Acerca de Javier de Lucas

catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política Instituto de derechos humanos Universitat de Valencia javierdelucas1@gmail.com

HABLEMOS DE PROGRESO: PERSONA (NO) HUMANA (versión ampliada del artículo publicado en Infolibre, 25 de mayo de 2022)

¿Seguir hablando de progreso?

Un periodista al que leo y aprecio, Alfons García Ginerse hacía eco en una reciente columna del descrédito de una idea que fue santo y seña de la izquierda y del liberalismo político hasta hace muy poco. Me refiero a la noción de progreso

Al menos desde la crítica encabezada por Adorno y desarrollada por sus seguidores en la Escuela de Frankfurt, no se ha dejado de escribir sobre ese descrédito de la idea de progreso, que viene ligado a su confusión con una cierta idea de modernidad. Es el resultado de habernos confiado a un modelo de razón que tergiversa el núcleo de la noción de progreso, identificándola —más bien sustituyéndola— por la promesa del crecimiento sin límites —a caballo del mercado y sus leyes, la competencia y el beneficio— y de las posibilidades que abre el desarrollo tecnológico. Sabemos que esa promesa, la de “dominar la tierra y cuanto nos rodea”, lleva consigo una condena como la de Prometeo. Porque hoy somos conscientes del coste de ese horizonte de explotación insaciable, que el desarrollo de la tecnología —unido a la ideología de mercado— hizo verosímil, hasta hacernos creer que estaba al alcance de nuestra mano. Por decirlo en una palabra, podemos designar ese coste con el término acuñado por el nobel de química Crutzen, el Antropoceno. Pero no tanto en el sentido geológico, estratigráfico, sino en el profundamente político, tal y como por ejemplo lo explicó Manuel Arias Maldonado, de forma muy didáctica, en su libro de 2018, Antropoceno. La política en la era humana.  

A mi juicio, el núcleo de ese coste es perder de vista lo más elemental, esto es, que si la política tiene sentido digno, incluso muy noble, si puede ser algo más que lo que denominamos politiquería, es cuando se pone al servicio de la vida, y no al revés. Al servicio de mejorar las condiciones efectivas de vida de todos, comenzando por quienes tienen mayor dificultad para entender su vida como una vida decente. Por eso, tiene razón a mi juicio Alfons García Giner cuando escribe “el progreso real es la multiplicación de escuelas públicas, más que la joven que pasa hoy con un patinete ultrasilencioso y un móvil grabando en el manillar”.  

Pero con la pandemia hemos aprendido que la primacía de esa vida decente comienza no sólo por la garantía de la salud de los que nos rodean, sino por una noción holista, global, de salud y de vida, en un doble sentido. Salud, vida, de todos los seres humanos: de la pandemia no podemos salvarnos sólo “los europeos”. Hemos aprendido que es fútil, suicida, la pretensión de poner fronteras al virus. De donde se deduce que la solidaridad con los otros, con africanos, asiáticos, sudamericanos, es no tanto una exigencia de solidaridad cuanto de egoísmo racional. Pero más aún, como traté de señalar en estas mismas páginas, al comienzo de la pandemia (La prioridad es la salud: ¿de quiénes?), lo que la pandemia nos ha redescubierto es la interconexión entre la salud de las personas, de los animales y el medio ambiente, lo que se conoce como el principio de One Health (una sola salud). Una idea que tiene mucho que ver con algo que desde Darwin se supone que debemos tener asumido, esto es,la continuidad de la vida, que rompe con el prejuicio de la superioridad especista

El progreso es desarrollo moral, jurídico, político

Pues bien, la toma de conciencia de ese continuum de la vida, a mi juicio, tiene mucho que ver con lo mejor de la noción de progreso, que es la exigencia de un desarrollo moral, jurídico y político, que nos hace tomar conciencia de ese bien que tenemos entre manos y respecto al cual a los seres humanos nos cabe una especial responsabilidad de proteger: la garantía de la vida, del equilibrio sostenible de la vida del planeta. 

Hace ya no pocos años, en un libro que titulé Blade Runner: el Derecho guardián de la diferencia, vinculé esa noción de progreso moral a la lección que, a mi juicio, recibe Deckard, el blade runner encarnado por Harrison Ford, de parte del replicanteRoy Batty (Rutger Hauer), cuando le salva la vida, antes del famoso monólogo que tantos de nosotros recordamos. La transformación más importante que están experimentando los replicantes y que les acerca a salvar esa diferencia insuperable respecto a los humanos es ésta: están aprendiendo no sólo sentimientos como el amor, sino también la piedad, el respeto a la vida. Ese es el significado del gesto de Beatty al salvar la vida de Deckard: si Deckard quiere ser realmente humano, debe aprender a respetar la vida de los otros, de todos los otros. 

Porque eso es lo que nos hace humanos: no un tipo de inteligencia, ni la capacidad de memoria, ni la conciencia de sufrimiento, ni la risa o el lenguaje. Es saber el valor de la vida de los otros, de todo otro y actuar de conformidad a ello. O, por mejor decir, esa es la idea regulativa que guía el progreso moral de la humanidad, a la que deben encaminarse el mejor Derecho, la mejor política: progresar consiste en aprender y llevar a la práctica esa exigencia de respeto a la vida. Progresar es hacernos más humanos, una tarea en la que, paradójicamente, podemos aprender mucho de los animales no humanos, de nuestra vida con ellos.

Persona (no) humana: la extensión de la lucha por los derechos

Una película documental que acaba de estrenarse, Persona (no) humana, de Álex Cuéllar y Rafa G. Sánchez, producida por Xavier Crespo, ilustra a mi juicio esa propuesta de progreso moral. El documental, a través de un abanico amplio de testimonios, muestra las semillas de cambio que ha supuesto el reconocimiento de derechos a la orangutana Sandra y la chimpancé Cecilia, un emblema de la lucha del movimiento animalista, con la referencia de fondo al proyecto Gran Simio. 

La batalla no sólo jurídica, pero desde luego jurídica, ante los tribunales, es a mi juicio un ejemplo muy didáctico de lucha por el Derecho, a propósito de los derechos de los animales no humanos. Y sin tremendismos, como los que llegan a vincular esa lucha por los derechos con actividades terroristas (una tesis ilustrada en la conocida película 12 monos). Dos ejemplos que, a mi juicio, entroncan perfectamente con lo que debemos entender por progreso moral y jurídico. Aunque haya no pocos —e incluso muy ilustres, como Fernando Savater— que consideran que hablar de derechos de los animales es lo contrario, un ejemplo de confusión moral. 

La película me parece interesante precisamente porque muestra en un sentido muy práctico y, a la vez, profundo, que aquello que insisto en considerar como el leit-motiv del Derecho, la exigencia de lucha por los derechos, que nos compete a todos los ciudadanos, no se reduce al ámbito de nuestros derechos, sino que se extiende, se debe extender, por mera coherencia, al ámbito de los derechos de los animales no humanos, sin que ello suponga ceder un ápice en la exigencia de la lucha por los derechos humanos, de todos los seres humanos. Al contrario, como digo, es un corolario de esa exigencia. 

Dicho de otra manera, como, por ejemplo, ha argumentado brillantemente Virtudes Azpitarte en su excelente libro Nietzsche y los animales. Más allá de la cultura y la justicia, hay una manera de entender el animalismo que lo muestra como un importante vector de cambio civilizatorio, un elemento que permite avanzar en el progreso moral. Hablar de derechos de los animales no humanos, como han explicado muchas veces filósofos y juristas de obligada referencia, como Singer, Francione, Kymlicka, Donaldson, Hadley, Bradhsw, o escritores y ensayistas como Coetzee (por ejemplo, en su imprescindible Elizabeth Costello), no significa reivindicar para los animales no humanos, ni para todos ellos sin precisiones ni especificaciones, todos y los mismos derechos que los que reconocemos a los seres humanos como titulares. Sólo a quienes optan por la vía de la caricatura, para ridiculizar la causa de los derechos de los animales no humanos se les ocurre semejante analogía evidentemente impropia. Los derechos que reivindicamos, ante todo, son los derechos a un trato digno, es decir, en primer lugar, a la eliminación de toda forma de crueldad, de violencia, en nuestro trato con ellos. Y ese progreso moral y jurídico se está abriendo camino, por ejemplo con la tipificación del maltrato animal como delito, o el reconocimiento de que los animales no son cosas, sino seres sintientes. Aunque queda mucho por hacer, y baste con pensar en las campañas contra empresas de investigación como Vivotecnia, que denuncian el maltrato y la crueldad en la experimentación con animales (por ejemplo, en twitter #rescateVivotecnia).

Es, creo, la misma lucha que lleva a cabo una activista y ciudadana, a mi juicio, ejemplar, la joven Olivia Mandle, que impulsa a través de plataformas como Change la campaña No es pais para delfines. Es la lucha por acabar con el transporte indigno de animales, las formas crueles de sacrificio en mataderos, el maltrato y, como he mencionado, la crueldad en la experimentación con animales. 

Queda mucho por hacer. Estamos aún transitando desde las campañas por el bienestar animal al reconocimiento de sus derechos. También de su condición de sujetos, como lo hace el proyecto Gran Simio y ejemplifica este documental, Persona (no) humana

LAS AFGANAS, INVISIBLES (versión ampliada del artículo publicado en Infolibre, el 16 de abril de 2022)

Diez segundos. Según las investigaciones de Microsoft, ese es el límite medio de nuestra paciencia cuando no se carga una página en internet. Menos que la memoria de un pez. Las TIC, con su inmenso aporte de información, tienen como uno de sus efectos haber potenciado la dificultad de mantener la atención. En realidad, como sostienen especialistas como los neuropsicólogos Portellano García Alba, lo que disminuye es la denominada atención focalizada, esto es, “la que mantiene el interés en un estímulo de modo continuado”. Al mismo tiempo, parece que aumenta la atención multitarea, “que nos permite prestar interés de forma simultánea a varios estímulos” (cfr. Neuropsicología de la atención, las funciones ejecutivas y la memoria, 2014). Por lo que se refiere al impacto de las TIC en lo que podríamos llamar la «atención colectiva«, estudios como los de los físicos estadísticos de los laboratorios Hewlett-Packard de Palo Alto, Fang Wu y B. A. Huberman, sostienen que el tiempo medio hasta que una noticia se evapora es de menos de 70 minutos.

En realidad, sin necesidad de esas investigaciones, casi todos sabemos que, hoy, la atención prioritaria a noticias que no nos afecten directamente se ha vuelto extremadamente volátil. Y como hoy, según me gusta recordar, vivimos bajo el imperio de una nueva modalidad del principio que imaginó el obispo irlandés Berkeleyesse est percipi (ser es ser percibido), la conclusión es que, para la opinión pública, lo que deja de estar bajo el foco en los medios de comunicación —no digamos en las redes—, no existe.

Todo esto viene a cuento del manto de invisibilidad que pareciera haber caído, para la opinión pública internacional, sobre la situación que padecen las mujeres niñas afganas bajo el régimen fundamentalista talibán. Una situación que ganó la atención de esa opinión pública durante unas pocas semanas, en el verano del año pasado, que ahora parece tan lejano. El derrumbamiento del gobierno de Afganistán sostenido por los EEUU y sus aliados y la toma del poder absoluto por los fanáticos talibán, una vez consumada la retirada vergonzosa, dio paso durante un corto período a las operaciones de evacuación de una parte del personal que había colaborado con las potencias occidentales y con el régimen de KabulItalia España, por ejemplo, realizaron esa evacuación de forma ejemplarrápida eficaz, y todos asistimos a imágenes emocionantes de su llegada en aviones militares al aeropuerto de Torrejón. Pero el compromiso europeo no llegó a más.

Esa terrible situación no ha dejado de empeorar, de modo que, según el Global Women, Peace and Security Index, editado por el GIWPS (Gergetown Institute for Women, Peace and SecurityAfganistán es hoy el país más peligroso para las mujeres y niñas. Por su parte, un informe conjunto de varios Relatores especiales de la ONU sostiene que el régimen talibán trata de borrar a las mujeres y niñas del espacio público, mediante una sistemática discriminación que incluye prácticas de violencia.

Recordemos: el 15 de agosto de 2021, los talibán suprimieron el Ministerio de Asuntos de la Mujer y la Afghanistan Independent Human Rights Commission (AIHRC), y restablecieron el Ministerio de Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio (sic), a la par que abolieron todas las disposiciones legales adoptadas para proteger los derechos de las mujeres. El régimen talibán ha hecho de Afganistán uno de los países con más alta tasa de mortalidad infantil. Cientos de mujeres mueren por falta de tratamiento médico elemental durante su embarazo. Otro botón de muestra: mientras que antes de la caída del régimen los matrimonios forzados de niñas menores de 15 años no llegaban al 9%, e incluso los de menores de 18 años no alcanzaban el 35%, hoy, el fanatismo y la pobreza han multiplicado hasta un 500% esa práctica de matrimonios forzados de menores. El último y terrible golpe es la decisión de limitar al mínimo la escolarización de las niñas y adolescentes. Mutilar su derecho a al educación es la vía más eficaz para asegurar que las mujeres queden en una situación de discrriminación y dominación.

Sin duda, la atención de la opinión pública está centrada ahora en la mayor diáspora forzada que hemos conocido en Europa desde la Segunda Guerra mundial, el éxodo obligado de ciudadanos ucranianos —sobre todo, mujeres y niños—, que ha superado ya los cuatro millones de personas y frente al cual la UE ha reaccionado con generosidad rapidez, mediante la activación del mecanismo previsto en la Directiva de Protección Temporal 2001/55/CE, que los Estados miembros han debido desarrollar para su aplicación. Ha de destacarse, sin la menor duda, la generosidad y prontitud con la que el Gobierno español implementó de inmediato la puesta en práctica de un sistema de acogida eficaz, que ha sido elogiado por todos los socios europeos y por instituciones como ACNUR. Pero, aunque debemos reconocer el carácter enormemente positivo de esa respuesta, llama poderosamente la atención la falta de simetría con situaciones perfectamente análogas.

Una discriminación que obedece, creo, a la ausencia de voluntad política, esto es, a razones ajenas —contrarias, en realidad— al Derecho de refugiados y relacionadas con la estrategia política en el contexto. Así lo subrayé en estas mismas páginas de infoLibre y en el mismo sentido puede leerse este artículo de Blanca Garcés. Es lo que María Martín ha llamado “refugiados fuera del foco”, cuya consecuencia es, a fin de cuentas, una discriminación por razón de origen, o por razones etnoculturales religiosas, como las que en 2015 impulsaron a los gobiernos de Hungría Polonia a rechazar la obligatoriedad de acoger a refugiados que huían de la guerra de Siria. Lo han denunciado también las campañas de ONGs como CEAR o la UNRWA, que piden una misma respuesta, condición de vida digna, para todos los refugiados, no importa de dónde vengan. Porque no sería admisible que para la UE, hoy, en abril de 2022, hubiera refugiados de primera y de segunda. Por eso, la pregunta es: ¿se han vuelto invisibles las mujeres niñas afganas, evidentemente necesitadas de modo urgente de la protección internacional en que consiste el asilo y la protección subsidiaria?

Hay instituciones, organizaciones y movimientos sociales que, desde agosto de 2021, tratan de mantener viva la necesidad de prestar ayuda a esas mujeres y niñas, siguiendo las primeras y contundentes tomas de posición de la Unión Europea

Sería injusto decir que las hemos olvidado. Hay instituciones, organizaciones y movimientos sociales que, desde agosto de 2021, tratan de mantener viva la necesidad de prestar ayuda a esas mujeres y niñas, siguiendo las primeras y contundentes tomas de posición de la Unión Europea. Recordemos que la presidenta de la Comisión Europea fue categórica al condicionar el reconocimiento del régimen talibán por parte de la UE a la garantía efectiva de los derechos humanos y, en particular, de los derechos y de la condición de las mujeres y de las niñas afganas.

Destacaré sobre todo el trabajo del Parlamento europeo. Tras el gesto simbólico de institucionalizar los días de las mujeres afganas (1 y 2 de febrero), el pasado 7 de abril adoptó la Resolución 2022/2571 (RSP), por la que se condenan firmemente las limitaciones a los derechos fundamentales de niñas y mujeres afganas por parte del régimen talibán. En primer lugar, la restricción del acceso de las niñas afganas a la educación, a partir de la enseñanza secundaria. Pero también, las restricciones en el acceso a la salud, el trabajo o la libre movilidad: por ejemplo, se han impuesto límites a sus desplazamientos que sean superiores a 70 kilómetros, sin compañía de varones que tengan vínculos familiares de proximidad. Al mismo tiempo, esa declaración elogia el coraje y la valentía de esas mujeres que se atreven a manifestarse públicamente en defensa de sus derechos y desafiar las amenazas de los fundamentalistas y pide a los Estados miembros y a la ciudadanía europea que concreten su apoyo a estas mujeres.

Sin embargo, esas iniciativas no han encontrado eco suficiente en los parlamentos de los Estados miembros, pese a que algunas de sus representantes lo han intentado. Por ejemplo, la Asamblea Nacional francesa aprobó el 18 de Agosto de 2021 una declaración impulsada por la diputada de La Manche, Sonia Krimi, y otras 23 diputadas de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, que ya se habían dirigido al primer ministro francés, para conocer las acciones concretas del gobierno galo en defensa de los derechos de las mujeres y niñas afganas y, en particular, sobre la política de asilo. Las diputadas consideraban que las persecuciones organizadas por los talibán y de las que son víctimas las mujeres deberían convertirlas directa prioritariamente en beneficiarias del derecho de asilo.

En nuestro país, una iniciativa de algunos senadores, que tratamos de comprometer una vía de asilo preferente para las 69 mujeres afganas diputadas de la Woesi Jirga (la Asamblea Nacional, de 200 miembros), objetivo preferente, junto a juezas, profesionales del periodismo y profesoras, apelando a la Unión Interparlamentaria, no prosperó.

En la sociedad civil, también en nuestro país, se produjeron iniciativas centradas en algunos de esos grupos profesionales de mujeres que se encuentran en un riesgo más grave. Así, el Manifiesto impulsado por representantes de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España “Abrid las puertas a Afganistán y a las afganas” obtuvo en muy pocos días más de 120.000 firmas de apoyo. A destacar, asimismo, la campaña de recaudación de fondos, apoyo en redes y experiencia para brindar la ayuda necesaria a las juezas magistradas afganas puesta en marcha en el mismo mes de agosto de 2021 por el Comité de Ayuda para Mujeres Juezas Afganas, de la International Association of Women Judges (IAWJ) y que en España ha sido organizada por la Asociación de Mujeres Juezas (AMJE), que forma parte de la IAWJ.

Desde el sector universitario, universidades como las de BarcelonaSalamanca Valencia han promovido campañas para ofrecer becas para que mujeres universitarias afganas puedan comenzar proseguir sus estudios en España. Puede consultarse, por ejemplo, la campaña de la Universitat de Valencia, promovida por profesores de su Facultad de Derecho y del Instituto de Derechos Humanos.

RNo es tarea fácil, más allá de la denuncia y la retórica. Hay que reconocer que ofrecer protección efectiva a las mujeres y niñas afganas, no es tan sencillo como declararse a su favor, denunciar su situación o solidarizarse con ellas más o menos retóricamente. El primer y principal obstáculo, evidentemente, es la dificultad de salir de Afganistán, si no es acompañadas por varones de su familia y, aun así, superar los controles de policíía: es una empresa prácticamente imposible. Pero sí hay algunas situaciones sobre las que se puede intentar actuar. Por ejemplo, para conseguir visados urgentes para las mujeres que han conseguido huir a países limítrofes o cercanos (PakistánIránChina) y que, si permanecen en esos países, arriesgan ser devueltas al régimen talibán. Me consta la preocupación de las autoridades españolas y, en particular, del Ministerio de Inclusión, por encontrar soluciones para esos casos. Espero que se encuentre el procedimiento ágil seguro. No podemos, no debemos abandonarlas.

Sobre por qué debe impartirse Filosofía en la ESO, y sobre por qué no es ese el proyecto del RD 217/2022

Resumo en diez tesis mi juicio sobre el RD 217/2022 (BOE de 30 de marzo de2022), que regula el marco normativo de las enseñanzas en ESO. Unas tesis que, en definitiva, son fruto de mis convicciones sobre qué sea filosofía y cómo y cuándo ha de enseñarse, después de 48 años dedicado a enseñar filosofía del Derecho.

1. Como la mayoría de los profesores de filosofía (de Secundaria y de Universidad) y como también sostiene la Red de sociedades españolas de Filosofía, entiendo desde hace años, no ahora, que la enseñanza de la filosofía es algo muy distinto de la enseñanza de «valores cívicos y éticos»

2. Como ellos, sostengo que la oferta de una asignatura de la filosofía es necesaria en la etapa de la ESO (Enseñanza Secundaria Obligatoria) y no sólo en Bachillerato. Si no, quienes no pasan al Bachillerato y eligen otra opción, no tendrían garantizada la enseñanza de filosofía. Sin embargo, la denominada Ley Celaa o LOMLOE, no incluyó esa asignatura en el curriculum obligatorio en ESO. Tampoco la ética. Sí se incluyen dos asignaturas de filosofía en Bachillerato. Pero, como acabo de señalar, que exista en Bachillerato no es lo mismo que exista en la etapa obligatoria de enseñanza secundaria, la ESO.

3. El BOE del 30 de marzo de 2022 ha publicado el RD 217/2022, que establece el marco mínimo curricular en ESO. No aparece como obligatoria la filosofía. Sí, la asignatura de «valores cívicos y éticos», que los responsables del Ministerio entendieron entonces -y sostienen también ahora- que es filosofía. Por eso afirman que en ESO se dará filosofía. Esto viene de la LOMLOE, claro está: el equipo de la ministra Celaa que redactó la LOMLOE entendía que la «enseñanza en valores civicos y éticos» es filosofía. Y hoy, el equipo del Ministerio de Educación alega concretamente que, tal y como se establecen el RD 217/2022, el tercer bloque de la asignatura “valores cívicos y éticos” tiene un contenido “filosófico”. Pero eso no es verdad: en ese bloque hay multitud de cuestiones que nada tienen que ver con el quehacer de la filosofía, que queda diluído en esa abigarrada lista de problemas.

4. Por eso, sostengo -sostenemos- que tal asignatura no sustituye, no puede sustituir a la filosofía. La filosofía es mucho más que enseñar valores y, sobre todo, es otra cosa: es, como lo entendía Sócrates, mayeútica o, como lo explicaba Kant, la tarea de ayudar a aprender a pensar con la propia cabeza, formación en espíritu crítico, en autonomía. Eso es absolutamente distinto de enseñar o promover determinados valores.

5. La conclusión, pues, es cristalina: no se enseña filosofía en la ESO, por mucho que se pretenda que la asignatura de valores cívicos y éticos “es filosofía”. No lo es.

6. A esa manera sorprendente de entender qué es filosofía se añade la sorpresa por lo que establece el artículo 4 del mismo RD 217/2022: «La finalidad educativa de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanísticos…»

7. Si esa es la finalidad educativa de la ESO, entonces -a mi juicio- la asignatura de filosofía debería ser parte del núcleo de esa finalidad educativa, porque la filosofía, después de al menos veinticinco siglos, es elemento básico de la cultura, desde luego en su aspecto humanístico. Pero el legislador no lo entiende así, porque entiende que la asignatura de valores…ya es filosofía

8. A todo esto se debe añadir otra consideración: como el RD 217/2022 establece sólo el marco mínimo, su concreción queda a decisión de las CCAA en un porcentaje entre el 40 y el 60%, en función de que tengan lengua propia. Eso tiene un importante riesgo, que conocemos. Es cierto que ha habido gobiernos de CCAA que han aprovechado ese 40/50% de contenidos que pueden determinar, para incluir explícitamente una asignatura de filosofía. Así lo ha hecho el Consell de la Generalitat Valenciana.

8. El problema se agrava porque la asignatura de “valores cívicos y étcos” y los contenidos de sus tres bloques son impugnados por gobiernos de VOX (y el PP, según hemos visto en Murcia), porque lo ven como «adoctrinamiento». Por eso, oponen el PIN parental (la conformidad con los valores de los padres) y en todo caso reivindican «sus propios valores». Es lo que tiene confundir ética y enseñanza en valores (no digamos, filosofía, que sobre todo es formación en espíritu crítico, en autonomía)

9. Desde los responsables del Ministerio se nos dice -y es verdad – que el curriculum escolar tiene unas horas y no se puede cargar más. Si las adjudicamos a una cosa, no podemos mantener otra. Y es verdad, insisto. Pero resulta que precisamente esa es la cuestión, que en este modelo educativo centrado en competencias, se prefiere que esas horas en la ESO se dediquen por ej. a «competencia emprendedora», que no a filosofía

10. Cierto y verdad: en Bachillerato habrá dos asignaturas de Filosofía. Pero no menos cierto y verdad, a mi juicio: en la Enseñanza Secundaria Obligatoria (y recuerden cuál es su finalidad, lo del articulo 4), no se enseñará filosofía.

SOBRE LOS ACUERDOS ENTRE EL GOBIERNO DE ESPAÑA Y EL REY DE MARRUECOS Y SU REPERCUSIÓN EN EL CONTENCIOSO DEL SAHARA OCCIDENTAL

El acuerdo del gobierno de España con el rey de Marruecos que, sorprendentemente, ha sido conocido en nuestro país antes a través del comunicado del rey que del propio gobierno español, el 18 de marzo de 2022 (https://www.swissinfo.ch/spa/marruecos-espa%C3%B1a_marruecos-asegura-que-espa%C3%B1a-apoya-su-propuesta-de-autonom%C3%ADa-del-sahara/47445156), ha sido objeto de polémica por sus repercusiones en la posición de España respecto al contencioso en el Sáhara occidental y a los derechos de los saharauis.

No tengo ninguna duda de que el gobierno de España ha actuado y actúa guiado por la defensa de los intereses de España y de los ciudadanos españoles, en un momento particularmente complejo y difícil en el contexto internacional, por factores que no hace ninguna falta explicitar.

Sin duda, a la hora de aceptar el planteamiento del reino alauita, la colaboración de Marruecos en la política migratoria ha sido un elemento clave, decisivo para aceptar el planteamiento marroquí, junto con el compromiso de Mohamed VI de renunciar a reivindicaciones que socavan la integridad territorial y la soberanía de España (Ceuta, Melilla, Canarias . Si ambos extremos constituyeran un compromiso, insisto, estable, sería sin duda un paso muy importante para la alcanzar un marco duradero de garantía en temas de importancia indiscutible para España.

Dicho todo ésto, me uno a los que ponen en duda que, habida cuenta de la experiencia que tenemos acerca del comportamiento arbitrario del rey Mohamed VI, tengamos garantía de que no cambie de opinión según le convenga y por tanto, de que no se sienta vinculado por este acuerdo. Su predilección por el chantaje y la ausencia de cualquier control democrático de sus decisiones, pues se trata de un autócrata que carece de contrapesos en las instituciones y centros de poder marroquíes, unido a su acreditado desprecio por los derechos humanos, no son la mejor garantía.

Lo que más me importa, en todo caso, es que el planteamiento de partida de este acuerdo supone aceptar de facto y quizá de iure que el Sahara es de soberanía marroquí (tesis que, a juicio de algunos de nosotros, es inaceptable). Me refiero al planteamiento de que la solución al contencioso del Sahara pasa por la propuesta de Marruecos aceptada en 2007 por el presidente Zapatero como solución aceptable y supuestamente admisible en el marco de las resoluciones de la ONU. En palabras del expresidente Rodríguez Zapatero, que cito textualmente: «Podemos decir que después de 50 años sin solución abrir una vía como la autonomía me parece lo inteligente. Lo que no conviene es la situación de los últimos 50 años ni económica, no social ni políticamente. Estas posiciones no han dado lugar a nada. Intentemos otras vías. Sabemos lo que puede suponer un proceso de autonomía. ¿Por qué no puede ser esa una vía? Me lo pareció en 2008 y este Gobierno que reafirma ahora esto es una opinión política expresada. Otros países europeos también apoyan esto. Tendríamos que felicitarnos porque hoy hemos recuperado una relación de plena confianza con Marruecos sin hacer un cambio«.

Eso es lo que ahora se consagra oficialmente: aceptar, desde luego de facto y posiblemente de iure, que la solución para los saharauis consiste en ser una región autónoma de Marruecos.

La primera consecuencia es que eso supone renunciar concretamente a la soberanía sobre los fosfatos y los bancos de pesca, que serían marroquíes. Eso es contrario a Derecho.

Recordaré que es contrario a una reiterada jurisprudencia del TJUE, confirmada por la reciente Sentencia del TJUE de septiembre de 2021 (https://curia.europa.eu/…/pdf/2021-09/cp210166es.pdf), que revoca las decisiones del Consejo europeo sobre la soberanía de esos bancos de pesca por parte de Marruecos, frente al Frente Polisario.

Y en segundo lugar y sobe todo, es contrario a Derecho porque no garantiza suficientemente el núcleo de las resoluciones de la ONU sobre el problema de la ejecución de la descolonización de lo que fue conocido como el Sahara español, el territorio reivindicado por los saharauis.

Ese núcleo, como sabemos muy bien, conforme al Derecho internacional y a las resoluciones de la ONU, comenzando por la resolución 1514 (XXV) (https://www.un.org/dppa/decolonization/es/general-assembly) y su desarrollo posterior en relación con el contencioso saharaui, cuyo punto de partida es la resolución 690/1991 del Consejo de Seguridad (https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/597/52/PDF/NR059752.pdf?OpenElement)), que establece también la MINURSO, es el ejercicio del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, como pueblo descolonizado.

Y eso, supone un referendum de autodeterminación. Un referendum del pueblo saharaui, sin manipulaciones del censo como las que lleva haciendo Marruecos desde hace años, al instalar colonos marroquies en ese territorio (algo similar a lo que hacen los colonos judíos en Palestina). Adulteraciones que serían todavía más graves si se acepta que Marruecos es soberana, que el Sahara es una región marroquí y por tanto el censo se constituye sobre esa base.

La defesa de esa interpretación de las exigencias de la legalidad internacional ha sido la posición que ha sostenido el PSOE siempre, reiterada en su programa electoral de 2019 y en su 40 Congreso, este mismo año, en valencia.

A mi juicio, apoyar la propuesta del reino de Marruecos (como hizo el presidente Zapatero en 2007 y como se hace ahora, en idénticos términos, por cierto, a como la presenta la administración norteamericana: «la base más seria, realista y creíble para la resolución del contencioso»), se aparta de la interpretación más coherente de la legalidad internacional, tal y como acaba de sostener el Comunicado del Encuentro de Juristas y Observatorios de Derechos Humanos para el Sahara Occidental (19.03.2022).

SANCIONES A PUTIN, SÍ. PERO NO DE BROCHA GORDA (versión ampliada del artículo publicado en La Vanguardia, 17 de marzo de 2022)

Javier de Lucas

Sanciones frente a la agresión: la posición de la UE

Ante la injustificable agresión ejecutada por Putin contra Ucrania -que puede ser considerado un crimen internacional (crimen de agresión)-, ante los crímenes de guerra e incluso quizá crímenes contra la humanidad que se están cometiendo en estas tres semanas de la <acción militar especial>, la Unión Europea decidió reaccionar. Pese a las demandas del presidente Zelinsky, se han descartado las medidas que puedan significar un enfrentamiento directo armado, por miedo a que eso desencadene una tercera guerra mundial con uso de armas nucleares. Se ha descartado, muy concretamente, la reiterada demanda de Ucrania para crear una zona de exclusión aérea, como se hizo con la Libia de Gadafi, lo que precipitó la intervención de Francia, EEUU y el Reino Unido que propició el derrocamiento y linchamiento del dictador libio. Dicho sea de paso, la intervención de Francia estaba cantada por el consejero aúlico de Sarkozy, el siempre autocomplaciente BHL, que le aseguró la reelección con esa coartada. La misma que Hollywood contó en un film que se ha citado muchas veces, la película de Barry Levinson Wag the dog (1997), que en España se estrenó como «Cortina de humo».

Pero está claro que Putin y Rusia no son Gadafi ni Libia. El discurso del presidente de Ucrania ante el Congreso de los EEUU, el miércoles 16 de marzo, debería ser leído con atención, pues resulta difícil negar que pone a los EEUU y por extensión a la UE y a los aliados ante la más dura de las contradicciones: el Derecho internacional y la razón están de la parte de Ucrania, pero eso no es suficiente para correr el riesgo del enfrentamiento armado con Putin. Aún así, es evidente que, como alegó Zelinsky evocando Pearl Harbour y el 11S,  Ucrania tiene todo el derecho de legítima defensa frente a una agresión, como reconoce el artículo 51 de la Carta de la ONU (“Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales”). Es evidente que el Consejo no ha adoptado ni va a adoptar medidas. Pero parece coherente con los principios de legalidad internacional que terceros Estados -la UE, Canadá, los EEUU-, contribuyan a esa legítima defensa, proporcionando los medios -eso se llama armamento, sí- para que el Estado agredido pueda hacer frente al agresor.

Por lo que se refiere a las sanciones acordadas por la UE, hay que tener en cuenta que adoptó en 2003 su propio marco normativo para las sanciones: se trata de sus Orientaciones sobre la aplicación y evaluación de medidas restrictivas». Las sanciones se conciben como instrumento esencial de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), dentro de un planteamiento político integrado y global que comprende el diálogo político, acciones complementarias y el recurso a otros instrumentos disponibles. Expresamente, la UE se compromete a reducir al mínimo los efectos en la población civil local y en las actividades legítimas del país de que se trate o que se realicen con él.

Este punto es particularmente interesante, pues trata de impedir lo que podríamos llamar “efecto brocha gorda”. Esto es, como señalaba recientemente Salvador Enguix, evitar “que paguen justos por pecadores” https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20220315/8124227/justos-pecadores-caso-universidades-ucrania-rusia.html). En efecto, la mayoría de los ciudadanos rusos no son responsables de las decisiones de Putin y de su gobierno, ni desde luego, de la élite de millonarios que tienen con Putin una relación de ayuda mutua, aunque se supone que sí han elegido libremente a sus representantes en la Duma que han suscrito unánimemente las decisiones de Putin sobre la “acción militar especial” en Ucrania. Contra ellos, y no contra el pueblo ruso, contra los representantes de su sociedad civil de modo indiscriminado, es contra quienes se deben dirigir las sanciones. Por eso hay que examinar, como veremos enseguida, el problema del “doble filo” de las sanciones. El marco normativo de las sanciones ha sido actualizado en 2005, 2009, 2012, 2017 y, en lo que más nos interesa y es más reciente, el 4 de mayo de 2018, un acuerdo que conviene consultar (https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5664-2018-INIT/es/pdf).

Muy concretamente desde ese marco legal la UE ha venido adoptando medidas de sanción contra Rusia desde 2014, por su anexión de Crimea y por los incumplimientos de los acuerdos de Minsk. La cronología y desglose de esas sanciones puede consultarse en la detallada infografía proporcionada por el propio Consejo europeo (https://www.consilium.europa.eu/es/infographics/eu-sanctions-against-russia-over-ukraine/). Pero, ante la decisión de Rusia de reconocer como entidades independientes las zonas no controladas por el Gobierno de las provincias de Donetsk y Luhansk en 2022 la UE adoptó medidas de sanción, que dan un salto cualitativo poco después, en febrero de 2022, como respuesta a la agresión a Ucrania. Así, el Consejo europeo adoptó el 24 de febrero de 2022 un primer paquete de sanciones económicas y de ruptura o suspensión de relaciones particularmente duro (https://www.consilium.europa.eu/es/policies/sanctions/restrictive-measures-ukraine-crisis/), a los que han seguido otros tres: el más reciente, -el cuarto- en el Consejo del 7 de marzo (https://euroefe.euractiv.es/section/exteriores-y-defensa/news/ue-ultima-mas-sanciones-rusia-se-prepara-crisis-energetica/). A mi juicio, se trata de una respuesta más que justificada desde el punto de vista de la legalidad internacional. Porque la UE debe afirmar con contundencia su oposición a la agresión y el recurso a cuantas iniciativas legales -y en primer lugar, la vía diplomática- puedan detener la guerra, aunque tengan un coste evidente para nosotros mismos.

El punctum dolens de todo esto, como decía, es que resulta difícil evitar lo que se ha denominado el <doble efecto de las sanciones>, esto es, su repercusión sobre la población de modo, insisto, indiscriminado. Me parece que es muy clarificador el análisis que ha propuesto a ese respecto recientemente el columnista del New York Times Max Fisher, en su sección The Interpreter (https://www.nytimes.com/2022/03/09/world/europe/russia-ukraine-economy.html), en la que subraya que la estrategia de las sanciones incluye específicamente poner a prueba la capacidad de esos gobiernos autocráticos frente a su propia opinión pública. Eso significa que el destinatario indirecto de las sanciones, pese al importante matiz que recogen los principios enunciados por la propia UE acerca de evitar la brocha gorda, en el fondo está expresamente contemplado como elemento estratégico: la hipótesis es que dificultar la vida cotidiana en Rusia se supone que se alienta la resistencia frente al autócrata. Como ha escrito el profesor del King College Sam Greene, autor del libro Putin v the People: The Perilous Politics of a Divided Russia (Yale University Press, 2019), la clave consiste en lograr que Putin tenga que hacer frente a un segundo frente, a una “segunda guerra”, la que le enfrentaría contra su propia opinión pública, contra su pueblo. El problema es que esa insurgecia de la opinión pública resulta muy difícil, habida cuenta del aislamiento digital impuesto por el Kremlin como han subrayado por ejemplo Valerie Hopkins y Adam Satariano (https://app.informed.so/articles/2022-03-07-russia-blocked-from-the-global-internet-plunges-into-digital-isolation). Además, esta es una apuesta de riesgo, con daños que sólo eufemísticamente se pueden denominar colaterales o no queridos, pero que en realidad son muy severos para la población. Baste pensar en las penas de hasta 15 años de cárcel que afrontan quienes desde la prensa o los medios, como Marina Ovsiannikova, la regidora de televisión que interrupió el telediario Vremya del canal 1, el canal ruso oficial de mayor audiencia, con su pancarta denunciando la propaganda y las mentiras informativas y proclamando el no a la guerra, o desde la calle, como Yelena Osipova, la superviviente de la segunda guerra mundial que incita a los soldados rusos en Ucrania a abandonar sus armas y los más de 15000 manifestantes que han sufrido detenciones. El problema, creo, es que esas son indiscutiblemente posturas heroicas. Y el heroísmo se admira, pero no se puede exigir; ni siquiera inducir.

Pues bien, uno de los aspectos en los que las sanciones se revelan más cuestionables o, si se prefiere, más necesitadas de esprit de finesse, de un pincel fino por contraste con la brocha gorda es, a mi juicio, las sanciones que se plantean en la modalidad de ruptura o suspensión de las relaciones con personas e instituciones en el ámbito cultural, científico y universitario. En realidad, a eso vienen estas líneas.

¿Sancionar la ciencia, la cultura, la Universidad?

En estos días, he sostenido públicamente mi discrepancia con las consecuencias de estas sanciones en el ámbito de la ciencia, la educación y la cultura. La ruptura de relaciones con las instituciones científicas, de investigación, culturales y universitarias rusas y refrendadas en nuestro país por los ministerios de Ciencia, Universidades y también desde el de Cultura, así como -en el caso de las Universidades- por la CRUE, y que han repercutido directamente en la toma de posición de las cuatro Universidades que constituyen la Alianza Universitaria Ruso Española (AURE), Carlos III, Oviedo, Rovira i Virgili y la Universitat de Valencia (https://www.uv.es/uvweb/uv-noticias/ca/noticies/posicionament-universitats-espanyoles-xarxa-aure-alianca-rus-espanyola-1285973304159/Novetat.html?id=1286250256148&plantilla=UV_Noticies%2FPage%2FTPGDetaillNews&fbclid=IwAR1XJPyuyoF5CzdA0Aslq8UCh_E78d3A2o8NgwRMykbpDnjnJVA6rMj7s7c), pese a que está lleno de importantes matices sobre los que ha pasado por alto la polémica en la opinión pública, me parece que mantiene el error de partida.

Creo que esta suspensión de relaciones y actividades de colaboración -no digamos si es ruptura y no simplemente interrupción, es  un error de concepto: la cultura, la ciencia, la investigación, la educación, por definición deben ser abiertas. Quienes las llevan a cabo no deben sufrir por las irresponsables e inadmisibles decisiones del autócrata Putin. Desde luego, es un error de concepto, a mi juicio, porque una medida tan indiscriminada, que no entra en los necesarios matices, en el examen de los casos concretos, parece un apriorismo injusto.

Creo que es un error táctico: estas medidas no ayudan a la situación de los científicos, los profesores, los creadores artísticos, los periodistas…que están en contra de la guerra. En realidad, les ponen las cosas más dificiles, los aíslan, no les ayudan. Puede facilitar, por el contrario, la propaganda oficial que presenta a la UE como una potencia que desprecia y ofende al pueblo ruso. Insisto: argumentar que con estas medidas se trata de incentivar la resistencia del pueblo ruso, de los agentes de su sociedad civil contra Putin, es plausible, pero sólo si se hace con proporción, para evitar el daño mayor,  el daño a los inocentes, que son la mayoría de la población y también la inmensa mayoría de los científicos, profesores, investigadores, estudiantes, o los creadores y artistas culturales. Y aquí llegamos a las decisiones que han causado considerable polémica.

Me refiero a las que adoptó el Consejo de Gobierno de mi Universidad de Valencia (UV), que suponían congelar los acuerdos con las Universidades rusas, paralizar los programas de movilidad con esas universidades en el curso próximo y recomendar a los estudiantes valencianos en Rusia que retornaran y a los estudiantes rusos en valencia que hicieran lo propio. Creo que son dos los problemas de esas decisiones, aunque insisto, el error de fondo no es tanto de la propia UV, sino de los acuerdos que aplica, esto es, los adoptados por la UE con sus sanciones, trasladadas al plano universitario -con el acuerdo de la European University Association-, por los Ministerios españoles de Ciencia, Universidades y Cultura y por la CRUE, la conferencia de rectores de las universidades españolas.

 Primero, la suspensión de actividades del Centro Ruso de la Universitat de València, uno de los dos que existen en universidades españolas junto al de la Universidad de Granada, en alianza con el Ruskiy Mir, una institución oficial rusa similar a la red de Institutos Confucio del Han Ban chino. Lo cierto es que la Universidad de Granada adoptó un acuerdo diferente: en lugar de suspender sus actividades, se acordó administrar en adelante el Centro Ruso directamente por la propia Universidad, sin la presencia de esa institución oficial rusa, en aplicación de las sanciones. Pero no se priva a los estudiantes ni a los profesores, investigadores o profesionales, de la oportunidad que significa la existencia de tal centro (https://www.granadahoy.com/granada/Centro-Ruso-Granada-UGR_0_1662134076.html). Me parece una decisión mucho más razonable.

Además, su recomendación a los estudiantes rusos en relación con la suspensión de sus estudios (también se recomendó a los estudiantes de la UV en Rusia que retornaran). En realidad, respecto al acuerdo relativo a los diez estudiantes rusos, creo que lo que ha habido es un error de comunicación, de grueso calibre, porque ha afectado a la imagen de la Universidad, de su Consejo de Gobierno y de su rectora, al enfatizar inicialmente la dimensión de suspensión y de ruptura alegando la coherencia con los acuerdos de instituciones superiores (de la propia UE, de los ministerios, de la CRUE) que, insisto y a mi juicio, son desproporcionados e indiscriminados. Lo cierto es que, como ha aclarado después el comunicado oficial de la propia UV, (un comunicado que debería haberse publicado el primer día pero que no se hizo público hasta el 16 de marzo: https://www.uv.es/uvweb/uv-noticias/ca/noticies/posicio-uv-sobre-programes-mobilitat-russia-1285973304159/Novetat.html?id=1286250292228&plantilla=UV_Noticies/Page/TPGDetaillNews), la Universitat se dirigió a los diez estudiantes de nacionalidad rusa que cursan en ella sus estudios para recomendarlas que retornaran a su país, a la vista de la guerra y de las consecuencias de las sanciones, que comportan indudablemente dificultades económicas para continuar su vida en Valencia y les ofreció ayuda fuera cual fuera la decisión que adoptaran. La Universitat aclara que no se les prohibió (faltaría más) que prosigan sus estudios.Así se dice expresamente: “la Universitat ha recomanat, com a mesura de seguretat a l’estudiantat valencià a Russia retornar a valència i l’estudiantat rus rerornar al seu país, però donarem suport a les decissions que adopten”).

Cualquiera que conozca los estatutos, el programa con el que concurrió a las elecciones el equipo rectoral de la profesora Mestre y el talante y, desde luego, las convicciones de la rectora Mestre y de los profesores que forman parte de su equipo de gobierno, sabe que no cabe duda de que el propósito de ese acuerdo del Consejo de gobierno era ayudar a los estudiantes, no castigarlos. Esa es mi convicción y por eso he rechazado y condeno los insultos y descalificaciones de grueso tono vertidos contra la rectora y el Consejo de Gobierno. Pero lo cierto es que se comunicó mal y, sobre todo, se enfatizó la coherencia con una posición da principio (la de la UE y demás instituciones que han decidido aplicar las sanciones en el mundo científico universitario y cultural) que, como digo, considero errónea por su carácter indiscriminado en cuanto a sus destinatarios y por su desproporción e inadecuación a lo que es la comunidad universitaria, una comunidad por definición abierta. Estoy con el president Puig, cuando advirtió que en ningún modo las sanciones, tampoco las universitarias, pueden tener como objeto a los ciudadanos de a pie, porque hay que distinguir entre Putin, su círculo de poder y el pueblo ruso https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20220316/8130085/ximo-puig-pide-uv-trate-todos-rusos-fueran-putin.html).Ojalá acabe pronto este horror y no tenga como consecuencia la aparición de un foso en las relaciones entre el admirable pueblo ruso, su maravillosa cultura, sus extraordinarios científicos, artistas, profesores, investigadores y estudiantes… y nosotros.

VERICUETOS DE LA VOLUNTAD POLÍTICA EUROPEA ANTE LOS REFUGIADOS (versión ampliada del artículo publicado en Infolibre, 16 de marzo de 2022)

Una nueva voluntad política europea, ante los refugiados ucranianos

El aluvión de informaciones sobre la masiva diáspora ucraniana no puede dejar impasible a nadie: en menos de tres semanas de guerra, casi tres millones de personas han abandonado sus hogares en busca de protección. Impresiona, asimismo, el esfuerzo de solidaridad que se vive en toda Europa, comenzando por los países fronterizos: Polonia, Rumania o Moldavia, tanto por parte de sus gobiernos como de los ciudadanos. Polonia, otrora reluctante a cualquier pacto europeo que le imponga cuotas, acoge ya a 1,6 millones de refugiados ucranianos; el gobierno húngaro de Orban, cortado por el mismo patrón, ha recibido ya a más de un cuarto de millón. Casi 200.000 se encuentran en Eslovaquia, y más de 100.000 en un país minúsculo y pobre, Moldavia, de apenas dos millones de habitantes. Mientras tanto, la propia UE ha adoptado acuerdos políticos inéditos respecto a los desplazados que huyen de Ucrania.

El punto de inflexión ha sido la Decisión de Ejecución (UE) 2022/382 del Consejo, adoptada el 4 de marzo de 2022. Esta decisión supone activar la aplicación de la Directiva de protección temporal 2001/55/CEE, prevista para casos de afluencia masiva de personas desplazadas. Es la primera vez que se decide así, después de  veinte años de su aprobación. La activación obliga a los Estados miembros a concretar el reconocimiento individual de la protección temporal en el caso concreto de las personas desplazadas por el conflicto en Ucrania. Ello permite ofrecer a los ucranios una protección internacional análoga a la del asilo, que consiste ante todo en el principio de no devolución al país de origen a quien solicita tal protección (principio de non refoulement) y, ademá,s posibilita permisos de residencia y trabajo, apoyo financiero y acogida. En aplicación de ese acuerdo, los gobiernos europeos rivalizan hoy en establecer sistemas ágiles y generosos para esos desplazados ucranianos. Por no hablar de los innumerables ejemplos de generosa solidaridad por parte de las instituciones, agentes de la sociedad civil y simples ciudadanos.

Si la respuesta institucional europea ha sido en términos generales generosa y ágil, en el caso del gobierno español (y de los gobiernos de las CCAA y de un buen número de ayuntamientos) resulta remarcable y se concreta en dos órdenes ministeriales que concretan los acuerdos adoptados en el Consejo de ministros del 8 de marzo de 2022 (cuatro días después de la decisión del Consejo europeo).

La primera, la OM/170/2022, de 9 de marzo de 2022 (https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/10/pdfs/BOE-A-2022-3716.pdf), amplía la protección temporal otorgada en virtud de la Decisión de Ejecución (UE) 2022/382 del Consejo de 4 de marzo de 2022 a personas afectadas por el conflicto de Ucrania que puedan encontrar refugio en España. Supone, por cierto, una interpretación particularmente generosa de la aplicación de la directiva europea de 2001. En primer lugar, España permite acogerse a la norma a aquellos que ya vivían en España y que actualmente están en situación irregular, un supuesto que no estaba expresamente incluido en la decisión del Consejo Europeo. La medida beneficia a un número incierto de ucranios, por la imposibilidad de medir con rigor la irregularidad, pero puede tratarse de entre 10.000 y 18.000 personas. La aplicación que el gobierno español ha hecho, “considerando que las consecuencias de la guerra afectan a otras muchas personas”, amplía el ámbito subjetivo de aplicación, al extenderlo también a los refugiados que habían obtenido protección internacional en Ucrania, así como a los ciudadanos de terceros países con permisos permanentes de residencia en ese país. La norma también incluye a los familiares directos de estos. La ampliación de los supuestos que pueden acogerse a la directiva europea también beneficiará a aquellos residentes en Ucrania que estaban fuera del país antes de que el pasado 24 de febrero comenzase la invasión rusa. Esto incluye a turistas, estudiantes o ciudadanos en viajes de trabajo. En su decisión, España amplia la protección temporal a aquellos que residían en Ucrania con autorizaciones de residencia temporales y no solo permanentes, incluyendo así, por ejemplo, a estudiantes de terceros países. El resto de residentes ucranios en España, como ya se anunció la semana pasada, tendrán prioridad para renovar con agilidad sus trámites.

La principal incógnita residía en la cuestión de procedimiento, debido a lo dispuesto en el artículo 11 del RD 1235/2003 que aprobó el reglamento de aplicación de la directiva europea de 2001 y que impone que las solicitudes pasen por la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), muy sobrecargada en la actualidad (unas 80000 solicitudes pendientes), lo que supone que la tramitación y resolución de los expedientes de asilo en España sufran desde hace años muy considerables retrasos y dificultades, pese al esfuerzo de este gobierno por reforzar las plantillas de funcionarios que trabajan en esos temas. Pero el 10 de marzo se publicaba en el BOE una segunda Orden ministerial, la OM 169/2022 del Ministerio de Presidencia que, tras el trabajo conjunto con los ministerios de Inclusión y de Interior, habilitaba una solución de urgencia para aplicar individualmente la directiva de protección temporal y desbloquear las dificultades de procedimiento. Se trata de la, por la que se desarrolla el procedimiento para el reconocimiento de la protección temporal a personas afectadas por el conflicto en Ucrania (https://www.boe.es/eli/es/o/2022/03/09/pcm169/dof/spa/pdf), presentada como una normativa complementaria del Reglamento de 2003.

Esta solución técnicojurídica para salvar la dificultad que planteaba el mencionado artículo 11 del Reglamento es del mayor interés. De un lado, se arranca de la disposición final primera de esa norma, que habilita a los Ministerios de inclusión y de Interior para dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, las normas que sean necesarias para la ejecución y desarrollo de lo dispuesto en él. Además, para reforzar el fundamento jurídico de esta normativa complementaria, se invocan los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y particularmente a los de necesidad y eficacia, proporcionalidad, eficiencia y seguridad jurídica. En suma, esta Orden Ministerial supone de hecho la creación de una vía urgentísima de acogida, pues hace posible que los desplazados reciban en un plazo de 24 horas la documentación necesaria para trabajar.

Quede claro que, a mi juicio, todos estos esfuerzos merecen, por descontado, un juicio muy positivo. Pero resulta muy llamativa la aparición ahora, con ocasión de la diáspora ucraniana, de una voluntad política que ha sabido echar mano de instrumentos jurídicos y aun de ponerlos en marcha con una agilidad y eficacia inusitadas. Esta nueva y decidida voluntad política ante un caso específico de asylum seekers (demandantes de asilo o protección internacional), los ucranios que buscan protección huyendo de la guerra desatada ferozmente por Putin, exige explicación. Y la exige además, porque esto sucede cuando nos encontramos en medio de un debate sobre el nuevo y complejo Plan europeo de inmigración y asilo que está en estudio desde 2020 (un conjunto de documentos de considerable dificultad técnica), presidido por la voluntad política del núcleo duro de la UE que insiste en mantener la lógica básica del reglamento de Dublín, esto es, que el estado miembro en el que pongan pie los aspirantes a obtener asilo se haga cargo de todo lo relativo a ese expediente, sin que pueda trasladarse a un tercer Estado miembro. Una tesis que, como han puesto de manifiesto gobiernos como el de España, es manifiestamente asimétrica e insolidaria ¿Significa esto un giro en la política europea sobre refugiados, o se trata sólo de una notable excepción?

Dicho con más claridad, ¿por qué esta movilización de esfuerzos, esta decidida voluntad política de concretar de forma tan generosa la solidaridad europea, de afrontar ahora sí y con decisión esta crisis de refugiados, a diferencia de cuanto sucedió en dos casos absolutamente similares? Me refiero, claro, a los desplazamientos masivos de personas que huían de la guerra en Siria (también en Afganistán, aunque los supuestos no sean idénticos), para los que el europarlamento solicitó la activación de esa directiva.

Reparemos en que en el caso de Siria se trata de una guerra que dura ya 11 años y que ha provocado que más de 13 millones de personas huyan de sus hogares: casi 7 millones desplazados a otros puntos de Siria y más de 6 millones han abandonado su país. El fracaso de los intentos que hizo la Comisión en 2015 par asegurar un procedimiento se distribución de cuotas obligatorias de refugiados sirios entre los Estados miembros es un recuerdo lacerante de la ausencia de voluntad política, por no decir de la voluntad política de rechazo, de desentendimiento de la suerte de esos centenares de miles de personas.

En cuanto a nuestra respuesta a los afganos ha sido, con todos los respetos, cicatera: no quiero desdeñar el esfuerzo realizado para evacuar y reubicar en la UE -en España se consiguió evacuar a 2000, de los que 1650 solicitaron asilo- a aquellos que trabajaban como colaboradores de nuestras embajadas en Kabul. Hay motivos para estar orgullosos de la eficacia y agilidad de esa operación humanitaria, insisto, pero la mayoría de los afganos -de las mujeres y niñas afganas- que sufren graves violaciones de sus derechos por parte del régimen talibán y que buscan como pueden refugio no encontrarán la voluntad política de la UE.

Podríamos añadir, por cierto, el caso de Venezuela, como recordaba la periodista María Martín (https://elpais.com/espana/2022-03-14/el-inedito-ejemplo-de-los-refugiados-ucranios.html). El régimen de Maduro ha generado, según los datos del ACNUR, un éxodo de más de 6 millones de personas. España es uno de los tres países de la UE que ha recibido más solicitudes de asilo o protección internacional por parte de esos desplazados venezolanos, más de 118.000 en 2019. El Gobierno español ha acudido a otorgarles una solución excepcional, un permiso de residencia de un año por razones humanitarias, pero, como ha puesto de manifiesto CEAR, el porcentaje de reconocimiento como refugiados es mínimo. Y hay que hacer constar que el entonces Defensor del Pueblo pidió al Gobierno que contemplase la activación de la directiva 2001, pero no se consideró procedente.

Por no decir de cuanto sucede en las islas del Egeo, en el Mediterráneo o en Canarias, donde parece naufragar reiteradamente cualquier atisbo de voluntad política europea decente.

Los límites empíricos de la solidaridad. De la solidaridad al interés geopolítico.

Vuelvo a la pregunta que motiva este artículo. Ante la necesidad de explicación para la aparición de esta insólita voluntad política caben varias hipótesis.

Una de las primeras consiste en tratar de entender el motor de solidaridad que aquí se ha manifestado. ¿Por qué esta explosión de solidaridad con los ucranios, que no se queda en proclamas retóricas o vagos sentimientos, sino que se concreta en la disposición a afrontar sacrificios concretos, no sólo por parte de los ciudadanos de a pie que dan muestras de ello con una movilización nunca vista, sino también de las instituciones?

Creo que puede servirnos la referencia a lo que se ha llamado la concepción liberal de solidaridad, propuesta por Richard Rorty en su influyente obra Contingencia, ironía, solidaridad. Rorty se propone desnudar los límites de un universalismo solidario que, en el fondo, se queda las más de las veces en retórica, de acuerdo con el lema que se atribuye a un europeo de profunda convicción social, Jacques Delors: “no podemos cargar con toda la miseria de mundo”. Para Rorty, la retórica universalista de los vínculos con la humanidad, con una esencia humana, muy asequible en la medida en que el propósito de mostrarse solidario con los que viven en el otro extremo del mundo queda satisfecho con gestos que no cuestan nada, no tiene capacidad para concretarse en deberes, en contribuciones concretas. Eso sólo es posible desde un sentido más restringido y más local, que permite percibir con claridad nuestras similitudes en la experiencia del dolor y la humillación de oras personas y así incluirlas en el nosotros. Esto se activa con mayor capacidad cuanto esos sufrimientos los padecen quienes se encuentran más próximos al círculo del nosotros. Posibilita así asumir sacrificios esfuerzos reales por ellos. El sufrimiento de los ucranios es eso, precisamente, un sufrimiento próximo. También porque los ucranios viven entre nosotros ya, con importantes comunidades en varios estados europeos (en España vive la cuarta por número). Un botón de muestra lo ofrecen las imágenes de reencuentro con los niños y adolescentes ucranianos que, para muchas familias -por ejemplo, en España- son de la familia, porque han vivido ya aquí con su familia de acogida, que los considera suyos.

En realidad, la respuesta de Rorty nos aproxima a la tesis más verosímil, la que han ofrecido la mayoría de los expertos que, siguiendo la navaja de Ockham, es la más sencilla. Los ucranios -a diferencia de los afganos o de los sirios- son de los nuestros. Así lo explica el investigador del CIDOB Francesco Pasetti: “Como hemos visto en medios de comunicación, también por parte de representantes políticos, hay un relato y un juicio moral muy diferente a los que tuvimos tras la crisis de 2015: ahora se trata de nosotros, no de otros, estas personas son nuestros verdaderos refugiados” (cfr. https://elpais.com/internacional/2022-03-14/por-que-huir-de-ucrania-no-es-huir-de-siria.html). Entendámonos: no es sólo ni primordialmente porque sean rubios, con ojos azules y cristianos. También lo son, por ejemplo, buena parte de los rusos. Es que, sin admitirlos como europeos tout court, los vemos próximos a nosotros, los europeos. Y esa proximidad se debe también, aquí y ahora, a un interés geopolítico: a diferencia de los asiáticos o de los africanos y de los rusos que son nuestros enemigos, los ucranianos son vistos ahora como enemigos de nuestro enemigo, el autócrata Putin. Por eso, sin ánimo alguno de ironía, ni menos aún de menoscabo a la terrible condición de refugiado -una situación en absoluto envidiable, que no puede desearse a nadie-, cabe decir que, en este momento y para nosotros, los ucranianos son los refugiados por excelencia.

Esta razón entronca con la advertencia proclamada reiteradamente por el Alto Representante Borrell: la agresión de Putin ha actuado como acelerador de una nueva conciencia geopolítica de la UE (al igual que ha supuesto un punto d inflexión en la magen y en el papel de la OTAN para los europeos). Y ello porque la UE ha dejado claro que la invasión de Ucrania por Putin es una guerra del populismo autoritario contra los valores de la democracia liberal que encarna la UE. Es decir, vemos a los ucranianos como víctimas de una guerra que es nuestra guerra. Sí, es verdad que esa guerra, por ahora y afortundmente, sólo lo es en los términos de una guerra económica, que incluye la ayuda a la legítima defensa del Estado agredido en términos de ayuda humanitaria y ayuda armamentística a Ucrania, junto a un abanico de fuertes sanciones económicas. Todo ello, en el marco de la legalidad internacional definida por el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas y sin renunciar al papel primordial de la diplomacia. Por eso, asumimos sacrificios en aras de su protección, porque son de los nuestros.

Ahora bien, aun siendo de los nuestros, no son exactamente nosotros. Tenemos muy claro que ni forman parte de la UE, ni de la OTAN. Los queremos, sí, pero no tanto como, por ejemplo, para imponer una zona de exclusión aérea que abra el riesgo de un enfrentamiento directo que, por lo que dicen los dos gallitos -Putin y Biden- (el tercero, China, guarda silencio y probablemente es el que obtendrá más beneficio de este desastre), sería una tercera guerra mundial con recurso a armamento nuclear. Para eso, para que estemos dispuestos a jugárnosla de verdad,

Pero no quiero finalizar sin referirme a otro factor de la aparición de esa voluntad política, que podría describirse como la “paradoja boomerang de los refugiados europeos”, un argumento que está en el núcleo mismo del sistema de protección internacional a las personas que necesitan encontrar refugio

La paradoja de un sistema jurídico que nació para proteger a los europeos, se convirtió en universal y parece regresar a la preferencia europea.

A propósito de la diáspora ucraniana, se ha hecho referencia a menudo en estos días a otros éxodos europeos. Por ejemplo, los que causaron las guerras en la antigua Yugoslavia durante la década de los años 90, con especial brutalidad en Bosnia y Kosovo.  Se calcula que dos millones y medio de personas huyeron de sus hogares como consecuencia de esos conflictos y fueron recibidos por diferentes Estados de la Unión Europea, incluida España.

En realidad, la referencia inicial obliga a remontarse a los desplazamientos masivos de europeos tras la primera y sobre todo la segunda guerra mundial. Lo mismo sucedía con el mandato del ACNUR, que se preveía por sólo tres años, el tiempo necesario para reasentar a esos ciudadanos europeos desplazados de sus hogares.

Precisamente ahí reside la paradoja: el derecho internacional de refugiados cuyo núcleo es la Convención de Ginebra de 1951, y la aparición misma de la Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) en 1952, una agencia cuyo antecedente fue la Organización Internacional de los Refugiados creada en 1946, se vinculan directamente con el objetivo de proteger a esos europeos que se habían visto obligados a huir de sus hogares. De hecho, la Convención nace con una limitación geográfica (territorio europeo) y temporal (hechos acontecidos antes de 1951). El mandato del ACNUR se limitaba a tres años, los que se entendía necesarios para reasentar a esa diáspora europea. Por eso, más de una vez ha habido quien se ha preguntado si esa Convención y esa Agencia habrían nacido y tendrían los perfiles que tienen hoy si no se hubiera tratado precisamente de atender a una demanda que se veía primordialmente como europea.

Pero lo importante es, casi de inmediato, apenas quince años después, tanto el Derecho internacional de refugiados como el ACNUR adquirieron un alcance universal. Ello fue posible merced a la adopción del segundo elemento nuclear del Derecho internacional de refugiados, el Protocolo sobre el estatuto de los refugiados, que se adoptó en Nueva York en 1967 y que eliminó el restringido ámbito territorial y temporal de la Convención, permitiendo su proyección universal. Dicho de otro modo: lo que nació a impulsos del drama europeo, se proyecta a todos los refugiados, o, para hablar con mayor propiedad, a todas las personas a las que es necesario ofrecer la protección internacional propia de la condición de refugiados (titulares del derecho de asilo o de la protección internacional subsidiaria). Todos ellos lo son por igual, sea cual fuere el país del que son ciudadanos, sus características étnicas, nacionales, religiosas…con tal de que se acredite que se han visto forzados a abandonarlo por sufrir persecución que les pone en serio peligro, por parte de su propio Estado, o sin que el Estado del que son ciudadanos los proteja. Lo que me interesa destacar es que la Convención de Ginebra no admite refugiados de primera o segunda clase. Como establece su artículo 3, cualquier discriminación por razones geográficas o de otro tipo es contraria al espíritu mismo de ese instrumento jurídico.

Sin embargo, pareciera que en la actual coyuntura se refuerza de nuevo la preferencia europea, como en un efecto boomerang. Y no sólo porque las fuerzas de extrema derecha, en Polonia, Hungría, Alemania, Italia o España clamen por los “verdaderos y buenos refugiados”, los que están libres del estigma de sospecha de ser ejército de reserva del yihadismo, como sostiene Vox. Es que gobiernos tan respetados como el danés practican abiertamente esa discriminación, al adoptar medidas para restringir los derechos de los refugiados sirios -medidas que ha anunciado que no aplicará a los ucranios- y que son totalmente contrarias a la Convención (cfr. https://www.nytimes.com/interactive/2022/03/07/world/europe/Syrian-Asylum-Seekers-in-Denmark.html?smtyp=cur&smid=tw-nytimesworld).

La conclusión que cabe sostener es muy clara: de acuerdo con la legalidad internacional, resulta inadmisible una discriminación entre personas a los que se reconozca como refugiados, por el hecho de que pertenezcan a una confesión religiosa, como pretendieron los gobiernos de Polonia y Hungría con motivo de la crisis de refugiados de 2015, vinculada a la evolución de la guerra de Siria (y, en menor medida, a la situación de Afganistán), al tratarse en su mayoría de personas de fe musulmana. Tampoco por razones geográficas. Y precisamente por eso resulta difícil justificar que la activación de la directiva sólo se haya producido a favor de los ucranianos. Para despejar cualquier duda, quiero dejar claro que no discuto que se active la directiva ahora, ante el horror que les obliga a huir. Digo que, a mi juicio, es injustificable desde el punto de vista de la observancia del derecho internacional de refugiados que no se hiciera en su momento, que no se haga ahora lo mismo, respecto a sirios y afganos.

LA POLÍTICA DE LA RECONQUISTA CULTURAL (versión ampliada del artículo publicado en Infolibre, el 14 de febrero de 2022)

En círculos de nuestra derecha política cobra fuerza la tesis de dar prioridad a la denominada “guerra cultural”. Se trata de una batalla por la hegemonía cultural, que tiene no poco de paradójica reinterpretación de Gramsci. Hay una versión soi dissant liberal, la que me parece que pueden representar, con todos los matices que quieran, la diputada Cayetana Alvarez de Toledo, o su protector, el escritor Vargas Llosa, en su faceta de activista político de la derecha liberal. Y otra, en tono mucho más agreste, enarbolada por las gentes de Vox e incluso algún sector del PP, como la señora Díaz Ayuso. Esta segunda versión cada vez parece más próxima a los lemas y propósitos del supremacismo, a la xenofobia -cuando no el racismo- de los Orban, Le Pen, del muy hábil polemista Zemmour y, claro, de la versión estadounidense, la que encarnan Trump, su ideólogo Bannon y el movimiento Q’anon.

Así, la extrema derecha y una parte de la derecha, parecen empeñadas en la reivindicación de la superioridad de «nuestra cultura», la española, que -como en la polémica entre Américo Castro y Sánchez Albornoz-, entienden como una cultura monolítica, cristiana y castellana, en nombre de la cual habría que reconquistar España frente a los que quieren disolverla. A su entender, hoy, como entonces -o en la “cruzada” del 36-, se trataría de ganar la batalla por la verdadera alma de España, frente a la nueva llegada amenazadora de los <moros> (meros «invasores», dicen, aunque la invasión durara 7 siglos) y frente a los separatistas <antiespañoles>. Y claro, eso exige expulsar a los extraños y domeñar a los rebeldes.

Así lo ha dejado claro Vox, por enésima vez, en las Proposiciones No de Ley (PNL) números 854 y 855, que se debatirán en el próximo pleno en el Congreso y respecto a las cuales será interesante ver la reacción del PP, sobre todo tras los resultados de las elecciones en Castilla y León, que dejan al PP en manos de Vox si quiere mantener el gobierno en la legislatura abierta repentinamente por decisión del presidente Fernández Mañueco. El propósito de esas iniciativas parlamentarias no es normativo, claro, sino simbólico: son instrumentos en esa guerra cultural, con el altavoz que proporciona el debate en el Congreso. Una reconquista cultural que, reitero, les parece clave para ganar la batalla por el poder. Pero que, a mi juicio, habla mal de su visión de la política, de lo que les interesa a los ciudadanos.

Sabemos que las identidades son constructos sociales. Aun así, resulta increíble que los Abascal, Olona o Díaz Ayuso, como también algunos seudohistoriadores y no pocos “comunicadores” en prensa, radio y televisión, quieran reescribir la historia de España de forma tan ignara, como si aquí no hubieran vivido más que Viriato (portugués, por cierto), Don Pelayo, Jaime I y los Reyes Católicos. Por no hablar de la mixtificación de la figura de El Cid, un valeroso y hábil guerrero de frontera que no tuvo empacho en servir a los intereses del rey musulmán de Zaragoza y que no conquistó Valencia en nombre de ningún rey cristiano, sino de sí mismo.

Esa pretendida <identidad española> es brutalmente ficticia, y quizá revela más acerca del miedo de algunos a mirarse en el espejo, que no de sus convicciones. Lo dejó escrito magistral y lapidariamente Machado, en sus <Proverbios y Cantares>, antes de que lo argumentara elocuentemente el gran Edward Said: «hombre occidental/tu miedo a Oriente/ ¿es miedo a dormir, o a despertar?».

La historia de España es la de una profunda diversidad de pueblos y culturas, una riqueza incontestable, para la que hay que reconocer que no acabamos de encontrar un modelo estable de gestión política común. Y si bien el de la Constitución de 1978 nos ha ofrecido el período más duradero y exitoso, parece claro que hay que actualizarlo, y a fondo. Porque, entre otras cosas, ese acuerdo constitucional es deudor de un contexto global, incluso de un mundo, que ya no existe. Desgraciadamente, ante esa necesidad de actualización, la que parece ir ganando terreno es esa “narrativa” de la derecha extrema, al hilo de un cierto movimiento de agravio que postula la necesidad de una recentralización, una lógica centrípeta, so pretexto del peligro de desintegración de España.

Estos días he mantenido varias conversaciones sobre ese asunto con algunos buenos amigos, como Hana Jalloul y Gerardo Pisarello. Y les confiaba que, si hoy intentara repetir un experimento que realicé con frecuencia hace más de 30 años, cuando comenzábamos a debatir sobre la multiculturalidad constitutiva de España -de «las Españas», como subraya Joan Romero-, me temo que obtendría el mismo resultado, muestra de ignorancia de nuestra propia historia. Hace 30 años, en efecto, iniciaba muchas conferencias, charlas y clases con esta pregunta: ¿quién le parece que ha sido el filosofo español más importante de nuestra historia? Casi siempre la respuesta era Ortega, o Unamuno. Alguna vez alguien se atrevía a sugerir el nombre de Ramon Llull, incluso Séneca. Nunca el de una mujer, como María Zambrano. A mi juicio, la respuesta acertada era y es, por encima de todos ellos, otro cordobés, el que más ha aportado a la cultura universal, incluso por encima de Séneca, o de Maimónides (cordobeses también). Me refiero al filósofo, médico, jurista y teólogo Averroes, en la versión castellanizada, o, por su nombre árabe, Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rushd.

Averroes, gracias a sus Comentarios sobre Aristóteles, o a obras como Refutación de la refutación, fue clave para que la cultura europea, la universal, recuperase a Aristóteles. Además, aportó conceptos básicos para la modernidad. Distinguía entre varias formas de intelecto, hasta cuatro, aunque las básicas para él eran dos: el intelecto receptivo y el agente, una distinción que permitió separar razón y fe y desvincular la reflexión filosófica de las especulaciones míticas y su instrumentación política. Por no hablar de su noción de imputabilidad. Pero claro, el filosofo cordobés era árabe y musulmán y hay algunos que siguen pensado que es imposible ser español y árabe, o español y musulmán…

Vuelvo al presente. La primera de las dos PNL presentadas por Vox a las que me he referido antes, pretende entre otros objetivos que, a imitación de una -a mi juicio- reaccionaria y calculada iniciativa del presidente Macron, el Gobierno suspenda los visados a los ciudadanos de Marruecos, Argelia, Túnez y Mauritania, como medida de retorsión por la falta de colaboración de sus gobiernos en el control de la inmigración “ilegal”. La segunda sostiene que los flujos de inmigración “ilegal”, vinculados a lo que denominan “grave crisis migratoria” que padeceríamos hoy, unidos a los procesos de radicalización de jóvenes musulmanes, serían un peligrosísimo vivero para el terrorismo (yihadista, claro) y por tanto deben ser considerados “situación de interés para la Seguridad Nacional”.

Vox se agarra así a uno de sus ganchos electorales, el espantajo de la amenaza de la inmigración. Dejo de lado algo tan evidente como lo injustificado de que la restricción del visado afecte a todos los ciudadanos de esos países no colaboradores y no se dirija sólo a su clase dirigente. Dejo de lado lo desproporcionado de la estigmatización de los inmigrantes musulmanes (así, en general) como aspirantes a terroristas. Obviaré asimismo que carece de sentido mimetizar la iniciativa francesa (al menos respecto a Túnez y Mauritania), habida cuenta de los datos sobre la inmigración a España procedente de esos países, que son poco relevantes. Por no hablar del castigo a las mujeres y hombres de Túnez, que llevaron a cabo valerosamente una revolución democrática y a la que hemos abandonado mientras su presidente practica un golpe de Estado permanente.  Me limitaré a subrayar dos aspectos.

El primero es que, una vez más, Vox recurre a hechos alternativos, falsea datos de la inmigración a Canarias (basta ver lo que muestra la web Maldita Migración), así como del impacto de los inmigrantes en el Estado del bienestar. Lo cierto y bien sabido es que la inmigración ofrece un saldo abiertamente positivo a ese respecto, pues aporta bastante más de lo que recibe. Así lo han vuelto a demostrar el International Migration Outlook (IMO) 2021 de la OCDE, y el World Migration Report 2022 de la Organización Internacional de las Migraciones (ONU): lean el capítulo 12, por ejemplo.

El segundo, es que justo cuando Vox pretende afirmarse como partido de gobierno, acredita un severo desconocimiento de exigencias básicas de una política de Estado, adecuada a nuestro contexto global. Mensajes como éste evidencian que Vox no conoce bien -por no decir, nada- el mundo en el que vivimos y prefiere vivir en su ensoñación de la España imperial. En un momento de crisis energética respecto al suministro de gas (que no afecta a Francia, líder de la energía nuclear), cuando España puede ofertar un corredor de gas para la UE, gracias a Argelia y aún más si las relaciones con Marruecos mejoran, lo último que dicta el manual de relaciones exteriores es utilizar la diplomacia agresiva contra esos dos países. No digamos nada en la coyuntura de tensión a propósito de Ucrania, a la que no es en absoluto ajena la cuestión energética. Quizá sus dirigentes podrían comenzar por leer un libro escrito por alguien nada sospechoso de peligroso izquierdismo, La venganza de la geografía, de Robert Kaplan. Porque eso repercute en el día a día de los ciudadanos, en el coste de la luz, del gas, de la gasolina y del diésel, por ejemplo. Pero superar esa grosera ignorancia quizá es mucho pedir a quienes viven de un populismo irresponsable, aun a costa de poner en riesgo las necesidades e intereses de los ciudadanos españoles que dicen defender.

DE VOTOS, NORMAS, JUECES Y (BUEN) GUSTO, Versión ampliada del artículo publicado en La Vanguardia-Valencia, 4 de febrero de 2022

Un buen amigo y compañero, el profesor y senador Artemi Rallo, suele ironizar con mi “espíritu de tertuliano”. Ya saben, los “todólogos”, cuya osadía para opinar sobre lo que les pongan por delante no tiene límites. El otro día se sorprendía, divertido, por el hecho de que yo no hubiera escrito nada a propósito del Benidorm Fest. Todo se andará, le dije. Y aquí estamos.

Reconozco que pertenezco al exiguo grupo de valencianos a los que otro amigo, el periodista Alfons García Giner, definía como “estirados indignos”: aquellos, por ejemplo, a los que no nos gustan ni las fallas, ni Eurovisión. Por eso, no estaba al tanto del resultado, aunque la sobreabundante información en medios y en las redes sociales colmó pronto mi ignorancia, a la par que mi perplejidad por la virulencia de no pocas intervenciones. en todo caso, permítanme afirmar que, a mi juicio, el festival ha sido un éxito de imagen para la Comunidad valenciana y, por tanto, la apuesta del Consell y de su presidente Ximo Puig por situar la selección del concurso de Eurovisión en Benidorm, debe considerarse un acierto.

Como saben, el asunto ha llegado al Congreso de los Diputados, porque por medio anda nada menos que la corporación pública de RTVE. Y es que, comoquiera que todos pagamos RTVE, se denuncia que no haya facilitado que el fallo del festival fuera una decisión acorde con el sentir mayoritario. El voto popular, en efecto, fue abrumadoramente favorable a la canción Terra, interpretada en gallego por el grupo Tanxugueiras y, en segundo lugar, a Ay mamá, la canción con mensaje feminista interpretada por la artista conocida como Rigoberta Bandini. La ganadora, la canción SloMo que interpretó con brío Chanel, obtuvo un escaso porcentaje de apoyo popular. Por cierto, anoten el detalle del que se hacía eco Analía Plaza en un artículo reciente (https://www.levante-emv.com/ocio/tv/2022/02/03/rtve-modifico-ocasiones-condiciones-eurovisivas-62250874.html): según la información proporcionada por Bupler, un portal especializado en televisión, en los últimos 30 años RTVE siempre ha exigido el 50% de los derechos editoriales de las canciones de Eurovisión, con dos excepciones: la canción de Chikilicuatre y la de este año, de Chanel. Y resulta que, en distinta proporción, los derechos de ambas canciones pertenecen a la misma discográfica, BMG, del grupo Bertelsmann. Como subraya la misma periodista, de cara a la promoción de la canción, esa alianza de RTVE y al discográfica puede funcionar bien. Pero la transparencia es siempre importante, algo que a mi juicio no parecía entender María Eizaguirre, directora de comunicación de RTVE en su rueda de prensa, en la que compareció tan indignada como aparentemente sorprendida por el hecho de que alguien pudiera interrogarse sobre la exquisita neutralidad de RTVE en su proceder.

Mi desconocimiento técnico sobre la música es sólo parejo a mi convicción de que no se puede vivir sin ella. No opinaré, pues, sobre las cualidades de las canciones, ni de sus intérpretes. No me extraña que hayan aparecido en torno al resultado polémicas que parecen traducir una inflamación identitaria (como son de nuestra tierra -gallegos, murcianos, catalanes…) si tenemos en cuenta que el festival de Eurovisión, además de negocio, tiene un componente de competición entre Estados. Más perplejidad produce el recuento de palabras que se cantan en inglés, o la estúpida disputa sobre el derecho a cantar en gallego, como si el gallego no fuera una de las lenguas oficiales en España. Lamento eso sí, una vez más, la tormenta de insultos, amenazas y mensajes de odio en las redes y desde luego, las dirigidas a la ganadora. Con todo, a un profesor de filosofía del Derecho (si me apuran, a un senador) no puede dejar de llamarle la atención una derivada del asunto. Me refiero a la polémica sobre la divergencia entre votos y reglas, y sobre el papel del jurado en todo esto. Si, además, te interesa la filosofía, también tiene su miga la pregunta sobre quién tiene o debe tener la palabra acerca de lo que es bello e incluso sublime, por ponernos kantianos.

En efecto, entre quienes eran entrevistados sobre el lío, no faltaron quienes mostraban su enfado por la “afrenta a la democracia” que suponía la decisión del jurado y el fallo final, máxime después de que los representantes de RTVE hicieron públicos los datos de esas votaciones. Y eso, pese a que las reglas de juego eran previas y muy claras sobre la ponderación del voto, esto es, el peso que correspondería a las decisiones del jurado y a los votos populares en la decisión final. El mensaje de protesta en nombre de la democracia herida, seguro, les sonará: la verdadera democracia está en manos de la voluntad del pueblo, que no puede ser suplantada por leguleyos, ni por jueces elitistas y ajenos al sentir popular. La verdadera democracia está en las urnas, en el voto de los ciudadanos, no en las leyes ni en quienes tienen el poder de aplicarlas. Si la legalidad y las decisiones de los jueces chocan con el sentir del pueblo, peor para la legalidad y para los jueces…Por eso se ha llegado a sostener que la corporación pública habría primado un criterio antidemocrático y por consiguiente, ilegítimo. E incluso hay quien ha pedido que se revoque el resultado.

Ya sé que simplifico una cuestión de enorme calado en la filosofía política y jurídica y en la práctica de las democracias. Pero, para no hacerme largo, recordaré que la mejor manera que hemos encontrado para resolver esa antinomia entre democracia y leyes ,consiste en recordar la verdad que encierra la vieja fórmula de la superioridad del gobierno de las leyes sobre el de los hombres, en aras precisamente de la garantía de los más débiles, como ha explicado Ferrajoli: el Derecho se legitima justamente por eso, por poder jugar el papel de barrera en defensa de esos más que no cuentan, frente a la ley de la selva, la de los intereses de los más fuertes y poderosos, como quieren siempre imponernos, como sigue tratando de imponernos, el discurso paleoliberal del mercado global. Eso sí, la receta platónica exige hoy el imprescindible añadido de que esas leyes sean democráticas, esto es, fruto de una decisión adoptada por la mayoría de los representantes de los ciudadanos, con respeto a los derechos de las minorías, después de un procedimiento de libre deliberación a su vez sujeto a reglas acordadas previamente. Y siempre con la garantía de que, frente a tales decisiones, cabe recurrir a su revisión por un contrapoder, los jueces. A éstos se les atribuye la competencia para revisar la observancia de reglas y procedimientos y el respeto a los derechos concernidos. A condición, claro, de que, a su vez, respeten esas reglas en su toma de decisión. Porque los jueces no son los señores del Derecho. El único señor legítimo del Derecho es el pueblo. Ahora bien, el pueblo tampoco es soberano absoluto: tiene un límite, el mismo que supone la idea básica del Estado de Derecho, el respeto a la ley, entendida ésta hoy de otra manera: respeto a la Constitución y al Derecho internacional de los derechos humanos.

La cuestión aquí, me parece, es que había unas reglas de juego y que eran públicas. Reglas que, probablemente, no fueron suficientemente publicitadas, esto es, que no hubo un particular empeño de transparencia. Quizá, porque no casaban muy bien con el proclamado propósito de abrir la decisión a la participación popular, un gancho eficaz para conseguir audiencia. Participación sí, pero sin abusar, parece que era el leit motiv real. En el fondo, en la intervención de la mencionada directora de comunicación de RTVE subyacía un conocido argumento: vale, el pueblo pude participar, pero las reglas de juego sobre el voto ponderado estaban bien, porque la última palabra la han de tener los verdaderos jueces, los que de verdad saben de esto, de música: no sólo del grado de belleza y armonía de la música. También del marketing, de cómo venderla para ganar un festival.

El argumento suena bien, pero no deja de rechinar. Es verdad que, frente al tópico “para gustos, los colores” (de gustibus non disputandum), frente a la tantas veces estéril polémica en torno a lo que sea el  <buen gusto>, la réplica no es difícil. Hay mucho escrito sobre los gustos. Por ejemplo, el ensayo de Bourdieu “La distinción. Criterios y bases sociales sobre el gusto”, que argumenta sobre el poder del contexto de clase a la hora de la creación de los cánones estéticos. Que no seamos conscientes de ello no significa que el criterio de gusto sea absolutamente espontáneo, arbitrario, fruto de preferencias de cada quien, nada objetivable. Es imposible ignorar la capacidad de la propaganda, de la manipulación, a la hora de conformar nuestros gustos.

Aún así, se podría contraargumentar que, si se trata de decidir si algo gusta, parece difícil negar que debe tener un peso decisivo el gusto de aquellos a quienes se supone que debe gustar. Aunque su criterio no obedezca a las mismas razones, ni sea particularmente formado, ni sublime. Por mi parte diré que comoquiera que se trata de un festival de las televisiones que representan a los pueblos, de los ciudadanos europeos (en sentido cada vez más amplio, que ya comenzó por incluir a Israel) y no de un concurso de pureza estilística, darle a ls ciudadanos el peso decisivo tampoco es tan disparatado.

Otra cosa es que todo el asunto revela, de nuevo, una lección importante sobre el ejrcicio de la democracia: la importancia de los reglamentos electorales. Quien controla la ley electoral, decide sobre la práctica de la democracia.

Dicho todo lo anterior, y para terminar, déjenme que añada que de los tres contendientes por la victoria final, mi preferencia es por Rigoberta Bandini y su Ay, mamá. Y algo más: mi deseo de que dejen en paz a Chanel y tenga suerte en su carrera.

LA TENTACIÓN DE LA ESPADA Y EL NUDO GORDIANO DE UCRANIA (versión ampliada del artículo publicado en Infolibre, 28 de enero de 2022)

Por muchas razones -geoestratégicas, económicas, culturales- tiene fundamento la referencia a Ucrania como nudo gordiano de la geopolítica internacional. Y parece que hay quien, a un lado y a otro, se toma a pies juntillas la leyenda que relata el historiador grecorromano Lucio Flavio Arriano en La Anábasis de Alejandro Magno: aquel que consiguiera desatar ese nudo, gobernaría todo Oriente. Cuentan que Alejandro fue a lo sencillo: un buen tajo de espada. Una solución que, aplicada hoy, supone para empezar que no se cuente con la voz de los ciudadanos de Ucrania, ni con sus legítimos representantes. Pero lo cierto es que tampoco se cuenta mucho con su voz por parte de quienes dicen querer evitar la espada y negocian en este momento con Putin.

La historia y también, por qué no, la ficción literaria y la cinematográfica, nos enseñan la necesidad de precaverse frente esos análisis simplistas y también contra los maniqueos, esas narrativas de los buenos contra los malos, que están proliferando en estos días a propósito del conflicto -los conflictos- de Ucrania, tratando de imponer las razones de Ucrania, las de Putin o Biden, o las de la OTAN y la UE. Y nos enseñan también no poco acerca de las consecuencias del recurso a la espada, en el que todos, también el que la empuña primero, salen perdiendo. En lo que sigue, trato de proponer algunas pistas para la reflexión, orientadas por la convicción de que, en un mundo como el de las relaciones internacionales, dominado por el propósito pragmático de los intereses de cada nación (por no decir, de cada gobierno), debe prevalecer el respeto básico a la legalidad internacional y, desde luego, la prohibición del recurso a ese mal absoluto que es la guerra. Lo que no quiere decir ignorar la lección de que la provocación bélica es una herramienta que siguen manejando todos los que aspiran a un lugar predominante en esas relaciones internacionales. No podemos ignorar que el sentimiento belicista es alimentado por los líderes autocráticos en momentos de debilidad interna, según el mecanismo de apelación al «agresor externo», de probada eficacia centrípeta. Una eficacia a la que, por desgracia, tamopco se es ajeno en las democracias. Baste pensar en la propaganda belicista del gobierno Thatcher en el conflicto de las Malvinas y quizá en los halcones que hoy, en los EEUU y en Europa (en la OTAN) agitan el argumento del miedo a la guerra, hasta el punto de exagerar la inminencia de un invasión o agresión a gran escala por parte de Rusia en Ucrania.

Sobre los simplismos y maniqueísmos.

Para tratar de evitar esos errores de planteamiento, acerquémonos al elenco de personajes, sus versiones y razones. Recordaré, ante todo, que la necesidad de evitar simplismos y maniqueísmos no implica la famosa equidistancia, porque es imposible estar ciego a algunos hechos difícilmente contestables.

El líder d la Federaión Rusa, Vladimir Putin, tiene todas las papeletas para cargar con el personaje del «malo» en esta historia. si alguien no se ha dado cuenta, Putin reúne todos los rasgos de un autócrata dispuesto a todo, que reproduce los modos y propósitos de los más poderosos zares de la vieja Rusia. Así lo ha descrito David Remnick en un artículo en The New Yorker -a mi juicio extremado-, en el que subraya su ambición por emular al zar Alejandro III, pionero del proceso de rusificación del gran imperio, que abarcaba ya en ese momento una inmensa realidad multicultural de pueblos y naciones diversas (https://www.newyorker.com/magazine/2022/01/31/putin-ukraine-and-the-preservation- of-power).

Lo que parece indiscutible es que Putin ha hecho de la Federación Rusa un régimen en el que apenas quedan restos de lo que debe ser, no ya una democracia, sino un Estado de derecho. No tiene problemas en pisotear derechos de los homosexuales o de minorías étnicas, por no hablar de las ONG de defensa de los derechos humanos, de la prensa libre o de los disidentes. Si hay que expropiar, se arrasa. Si hay que envenenar, se envenena. Cultiva hasta extremos difícilmente soportables la imagen de <líder fuerte>, que ofrece a la humillada alma rusa recuperar el orgullo perdido. Y sabe utilizar perfectamente la guerra de inteligencia. Por lo demás, lo que es seguro es que a Putin no le conviene el contagio democrático, y esa es, creo, una de las claves de su preocupación por desactivar el peso de la Unión Europea, su influencia, aunque nunca se formule expresamente.

Hay que convenir que la estrategia de Putin no es de ayer. Su proyecto de recuperar la dimensión de la URSS y su papel como potencia decisiva en las relaciones internacionales, es casi transparente. Lo ha descrito quien quizá hoy sea el historiador que mejor conoce la historia de Rusia, Orlando Figes, al centrar el proyecto de Putin enla recuperación del <Ruski Mir, el mundo ruso> (cfr. https://elpais.com/babelia/2022-01-29/en-el-conflicto-con-ucrania-moscu-se-aferra-a-las-las-coartadas-del-pasado.html). Los objetivos y los pasos en la estrategia están bien explicados, creo en el artículo, “Escalade du verbe entre la Russie et l’Ouest. Que cherche Moscou? Quid de l’invasion de l’Ukraine?”, del conocido blog bruselense B2 (https://www.bruxelles2.eu/2022/01/escalade-du-verbe-entre-la-russie-et-louest-que-cherche-moscou-quid-de-linvasion-de-lukraine/): el objetivo primordial sería recuperar el status de Gran Potencia en igualdad con los EEUU y China, para lo que necesita mantener y aun desarrollar su potencial armamentístico, asegurar su presencia en el Mediterráneo y fracturar el bloque occidental, en particular el vínculo entre los EEUU y la UE y la cohesión interna de la propia UE. En un sentido coincidente se muestra el documentado análisis de Andrea Rizzi en El País, que recoge entre otros los argumentos de expertos como Carmen Claudín (https://elpais.com/internacional/2022-01-23/que-busca-putin-con-su-gran-ordago-a-occidente-claves-para-entender-la-crisis-de-ucrania.html).

En el camino a la consecución del éxito de su estrategia, Putin lleva ya mucho tiempo jugando con mucha habilidad sus bazas (véase, por ej., el caso de Siria), lo que incluye sostener como aliados básicos de la Federación Rusa a Bielorusia y Kazajstán. Y parece muy claro el requisito mencionado: no es aventurado sostener que, entre los que Putin considera obstáculos para ese éxito, no se encuentran sólo los EEUU de Biden – tampoco China, con la que consigue mantener algo más que un pacto de no agresión-, sino de forma destacada la Unión Europea y la OTAN. Dividir a una y a otra es condición para su propósito. Añadamos que la compleja historia de las relaciones entre Rusia y Ucrania, como veremos enseguida, proporciona a Putin herramientas para una estrategia reivindicativa: lo que llamamos Ucrania (incluida Crimea) no está exenta de fuertes elementos de vinculación con cierta idea de Rusia.

Putin no es el único «malo» de la historia. Conversando sobre esto con el profesor Massimo LaTorre, me recordó que Gorbachov relata en sus Memorias que, en las negociaciones de 1990 con Bush y el secretario de Estado Baker, éste le prometió que “ni la jurisdicción ni las tropas de la OTAN se extenderían a territorios situados al este de los actuales límites de la Alianza… no avanzaría ni un centímetro». El propio Gorbachov, que confiesa que en aquel momento no consideraba ni remotamente la posibilidad de una reunificación alemana, sostuvo con firmeza que “en cualquier caso, sería inaceptable una ampliación del territorio de la OTAN”. Ese testimonio no diverge demasiado de lo que sostiene Mary Elise Sarott, (catedrática de Historia de la Universidad de Southern California y autora de un libro de referencia, 1989: The Struggle to Create Post-Cold War Europe), en su muy comentado artículo publicado en el número de octubre de 2014 de la revista Foreign Affairs,A broken Promise? La tesis de Gorbachov entonces, que es la de Putin en buena medida, era que Rusia no podía aceptar jamás tener frontera con un país de la OTAN, porque, como lo fue la instalación de los misiles en Cuba, a escasos kilómetros del territorio norteamericano, eso sería una línea roja, inadmisible. Putin ha reiterado en múltiples oportunidades esa tesis. Por ejemplo, en un famoso discurso en la 43 Conferencia Internacional de Munich sobre política de seguridad, en 2007: “Creo que es obvio que la expansión de la OTAN no tiene ninguna relación con la modernización de la propia Alianza ni con garantizar la seguridad en Europa. Por el contrario, representa una grave provocación que reduce el nivel de confianza mutua. Y tenemos derecho a preguntar: ¿contra quién va dirigida esta expansión? ¿Y qué pasó con las garantías que hicieron nuestros socios occidentales después de la disolución del Pacto de Varsovia? ¿Dónde están hoy esas declaraciones?” ¿Tiene razón Putin para sostener que la expansión de la OTAN y singularmente la incorporación de Ucrania a la OTAN sería una amenaza inaceptable para Rusia? Eso nos lleva a la vexata quaestio del papel estratégico de la OTAN, el segundo actor en el escenario. 

De entrada, diré que no parece que la analogía entre la crisis de los misiles y la presencia de fuerzas de la OTAN en Ucrania pueda sostenerse sin más. Tendríamos que admitir esa tesis de Putin según la cual la OTAN es una amenaza. Pero la OTAN es una alianza defensiva, que sigue teniendo sentido frente al riesgo (no digamos la amenaza) de agresión, que existe, aunque haya desaparecido la URSS: baste pensar en Corea del Norte y en la amenaza que supone la impresionante capacidad nuclear en manos de Putin. Pregunten a los ciudadanos de los Estados bálticos si creen que ese riesgo es verosímil. No digamos nada si preguntamos a los gobiernos de Polonia y Hungría, estados en los que siguen vivas las heridas de la férrea dominación soviética. 

Por supuesto que eso no significa que debamos ignorar la existencia de quienes, desde hace tiempo, no conciben la OTAN como una alianza defensiva, sino como un instrumento para asentar la hegemonía en eso que los británicos dan en llamar el «gran tablero». Y desde luego, la oportunidad que ven los EEUU de reafirmar su papel en el escenario internacional y, de paso, fortalecer la imagen de Biden, que está en horas bajas, empezando por su propio país.

Un veterano iusinternacionalista, el profesor Faramiñán, en uno de los artículos que ha dedicado a este asunto, Ucrania sobre un trípode inestable, ha subrayado que la OTAN y Putin, en el fondo, comparten una estrategia similar: la creación de lo que denomina “cuñas de influencia”. Así, escribe, “entiendo que estamos ante una estrategia muy meditada que implica ir generando cuñas de influencia, que he bautizado como «zonas buffer» por seguir un símil de laboratorio, acuñado por la ecobiología, en las que se van generando zonas de amortiguamiento en un probablemente muy bien diseñado modelo expansionista, muy calculado para determinadas áreas”. Por cierto, el Consejo de ministros de Asuntos Exteriores de la UE, en su reunión del lunes 24 de enero, como luego recogeré, ha negado enfáticamente la aceptación de “zonas de influencia” en territorio europeo.

Pero es que hay más en relación con este segundo actor: sucede que Putin tiene la ventaja de la situación de la propia OTAN, seriamente debilitada y agrietada. Por eso Macron ha podido hablar de la «muerte cerebral» en la que se encuentra la OTAN. No sólo por la asimetría en su sostenimiento (los reproches de Trump sobre la débil contribución de los socios europeos fueron idénticos a los de Obama), sino también por las tensiones entre quienes quieren hacer de ella algo más y los que tratan de encontrar una alternativa propia, al menos, europea. El reciente episodio del vicealmirante alemán Shönbach, no me parece un error por parte de éste, sino una forma deliberada de evidenciar que no todos comparten las directrices de Stoltenberg y Biden. 

Y hablemos del tercer actor, un secundario de lujo: la Unión Europea. La UE – menos aún, una potencia menor como España- no tiene asiento ni piezas clave en ese juego. ¿Puede y debería tenerlo? Sin duda, la respuesta es sí. Sin embargo, para hacer verosímil esa respuesta, deberían cumplirse dos condiciones.

La primera, la autonomía defensiva y estratégica europea, un desiderátum tantas veces aplazado ad calendas graecas. Una autonomía que ha de completarse, como he recordado en algún otro artículo, con la autonomía energética: por eso la cuestión del gas es tan importante en este conflicto. Recomiendo la lectura de los artículos que Enric Juliana ha dedicado a la cuestión (por ejemplo: «Barcelona, cabecera del gas de la OTAN»: https://www.lavanguardia.com/internacional/20220130/8021276/barcelona-cabecera-gas-otan.html?fbclid=IwAR1S8LtTzWySJcVTIs5YnBsrZy_DczymPbIUSRhzuB4UGw5iL2qzy74CRhE).

La segunda, más al alcance, consiste en que la UE supiera hacer valer su soft power, su enorme capacidad en el plano comercial, económico y cultural (e incluyo en ello la promoción de la cultura del estado de derecho, la primacía de los derechos humanos y la democracia). Sucede que nadie parece creer en serio que baste con eso para disuadir a Putin de su estrategia.

Aún así, se aprecia que, dentro de la UE, hay posiciones dispares, por más que el secretario general Stoltenberg y los norteamericanos lo nieguen. Además de las reticencias de Alemania (cuya dependencia del gas ruso y su interés en el gasoducto del Norte es de importancia crucial) , hay que destacar la iniciativa del presidente Macron, al reactivar el «cuarteto de Normandía» (creado precisamente en 2015 para encontrar una solución al enfrentamiento entre Rusia y Ucrania en el curso de la revolución del Maidán, que depuso al régimen filoruso en Ucrania) y tomar la decisión de abrir un diálogo -bilateral- con Putin, que se inscribe en la línea de la tradicional buena relación entre Francia y Rusia. De paso, refuerza su imagen presidencial de cara a los comicios en Francia…

Volvamos a la estrategia de Vladimir Putin. Putin necesita dividir, debilitar esa potencialidad de la UE. Para ello, une a su capacidad de presión militar, armamentística, la baza de su capacidad energética y de la dependencia de ésta por parte de Alemania y, en el fondo, de la propia UE. Anotemos, además, que el ex espía de la KGB no pierde ocasión de recurrir a nuevas formas de ciberguerra, como hemos visto en las elecciones en EEUU y en la campaña del Brexit. La intoxicación con fake news es una herramienta habitual. Hemos visto que Putin reacciona sin titubeos cuando una pieza clave como Kazajstán se ve amenazada por revueltas inspiradas más o menos abiertamente en exigencias democráticas. La misma respuesta que ofreció a su títere Lukachenko, frente a la verdadera marea democrática en Bielorusia. Y en Bielorusia ha ensayado esa modalidad de guerra híbrida que es la presión migratoria.

Tras el examen de algunas de las simplificaciones y maniqueísmos, pasemos a repasar algo de historia, iluminada por alguna gota de ficción cinematográfica.

Dos referencias históricas, para precisar el contexto.

(I) La Rus de Kiev, Rusia y Ucrania en perspectiva histórica

Quizá la primera lección que nos ofrece la historia es que, sin poner en entredicho la condición de Ucrania como Estado soberano y, por tanto, su derecho a la integridad territorial, Ucrania no puede entenderse como una realidad social, cultural y política completamente desligada de la de Rusia.

No hace falta saber tanto de historia rusa como el mencionado Orlando Figes, para reconocer que la referencia histórica para comenzar a hablar de Ucrania como entidad política propia es la elección de Kiev como capital, por el líder tribal Riurik en 882. A partir de ese momento se habla de la <Rus de Kiev>, una referencia imprescindible para entender el proyecto panruso de los zares, heredado por Putin, tal y como señala el propio Figes. Kiev es entendida como corazón de la patria de los rusos, con la cultura y la religión ortodoxa en el centro de esa identidad desde que uno de sus sucesores, Vladimir, príncipe de Kiev, comienza la cristianización de sus dominios, bajo la guía de la iglesia ortodoxa. Su hermano Yaroslav el sabio, que comenzó a gobernar en 1019, fue probablemente el gobernante más importante de esta dinastía rúrika y estableció relaciones con los principales reinos cristianos. Conviene recordar que el nombre «Ucrania» quiere decir «zona fronteriza». Posteriormente, la parte occidental de lo que hoy conocemos como Ucrania pasó a quedar bajo dominio del ducado de Lituania y luego del reino de Polonia, mientras Crimea era un Kanato tártaro. Crimea y el resto del territorio pasaron a ser dominio de los zares rusos en el XVIII, y se impuso un proceso de rusificación, mucho más señalado en la mitad oriental del territorio, que en la occidental, homogéneamente ucraniana.

Tras la revolución del 17, Ucrania se declaró república independiente, pero integrada en la URSS. Crimea era de soberanía de Rusia y no fue hasta 1954 cuando un ucraniano, nada menos que Kruschev, la devolvió a soberanía ucraniana. Con la disolución de la URSS, en 1991, el soviet de Ucrania proclamó su independencia, En 1992, apoyada por Rusia, Crimea proclamó su separación de Ucrania y anexión a Rusia, proclamación rechazada por la Rada ucrania que lo consideró una gravísima violación de su soberanía e integridad territorial. Huelga señalar nada sobre la importancia estratégica de Crimea, por sus puertos que permiten salida al mar Negro y al Mediterráneo y por la importancia de la flota y el armamento.

Por cierto, recordemos que Ucrana renunció a su armamento nuclear (el tercero del mundo en importancia) en el memorando de Budapest sobre garantías de seguridad de 5d e diciembre de1994, suscrito por Rusia, el Reino Unido y los EEUU, por el que Ucrania se adhirió al Tratado de no proliferación nuclear y mediante el cual Ucrania cedió a Rusia 5000 bombas nucleares junto a los vehículos que permitían usarlas, 176 misiles intercontinentales y 44 bombarderos de largo alcance y capacidad nuclear. El memorándum incluyó garantías de seguridad frente a las amenazas o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de Ucrania, así como la de Bielorrusia y Kazajstán..

Pero la tensión con Rusia no cesó. Ucrania se vió sacudida desde 2014 por un enfrentamiento bélico con los movimientos secesionistas prorrusos en el territorio oriental conocido como Dombass, que proclamaron las repúblicas independientes y prorrusas de Donetsk y Lugansk. Se interpreta mayoritariamente que esos movimientos alentados por la Federación Rusa, nacen dela presencia de fuertesminorías rusas en la zona pero sobre todo como respuesta a la revolución democrática y antirusa del Maidán, que salió victoriosa en Ucrania. En septiembre de 2014 se firmó el protocolo de Minsk (Minsk I), que supuso un cierto armisticio en esa zona de conflicto en el Dombass.

Recordemos que en el ámbito de la legalidad internacional, ni la ONU ni la UE han aceptado la anexión de Crimea y han expresado su condena a cualquier propósito de alterar mediante la guerra la integridad territorial de Ucrania en el Dombass. Por ejemplo, la Asamblea General de la ONU adoptó en 2014 la resolución 68/282 sobre la integridad territorial de Ucrania -con la oposición de Rusia- y por su parte, el 17 de marzo de 2014, el Consejo de la UE adoptó la decisión 2014/145/PESC , relativa a «medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania», frente a la Federación Rusa.

Pero los combates en el Dombass no cesaron y eso provocó que Francia impulsara el denominado «cuarteto de Normandía», con Rusia, Ucrania, Alemania y Francia, que condujo a los Acuerdos de Minsk, de febrero de 2015, conocidos como Minsk II, bajo el amparo de la OSCE, acuerdos que incluyeron medidas de contención para Rusia y Ucrania y un compromiso de alto el fuego de los secesionistas en el Dombass, hoy incumplidos.

Ucrania, pues, constituye una entidad política compleja, plural y cuyos vínculos con Rusia son innegables. Creo que eso puede ayudar a matizar los planteamientos simplistas.

(II) El apaciguamiento frente a la provocación bélica. El caso Chamberlain

Una segunda lección de la historia nos la ofrece un pasado mucho más reciente y aparentemente ajeno a Ucrania. Reconoceré, desde luego, que las analogías con el pasado -incluso si, como digo, es reciente- hay que tomarlas siempre con precaución. Pero lo cierto es que, salvando todas las distancias, ante la eventualidad de una nueva intervención de a Rusia de Putin en Ucrania, tras la mencionada anexión de Crimea (no reconocida por la UE ni por los EEUU) y el poco disimulado apoyo a los movimientos secesionistas en el Dombas, no podemos dejar de tener en cuenta un acontecimiento del siglo XX.

Me refiero a las reivindicaciones y amenazas de Hitler de apropiarse de los Sudetes, la estratégica región checa con una importante población de origen alemán, so pretexto del trato discriminatorio que sufrían supuestamente esos alemanes de origen (el mismo argumento que sirvió Francia e Inglaterra en su día, en la <cuestión de oriente>, frente al imperio otomano y al zarista) y de la doctrina de la necesidad de Lebensraum para Alemania. A ello se enfrentó, como se recordará, el premier británico, Arthur Neville Chamberlain, que desplegó lo que se conoce como doctrina del apaciguamiento, una estrategia orientada a asegurar a toda costa la paz y evitar una guerra. Chamberlain predijo que, de producirse, sería mucho mas terrible que la Gran Guerra del 14. Esa estrategia, tras tres reuniones entre Hitler y el propio Chamberlain, condujo al Pacto de Munich, suscrito por ellos, junto a Mussolini y el primer ministro francés Daladier.

A propósito de ese objetivo de apaciguamiento existe una verdadera querella de historiadores, que juzgan a Chamberlain en términos enormemente contrapuestos. Hasta hoy, se ha impuesto la interpretación de que Chamberlain se equivocó, por cobardía o miedo a la guerra, sumada a una falta de visión política realista. Otros, como el conocido historiador y novelista Robert Harris (autor, por ejemplo, de una conocida trilogía sobre Cicerón), sostienen que Chamberlain sabía perfectamente lo que hacía y que, además de retrasar cuanto pudo la guerra, dio tiempo a su propio país para prepararse. De hecho, Chamberlain dedicó importantes recursos a reforzar la potencia militar del Reino Unido, en particular la RAF, lo que permitió afrontar el desafío nazi en la denominada “batalla de Inglaterra”.

Una película de Schwochow, Munich. The Edge of War (2021) basada en la novela de Robert Harrris (2017) y recién estrenada en Netflix, ilustra esa tesis, al mostrarnos a Chamberlain firmemente determinado a evitar la guerra, a negociar una y otra vez con Hitler (menospreciando por cierto la relevancia de los intereses checos), y sostenido por la mayoría del pueblo británico y por el rey Jorge VI, que celebraban esa estrategia de apaciguamiento. Técnicamente, no es un gran film, pero se apoya en buena medida en el soberbio trabajo de Jeremy Irons y en los elementos de ficción incluidos en el libro de Harris, que más que un trabajo de historia está escrito como thriller político, aunque todos sepamos lo que sucedió al final. Eso no ha evitado las críticas a tal modesta reivindicación de Chamberlain. Véase por ejemplo el contundente alegato de Richard J. Evans en The New Statesman (https://www.newstatesman.com/culture/history/2022/01/why-neville-chamberlain-will- forever-be-discredited-by-his-policy-of-appeasement).

Más allá de la película y del libro de Harris, la razón por la que traigo a cuento esta segunda referencia histórica es el debate sobre el papel de la diplomacia y la negociación y la relevancia del objetivo de salvar la paz a toda costa, cuando existe una amenaza seria de guerra.

El debate de los historiadores sobre el papel de Chamberlain frente a Hitler y el error que habría supuesto su doctrina del <apaciguamiento>, según la interpretación dominante durante mucho tiempo, me parece ilustrativo, aunque -insisto- hay que ser muy prudente con la analogía entre las pretensiones de Hitler sobre los Sudetes y las de Putin sobre territorios de Ucrania (comenzando por el aparente fait acompli de la anexión rusa de Crimea, en violación del principio de soberanía e integridad territorial de los Estados, y siguiendo por su aliento a las pretensiones secesionistas en el Dombass). Como decía, durante mucho tiempo se ha impuesto mayoritariamente la interpretación de que la estrategia de apaciguamiento fue un craso error de Chamberlain, pese a conocer las críticas a su posición, que rechazó. Es la tesis de libros como Guilty Man y, sobre todo, del primero de los volúmenes que escribió Churchill sobre la guerra, The Gathering Storm, publicado en 1948.

En todo caso, hay que anotar que Chamberlain no dudó en declarar la guerra a la Alemania de Hitler en el momento en que los nazis invadieron Polonia el 5 de septiembre de 1939, y estuvo todavía al frente del gabinete hasta que, tras la invasión de Noruega y luego de los países Bajos por Hiter, dimitió y sugirió al rey el nombre de uno de sus más feroces críticos, Churchill -cuyo primer volumen está en el origen de la interpretación dominante contra Chamberlain- y tampoco conviene olvidar que el propio Churchill lo incluyó en su gabinete como lord Presidente del Consejo, tarea a la que Chamberlain se aplicó con denuedo hasta su muerte en 1940.

La guerra siempre es un mal, lo que no significa, desde luego, que haya que ceder a las pretensiones del matón de turno. El precedente de la posición de Chamberlain (y, en cierto modo, de las tesis de Gandhi) me parece interesante para evitar un debate maniqueo, que presenta de modo simplista, insisto, una confrontación entre dos extremos. De un lado, los pacifistas ingenuos que se rinden ante el matón y le dejan hacer, con tal de no recurrir a la guerra, al mismo tiempo que verbalizan ostentosamente una oposición a la guerra (“No a la guerra”) tan genérica que todos podemos compartirla, aunque las más de las veces no añaden cómo actuar frente al susodicho matón. Del otro lado, los partidarios entusiastas de una interpretación demasiado literal del si vis pacem, para bellum, demasiado prestos a demostrar que son más rápidos con el gatillo y tienen más capacidad de destrucción. Lo cierto es que hay otra vía, la del Derecho y langociación, esto es, la de la diplomacia, sin renunciar por ello a la defensa de la legalidad internacional.

¿Qué hacer?

La cuestión que se plantea aquí y ahora al gobierno de España (a la oposición también, obviamente) es cuál debe ser la posición de la Unión Europea, de la OTAN y de España como socio de una y otra, en el escenario de unas negociaciones que tienen como protagonistas prácticamente exclusivos a Putin y Biden.

Acabamos de asistir este pasado lunes 24 de enero a la toma de posición de los ministros de Asuntos Exteriores de la UE, que han reafirmado la soberanía, independencia e integridad territorial de Ucrania, han negado la pertinencia de la doctrina de las zonas de influencia en Europa, y se han mostrado dispuestos a severas sanciones económicas inmediatas en el supuesto de una intervención armada de Rusia en Ucrania (cfr. https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/01/24/european-security- situation-notions-of-spheres-of-influence-have-no-place-in-the-21st-century/).

A mi juicio, probablemente el objetivo al que apunta la estrategia de tensión que ha puesto en marcha Putin no implica necesariamente una intervención bélica significativa en territorio de Ucrania. En otras palabras, creo que se puede sostener que Putin no está dispuesto a la guerra. Creo que lo que pretende, y estoy de acuerdo en ello con el análisis del mencionado artículo del blog B2, es, de un lado, hacer imperiosa la negociación por parte de Biden y la OTAN, con el objetivo de obstaculizar de facto el ingreso de Ucrania en la OTAN, para lo que, si es necesario, está dispuesto a extremar la provocación militar. Putin buscaría en realidad aumentar la presión política y militar sobre Ucrania, quizá con el propósito verosímil de conseguir un cambio de régimen en ese país y de nuevo propiciar un gobierno proruso. Así lo sostienen los EEUU y el Foreign Office del Reino Unido EEUU según han explicado en un reportaje de investigación los periodistas de The Guardian, Julian Borger, Luke Harding y Andrew Roth (https://www.theguardian.com/world/2022/jan/20/us-russia-ukraine-government- sanctions). Se trataría de Yevhen Murayev, Serhiy Arbuzov, viceprimer ministro de Ucrania entre 2010 y 2012, y primer ministro interino en 2014; Vladimir Sivkovich, exvicedirector de la Seguridad Nacional Ucraniana, y del Consejo de Defensa (RNBO, en sus siglas originales); Andriy Kluyev, viceprimer ministro entre 2010 y 2012 y jefe de Gabinete del presidente Yanukovich; y Mykola Azarov, primer ministro de Ucrania entre 2010 y 2014. Murayev lo desmintió de inmediato, al igual que el ministerio de exteriores ruso.

Pues bien, por mi parte, recordaré lo obvio: las actuaciones en la política internacional no deben ni pueden apartarse de los principios de legalidad y legitimidad que emanan de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y del sistema de derecho internacional y de relaciones internacionales que descansan en ella. La razón fundamental de la fundación de las Naciones Unidas fue evitar el flagelo de la guerra. A partir de ahí, hablar de guerras justas, como vuelven a sostener los defensores de una respuesta bélica frente a Putin, carece de sentido.

El recurso a la noción de guerra justa es una trampa carente de justificación, por importantes que sean sus defensores, como el admirado Michael Walzer (tan proclive siempre a la noción de guerra justa frente a las agresiones que sufre Israel, como indiferente ante la agresión que sufren los palestinos). A fortiori, sería absolutamente inaceptable una intervención bélica de Rusia en Ucrania. Por supuesto, en lo que se refiere a Ucrania, cosa muy distinta de la guerra es la legítima defensa frente a la agresión, un argumento que, en todo caso, debe utilizarse con todas las precauciones que imponen los artículos 39 a 51, en el Capítulo VII de la Carta, titulado, como se recordará, «Acción en Caso de Amenazas a la Paz, Quebrantamientos de la Paz o Actos de Agresión». Algunos de nuestros iusinternacionalistas, como los profesores Remiro Brotons, y Ramón Chornet (véase su reciente libro La guerra contra el terrorismo, veinte años después. Zero Dark Thirty) han analizado críticamente las coartadas de la <intervención humanitaria > y la <legítima defensa preventiva> y han desmontado cuidadosamente la coartada de la guerra inevitable (no digamos justa) frente a ese penúltimo enemigo que es el terrorismo internacional y los Estados que lo promueven.

Hoy, en todo caso se habla de la doctrina de la responsabilidad de proteger, reconocida desde la Cumbre Mundial 2005, en la que todos los Jefes de Estado y de Gobierno afirmaron la responsabilidad de proteger a las poblaciones frente al genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. este deber de responsabilidad de protección, de alcance internacional, se basa en tres conceptos: la responsabilidad de cada Estado de proteger a sus poblaciones; la responsabilidad de la comunidad internacional de ayudar a los Estados a proteger a sus poblaciones y, en tercer lugar, la responsabilidad de la comunidad internacional de proteger a las poblaciones de un Estado cuando es evidente que este no logra hacerlo que es, evidentemente, la más controvertida.

España es miembro de la UE y socio de la OTAN desde hace 40 años, tras un debate público enconado y para muchos traumático. España está obligada a cumplir con el marco de obligaciones internacionales que nacen de esa doble pertenencia, de la que, por cierto, se beneficia, por más que haya matices al respecto.

Por tanto, la acción del gobierno en esta crisis debe guiarse por dos criterios básicos que, a mi juicio, subrayó pertinentemente el ministro de Asuntos Exteriores. En primer lugar, el deber de salvaguardar la legalidad internacional, con los medios que proporciona la Carta, lo que implica la clara voluntad de no ceder a chantajes. En segundo término, la prioridad de la acción diplomática, de la negociación, que es donde hay que plantear las medidas disuasorias, pero siempre por encima de las tentaciones bélicas, aunque estén revestidas de la etiqueta de «causa justa». Esto quiere decir que se trata de negociar y negociar, mantener la cabeza fría y así, propiciar la desescalada de ese escenario de tensión que alimentan irresponsablemente los que querrían actuar como Alejandro y más pronto que tarde, echar mano a la espada.

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UNA MODESTA PROPOSICIÓN PARA HUIR DE UN DEBATE SIMPLISTA Y MANIQUEO SOBRE EL CONFLICTO DE UCRANIA

Cuando parece reabrirse un debate de tonos, a mi juicio, simplistas en torno a los conflictos que vive Ucrania y a las estrategias de Putin y de la OTAN, me parece que puede ser útil ver el film de Schwochow “Munich. The Edge of War” (2021) basado en la novela de Robert Harrris (2017).

No es una gran película, pero propone una cierta revisión de los tópicos sobre el papel de Neville Chamberlain (soberbiamente interpretado por Jeremy Irons) y sobre la conferencia de Munich y el papel de la diplomacia y la negociación.

La guerra siempre es un mal, lo que no significa, desde luego, que haya que ceder a las pretensiones del matón de turno. El precedente de la posición de Gandhi me parece interesante para evitar un debate maniqueo, que presenta de modo simplista, insisto, una confrontación entre pacifistas ingenuos que se rinden ante el matón con tal de no recurrir a la guerra y belicosos partidarios del si vis pacem, para bellum, de gatillo rápido.

En este caso, la ficción literaria y la cinematográifica y, desde luego, la historia, nos enseñan a evitar ese tipo de análisis de buenos y malos que está proliferando en estos días. La razón fundamental de la fundación de las Naciones Unidas fue evitar el flagelo de la guerra. A partir de hí, hablar de guerras justas carece de sentido. Otra cosa es la legítima defensa, un argumento que, en todo caso, debe utilizarse con todas las precauciones que imponen los artículos 39 a 51, en el Capítulo VII de la Carta, titulado, como se recordará, «Acción en Caso de Amenazas a la Paz, Quebrantamientos de la Paz o Actos de Agresión». El recurso a la noción de guerra justa me parece impertinente, injustificado. Como me parece abusivo -a mi juicio, lo han analizado muy bien por ejemplo algunos de nuestros iusinternacionalistas, como los profesores Remiro Brotons, y Ramón Chornet- el recurso a la noción de intervenciones «humanitarias», hoy ya sustituidas por la doctrina de la responsabilidad de proteger, reconocida desde la Cumbre Mundial 2005, en la que todos los Jefes de Estado y de Gobierno afirmaron la responsabilidad de proteger a las poblaciones frente al genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. este deber de responsabilidad de protección, de alcance internacional, se basa en tres conceptos: la responsabilidad de cada Estado de proteger a sus poblaciones; la responsabilidad de la comunidad internacional de ayudar a los Estados a proteger a sus poblaciones y, en tercer lugar, la responsabilidad de la comunidad internacional de proteger a las poblaciones de un Estado cuando es evidente que este no logra hacerlo que es, evidentemente, la más controvertida.

Todo ello remite, creo, a dos criterios básicos: en primer lugar, el deber de salvaguardar la legalidad internacional. En segundo término, la prioridad de la acción diplomática, de la negociación, por encima de las tentaciones bélicas, aunque estén revestidas de la etiqueta de «causa justa»..