directamente, como hemos visto el standard internacional de derechos de los niños y la propia ordenación española sobre protección jurídica del menor.

En los últimos meses, los Gobiernos de Ceuta y Melilla, alegando una situación de crisis excepcional por el número de menores extranjeros no acompañados que, según alegan, “desbordan” las instalaciones de las ciudades autónomas y crearían una situación de emergencia en las calles, volvió a proponer la consideración de estos menores ante todo como inmigrantes. Aunque esta propuesta viene de lejos y, por ejemplo, se trató de poner en práctica en el denominado “verano de los cayucos” y con gobiernos de distinto signo (tanto del PP como del PSOE), en enero de 2019 recuperó actualidad. El nuevo líder del PP, Pablo Casado, anunció en Melilla una iniciativa parlamentaria que vuelve sobre la disyuntiva <menor> y <extranjero> intentado revertir el principio básico de interés del menor. En efecto, en coherencia con tesis ya mantenidas por políticos del mismo partido en esas dos ciudades, Casado planteó la necesidad de superar lo que denominó “perspectiva social” sobre los menores inmigrantes, para abordar de una vez, sin complejos, la situación de los MENA “desde una perspectiva de inmigración económica». Se trata de un eufemismo para plantear una estrategia prioritaria de “devolución” o “retorno” de los menores a sus familias y países de origen que, en la práctica, se traduce en agilizar los procedimientos para su expulsión, puesto que los menores, de acuerdo con el standard normativo al que ya he hecho referencia, no pueden ser expulsados (salvo que sean reclamados por sus familias).  Por supuesto, además de violar el standard normativo en materia de derecho de menores, se introduciría así una discriminación por razón de nacionalidad, de todo punto inaceptable.                        

Cabría señalar que, sin tanta gravedad expresa, otras iniciativas de distinto signo político contribuyen a rebajar la aplicación del principio básico de interés del menor. Así, desde octubre de 2018, el Gobierno español ha negociado con Marruecos la repatriación de menores sobre todo marroquíes (se calcula que el 70% de los MENAS que se encuentran en España pertenecen a esa nacionalidad), “en aras del reagrupamiento familiar” y en aplicación del acuerdo bilateral de 2007, que entró en vigor en 2013. Como se denunciaba en un reportaje periodístico[9], el Gobierno asegura que las autoridades marroquíes «están dispuestas a empezar con las labores de identificación» en los centros de acogida andaluces para «proceder a la localización de sus familiares» y resolver  los datos de identificación «en un plazo de tres meses, desde que las autoridades españolas envíen los datos obtenidos de los recién llegados”. Es justo añadir que el Ministeriod el Interior español expresó en todo momento que nada en este procedimiento alteraría el principio de interés superior del menor y expresamente garantizaba «condiciones de la reunificación familiar efectiva del menor o su entrega a cargo de una institución de tutela», y la creación de una comisión de seguimiento. 

 

El segundo es el intento de los gobernantes de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla por revisar las reglas consagradas en nuestro Derecho vigente, concretamente en los artículos 17 y 22 del Código Civil, sobre el acceso a la nacionalidad de niños nacidos en esos territorios de soberanía española.

Así, el Gobierno de Melilla consiguió que la Asamblea de la ciudad autónoma (con los votos en contra de PSOE y Coalición por Melilla y la abstención de C’s) aprobase el pasado 18 de febrero una propuesta para pedir cambios en el Código Civil que permitan endurecer los requisitos para el acceso a la nacionalidad española a los hijos de mujeres marroquíes no residentes en España que nacen en Melilla y Ceuta. Esta iniciativa había obtenido el apoyo del Partido popular, pues en su visita en enero a la ciudad, el Sr Casado adelantó esta posición. La propuesta se justifica, según el gobierno melillense, como “un arma defensiva del estatus político, jurídico y constitucional” de Melilla para “poner freno al desmadre de nacimientos” que se están dando en el hospital de la ciudad, pues el 63,63% de las parturientas son extranjeras y más del 90% de ellas marroquíes. Todo ello, teniendo en cuenta que solo se requiere un año de residencia a los extranjeros nacidos en España para concederles la nacionalidad. Lo cierto es que ya se produjeron medidas de refuerzo de las condiciones de acceso a la nacionalidad en 2012 y 2015.

La propuesta del gobierno melillense consiste en ampliar hasta diez años el requisito de un año de residencia y, a esos efectos, se pide la reforma de lo dispuesto en los artículos 17.1b y 22.2 del Código Civil. Así, donde el primero enuncia “son españoles de origen los nacidos en España de padres extranjeros si, al menos, uno de ellos hubiera nacido también en España. Se exceptúan los hijos de funcionario diplomático o consular acreditado en España”, se añadiría otra excepción: “se exceptúan los hijos de los extranjeros no residentes nacidos en las ciudades de Ceuta y Melilla”. Por lo que se refiere al artículo 22.2, que establece un año  como plazo de residencia para adquirir la nacionalidad, se propone una consideración específica para las ciudades de Ceuta y Melilla:  “En el caso de hijos de extranjeros no residentes nacidos en Ceuta y Melilla, atendiendo a las especiales circunstancias que concurren en ambas ciudades, para acceder a la nacionalidad española por nacimiento se deberá acreditar la vinculación con España mediante la residencia legal continuada en territorio español de 10 años”.

 

El  tercero, el caso más reciente y al que prestaré mayor atención por su trascendencia, es el que ha dado lugar a una seria llamada de atención a España por parte del Comité de derechos del niño de la ONU, el 1 de febrero de 2019, con motivo de la aplicación de la práctica de las <devoluciones en caliente> (que en realidad deberíamos llamar deportaciones o expulsiones sumarias, pues se realizan sin procedimiento administrativo y, obviamente, sin decisión judicial) a un menor de nacionalidad maliense[10] el 2 de diciembre de 2014 (cfr. https://cadenaser.com/ser/2019/02/18/sociedad/1550510829_311777.html?ssm=tw, consultado el 21 de febrero de 2019).

El Comité, recuerda inequívocamente “la obligación de los Estados de proveer protección y asistencia especiales a niños no acompañados”, de acuerdo con el artículo 20 de la Convención, “incluso con respecto a los menores que queden sometidos a la jurisdicción del Estado al tratar de penetrar en el territorio nacional”.

Asimismo, censura que el Gobierno español no consideró el interés superior del niño (artículo 3). Y no lo hizo, pese a que “tiene la obligación de realizar una evaluación previa sobre la existencia de un riesgo de daño irreparable para el menor y de violaciones graves de sus derechos en el país al que será trasladado o devuelto” o “las consecuencias particularmente graves para los menores que presenta la insuficiencia de servicios alimentarios o sanitarios”. 

Es muy importante la concreción que apunta el Comité de los derechos que comporta el interés superior del menor. Así, el Comité señala que “en el contexto de la evaluación de su interés superior y en los procedimientos de determinación de este interés superior, debe garantizarse a los niños el derecho de acceder al territorio, cualquiera que sea la documentación que posean o de la que carezcan, y ser remitidos a las autoridades encargadas de evaluar las necesidades de protección de sus derechos, sin merma de las garantías procesales”.

El Comité denuncia la violación de un buen número de preceptos de la Declaración de los derechos del niño de la ONU y exige al Estado español «una reparación adecuada, incluida una indemnización financiera y rehabilitación por el daño sufrido». Expresamente se advierte que las autoridades españolas no brindaron al menor  la protección y asistencia especiales en su condición de niño no acompañado (artículo 20 de la Convención sobre los Derechos del Niño); no respetaron el principio de no devolución y expusieron al menor a correr el riesgo de sufrir actos de violencia y tratos crueles, inhumanos y degradantes en Marruecos (artículo 37).  

Como señaló la representante del joven maliense y abogado cooperante de ECCHR, Carsten Gericke, “La decisión tiene una importancia fundamental para la protección de los menores no acompañados, no sólo en la frontera hispano-marroquí, sino en las fronteras terrestres en general”. Lourdes Reyzábal, Presidenta de Fundación Raíces, la ONG que lo ha representado, insiste en que “este caso, una vez más, pone en evidencia que, en España, en el caso de los niños extranjeros, las políticas de protección a la infancia están sometidas a las políticas de extranjería y del control de los flujos migratorios y las fronteras siguen siendo espacios donde no se respetan los derechos de las personas y donde no existen las garantías jurídicas básicas”.

Es importante, desde luego, la advertencia del Comité en el sentido de que España tiene asimismo la obligación de evitar que se cometan violaciones similares en el futuro y la exigencia al Gobierno español de reformar disposición adicional décima de la Ley orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana que fue la que habilitó la práctica indiscriminada del Estado parte de deportaciones automáticas en su frontera. Esto significa que para este Comité de la ONU no hay ninguna duda de la ilegalidad de las llamadas devoluciones en caliente.

 

[1] Cfr. https://www.savethechildren.es/actua/no-mas-ninos-ni-ninas-migrantes-detenidos-en-europa, consultado el 10 de marzo de 2019. Como se podrá comprobar a lo largo de mi intervención, aún SON válidas las cinco exigencias formuladas por Save The Children al comisario europeo Avramapoulos, en relación con  los MENAS: (1) Que se realice una correcta identificación de los menores (2) Que las pruebas de determinación de la edad de los menores sean fiables (3) Que nunca se separen familias para que los adultos puedan cuidar de sus hijos (4) Que los menores cuenten con información necesaria y preparada para su idioma y edad (5) Que el proceso de acogida priorice siempre el interés superior del menor

[2] Cfr. su tesis doctoral Menor y extranjero: dos lógicas enfrentadas (Universidad de Málaga, 2016). Cfr. asimismo su artículo “El derecho del menor extranjero a ser escuchado y su interés superior en los procedimientos de repatriación”, CEFD, nº 38/2019.

[3] La analogía con esa regla de juego se encuentra en la Violent Crime Control and Law Enforcement Act (1994), conocida como Three Strikes Law y que pronto fue considerada una manifestación de lo que se denomina Racial Justice, porque parece claramente orientada a procesos relacionados con la inmigración. Sobre la crítica a esa ley puede verse la oposición manifestada por la American Civil Liberties Union (ACLU) https://www.aclu.org/other/10-reasons-oppose-3-strikes-youre-out. En un reciente artículo, exponente de la, a mi juicio, tan frecuente como rala aproximación positivista, tan rica en erudición técnicojurídica como pobre en análisis crítico, N.Alonso y D. Carrizo emplean a mi juicio desafortunadamente la metáfora futbolística “hat Trick”. Cfr. “La problemática situación en la que se encuentran los menores extranjeros no acompañados: entre la desesperación y la protección”, The Age of Human Rights Journal, vol.13/2019.

[4] Sobre los rasgos de los MENAS que multiplican el efecto discriminatorio puede verse el artículo de Angelidou y Agauded, (2016), “Los derechos de los menores extranjeros no acompañados en los Centros de Menores”, Revista internacional de Didáctica y Organización educativa, diciembre 2016, pp. 4 y ss y también Aguaded-Ramírez, E. y Angelidou, A. (2017) “Menores Extranjeros no Acompañados. Un fenómeno relevante en la sociedad española. La perspectiva de los trabajadores en los centros de acogida”. Revista de Educación de la Universidad de Granada, 24/2017, pp. 47-63.

[5] “Los derechos de los niños y las niñas migrantes no acompañados en la frontera sur española”, que se puede consultar en https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/recursos/informe-ninos-migrantes-no-acompanados.pdf. Hay que recordar que el Dr. Ceriani fue el vicepresidente del Comité de la ONU de derechos de los trabajadores inmigrantes que impulsó las Observaciones conjuntas 3 y 4 de 2017, junto  con el Comité ONU de derechos del niño, que emitió a su vez las Observaciones conjuntas 22 y 23 2017. Esas observaciones son probablemente los pronunciamientos más importantes de la ONU en esta materia en los últimos años.

[6] Estas son las cifras, a octubre de 2018: Castilla y León, que había registrado en 2018 un incremento de 23 menores y se ofreció a hacerse cargo de otros 40 procedentes de otras regiones, por los que recibiría 545.660 euros. Extremadura, que no registró ninguna entrada de niños entre el 31 de diciembre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018 atendería a 34 niños. La ayuda del Gobierno sería de 317.678 euros. Asturias  tenía un incremento de 11 menores y acogería 31, por los que recibiría 371.871 euros. Castilla-La Mancha habilitaría plazas adicionales para 24, Aragón y Galicia para 20 y BalearesNavarra y Cantabria para 10.  Ni Madrid, ni La Rioja, se ofrecieron; tampoco Cataluña, Comunidad Valenciana, Canarias, Murcia, País Vasco, Andalucía, Ceuta ni Melilla. El Gobierno atribuyó un total de 38 millones de euros, comenzando por las Comunidades que habían recibido el mayor número. Así, a Andalucía, la comunidad que recibió más del 50% de los menas llegados a España entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2018 se le atribuía la mayor cuantía: 25,5 millones de euros, que suponen dos tercios de las ayudas. Le seguían Cataluña, con dos millones; el País Vasco, con 2,05; y la Comunidad Valenciana, con 2,003 millones. Melilla recibía 1,2 millones, mientras que en el caso de Ceuta se atribuían. 1,09.

[7] Cfr. por ejemplo Observación  General  Nº 5  (párrafos  18 a  23): Trato  de  los  menores no  acompañados  y  separados de  su  familia fuera de su país de origen; Observación General Nº 6: Trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera de su país de Origen; Observación General Nº 12 (2009) El derecho del niño a ser escuchado; Observación  General  Nº  14  (2013)  sobre  el  derecho  del  niño  a  que  su  interés  superior  sea  una  consideración primordial; Observaciones Finales a España 55º período de sesiones 13 de septiembre a 1º de octubre de 2010.

 

[8] En efecto, frente a iniciativas electorales carentes de sentido, como por ejemplo la entrega en adopción de menores por parte de madres inmigrantes irregulares, conviene recordar que la Constitución española de 1978 obliga a los poderes públicos a asegurar la protección integral de los hijos y de las madres (artículo 39) y el derecho a la intimidad familiar (artículo 18), derechos que no se restringen a los españoles como titulares. Como ha recordado un reciente comunicado de JPD, “la entrega coactiva en adopción, como no se puede calificar de otra manera la situación que se propone, choca frontalmente con la letra y el espíritu de nuestra ley fundamental. El Tribunal Supremo, interpretando los principios de la Directiva 2008/115/CE, sobre retorno de nacionales de terceros países en situación irregular, ha señalado que la expulsión de la persona extranjera por estancia ilegal no es una consecuencia de carácter absoluto, sino que presenta excepciones como son las impuestas por el interés superior del niño, el derecho a la vida familiar y estado de salud, que se regulan en el art. 5 de la Directiva (Sentencia TS de 8 de febrero de 2019)”. Retengamos este principio: el carácter prioritario del interés del menor comporta garantizar el derecho del menor a la vida familiar y a la unidad de la familia, que ha sido reiterado en el reciente GCM, adoptado en Marrakesh y aprobado por la AG ONU el 19 12 2018, que recomienda vivamente a los Estados el desarrollo de procedimientos que impidan “separar a las familias” e incluso que permitan la reunificación familiar si se ha producido la separación.

 

 

 

[9] Cfr. https://www.eldiario.es/desalambre/PP-defiende-menores-migrantes-adultos_0_853565138.html, (consultado el 20 de febrero de 2019). Pueden leerse las declaraciones del Consejero de Bienestar social de Melilla el Sr. Ventura, en https://www.eldiario.es/desalambre/Daniel-Ventura-Asuntos-Sociales-legislacion_0_537197079.html , o en https://elfarodemelilla.es/gobierno-melilla-anuncia-subira-muros-centro-menores-la-purisima/ (ambos consultados el 21 de febrero 2019).

 

[10] El menor, conocido por las siglas D.D., huyó de la guerra de Mali. Pasó casi un año en el Monte Gurugú y logró entrar a España con 15 años, pero nadie le ofreció pedir asilo o protección. Nadie le preguntó cómo se llamaba, o si era un niño. La Guardia Civil lo bajó de la valla de Melilla, lo esposó y lo “expulsó por el procedimiento sumario. Pero el menor, 28 días después, consiguió saltar y quedarse en España. Fue el 30 de diciembre de 2014.  Después de pasar dos meses en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), en febrero de 2015, fue trasladado a la península y a finales de julio de 2015, gracias a la asistencia de la ONG Fundación Raíces y a la tarjeta de registro consular expedida por el consulado de Mali en Madrid, donde constaba su fecha de nacimiento el 10 de marzo de 1999, obtuvo protección como niño no acompañado y fue alojado en una residencia de menores bajo la guarda de autoridades españolas. Cinco años después, el Comité ha emitido el primer dictamen de la ONU que constata la “deportación sumaria de un niño no acompañado de España a Marruecos” y que certifica la ilegalidad de estas llamadas “devoluciones en caliente” lo que lo convierte en un caso de referencia en la lucha por los derechos de los niños migrantes.

 

Problematizar la transformación del Mediterráneo occidental como frontera: polisemia y paradojas de la noción de frontera (Ponncia en Foro social Frontera Sur: rompiendo límites», Sevilla, 22-23 marzo 2019

Mi primera pregunta es ésta: ¿qué ha pasado para que la opinión pública perciba ahora el Mediterráneo occidental como una frontera a defender? ¿Son suficientes las imágenes de las pateras, de la isla Perejil, de los niños en maletas y camiones? ¿Somos conscientes de que todo eso es una narrativa tóxica que miente y engaña para un propósito determinado?

Realmente, ¿asistimos a una amenaza, de la que hay que defenderse, incluso militarmente,  como se nos dice?

Y, sobre todo, ¿puede todo ello justificar laos recortes hasta la ablación de derechos humanos y fundamentales, la relativización hasta la negación de principios básicos del Estado de Derecho, la puesta en cuestión de la vigencia de obligaciones meridianamente claras del Derecho internacional del mar, del Derecho de refugiados, del Derecho migratorio (que existe, aunque nos digan que no y en eso el GCM me parece útil)? ¿Por qué no somos conscientes de que la historia juzgará con dureza esta construcción de las políticas migratorias como necropolítica, en la que la vida no cuenta porque es un coste lateral y en un giro inaceptable para cualquier jurista, creo que para cualquier ciudadano, el Derecho se utiliza contra los derechos?

 

Polisemia y paradojas de la noción de frontera

Convendría atender con algo más de detalle a la noción de frontera, preñada de ambigüedad, incluso si -como es el caso-, parece traducir una barrera natural, la del Mediterráneo occidental a la que se refiere esta sesión. Porque la noción dominante de frontera es una reducción que no hace justicia al papel histórico de ese mar.

Pero, ¿qué es hoy una frontera? Creo que la notable politóloga y feminista norteamericana Wendy Brown ha explicado muy bien las contradicciones que nos depara el proceso de globalización que identificábamos ingenuamente con la progresiva desterritorialización del mundo.

Es la primera de las paradojas actuales de la noción de frontera: pensábamos que la lógica de ese proceso llevaría antes o después, si no a la caída, sí a la relativización o incluso la abolición de las fronteras, al menos entendidas como instrumento de afirmación de soberanía territorial respecto a quien se la disputa (es decir, otros Estados o bien «hordas» invasoras). Una desaparición de las fronteras entendidas como limite geográfico fortificado frente al enemigo exterior, ese que criticara Buzzatti en su novela El desierto de los tártaros, como también lo hicieron Kavafis –en su poema Esperando a los bárbaros– y Coetzee –en su novela homónima Waiting for the Barbarians–.

Pero la realidad inmediata nos demuestra que no solo no desaparecen, sino que se incrementan, sobre todo con una función simbólica que, en todo caso, mantiene la carga represiva, violenta, de la que hablaré enseguida. Nos faltaba por ver el refuerzo de muros y vallas al que asistimos durante 2015 en buena parte de la UE, que como hemos insistido muchos de los que estamos aquí, parece redescubrir el mito de la Europa fortaleza, desde Polonia y Hungría a Francia y España.

La UE no es la única en mantener esa noción de frontera que incluso más que policial deviene en militar, según la crítica de Sassen, Bauman y tantos otros, sobre el deslizamiento de los Estados providencia a Estados represivos, que fijan la acción de represión del agresor externo (el inmigrante) como coartada de adhesión, basándose en un noción muy discutible de <Gobernanza de las migraciones> y en toda una serie de conceptos imprecisos y mal utilizados, como la noción de fronteras europeas, algo que no existe conforme al propio TFUE, o al complicado juego de Schengen y Dublín. Debemos encontrar un modelo efica y justo de gobernanza, pero eso exige sobre todo coordinación y maximalización de los beneficios de todos los agentes concernidos.

Baste pensar en lo que sucede entre México y EEUU, en la política que practica Australia o en la que sufren los rohingyas (también conocidos como roinyás, o ruanigás), un grupo etno-religioso (musulmán) de aproximadamente un millón de personas, que habitan en el Estado de Rajine (o Rakain), en Myanmar, rechazados por todos los estados del sureste asiático.

En todo caso, conviene recordar una segunda paradoja: el contexto de globalización impone el reconocimiento de la porosidad de las fronteras y el fracaso de todo intento de cerrar las fronteras como fortaleza, un intento que la UE trata de resucitar de tanto en tanto, desde una miope visión económica (centrada en la obtención del ejército de reserva, ni más ni menos) que daña exigencias elementales del Estado de Derecho respecto a los inmigrantes y aún peor, obligaciones internacionales de los estados miembros en materia de derechos de los refugiados.

En efecto, aunque algunos puedan pensar que esa situación resulta de utilidad para el mantenimiento de un abundante contingente laboral o, en los términos acuñados por Karl Marx en El capital, de un copioso ejército industrial de reserva, siempre disponible para cubrir las demandas de la economía (ya sea formal o sumergida), incurre en el error de reducir un fenómeno social global (en el sentido de Mauss) a su dimensión económico laboral y aun así de forma dudosamente eficaz, por su conjugación (si no supeditación) a la dimensión de orden público, exigencia/coartada de la política de miedo que trata de paliar la pérdida de agregación de las clases convertidas en precariado y produce un efecto de estratificación social que propicia una situación estructural de violación de los derechos humanos muy poco acorde con los presupuestos normativos mínimos del Estado de Derecho.

En realidad, pese al mensaje continuado de la necesidad de control absoluto de las fronteras en términos de filtro que no deje pasar al no deseado, al que seguimos denominando «ilegal» (no tanto porque sea un delincuente peligroso sino porque se trata de un inmigrante «excedente»), es casi imposible ofrecer ejemplos de Estados cuyo territorio esté completamente sellado, incluso pese al continuo perfeccionamiento de los sistemas de vigilancia de las fronteras.

La porosidad de las mismas es una señal más de la paradoja de la progresiva erosión de la soberanía estatal, aún más escandalosamente visible en el caso de la UE, con una geometría variable de definición de su territorio y sus fronteras, que acaba impactando sobre la movilidad de sus propios ciudadanos, como estamos viendo ahora en los casos de Bélgica, Alemania o Reino Unido: el nexo político y jurídico entre soberanía y territorio se ha visto cuestionado por la multiplicación de poderes y ordenamientos supranacionales, el rápido crecimiento e intensificación de los vínculos transnacionales, así como el afianzamiento de los nuevos circuitos globales de producción e intercambio de capitales.

Dicho todo lo anterior, es necesario insistir en que la noción de frontera no es equivalente a la de muro defensivo ni al confín de soberanía. Incluso en términos clásicos, la distinción entre los términos romanos de limes, confines o vallum es muy compleja. Resumiendo casi al riesgo de la simplificación, diría que si bien ha quedado en nuestra concepción de frontera la idea de confín, de límite y barrera del Estado, esto es, de instrumento de delimitación de la soberanía territorial, al modo que ejemplifica el famoso <muro de Adriano>, no es menos cierto que en el origen mismo de este concepto, la frontera es sobre todo una zona de contacto, de tensión, pero de intercambio.

Y es que, más allá de las delimitaciones artificiales que los Estados convienen (o imponen), es decir, construyen, a efectos de gesto ostensible de soberanía (y por tanto de lógica militar o de policía y defensa), hay pueblos, culturas, intereses y necesidades sociales y económicas que se relacionan a través de la frontera como zona o espacio de contacto. Frente a la noción de frontera como limes, esto es, una línea fortificada que sirve para separar civilización de barbarie, hemos de recuperar la dimensión de frontera como espacio de interacción económica y social que paulatinamente puede propiciar el intercambio, la negociación y el mestizaje: cultural, económica, social, política.

Eso debería ser el Mediterráneo como frontera, escenario de conflictos, pero inevitablemente de conflictos que nos han constituido, que han construido lo que somos. Es el cierre, el bloqueo, el alzamiento de continuas y enormes dificultades que reducen hasta casi eliminar ese espacio de contacto —insisto, no arcádico— lo que a mi juicio constituye el error más grave de nuestras políticas de inmigración y asilo, que tiene como consecuencia convertir las fronteras en instrumentos de necropolítica. Un error que, por lo demás, constituye una gravísima contradicción con todos los intentos de optimizar los beneficios que ambas partes (la UE, desde luego) podrían obtener de la existencia de un espacio común.

La última de las paradojas es el incremento de las fronteras internas de las democracias, en el sentido señalado por Balibar y Wallerstein: el incremento del proceso de dualización interno, de desigualdad. Cada vez más ríos y cada vez más precarización, con el estrechamiento de la clase media y la precarización de una gran parte d ela clase trabajadora.