Acerca de Javier de Lucas

catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política Instituto de derechos humanos Universitat de Valencia javierdelucas1@gmail.com

DONDE RESIDE LA PATRIA (versión extendida de la tribuna publicada en El País, 9 de octubre de 2019)

A lo largo de las semanas que quedan hasta el diez de noviembre, más que probablemente, en Cataluña como en Extremadura, en el País Vasco como en Murcia, volverá a agitarse la referencia a la patria como argumento electoral. Incluso si, en lugar de cobijarse en la bandera, los apellidos o el <estilo de vida>, se escogen más modernos y propositivos envoltorios, como el presuntamente constitucional o el supuestamente republicano. Pero a duras penas ocultarán su verdadera función partidista, electoralista, que consiste en poder dejar fuera al <otro>, como ahora proponen PP y C’s cuando expulsan al PSOE del <constitucionalismo>, o como sostienen quienes, desde Junts per Catalunya, niegan la condición de catalanes a quienes no profesan su catecismo secesionista. Es el fundamentalismo excluyente de todos los partidos que predican la <verdadera forma de ser patriotas>, de Finlandia y Polonia a Holanda o Hungría, pasando por Barcelona, Madrid o Badajoz, con escala en el Washington de Trump.

Lo cierto es que la capacidad de la democracia liberal para crear vínculos de lealtad y cohesión, pese al bienintencionado intento del <patriotismo constitucional> ideado por Sternberger y divulgado por Habermas, está considerablemente limitada precisamente por la dosis de abstracción exigida -un “patriotismo frío”- para superar el modelo cerrado y monista de las comunidades, ya señalado por Tönnies en su célebre dicotomía entre comunidad y sociedad. El ritornello del calor de las identidades primarias que entonan tantos nacionalpopulismos apuesta precisamente por el atractivo de la pertenencia a la familia, al hogar –Heimat-, que ofrecen reconocimiento, arraigo, sentido de pertenencia. Se presentan así como antídotos frente a la progresiva extensión del abandono, la marginación, el menosprecio, la humillación, la exclusión, que ya no son respuestas frente a las clases peligrosas, de la periferia del sistema, sino que golpean al corazón social imprescindible para la estabilidad de esas democracias, la antaño denominada case media, hoy contagiada del precariado del que creía haber escapado para siempre gracias a los ascensores del pacto en que consistía el Estado social.

Todo esto es bien sabido. Como lo es la épica que vuelve a la exaltación victimista (o agresiva) del horaciano dulce et decorum est pro patria mori, el atractivo del que se sacrifica por la patria hasta la muerte. La cuestión es si hay realmente alguna esperanza de que la apelación a la patria no acabe en los <apretones> de los CDR eufemísticamente elogiados por el Sr Torra o, peor, en la deriva criminal cuyos mecanismos sociales explica Aramburu en su exitosa novela. Porque el riesgo más grave de esa concepción fundamentalista de la patria no reside tanto en la insania de los <patriotas perpetradores>, como en la enfermedad moral que contagia a los más, la “globalización de la indiferencia” que ha criticado Francisco, en línea con la advertencia de M.L. King (“lo preocupante no es la perversidad de los malos, sino la indiferencia de los buenos”). Así lo ha recordado en una reciente entrevista Géraldine Schwarz, la autora de “Los amnésicos”, al insistir en la grave responsabilidad de los Mitläufer, quienes “por ofuscación, por indiferencia, por apatía, por conformismo o por oportunismo, se convierten en cómplices de prácticas e ideas criminales”.

Cicerón, en sus Tusculanae, se hacía eco del viejo brocardo en el que tantos de nosotros encontramos la mejor definición de la patria: ubi bene, ibi patria, o en la versión original del verso de Pacuvio, Patria est ubicumque est bene: la patria está ahí donde me encuentro bien, donde vivo bien. Eso es más que donde tengo mi casa, que dice Virgilio en la Eneida (ubi domus, ibi patria). Ese vivir bien, además, no ha de entenderse sólo ni prioritariamente en el sentido material de bienestar, esto es, la <buena vida>, el lugar donde las necesidades básicas están satisfechas, lo que expresaría la paráfrasis atribuida a St John de Crevecoeur, ubi panis, ibi patria, sino en la más genuina acepción de bien, que significa la <vida buena>. Pero la vida buena no es la del individualismo posesivo, la de quien puede permitirse vivir espléndidamente aislado, como mónada: recordemos la crítica de Marx en “La Cuestión judía” a esa concepción burguesa de los derechos que, en realidad, son privilegios sólo al alcance de unos pocos. No es posible vivir bien, en esta acepción de la vida buena, si es a costa de los otros, de los más, de la desigualdad. Semejante concepción de patria es inaceptable, aunque la propaganda y la manipulación consigan que una mayoría caiga en el espejismo de un <nosotros superior> que sólo es superior realmente para unos pocos de ese nosotros.

Dicho con más claridad y como insistieron los clásicos, la vida buena es posible sólo si es vida en común, si ese bien es en verdad común: esto exige que se hayan reducido la dominación, la desigualdad, la humillación, la violencia. Creo que es lo que comprendió un filósofo hoy olvidado como Péguy, cuyo lema era “por una sociedad sin exilio”, una sociedad que no excluya y de la que nadie se vea obligado a salir para poder tener una vida digna. Es el modelo de <sociedad decente> teorizado por Margalit y que exige, a mi juicio, poner las bases para el desarrollo de un pluralismo incluyente de todos los otros: los, las que ya estaban, aunque fueran invisibilizados, y esos otros que llegan de fuera y se asientan estable y legalmente entre nosotros. Pero, además, en un mundo interdependiente no cabe hablar de sociedades decentes si eso supone la recreación nostálgica de sociedades espléndidamente aisladas, que viven en no poca medida no sólo de espaldas al sufrimiento y explotación de los otros, sino a costa de ese sufrimiento, del menosprecio de los otros, tal y como mostró Conrad en su terrible parábola El corazón de las tinieblas y como ha explicado Honneth al hablar de las <sociedades del menosprecio>.

Pues bien, creo que la herramienta más poderosa para crear ese <estar bien en común>, que fomenta la cohesión, la solidaridad y la lealtad y por ello da sentido a la patria, es, sigue siendo, el modelo europeo de Estado social de Derecho. No es suficiente, claro para la exigencia de extensión y desarrollo de la democracia inclusiva y plural. Pero es condición imprescindible. Por tres razones: porque del imperio del Estado de Derecho dependen las garantías de los derechos humanos y fundamentales en condiciones de igualdad ante la ley. Porque sin él no es posible el control efectivo del poder, de todas las clases de poder. Y porque el Estado social, al garantizar los derechos sociales, es condición de una democracia equitativa.

Con seguridad, este modelo debe ser actualizado, a la vista de desafíos como la emergencia climática, la necesidad de erradicar la violencia de género y la subordiscriminación de las mujeres, la regulación de las manifestaciones de la movilidad humana forzada, o los desafíos de las nuevas tecnologías en el mercado de trabajo. Creo que a eso se orienta el denominado Contrato Social Verde. Pero eso significa también que hoy la vida buena exige una visión global, que trasciende al ámbito estatal/nacional. Y no en el plano de la teoría. Eso significa preguntarnos qué exige el modelo de vida buena al proyecto europeo. Pues bien, si pasamos del plano nacional al europeo, la clave, a mi juicio, es si la UE será capaz de asumir un papel de mediador activo para que la Agenda 2030 sea accesible no sólo a un grupo de países privilegiados, sino a la mayoría de la población mundial. Eso exigiría un decidido programa de inversiones en codesarrollo, en la promoción del desarrollo de la democracia, las libertades y la seguridad humana. Evidentemente sí: hay trabajo por delante. Y urgencia en acometerlo. Creo que en la comparecencia del Sr. Borrel como nuevo Alto Representante de la UE ofreció algunas pistas al respecto. Otra cuestión es si la Comisión von der Leyen está preparada para para acometer esos retos.

Contra el síndrome de Caín (Una colaboración en la Revista Crisol, septiembre 2019)

 Acepto con gusto la invitación de la revista Crisol para comentar una frase del Papa Francisco. Se trata de su petición “Para que todos aquellos que administran la justicia operen con integridad y para que la injusticia que atraviesa el mundo no tenga la última palabra”.

Parece evidente que, aunque no se menciona a ningún destinatario específico, el mensaje es un llamamiento a la responsabilidad que compete en primer lugar a quienes tienen la carga de gestionar lo <justo concreto>, es decir, restaurar la exigencia de justicia allí donde se vea quebrada.

Obviamente también, esas violaciones de lo justo concreto abarcan muy diversos campos que podríamos enmarcar en la amplia gama de quebrantamiento de los derechos humanos, en la medida en que éstos constituyen la concreción histórica de la exigencia de justicia. De esa manera, el alegato del papa Francisco es una nueva llamada a la exigencia de tomar en serio la universalidad de los derechos humanos y, al tiempo, una llamada a evitar ese mal que se expresa en la indiferencia ante la suerte de los otros, el síndrome de Caín (¿acaso soy yo el guardián de mi hermano?).

A mi juicio, eso significa entender que la dimensión de terrirorialidad o, por emplear un lenguaje más clásico, la noción de soberanía estatal, no puede servir de excusa ni de cortapisa a ese deber de garantía. En un doble sentido: (a) ante todo, la soberanía estatal -como supo explicar muy bien entre nosotros el profesor Carrillo Salcedo en un libro ya clásico, Soberanía de los Estados y derechos humanos en derecho internacional– no puede ser entendida como un escudo que vete o que limite la verificación de la exigencia de respeto de los mismos, la lucha contra la impunidad. En ese sentido, la idea de justicia universal se ha abierto paso, aún hoy con enormes dificultades, como nuestra la existencia del Tribunal Penal internacional, haciendo real una intuición apuntada por Kelsen. Pero no es menos importante la segunda dimensión, (b), los Estados no pueden desentenderse de la garantía de los derechos humanos de los otros, los que no tienen la condición de ciudadanos propios. Ante todo, aquellos que, aun siendo otros, se encuentran en su territorio, es decir, bajo el ámbito de su soberanía, los diferentes tipos de extranjeros. De esta forma, contra lo que había sido la concepción dominante durante siglos, por no decir, desde la Grecia clásica, la condición de extranjero no puede suponer así una justificación para una asimetría en el reconocimiento y garantía de los derechos humanos fundamentales. Y segundo, los Estados tienen una obligación de tutela, una responsabilidad compartida para proteger los derechos humanos cuando se producen violaciones masivas de los mismos, en territorios de otra soberanía: en ese sentido me parece significativa la evolución de la doctrina de la intervención humanitaria, hacia la responsabilidad de proteger, que atañe a toda la comunidad internacional.

En cualquier caso, habría que advertir que el ideal de justicia no se satisface sólo en los términos de restauración (justicia restaurativa) de esos derechos violados, tarea que de suyo supone una enorme dificultad, como podemos comprobar en el caso concreto de nuestro país, el segundo del mundo en lo que se refiere a muertos desaparecidos, cuyas familias no han podido recuperar sus restos para realizar ese duelo elemental que exige cualquier sociedad decente.

Que el ideal de justicia va mucho más allá de la distribución equitativa del acceso a los derechos se advierte simplemente con que volvamos a esa exigencia de <sociedad decente> a la que Péguy dio el motto de “una sociedad sin exilio”. Las teorías modernas del reconocimiento, sobre las bases filosóficas asentadas por Aristóteles y renovadas por Hegel, han puesto el acento en una dimensión de la justicia que s relaciona con la noción fuerte de <respeto al otro>, a la que, a mi juicio, es inherente la revisión de la dimensión de alteridad que, más allá de las tesis de Schelling, encuentra a mi juicio su mejor formulación en el personalismo de inspiración judeocristiana, de Lévinas a Simone Weil.

Hay un aspecto bien conocido en el que puede decirse que el papa Francisco ha insistido para exigir la extensión de la obligación de reconocimiento que se concreta ante todo en la exigencia de respeto, en la consideración de igual dignidad de los que visibilizamos y aun entendemos sobre todo como otros. Se trata de su llamada de atención sobre los “descartados de la globalización”, los inmigrantes y las personas que buscan la protección internacional (el asilo o la protección internacional subsidiaria), a quienes se regatea de forma indecente el reconocimiento y garantía de derechos a todos ellos. En punto a esa exigencia se plantea el contraste entre posiciones que algunos quieren presentar como la oposición entre <buenismo> y <realismo> a la hora de establecer las exigencias de justicia en políticas migratorias, de asilo y de extranjería. Un contraste que, a mi juicio, insisto, concierne a la coherencia con el principio de universalidad de los derechos humanos y el deber específico de garantizarlos.

Se trata de una constante en la pastoral y en la doctrina del actual Papa. Evocaré sólo tres hitos. Recordemos que su primer viaje oficial, en julio de 2013 fue a Lampedusa, donde denunció la “globalización de la indiferencia”, ante la suerte de inmigrantes y refugiados”. Recordemos también lo que dejó escrito en su Mensaje para la Jornada Mundial de Migrante y el Refugiado en 2016: “es importante mirar a los emigrantes no solamente en función de su condición de regularidad o de irregularidad, sino sobre todo como personas que, tuteladas en su dignidad, pueden contribuir al bienestar y al progreso de todos”. “No se pueden reducir las migraciones –añadía el Papa— a su dimensión política y normativa, a las implicaciones económicas y a la mera presencia de culturas diferentes en el mismo territorio. Estos aspectos son complementarios a la defensa y a la promoción de la persona humana, a la cultura del encuentro entre pueblos y de la unidad, donde el Evangelio de la misericordia inspira y anima itinerarios que renuevan y transforman a toda la humanidad”. Finalmente, el pasado 8 de julio de 2019, en una misa ante socorristas e inmigrantes en la Basílica de San Pedro,  hizo un llamamiento para acoger y ayudar a los migrantes y refugiados que «hoy son un símbolo de todos los descartados de la sociedad globalizada». «No se trata sólo de cuestiones sociales o migratorias. No se trata sólo de migrantes», señaló. Los migrantes «son antes que nada seres humanos», recordó. «En este sexto aniversario de mi visita a Lampedusa, pienso en los ‘últimos’ que todos los días claman al Señor, pidiendo ser liberados de los males que los afligen. Son los últimos engañados y abandonados para morir en el desierto; son los últimos torturados, maltratados y violados en los campos de detención; son los últimos que desafían las olas de un mar despiadado; son los últimos dejados en campos de una acogida que es demasiado larga para ser llamada temporal», denunció Francisco.

La coherencia en ese mensaje, el coraje para exigir la responsabilidad de proteger los derechos de esos otros frente a los que nos mostramos indiferentes, hace de Francisco, a mi juicio,  una autoridad moral universal, un profeta de la justicia.

¿Por qué el Estado social dejó de ser una poderosa herramienta de inclusión?

Conferencia inaugural X Encuentro CONPEDI, Universitat de València, 4 de septiembre de 2019

¿Por qué el Estado social dejó de ser una poderosa herramienta de inclusión?

I. Agradezco a los organizadores y en particular a mi compañero y amigo el profesor Roberto Viciano y a mi amigo y compañero, el Decano Javier Palao, el honor del encargo de la conferencia inaugural de esta 10ª edición del ENCUENTRO INTERNACIONAL promovido por el CONPEDI, que reúne a un importante número de profesores e investigadores de Brasil, pero también de Latinoamérica y España, para debatir en torno a la crisis del Estado social.

A lo largo de estos días y de la mano de muy destacados investigadores, van a analizarse los principales aspectos de esta crisis y su impacto en el ámbito jurídico y político.  Así, debatirán sobre la crisis de la democracia en América Latina y en Europa, la relación entre Constitución y crisis del Estado social, los aspectos históricos y filosóficos de la crisis del Estado social, su impacto sobre el Derecho Penal cada vez menos garantista y más represivo, pero también sobre el Derecho financiero, el administrativo, el derecho civil y de empresa, el Derecho laboral, así como la dimensión internacional de esa crisis( no sólo desde el punto de vista de las relaciones internacionales; también del Derecho internacional),  el impacto ambiental o sus consecuencias en punto a la protección de datos.

Visto el amplísimo abanico de temas, cabe preguntarse con razón qué puede ofrecerles esta conferencia inaugural. Les diré que poco más que una aproximación propedéutica que pueda señalar elementos comunes a los enfoques multidisciplinares que estarán presentes en el encuentro. Es decir, no les voy a proponer soluciones ni a desvelar fórmulas mágicas sobre cómo resolver la crisis del Estado social. Tampoco creo que Vds esperasen de mi intervención nada parecido. Se trata más bien de señalar pistas para la discusión, que Vds podrán utilizar, o no, o bien simplemente olvidar sin mayor perjuicio, para centrarse en sus discusiones.

Mi propósito es señalar ante todo lo que considero un hilo rojo para toda la discusión. Un hilo que trata de identificar las razones de esa crisis señalando a sus perdedores, aquellos que podríamos reunir bajo el amplísimo denominador común de los “descartados de la globalización” y que además son objeto directo de la obscena globalización de la indiferencia.  Como los he denominado en algún trabajo, inspirándome en Boaventura Santos, me refiero a “los otros de la globalización”, aunque me apresuro a señalar que evitaré cualquier enfoque victimista o paternalista a este respecto. Añadiré que soy consciente, como lo son Vds que cuando hablo de esos “otros”,  no me refiero  sólo a individuos aislados, sino sobre todo a grupos sociales de muy diferente amplitud, a minorías, o mayorías minorizadas, pueblos y naciones

Porque, por encima de la diversidad de manifestaciones, de los contextos históricos, sociales, económicos, jurídicos y políticos de la crisis del Estado social que arrastramos desde varios decenios, hay algo evidente: quienes salen mayormente perdiendo en esta situación, quienes se ven más afectados por el fracaso de una poderosísima herramienta de inclusión social y política son los que a duras penas son tenidos en cuenta, incluso invisibilizados en esa máquina de inclusión que es el proyecto del Estado social.

 

II. Como verán, más allá  de los importantes factores de diversa índole que inciden en la crisis del Estado social y sobre los que Vds van a debatir (económicos, financieros, geopolíticos), del impacto de la estrategia desreguladora de los agentes del mercado global paleo liberal (que no neoliberal, porque de nuevo, tiene muy poco: basta leer a Ferguson y su Ensayo de 1769 sobre la sociedad civil), lo que quiero poner bajo el foco es lo que entiendo como una limitación original del Estado social que acaba lastrando el proyecto, porque es un déficit inaceptable de legitimidad, en la medida en que constituye exclusión institucionalizada, discriminación o subordiscriminación supuestamente justificada. El proyecto de Estado social sufre, desde el contrato de origen por el que se constituye, de un déficit provocado por la invisibilidad de sujetos que sólo muy tardíamente emergen ala superficie, como individuos, pero sobre todo como sujetos definidos por su pertenencia a grupos voluntariamente excluidos, invisibilizados.

Porque, aunque el Estado social nace como una herramienta de inclusión de ciertos excluidos, los <trabajadores> (sic, en abstracto e identificados a través de sus Uniones, los sindicatos que actúan como agencias de inclusión del Estado social), en realidad ese contrato tiene una dimensión excluyente. Los nuevos incluidos -esos trabajadores a los que se quiere promover a la condición de clase media, son concebidos según la clásica noción de la clase media entendida como barrera frente a aquellos grupos -<clases peligrosas>-  a los que se teme y a los que quiere seguir manteniendo al margen o, al menos, disminuir su peligrosidad social: clases periféricas y peligrosas, a los que hay que sumar aquellos sujetos no contemplados en el contrato como tales sujetos., sino como elementos subordinados o meramente instrumentales Las mujeres en primer lugar. Pero, sobre todo, quienes son o, mejor dicho, pertenecen a categorías como inmigrantes, minorías, poblaciones indígenas, etc.

En cierto modo, el déficit original de esta herramienta que es el Estado social, recuerda una realidad que trata de señalar el Proyecto 1619 del NYT (cfr. el artículo de Nikole-Anna Jones, en https://www.nytimes.com/interactive/2019/08/14/magazine/1619-america-slavery.html), que ha provocado un encendido y a mi juicio insólito debate, ante la supuesta sorpresa que supone su hipótesis, sorpresa que sólo se puede justificar desde la más absoluta ignorancia o silencio respecto a las aportaciones críticas de movimientos como los estudios poscoloniales que subrayan la herida original de la democracia de los EEUU, el esclavismo, el racismo, la exclusión institucionalizada de clases o grupos sociales subalternas frente a los que el Estado sólo puede aspirar a contenerlos y antes o después reprimirlos, es decir, de nuevo, excluirlos.

Trataré de hacerme entender. Yo creo en la potencialidad del Estado social y me parece que no es fácil encontrar una alternativa mejor y, al tiempo, viable, en el contexto de lo que va camino a verificarse como la <era del antropoceno>. Pero eso no me impide tratar de identificar las líneas de falla que exigen una importante revisión del proyecto y de la arquitectura del Estado social. Líneas fractales que me preocupan y cuyas soluciones, insisto, no son sobre todo técnicas: medidas financieras, de reforma laboral o incluso constitucional, étc. Sino antropológicas si se me permite la expresión.

Por supuesto que no ignoro la diversidad de factores que intervienen en el fracaso del estado social, más allá de las crisis que, como la del 2008, ejemplifican la lógica a la que se rinde el Estado social: too big to fail, según el título ejemplar de una de las películas que mejor describen la crisis de 2008.  Las corporaciones, las ETN, son demasiado importantes para dejarlas caer. Y es a ellas, precisamente las que ha acosado al Estado social, a las que hay que rescatar y no a los ciudadanos. En eso influye también factores que, sin ser conspiranoicos, existen y trabajan frente a los objetivos del Estado social. Por ejemplo, lo que se ha denominado el Deep State. Sin ceder a planteamientos conspiranoicos, hoy ya sabemos lo suficiente sobre lo que se conoce como Deep State, una noción que viene de los 90, como para ignorar su existencia, sus redes internacionales, su influencia. Se trata de un concepto que apareció en los noventa, en el contexto de Turquía, al observar cómo “la turbia colaboración entre espionaje estatal, justicia corrupta y crimen organizado parecían dirigir el sistema entre bambalinas”, como ha explicado el historiador Jean-Pierre Filliu en From the Deep State to Islamic State (2014). El concepto fueacuñado por Mike Lofgren, en diferentes ensayos que conducen finalmente a su conocido Deep State. The Fall of the Constitution and the Rise of the Shadow government (2016), donde escribe: “El Estado profundo es la gran historia de nuestra época. Es el hilo conductor que conecta la guerra contra e terrorismo con la militarización de la política exterior, la financiarización y la desindustrialización de la economía norteamericana, el auge de la estructura social plutocrática que ha alumbrado la sociedad más desigual en un siglo y la disfunción política que ha paralizado la gobernanza del día a día y ha empujado a los votantes haca Trump”.

Pero vuelvo a mi propósito.

Para conseguir ser entendido, insistiré en que soy de los que gustan de subrayar que entre las diferentes perspectivas desde las que abordar el déficit del proyecto original de Estado social la más interesante, la más noble (sin ingenuidades) es la que lo concibe como el resultado de la idea avanzada por Heráclito, sostenida por una parte de la Ilustración, trasladada por Marx en el ámbito social económico y político pero, en el terreno jurídico captada genialmente por Jhering en su idea de la <lucha por el Derecho>. Esto trae cuenta del ideal ilustrado de emancipación, un ideal demediado primero por la exclusión de quienes, incluso al genial Kant, no le parecen sui iuris lo que supone excluir de facto a la inmensa mayoría de la población mundial: Mujeres trabajadores y bárbaros, es decir, quienes no se ajustan al patrón de civilizados que da pie al supremacista mensaje encarnado en el poema  “La carga del hombre blanco”, del nobel británico Kipling

Por supuesto que es posible entender el Estado social sobre todo como una hábil concesión de las clases dominantes para obtener lo que eufemísticamente se denomina <paz social> o, con mayor claridad, conflictividad. Lo ejemplifica mejor que nadie su desarrollo en Alemania tras el final de la segunda guerra mundial, porque pone de manifiesto que el proyecto tiene una dimensión internacional más presentable (el plan Marshall) junto a otra menos brillante (una estrategia de contención justamente en el país de la contención del enfrentamiento de bloques) y, sobre todo, con el coste de exclusión de los paganos de ese pacto: los inmigrantes (españoles, italianos, griegos, yugoslavos…y luego turcos) que quedaron al margen de ese pacto, de los beneficios del mismo entendidos cobre todo como derechos laborales y sociales para los verdaderos trabajadores, los alemanes afiliados a sus sindicatos. Sindicatos que ignoraron olímpicamente a los gastarbeiter españoles, italianos, etc, que nunca fueron vistos como dignos aspirantes a la condición se sujetos de la ciudadanía alemana., precisamente porque eran y no podían dejar de ser extranjeros. Y las leyes se convirtieron en el principal instrumento para subrayar su otredad, su extranjeridad, su incompatibilidad. Fueron herramienats útiles. Poco más….

 

III. Lo que a mi juicio explica el declive (no hablaría de fracaso) del Estado social  es precisamente el olvido de aquello que el Estado social podía y debía invocar como su motor constitutivo, el ansia de la universalidad concreta, del reconocimiento de los otros concretos como sujetos iguales, aún más como hermanos ciudadanos. El Estado social ha renunciado al ideal de la igual fraternidad, de la igualdad de los sujetos plurales, empezando por los invisibilizados como sujetos, para los que en todo caso, se crean vías subordinadas de ascensión social, si no, pura y simplemente, guettos. Una vez más, la lección del cerdo Napoleón imaginado por Orwell en su Animal Farm. Sí, les aceptamos, pero en su sitio, en uno distinto que en realidad es desigual.

El Estado social debía ser la herramienta para el logro de una apertura a la inclusión social, económica y jurídica, tendencialmente universal, universalizable, pero desde lo que algunos han denominado «la universalidad concreta», que evita el universalismo abstracto y fraudulento. El Estado social no tiene sentido en sí mismo, sino como la herramienta del proyecto universal de emancipación en la dimensión de agencia política, lo que supone renovar así la noción misma de la democracia y de sus sujetos. Pero su quiebra se debe a mi juicio a que no consigue superar dos embates.

El primero lo adelantó Ferguson en su Ensayo de 1767  (y lo ejemplificó elocuentemente la película Wall-E). Es el embate del ideología del individualismo posesivo (explicada por MacPherson) propia del modelo paleoliberal de mercado, que, según el avisode Ferguson,  hace perder al hombre su alma de ciudadano, convertido en mero pasivo consumidor o aspirante a consumidor.

El segundo, lo advirtió Foucault en el desarrollo de su denuncia de la biopolítica y lo han desarrollado desde F.Fanon (Les damnés dela terre) a Judith Butler (Precarious Life, Life Grievable) que pone el acento en las dificultades de reconocer la vida digna de duelo, o Achille Mbembé en su noción de necropolítica.

Creo que toda posibilidad de ofrecer viabilidad al proyecto inclusivo del Estado social pasa por la superación de esos dos fracasos.

Por eso, pasa por la aportación de la crítica ecofeminista a la condición de vidas reconocibles, dignas de ser tenidas en cuenta, objetivos prioritarios de toda acción política. De ahí la noción de interdependencia como corresponsabilidad en la defensa de la vida en su impresionante diversidad, en la impresionante diversidad de organización e formas de vida que debemos saber reconocer, garantizar, más allá de nuestra pertenencia a un canon u otro, sobre todo a aquellos que han pretendido ostentar la condición de universales, proyectando su particularidad como modelo verdadero, civilizado, supremo…Aprender a reconocer es aprender a escuchar y a identificar los agravios inadmisibles a los derechos que son la expresión de lo común, desde la diversidad, no desde una uniformidad impuesta. Podemos aprender mucho de las renovadas experiencias constitucionales en diferentes países de América Latina, pero también de las que emprende el gobierno de J. Arden en New Zealand.

Pasa por otra manera de entender la democracia y aun el pueblo como sujeto, que creo que han ilustrado bien Ranciére (en línea con Wallerstein y Balibar) de un lado, Judith Butler, que exige una nueva comprensión ontológica del ser real, o por mejor decir, de los marcos que nos hacen comprensible la realidad, lo que obliga a la revisión de la adscripción de género, a la comprensión primaria de la corporalidad que tiene como primera consecuencia la demolición de ese abstracto atomista propio de la ideología del individualismo posesivo que es la noción del individuo absoluto como a priori. También, Iris Young, Nancy Fraser o Wendy Brown y de otro y, a mi juicio, de un modo particularmente fructífero, el desarrollo contemporáneo de la teoría del reconocimiento de Taylor a, sobre todo, Honneth, aunque no ignoro otras aportaciones como las de Laclau, Lefort y, sobre todo, Boaventura de Sousa Santos.

Me parece que mi colega y amiga la filósofa Alicia García Ruiz en su iluminador ensayo “Impedir que el mundo se deshaga. Por una emancipación ilustrada”, cuya lectura recomiendo vivamente, expone bajo este motto de Camus lo que podría parecer una cierta confesión de impotencia, de constatación de los límites de la acción política en el sentido de la aceptación del realismo, pero en realidad, lejos de eso es un excelente análisis de cuál es el verdadero motor, el potencial que subyace al Estado social, un élan creador que la mayor parte de sus institucionalizaciones han acabado traicionando. Se trata de lo que llamaríamos la <universalidad concreta>, que aúna la fuerza de las ideas de igualdad y fraternidad como motores de la acción política que es siempre acción de resistencia, de lucha. Una fraternidad entendida, escribe mi colega de la Universidad Carlos III, «como una constelación de realidades (el cuidado, el respeto, la estima, la reciprocidad la vulnerabilidad)». En el bien entendido, recuerda con T.Domenech,  de que el ideal de la fraternidad es difícilmente compatible con la metáfora de la sociedad como “gran familia”, porque no hay universalización de la igualdad en la relación entre los hermanos de una familia que viven bajo la autoridad del domus, del amo y propietario. La fraternidad apela al constructo de la igual universalidad concreta, que sólo se puede aspirar a construir en la república. Y diré más, en una república cosmopolita de la que estamos tan lejos, ay!

Y recojo también del libro de la profesora García Ruiz su adevertencia de que en cierto sentido, la batalla por la democracia sin la que no tiene sentido el proyecto de Estado social es, como ha subrayado Ranciére (mejor a mi juicio que Laclau), la batalla por la palabra pueblo

García Ruiz recoge la tesis de Ranciére (y, en parte, de Badiou): El pueblo no existe: no es una entidad, sino un proceso de significación, de sentido, de estar presente, que nace de la experiencia de la exclusión, de no contar. Y existen formas de simbolizar el significante pueblo, entendido sobre todo en clave de una diferencia, la de la frontera con el poder, que quiere al pueblo como multitud, como fuerza anárquica, peligrosa, como caos, como fuente pristina del miedo, frente al que imponer, orden, certidumbre, seguridad, ignorando lo del chiste (yo, o el caos). Pero superar esa frontera sólo es posible mediante el esfuerzo de democratización que no es otro que el de articulación de las resistencias, de las experiencias de resistencia, de lucha por reconocimiento de quienes, concluye García Ruiz, con Ranciére,  tienen en común ser la parte que no es parte, que no alcanzó la igualdad propia de la pluralidad inclusiva.

Por supuesto que un ejemplo entre los muchos de ese déficit de inclusión que llega a parecernos natural es el que ofrece la mirada europea sobre migrantes y refugiados, ajenos a nuestro supuesto modelo de Estado social y campo de prueba de que, como diría Butler, esos cuerpos no existen, de que son el campo de la necropolítica.. Pero ese es tema de otra discusión…

Intervención como Presidente en la constitución de la Comisión de Ciencia, Investigación y Universidades del Senado de España en la XIII legislatura (31 de julio de 2019)

Señorías,

Permítanme que, ante todo, exprese unas palabras de agradecimiento.

En primer lugar, mi propio agradecimiento al Grupo parlamentario socialista del Senado, por la confianza que supone el proponerme para el alto honor de presidir la Comisión de Ciencia, Investigación y Universidades de esta Cámara en su XIII legislatura.

Por razones de edad, soy de los que tuve la suerte de una formación en latín y por eso les recordaré la imperecedera sentencia de Marco Terencio Verrón onus est honos qui sustinet rempublicam (De lingua latina, V): lo que sostiene la república es entender que no hay cargo sin carga, esto es, que no hay honor sin responsabilidad y cuanto mayor el primero, más importante la segunda (algunos lo atribuyen a Ovidio, quien dejó escrito en Heroidas, 9, 31 Non honor est, sed onus).

Añadiré, si me lo permiten mis compañeros con los que comparto la Mesa de esta Comisión, el agradecimiento de los miembros de la Mesa a todos Vds, señoras senadoras, señores senadores miembros de la misma, que han prestado su asentimiento a nuestra elección.

 

Toda tarea parlamentaria se basa en la libre argumentación de los miembros de la Cámara, lo más plural, razonada y respetuosa posible. Pero, si cabe, tal exigencia es mayor precisamente en esta Comisión de Innovación, Ciencia y Universidades: no hay ciencia sin el libre debate que resulta del intento de justificación racional de las propias tesis, sometida a las críticas de los demás en una comunidad por definición abierta a todas las posiciones, la más abierta posible, la de la ciencia. Es verdad que nuestra actividad en la Comisión no consiste en buscar la verdad científica, pero sí ese acuerdo razonable entre las diferentes posiciones y argumentos. Y, como no puede ser de otra manera, según nos enseñan la teoría y la técnica legislativas, ese acuerdo razonable será finalmente un acuerdo de mayoría. Un acuerdo, insisto en recordar, no una imposición, en la medida en que se base en el respeto a la libre discusión y a la obtención del mayor consenso razonable posible. Como presidente, con la ayuda de los miembros de la Mesa, del letrado de la Comisión, de la importante contribución de los diferentes Portavoces y, en definitiva, de todas sus señorías, trataré de garantizar siempre las condiciones que garanticen ese objetivo del mayor consenso razonable posible.

No siempre será fácil. Esta misma mañana, seguro que alguno de Vds ha experimentado como yo la sensación de vértigo al leer la noticia que ha ocupado todos los titulares. Me refiero a los logros del experimento de dos equipos del Centro Salk y de la UCAM, dirigidos por el prestigioso investigador español J.C Izpisúa, que han inyectado en embriones de mono células madre humanas con vistas a la generación de órganos para transplantes. Han utilizado, por cierto, la técnica del CRISPR, una herramienta de edición genética que debe mucho a las investigaciones de nuestro colega de la Universidad de Alicante, el profesor J.F. Martínez Mojica. Dos ejemplos de españoles que figuran en las candidaturas del Nobel.  Pero el experimento se ha realizado en China porque, como saben Vds, aquí y ahora  en España no son legales. Somos nosotros como legisladores y muy en concreto los miembros de esta Comisión, los que deberemos afrontar ese y otros desafíos de regulación que nos plantean la Ciencia y la Innovación.

Permítanme en todo caso que, como muy veterano profesor de Universidad, muestre mi emoción por ser miembro de esta Comisión que tiene como tercer cometido las Universidades. Han pasado más de cinco siglos desde que Enrique VIII Tudor dejara escrita una de las mejores alabanzas que conozco a estas instituciones: “no juzgo ninguna tierra en Inglaterra que esté mejor otorgada que la que se da a nuestras universidades, porque gracias a ellas nuestro reino estará bien gobernado cuando nosotros estemos muertos y podridos”. Sigo convencido, no sin orgullo, lo confieso, de que no hay gasto en Universidades, sino inversión. La mejor inversión en nuestro futuro es la formación y la investigación que en gran medida siguen realizando sobre todo las Universidades. Eso no quiere decir que carezcan de problemas. Muy al contrario, hay un consenso básico sobre la necesidad de una reforma que quizá debiera dar lugar a una nueva ley orgánica de universidades. Será, probablemente otro desafío a afrontar.

Acabo. Si tenemos un Gobierno antes del 23 de septiembre, como deseamos, creo, la mayoría de nosotros, como desean y aun nos exigen los ciudadanos, y se abre así la perspectiva de una legislatura duradera, no nos faltará trabajo. Sé que cuento con todos Vds, señorías, para llevarlo a cabo bajo la divisa ciceroniana del otium cum dignitate que nuestro ilustre predecesor en las tareas senatoriales, como bien saben, no entendía como sinónimo de una cómoda jubilación, sino como la tarea de obtener una convivencia con dignidad para todos.

Muchas gracias.

 

 

 

 

Tres observaciones que deberían ser triviales sobre las exigencias de la ética pública en el trabajo de las policías locales (cinferencia de clausura en la Jornada de formación del IVASPE, Valencia, 18 de julio de 2019)

Las conferencias de clausura suelen ser piezas retóricas breves y de cortesía, pues lo que había que decir ya está dicho. Por supuesto, no voy a romper con el criterio de brevedad, por mero sentido común y porque entiendo que lo sustancial sobre el tema de la proximidad como instrumento ético para la convivencia cotidiana en efecto, ha sido tratado por expertos con mayor autoridad que yo. Tampoco con el de cortesía, pero sí advertiré que esta intervención estaba preparada para la inauguración, que era el momento en que inicialmente se me había invitado a hablar. El cambio de momento no responde a mi voluntad (me fue solicitado porque le venía mejor a otra ponente) y por eso espero que nadie interprete que hago una especie de oposición a lo dicho, máxime cuando no he estado presente en una parte de la jornada. Porque lo que yo quería proponerles en la inauguración y ahora haré en la clausura es una discrepancia o, si lo prefieren, una visión crítica a propósito de la pertinencia de una forma de entender la ética pública en la formación y en el trabajo de los cuerpos policiales de policía local. No puedo por menos que hacer expreso que difiero de largo en un punto de vista sobre lo que se considera étic pública pertinente en el trabajo policial, como difiero en lo que me parece interpretación errada del recurso al Derecho como exceso (los <peligros de la juridificación>, frente a la supuesta bondad del <recurso a la ética>) y desde luego difiero de las tesis que ha sostenido y argumentado una ponente anterior a propósito, por ejemplo, de la “cultura de la alegalidad” y de la tarea de mediación que deben realizar los policías locales, por cuanto se ha presentado como una alternativa a la “juridificación”, como si hubiera alternativa al Derecho en el trabajo policial. Sugerir eso me parece, con todo respeto, un gravísimo dislate.

(I) El punto de partida para cualquier reflexión sobre las tareas atribuidas a las policías locales es -además, obviamente, de la Constitución y del Estatuto de autonomía- el marco que constituye la Ley 17/2017 de 13 de diciembre, que sustituye a los precedentes[1], cuando establece: “La seguridad y la libertad son dos de los valores sobre los que se articula la convivencia democrática. Legislar sobre estas cuestiones requiere un proceso de reflexión que asegure la adecuación de la normativa al contexto y a la sensibilidad social, pues aunque la seguridad pública tiene por objeto la garantía de la convivencia y del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas, la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad exige, a su vez, el pronunciamiento del legislador para fijar los límites a dicha actuación con base en los principios de moderación y excepcionalidad”. Y, sobre todo, cuando formula los principios más específicos: “…A la hora de diseñar este nuevo modelo hay que valorar, en primer lugar, el papel que han desempeñado las policías locales: sus atribuciones, su capacidad de respuesta, así como su proximidad al quehacer diario de los vecinos de nuestros pueblos y ciudades. Esta valoración ha de ser contrastada con las demandas del propio colectivo policial, especialmente en todo lo que concierne a la carrera profesional, y también con las necesidades de la ciudadanía, pues las policías locales pueden y deben configurarse como instrumento de cohesión e integración social, superando un concepto restrictivo y anticuado de orden público para dar paso a otro, más amplio, basado en el principio de proximidad, que potencie su carácter preventivo y asistencial, dirigido a la resolución de conflictos[2]. De ahí la apuesta de la ley por una policía anclada en principios éticos y siempre vigilante frente a conductas y actitudes denigrantes que puedan incitar a la violencia física y psíquica, a la violencia de género, a la discriminación racial y cultural, a los delitos de odio y contra la identidad sexual, al acoso infantil, a fenómenos como el ciberacoso y a tantas otras formas delictivas que atentan contra la libertad, los derechos humanos y la convivencia”.

Veamos. Ante todo: la pregunta clave es ¿qué ética pública? ¿cómo se formula? ¿dónde se encuentran los valores de ética pública que debe incorporar la policía local en su trabajo? Y esta para mí es la clave: hablamos de una ética pública que se puede llegar a imponer y cuyas violaciones se deben perseguir: ambas son las claves de las funciones de las policías locales. Es decir -y subrayo esto- cuando hablamos de valores de la ética pública no hablamos sólo de los valores que deben incorporar las policías locales, sino sobre todo hablamos de valores que deben contribuir a imponer, a hacer respetar, con el apoyo de la fuerza si es preciso. Y aquí el riesgo es evidente:  en una sociedad pluralista, en la que conviven muy diferentes visiones del mundo, con valores y principios diversos y con un criterio básico en el Estado de Derecho el de respeto ala libertad ideológica, al pluralismo, ¿con qué autoridad se puede tratar de imponer valores o perseguir valores? ¿Porque lo dice un guru, un sabio, un santo que ha adoctrinado al policía local y en el que éste cree ciegamente? ¿Porque es la convicción íntima del propio policía local? Pero, insisto, en una sociedad pluralista ¿por qué los ciudadanos debemos aceptar que las convicciones éticas de un policía local se puedan imponer sobre las mías o que pueda perseguir las contrarias a las suyas? ¿Cuál es la razón que permite este tremendo poder?

La respuesta es muy clara: la policía local no defiende ni persigue unos valores porque sean convicciones propias. Defiende valores y principios que tienen fuerza de obligar y esos no son otros que los que enuncian la Constitución y el Código Penal, con un papel central de los derechos humanos, de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Esa es la consecuencia de la exigencia de legitimidad democrática en una sociedad pluralista y, en resumidas cuentas, la conocida tesis de Habermas sobre la migración de la ética pública a las Constituciones en los modelos de Estado de Derecho constitucional, los más adecuados para sociedades pluralistas.

Aquí no hablamos de la ética que es deseable que cultive cada ciudadano como guía de su conducta. No. Estamos hablando de funcionarios que tienen asignada una importante función constitucional, pues son los garantes de los derechos, de los criterios de ordenación de la vida pública que han sido acordados, que son vinculantes, porque se encuentran en la Constitución, en positivo y en el Código Penal, en negativo. Valores y principios que hay que respetar y si es preciso imponer o, por decirlo de otra manera, frente a cuya violación la policía local tiene un deber específico de actuar. Porque cuando hablamos de ética pública en el Estado constitucional, o hablamos de legalidad constitucional y de derechos o retrocedemos a modelos paternalistas.

Volveré al párrafo del preámbulo de la ley al que he hecho referencia al comienzo de mi intervención: ¿creen Vds que cuando intervengan como representantes de la autoridad frente a “conductas y actitudes denigrantes que puedan incitar a la violencia física y psíquica, a la violencia de género, a la discriminación racial y cultural, a los delitos de odio y contra la identidad sexual, al acoso infantil, a fenómenos como el ciberacoso y a tantas otras formas delictivas que atentan contra la libertad, los derechos humanos y la convivencia”,  han de guiarse por criterios de que ética? ¿De la de cada uno de Vds?  ¿de las de una profesora o un alto mando muy prestigioso? ¿De la que sea más frecuente en el grupo social en que se muevan? No. En una sociedad pluralista y democrática, en un Estado constitucional de Derecho, la respuesta no es esa.

(2). Eso no quiere decir que no exista un código deontológico propio; antes al contrario. La deontología profesional es un elemento clave al estudiar a qué obligaciones o a qué criterios éticos de conducta debe ajustarse el ejercicio de la profesión. Lo es en el caso de las policías locales. Pero atención: cuando hablamos de código deontológico no sostenemos que cada policía tenga el suyo. Ni muchísimo menos. Por definición, un código deontológico es un cuerpo unificado y sistemático de preceptos y no remite en absoluto a la conciencia individual, las creencias o ideología de cada uno. Hablamos de un código común que, en el caso de las policías locales tiene su base en lo dispuesto en el artículo 85, dentro del capítulo de “deberes”, de la mencionada ley 17/2017

Y por eso la formación no debe consistir prioritariamente en cursos de ética para ser más virtuosos, sino en el conocimiento de la Constitución y de los derechos humanos. En estudio y conocimiento de la legislación positiva: Derecho penal, procesal, constitucional, administrativo, criminología. Y desde luego, hay que aprender jurisprudencia. Cursos de clínicas jurídicas: no les hacen falta profesores de moral, ni gente particularmente virtuosa. Sino profesionales del Derecho, de la criminología, de la psicología y de la sociología.

(3) Termino enfatizando la necesidad de aprender y defender la cultura de la legalidad. Uno de los fragmentos más conocidos de Heráclito dice así: un pueblo debe luchar por sus leyes como por sus muros. Lo diré de otra forma: no hay sociedad estable, cohesionada, libre, sin cultura de la legalidad. Sin aprecio por el Derecho. Fomentar tesis como la de la “cultura de la alegalidad” como elemento de la cultura policial de las policías locales, me parece un grave dislate.  Porque parecería indicar que en el trabajo de la policía local hay alternativa a lo que establece el Derecho: una alternativa basada en la empatía, el don de gentes, el buen rollo o vaya Vd a saber qué. Por supuesto, a estas alturas no voy a poner en cuestión la importancia de la mediación y de la tarea de los policías locales como mediadores. Pero siempre que lo entendamos bien: la mediación no se puede situar al margen del Derecho o como alternativa a él. La mediación nace de la autoridad del Derecho y por tanto exige el conocimiento del Derecho. Para mediar, hay que saber primero qué pretensiones de las partes pueden tener apoyo en el Derecho y cuáles no. Cuáles son inadmisibles en Derecho. Porque el mediador, el policía local como mediador, no puede situarse ni por encima, ni al margen del Derecho.

 

[1] La Ley 2/1990, de 4 de abril, de la Generalitat Valenciana, de coordinación de policías locales de la Comunitat Valenciana y, posteriormente, la Ley 6/1999, de 19 de abril, de la Generalitat Valenciana,  de policías locales y de coordinación de las policías locales de la Comunitat Valenciana

[2] Recuerdo a este propósito la polémica que suscitó en Francia en 2005 la pretensión del entonces ministro del Interior, Sr Sarkozy, de acabar con la policía de proximidad implantada durante el Gobierno Jospin, al no considerarla policía en sentido estricto, que es precisamente el modelo de orden público que nuestra ley considera anticuado y restrictivo. Sarkozy entedía que la policía de proximidad no era policía en la medid en que no esgrimía ante todo su potencialidad coactiva. Lo entendió al revés: los disturbios en la banlieue probaban que ese concepto de policía provocaba más bien la visión de que la policía llegaba al territorio desde fuera, como una banda violenta más en competición…: recuerden sus famosas declaraciones en 2005, cuando todavía era ministro de Interior, en las que se refirió a los habitantes de las banlieues como ‘racaille’ (chusma), que había que limpiar de las calles con un ‘karcher’ (aspirador).

 

PARA VIVIR SIN MIEDO Y SIN FAVOR, Infolibre, 26 junio 2019

Montaigne representa, para muchos de nosotros, un cierto ideal del espíritu europeo, el que encarna en sus Ensayos, quizá el ejemplo por antonomasia del pensamiento humanista a reivindicar hoy. Un humanismo crítico, con raíces en un sano escepticismo, que evita los Scyllas del “buenismo” abstracto, tanto como los Charybdis del pesimismo paralizante.  Estudioso del comportamiento humano y de la historia, se mostró siempre alejado de las utopías idealistas y más próximo a los dictados de la prudencia, del arte de hacer posible una convivencia en paz. El argumento que le pareció central fue el que probablemente tomó de Cicerón, “La sola idea de que una cosa cruel pueda ser útil, es ya de por sí inmoral” y también de la sabiduría de la jurisprudencia romana que señaló como uno de los tres principios básicos del Derecho el neminem laedere, el evitar causar daño a alguien. No hacer daño, evitar la crueldad, como condiciones sine qua non de la convivencia.

Si invoco esta herencia de Michel de Montaigne es porque creo que uno de los principios, de las convicciones que guían lo que podríamos llamar el progreso moral, social y, por ende, jurídico y político, al que tanto ha contribuido la mejor tradición europea, la que tiene esas raíces que acabo de recordar y que se prolonga en la Ilustración, en el liberalismo y el ideal de fraternidad del socialismo, pero también en los movimientos que hoy impulsan el Green New Deal entendido como contrato social para la justicia, es precisamente éste de la lucha contra la crueldad y la humillación. Cualquiera que haya leído las inmortales páginas con las que el marqués de Beccaria siembra la concepción de un Derecho penal garantista, lo sabe. Puede parecer un programa de mínimos, pero no lo es. Creo que lo explica muy bien, en su ensayo El liberalismo del miedo, la filósofa Judith Shklar, que compartió con otras grandes filósofas del XX (Arendt, Zambrano), la experiencia del exilio –refugiadas, a fin de cuentas- y a quien he leído con creciente interés gracias al buen consejo de la profesora Alicia García Ruiz, estudiosa de Shklar, traductora de algunos de sus ensayos y seguramente quien, entre nosotros, mejor conoce su obra.

En efecto, la línea que lleva desde el prudente humanismo de Vives, a Montaigne, hasta el liberalismo de Mill corregido por Shklar, es ésta de contención del daño que, en definitiva, es el espíritu mismo del Estado de Derecho, en su primera formulación, la liberal. Se trata de tener los instrumentos para controlar los inevitables excesos del poder (Lord Acton), su arbitrariedad. Pero, como ha advertido Honneth en su clarividente estudio sobre la filósofa nacida en Riga, Shklar no se detiene ahí y advierte la necesidad de dar voz y proteger a quienes encarnan “los rostros de la injusticia” que dan título a otro de sus libros.  Creo que Shklar coincide con quienes, desde la filosofía política y jurídica, señalan que la tarea más urgente para una política decente es reparar lo <injusto concreto>, el daño causado a las necesidades básicas de un tercero, a sus derechos. Evitar la crueldad, el sufrimiento humano, es, a su juicio, condición indispensable de todo comportamiento que se quiera digno de tal nombre. Y no sólo la crueldad física, la violencia, sino la crueldad que se manifiesta en la humillación moral. Comenzando por el test más sencillo de ese daño: la humillación moral de negarle la igual condición de sujeto de derechos.

En otras palabras, si se legitima el Derecho es precisamente, como sostiene Ferrajoli en convergencia con Shklar -aunque aquél lo proponga desde posiciones ideológicas muy alejadas del liberalismo-, en la medida en que aparece como la ley del más débil, el escudo de los más vulnerables, de los que no tienen voz ante ese Derecho que tantas veces parece sólo la voz del poder. Dar voz a todos aquellos que conocen la experiencia de vivir con miedo, nada menos que una buena parte de la población mundial, como lo ejemplifican los refugiados, los inmigrantes forzosos, y todos aquellos, todas aquellas que pueden hacer suya la frase de Roy en Blade Runner: “es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo”.

Aquí convergen, por mucho que escandalice a los amantes de categorías simplistas, lo mejor de la tradición liberal con la socialista de la fraternidad, tal y como quisiera el socialista español Prieto. El motor común que les aproxima, es la necesidad de dar respuesta al lema del liberalismo económico, de esa ideología de mercado que proclama el “¡sálvese quien pueda!”, en la creencia de que, en efecto, el triunfo en el mercado es la prueba de una política de libertad y de justicia reales, las únicas posibles. Una ideología que olvida que las más de las veces, ese <ponerse a salvo> es a costa de la desigualdad, del olvido de los demás y en particular de los más débiles: un coste inaceptable en términos de daño y humillación. Esa es la razón, explica de nuevo Honneth, de que Shklar exija junto a la autonomía política (el derecho a ser ciudadano, a decidir mediante el voto), la autonomía económica, que se concreta en tener las mismas oportunidades para “ganar el pan sin miedo y sin favor”, un modelo de <economía republicana> que significa la ausencia del miedo en el orden económico. Pero ese objetivo no se puede conseguir sin corregir el mercado, sin intervenir, como señala Honneth, “en el ámbito prepolítico de la supervivencia económica”. De donde el liberalismo conduciría a un programa que tiene mucho que ver con lo que conocemos por socialdemocracia, porque se resume en el imperativo de igual libertad para todos, una igual libertad que tiene como test (vuelvo a Honneth) la garantía de los derechos sociales.

A todo lo anterior, a la lucha por vivir sin esos miedos, se suma hoy lo que advertimos como el daño irreparable, el daño a la vida misma como condición de cualquier proyecto social y político. Un daño que habíamos olvidado precisamente bajo el imperativo de la ideología del crecimiento, del progreso entendido en términos de riqueza económica y en el menos malo de los casos, del índice de PNB. Esa convicción se impone como tarea prioritaria, porque el daño que resulta de olvidarla anula todo lo demás. Y sabemos que ya no hablamos de los riesgos del cambio climático. Nos encontramos ante una situación de emergencia climática en la que concurren la urgencia y la importancia del asunto y que exige dedicar esfuerzos suficientes y concretos a este fin.

Por eso, como criterio de juicio, del voto de nuestros representantes, muchos de nosotros queremos que, a la hora de decidir quiénes van a dirigir los destinos de la UE, los candidatos nos expliquen cómo se proponen garantizar que todos (los ciudadanos europeos, sí, pero también todos los que están bajo soberanía de los Estados europeos) podamos alcanzar las condiciones para vivir en ausencia del miedo. Justo al contrario de esos programas políticos que se reducen a airear y fomentar el miedo para imponer, en passant, programas autoritarios y las más de las veces reaccionarios, queremos propuestas que nos garanticen vivir sin el miedo a la arbitrariedad del poder, a la limitación de nuestras libertades. Que nos garanticen también que podremos ganarnos el pan, el trabajo, la salud, la educación, la vivienda, la protección en la vejez, “sin miedo y sin favor”, como escribía Shklar. Programas, en fin, que tomen en serio y combatan eficazmente el miedo más justificado, el de perder este planeta. Todo ello se parecería bastante a un compromiso real, concretado en presupuestos, con la Agenda 2030 y los objetivos ODS, que parece el mejor programa común para los europeos, aquí y ahora.

 

 

Refugiados: política, no misericordia (El País, 20 junio 2019)

La Asamblea General de la ONU, en su resolución 55/76 de 4 de diciembre de 2000, estableció el 20 de junio como Día Mundial de los Refugiados. En este aniversario de 2019 hay poco que celebrar y mucho trabajo pendiente:  a 30 de junio de 2018 hay más de 70 millones de desplazados forzados en todo el mundo, de los que el 52% son niños. Lo que es peor: hoy, la definición de refugiado, a mi juicio, se ajusta sobre todo a la propuesta por el anterior Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, Zaid Ra’ad al Hussein, en su intervención ante la Asamblea General el 30 de marzo de 2016: “These are people with death at their back and a wall in their face” («son gente con la muerte a su espalda y un muro frente a ellos). Muerte y muros son el bagaje al que hacen frente la mayoría de ellos. La paradoja es ésta: cada vez hay más factores que provocan que un número creciente de seres humanos se vea obligado a desplazarse de su hogar, incluso de su país, para encontrar un lugar seguro. Al mismo tiempo, cada vez se reducen más las posibilidades del ejercicio de este derecho a encontrar un lugar seguro, porque se incrementan los obstáculos para poder plantearlo.

Por eso, nuestra tarea es doble. Primero, en el plano preventivo, reducir las causas que ponen a tantos seres humanos en peligro de muerte: trabajar por impedir los conflictos bélicos de los que huyen los más y también invertir en procesos de mejora de la democracia, los derechos humanos y el desarrollo sostenible en esos países de los que se ven obligados a huir. Y tenemos un deber perentorio en el segundo plano, el de la respuesta: evitar que quienes huyen porque están en riesgo sus vidas, sumen más riesgos e incertidumbres en su busca de refugio, que no encuentren más muros. Establecer vías seguras y asequibles, para que puedan plantear la protección que necesitan. En unos casos, el asilo. En otros, la protección internacional subsidiaria o incluso los visados humanitarios.

Nadie ignora que en Europa se están vaciando elementos básicos del contenido del asilo. Basten dos botones de muestra. Buena parte de los gobiernos de la UE permiten la violación del principio básico del sistema de asilo, el de no devolución al horror del que huyen (el principio de non refoulement, de no devolución), al entregar a las personas desesperadas que huyen del infierno libio a los guardacostas libios que los retornarán a escenarios con los que no soñó el Dante. Y eso, pese a que la ONU y las ONG que trabajan en esa zona han evidenciado que Libia es cualquier cosa menos un país seguro y sus puertos tampoco pueden tener esa consideración. Y añadan una mirada a la situación que viven los demandantes de refugio en las islas griegas, en campos convertidos en centros de concentración, sin noticias de resolución de su demanda, privados de libertad y en condiciones infrahumanas que inducen al suicidio, incluso de menores. Lo peor es la consecuencia que nos negamos a reconocer: hablamos de <refugiados>, al mismo tiempo que multiplicamos los esfuerzos para que no lleguen a serlo. Deberíamos hablar más bien de asylum seekers, de personas que buscan protección, y ponen en riesgo su vida para conseguir plantear esa solicitud. Y que en su inmensa mayoría jamás alcanzarán ese status.

La razón de todas esas contradicciones no es fruto de la ausencia de misericordia en el corazón de los europeos. Tampoco es que no se conozcan nuestros indiscutibles deberes jurídicos respecto a quienes buscan protección. Esa miseria moral, a mi juicio, es el resultado de una voluntad política contraria a la asunción de tales deberes jurídicos y que utiliza como coartada el desplazamiento de la cuestión a la pretendida respuesta humanitaria.  Una coartada eficaz, hasta rizar el rizo: primero se nos dice que esta es una cuestión “humanitaria”, desplazando así la responsabilidad desde los Gobiernos a los agentes sociales. Y luego, se estigmatiza esa respuesta humanitaria, llegando al cinismo de los <crímenes de solidaridad>, retórica en la que brilla Salvini, que presenta a ONGs abnegadas como cómplices, cuando no responsables de la trata y explotación de seres humanos.

Y eso nos sitúa ante la crisis de Europa como proyecto político. Iván Krastev, en su Europa después de Europa, ha escrito: “La crisis de los refugiados ha transformado radicalmente el statu quo en Europa, así como los argumentarios de los políticos, la mentalidad de los ciudadanos, las identidades de las naciones y los resultados electorales. La crisis de los refugiados ha acabado siendo el 11-S de Europa”. No creo que este juicio sea exagerado. Pero estoy convencido de que estamos a tiempo de reaccionar para hacer coherente la política migratoria y de asilo con los valores que proclama la propia UE. Para recuperar ese alma europea.

¿Qué hacer? A mi juicio, como han señalado la Comisión Libe del Parlamento Europeo, la red italiana Europasilo, y ONGs como CEAR que celebra ahora sus 40 años de trabajo en defensa de los refugiados, la reforma de la Regulación de Dublín es la clave para cambiar el déficit fundamental que aqueja al soi dissant Sistema Europeo Común de Asilo (SECA), que está todavía lejos de ser un sistema común. Ante todo, hay que lograr un consenso básico: la protección de refugiados es una responsabilidad compartida y obligatoria. Sólo después de eso podríamos hablar de armonización y estandarización del sistema. Esa armonización, creo, debería establecerse sobre la base de dos criterios: primero, la abolición del principio anacrónico que vincula la responsabilidad de tratar la solicitud de asilo con el país al que al solicitante llega en primer lugar: frente a ello, se trataría introducir un mecanismo de cuotas permanentes de reparto. En segundo lugar, establecer que el criterio principal para determinar el Estado responsable del tratamiento de solicitud de asilo sea el examen de los vínculos que el solicitante tenga con un Estado miembro.

Dicho esto, podríamos avanzar en propuestas concretas, como las que lanzó CEAR ante las elecciones del 28-A y el 26-M. Reproduzco dos, que me parecen prioritarias y que espero y confío que aborde el próximo Gobierno que presidirá Pedro Sánchez: (1) para empezar, se debe dotar de medios materiales y recursos humanos suficientes a la Oficina de Asilo y Refugio y a la Policía Nacional y velar por su formación específica. Es absolutamente urgente concluir la instrucción de los 102.800 expedientes pendientes de resolución, según Eurostat, a 30 de junio de 2019. Junto a ello, (2) en el ámbito europeo, en coherencia con el elemento básico de protección internacional, que es el principio de no devolución recogido en la Convención de Ginebra, nuestro Gobierno debe asumir la iniciativa de promover un consenso europeo para la aprobación de un protocolo de desembarco y reubicación seguro y predecible, que evite que ninguno de los rescatados pueda ser devuelto a un país en el que su vida pueda correr peligro.  

FEDERALISTAS EN EL SENADO, Cartelera Turia, 31 de mayo de 2019

La sonrisa que nos pintó a muchos la elección de Manuel Cruz como presidente del Senado no es la del ingenuo, ni tampoco (sólo) la del amigo. Sé que habrá quien lo considere un gesto tacticista del PSOE, de Pedro Sánchez, de cara a Catalunya. Incluso los hay que lo interpretarán en clave de esa corriente subterránea (nunca faltan los amantes de la explicación conspiranoica) que circularía entre Moncloa y la sede de ERC, con apeaderos en la sede del PSC y en Lledoners. Por mi parte, no excluyo que la propuesta de dos “federalistas” para presidir Senado y Congreso pueda tener que ver con esa intención simbólica, aunque desde ERC -no digamos desde otros sectores del secesionismo- niegan con énfasis cualquier efecto positivo.

Más bien, como el propio Manuel Cruz, soy de los que piensan que, para los independentistas, su peor adversario es el federalismo. Por eso, como advirtiera ya en su momento el exhonorable y siempre astuto Jordi Pujol, le aplicaron la receta del ninguneo, la indiferencia, cuando no la ridiculización. El federalismo ha aparecido así, en medios independentistas y en sus voceros, como algo exótico, un perro verde, o una pantalla pasada.  Baste recordar el duende vestido de verde que acompañaba a Pere Navarro en los mordaces episodios de Polonia. Y aún más aparece como enemigo (peor que adversario) el federalismo vinculado a un proyecto de izquierda, que desborda por supuesto el ámbito partidista del PSC, como lo muestra la existencia de Federalistes d’Esquerres, entidad cuya creación impulsó el propio Manuel Cruz en 2012 y que llegó a presidir entre 2013 y 2016.

Si alguien se toma la molestia de leer o escuchar sus intervenciones                                                   en la web de esta plataforma (federalistesdesquerres.org/es/), en su blog <filósofo de guardia> (https://blogs.elconfidencial.com/espana/filosofo-de-guardia/), por no hablar de artículos y libros en los que ha abordado el desafío territorial y político que plantean el encaje de Cataluña y el país vasco en el modelo constitucional del 78, puede entenderse sin dificultad en qué consiste la propuesta federal según Manuel Cruz.

En un artículo publicado en 2016 con el título “La fraternidad como política” ( https://elpais.com/elpais/2016/04/28/opinion/1461847617_494506.html), propuso como tal el alma del federalismo, que pretende “universalizar la igual libertad republicana…porque el nervio de la fraternidad es que los fraternos se traten entre sí como iguales”. Es lo que ha vuelto a explicar de forma muy convincente, a mi entender, en su discurso del 21 de mayo, con ocasión de la apertura de la XIII legislatura en el Senado (se puede leer aquí: http://lucasfra.blogs.uv.es/2019/05/22/discurso-del-presidente-del-senado-manuel-cruz-en-la-sesion-constitutiva-de-la-xiii-legislatura-21-05-2019/). En él insistió en las dos dimensiones del federalismo, la del reconocimiento de la significación política propia del estatuto político de los federados, y la de la cooperación y lealtad de éstos con los demás y con el marco del Estado federal (la Constitución). Unión en la diferencia, como pretende el lema europeo. Por eso, los europeístas coherentes han de ser, a mi juicio, federalistas. Y eso explica la satisfacción de federalistas dentro del PSOE, como Ximo Puig o Miquel Iceta, y también fuera de él: por ejemplo, perdonen el atrevimiento, quien suscribe.

Creo que no hay mejor reto para el Senado que tratar de poner letra y números a esa apuesta federal. Y lo concretaré con las palabras del propio Manuel Cruz: que el Senado se convierta “ en parte de la solución a los desafíos que enfrenta nuestro modelo territorial… donde se busquen soluciones al reto demográfico o a la despoblación de gran parte de nuestro territorio…donde se debate y diseñe un nuevo sistema de financiación autonómica y local, que garantice la prestación de unos servicios públicos dignos, que colmen las necesidades de los ciudadanos y las ciudadanas de España sin importar donde vivan”. Y eso, con el talante -tomado el término en serio- que sugieren las Meditaciones de Marco Aurelio, “no hacer manifestación ni de la cólera ni de ninguna otra pasión, sino ser al tiempo el más impasible y el más afectuoso”. A trabajar.

UNA ESPERANZA PARA EUROPA. ANTE LAS ELECCIONES EUROPEAS (Infolibre, mayo 2019)

Rara vez un acto institucional emociona. Como mucho, uno espera que sea breve, que no se repitan demasiados tópicos y que, con suerte, quizá aparezca alguna idea…Sin embargo, tuve oportunidad de asistir al acto institucional por el día de Europa que se celebró el pasado día 9 de mayo en el Palau de la Generalitat valenciana, organizado por la Delegación del Consell para UE que dirige Joan Calabuig y debo reconocer que consiguió emocionarme y me ha hecho pensar. La clave, a mi entender, estuvo en el acierto de centrar ese acto en las intervenciones de profesores y, sobre todo, de las chicas y chicos, estudiantes de algunos de los IES y Colegios que forman parte del programa de centros educativos Embajadores de Europa.

En sus intervenciones, ofrecieron -a mi juicio- un ejemplo de compromiso crítico y exigente con una Europa fiel a sus valores. Así, defendieron la prioridad de la causa por la sostenibilidad del planeta, en línea con la iniciativa Fridays for Future que ha puesto en marcha la adolescente sueca Greta Thunberg. Porque no quieren heredar un planeta degradado, al borde de la sexta extinción, como ha denunciado el recién publicado informe de la Plataforma Intergubernamental en Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES, por sus siglas en inglés: https://www.ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment), dependiente de la ONU. Un informe que subraya que nos encontramos ante un declive sin precedentes, con un  riesgo  acelerado de extinción que afecta a más de un millón de especies, resultado en gran medida de lo que se ha dado en llamar <Antropoceno>, ligado indiscutiblemente al avance de un insaciable modelo de capitalismo depredador.  Pero también alzaron su voz para reprochar una Europa indiferente a la solidaridad, a las obligaciones con los refugiados, a un trato más justo en la acogida de los inmigrantes: nos recordaron la necesidad de una Europa de acogida, de inclusión solidaria y plural. Una Europa digna de la herencia de la mejor tradición de los humanistas, entre los que resonaron los nombres de dos valencianos. Uno, el gran Gregori Mayans, explícitamente invocado por los alumnos del centro que lleva su nombre, en Oliva y que se hicieron eco de esa manifestación europeísta que llena la correspondencia de Mayans con intelctuales de otras naciones europeas (de  Muratori a Voltaire, de Pereira a Meerman, de Walch a Plüer). Y todo ello desde su profunda admiración por el granhumanista valenciano, Juan Luis Vives,al que no podemos entender sin el intercambio intelectual con otros dos grandes europeos, Erasmo y Tomas Moro.

Estos jóvenes ofrecieron también un sintético repaso por elementos básicos de las instituciones europeas, a través de sencillas preguntas y respuestas que demostraron un grado de conocimiento que ya quisiera que alcanzaran los adultos convocados a votar el próximo 26 de mayo.

En suma, ejercieron tres rasgos que, a mi juicio, son los que mejor describen el alma europea, si es que podemos hablar así. Ante todo, la razón crítica. Porque si Europa tiene un rasgo es éste, la capacidad de criticar -desde el ejercicio abierto de la razón-, lo que le ha llevado tatas veces a romper con su propio legado, con elementos que parecían rasgos claves de su identidad: esa es la tarea que impulsan el humanismo, la Ilustración. La segunda, la defensa orgullosa de la diversidad: a diferencia del lema estadounidense (e pluribus unum), el lema europeo no propone reconducir la pluralidad a la unidad, sino que subraya que su fuerza está precisamente en esa pluralidad (unidos en la diversidad). Por eso, la insistencia en los derechos de los otros. Y, precisamente por esa comprensión de la diversidad, aparecía un tercer rasgo en sus intervenciones, la permanente insistencia en la exigencia de avanzar en una sociedad de mayor igualdad e inclusión.  Es decir, en recuperar el modelo de la Europa social

Me parece que todo ello es una estupenda lección justo ahora, cuando crecen movimientos y partidos que se caracterizan por un antieuropeísmo de fondo, que actúan inspirados por una lógica de exclusión que nos propone el regreso a sociedades cerradas, a modelos impuestos de homogeneidad. Una Europa que deja en los márgenes, desde la indiferencia y el desprecio, a quienes no respondan a su modelo del individualismo de éxito: parados, ancianos, enfermos, dependientes, pensionistas, pobres, jóvenes sin empleo, inmigrantes, minorías nacionales, culturales…Una Europa para la que los derechos de las mujeres aparecen como peligrosas amenazas para un statu quo que no puede ocultar su modelo patriarcal. Una Europa que proclama ya sin disimulo los viejos mensajes del racismo y la xenofobia. Una Europa en la que la insistencia en la cohesión (“lo nuestro, nosotros, primero”) responde a las peores razones: el miedo y el odio.

La palanca para responder a esa crítica es, ante todo y a mi juicio, reivindicar lo que constituye la columna vertebral del proyecto europeo, que es el Estado de Derecho, la igual garantía de los derechos como objetivo primordial de la democracia. El imperio de la ley, del Derecho, ante el que todos debemos ser iguales en derechos y deberes. La independencia judicial y el control de todos los poderes, los institucionales y los fácticos, donde el papel de la libertad de expresión es crucial. Esa es la Europa por la que vale la pena votar el próximo día 26.  Porque no debemos defraudar a estos jóvenes que son nuestra esperanza. Porque debemos dejarles claro que hemos aprendido su lección.

 

 

 

 

 

DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL SENADO, MANUEL CRUZ, EN LA SESIÓN CONSTITUTIVA DE LA XIII LEGISLATURA (21.05.2019)

INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE.

(Núm. exp. 521/000001)

            El señor PRESIDENTE: Buenos días. Bon dia. Bos días. Egun on.

            Señorías, expresidentes del Senado, autoridades, señoras y señores, permítanme comenzar estas palabras dándoles la enhorabuena por su elección como representantes en esta Cámara, el Senado de España, y les agradezco su confianza al elegirme para que sea yo quien la presida durante la legislatura que arranca con esta sesión constitutiva.

            Daré por buenos los muchos o pocos méritos que haya podido adquirir a lo largo de mi vida académica y política si desde aquí, desde esta posición en la que tan generosamente me han situado hoy, contribuyo a la cohesión social y territorial de España, fin este último especialmente relevante para esta Cámara. Ese es mi mayor anhelo compartido –estoy convencido- con todos ustedes. Presidir el Senado de España es una responsabilidad y un privilegio que no esperaba, como ustedes no ignoran, pero si algo me propongo para estos próximos años en la Cámara Alta es que miremos todos hacia el futuro.

            La elección de esta presidencia y sus circunstancias nos ofrecen una oportunidad, la de recordarnos con claridad la urgencia de recuperar el funcionamiento normal y eficaz de las instituciones de representación en todo el país, la de abandonar todos y todas la tentación de su uso partidista e interesado. El daño y el desprestigio que nacen del debilitamiento de las instituciones no lo sufren en exclusiva uno u otro partido, una u otra administración. Las que se resienten son la convivencia, la estabilidad y la salud de nuestra democracia. Esa es una elección que no podemos permitirnos volver a olvidar. Les confieso que yo no me permitiré olvidarla. Soy una persona comprometida, y no soy ni equidistante ni indiferente. Comparto con el grupo y el Partido Socialista una forma de ver y entender la realidad que trasciende la figura de la militancia y también comparto un mismo compromiso con los valores de la solidaridad y la convivencia. Es a esta formación, a su Ejecutiva y a su grupo parlamentario, a los que, en primer lugar, quiero agradecer la confianza que han depositado en mí al proponer mi candidatura para presidir esta Cámara.

            Señorías, vivimos una era de cambios y perplejidades. A medida que el tiempo histórico se ha acelerado, se ha desdibujado el horizonte moral y material de nuestras sociedades. Con demasiada frecuencia, esos cambios abruman y provocan inseguridad. Para muchos ciudadanos y ciudadanas, el futuro ha acabado por relevarse como el más inoperante de los sueños, y en esa circunstancia, el deber de las instituciones, y con ellas el de este Senado, ha de ser el de reforzar su solidez y su eficacia para luchar así en pos de nuevas certidumbres y esperanzas, y eso, en democracia, se construye a través del diálogo, el debate y, finalmente, el acuerdo. Me propongo luchar para que así sea desde la consideración que me merecen todas sus señorías y los distintos territorios y posiciones ideológicas que representan. Desde la palabra y el respeto al marco constitucional, todas las ideas y proyectos políticos son legítimos y merecen ser reconocidos, escuchados y debatidos. Eso es algo más que la función esencial de cualquier Parlamento. Es el corazón mismo de la democracia. Honrémosla. Tengamos presente que aquello que todo lo explica, nada explica en realidad y que siempre habrá en la palabra del otro al menos un rastro de provechosa verdad.

            Señorías, tengo la convicción moral y personal de que la España de las autonomías ha sido un gran acierto en términos históricos y políticos. España ha progresado con la apuesta por la descentralización, anclada en nuestro marco constitucional, no solo en las comunidades y ciudades autónomas, sino también en una pieza fundamental de nuestro diseño institucional, como los ayuntamientos. En muchos de ustedes concurre esa doble condición: alcaldes, alcaldesas o concejales y miembros de esta Cámara.

            Esta presidencia comparte con las presidencias anteriores el reclamo de una reforma del Reglamento y de la misma Constitución Española para que este Senado se convierta, por fin, en lo que originalmente se quiso que fuera, una Cámara centrada en el diálogo entre distintas administraciones del país y en la atención y el impulso de la cohesión territorial de España, capaz de incidir en el buen funcionamiento de un Estado altamente descentralizado como el nuestro y mejorando las herramientas de cooperación entre los distintos niveles de Gobierno, nacidos de la arquitectura institucional que emana de nuestra Constitución.

            Pero, señorías, con la misma determinación con que abogo por dichas reformas, tan largamente demandadas, les anuncio que no esperaré a que estas lleguen para hacer del Senado una auténtica cámara territorial influyente, cuestión esencial e insoslayable para debatir y construir el futuro inmediato de España y de sus nacionalidades y regiones, una Cámara donde se busquen soluciones al reto demográfico o a la despoblación de gran parte de nuestro territorio, donde se reúna con la asiduidad necesaria la conferencia de presidentes y donde el Gobierno rinda cuentas cuando así se le demande y también donde se debate y diseñe un nuevo sistema de financiación autonómica y local, que garantice la prestación de unos servicios públicos dignos, que colmen las necesidades de los ciudadanos y las ciudadanas de España sin importar donde vivan. Permítanme citar al recientemente desaparecido Javier Muguerza para decirles que lucharé por ello con esperanza, sin esperanzas y aún contra toda esperanza.

            Bien saben ustedes que no todo es cuestión de voluntad política, pero algunas cosas sí dependen enteramente de ella. Les pido confianza, complicidad y buena voluntad para convertir esta Cámara en parte de la solución a los desafíos que enfrenta nuestro modelo territorial. Les pido altura de miras para otear un horizonte lleno de incertidumbres, pero también de oportunidades, pensando más en las generaciones futuras y no solo reparando las urgencias inmediatas. El Senado tiene que abrirse aún más a esta era de transformaciones y apelo a  la ayuda de todos, pero con especial insistencia a los senadores más jóvenes que se han incorporado en estas últimas legislaturas. Entre todos debemos conseguir que su generación vea en este Senado una Cámara cómplice y efectiva en la solución de sus problemas y en la materialización de sus esperanzas.

            Señorías, estoy seguro de que gran parte de la solución a la situación territorial de España dependerá de lo que seamos capaces de hacer en esta Cámara durante estos cuatro años. Seamos todas y todos conscientes del momento que inauguramos aquí y ahora. Nuestra complejidad como país es también nuestra riqueza, y el Senado tiene que ser su expresión más clara y genuina. Debemos amar España por lo que es y no por cuánto se parezca al molde en el que nos gustaría que encajara. Nuestro país es diverso y plural, pero eso no implica que deba ser ni problemático ni disfuncional territorialmente. Para ello necesitamos instituciones abiertas, cercanas e inclusivas, capaces de ampliar su perímetro y abarcar más formas de ser, de pensar y de sentirse, instituciones como un Senado que no solo no eluda sino que fomente los debates en los que más nos jugamos nuestras certezas, nuestros miedos y nuestros anhelos como país y como ciudadanos y ciudadanas y que tome partido también en las grandes causas de nuestro tiempo, con especial significación en la lucha contra el cambio climático, la construcción europea, la igualdad entre hombres y mujeres y la lucha contra la intolerable violencia machista. El Senado, como cualquier otra cámara, analiza, debate y decide sobre aspectos materiales de nuestro día a día medidas políticas que buscan aumentar nuestro bienestar y nuestro progreso de una forma tangible y directa, mejoras que se pueden medir con cifras, como la riqueza, el crecimiento o la tasa de empleo. Pero el Senado, como las demás cámaras, defiende también valores e ideas igual de esenciales para una vida plena y digna, cuestiones intangibles que nos constituyen como ciudadanos libres e iguales en democracia y a las que no podemos renunciar sin traicionarnos a nosotros mismos, conceptos como la tolerancia, el diálogo y el valor supremo de la convivencia.

            Señorías, la composición de esta Cámara nace de la libre expresión de la ciudadanía a través del voto que determina el peso numérico de cada grupo, pero yo les invito a mirar más allá de lo que dicta la mera aritmética parlamentaria, a que entre todos y todas tengamos la valentía de explorar consensos allí donde presumimos una negativa de partida, a que, en definitiva, seamos capaces de hacer valer de forma prioritaria el peso de los argumentos y de las razones, porque, honestamente, importa más el punto de destino, el consenso al que podamos llegar, que la negativa implícita en el punto de partida en el que se ubica cada cual. Permítanme, en consecuencia, dirigirme en primer lugar a las formaciones que durante más tiempo han estado presentes en esta Cámara. Señorías, adquiero desde hoy un compromiso personal con sus formaciones, el de que sus voces no pierdan el peso que les corresponde, que se sigan escuchando como merecen los argumentos de todas las fuerzas políticas sin las que no es posible comprender la España democrática. Cuando de construir un futuro mejor para una España más cohesionada se trata, ningún argumento sobra, tampoco los de las nuevas formaciones políticas que han obtenido presencia en esta Cámara en las últimas legislaturas, a las que hago extensivo este compromiso, nuestras razones y nuestras fuerzas tienen un cometido que cumplir, eso es, además, lo que los ciudadanos esperan de nosotros. Por mi parte, encaro el privilegio de esta Presidencia con unas palabras de un clásico latino como guía que espero ayuden a ese propósito. Decía el clásico: No hacer manifestación ni de la cólera ni de ninguna otra pasión, sino ser al tiempo el más impasible y el más afectuoso. Pues bien, es este un propósito de cercanía y de colaboración que extiendo a todas y todos los trabajadores de esta casa, sin su excelente labor la nuestra como senadores no sería posible, y quiero que sepan que las puertas de esta Presidencia estarán abiertas siempre a sus inquietudes.

            Antes les hablaba de la necesidad de reconstruir entre todos horizontes de certezas y esperanzas, la confianza en las instituciones democráticas e incluso en nuestras posibilidades como ciudadanos libres aún no se han repuesto plenamente de una década de desencanto. Desde ese punto de vista, trabajar por el prestigio, el fortalecimiento y el buen funcionamiento de las instituciones no es solo una exigencia moral, es un deber que contraemos con la propia democracia. Por eso, con humildad y agradecimiento, les convoco a iniciar una nueva etapa en el Senado de España que no olvide el pasado que nos constituye pero que mire hacia el futuro, porque, igual que tenemos derecho a reclamar el cumplimiento de las viejas promesas, también lo tenemos de fundar otras nuevas.

            Moltes gràcies, moitas grazas, esquerrik asco, muchas gracias. (Fuertes aplausos de toda la Cámara con algunos senadores puestos en pie).

            Señorías, en este acto el Senado ha quedado definitivamente constituido. De conformidad con el artículo 14 del Reglamento de la Cámara, esta Presidencia lo comunicará oficialmente a su majestad el rey, al Congreso de los Diputados y al Gobierno, así como a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.