Acerca de Javier de Lucas

catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política Instituto de derechos humanos Universitat de Valencia javierdelucas1@gmail.com

Para entendernos: recomendaciones para el verano. Infolibre 10 agosto 2022

Javier de Lucas (Murcia, 1952), es una de las voces más autorizadas de nuestro país en materia de derechos humanos. Su trayectoria es casi inabarcable: catedrático de filosofía del derecho en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia (del que fue fundador), exdirector del Colegio de España en París y actualmente es senador por el PSOE y presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Senado, ha escrito 25 libros, varios centenares de artículos en revistas especializadas y colabora habitualmente en prensa: así, en Infolibre, csi desde los comienzos. Dentro de toda la actividad intelectual que desarrolla ha dejado hueco, sin embargo, para cultivar su pasión por la lectura y el cine; ahora también, por las series de TV.

«Leo casi compulsivamente», asegura De Lucas, «pero si me preguntas por preferencias, depende del momento. En los dos últimos años, he devorado ensayos que presentan contexto y ayudan al diagnóstico de lo que nos pasa: sigo con atención cuanto escribe Etienne Balibar, como su último Cosmopolitique. Des frontières à l’espèce humaine. También el de Roberto Gargarella, El Derecho, como una conversación entre iguales, y dos de los últimos de Manuel Cruz, El virus del miedo -sobre un asunto que ha tratado muy bien Patricia Simón en su Miedo. Viaje por un mundo que se resiste a ser gobernado por el odio- y Democracia, la última utopía. Más referidas a cuestiones que se debaten hoy, los de José Errasti y Marino Pérez Nadie nace en un cuerpo equivocado. Éxito y miseria de la ideología de género; el de Alvarez Junco, Qué hacer con un pasado sucio; y los de S L Myers El nuevo zar. Ascenso y reinado de Vladimir Putin, y Pitts, Afropean. Notas sobre la Europa negra. Desde hace años me interesa mucho la discusión sobre la cuestión animalista y he leído los libros recientes de Marta Tafalla Filosofía ante la crisis ecológica. Una propuesta de convivencia con las demás especies: decrecimiento, veganismo y rewilding y el de Virtudes Azpitarte, Nietzsche y los animales. más allá de la cultura y de la justicia. Por más que hay sobre todo dos clásicos imprescindibles a los que recurro: las Meditaciones de Marco Aurelio y los Ensayos de Montaigne.

Respecto a la novela, asegura, «confieso que me he hecho mayor, porque prefiero releer que estar al día. Gracias al nobel he descubierto la obra de Abdulrazak Gurnah y me han interesado mucho su Paraíso y A orillas del mar porque suponen un punto de vista diferente (el de la cultura musulmana que ha dominado Zanzibar durante siglos) acerca del comercio de esclavos, las manifestaciones de movilidad humana e incluso los refugiados, en el continente africano. Me gustan dos autores de ese tipo de novela policiaca que permite contextualizar: Markaris (La hora de los hipócritas, Ética para inversores o Cuarentena) y  todo lo que publica Von Schirach».

Sereconoce como un lector regular de poesía, «pero poco cultivado y con un espectro muy reducido, más bien recurrente. Tengo a mano habitualmente a Hölderlin y a Rilke, a Emily Dickinson y a René Char. También a Benedetti y a García Montero».

Cambiando de tercio, el filósofo asegura que, desde el confinamiento, dedica más tiempo ahora a las series de TV que al cine: «porque su formato y duración permite a quienes tienen algo que decir plantear la complejidad y la multiplicidad de factores que moldean nuestra realidad, sin simplismos ni maniqueísmos. Me asomo a muchas series, aunque hay pocas que me mantengan la atención más allá del primer capítulo. Si se trata de las que ayudan a comprender la situación, me resulta difícil mencionar una sola, aunque siempre destacaría Years, years, que describe muy bien a mi juicio algunos de los males que nos acechan y no pocas de nuestras erróneas respuestas. Pero también The Wire (la cuarta temporada, por ejemplo), Succession, Baron Noir y Les sauvages. La última temporada de Borgen es mucho más cercana a los problemas reales de nuestro desorden internacional que las anteriores, es más realista sobre el juego político que esas temporadas anteriores, que me parecen demasiado dramatizadas e idealizadas. Sobre la industria millonaria de las drogas, Zerozerozero. Sobre las epidemias que destrozan los EEUU, American Rust. Me han gustado mucho Mare of East Town y After Life. También me han hecho reír, algo muy de agradecer dos series recientes, The state of the Union y Hacks

Sobre el cine de nuestro país, nos recomienda dos películas de este mismo año: Alcarrás Cinco Lobitos. La primera narra la historia de los Solé, una familia de agricultores catalanes que ve peligrar su forma de vida cuando se instalan en sus terrenos placas solares. El film ha hecho historia al ganar el Oso de Oro en Berlín, convirtiendo a Clara Simón, su directora, en la primera mujer española en hacerse con ese galardón. En cuanto a Cinco Lobitos, trata el tema de la maternidad y de las relaciones familiares desde varias perspectivas y con una gran sensibilidad. De ambas destaca De Lucas que “son cine de calidad, sin alharacas, y las dos historias, aparentemente cotidianas, reflejan las dificultades propias de nuestra situación y las diferentes maneras de encararlas”. Añade un largo, de género documental, de la directora Laura Hojman, «Antonio Machado. Los días azules».

“Creo que las buenas creaciones culturales, qué se yo, el teatro de Mayorga, las películas y series, la poesía o el ensayo que he mencionado, la danza, son siempre refugio y también acicate”, relata el filósofo, que nos invita a preguntarnos qué entendemos por cultura. Para él la clave de esa definición está en incluir a todo aquello que nos ayude a interrogarnos, a mantener la curiosidad y, en lo posible, el sentido del humor o, al menos, la ironía”.

La amistad no admite la procrastinación. De nuevo, en 31 de julio

Como cada 31 de julio, sigo con el hábito de recordar que esta era la fecha del comienzo de las vacaciones de verano para un grupo de amigos que nos reuníamos en Jávea, en casa de Ignacio e Inma.

Sus ausencias, como la de Paco, como la de los otros amigos que se nos han ido en estos años de pandemia sin apenas poderlos despedir, como la muy reciente de Tomás, son ahora las que marcan esta fecha.

Ya no celebramos el santo de Ignacio, con esas veladas llenas de risas, vino y poesía, con su protagonismo -puro pleonasmo, hablando de Ignacio-, al que daba siempre contrapunto un Paco que estaba cargado de poesía, por más que intentara disimularlo.

Ignacio sigue en nuestra memoria e incluso se diría que en ella nos acompaña aún más, a cada año que le echamos en falta. Como nos acompañan esos amigos que son parte de nosotros mismos: Paco, Inma, Tomás…

No era Benedetti uno de los preferidos en esas veladas (Salinas, mucho más), pero me acojo a los versos de Benedetti en su poema «Después», cuando despunta esta mañana del 31 de julio en Jávea, aún tranquila:

«No hay después

Porque después, el té se enfría

después, el interés se pierde,

después, el día se vuelve noche

,después, la gente crece,

después, la gente envejece,

después, la vida se termina

y uno, después, se arrepiente por no hacerlo antes,

cuando tuvo oportunidad»

No escribo esto, hoy, para lamentar mis pérdidas, nuestras pérdidas.

Escribo para aprovechar este día y repetirme, repetir a los amigos, que es ahora cuando tenemos que saber mostrar nuestra amistad, nuestro afecto a las personas que nos importan.

No hace falta escribir como Benedetti o Salinas. Incluso, no hace falta escribir.

Quizá basta que sepan que estamos ahí y que cuentan con nosotros. Al menos, que se lo digamos y no lo dejemos para después.

EL LEGADO DE RAMÓN Y CAJAL Y LA REFORMA DE LA LEY DE LA CIENCIA (versión ampliada del artículo publicado en Infolibre, 28 de julio de 2022)

1 La reforma de la ley de la ciencia, en el año de investigación Cajal

El pasado martes 19 de julio, el Senado aprobó la reforma de la ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (la ley 14/2011), pero introdujo en el texto que llegó del Congreso una enmienda polémica, a propuesta del grupo parlamentario del Partido Popular, apoyada por varios grupos. En realidad, la enmienda tiene su origen en una propuesta de la CRUE y de la red de centros de investigación de excelencia SOMMa, como luego explicaré. La aprobación de esa enmienda, que entra dentro de la competencia propia del Senado como Cámara de segunda lectura, tal y como está previsto en nuestra Constitución y en el reglamento de las Cámaras, obliga a que el texto vuelva al Congreso para su aprobación definitiva. En el tercer y último apartado, propondré una interpretación sobre el significado y alcance de ese vericueto parlamentario.

Antes de explicar el sentido y alcance que a mi juicio supone esa enmienda, en relación con los objetivos que se propone la ley, quiero situar esta reforma legislativa, que no es precisamente algo improvisado. En realidad, era un proyecto pendiente desde que dirigió el ministerio de Ciencia su anterior titular, Pedro Duque y aun se puede añadir que se trata de un proyecto muy necesario, en opinión generalizada en la comunidad científica e investigadora. En efecto, desde que se aprobó la ley anterior, la ley 14/2011, han transcurrido más de diez años. Diez años es hoy un período demasiado amplio, con arreglo a la velocidad que impone el ritmo continuamente acelerado de las tecnologías, gracias a la capacidad de innovación que nace del desarrollo vertiginoso de la investigación científica, esto es, de la propia ciencia. Era evidente, pues, la oportunidad, incluso la necesidad, de realizar esta reforma. La ley obtuvo en el Congreso un amplísimo respaldo, tras un detallado debate en Comisión, y se aprobó sin votos en contra. Personalmente, confío en que el gobierno y la actual ministra, Diana Morant, que entendió muy bien la prioridad de esta reforma para el futuro de nuestra sociedad, la vean culminada en las próximas semanas, tras el paréntesis de las vacaciones parlamentarias.

En todo caso, conviene señalar que el impresionante desarrollo de la ciencia y la tecnología al que asistimos hoy, no es estimulado sólo por el sector público que, en sociedades democráticas, se supone vinculado al interés común, sino en gran medida guiado también por los intereses de las grandes empresas, algo consecuente con el modelo de economía de mercado. Frente a la concepción ingenua que vincula el afán de avance en el conocimiento con el ideal puro de la verdad, algunos nos han recordado que detrás de los avances, de las revoluciones científicas (Kuhn) hay intereses particulares que los guían. Lo explicó muy bien Habermas y lo ha recordado Boaventura Santos, en un ensayo de lectura muy recomendable publicado el pasado 17 de julio, en El Espectador.

Acabamos de comprobar la conjugación de esos dos motores del avance científico -una vez más, en proporción muy desigual-, con ocasión del magnífico esfuerzo gracias al cual se nos ha provisto, en tiempo récord, de vacunas eficaces frente a la pandemia. Porque conviene señalar que las patentes de esas vacunas no han sido cedidas como bienes comunes puestos al alcance de todos los que lo necesitan, sino que han permanecido en el dominio de las corporaciones que invirtieron en su investigación, procurándoles así enormes beneficios. Es el mercado, claro, nos dirán. Una respuesta que a muchos nos parece insuficiente y particularmente injusta cuando hablamos de algo que, por la importancia y el alcance universal de lo que está en juego, no debería quedar exclusivamente supeditado a los principios de competencia y beneficio. Por eso entendemos que, si no al margen de la lógica del mercado, estos resultados deberían quedar sujetos a una clara regulación que ponga límites y garantice prioridades, en aras del bien común. Y me excuso por recordar que así debería ser para guardar coherencia con algo bien sabido: la prioridad de lo común tiene que ver con la característica básica del conocimiento científico, clave de la mejor manera de entender el progreso humano que ha sido destacada por la mayoría de quienes han hecho contribuciones relevantes a ese modo de saber: la ciencia debe estar al servicio de un ideal universal, al beneficio de la humanidad. Y también por eso, la comunidad científica debe ser una comunidad abierta.

Pues bien, eso es, precisamente, a mi entender, uno de los elementos más destacados de lo que podríamos llamar “el legado de Ramón y Cajal”, concretamente a propósito del significado social de la ciencia y de las características de lo que podríamos llamar la gestión política de la ciencia. Creo que es un asunto sobre el que vale la pena reflexionar precisamente a propósito del debate en torno a la ley, porque esta reforma, indispensable para nuestro país, tiene lugar en 2022, declarado por el gobierno, año de investigación Ramón y Cajal, en homenaje al más universal de nuestros científicos, que recibió en 1906 el premio nobel de fisiología y medicina. 

2. Sobre el legado de Cajal: la gestión política de la ciencia

El propio Cajal nos dejó buen testimonio de su juicio sobre estas cuestiones, en ensayos como Reglas y consejos sobre la actividad científica. Los tónicos de la voluntad o, con un punto de humor negro, en El mundo visto a los ochenta años. Impresiones de un arterioesclerótico. Son también numerosos los ensayos de historiadores de la ciencia y las biografías del nobel que, lógicamente, prestan atención a ello. En estas líneas me inspiro en particular en los recogidos en el volumen Cajal: una reflexión sobre el papel social de la ciencia (Zaragoza, 2006), que coordinó Jose Carlos Mainer por iniciativa de la Fundación Fernando el católico; por ejemplo, en los trabajos de Jose Manuel Sánchez Ron y Carlos Forcadell.

Todos los especialistas coinciden en subrayar que el motor de su trabajo intelectual fue lo que se ha llamado su patriotismo científico, esto es, es su convicción de la necesidad de impulsar en España el desarrollo de la investigación científica, para conseguir sacar a nuestro país del atávico retraso en que se encontraba, para construir un futuro mejor, distinto, para ese país que tanto amaba. Un amor sólo comparable al que profesó por la ciencia. Por eso, para Cajal, el progreso de la ciencia debe ser una prioridad capital de la política. Cajal, como recuerda Sánchez Ron, entiende que «el poderío militar y político y la prosperidad intelectual e industrial suelen ser cosas solidarias, como ramas brotadas del mismo tronco», y, por ende, políticos han de ser los remedios (las «terapéuticas» escribe), propuestos para conseguir «la elevación científica y cultural» de la sociedad española. Eso explica por qué, si bien rechazó la propuesta de hacerse cargo del ministerio de Instrucción Pública, no declinó importantes tareas al frente de instituciones públicas, como la Junta de Ampliación de Estudios, el Instituto Nacional de Higiene Alfonso XIII o, lo que resulta menos conocido, su trabajo como senador en la legislatura 1910-1911.

Precisamente los diarios de sesiones de esa legislatura, que he podido consultar gracias a la eficiencia del magnífico servicio de documentación del Senado, ofrecen el testimonio de las intervenciones de Cajal, en noviembre y diciembre de 1910, con ocasión de la discusión de los presupuestos del Estado de 1911. En ellas queda de manifiesto su sentido de lo público, de la importancia de la inversión en ciencia, así como de la necesidad de control del presupuesto destinado a instituciones científicas. Pero también son reflejo de su concepción acerca de la gestión política de la ciencia y del papel que un científico, un intelectual, debe asumir, si se implica en el terreno de la política activa.

Al objeto de mi comentario, me detendré sólo en la sesión del 26 de noviembre de 1910 (Diario de Sesiones del Senado, nº 75, pp.1219 ss), en punto al debate sobre la sección 7ª del presupuesto de gastos del ministerio de Instrucción pública y Bellas artes para 1911. Cajal intervino en primer lugar para defender la necesidad esa partida presupuestaria, habida cuenta de la importancia que a su juicio tenía la Junta de ampliación de Estudios para el impulso de la ciencia en España, convencido como estaba de que no había progreso posible sin avances significativos en la investigación científica y que, para ello, como insistió en numerosas ocasiones, era preciso «europeizar a los profesores, con lo cual se europeizará a los discípulos y así a la nación entera». Con palabras que bien podrían ser escritas hoy,  nuestro nobel ya había manifestado reiteradamente su preocupación por la sangría que suponía para el país el hecho de que lo mejor de las nuevas generaciones, después de haber sido formadas con no poco esfuerzo público, descartara dedicarse a tareas científicas, por la precariedad en que se encontraba la ciencia: “¿consentiremos que el novel investigador pida a cualquier otra profesión el pedazo de pan que les rehúsa la ciencia pura, perdiendo el Estado el fruto de sus sacrificios?”.

Cajal sostiene también, con la mayor cortesía y firmeza la autonomía de la Junta de Ampliación de Estudios en las decisiones que tocan a los candidatos y a la dotación de las ayudas, y confronta su tesis con las del propio ministro de Instrucción pública y Bellas artes, D. Julio Borell y Cuéllar. El ministro, con no menos cortesía y firmeza, reivindica que, puesto que la responsabilidad política es suya, debe tener una competencia de tutela y decisión respecto a los acuerdos de la Junta. Hay que decir que hoy causa envidia la oratoria parlamentaria en estas discusiones presupuestarias que, lejos de estereotipos al uso, sabe conjugar un exquisito, incluso excesivo tono formal, con el manejo riguroso de datos y estadísticas.

El argumento del ministro es todo, menos improcedente: bienvenidos los sabios, que juegan un papel necesario en la gestión de la ciencia, pero es fundamental el control de cómo administran los recursos públicos que se han puesto en sus manos. Y, sobre todo, en última instancia, se trata de decisiones políticas que corresponden a quien ha sido elegido para adoptarlas. El ministro está, pues, muy lejos de los conocidos dicterios que los aparatchiks de los partidos suelen arrojar sobre los intelectuales, como “cabezas de chorlito”. La argumentación del ministro se sitúa lejos también de la muy habitual y despectiva referencia a la soberbia y a la pretendida “superioridad moral” de los intelectuales, argumentos frecuentes en quienes parecen haber interiorizado como el catecismo la lógica de los aparatos internos de los partidos con menor tradición -o vocación- democrática interna y que ven con reticencia y sospecha la presencia en órganos de decisión política -gobiernos, parlamentos- de quienes no se han formado desde temprana edad bajo los principios de observancia jerárquica, férrea disciplina y cierre de filas ante las instrucciones de los mandos. Máxime si quienes así se pronuncian no han conocido prácticamente otro mundo -no han tenido trayectoria laboral significativa-. fuera de una militancia interna, que se parece demasiado a un coto vedado para quienes no tengan pedigree partidario. 

El ministro, junto a esas reticencias, deja muy claro que respeta el gran valor de la presencia de Cajal en la discusión pública. Por su parte, Cajal, de cuya valía intelectual era imposible dudar, pone de manifiesto el buen fundamento de su modelo de gestión política de la ciencia: las líneas políticas, el programa, corresponden al gobierno. Y él está de acuerdo con ese programa, razón por la que acepta estar presente activamente en política. Pero no dejará de defender lo que considera el mejor criterio, la adecuación a objetivos científicos, a la hora de decidir sobre los destinatarios y términos de las ayudas de la Junta.

3. Condiciones laborales dignas y excelencia en la investigación

Pero es el momento de analizar la razón de ser y el impacto de la enmienda aprobada en el Senado. Vaya por delante mi acuerdo con los argumentos que sostuvieron los portavoces de ciencia e innovación del grupo parlamentario socialista en el Senado, los senadores Zubeldia y Latorre, cuando explicaron el sentido y alcance de la reforma propuesta por el Gobierno. El objetivo de esta reforma, subrayaron, es garantizar los derechos laborales a los jóvenes investigadores, dignificar sus condiciones de trabajo. Junto a ello, se trata de superar los déficits de nuestro sistema de ciencia detectados por los agentes del propio sistema y por organismos internacionales: así, disminuir los trámites administrativos en la gestión científica y garantizar una financiación pública estable y progresiva de la I+D+I para alcanzar el 1,25% del PIB en 2030, de conformidad con el Pacto de la Ciencia y la Innovación, que como ya he recordado, cuenta con un amplio respaldo político y social. Hay que destacar que el proyecto del gobierno incorporó finalmente en el Congreso más de 100 enmiendas de otros grupos.

El punctum dolens es la disposición adicional décima de la ley, sobre la figura del contrato laboral indefinido, vinculado al desarrollo de las actividades científico-técnicas para personal de investigación. Esta es la disposición que fue modificada como consecuencia de la aprobación de la enmienda 79, introducida por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado y que recibió el apoyo de los senadores de Vox, PNV, Junts, UPN y ERC (que había votado a favor de la misma disposición en el Congreso). 

A mi entender, debe matizarse la polémica, porque creo preciso reconocer que la enmienda no tiene sólo una motivación partidista, por mucho que hay que reconocer también que algunos partidos la han utilizado como una ocasión para castigar al gobierno. Pero hay argumentos para sostener las posiciones enfrentadas, que resumo a continuación.

Las críticas a esta disposición llegaron sobre todo desde la red SOMMa, de centros de excelencia de investigación y también por parte de la CRUE, al entender que la introducción de la figura del contrato laboral indefinido supone limitar la posibilidad de contratación en el caso de los proyectos competitivos europeos que, por sus características, no admiten la figura del contrato indefinido y optan así por un modelo que lleva a encadenar contratos temporales. He de decir que los representantes de esos centros mantuvieron reuniones con los grupos parlamentarios (yo mismo recibí a la presidenta y al vicepresidente de esa red, como presidente de la Comisión del Senado) y la CRUE envió a todos los grupos parlamentarios en el Senado un manifiesto con su posición contraria a la introducción de contrato indefinido. Matizaré, por cierto, que la presidenta de la red SOMMa se ha pronunciado pública e inequívocamente contra la precariedad laboral de los investigadores. En todo caso, los defensores de la enmienda sostienen que el modelo de contrato indefinido generalizado en los proyectos competitivos supondría una rigidificación del sistema, un modelo de funcionarización, inadecuado a las características de los proyectos competitivos de investigación y desde luego a los de fondos europeos.

Todo ello redundaría en costes inasumibles para los centros de investigación (y no digamos para las universidades, se subraya) y, por tanto, en una pérdida de competitividad en los proyectos, vector fundamental del avance científico especializado. La CRUE insiste en dos argumentos: el modelo de contrato indefinido llevaría a dobla el coste de indemnización, frente a los costes del contrato temporal y, además, el aumento de los despidos exigiría Expedientes de Regulación de Ocupación, que estarían condicionados a las decisiones del comité de empresa.

Específicamente, el senador Reniu, que intervino en nombre de ERC -por lo demás, un reconocido profesor e investigador en ciencia política- justificó su cambio de postura alegando que lo que pretende su partido es que el debate se centre en lo fundamental: la dotación de fondos estatales suficientes para financiar las líneas de investigación que sustentan los contratos de los científicos, algo que a su entender, no estaría suficientemente explícito en la ley. Nada de eso fue alegado por ERC en el Congreso, sin embargo.

Por su parte, el gobierno, los grupos parlamentarios que lo apoyan, el sindicato CCOO y asociaciones de investigadores jóvenes, han insistido en argumentos que, a mi juicio, tienen mayor peso. El asunto de fondo es que el sistema de ciencia no puede ser ajeno al modelo de reforma laboral aprobado por las Cortes generales, porque se trata de acabar con la generalizada condición de temporalidad que afecta sobre todo a científicos jóvenes, pero que, como consecuencia de la práctica de encadenar contratos temporales, les alcanza frecuentemente hasta los cuarenta años. La introducción del contrato indefinido, garantiza estabilidad en el puesto de trabajo y mejores condiciones laborales en los términos de indemnización por despido, o a la hora de recibir ayudas de guardería o de comida. El sindicato CCOO sostiene que la diferencia son ocho días de sueldo anuales en las indemnizaciones por despido. Con un contrato temporal, son 12 días por año trabajado. Con uno indefinido, serían 20. CCOO asegura que hay entre ochocientos y mil euros de diferencia por investigador entre uno y otro. “Cuesta creer que un incremento de menos de 1.000 euros por año en las indemnizaciones por despido en proyectos, típicamente, de más de 500.000, euros suponga un quebranto para ninguna institución”, sostienen. Por lo demás, si se mantuviera la enmienda aprobada en el Senado, se calcula que los contratos indefinidos alcanzarían al 30% de los investigadores (y personal técnico y de gestión), mientras que con el texto aprobado en el Congreso los contratos indefinidos alcanzarían el 70%. El texto de la ley tal y como llegó del Congreso no impide despedir a investigadores cuando la línea de investigación deja de tener financiación, pero penaliza esos despidos con una indemnización mayor. 

No es simple la disyuntiva. Pero a mi juicio, es difícil discutir la tesis de que la ciencia será mejor si las condiciones de trabajo son estables y dignas. Salvo que admitamos el razonamiento paleoliberal, a mi jjuicio, falaz, de que en aras del progreso debemos seguir aceptando recortes importantes de derechos, con discriminaciones que, además, cuentan con sesgo de género. A mi entender, esa no puede ser nuestra opción. Se trata de encontrar soluciones que, desde el imprescindible reconocimiento de la igual dignidad en derechos, garanticen el progreso científico y tecnológico. Creo que esta ley consigue una razonable conciliación de esas exigencias y espero que la enmienda sea rectificada en su nuevo paso por el Congreso.

PRESENTACIÓN EN EL PLENO DEL SENADO DEL PROYECTO DE LEY DE LA CIENCIA, LA INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA, 19 de julio de 2022

Señorías,

Este año 2022, como saben todos Vds., fue declarado oficialmente por el gobierno <año de investigación Ramón y Cajal>, en honor de quien recibiera el premio nobel en 1906. En 2022 se conmemora, en efecto, el 170 aniversario de su nacimiento en la localidad navarra de Petilla de Aragón y el centenario de su jubilación como profesor. Es un buen marco para debatir el proyecto de ley por el que se modifica la ley 14/2011 de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la innovación

Por acuerdo de la Comisión de Ciencia, innovación y Universidades, en su sesión celebrada el 14 de julio, me corresponde el honor de someter a la consideración del Pleno del Senado el dictamen sobre este proyecto de ley.

Creo que, en primer lugar, es de justicia agradecer su trabajo a todos los miembros de la Ponencia y de la Comisión, a los servicios de la Cámara y en particular al señor Letrado.

El Proyecto, que se tramita por el procedimiento de urgencia, tuvo su entrada en esta Cámara el día 1 de julio de 2022, fecha asimismo de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

El plazo de presentación de propuestas de veto y enmiendas terminó el día 7 de julio de 2022.

Las enmiendas presentadas fueron 141. Su distribución es la siguiente:

36 de los Senadores González-Robatto Perote y Marín Gascón y la Senadora Merelo Palomares del Grupo Parlamentario Mixto;

5 de los Senadores Muñoz Lagares y Sánchez López del Grupo Parlamentario Democrático (Ciudadanos, Agrupación de Electores “Teruel Existe” y Partido Regionalista de Cantabria);

31 de la Senadora Castellví Auví y del Senador Cleries i González del Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario;

1 del Senador Vidal Matas y 16 del Senador Gómez Perpinyà, ambos del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista Gomera);

8 del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV),

1 del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu (GPERB)

y 43 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El Gobierno, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 134.6 de la Constitución y 151 del Reglamento de esta Cámara, manifestó su disconformidad con la tramitación de las enmiendas números 1, 3, 5, 34, 35, 43, 44, 51, 78, 124, 127, 137, 139 y 140,.

La Ponencia ha estado integrada por los senadores D. Antonio Alarcó Hernández (GPP), D. Emilio Argüeso Torres (GPMX), D.ª Assumpció Castellví Auví (GPN), D.ª María Fernández Álvarez (GPS), D. José Latorre Ruiz (GPS), Dª. María Rosa Peral Díez (GPV), D.ª María Ponce Gallardo (GPD), D. Josep Maria Reniu Vilamala (GPERB), D. Juan José Sanz Vitorio (GPP), D. Vicenç Vidal Matas (GPIC) y D. Alejandro José Zubeldia Santoyo (GPS).

La Ponencia, tras reunirse el día 12 de julio de 2022, emitió su Informe, en el que acordó, por mayoría, no introducir enmiendas en el texto remitido por el Congreso de los Diputados. Asimismo, acordó, por unanimidad, en relación con diversos errores de índole técnica, terminológica y gramatical detectados en el referido texto, y a la vista de la nota del Letrado, efectuar las oportunas correcciones, que no tienen la naturaleza de enmiendas a los efectos de lo dispuesto en el artículo 90.2 de la Constitución.

La Comisión se reunió para dictaminar el día 14 de julio de 2022 y acordó aceptar como dictamen el texto propuesto por la Ponencia en su Informe, que no introduce modificaciones en el remitido por el Congreso de los Diputados.

A este Dictamen se han presentado 7 votos particulares:

De los Sres. González-Robatto Perote y Marín Gascón y de la Sra. Melero Palomares (GPMX), correspondiente a las enmiendas 88 a 123.

De los Sres. Sánchez López y Muñoz Lagares (GPD), correspondiente a las enmiendas 2 y 4.

De la Sra. Castellví Auví y del Sr. Cleries i Gonzàlez (GPN), correspondiente a las enmiendas 7 a 33 y 36.

Del Sr. Gómez Perpinyà (GPIC), correspondiente a las enmiendas 125, 126, 128 a 136, 138 y 141.

Del G. P. Vasco en el Senado (EAJ-PNV), correspondiente a las enmiendas 80 a 87.

Del G. P. Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu, correspondiente a la enmienda 6.

Del G. P. Popular en el Senado correspondiente a las enmiendas 37 a 42, 45 a 50, 52 a 77 y 79.

Señorías, he evocado el año Cajal. He aprovechado estos días para leer sus intervenciones en el Senado, en noviembre y diciembre de 1910. Les invito a hacerlo, porque son muy aleccionadoras y sus argumentos continúan interpelándonos hoy, por más que resulta indiscutible cuánto hemos avanzado en las reivindicaciones de Cajal para que la ciencia arraigara sólidamente en nuestro país. No creo que sea una anécdota aislada el hecho de que dos mujeres científicas españolas, la bioquímica IRENE MIGUEL ALIAGA y la inmunóloga CAROLA GARCÍA DE VINUESA, hayan sido reconocidas en este año -junto al neurobiólogo OSCAR MARÍN- como fellows de la Royal Society de Londres, donde unen sus nombres a los de algunos de los científicos más prestigiosos de la historia, como el propio Ramón y Cajal.

Confiemos en que nuestro debate contribuya a que esta Ley de la Ciencia ofrezca un nuevo y positivo impulso en la consolidación de la ciencia, esa ciencia que el mismo Ramón y Cajal, en bellísima definición, llamó “la poesía de la verdad”.

TOMÁS VIVES: UN JURISTA SABIO, UNA PERSONA EXTRAORDINARIA (obituario en El País, Comunidad Valenciana, 10 de julio de 2022)

Esta mañana de domingo de julio nos ha traído una triste noticia que nos sume en duelo, la muerte de Tomás Vives Antón. Desaparece así un gran jurista, pero también una figura pública de primer orden, por sus relevantes contribuciones a la cultura del Estado de Derecho, de la democracia, de las libertades.

Con toda seguridad, podremos leer en estos días homenajes de quienes le conocieron bien, en la Universidad, en la judicatura, en la política. Redacto estas líneas apresuradas desde la confianza de que otros escribirán mejor que yo sobre la personalidad y la obra científica y jurídica de Tomás, aunque no creo que con mayor admiración y afecto que yo.

En más de una ocasión, Tomás Vives evocó las palabras de Antonio Machado para que nuestro país dejara de ser “ese burgo sórdido” que decía el poeta y fuera posible asentar una democracia de calidad. Tomás luchó personalmente por ese ideal, desde los tiempos del franquismo en los que, como joven fiscal, colaboró en la formación de Justicia Democrática y siempre a través de su trabajo docente e investigador como catedrático de Derecho penal, así como desde la asunción de importantes responsabilidades públicas en el Consejo General del Poder Judicial primero, entre 1990y 1995 y luego en el Tribunal Constitucional (1995-2004), del que fue vicepresidente.

Además de la figura del maestro, entendido como experto que profundiza en una rama o incluso en un aspecto muy concreto del conocimiento y ayuda a los demás a avanzar en ello, creo que Tomás tiene otra dimensión, la del sabio, a quien su ansia de conocer, de aprender, de estudiar y debatir con otros, le lleva más allá de su especialidad y a quien acuden buscando su mejor criterio personas de todos los ámbitos.

Tomás Vives fue ante todo un penalista sin el que no se puede explicar la doctrina y la práctica penales de la España democrática. Sus manuales, monografías y artículos científicos han sido estudiados por millares de estudiantes, profesores y profesionales del Derecho. Por no hablar de sus clases, de sus intervenciones en seminarios y reuniones científicas. Creó en torno a él una numerosa escuela de brillantes profesores y su influencia entre los especialistas de Derecho penal es enorme. Pero dejó también una huella perdurable en el ámbito de la doctrina y la jurisprudencia constitucionales, con libros de la entidad de La libertad como pretexto (1995) y con ensayos como el más reciente “Reivindicación de la concepción kantiana del derecho y el delito: tras la libertad” (2019). Por supuesto, a través de su contribución a fallos constitucionales en los que supo subrayar el alcance fundamental de la libertad como bien superior de nuestro ordenamiento constitucional, ya sea en el ámbito del asociacionismo político, en el de la libertad de expresión y, desde luego, en el de los límites del recurso al brazo punitivo, por ejemplo, en sus tomas de posición sobre la doctrina Parot o sobre la ilegalización de partidos políticos. Su crítica al populismo punitivo fue clarividente. En las páginas de El País, en 2015, advertía contra la tendencia a seguir “los dictados irreflexivos de ciudadanos encolerizados…(porque) resulta electoralmente más rentable que defender los derechos básicos, que constituyen los cimientos de la democracia”.

Quienes conocían a Tomás sabían de su interés y dedicación a cuestiones de filosofía política y jurídica, y es algo de lo que puedo dar fe, pues asistí y alguna vez participé en sus debates y trabajos con su querido amigo Manuel Jiménez Redondo, a propósito de tal o cual aspecto de la obra de Habermas, o de Rawls, que conocía en profundidad desde una larga estancia de investigación en Frankfurt y más de una vez me dejó en apuros con sus genuinas preguntas sobre el fundamento filosófico -y las limitaciones jurídicas- que subyacían a alguna de las tesis de la Teoría de la justicia, o a la crítica de Habermas al liberalismo de Rawls.

Tomás recibió a lo largo de su carrera muchas y merecidas distinciones. Quiero recordar ahora dos de ellas: la Distinción de la Generalitat Valenciana por la defensa de los derechos y las libertades constitucionales (2019) y el Primer premio Ihering del Instituto de Derechos humanos de la Universitat de València, “por su excepcional trayectoria como jurista, que se ha distinguido por su contribución doctrinal a la defensa de los derechos y libertades fundamentales y por su trabajo profesional en los tribunales y en las más altas instituciones del Estado, en garantía de esos derechos”.

Todos los que le queremos y le admiramos, porque la admiración y cariño por Tomás son para siempre, nos unimos ahora en el mensaje de afecto y solidaridad a su compañera de vida -su esposa Cande-, a sus hijos Ana y Salvador, a sus nietos y a su familia y también a sus discípulos, compañeros y allegados.

AUTISMO, CON DIGNIDAD. UNA PROPUESTA (artículo de Javier Garcinuño y Javier de Lucas, Infolibre, 5 de julio de 2022)

El autismo es una realidad poco conocida, pero de la que hablamos con frecuencia y, con la misma frecuencia —según resulta fácilmente constatable—, se utiliza el término, coloquialmente, con una connotación despectiva o de reproche. De hecho, el Diccionario de la Real Academia Española, que reconoce los usos suficientemente asentados del lenguaje, su utilización por el pueblo, recoge una tercera acepción de la voz autista, de la manera siguiente: “Tercera acepción: Adjetivo. Dicho de una persona: Encerrada en su mundo, conscientemente alejada de la realidad”.

Sin embargo, la realidad científica y la experiencia social de las familias que conviven con personas afectadas por Trastornos de Espectro Autista (TEA), que se calcula son unos 70 millones en todo el mundo, es muy otra. Los TEA hacen referencia a un conjunto amplio de condiciones que afectan al neurodesarrollo y al funcionamiento cerebral, dando lugar a dificultades en la comunicación e interacción social, así como en la flexibilidad del pensamiento y de la conducta de la persona que lo presenta. Aunque bajo esa denominación se reúnen muy diversas manifestaciones, tienen en común que afectan a las habilidades para comunicarse y relacionarse con los demás. También se asocian a un patrón restringido y repetitivo de intereses, actividades y comportamientos, que inciden en la capacidad de la persona para anticiparse y adaptarse de manera flexible a las demandas del entorno. En algunos casos, se relacionan con la presencia de alteraciones en el procesamiento de la estimulación que proviene del entorno. Esto provoca que la persona pueda experimentar reacciones de hiper o hiposensibilidad hacia estímulos de las diferentes modalidades sensoriales (auditiva, visual, táctil, etc.).

Los TEA, a veces, están asociados a otros trastornos del neurodesarrollo, como la discapacidad intelectual o el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Pero en muchos casos no inciden en el funcionamiento intelectual global y así los afectados por TEA pueden tener un gran potencial cognitivo, aunque algunos de sus procesos psicológicos (como la cognición social, el lenguaje o las funciones ejecutivas) tengan un funcionamiento diferente e incidan en la manera en que la persona percibe, interpreta y se relaciona con el mundo que le rodea.

Lo que importa subrayar es que las personas afectadas por TEA tienen un riesgo muy elevado de sufrir procesos de rechazo, estigmatización y exclusión social, alimentados por la ignorancia y los prejuicios aún imperantes al respecto en buena parte de la opinión pública. Esto comporta no pocas limitaciones a su autonomía personal, al ejercicio de sus derechos, a su participación en la sociedad.

Afortunadamente, contamos con ejemplos de personas que no se resignan a la ignorancia y al prejuicio y luchan por eliminar esas barreras. Es el caso de Anabel Cornago, a la que bien se puede calificar como ejemplo de las <madres coraje> que se esfuerzan por conseguir una vida más plena y con total garantía de derechos a sus hijos afectados por el TEA. Anabel Cornago impulsó en la conocida plataforma change.org una campaña que en poco tiempo ha logrado reunir más de 70000 firmas, “Autismo con dignidad”, para conseguir que la Real Academia repare una injusticia que tiene su manifestación como tantas otras en el lenguaje, la que expresa la mencionada tercera acepción del diccionario. No se trata de una manifestación más de lo “políticamente correcto”, ni tampoco supone considerar que basta con no utilizar una palabra o expresión para que el problema desaparezca. No es un ejemplo de “cultura de cancelación”. El lenguaje —y lo sabemos muy bien los juristas, y también los parlamentarios, porque nuestra herramienta son las palabras— tiene esa función de configuración de la realidad social. Esta es, por tanto, una exigencia de dignidad, para devolver a esas personas su condición de agentes de pleno derecho de nuestra sociedad y promover, pues, una imagen que les devuelva sus esperanzas de autonomía y un reconocimiento al esfuerzo que han de asumir.

El senador socialista por Cáceres Javier Garcinuño, miembro de la Comisión del Senado para políticas integrales de discapacidad, mantuvo varias conversaciones con la señora Cornago y con otros representantes de familias de afectados por TEA y decidió promover una moción para que el Senado hiciera suya esa campaña, iniciativa que recibió el apoyo de la dirección del grupo parlamentario socialista. Preciso es consignar la importancia que tuvo para la tramitación de esta moción que el director de la Real Academia Española de la lengua, el profesor Santiago Muñoz Machado, recibiera a los dos firmantes de estas líneas, el propio senador Garcinuño y el senador De Lucas. Tras conversar con él sobre la tarea de la Academia en relación con el diccionario y sobre las posibilidades de acoger una moción sobre la mencionada tercera acepción, quedó claro para nosotros que lo más conveniente era promover la inclusión de una “marca” en esa tercera acepción, que dejase claro que ese uso es peyorativo, despectivo.

A juicio de los senadores firmantes de la moción, lo importante, en efecto, es contribuir a romper el estigma que pesa sobre las personas que padecen TEA y las consecuencias negativas para su reconocimiento y sus derechos. Somos conscientes de que eso no basta y que es necesario promover otras acciones por parte de los poderes públicos, significativamente en el ámbito de la educación y en el de los servicios sociales, por ejemplo, que contribuyan a rescatar esa dignidad. También en el ámbito de la comunicación, en el que existen ya algunas guías de estilo.

Ese fue el espíritu con el que el que el senador Garcinuño, como ponente, negoció con todos los grupos parlamentarios en la Comisión y defendió una versión transaccional que fue aprobada por unanimidad, reflejando así el sentir de la Cámara a favor de ese rescate de dignidad. Se trata de abrir camino y ayudar a las personas: algo que, a juicio de todos, da el mejor sentido a la actividad parlamentaria

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Javier Garcinuño es senador socialista por Cáceres

Javier de Lucas es senador socialista por ValenciaMÁS SOBRE ESTE TEMA

MELILLA, DESPUÉS DE LA DESOLACIÓN (versión ampliada del artículo publicado en Levante-EMV, 3 de julio de 2022)

Las brutales imágenes de violencia en la frontera de Melilla, que conocimos el viernes 24 de junio gracias a los videos difundidos por la sección de Nador de la principal asociación marroquí de defensa de derechos humanos, AMDH (pueden verse en su cuenta de twitter, @NadorAmdh), dejan sin aliento. Por violentos que fueran una parte de los centenares de inmigrantes que intentaron el salto (hay testimonios de que un buen grupo de ellos llevaba palos y piedras), nada puede justificar el uso absolutamente desproporcionado de la fuerza, el evidente maltrato y aun crueldad que protagonizó la gendarmería marroquí durante el enfrentamiento y, sobre todo, las faltas de respeto a la más elemental dignidad humana que se sucedieron después, con personas agonizantes, amontonadas unas sobre otras, sin la menor asistencia.

La condena internacional y la exigencia de investigación para evitar la impunidad

Pocos días después de los hechos, se ha producido un clamor internacional para que se lleve a cabo una investigación independiente, que impida que todo quede impune. Para esclarecer, por ejemplo, si la policía marroquí intervino en suelo español para practicar «devoluciones e caliente» -algo que no le corresponde en ningún caso y que supondría una groera violación del procedimiento legal vigente en España, incluso después de la convalidación parcial de es práctica por el TEDH. parcial: así lo ha recordado el TS español. Y aunque el ministro del interior lo ha negado en el Congreso, hay videos que confirman que así sucedió (https://www.publico.es/politica/gendarmes-marroquies-suelo-espanol-pruebas-marlaska-niega.html)

Esa investigación internacional ha sido exigida, por ejemplo, por las dos agencias especializadas de la ONU, ACNUR y OIM (https://www.europapress.es/internacional/noticia-acnur-oim-lamentan-muertes-frontera-melilla-20220625200645.html), y por el más importante organismo específico de la ONU, el Comité sobre derechos de los trabajadores migrantes, (https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/06/un-committee-urges-prompt-investigation-deaths-migrants-moroccan-spanish). Muy contundente ha sido el portavoz del Secretario General de la ONU, Stéphane Dujarric, que aseguró que tanto Marruecos como España hicieron un uso “excesivo” de la fuerza, exigió una investigación y recordó las obligaciones de todos los Estados de respetar los derechos de los inmigrantes; también en las fronteras. Posteriormente, el propio Secretario General insistió en los tres aspectos (https://www.infolibre.es/politica/marruecos-melilla-reacciones-internacionales_1_1270543.html).

También se han pronunciado en ese sentido organizaciones internacionales, como la Comisión de la Unión Africana, cuyo presidente, Moussa Faki Mahamat, ha recordado ”las obligaciones de todos los países bajo el derecho internacional de tratar a todos los migrantes con dignidad y priorizar su seguridad y derechos humanos, mientras se abstienen del uso de fuerza excesiva” (https://au.int/en/pressreleases/20220626/chairperson-expresses-shock-violent-treatment-african-migrants).

Por lo que se refiere a nuestro país, el Defensor del Pueblo de España ha iniciado un expediente, tras la denuncia de varias ONGs (https://www.eldiario.es/politica/ultima-hora-actualidad-politica_6_9120521_1091810.html), y la fiscalía de Sala de extranjería requirió a la Fiscal General del Estado (FGE) para que se abrieran diligencias de investigación. El martes 28, la FGE dictó el decreto que la ha puesto en marcha https://elpais.com/espana/2022-06-28/la-fiscalia-investigara-la-muerte-de-los-migrantes-que-intentaron-saltar-la-valla-de-melilla.html).

Sin embargo, creo que la tesis oficial d la UE y también de nuestro gobierno, es la que ha enunciado el comisario europeo de inmigración, el griego Magaritis Schinas, en una reciente entrevista: Marruecos es posiblemente el policía malo y se puede reconocer que en el salto a Melilla hizo u uso desproporcionado de la fuerza, sí. Pero para la Unión Europea es el policía necesario y hay que mostrar nuestra comprensión hacia él (https://www.lavanguardia.com/internacional/20220703/8382240/hubo-excesivo-fuerza-melilla.html)

Lamento ese doble lenguaje.Lo lamento porque estoy firmemente convencido del compromiso programático de mi partido, el PSOE, con la defensa de los derechos humanos. Por eso, lamento profundamente el silencio de una parte de los responsables de políticas migratorias de mi partido respecto a las violaciones de derechos cometidas en la frontera de Melilla: ¿con qué argumentos van a seguir sosteniendo que defienden los derechos humanos después de cerrar la boca ante esta barbarie?

Después de lo ocurrido en Melilla: ¿qué hacer?

Antes de ninguna otra consideración, recordaré que semejante brutalidad por parte de la gendarmería marroquí y de elementos paramilitares, no constituye nada nuevo, ni inesperado. Lo cierto es que hay datos que parecen confirmar que la policía marroquí había preparado las condiciones para una actuación de represión masiva de los inmigrantes que se encontraban en el Gurugú. Como parece también evidente que se ha incrementado exponencialmente el número de sudaneses y eritreos que, ante la situación en Libia, se desvían hacia Marruecos: un número importante de las víctimas tienen ese origen. Se trata, por cierto, personas susceptibles de necesitar protección internacional. Desgraciadamente, es más que probable que se vuelva a repetir algo así, porque es pauta habitual por parte de la gendarmería marroquí. Pese a todo, cualquiera que conozca mínimamente la situación en la que se encuentra una parte de la juventud en amplias regiones del continente africano (https://qz.com/africa/2179954/world-refugee-day-why-africas-youth-want-to-emigrate-to-europe-and-us/), sabe que los intentos de llegar a lo que, pese a todas las crisis, sigue siendo una región privilegiada, Europa, no van a cesar. Por altas que sean las vallas. Por trágicos que sean lo viajes en los que se pierden años, derechos, incluso la vida. Por muchos palos y balas con los que se afronte sus intentos de saltar.

Pero no es esto lo que más me interesa destacar aquí. Escribo estas líneas, a invitación del diario Levante-EMV, para tratar de apuntar cuál debería ser nuestra respuesta, más allá de la desolación y de la indignación. Más allá, claro, de la elemental solidaridad y empatía con las víctimas y sus familias, que echamos en falta en la primera reacción del presidente y del gobierno, que se mostraron demasiado complacientes con Marruecos (“bien resuelto”, fue una afirmación muy desafortunada), aunque luego el presidente del gobierno y la portavoz han reiterado expresamente las condolencias a las víctimas y sus familias. Pero es mucho peor la actitud del gobierno marroquí: jamás ha existido por parte de las autoridades marroquíes el más mínimo gesto hacia los inmigrantes que han fallecido o sufrido graves heridas. Y es que Mohamed VI y su corte practican impenitentemente un feroz racismo hacia los inmigrantes negros llegados del sur de sus fronteras, a los que consideran infrapersonas, un status muy por debajo del de súbditos, el que tiene la mayor parte de la población del reino alauita. En las pérdidas de vida y violaciones de derechos las mafias tienen una gran responsabilidad, sí. Pero, insisto, es enorme la de las autoridades marroquíes. Y la respuesta debida, ante todo, es esclarecer los hechos y determinar con claridad las responsabilidades y su castigo. También del lado español, pues hay evidencia de que la policía marroquí entró en territorio español para volver a llevar a algunos de los inmigratnes a territorio marroquí.

Si más allá de caso concreto nos preguntamos qué hacer, cómo asegurar una respuesta legítima, adecuada y eficaz a la gestión de los movimientos migratorios, a mi juicio y en opinión de muchos de nosotros, las condiciones básicas de esa respuesta son bastante sencillas.

Empecemos por saber lo que no hay que hacer. Para mí, después de 40 años de experiencia, está claro que lo primero es dejar de insistir en los errores de una política migratoria que reiteran inútilmente tanto sufrimiento, tanto dolor y que no han disuadido ni disuadirán a los millones de personas que, si quieren una expectativa más digna de vida, no tienen otra elección que emprender esa dificilísima aventura. Siguiendo al filósofo camerunés Mbembé, he calificado muchas veces ese modelo de política migratoria como necropolítica. Necropolítica, sí, porque en lugar del imperativo básico de respeto a la vida y dignidad humanas, las vidas de los inmigrantes parecen sólo cifras de una perversa contabilidad que sólo entiende de la hoja de resultados, medida en términos de beneficio económico por quienes creen que los migrantes solo son -y así deben ser tratados- fuerza de trabajo. Ese imperativo unilateral de beneficio y una tan solemne como retórica “defensa de la integridad del territorio y de la soberanía del Estado español”, hacen de las fronteras lugares sin derechos, ajenos a la igualdad en el imperio de la ley. Lean las recomendaciones 76 a 82 del Informe “Violaciones de los derechos humanos en las fronteras internacionales: tendencias, prevención y rendición de cuentas” (https://www.ohchr.org/es/documents/thematic-reports/ahrc5031-human-rights-violations-international-borders-trends-prevention), presentado hace una semana ante la Asamblea General de la ONU por el relator especial de derechos de los inmigrantes y que denuncia prácticas que no respetan los Principios y Recomendaciones sobre los derechos humanos en las fronteras internacionales, propuestos a Naciones Unidas por el Secretario General, en 2014 (https://acnudh.org/principios-y-directrices-recomendados-sobre-los-derechos-humanos-en-las-fronteras-internacionales/). No son tan difíciles de conocer. Pero sí muy fáciles de burlar, a la vista de la experiencia.

Hay que superar una política migratoria cuyo emblema y único objetivo parece la obsesión de control policial, que lleva a levantar vallas más altas, apalear y expulsar a personas, y externalizar lo peor de la represión a regímenes autocráticos, dispuestos a hacer el papel de policía malo, que se salta cualquier límite de respeto a los derechos humanos y al Estado de Derecho, en una complicidad que no es cooperación, sino que se parece demasiado al chantaje y quizá la corrupción.). Hay mafias, sí, pero hace muchos años ya que sabemos que no son sólo de tráfico y explotación: también las que se benefician de la floreciente industria del control de fronteras. Así lo mostraron a finales de los 2000, las investigaciones de Claire Rodier y de Migreurop, a las que siguieron por ejemplo las de Akkerman en 2019 para el Transnational Institute y otros proyectos (por ej., https://thecorrespondent.com/10221/security-for-sale-the-price-we-pay-to-protect-europeans/497732037-a3c8cc9e). Lo que es peor, eso incluye por desgracia a Frontex, como hemos visto recientemente.

Además, no se puede dejar de señalar a quienes hacen negocio de su estratégica posición geográfica: Marruecos es el arquetipo de hacer negocio con la “esclavitud de la geografía”. Pero ante eso, que es chantaje, la respuesta no puede consistir en ceder resignadamente, sino en negociar, desde la firme exigencia de una contrapartida que debe implicar el respeto de derechos. Y la experiencia muestra que no es eso lo que cabe esperar de los monarcas alauíes, que practican impunemente con nuestro país lo que se da en llamar la estrategia del salchichón.

Vayamos a la parte propositiva. Habida cuenta de las características de este artículo, me limitaré a señalar tres tipos de iniciativas, bien conocidas.

La primera, remite a la reiterada reclamación de crear vías legales, seguras y regulares para que los inmigrantes puedan llegar e instalarse sin riesgo de sus vidas, para trabajar legalmente, regresar a sus países y en su caso, volver a trabajar aquí, sin tener que pasar a lo largo de todas esas etapas por la clandestinidad. Porque la clandestinidad, el tráfico y la explotación, que son el negocio de las mafias, existen por dos razones. Porque hay empleadores en nuestro país a quien interesa el dumping social que supone disponer de esa mercancía, de esa mano de obra vulnerable, dispuesta a renunciar a sus derechos, y porque no hay vías legales y seguras para llegar y, por tanto, los inmigrantes tienen que acudir a las rutas que controlan las mafias.

La segunda, consiste en construir una política europea de asociación con los países de origen, pero no tanto para asegurar la obsesión del control, sino sobre todo para incidir en las causas de esos movimientos migratorios forzados, que seguirán existiendo y se van a incrementar si no actuamos. Esos desplazamientos masivos no se podrán regular mientras continúe la inmensa brecha de desigualdad en desarrollo humano, derechos humanos y democracia. Por tanto, iniciativas de asociación para la promoción en esos países de esos tres indicadores.

Y una tercera propuesta: poner en marcha medidas para otra política de acogida y, sobre todo, de inclusión, empezando por el acceso al mercado laboral en condiciones de igualdad de derechos. Hay que desarrollar actuaciones como las que con mucho acierto, a mi juicio, ha puesto en marcha, por primera vez en nuestro país el ministerio de inclusión y migraciones, mediante reformas del reglamento de extranjería como las que permiten la incorporación a la seguridad social y al mercado de trabajo de miles de jóvenes que, así, no serán la amenaza que pretenden los carteles de Vox, sino que se convertirán en parte de la mejor esperanza para nuestro país.

EUROPA, ANTE UNA APUESTA DECISIVA: LA CUMBRE DE LA OTAN EN MADRID (Versión ampliada de artículo publicado en Infolibre 27 de junio de 2022)

  1. Una mirada sobre Europa, occidente y el atlantismo

La OTAN va a renovar su “concepto estratégico”, en la cumbre de Madrid, como lo hace cada diez años, aunque se trate de un período excesivamente largo, ante la aceleración histórica que vivimos. Para entender lo que se pone en juego en esta cumbre, desde el punto de vista de los principales actores, sugiero leer con atención el análisis que propone el general Dacoba, director del Instituto Español de Estudios Estratégicos (https://www.vozpopuli.com/espana/general-dacoba-otan-reconocera-madrid-dos-amenazas-rusia-terrorismo.html?utm_source=Newsletter+VP&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=newslettervp_datos).

La reunión de Madrid viene marcada por la precipitación de los acontecimientos en estos últimos cuatro meses, tras la invasión de Ucrania por la Federación Rusa, es decir, los objetivos de la cubre están marcados en no poca medida por la agenda de Putin quien, incluso malgré soi, ha “resucitado” a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, devenida en destino indiscutible de los europeos. Hoy, para nosotros los europeos, estar en OTAN recuerda lo que en aquellos viejos juegos infantiles se llamaba “tocar madre”, un trasunto de la protección que otorga el lugar sagrado.

Lo que me parece más interesante debatir es que, en no pocos think tanks, analistas y claro, entre los inevitables tertulianos convertidos hoy en gurus de la geopolítica, parece abrirse paso un proceso de reconceptualización no exento -a mi juicio- de riesgos: se daría por inexorable la identidad entre la <visión atlántica> y la pertenencia de los europeos a un occidente cuyos valores estarían en serio peligro y debemos defender. Esta es una concepción que, a mi entender, comporta el riesgo de situar a los europeos no sólo -o no tanto- como socios activos de una alianza defensiva necesaria, sino también al servicio de un bloque, o, para decirlo más claro, bajo el primado de los intereses geoestratégicos norteamericanos.

Trataré de dejar claro mi punto de vista: no discuto lo que llamaré punto de vista realista. Admito que, hoy día, sólo la OTAN garantiza eficazmente a los europeos nuestra defensa, por mucho que nos entretengamos con nuestra “brújula estratégica”. Una defensa, reitero, que es presentada en términos de garantía de los valores de occidente, de nuestro modelo de vida, ese modo de vida europeo para cuya salvaguarda la presidenta von der Leyen quiso crear una comisaría específica. O, con mayor justificación, la salvaguarda de democracia liberal frente a los autoritarismos y los populismos autoritarios que, además, impugnan los principios del orden internacional, como evidencia la China de Xi Ping.

Es lógico que, ante la reaparición de la visión del “enemigo a las puertas”, todos hayamos vuelto los ojos al primo de zumosol: por obra y gracia de Putin hemos modificado los presupuestos de defensa (el epítome, Alemania), acercándonos a lo que venían demandando todos los presidentes norteamericanos (de Bush y Obama, a Trump y, ahora, Biden), o incluso hemos abandonado el status de neutralidad (Suecia, Finlandia). Porque parece evidente que la UE, pese al elevadísimo monto del gasto en defensa de sus Estados miembros (mucho mayor en su conjunto que el de la Federación rusa), no tiene capacidad propia de defensa. Es decir, no sólo estamos jurídicamente vinculados a las exigencias que derivan de esa pertenencia y, por tanto, tenemos deberes que cumplir; es que la necesitamos para garantizar nuestra seguridad. Ahora bien, lo que hay que discutir es el precio.

Cuando propongo discutir el precio, no hablo sólo, ni sobre todo -con ser importante-, del presupuesto de defensa. Porque, mal que nos pese, si aceptamos lo uno -la OTAN como garantía eficaz de nuestra defensa- no sé cómo podemos oponernos a lo otro: el incremento del presupuesto en defensa, en aras de una proporcional distribución de la financiación del Pacto del que somos socios y que nos da esa garantía. Dicho sea de paso, la “cultura de defensa” sigue siendo una asignatura pendiente en nuestra opinión pública. Cuando hablo de precio me refiero sobre todo a lo que tenemos que admitir y aquello a lo que tenemos que renunciar, como consecuencia de ese amargo descubrimiento de que no podemos no depender de la OTAN. Más concretamente, ¿son algunas de esas exigencias realmente conciliables con el proyecto europeo? Ese recuperado atlantismo, ¿garantiza de verdad lo que es propio del modelo europeo?

Eso nos lleva a un debate nada sencillo, porque más allá de lo que sin duda es el núcleo de nuestro modelo, el europeo, que radica en la defensa del estado de Derecho, la garantía de los derechos humanos, las instituciones de la democracia liberal y el estado social europeo, la <dependencia atlántica> parecería jugar a favor de la concepción de un orden global (el que tiene como condición la hegemonía de los EEUU), vinculado a otro tipo de liberalismo, más próximo a un<desorden de mercado> profundamente desigualitario, depredador. Ese deslizamiento de lo europeo hacia lo atlántico, a mi juicio, cambia a su vez la vieja (e impropia) relación entre lo europeo y lo occidental.

Por no añadir que ese concepto, el de <occidente>,  se sostiene mal hoy: es confuso, si no engañoso, como ha mostrado el profesor Castells en un certero y reciente artículo (https://www.lavanguardia.com/opinion/20220618/8348638/occidente.html), que concluía con un argumento, a mi juicio, imprescindible: “Lo que no tiene sentido en un mundo de redes es volver a levantar las murallas de un Occidente cuya acción civilizadora es en buena parte una mistificación ideológica”. En el mismo sentido, me parece que apunta una reflexión de Boaventura Santos titulada “La contracción de occidente” (https://www.other-news.info/noticias/la-contraccion-de-occidente/). Pese a esa inadecuación, pese a esas objeciones, creo que cabe sostener que tal identificación es lo que los Estados miembros de la OTAN entienden como el núcleo del modelo de defensa que propone el Tratado de la OTAN y también el núcleo de sus diferentes conceptos estratégicos.

Hablemos, pues, del coste de lo que la OTAN pretende establecer en la cumbre de Madrid: el punto de partida es un escenario en el que se considera verosímil una guerra de alcance global. Conviene, por ejemplo, leer la entrevista ofrecida por el Secretario General Stoltenberg (https://elpais.com/internacional/2022-06-25/jens-stoltenberg-lider-de-la-otan-dar-la-paz-por-descontada-en-europa-puede-terminar-en-una-guerra.html?sma=newsletter_alerta20220625). Y a esos efectos, se trata de redefinir la estrategia de la Alianza, impulsar la inversión en defensa de los Estados miembros, conseguir una financiación conjunta y más equilibrada. Sin poner límites claros a la admisión de nuevos miembros, aunque sea con el coste de crear un muro defensivo en las propias fronteras de la Federación rusa, redefinida como la nueva amenaza común, mientras que China es sólo un “desafío geoestratégico y sistémico más a largo plazo”. En resumidas cuentas, este reposicionamiento de la OTAN, se ha dicho, supondrá el mayor despliegue militar desde los tiempos de la guerra fría.

A mi entender, al de algunos de nosotros, ese proceso de reidentificación de la OTAN como guardián de occidente, propiciado por la guerra de Putin en Ucrania, comporta riesgos serios para el proyecto europeo, entendido en términos de autonomía política, económica, energética, estratégica. Un proyecto que consiste en definir un papel común y propio para Europa, desde su diversidad: un papel específico (aunque sea menor) de Europa en el mundo, algo a lo que nuestros dirigentes en Bruselas, urgidos por la distorsión de los acontecimientos que ha supuesto la agresión de Putin, parecerían haber renunciado, pese a los más o menos patéticos intentos de Macron de mantener el maquillaje de la grandeur francesa, ayudado por el perfil bastante plano del canciller Scholz, muy lejos del protagonismo internacional de Merkel.

Hoy, se nos dice, debemos aceptar sacrificios en aras de la defensa de nuestros principios europeos. Sacrificios que los europeos y sobre todo los más pobres, viven con creciente dificultad (resumámoslos en el concepto inflación). En ese sentido, creo, hay que entender las advertencias insistentes del Alto Representante Borrell, que insta a los europeos a aprender el lenguaje del poder y, sobre todo, a lo que él mismo denomina la necesidad de “despertar geopolíticamente” de los europeos (https://legrandcontinent.eu/es/2022/03/24/europa-en-el-interregno-nuestro-despertar-geopolitico-tras-ucrania). Lo que ha cambiado en estos últimos cuatro meses es que la lógica de esos sacrificios no la dicta sólo la UE, sino también la OTAN: los europeos somos ahora más “atlánticos” incluso, que “occidentales”. Y esa perspectiva reductivamente atlantista supondría, por desgracia, un serio riesgo de abandono de una concepción multilateral y cooperativa en las relaciones internacionales, la que soñamos que se abría paso con la caída del muro. La que sería más coherente con un proyecto de autonomía europea, como agente de soft power en las relaciones internacionales. No hablo de concepciones ingenuamente irenistas, de un pacifismo propio de otros contextos. Pero tampoco hay que aceptar, sin más que el motor de la política exterior europea deba consistir, por obra y gracia de Putin, en rearmarse hasta los dientes. Una nueva política de defensa es imprescindible y la OTAN es pieza clave, sí. Pero no al precio de abandonar un elemento clave del proyecto europeo: la apuesta por la diplomacia multilateral, por los espacios de cooperación y negociación.

2. Sobre el concepto estratégico de Madrid y la relevancia del <flanco sur>: África como caja de pandora para el “occidente atlántico”.

Pues bien, entre los elementos de ese nuevo concepto estratégico que nacería de la cumbre de la OTAN en Madrid, se encontraría algo que, no siendo en rigor un elemento novedoso, sí que pasaría a ganar relevancia: la inclusión como prioridad estratégica para la OTAN de las soi-dissants “amenazas del flanco sur”. Una inclusión que ha sido presentada incluso como un éxito diplomático de la Europa del Sur (de España, concretamente).

Por supuesto que no faltan razones para la preocupación por esos riesgos y amenazas desde el “flanco sur”, un eufemismo para referirse a la preocupación por la evolución del equilibrio del “escenario africano” en lo que a algunos les sigue gustando denominar “gran tablero”. Tal preocupación responde a indiscutibles factores estructurales y también a algunos cambios relevantes en el equilibrio de influencias en el continente africano, por la creciente presencia de China, por la desestabilización producida por agentes mercenarios al servicio de  Putin (la compañía Wagner), unidos al incremento del riesgo terrorista representado por  las franquicias de AlQaeda, cuya capacidad desestabilizadora en Nigeria, Mali y parte del Sahel, lejos de reducirse, se ha multiplicado, sobre todo tras el abandono por parte de Francia de sus misiones en la zona (https://www.lavanguardia.com/internacional/20210710/7590472/sahel-francia-retirada-repliegue-macron-hollande-barjan-yihadismo-qaeda-islamismo-radical-takuba.html), ratificada por la decisión de Macron, el 17 de febrero de 2022, de abandonar la operación Barkhane, esto es, la presencia en Mali, tras la ruptura de relaciones con su Junta militar y, sobre todo, para evitar lo que para algunos corría el riesgo de convertirse en el “Afganistán francés” (https://www.realinstitutoelcano.org/comentarios/la-inalcanzable-mision-antiterrorista-de-francia-en-el-sahel/#:~:text=El%2017%20de%20febrero%20de,francesas%20y%20europeas%20de%20Mali.).

A todo ello, se une la preocupación por uno de los peores efectos de la estrategia de guerra seguida por Putin, el bloqueo de las exportaciones de grano desde Ucrania, vitales en todo el mundo y, desde luego, en un buen número de países africanos, lo que puede desencadenar una “hambruna catastrófica”, que impulsará desplazamientos forzados de población. Lo recordaba Ramón Lobo en un análisis reciente (https://www.levante-emv.com/internacional/2022/06/25/tormenta-perfecta-acecha-africa-67654333.html): las consecuencias de la guerra -el bloqueo de los puertos, el alza de los precios, que se han incrementado en estos 4 meses más del 30%- golpean las exportaciones de girasol, cebada, maíz y trigo de las que África es muy dependiente, porque un 40% del trigo que se consume en ese continente (y de forma particularmente agravada, en regiones ya devastadas, como la del<cuerno de Africa>) es ruso y el 10% ucranio. Y hasta 14 países de renta baja o media-baja en esa región, con altos niveles ya de hambre y deuda, importan más del 50% de su trigo de Ucrania y Rusia, porcentaje que se eleva al 100% en Eritrea, el 92% en Somalia y más del 50% en Yemen.

Todo ello acelerará procesos sobre los que vienen insitiendo diferentes agencias de las Naciones Unidas (ACNUR, FAO, OMS) y no pocas ONGs, esto es, un incremento exponencial de desplazamientos masivos de población que serán la principal manifestación de movilidad humana en menos de 15 años, los que, a falta de otra etiqueta, denominamos “desplazados climáticos”.

Estos desplazamientos forzados y masivos se producirán, en primera instancia, en el eje sur-sur, y sus efectos desestabilizadores sobre países con escasa capacidad de acogida, no se deberían ignorar. Baste pensar en los datos que ofrece la FAO sobre la situación casi endémica de “gran hambruna” en regiones del Sahel y del Cuerno de Africa.  Cifras como ésta: cada día, en esta región del cuerno de Africa, mueren de hambre 1800 seres humanos. Y más de 18 millones de personas padecerán hambre severa en los próximos meses. Cuatro ONGs, Acción contra el Hambre, Save the Children, Unicef y Oxfam Intermon, han elaborado un manifiesto en el que reclaman una intervención específica e inmediata: ante el riesgo de lo que consideran una crisis alimentaria sin precedentes, una gran hambruna que puede matar de hambre a 49 millones de personas en los próximos meses y, de manera inmediata, a 14 millones de niños de menos de 5 años este mismo verano (https://www.lavanguardia.com/vida/20220626/8366491/agenda-otan-africa.html).

Sucede que, además del desigual impacto de la guerra en Ucrania sobre países terceros, los efectos del proceso del cambio climático y de la pandemia también se reparten de modo desigual. En Europa, incluso en España, no hemos dejado de hablar del episodio de calor adelantado al fin de esta primavera. Pero hay que leer el índice de riesgo climático elaborado por Germanwatch sobre el año 2021 (https://germanwatch.org/sites/default/files/Resumen%20Indice%20de%20Riesgo%20Clim%C3%A1tico%20Global%202021.pdf), para darse cuenta de cómo el cambio climático golpea sobre todo a las regiones más pobres. Y para advertir la envergadura de los desplazamientos masivos que va a producir.

Pero los líderes europeos no se centran en remediar las causas de esa situación, sino en los temores que despierta lo que consideran “segunda fase” de los desplazamientos masivos: esto es, su posible reorientación hacia nuestro continente (https://elpais.com/internacional/2022-06-22/bruselas-teme-que-la-guerra-de-putin-provoque-oleadas-migratorias-hacia-la-ue-desde-el-norte-de-africa.html?sma=newsletter_alerta20220622). Reaparece así un escenario que en rigor no es nuevo, sino que se ha manejado como una constante en la narrativa tóxica que, a mi juicio, sostiene la estigmatización de los movimientos migratorios y subyace a buen parte de nuestras políticas migratorias y de asilo. Hablo del temor a lo que en su día se llamó (así lo hizo el líder del movimiento de los países no alineados, el presidente Jomo Kenyata) “la bomba de los pobres”, esto es, un uso deliberado de los flujos migratorios en términos de amenaza de presión demográfica sobre el continente europeo, dando pábulo a los fantasmas de aquellos que en Europa hablan de grandes contingentes migratorios a nuestras puertas, dispuestos a lo que asemejan a una “invasión”, cuando no -incluso-, a la tesis conspiranoica del “gran reemplazo”. Nada nuevo, insisto: por no referirnos más que a referencias contemporáneas, baste mencionar el conocido libro de Paul Ehrlich, The Population Bomb (1968) o las tesis de Robert Kaplan, por ejemplo, en libros como The Revenge of Geography (2013). En realidad, este uso estratégico de lso movimientos migratorios ha de ponerse en relación con el punto de inflexión en los flujos migratorios en los años 50 del siglo XX, con los procesos de descolonización, que marcan movimientos migratorios masivos desde el sur no desarrollado, hacia el norte rico, con especial incidencia en las antiguas metrópolis (Francia, Reino Unido y, en menor medida, Bélgica y Países Bajos). El caso de los flujos desde Latinoamérica a los EEUU es diferente, claro y se relaciona estrechamente con la profunda desigualdad estructural.

Es verdad que el uso estratégico de grandes desplazamientos migratorios como elemento de presión puede vincularse también a la noción de “guerras híbridas”, como ejemplificaron Lukashenko y Putin al utilizar la presión de desplazados sobre la frontera oriental de la UE (y de la OTAN). Pero ya antes Erdogan había hecho lo propio con los movimientos de desplazados sirios desde la península de Anatolia hacia las islas griegas del egeo y hacia los Balcanes. Por no hablar del recurso del que han echado mano una y otra vez los diferentes autócratas del Magreb para presionar, por ejemplo, sobre las fronteras españolas: de la marcha verde frente al Sáhara español aprovechando la enfermedad de Franco, a la más reciente utilización de miles de niños, adolescentes y jóvenes en las fronteras de Ceuta y Melilla. Pero, de otro lado, como señala el director general de Oxfam Intermón, Franc Cortada, quizá habría que reparar en el enfoque que subraya que, más que tragedias naturales, nos encontramos ante una estrategia que consiste en utilizar el hambre como instrumento de guerra: “No estamos ante una crisis de escasez de alimentos; nos encontramos con que se usa, descaradamente, el hambre como arma de guerra. Permitir que millones de personas mueran en el mundo por hambre, así como dejar que las grandes empresas encuentren oportunidades para beneficiarse de esta catástrofe, no es otra cosa que un gran fracaso político”.

3. La gestión de la movilidad humana: de nuevo, el riesgo de que los derechos sean postergados por la geopolítica.

Lo que me interesa plantear aquí subrayar, para finalizar, es que, bajo esa concepción estratégica del riesgo del “flanco sur”, se puede producir una consecuencia que, por desgracia, no constituye ninguna novedad. Me refiero a la contaminación de las políticas migratorias y de asilo.

Digo que no es nuevo, porque el problema fundamental de nuestras políticas migratorias y de asilo, como venimos insistiendo algunos de nosotros desde hace bastantes años, es el modelo de gobernanza unilateral de las migraciones que constituye su parti pris: nuestra insistencia en dominar esos movimientos en nuestro beneficio, sin negociar ni tener en cuenta los intereses de las personas y de los países que forman parte de la secuencia migratoria, de las sociedades civiles en origen, y en tránsito, ni de los propios migrantes como agentes, como protagonistas de esos procesos de movilidad, que contra el argumento reiterado por el neoliberalismo, no puede explicarse sólo no principalmente como muestra de la “libre circulación de trabajadores” por la que supuestamente apuesta el mercado, sino que son en buena medida -también para los inmigrantes, no sólo para refugiados- procesos forzados, no deseados.

De ese prejuicio, de esa pretensión de dominio unilateral de los flujos y de los procesos de instalación, de asentamiento de los migrantes, nacen dos errores de nuestra mirada sobre las migraciones y de nuestro modelo de políticas migratorias, que hay que seguir denunciando.

El primero, tiene mucho que ver con la miopía -el prejuicio- de seguir conceptualizando a los inmigrantes exclusivamente como fuerza de trabajo (en el fondo, el mismo del esclavismo), ignorando  que las migraciones son hechos y procesos sociales de dimensión global y holista, que responden, a las relaciones sociales propias del (des)orden internacional y también a las de nuestras sociedades, todas ellas hoy en profundo proceso de reconfiguración, proceso respecto al cual la presencia migratoria tiene un poderosa capacidad de transformación, aunque nos neguemos a aceptarlo y pretendamos tenerlos aquí, según nuestro “orden natural”, es decir, como invisibles, separados y dominados.

El segundo error de conceptualización, que es el que me parece más presente en este concepto estratégico, consiste en insistir de modo desequilibrado, desproporcionado, en los potenciales riesgos y amenazas (indiscutibles, como tales, sí) para nuestra seguridad y defensa. De un lado, el más grave, esto es, la amenaza terrorista vinculada a movimientos como las franquicias de AlQaeda. De otro, el riesgo de que la llegada masiva de migrantes, de desplazados, empujados por esas grandes hambrunas ( o por las guerras del agua, los efectos del cambio climático, étc) entrañen  un efecto disolvente de los elementos de cohesión social, por la quiebra del equilibrio del estado del bienestar y por la capacidad de radicalización de algunos de los movimientos yihadistas sobre los migrantes residentes en Europa, que podrían conducir a ese escenario de pesadilla que denuncia insistentemente una parte de la derecha y toda la extrema derecha europea, la de comunidades segregadas que minan la cohesión social y despiertan el terrible fantasma del enfrentamiento civil.

Negar la dimensión de riesgo, incluso de potencial amenaza que puede entrañar esa constante demográfica que es la movilidad humana que se desplaza en sentido sur-norte (por más que la inmensa mayoría de esos movimientos, como ha explicado Whitol der Wenden, sigue el rumbo sur-sur), sería un error. Lo subrayo: nada de ingenuidad. Otra cosa es el empeño en reducirlos a esa dimensión potencial. Y lo peor es que semejante análisis deje de lado lo que habría de ser una prioridad, y no una concesión al buenismo: el respeto de los derechos humanos de los inmigrantes y desplazados. Ese respeto, esa garantía, no es una opción, sino una obligación de los gobiernos que pretendan ser mínimamente coherentes con las exigencias del Estado de Derecho y de la legitimidad democrática. Esos derechos no pueden ser objeto de negociación, de venta. Son obligaciones cuyo cumplimiento ha de ser exigible. Y no pueden quedar supeditados al criterio de optimización del beneficio, ni tampoco a la lógica geoestratégica.

Ante la necesidad de contar con un planteamiento nuevo de las relaciones de Europa con Africa, parecieran abrirse dos opciones que desgraciadamente entrarían en colisión: la de quienes lo enmarcan en esa prioridad geoestratégica de revenir los riegos y amenazas del flanco sur y la de quienes entienden que esos flujos migratorios deben formar parte de un planteamiento global, en el que europeos y africanos construyamos un marco global de relaciones desde la perspectiva del mutuo beneficio y de las exigencias de promoción de la Democracia, los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Por eso, sostiene el economista J.Sachs que, si Europa quiere hacer una contribución seria para mejorar el mundo -también para los europeos-, no debería fijar su prioridad en el marco de la lógica de bloques que parece imponerse, esto es, centrada en el objetivo de conseguir que Ucrania gane la guerra contra Putin, sino que, además de tratar de lograr una solución negociada, diplomática, a esa agresión de Putin sobre Ucrania, por difícil que sea tal empeño, debería focalizar sus esfuerzos en asegurar la educación para cada niño en Africa (https://elpais.com/cultura/2022-06-22/jeffrey-sachs-algo-falla-en-el-sistema-americano-y-en-la-naturaleza-humana.html?ssm=FB_CC&fbclid=IwAR1EJSQKHNbjirJ4B6b1NIzsZhwEQ9bDjPCxRfJu-yI0FB5JcyMtL3KO-8Q).

En todo caso, llama poderosamente atención que el problema de las hambrunas catastróficas derivadas de la guerra de Ucrania (como el de las grandes sequías, o el de la contaminación de los campos de cultivo o recursos naturales) no se analice como lo que es: un gravísimo peligro para las poblaciones que se ven obligadas a huir. Los europeos sólo nos planteamos las consecuencias que esas hambrunas pueden implicar para nosotros, sin centrarnos en la actuación verdaderamente necesaria: ¿cómo ayudar a esas poblaciones que se ven expulsadas de sus hogares, como consecuencia de estos fenómenos? ¿qué protección y qué garantías de sus derechos y con qué procedimientos vamos a poner a su alcance? Preguntas como esas son las que dieron lugar en 1951 a la Convención de Ginebra y luego al Protocolo de Nueva York, las piezas clave del derecho internacional de refugiados. Esas preguntas motivaron la aprobación en 2003 de la directiva europea de protección temporal ante llegadas masivas de personas en busca de protección, directiva que hemos activado con una rapidez y eficacia loables, en relación con los desplazados de la guerra de Ucrania.  ¿Qué hace falta para que nos decidamos a ofrecer respuestas, protección efectiva, a quienes no sean ucranios? ¿vamos a conformarnos con mirar esos desastres y lamentar su suerte?

HABLEMOS DE PROGRESO: PERSONA (NO) HUMANA (versión ampliada del artículo publicado en Infolibre, 25 de mayo de 2022)

¿Seguir hablando de progreso?

Un periodista al que leo y aprecio, Alfons García Ginerse hacía eco en una reciente columna del descrédito de una idea que fue santo y seña de la izquierda y del liberalismo político hasta hace muy poco. Me refiero a la noción de progreso

Al menos desde la crítica encabezada por Adorno y desarrollada por sus seguidores en la Escuela de Frankfurt, no se ha dejado de escribir sobre ese descrédito de la idea de progreso, que viene ligado a su confusión con una cierta idea de modernidad. Es el resultado de habernos confiado a un modelo de razón que tergiversa el núcleo de la noción de progreso, identificándola —más bien sustituyéndola— por la promesa del crecimiento sin límites —a caballo del mercado y sus leyes, la competencia y el beneficio— y de las posibilidades que abre el desarrollo tecnológico. Sabemos que esa promesa, la de “dominar la tierra y cuanto nos rodea”, lleva consigo una condena como la de Prometeo. Porque hoy somos conscientes del coste de ese horizonte de explotación insaciable, que el desarrollo de la tecnología —unido a la ideología de mercado— hizo verosímil, hasta hacernos creer que estaba al alcance de nuestra mano. Por decirlo en una palabra, podemos designar ese coste con el término acuñado por el nobel de química Crutzen, el Antropoceno. Pero no tanto en el sentido geológico, estratigráfico, sino en el profundamente político, tal y como por ejemplo lo explicó Manuel Arias Maldonado, de forma muy didáctica, en su libro de 2018, Antropoceno. La política en la era humana.  

A mi juicio, el núcleo de ese coste es perder de vista lo más elemental, esto es, que si la política tiene sentido digno, incluso muy noble, si puede ser algo más que lo que denominamos politiquería, es cuando se pone al servicio de la vida, y no al revés. Al servicio de mejorar las condiciones efectivas de vida de todos, comenzando por quienes tienen mayor dificultad para entender su vida como una vida decente. Por eso, tiene razón a mi juicio Alfons García Giner cuando escribe “el progreso real es la multiplicación de escuelas públicas, más que la joven que pasa hoy con un patinete ultrasilencioso y un móvil grabando en el manillar”.  

Pero con la pandemia hemos aprendido que la primacía de esa vida decente comienza no sólo por la garantía de la salud de los que nos rodean, sino por una noción holista, global, de salud y de vida, en un doble sentido. Salud, vida, de todos los seres humanos: de la pandemia no podemos salvarnos sólo “los europeos”. Hemos aprendido que es fútil, suicida, la pretensión de poner fronteras al virus. De donde se deduce que la solidaridad con los otros, con africanos, asiáticos, sudamericanos, es no tanto una exigencia de solidaridad cuanto de egoísmo racional. Pero más aún, como traté de señalar en estas mismas páginas, al comienzo de la pandemia (La prioridad es la salud: ¿de quiénes?), lo que la pandemia nos ha redescubierto es la interconexión entre la salud de las personas, de los animales y el medio ambiente, lo que se conoce como el principio de One Health (una sola salud). Una idea que tiene mucho que ver con algo que desde Darwin se supone que debemos tener asumido, esto es,la continuidad de la vida, que rompe con el prejuicio de la superioridad especista

El progreso es desarrollo moral, jurídico, político

Pues bien, la toma de conciencia de ese continuum de la vida, a mi juicio, tiene mucho que ver con lo mejor de la noción de progreso, que es la exigencia de un desarrollo moral, jurídico y político, que nos hace tomar conciencia de ese bien que tenemos entre manos y respecto al cual a los seres humanos nos cabe una especial responsabilidad de proteger: la garantía de la vida, del equilibrio sostenible de la vida del planeta. 

Hace ya no pocos años, en un libro que titulé Blade Runner: el Derecho guardián de la diferencia, vinculé esa noción de progreso moral a la lección que, a mi juicio, recibe Deckard, el blade runner encarnado por Harrison Ford, de parte del replicanteRoy Batty (Rutger Hauer), cuando le salva la vida, antes del famoso monólogo que tantos de nosotros recordamos. La transformación más importante que están experimentando los replicantes y que les acerca a salvar esa diferencia insuperable respecto a los humanos es ésta: están aprendiendo no sólo sentimientos como el amor, sino también la piedad, el respeto a la vida. Ese es el significado del gesto de Beatty al salvar la vida de Deckard: si Deckard quiere ser realmente humano, debe aprender a respetar la vida de los otros, de todos los otros. 

Porque eso es lo que nos hace humanos: no un tipo de inteligencia, ni la capacidad de memoria, ni la conciencia de sufrimiento, ni la risa o el lenguaje. Es saber el valor de la vida de los otros, de todo otro y actuar de conformidad a ello. O, por mejor decir, esa es la idea regulativa que guía el progreso moral de la humanidad, a la que deben encaminarse el mejor Derecho, la mejor política: progresar consiste en aprender y llevar a la práctica esa exigencia de respeto a la vida. Progresar es hacernos más humanos, una tarea en la que, paradójicamente, podemos aprender mucho de los animales no humanos, de nuestra vida con ellos.

Persona (no) humana: la extensión de la lucha por los derechos

Una película documental que acaba de estrenarse, Persona (no) humana, de Álex Cuéllar y Rafa G. Sánchez, producida por Xavier Crespo, ilustra a mi juicio esa propuesta de progreso moral. El documental, a través de un abanico amplio de testimonios, muestra las semillas de cambio que ha supuesto el reconocimiento de derechos a la orangutana Sandra y la chimpancé Cecilia, un emblema de la lucha del movimiento animalista, con la referencia de fondo al proyecto Gran Simio. 

La batalla no sólo jurídica, pero desde luego jurídica, ante los tribunales, es a mi juicio un ejemplo muy didáctico de lucha por el Derecho, a propósito de los derechos de los animales no humanos. Y sin tremendismos, como los que llegan a vincular esa lucha por los derechos con actividades terroristas (una tesis ilustrada en la conocida película 12 monos). Dos ejemplos que, a mi juicio, entroncan perfectamente con lo que debemos entender por progreso moral y jurídico. Aunque haya no pocos —e incluso muy ilustres, como Fernando Savater— que consideran que hablar de derechos de los animales es lo contrario, un ejemplo de confusión moral. 

La película me parece interesante precisamente porque muestra en un sentido muy práctico y, a la vez, profundo, que aquello que insisto en considerar como el leit-motiv del Derecho, la exigencia de lucha por los derechos, que nos compete a todos los ciudadanos, no se reduce al ámbito de nuestros derechos, sino que se extiende, se debe extender, por mera coherencia, al ámbito de los derechos de los animales no humanos, sin que ello suponga ceder un ápice en la exigencia de la lucha por los derechos humanos, de todos los seres humanos. Al contrario, como digo, es un corolario de esa exigencia. 

Dicho de otra manera, como, por ejemplo, ha argumentado brillantemente Virtudes Azpitarte en su excelente libro Nietzsche y los animales. Más allá de la cultura y la justicia, hay una manera de entender el animalismo que lo muestra como un importante vector de cambio civilizatorio, un elemento que permite avanzar en el progreso moral. Hablar de derechos de los animales no humanos, como han explicado muchas veces filósofos y juristas de obligada referencia, como Singer, Francione, Kymlicka, Donaldson, Hadley, Bradhsw, o escritores y ensayistas como Coetzee (por ejemplo, en su imprescindible Elizabeth Costello), no significa reivindicar para los animales no humanos, ni para todos ellos sin precisiones ni especificaciones, todos y los mismos derechos que los que reconocemos a los seres humanos como titulares. Sólo a quienes optan por la vía de la caricatura, para ridiculizar la causa de los derechos de los animales no humanos se les ocurre semejante analogía evidentemente impropia. Los derechos que reivindicamos, ante todo, son los derechos a un trato digno, es decir, en primer lugar, a la eliminación de toda forma de crueldad, de violencia, en nuestro trato con ellos. Y ese progreso moral y jurídico se está abriendo camino, por ejemplo con la tipificación del maltrato animal como delito, o el reconocimiento de que los animales no son cosas, sino seres sintientes. Aunque queda mucho por hacer, y baste con pensar en las campañas contra empresas de investigación como Vivotecnia, que denuncian el maltrato y la crueldad en la experimentación con animales (por ejemplo, en twitter #rescateVivotecnia).

Es, creo, la misma lucha que lleva a cabo una activista y ciudadana, a mi juicio, ejemplar, la joven Olivia Mandle, que impulsa a través de plataformas como Change la campaña No es pais para delfines. Es la lucha por acabar con el transporte indigno de animales, las formas crueles de sacrificio en mataderos, el maltrato y, como he mencionado, la crueldad en la experimentación con animales. 

Queda mucho por hacer. Estamos aún transitando desde las campañas por el bienestar animal al reconocimiento de sus derechos. También de su condición de sujetos, como lo hace el proyecto Gran Simio y ejemplifica este documental, Persona (no) humana

LAS AFGANAS, INVISIBLES (versión ampliada del artículo publicado en Infolibre, el 16 de abril de 2022)

Diez segundos. Según las investigaciones de Microsoft, ese es el límite medio de nuestra paciencia cuando no se carga una página en internet. Menos que la memoria de un pez. Las TIC, con su inmenso aporte de información, tienen como uno de sus efectos haber potenciado la dificultad de mantener la atención. En realidad, como sostienen especialistas como los neuropsicólogos Portellano García Alba, lo que disminuye es la denominada atención focalizada, esto es, “la que mantiene el interés en un estímulo de modo continuado”. Al mismo tiempo, parece que aumenta la atención multitarea, “que nos permite prestar interés de forma simultánea a varios estímulos” (cfr. Neuropsicología de la atención, las funciones ejecutivas y la memoria, 2014). Por lo que se refiere al impacto de las TIC en lo que podríamos llamar la «atención colectiva«, estudios como los de los físicos estadísticos de los laboratorios Hewlett-Packard de Palo Alto, Fang Wu y B. A. Huberman, sostienen que el tiempo medio hasta que una noticia se evapora es de menos de 70 minutos.

En realidad, sin necesidad de esas investigaciones, casi todos sabemos que, hoy, la atención prioritaria a noticias que no nos afecten directamente se ha vuelto extremadamente volátil. Y como hoy, según me gusta recordar, vivimos bajo el imperio de una nueva modalidad del principio que imaginó el obispo irlandés Berkeleyesse est percipi (ser es ser percibido), la conclusión es que, para la opinión pública, lo que deja de estar bajo el foco en los medios de comunicación —no digamos en las redes—, no existe.

Todo esto viene a cuento del manto de invisibilidad que pareciera haber caído, para la opinión pública internacional, sobre la situación que padecen las mujeres niñas afganas bajo el régimen fundamentalista talibán. Una situación que ganó la atención de esa opinión pública durante unas pocas semanas, en el verano del año pasado, que ahora parece tan lejano. El derrumbamiento del gobierno de Afganistán sostenido por los EEUU y sus aliados y la toma del poder absoluto por los fanáticos talibán, una vez consumada la retirada vergonzosa, dio paso durante un corto período a las operaciones de evacuación de una parte del personal que había colaborado con las potencias occidentales y con el régimen de KabulItalia España, por ejemplo, realizaron esa evacuación de forma ejemplarrápida eficaz, y todos asistimos a imágenes emocionantes de su llegada en aviones militares al aeropuerto de Torrejón. Pero el compromiso europeo no llegó a más.

Esa terrible situación no ha dejado de empeorar, de modo que, según el Global Women, Peace and Security Index, editado por el GIWPS (Gergetown Institute for Women, Peace and SecurityAfganistán es hoy el país más peligroso para las mujeres y niñas. Por su parte, un informe conjunto de varios Relatores especiales de la ONU sostiene que el régimen talibán trata de borrar a las mujeres y niñas del espacio público, mediante una sistemática discriminación que incluye prácticas de violencia.

Recordemos: el 15 de agosto de 2021, los talibán suprimieron el Ministerio de Asuntos de la Mujer y la Afghanistan Independent Human Rights Commission (AIHRC), y restablecieron el Ministerio de Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio (sic), a la par que abolieron todas las disposiciones legales adoptadas para proteger los derechos de las mujeres. El régimen talibán ha hecho de Afganistán uno de los países con más alta tasa de mortalidad infantil. Cientos de mujeres mueren por falta de tratamiento médico elemental durante su embarazo. Otro botón de muestra: mientras que antes de la caída del régimen los matrimonios forzados de niñas menores de 15 años no llegaban al 9%, e incluso los de menores de 18 años no alcanzaban el 35%, hoy, el fanatismo y la pobreza han multiplicado hasta un 500% esa práctica de matrimonios forzados de menores. El último y terrible golpe es la decisión de limitar al mínimo la escolarización de las niñas y adolescentes. Mutilar su derecho a al educación es la vía más eficaz para asegurar que las mujeres queden en una situación de discrriminación y dominación.

Sin duda, la atención de la opinión pública está centrada ahora en la mayor diáspora forzada que hemos conocido en Europa desde la Segunda Guerra mundial, el éxodo obligado de ciudadanos ucranianos —sobre todo, mujeres y niños—, que ha superado ya los cuatro millones de personas y frente al cual la UE ha reaccionado con generosidad rapidez, mediante la activación del mecanismo previsto en la Directiva de Protección Temporal 2001/55/CE, que los Estados miembros han debido desarrollar para su aplicación. Ha de destacarse, sin la menor duda, la generosidad y prontitud con la que el Gobierno español implementó de inmediato la puesta en práctica de un sistema de acogida eficaz, que ha sido elogiado por todos los socios europeos y por instituciones como ACNUR. Pero, aunque debemos reconocer el carácter enormemente positivo de esa respuesta, llama poderosamente la atención la falta de simetría con situaciones perfectamente análogas.

Una discriminación que obedece, creo, a la ausencia de voluntad política, esto es, a razones ajenas —contrarias, en realidad— al Derecho de refugiados y relacionadas con la estrategia política en el contexto. Así lo subrayé en estas mismas páginas de infoLibre y en el mismo sentido puede leerse este artículo de Blanca Garcés. Es lo que María Martín ha llamado “refugiados fuera del foco”, cuya consecuencia es, a fin de cuentas, una discriminación por razón de origen, o por razones etnoculturales religiosas, como las que en 2015 impulsaron a los gobiernos de Hungría Polonia a rechazar la obligatoriedad de acoger a refugiados que huían de la guerra de Siria. Lo han denunciado también las campañas de ONGs como CEAR o la UNRWA, que piden una misma respuesta, condición de vida digna, para todos los refugiados, no importa de dónde vengan. Porque no sería admisible que para la UE, hoy, en abril de 2022, hubiera refugiados de primera y de segunda. Por eso, la pregunta es: ¿se han vuelto invisibles las mujeres niñas afganas, evidentemente necesitadas de modo urgente de la protección internacional en que consiste el asilo y la protección subsidiaria?

Hay instituciones, organizaciones y movimientos sociales que, desde agosto de 2021, tratan de mantener viva la necesidad de prestar ayuda a esas mujeres y niñas, siguiendo las primeras y contundentes tomas de posición de la Unión Europea

Sería injusto decir que las hemos olvidado. Hay instituciones, organizaciones y movimientos sociales que, desde agosto de 2021, tratan de mantener viva la necesidad de prestar ayuda a esas mujeres y niñas, siguiendo las primeras y contundentes tomas de posición de la Unión Europea. Recordemos que la presidenta de la Comisión Europea fue categórica al condicionar el reconocimiento del régimen talibán por parte de la UE a la garantía efectiva de los derechos humanos y, en particular, de los derechos y de la condición de las mujeres y de las niñas afganas.

Destacaré sobre todo el trabajo del Parlamento europeo. Tras el gesto simbólico de institucionalizar los días de las mujeres afganas (1 y 2 de febrero), el pasado 7 de abril adoptó la Resolución 2022/2571 (RSP), por la que se condenan firmemente las limitaciones a los derechos fundamentales de niñas y mujeres afganas por parte del régimen talibán. En primer lugar, la restricción del acceso de las niñas afganas a la educación, a partir de la enseñanza secundaria. Pero también, las restricciones en el acceso a la salud, el trabajo o la libre movilidad: por ejemplo, se han impuesto límites a sus desplazamientos que sean superiores a 70 kilómetros, sin compañía de varones que tengan vínculos familiares de proximidad. Al mismo tiempo, esa declaración elogia el coraje y la valentía de esas mujeres que se atreven a manifestarse públicamente en defensa de sus derechos y desafiar las amenazas de los fundamentalistas y pide a los Estados miembros y a la ciudadanía europea que concreten su apoyo a estas mujeres.

Sin embargo, esas iniciativas no han encontrado eco suficiente en los parlamentos de los Estados miembros, pese a que algunas de sus representantes lo han intentado. Por ejemplo, la Asamblea Nacional francesa aprobó el 18 de Agosto de 2021 una declaración impulsada por la diputada de La Manche, Sonia Krimi, y otras 23 diputadas de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, que ya se habían dirigido al primer ministro francés, para conocer las acciones concretas del gobierno galo en defensa de los derechos de las mujeres y niñas afganas y, en particular, sobre la política de asilo. Las diputadas consideraban que las persecuciones organizadas por los talibán y de las que son víctimas las mujeres deberían convertirlas directa prioritariamente en beneficiarias del derecho de asilo.

En nuestro país, una iniciativa de algunos senadores, que tratamos de comprometer una vía de asilo preferente para las 69 mujeres afganas diputadas de la Woesi Jirga (la Asamblea Nacional, de 200 miembros), objetivo preferente, junto a juezas, profesionales del periodismo y profesoras, apelando a la Unión Interparlamentaria, no prosperó.

En la sociedad civil, también en nuestro país, se produjeron iniciativas centradas en algunos de esos grupos profesionales de mujeres que se encuentran en un riesgo más grave. Así, el Manifiesto impulsado por representantes de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España “Abrid las puertas a Afganistán y a las afganas” obtuvo en muy pocos días más de 120.000 firmas de apoyo. A destacar, asimismo, la campaña de recaudación de fondos, apoyo en redes y experiencia para brindar la ayuda necesaria a las juezas magistradas afganas puesta en marcha en el mismo mes de agosto de 2021 por el Comité de Ayuda para Mujeres Juezas Afganas, de la International Association of Women Judges (IAWJ) y que en España ha sido organizada por la Asociación de Mujeres Juezas (AMJE), que forma parte de la IAWJ.

Desde el sector universitario, universidades como las de BarcelonaSalamanca Valencia han promovido campañas para ofrecer becas para que mujeres universitarias afganas puedan comenzar proseguir sus estudios en España. Puede consultarse, por ejemplo, la campaña de la Universitat de Valencia, promovida por profesores de su Facultad de Derecho y del Instituto de Derechos Humanos.

RNo es tarea fácil, más allá de la denuncia y la retórica. Hay que reconocer que ofrecer protección efectiva a las mujeres y niñas afganas, no es tan sencillo como declararse a su favor, denunciar su situación o solidarizarse con ellas más o menos retóricamente. El primer y principal obstáculo, evidentemente, es la dificultad de salir de Afganistán, si no es acompañadas por varones de su familia y, aun así, superar los controles de policíía: es una empresa prácticamente imposible. Pero sí hay algunas situaciones sobre las que se puede intentar actuar. Por ejemplo, para conseguir visados urgentes para las mujeres que han conseguido huir a países limítrofes o cercanos (PakistánIránChina) y que, si permanecen en esos países, arriesgan ser devueltas al régimen talibán. Me consta la preocupación de las autoridades españolas y, en particular, del Ministerio de Inclusión, por encontrar soluciones para esos casos. Espero que se encuentre el procedimiento ágil seguro. No podemos, no debemos abandonarlas.