El importante paso adelante que ha supuesto la aprobación por el Congreso de una proposición de ley de eutanasia impulsada por el grupo parlamentario socialista, hace por fin posible que si, como parece probable, encuentra el respaldo mayoritario en el Senado, pueda llegar a las páginas del BOE antes del primer trimestre de 2021.

Reconozcamos que hay significativos sectores de la ciudadanía que no saludan esta ley con satisfacción. El comité de bioética o la conferencia episcopal española (por mencionar dos de los grupos que han emitido comunicados más contundentemente críticos) están en su derecho al expresar no sólo su preocupación, sino también su rechazo a este proyecto de ley; en realidad, diría que se trata de su rechazo a cualquier proyecto de ley que tome en serio la eutanasia como un derecho. Es la razón por la que en la nota  de los obispos españoles titulada “La vida es un don; la eutanasia, un fracaso”, escriben que “provocar la muerte no es una solución” y sostienen que “la eutanasia y el suicidio asistido son una derrota para todos”. Por eso llaman a “invertir en los cuidados y cercanía que todos necesitamos en la etapa final de esta vida. Esta es la verdadera compasión”, concluyen.

Pero hay que subrayar que, según todos los sondeos disponibles, un amplio porcentaje de ciudadanos apoya la ley. Entre ellos, los más de 260 juristas (abogados, magistrados, fiscales, profesores y catedráticos de distintas disciplinas jurídicas) que hemos firmado el manifiesto juristasporlaeutanasia.com y sostenemos que la vida que, efectivamente, es un don maravilloso, “no puede convertirse en una imposición a quien, en pleno uso de su capacidad de decisión, manifiesta de manera inequívoca su voluntad de morir cuando se encuentra en unas determinadas condiciones que le resultan insoportables. Y es deber del Estado democrático facilitar que tan trascendental tránsito pueda llevarse a cabo con la asistencia de quienes, por sus conocimientos profesionales, pueden hacerlo menos traumático y con los menores sufrimientos posibles”

Con estas líneas no pretendo realizar un análisis de los argumentos técnico-jurídicos en liza. Habrá tiempo. Lo que me gustaría es que quienes perciben este proyecto de ley como amenaza e incluso tachan de (pre)criminales a quienes la sostenemos, dejen por un momento los juicios previos y acepten la discusión en un terreno en el que estoy seguro que coincidimos. El de aceptar la buena fe del otro: por mi parte, estoy convencido de que quienes se oponen al reconocimiento de este derecho no son unos monstruos de sádica crueldad, que disfrutan con el sufrimiento ajeno o lo subliman por razones religiosas, sin piedad alguna para quien no comparte su fe. De otro lado, pido a los que se oponen a la ley que acepten que quienes defendemos este derecho no somos peligrosos secuaces de Mengele, ni despiadados asesinos de ancianos y enfermos desamparados; tampoco, fríos ejecutores de un plan para librarse de los pensionistas y poder hacer caja, que de todo hemos tenido que oir (por ejemplo, a propósito de las muertes de ancianos en residencias, durante la pandemia).

Creo que unos y otros, insisto, podemos coincidir en algo que nos permitirá debatir más sosegadamente. Y a esos efectos me parece todos podemos aceptar el deseo que expresa la oración de Rilke, en uno de los más bellos poemas del tercero de los libros de  su Libro de Horas, dedicado a su amante Lou-Andreas Salomé:

Oh, Señor, da a cada uno

Su muerte propia

El morir que brota de su vida

En la que hubo amor, sentido y necesidad

Pues sólo somos corteza y hoja

Y la gran muerte que cada uno lleva en sí

Es el fruto en torno al que todo gravita

¿Quién puede negar que este es un deseo común? Tener una buena muerte, en términos de la muerte propia, la muerte que brota de la propia vida, una vida que no elegimos, sino que, en efecto, es un don y por eso, como supo expresar Epicteto, debemos vivir como un préstamo privilegiado. No decidimos llegar aquí, pero tenemos el inmenso privilegio de vivir. De ahí que, como escribió el discípulo de Epicteto que fue el emperador filósofo, Marco Aurelio, “una de las funciones más nobles de la razón consiste en saber si es o no llegado el tiempo de irse de este mundo”.

De eso se trata, de tener el derecho a elegir. Porque quienes defendemos el derecho a la eutanasia y el derecho al suicidio asistido, quienes apoyamos esta proposición de ley, no pretendemos que nos dejen huir de la vida por la puerta de atrás, sino que nos reconozcan como una opción garantizada por el derecho el saber salir dignamente de esta vida, un derecho que debe estar al alcance de todos. Que no se trata de imponer a nadie. Que ha de ejercerse con todas las garantías y por eso debe ser regulado con la atención que requiere algo tan importante como dejar esta vida: garantías para quien es su titular y para las personas (en particular, los facultativos sanitarios) que intervengan en ese proceso. Como también escribió Rilke, mein Tod gehört mir: mi muerte me pertenece como lo más propio de mí. La vida es un don. La eutanasia debe ser una elección digna, no un fracaso. Hagámoslo posible.

Aunque silenciado en buena medida, como todo, por la urgencia de la pandemia, vuelve el debate sobre cómo combatir las ideologías del odio, de la exclusión del diferente, si no simplemente del otro. Y claro, el terreno de juego preferente es la educación, por más que haya que subrayar también el papel de los medios de comunicación y de las redes sociales.

Democracia liberal: el déficit del universalismo abstracto

Se diría que hemos aprendido muy poco sobre los desafíos que comporta la gestión de la convivencia en sociedades abiertas, es decir, plurales y libres. Quizá porque el modelo más profundo de sociedad abierta, el que explicó Bergson, ha recibido menos atención que el más prágmático -y a mi juicio, limitado- propuesto por Popper, o incluso el articulado por Rawls. Ambos, encajados en el molde -noble, pero estrecho- de la democracia liberal, postulan una neutralidad ante las diferentes ideas de bien, que se resuelve en el mejor de los casos en un <consenso por superposición> entre los universos de valores concurrentes.

Sucede que, como se ha advertido por los críticos de ese modelo ideal, esa neutralidad es un postulado tan redondo desde el punto de vista abstracto, como de imposible cumplimiento en el mundo prosaico de los hechos. Son bien conocidas las tesis que, desde muy diferentes perspectivas (pongo por caso las sostenidas por Benhabib o Young, pasando por Fraser y Honneth), subrayan el déficit que aqueja a las manifestaciones de ese <universalismo abstracto>, al que apelaría la tradición de la democracia liberal, muy atenta a la libre expresión de la pluralidad, pero mucho menos, si no apenas nada, a la inclusión, a la igualdad de trato de los diferentes. El precio de esa neutralidad, a fin de cuentas, ha sido sacrificar la necesidad del reconocimiento igualitario, inclusivo, de los agentes de la diversidad, desde la primacía de un consenso o acuerdo general que, en realidad, ocultaba en tantos casos un proyecto de homogeneidad impuesta, al servicio de un grupo dominante que proyecta sus propios valores e intereses como universales, al tiempo que se sirve de ellos para maquillar la desigualdad real y los procesos de exclusión e invisibilización de los otros.

Pero la función de legitimación que desempeñaba ese espejismo de homogeneidad, se hace añicos precisamente en la medida en que la visibilidad de la diversidad social se torna imparable. Nuestras sociedades se transforman cada vez más en escenarios de una diversidad cultural que hace realidad el pronóstico de Tagore, aunque sea en un sentido diferente al que él mismo propuso: “an unequal world, in which the few are more than the many”. Hay casi unanimidad en subrayar que vivimos el fin del sueño benestarista de sociedades definidas por el colchón mayoritario de la clase media, que disimula la brecha de la desigualdad y daba pie a sostener la existencia de un amplio consenso social. La nueva pluralidad contribuye a dejar al descubierto que la promesa del liberalismo económico, según la cual la mano invisible del mercado produciría el milagro de un progreso social mayoritariamente compartido, es una ilusión. Las nuestras, son cada vez más sociedades desiguales en las que la ficción de una mayoría social homogénea en términos culturales, económicos, sociales, queda al desnudo y más bien aumenta la masa del precariado, en la que ha caído buena parte de la antigua clase media y que se incrementa con quienes pertenecen a grupos minoritarios desfavorecidos, marginados y en gran medida hasta ahora, invisibilizados. Todos ellos, excluidos de los pregonados beneficios del mercado. La concordia discors soñada por el liberalismo se torna en coexistencia fría, y en no pocos casos, sin techo, sin abrigo.

La democracia en sociedades profundamente plurales: ¿qué sistema de valores puede articular el vínculo social?

Si ese consenso mayoritario se ha fragmentado, la cuestión es qué valores pueden aspirar a encarnar el vínculo social, el cemento de la convivencia, en las sociedades de los pocos. O, en otros términos, cómo y por qué podemos decidir los sistemas de valores que deben ser descartados (si es el caso; como se verá, yo creo que sí), cuáles otros deben ser admitidos o reconocidos, e incluso si alguno debe ser promocionado en particular.

Esa es una tarea cada vez más urgente. Lo es, sobre todo, porque hoy, en la Unión Europea y en España, entre las concepciones del mundo y sistemas de valores que pugnan no sólo por reconocimiento, sino también por alcanzar la posición social y política hegemónica, como recordaba al inicio de estas líneas, abundan las que difunden discursos de exclusión, vehículos de xenofobia y racismo y, aún peor, de odio hacia los diferentes. Son visiones del mundo propias de quienes profesan los valores del fundamentalismo, cuyo enemigo común es la pluralidad misma, presentada como disolvente social de la vieja y supuestamente buena unidad, una característica del pensamiento no ya conservador, sino reaccionario, siempre nostálgico de los buenos tiempos. En ese rebrote del fundamentalismo se unen corrientes muy distintas e incluso contrapuestas, por ejemplo, las que se reclaman de concepciones religiosas dogmáticas, entre las que cabe incluir las corrientes más conocidas del fundamentalismo islámico (salafismo, wahabismo, yihadismo), pero también al integrismo nacionalcatólico, al fundamentalismo evangelista y a quienes, con lógica asimismo fundamentalista, el judaísmo teocrático pieza clave del sionismo fundamentalista, que identifica cualquier crítica al Estado y a los gobiernos de Israel como antisemitismo. Desde luego, también los fundamentalismos de inspiración etnocultural, de la lógica tribal, entre los que sobresalen diferentes versiones del nacionalismo.

La cuestión más urgente es, por tanto, la de los valores a descartar, esto es, si podemos excluir la difusión de esos que yo no llamaría valores, sino más bien valores negativos o auténticos disvalores propios de tales concepciones fundamentalistas, en el ámbito de la escuela y de la comunicación (prensa y redes), sin que suponga merma para el principio guía sin el cual no puede existir una sociedad abierta, es decir, la libertad y en particular, la libertad de conciencia y la libertad de expresión. Mi respuesta es claramente afirmativa, porque esos sistemas de valores son incompatibles con el debido reconocimiento a la libertad, en particular a la igual libertad de los otros, que es el primer valor de la convivencia democrática.

Más difícil es la cuestión de si podemos y debemos imponer en la escuela pública determinados valores. ¿Cuáles? ¿Por qué? En Francia, cuna de la política de laicidad, se han encontrado con un replanteamiento del debate a la hora de enfrentarse con la amenaza del terrorismo yihadista, vinculado a concepciones fundamentalistas del Islam. El presidente Macron propone cercarlas y prohibirlas, al entender que su existencia es una amenaza de <secesión de la República>, un desafío que no puede tolerar: Por el contrario, propone una suerte de regalismo islámico, esto es, determinar que sólo puedan ejercer como imanes quienes tengan formación y lealtad republicanas: véase su propio testimonio en la carta dirigida al Financial Times. (https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/11/04/la-france-se-bat-contre-le-separatisme-islamiste-jamais-contre-islam). Las críticas, en nombre no sólo del principio de separación entre iglesias y Estado, constitutivo del modelo republicano francés desde la ley de laicidad de 1905, sino también por la estigmatización de los musulmanes franceses del Islam francés y europeo, sobre el que se lanza la sospecha de incompatibilidad con la concepción republicana, no se han hecho esperar (cfr. por ej., https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/11/18/le-projet-de-loi-contre-l-islam-radical-et-les-separatismes-finalise-et-transmis-aux-deputes-et-senateurs_6060131_823448.html; https://www.liberation.fr/france/2020/12/08/separatisme-macron-sur-un-fil_1808091),

por no hablar de la duras respuestas desde el ámbito islamista, de la que son prueba, por ejemplo, los alegatos del guía de los Hermanos Musulmanes en Europa, Ibrahim Mounir (https://www.marianne.net/politique/loi-contre-le-separatisme-islamiste-le-guide-supreme-des-freres-musulmans-defie-emmanuel-macron).

Pero, ¿cuál es el cemento republicano, cuáles son los valores y principios en los que consiste el vínculo republicano y que habría que promover, en los que habría que educar? ¿Es en verdad un modelo tan radicalmente distinto del propio del romanticismo historicista, que hace reposar ese vínculo en la identidad, expresada a través de valores y prácticas sociales -mores-, transmitidas secularmente en el seno de una comunidad nacional o etnocultural en la que nos reconocemos los nosotros que constituimos el pueblo? A mi juicio, no. Rotundamente, no. Por supuesto, no cabe prescindir de la historia común a la hora de explicar esa comunidad e identificar sus valores ideosincréticos. Pero esa no es la concepción democrática, republicana

Política de laicidad y modelo republicano: educar, ¿en qué valores?

Creo que la pista se encuentra en el modelo republicano propuesta ya por Cicerón cuando define en un conocido texto de su De Republica (I, 39) qué constituye a un pueblo como sujeto político, distinto de la mera multitud: “…coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus». Esto es, la conjunción de dos elementos, un acuerdo o consenso jurídico y una asociación en intereses comunes. La clave, para la cuestión que nos interesa (educar, ¿en qué valores?) está a mi juicio en el primero, el vínculo jurídico, el consensus iuris, que es la igualdad de derechos y deberes de los ciudadanos que garantiza el objetivo de bien común. La multitud se transforma en pueblo gracias a esa comunidad de Derecho, una idea que, inspirada en la noción de gobierno de las leyes, llegará al republicanismo del XVIII. No hay pueblo si no existe comunidad de Derecho, esto es, insisto, isonomía e isocracia de los ciudadanos que lo constituyen, basadas en principios jurídicos comunes y vinculante. Es esa comunidad de Derecho como sociedad de ciudadanos libres e iguales la que nos permite gobernar democráticamente la diversidad. La idea de egalibertad es, pues, capital.

Volvamos a la cuestión ¿Qué valores, qué principios hay que enseñar en la escuela pública, como vía para crear vínculo social, ciudadanos? Mi respuesta es que, en sociedades abiertas, democráticas, hay que optar por lo que llamamos política de laicidad, es decir, el proyecto de construcción de una democracia laica. Diré más: si aceptamos que el mayor desafío de las democracias en el siglo XXI es el reconocimiento y garantía de los principios de pluralismo e inclusión, la reflexión sobre la laicidad como condición de la democracia es tarea no sólo imprescindible sino, además, urgente. Porque, tal y como propone el profesor Rodríguez Uribes en su ensayo Elogio de la laicidad, cuya lectura me parece particularmente recomendable para nuestra situación, esa política de laicidad es mucho más que la separación entre Estado e iglesia(s), como solución a las relaciones entre las ideas de bien que nos proponen las religiones, en particular las religiones del libro, tal y como articulan de modo disciplinado sus iglesias. Estas, en efecto, aspiran a gobernar a vida de sus fieles (no sólo su privacidad; su vida en común), de donde la dificultad del lema de Cristo (“dad a al César…”) y de ello es prueba la resistencia histórica ofrecida por las principales iglesias a la modernidad y a la democracia tomadas en serio, esto es, como orden autónomo de vida en común, basado en el Derecho, no en una tradición religiosa. La política de laicidad, sostiene Rodríguez Uribes, es indispensable para la democracia, porque es el antídoto frente al monismo de valores, la pretensión de posesión de la verdad (sólo asequible a los que poseen una fe y éstos gracias a la obediencia al magisterio de su clero), que inevitablemente deviene en fanatismo. Si se me permite el símil, la política de laicidad es la vacuna contra el virus del fanatismo. Es así, porque el proyecto político de laicidad significa sobre todo el mandato del respeto a la autonomía y libertad del otro, el reconocimiento de que nadie está en posesión de la verdad, ni tiene derecho preferente a decidir sobre el marco común de convivencia, cuya definición ha de ser objeto de participación de todos, sin exclusiones. Por el contrario, la ausencia de laicidad es antesala del fanatismo, de la exclusión del otro, de esa alternativa inaceptable de pensar al otro como esclavo a someter, o como enemigo a eliminar.

Este planteamiento nos ayuda a entender el error de base que, a mi juicio, subyace a la muy difundida propuesta de que la escuela pública debe “educar en valores”. En una sociedad tan plural como la nuestra es evidente que no sólo es que todos tenemos nuestra concepción de valores, sino que son distintos, e incluso contrapuestos. Llevar esa disputa a la escuela pública es, a mi juicio, un error: en cuanto alcancen el gobierno partidos con valores contrapuestos a los que promovía el gobierno anterior, habrá una operación de borrado y re escritura. Así no hay escuela pública que aguante. La escuela pública debe educar en la autonomía, en el espíritu crítico, en la capacidad de decidir por uno mismo. Para alcanzar esa función que, a mi juicio es la primera tarea de cualquier proyecto educativo, es imprescindible, a mi modo de ver, la presencia en el currículum escolar de la formación que proporciona la ética. Por eso he sostenido y sostengo en diferentes escenarios públicos que el proyecto de LOMLOE (denominada “ley Celáa”) debería ser corregido, para incluirla como asignatura obligatoria en la ESO. Me remito en particular a lo que he publicado al respecto en estas mismas páginas de Infolibre (https://www.infolibre.es/noticias/luces_rojas/2020/11/17/nuestra_paideia_113241_1121.html). Eso es algo muy distinto de la denominada “educación en valores cívicos y constitucionales”, que la LOMLOE pretende que incluye y sustituye a la ética. A mi juicio, si se trata de ayudar a entender sobre qué valores construir la convivencia, desde una política de laicidad, está claro que los valores a garantizar y promover, a enseñar (que es algo distinto de adoctrinar, inculcar) son otra cosa.

Hablo de educar en dos tipos de principios -no me importa que se diga en valores, si se prefiere-: de un lado, los que constituyen el consenso de la propia comunidad de Derecho, los principios y valores jurídico-constitucionales, definidos en la Constitución. Son los que mayoritariamente nos hemos dado a nosotros mismos en el pacto constituyente, que aprobamos por amplia mayoría. Siempre que entendamos que no están grabados de forma indeleble en piedra, es decir, que no son sagrados: se pueden modificar. Y, de otro lado, los del consenso de la comunidad de Derecho de orden cosmopolita, de aspiración universal, los derechos humanos, sobre cuyo carácter común obran como testimonio los instrumentos internacionales normativos del Derecho internacional de los derechos humanos, lo que no impide que podamos debatir sobre su catálogo, jerarquía e interpretación, sobre sus conflictos, desde la aceptación de que no todas nuestras expectativas y aspiraciones pueden ser considerados tales derechos y, además, que ninguno de ellos es absoluto porque la garantía de los míos ha de conjugarse con el respeto a los de los otros.

A mi juicio, ninguna otra pretensión de valor tiene legitimidad para ser transmitida en la escuela pública. Dejemos de hablar de tan abstractos y difusos valores y apliquémonos a aprender la cultura de los principios jurídico-constitucionales y de los derechos humanos. Por tanto, sí: eduquemos en derechos humanos, no para memorizar preceptos, sino para aprender cómo usar los derechos, cómo defenderlos y cómo respetar en concreto los derechos del otro. En suma, para vacunarnos contra el virus del fundamentalismo, contra la negación de la libertad.

Quienes se hayan asomado a las imágenes del muelle de Arguineguín, o a las del naufragio en Lanzarote que movilizó a los vecinos de Órzola, no habrán podido evitar compararlas con las del campo de Moria, o las de los naufragios en el Egeo o en las costas de Libia. Todas ellas, más allá del trágico suceso individual, nos conducen una y otra vez a un modelo de política migratoria que lleva más de 20 años de puesta en práctica por los gobiernos de la UE, con el punto álgido de la malhadada Directiva de retorno de 2008, que potenció el sistema de Centros de internamiento (nuestros CIE) y la obsesión por priorizar como objetivo la imposible impermeabilidad de las fronteras, a base de presupuestos absolutamente desmedidos e ineficaces invertidos en Frontex y a lo que la investigadora Claire Rodier llamó en un libro imprescindible Xenophobie Business -El negocio de las fronteras-.

Esa política “hidráulica” -vasos comunicantes: que no entre ninguno más de los que necesitamos y por tanto, que se expulse a los sobrantes- llevó en un segundo paso a Bruselas a pedir a los guardianes del sur (Grecia, Italia, España, Malta) que suscribiesen convenios con países dispuestos a ejercer el papel de poli malo, para evitar que lleguen a Europa los no deseados y para admitir que se les devuelva a esos “excedentes”, aunque no sean nacionales suyos. Así, Grecia suscribió un acuerdo con Turquía, e Italia y España hicieron lo propio con Libia, Marruecos, Mauritania, Nigeria y ahora quieren hacerlo con Senegal. Mientras no se consigue cuadrar así la planilla contable, se encierra a los que hayan llegado y no son “deseados” en centros que son lo más parecido a campos de concentración, como Moria, o el muelle de Arguineguín.

Los intentos del nuevo ministro de migraciones y de su secretaria de Estado por instaurar un sistema estable de acogida, con lo que ello significa (no sólo techo y comida: asistencia letrada y de traductores y trabajadores sociales, libertad deambulatoria para quienes no san cometido crimen alguno que justifique la privación de libertad) han tenido que afrontar la férrea oposición de Interior, cuya lógica es la “europea”: palo a discreción y algo de dinero para los países que acepten los vuelos de deportación, países por cierto en los que el respeto a los derechos humanos es un doloroso eufemismo. Además de la inconsecuencia de no practicar dentro de España, lo que con toda justicia se pide a Bruselas: solidaridad a la hora de distribuirse la carga. Eso significa que no se debería concebir las Canarias, ni Ceuta ni Melilla como cárceles en las que encerrar a los que lleguen, con el argumento de que no toquen “Europa” (se les ha olvidado que las islas y las ciudades autónomas lo son). Es decir, evitar los “movimientos secundarios”, los desplazamientos que temen cual pesadilla Alemania, Austria, Dinamarca, Bélgica y el resto de la Europa fetén, que tan fácilmente, sin embargo, ceden a los chantajes xenófobos y racistas de los gobiernos de Polonia y Hungría.

Achille Mbembé acuñó el término <necropolítica> y yo mismo he propuesto aplicarla a estrategias migratorias como ésta. J. Butler ha denunciado un sistema que instituye precarious Lifes. Bauman lo describió como “industria del desecho humano”. Elijan entre esas explicaciones. No parece haber más.

¿Gobernar las migraciones o gobernar utilizando las migraciones?

En un mundo cada vez más desigual y más interdependiente, el objetivo de encontrar una respuesta política a las diferentes manifestaciones de movilidad humana que protagonizan más de 250 millones de personas es un reto capital. Como ha insistido Sami Nair a lo largo de su ingente obra y como se concreta por ejemplo en un excelente libro de 2016 de la investigadora colombiana Alexandra Castro (La gobernanza internacional de las migraciones: de la gestión migratoria a la protección de los derechos humanos) que recomiendo vivamente, se trata de encontrar las claves que permitan un modelo de gobernanza de las migraciones que, además de asegurar su gestión eficaz por parte de los Estados implicados, redunde en beneficio de todas las sociedades y actores implicados (no sólo, ni prioritariamente, de sus gobiernos) y garantice una condición sine qua non de esa política, la garantía de los derechos de los inmigrantes, la vigencia del Estado de Derecho en el ámbito migratorio.

El problema es que, hasta ahora y a mi juicio, la mayor parte de los Estados receptores de los movimientos migratorios sur-norte (que no representan porcentualmente la mayoría de esos desplazamientos, pues éstos de producen sobre todo entre países del Sur, frente a la idea dominante en la opinión pública en Europa o en los EEUU), no han ensayado un modelo de gobernanza de las migraciones acorde con ese marco conceptual y menos aún un modelo global. Es decir, no han probado un modelo de política migratoria a la altura de ese desafío. No. Como podemos contrastar examinando las políticas de la mayoría de los gobiernos europeos, insisten en intentar un dominio unilateral e instrumental de esos movimientos, en clave del beneficio de sus mercados y de sus agentes (la inmigración vista sólo como cuestión laboral y de equilibrio de mercado), en clave de cortoplacismo electoral (utilizar sus riesgos y beneficios para asegurarse el mayor número de votantes) y, los que pueden permitírselo, en clave de sus intereses geoestratégicos (expansión del propio mercado y del área de influencia geoestratégica). Todo, desde el indiscutible argumento de la soberanía nacional: nos corresponde a nosotros decidir quién puede cruzar nuestras fronteras y quedarse aquí. Una política en la que la garantía de los derechos es en el mejor de los casos una opción, si no una carga “buenista”, que se trata de minimizar.

Dicho de otra manera, no han tratado ni tratan de construir una gobernanza mundial o al menos multilateral de las migraciones, sino de utilizar las migraciones para asegurar su propia gobernanza. Por eso, no han hecho ni hacen política migratoria, sino sobre todo política con la inmigración, usándola como baza a muy corto plazo, el de la siguiente convocatoria de elecciones. Y por esa razón también, además de esas claves, el discurso político de la mayor parte de los gobiernos europeos sobre las migraciones utiliza otra clave, la prioridad del lenguaje de policía y orden público (luchar contra la criminalidad, combatir la inmigración irregular y las mafias que trafican y explotan a los inmigrantes), cuando no, incluso, militar y de defensa: defender nuestras fronteras, en términos de hacer frente a la amenaza de invasión. A esos efectos, con la inestimable colaboración de los medios que se aseguran audiencia a base de sucesos trágicos y de vender sensacionalistas escenarios de riesgo, sin respeto alguno por los datos reales, no se vacila en usar tres prejuicios con los que se estigmatiza a los migrantes mediante mensajes normativos que bordean la xenofobia institucional. Se invierte el principio de seguridad jurídica y presunción de inocencia y se les presenta conforme al viejo molde de las clases peligrosas: son esquiroles en competencia desleal en el mercado laboral, gorrones que se aprovechan de los beneficios de nuestro sistema de bienestar (en educación y sanidad, sobre todo) y ejército de reserva de la delincuencia, si no ilegales, es decir, criminales, delincuentes, por el hecho mismo de emigrar sin regularidad administrativa. A los que se viene añadiendo otro, el argumento de la xenofobia cultural: los inmigrantes serían, por su (sic) radical incompatibilidad con nuestra cultura (aquí se apunta a esa amalgama de musulmanes, árabes y africanos), una amenaza para nuestra identidad.

Otro modelo: gobernanza multilateral, cooperativa y en beneficio de todas las partes implicadas.

Los hechos son muy tercos. Ese es el realista punto de partida de la propuesta alternativa de política migratoria, que existe. Está formulada en la Resolución 73/195 de la Asamblea General de la ONU, que aprobaron 153 países el 19 de diciembre de 2018, con 12 abstenciones y 5 votos en contra (https://undocs.org/es/A/RES/73/195), a partir del Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM), un documentoacordado en Marrakesh una semana antes. Es lo que conocemos como Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular, que debe ser objeto de una primera evaluación en 2022, pero sobre el que ya ha presentado un primer informe el Secretario General Guterres. El GCM cuenta con una serie contrapartida: el rechazo de los gobiernos de EEUU, Brasil, Chile y Suiza y, en la UE, de Austria, Bélgica, Chequia, Hungría e Italia. España, por cierto, se comprometió oficialmente a desempeñar un papel de promoción y garantía de ese GCM.

Como ha explicado muy bien la iusinternacionalista Teresa Fajardo, cuyo análisis del GCM comparto en muy gran medida en estas líneas, este instrumento de Soft Law (es decir, sin valor jurídico vinculante, pero con importantes consecuencias en la práctica jurídica internacional) que es el GCM, no tiene nada de revolucionario. Es realista, porque arranca del principio de soberanía de los Estados, que consagra. También lo es, en aparente paradoja, porque reconoce que la gobernanza de ese hecho social global que son las migraciones, no está al alcance de ningún Estado de por sí. Menos aún si persiste y aun se incrementa (entre las sociedades del sur y no digamos, entre las del sur y el norte) el verdadero factor determinante, el efecto salida, resultado de la radical desigualdad en los índices de desarrollo humano y las abismales diferencias de expectativas de vida y trabajo para muchos, incluido también el legítimo deseo de una vida y un trabajo mejor para profesionales especializados.

Tal modelo de gobernanza sólo puede ser el resultado de una acción concertada, multilateral, que acepta el enfoque de responsabilidad compartida y de solidaridad. L GCM es un embrión de lex migrationis global, que parte de reglas comunes que, pese al tópico que insiste en que no hay tal en materia migratoria, a diferencia de lo que sucede respecto a los refugiados, sí existen, aunque de forma fragmentada, escasamente específica, más allá del Convenio de la ONU de 1990 (Resolución 45/58) y de los Convenios de la OIT. Pero dejémoslo claro, como lo hace el propio GCM: “El Pacto Mundial se basa en el derecho internacional de los derechos humanos y defiende los principios de no regresión y no discriminación. La aplicación del Pacto Mundial asegurará el respeto, la protección y el cumplimiento efectivo de los derechos humanos de todos los migrantes, independientemente de su estatus migratorio, durante todas las etapas del ciclo de la migración. También reafirmamos el compromiso de eliminar todas las formas de discriminación contra los migrantes y sus familias, como el racismo, la xenofobia y la intolerancia”. Por eso, por ejemplo, el énfasis en la orioridad del interés del menor inmigrante o la recomendación de que los internamientos sean última ratio de esta política, al revés de lo que practican los gobiernos europeos.

El Pacto detalla 23 objetivos, con un abanico de iniciativas, en consonancia con la Agenda 2030, que asientan el vínculo entre políticas migratorias, desarrollo humano y democracia, algo que, por cierto, ignora el Pacto europeo de migración y Asilo propuesto por la Comisión Europea este mismo año y que sigue enrocado en la política de control de fronteras e ignora la prioridad de establecer vías legales, seguras y asequibles para los inmigrantes cuya inexistencia es el verdadero motor de la migración irregular y la razón del negocio de las mafias. Se trata de combinar, como explica Fajardo, políticas públicas migratorias de alcance mundial (multilateral) con las nacionales y con acciones transversales, mediante la acción coordinada de las diferentes administraciones, pero sobre todo de los agentes de las sociedades civiles y de los propios inmigrantes, con un lugar destacado para la OIM.

 La política migratoria no puede centrase casi exclusivamente, como sucede hoy, en la contención de los movimientos migratorios y en su explotación para nuestro beneficio. Ha de abrirse a una gestión acorde con el Derecho internacional y que, como insiste Naïr, transforme los desplazamientos migratorios de destino fatal en una opción que beneficie a todos. El GCM apunta buenas pistas en ese sentido.

Permítanme el hipotético lector un recurso que infringe el sabio precepto de Bacon, reiterado por Kant y que todo académico debe observar: <de nobis ipsis, silemus. de re autem, quae agitur petimus>. Me veo obligado en este caso a una introducción que, contra ese consejo, parte en primera persona.

Llevo estudiando problemas de política migratoria y de asilo ininterrumpidamente desde 1996. Públicamente, en ensayos y en artículos científicos y de divulgación en prensa y también en radio, he discrepado y criticado frecuentemente a lo largo de estos años las políticas migratorias y de asilo de los gobiernos de F. González, de Aznar, y de Rajoy. También los de Rodríguez Zapatero.Y, desde luego, de la UE.

Desde esa experiencia, me veo obligado a sostener una posición extremadamente crítica en relación con la respuesta que estamos ofreciendo en la UE y en España a los retos de la política migratoria y de asilo en el contexto de la pandemia.

Ya se sabe que la definición de irracionalidad consiste en empeñarse en repetir algo que se ha demostrado inadecuado, ineficaz. Pues bien, eso es lo que a mi juicio sucede en lo sustancial (con todas las excepciones que es necesario reconocer, porque hay que reconocer que en 40 años se han producido no pocas reorientaciones y avances legislativos y jurisprudenciales) en la política migratoria y de asilo de nuestro país, de la mayoría de los países europeos, de la propia UE y, me duele decirlo, lo que se empeña en repetir la respuesta que ofrecemos ahora a la crisis de Canarias. Y quede claro que, como senador del grupo parlamentario socialista, soy de los que sostuve y sostengo firmemente un programa electoral y de gobierno, el que propuso Pedro Sánchez y el que recogió el Gobierno de coalición presidido por él, porque ese programa electoral y ese compromiso de gobierno subrayan la prioridad del enfoque de garantía de los derechos humanos y el criterio de respeto a la legalidad internacional. Esa es una diferencia clave frente a lo que han sostenido los gobiernos del PP. Es una diferencia clave, a mi juicio, también respecto a parte importante de la política migratoria y de asilo defendida en la presidencia de Rodríguez Zapatero y gestionada por el ministerio del Interior y por la secretaría de Estado de Migraciones que dirigió la señora Rumí.

Acabamos de asistir, decía, a la presentación del «Plan Canarias», impulsado por un profesional de indiscutido prestigio, el ministro Escrivá y pilotado por la Secretaría de Estado de Migraciones que dirige con toda dedicación y esfuerzo Hana Jalloul. Un plan que establece una inversión de más de 600 millones de euros en las islas y que contempla dispositivos de acogida permanente para albergar hasta 7000 personas en 7 espacios diferentes y contempla una central de emergencias sobre temas migratorios (cfr: https://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/ministro/detalle/3935). Un esfuerzo muy notable por comparación a los datos de plazas disponibles actualmente y que es posible con la colaboración de varios ministerios, de las diferentes administraciones implicadas y también cuenta con fondos de la UE. Es la respuesta ante la situación de emergencia provocada por la llegada de 18000 personas, en un porcentaje que supera en un mil por cien los datos del año pasado. Una situación que, no debe olvidarse, responde a un conjunto de factores complejo, desde el impacto de la pandemia en términos sanitarios, económicos y sociales en países como Marruecos (que ahora genera la mayor parte de estos inmigrantes irregulares), Senegal, Costa de Marfil, Nigeria, Ghana y en menor medida de Mali.

Ese Plan, como las comparecencias del Ministro del Interior, (el Sr. Grande-Marlaska, magistrado de profesión,  a quien nadie discute su dedicación y sentido de servicio al Estado, pero sí no pocas de sus decisiones en política migratoria y de asilo) no cierra -al contrario- el debate sobre el sistema de acogida, y menos aún el debate acerca de la firme, cerrada oposición del mencionado Ministerio del Interior a autorizar traslados de las personas que llegan a Canarias a CCAA de la península, sabiendo que existen varias (Valencia, Castilla-León, Navarra, el País Vasco) que se han prestado solidariamente. Y lo que sucede es que esa posición, a mi juicio, condiciona decisivamente el modelo de acogida y en realidad determina la opción por el modelo de política migratoria y de asilo, más allá de los proyectos del Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social e incluso de la estrategia de la inteligente ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, la señora GonzálezLaya.

Respecto a lo primero, me parece evidente que cualquier dispositivo estable de acogida es incuestionablemente mejor que el desastre del muelle de Arguineguin. Una situación comparable con lo que se ha vivido en Moria, pese a los esfuerzos por desmentirlo por parte del Ministerio del Interior, esfuerzos que, han incluido verosímilmente un bloqueo a la libertad de información de la policía (la Delegacion de Gobierno, en todo caso y quizá el Ministerio) respecto a los periodistas que han cubierto estos días los acontecimientos, y que éstos han desnudado con crudeza. El Defensor del Pueblo se ha desplazado a las islas y esperamos un Informe en las próximas semanas. Como botones de muestra, los reportajes del periodistas y escritor Nicolás Castellano, quizá el mejor especialista en temas migratorios (por ejemplo, https://cadenaser.com/programa/2020/11/10/hora_25/1605046086_954571.html), o el testimonio del respetado fotoperiodista Javier Bauluz (cfr. https://www.cope.es/emisoras/canarias/las-palmas/gran-canaria/noticias/fotoperiodista-ante-drama-arguineguin-anos-profesion-sufrido-este-tipo-censura-20201020_953307), o el del periodista de la SER, Pedro Murillo, conmocionado por agresiones verbales xenófobas(https://cadenaser.com/emisora/2020/11/19/radio_club_tenerife/1605784397_808834.html?ssm=fb).  

Arguinegúín desnuda una situación que sonroja a cualquier que crea en el Estado de Derecho y en la prioridad del enfoque en garantía de los derechos humanos. Arguineguin evoca las imágenes de Moria.

El Plan, es cierto, pone remedio a una situación inadmisible. Ahora bien, que sea suficiente y adecuado en términos de política migratoria, es otra cosa. Creo que el problema reside, paradójicamente, en la vinculación conceptual de ese Plan de forma exclusiva con el archipiélago canario. Quiero que se me entienda bien. Por supuesto que Canarias necesita medidas urgentes. Un plan concertado de todas las administraciones (también europeas) para hacer frente a una situación muy difícil, debido a una complejidad de factores entre los que la emergencia migratoria es uno muy relevante, pero ni mucho menos el único. Dicho de otro modo: Canarias se enfrenta, entre otras dificultades, a una emergencia migratoria, pero esa emergencia no es sólo cuestión de Canarias. Y ahí está la clave.

Para comenzar con lo más inmediato del Plan, está claro que está muy bien que se organicen carpas y, sobre todo, establecimientos estables de acogida, donde estas personas -insisto, personas, antes que inmigrantes, irregulares o no, o solicitantes de protección -no peligrosos delincuentes a los que “no se debe dejar sueltos”, como se escuchó para vergüenza de todos en un programa de la televisión pública de máxima audiencia- encuentren techo, comida y la indispensables condiciones sociosanitarias. Pero  un plan de acogida (y estoy convencido; es más, sé que lo saben muy bien Hana Jalloul y sus experimentados directores generales, Santiago Yerga y Francisco Dorado) consiste en bastante más que eso y supone un esfuerzo de medios materiales y personales que, lógicamente (en eso el Plan acierta) no puede recaer sobre la Comunidad autónoma canaria ni exclusiva ni prioritariamente. Pero sobre todo,que no puede tener como objetivo mecánico la hipótesis de retorno forzado (aunque desde el Ministerio se insiste en que la inmensa mayoría de los que llegan son “retornables”, sin la indispensable intervención de los servicios de tutela jurídica, y que no puede encapsularse en esa Comunidad, porque la sitúa en extrema dificultad, mas aún en el contexto de las condiciones que derivan de la pandemia. No es difícil pronosticar que surgirá una reacción xenófoba y quién se va a aprovechar de eso. El peor error, a mi juicio, es ese encapsulamiento.

Esta <solución> hace pesar sobre Canarias todo el esfuerzo e impide una política de solidaridad de las demás CCAA. Es decir, reproduce a escala nacional la misma lógica que en la UE, que quiere que los tres países del sur  (Grecia, España, Italia) carguen con todo el peso de las llegadas de inmigrantes irregulares y de posibles solicitantes de protección internacional y en todo caso deja caer algunos millones, como se reitera en el “nuevo” Plan europeo de Migración y Asilo, marcado por la obsesión de los países ricos en evitar los movimientos secundarios y por el miedo ante las intransigentes posturas del bloque de Visegrado, con Hungría y Polonia al frente de la posición más agresiva.

La raíz del problema reside en la tradicional (iba a decir, atávica) cerrazón de Interior -sea cual sea el color político de quien dirija ese Ministerio- con el pretexto de «que no lleguen a Europa» (¿Canarias no lo es?) inmigrantes irregulares o personas que no cumplen las condiciones para recibir la protección internacional.  Es decir, siguiendo al pie de la letra esa torpe e insolidaria lógica de la UE. La oposición de Interior a permitir que otras CCAA colaboren en la gestión, mediante traslados a la península, repite algo que ya conocemos: Ya en Melilla hemos visto su negativa a que viajaran a la península las personas con <tarjeta roja> acreditativa de que está en curso su demanda de protección internacional y que, de acuerdo con la Sentencia del TS deberían poder viajar a la península y cuyo traslado ya había sido organizado por el Ministerio de Migraciones. Interior impulsa también, a mi juicio, una peculiar interpretación de un indispensable pilar de la política migratoria, los acuerdos bilaterales con los países de origen y tránsito. Pese a que parece que el Ministerio de Asuntos Exteriores podría imprimir un cambio de orientación en ese modelo, lo cierto es que por ahora predomina el enfoque de Interior, muy activo en obtener esos Convenios, pero no tanto para impulsar la democracia y el desarrollo en los países de origen y tránsito de las migraciones, sino casi exclusivamente para asegurar cuotas de policía por parte de esos países que, encima (Mauritania, Marruecos, Nigeria), son países cuyos gobiernos se caracterizan por una acreditada falta de respeto a los derechos humanos y al Estado de Derecho. Les ofrecemos dinero a cambio de encargarles el trabajo sucio. Insisto: sucio. Y me viene a la mente la expresión de Bauman: la política migratoria como industria del desecho humano.

Insistir en lo que ha fracasado, insisto, es irracional. Por muchas vallas y vuelos o barcos de expulsión, eufemísticamente denominada repatriación, no vamos a parar la movilidad migratoria. Menos aún cuando además de los ya endémicos movimientos de desplazamiento consecuencia de las hambrunas o de enfrentamientos étnicos (como en estos días en Etiopía) se avecinan grandes desplazamientos, consecuencia del cambio climático y del impacto depredador por parte de las industrias transnacionales y de los Estados que continúan con la mentalidad colonizadora, de los que China es el primer ejemplo en el continente africano. De una vez por todas: aprendamos la lección, cambiemos el modelo. Probemos otro, por ejemplo el que tímidamente proponen los Global Compact de Marrakesh 2018 sobre políticas migratorias y de asilo, que no son una revolución precisamente, pero cambian la mirada.

Ese otro modelo propone una gestión adecuada de la movilidad, que exige vías legales y seguras, mecanismos amplios de acogida e inclusión (sí: lo repite el ministro Escrivá con razón,  necesitamos imperiosamente incorporar a nuestra población a millones de inmigrantes, pero incorporarlos como ciudadanos, no como esclavos) y acuerdos que ayuden a los países de origen a avanzar en términos de Desarrollo humano, es decir, en democracia y derechos humanos, que es algo muy distinto que regar con dinero las arcas de élites corruptas.

¿Probamos?

En mis años de estudiante de doctorado, allá por 1974, pocos libros me causaron tanta impresión como la obra monumental de Werner Jaeger, Paideia, a la que vuelvo recurrenemente. Generaciones enteras aprendimos con su lectura la dificultad de definir un proyecto como ése, que no es sólo educativo, sino también cultural y político. Como explica Jeeger, en realidad cada época en Grecia -casi cada escuela, cada élite-, tuvo el suyo. Y lo que quiero plantear al lector, mi pregunta, es cuál es el nuestro, cuál es nuestra paideia, si es que tenemos alguna aquí, en España, en medio de este terrible contexto de la pandemia.

Si aun queda alguien que siga leyendo después de este exordio, trataré de tranquilizarle. El propósito de estas líneas no tiene el menor sentido erudito. La pregunta que enuncio, en términos genuinos, está motivada por lo que sucedió ayer, en la Comisión de Educación del Congreso en el debate a propósito del proyecto de LOMLOE que algunos quieren llamar “ley Celáa”. Muy concretamente, planteo esta pregunta por el rechazo a una enmienda de En Comú Podem/UP, que pretendía incluir como obligatoria en 4º de ESO la asignatura de ética, en el marco de un ciclo formativo de filosofía y también porque, en mi opinión, hay no poca confusión en torno a la asignatura de “valores éticos y cívicos” que propone el Ministerio. Pero lo que sigue no tiene tanto que ver con la anécdota parlamentaria, sino con lo que me parece que es la categoría.

Vamos al episodio parlamentario. El rechazo a la enmienda ha venido motivado (según la posición defendida por el PSOE, que había presentado una enmienda transaccional para que se impartiera “en algún curso de esa etapa”, postura apoyada por el PNV), porque “ya hay demasiadas materias en 4º de ESO y habría que quitar alguna para incluir la ética”. Como ha señalado la REF (Red Española de Filosofía), eso supone que los estudiantes que después de la ESO pasen, por ejemplo, a Educación Profesional, o sencillamente dejen de estudiar, no habrán recibido ninguna enseñanza de filosofía, pues no se puede considerar como tal -ni como equivalente a la ética- la asignatura de “valores” que el Ministerio incluye en 3º de ESO. Con ello, además, se rompe el acuerdo unánime alcanzado en octubre de 2018, por la Comisión de Educación del Congreso. En aquel entonces, el diputado socialista y portavoz de educación, Manuel Cruz, defendió brillantemente la recuperación de la filosofía, no como una cápsula aislada, sino como parte de un <ciclo formativo>: “de la misma manera que se enseña Matemáticas o lengua en tres cursos, filosofía debe enseñarse como un ciclo completo…no por una postura corporativa o gremial, sino para que el saber filosófico se despliegue de manera natural y adecuada”.  

Cabe discutir, por supuesto, si es posible recuperar esos contenidos por vía de desarrollo curricular, como ha argumentado la admirada y muy experimentada diputada y ponente socialista Martínez Seijo, quien, -en línea con lo que sostiene el Ministerio- razona que se ha priorizado la coherencia con el modelo competencial que fomenta la LOMLOE y asegura que comparte el carácter fundamental de la enseñanza de la filosofía. Pero quizá el problema no sea tanto el de <quítame de aquí estas horas, para poner esas otras>, sino que estriba en el sentido que el Ministerio atribuye al propio proyecto educativo. Y aquí sí que entra en juego el modelo de paideia. Es decir, la categoría. ¿Cuál es el modelo de paideia del proyecto de ley?

Creo que, para debatir sobre ello, podemos acudir a los razonamientos encontrados en torno a la asignatura de “valores” que este Ministerio sostiene. Según el proyecto, se trata de un instrumento para la adquisición de valores cívicos y constitucionales. Y en apoyo de esa asignatura se ha argumentado con frecuencia que, a fin de cuentas, esa “enseñanza en valores” cumpliría la función que debe desempeñar la ética.

Desde que se anunció este propósito, he discrepado a fondo del planteamiento. A mi juicio, esta concepción de la “enseñanza en valores” es un auténtico tiro en el pie. Todo el mundo tiene valores, que lógicamente aspira a presentar como imprescindibles en esa asignatura de formación en valores: por ejemplo, VOX, el tercer partido en representación en el Congreso, que cuenta con el respaldo de unos cuantos millones de ciudadanos. Es fácil imaginar el contenido de valores que, consecuentemente con su ideología, con su sistema de valores, impulsarían en la escuela. También es fácil imaginar los valores que, en el caso de que lleguen a gobernar, vetarían por considerarlos disvalores, o contravalores, o propuestas nefastas, por contrarias a su sistema de valores. Recuerden el denominado “pin educativo”, su rechazo a la entidad de la violencia de género, o su decidida apuesta como buen modelo de gobierno por el régimen del general Franco.

Nadie niega el derecho a tener los propios valores. La cuestión es si se deben enseñar en la escuela pública. Mi propuesta, nada original, es muy sencilla. Los únicos valores compartidos que tienen cabida en la escuela pública en una sociedad plural, son los de la ética pública, que hoy, en el siglo XXI, se llaman derechos humanos. Y no me vengan con la objeción de que no sirve de nada memorizar convenios y declaraciones de derechos, porque la enseñanza en derechos humanos no consiste en eso.

Enseñar derechos humanos, que es lo que a mi juicio debería hacer la escuela pública en lugar de perorar sobre “valores”, es enseñar el marco común de alteridad: ayudar a distinguir entre deseos, expectativas, derechos y deberes: saber qué es un derecho y qué no y por qué. Y por supuesto, aprender que, junto a los propios, están los derechos de los otros que, inevitablemente, entrarán en conflicto. Es decir, entender que ningún derecho es absoluto y que los conflictos, que son naturales, inevitables, deben resolverse conforme a Derecho, y no con arreglo a la fuerza. Lo que no excluye, antes al contrario, hacer entender que los derechos no se otorgan, sino que se adquieren, mediante la lucha por el Derecho. Porque se puede retroceder en su garantía e incluso perderlos, por la invasión de otros poderes, los del Estado y los de quienes tienen más fuerza que nosotros. Pero esa lucha por el Derecho es lucha conforme a derecho, es decir, sin cabida para la violencia. Aunque, a mi juicio, sí es posible luchar por los derechos mediante el recurso a la desobediencia: eso sí, si hablamos de una sociedad democrática, de un Estado d Drecho, esa desobediencia ha de ser civil, como por ejemplo he tratado de explicar en un libro reciente, Decir No. El imperativo de la desobediencia (y perdón por la sugerencia de lectura, que gustará a mi editor).

La enseñanza de la ética y de la filosofía es otra cosa. Cabe discutir si el ciclo formativo de filosofía, como propone la REF, debe constar de dos o tres asignaturas, cuáles han de ser obligatorias y con qué carga lectiva. Lo que parece innegable es el perjuicio que supone hacerla desaparecer del curriculum obligatorio, porque la ética es el núcleo del proyecto educativo, sin el que no es posible una paideia como la que exige este punto de inflexión civilizatorio que vivimos. Porque la razón de ser de esa asignatura de ética no es “adquirir competencias”, en el sentido técnico, sino facilitar la reflexión que ayuda a constituir la autonomía, el propio ethos, el carácter sobre el que construir nuestra vida como individuos conscientes. Sin esa reflexión genuinamente mayéutica, <e-ducativa> (que no de adoctrinamiento ni de ingurgitación de datos o de valores), caminamos hacia el modelod e súbdtos, de individuos preparados para la sumisión. Caminamos, como se ha dicho, hacia la aspiración de luchar por viajar en camarote de primera en el Titanic.

La clave, pues, consiste en establecer qué paideia. A mi juicio, insisto, el objetivo de la nuestra, comenzando por esa pieza de la misma que es la escuela pública, no es ni puede ser sólo competencial, en el sentido de conseguir formar profesionales aptos para las cambiantes exigencias del mercado global. Menos aún, si eso de adquirir competencias lleva la impronta del muy viejo individualismo posesivo que está en el genoma del liberalismo de mercado. La paideia que necesitamos exige reconocer el ideal de la politeia, que hoy, en un mundo máximamente interdependiente, es el de una sociedad global decente, lo que impone deberes hacia los demás, pero también hacia la vida misma, en términos de la sostenibilidad, de la transición a un sistema de vida ecológicamente sostenible. Los clásicos sabían que <vivir bien> es mucho más que <estar bien>, sobre todo si tal bienestar es el de unos pocos, en sociedades cada vez menos iguales e inclusivas. La enseñanza de la ética y de los derechos humanos son un medio del que no debemos prescindir si aspiramos a que ese bien vivir sea el de todos.

Cualquier debate sobre la validez y justificación de un sistema político, necesita puntos de referencia que reúnan dos condiciones: claridad y generación de consensos. Más aún en momentos en que se extrema la incertidumbre, la inestabilidad, como éstos que vivimos, como consecuencia de la tiple crisis -sanitaria, económica, social- provocada por la pandemia y que nos afecta con virulencia extrema en este comienzo de otoño

Lo cierto es que, en el caso de nuestro país, contamos con principios que reúnen esas condiciones. Son los enunciados en el artículo 1 de la Constitución española de 1978: principio de legitimidad democrática y defensa del Estado social de Derecho. Y, junto a ellos, lo establecido en el apartado 3 sobre la forma de Estado: la monarquía parlamentaria. En ellos reposa el modelo constitucional que se pactó en 1978 y en el que los socialistas jugamos un papel clave. Configuran un marco institucional y un pacto fundamental de convivencia que no debería ponerse en riesgo por miopes cálculos partidistas.Thanks for watching!PUBLICIDAD 

Pero es preciso hacer dos acotaciones acerca de ese riesgo. La primera, es que ese marco institucional debe quedar al margen de su confiscación partidaria, es decir, nadie puede pretender apropiárselo en exclusiva, como cuando algunos dicen “nosotros somos los verdaderos constitucionalistas”, o “los verdaderos españoles”, ni disponer de ese marco constitucional como si fuera su propiedad. Parafraseando a Harrington, el marco institucional es sólido y fecundo si se apoya en el imperio de las leyes y las instituciones y no del hombre. La segunda acotación señala que la lealtad a ese marco no consiste sólo en la voluntad de preservarlo como se enunció en el momento constituyente, como dogma de fe que bloquea toda pretensión de cambio. Se trata, como ha formulado el mejor constitucionalismo desde el famoso ensayo de Ferdinand de Lasalle, de concebirlo y utilizarlo como un programa. Un proyecto que vale la pena si y sólo si lo sabemos desarrollar.

La legitimidad democrática, fruto del modelo constitucional y condición sine qua non de legitimidad de cualquier sistema político contemporáneo, es dinámica: exige una permanente atención a las demandas de los titulares de esa legitimidad, los ciudadanos, y por tanto, a sus exigencias de cambio y de mejora de las condiciones de vida de todos. Y por eso, como postula el Estado social de Derecho, el mejor test de esa legitimidad es la garantía efectiva de los derechos de todos y para todos, con especial atención a los derechos sociales. En este punto, los socialistas podemos mostrar orgullosos una importantísima contribución, porque hemos protagonizado desde largos años de gobierno la construcción y el desarrollo del estado del Bienestar, que ha supuesto un progreso sin parangón y una tendencia a la igualdad de oportunidades y garantía real de libertad, aunque aún con un indiscutible camino por recorrer.

Para preservar y, desde luego, mejorar ese marco constitucional que nace del contrato social, de la negociación y el acuerdo constituyentes, es fundamental la participación del individuo en la vida pública, lo que es la antítesis de la dominación y la tiranía. Ese es el espíritu del mejor republicanismo, una concepción democrática transversal, que puede compartir la derecha, el centro liberal y la izquierda y que no implica necesariamente una forma de Estado determinada. Desde sus antecedentes en el mejor espíritu romano que nos legó Cicerón, a las reformulaciones que encontramos en Maquiavelo, en Locke y sobre todo en los revolucionarios de 1776, el motor del republicanismo son las instituciones que aseguran el control de poder por parte de los ciudadanos, del pueblo (el soberano democrático), es decir, las instituciones que crean y consolidan el Estado de Derecho, como garantía de la no dominación.

Así, el principal interés republicano está en contar con una ciudadanía activa y que esté comprometida con la buena salud política del Estado. Como expresó el filósofo estadounidense Michael Sandel “Soy libre en la medida en que soy miembro de una comunidad que controla su propio destino y participante en las decisiones que gobiernan sus asuntos”. Es lo mismo que, con acierto, el politólogo Rosanvallon llama reforzar “el poder de nadie”. Reforzar el poder institucional sacando de la lucha partidista el conjunto de instituciones que garantizan lo que es básico en democracia: la separación y control de poderes. Y ese republicanismo se puede concretar en la forma de Estado que decida el pueblo. Nuestra decisión fue una monarquía parlamentaria que es y deber ser cada vez más una institución al servicio de esa primacía de la salud del pueblo, de la cosa pública y, en ese sentido, sí, puede y debe ser republicana (como, a sensu contrario, una república presidencialista puede convertirse de facto en un régimen cuasimonárquico, como por ejemplo la Bielorrusia de Aleksandr Lukashenko). El test es que se guíe por la primacía de la legitimidad democrática y del Estado social de Derecho, como lo quisieron nuestros constituyentes.

La buena noticia es que contamos con ese marco institucional sólido, acordado en 1978, no para limitar nuestra libertad, sino para adaptar ese marco a las necesidades de nuestros ciudadanos, que cambian y por eso debemos saber reformularlas. Por eso, la defensa de las instituciones, de todas las instituciones, es un principio absolutamente republicano, y en base a ese principio los socialistas defendemos el pacto constitucional; no en vano fuimos artífices del mismo.

Este Republicanismo, paralelamente, fomenta el progreso en torno a la prosperidad, el respeto al pluralismo y la convivencia, frente al individualismo posesivo del que la derecha abusa sin pudor, avanzando en los derechos sociales con programas legislativos innovadores, como ya hicimos los socialistas a lo largo de las últimas décadas al garantizar, por poner sólo algunos ejemplos, la Educación Básica, Obligatoria y Gratuita en 1985, el Sistema Nacional de Salud en 1986, el Sistema de Pensiones Asistenciales en 1990, la ley 13/2005 de reforma del Código civil en materia de matrimonio, o la Ley de Dependencia en 2006. Y como hemos hecho ahora en las excepcionales circunstancias generadas por la pandemia de la Covid-19, aprobando el Ingreso Mínimo Vital y decenas de medidas para que nadie se quede atrás.

Avances que, además, se garantizarían a través de su inclusión en la Constitución Española, junto a la preservación de unas instituciones robustas, un sistema competencial más claro y reforzado, y una ciudadanía responsable y exigente. Es ahora cuando tenemos que dar certidumbres a los ciudadanos. Y son precisamente las instituciones las que cumplen esa función aportando soluciones a los problemas. Los socialistas tenemos la firma voluntad de fortalecer esas instituciones: ni las utilizamos por intereses partidistas como ha hecho el Partido Popular mediante turbios manejos como la policía patriótica o la Trama Kitchen, ni las bloqueamos como hace hoy el mismo partido impidiendo la renovación de órganos constitucionales esenciales.

Es preciso insistir en la consideración de la necesidad de defender el punto de partida de nuestro marco institucional. Respetar ese punto de partida, pero recordando que el mejor respeto también consiste en su desarrollo y no en su bloqueo. Incluso con reformas constitucionales si ello es preciso y siempre con la mayor de las lealtades hacia quien la debemos, que es el soberano, es decir, la ciudadanía. La última palabra en ese desarrollo, en los necesarios cambios, la ha de tener el pueblo, como por cierto exige la Constitución lo que, en cierto modo, sigue un patrón krausista de ética en las conductas individuales, de progreso moral de toda la humanidad, de dar un papel activo a la inteligencia y que la acción política sea inteligente, es decir, que se guie por la razón.

En este terrible año de 2020 se hace más patente aún que la legitimidad del orden político y de sus actores consiste en anteponer como prioridad esa garantía efectiva de los derechos básicos. Sin duda la salud o la educación, que ponen el foco en nuestros niños y mayores, pero también una vida digna, para desempleados y aquellos ciudadanos en situaciones de vulnerabilidad. Porque tenemos como nunca conciencia de vulnerabilidad, y lo que históricamente podría asimilarse a conciencia de clase, pero también de la dimensión solidaria y universal de los sujetos de derechos y de la indivisibilidad de esos derechos. En otras palabras: sabemos que no nos salvamos si no nos salvamos todos. Y sabemos que el derecho a la salud no es sólo el derecho a la vida “de los míos”, sino que es interdependiente y que va mucho más allá de la noción de salud humana y obliga a garantizar bienes de alcance global. Es la salud de la propia vida del planeta que enlaza con una perspectiva global, como vemos con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En este punto, los socialistas y este Gobierno estamos más que comprometidos. Este Gobierno nació del diálogo, la responsabilidad y el compromiso social, y así gobierna. Otros, como vemos en la actual dirección del PP, parece que trabajen sobre todo por desestabilizar no sólo a los actuales gobernantes, sino a todas las instituciones impidiendo la renovación de órganos judiciales o poniéndose de perfil en una situación histórica como es la pandemia mundial del coronavirus. El Gobierno y el partido socialista que lo apoya, no tiene miedo a que se nos exija responsabilidad política, precisamente porque esa responsabilidad es la que guía nuestra defensa de las instituciones. Ojalá ese sentido de la responsabilidad mueva al principal partido de la oposición a dejar cálculos partidarios para estar a la altura de lo que necesitamos todos.

La mancha original del experimento democrático norteamericano

Uno de los errores que cometemos con mayor frecuencia es el de minusvalorar o incluso despreciar los argumentos de quien mantiene tesis opuestas a las nuestras. Creo que es lo que sucede a menudo con respecto a Donald Trump. Por ejemplo, a la hora de caricaturizar su oposición a movimientos como el Me Too o el Black Lives Matter (BLM) y más en esta última recta de la campaña electoral. Trump, más allá de su caldo de cultivo “natural” -los rednecks de la América profunda y los blancos supremacistas del Bible Belt, amén de los movimientos armados supremacistas y racistas, de extrema derecha, algunos de ellos milicias armadas, como los Oath Keepers, Three percenters, Proud Boys, Posse Comitatus, o el movimiento QANON-, está consiguiendo imponer en amplios sectores de la ciudadanía norteamericana su versión sobre el significado de la batalla en la que está empeñado el BLM desde su aparición en 2014. En esa tarea, Trump parece aliado con una amplísima red comunicativa de verdaderos <centros de odio> a lo largo de todo el país, tal y como se puede consultar en la utilísima base de datos del Southern Poverty Law Center (https://www.splcenter.org/hate-map?year=2016) que me señaló Eugenio del Río -siempre bien informado acerca de lo importante-, que difunden una estrategia de estigmatización, pieza imprescindible de la justificación de la política supremacista y racista, de la subordiscriminación a la que se somete a individuos y grupos identificados con rasgos etnoculturales y de clase.

A mi juicio, Trump está logrando con notable eficacia que, cada vez más, para un amplio porcentaje de la opinión pública, el BLM aparezca vinculado -si no incluso, reducido- a los aspectos violentos de las protestas y manifestaciones que se desarrollan en denuncia de la violencia policial y contra la impunidad en la que quedan un alto porcentaje de esas conductas, como lo ha mostrado por enésima vez la reciente exoneración de los dos policías que en marzo de 2020 mataron a Breonna Taylor. Así, aunque tiene el coste de profundizar en la división del país, la habilidad de la estrategia electoral de Trump consiste en presentar ante el votante (o, al menos, ante un amplio sector) que existe un verdadero enfrentamiento civil, una disputa, entre partidarios de la ley, el orden y la defensa de las fuerzas policiales, frente a los que causan disturbios en las calles, destrozan edificios y se enfrentan a las fuerzas del orden, a los que consigue que se identifique con el BLM. Pero no es así. Muy al contrario, y es lo que pretendo ilustrar, el objetivo del BLM tiene una raíz profunda, inscrita en la herida original del experimento democrático norteamericano.

Recordemos. El 1 de enero de 1863 entró en vigor la orden ejecutiva del presidente Lincoln, conocida como Proclamación de la Emancipación (Proclamación 95). No suponía la abolición de la esclavitud -algo que llegaría en 1865-, pero cambió el status legal para más de tres millones y medio de negros en 10 Estados, que pasaron de esclavos a libres en cuanto huyeron al norte o se liberaron del poder confederado, gracias al avance del ejército de la Unión. Fue una medida de guerra, pensada sobre todo para golpear el corazón del sistema económico del sur, dependiente por completo de la esclavitud. Cien años después, el 28 de agosto de 1963, M.L. King evocó esa fecha en su célebre discurso en la Marcha por los trabajos y la libertad, conocida como Marcha sobre Washington, para recordar que los centenares de miles de ciudadanos allí congregados, en su mayoría afroamericanos, seguían pendientes del cumplimiento de esa promesa y, aún peor, de la promesa de los padres constituyentes en 1776. Estas fueron sus palabras: “En un sentido llegamos a la capital de nuestra nación para cobrar un cheque. Cuando los arquitectos de nuestra república escribieron las magníficas palabras de la Constitución y la Declaratoria de la Independencia, firmaban una promisoria nota de la que todo estadounidense sería el heredero…En vez de honrar su obligación sagrada, Estados Unidos dio al negro un cheque sin valor que fue devuelto marcado como <fondos insuficientes>. Pero nos rehusamos a creer que el banco de la justicia está quebrado. Nos rehusamos a creer que no hay fondos en los grandes depósitos de oportunidad en esta nación”.

Doscientos cincuenta años después de las promesas de igualdad, libertad y felicidad para todos que formularon los padres fundadores, la realidad que ofrecen los EEUU sigue siendo muy otra para millones de ciudadanos norteamericanos, en particular para los afroamericanos (pero también, más recientemente, para la pujante minoría latina, los hispanos). Creo que el alcance y significado que persigue BLM es mucho más que el de un movimiento sectorial y conecta directamente con ese déficit estructural, que tiene relación a su vez con un rasgo sistémico de la democracia estadounidense, el racismo, el supremacismo. Creo que el BLM tiene sus raíces en una visión que exige tomar en serio, para todos, las promesas de los founding fathers y en ese sentido, a mi juicio, entronca con los movimientos de derechos civiles de los 50 y 60. Más concretamente, sus reivindicaciones pueden relacionarse estrechamente con el leit-motiv del discurso de M.L.King en 1963, sobre el cheque impagado y también con otra famosa afirmación del premio Nobel de la paz: “nuestras vidas comienzan a extinguirse en el momento en que guardamos silencio sobre las cosas que importan”. Las cosas que importan son las garantías efectivas de la vida, las libertades y los derechos de los afroamericanos. Así lo expresó una de las tres fundadoras del movimiento, Alicia Garza, en la presentación del BLM, en abril de 2014: “Cuando decimos Black Lives Matter, estamos hablando de las formas en que los negros se ven privados de sus derechos humanos básicos y de la dignidad”. Estamos hablando de la igualdad en derechos y libertades, pues.

La estrategia de Trump: profundizar en la nación dividida

Puede que la estrategia de Donald Trump, en la que esa manipulación del papel del movimiento BLM desempeña un papel nada secundario, le permita reducir su desventaja frente a Joe Biden e incluso conseguir la reelección. Antes al contrario, creo que la habilidad de la estrategia electoral de Trump radica precisamente en persuadir a la opinión pública (o, al menos, a un amplio sector) de que ya existe esa división, obviamente maniquea: un verdadero enfrentamiento civil, una disputa que opone a los defensores de una <América grande>, esto es, los partidarios de la ley, el orden y la defensa de las fuerzas policiales, frente a los que causan disturbios en las calles, destrozan edificios y se enfrentan a las fuerzas del orden, a los que consigue que se identifique con el BLM. En la “épica” de Trump, sólo uno de los dos proyectos que pugnan, como se ha dicho, por el alma de América, puede sobrevivir. Frente a lo que él presenta como la disolución del país, trata de imponer el suyo, el del make America great again, un proyecto que Krugman ha descrito con dureza (“Trump’s racist, statist, suburban dream”, https://www.nytimes.com/2020/08/13/opinion/trump-suburbs-racism.html).

Quizá, malgré soi, Trump acierta en algo. América no es ni ha sido nunca una nación. Y es que hay algo en lo que Trump, pese a todo, acierta: cuando el ensayista de The Nation, Richard Kreitner, o el historiador de Yale, David Blight, advierten del fin de mito de los EEUU como una nación, tienen razón, en el sentido de que el experimento norteamericano que nace en 1776 no era en absoluto inclusivo, ni, menos aún, universalista. La retórica conceptual de los padres fundadores ocultaba una penosa realidad que se fue imponiendo conforme se expandía esa gran nación americana: la imposición de la hegemonía de los buenos colonos blancos, con el coste del genocidio de los indígenas y de un sistema esclavista nutrido por el comercio con la mano de obra barata que eran los negros. No: los EEUU fueron desde el comienzo una nación dividida, un proyecto excluyente que recordaba el coste de la brillante democracia ateniense y del mejor momento de esplendor de la república romana: mantener a esas dos categorías de sujetos (obviamente, habría que añadir a las mujeres) en la condición de infrahumanos, en aras de asegurar la prosperidad y el dominio de los buenos y nuevos norteamericanos. Durante la mayor parte de su corta historia, bajo la metáfora ingenua del melting pot, se ocultó la imposición de la jerarquía WASP y una estructura social que, aunque aparentemente abierta -el sueño americano según el cual cualquiera puede alcanzar la cúspide social por sus propios medios-, está mucho más próxima a una sociedad de castas de lo que les gustaría reconocer. Dos ideologías excluyentes, el supremacismo blanco, más aún ahora que parece sentirse amenazado y el racismo, forman parte de la identidad fundacional, aunque es justo reconocer que una sociedad como la norteamericana llevaba dentro el gen pluralista que trataba de equilibrar esas dos taras y que ha permitido combatirlas con cierta eficacia en los ambientes liberales de la costa este y de algunos Estados de raíz más abierta, frente al conservadurismo de la América profunda o, no digamos, del Bible Belt. Ese supremacismo, que tiene una profunda veta patriarcalista, se ve interpelado también por movimientos como el Me Too y por la crítica feminista. De ahí también que la figura de Kamala Harris, el poder fuerte detrás de Biden, sea vista como una amenaza.

No: los EEUU no han conseguido superar ese trauma original. Investigaciones como la publicada en 2010 por la jurista M. Alexander sobre la asimetría de las condenas penales y de la población reclusa por lo que se refiere a los ciudadanos afroamericanos (hay traducción castellana, El Color de la justicia. La nueva segregación racial en Estados Unidos), la de Rothstein, (The Color of Law. A forgotten History of how our Government segregated America, 2017) o la muy reciente Caste. The Origins of our discontents (2020) de la ensayista I. Wilkerson, lo evidencian de forma incontestable. La desigualdad es la realidad más llamativa si se examina la estructura social y las diferencias de clase y etnoculturales en los EEUU.

Hace tiempo que el filósofo Etienne Balibar resumió en la fórmula <egalibertad> (la igualdad en las libertades) la condición básica para que hablemos de democracia, en serio. Por su parte, Axel Honneth ha argumentado de forma convincente que el test más claro a esos efectos, es el de los derechos sociales: la garantía del acceso y el disfrute de derechos como trabajo, vivienda, salario mínimo, cobertura ante la enfermedad y la vejez, para todos los ciudadanos, comenzando por los mas vulnerables. Si no se alcanza, si hay grupos significativos de población excluidos o marginados de facto (no digamos, de iure) de esa igual libertad, hay que dar la razón a quienes, en el idioma que sea, denuncian que “lo llaman democracia, pero no lo es”. Ese déficit, ese foso de desigualdad, es un virus particularmente presente en la admirada democracia estadounidense. Por supuesto, este déficit de desigualdad no es privativo de la democracia norteamericana: está presente en buena parte de las democracias que ocupan los primeros puestos del ranking, se acrecienta desde la Gran Recesión de 2008 y amenaza con hacerse mayor con ocasión de la crisis de la pandemia, que golpea directamente los indicadores clave para las democracias (https://www.economist.com/graphic-detail/2020/01/22/global-democracy-has-another-bad-year).

Esto es lo más preocupante. Como es obvio, no sólo está en juego un proyecto nacional.  La victoria de Trump, sería una mala noticia para la democracia y el Estado de Derecho en los propios EEUU y también en todo el mundo. Lo evidencia el descarado partidismo de Trump ante la oportunidad que le ofrece la desaparición de Ruth Bader Ginsburg, una figura cuyo alcance no sólo simbólico supera  lo habitual incluso entre quienes alcanzan el grado de justice del Tribunal Supremo de los EEUU (SCOTUS: cfr. https://www.levante-emv.com/opinion/2020/09/20/muerte-luchadora-14015077.html). Sin duda, nos encontramos ante un ejemplo de manual de la manipulación partidista de eso que Rosanvallon considera “el poder de nadie” (https://lelephant-larevue.fr/interview/faut-multiplier-voire-inventer-procedures-de-representation-peuple/), el marco de las instituciones que son clave del juego democrático porque aseguran la separación de poderes y, por tanto, el control del poder. La condición es que ese marco institucional no sea confiscado, monopolizado, por alguno de los contendientes en la lucha partidista. Pues bien, Trump está dispuesto a ello, a profundizar en la división de la nación, tal y como acaba de denunciar el premio Nobel Krugman (“Trump’s racist, statist, suburban dream”, https://www.nytimes.com/2020/08/13/opinion/trump-suburbs-racism.html), a romper el equilibrio en el Tribunal Supremo, asegurándose así una verosímil influencia en caso de polémica sobre los resultados electorales -recuérdese el precedente en las elecciones que verosímilmente ganó Gore a Bush- y la permanencia de su legado durante más de 20 años. La juventud (48 años) y el sesgo ideológico de la candidata propuesta por Trump, Amy Coney Barret, una brillante jurista conservadora, militante de la causa antiabortista, así lo demuestra. Trump, un habitual jugador ventajista, ha puesto en marcha con la inestimable ayuda de líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, el proceso para tratar de sellar casi definitivamente la mayoría conservadora en el TS, aunque eso suponga romper con el precedente que impuso el bando republicano frente al presidente Obama, pues consiguieron bloquear el nombramiento de Merrick Garland, un juez blanco y moderado, que Obama esperaba que fuera aceptable para los republicanos moderados, con el argumento de que no debía hacerlo en un año electoral. Y ahora lo hacen a menos de mes y medio de las elecciones. Recomiendo a este respecto el análisis de un buen conocedor de la obra de RBG y del sistema constitucional norteamericano, el profesor Presno Linera (https://presnolinera.wordpress.com/2020/09/20/trump-y-el-tribunal-supremo-tercera-parte/). Por cierto, ese bloqueo y confiscación del marco institucional no es privativo de los EEUU. Basta asomarse a lo que ocurre en España con el bloqueo de órganos constitucionales que no se renuevan cuando lo exige el mandato constitucional porque, a todas luces, ello beneficia los intereses de un partido.

Por mi parte, creo que tienen toda la razón quienes, como el editor de The Nation, Elie Mystal (https://www.thenation.com/article/politics/ruth-bader-ginsburg-dissent/) reclaman una oposición frontal al intento de Trump, en honor de RBG y en defensa de la democracia. Y precisamente por eso me parece juiciosa la posición de los inspiradores de la campaña Take Back the Court, K Kendell y A.Belkin, que sostienen que, en caso de que Trump y McConnell sigan adelante con su intento de reemplazar a RBG antes de la elección presidencial, la responsabilidad cae en el campo de los demócratas, sobre todo si Biden gana las elecciones. En ese supuesto, escriben en un artículo en San Francisco Chronicle, “to expand the Supreme Court is to expand Democracy” (https://www.sfchronicle.com/opinion/article/Expand-the-US-Supreme-Court-to-save-democracy-14418147.php). Si el intento de Trump fructifica, la única salida, en el caso insisto hoy aún dudoso de victoria de Biden, sería que el nuevo presidente ampliase la composición del TS con al menos dos jueces más, para restablecer el equilibrio. Está en juego la democracia, nada menos.

Ibram X.Kendi, probablemente el más interesante entre los historiadores norteamericanos actuales que se ocupan sobre el racismo y el supremacismo, ideologías que contaminan casi desde su nacimiento el experimento democrático norteamericano, ejemplificó esta mancha original en un multipremiado ensayo que toma su título del famoso discurso pronunciado en 1860 en el Senado por el entonces senador de Missisipi y luego líder confederado, Jefferson Davies, en el que sostuvo que la desigualdad entre las razas blanca y negra estaba sellada desde los orígenes de la creación (“stamped from the Beginning”). Pues bien, el propio Kendi, en un reciente artículo para The Atlantic, en el que se pregunta si estamos ante la oportunidad de poner fin a la hegemonía de la ideología racista en los EEUU (https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2020/09/the-end-of-denial/614194/), sostiene que, paradójicamente, el negacionismo de Trump ha puesto a los ciudadanos norteamericanos ante la oportunidad de aprovechar el punto de no retorno al que Trump ha llevado a la sociedad norteamericana, para cerrar su mandato y exigir que el nuevo equipo presidencial rompa con ese prejuicio y cumpla de una vez por todas y ya, la promesa de la igualdad: “La abolición de la esclavitud parecía tan imposible a mediados del siglo XIX como lo es hoy la igualdad, pero de la misma manera que los abolicionistas exigieron la erradicación inmediata de la esclavitud, la igualdad inmediata debe ser la exigencia hoy. No en 20 años. No en 10 años. Ahora”. Están hartos de esperar, de que les pidan paciencia. Precisamente por eso asegura que, para él, como para los afroamericanos, “paciencia es una palabra sucia”.

Las mujeres y los hombres del Black Lives Matter, las nuevas generaciones que se reúnen para repetir los lemas “<no justice no peace>, <I can’t breathe>, o <Get your knee off our necks>”, son perfectamente conscientes de queel cheque del que habló el Dr. King sigue sin cobrar y no quieren esperar. En ese sentido, creo, aciertan los demócratas cuando sostienen que lo que está en juego en noviembre de 2020 <es una batalla por el alma de la nación>. En efecto, tienen razón quienes postulan que no se trata sólo de ejercer el voto para impedir un segundo mandato de Trump, para evitar que se incrementen el racismo y el supremacismo, sino sobre todo para construir una alternativa, la de aprovechar el mandato de Biden y Harris para ganar de una vez por todas la igualdad prometida. Ojalá, junto a las mujeres, que rechazan el machismo grosero y el patriarcalismo del que hace gala Trump, se movilicen esos millones de afroamericanos y latinos para votar. Ojalá lo entienda así finalmente la mayoría de los votantes norteamericanos.

La última batalla de esa impresionante luchadora que ha sido Ruth Bader Ginsburg, estaba condenada inexorablemente a la derrota, pero ella no cejó. No me gusta aplicar a los enfermos de cáncer esos términos, <lucha>, <victoria>. Pero en este caso es absolutamente adecuado porque, según confesó hace pocas semanas a su nieta, su último deseo era éste: poder vivir lo suficiente como para que su sustitución como magistrada del Tribunal Supremo de los EEUU fuera un nombramiento propuesto por el nuevo presidente. De hecho, ya había rechazado jubilarse durante el segundo período del mandato de Obama (lo que habría posibilitado su sustitución por un magistrado/a de carácter progresista), porque tenía una voluntad de trabajo que le hacía pensar que podría seguir desempeñándolo responsablemente, hasta “cumplir los 90”. En todo caso, comentó en más de una ocasión que deseaba que su sustitución fuera realizada por un nuevo presidente que esperaba fuera mejor que Trump, al que se enfrentó abiertamente desde antes incluso de su elección, con declaraciones que alguna vez entraron en la terminante descalificación, algo de lo que expresamente se retractó, en una de las escasas muestras de moderación de su <radicalidad>.

RBG, como era popularmente conocida o incluso “notorius RBG”, según el apodo que acuñó con mucho éxito una estudiante de Derecho norteamericana, Shana Knizhnik, haciendo un juego de palabras con el nombre de un famoso rapero, “Notorious BIG”, fue también, en los últimos años un auténtico icono cultural para las nuevas generaciones. La propia Knizhnik, con Iris Carmon, escribió luego la biografía más conocida de Ruth Bader, Notorious RBG. The Life and Times of RBG, que publicó The NewYork Times en su colección de bestsellers.

Su férrea voluntad de trabajo en defensa de la igualdad de género, de los derechos de las mujeres y su combate contra todas las formas de discriminación, comenzando por los que sufren los trabajadores, las minorías y los inmigrantes, contrastaba con una apariencia física de fragilidad, acentuada a sus 87 años tras cuatro procesos de cáncer y un progresivo debilitamiento de la vista y del oído. Pero si hay un ejemplo contemporáneo en los EEUU de la mulier fortis, es precisamente Ruth Bader. Y no precisamente en el clásico papel conservador de la mujer invisibilizada en el hogar, sino en el de la jurista y ciudadana: militante de la Unión Americana por las Libertades Civiles -ACLU-, fundó en 1972 la sección dedicada a derechos de las mujeres, dispuesta a acabar con esa invisibilización, con la subordiscriminación que sufren las mujeres todavía en este siglo. En los años 70 y 80 defendió ante el TS seis de los principales casos de discriminación de género de los que ganó cinco, hasta conseguir que se aceptara que la misma enmienda que vetaba la discriminación racial debía prohibir toda forma de discriminación de las mujeres como inconstitucional.

RBG llegó al Tribunal Supremo de los EEUU a propuesta del presidente Clinton, en 1993, en sustitución de Byron R. White, quien había sido propuesto por el presidente John F. Kennedy y ejerció en el TS durante más de 30 años. El Senado confirmó el nombramiento en menos de dos meses, con 96 votos a favor y sólo 3 en contra. El último justice del TS nombrado a propuesta de un presidente demócrata había sido Thurgood Marshall, a quien propuso Lyndon B. Johnson en 1967. Mucho han calificado a Bader como la Thurgood Marshall del movimiento de derechos de las mujeres.

Como justice del TS, Ruth Bader cabe situar a Bader en la estela del legendario justice Holmes (“the great Dissenter”), por sus votos en disidencia de la mayoría conservadora del alto tribunal, en especial durante los años en que, tras la jubilación en 2006 de la primera mujer que accedió al cargo, Sandra O’Connor- con quien mantuvo una excelente relación dialéctica desde posiciones ideológicas alejadas-, se convirtió en representante casi en solitario de la lucha por la igualdad de género y por los derechos de las minorías, así como por nuevos derechos, también en el ámbito medioambiental.  Eso no le impidió votar junto a sus colegas conservadores cuando pensó que tenían razón: RBG probó un y otra vez que se guiaba por su independencia de criterio, no por banderías.

El estilo de sus resoluciones es proverbial: en lugar de un lenguaje complicado con largas subordinadas y términos alambicados, RBG procuraba emplear oraciones declarativas sencillas y desprovistas del tan abstruso como muchas veces incomprensible argot jurídico. En más de una ocasión declaró que en ello advertía la influencia de sus estudios de literatura con Vladimir Nabokov en Cornell. Con frecuencia, para presentar sus votos en disidencia, utilizaba un guiño gestual, incluyendo en la túnica judicial adornos llamativos e incluso lo que se llamó un «collar disidente”. Esos votos, que comenzaban con el I dissent -frecuentemente sin la mediación del obligado “respetuosamente”-, son un ejemplo de poderosa argumentación jurídica, que bien cabe situar en la tradición consagrada por Ihering de entender el Derecho como la herramienta “civilizada” de una lucha social, que es la lucha por el Estado de Derecho, la lucha por los derechos. Esos años, según reveló en una entrevista en 2014, fueron «sus peores tiempos»: “La imagen para el público que entraba a la sala del tribunal era de ocho hombres, de cierto tamaño, y luego esta mujercita sentada a un lado. Esa no fue una buena imagen para que la viera el público “. Hay que hacer notar que Obama consiguió que se nombrara a otras dos mujeres, de perfil progresista: Sonia Sotomayor en 2009 y Elena Kagan en 2010.

Contamos con numerosos testimonios audiovisuales de ese trabajo incansable de Ruth Bader. Mencionaré tres: el documental de Julie Cohen y Betsy West, RBG (2018); el biopic que le dedicó Mimi Leder también en 2018, On the Basis of the Sex (“Una cuestión de género”, se tituló en España) y una entrevista realizada por la profesora Ruth Rubio en el Instituto Europeo de Florencia, en 2016, que se publicó en el volumen 15, nº 3 (2017) de la revista International journal of constitutional law (págs. 602-620) y que es accesible en Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=qRqe43iwhbw).

Ojalá que las mujeres, que tuvieron en ella a una gran campeona, y el movimiento antirracista, encabezado por el BLM, pero que es clave también para la que es ya la primera minoría en los EEUU, los latinos, sepan recoger ese espíritu de lucha de RBG y empujar para conseguir apartar a Trump de la presidencia, el próximo 3 de noviembre.

Y ojalá que, pese a la ventana de oportunidad que se les abre a Donald Trump y al líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, para tratar de sellar casi definitivamente la mayoría conservadora en el TS, sustituyendo a Bader por un candidato conservador, los demócratas sepan imponer el criterio de coherencia con el precedente de lo que sucedió con Obama, al que los republicanos bloquearon el nombramiento de Merrick Garland, un juez blanco y moderado, que esperaba que fuera aceptable para los republicanos moderados, con el argumento de que no debía hacerlo en año electoral. De no ser así, la herencia de Trump podría alargarse hasta veinte años, pese a su eventual derrota. Sobre esa “nueva batalla que está dispuesto a librar con su habitual incontinencia el presidente Trump, recomiendo leer el análisis de un buen conocedor de la obra de RBG y del sistema constitucional norteamericano, el profesor Presno Linera (https://presnolinera.wordpress.com/2020/09/20/trump-y-el-tribunal-supremo-tercera-parte/). Trump se ha lanzado a por el botín: baste pensar en las candidatas que ha filtrado y que es evidente que tenía preparadas a la espera de un fatal desenlace de la enfermedad de RBG y que apuntan a la intención de Trump bien conocida, de modificar el derecho al aborto en contra de la famosa decisión Roe vs Wade. Esas candidatas son la juez conservadora y militante religiosa Amy Coney Barrett, de 48 años, la juez Neomi Rao de 47 o incluso la juez Allison Jones Rushing, que sólo tiene 38 años. Esto ofrecería una perspectiva de dominio del TS por parte del sector más conservador, por unos 30 años.

Por mi parte, creo que tienen toda la razón quienes como el editor de The Nation, Elie Mystal (https://www.thenation.com/article/politics/ruth-bader-ginsburg-dissent/) reclman una oposición frontal al intento de Trump, en honor de RBG y en defensa de la democracia. Y precisamente por eso me parece juiciosa la posición de quienes como los inspiradores de la campaña Take Back the Court, K Kendell y A.Belkin (a quienes se ha sumado el historiador Ibram X Kendi) sostienen que, en caso de que Trump y McConnell sigan adelante con su intento de reemplazar a RBG antes de la elección presidencial, la responsabilidad cae en el campo de los demócratas, sobre todo si Biden gana las elecciones. En ese supuesto, escriben en un artículo en San Francisco Chronicle, “to expand the Supreme Court is to expand Democracy” (https://www.sfchronicle.com/opinion/article/Expand-the-US-Supreme-Court-to-save-democracy-14418147.php). Si el intento de Trump fructifica, la única salida, en el caso insisto hoy aún dudoso de victoria de Biden, sería que el nuevo Presidente ampliase la composición del TS con al menos dos jueces más, para restablecer el equilibrio. Está en juego la democracia, nada menos.