La última batalla de esa impresionante luchadora que ha sido Ruth Bader Ginsburg, estaba condenada inexorablemente a la derrota, pero ella no cejó. No me gusta aplicar a los enfermos de cáncer esos términos, <lucha>, <victoria>. Pero en este caso es absolutamente adecuado porque, según confesó hace pocas semanas a su nieta, su último deseo era éste: poder vivir lo suficiente como para que su sustitución como magistrada del Tribunal Supremo de los EEUU fuera un nombramiento propuesto por el nuevo presidente. De hecho, ya había rechazado jubilarse durante el segundo período del mandato de Obama (lo que habría posibilitado su sustitución por un magistrado/a de carácter progresista), porque tenía una voluntad de trabajo que le hacía pensar que podría seguir desempeñándolo responsablemente, hasta “cumplir los 90”. En todo caso, comentó en más de una ocasión que deseaba que su sustitución fuera realizada por un nuevo presidente que esperaba fuera mejor que Trump, al que se enfrentó abiertamente desde antes incluso de su elección, con declaraciones que alguna vez entraron en la terminante descalificación, algo de lo que expresamente se retractó, en una de las escasas muestras de moderación de su <radicalidad>.

RBG, como era popularmente conocida o incluso “notorius RBG”, según el apodo que acuñó con mucho éxito una estudiante de Derecho norteamericana, Shana Knizhnik, haciendo un juego de palabras con el nombre de un famoso rapero, “Notorious BIG”, fue también, en los últimos años un auténtico icono cultural para las nuevas generaciones. La propia Knizhnik, con Iris Carmon, escribió luego la biografía más conocida de Ruth Bader, Notorious RBG. The Life and Times of RBG, que publicó The NewYork Times en su colección de bestsellers.

Su férrea voluntad de trabajo en defensa de la igualdad de género, de los derechos de las mujeres y su combate contra todas las formas de discriminación, comenzando por los que sufren los trabajadores, las minorías y los inmigrantes, contrastaba con una apariencia física de fragilidad, acentuada a sus 87 años tras cuatro procesos de cáncer y un progresivo debilitamiento de la vista y del oído. Pero si hay un ejemplo contemporáneo en los EEUU de la mulier fortis, es precisamente Ruth Bader. Y no precisamente en el clásico papel conservador de la mujer invisibilizada en el hogar, sino en el de la jurista y ciudadana: militante de la Unión Americana por las Libertades Civiles -ACLU-, fundó en 1972 la sección dedicada a derechos de las mujeres, dispuesta a acabar con esa invisibilización, con la subordiscriminación que sufren las mujeres todavía en este siglo. En los años 70 y 80 defendió ante el TS seis de los principales casos de discriminación de género de los que ganó cinco, hasta conseguir que se aceptara que la misma enmienda que vetaba la discriminación racial debía prohibir toda forma de discriminación de las mujeres como inconstitucional.

RBG llegó al Tribunal Supremo de los EEUU a propuesta del presidente Clinton, en 1993, en sustitución de Byron R. White, quien había sido propuesto por el presidente John F. Kennedy y ejerció en el TS durante más de 30 años. El Senado confirmó el nombramiento en menos de dos meses, con 96 votos a favor y sólo 3 en contra. El último justice del TS nombrado a propuesta de un presidente demócrata había sido Thurgood Marshall, a quien propuso Lyndon B. Johnson en 1967. Mucho han calificado a Bader como la Thurgood Marshall del movimiento de derechos de las mujeres.

Como justice del TS, Ruth Bader cabe situar a Bader en la estela del legendario justice Holmes (“the great Dissenter”), por sus votos en disidencia de la mayoría conservadora del alto tribunal, en especial durante los años en que, tras la jubilación en 2006 de la primera mujer que accedió al cargo, Sandra O’Connor- con quien mantuvo una excelente relación dialéctica desde posiciones ideológicas alejadas-, se convirtió en representante casi en solitario de la lucha por la igualdad de género y por los derechos de las minorías, así como por nuevos derechos, también en el ámbito medioambiental.  Eso no le impidió votar junto a sus colegas conservadores cuando pensó que tenían razón: RBG probó un y otra vez que se guiaba por su independencia de criterio, no por banderías.

El estilo de sus resoluciones es proverbial: en lugar de un lenguaje complicado con largas subordinadas y términos alambicados, RBG procuraba emplear oraciones declarativas sencillas y desprovistas del tan abstruso como muchas veces incomprensible argot jurídico. En más de una ocasión declaró que en ello advertía la influencia de sus estudios de literatura con Vladimir Nabokov en Cornell. Con frecuencia, para presentar sus votos en disidencia, utilizaba un guiño gestual, incluyendo en la túnica judicial adornos llamativos e incluso lo que se llamó un «collar disidente”. Esos votos, que comenzaban con el I dissent -frecuentemente sin la mediación del obligado “respetuosamente”-, son un ejemplo de poderosa argumentación jurídica, que bien cabe situar en la tradición consagrada por Ihering de entender el Derecho como la herramienta “civilizada” de una lucha social, que es la lucha por el Estado de Derecho, la lucha por los derechos. Esos años, según reveló en una entrevista en 2014, fueron «sus peores tiempos»: “La imagen para el público que entraba a la sala del tribunal era de ocho hombres, de cierto tamaño, y luego esta mujercita sentada a un lado. Esa no fue una buena imagen para que la viera el público “. Hay que hacer notar que Obama consiguió que se nombrara a otras dos mujeres, de perfil progresista: Sonia Sotomayor en 2009 y Elena Kagan en 2010.

Contamos con numerosos testimonios audiovisuales de ese trabajo incansable de Ruth Bader. Mencionaré tres: el documental de Julie Cohen y Betsy West, RBG (2018); el biopic que le dedicó Mimi Leder también en 2018, On the Basis of the Sex (“Una cuestión de género”, se tituló en España) y una entrevista realizada por la profesora Ruth Rubio en el Instituto Europeo de Florencia, en 2016, que se publicó en el volumen 15, nº 3 (2017) de la revista International journal of constitutional law (págs. 602-620) y que es accesible en Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=qRqe43iwhbw).

Ojalá que las mujeres, que tuvieron en ella a una gran campeona, y el movimiento antirracista, encabezado por el BLM, pero que es clave también para la que es ya la primera minoría en los EEUU, los latinos, sepan recoger ese espíritu de lucha de RBG y empujar para conseguir apartar a Trump de la presidencia, el próximo 3 de noviembre.

Y ojalá que, pese a la ventana de oportunidad que se les abre a Donald Trump y al líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, para tratar de sellar casi definitivamente la mayoría conservadora en el TS, sustituyendo a Bader por un candidato conservador, los demócratas sepan imponer el criterio de coherencia con el precedente de lo que sucedió con Obama, al que los republicanos bloquearon el nombramiento de Merrick Garland, un juez blanco y moderado, que esperaba que fuera aceptable para los republicanos moderados, con el argumento de que no debía hacerlo en año electoral. De no ser así, la herencia de Trump podría alargarse hasta veinte años, pese a su eventual derrota. Sobre esa “nueva batalla que está dispuesto a librar con su habitual incontinencia el presidente Trump, recomiendo leer el análisis de un buen conocedor de la obra de RBG y del sistema constitucional norteamericano, el profesor Presno Linera (https://presnolinera.wordpress.com/2020/09/20/trump-y-el-tribunal-supremo-tercera-parte/). Trump se ha lanzado a por el botín: baste pensar en las candidatas que ha filtrado y que es evidente que tenía preparadas a la espera de un fatal desenlace de la enfermedad de RBG y que apuntan a la intención de Trump bien conocida, de modificar el derecho al aborto en contra de la famosa decisión Roe vs Wade. Esas candidatas son la juez conservadora y militante religiosa Amy Coney Barrett, de 48 años, la juez Neomi Rao de 47 o incluso la juez Allison Jones Rushing, que sólo tiene 38 años. Esto ofrecería una perspectiva de dominio del TS por parte del sector más conservador, por unos 30 años.

Por mi parte, creo que tienen toda la razón quienes como el editor de The Nation, Elie Mystal (https://www.thenation.com/article/politics/ruth-bader-ginsburg-dissent/) reclman una oposición frontal al intento de Trump, en honor de RBG y en defensa de la democracia. Y precisamente por eso me parece juiciosa la posición de quienes como los inspiradores de la campaña Take Back the Court, K Kendell y A.Belkin (a quienes se ha sumado el historiador Ibram X Kendi) sostienen que, en caso de que Trump y McConnell sigan adelante con su intento de reemplazar a RBG antes de la elección presidencial, la responsabilidad cae en el campo de los demócratas, sobre todo si Biden gana las elecciones. En ese supuesto, escriben en un artículo en San Francisco Chronicle, “to expand the Supreme Court is to expand Democracy” (https://www.sfchronicle.com/opinion/article/Expand-the-US-Supreme-Court-to-save-democracy-14418147.php). Si el intento de Trump fructifica, la única salida, en el caso insisto hoy aún dudoso de victoria de Biden, sería que el nuevo Presidente ampliase la composición del TS con al menos dos jueces más, para restablecer el equilibrio. Está en juego la democracia, nada menos.

Encaramos el último trimestre de este dificilísimo 2020 con retos de tal envergadura que sorprende que todos los que tienen responsabilidad de gobierno, los partidos políticos, los sindicatos y principales agentes sociales, no sean, no seamos capaces de saber priorizar lo que me parece imprescindible: las exigencias del sentido común. Exigencias que son, también, las exigencias del sentido de lo común.

Creo que, dejando aparte consideraciones de partido y legítimos cálculos políticos, la conferencia del presidente del gobierno en la Casa de América, en la mañana del lunes 31 de agosto, en la Casa de América, fue una apelación a actuar unidos, desde el sentido común y desde el sentido de lo común, es decir desde la prioridad del imperativo de lo que es común, lo que nos importa a todos los ciudadanos. Llamaré patriotismo a la lealtad a ese sentido común y de lo común. En aras de ese modo de entender el patriotismo, me parece que el sentido común dicta que el común de los ciudadanos necesitamos imperativamente instrumentos de respuesta adecuados para contrarrestar el impacto de las tremendas crisis que afrontamos, en el ámbito sanitario, en el de la educación, en el empleo, en la atención a nuestros mayores. Es decir, ante todo, para atender a los más vulnerables y que nadie se quede atrás. Y por eso puede decirse que, aunque contemos con los fondos europeos, una prioridad irrenunciable, imprescindible, que impone ese patriotismo es tener lo antes posible unos Presupuestos adecuados.

Desde ese sentido común y de lo común resulta evidente que cuanto planteamos con anterioridad a la pandemia debe ser revisado: va contra el sentido común intentar proyectos que no tengan en cuenta esta prioridad de prioridades. Eso significa, en primer lugar, que no podemos seguir prorrogando los Presupuestos del ministro Montoro, absolutamente ajenos a las crisis que nos desafían ya. Tampoco, y ya lo siento, puede servir el proyecto de Presupuestos que se estaba diseñando antes de la crisis de la pandemia y que respondía al acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos. El Gobierno de coalición debe encontrar, y apuesto que la encontrará, una propuesta acordada entre los dos socios, en la que tanto el PSOE como Unidas Podemos saben que deberán renunciar a algunas de sus prioridades, porque la prioridad que dicta el sentido común y de lo común en la profunda crisis sanitaria, económica y social que provoca la pandemia, es atender a las personas y grupos más vulnerables, para que no vuelva a suceder como en 2008. Por tanto, ese sentido común y de lo común hace ver también que los objetivos consignados en el acuerdo programático de gobierno de coalición ya no pueden ser condición irrenunciable, ante urgencias como la que tenemos delante. Estoy seguro de que ese patriotismo es el que va a mantener el PSOE. Y creo que también Unidas Podemos. En particular, confío en el patriotismo del partido comunista, como ya lo probó hace años, en otro momento decisivo. Y espero que En Comú Podem entienda estas razones y no obstaculice la negociación, es decir, que no se sume a la concepción de prioridades que coloca como condición sine qua non de toda negociación la discusión del derecho a la autodeterminación de Cataluña, una posición que, aquí y ahora y lo repetiré donde haga falta, a mi juicio, no sólo es errónea sino absolutamente carente de sentido político de izquierda.

La propuesta del Gobierno debe ser negociada con todos los partidos que estén dispuestos a dejar a un lado sus legítimos intereses –claro, partidistas– y la estrategia de derribar al Gobierno en el plazo más breve posible, para priorizar lo que necesitan los ciudadanos, en aras de ese sentido común y de lo común, que es como entiendo la apelación a la unidad. Insisto, en primer lugar, las necesidades de los que más están sufriendo esta crisis y desgraciadamente pueden quedar aplastados por ella. Por eso, no creo que la prioridad sea tanto sacar adelante unos Presupuestos «de izquierda», aunque sí, insisto, unos Presupuestos en los que queden suficiente y prioritariamente garantizadas las necesidades de los más vulnerables ante la crisis. Pero, al mismo tiempo, la llamada a la unidad no comporta un cierre sumiso de filas, un trágala. No: no se pide ni se debe pedir a nadie el abandono de la imprescindible labor de crítica, de negociación, de control. Es una convocatoria a negociar bajo un imperativo difícilmente discutible, casi categórico, el de lo que manda el sentido común, el sentido de lo público, la salud de los ciudadanos, que son el demos, el sujeto soberano.

Salvo milagro, no creo que el tercer partido del arco parlamentario, Vox, esté dispuesto a entrar en una negociación de este tipo. Su modo de entender el patriotismo no va por ahí, porque no parece que en él tenga cabida el respeto a quienes piensan diferente y reivindican que esa diferencia es la manera que tiene cada uno de entender el amor por su país y la solidaridad con los demás ciudadanos. Con Vox –ojalá me equivoque– no cabe pensar en la negociación, porque parecen creer que son los únicos que toman en serio el imperativo salus populi suprema lex esto, como también parecen creer que sólo forma parte de ese populus el que piensa como ellos.

Añadiré que, en mi opinión, salvo que se produzca un giro sustancial en su postura y estrategia, me parece muy difícil que se pueda contar como socios del proyecto de Presupuestos a ERC, aunque hayan sido socios de la investidura. Dejaré claro que preferiría contar con ERC como socios, pero han probado e insistido con tanta claridad en sus declaraciones que su prioridad de prioridades es el objetivo de la independencia y por eso su condición para sentarse a negociar los Presupuestos es esa, que creo que más vale creerles y no hacerse ilusiones. Su ideario no viene de ahora y es perfectamente legítimo, claro; nadie tiene derecho a extrañarse ni, faltaría más, a exigirles que lo abandonen. A mi juicio, está claro que su proyecto de independencia (ya, ahora) les sitúa, por definición, en una óptica diferente de los intereses comunes en España, aunque, a mi entender, no debería serlo –y menos aquí y ahora– que les resulten ajenos los intereses de todos los ciudadanos, comenzando por los más vulnerables. Pero si insisten en ponerlo por delante también aquí y ahora, y condicionar toda negociación presupuestaria a la negociación de su proyecto de autodeterminación, como hicieron en 2019, diré, con todo respeto, que se sitúan ellos mismos fuera del sentido político común y también, creo, del seny, en pos de una rauxa que me parece suicida para la inmensa mayoría de los ciudadanos. No pretendo, ni muchísimo menos, hablar en nombre del PSOE: no soy portavoz, sino un senador raso y encima independiente, por más que orgulloso de formar parte del grupo parlamentario socialista en el Senado. Pero dicho esto, creo que puedo afirmar que nosotros, en el PSOE, no estamos en eso, no podemos permitirnos estarlo. Porque nuestra prioridad es ese sentido común y de lo común, que obliga a poner por delante, aquí y ahora, lo que importa a la inmensa mayoría de nuestros conciudadanos (que lo son también de ERC), que es, insisto, cómo garantizar aquí y ahora los derechos de todos, comenzando por los que menos los tienen asegurados. Ojalá ERC pueda entenderlo así y recapacitar, más allá de la mirada a corto plazo, puesta en las elecciones en Catalunya y en su rivalidad con Junts per Cat. Entenderá el lector, por cierto, que, dicho todo esto, no gaste ni una línea más en explicar por qué no me parece posible negociar con los fieles del proyecto del ex-president Puigdemont. Y evidentemente tampoco en las CUP, a las que no interesa nada lo que entienden que no tiene nada que ver con ellos, esto es, los ciudadanos españoles: sigan sentando cátedra de lo que es una posición de izquierdas, mientras se desentienden de las necesidades de los conciudadanos en mayor situación de riesgo, porque son españoles.

Espero que Ciudadanos acuda a la negociación, tal y como proclaman, con el sentido común por delante –salus populi– y dejen de lado su legítima ambición de desgastar a Unidos Podemos a toda costa. Las señales que emite su portavoz, el diputado y abogado del Estado señor Bal, así parecerían confirmarlo. Ojalá que su líder, la señora Arrimadas, tenga ese sentido común y de lo común. Lo espero, sinceramente.

Y espero que así lo entiendan también los demás partidos para entrar así a negociar. Confío en el sentido común (más que en el sentido de lo común, la verdad), acreditado largamente por el PNV y por los diputados de Compromís, el Sr Baldoví, y del BNG, el Sr.Rego. Confío en el sentido común y de lo común demostrado por Más País-Equo y por los diputados Guitarte, Mazón, Quevedo y Oramas. Y confío en el sentido común y en el olfato político de EH-Bildu, ante la necesidad de estos Presupuestos.

Finalmente, ante esa negociación, creo que la responsabilidad del PP es extraordinaria: desde la modestia de mi condición de senador de a pie, permítanme que escriba que es la hora de demostrar hasta qué punto la prioridad del Partido Popular son los ciudadanos españoles, España, y no derribar a toda costa al Gobierno. No les pido que abdiquen de su condición de primer partido de la oposición. Les pido a los diputados y senadores del PP lo que les pide el presidente del Gobierno, que demuestren que son un partido de Estado y, sobre todo, un partido que entiende y practica ese patriotismo del sentido común y de lo común. Que prueben que les importa ante todo lo que importa al común de los ciudadanos, en esta hora, la más difícil que le ha tocado vivir a nuestro país en casi cien años.

Hay cierta prensa, cierta opinión pública y, desde luego, una parte muy importante de las redes sociales que postula para el ámbito de los políticos la identidad entre «ser popular», «aparecer todos los días en programas de radio y televisión y en las columnas de la prensa (incluidas las de chismes) y hacer el trabajo que a uno le toca hacer, es decir, analizar las situaciones, tratar de gestionar los problemas, e incluso adelantarse a ellos, negociar con todas las partes implicadas y decidir. Eso viene a cuento de la coincidencia en no pocos medios de comunicación de una crítica al ministro «Castells» como «desaparecido».

estoy convencido de que, como todos los máximos responsables de la acción de gobierno, el ministro Castells debe estar sujeto a control y se deben analizar, debatir y criticar con publicidad y libertad todas sus decisiones e intervenciones; también, en su caso, sus omisiones. Faltaría más. Todos los debemos hacer, con ánimo constructivo, máxime en las circunstancias que nos ha tocado vivir en 2020. Que no son las normales, por si hace falta recordarlo: y que no lo sean no es razón para reducir ni el control ni el diálogo, aunque evidentemente las circunstancias obligan a replanteamientos de las modalidades de llevarlo a cabo.

Pero me gustaría hacer un par de comentarios a propósito de la calificación de «ministro desaparecido», que se ha difundido por algunos medios.

Veamos: una cosa es estar permanentemente en el ruido mediático, en las tertulias y programas, y otra es no estar dispuesto e incluso tomar la iniciativa cuando se trata de comparecer en sesiones de control ante las Cámaras o de reunirse con los agentes de la política universitaria.

Respecto a lo primero, está claro que este ministro no tiene el estilo de ir de tele en tele, de tertulia en tertulia. Eso no quiere decir, por cierto, que no haya accedido a cuantas entrevistas se le han solicitado. Es una cuestión de hecho: no ha puesto ningún problema. Lo más importante para juzgar su tarea, a mi enteder, es si el ministro está al frente de la gestión que le corresponde, si lo hace con acierto y si responde y está dispuesto a responder de ello ante el Congreso y el Senado, en pleno y en Comisiones. También es muy relevante si tiene iniciativa en el diálogo con los sectores implicados en la Universidad.

Luego hablamos de si lo hace con acierto o no. Que el ministro responde, no rehúye ninguna pregunta y toma la iniciativa para comparecer, me parece más que probado. Tiene, por cierto, el récord de comparecencia en una Comisión del Senado: estuvo más de 8 horas hablando y contestando una por una a cuantas preguntas se le formularon, con réplicas y dúplicas. Yo fui uno de los testigos de esa Comision, en mi calidad de presidente de la misma.

Que ha tenido iniciativa para escuchar a los agentes de la Universidad, en particular a los estudiantes, a la CRUE y a los sindicatos, mientras fue posible hacerlo con normalidad (hasta Marzo y luego desde junio) me parece también probado. Quizá se puede criticar que se ha reunido menos con representantes de PAS y Profesorado (que no son sólo lo sindicatos, como éstos parecen entender). Obviamente, a no pocos (los sindicatos, por ejemplo y no sólo ellos) les habría gustado otro tipo de reuniones y sobre todo otro tipo de decisiones. Ahí entramos en el juicio sobre el modelo que propone el ministro y las prioridades que ha decidido en su actuación. Lo comento luego.

Que el Ministerio de Universidades tiene escasas y -al tiempo- complicadas competencias, no es un secreto para nadie. Ni el ministro, ni quien suscribe, ni tantísimos profesores, PAS, estudiantes, equipos de gobierno, rectores, etc, estuvimos de acuerdo con la división del Ministerio de Ciencia, innovación y Universidades Seguimos echando en falta el organismo de coordinación. Creo que tampoco hay que olvidar, cuando se debate su capacidad de liderazgo que si creo que debe tener el Ministerio, que, en aplicación de la distribución competencial y del principio de autonomía universitaria, el Ministerio no tiene tanto que decir sustantivamente, respecto al margen que corresponde a las CCAA y a los Rectorados.

Aun así, cabe la crítica. Yo mismo he opinado que ni las recomendaciones emanadas del Ministerio y luego acordadas recientísimamente en la Comisión delegada de la Conferencia de política universitaria, sobre el comienzo de curso 2020-21 en la Universidad, eran muy escasas y pecaban de ausencia de criterios claros sobre aspectos docentes a mi juicio cruciales. Añadiré de inmediato que reprocho lo mismo (incluso más, porque su responsabilidad es mayor al tener transferidas las competencias) a la conselleria de Universidades de la GVA que, a mi juicio, y a diferencia de la enorme tarea desplegada por la conselleria de Educación y sobre todo por el secretario autonómico Miquel Soler, sí ha estado ausente, limitándose a indicaciones generales sobre criterios de salud y aún más vagos sobre docencia, sin precisar el empleo de los 400 millones supuestamente dedicados a la Universidad. Del equipo de gobierno no se puede decir que no haya trabajado: ha emanado páginas y paginas de recomendaciones, pero, a mi modesto entender, si abordar ni dar criterio claro en los principales problemas. Quiza, en el caso de la conselleria, porque por estos pagos y en general, interesa mas lo de innovacion (y una peculiar concepción de la ciencia, que atiende casi sólo a la tecnología, sin haber entendido aún el papel de las Humanidades y las ciencias sociales; qué cruz!) que la Universidad, ya que lo primero da ruido mediático y permite sacar pecho de nuevas tecnologías y demás y lo de la Universidad es gestión «aburrida»: a discutir. Tengo excelentes compañeros universitarios y en las Cortes valencianas que piensan lo contrario, como mi apreciado Pedro Ruiz Castell. Ojalá me equivoque yo.

Termino: hay objetivos concretos del proyecto que tiene el equipo del ministro Castells que me parecen muy necesarios e incluso loables. Cinco concretos como muestra: eliminar la montaña de burrocracia que perjudica a la docencia y, sobre todo, a la investigación (por ejemplo en el disparate de las agencias de evaluación); resolver el problema de precariedad, injusticia e inadecuación en el que se encuentran los profesores asociados (lo que no significa que todos tengan que ser profesores estables; menos aún si se tiene en cuenta la perversión de la figura); adoptar medidas eficaces en la lucha contra la endogamia en la selección del profesorado; acabar con la indignidad del Reglamento de disciplina académica; incrementar la participación de los estudiantes. Añado: resolver de una vez el estatuto del PDI.

Otra cosa es que no veo que, en plena pandemia, sea el momento de correr por resolver esto último ni, menos aun una nueva Ley orgánica de Universidades. Tampoco estoy de acuerdo con el empeño en incorporar el modelo angloamericano, mediante la «doble carrera» de profesorado, duplicando por vía contractual a un profesorado cuya garantía de estabilidad reside sobre todo en el puesto estable y ene l actual sistema mixto, a mi juicio y en la simplificación de puestos y «carrera «, frente a lo cual la propuesta del ministro tal y como l conozco y entiendo significa acabar con dos puestos de contrato estable y multiplicar las figuras, justo lo que habría que evitar. En particular, lo de titulares y catedráticos laborales, aunque cuenta con la referencia en el modelo autonómico catalán, con el que el ministro y su equipo parece estar bastante de acuerdo (y del que yo discrepo en no pocos aspectos), me parece propio de otro sistema universitario que no tiene nada que ver con el nuestro y, a mi juicio, comporta más riesgo de endogamia que lo que trata de evitar.

De todo eso, se puede y debe discutir. Pero sin confundir a la opinión pública ni caricaturizar de forma absolutamente desproporcionada y a mi juicio injusta a un ministro y a su equipo, que trabajan en serio -según me consta-, sin tratar de estar todo el día, como decía una de estas celebridades televisivas, «en el candelabro». No hay que confundir trabajar con estar día sí y día también en los programas de Ana Rosa, Evole, en Al Rojo Vivo, el Intermedio o el Objetivo…Ese, sí, es otro mundo. No el nuestro. Al menos, no como entiendo yo la investigación y la docencia universitarias. Pero es que uno tiene ya una edad (como el ministro, por cierto)…