Acerca de Javier de Lucas

catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política Instituto de derechos humanos Universitat de Valencia javierdelucas1@gmail.com

POR NUESTRO PROPIO INTERÉS (Versión ampliada del artículo publicado en Infolibre, el 4 de noviembre de 2022)

El mantra “realista” en política

Acabamos de dar por superada una de las amenazas más serias a las que se ha enfrentado la humanidad desde la segunda guerra mundial. Y hemos comprobado que, frente a ese tipo de retos, hay dos instrumentos que han probado su eficacia: el saber —el conocimiento, la ciencia— y la acción en común, la intervención de los poderes públicos en garantía de los intereses comunes prioritarios, como la salud. Junto a la ciencia, la política, o, para decirlo mejor, un modo de entender la política como gestión de la cosa pública, de los intereses comunes y prioritarios, que exige una intervención de los poderes públicos, que no pueden mantenerse al margen y esperar que tales problemas los resuelva, por ejemplo, la mano invisible del mercado. El avance en el saber (que es algo más que la ciencia y la tecnología) y la opción por una forma de gestión política que interviene para regular y garantizar lo que es común, son aliados imprescindibles. Su buen funcionamiento y desarrollo nos deberían interesar a todos como una prioridad. ¿Por qué, entonces, el desinterés que supuestamente tienen los ciudadanos respecto a asuntos como el mejor sistema de ciencia e investigación o la buena marcha de instituciones políticas claves? ¿Es cuestión de hastío, de desconocimiento o, simplemente, de otro tipo de preferencias?

No voy a hablar aquí de la falta de una cultura, de una toma de conciencia sobre la prioridad de invertir en ciencia e investigación, que debería traducirse, por ejemplo, en un clamor para que los presupuestos contemplen un incremento significativo de esas partidas, que nos sitúe al menos en la media europea. En los presupuestos para 2023, el ministerio de Ciencia e Innovación alcanza un récord: 3.991 millones de euros, lo que supone un incremento del un 4% respecto a 2022. Ello supone que España invierte un 1,24% del PIB en ciencia, aún lejos de la media europea, que está en el 2,12%. El objetivo es alcanzar el 1,25% d del PIB en financiación pública de la I+D en 2030 y el 3% junto a la inversión privada y a mi juicio debe reconocerse a este Gobierno el esfuerzo importante en ese sentido. Pero lo cierto es que no parece que eso atraiga la atención de los medios, ni de la opinión pública. Desde mi particular y corta experiencia como presidente de la Comisión de ciencia, innovación y universidades del Senado, podría añadir algunos detalles que ahondan en esa constatación de desinterés. Pero escribo estas líneas para hablar sobre todo del otro desinterés.

Es un tópico asentado el del alejamiento, la indiferencia, el desinterés de los ciudadanos por el buen funcionamiento de las instituciones. Sostienen algunos de nuestros más notables opinadores, responsables de sondeos de opinión y teóricos de la comunicación política que a los ciudadanos no nos interesa quién, ni por qué, ni —a fortiori— cómo, ni cuándo han de renovarse el Consejo General de Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y otras instituciones del Estado, afanados como estamos en lidiar con la subida de los precios del supermercado, del alquiler o de los préstamos de nuestras hipotecas, por no hablar del trabajo de nuestros hijos o de la atención a los mayores. Lo que da prestigio en las tertulias y en las tribunas de prensa es advertirnos sobre el peligro de enfoques “idealistas”, que suelen recibir la condescendiente (des)calificación de ingenuidad, buenismo o, sin más, ignorancia de la realidad. Una realidad a la que todos y, en particular, los que entramos en la categoría de “políticos”, deberíamos bajar, si no queremos perder las elecciones, esa amenaza que es lo más parecido al juicio final en los círculos de toma de decisión de los partidos y en las nobles secciones de “política” en los medios de comunicación.

Sin embargo, en mi opinión, lo que subyace con frecuencia a estas llamadas realistas al primum vivere, es una concepción elitista o, simple y llanamente, antipolítica, de lo que es la política, de aquello de lo que trata la cosa pública. Lo diré por derecho: admito que es muy posible que, en efecto, esas interpretaciones se ajusten a la realidad, esto es, que las cosas, hoy, funcionen así. Pero la paradoja —y lo malo de este planteamiento— es que precisamente el hecho de que las cosas sean así nos aleja de nuestros intereses. Estoy convencido de lo contrario, esto es, que las cosas no deberían ser así, por nuestro propio interés, y trataré de recordar brevemente por qué.

Si alguno de los lectores de estas líneas ha tenido la deferencia de leerme con anterioridad, seguro que no se extrañará de que invoque la advertencia que propusiera el sucesor de Hume en la dirección de la biblioteca de la Universidad de Edimburgo, Adam Ferguson, en 1767, en su Ensayo sobre la historia de la sociedad civil: la lógica del mercado, escribió , entra en inevitable colisión con la que es propia del espacio público y acabará por imponerse a ésta. En ese trance, asegura Ferguson, “los hombres perderán su alma de ciudadanos”, convertidos en consumidores o clientes en su dimensión pasiva.

Sí: creo que, tras una parte de las prudentes llamadas al “realismo”, a “lo que importa a la gente”, hay una carga o al menos el riesgo de despolitización, de esa ideología que sostiene que las decisiones que tocan a la gestión de lo común son cosa de expertos —antes los economistas, ahora los señores de los algoritmos—, que saben calcular aquello que mueve a la gente y decidirá su voto. Que, en definitiva, es su bolsillo (“¡la economía, estúpido!”). Vamos, que la condición de ciudadano consiste sobre todo en una cuestión de cálculo de lo que sale y entre en nuestro bolsillo.

El debate suele presentarse en los términos de la conveniencia del “Estado mínimo” que predican los libertarios y los anarcoliberales que han secuestrado la venerable ideología del liberalismo político, el mejor liberalismo, que puede ser calificado como cívico -republicano, en la estela de Cicerón- e incluso igualitario: el que llega desde J.Locke a J.Stuart Mill o T.H Green, y contemporáneamente ha sido sostenido por Isahiah Berlin, Carlo Roselli, John Rawls o Judith Shklar. Por el contrario, el pensamiento liberal-conservador que parece hoy hegemónico en nuestra derecha, bebe de un liberalismo que sostiene que la cuestión central en política es que los ciudadanos tengan el dinero en su bolsillo, en lugar de pagar impuestos, siempre desmedidos. Es la cacareada «libertad» individual, que consiste en tener el dinero en el bolsillo, en lugar de entregárselo a la perversa burocracia de un gobierno intervencionistas, de corte radical —de manera que el PSOE, «este PSOE», que dice el señor Núñez Feijoo, habría abandonado en realidad la socialdemocracia, contagiado de la radicalidad de su socio en el gobierno de coalición—. Al decir de esta derecha, el riesgo mayor que amenaza a los ciudadanos es el ánimo supuestamente insaciable de este gobierno, en su afán recaudatorio, que pretendería que “el Estado se forre”, expresión que confieso que no consigo entender. No hablo ya de cómo esa derecha agita el fantasma de los excesos estatalistas por parte de los socios “comunistas” del Gobierno, sean cuales fueren los temores que se pretenden agitar en nuestro país con la apelación simplista a esa etiqueta, demonizada por cuarenta años de franquismo. Me limito a proponer que la falacia de la desmedida e ineficiente voracidad impositiva desaparece como argumento para cualquiera que haya tenido que acudir a la sanidad pública por una intervención quirúrgica o un tratamiento complicado. Creo que la derecha debería recuperar el mencionado «liberalismo cívico, igualitario» que, como ha sugerido la filósofa Alicia García Ruiz, despliega T.H. Green y encuentra cabal formulación teórica en la obra de Judith Shklar, para corregir la deriva del liberalismo economicista, exacerbador del «individualismo posesivo», que reduce a los ciudadanos, insisto, a la condición pasiva e insolidaria de consumidores de cuanto le ofrezca el mercado. Dejo ese punto de la conversación aquí.

La política, nuestro primer interés

Lo que me interesa sobre todo es recordar algunos argumentos sobre por qué, como ciudadanos, deben importarnos las decisiones que afectan a esas instituciones que encarnan los poderes del Estado y por qué es necesaria una pedagogía o, si lo prefieren, otra “narrativa”, por parte de los medios de comunicación.

A esos efectos, insistiré en recordar una primera y fundamental razón por la que debe interesarnos -incluso, prioritariamente- el funcionamiento de las instituciones. Si nos conviene interesarnos en ellas, no es tanto porque debamos comportarnos como buenos ciudadanos, de acuerdo con la tradición republicana propuesta por Cicerón, aunque ese no es argumento desdeñable. Tampoco, aunque es un consejo siempre pertinente, por aquello que dejara escrito don Antonio Machado: “haced política, porque si no la hacéis, alguien la hará por vosotros y probablemente contra vosotros”. La razón fundamental, a mi juicio, es que esas instituciones encarnan poderes que son nuestros, poderes que se ejercen en nuestro nombre y por eso no tienen, no deben tener mayor legitimidad que nuestra voluntad. En democracia, aunque ruborice repetirlo, nosotros, los ciudadanos, somos el soberano. El legislativo debe elaborar las leyes conforme a la delegación de representación de nuestros intereses en que consiste nuestro voto. El ejecutivo debe poner en práctica y desarrollar el plan de gestión de nuestros intereses que hemos votado al elegir un programa de un partido. El judicial debe administrar la justicia, mediar en los conflictos de intereses y derechos y ejercer su competencia de control, conforme a lo que establecen la Constitución y las leyes, y en nombre del pueblo. .

Si no hay separación de poderes, si no hay control del ejercicio del poder que lleva a cabo cada uno de ellos, incluido el legislativo, pero desde luego también el ejecutivo y el judicial, se cumpliría la paradoja sobre la democracia representativa —sobre el parlamentarismo inglés— que describió Rousseau en El Contrato social, (1762), poco antes de que Fersugon escribiera su ensayo: “El pueblo inglés cree ser libre, y se engaña mucho; no lo es sino durante la elección de los miembros del Parlamento; desde el momento en que éstos son elegidos, el pueblo ya es esclavo, no es nada”. Dicho de otra manera, el riesgo es que, por evitar un mal peor (la guerra civil, la pandemia, el caos) acordemos ceder nuestras libertades y derechos a un Leviathan, incontrolable por definición, o, lo que también es verosímil hoy, a unos expertos o lobbistas, que negocian con las cúpulas de los partidos y así, deciden por nosotros lo que nos interesa.

El argumento, pues, resulta muy sencillo: las instituciones y mecanismos que aseguran la rendición de cuentas y el control de cualesquiera de los poderes que se ejercen en el espacio público son esenciales para la pervivencia de nuestros derechos y la defensa y convivencia de nuestros intereses. Así lo configuró la Constitución. Y en un Estado constitucional de Derecho, la Constitución, las leyes y las sentencias, primero se cumplen. Después, es perfectamente legítimo tratar de cambiarlas o recurrirlas. Esta cláusula fundamental debe quedar por encima del juego de los partidos y, obviamente, por encima de cualquier interés partidista. Es una salvaguarda para evitar discursos demagógicos que excitan el proceso de polarización política que vivimos y que tanto amenaza a la democracia y aun al Estado de Derecho. Por eso, creo, deben interesarnos a todos cuestiones como el enorme retraso en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, la parálisis de salas del Tribunal Supremo, el parón actual en la renovación del Tribunal Constitucional… Algo muy sencillo de entender para cualquiera, salvo, por lo que parece, para la dirección del Partido Popular.

SOBRE LA VANA PRETENSIÓN DE ADORNAR EL DISCURSO POLÍTICO CON CITAS QUE ACREDITEN PEDIGREE INTELECTUAL

Dice el refrán que no conviene olvidar la viga en el ojo propio, antes de señalar la paja en el ajeno.
Todos nos equivocamos y algunos de nosotros varias veces al día. Eso debería conducirnos a un ejercicio de humildad y prudencia antes de criticar a los demás y, sobre todo, a tratar de leer un poco más, y hablar un poco menos. O, al menos, a pensar dos veces antes de hablar. Y si esto nos sucede al común de los mortales, resulta más llamativo cuando tales errores o incontinencias verbales los cometen quienes ocupan puestos de la más alta responsabilidad pública, llevados por la pretensión de adornarse en el discurso con citas que muestren una superior cultura filosófica, literaria, musical, étc. El resultado es que queda así en evidencia una ignorancia sólo comparable a su vana pretensión. Vamos, que hacen el ridículo.
Se recordará, por ejemplo, la garrafal metedura de pata de Pablo Iglesias en un debate en la Universidad Carlos III, cuando se inventó una obra de Kant que recomendó leer y que evidentemente él no podía haber leído, porque no existía. Otros líderes, con mayor conciencia de sus propios límites, pero con no menor desvergüenza, se atreven a recomendar al público que lea lo que ellos confiesan no haber leído. De otra medida, creo, fue la pretensión de uno de nuestros presidentes de gobierno de mostrarse como estudioso de la obra de una cumbre de la literatura universal, como Borges, por el mero hecho de ser un entusiasta lector y así entregarse a la publicación de las propias emociones como si éstas fueran de interés general. Claro que, en este caso, hay dos disculpas importantes que llevan a la comprensión e incluso a la ternura por el propósito: la evidencia de que ha leído aquello de lo que habla y el fervor por la obra de este argentino universal. A lo que se ha de unir la ausencia de ambición venal, al haber cedido todos los derechos de autor a causas de voluntariado. A mi juicio, queda suficientemente disculpado.


Escribo ésto, a la vista de algunas anécdotas sucedidas en los últimos días, que ponen de manifiesto lo que -por otra parte- ya sabíamos: algunos de nuestros líderes políticos no dedican lo mejor de su tiempo a desentrañar los argumentos filosóficos de Hobbes, Kant, Hegel o Habermas. Tampoco, a leer cumbres de la poesía, la novela o el teatro. Y, seguramente, no hay ninguna necesidad de que lo hagan: no es preciso que nuestros líderes políticos sean intelectuales de la talla de Masaryk o Havel, aunque leer, estudiar, escuchar música o ir al teatro y al cine no le viene mal a nadie.

El problema en los tres casos recientes que voy a evocar consiste, creo, en que sus asesores piensan que queda bien adornarse de esa manera. Pero, como se verá, a veces estos asesores están faltos de sueño y se equivocan. Hace unas semanas, por ejemplo, les sucedió a los «escribidores» del Alto Representante Borrell, que le metieron en el jardín de comparar las obras de Hobbes y Kant, con un resultado manifiestamente mejorable. Más recientemente, los asesores del líder del PP le sugirieron adornarse con la consabida cita de Orwell y resultó que se trabucó con la fecha de <1984>; y para redondear, los hay que sugirieron al secretario general del PSOE que en su discurso en Sevilla pusiera en boca de Blas de Otero muy conocidos versos que escribió, en realidad, Gil de Biedma. Claro está que siempre cabe la posibilidad de que en los tres casos se trate de un lapsus atribuible a la propia cosecha del orador. De cualquier forma, lo ocurrido pone en evidencia a quienes se apresuraron a ridiculizar a quien citaba a Orwell en vano y silencian a continuación la confusión entre poetas.


A la postre, como recomienda el refranero, «zapatero, a tus zapatos», para que no te digan «dime de lo que presumes y te diré de lo que careces». Claro que también cabe otra lección, como decía al principio: leer un poco más y hablar un poco menos; mayormente, de aquello de lo que se sabe.

La delgada línea entre realpolitik y belicismo. El «giro hobbesiano» del Alto Representante Borrell (versión corregida y ampliada del artículo publicado en Infolibre, el 19 de octubre de 2022)

La realpolitik como presupuesto de la gestión de las relaciones internacionales. La “escalada” argumentativa de Borrell

El Alto representante de la UE y vicepresidente de la Comisión, Josep Borrell, es, sin duda, es una de las mentes más brillantes que ha dado la política española. Es también uno de los políticos con mayor capacidad de irritar, incluso a los más anónimos ciudadanos, por el frecuente tono de condescendencia con el que se dirige al común de los humanos para sacarnos de nuestros errores, o amonestarnos, desde la superioridad intelectual que le posee. Enric González le dedicó recientemente un brillante artículo (https://elpais.com/ideas/2022-10-15/el-efecto-y-el-defecto.html), en el que me pareció advertir alguna analogía -salvando las distancias, claro- con el famoso y terrible retrato que Velázquez hizo del papa Inocencio X y ante el que éste, según parece, clamó: “¡troppo vero!”.

En efecto, con su apabullante y casi siempre bien articulada argumentación, quien debiera dar muestra de la mejor diplomacia europea, no rehúye entrar en todo tipo de charcos y parece haberse concentrado en las últimas semanas de este mes de octubre en una escalada retórica a propósito de la guerra en Ucrania que, más allá de la polémica, produce -a mi juicio- no poca preocupación e incluso espanto.

Lo de menos es la floritura filosófica, entre Hobbes y Kant, con la que nuestro Borrell adereza esta escalada y que me parece más fruto de estereotipos sobre la contraposición entre ambos filósofos, que no el resultado de un conocimiento preciso de sus tesis: los estudiosos de las ideas políticas saben que el propósito de Hobbes no es el elogio de la fuerza y la guerra, ni mucho menos. Hobbes, partiendo de un planteamiento “realista” -propio del pesimismo antropológico- trata de encontrar una solución racional al fatal destino de la “ley natural de la selva”. Esa solución no es otra que un contrato o pacto, por el que los hombres abdicamos de toda fuerza y de todo derecho (salvo el de la vida), cediendo el monopolio de la misma al monstruo –Leviathan– que es el Estado. Y, por cierto, cabe también recordar que la solución que Kant propone en escritos como Ideas para una historia universal en clave cosmopolita, o, sobre todo, en La paz perpetua, no es la de un Estado mundial, sino la de una Federación de Estados que haga posible el modelo de un Derecho cosmopolita que vincule a todos. Un proyecto cuyos ecos resuenan, evidentemente en el acuerdo del Tratado de Versalles por el que se crea la Sociedad de las Naciones (1919) y, luego, en el que dio lugar a la creación de la Organización de las Naciones Unidas (1948). Uno y otro, recordemos, después de que la humanidad experimentase como nunca el horror de la guerra, en las dos denominadas guerras mundiales. Pero, insisto, tampoco se trata de someter al eminente profesor a un examen de historia de las ideas, aunque, puestos a adornarse, al menos convendría cierto rigor en su uso.

Lo que me interesa tratar de entender, reitero, es la posición de Borrell en torno a una cuestión recurrente y clave en política internacional, la de la supuesta inevitabilidad del recurso a la fuerza (de la amenaza de recurrir a la fuerza) que, en el fondo, es la decisión que interpela a la Unión Europea ante el hecho terrible que nos afecta, desde el mes de febrero de este año: una guerra brutal que comenzó como una invasión de Ucrania ordenada por Putin, una decisión, a su vez, que en términos jurídico-internacionales podría considerarse un crimen de agresión y a la que ha seguido, según muy numerosos indicios, la comisión de numerosos y terribles crímenes de guerra. Con el coraje personal e intelectual y la ausencia de lengua de trapo que le caracteriza, el buen doctor Borrell nos ha llamado a los europeos a despertarnos de nuestro ingenuo sueño de vivir en un jardín pacífico y aislado, para descubrirnos que debemos afrontar el “horizonte existencial de la guerra”.

Cabe así considerar que Borrell adopta un pragmatismo próximo a la concepción que, como he recordado, podríamos calificar de hobbesiana. Sí, porque la solución que propone Hobbes a ese mal supremo que es la guerra civil, el bellum omnium contra omnes, es, reitero, acordar la cesión del monopolio de la violencia a un constructo, el Estado, una tesis que desarrollará siglos más tarde Weber. El problema es que eso nos deja en difícil posición cuando de la hipótesis de evitar ese mal supremo que es la guerra civil pasamos a la necesidad de evitar otro mal terrible, la guerra entre Estados. En efecto, como advirtió Hegel, “entre los Estados no hay pretor”, de donde se deduce que la guerra sería, finalmente, un horizonte vital inevitable. Aún más, como también señalara Hegel, la prueba de nuestra convicción acerca de la importancia de la libertad es precisamente nuestra disposición a ser capaces de afrontar el sacrifico de ir a la guerra para salvaguardar la libertad, un bien aún más importante incluso que la vida.

Esa concepción doctrinal realista es propia de todos cuantos han postulado que la mejor máxima de seguridad y defensa es la atribuida a Vegetio <si vis pacem, para bellum>, un apotegma que adora la industria de armamento (aunque parece que la formulación original era menos asertiva: igitur, qui desiderat pacem, praeparet bellum, escribió literalmente Vegetio). Ese realismo como condición del buen gobernante, es también el que expresa la metáfora admonitoria atribuida a Bismarck sobre la necesidad de evitar el idealismo propio del político que sólo se pertrecha de principios para realizar su tarea, a quien compara con el ingenuo que se adentra en un bosque infestado de ladrones, con un palillo entre los dientes. Entre las grandes figuras de la diplomacia y la política internacional contemporáneas es notoria la pragmática concepción de Kissinger -continuada por la muy influyente Madeleine Allbright- acerca de la prioridad de disponer de una posición de fuerza en las relaciones internacionales.

Lo que nos dicen todos los prudentes partidarios de este pragmatismo es que debemos abandonar el wishfull thinking y reconocer que, a la hora de la verdad, ni la diplomacia, ni las normas del Derecho internacional ni ninguna autoridad superior (esto es, la fuerza de la razón jurídica y política, la fuerza del Derecho) nos protegerán frente a la razón de la fuerza. Sólo ser capaces de oponer una fuerza mayor -la amenaza de recurrir a ella- nos ofrece esa garantía. Ergo, ante las amenazas de Putin, sólo cabría confiar en la existencia de una capacidad de respuesta bélica que permita la amenaza de “aniquilar al ejército ruso”, como sostuvo el jefe de la diplomacia europea (https://www.europapress.es/internacional/noticia-borrell-avisa-ejercito-ruso-seria-aniquilado-caso-ataque-nuclear-contra-ucrania-20221013120622.html). La pregunta, pues, es si debe cambiar la concepción del papel de la UE en las relaciones internacionales, como consecuencia de la guerra en Ucrania.

Aprovechar la oportunidad que nos brinda la guerra en Ucrania, para “despertar a la política real”, al enfrentamiento entre dos visiones de las relaciones internacionales.

Sostienen los expertos en geopolítica que la guerra de Putin en Ucrania supone un punto de inflexión en el modo de entender las relaciones internacionales. Quizá la cuestión no es tanto que ese cambio radical sea consecuencia de la guerra en Ucrania, sino más bien que esta terrible decisión de Putin debe entenderse en el marco de la deriva a la que parece conducirnos la competición por la hegemonía mundial entre los EEUU y China, flanqueados por la Federación Rusa y coreados por sus respectivos aliados (con la OTAN en primer término), una competición que nos ha devuelto a escenarios propios de la guerra fría, incluida la pesadilla de un conflicto nuclear, en la medida en que China y Rusia (y sus aliados) apuestan por otra visión del mundo, de las relaciones internacionales, claramente incompatible con el modelo de democracia liberal y de un orden internacional regido por los principios y normas de un Derecho internacional puesto en pie desde el sistema onusiano que, al menos, en la letra de la norma se inspira en la prioridad de la defensa de la paz, la cooperación y el respeto a los derechos humanos.

Hay que recordar que todo el esfuerzo que conduce a la Carta fundacional de la ONUestá presidido por una convicción suprema: la guerra es el mal absoluto, el peor azote de la Humanidad, y por eso la prescribieron como el ilícito que debe ser desterrado en las relaciones internacionales. Recordemos asimismo que los visionarios que junto a Eleanor Roosevelt dieron a luz la declaración universal de los derechos humanos en 1948, entendían que el proyecto de las naciones unidas sólo podía asentarse en el cimiento que procurase una firme arquitectura institucional de garantía de los derechos humanos enunciados en la declaración, cuya ambición resulta más sorprendente hoy que en 1948, si me apuran.

Por el contrario, la filosofía del “gato blanco, gato negro; lo importante es que cace ratones”, inspira en realidad una profunda subversión de las reglas de juego del Estado de Derecho, de la democracia y de la legalidad en las relaciones internacionales. La Federación Rusa (no olvidemos que no es sólo Rusia), bajo el diktat de Putin, se apunta con armas y bagajes al mensaje de unpopulismo nacionalista que exige acabar con el mal que representa el modelo que estigmatizan con la fórmula de “dominio occidental”, una falacia argumentativa para la que se sirven, claro, de las ominosas manchas del colonialismo, la explotación descarnada y los crímenes de guerra y contra la humanidad que llenan la alforja de esa “carga del hombre blanco” a la que tan orgullosamente se refirió Kipling en su poema de 1899 en el que explicaba cómo esa pesada tarea de “civilizar” al mundo bárbaro que había sido asumida por el imperio británico, debía pasar a manos de otros, los EEUU (https://www.kiplingsociety.co.uk/poem/poems_burden.htm). Una retórica cuyo lado oscuro fue descrito de forma inigualable por Conrad en  El corazón de las tinieblas.

Creo que ese es el motor del despliegue argumental del Alto Representante Borrell a lo largo de estos meses. Dar una respuesta, proponer un modelo. A mi juicio, su propósito es la necesidad de aprovechar la oportunidad que nos brinda esta guerra para volver a pensar las relaciones internacionales y así, “despertar a los europeos” de su falta de comprensión de la realidad que nos rodea. En ese sentido, me parece imprescindible leer con detenimiento el argumentado ensayo que publicó en marzo de este año, apenas un mes después del comienzo de la invasión (https://geopolitique.eu/en/2022/03/24/europe-in-the-interregnum-our-geopolitical-awakening-after-ukraine/). En esas páginas sostiene con toda claridad un giro en el papel tradicional asumido por la UE en las relaciones internacionales: “I am convinced that the EU must be more than a soft power: we need hard power too”. Es un propósito de importancia crucial y que, insisto, merece ser discutido, sobre todo porque no hay hard power sin poder armamentístico.

El problema, pues, a mi entender, es que el mensaje que nos propone Borrell parece decantarse por un descarnado realismo político, que linda con el belicismo y que no parece tan fácilmente compatible con la defensa del núcleo de la legitimidad del propio proyecto de la UE, eso es, la noción de Estado de Derecho y la primacía de la legalidad internacional, un a priori que todo demócrata europeísta, y estoy convencido de que el Sr Borrell lo es desde siempre, ha de sostener.

El imperio del Derecho y la prioridad de la paz y de la garantía de los derechos humanos es la clave de la fortaleza de la UE, de su papel en el mundo.

Para que la UE desempeñe un papel relevante la UE en las relaciones internacionales es preciso desarrollar sus fortalezas y reducir sus debilidades. ¿Cómo nos propone conseguir esa tarea el Alto Representante de la UE?

A la hora de entender su propuesta me parece significativo, y nada anecdótico, analizar su conferencia “Cómo la guerra ha cambiado Europa”, pronunciada en la XVII Lección conmemorativa de la Fundación Carlos de Amberes (https://www.youtube.com/watch?v=ljZvS2eJzmo). En esa intervención, al modo de Alejandro Magno en Gordium, Borrell propuso un tajo realista: “no se puede ser herbívoro en un mundo de carnívoros”, sostuvo. Si la UE quiere tener un papel propio, nos recuerda Borrell a los ciudadanos europeos, no hay otro camino que el de la autonomía energética y el del rearme, con todos los sacrificios que ello comporte.

Pero la delgada línea roja entre el realismo político y el belicismo fue traspasada por el Alto Representante, a juicio de algunos de nosotros, sobre todo en la intervención inaugural de la Conferencia Anual de embajadores de la UE, de 2022 (https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-ambassadors-annual-conference-2022-opening-speech-high-representative-josep-borrell_en) y en su importante discurso en el Colegio de Europa en Brujas (https://legrandcontinent.eu/es/2022/10/16/los-jardineros-europeos-deben-ir-a-la-jungla/), en el que introdujo otra metáfora, la de la UE como un jardín, un espacio privilegiado de libertad política, prosperidad económica y cohesión social, que se cree preservado de la selva que es el resto del mundo por un muro: “y la selva podría invadir el jardín y los jardineros deberían cuidar el jardín. Pero para evitar que entre la selva en ese bonito y pequeño jardín, la solución no es rodearlo de altos muros, porque la selva tiene una gran capacidad de crecimiento y el muro nunca será lo suficientemente alto como para proteger el jardín. Los jardineros tienen que ir a la selva. Los europeos tienen que estar mucho más comprometidos con el resto del mundo. De lo contrario, el resto del mundo nos invadirá por diferentes medios”. Fue en ese contexto en el que, como ya recogí anteriormente, pareció doblar la apuesta matonista de Putin al amenazar a Putin con “aniquilar el ejército ruso” (sic), si éste recurría al uso de armamento nuclear en Ucrania (https://www.europapress.es/internacional/noticia-borrell-avisa-ejercito-ruso-seria-aniquilado-caso-ataque-nuclear-contra-ucrania-20221013120622.html).

Tiene razón el doctor Borrell cuando se embarca en esa batalla argumentativa por combatir la tentación de un (cada vez más supuesto) espléndido aislacionismo europeo. No sólo es que, por sus principios constitucionales, la UE debe comprometerse en la tarea de cooperación y en la lucha por la paz, la democracia y el desarrollo en todo el mundo, sino que no puede mantenerse al margen. Como bien señalaba en su metáfora del jardín, la UE no debe ni puede adoptar una posición aislacionista. Ha de salir del jardín e incluso hacer partícipe al resto del mundo de las condiciones que han hecho posible ese jardín, lo que exige, claro, abandonar el paternalismo y todo propósito necolonialista.

La cuestión a debatir es si ello exige aquí y ahora primar como objetivo destinar una parte tan significativamente importante de nuestros recursos a armarnos y hacerlo –seamos realistas, pues– en el marco que definen los intereses del Pentágono y de las industrias de armamento que tanto peso tienen en la OTAN.

No descubro nada si recuerdo que una de las debilidades más relevantes de la UE es nuestra absoluta dependencia de la OTAN en lo relativo a la política de seguridad y defensa. Quiero explicar bien mi posición en el debate: como la gran mayoría de los europeos, prefiero contar con el paraguas de la OTAN a la hora de enfrentarnos a las amenazas de Putin. Pero como ya escribí en Infolibre a propósito de la cumbre de la OTAN en Madrid y de su nuevo concepto estratégico (https://www.infolibre.es/opinion/ideas-propias/europa-bloque-atlantico-deberia-apuesta-madrid_129_1266037.html), eso no significa renunciar a una política europea de seguridad y defensa. Una política que debe llevar el sello de aquello que constituye el núcleo y la fortaleza de la Unión. Que no es otro que la asunción de la prioridad del Estado de Derecho y del modelo de legalidad internacional, algo que se aproxima a lo que Ferrajoli ha propuesto como constitucionalismo global. 

Europa tiene su fuerza, insisto, en el hecho de constituir ante todo una comunidad de Derecho, bajo el imperio de la ley (hoy decimos, de la Constitución), al que incluso se subordina la comunidad de intereses que es su motor (el mercado común, el espacio de libre circulación de personas y mercancías que se autodefine como espacio de libertad, seguridad y justicia). Y eso conlleva una decidida opción por un modelo de negociación y cooperación multilateral, que entiende, como pregona la Carta de la ONU, que la guerra es el peor azote de la humanidad y que es incompatible con la legalidad internacional, salvo el caso excepcional de la legítima defensa, que asiste sin duda a Ucrania. Por eso debemos estar a su lado, contribuir activamente a su defensa, porque, sin la menor duda, a Ucrania le ampara la razón del Derecho. Pero porque creemos en la superioridad de la razón del Derecho sobre la razón de la fuerza, nuestros esfuerzos deben orientarse a acabar con la guerra, no a alimentarla, ni a servirse de ella para aplastar a Rusia, como parece el designio de los EEUU.

Europa debe ser un actor comprometido en la tarea de promover la colaboración y el apoyo de quienes puedan empujar a Putin a detener la guerra, como China, sobre todo, y quizá India y Turquía. Convencer también a Ucrania de que no debe perseguir el clásico objetivo bélico de una victoria militar que aplaste al adversario. Sin ingenuidades, sin romper con las exigencias propia de nuestra seguridad. Pero sin la épica belicista que, a la postre, no sale gratis para nadie.

COMPARECENCIA ANTE LA COMISIÓN JURÍDICA Y REGLAMENTARIA DEL CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA, SOBRE EL INORME DEL CVC ACERCA DE LA SITUACIÓN DE LA INMIGRACIÓN Y LAS POLITICAS DE GESTIÓN DE LAS MIGRACIONS

Informe sobre la situación de los migrantes

13 10 2022

SUMARIO: (I) DOS CONSIDERACIONES PREVIAS: (I.1) De qué hablamos cuando hablamos de Derecho. (I.2). Las migraciones, hecho social total, rasgo estructural, constante histórica. (II) SOBRE LA GESTIÓN POLÍTICA DE LAS MANIFESTACIONES DE MOVILIDAD HUMANA: LA GOBERNANZA DE LAS MIGRACIONES: (II.1) Ejes de la política migratoria. (II.2). Condición de complejidad. La colaboración multinivel. (II.3.) Gestionar la inmigración laboral

(I)

DOS CONSIDERACIONES PREVIAS

Mi perspectiva sobre el fenómeno migratorio es la de un estudioso del Derecho, de las funciones -más que de los fines- sociales (culturales, económicos y políticos) que se atribuyen a lo que llamamos Derecho, desde el punto de vista más específico de la denominada “gobernanza migratoria”, esto es, la gestión de las principales manifestaciones de la movilidad humana (las migraciones y los desplazamientos forzados a la búsqueda de protección, que mal llamamos refugiados) y de los desafíos que ello implica desde el punto de vista jurídico político, en el orden internacional y también en nuestras estructuras jurídicopolíticas estatales (también regionales en el caso europeo), que son los campos a los que he prestado una atención preferente como investigador y docente en estos 40 años,

Esta perspectiva me exige al menos formular dos precisiones, sobre el modo en el que entiendo el Derecho y también sobre cómo entiendo el fenómeno de las migraciones.

(I.1)

De qué hablamos cuando hablamos de Derecho

Soy de los que piensan que el Derecho es una de nuestras más extraordinarias creaciones culturales, pero también, de los que han aprendido a tratar con cuidado los límites de esa impresionante herramienta.

Entiendo el Derecho como una práctica argumentativa que ha adquirido a lo largo de una evolución multisecular (sobre todo en la tradición occidental,) una muy poderosa y compleja dimensión institucional, bajo la idea guía de lo que llamamos Estado de Derecho y luego, de la democracia.

Esta creación cultural tiene su atractivo -y su cruz- en el modo en que contribuye a la seguridad en las relaciones sociales y en el status de cada uno de nosotros, seguridad en las libertades, certeza y previsibilidad en las relaciones sociales.

El Derecho es en buena medida un juego lingüístico, una herramienta que contribuye a l construcción social de la realidad. Pero no uno cualquiera: a diferencia de otros, está dotado de una capacidad terrible, la de la coacción, incluso, con la pretensión de estar apoyado por el monopolio de la coacción, una pretensión hoy desdibujada en no poca medida, porque sabemos de la existencia de otros actores que disputan al Estado ese monopolio y porque sabemos de otras modalidades de coacción que van más allá del uso de la fuerza o de la privación de libertad: la ruina económica, por ejemplo, o el borrado, la cancelación social: es el poder de los medios de comunicación y de quienes los dominan. El poder hoy, de las redes sociales, que bien sabemos que no son libre expresión de voluntades individuales.

Como juego lingüístico dotado de fuerza coactiva, el Derecho impone una atribución de sentido a las palabras que usamos y a las instituciones y prácticas sociales a las que denomina: propiedad, matrimonio, inmigrante, refugiado… Frente a una concepción esencialista -el complejo Munschaussen- el Derecho no descubre naturalezas jurídicas, sino que conforme a la fórmula de Durkheim (“el Derecho, ritmo de la vida social”), o a la sabia lección de Humpty Dumpty a Alicia (“lo importante no es saber qué significan las palabras; lo importante es saber quién manda”), construye el sentido que interesa a quien manda, ya sea un autócrata, una elite o la mayoría de la sociedad, como se supone sucede en democracia.

El poder del Derecho es tal que llegamos a considerar que el matrimonio, la propiedad, la filiación, la deuda, son realidades que responden a su definición jurídica: que el emigrante es lo que el derecho nos dice: un trabajador apto en nuestro mercado de trabajo, necesario y menos costoso que otras alternativas. Algo que tiene poco que ver con la realidad científica de qué es una persona migrante: el concepto de migrantes que maneja el derecho migratorio no es neutro, no es científico. Es un constructo que depende de nuestrs intereses para gobernar la migración, para gestionarla en nuestro beneficio. Por eso, el concepto jurñidico de mirante se limita al mercado y al orden público. Hacemos política con la migración, no política migratoria.

Eso es así porque el problema es que el lenguaje jurídico, debajo de su aparente sofisticación, esconde una voluntad de simplificación en aras de la seguridad, que se adapta mal a las realidades complejas, como la de las migraciones o los <refugiados>, como elefante en cacharrería. Nos da una seguridad aparente, aquella que nos parece incluso “científica”, veraz: por ejemplo, el apotegma en el que se basa nuestra política de migración y asilo: hay migrantes y hay refugiados, que son dos realidades distintas como agua y aceite, que hay que separar y para ello organizar sofisticados sistemas de triage que permitan atribuir consecuencias jurídicas diferentes, derechos y prestaciones diferentes. Pero la realidad es otra, como señalaré enseguida.

El Derecho es balanza, ponderación, argumentación, sí, pero también espada y, al final, actúa como Alejando en Gordium, para dirimir la cuestión en aras de la seguridad. En un mundo crecientemente global, complejo, en el que ni la ciencia es capaz de proporcionarnos certidumbres duraderas, la capacidad del Derecho para gestionar luna realidad tan dinámica y global se reduce. Algunos nos dirán que el Derecho envejece mal y en cierto modo hacen buenos los diagnósticos de Saint Simon o Comte, que son los de Hume y Marx: la sustitución del Derecho por otras técnicas sociales en la medida en que se pueda superar la precariedad de los recursos y la necesidad de distribución. El Derecho, tal y como lo conocemos, como se sigue estudiando, es propio de un mundo que está en trance de una profundísima transformación. Lo que sucede es que creo que no desaparecerá, sino que se transformará, porque la necesidad que determina su función, la seguridad, la igualdad en las libertades, no va a desaparecer.

(I.2)

Las migraciones, hecho social total, rasgo estructural, constante histórica

Las migraciones son un fenómeno global y holístico: un hecho social total, en la terminología durkheimiana, porque implican todas las dimensiones de lo social: no sólo la laboral y económica, también la cultural y la política.  Y, además, como he repetido muchas veces, las migraciones son res politica, porque afectan al corazón de los conceptos e instituciones de la política, como enseguida recordaré. O, por decirlo con la conocida frase del dramaturgo suizo, con las migraciones, no nos llegan sólo los trabajadores que queríamos: nos llegan personas, sociedades.

Las migraciones son, además, una realidad estructural, una constante de la historia de la humanidad, en la que coinciden las grandes narraciones, como los mitos bíblicos (La historia de los seres humanos, según el génesis, es una historia de migrantes o incluso de refugiados que son expulsado del paraíso original; la historia de la diversidad como maldición, según el mito de Babel), con los testimonios de la antropología científica y de la etnografía (la historia de Lucy, las huellas en la altiplanicie keniata): los seres humanos somos animales que caminamos. Caminamos en busca de la mejor adaptación, de una vida mejor, o, como lo expresara Montesquieu, “en busca de la libertad y de la riqueza”.

Como realidad estructural y global, las migraciones no son sólo un desplazamiento sur-norte. La mayor parte de esos desplazamientos se producen en el eje sur-sur, por razones obvias: se mueven hacia donde pueden llegar, a lo más próximo. Y no debemos ignorar que hay un importantísimo flujo de desplazamientos (que no solemos considerar migraciones) que sigue el eje norte-norte: el de los trabajadores cualificados (por ejemplo, científicos, técnicos, investigadores), que buscan especialización o más altas condiciones de vida. Incluso, aunque en menor medida, hay un eje migratorio norte-sur.

Las migraciones, por tanto, no son una emergencia a tratar en términos de orden público (no digamos, de seguridad y defensa), centrada en el control de fronteras y en el equilibrio de vasos comunicantes. Tampoco, un fenómeno económico-laboral que debe ajustarse a las leyes de mercado, sino, insisto, un rasgo estructural de la historia de la humanidad, que ha evolucionado a la par que esa misma historia.

Las migraciones, como hecho global y holístico, impactan profundamente sobre una tensión básica del orden internacional, esto es, los intereses guía de la acción geopolítica que, en democracia, chocan frecuentemente con lo que decimos una prioridad, la garantía de los derechos humanos, el respeto al modelo de una cooperación multilateral que supuestamente inspiran la legalidad internacional. Las crisis migratorias y de refugiados nos desvelan nuestra incapacidad o quizá mejor nuestra falta de voluntad política para gestionar esa tensión con coherencia: se vence de un lado, según es evidente, tanto en el caso de las migraciones como en el de los refugiados: Afganistán, Siria, Sudán, Rohingyas, Sahel, Mali, Yemen, son sólo algunos ejemplos

Pero, además y sobre todo, es imposible ignorar el desafío que suponen las migraciones (en sentido amplio) sobre los supuestos sociales (la homogeneidad cultural y social) en los que se asientan nuestras categorías políticas básicas (ciudadanía, soberanía): ¿quién tiene derecho a pertenecer, a formar parte de nuestra sociedad por qué, en qué condiciones? ¿quién tiene derecho a decidir, a ser ciudadano, pueblo y con ello soberano? ¿cómo gestionar una diversidad social y cultural más profunda, sin arriesgar la cohesión, sin dar pábulo a esos tóxicos que son el racismo, la xenofobia, los discursos de odio? 

La gestión migratoria es un test para la vigencia del Estado de Derecho y la democracia y también para la legitimidad en las relaciones internacionales. Pero es importante señalar que la dimensión global hace imposible que la gobernanza de las migraciones esté al alcance de un solo país. ESPAÑA (Y NO SÓLO POR FORMAR PARTE DE LA UE) NO PUEDE TENER LA PRETENSIÓN DE UN MODELO PROPIO DE GESTIÓN DE LAS MIGRACIONES. LA TENTACIÓN SOBERANISTA, TAN PRESENTE EN LAS CONCEPCIONES DE RENACIONALZIACIÓN DE LA POLÍTICA DE MIGRACIONES, ES, SOBRE TODO, UN INMENSO ERROR.

(II)

SOBRE LA GESTIÓN POLÍTICA DE LAS MANIFESTACIONES DE MOVILIDAD HUMANA: LA GOBERNANZA DE LAS MIGRACIONES

(II.1)

Ejes de la política migratoria

La evolución de los acontecimientos en un contexto global exige gestionar un nuevo ciclo migratorio, marcado por transformaciones profundas en ese contexto global (la más significativa, a mi juicio, el cambio climático).

Por lo que se refiere a España, debemos prestar atención ante todo a un hecho condicionante, nuestra realidad demográfica. Es bien sabido que nuestra pirámide demográfica se invierte, con cada vez menos nacimientos y cada vez más jubilados. Un país que quiere tener estabilidad y no digamos, una importante presencia en la UE, necesita fortaleza demográfica. En ese sentido, y aun admitiendo que se trata de una perspectiva instrumental, la inmigración ha de ser vista como una oportunidad: nos puede ayudar a obtener y asentar esa fortaleza, a aportar un mayor equilibrio demográfico, a enriquecernos y hacernos más fuertes como país. Eso exige un programa de <inmigración para la ciudadanía>, el modelo canadiense que replicaron, desde nuestra especificidad, los PECI que se pusieron en marcha en la primera legislatura del gobierno socialista de R. Zapatero.

El objetivo debería ser profundizar en las exigencias de la pluralidad inclusiva, sin incurrir en los errores de la asimilación impuesta: se trata de saber atraer a estas generaciones de new comers a los valores constitucionales, al potencial de desarrollo personal y social que ofrece nuestro modelo de Estado social de Derecho.

Además, es evidente que una parte muy importante de la actual población activa, en torno a 9 millones de personas, estará en edad de jubilación antes de 2030, lo que plantea la necesidad de incorporar a nuestro mercado laboral nuevas generaciones de personas que no han nacido en España y con los perfiles adecuados a las necesidades de empleo, tomando en cuenta las transformaciones que va a experimentar el modelo productivo español.

Cinco ejes:

  • la regulación de flujos migratorios por motivos económicos
  • La gestión bilateral de cooperación, democracia, derechos y desarrollo
  • Los instrumentos de políticas de frontera
  • El sistema de acogida de personas que necesitan protección internacional;
  • La acogida, integración e inclusión de las personas migrantes.

(II.2)

Condición de complejidad. Colaboración multinivel

La gobernanza migratoria en nuestro país, debe actualizarse de modo urgente: porque se requieren instrumentos revisados ante contextos cambiantes; porque debe facilitarse y mejorarse la colaboración multinivel; porque debe levantarse la mirada de la frontera; porque el sistema de acogida humanitaria y de protección internacional necesita repensarse; y porque la buena gestión migratoria es imprescindible para desmontar discursos de odio y favorecer una mejor convivencia democrática.

Déficit en el pilar internacional bilateral (además del condicionamiento europeo …): cooperación decentralizada que privilegie a los actores de las sociedades civiles y a los propios inmigrantes. Es muy importante y no meramente decorativa, la tarea de cooperación internacional desde las administraciones municipales y autonómicas, sobre todo como estímulo a los agentes sociales que vehiculen esa cooperación directa entre las sociedades civiles, con protagonismo de los inmigrantes asentados establemente.

El modelo español, un Estado autonómico integrado en la UE, requiere mejorar la cooperación multinivel en materia migratoria. La falta de un diálogo estructurado y permanente, a nivel político y técnico, entre distintas Administraciones, es una de las principales debilidades del sistema de gobernanza migratorio español. Desde 2018 no se reúne la Conferencia Sectorial de Inmigración, por razones que no han sido suficientemente explicadas y a pesar de las demandas de las comunidades autónomas. El diálogo bilateral es importante, pero la cuestión migratoria requiere de espacios estructurales de cooperación entre el Gobierno central y los Gobiernos autonómicos, para evitar, entre otras consideraciones, que este tema también se convierta en un espacio de confrontación política

En punto a la igualdad de derechos, hay que dotar de mayor seguridad jurídica a dos sectores en los que existen importantes irregularidades laborales, que facilitan la explotación y dificultan la lucha contra la misma. En el ámbito del sector de cuidados y del hogar, hay que replantear cómo poder garantizar que se cumplan los derechos laborales en los domicilios particulares, equiparar sus derechos con el Régimen General y plantear instrumentos de regularización administrativa a aquellas personas cuyas condiciones de vida son, hoy en España, degradantes. En el ámbito del sector agrícola (también en los de la construcción y servicios) son necesarias inspecciones de trabajo efectivas que garanticen el cumplimiento de los derechos laborales y herramientas de regularización administrativa de personas temporeras en situación irregular. Por otro lado, impera la necesidad de poner en marcha una política de vivienda digna que facilite alquileres asequibles y proporcione un alojamiento digno a las personas trabajadoras temporeras, así como actuaciones contra la explotación también sexual de las mujeres temporeras.

Mención especial requiere la situación de menores migrantes sin referentes familiares, dado que la normativa ha cambiado recientemente para favorecer su integración e inclusión, a la vez que se han convertido en objeto de deshumanización por parte de algunas voces del panorama político español. Uno de los espacios en los que se ha avanzado de manera determinante ha sido, precisamente, el de las personas menores migrantes sin referentes familiares en España. En octubre de 2021 se aprobó una reforma del Reglamento de Extranjería sobre el régimen jurídico de menores y extutelados/as. Se quería, así, dar respuesta a una situación disfuncional que provocaba que muchos jóvenes pasaran a una situación de irregularidad sobrevenida con riesgo de exclusión social una vez terminada su tutela por parte de la Administración. La reforma recogía las demandas reiteradas por parte del Defensor del Pueblo, así como numerosas voces de entidades de la sociedad civil

Es evidente otra prioridad: la construcción de un discurso público fuerte sobre inclusión e integración, acompañado de instrumentos específicos que lo consoliden. Eso requiere de reforzar la lucha contra los discursos de odio y los delitos afines desde una perspectiva integral. También supone mejorar la colaboración multinivel en acciones y actuaciones de integración e inclusión, apoyando el trabajo de las Administraciones autonómicas y locales, así como el trabajo de las entidades de la sociedad civil (recuperando, por ejemplo, la idea de un fondo para la integración y la inclusión, adecuado, eso sí, a los nuevos tiempos). Evidentemente, cualquier discurso público sobre inclusión debe ir acompañado de políticas públicas encaminadas a la reducción de las desigualdades. Ante una situación de crisis, es responsabilidad pública poner en marcha medidas paliativas para responder al desigual impacto de estas en las situaciones personales, especialmente para quienes están en situaciones de mayor vulnerabilidad. En relación con la población migrante, las únicas medidas específicas que se requieren son aquellas necesarias para evitar las situaciones de irregularidad sobrevenida; para garantizar que no exista discriminación en el accesos y uso de los servicios públicos; y para fomentar una participación ciudadana en condiciones de igualdad. El resto de las medidas deben ser entendidas con carácter general, pues reforzar la lucha contra las desigualdades es un imperativo democrático para fortalecer la cohesión social.

(II.3)

Gestionar la llegada y estancia estable de la inmigración

Desde el punto de vistat del trato a los trabajadores inmigrantes, el objetivo reiterado recurrentemente es el equilibrio en la población activa, lo que exige un planteamiento complejo, que supone anticiparnos a las necesidades, previendo con tiempo cuántos empleos necesitaremos, en qué sectores productivos y cuáles serán los perfiles laborales idóneos.

Para ello es preciso renovar los instrumentos públicos de gestión de la inmigración legal, para ordenar la llegada de personas migrantes y hacer efectiva su conexión con las demandas de los empleadores, a la par que mejorar la selección y la incorporación de nuevos trabajadores a nuestro país.

  • En primer lugar, potenciando una contratación en origen de acuerdo con las necesidades laborales, que funcione de manera rápida en los tiempos, y ágil en los procedimientos.
  • En segundo lugar, extendiendo nuevas fórmulas como los visados temporales de búsqueda de empleo que faciliten la llegada y estancia de aquellas personas con los perfiles adecuados hasta que se establezca la relación laboral. 

Al tiempo, esta anticipación también nos debe permitir colaborar con los países de origen en la formación de los potenciales candidatos a nuestro mercado de trabajo.

A través, de convenios de cooperación con nuestro servicio público de empleo y también con el sistema educativo, puede extenderse una formación ocupacional, bien presencial o bien on line, muy valiosa para aportar contenidos formativos que se ajusten a las demandas.

Esa cooperación también debería servir para ofrecer estancias de formación y especialización para cuadros y trabajadores que luego puedan volver a su país y mejorar así ese “capital humano”.

Esto aconsejaría abrir la vía a permisos de estancia para formación y especialización, que pudieran renovarse periódicamente, de forma que, tras regresar a su país, puedan realizar otras estancias en el nuestro. Sería beneficioso para ellos, para sus países y para el nuestro, sin que se convirtiera en la típica descapitalización que hacemos desde Europa, privando a esos países de sus mejores trabajadores.

Por supuesto, esto debe enmarcarse en un modelo de política de cooperación o de codesarrollo, que busque estimular los progresos de esos países en las tres “D”: democracia, derechos humanos y desarrollo. Cabe pensar así que las claúsulas de colaboración o ayuda o el régimen más favorable acordado a esos países, no se condicione – o, al menos, no sólo, ni prioritariamente- al cumplimiento de cuotas de policía tanto de salida como sobre todo de readmisión por parte de los mismos, sino también al avance en los standards del Indice de Desarrollo Humano, que incluye progresos en educación, sanidad y respeto de derechos y libertades.

Europa, en este terreno, tiene un reto común al que debe ofrecer soluciones compartidas a las que España tiene mucho que aportar. Es necesario lograr una correcta articulación de una solidaridad sólida, estructural y permanente hacia los Estados miembros con fronteras exteriores; una responsabilidad más asistida y suficientemente flexible; el aseguramiento del respeto de los derechos humanos y la dignidad humana en la gestión del asilo y la migración con una dimensión exterior de enfoque global que permita una cooperación efectiva con los países de origen y tránsito, en especial con los países de nuestro entorno más inmediato. La conformación de una política europea común de inmigración es una exigencia que se corresponde con la naturaleza de un fenómeno que busca en el territorio común de la UE el destino de millones de personas. En dos décadas se han producido avances, pero muy alejados de la respuesta que merece un desafío cuya entidad pone a prueba la capacidad de gobernanza de la UE. Para ello, el primer reto es combatir la inmigración irregular que tiene como víctimas a los propios migrantes. El dilema entre control y permisividad es falso. Es posible mantener un efectivo control en los accesos con la plena vigencia de los derechos que asisten a todos los inmigrantes con independencia de su condición legal. Fortalecer las fronteras exteriores de la UE en relación con las llegadas clandestinas es una tarea inexcusable para ordenar adecuadamente los accesos legales o la protección que merecen quienes huyen de la represión y la persecución en sus países. 

La Unión Europea debe durante los próximos años tomar la iniciativa para sellar una alianza estratégica con los países de origen y tránsito de la inmigración irregular que incluya convenios de cooperación migratoria, en los que España es pionera. Estas alianzas estratégicas deben basarse en un enfoque integral, primando una visión positiva de la relación y dotadas de una financiación adecuada.

En ese enfoque integral, la dimensión interna y externa deben estar conectadas, incluyendo medidas que promuevan y agilicen los cauces para la inmigración legal, así como un conjunto coherente de acuerdos de readmisión sujetos a escrutinio parlamentario. Además, el enfoque integral debe desarrollarse bajo una combinación de políticas en diversos ámbitos, en particular, la cooperación para el desarrollo, la política comercial y de inversiones, pero también de las políticas de educación y de programas de formación, así como la política de transporte, la agricultura, etc. Se trataría de utilizar todas las políticas de la UE en diversos ámbitos y poner en marcha durante la presidencia española del 2023 el mecanismo horizontal incluido en la propuesta de nuevo reglamento de gestión de la migración y asilo. 

El antirracismo en disputa. La crisis del universalismo, ante la exclusividad identitaria (ponencia en el Congreso de la red «El tiempo de los derechos», Facultad de Derecho, Universidad de Valladolid, 5-6 de octubre de 2022)

Dos precauciones antes del debate

Antes de debatir sobre las perspectivas de la lucha contra la discriminación racial y muy concretamente -en lo que a mí se refiere- acerca de las condiciones de eficacia de la lucha contra el racismo, me parece obligado mencionar dos acotaciones relativas al enfoque de mi propia intervención.

La primera, la más obvia, es recordar que no hablamos en barbecho. El debate sobre el racismo es un clásico en las ciencias sociales (diría que más que en el ámbito jurídico, aunque reconozcamos su peso en la teoría de los derechos humanos). El último giro interesante se produce en torno al eje raza/clase social, sobre el que hay importantes contribuciones desde la sociología y la antropología cultural, como las de Castel y Mauger, a propósito de las revueltas en Francia en 2015[1], y más recientemente, los ensayos de Noiriel, Beaud y Pattieu[2]. En todo caso, desde el punto de vista filosófico jurídico y político, son menos habituales los análisis acerca del peso de un enfoque ligado a la ideología e intereses del racismo en las Constituciones que arrancan de las revoluciones francesa y americana, una cuestión que pesa muy gravosamente sobre la de los EEUU[3].

La segunda tampoco es novedosa: difícilmente podemos debatir sobre el alcance de la discriminación racial y sobre las respuestas desde los ordenamientos jurídicos contemporáneos, singularmente en el Derecho europeo[4], si no nos ponemos de acuerdo en la cuestión previa: qué entendemos por racismo, a qué tipo de racismo nos enfrentamos hoy y en qué debe consistir la lucha contra el racismo.

¿Qué racismo? Las lógicas internas de los diferentes racismos.

Es difícil discutir que toda aproximación teórica al racismo tiene que. dialogar con las tesis asentadas por Allport (La naturaleza del prejuicio) y desarrolladas por Taguieff (La fuerza el prejuicio. El racismo y sus dobles, 1987). Es Taguieff, a mi juicio, quien supo identificar las dos lógicas esenciales del discurso racista, que ha profundizado y actualizado quien es uno de los mejores estudiosos del racismo, Alberto Burgio[5]:

  • La lógica desigualitaria o de la jerarquización, que subyace a la producción de jerarquías antropológicas funcionales a las relaciones de dominación o explotación; En este modelo, como advierte Burgio, el argumento racista está conectado al ejercicio de un poder jerárquico que incluye a quienes son “inferiores”. Es lo que Taguieff ntiende como racismo “asimilacionista” y Burgio califica de “antropofágico”.
  • La lógica diferencialista, que sostiene la alteridad radical de las “razas”, además de servir a la segregación o eliminación física de los grupos considerados “extraños”. Esta lógica es la que propicia procesos de “limpieza étnica”, desde el ostracismo de las polis griegas, hasta el exterminio (Burgio lo califica de “antropoemético”).

Como se ha apuntado, la distinción es sugestiva, pero no debe tomarse en su literalidad como dos tipos diferentes. En realidad, la historia nos muestra la complejidad y multidimensionalidad del fenómeno racista, en el que una y otra lógica se combinan, porque inferioridad de razas y alteridad de sujetos definidos como infrahumanos (no-humanos, en última instancia), tienen continuidad, hasta el punto de que se pueden advertir no pocos elementos comunes, como subraya el mismo Burgio.

En todo caso, no sorprenderé a nadie si recuerdo que no sólo en los EEUU, sino también en casi todo el mundo, se ha producido una ola de recuperación de un racismo que tiene una dimensión sistémica y que quizá nunca desapareció, revitalizado hoy por la modalidad diferencialista o culturalista, en la estela del <conflicto de civilizaciones> preconizado por Hugntinton y del que se hizo eco, a mi juicio muy torpemente, Sartori.

Uso la expresión “racismo sistémico” para referirme(además de a las manifestaciones en la praxis cotidiana) sobre todo a las diferentes modalidades del racismo institucional, entendido éste a su vez como un entramado conceptual que mantiene en un status de subordiscriminación a toda una categoría de sujetos -básicamente los negros, aunque también alcanza a los latinos, y a los asiáticos en el caso de los EEUU- so pretexto de su “identidad racial, considerada “ontológicamente inferior a la etnicidad blanca y mediante discursos, pautas de comportamiento y prácticas sociales, los mantienen en una posición de marginación o exclusión social, en todas las dimensiones (económica, laboral, espacial o territorial y cultural; ergo, política).

En ese sentido, cabría sostener que el racismo sistémico va más allá del prejuicio racial, del racismo o discriminación cotidianos, como señala la ONG Dismantling Racism Works (dRworks), una organización que enseña activismo social en Estados Unidos, porque el racismo institucional consagra, perpetúa, la modalidad de racismo cultural que consiste en que las creencias, los valores y las normas del grupo dominante (en los EEUU, las personas blancas) sean considerados la norma válida, frente a los valores y prácticas socialesde los demás grupos y en particular de las personas afrodescendientes (aunque hoy habría que señalar a los latinos y a los asiáticos) que no son consideradas relevantes si es que no son pura y simplemente descalificadas como inconciliables.

Conforme a ese mecanismo de exclusión, ni las leyes ni el poder son ni pueden ser vividos como propios por el grupo objeto dela discriminación racista, sino que los sufren: la ley no es suya, las leyes, la policía, los tribunales, no les sirven y protegen, sino que sospechan de ellos y los configuran como nueva clase peligrosa. Lo suyo, como formuló la jurista Danielle Lochak, en línea con las tesis de Agamben, es el estado de excepción permanente como estado natural, es decir, la inversión de los mecanismos del Estado de Derecho[6]. Por eso, la necesidad de un salto en la justicia racial, que es tanto como decir un empeño en el desarrollo de mecanismos del Derecho antidiscriminatorio que no sólo tiene por guía la lucha contra la discriminación y la explotación, sino también contra el dominio ilegítimo, de donde la pertinencia de la fórmula de lucha contra la subordiscriminación (Barrére-Morondo[7]).

Es decir, que ese racismo sistémico no puede no ser segregacionista y supremacista, en cuanto instrumento ideológico de construcción y justificación de la organización social (separate but equal). Todo ello, acompañado de la indiferencia, la minusvaloración, cuando no el negacionismo de esa realidad, por parte de un sector relevante de la población, precisamente la que mantiene el poder hegemónico.

En definitiva, como advirtió Bourdieu, el racismo es una estrategia al servicio de una teogonía social que repite la vieja estructura estática, jerarquizada y de castas que Platón teorizara en su República: la estructura de castas “naturaliza” el racismo, lo justifica, le otorga legitimidad social y política. Esta es una tesis que ha sido actualizada por Wilkerson en una obra[8] que ha despertado la polémica al subrayar la analogía entre la estructura de castas en india y el sistema social supremacista en los EEUU.

Es lo que subraya quien, a mi juicio, es hoy el más interesante renovador de las investigaciones sobre el racismo, Ibram X.Kendi[9]: el racismo es sobre todo una ideología de dominación social, jurídica y política, con base laboral y económica: la mano de obra de la esclavitud (hoy, de la migración), cuya reducción a esa condición de infrasujetos se justifica con el mensaje del racismo biológico o del culturalista/diferencialista (baste recordar en nuestro país cómo se alegaba la dificultad para entender la democracia por parte de los inmigrantes, en la primera versión del programa GRECO). Y por eso, sostiene Kendi, siguiendo la tesis enunciada por Angela Davis (“en una sociedad racista no basta con no ser racista; hay que ser activamente antirracista”), no se puede ser demócrata si no se es profunda y activamente antirracista, militante del antirracismo.

Me parece importante destacar un argumento sobre el que ha insistido Kendi para explicar cómo funciona la lógica racista: creo que tiene razón cuando subraya que la clave para entender la pervivencia del racismo es la existencia de una gran negación al respecto, su enmascaramiento, el mirar para otro lado, el asegurar que eso son “cosas del pasado”. Y por esa razón, Kendi entiende que es preciso que se acabe con la gran negación que sufre esa sociedad, la ignorancia o el enmascaramiento del racismo institucional, constitutivo. La cuestión del negacionismo, como es bien sabido, tiene una importancia capital desde el punto de vista de la memoria, de la propia visión de la sociedad[10], una cuestión que está detrás del debate sobre la memoria histórica. Es el mismo punto en el que insiste Malini Ranganathan, del Centro de Investigación y Políticas Antirracistas de la American University: ser antirracista es una posición activa que exige un proceso por el que las personas que mantienen -heredan de forma inconsciente- reconocen su propio privilegio y lo “desnaturalizan”. Lo ha explicado bien la especialista en psicología del racismo Beverly Tatum[11]: el antirracismo exige romper el silencio frente al racismo. “La única persona que puede interrumpir este proceso es la persona que camina activamente en la dirección opuesta. No se puede ser pasivamente antirracista. Requiere acción».

Racismo, universalismo, antirracismo.

Lo que me interesa destacar hoy, en esta mesa de debate, es sobre todo una contradicción que, paradójicamente, viene asentándose en el seno de los movimientos antirracistas. Me refiero a la reivindicación de la incomunicabilidad del verdadero antirracismo, una concepción crítica, ligada a ciertas posiciones de los estudios decolonialistas, que sostiene que sólo pueden ser verdaderos antirracistas quienes a su vez han sido víctimas del racismo colonial, esto es, sobre todo los grupos afrodescendientes de quienes sufrieron la esclavitud o quienes hoy son “racializados” por sus orígenes. En suma: quienes no pertenecen a esos grupos -por tanto, los “blancos”, una amalgama en la que tanto da que seas caucasiano o latino-, serían usurpadores paternalistas de ese verdadero antirracismo[12].

Creo que además de la falacia argumentativa que subyace a esas tesis (la misma que sostiene que sólo se puede ser feminista si eres mujer), lo preocupante es que esta posición implica una negación del universalismo cuando, por el contrario, según sostendré, no se puede ser antirracista si no se mantiene una concepción universalista.

El núcleo de la defensa del universalismo jurídico es el argumento moral de que todos los seres humanos deben ser considerados iguales, herencia del universalismo estoico, el humanismo cristiano y la Ilustración. Como ha subrayado el mencionado Burgio, puede afirmarse que el racismo es el reverso de la ideología universalista propia de la modernidad, de la ilustración, por más que en el seno de esa ilustración hay restricciones de principio a dicho universalismo (Voltaire, Locke, Jefferson), aunque los hay coherentemente universalistas (los Condorcet, por ejemplo, en su debate con Jefferson). Me permito reproducir el texto en el que Burgio plantea y da respuesta a la pregunta a mi juicio clave: ¿es el racismo un cuerpo extraño o un anticuerpo perverso, una enfermedad autoinmune (Alberto Burgio)?

La respuesta de Burgio es muy sugerente: “El hombre moderno, aunque vagamente consciente de la desigualdad del orden social y de la violencia que impregna las relaciones entre los pueblos y las clases, es conocido al mismo tiempo como corresponsable de la violación sistemática de sus propios principios éticos. Esta conciencia provoca dolor y la urgente necesidad de calmarlo. El racismo responde a esta necesidad con una eficacia que por sí sola, en nuestra opinión, explica su continua generalización y la fuerza de su arraigo. Desde sus inicios, el discurso racista ha “demostrado” que los hombres no son iguales y que la especie no los incluye a todos: la mayoría son diferentes o inferiores. El conjunto de conceptos, argumentos y representaciones que han articulado la formación discursiva racista desde finales del siglo XVII ha creado un marco antropológico antitético al del universalismo moderno: un marco que –“ajustando” el universalismo moderno a una realidad que lo niega sistemáticamente; “colonizando” la “razón moral de la modernidad” y redefiniendo sus criterios y propósitos– se ha mostrado capaz de justificar la violación de los principios universalistas y de atemperar el conflicto ético generado por ella “. “proporcionar buenas razones para una reformulación antiuniversalista de los principios éticos fundamentales”. Con él se caracteriza como bestias de carga a esos sujetos infrahumanos.

Precisamente por eso me parece completamente contradictorio el discurso del antirracismo decolonialista al que me refería al comienzo de este apartado. Para combatir el racismo es preciso ante todo desnaturalizar el privilegio (romper el silencio, desvelar la negación), pero -añado- es absolutamente imprescindible reivindicar el ideal normativo universalista, la igualdad como condición normativa, por más que en ese proceso hacia la igualdad resulte necesario recurrir a los instrumentos del derecho antidiscriminatorio.


[1] Sobre el debate raza-nación-clase y la revisión de las tesis de Castel y Mauger, a propósito de les émeutes de otoño de 2005, cfr. de Lucas (2007), “Un mal no sólo francés.”, Pasajes: Revista de pensamiento contemporáneo, 2007, Nº 23, pp. 5-15. Me parece muy interesante cómo ha evolucionado la narrativa cinematográfica en Francia sobre el conflicto en la banlieue, desde La Haine, de Mathieu Kassovitz (1995), a las más recientes Los miserables, de Ladj Ly (2019), o BAC Nord, de Cédric Jimenez (2020) , hasta llegar a Athena, de Romain Gavras, (2022), en la que hay algo más que las “migajas de guerra civil”, que diría Enszerbeger..

[2] Cfr. por ejemplo, Stéphane Beaud, Gérard Noiriel, Race et sciences sociales. Essai sur les usages publics d’une catégorie, Marseille, Agone, 2021; también, Jean-Frédéric Schaub et Silvia Sebastiani, Race et histoire dans les sociétés occidentales (XVe-XVIIIe siècles), Paris, Albin Michel, 2021. Es interesante el artículo de Sylvain Pattieu, “Race, classe et sciences sociales: poursuivre le débat”, https://aoc.media/analyse/2022/10/05/race-classe-et-sciences-sociales-poursuivre-le-debat/.

[3] A propósito del racismo y supremacismo como herida original del proyecto del experimento democrático norteamericano de 1776, remito a la segunda parte de mi ensayo Nosotros que quisimos tanto a Atticus Finch, Tirant, 2020.

[4] Hay una jurisprudencia muy relevante en el caso europeo, como señalará mi colega la profesora Solanes, y menos abundante, aunque no exenta de interés, en el caso español, sobre el que el profesor Rey tiene mucha más autoridad y conocimiento que yo, como se verá.

[5] Debo a mi colega Cristina García Pascual la referencia a la importancia de la amplia obra de Burgio, en particular sobre el racismo: por ejemplo, Burgio (1998), L’invenzione delle razze. Studi su razzismo e revisionismo storico; Burgio (2001), La guerra delle razze; Burgio (2011), Il Razismo; Burgio (2020), Critica della ragione razista. Más recientemente, “Racismo y crisis de la conciencia moderna. Cuestiones epistemológicas e historiográficas”, Derechos y libertades nº 47, 2022, pp. 71-95, que he utilizado en este trabajo y donde renueva tesis que apuntó en su “Razzismo e lumi. Su un paradosso storico”, Studi Settecenteschi, nº 13, 1992-1993, pp. 293-330.

[6] Lochak, D. (2007), Face aux migrants: état de droit ou état de siége?.

[7] “Subordiscriminación y discriminación interseccional. Elementos para una teoría del derecho antidiscriminatorio”, Anales de la Cátedra Francisco Suárez, nº 45, 2011, pp. 15-42

[8] Isabel Wilkerson (2020), Caste: the origins of our Discontents.

[9] De la obra de Kendi, destacaré dos libros y un artículo: Kendi (2016), Stamped from the Beginning. The definitive History of racist Ideas in America. Kendi, (2019), How to be an antiracist? También, Kendi (2020) “The End of Denial”, The Atlantic, august 5,2020.

[10] Sobre ello, Géraldine Schwarz, (2019) Los amnésicos. Historia de una familia europea. El libro tiene un epílogo muy relevante de José Alvarez Junco, “El peso de un pasado sucio”, que el propio autor ha desarrollado en un libro reciente, Qué hacer con un pasado sucio (2022).

[11] La obra de mayor impacto de la doctora Tatum fue Why Are All the Black Kids Sitting Together in the Cafeteria? And Other Conversations About Race (2002). En el año 2007 publicó Can We Talk about Race? and Other Conversations in an Era of School Resegregation. Es interesante leer la reciente entrevista en The Atlantic, https://www.theatlantic.com/education/archive/2017/09/beverly-daniel-tatum-classroom-conversations-race/538758/.

[12] En cierto modo, esta concepción que se autopresenta como opuesta al modelo “tío Tom” (que tan eficazmente fustigó Tarantino en su versión de Django unchained, comete a mi juicio el error de ignorar el eje raza/clase e ignorar las razones por las que arraiga el racismo en las clases marginadas. Es lo que ejemplifica el episodio Cunningham en Matar a un ruiseñor: el virus del racismo arraiga de modo particular en el sector social que ocupa el borde del sistema, pero que se siente integrado en él precisamente por ese rasgo identitario, ese marcador de diferencias que es la pertenencia racial. Sobre todo, frente a quien está más próximo a ellos: los negros, los sudacas, los moros trabajadores….

“DERECHOS SOCIALES Y PROCESOS DE EXCLUSIÓN. LECCIONES DEL ÍNDICE AROPE 2021 (ponencia en las XXVIII Jornadas de la Sociedad Española de Filosofía Jurídica y Política, Sevilla, 30 septiembre 2022)

Contradicciones sobre el futuro del Estado social de Derecho

La primera reacción ante el título de esta mesa (“Horizontes del actual Estado social de Derecho”) es, seguramente, de escepticismo, porque resulta más que problemático hablar de horizontes en el Estado social de Derecho (incluso de horizontes del Estado de Derecho, sin más), teniendo en cuenta las condiciones actuales.

Quizá más que debatir acerca de los horizontes -desde luego, no en el sentido positivo- habría que hacerlo acerca de si tiene posibilidad de continuar el modelo de Estado social de Derecho, y no sólo por las dificultades empíricas (en primer lugar, de financiación) que amenazan seriamente las políticas públicas reales, propias del modelo. Por decirlo con claridad, el contexto en el que vivimos no sólo afecta a esas condiciones empíricas, sino a la viabilidad y a la pertinencia misma del modelo. Aún no hemos salido de la pandemia, que ha puesto en entredicho un elemento clave del Estado de Derecho, la noción de seguridad jurídica (tantas veces mal entendida, como supo advertir entre nosotros anticipadamente el profesor Pérez Luño, al desarrollar las tesis de Wiethölter en diferentes trabajos[1]) sustituida por el simplismo securitario. Más aún, vivimos las graves consecuencias de la guerra de Ucrania (ese “conflicto tribal de Vds que nos está fastidiando a todos”, según declaraba el embajador de Senegal ante UNESCO) que, en buena medida, es un exponente de la pugna entre el modelo autoritario/populista y el democrático liberal no sólo desde el punto de vista estatal, sino del propio orden y relaciones internacionales. cComo se ha repetido, el motor más valioso de la democracia liberal, la libertad de expresión, se convierte en su mayor debilidad, que aprovechan sus enemigos: no hay más que pensar en cómo el incremento de la inflación que estrecha las condiciones de vida de una buena parte de la población en las democracias europeas, actúa como freno para la coherencia de la defensa de lso valores democráticos en un orden internacional que parece haber regresado a una de las pesadillas de la “guerra fría”, la verosimilitud de la amenaza de uso de armas nucleares. Y, sobre todo, ¿es no sólo viable, sino pertinente, el modelo de Estado social cuando las pruebas del cambio climático nos sitúan ante la evidencia del fin de un modelo supuestamente civilizatorio, que merece más el calificativo de Antropoceno? ¿Es verosímil seguir apostando por él en la modalidad de recreación que supondría un Estado de Derecho global, como preconiza, por ejemplo, Luigi Ferrajoli?

Pero, por otra parte, ese cúmulo de dificultades ha obligado a volver los ojos sobre la necesidad de retornar o en su caso reforzar esa condición de garantía que es el Estado del bienestar, incluso en un ámbito supraestatal -al menos regional- como es el caso de la UE. La experiencia de la necesidad de una respuesta basada en ese modelo ante fenómenos como el de la pandemia o la crisis actual, así lo acredita. Como apuntaba, lo argumenta minuciosamente Luigi Ferrajoli en su reciente Constitución de la tierra. La humanidad en la encrucijada[2]: la principal, a su juicio, es la “dramática confirmación de la necesidad de la expansión del paradigma constitucional a escala supranacional”. Pero, a efectos de lo que nos interesa en la discusión en esta mesa, la pandemia nos ha advertido, subraya Ferrajoli, sobre “el papel vital de la esfera pública frente al modelo liberista de devaluación de la misma”, sobre la “necesidad de refundar el papel de la esfera pública en el gobierno de la economía”, frente al leit-motiv de la desregulación que promueven lo que el jurista italiano ha calificado como “poderes salvajes”.

La lucha contra la exclusión

En mi intervención, hoy, voy a centrarme en un asunto que creo resume el propósito del modelo de Estado del bienestar o, por mejor decir, del Estado social de Derecho: la lucha contra la exclusión social, entendida sobre todo como lucha contra la desigualdad. Y utilizaré una clave interpretativa en la que han insistido sobre todo Axel Honneth y Etienne Balibar el test de la progresiva universalización de la garantía de los derechos sociales, lo que exige una capacidad de financiación de los correspondientes servicios. Éste, como venimos comprobando en las últimas semanas, es el verdadero punctum dolens en un modelo de Estado social complejo como el del Estado de las autonomías, en nuestro país, pese al esfuerzo que está haciendo la Unión Europea.

En efecto, lo que distingue el proyecto de gramática social y política propuesto por Honneth es la reivindicación de la igualdad, entendida al modo de Balibar, como egalibertad, igualdad en las libertades y derechos, lo que supone, creo, tres matizaciones que afectan al modo de entender el modelo de Estado social de Derecho. Ante todo, como expresamente subraya Balibar, una concepción activa de los sujetos de esa libertad: activa, es decir, no pasiva, no reducidos a la condición de consumidores de los bienes y mercancías que les procura una visión asistencialista y paternalista del Estado social (una perversión sobre la que ya llamó la atención Ferguson en su Ensayo sobre la sociedad civil, en 1767, cuando advirtió que la contaminación de la lógica del espacio público por la lógica del marcado ponía en peligro el alma de ciudadano). Además, consciente de su alma cívica, de la necesidad de actuar en común, y no como mónadas, tal y como quiere el mercado (y aquí sigue siendo pertinente la denuncia de la ideología del individualismo posesivo que hiciera MacPherson). Y precisamente por eso, como subraya por su parte Honneth, la insistencia en que los derechos sociales son el test concreto de las políticas de reconocimiento, lo que a mi entender es la respuesta clave a la pregunta sobre cómo limitar la exclusión.

Lo primero a subrayar cuando hablamos de exclusión es que se trata de procesos sociales, más que de categorías fijas. Ni integración, ni segregación, ni exclusión lo son: como han explicado muy bien R.Castel y G.Mauger[3]. Castel concibe la exclusión social no tanto como un status, cuanto como un “recorrido”, el deslizamiento de degradación o pérdida de los mecanismos de la cohesión social (de la inclusión), que viene configurado por factores de vulnerabilidad, en los que la clave son la precariedad laboral y la fragilidad de los “soportes sociales relacionales”, hasta configurar lo que denomina procesos de marginalidad y segregación, caracterizados por la ausencia estable de trabajo y el aislamiento del mainstream social.

Por lo demás, he explicado en otras ocasiones[4] mi adhesión a la tesis que propone la relación entre lucha contra la exclusión y la caracterización de la democracia deseable, en términos de una sociedad decente, tal y como inicialmente la formula[5] y, sobre todo, como la ha desarrollado la filosofía del reconocimiento, que sitúa las claves de ese modelo en una sociedad de respeto y reconocimiento, en la que no se den el menosprecio o humillación, ni el exilio. Una tesis, por cierto, en la que la resonancia de los acentos de Pèguy y Camus resulta ineludible.

En efecto, es sabido que, para Pèguy, en el fundamento del orden político debe situarse la lucha contra la miseria, contra la imposición de la miseria, contra la humillación y el exilio, pero esa es una empresa permanentemente inacabada[6]. Prescindiendo de la dimensión mística presente en Pèguy, ese es también, a mi juicio, el sentido del camusiano “se rèvolter contre la injustice”, que se formula ya en sus Lettres à un ami allemand. Y, también en mi opinión, esa tradición es la que encuentra una formulación más precisa en el ideal al que apuntan las tesis de Honneth sobre la sociedad del menosprecio[7], corregidas e integradas en buena medida con algunos elementos que proceden de la reflexión sobre la alteridad propia de Emmanuel Lévinas[8] y también en diálogo con Nancy Fraser[9] y a las que me referiré de inmediato.

En todo caso, la denuncia de esa patología del menosprecio tiene como antecedente filosófico la crítica de la categoría del desarraigo, tal y como fue analizada por Simone Weil, a mi juicio una de las cumbres del pensamiento contemporáneo. La obra probablemente capital de Simone Weil es precisamente L’Enracinement, traducida al castellano como Echar raíces[10], quizá el esfuerzo más penetrante por proporcionar un análisis que desentrañe el arraigo como una categoría no vinculada exclusivamente a la angustia existencial, sino a la condición misma del ser humano. Pero no en abstracto, sino del ser humano definido por su relación con el trabajo que, para la inmensa mayoría de la humanidad, es precisamente un factor de deshumanización, tal y como pone de manifiesto en buena parte de su obra, largamente vinculada a una experiencia real de la condición obrera.

Sin pretensión de originalidad, pues se trata de un motto frecuente en los trabajos de Balibar, Castel o Mauger, he escrito en alguna ocasión que uno de los desafíos que afrontan hoy nuestras democracias es el grado de exclusión institucional que son capaces de albergar, en términos del establecimiento de una discriminación en cuanto a la titularidad y garantía efectiva como sujetos de derechos de una parte de la población, es decir, en términos de déficit de egalibertad. La historia nos muestra que no es en absoluto infrecuente el modelo de regímenes democráticos que conviven o incluso exigen e institucionalizan la exclusión. Ante todo, porque la propia concepción del Estado nacional se presenta como un mecanismo de gestión de la inclusión y de la exclusión o, por mejor decir, de la gestión de los procesos sociales de inclusión y exclusión (de los mecanismos de cohesión social), que se concretan en las condiciones de atribución de derechos y de la categoría de ciudadanía, todavía hoy. En ese sentido puede decirse que las democracias viven bajo la sombra de lo que se puede calificar como “síndrome de Atenas”: la democracia ateniense es el ejemplo por antonomasia de democracia basada en un modelo socioeconómico y también jurídico y político que institucionaliza la esclavitud y la existencia de infrasujetos, comenzando por la barrera de la pertenencia, de la identidad “nacional” decimos, que es el sciboleth para distinguir a los ciudadanos. Un modelo guiado por el “mito de Procusto”, que sólo permite reconocer como ciudadanos a los que se ajustan a un patrón (etnocultural o nacional, pero también socioeconómico: los trabajadores útiles y consumidores pasivos) y que constituye, por lo demás, el pecado original que subyace a la gran democracia norteamericana.

Si me parece relevante la aportación de Honneth[11], en lo que se refiere a la precisión del uso que hay que dar hoy a las categorías de emancipación y exclusión, es porque contribuye a entender el nexo entre ambas categorías en el contexto histórico en el que nos encontramos. La premisa capital de su trabajo es que el proyecto de realización personal (de emancipación, diríamos) depende de nuestra capacidad de conocer y construir una relación de reconocimiento con el mundo, con los otros, con uno mismo. Por eso, señala tres esferas de ese reconocimiento[12]: la del amor/amistad, la jurídico-política y la social-cultural, indispensables para la adquisición de la autoestima, del respeto por uno mismo, del reconocimiento del propio valor. Aunque sin duda la más relevante es la primera, a los efectos del argumento que me interesa hay que referirse a las otras dos y, en primer lugar, a la jurídico-política, cuya necesidad reside en que no puede haber conciencia de la propia autonomía (y dignidad) si el individuo no es reconocido como “un sujeto universal, titular de derechos y deberes”.

Los derechos sociales, palancas de igual libertad

Desde el punto de vista que nos interesa más aquí, esto es, la concreción del objetivo de reducir la exclusión, lo interesante es la función como test de la garantía de los derechos sociales, un indicador del grado de universalización de la inclusión jurídica y política. En el bien entendido de que, como ha señalado Ferrrajoli al presentar su idea de un constitucionalismo global, se trata de empujar el objetivo más allá de la limitación institucional propia de la lógica del Estado nacional, que los considera un atributo exclusivo de sus ciudadanos.

Dicho de otro modo, el paso decisivo frente a la exclusión institucionalizada es el reconocimiento y garantía del elenco de derechos y deberes que el Derecho permite concretar; el que las declaraciones americana y francesa ejemplificaron de diversa forma, y que desarrolla el constitucionalismo contemporáneo ha contribuido a desarrollar y precisar, como garantías exigibles por parte de todos los ciudadanos -no como concesiones o privilegios de unos pocos-, hasta alcanzar su lógica consecuencia en la Declaración universal de derechos y en la arquitectura de la legalidad internacional del sistema de las Naciones Unidas.

Aun así, esta segunda esfera del reconocimiento es indispensable, pero insuficiente, porque sin la tercera, el reconocimiento sociocultural, la estima de los valores y capacidades que se relacionan con el ámbito siempre complejo de la identidad cultural, no es posible construir la autoestima.

El problema que Honneth sabe identificar bien, a mi entender, es la generalización de dos de las formas de menosprecio (en el sentido profundo de negación explícita de reconocimiento, no sólo de omisión): el menosprecio que se manifiesta en la negación de derechos y en la exclusión de la comunidad jurídica y política y, en segundo lugar, el menosprecio hacia los valores propios de una forma de vida calificados como indignos, como un obstáculo para la propia realización, para el progreso. Una y otra forma de negación del reconocimiento no sólo producen exclusión, sino también la pérdida de autoestima, la autodestrucción. Muy concretamente, y en relación con la primera de estas dos manifestaciones, Honneth insiste en la importancia de las exigencias de reconocimiento y en el marco normativo que debe asegurar su satisfacción, como pistas para reconstruir ese modelo. El motor de esta demanda de reconocimiento, sería -insisto- el acceso y la garantía universal -igual, que no mecánica, uniforme- de los derechos sociales, que lejos de ser conquistas adquiridas se encuentran en permanente proceso de cuestionamiento, como concretaré enseguida.

Es verdad que eso se puede predicar de todos los derechos, según la lección aprendida de Ihering, pero es inquietante sobre todo cómo la lógica del mercado global impulsa a vaciar de la condición de derechos a los derechos sociales (que Balibar entiende como palancas de la igualdad real), convertidos en mercancías y sujetos por tanto a la desregulación y competencia feroz que es propia de la lógica del capitalismo financiero. La cuestión es que ese el proceso de desmantelamiento -palancas de igualdad real- no tiene consecuencias sólo en términos de pérdida de capacidad adquisitiva o de empeoramiento de las condiciones laborales. Es el sentido más profundo de la precarización como condición social definitiva. La lógica de esta etapa del capitalismo, la de la precarización, trata de reducir el trabajo a mercancía cuyo coste es preciso abaratar y, por tanto, tiende a construir al trabajador como objeto intercambiable, cuyas necesidades son un coste, si no un obstáculo para el beneficio. Para eso, es necesario un trabajo de demolición de las reglas, comenzando por las del Derecho del trabajo. Pero con la extensión de la precarización, es el estatus mismo del trabajador como sujeto de Derecho, como ciudadano y protagonista del espacio público, el que desaparece por el sumidero.

Creo que tiene razón Mauger cuando, en consonancia con la tesis de “democracia de rechazo” de Rosanvallon, sostiene que esta tercera exigencia es, en realidad, una cuestión política o incluso prepolítica: no tiene sentido hablar de representación y menos aún de participación política si no se da el mínimo de respeto y reconocimiento. En esas condiciones, lo que se produce es la sustitución de la democracia de adhesión (de la representativa, no digamos de la participativa) por esa “democracia de rechazo”. Es la evidencia de que asistimos a un proceso de pérdida, a una degradación de la condición de ciudadanía, como resultado de su identificación exclusiva en términos formales, técnicojurídicos y por eso apolíticos, un proceso reforzado por la sustitución del ciudadano activo por el consumidor satisfecho, pasivo. El vínculo político, un lazo estrecho con la sociedad política se ha convertido en un adjetivo menor, porque la condición de ciudadano no tiene apenas nada que ver con el ejercicio de la soberanía, con el protagonismo en la toma de las decisiones relevantes para todos, las decisiones públicas qua comunes y relevantes.

En todo caso, Honneth advierte que la evolución del capitalismo moderno (y a mi juicio en ello coincide con cuanto había anticipado MacPherson en su examen de la “teoría política del individualismo posesivo”) se orienta en una dirección que impide esa relación de respeto y reconocimiento, e impone una patología social, una sociedad del desprecio y de la exclusión. Ello lleva a concluir que el capitalismo neoliberal -en la modalidad del capitalismo financiero- exacerbará la concepción de la sociedad como una agregación (“colección”) de individuos motivados por el cálculo racional de sus intereses y la voluntad de construirse un lugar en la lucha por afirmar ese propio interés. Precisamente por eso, esa concepción del mundo es incapaz de dar cuenta e incluso de entender los conflictos que derivan las expectativas morales insatisfechas y que, por el contrario, Honneth considera que constituyen el núcleo de lo social. Por tanto, las perspectivas de emancipación, de vida buena, pasan por la lucha contra los dispositivos sociales, ideológicos, políticos, que generan el olvido del reconocimiento.

La pista del índice AROPE

Creo que eso es lo que trata de concretar, en el marco de la Unión Europea, lo que conocemos como indicador Arope (“At Risk of Poverty and/or Exclusion”), una tasa que sirve para medir el grado de cumplimiento del proceso de inclusión social que la propia UE incluyó entre sus objetivos en la Estrategia EU 2020, y que remite al porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social. Los resultados de 2021 son descorazonadores, por lo que se refiere a nuestro país. La población en riesgo de pobreza o exclusión social en España aumentó en 2021 hasta el 27,8 %, ocho décimas más que el año anterior. El INE explica que este porcentaje se establece con un nuevo concepto de la tasa AROPE, que mide la población que se encuentra en alguna de estas tres situaciones: riesgo de pobreza, personas con carencias material y social severa, o con baja intensidad en el empleo. La tasa que determina el umbral de pobreza se fija en el 60% de la media de los ingresos. La “carencia material severa” se mide por referencia a los mínimos en siete de un total de 14 aspectos de la vida, desde no poder permitirse una semana de vacaciones, ni comer carne o pescado al menos cada dos días a no disponer de ordenador personal o no estar en condiciones de asumir gastos imprevistos. La baja intensidad en el empleo determina cuántas personas que conviven en un mismo hogar están ocupadas

Desde febrero de 2022, con la invasión de Ucrania por Rusia, estamos ante otra vuelta de tuerca de ese proceso. El debate político en serio es sustituido por la propaganda en torno al simplismo securitario, por el retorno casi desnudo del motto hobbesiano del miedo a la guerra (el miedo político por antonomasia), por la amenaza de un enemigo ad portas y eso es lo que justifica la problematización de la cuestión migratoria, de la amenaza de la invasión por los diferentes -e incompatibles- con nuestro modo de vida (mercado, derechos, democracia), en un contexto de inflación creciente que para algunos es la antesala de una nueva recesión. Pese a la reacción de la Unión Europea y de los gobiernos que reencuentran o refuerzan los postulados de la socialdemocracia clásica, del keynesianismo, vivimos un proceso de adelgazamiento de los recursos que nos obliga a apretarnos el cinturón, que opera en dirección contraria al proceso de universalización, de extensión progresiva de los derechos sociales, volviendo a la lógica de la primacía nacional, que muestra los límites de la lógica de la solidaridad, extensiva de la igual libertad más allá del vínculo de ciudadanía. Lo hemos visto con ocasión de la gestión de la pandemia. Lo vemos con el doble rasero en el reconocimiento de protección internacional a los refugiados y desplazados de primera, frente a los otros. El proceso de reducción de exclusión, el camino hacia la universalización, la extensión de esa concreción de la egalibertad que son los derechos sociales, sigue siendo, como en el tema ya clásico, a long and winding road. Pero, como advirtiera Vico, mucho antes de que Heine escribiera sus famosos versos sobre el peligro y la salvación, estos desastres que nos acechan parecen desgracias, pero son oportunidades. Puede que estemos ante una de las últimas.


[1] Se trata de poner de relieve que la seguridad jurídica no es tanto un resultado, cuanto el presupuesto mismo del Derecho, es decir, condición sine qua non para hablar de un sistema de derechos y libertades garantizadas. Por eso, la forma en que definamos la seguridad jurídica es clave para entender la fortaleza del Estado de Derecho y aun para hablar de Estado constitucional de Derecho. Es así, como propone el mismo Pérez Luño, un concepto que evoluciona en el transcurso del desarrollo del Estado de Derecho y se desliza, según la conocida fórmula acuñada por Denninger, “von der Rechtssicherheit zur Rechtsgütersicherheit als sozialer Gerechtigkeit”,. Se trata de la progresiva toma de conciencia de que la seguridad jurídica no es tanto la dimensión positiva de legalidad, cuanto la garantía de los bienes jurídicos básicos que el orden social y político considera necesario asegurar, desde una perspectiva de justicia social. Sobre ello, me permito remitir al monográfico del número 28 (2020) de la revista Teoría y Derecho, coordinado por el profesor Angel López, y dentro de él a mi “El derecho, desde la pandemia”, pp.16-37.

[2] Cfr en particular el capítulo 2, La pandemia del COVID y sus enseñanzas, pp. 21-27

[3] Cfr. R.Castel, Las metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado, Paidós, 1995; también La discriminación negativa ¿Ciudadanos o indígenas?, Hacer Editorial, 2010. Asimismo, El ascenso de las incertidumbres: trabajo, protecciones, estatuto del individuo. Fondo de Cultura Económica, 2010. Sobre la aportación de G. Mauger, puede consultarse “Précarisation et nouvelles formes d’encadrement des classes populares”. Actes de la recherche en sciences sociales. Vol. 136-137, 2001. “Rebelión contra la precariedad”, Le Monde Diplomatique, 126, 2006; también, “Los jóvenes de los suburbios en Francia”, Papeles de trabajo. Revista del IDAES, vol.2 2008

[4] Cfr. por ejemplo “En los márgenes de la legitimidad: exclusión y ciudadanía”, Doxa, nº 15-16, 1994, pp 353 ss. También, “Les raisons de l’exclusion”, en S. Naïr/J de Lucas, Le déplacement du monde. Migrations et thémaiques identitaires, Kimé, 1996; “Un mal no sólo francés”, Pasajes, 2007; Sobre los fundamentos de la igualdad y del reconocimiento. Un análisis crítico de las condiciones de las políticas europeas de integración ante la inmigración, Eurobask, 2012; más recientemente, Decir No: el imperativo de la desobediencia, Tirant, 2020, pp.69-75, sobre el umbral de exclusión que pueden tolerar las democracias y Nosotros que quisimos tanto a Atticus Finch: de las raíces del supremacismo al Black Lives Matter, Tirant, 2020, pp. 109-179 sobre el límite institucional de exclusión que arrastra el proyecto democrático de la revolución norteamericana desde 1776.

[5] Me refiero con ello al ensayo de Avishai Margalit, publicado en 1997 con ese título. En el prólogo del libro, el autor explica cómo en una conversación mantenida con su colega Sidney Morgenbesser, éste le comentó que “el problema más acuciante no era la sociedad justa, sino la sociedad decente”. Un comentario que, según escribe, “le causó una gran impresión” hasta tal punto de ser la base sobre la que construyó este ensayo. Margalit se convenció de la importancia que hay que darle, en el pensamiento político, a los conceptos de honor y humillación. La sociedad decente es aquella que no humilla a sus integrantes.

[6] « La Cité doit placer en son fondement la misère et la lutte contre la misère. Puisque la misère ne peut jamais réellement être vaincue, la Cité s’organise sur la base d’un sentiment d’angoisse et d’inquiétude ; elle est une oeuvre contre la misère condamnée à l’inachèvement », De Jean Coste, Babel, 1993. Todo ello remite a su conocido lema “pour une societé sans exil”.

[7] Honneth ha desarrollado esa tesis de la sociedad del menosprecio (término preferible, a mi juicio, al de “desprecio”, utilizado en la excelente edición publicada por Francesc. J. Hernández y Benno Herzog, La sociedad del desprecio, Trotta, 2011) en diferentes ensayos, desde su Kampf um Anerkennung – Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte, 1992 (hay traducción española, La lucha por el reconocimiento Por una gramática moral de los conflictos sociales, Crítica. 1997); Das Andere der Gerechtigkeit. Aufsätze zur praktischen Philosophie. Suhrkamp, 2000; “El reconocimiento como ideología”, Isegoría, nº 35, pp.129-150, 2006; Reconocimiento y menosprecio. Sobre la fundamentación normativa de una teoría social, Katz, 2010; Reconocimiento. Una historia de las ideas europeas Akal, 2019.

[8] Lo que no excluye otras fuentes. Por dar otros ejemplos, los estudios sobre los procesos de exclusión que en la sociología contemporánea ofrecen Robert Castel, Etiénne Balibar y Gérard Mauger, o, de otra parte, Ulrich Beck y Zygmunt Baumann.

[9] Cfr. por ejemplo Nancy Fraser, Escalas de justicia, Herder, 2008 y, a los efectos de la discusión sobre emancipación, N.Fraser, L.Boltanski, y Ph.Corcuff, Domination et émancipation, pour un renouveau de la critique sociale, Presses Universitaires de Lyon, 2014. Creo que sigue siendo interesante leer el diálogo entre Honneth y Fraser, Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange, 2003, del que hay edición en castellano, ¿Redistribución o reconocimiento? un debate filosófico-político, Morata, 2006.

[10] Vid. S. Weil, L’Enracinement (trad castellana J.R. Capella, Echar raíces, Trotta, 2014.)

[11] El propósito de la obra de Honneth es revitalizar la <teoría crítica> por medio de una gramática moral y política de los conflictos sociales, basada en la teoría del reconocimiento recíproco de Ch. Taylor y a G.H Mead- y que, en el ámbito jurídico, ha sido aplicada de un modo interesante por W.Kymlicka. El filósofo alemán ha construido a mi juicio una reformulación de la teoría de la justicia que pivota sobre la idea de libertad, desde una perspectiva claramente arraigada en la dimensión de alteridad, en la socialidad que, significativamente, concluye en el Estado democrático de Derecho. Desde el punto de vista filosófico-jurídico y político, ese proyecto culmina en su obra más acabada, Das Recht der Freiheit: Grundriss einer Demokratischer Sittlichkeit Suhrkamp, 2011 (hay edición española, El derecho de la libertad. Esbozo de una eticidad democrática -con traducción de Graciela Calderón-, Clave intelectual, 2014.

[12] Como es sabido, hay una interesante relación de las tesis de Honneth con las de Nancy Fraser, que insiste en que la noción de justicia social se constituye por la interrelación entre tres dimensiones: distribución de recursos, reconocimiento y representación. El balance del acceso a esos tres tipos de bienes es lo que permite determinar el grado de exclusión institucional.

UN BALANCE SOBRE LAS RAZONES DEL FRACASO DEL MODELO UNILATERAL DE GOBERNANZA DE LAS MIGRACIONES (ponencia en el X Congreso de Migraciones, Madrid, 14-16 de septiembre de 2022)

Resumiré el propósito de mi intervención en este congreso, a través de las siguientes tesis

  1. Como reza el lema de este X Congreso, asistimos a importantes cambios en las manifestaciones de movilidad humana, en medio de una transformación convulsa de las relaciones internacionales y de la geopolítica que enfrenta hoy a las grandes potencias en juego: China, los EEUU y, en menor medida, la Federación Rusa y la Unión Europea..
  2. Esas transformaciones, a mi juicio, tienen un importante impacto en las categorías con las que tratamos de gestionar políticamente las diferentes manifestaciones de la movilidad humana, que es hoy más global que nunca: ya no vale la dicotomía entre la movilidad propia de los migrantes, básicamente entendidos como fenómeno laboral y económico y la de los “refugiados “(más bien, asylum seekers).
  3. El impacto del cambio climático, de la devastación de los recursos y hábitats naturales, debería obligarnos a encontrar respuestas adecuadas y específicas para esa relativamente nueva manifestación de movilidad humana, de importancia creciente, que representan los millones de personas que se desplazan forzados por tales transformaciones.
  4.  En todo caso, parece evidente que no se puede responder de forma eficaz y justa a la dimensión global y holista de las manifestaciones de movilidad humana, si no es desde un modelo de gestión que sea a su vez global, holista y multilateralmente negociado.
  5.  La dimensión de globalización tecnoeconómica, al no ir acompañada de una globalización jurídica y política igualitaria, no propicia ese modelo, sino que lo sustituye por el viejo modelo colonial, sujeto a los intereses geopolíticos y económicos de los agentes hegemónicos en el mercado global. UN MODELO DE GOBERNANZA QUE ES DE DOMINIO UNILATERAL Y QUE SIRVE A LA PROPIA GOBERNANZA
  6. Tres acontecimientos recientes lo prueban: el análisis de las migraciones como riesgo en el nuevo concepto estratégico de la OTAN adoptado en Madrid, la dispar respuesta a las crisis de refugiados de Ucrania, Afganistán y Siria y los planes de externalización de los demandantes de asilo a países terceros.
  7. Es preciso revisar las normas de un modelo de globalización, el jurídico y político relativo a la respuesta a las manifestaciones de movilidad humana forzada. Desgraciadamente, los dos Global Compact aprobados por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 2018, que proponían un conjunto de buenas prácticas de gestión y, sobre todo, señalaban las prácticas difícilmente justificables y probadamente ineficaces, no han tenido observancia por parte de los principales Estados que gestionan la circulación y «acogida» de esas poblaciones en desplazamiento.

1.¿Gobernar las migraciones o gobernar utilizando las migraciones?

En un mundo cada vez más desigual y más interdependiente, el objetivo de encontrar una respuesta política a las diferentes manifestaciones de movilidad humana que protagonizan más de 250 millones de personas es un reto capital. Como ha insistido Sami Nair a lo largo de su ingente obra y como se concreta por ejemplo en un excelente libro de 2016 de la investigadora colombiana Alexandra Castro (La gobernanza internacional de las migraciones: de la gestión migratoria a la protección de los derechos humanos) que recomiendo vivamente, se trata de encontrar las claves que permitan un modelo de gobernanza de las migraciones que, además de asegurar su gestión eficaz por parte de los Estados implicados, redunde en beneficio de todas las sociedades y actores implicados (no sólo, ni prioritariamente, de sus gobiernos) y garantice una condición sine qua non de esa política, la garantía de los derechos de los inmigrantes, la vigencia del Estado de Derecho en el ámbito migratorio. El problema es que, hasta ahora y a mi juicio, la mayor parte de los Estados receptores de los movimientos migratorios sur-norte (que no representan porcentualmente la mayoría de esos desplazamientos, pues éstos de producen sobre todo entre países del Sur, frente a la idea dominante en la opinión pública en Europa o en los EEUU), no han ensayado un modelo de gobernanza de las migraciones acorde con ese marco conceptual y menos aún un modelo global. Es decir, no han probado un modelo de política migratoria a la altura de ese desafío. No. Como podemos contrastar examinando las políticas de la mayoría de los gobiernos europeos, insisten en intentar un dominio unilateral e instrumental de esos movimientos, en clave del beneficio de sus mercados y de sus agentes (la inmigración vista sólo como cuestión laboral y de equilibrio de mercado), en clave de cortoplacismo electoral (utilizar sus riesgos y beneficios para asegurarse el mayor número de votantes) y, los que pueden permitírselo, en clave de sus intereses geoestratégicos (expansión del propio mercado y del área de influencia geoestratégica). Todo, desde el indiscutible argumento de la soberanía nacional: nos corresponde a nosotros decidir quién puede cruzar nuestras fronteras y quedarse aquí. Una política en la que la garantía de los derechos es en el mejor de los casos una opción, si no una carga “buenista”, que se trata de minimizar.

Dicho de otra manera, no han tratado ni tratan de construir una gobernanza mundial o al menos multilateral de las migraciones, sino de utilizar las migraciones para asegurar su propia gobernanza. Por eso, no han hecho ni hacen política migratoria, sino sobre todo política con la inmigración, usándola como baza a muy corto plazo, el de la siguiente convocatoria de elecciones. Y por esa razón también, además de esas claves, el discurso político de la mayor parte de los gobiernos europeos sobre las migraciones utiliza otra clave, la prioridad del lenguaje de policía y orden público (luchar contra la criminalidad, combatir la inmigración irregular y las mafias que trafican y explotan a los inmigrantes), cuando no, incluso, militar y de defensa: defender nuestras fronteras, en términos de hacer frente a la amenaza de invasión. A esos efectos, con la inestimable colaboración de los medios que se aseguran audiencia a base de sucesos trágicos y de vender sensacionalistas escenarios de riesgo, sin respeto alguno por los datos reales, no se vacila en usar tres prejuicios con los que se estigmatiza a los migrantes mediante mensajes normativos que bordean la xenofobia institucional.

Se invierte el principio de seguridad jurídica y presunción de inocencia y se les presenta conforme al viejo molde de las clases peligrosas: son esquiroles en competencia desleal en el mercado laboral, gorrones que se aprovechan de los beneficios de nuestro sistema de bienestar (en educación y sanidad, sobre todo) y ejército de reserva de la delincuencia, si no ilegales, es decir, criminales, delincuentes, por el hecho mismo de emigrar sin regularidad administrativa. A los que se viene añadiendo otro, el argumento de la xenofobia cultural: los inmigrantes serían, por su (sic) radical incompatibilidad con nuestra cultura (aquí se apunta a esa amalgama de musulmanes, árabes y africanos), una amenaza para nuestra identidad.

2.Otro modelo: gobernanza multilateral, cooperativa y en beneficio de todas las partes implicadas.

Los hechos son muy tercos. Ese es el realista punto de partida de la propuesta alternativa de política migratoria, que existe. Está formulada en la Resolución 73/195 de la Asamblea General de la ONU, que aprobaron 153 países el 19 de diciembre de 2018, con 12 abstenciones y 5 votos en contra (https://undocs.org/es/A/RES/73/195), a partir del Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM), un documento acordado en Marrakesh una semana antes. Es lo que conocemos como Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular, que debe ser objeto de una primera evaluación en 2022, pero sobre el que ya ha presentado un primer informe el Secretario General Guterres. El GCM cuenta con una serie contrapartida: el rechazo de los gobiernos de EEUU, Brasil, Chile y Suiza y, en la UE, de Austria, Bélgica, Chequia, Hungría e Italia. España, por cierto, se comprometió oficialmente a desempeñar un papel de promoción y garantía de ese GCM.

Como ha explicado muy bien la iusinternacionalista Teresa Fajardo, cuyo análisis del GCM comparto en muy gran medida en estas líneas, este instrumento de Soft Law (es decir, sin valor jurídico vinculante, pero con importantes consecuencias en la práctica jurídica internacional) que es el GCM, no tiene nada de revolucionario. Es realista, porque arranca del principio de soberanía de los Estados, que consagra. También lo es, en aparente paradoja, porque reconoce que la gobernanza de ese hecho social global que son las migraciones, no está al alcance de ningún Estado de por sí. Menos aún si persiste y aun se incrementa (entre las sociedades del sur y no digamos, entre las del sur y el norte) el verdadero factor determinante, el efecto salida, resultado de la radical desigualdad en los índices de desarrollo humano y las abismales diferencias de expectativas de vida y trabajo para muchos, incluido también el legítimo deseo de una vida y un trabajo mejor para profesionales especializados. Tal modelo de gobernanza sólo puede ser el resultado de una acción concertada, multilateral, que acepta el enfoque de responsabilidad compartida y de solidaridad. L GCM es un embrión de lex migrationis global, que parte de reglas comunes que, pese al tópico que insiste en que no hay tal en materia migratoria, a diferencia de lo que sucede respecto a los refugiados, sí existen, aunque de forma fragmentada, escasamente específica, más allá del Convenio de la ONU de 1990 (Resolución 45/58) y de los Convenios de la OIT. Pero dejémoslo claro, como lo hace el propio GCM: “El Pacto Mundial se basa en el derecho internacional de los derechos humanos y defiende los principios de no regresión y no discriminación. La aplicación del Pacto Mundial asegurará el respeto, la protección y el cumplimiento efectivo de los derechos humanos de todos los migrantes, independientemente de su estatus migratorio, durante todas las etapas del ciclo de la migración. También reafirmamos el compromiso de eliminar todas las formas de discriminación contra los migrantes y sus familias, como el racismo, la xenofobia y la intolerancia”. Por eso, por ejemplo, el énfasis en la prioridad de la salvaguarda del interés del menor inmigrante del menor inmigrante o la recomendación de que los internamientos sean última ratio de esta política, al revés de lo que practican los gobiernos europeos. El Pacto detalla 23 objetivos, con un abanico de iniciativas, en consonancia con la Agenda 2030, que asientan el vínculo entre políticas migratorias, desarrollo humano y democracia, algo que, por cierto, ignora el Pacto europeo de migración y Asilo propuesto por la Comisión Europea este mismo año y que sigue enrocado en la política de control de fronteras e ignora la prioridad de establecer vías legales, seguras y asequibles para los inmigrantes cuya inexistencia es el verdadero motor de la migración irregular y la razón del negocio de las mafias. Se trata de combinar, como explica Fajardo, políticas públicas migratorias de alcance mundial (multilateral) con las nacionales y con acciones transversales, mediante la acción coordinada de las diferentes administraciones, pero sobre todo de los agentes de las sociedades civiles y de los propios inmigrantes, con un lugar destacado para la OIM. La política migratoria no puede centrase casi exclusivamente, como sucede hoy, en la contención de los movimientos migratorios y en su explotación para nuestro beneficio. Ha de abrirse a una gestión acorde con el Derecho internacional y que, como insiste Naïr, transforme los desplazamientos migratorios de destino fatal en una opción que beneficie a todos. El GCM apunta buenas pistas en ese sentido

3.Ejemplos del retroceso en la concepción multilateral y garantista de la gobernanza de las migraciones

El primer y más reciente botón de muestra del retroceso en el avance haca una concepción multilateral y equilibrada en la gobernanza internacional de las migraciones lo encontramos en el nuevo concepto estratégico aprobado en la cumbre de la OTAN en Madrid, en junio de 20222. Me refiero a la inclusión como prioridad estratégica para la OTAN de las soi-dissants “amenazas del flanco sur”. Una inclusión que ha sido presentada incluso como un éxito diplomático de la Europa del Sur (de España, concretamente).

Por supuesto que no faltan razones para la preocupación por esos riesgos y amenazas desde el “flanco sur”, un eufemismo para referirse a la preocupación por la evolución del equilibrio del “escenario africano” en lo que a algunos les sigue gustando denominar “gran tablero”. Tal preocupación responde a indiscutibles factores estructurales y también a algunos cambios relevantes en el equilibrio de influencias en el continente africano, por la creciente presencia de China, por la desestabilización producida por agentes mercenarios al servicio de  Putin (la compañía Wagner), unidos al incremento del riesgo terrorista representado por  las franquicias de AlQaeda, cuya capacidad desestabilizadora en Nigeria, Mali y parte del Sahel, lejos de reducirse, se ha multiplicado, sobre todo tras el abandono por parte de Francia de sus misiones en la zona (https://www.lavanguardia.com/internacional/20210710/7590472/sahel-francia-retirada-repliegue-macron-hollande-barjan-yihadismo-qaeda-islamismo-radical-takuba.html), ratificada por la decisión de Macron, el 17 de febrero de 2022, de abandonar la operación Barkhane, esto es, la presencia en Mali, tras la ruptura de relaciones con su Junta militar y, sobre todo, para evitar lo que para algunos corría el riesgo de convertirse en el “Afganistán francés” (https://www.realinstitutoelcano.org/comentarios/la-inalcanzable-mision-antiterrorista-de-francia-en-el-sahel/#:~:text=El%2017%20de%20febrero%20de,francesas%20y%20europeas%20de%20Mali.).

A todo ello, se une la preocupación por uno de los peores efectos de la estrategia de guerra seguida por Putin, el bloqueo de las exportaciones de grano desde Ucrania, vitales en todo el mundo y, desde luego, en un buen número de países africanos, lo que puede desencadenar una “hambruna catastrófica”, que impulsará desplazamientos forzados de población. Lo recordaba Ramón Lobo en un análisis reciente (https://www.levante-emv.com/internacional/2022/06/25/tormenta-perfecta-acecha-africa-67654333.html): las consecuencias de la guerra -el bloqueo de los puertos, el alza de los precios, que se han incrementado en estos 4 meses más del 30%- golpean las exportaciones de girasol, cebada, maíz y trigo de las que África es muy dependiente, porque un 40% del trigo que se consume en ese continente (y de forma particularmente agravada, en regiones ya devastadas, como la del<cuerno de Africa>) es ruso y el 10% ucranio. Y hasta 14 países de renta baja o media-baja en esa región, con altos niveles ya de hambre y deuda, importan más del 50% de su trigo de Ucrania y Rusia, porcentaje que se eleva al 100% en Eritrea, el 92% en Somalia y más del 50% en Yemen.

Todo ello acelerará procesos sobre los que vienen insitiendo diferentes agencias de las Naciones Unidas (ACNUR, FAO, OMS) y no pocas ONGs, esto es, un incremento exponencial de desplazamientos masivos de población que serán la principal manifestación de movilidad humana en menos de 15 años, los que, a falta de otra etiqueta, denominamos “desplazados climáticos”.

Estos desplazamientos forzados y masivos se producirán, en primera instancia, en el eje sur-sur, y sus efectos desestabilizadores sobre países con escasa capacidad de acogida, no se deberían ignorar. Baste pensar en los datos que ofrece la FAO sobre la situación casi endémica de “gran hambruna” en regiones del Sahel y del Cuerno de Africa.  Cifras como ésta: cada día, en esta región del cuerno de Africa, mueren de hambre 1800 seres humanos. Y más de 18 millones de personas padecerán hambre severa en los próximos meses. Cuatro ONGs, Acción contra el Hambre, Save the Children, Unicef y Oxfam Intermon, han elaborado un manifiesto en el que reclaman una intervención específica e inmediata: ante el riesgo de lo que consideran una crisis alimentaria sin precedentes, una gran hambruna que puede matar de hambre a 49 millones de personas en los próximos meses y, de manera inmediata, a 14 millones de niños de menos de 5 años este mismo verano (https://www.lavanguardia.com/vida/20220626/8366491/agenda-otan-africa.html).

Sucede que, además del desigual impacto de la guerra en Ucrania sobre países terceros, los efectos del proceso del cambio climático y de la pandemia también se reparten de modo desigual. En Europa, incluso en España, no hemos dejado de hablar del episodio de calor adelantado al fin de esta primavera. Pero hay que leer el índice de riesgo climático elaborado por Germanwatch sobre el año 2021 (https://germanwatch.org/sites/default/files/Resumen%20Indice%20de%20Riesgo%20Clim%C3%A1tico%20Global%202021.pdf), para darse cuenta de cómo el cambio climático golpea sobre todo a las regiones más pobres. Y para advertir la envergadura de los desplazamientos masivos que va a producir.

Aún así, los líderes europeos no se centran en remediar las causas de esa situación, sino en los temores que despierta lo que consideran “segunda fase” de los desplazamientos masivos: esto es, su posible reorientación hacia nuestro continente (https://elpais.com/internacional/2022-06-22/bruselas-teme-que-la-guerra-de-putin-provoque-oleadas-migratorias-hacia-la-ue-desde-el-norte-de-africa.html?sma=newsletter_alerta20220622).

Reaparece así un escenario que en rigor no es nuevo, sino que se ha manejado como una constante en la narrativa tóxica que, a mi juicio, sostiene la estigmatización de los movimientos migratorios y subyace a buen parte de nuestras políticas migratorias y de asilo. Hablo del temor a lo que en su día se llamó (así lo hizo el líder del movimiento de los países no alineados, el presidente Jomo Kenyata) “la bomba de los pobres”, esto es, un uso deliberado de los flujos migratorios en términos de amenaza de presión demográfica sobre el continente europeo, dando pábulo a los fantasmas de aquellos que en Europa hablan de grandes contingentes migratorios a nuestras puertas, dispuestos a lo que asemejan a una “invasión”, cuando no -incluso-, a la tesis conspiranoica del “gran reemplazo”. Nada nuevo, insisto: por no referirnos más que a referencias contemporáneas, baste mencionar el conocido libro de Paul Ehrlich, The Population Bomb (1968) o las tesis de Robert Kaplan, por ejemplo, en libros como The Revenge of Geography (2013). En realidad, este uso estratégico de lso movimientos migratorios ha de ponerse en relación con el punto de inflexión en los flujos migratorios en los años 50 del siglo XX, con los procesos de descolonización, que marcan movimientos migratorios masivos desde el sur no desarrollado, hacia el norte rico, con especial incidencia en las antiguas metrópolis (Francia, Reino Unido y, en menor medida, Bélgica y Países Bajos). El caso de los flujos desde Latinoamérica a los EEUU es diferente, claro y se relaciona estrechamente con la profunda desigualdad estructural.

Es verdad que el uso estratégico de grandes desplazamientos migratorios como elemento de presión puede vincularse también a la noción de “guerras híbridas”, como ejemplificaron Lukashenko y Putin al utilizar la presión de desplazados sobre la frontera oriental de la UE (y de la OTAN). Pero ya antes Erdogan había hecho lo propio con los movimientos de desplazados sirios desde la península de Anatolia hacia las islas griegas del egeo y hacia los Balcanes. Por no hablar del recurso del que han echado mano una y otra vez los diferentes autócratas del Magreb para presionar, por ejemplo, sobre las fronteras españolas: de la marcha verde frente al Sáhara español aprovechando la enfermedad de Franco, a la más reciente utilización de miles de niños, adolescentes y jóvenes en las fronteras de Ceuta y Melilla. Pero, de otro lado, como señala el director general de Oxfam Intermón, Franc Cortada, quizá habría que reparar en el enfoque que subraya que, más que tragedias naturales, nos encontramos ante una estrategia que consiste en utilizar el hambre como instrumento de guerra: “No estamos ante una crisis de escasez de alimentos; nos encontramos con que se usa, descaradamente, el hambre como arma de guerra. Permitir que millones de personas mueran en el mundo por hambre, así como dejar que las grandes empresas encuentren oportunidades para beneficiarse de esta catástrofe, no es otra cosa que un gran fracaso político”.

El segundo ejemplo es el de los planes de algunos países europeos para acabar de externalizar la gestión de los procedimientos de asilo. Ya lo adelantó el Reino Unido y Dinamarca, que había explorado previamente incluso esa posibilidad, anunció el pasado 9 de septiembre la firma de un convenio con Ruanda, al entender que el actual sistema global de asilo y migración es disfuncional», por lo que abogan por «una nueva postura».

En la declaración conjunta sostienen que están explorando en conjunto el establecimiento de un programa a través del cual solicitantes de asilo espontáneos que lleguen a Dinamarca puedan ser trasladados a Ruanda para que se consideren sus solicitudes y protección, así como la opción de que se asienten en Ruanda.

Por ello, Dinamarca y Ruanda estudian enviar a Kigali a solicitantes de asilo llegados al país europeo Ello se concretaría en el envío a Ruanda de solicitantes de asilo que lleguen a territorio danés, un plan similar al anunciado hace pocos meses por Londres y Kigali, duramente criticado por numerosas ONG. Los ministerios de Exteriores de ambos países han señalado en un comunicado conjunto su «compromiso a la hora de fortalecer el diálogo bilateral y la asociación en múltiples áreas», incluidaslas de clima, buena gobernanza y «política de refugiados.

 (: https://www.europapress.es/internacional/noticia-dinamarca-ruanda-estudian-enviar-kigali-solicitantes-asilo-llegados-pais-europeo-20220909145315.html)

La crítica no se ha hecho esperar: Ante la noticia de que las autoridades danesas han firmado un acuerdo con el gobierno ruandés para mejorar la cooperación en materia de migración y asilo que podría permitir el envío de solicitantes de asilo a Ruanda, el director para Europa de Amnistía Internacional, Nils Muižnieks, ha declarado:

“Cualquier intento de trasladar a Ruanda a solicitantes de asilo que llegan a Dinamarca para tramitar allí sus solicitudes de asilo sería no sólo inadmisible, sino potencialmente ilegal. Dinamarca no puede negar el derecho de quienes llegan a su territorio de solicitar asilo y trasladar a estas personas a un tercer país sin las garantías necesarias.

 “Estas propuestas llevan el traspaso de la responsabilidad de la protección de la población refugiada por gobiernos de la UE a un nuevo mínimo y sentarían un precedente peligroso en Europa y en el mundo.

 “La idea de que los países ricos pueden pagar para no tener que cumplir sus obligaciones internacionales, despojando a quienes piden asilo incluso de su derecho a que sus solicitudes se estudien en Dinamarca, es profundamente preocupante”.

4.¿Es posible recuperar el modelo alternativo de gobernanza?

Insisto en subrayar que la contaminación de las políticas migratorias y de asilo por los intereses geoestratégicos de dominación no es una novedad, porque el problema fundamental de nuestras políticas migratorias y de asilo, es el modelo de gobernanza unilateral de las migraciones que constituye su parti pris: nuestra insistencia en dominar esos movimientos en nuestro beneficio, sin negociar ni tener en cuenta los intereses de las personas y de los países que forman parte de la secuencia migratoria, de las sociedades civiles en origen, y en tránsito, ni de los propios migrantes como agentes, como protagonistas de esos procesos de movilidad, que contra el argumento reiterado por el neoliberalismo, no puede explicarse sólo no principalmente como muestra de la “libre circulación de trabajadores” por la que supuestamente apuesta el mercado, sino que son en buena medida -también para los inmigrantes, no sólo para refugiados- procesos forzados, no deseados.

De ese prejuicio, de esa pretensión de dominio unilateral de los flujos y de los procesos de instalación, de asentamiento de los migrantes, nacen dos errores de nuestra mirada sobre las migraciones y de nuestro modelo de políticas migratorias, que hay que seguir denunciando.

El primero, tiene mucho que ver con la miopía -el prejuicio- de seguir conceptualizando a los inmigrantes exclusivamente como fuerza de trabajo (en el fondo, el mismo del esclavismo), ignorando  que las migraciones son hechos y procesos sociales de dimensión global y holista, que responden, a las relaciones sociales propias del (des)orden internacional y también a las de nuestras sociedades, todas ellas hoy en profundo proceso de reconfiguración, proceso respecto al cual la presencia migratoria tiene un poderosa capacidad de transformación, aunque nos neguemos a aceptarlo y pretendamos tenerlos aquí, según nuestro “orden natural”, es decir, como invisibles, separados y dominados.

El segundo error de conceptualización, que es el que me parece más presente en este concepto estratégico, consiste en insistir de modo desequilibrado, desproporcionado, en los potenciales riesgos y amenazas (indiscutibles, como tales, sí) para nuestra seguridad y defensa. De un lado, el más grave, esto es, la amenaza terrorista vinculada a movimientos como las franquicias de AlQaeda. De otro, el riesgo de que la llegada masiva de migrantes, de desplazados, empujados por esas grandes hambrunas ( o por las guerras del agua, los efectos del cambio climático, étc) entrañen  un efecto disolvente de los elementos de cohesión social, por la quiebra del equilibrio del estado del bienestar y por la capacidad de radicalización de algunos de los movimientos yihadistas sobre los migrantes residentes en Europa, que podrían conducir a ese escenario de pesadilla que denuncia insistentemente una parte de la derecha y toda la extrema derecha europea, la de comunidades segregadas que minan la cohesión social y despiertan el terrible fantasma del enfrentamiento civil.

Negar la dimensión de riesgo, incluso de potencial amenaza que puede entrañar esa constante demográfica que es la movilidad humana que se desplaza en sentido sur-norte (por más que la inmensa mayoría de esos movimientos, como ha explicado Whitol der Wenden, sigue el rumbo sur-sur), sería un error. Lo subrayo: nada de ingenuidad. Otra cosa es el empeño en reducirlos a esa dimensión potencial. Y lo peor es que semejante análisis deje de lado lo que habría de ser una prioridad, y no una concesión al buenismo: el respeto de los derechos humanos de los inmigrantes y desplazados. Ese respeto, esa garantía, no es una opción, sino una obligación de los gobiernos que pretendan ser mínimamente coherentes con las exigencias del Estado de Derecho y de la legitimidad democrática. Esos derechos no pueden ser objeto de negociación, de venta. Son obligaciones cuyo cumplimiento ha de ser exigible. Y no pueden quedar supeditados al criterio de optimización del beneficio, ni tampoco a la lógica geoestratégica.

Ante la necesidad de contar con un planteamiento nuevo de las relaciones de Europa con Africa, parecieran abrirse dos opciones que desgraciadamente entrarían en colisión: la de quienes lo enmarcan en esa prioridad geoestratégica de revenir los riegos y amenazas del flanco sur y la de quienes entienden que esos flujos migratorios deben formar parte de un planteamiento global, en el que europeos y africanos construyamos un marco global de relaciones desde la perspectiva del mutuo beneficio y de las exigencias de promoción de la Democracia, los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Por eso, sostiene el economista J.Sachs que, si Europa quiere hacer una contribución seria para mejorar el mundo -también para los europeos-, no debería fijar su prioridad en el marco de la lógica de bloques que parece imponerse, esto es, centrada en el objetivo de conseguir que Ucrania gane la guerra contra Putin, sino que, además de tratar de lograr una solución negociada, diplomática, a esa agresión de Putin sobre Ucrania, por difícil que sea tal empeño, debería focalizar sus esfuerzos en asegurar la educación para cada niño en Africa (https://elpais.com/cultura/2022-06-22/jeffrey-sachs-algo-falla-en-el-sistema-americano-y-en-la-naturaleza-humana.html?ssm=FB_CC&fbclid=IwAR1EJSQKHNbjirJ4B6b1NIzsZhwEQ9bDjPCxRfJu-yI0FB5JcyMtL3KO-8Q).

En todo caso, llama poderosamente atención que el problema de las hambrunas catastróficas derivadas de la guerra de Ucrania (como el de las grandes sequías, o el de la contaminación de los campos de cultivo o recursos naturales) no se analice como lo que es: un gravísimo peligro para las poblaciones que se ven obligadas a huir. Los europeos sólo nos planteamos las consecuencias que esas hambrunas pueden implicar para nosotros, sin centrarnos en la actuación verdaderamente necesaria: ¿cómo ayudar a esas poblaciones que se ven expulsadas de sus hogares, como consecuencia de estos fenómenos? ¿qué protección y qué garantías de sus derechos y con qué procedimientos vamos a poner a su alcance? Preguntas como esas son las que dieron lugar en 1951 a la Convención de Ginebra y luego al Protocolo de Nueva York, las piezas clave del derecho internacional de refugiados. Esas preguntas motivaron la aprobación en 2003 de la directiva europea de protección temporal ante llegadas masivas de personas en busca de protección, directiva que hemos activado con una rapidez y eficacia loables, en relación con los desplazados de la guerra de Ucrania.  ¿Qué hace falta para que nos decidamos a ofrecer respuestas, protección efectiva, a quienes no sean ucranios? ¿vamos a conformarnos con mirar esos desastres y lamentar su suerte?

5.Tres propuestas para recuperar el modelo alternativo

La primera, remite a la reiterada reclamación de crear vías legales, seguras y regulares para que los inmigrantes puedan llegar e instalarse sin riesgo de sus vidas, para trabajar legalmente, regresar a sus países y en su caso, volver a trabajar aquí, sin tener que pasar a lo largo de todas esas etapas por la clandestinidad. Porque la clandestinidad, el tráfico y la explotación, que son el negocio de las mafias, existen por dos razones. Porque hay empleadores en nuestro país a quien interesa el dumping social que supone disponer de esa mercancía, de esa mano de obra vulnerable, dispuesta a renunciar a sus derechos, y porque no hay vías legales y seguras para llegar y, por tanto, los inmigrantes tienen que acudir a las rutas que controlan las mafias.

La segunda, consiste en construir una política europea de asociación con los países de origen, pero no tanto para asegurar la obsesión del control, sino sobre todo para incidir en las causas de esos movimientos migratorios forzados, que seguirán existiendo y se van a incrementar si no actuamos. Esos desplazamientos masivos no se podrán regular mientras continúe la inmensa brecha de desigualdad en desarrollo humano, derechos humanos y democracia. Por tanto, iniciativas de asociación para la promoción en esos países de esos tres indicadores.

Y una tercera propuesta: poner en marcha medidas para otra política de acogida y, sobre todo, de inclusión, empezando por el acceso al mercado laboral en condiciones de igualdad de derechos. Hay que desarrollar actuaciones como las que con mucho acierto, a mi juicio, ha puesto en marcha, por primera vez en nuestro país el ministerio de inclusión y migraciones, mediante reformas del reglamento de extranjería como las que permiten la incorporación a la seguridad social y al mercado de trabajo de miles de jóvenes que, así, no serán la amenaza que pretenden los carteles de Vox, sino que se convertirán en parte de la mejor esperanza para nuestro país.

UNA UNIVERSIDAD DE TODOS Y PARA TODOS (Intervención en la segunda jornada conmemorativa del 50 aniversario de la UNED, organizada por el Senado y el Rectorado de la UNED y celebrada en el Centro Asociado Ramón J. Sender de la UNED en Barbastro, el 15 de septiembre de 2022)

Muchas gracias, magnífico y excelentísimo Sr Rector de la UNED, mi querido profesor Mairal

Permítanme expresar mi agradecimiento al presidente del Senado que, por deberes institucionales de representación del Estado, no puede acompañarnos como era su voluntad. Desde el inicio de esta iniciativa conjunta del Senado y de la UNED en conmemoración del cincuentenario, el presidente Ander Gil, que conoce por vocación y experiencia profesional la tarea docente, respaldó e impulsó esta celebración y sé de su deseo de estar hoy aquí. Un agradecimiento que hago extensivo a los componentes del gabinete del presidente, a la responsable de protocolo, Doña Maria Eugenia Enríquez, y también a los correspondientes responsables del gabinete del rector.

Gracias a los miembros de la Comisión de Ciencia, innovación y Universidades que tengo el honor de presidir, por el acuerdo unánime de todos los grupos parlamentarios en apoyo de esta propuesta. Gracias en particular al senador Jose Aurelio Aguilar, que fue portavoz de Universidades del grupo Parlamentario socialista en el Senado y que estuvo en el origen de la propuesta, con quien trabajé desde el inicio para presentarla, y a los senadores Alarcó, Alós y Magdaleno, que -además del propio senador Aguilar- han participado y participan en estas jornadas. Desde luego, gracias a todos los ponentes de estas dos jornadas.

Mi agradecimiento expreso a mi colega de la UNED, la vicerrectora Yolanda Peña, por su inteligente y discreto trabajo de organización, también pese a alguno de los habituales sobresaltos organizativos, que ha llevado siempre con elegancia y sentido del humor.

Y gracias a todas las autoridades, a los compañeros del Senado, a los profesores, tutores y estudiantes que nos acompañan

Verán: aunque tengo el honor de ser miembro del Senado, yo soy un profesor de filosofía del derecho y filosofía política, mi trabajo durante casi medio siglo. Y les hablo también desde esa condición. Hace unos meses, con motivo de un trabajo de investigación sobre el modelo de gestión política de la ciencia y de la Universidad, sobre el tópico weberiano (aunque es un tema que ya está en Platón) de las relaciones entre políticos y científicos, y gracias a los magníficos servicios de la Biblioteca del Senado y de su Centro de documentación, estuve repasando los Diarios de Sesiones del Senado, de 1910, que recogen las intervenciones como senador de nuestro más eminente científico y universitario, el aragonés (y navarro) Santiago Ramón y Cajal.

Don Santiago Ramón y Cajal, encarna como nadie lo que podríamos denominar patriotismo científico que es, a mi juicio, el mejor de los patriotismos. A través de sus escritos y también de sus intervenciones parlamentarias como senador, dejó clara la prioridad política de la tarea de elevación científica y cultural de la sociedad española.

Creo que Don Santiago estaría muy orgulloso de una institución como la UNED, precisamente por la doble esencia académica y social de esta Universidad.

En efecto, docencia, investigación, arraigo y promoción del territorio, al servicio de los mejores ideales y desde una capacidad ejemplar de adaptación a los profundos cambios sociales y tecnológicos, con un enorme trabajo de innovación en la docencia y en la investigación, caracterizan a la UNED. Y demás, esta Universidad sabe concitar la indispensable colaboración entre los agentes privados y públicos, como ejemplifica magníficamente este centro asociado Ramón J Sender de Barbastro, fruto de los esfuerzos de la Fundación Ramón J Sender, del Ayuntamiento de Barbastro, la Diputación de Huesca, el Gobierno de Aragón y la propia UNED.

No insistiré en las características diferenciales de la UNED, que explicarán en sus intervenciones el rector Mairal y el presidente del Senado, mucho mejor de lo que yo pueda hacerlo.

Querría sólo insistir en un mensaje: la UNED como Universidad para todos, como Universidad de todos.

A lo largo de estos años -y seguro que en el futuro-, la UNED ha sido una verdadera fábrica de sueños o, por mejor decir, la herramienta que ha hecho posible que millones de personas hayan podido hacer realidad sus sueños de desarrollo personal y profesional, ese magnífico proyecto de patriotismo científico que quería Ramón y Cajal.

Una Universidad para todos: para cualquier persona, con independencia de su origen, de su lugar de residencia, con una capacidad de adaptación a las condiciones laborales, familiares y personales. La UNED es así un poderoso factor de igualdad y de inclusión.

Pero, además, esta Universidad es un factor decisivo de la democratización del derecho a la cultura y a la educación, requisitos imprescindibles para una sociedad de mujeres y hombres libres e iguales y, por esa razón, la UNED es Una Universidad de todos, que hace accesible la enseñanza superior como motor de la igual libertad de todos los ciudadanos, por tanto, de una sociedad más culta, más igualitaria, más libre.

La UNED es una Universidad para todos y una Universidad de todos. En ese sentido, puede decirse que, como decimos los universitarios, es nuestra alma mater común. Por eso, permítame Sr Rector que, aunque no tengo la condición formal y el honor de pertenecer al claustro de doctores de esta Universidad, la considere como mía propia.

¡Larga vida a la UNED!

CUANDO FALTA EL PAN, BUENO ES EL CIRCO. LA MUERTE DE ISABEL II Y EL BUSINESS

Quienes me conocen saben de mi debilidad por los aforismos clásicos. La realidad más inmediata, la de la reacción en los medios y en algunos círculos políticos ante la muerte de la reina Isabel II, me ha sugerido la actualidad de dos de ellos: <panem et circenses> de un lado y el no menos sabio <ne quid nimis>, de otro.

El bombardeo mediático a propósito de una muerte

<Ne quid nimis>, es la traducción latina de uno de los preceptos grabados en el templo de Delfos, <Μηδὲν άγαν>: nada en exceso. Su oportunidad me parece evidente ante la avalancha de «información» -más bien habría que hablar de propaganda o publicidad- a propósito de la muerte de Isabel II y de la obvia operación de promoción de Carlos III, su sucesor, que carece del perfil institucional de su madre…

Isabel II es una figura de innegable relevancia histórica (pero sin exagerar. Digamos que tampoco es una verdadera protagonista de la historia, como Churchill, Mandela o Gorbachov: ella no ha cambiado el mundo con sus decisiones), de la que se destaca habitualmente su sentido del deber y de la dignidad institucional, aunque no está exenta de claroscuros, como cualquiera. Comprendo que su muerte es una noticia triste y de gran envergadura para los ciudadanos británicos e incluso de la Commonwealth y por eso entiendo que se le preste una atención destacada. Pero otra cosa es el despliegue, más apologético que informativo, insisto, al que estamos asistiendo.

Recordaré algo obvio: la monarquía británica, como todas, se asienta en su utilidad, pero sobre todo en su capacidad para hacer creer a la opinión pública que está dotada de una legitimidad especial: una suerte de combinación de las que Weber llama la «legitimidad carismática», y “legitimidad tradicional”. No basta, pues, con la tradición: es preciso desplegar seducción, más incluso que ejemplaridad. Por eso, los fastos, las ceremonias rituales, llenas de solemnidad y color, son elemento clave y en un mundo regido por la necesidad de vender «marca» y en el que la política es cada vez más espectáculo, es obvio que los Windsor comprendieron bien que su existencia se justifica por ese «valor» que añaden a la marca Reino Unido. Todo ello se resumen el apelativo con el que se conoce a los Windsor, <The Firm>. Cabe recordar que Windsor como nombre de familia para la dinastía se escogió para disimular su origen germánico: Sajonia-Coburgo), del mismo modo que se cambió el del consorte de la reina Isabel, Felipe de Mountbatten (también de origen alemán: Battenberg). De ahí que los Windsor  y sobre todo Isabel y Felipe -no tanto, ni mucho menos sus descendientes- sean maestros en el boato ceremonial, con la complicidad de los medios de comunicación, un negocio en el que una y otra parte se retroalimentan y que ha desbordado ampliamente los dominios de la <prensa de corazón> según el modelo <Hola>, para invadir todos los espacios mediáticos.. Lo explican muy bien Antoine Perraud en un artículo en Mediapart, reproducido por Infolibre (https://www.infolibre.es/mediapart/reina-establishement-isabel-ii_1_1314183.html) y David Gallardo, que ofrece datos sobre el business (https://www.infolibre.es/cultura/isabel-ii-negocio-muerte-resucitado_1_1314139.html).

Por todo ello y sin ignorar la relevancia histórica de la figura de Isabel II, cabe preguntarse por qué este exceso de noticias en torno a su muerte, sus funerales, su entierro, su sucesión.

Si no hay pan, dales circo

Creo que no es nada difícil entender que una de las razones de este sobredimensionado despliegue es la que nos ofrece el otro aforismo que mencioné al principio: lo que vivimos en estos días es una muestra de cómo el espectáculo sirve para distraer de la falta de pan, en una vuelta de tuerca del <panem et circenses>, expresión que aparece en la Sátira X de Juvenal.

Sin ápice de cinismo, diré que esta muerte le ha venido muy bien a las políticas que debe afrontar Liz Truss, la nueva premier británica, del mismo modo que le viene bien a quienes quieren entretener al público al menos por un rato, frente al elenco de dificultades que los ciudadanos europeos deben afrontar en esta rentrée. Es aquello del <show must go on>, entronizado como santo y seña de los medios de comunicación y también de la política como espectáculo.

Por supuesto, siempre hay quien se recrea en el exceso. El ejemplo de algunos gobernantes autonómicos que han dispuesto luto oficial en sus comunidades (luto oficial por la muerte de una monarca extranjera, mientras se niega el duelo oficial -no digamos la investigación- por las miles de muertes en eso que seguimos llamando <residencias de la tercera edad>) es particularmente llamativo. Pero también me parece un exceso el abrumador despliegue al que asistimos en estos días, de información trufada de ditirambos en los medios de comunicación, incluso ad nauseam.

Entiendo que en los medios privados esta es una forma de hacer caja, una vez que se ha impuesto por tierra, mar y aire el formato en el que fue precursor el espacio «Tómbola», en el que lo importante no es la noticia, sino cómo aportar un escándalo más entretenido y, si es posible, con imágenes. Es lo que vende, según ese tribunal supremo que es el share.

Lo que me parece menos justificable es que los medios públicos se apunten a esa propuesta «informativa». Aunque puedo entender los motivos para ese desvarío: el primero, que quienes los gestionan se ha rendido asimismo a la dictadura del share y or tanto se trata de alimentar el espectáculo que la muerte, funerales, entierro y coronación van a proporcionar. Y podría ser también que haya otro motivo en el caso de los medios públicos en España: una operación de imagen de la monarquía que, a todas luces va más allá de la británica, porque quizá no le viene mal a la española, ahora que en algunos medios se difunde una serie documental («salvar al rey», HBO Max) sobre las tropelías que practicó a diestro y siniestro el anterior titular, que estuvo a punto de mandar al garete la institución. Es difícil exagerar la gravedad de su pretensión de estar por encima de la ley y de la justicia, mientras por navidad nos amonestaba a hacer lo que contrario de lo que él practicaba, por no hablar del hecho de que se sirviera de los servicios del Estado para sus fines particulares. Todo ello, por cierto, con la complicidad de la inmensa mayoría de los medios de comunicación, que le fueron demasiado tiempo serviles, aunque ahora hagan leña del árbol caído.

ES HORA DE DECIR NO, A UNAS TRADICIONES QUE NOS DEGRADAN (versión ampliada del artículo publicado en Infolibre, 29 de agosto de 2022)

Los festejos taurinos que salpican buena parte de las fiestas de verano en numerosos municipios han adquirido este año una dimensión trágica. Concretamente, en la Comunitat Valenciana y en menos de seis semanas, se han cobrado ya siete víctimas mortales. La última, una septuagenaria de nacionalidad francesa, conocida aficionada a estas prácticas, que desde hace años recorría asiduamente los pueblos en los que se celebran. A propósito de esos festejos taurinos no han faltado, por cierto, elementos que cabría calificar como propios de la picaresca, como la peregrina explicación de las autoridades municipales de Nules, ante la denuncia de la celebración de un “encierro infantil” en sus calles, presentado como manifestación de «trashumancia urbana con exposición de animales bovinos«. Dicho sea de paso, otros Ayuntamientos han reaccionado muy rápidamente anulando los festejos al comprobar la presencia de menores o incluso se han pronunciado por la prohibición de esas prácticas, como el de Tavernes de la Valldigna.

La gravedad de estos hechos mortales ha llevado a la consellera de justicia e interior de la comunidad valenciana, Gabriela Bravo, a convocar de urgencia la comisión consultiva de festejos taurinos tradicionales, prevista en el título V del muy detallado Reglamento de festejos taurinos tradicionales de la Comunitat Valenciana, aprobado por el Decreto 31/2015 del Consell, siendo presidente el popular Alberto Fabra. La consellera daba una muestra de sentido común, del que andamos muy necesitados: “la vida está por encima de las tradiciones”. Mi argumento es el mismo: no hay tradición que valga la pena, si se cobra vidas humanas. Y añadiré: no hay tradición que valga la pena, si supone disfrutar con actos de crueldad y violencia. Actos gratuitos de maltrato, contra la integridad física y aun la vida de otros seres vivos, como sucede en el caso de los festejos taurinos que comentamos.

Como decía, no se trata de costumbres específicas de esa comunidad autónoma. Existen también en Cataluña y con una considerable polémica. Recordemos que el Parlament de Catalunya aprobó en 2010 una PNL que prohibió las corridas de toros en esa comunidad, lo que dio lugar a la Ley 28/2010, de 3 de agosto, de modificación del artículo 6 del texto refundido de la Ley de protección de los animales, pero esta disposición expresamente dejó claro que otro tipo de festejos taurinos quedaban a salvo de esa prohibición: “las fiestas de toros sin muerte del animal, correbous, en las fechas y localidades donde se celebran de forma tradicional». «En estos casos —se añade expresamente— está prohibido inferir daño a los animales».

En su momento y desde numerosas instancias, se denunció lo que a todas luces parecía una incoherencia, que se interpretaba como debida a consideraciones electoralistas. Así lo señala, por ejemplo, la Coordinadora para la Abolición de los Correbous de Cataluña, que cifra en 31 el número de municipios en los que todavía se celebran estas fiestas, la inmensa mayoría situados en las Terres de l’Ebre. Y se destaca que representan un porcentaje mínimo de la población total de Cataluña, aunque indiscutiblemente marca o puede marcar el resultado de las elecciones en esos municipios de Tarragona: así lo indica su portavoz, Toni Teixidó, en una entrevista para Crónica global: “¿Seguimiento? ¿Tradición? En esos municipios residen 140.000 personas mientras que, en toda Cataluña, viven 7,6 millones de personas. Si descontamos a los antitaurinos y menores, calculamos que los defensores de los correbous no pasan de 70.000. Es decir, un escaso 0,9% de los ciudadanos de Cataluña”.

Pero, más allá de estas críticas que hoy, ante la inminencia de las elecciones municipales, se revelan como un obstáculo insuperable para la tramitación de una nueva PL, presentada por el Comuns y la CUP, lo que deberíamos plantearnos es si no ha llegado la hora de dar fin a una tradición difícilmente compatible con elementos evidentes de lo que hoy entendemos por civilización, algo que incluye el fin de la crueldad y los malos tratos infligidos a. los animales.

Así lo señala, por ejemplo, Virtudes Azpitarte, autora de un brillante ensayo sobre Nietzsche y el animalismo, quien, consultada sobre el particular, se pronuncia con toda claridad: estos son, a su juicio, espectáculos difíciles de digerir. «No puede decirse que sea ético ni estético, es patético y ridículo. Los que nos indignamos nos preguntamos cómo el Gobierno catalán prohíbe las corridas de toros pero no estos eventos festivos crueles y patéticos. Tendría que ser el mismo bien jurídico protegido, la misma argumentación jurídica. Una vez más, queda en evidencia la labor de políticos y legisladores que no ven más que una rentabilidad en votos… la tradición no es un argumento. La tradición no es valorativa, no justifica ni legitima nada, mucho menos el sufrimiento de un ser vivo. Las costumbres son históricas y cambian con el tiempo. Se llama progreso. Se dice que son cultura, pero la cultura es evolucionar, ampliar tu mentalidad y tu círculo de empatía. Si no hay cambio, la cultura de un pueblo se estanca y se pudre. Es poner trabas a la evolución y al crecimiento de la humanidad… No olvidemos –añade– que estas torturas se financian a cargo del erario público y aquí sí podemos objetar y gritar: ¡no con mis impuestos! Es un claro caso que nos permite desobedecer las normas tributarias».

En lo que se refiere a la Comunitat Valenciana, mi opinión es muy clara. Creo que ha llegado el momento de derogar ese Decreto 31/2015 y, por tanto, el Reglamento de festejos taurinos tradicionales en la Comunitat Valenciana (bous al carrer). Un texto cuya minuciosidad y detalle desearía uno para otras causas:nada menos que 100 artículos, agrupados en cinco títulos, ocho anexos destinados a complementar y asegurar la eficacia de la regulación, cinco disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.

No es cuestión menor que el Preámbulo de este reglamento comience con una afirmación que, sin duda, es compartida por una parte de los valencianos, pero que confieso que me repugna: «Los festejos taurinos tradicionales (bous al carrer) son una de las señas de identidad del pueblo valenciano«. No contentos con ello, los autores del preámbulo ensalzan esas prácticas y celebra nel hecho de que en nuestra comunidad se convoquen más de 6.000 festejos taurinos. Aún más, el traído preámbulo considera estas prácticas no sólo como un rasgo identitario, sino como un «valor identitario» (sic). Así pues, si nos lo tomamos en serio resultaría que, hablando de valores, este preámbulo proporcionaría argumentso para defender que se forme en ese valor tan nuestro a los niños valencianos en la ESO y en el Bachillerato, como parte de esa educación en valores que –a mi juicio erróneamente– se propone en la LOMLOE. Por cierto, el reglamento no se queda ahí en la defensa y promoción del valor identitario en cuestión, y prevé que se creen también cátedras universitarias de tauromaquia.

Este rasgo identitario «tan nuestro», elevado a la categoría de “valor identitario”, me parece un disparate de rango mayor. Como me lo parecen en general los intentos de establecer unas señas y unos valores específicos identitarios de este tenor. Por lo que sé acera de los problemas de identidad colectiva a los que he dedicado algunos años de estudio, procuro tener presente siempre el aserto de Witgenstein sobre el “infierno de la identidad”. Por decirlo brevemente, me parece estéril e incluso contraproducente adentrarse en el arcano de ese constructo que son los “rasgos de identidad». También, claro, los del «pueblo valenciano”. Para empezar: ¿qué entendemos por tal sujeto colectivo? ¿el pueblo valenciano que supuestamente aparece cuando Jaume I conquista estas tierras, y no antes? Y esos rasgos, ¿son una esencia que debemos preservar a salvo de cualquier evolución?

Diré, por si acaso, que no vivo en la torre de marfil de mis convicciones y deseos: no estoy ciego y, como llevo casi dos tercios de mi vida en estas tierras que considero mías, aunque no naciera aquí, conozco algo de estas tradiciones. Sé que, posiblemente, hay ciudadanos a cuyo voto debo tengo el honor de representar a los valencianos en el Senado, que disfrutan de ellas y las defienden. estas tradiciones. Por tanto, no niego que tales festejos cuentan con cierto arraigo popular. Puedo comprender, además, el ansia de recuperar las fiestas populares, tras los dos años de confinamiento. Y me parece que seguramente coincide tal ansia con cierto espíritu de aprovechar este verano como fin de fiesta antes de un período de duras restricciones y sacrificios, como el que nos anuncian. Tampoco ignoro que hay un buen número de peñas taurinas en muchas de nuestras poblaciones, que defienden las diferentes manifestaciones de estos «festejos taurinos tradicionales» (reunidos bajo la denominación común de bous al carrer, que reúne tradiciones diferentes, enumeradas en el reglamento: «toros cerriles», «toros ensogados», encierros, toros embolados, bous a la mar). Y añadiré que estoy convencido de que, en la defensa de los festejos, incide la presión de los lobbies que negocian con estas manifestaciones taurinas, que se han visto bloqueadas durante dos años.

Pero, aun así, soy de los que piensan que ha llegado la hora de acabar con esos festejos y de derogar ese reglamento, porque hay tradiciones multicentenarias –la guerra, la esclavitud, el maltrato a los diferentes– que son contrarias a lo que significa civilización. Precisamente porque una de las ideas guía de la «civilización», es eliminar la crueldad. Como me recordaba Alicia Puleo, “¡las mujeres viviríamos todavía en estado de subordinación si el argumento de la tradición no hubiera sido refutado por la ética!”.

No somos pocos los que pensamos que la primera obligación que tenemos quienes somos representantes de los ciudadanos, es respetarles. Eso supone tratarles como adultos. Creo que, por respeto a los ciudadanos, por respeto al honor de la tarea de representarles, nuestra obligación no puede consistir en acompañar a rebaños; menos aún, en jalear a manadas o jaurías. Por eso, a veces hay que decir ya basta, aunque, a corto plazo, estos pronunciamientos que parecen impopulares (lo son, reconozcámoslo, para una parte de la población) puedan suponer perder algunos votos, como parece el caso. Demos este paso: es una idea a la que ha llegado su hora.