Es indiscutible la contribución de los movimientos sociales a la exigencia de tomar en serio el derecho a la vivienda como un derecho justiciable, una característica jurídica que hoy no tiene, porque el artículo 47 de la CE78 no le otorga ese rango, como sabe cualquier estudiante de primero de Derecho y cualquiera que haya leído con atención el título I de la Constitución, algo que parece que no han hecho las ministras y ministros de nuestro gobierno que han hecho pronunciamientos tan enfáticos como vacuos sobre la obligatoriedad  de  ese derecho en nuestro marco constitucional. Dicho ésto, es preciso reconocer que hay prestigiosos constitucionalistas, como Presno Linera, que argumentan detalladamente en a favor de una interpretación contraria a esa tesis (https://presnolinera.wordpress.com/2026/09/30/la-vivienda-en-la-constitucion-espanola/).
La clave ha sido el evento, muy difundido en los medios, del terrible desahucio a una anciana de 87 años, Maria del Carmen Abascal, aunque la verdad es que hemos vivido -y seguramente viviremos- otros desahucios mucho más terribles, sin el mismo eco. Digo la clave, porque esa difusión mediática ha contribuido no poco a poner el foco en una perspectiva emocional y de urgencia, características que no suelen ser buenas consejeras. la hora de legislar. Lo prueba la deficiencia técnica de los dos decretos (26/2026 y sobre todo, 27/2026) que el gobierno se apresuró a aprobar y que pocos días después fueron rechazados por el Congreso en una sesión extraordinaria convocada ad hoc.
Reconocer la razón que asiste a esta reivindicación urgente del derecho a la vivienda no significa necesariamente, a mi juicio, compartir la estrategia que están llenado a cabo esos movimientos, encabezados por el denominado «sindicato de inquilinas», cuyas dos portavoces no brillan precisamente (en mi opinión) por la sutileza de sus análisis y la carga argumentativa, aunque son tremendamente eficaces en los slogans y en la utilización emocional y sin matices -demagógica, también en mi opinión- de lo que es, sin duda, una crisis social y política que desnuda la ineficacia de la actuación de la mayor parte de nuestros dirigentes -estatales, autonómicos y locales-. Soy de los que sostienen que el derecho a la protesta  e incluso a la desobediencia es un derecho básico, sin el que ni la democracia ni los derechos pueden existir y lo he argumentado por extenso en un libro que titulé precisamente Decir No. El imperativo de la desobediencia. La acampada en Sol y en otras plazas, las manifestaciones en nuestras calles, son expresión de ese derecho.

Lo que más me preocupa en este momento no es si todo ello -con el argumento del rechazo a los dos decretos y la ventana de oportunidad estratégica que se abre con ello para el PSOE y para la izquierda- conducirá a convocatoria anticipada de elecciones, sino cómo se gestiona toda esa rabia social. Conste que no lo digo por los incidentes vividos en la manifestación del sábado en Valencia (la única que se sepa que ha tenido esas características), donde se sumaron las acciones de algunos provocadores con una cuestionable respuesta de la policía, aunque no quepa ignorar que los heridos los ha puesto precisamente la policía. Pero son incidentes aislados.

No, me preocupa lo que considero grave irresponsabilidad política, esto es, el aliento de una estrategia de confrontación y el fomento de una lógica populista, que renuncia a la política institucional. Puedo entender que la enorme frustración de centenares de miles de jóvenes lleve a las referidas portavoces del sindicato de inquilinas a excesos verbales que deploro, pero que, como digo, comprendo. Por más que lo considere un error, puedo entender también que desde ese movimiento se entiendan agotadas las vías institucionales y se recurra a la convocatoria de una huelga general. Lo que no puedo entender ni menos aún justificar es que algunos experimentados dirigentes políticos y sindicales apoyen sin matices esa convocatoria o, lo que me parece peor, como ha hecho el exalcalde Ribó, se apunten a esa estrategia de descalificación y confrontación, en lo que se parece mucho a un intento de capitalizar el movimiento y usarlo partidariamente. Ribó ha asegurado -cito textualmente-. «en vivienda, la gente pide ir por las bravas: menos palabras y más hechos». Así, se apunta a la vía de la confrontación social, con el agravante de que, en sus años de alcalde, brillan por su ausencia las medidas de política de vivienda como las que él y muchos otros ponen como ejemplo a seguir, las adoptadas en Viena. Cero autocrítica y un tufo demagógico que me parece , insisto, rechazable.

La primera y fundamental evidencia es que no hay soluciones sencillas, ni inmediatas para una cuestión tan compleja como la de la vivienda, por más que resulte insoportable seguir sin actuar. La urgencia es indiscutible, pero me parece que resulta mala consejera.

A quienes tratan de encontrar soluciones que no pasen por imponer «a las bravas»  la ley de la calle (y no es cuestión menor preguntarse si esa calle que se manifiesta en una buena parte de nuestras ciudades es representativa de la mayoría de los ciudadanos, por más que las encuestas de urgencia así parecen indicarlo), les sugiero leer una interesantísima, lúcida y muy pesimista entrevista al geógrafo Brett Christophers, que publicó en 2025 un libro excelente con un título muy expresivo, «Nuestra vidas, en sus carteras de inversión», en la que  explica por qué en este modelo de capitalismo no puede existir un derecho a la vivienda como derecho exigible, y que se puede leer en el suplemento Ideas de El País de hoy (https://elpais.com/ideas/2026-10-01/brett-christophers-geografo-economico-en-el-capitalismo-contemporaneo-el-derecho-a-la-vivienda-no-existe.html).

La conclusión es que esta es una lucha a más amplio plazo de lo que deseamos. Es verdad que las administraciones locales, autonómicas y el gobierno de España pueden y deben adoptar medidas urgentes y a muy corto plazo, siguiendo ejemplos de ciudades y países europeos. Mazzucato con cuya tesis de que el derecho a la vivienda es la base de todos los demás no estoy de acuerdo (es una condición importante para la autonomía personal, pero no la base de todos los derechos) ha propuesto, por ejemplo, configurar de antemano el mercado de la vivienda, imponer condiciones a los promotores, poner freno a los especuladores y desarrollar un mercado de vivienda social tan grande como para imponer los términos de la construcción, como en Viena (https://elpais.com/ideas/2026-10-03/mariana-mazzucato-economista-la-vivienda-es-un-derecho-humano-y-la-base-de-todo-lo-demas.html). Para más pista, basta con leer las recomendaciones que ha dirigido a España, en materia del derecho a la vivienda, el Comité de derechos económicos, sociales y culturales de la ONU (https://www.housingrightswatch.org/sites/default/files/Recomendaciones%20UN%20a%20Espa%A4a%20Derecho%20Vivienda.pdf).

Pero el verdadero cambio exige reformas estructurales de envergadura:  en nuestro caso, a mi juicio, una reforma constitucional que defina el derecho a la vivienda con el mismo tipo de protección y justiciabilidad que los derechos reconocidos en los artículos 15 a 29 de la Constitución. De mayor envergadura aún es la exigencia sobre la que llama la atención Chirstophers: el modelo imperante de capitalismo extractivo y depredador es incompatible con reconocer y garantizar ese y otros derechos: esa es, evidentemente, tarea a más largo plazo. 

Un debate que tiene un alto coste institucional

La escenificación del debate y su contexto partidista

Es indiscutible que recientes decisiones de algunos de los magistrados que componen los tribunales de justicia de mayor rango han provocado que tertulianos, opinadores, expertos y también ministros anden enredados con la vieja cantinela de la dikastocracia, eso es, el gobierno de jueces, como un riesgo mayor para la democracia y el Estado de Derecho. Es esta una amenaza que renueva el tan traído argumento del lawfare, campo en cuyo dominio teórico y práctico sobresale el ínclito jurista, implacable debelador de plumillas traicioneros, exalcalde de Valladolid y experto en Fórmula 1, además de ministro de los trenes cuando la atención a las redes y a las batallitas dialécticas le dejan tiempo, el señor Puente.

Uno sabe que eso es lo propio de lo que algún pedante -por ejemplo, quien suscribe- llamaría nuestro degradado Zeitgeist, el de la política espectáculo sometida a las exigencias de las redes sociales. Pero es que, en la guerra de excesos que estos días ocupa a unos y otros a propósito de un auto del Tribunal Supremo me ha descorazonado que la respetada Mariam Martínez Bascuñán, reconocida politóloga, asegurara en la tertulia de Hora 25 que el Tribunal Supremo (sic) lleva años en política, al menos desde que se sintió guardián de la esencia de España, atacada por el procés. 

Sin duda, se trató de un lapsus, porque es imposible que alguien con conocimiento y sentido común atribuya a todo el Tribunal Supremo -74 magistrados de muy diverso pelaje jurídico e ideológico- formar parte de consuno de una conspiración contra el gobierno, como sostienen desenfadadamente algunos ministros, o la portavoz del PSOE. Muy probablemente, la profesora de la Autónoma pensaba en los magistrados de una determinada sala del TS, como la de lo Penal. Pero el problema es que ese tipo de afirmación ligera, en un medio de gran audiencia, induce a la opinión pública a un error de calibre, esto es, confundir a varios magistrados -por relevantes que sean- con una institución como el Tribunal Supremo, sin la que el Estado de Derecho no puede mantenerse. El daño institucional al propio Estado de Derecho me parece grave.

Pero volvamos al tópico de la amenaza del gobierno de jueces, o del deslizamiento de un Estado de Derecho a ese gobierno de jueces.

Hechos e hipótesis

Es difícil, insisto, discutir la evidencia: hay algunos magistrados de alto rango que parecen empeñados pertinazmente en discutir la legitimidad democrática del gobierno de coalición y que tratan incluso de torpedearlo mediante decisiones jurisdiccionales que implican la negación de la legalidad de normas jurídicas emanadas del Gobierno (decretos, órdenes ministeriales, instrucciones) o, lo que es aún peor, del poder legislativo -leyes-. Por tanto, habría que concluir que algunos de esos magistrados de alto rango estarían también empeñados en saltarse la división de poderes, mal que le pese a la presidenta del TS y del CGPJ, la magistrada Perelló, quien, por cierto, mostró escasa capacidad de autocrítica en la apertura del año judicial.

Ese empeño llega hasta el bloqueo de la aplicación de leyes cuya legitimidad democrática es indiscutible, en la medida en que han sido aprobadas por las Cámaras, aunque tengan para esos magistrados la mancha insoportable de haber surgido de la iniciativa parlamentaria de los grupos que sostienen al Gobierno. En su irredento propósito, tales magistrados coinciden con la estrategia adoptada por el partido Vox y también cada vez más por el PP, hasta tal punto que más que jueces parecen militantes activistas de tales partidos: parece que usen su función jurisdiccional para hacer política de partido. En ese contexto, por ejemplo, que un buen número de magistrados, revestidos de sus togas, se manifestaran a las puertas de los tribunales en contra de un proyecto de ley (el de amnstía), me pareció una actitud irresponsable y poco respetuosa con la división de poderes.

Pero, en cualquier caso, y esto es lo que quiero subrayar, hablamos de algunos magistrados, por importantes que sean. No hablamos de instituciones, como el Tribunal Supremo, ni, menos aún, de lo que llamamos el poder judicial, que hacen vivo día a día varios miles de jueces y magistrados.

Sea como fuere, esa constatación da pábulo a que, en determinados círculos doctrinales, jurídicos, mediáticos y políticos (muchas veces no es fácil distinguirlos) se insista en un fenómeno que no es la primera vez que se denuncia, el deslizamiento del Estado de Derecho al Estado de jueces, al gobierno de jueces. Pero es que, del otro lado, se maneja esa posibilidad como un remedio, incluso como el gran remedio a los males que aquejan a nuestro Estado de Derecho. Por ejemplo, cuando desde no pocos medios y, desde luego, por parte del PP, se insiste en que la última esperanza, el último reducto del Estado de derecho y de la democracia, hoy, sería el poder judicial, entendido en su sentido más corporativo y enfrentado con el gobierno y aun con el legislativo. De donde, por ejemplo, el empeño en que el CGPJ debe ser elegido únicamente por los jueces, porque los jueces deben estar gobernados por los jueces, un argumento aparentemente de Perogrullo, que ignora el diseño constitucional de ese órgano de gobierno y el obvio argumento de que la soberanía popular, la legitimidad democrática, encarna en las Cámaras, no en los jueces.

Un excursus académico: antecedentes de la hipótesis del gobierno de jueces

Como profesor de Derecho, me veo obligado a la referencia académica, por la que pido disculpas. Así, tendré que recordar que el riesgo de propiciar un “gobierno de jueces” no viene de ahora, por más que algunos hayan desempolvado una monografía de Bernd Rüthers sobre la revolución silenciosa que llevaría del Estado de Derecho al Estado de jueces (Die Heimliche Revolution vom Rechtstaat zum Richterstaat), publicada en 2014. 

En realidad, la tesis del deslizamiento del Estado de Derecho a un Estado de jueces no es una novedad entre juristas críticos alemanes: ya Henning publicó en 1962 un trabajo con el título Rechtstaat und RichterStaat (revista Jahrbuch für Christliche Sozialwissenschaften) y, sobre todo, René Marcic, estudió y advirtió sobre el fenómeno en su fundamental ensayo de 1957 Vom GeesetzStaat zum RichterStaat. Pero no nos quedemos en los alemanes: se cita siempre como precedente más claro el ensayo de 1921 del profesor de Historia del Derecho de Lyon y experto comparatista francés Édouard Lambert Le gouvernement des juges, un ensayo que a su vez toma prestado el concepto enunciado por el juez norteamericano Walter Mackenzie Clark, en un discurso pronunciado en 1914 y publicado con el título Government by judges, en el que denunciaba la usurpación de la voluntad del pueblo soberano por la de los jueces. Pero en esta disputa jurídicoacadémica francoalemana habría que acabar reconociendo que la denuncia de este riesgo tiene mucho que ver con la concepción del Derecho sostenida a finales del XIX y principios del XX por el conocido como Movimiento del Derecho Libre (FreiRechtsBewebung), o Escuela del Derecho libre, con figuras como Ehrlich, Kantorowicz o Fuchs, que reivindicaban la superioridad de un “Derecho vivo”, el que es fruto de la libre interpretación que llevan a cabo los jueces, frente a un Derecho de letra fosilizada, el de leyes generales y antiguas…

Si lo pensamos con calma, en el fondo y como en tantas otras ocasiones, este es un debate que perfectamente puede remontarse a Platón y a la disputa sobre el gobierno de los hombres (filósofos/sabios/expertos o técnicos) frente al gobierno de las leyes. Nihil novum sub sole, salvo para quien piensa que lo novedoso es lo que se publicó ayer, en inglés.

Recordando principios elementales

Concluyo. En mi opinión, afortunadamente, ese riesgo del gobierno de jueces está lejos de ser una amenaza real. En cualquier caso, creo que lo importante de todas estas peripecias son algunas tesis que conviene recordar: para empezar, que la separación de poderes es condición sine qua non del Estado de Derecho. El poder judicial tiene como función dirimir los conflictos, guiado por el imperio de la ley y la garantía de los derechos y ello incluye el control de los actos y decisiones de la Administración para comprobar si son conformes a Derecho. Por supuesto, las decisiones de los jueces son criticables, como también son revisables mediante la cadena institucional de recursos jurisdiccionales.

Pero la separación de poderes exige que no se entre en descalificaciones del poder judicial y de sus instituciones por parte del ejecutivo o del legislativo, como también exige que los jueces se abstengan de suplantar las funciones de los otros dos poderes.

Por último, es importante recordar que los jueces -y también su gobierno- obtienen su legitimidad del desempeño de sus funciones conforme a lo que establecen las leyes, lo que no significa una aplicación mecánica, porque todo acto jurídico lleva consigo argumentación e interpretación. Quienes tienen legitimidad para establecer las leyes son los diputados y senadores elegidos por el pueblo como sus representantes y que, por ello, encarnan la voluntad del soberano, que son los ciudadanos, no ningún funcionario del Estado, por imprescindible y noble que sea su función.

He tenido la suerte de asistir durante unos días a la 19ª edición del Festival Internacional de Cine de Bueu (FICBUEU). En su sesión inaugural, los organizadores tuvieron el acierto de proyectar un desasosegante corto del director y guionista de cine húngaro, Béla Tarr. Se trata de Prologue, un film de 5 minutos de duración, rodado en un plano secuencia, que es la contribución de Tarr a la película colectiva Visions of Europe (2004). Un corto premonitorio, que parece haber sido concebido para explicar la barbarie a la que asistimos hoy, in crescendo, en territorio europeo. Tarr utiliza en cierto modo la capacidad catárquica que tiene enfrentar al violento con su propia violencia, el recurso que utilizó con éxito Gandhi en su estrategia de no violencia, con la misma mecánica de la que se aprovecha el jiu-jitsu, tal y como se revela en los últimos segundos de su corto (está disponible en abierto en https://www.facebook.com/watch/?v=828290370660250 y recomiendo encarecidamente su visionado).

Quiso el azar que, ese mismo día, Sami Naïr publicara un artículo sobre la crisis de Ceuta (https://elpais.com/ideas/2026-09-04/el-momento-ceuta-y-la-trampa-que-europa-se-tendio-a-si-misma.html?ssm=TW_CC), en el que dejó escrita su preocupación por “el desarrollo de un clima cultural en los países europeos asediados por los nuevos bárbaros”, algo que entronca bien con la visión de Tarr.

Todo ello me hizo preguntarme si se ha hecho cierta la interpretación que ha sostenido cierta tradición liberal democrática, acerca del viejo dictum de Tocqueville sobre democracia y barbarie, en las páginas finales de su La democracia en América. Conforme a esa interpretación, lo que más importa al liberal que es Tocqueville es subrayar el riesgo de la tiranía de la mayoría, en coincidencia con la interpretación que hizo a su vez Talmon de las tesis de Rousseau sobre la volonté générale como expresión genuina de la democracia, para denunciar la amenaza de una “democracia totalitaria”, que conduciría a la barbarie (me refiero a su ensayo de 1952, Los orígenes de la democracia totalitaria). Esa preocupación coincidiría con la que a muchos nos provocan las demagógicas tesis populistas al uso, que en realidad abominan del espíritu democrático, tanto como abjuran del leit motiv básico de limitación del poder a través de las normas, procedimientos e instituciones del Estado de Derecho, que esas tesis populistas tienden a minusvalorar o ridiculizar, si no a execrar, como lo muestra continuamente su exponente, Trump.

Me temo que, aunque aleccionadora y de gran potencia pedagógica, esta crítica visión de Europa que nos ofrece Tarr no sea suficiente hoy frente a la grave amenaza que los europeos tenemos que afrontar. Y no me refiero sólo a la más que preocupante noticia de los resultados de la extremista AfD en el Land  Sachsen-Anhalt, sino a lo que los sondeos parecen pronosticar en buena parte de los procesos electorales que tendrán lugar en la UE en 2027. Esta vez, los nuevos bárbaros no son una pesadilla a nuestras puertas: están ya dentro y van ganando poder.

Ese aumento progresivo de crueldad, violencia, discriminación y deshumanización del otro al que asistimos hoy, tiene como exponente político el slogan difundido desde la misma AfD, la Reemigración (Rückwanderung, Fremden raus!), convertido en el sueño húmedo de la extrema derecha europea: expulsar a todos los inmigrantes, un desiderátum que ya se ha encarnado en no poca medida en el Reglamento europeo de retorno, aclamado al grito de Send them back! en el Europarlamento, por los grupos parlamentarios de extrema derecha, con la complicidad, al menos por omisión, de buena parte de los de derecha conservadora europea. Un proyecto reverdecido estas semanas por el seudopatriotismo españolista, con motivo de los acontecimientos de Ceuta, que exige expulsiones inmediatas y sin procedimiento, una pretensión que fue propiciada por unas torpes declaraciones iniciales del ministro de exteriores, que quería enviar un mensaje de firmeza.

Como digo, esa mancha que se extiende por Europa, ha emergido en ciertas interpretaciones del episodio de Ceuta que me parecen emblemáticas de esa lógica de la democracia excluyente, el proyecto político que Habermas criticó al hablar del chauvinismo del bienestar, uno de cuyos síntomas es la precarización de los y las inmigrantes, convertidos en herramientas, como lo ejemplifica con toda claridad el mal llamado trabajo doméstico o los servicios de cuidado, en los que se subemplean millares de mujeres y que es el coste humano que permite la emancipación de las nuestras y de todos nosotros, los europeos. Pero lo que me parece más preocupante es que, detrás de una parte de ese patriotismo agresivo que exhiben algunos de los que acuden a las manifestaciones, en Ceuta y en muchas ciudades españoles, no resulta difícil advertir una pulsión racista y criminalizadora hacia los inmigrantes.

Es la razón que me hace volver a algunas de las páginas clave del imprescindible ensayo de Simone Weil, La Ilíada o el poema de la fuerza, que conviene releer en este verano en el que la opinión pública ha tenido como centro de atención y debate la interpretación de la versión del cineasta Christopher Nolan sobre la Odisea de Homero.

Uno de los puntos de ese debate era lo que se presenta en el guión de Nolan como violación radical de la “ley de Zeus”, esto es, la xenia (Ξενία), el principio de hospitalidad hacia el extranjero, que se habría infringido gravemente con ocasión de la guerra de Troya. De esa manera, según parece proponernos el cineasta, se habría introducido el fin de un modelo de civilización que, al menos in nuce, contenía el germen de una sociedad abierta, por utilizar la conocida fórmula introducida por Bergson y desarrollada por Popper.

Pero lo cierto es que, aunque la mejor Atenas instituye un modelo que es el embrión de democracia, en el ámbito deliberativo de la asamblea, Atenas estaba muy lejos de lo que entendemos por una sociedad abierta. No digamos nada de Esparta, ni menos aún de lo poco que sabemos de Troya, idealizada por Nolan para justificar la malheur de conscience de Ulises, el leit motiv de su Odisea. Atenas estaba muy lejos de lo que entendemos por una sociedad abierta. Se trata de un modelo de ciudad-Estado basado en la exclusión de una gran parte de la población y que se empeña en dejar en los márgenes a los extranjeros. Por esa razón, hace ya treinta años califiqué como síndrome de Atenas la tendencia creciente de los gobiernos de la UE a amurallarse como paraísos democráticos en decadencia, frente a la amenaza de las migraciones, aunque al mismo tiempo necesitan a esos inmigrantes como ciudadanos de segunda clase, para realizar los servicios que requieren los europeos, que parecemos cada vez más un club de elitistas jubilados. De ese modo, quería advertir, la UE estaría recuperando el modelo de democracia con altas cotas de exclusión institucionalizada que encontramos en aquella espléndida Atenas (cfr. “Europa: el síndrome de Atenas”, https://elpais.com/diario/1997/12/29/opinion/883350007_850215.html).

Pues bien, a mi juicio es ese mainstream europeo, más incluso que la intrusión masiva de personas que transgredieron la frontera de Ceuta, lo que amenaza el modelo de sociedad abierta que era la ciudad de Ceuta y que podría ser un ejemplo, un antídoto para la amenaza de los bárbaros, en España y en Europa.

Recordaré que lo que sí encierra la historia que nos narra Homero en la Ilíada es la potencia del sentimiento de piedad y empatía por quien sufre, el antídoto al motivo mismo del poema, tal y como nos lo propone el primer verso del canto primero: canta, oh diosa, la cólera del pélida Aquiles. Porque, como explica Simone Weil, si bien la Iliada es un poema de cólera y fuerza, la que embarga a Aquiles contra Agamenón cuando éste le arrebata a Briseida y le hace apartarse de la guerra, la misma que le domina una vez más tras la muerte de su amado Patroclo a manos del héroe troyano y le hace volver a la guerra, pero con un motivo privado (algo que, curiosamente está bien reflejado en Troya, la versión que rodó W. Petersen en 2004), esa cólera, lo digo con Weil, tiene un contrapunto precioso en el famoso pasaje en el que Príamo suplica a Aquiles que le permita enterrar los despojos de Héctor y lo consigue. La piedad ante el sufrimiento del otro, nos hace ver Weil con Homero, se impone así a la crueldad, la violencia, la discriminación y deshumanización del otro, que son las pulsiones básicas de la barbarie.

Pero la apelación a la piedad, a la empatía ante el sufrimiento y desvalimiento de los otros, aunque condiciones necesarias para contrarrestar la narrativa tóxica de deshumanización del otro, no parecen hoy suficiente barrera contra la barbarie, contra esa crueldad que se extiende como una mancha metífica por toda Europa, y que hemos visto que amenaza romper la tradición de modélica convivencia de las cuatro culturas en la ciudad de Ceuta. No basta con ellas frente a las consignas de odio, frente a la deshumanización del otro inmigrante, incluso si ante todo es un adolescente o un niño, como reflejó el espantoso titular del reportaje de la periodista Laura Garófano en el diario El Español, al dar la noticia de la muerte de un joven marroquí de 17 años, enfermo crónico de diabetes, en el centro de menores de La Esperanza, en Ceuta: “La muerte de un invasor con diabetes y la huida de otro con varicela, últimos síntomas de la crisis sanitaria en Ceuta”( https://www.elespanol.com/reportajes/20260904/muerte-invasor-diabetes-huida-varicela-ultimos-sintomas-crisis-sanitaria-ceuta/1003744372202_0.html).

No: creo que es es el momento de oponer la barrera más fuerte que ha creado nuestra civilización contra la crueldad, la violencia y la discriminación. La barrera del Derecho, con todo su monopolio legítimo de la fuerza, para sancionar, incluso duramente, comportamientos que afrentan a la humanidad como civilización. Por eso, hoy, todos debemos ser conservadores: poner pie en pared para preservar el Estado de Derecho, en Ceuta, en España, en Europa. Para controlar los excesos del poder, del poder de allende nuestras fronteras y del propio. Para exigir responsabilidades y sancionarlas, sin algaradas ni hipérboles apocalípticas, sino con la fuerza tranquila del Derecho. Y desde esa base, siempre bajo el control del Estado de Derecho, es como debemos recurrir también a una política de defensa europea, autónoma y que, como ha explicado reiteradamente Jesús Núñez Villaverde, sin ser necesariamente belicista, sea lo suficientemente firme como para contrarrestar las amenazas reales de rango bélico a las que tenemos que hacemos frente.

Supongo que, como a muchos otros, me ha llamado la atención la coincidencia de los acontecimientos del 30 de julio de 2026 en Ceuta, con el hecho de que haya sucedido en un verano en el que la opinión pública tenía como centro de atención la interpretación de la versión del cineasta Christopher Nolan sobre la Odisea de Homero. Uno de los puntos de debate era lo que se presenta en el guión de Nolan como violación radical de la “ley de Zeus”, esto es, la xenia (Ξενία), ley de hospitalidad hacia el extranjero, que se habría violado gravemente con ocasión de la guerra de Troya y, con ello, según nos propone, el fracaso de un modelo de civilización, el que podría haber sido una sociedad abierta, como la teorizada por Bergson y que desarrolló el famoso ensayo de Popper.

Por supuesto, en el marco de esta reflexión, por fuerza breve, no entraré en la compleja discusión del principio de hospitalidad, que arranca de la Grecia clásica y desemboca en Kant y su formulación de la ley de hospitalidad universal, y en su su relación con las políticas migratorias y de asilo. Es claro que hay una fuerte tensión entre la disposición de acogida y el derecho a la libre circulación de personas de un lado y, de otro, la imposición realista que nos obliga a reconocer que ningún país -tampoco los de la UE, que sigue siendo un espacio envidiable de libertad, seguridad y justicia- está en condiciones de acoger a todos los que huyen de guerras y persecuciones o simplemente pretenden encontrar una vida mejor. En ese enfrentamiento entre el principio de hospitalidad y las exigencias del realismo, cada vez más la UE se inclina por la segunda opción. También nuestro país, pese a que el gobierno de coalición ha mantenido elementos de apertura de la gestión migratoria que tratan de ser fieles a la primera opción. Pero los recientes anteproyectos de reforma de la Ley de Extranjería y de la de Asilo parecen mostrar que retrocedemos, ante la presión de nuestros socios europeos y de la propia UE .

En lo que sigue, apuntaré algunas preguntas, y unas pocas respuestas que nos ayuden a entender, un mes después, los acontecimientos de Ceuta, esto es, la intrusión masiva de un número de personas que se calcula entre 70000 y 80000, que atravesaron la frontera de Ceuta, y han provocado, como han escrito Jorge Dezcallari y Joan Romero, una policrisis, una crisis multifactorial y multidimensional: política, social, sanitaria, humanitaria y de seguridad, que afecta al estatuto de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y a los territorios de soberanía española en el Magreb. Una crisis también europea, pues las fronteras de Ceuta son fronteras europeas y Ceuta y Melilla tienen un tratamiento específico en el Tratado de Schengen, a partir de la declaración adicional sobre Ceuta y Melilla aneja al Acuerdo de Adhesión , y en el artículo 41 del Código de fronteras de Schengen, algo que nuestros socios europeos han fingido ignorar, muy en particular los gobiernos de Italia y Dinamarca y amenaza la unidad europea.

¿Podemos determinar qué agentes tienen responsabilidad en la quiebra de la frontera de Ceuta el 30 de julio de 2026?

Con los datos de los que disponemos, creo que lo que podemos establecer no es tanto la responsabilidad directa de Marruecos en esa violación masiva -y pacífica- de la frontera de Ceuta el día 30 de julio (pienso en la responsabilidad del majzén, de los servicios de marroquíes de inteligencia, de su gendarmería), sino sostener la verosimilitud de la hipótesis de que, sin el conocimiento por parte de Marruecos de lo que se preparaba, sin la omisión de medidas de control en la parte marroquí de la frontera, en esos dos días, es imposible que pasara un acontecimiento de esas dimensiones (en torno a 80000 personas, familias enteras incluidas; la mayor parte, marroquíes). El papel de los servicios de inteligencia marroquíes es una de las claves que debemos tratar de establecer.

En ese sentido, creo que hay una conjunción de factores, por acción y omisión, dejando claro que, a mi juicio, hay una responsabilidad primaria de Marruecos que me parece indiscutible, pese a la reiterada negación por parte del gobierno español, una negativa que se explica por la imposición de la lengua de trapo diplomática a la que nos obliga nuestra condición de esclavos de la geografía, esto es, la condición de Marruecos como un “socio” tan inevitable, como poco fiable. Hay que tener en cuenta que, frente al relato que habla de una movilización “espontánea” de tantos miles de personas (es algo difícil de creer que 80000 personas se pongan de acuerdo espontáneamente en acudir a Ceuta en el mismo día), hay datos que ponen de relieve una organización, como los autobuses en los que llegaron muchas de esas personas. La hipótesis de la responsabilidad de las mafias choca con una interrogante clara, la del cui prodest: ¿qué ganaban las mafias introduciendo gratis a 80000 personas en Ceuta?

En todo caso, es cierto también que el retorno voluntario de la inmensa mayoría de los ciudadanos marroquíes (unos 70000) al día siguiente, no es explicable por órdenes de las mafias, sino por iniciativa de Marruecos, a instancias, claro de nuestro gobierno. Ese retorno pudo dar lugar al espejismo en que incurrió nuestro gobierno, de creer que la crisis estaba superada y seguramente explica también su inacción en las primeras semanas, en las que se perdió un tiempo precioso para atajar la crisis subsiguiente en Ceuta.

Dejando esto sentado, diría que también desempeñaron un papel (creo que de menor importancia) los agentes que difundieron en redes los bulos de que la frontera por mar estaba abierta y convocaron a esa entrada masiva (quince días después se repitió en redes la convocatoria para otra entrada, el 15 de agosto y, en ese caso, la actitud de Marruecos fue bien distinta, de modo que se probó su capacidad de control). Que estos agentes estuvieran ligados a las mafias es posible, como lo es que estuvieran vinculados a boots interesados en quebrar la unidad europea y la imagen de España. En ese sentido, no es posible descartar el interés de los EEUU de Trump y de Israel en ese doble objetivo: erosionar la imagen de España y sembrar desunión en la UE a cuenta de un asunto tan complicado hoy como la política migratoria y de asilo. Que las señoras Meloni y Frederiksen, con el seguidismo de los gobiernos conservadores de Suecia y Finlandia, aprovechen para meter el dedo en el ojo del gobierno español (eso sí, a posteriori), muestra el éxito de esa estrategia.

He leído recientemente un provocador e inteligente ensayo en de Ismael Crespo Amine, “El rito de Ceuta”, en el que propone una interpretación de corte antropológico, que me parece verosímil, aunque yo no la calificaría del factor desencadenante de los acontecimientos, pero sí coadyuvante: se trata de proponer que, en medio de la evidente crisis social que se vive en Marruecos, pese a sus innegables y muy considerables logros en términos de desarrollo económico, para muchos jóvenes esta convocatoria era el rito de paso con Europa, un desafío personal que también mostraba el atractivo que sigue teniendo para ellos Europa, cuya imagen conocen perfectamente a través de la televisión y las redes, al tiempo que el cierre de expectativas de una vida mejor, como la que ellos ven en Europa (por muchos matices que haya que poner a esa visión)

¿Se puede afirmar que lo que se vivió forma parte de una guerra híbrida?

Para sostener esa tesis inequívocamente, tendríamos que aceptar que, en efecto, Marruecos es el único responsable de ese asalto masivo (y pacífico), que recuerda más a la marcha verde que al salto de 2021. Sí se puede argumentar que, al menos en las consecuencias, hemos vivido un ejemplo de utilización de desplazamientos masivos de inmigrantes, conducidos de modo forzoso desde países enemigos de Europa hacia territorio europeo, que tiene precedentes, en Polonia y Finlandia, por ejemplo, por parte de Bielorrusia y Rusia. El hecho de que Ceuta viva hoy una situación enormemente complicada y desestabilizadora, prueba el éxito, al menos parcial, de esa estrategia de guerra híbrida que se sirve de movimientos masivos de población y que en el caso marroquí, a diferencia de los de Bielorrusia y Rusia, utiliza a sus propios nacionales como carne de cañón en esa estrategia. Es en definitiva, una paradoja: nosotros mismos hemos incentivado con nuestras políticas que los países del sur recurran a lo que Jomo Keniata definió en los 50 como “el arma de los pobres”, la demografía, siguiendo las tesis descritas en Population Bomb, el ensayo de 1968 de Paul y Anna Ehrlich.

¿Qué relación tiene lo sucedido don las políticas de externalización de fronteras?

Aunque creo que no se puede hablar de consecuencia directa, está claro que la estrategia de externalización que practica cada vez más la UE tiene que ver. Recordaré que la iniciativa de Meloni, frenada por sus jueces respecto a Albania, ha sido en algún modo refrendada en el Reglamento Europeo de Retorno, que tiene su claro antecedente en la malhadada Directiva de retorno de 2008 -conocida popularmente como la Directiva de la vergüenza– que se aprobó en el Parlamento europeo al grito de Send them back!, proferido por los partidos de extrema derecha en el hemiciclo).

Se trata, como es sabido, de asociar en la política de policía de fronteras a países terceros, de origen o de tránsito de los movimientos migratorios, que además no son democracias estables, ni aun siquiera Estados de Derecho (Marruecos, Mauritania, Túnez…), en aras de la securitización de la política migratoria, obsesionada con actuar sólo en ese momento del proceso migratorio que es el cruce de las fronteras, y que abre la puerta a este tipo de consecuencias.

En cierto modo esto da la razón a la tesis de Wendy Brown sobre la paradoja aparente de que cuanto más se amurallan los Estados, más muestran su incapacidad de ser soberanos en asuntos que son de rango global y por lo tanto exceden a la competencia de un solo Estado; incluso de una asociación de Estados como la UE.

¿Cómo se explica el apoyo popular creciente a los mensajes deshumanizadores (plantear confinar a los inmigrantes, negar espacios para refugiarse)? ¿qué riesgos comporta para nuestra democracia?

Sin duda, ha contribuido decisivamente a esa reacción el que haya una presión constante de discursos xenófobos por parte de la extrema derecha y que los haya incorporado no sólo VOX, sino también en parte el PP. Se ha llegado a utilizar un lenguaje casi bélico. Y se piden actuaciones que no sólo infringen la legalidad vigente, sino que tratan a todos esos grupos que se encuentran en Ceuta no como personas con derechos, sino como grupos peligrosos que hay que expulsar o incluso eliminar…

A ello, se une la, a mi juicio, indiscutible torpeza por parte del gobierno de Pedro Sánchez (a mi entender, el delegado de gobierno en Ceuta debería haber sido cesado hace semanas, por manifiesta incompetencia), que ha retrasado la puesta en marcha efectiva del muy complejo conjunto de medidas que podrían haber acelerado cierta recuperación de la normalidad. Así, se rechazó la petición unánime de todos los representantes políticos de la Ciudad Autónoma de activar los mecanismos extraordinarios previstos en la ley de protección civil o en la Ley de seguridad nacional (a la que finalmente se acudió esta semana, con el Decreto 681/2026). Añadamos la inexcusable tardanza de ministros como Elma Sáiz o Sira Rego en personarse en la ciudad, unido a irresponsables mensajes de supuesta firmeza del ministro de exteriores, asegurando que retornarían a Marruecos todos los que habían entrado, sin tener en cuenta los plazos que imponen nuestras propias leyes, o la insólita declaración del ministro del interior negando que hubiera responsabilidad alguna (“son cosas que ocurren”), 

Sumemos que, aunque por fin el gobierno ha anunciado diversos paquetes de ayuda de emergencia inmediata y un plan a medio plazo de inversiones en Ceuta, ha transcurrido un mes sin que se dotara de medios materiales y de recursos personales extraordinarios a los servicios de policía y administración de justicia (alguna responsabilidad tiene el CGPJ, creo), que tienen que gestionar los varios miles de expedientes de retorno de los marroquís adultos, los de acogida y traslado en el caso de los menores, (que son menores, antes que irregulares) y cuyos procedimientos de retorno a sus familias son considerablemente complejos, y los de solicitud de protección internacional que son inexcusablemente expedientes individuales: está claro que hablamos de muchas semanas.

Hay que entender, además, la frustración de los ciudadanos de Ceuta ante la prolongación de una situación completamente anormal en sus calles, playas y montes. Sumemos, por último, que el presidente de la Ciudad Autónoma que empezó con mensajes llenos de sentido común, fue girando su discurso en línea de una descalificación creciente del gobierno central, sugiriendo -incluso expresamente- la tesis de “abandono del Estado” y que no ha sido nada proactivo en la tarea de ofrecer espacios para esos miles de personas que se encuentran en Ceuta.

Por si faltara poco, una parte de las CCAA (incluida Castilla La mancha) se han negado a lo que les obliga la legalidad vigente (Decretos 2/2025 y 668/2025 y 743/2025), en lo que toca a la distribución de menores, lo que sería un delito de prevaricación. Y sabemos la presión que Junts y ERC ejercen para que Cataluña tampoco acepte esa redistribución.

Aunque se han emprendido ya iniciativas que van a conseguir -espero. Solucionar la situación, hay que pensar en un plazo de varias semanas e incluso meses.

¿Qué relevancia tiene la decisión de imponer un mando único al amparo de la ley de seguridad nacional?

A mi juicio, esa decisión debía haberse adoptado mucho antes, cuando la reclamaron por unanimidad los representantes políticos de la Ciudad Autónoma.  Respecto al reprochable RD 681/2026 que crea ese mando único, me parece criticable que mantenga una versión de lo ocurrido en Ceuta en la que se sostiene que la gestión del gobierno es irreprochable (entonces, ¿por qué ha habido que recurrir a esta medida excepcional?) e incluso se vincule la situación a una crisis migratoria, cuando es evidente que es mucho más (una policrisis, la ha calificado Jorge Dezcallar, una crisis multifactorial y multidimensional, ha explicado el profesor Joan Romero) y el propio presidente del gobierno en su declaración institucional en Ceuta reconoció que se había producido “una violación de la integridad territorial”

Dicho esto, creo que el mando único (como habría sido, a mi juicio en el caso de la Dana), puede optimizar la gestión eficaz de recursos y con ello acelerar en lo posible la puesta en práctica de soluciones inmediatas. Aunque comparto las apreciaciones críticas del profesor A Bueno sobre el coste de la activación tardía de este mecanismo (que por otro lado está sujeto a límites por la jurisprudencia del TC).

Ceuta necesita unas inversiones importantes, como ha reconocido el vicepresidente primero Cuerpo, alguien que siempre pone racionalidad y sentido común en sus intervenciones.

Evidentemente, hemos perdido varias semanas, preciosas. Pero ya se ha producido un indicio positivo, con la concreción del acuerdo sobre espacios cedidos por la ciudad de Ceuta para alojar a los inmigrantes. A ello ha seguido la aprobación por el Consejo de ministros del RD 22/2026 de ayudas urgentes socioconómicas a Ceuta, por un importe que supera los 300 millones de euros, destinados a ayudas, beneficios fiscales y laborales y refuerzos en acogida, sanidad, seguridad, educación y justicia para Ceuta..

En todo caso, es imprescindible que haya una concreción de la necesaria colaboración y solidaridad entre las administraciones. Eso, en el caso de los menores, además de un imperativo legal, es condición sine qua non. Pero en este caso, los indicios son negativos, por el rechazo expreso de varias CCAA gobernadas por el PP y VOX, sumado a la oposición de Junts y ERC a que Cataluña asuma más acogida de menores.

Se ha dicho que los acontecimientos en Ceuta ponen en peligro la unidad de acción de la UE y muestran profundas divisiones…

El riesgo de ruptura de la UE o, al menos, de una profunda crisis, es evidente. Como lo es el interés de quienes quieren socavar la fortaleza de la UE. En ese sentido comparto las tesis de quienes señalan que los sucesos de Ceuta deberían servir como una advertencia para Europa. No lo han mostrado los 22 gobiernos europeos que dirigieron una carta extremadamente crític hacia el gobierno español, atribuyendo los acontecimientos de Ceuta a la política de regularización extraordinaria de nuestro gobierno e incitando, como lo hicieron las primeras ministras Frederiksen y Meloni, mediante lo que no puede calificarse sino de bulos y falacias, incluso a la expulsión de España del Convenio Schengen, una medida que saben que no es jurídicamente posible

Está claro que el rumbo de la política migratoria y de asilo de la UE entra en colisión con la política del gobierno español en ese ámbito. Ahora bien, creo que nuestro gobierno ha emprendido, al menos simbólicamente, un giro que supone una aproximación a ese rumbo. Cabe entender así que en el mismo día en el que el Consejo de Ministros aprobaba el Decreto de aplicación de la ley de seguridad nacional, se anunciaran dos anteproyectos de reforma e la LOEX y de la Ley orgánica de asilo y protección internacional subsidiaria, con evidentes medidas restrictivas del actual marco garantista, en aras de enviar un mensaje de firmeza, a nuestros ciudadanos, a la oposición y a los socios de la UE.

Creo que tiene razón la portavoz del think tank ECFR, M. Faro Sarrats cuando escribe: “Si cada episodio migratorio se convierte en una oportunidad para que los Estados miembros se culpen mutuamente, refuercen sus fronteras nacionales y compitan por demostrar quién adopta la postura más dura, el resultado no será un mayor control, sino una Unión Europea más débil y dividida. Y una Europa dividida es también una Europa más vulnerable. Rusia y Estados Unidos observan las fracturas internas de la UE y pueden aprovecharlas para profundizar las divisiones existentes en el debate político europeo. Hay, en cualquier caso, un principio que debería mantenerse: los hechos deben prevalecer siempre sobre la conveniencia partidista. Los Estados miembros no deberían permitir que las presiones internas dicten su respuesta a la migración, ni que los flujos migratorios se conviertan en una herramienta de coacción capaz de erosionar la unidad europea, y los principios humanitarios”

Buena parte de la prensa se ha hecho eco del comunicado conjunto emitido ayer, 10 de agosto de 2026, por  la primera ministra danesa, la socialdemócrata Frederiksen y la primera ministra italiana, la hábil reaccionaria Meloni, sobre los graves riesgos que acechan a Europa por la debilidad frente a la «inmigración ilegal».

Diré que lo que más me sorprende de esas reacciones en prensa y también de algunos de los que se presentan como  analistas de las relaciones internacionales  es su desconcierto ante esa toma de posición de Frederiksen.

La verdad es que no es la única representante de la izquierda europea que sostiene iniciativas de extrema dureza en políticas migratorias y de asilo. Desde hace muchos años, Frederiksen viene adoptando una toma de posición que vacía el derecho de asilo y erosiona gravemente los derechos de los inmigrantes, mucho antes de que lo hiciera el partido político BSW (la lista de Sarah Wagenknecht, antigua dirigente del partido Die Linke).

El tercer gobierno Frederiksen, salido de las urnas de 2026 y conocido como gobierno del trébol de cuatro hojas (en danés: firkløverregeringenes), es una coalición de centro derecha, compuesta por el partido socialdemócrata, Izquierda Verde, Socialliberales y «Moderados» (liberales). Frederiksen consiguió los acuerdos después de difíciles negociaciones y algunos quieren ver en ello ecos de lo que nos presentó la serie televisiva Borgen.

Pero lo cierto es que bajo lo que se ha llamado -y a mi juicio, con acierto- el «mito danés», subyace una deriva política muy preocupante. Y no es de ahora, por lo que me sorprende la sorpresa a la que aludía al principio. Para entenderlo, transcribo lo que publiqué hace unos años en la revista La Marea, bajo el título «Dinamarca y el escándalo de una ley que desnaturaliza el asilo» (https://www.lamarea.com/2021/07/06/dinamarca-la-sorpresa-de-una-ley-que-desnaturaliza-el-asilo/) para sostener la tesis de que la evolución de la política danesa en materia de inmigración y asilo en los últimos 20 años muestra que, bajo el ‘dulce paraíso danés’, subyace una política de rechazo al otro:

  «El <escándalo> ante la política danesa de asilo»

El Parlamento danés aprobó el pasado 3 de junio de 2021 una ley que pretende reubicar a los solicitantes de asilo en otros países fuera de la Unión Europea, donde deberán esperar hasta que sus casos sean decididos. Además, la ley posibilita que finalmente los solicitantes no sean acogidos por Dinamarca, sino por ese otro país, aunque tenga una legislación poco acorde con la Convención de Ginebra de 1951 sobre derecho de refugiados. La ley obtuvo una amplia mayoría de 70 votos a favor y solamente 24 en contra. 

Para asegurar ese propósito, el Gobierno danés, al parecer, ha entablado negociaciones con diferentes países africanos, según informó el diario Jyllands-Posten, que menciona Egipto, Etiopía, Túnez y Ruanda. Parece que se ha centrado en este último, pues se ha sabido que el ministro de Inmigración e Integración danés, Mattias Tesfaye, viajó a Kigali para firmar, según sus declaraciones, “un memorando de entendimiento para crear las condiciones para una cooperación futura en cuestiones de migración”. En realidad, el propósito específico en materia de asilo lo dejó claro el portavoz del Gobierno danés, Rasmus Stoklund, en declaraciones recogidas por Reuters al presentar esta ley: «Si solicitas asilo en Dinamarca, sabes que te enviarán a un país fuera de Europa y, por tanto, esperamos que la gente deje de buscar asilo en Dinamarca«. 

La noticia de esta ley produjo sorpresa y escándalo en la opinión pública europea. El ACNUR, el Europarlamento y ONG de todo el mundo denunciaron que todo ello es contrario a la propia Convención, un texto que, paradójicamente, Dinamarca fue el primer país en ratificar, el 4 de diciembre de 1952.

Sin embargo, a mi juicio, tal sorpresa y escándalo obedece al desconocimiento de los hechos en lo que se refiere a Dinamarca y, lo que es más grave, a una aparente ignorancia sobre la constante regresión de la política europea de asilo en los últimos años. Sin duda, Dinamarca ocupa siempre los primeros lugares cuando se mide la calidad de vida, el bienestar y los estándares de garantía de los derechos: una democracia liberal modélica. Sí, pero excluyente. Es decir, sólo para ciudadanos daneses. 

Un repaso por la evolución de la reciente historia política y social danesa ofrece un ejemplo muy claro de cómo el centro derecha liberal, que sostiene un modelo de estado de bienestar  fuertemente etnonacional, con dosis no ocultas de desigualdad también de corte etnocultural, puede contaminarse de las ideas de la extrema derecha, animado por un contexto social, insisto, de chauvinismo y xenofobia nada minoritarios, en el que la carrera por no ceder a la extrema derecha esos ganchos populistas y, al tiempo, la necesidad de contar con sus votos para esas políticas, acaba pervirtiendo principios básicos del estado de Derecho y de la democracia.

Es el caso del Partido del Pueblo Danés, un partido de derecha nacionalista y fuertemente conservadora, que apoya hoy al partido en el gobierno, socialdemócrata. Y, sobre todo, es el ejemplo de la creciente influencia de un partido de extrema derecha, de esos que se dicen desacomplejados y cuya xenofobia y racismo contaminan no ya a la derecha, sino a la socialdemocracia: Nye Borgerlige (La Nueva Derecha), un partido anti inmigración, anti Unión Europea y anti impuestos. Algo que nos suena en España.

Es lo que podríamos llamar el mito danés, una lección que bien puede servir a los españoles de hoy, creo. Así lo denunció el periodista y escritor británico residente en Dinamarca, Michael Booth, en su libro The Almost Nearly Perfect People: Behind the Myth of the Scandinavian Utopia (2016), en el que sostiene que eso que llama mito danés (en realidad, lo extiende a todos los países escandinavos) tiene mucho de chauvinismo e incluso de xenofobia institucional. En realidad, y frente a una opinión tan difundida como infundada, los países nórdicos hace tiempo que dejaron de ser un “paraíso del asilo”.

La fecha clave, probablemente, es 2016, esto es, el año siguiente a la mal llamada “crisis de los refugiados” de 2015. La evolución, en el caso de Dinamarca, es elocuente: en 2015 se aprobaron 15.000 solicitudes; en 2019, solo 761 personas obtuvieron asilo; en 2020, 600, la cifra más baja desde que en 1992 comenzaron los registros. Por su parte, en Suecia –país que recibió en 2015 a cientos de miles de ciudadanos que huían de la guerra y la pobreza en países como Siria, Iraq y Afganistán–, el número cayó en picado: de 162.450 en 2015 a 28.790 peticiones registradas a finales de 2016, lo que representa una caída del 82%, según datos de la Oficina Nacional de Estadística.

Noruega y Finlandia experimentaron una caída de 27.615 y 26.740 solicitudes menos, respectivamente: en el caso noruego, ese paso de 31.110 personas en 2015 a 3.485 en 2019 es la cifra más baja desde 1997. Solo Islandia, en cambio, es una excepción en la región nórdica. La isla tramitó 1.125 solicitudes de asilo en 2016 frente a las solo 345 del año anterior. Los factores de esa caída son diversos: la crisis del modelo Schengen, la reacción de los países centroeuropeos (Austria muy significativamente) ante el miedo al contagio alemán, o la firme oposición de los países de tránsito del Este (Macedonia, Hungría, Polonia, Eslovaquia y Serbia).

 Dinamarca, para los daneses

Dinamarca es, en efecto, un país próspero, con una economía de bienestar, pero donde impera la desigualdad entre los ciudadanos daneses y los extranjeros. Lo acredita, de un lado, la desigualdad social evidenciada en los 22 guetos repartidos por el país con un fuerte componente etnocultural. Pues bien, el Gobierno danés ha puesto en práctica una legislación orientada a establecer un número máximo de “residentes no occidentales” en esos guetos, que debería ser el 30% antes de 2030, desde el argumento de que con altos porcentajes de no occidentales «aumenta el riesgo de que surjan sociedades religiosas y culturales paralelas».

La otra razón es, sobre todo, la evolución de la política danesa en materia de inmigración y asilo en los últimos 20 años. Eso justifica que se sostenga que haya quien mantenga que, bajo el ‘dulce paraíso danés’ subyace una política de rechazo al otro, poco diferente de la de Orban: así lo proponía Alberto Mesa en un artículo publicado en 2018. Dinamarca no cree ya en las políticas de integración y por eso ha optado por las políticas de disuasión.

En 2015 el Gobierno danés publicitó que Dinamarca recibió el mayor número de solicitantes de asilo de tiempos recientes. Si se piensa en el número real, 21.000 personas, el titular resulta llamativo porque, bien pensado, tampoco hablamos de una invasión masiva e insoportable para la solvente economía danesa. Ese mismo año, el mismo Gobierno danés pagó anuncios en algunos diarios extranjeros en los que dejaban claro que los refugiados no eran bienvenidos en ese país.

En enero de 2016, el Parlamento danés, gracias a los votos del partido de derecha liberal, del partido Conservador, de la Alianza Liberal y del ultranacionalista y xenófobo Partido del Pueblo Danés, aprobó una reforma legal que restringía los derechos de los refugiados, sobre todo en lo relativo a la reagrupación familiar (retrasaba hasta 3 años la reunificación, violando el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos) y contemplaba que se les requisase el dinero e incluso las joyas que excedieran de un valor equivalente a las 10.000 coronas danesas (1.340 euros), para pagar con ello los servicios a los que tienen derecho como refugiados, algo que supone negar la propia Convención y evocaba medidas perversas adoptadas por la Alemania nazi. Poco después, el gobierno liberal propuso el plan A stronger Denmark. Controlling the influx of Refugees, bajo el lema de garantizar la seguridad, la paz y el orden. 

Desde entonces, y bajo gobiernos de distinto signo –desde la derecha liberal, hasta la socialdemocracia de la actual primera ministra Mette Frederiksen–, la política de asilo tiene un propósito constante: reducir al mínimo las llegadas y solicitudes de asilo, disuadir a los posibles solicitantes, hacer imposible su acceso a la residencia, obligarlos a salir, mediante la creación de los denominados “centros de detención” Ellebaek, con capacidad para 118 internos y Vridsløselille, con 500 plazas. El segundo, como explica Medina, es una prisión construida en 1859, clausurada por sus deficiencias en 2015 y reabierta en marzo de 2016 como «centro de detención».

A ellos se unen dos “centros de salida”, los de Kærshovedgård y Sjælsmark verdaderos “limbos de los indeportables”, como los calificó la periodista Alicia Medina en un artículo de 2017 que a mi juicio es imprescindible leer para entender la evolución del modelo danés. Ese artículo muestra cómo se acumulan cientos de demandantes de asilo calificados como “deportables” en esos centros de salida, en los que pueden permanecer indefinidamente hasta que acepten salir de Dinamarca. A diferencia de los centros de acogida, los centros de detención y los de salida son gestionados por funcionarios de los servicios penitenciarios. Lo llamativo, como explica Alicia Medina en su trabajo, es que el Consejo danés de refugiados sostiene esas medidas: «Si una persona ha sido rechazada y no hay posibilidad de que se quede legalmente en Dinamarca es aceptable que el Estado y la policía la expulsen a su país y medidas como la detención son parte del proceso».

Subrayaré que no se trata de un caso aislado y que hay mucho de hipocresía en esas condenas y no poco cinismo en el escándalo ante la decisión danesa. Buena parte de los Estados miembros de la UE participan de esta regresión del asilo, que no busca encontrar soluciones equilibradas para garantizar las necesidades de protección internacional de quienes pretenden alcanzar Europa desde la ensoñación de verla como “tierra de asilo y libertades”, sino contener esas llegadas o, por decir la verdad, que se ocupen otros de esa tarea: los europeos del Sur, o los países de origen y tránsito de esos movimientos de personas. Esa voluntad de ‘externalización’ (que sean otros los que hagan el trabajo sucio) caracteriza el denominado Pacto europeo de inmigración y asilo 2020, a juicio de muchos observadores como la federación Migreurop, en la que se integran, por ejemplo, PICUM o SOS Racismo.

Un pacto que ha sido criticado como poco europeo, poco solidario –y con razón– precisamente por Italia, España y Grecia, relegados a una función de policía y contención –los guardias de la porra–: los tres han de ocuparse de que los refugiados no lleguen a desplazarse desde ese bajo vientre europeo hacia el norte –desplazamientos eufemísticamente denominados en la jerga bruselense movimientos secundarios, el término que horroriza a las cancillerías de Europa rica–. Como ha resumido Martin Lemberg-Pedersen, investigador de la Universidad de Alborg, Dinamarca, al igual que Austria, Bélgica, Países Bajos, pero también Alemania y Francia (y no solo los países del Este), esto es, quienes mandan en la UE, no tratan de solucionar el problema; se limitan a empujarlo hacia el sur. 

El vaciamiento danés del asilo, ¿modelo para la UE?

Dinamarca no está sola en esas rebajas del asilo: le acompañan Austria, los Países Bajos o Bélgica y no solo –como acostumbramos a oír– los gobiernos de Hungría o Polonia. En realidad, la UE tiene una política muy poco solidaria y no solo con los solicitantes de asilo que sueñan con llegar a esas tierras que se supone espacio de justicia, libertad y asilo; también con ese bajo vientre europeo al que se encomienda la función de barrera: España, Italia y Grecia. 

La paradoja consiste en que, cuanta mayor es la necesidad de protección, cuando se multiplican las causas que obligan cada vez a más personas a buscar refugio fuera de sus país, más se estrechan las condiciones que imponemos para su ejercicio. Lo certifican todos los informes sobre el asilo en el mundo, que venimos conociendo en las últimas semanas. Filipo Grandi, el Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR), destacaba esa paradoja en la presentación en Ginebra del Informe anual: no dejan de incrementarse los factores que obligan a millones de personas a abandonar su casa, su tierra, su familia, sus amigos (82,4 en el último recuento que ofrece ese informe del ACNUR). Y, sin embargo, la protección internacional para proporcionar acogida, refugio, no deja de estrecharse.

El Informe muestra que aumentan y se diversifican los factores que obligan a huir: a las guerras y persecuciones, se unen los desastres naturales y los provocados por la mano del hombre; singularmente, por un modelo depredador de mercado global que externaliza los costes y daños más allá del norte rico, mientras acumula beneficios que jamás reinvierte en los países y poblaciones expoliados. Algo que tiene mucho que ver con las diásporas que cada vez más afectan a un mayor número de seres humanos como consecuencia de la degradación medioambiental. Cada vez más personas obligadas a huir.

El retroceso se puede apreciar en las cifras facilitadas por la oficina EASO de la UE, en su Latest Asylum Trends de marzo de 2021. En un sentido coincidente, el Informe 2021 del Centro de Control de Desplazamientos Internos de Ginebra (IDMC),  subraya que nunca se había visto tal número de personas obligadas a desplazarse en el interior de sus propios países. El Informe tiene dos partes: en la primera, se ofrecen las cifras. En la segunda, el papel del cambio climático en los desplazamientos internos.

Este informe se une al de muchas instituciones (no solo el ACNUR ni la OIM) sobre la inminencia y alcance de un fenómeno que va a cambiar el panorama de los desplazamientos forzados y masivos de personas en los próximos años: me refiero a los desplazamientos climáticos. Ya lo advertía, por ejemplo, el informe del Banco Mundial Groundswell. Preparing for internal Climate Migration, publicado en 2018, que se centraba en tres regiones: África subsahariana, Asia meridional y América Latina, que juntas representan el 55% de la población del mundo en desarrollo. El análisis mostraba  que el cambio climático empujará a decenas de millones de personas a migrar dentro de sus países para 2050.

Pronosticaba que, sin una acción concreta sobre el clima y el desarrollo, poco más de 143 millones de personas, o alrededor del 2,8% de la población de estas tres regiones podrían verse obligadas a trasladarse dentro de sus propios países para escapar de los impactos lentos del cambio climático. Migrarán de áreas menos viables con menor disponibilidad de agua y productividad de cultivos y de áreas afectadas por el aumento del nivel del mar y las marejadas ciclónicas. Las zonas más pobres y vulnerables al clima serán las más afectadas. 

Estas tendencias, junto con la aparición de «puntos críticos» de inmigración y emigración climática, tendrán importantes implicaciones para los sectores sensibles al clima y para la adecuación de la infraestructura y los sistemas de apoyo social. Cabe añadir lo que señala el Informe Global Trends 2040: A more Contested World, del National Intelligence Council de los EEUU, publicado también en marzo de 2021, que en su apartado Demographics and Social Developpements, define las migraciones como factor estructural global y sostiene, en coincidencia con los diagnósticos de las organizaciones especializadas, que la presión migratoria se incrementará muy sustancialmente.

Pues bien, pese a ese incremento de factores que obligaran a millones de personas a desplazarse y buscar refugio o protección, parece confirmarse que la respuesta solidaria y generosa que la comunidad internacional supo ofrecer en la Convención de Ginebra sobre los refugiados, en 1951 –sobre la que, estableciendo un mecanismo básico para los que se ven forzados a dejar su hogar ante la persecución (en non refoulement, la prohibición de devolución al país del que huyen), que está en la base del derecho de asilo y de la protección internacional subsidiaria–, no deja de retroceder: cada vez somos menos solidarios con ellos, cada vez regateamos más el refugio. Y por eso cabe sospechar que en aquella respuesta generosa tuvo que ver el hecho de que el problema afectara en ese momento a europeos desplazados de sus hogares como consecuencia de la II Guerra Mundial: no parece que, si hoy se planteara la necesidad de otra Convención de Ginebra, el estándar de protección fuera equiparable. Todos los estudiosos son muy pesimistas al respecto.

Por su parte, en lo que se refiere a España, la Comisión española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la ONG con mayor experiencia en el ámbito de asilo y refugio en nuestro país, ha presentado también su Informe relativo al asilo en España. España, con 88.762 solicitudes (en 2019 fueron 118.200), es el tercer país de la UE en solicitudes de protección internacional recibidas en 2020, tras Alemania (121.955) y Francia (93.470). Pero solo otorgó este tipo específico de protección internacional a 5.700 personas en 2020, esto es, menos del 5%. (Aunque cabe consignar que aumentó el número de autorizaciones de residencia temporal por razones humanitarias, 40.726, fundamentalmente a ciudadanos de nacionalidad venezolana). Comparada con las aceptadas por Alemania (44%), Italia (23%) o Francia (22%), Bélgica (35%), nos situamos a la cola de Europa, cuya media se sitúa en torno al 30%. 

Insistiré sólo en un aspecto de este Informe, la situación de los colombianos que tratan de encontrar refugio en nuestro país. Es un hecho difícil de rebatir que no cesa la huída forzada de ciudadanos colombianos que no tienen otra alternativa para salvar sus vidas que desplazarse o incluso salir de su país. Muchos de ellos llegan a España para pedir asilo (la segunda nacionalidad, tras los venezolanos) y ven rechazada su solicitud en un 98% de los casos (37.907 solicitudes denegadas), porque las autoridades españolas consideran que las autoridades colombianas pueden protegerles frente a las situaciones de violencia y persecución que se viven en el país. Sin embargo, como ha señalado una experta de referencia, Paloma Favieres, directora jurídica de CEAR, en muchos casos hay manifiesta “connivencia” de las autoridades con esa violencia y persecución. 

El tercer informe es el del Defensor del Pueblo, que viene realizando una tarea incansable en el control de las decisiones que recaen sobre inmigrantes y demandantes de refugio. Se ha mostrado muy crítico con algunas de las prácticas de nuestras autoridades. En el Informe que presentó el martes 22 de junio ante la Comisión mixta de Congreso y Senado, subraya su preocupación acerca de las dificultades que encuentran los menores con necesidades de protección internacional para acceder al procedimiento.

Por ejemplo, destaca la incongruencia de que los menores no puedan actuar en el procedimiento administrativo de asilo por sí mismos, pero sí ante la jurisdicción contencioso- administrativa, sin necesidad de asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela, en virtud del artículo 18 de la Ley 29/1998, de 13 de julio. El informe incide también en el hecho de que a los menores le afectan de forma particularmente grave los problemas para compatibilizar los procedimientos del régimen de extranjería con las solicitudes de protección internacional. Y denuncia que, pese a que la institución ha formulado a las administraciones recomendaciones para clarificar la compatibilidad de ambos procedimientos, no fueron aceptadas.

La protección internacional a quienes han perdido el derecho a tener derechos es un test mínimo de nuestra proclamada superioridad civilizatoria, en términos del desarrollo del Estado de Derecho y la garantía de los derechos y libertades. No debemos permitirnos suspender reiteradamente ese examen.

Lo que se ha vivido en Ceuta en el verano de 2026 no ha sido una crisis migratoria, sino una jugada mayor en el tablero geopolítico.

Lo que se ha vivido en Ceuta este verano no es el resultado de una crisis migratoria, aunque e evidente su conexión con el modelo español y europeo de política migratoria y de asilo, y con el papel de Marruecos en esas políticas. Tampoco se puede reducir a una crisis humanitaria, aunque lo más grave de cuanto ha sucedido, sin duda, es la  tragedia de la pérdida de  160 personas que murieron en el mar. Y en cuanto a su contexto, aunque tampoco se pueda hablar de un único factor, no es posible ignorar la crisis social que se vive en el país alauita, que empuja a decenas de miles de jóvenes a buscar desesperadamente huir de su país, pese a indicadores que hablan de avances importantes en su desarrollo. Hemos vivido lo que el embajador y ex jefe del CNI, Jorge Dezcallar, ha calificado como policrisis: política, social migratoria, sanitaria…

A estas alturas me parece difícil que haya nadie que niegue el papel de Marruecos en lo que ha sucedido.Aunque sólo sea por omisión, es inexplicable que esta entrada masiva en Ceuta pretenda hablar en serio se le puede escapar que, por importante que pueda ser el papel de difusión de mensajes de las redes sociales, por poderosas que sean las mafias de tráfico de personas, y por enteradas que estén de los fundamentos jurídicos de las sucesivas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y del Tribunal Supremo sobre la diferencia que hay entre superar mecanismos de contención en las fronteras terrestres y mecanismos de mera vigilancia en el mar, no tienen capacidad para conseguir que cerca de 80000 personas (en su inmensa mayoría, marroquíes), hombres, mujeres, incluso familias, y un importante número de menores que se calcula en no menos de 7000 ), cruzaran la frontera del Tarajal en menos de 24 horas, jugándose en no pocos casos la vida, pues el número de los que han muerto varía entre 140 y 160 personas. Como tampoco es creíble que tengan la capacidad para conseguir que, en menos de 24 horas, la inmensa mayoría (unos 70000) retornaron por su propia voluntad a Marruecos (cfr. https://www.publico.es/sociedad/ultima-hora-entrada-migrantes-ceuta-directo.html). Por no hablar de la exhibición de control por parte de Marruecos ante el publicitado nuevo intento de ingreso masivo en Ceuta el 15 de agosto (https://www.youtube.com/watch?v=uGeCkqa4wco).

La conclusión es obvia: se trata de un nuevo ejemplo, particularmente bien organizado y eficaz en su impacto mediático internacional (ha sido cabecera de los principales diarios y medios de comunicación en todo el mundo), de la estrategia geopolítica del rey de Marruecos, con el concurso de los EEUU e Israel y que apunta no sólo a debilitar la posición de España, sino la de la UE, aprovechando que la política migratoria se ha convertido en un instrumento de división.

En esta enésima jugada de gato y ratón de Marruecos, en las fronteras de Ceuta y Melilla, este país cuenta con dos ventajas, de las que no dispone España.

La primera es bien conocida: el régimen marroquí es una satrapía, en la que el monarca y su entorno, el makhzen (de donde, por cierto, la palabra española almacén) deciden, sin que sus súbditos tengan arte ni parte en la toma de decisiones. En Marruecos no hay ciudadanos de pleno derecho, como no hay Estado de Derecho, sino una casta de privilegiados que participan de los negocios del rey (algunos muy poco limpios), mientras que la mayoría de las y los marroquíes son carne de cañón en sus manos, como ya se evidenció en la Marcha verde y en los sucesos en Ceuta en 2021. La ventaja de ese y de los demás regímenes no democráticos es que no tiene ninguno de los inconvenientes que supone una democracia, comenzando por las instituciones de control y división del poder

La segunda es más reciente: el soberano marroquí cuenta con el decidido apoyo de la administración norteamericana que lo ha convertido en aliado preferente. No hay más que escuchar las declaraciones de la portavoz de la Casa Blanca (https://www.nbcnews.com/politics/politics-news/europe-will-unrecognizable-20-years-due-immigration-white-house-strate-rcna247534). Un paso más lo dio el fiel aliado del Secretario de Estado Rubio, el congresista republicano por Florida Díaz Balart, que impulsó que en mayo de 2026, el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de EE. UU incluyera una enmienda en su informe de presupuestos de operaciones exteriores en la que situó explícitamente a Ceuta y Melilla como «territorios de Marruecos», eso sí, bajo administración española. Y la guinda, como siempre, la ha puesto Trump al declarar que, si los demócratas ganan las elecciones de medio mandato de noviembre, “EEUU en tres años puede convertirse en Ceuta” (https://www.youtube.com/watch?v=MZS5hGOlnT0).

Cabe recordar que esta decantación de Marruecos como aliado preferente de los EEUU no es de ahora: la diplomacia marroquí, aun pagando el alto precio de abandonar a los palestinos, consiguió el apoyo tecnológico de Israel y el diplomático de los EEUU en el giro internacional sobre la marroquinidad del Sahara y de sus recursos. Marruecos brinda a la administración Trump su papel geoestratégico en el Mediterráneo y como supuesta barrera frente al terrorismo yihadista.

El decisivo papel desempeñado por el entorno del rey (el majhzem), con el concurso de los servicios secretos (algo conformado por las investigaciones de un grupo de periodistas) es la hipótesis más verosímil. Marruecos propició, al menos por omisión, como ha señalado Ruth Ferrero, este movimiento masivo, que fue ampliamente difundido por las redes sociales y que tuvo como espoleta la profunda crisis social que afecta a la juventud marroquí, que pese al incuestionable desarrollo que ha experimentado Marruecos en los últimos años, carece de expectativas de una vida mejor en su propio país. Como ha escrito Irene Fernández Molina, profesora en la Universidad de Exeter y miembro del consejo académico del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos, «Hay mucha gente desesperada por buscar una vida mejor. Y llama la atención la discrepancia con el discurso oficial. En el discurso del Trono, justo el mismo día, Mohamed VI hablaba de estabilidad, seguridad y consolidación del desarrollo económico. Contrasta con la gente desesperada por cruzar la frontera. Hay una disonancia evidente«. Y eso tiene mucho que ver con el hecho de que el Mediterráneo suponga, como siempre ha insistido en subrayar Sami Naïr, la mayor brecha desigualitaria del planeta, en términos de demografía y de PIB

Esclavos de la geografía, sí. La estrategia de Marruecos

Que el presidente del gobierno español, en su medida y única intervención en Ceuta, y todos sus ministros (del de exteriores a interior, pasando por los ministros más inexplicablemente ausentes, como la de Migraciones o la de infancia y juventud) hayan alabado la colaboración de Marruecos y no hayan pronunciado el más mínimo reproche al reino alauita, suscribiendo la interesante teoría de las mafias lectoras de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, tiene otra explicación, más verosímil: le obliga lo que nos descubrió Montesquieu, mucho antes que los politólogos realistas a la Kagan, esto es, la “esclavitud de la geografía”, que marca al Derecho y a la política. El vecino que la geografía nos ha impuesto a 14 km al sur, tiene muchas claves en asuntos de prioridad para España, comenzando, desde luego, por la inmigración. Eso explica -que no justifica- el insólito giro de nuestra política exterior en la cuestión de los derechos del pueblo saharaui. Pero, como acabamos de comprobar, esas claudicaciones no nos aseguran contra los cíclicos chantajes de los soberanos alauitas que, a veces, según tenemos experiencia, tienen más que ver con agravios personales del caprichoso hijo del hábil Hassan II, que no con grandes movimientos de su diplomacia.

Por supuesto, sería un grave error ignorar la dificilísima situación en la que se ha visto el gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta y los ciudadanos ceutíes, tan españoles como los de Chamberí, al encontrarse en menos de 24 horas con una entrada masiva de marroquíes que llega a superar el 50 % de los habitantes de la ciudad, una policrisis, como la ha calificado el embajador Dezcallar (política, social, de sanidad, de seguridad) cuyos efectos no se acaban de resolver. 

Hay que subrayar que apenas se produjo la entrada masiva, todos los miembros de la Junta de Portavoces de la Asamblea de Ceuta, incluido el PSOE, reclamaron al Gobierno central el cierre de la frontera y el despliegue del ejército, así como la declaración de la emergencia nacional al amparo de la normativa de seguridad nacional (que no de la de protección civil) ante el «salto cualitativo» que, según afirman, ha experimentado la recurrente crisis migratoria que vive la ciudad por la llegada masiva de personas desde Marruecos.  (https://www.europapress.es/nacional/noticia-todos-partidos-ceuta-reclaman-gobierno-declaracion-emergencia-nacional-crisis-migratoria-20260730132444.html). Y, desde luego, es comprensible el clima de preocupación, e incluso miedo, que llevó a muchos ciudadanos, a muchos comerciantes, a encerrarse y que viene prolongándose durante semanas.

La política migratoria como falsa explicación de la crisis

Reitero lo que señalé al principio: este episodio no debe ser interpretado en clave de respuesta a la política migratoria del gobierno; tampoco al reciente proceso de regularización. La lectura más fidedigna, creo, es la de un desafío de Marruecos (apoyado por la administración Trump) a la soberanía española sobre las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. desafío que busca al menos mostrar la debilidad del gobierno de España para explotarla en las relaciones internacionales, a favor de las posiciones de Marruecos. En ese objetivo coinciden la estrategia del gobierno de Trump y del rey Mohamed VI y los gobiernos europeos más reaccionarios (de Italia a Finlandia, pasando por Dinamarca y Suecia). de derecha y así lo ha subrayado y a mi juicio con el acierto en él habitual el profesor Antonio Remiro en su artículo «Ceuta porosa» (https://www.informacion.es/opinion/2026/07/31/ceuta-porosa-133001158.html). Lo recalca también el embajador Jorge Dezcallar, que sostiene que a Marruecos siempre le interesa que el gobierno español se encuentre en una posición de debilidad (https://elpais.com/espana/2026-07-31/el-asalto-de-ceuta.html). Añadiré que esa tesis es coincidente con lo que ha defendido en su análisis de lo sucedido en Ceuta, en clave de las relaciones entre España y Marruecos, el reconocido especialista Jesús Núñez Villaverde (https://www.eldiario.es/internacional/ensena-crisis-ceuta-relacion-espana-marruecos_129_13421487.html)

A ese respecto, creo que el presidente del gobierno respondió inicialmente bien (oero esa primera rspuesta ha quedado desdibujada por ell hecho de que incomprensiblemente se hayan dilatado en el el tiempo la presentación de las responsabilidades políticas o, aun pero, como hizo el ministro Marlaska, se nieguen directamente). Sin duda, hizo bien en enfatizar  en su declaración institucional en Ceuta la integridad territorial y la soberanía española de Melilla y Ceuta (que se remonta a finales del siglo XV y principios del XVII, respectivamente) y la prioridad de garantizar la seguridad de los ciudadanos ceutíes, porque ese es el terreno de la disputa en el que trata de avanzar Marruecos.. 

Dicho esto, el problema, a mi juicio, es que en el marco discursivo que domina la política europea, es imposible desligar este episodio del debate sobre la política migratoria. Y ahí es donde encuentro los problemas de la posición de nuestro gobierno, frente a la propaganda interesada de la derecha y extrema derecha europea (con Italia, Finlandia, la inevitable Dinamarca y Suecia, que llegan a pedir el disparate de que España sea expulsada del Acuerdo Schengen), que ha visto el filón para continuar con sus críticas, asentadas en bulos y disparates, sobre el proceso de regularización, y plantear de nuevo la emergencia securitaria como clave de la política migratoria (con el apoyo de políticos connotados de extrema derecha, en Polonia, Alemania y Francia) y por eso, en lo que sigue, quiero insistir en que en términos de política migratoria, una vez más, tanto  la izquierda como la derecha liberal y conservadora, cometen el error de hacer suyo el marco discursivo sobre el debate que difunden la derecha ultramontana y la extrema derecha.

Algunos errores en la defensa del modelo de política migratoria, a propósito de lo sucedido en Ceuta

Pues bien, considero un primer error que, en esa declaración institucional, el presidente del gobierno haya concretado sus propuestas sólo en el marco de comprensión de la seguridad como clave de la política migratoria. Así, al subrayar que esta irrupción masiva en Ceuta ha sido un hecho excepcional, frente a lo que ha calificado como gran éxito de la política del gobierno en colaboración con países de origen y tránsito, que ha conseguido una importante disminución de entradas de inmigrantes irregulares en las costas españolas (obviando que el mayor porcentaje de inmigración irregular llega por la vía legal -tramposa- del visado turista). Y, desde luego, yerra a mi juicio al concretar las iniciativas sólo en el ámbito de seguridad: el aumento de dotación de policía y guardia civil, y la presencia de fuerzas armadas. También por eso, considero un error el hecho de que -y permítanme la cita-, como yo mismo apunté frente al optimismo de otros colegas (https://www.publico.es/sociedad/migracion/supremo-cierra-puerta-devoluciones-caliente-mar-pero-deja-abierta-via-gobierno-recuperarlas.html, se perdiera de vista que la sentencia del TS, en realidad, ofrecía una pista para seguir con las devoluciones en caliente. Y es lo que ha escogido el presidente al anunciar que se colocarán elementos de contención en el mar, como un sistema de boyas, de forma que quien los traspase pueda ser objeto del procedimiento de devolución en frontera, al igual que en la frontera terrestre. O sea, dejemos a un lado los derechos y sigamos con las devoluciones en caliente, sin asistencia de letrado y sin tutela judicial efectiva.

No puedo dejar de añadir algo sobre la actitud de los socios del gobierno y de algunos de los ministros: me llama la atención el silencio atronador de la ministra de infancia, que no ha dicho hasta ahora una palabra sobre cómo se garantizarán los derechos de los 7000 menores que entraron en Ceuta, o de los que queden allí. Espero que no suceda como en 2021, cuando fueron objeto de devoluciones ilegales (sobre ello, recomiendo leer esta pieza de Laura Anido: https://www.publico.es/sociedad/migracion/pasara-menores-han-quedado-ceuta-gobierno-puede-repetir-devoluciones-realizo-2021.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=web&via=publico_es). Y me cuesta admitir el silencio de la ministra de migración, que ha dejado todo en manos del ministro del interior, lo que supone aceptar que, a la hora de la verdad, la óptica securitaria es la clave, que la migración es un asunto de policía, incluso de defensa, como pretenden buena parte de los gobiernos europeos. Ni una palabra sobre refuerzo de medios materiales y de personal para tramitar con arreglo a Derecho los procedimientos de expulsión, un asunto que se presenta, y lo subrayo, cargado de complejidad y que llevará mucho más que semanas.

Dos consideraciones críticas para finalizar.

La primera, es el error del autoelogio por el papel del gobierno español en el impulso del Plan europeo de migración y asilo (PEMA), obviando que una pieza clave del mismo, el malhadado Reglamento de retorno, ha sido criticado por nuestro propio gobierno. El PEMA, por razones que muchos hemos explicado, no es el modelo de política migratoria y de asilo a seguir (cfr. por ejemplo https://letraslibres.com/politica/los-derechos-que-importan-a-los-europeos-critica-del-nuevo-reglamento-europeo-de-retorno/10/06/2026/). Y menos aún, cuando ha sido reconducido por la Comisión al modelo Meloni.

La segunda, es el error, al menos parcial, en la valoración positiva de los acuerdos bilaterales del gobierno de España con países de origen y tránsito de las migraciones y de los solicitantes de asilo. Es verdad, y acierta el gobierno al subrayarlo, que es importante contribuir a consolidar el desarrollo económico y también el de los derechos humanos y la democracia en esos países. Pero no pocos de los ejemplos de esos convenios ignoran precisamente la democracia y los derechos humanos, por ejemplo, los de las mujeres y las niñas, como evidencia el acuerdo con Mauritania. Esos convenios no están al servicio de la mejora de la democracia, los derechos humanos y los servicios a los ciudadanos en esos países, sino que su leit motiv es la asociación de esos países en la labor policial de control de fronteras y en unas políticas de retorno que en muchos casos tienen un enorme coste en términos de los derechos humanos de las personas que arrojamos en manos de tales regímenes.

La UE presume de su ayuda exterior a los países de origen y tránsito de los movimientos migratorios: más de 5.000 millones de euros en ayuda exterior a países como Marruecos para abordar las «causas fundamentales de la migración», pero esa ayuda no frenó la migración. Como muestran Kelsey Norman y Nicholas R. Micinski en Aiding Autocrats, la ayuda europea en materia de migración ha reforzado el poder de los líderes autoritarios y conlleva el riesgo de una mayor represión.

La conclusión, como venimos denunciando desde hace años, es que la óptica basada casi exclusivamente en la securitización, que lleva a una política de externalización de la policía migratoria, compatible con la hipocresía de un mercado que se beneficia de la mano de obra barata y precaria es un error recurrente. Por otra parte, omo han explicado los investigadores finlandeses la esquizofrénica política de asilo, no sólo choca con principios y valores de la UE y con compromisos legales, sino que es cara.

Termino reiterando lo que escribí con motivo de la crisis de 2021 en Ceuta. Sí: la política migratoria es una cuestión de Estado y también una cuestión que puede afectar a la soberanía nacional. Sí: las relaciones con Marruecos son una cuestión de Estado y un hecho que muchas veces es difícil de gestionar. Pero ni la política migratoria, ni las relaciones con Marruecos, ni las razones de Estado, pueden estar por encima de la garantía de los derechos de las personas. Menos aún, de los menores.

En las últimas semanas, a raíz de haber publicado ciertas tomas de posición críticas sobre declaraciones de alguno de los miembros del gobierno, o de prominentes políticos del PSOE, he recibido críticas por parte de compañeros del partido, que me reprochan que no esté «entre los nuestros», aclarándome -por si no lo había entendido- que hoy día la confrontación política clave se produce entre nosotros, los que defendemos la democracia, y los demás. Mi respuesta es sencilla: los demócratas son quienes no aceptan que la verdad o la defensa de la democracia sea patrimonio de un nosotros. Ya sabemos que las reivindicaciones identitarias es lo que tienen, que más que a la razón, apelan a las emociones, al confort de verse acompañado y reconocido, aunque al final, como explicó Orwell, incluso en ese nosotros siempre hay clases…

Todo esto viene a cuento de una tribuna reciente del respetado profesor Subirats, en El País (https://elpais.com/opinion/2026-07-23/quienes-somos-nosotros.html), en la que critica el reciente Reglamento europeo de retorno, entendiendo que es propio de un modelo de democracia excluyente al incurrir en la negación de derechos básicos a los inmigrantes, si bien no explicita cuáles son esos derechos de los que se ven privados en virtud de esa reciente norma, que forma parte del PEMA (Plan Europeo de Migración y Asilo), que acaba de entrar en vigor. Las dudas, como trataré de hacer ver, nacen del doble rasero que supone criticar los mecanismos de deportación o expulsión que impone el Reglamento europeo y omitir que, sin salir de nuestro país, se pretende recurrir a trapacerías similares

.Vaya por delante que, a mi juicio, siempre es bueno que se alcen voces autorizadas para denunciar las tropelías en las que incurre la política migratoria y de asilo de la UE, en particular, cuando, como es el caso, nuevas normas europeas incluidas en el Pacto de migración y asilo arramblan con derechos humanos básicos, bajo el pretexto de la diferencia que impondría la condición de extranjería o, por decirlo más claramente, la condición de inmigrante extracomunitario. Esas tesis críticas (cfr. por ejemplo estos dos artículos: https://www.pensamientocritico.org/send-them-bank-la-ue-en-la-era-de-las-deportaciones/, y https://www.pensamientocritico.org/el-nosotros-y-los-otros-del-pacto-europeo-de-migracion-y-asilo/), subrayan que el denominado <Reglamento europeo de retorno> es una maquinaria al servicio de las deportaciones colectivas forzadas y endurece el modelo Meloni, con el gravísimo riesgo de dejar en la cuneta derechos humanos tan elementales como el derecho a la tutela judicial efectiva.

Política migratoria y democracia excluyente

Al hilo de esa crítica, que no es en absoluto novedosa, el profesor Subirats formula una reflexión más de fondo, sobre el carácter excluyente de la lógica jurídico política que prioriza el “nosotros”, incidiendo en una tesis que ha sido presentada una y otra vez para denunciar el modelo de democracia excluyente que, siguiendo las pautas de la celebrada democracia ateniense, lastró el proyecto republicano que pretendieron recrear los founding Fathers, un proyecto aquejado del pecado original del supremacismo, del racismo y de la esclavitud y que sostuvieron algunos de los más célebres defensores de la independencia americana, como el propio Jefferson, a quien se lo reprocharon con mucha claridad sus íntimos amigos, los Condorcet. Un modelo de democracia excluyente, que supedita la condición de sujeto jurídico y político a la pertenencia a un nosotros, configurado por rasgos etnoculturales. La Unión Europea, como hemos criticado desde hace años, parece así presa del “síndrome de Atenas”, una sociedad teóricamente construida en torno a los ideales universales del bien, la belleza y la justicia, pero sustentada en el barro de la exclusión y explotación de los otros.

Por eso, en efecto, sigue siendo muy pertinente la pregunta sobre el grado de exclusión que puede institucionalizar una democracia, sin desnaturalizarse a sí misma. A ese respecto, tanto el experimento democrático norteamericano como el republicano que trataron de poner en pie los revolucionarios franceses, nos ofrecen importantes lecciones. La exclusión de las mujeres (léase a Olimpie de Gouges), el genocidio de los pueblos originarios (léase el clásico de David E. Stannard, Holocausto norteamericano. La conquista del nuevo mundo) y, por supuesto, la tragedia de los africanos reducidos a la esclavitud y convertidos en mercancías para la prosperidad de los buenos norteamericanos WASP, así lo prueban.

Digámoslo con claridad: no hay un nosotros natural, ni esencial. Las manifestaciones históricas del nosotros no son otra cosa que un constructo social, muy alejado de la tesis herderiana de los pueblos como plantas de la historia y, por tanto, la identidad, las fronteras o el sentido de pertenencia a una comunidad no son atributos biológicos, naturales o inmutables, sino creaciones colectivas, como nos dejaron claro Berger, Luckman, Anderson o Todorov.

Hasta ahí, muy de acuerdo con lo que sostiene Subirats. El problema empieza cuando esa justa denuncia de la imposición de un  nosotros excluyente omite la denuncia obligada de una parte de quienes no sólo teorizan, sino que defienden proyectos políticos de un nosotros excluyente para con los inmigrantes, como. es el caso, a mi juicio, de buena parte de los partidos independentistas catalanes y vascos

Sin duda, hay un nacionalismo esencialista y excluyente, el que postulan los representantes políticos de la extrema derecha europea, del Fidesz húngaro a la AfD alemana, los republicanos de Le Pen y los fascistas de Salvini. Es también el proyecto excluyente de un nacionalismo españolista, el que pregona Vox. Pero el problema, insisto, es que se trata del mismo proyecto excluyente que sostienen en Cataluña quienes postulan que sólo se puede ser catalán de verdad si se forma parte de una comunidad definida por rasgos etnoculturales. Es lo que sucede también en no poca medida con el proyecto de Bildu en el País Vasco, en competencia con el PNV. En ambos casos, ese nosotros etnocultural es el soporte no sólo para pregonar que existe una nación diferente, ajena a España, sino que tiene derecho a un Estado, ¡ay! basado en una homogeneidad etnocultural.

Dicho de otro modo, los nacionalismos esencialistas tienen siempre como sustento necesario su oposición a otro nacionalismo y en esa contraposición no hay argumentos de orden racional, sino pretensiones o expectativas de imposición de un nacionalismo, el nuestro, frente a otro. Sucede que hoy, en Europa, una parte de quienes quedaron marginados en el proceso histórico de construcción de los Estados-nación tienen como programa político negar al nacionalismo que se impuso en ese proceso y tratar de repetirlo en su ámbito territorial, desde la base de una supuesta homogeneidad etnocultural, que muchas veces se fuerza, claro está, comenzando, como es el caso -en mi opinión- de los gobiernos nacionalistas en el País Vasco y Cataluña (también en mi opinión, el govern del president Illa parece la versión neonacionalista del pujolismo, en su afán de obtener el apoyo de ERC y de Junts), por la euskaldunización o catalanización lingüística exclusiva en el territorio de esas comunidades autónomas cuyos gobiernos abominan de tal condición, sostenidos por los partidos nacionalistas cuyo programa -legítimamente, lo subrayo- es la secesión, o la independencia, como Vds prefieran, porque no se consideran parte del “Estado español”, hasta extremos ridículos, como las reticencias de sus presidentes respecto a los éxitos de la selección española de fútbol. A ese respecto, me parece muy ilustrativa la ironía desplegada por I. Iriarte en un reciente artículo en el que toma nota del entusiasmo nacionalista producido en torno al mundial de fútbol (https://www.elmundo.es/opinion/2026/07/24/6a627d30fdddff24548b457a.html).

Por si no ha quedado clara mi tesis, reiteraré que considero legítima la pretensión de independencia de los partidos nacionalistas en el País Vasco y Cataluña. Y añado que me parece poco razonable. La considero poco razonable porque se formula hoy, en un contexto de globalización en el que esos actores tendrían muy poco margen para sostener su proyecto, sin el apoyo de actores políticos de envergadura suficiente para competir en semejante contexto. Y parece obvio que, pese a sus esfuerzos propagandísticos, tal pretensión choca con los presupuestos en los que se asienta el Derecho de la UE, que es el propio de la de la confederación de sus Estados miembros, del principio de la soberanía estatal y por tanto aborrece de la fragmentación de los mismos.

¿Hay prioridades nacionales buenas y malas?

A lo que quiero llegar, pues, es a lo que considero un ejemplo de doble rasero en la argumentación del profesor Subirats. Hasta hoy, estaba convencido de que el profesor Subirats, como sus conmilitones de En Comú Sumar, no compartía un argumento fundamental de las tesis sobre política migratoria que sostienen Junts, ERC y también el PSC del president Illa. Me refiero a que, en su propuesta de delegación de competencias migratorias a la Generalitat de Catalunya, estos partidos supeditan de facto (e incluso de iure) la renovación e incluso la admisión del permiso de residencia a los inmigrantes en Cataluña a un proceso de asimilación etnocultural, con la lengua como bandera, menospreciando el argumento inequívoco de que los derechos y la ciudadanía no se adquieren por la identidad (impuesta) de rasgos etnoculturales y, menos aún, se pueden discriminar por esas razones. Unas propuestas que, por cierto, yo mismo critiqué en su día (https://www.pensamientocritico.org/wp-content/uploads/De-Lucas-abr-2015.pdf). Insisto, hasta ahora, el grupo parlamentario En Comú Sumar había dejado claro que no aceptaba restricciones de derechos de ese tipo.

Pero tras leer esta tribuna del profesor Subirats, la pregunta es inevitable. ¿por qué se critica el modelo de deportación que, en el caso del reglamento europeo, está emparentado con la lógica antidemocrática propia de la ideología de la reemigración, pero no se dice una palabra sobre la utilización del nosotros que proponen esos partidos nacionalistas y que, a mi juicio, insisto, con vulneración notoria de la legalidad vigente, incluye propuestas de procedimientos de expulsión de los inmigrantes que no superen esos test inequívocamente etnoculturales y nada republicanos? ¿Son esas tesis tan diferentes de lo que propone el Reglamento europeo de retorno? ¿Y en qué se diferencia esto de las propaganda xenófoba y discriminatoria de la prioridad nacional que sostiene VOX?

Lo que quiero subrayar es la paradoja del doble rasero que subyace a la pretensión de estos partidos cuando, de un lado, critican la prioridad nacional propuesta por VOX y, al mismo tiempo, proponen que el inmigrante que no consiga demostrar su arraigo en Cataluña, porque no supera el test de conocimiento de catalán, debe ver suspendida la renovación de su permiso de residencia e incluso podría ser expulsado. Por cierto, habría que preguntar: expulsar, ¿de dónde? de Cataluña? Y, en ese caso, ¿a dónde? porque expulsar de España a un inmigrante por no dominar el catalán parece difícil de justificar jurídicamente, habida cuenta de que la Generalitat carece de competencias para expulsar a nadie y que tampoco la legislación vigente contempla como razón de expulsión la falta de dominio de una de las lenguas cooficiales.

Dicho de otra manera, ¿por qué los inmigrantes han de superar condiciones específicas, propias de una identidad etnocultural particular, más allá de las que se exigen a cualquier inmigrante que resida en el resto del territorio español? La única explicación posible es que se pretenda que Cataluña constituye una entidad política diferenciada de la del resto de España, lo que evidentemente no es así en el marco constitucional vigente. Hoy por hoy, si se trata de establecer un requisito lingüístico que condicione el permiso de residencia, el único que me parece exigible es el de la lengua común a todo el Estado. Otra cosa es que el conocimiento de las lenguas propias y cooficiales en determinadas Comunidades Autónomas constituya un mérito a valorar, como criterio de la voluntad de arraigo, lo que me parece razonable. Pero no se puede supeditar el reconocimiento y garantía de derechos a una condición etnocultural particular.

En resumidas cuentas: la crítica a las construcciones del nosotros como base para una democracia que no puede no ser excluyente, debe valer para todos, no vaya a ser que, una vez más y como siempre, haya una prioridad nacional mala y otra buena, un nosotros muy malo y otro bueno, el de los nuestros.

He ido a ver la versión de La Odisea. que ha dirigido Ch.Nolan. La he visto en una sala de cine IMAX, versión digital, que no es la misma del formato creado por Nolan que, al parecer, sólo se puede proyectar en medio centenar de salas en todo el mundo, pero se le acerca.

Otras películas de Nolan me han causado la impresión de estar cerca de eso que llamamos una obra maestra, en términos de la historia del cine, a la altura por ejemplo de la obra de Kubrick «2001: una odiisea del espacio», que él mismo  ha confesado que le deslumbró cuando aún era un joven que rodaba con la cámara de su padre. A mi juicio, «Memento» (2000) fue una gran revelación, aunque su consagración como gran director procede de «Interstellar» (2014), que puede aspirar a figurar entre las grandes películas de ciencia ficción y «Dunkerke» (2017). Estos dos films, -junto al éxito comercial de su trilogía sobre Batman, y otras dos interesantes incursiiones en la ciencia fiicción («Origen», más que «Tenet»)l le condujeron hasta lo que considero su película más lograda, «Oppenheimer» (2023), que junto a la mencionada Interstellar reúne los elementos de una obra maestra cinematográfica, esto es, de esas que se recuerdan en la historia del cine.

No disuadiré a nadie de ir a ver su versión de la Odisea, que va a ser el gran éxito comercial de 2026 y está provocando ríos de tinta. Es, sin duda, un gran espectáculo visual y un supertaquillazo (un blockbuster, en la terminología al uso). Pero, a mi juicio, está muy lejos de ser la obra maestra cinematográfica que se supone perseguía Nolan y que algunos han aclamado.

El elenco de actores y actrices no ofrece a mi juicio actuaciones excepcionales, aunque será  inevitabñle que al menos Matt Damon y Anne Hathaway sean candidatos a los premios oscars en 2027. Creo que Matt Damon hace un gran esfuerzo por estar a la altura del Ulises que Nolan quería, y que a mi juicio es muy, muy diferente, del héroe que cantó Homero. Creo que la actuación de Ralph Fiennes en El retorno de Ulises («The Return»), de Uberto Pasolini (2024) es bastante más convincente que la de Damon y a mi juicio, más merecedora del oscar.. Confieso que me ha sorprendido positivamente las actuaciones de Anne Hathaway e incluso Tom Holland, dos actores que no son precisamente de mis preferidos y que, pese a algunas críticas adversas, encuentro muy correctos en los papeles que les atribuye Nolan como Penélope y Telémaco (otra cosa son anacronismos hollywodienses, como que Telémaco le diga a Odiseo «papá!» (¿?!!)). El resto del elenco, a mi juicio, queda casi en lo anodino: ni Zendaya, ni Lupita Nyong’o, ni Robert Pattison me entusiasman en sus papeles. Quizá Leguizamo sea el más correcto, como el fiel sirviente Eumeo, pero no me convencen ni la Calypso de Charlize Theron, ni la Circe de Samantha Morton….

He leído con atención críticas de algunos de los mejores clasicistas, como Mary Beard, que subrayan que no hay que buscar en el film la fidelidad a la muy compleja obra maestra de Homero, sino disfrutar de una película bien rodada (especialmente las escenas en el mar…). Y estoy de acuerdo con ese punto de vista. Pero precisamente si aceptamos ese juicio es también porque la versión que nos ofrece Nolan de La Odisea se aleja mucho, pero mucho, de la complejidad que caracteriza al genial poema de Homero y así lo ha destacado una de las mejores traductoras de la Odisea al inglés, Emily Wilson, cuya versión es la que ha seguido el propio Nolan.

Es decir, estoy más de acuerdo con las críticas que, como la que publicó The Economist (titulada «An epic Mistake») o, en particular R Brody en The New Yorker, señalan que Nolan presenta un Odiseo moderno y con el que el público puede identificarse, en lugar de intentar comprender el mundo antiguo en sus propios términos: su película es un espejo en el que nos miramos nosotros, en 2026, una recreación en clave contemporánea, en lugar de una lente que ilumine para el público de hoy la riqueza del poema de Homero. Es lo que señala también González ferriz en lo que a mi juicio es una crítica acertada: https://www.elconfidencial.com/cultura/el-erizo-y-el-zorro/2026-07-28/obsesion-odisea-preocupaciones-morales_4396591/.. González ferriz, además de subrayar la  inexplicable ausencia de sexo en la historia de Ulises que él narra, concluye de esta forma: «recuerda: cuando discutas de esta peli, no lo estás haciendo sobre el mundo homérico y sus héroes, sino sobre el actual y tus propias creencias».

Quiero aclarar que no he ido a la película buscando la fidelidad a la obra de Homero. Hablamos de una película y por eso, cinematográficamente hablando, me disgustan por ejemplo, los problemas de un atrezzo que parece en muchos casos más próximo a las películas de superhéroes de Marvel (esa armadura de Agamenón, los Lestrigones como superguerreros…), o los empeños del guión en la caprichosa selección de episodios que hace Nolan, y que ha explicado bien un buen traductor de La Odisea al castellano como es Macías, que sin ser la traducción de García Gual, me parece muy estimable y que ha escrito buenas observaciones en twitter/X.

Aún así, reconozco que lo que más me desagrada es la total incomprensión del juego entre dioses y hombres que ofrece Homero, la ausencia de la complejidad (la Odisea está llena de humor, pero, por ejemplo, Nolan omite la argucia, llena de humor, de Ulises a Polifemo sobre su nombre) y que el personaje de Ulises en la versión de Nolan sea una suerte de Oppenheimer 2, sumido en un trauma de culpabilidad que es una creación contemporánea, para consumo del gran público , pero absolutamente contradictorio con lo que nos ofrece el texto homérico. Por no hablar de un final feliz postizo, el happy End con el que Nolan rectifica el final del canto XXIV de la Odisea de Homero, y en lugar de la salida de escena de Odiseo, sin discursos ni gloria, Nolan nos presenta a  Odiseo y Penélope navegando rumbo a la utopía. Una superchería  que me parece abominable.

Todo ello, a mi juicio, tiene que ver con un argumento mayor, la manipulación por parte de Nolan de la xenia, la ley de hospitalidad descrita en el film reiteradamente como «la ley de Zeus» (un propósito sobre el que sugiero leer el análisis de Eliana Dockerman en Time Magazine: https://time.com/article/2026/07/16/the-odyssey-ending-zeus-law-xenia/), para argumentar la crisis de una civilización ante la barbarie que representan «los pueblos del mar» (a la postre, los mismos griegos), de modo confuso (era Troya el ideal de la civilización, según esa interpretación de Nolan?), civilización que se impondrá alguna vez a las sombras (¿??).

Yo he disfrutado viendo el espectáculo. Pero no me parece ni de lejos una buena versión de La Odisea y desde luego, no la considero una obra maestra cinematográfica.

Como muchos otros, he criticado el torpe error cometido por el señor Rajoy al decir que no hay franceses en la selección francesa. Eso sólo se puede afirmar desde la ignorancia y el prejuicio. A mi entender, es más una torpeza de cronista deportivo aficionado, que un propósito racista deliberado, pero, en todo caso, ese uso del humor campechano derrapó hacia el prejuicio racista. Es de rigor decirlo.

Por idéntico respeto al rigor, creo que no es menos necesario criticar el hipócrita escándalo con el que muchos, en Francia y España, han competido para ver quién se rasga más y mejor las vestiduras ante la afirmación de Rajoy, al grito de que la ciudadanía francesa no es étnica, sino republicana, y que las palabras de Rajoy son una manifestación grave de racismo, que hieren también a la selección española y por ende a nuestro país, que tampoco admitiría, ¡faltaría más!, una concepción étnica, racista, de la ciudadanía.

Toda esa retórica está muy bien, pero frente a esas declaraciones, la realidad es otra y para atenernos a ella, habrá que recordar los hechos. En Francia, el modelo teórico de integración -abiertamente asimilacionista- es de hecho un fracaso, y esconde una realidad muy distinta: la de la discriminación y aun la explotación que se constata en las banlieue segregadas, con servicios sociales precarios, con un ascensor social que no funciona para quien no es francés de souche … Lo demuestra el malestar social que ya no es latente, sino abierto, y lo cuentan la literatura, el cine y la TV, que nos ofrecen una imagen mucho menos civilizada y republicana de Francia, bastante contaminada de supremacismo etnicista que traiciona sus ideales y su tradición. Son muchos los ejemplos de los que me he hecho eco en distintas ocasiones, al hablar de la imagen de la inmigración en el cine: piensen en películas como La haine (1995), Entre les murs (2008), Les femmes du 6e étage (2010), Le brio (2017), Les Miserables (2019), Retour á Reims (2021), Atenea (2022) o  L’histoire de Souleymane (2025), o en series de TV, como Les noirs de France, Les sauvages (2019), o la magnífica La fiebre. No, la realidad ha desvirtuado el principio republicano de ciudadanía, y hay ciudadanos franceses de primera y segunda, en función de características etnoculturales.

¿Y en España? ¿De verdad podemos presumir de no ser etnicistas en el país de El Ejido, Torre Pacheco, o Jumilla, en un país en el que las proclamas etnicistas de VOX sobre la reemigración, la regularización o la prioridad nacional, tienen el respaldo de más de un 25% de los ciudadanos? Por no hablar de esa Catalunya en la que, frente a la visión arcádica que pretende ofrecer el president Illa, lo cierto es que la muy racista, etnicista y supremacista Aliança Catalana supera el 25 % de expectativa de voto y, sumada a VOX, hacen del Parlament un reducto de la extrema derecha etnicista, con más de un tercio de los escaños? ¿Acaso no desprende un tufo supremacista la pretensión de que Cataluña tenga reglas propias sobre política migratoria, sobre entrada y expulsión de inmigrantes, o el condicionamiento de la renovación del permiso de residencia a las pruebas de dominio del catalán, cuando la única ciudadanía que hay en España es la española?

Y no me vengan con el «ejemplo integrador» que ofrecen las selecciones nacionales de fútbol, como ejemplo de éxito de los inmigrantes: porque por cada Mbappé, Williams o Yamal, hay millones de mujeres, hombres y menores inmigrantes que son infrasujetos de Derecho y sobreviven a duras penas, trabajando en condiciones precarias y de explotación, en Francia, en España y en todo el mundo…Todo esto desprende un tufo al viejo argumento del buen tío Tom, tan justamente criticado por Tarantino en su acertadamente subversiva versión de Django desencadenado…

Es decir: menos retórica de antirracismo fácil y más autocrítica. Las dificultades para que la mayoría de los inmigrantes puedan adquirir la condición de ciudadanos (con la excepción notable, en el caso español, de los inmigrantes que proceden de países hispanoamericanos), desprenden el mismo aroma etnicista, el que hay detrás de la ambición de aculturación que queremos imponerles. Una democracia no etnicista es una comunidad política de ciudadanos libres e iguales, que no tienen su condición de plenos sujetos de derechos porque acepten estas o aquellas costumbres, sino porque respetan la ley y el Estado de Derecho. estamos todavía lejos de ese ideal.

El papa León XIV, en su discurso en el Congreso y para sorpresa de algunos que no deben saber nada de la doctrina de la iglesi católica), defendió las posiciones de su iglesia en torno al derecho a la vida y al hacerlo, criticó las leyes de aborto y eutanasia. Por descontado, que la iglesia católica esté en contra del aborto, defienda al nasciturus como persona, y se oponga a la eutanasia, no debería constituir una novedad. Si acaso, se puede plantear la duda acerca de que sostener esa crítica en la sede del Congreso sea lo más conveniente en términos diplomáticos y de respeto a la autonomía de lo temporal -una tesis, por cierto, de raigambre agustiniana- .
Cada partido, como es habitual, arrimó el ascua a su sardina respecto a las tesis defendidas por el papa en ese y en otros discursos. Así, el PSOE -y el gobierno- insistió hasta la saciedad en la posición favorable del papa respecto a la regularización de inmigrantes y, por tanto, no le pareció mal que el papa se metiera en un debate político candente en nuestro país.
Lo que me interesa es llamar la atención sobre dos controversias más recientes.
Una, que ya he comentado en redes, es la intervención de presidente de la conferencia episcopal que, invocando una conocida cita de san Agustín sobre la exigencia de justicia para reconocer legitimidad a los gobernantes, extendió esa tesis al gobierno actual, aplicándole así el calificatiivo de banda de ladrones, que san Agustín imputa a los gobiernos que actúan al margen de la ética (de la justicia), en su conocida cita de la Ciudad de Dios que poarece que llevara camino de convertirse hoy en un best seller, con estas polémicas y las llamativas intervenciones de políticos católicos como el vicepresidente Vance.

Aunque luego monseñor Agrelo desmintió que extendiera tal tesis al actual gobierno, creo que se equivocó gravemente en su intervención, por muy académica que fuera o, incluso, precisamente por su carácter académico, al que es exigible un plus de rigor. El obispo Agrelo, como cualquiera, tiene derecho a expresar su opinión (con la responsabilidad que implica hacerlo en nombre de la iglesia católica, que no es poca) y a hacerlo sobre las cuestiones que ocupan el debate en la opinión pública: la regularización de inmigrantes o el aborto. Luego, como estamos acostumbrados a ver,.los partidos dirán que ha interferido o no en cuestiones en las que no debe pronunciarse, según coincida la intervención del clérigo con las tesis que defiende el partido o el político en cuestión…
La segunda cuestión es la polémica en torno a la ley aprobada en la Asamblea de Madrid sobre protección del <concebido no nacido>, o, más exactamente, sobre el reconocimiento de ventajas a las familias que tengan condición de numerosas porque la madre está embarazada, aunque aún no haya nacido el bebé.
A este respecto me ha parecido particularmente falaz lo que sostiene hoy domingo 12 de julio, un editorial de El País, que literalmente considera «un uso falaz de expresiones con una profunda carga ideológica” la mención del «concebido no nacido» que, sostiene el editorial, se utiliza contra el derecho al aborto tal y como está reconocido en nuestro ordenamiento.
Frente a semejante tesis, conviene recordar de entrada que el reconocimiento del nasciturus como sujeto de protección jurídica (nasciturus, recordaré, es como se conoce jurídicamente hablando al concebido y no nacido), no sólo no es contrario a nuestro ordenamiento, sino que está expresamente formulado así por la legislación, la jurisprudencia y la doctrina jurídicas. Lo prueba el artículo 29 del Código Civil. Lo prueba la STC 53/1985 que, tras afirmar que el nasciturus no es titular del derecho a al vida, porque no es persona, sostiene que es un bien constitucional relevante digno de protección jurídico constitucional.
La tesis del editorialista de El país, al omitir la menor referencia a esa relevancia constitucional de la condición del concebido y no nacido, además de una preocupante ausencia de rigor jurídico parece fruto, o bien de la ignorancia, o del prejuicio.
Recordaré, para no llamara a nadie a engaño sobre el carácter de mis precisiones, que a mi juicio y de forma acertada, en nuestro ordenamiento se reconoce el derecho al aborto; claro que dentro de unos límites. En ningún caso, como pretenden algunas posiciones que considero seudofeministas, como un derecho absoluto, irrestricto. Entre otras razones, porque ningún derecho es absoluto. Menos aún si, como es el caso, ha de conjugarse con el reconocimiento del nasciturus como bien jurídico digno de protección; un reconocimiento, a su vez, dentro de unos límites y en determinadas condiciones y plazos. Nuestro Derecho no otorga la condición de persona al nasciturus, sino sólo a quien ya ha nacido: eso hay que recordarlo frente a quienes sostienen la posición radical que sostiene la iglesia católica según la cual se es persona desde el momento de la concepción.
Otra cosa es, siempre a mi juicio, el uso político que se pretende con la mencionada ley de la Comunidad de Madrid que, a todas luces, busca no tanto un sistema de protección a la familia, sino enfrentar la actual regulación legal del derecho al aborto. A mi entender, la protección a la familia empieza por mejorar la garantía del derecho a la salud de todas las personas, es decir, de los que ya están aquí. Y eso no es lo que brilla en el sistema de salud que practica el gobierno de la señora Ayuso