Permítanme el hipotético lector un recurso que infringe el sabio precepto de Bacon, reiterado por Kant y que todo académico debe observar: <de nobis ipsis, silemus. de re autem, quae agitur petimus>. Me veo obligado en este caso a una introducción que, contra ese consejo, parte en primera persona.

Llevo estudiando problemas de política migratoria y de asilo ininterrumpidamente desde 1996. Públicamente, en ensayos y en artículos científicos y de divulgación en prensa y también en radio, he discrepado y criticado frecuentemente a lo largo de estos años las políticas migratorias y de asilo de los gobiernos de F. González, de Aznar, y de Rajoy. También los de Rodríguez Zapatero.Y, desde luego, de la UE.

Desde esa experiencia, me veo obligado a sostener una posición extremadamente crítica en relación con la respuesta que estamos ofreciendo en la UE y en España a los retos de la política migratoria y de asilo en el contexto de la pandemia.

Ya se sabe que la definición de irracionalidad consiste en empeñarse en repetir algo que se ha demostrado inadecuado, ineficaz. Pues bien, eso es lo que a mi juicio sucede en lo sustancial (con todas las excepciones que es necesario reconocer, porque hay que reconocer que en 40 años se han producido no pocas reorientaciones y avances legislativos y jurisprudenciales) en la política migratoria y de asilo de nuestro país, de la mayoría de los países europeos, de la propia UE y, me duele decirlo, lo que se empeña en repetir la respuesta que ofrecemos ahora a la crisis de Canarias. Y quede claro que, como senador del grupo parlamentario socialista, soy de los que sostuve y sostengo firmemente un programa electoral y de gobierno, el que propuso Pedro Sánchez y el que recogió el Gobierno de coalición presidido por él, porque ese programa electoral y ese compromiso de gobierno subrayan la prioridad del enfoque de garantía de los derechos humanos y el criterio de respeto a la legalidad internacional. Esa es una diferencia clave frente a lo que han sostenido los gobiernos del PP. Es una diferencia clave, a mi juicio, también respecto a parte importante de la política migratoria y de asilo defendida en la presidencia de Rodríguez Zapatero y gestionada por el ministerio del Interior y por la secretaría de Estado de Migraciones que dirigió la señora Rumí.

Acabamos de asistir, decía, a la presentación del «Plan Canarias», impulsado por un profesional de indiscutido prestigio, el ministro Escrivá y pilotado por la Secretaría de Estado de Migraciones que dirige con toda dedicación y esfuerzo Hana Jalloul. Un plan que establece una inversión de más de 600 millones de euros en las islas y que contempla dispositivos de acogida permanente para albergar hasta 7000 personas en 7 espacios diferentes y contempla una central de emergencias sobre temas migratorios (cfr: https://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/ministro/detalle/3935). Un esfuerzo muy notable por comparación a los datos de plazas disponibles actualmente y que es posible con la colaboración de varios ministerios, de las diferentes administraciones implicadas y también cuenta con fondos de la UE. Es la respuesta ante la situación de emergencia provocada por la llegada de 18000 personas, en un porcentaje que supera en un mil por cien los datos del año pasado. Una situación que, no debe olvidarse, responde a un conjunto de factores complejo, desde el impacto de la pandemia en términos sanitarios, económicos y sociales en países como Marruecos (que ahora genera la mayor parte de estos inmigrantes irregulares), Senegal, Costa de Marfil, Nigeria, Ghana y en menor medida de Mali.

Ese Plan, como las comparecencias del Ministro del Interior, (el Sr. Grande-Marlaska, magistrado de profesión,  a quien nadie discute su dedicación y sentido de servicio al Estado, pero sí no pocas de sus decisiones en política migratoria y de asilo) no cierra -al contrario- el debate sobre el sistema de acogida, y menos aún el debate acerca de la firme, cerrada oposición del mencionado Ministerio del Interior a autorizar traslados de las personas que llegan a Canarias a CCAA de la península, sabiendo que existen varias (Valencia, Castilla-León, Navarra, el País Vasco) que se han prestado solidariamente. Y lo que sucede es que esa posición, a mi juicio, condiciona decisivamente el modelo de acogida y en realidad determina la opción por el modelo de política migratoria y de asilo, más allá de los proyectos del Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social e incluso de la estrategia de la inteligente ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, la señora GonzálezLaya.

Respecto a lo primero, me parece evidente que cualquier dispositivo estable de acogida es incuestionablemente mejor que el desastre del muelle de Arguineguin. Una situación comparable con lo que se ha vivido en Moria, pese a los esfuerzos por desmentirlo por parte del Ministerio del Interior, esfuerzos que, han incluido verosímilmente un bloqueo a la libertad de información de la policía (la Delegacion de Gobierno, en todo caso y quizá el Ministerio) respecto a los periodistas que han cubierto estos días los acontecimientos, y que éstos han desnudado con crudeza. El Defensor del Pueblo se ha desplazado a las islas y esperamos un Informe en las próximas semanas. Como botones de muestra, los reportajes del periodistas y escritor Nicolás Castellano, quizá el mejor especialista en temas migratorios (por ejemplo, https://cadenaser.com/programa/2020/11/10/hora_25/1605046086_954571.html), o el testimonio del respetado fotoperiodista Javier Bauluz (cfr. https://www.cope.es/emisoras/canarias/las-palmas/gran-canaria/noticias/fotoperiodista-ante-drama-arguineguin-anos-profesion-sufrido-este-tipo-censura-20201020_953307), o el del periodista de la SER, Pedro Murillo, conmocionado por agresiones verbales xenófobas(https://cadenaser.com/emisora/2020/11/19/radio_club_tenerife/1605784397_808834.html?ssm=fb).  

Arguinegúín desnuda una situación que sonroja a cualquier que crea en el Estado de Derecho y en la prioridad del enfoque en garantía de los derechos humanos. Arguineguin evoca las imágenes de Moria.

El Plan, es cierto, pone remedio a una situación inadmisible. Ahora bien, que sea suficiente y adecuado en términos de política migratoria, es otra cosa. Creo que el problema reside, paradójicamente, en la vinculación conceptual de ese Plan de forma exclusiva con el archipiélago canario. Quiero que se me entienda bien. Por supuesto que Canarias necesita medidas urgentes. Un plan concertado de todas las administraciones (también europeas) para hacer frente a una situación muy difícil, debido a una complejidad de factores entre los que la emergencia migratoria es uno muy relevante, pero ni mucho menos el único. Dicho de otro modo: Canarias se enfrenta, entre otras dificultades, a una emergencia migratoria, pero esa emergencia no es sólo cuestión de Canarias. Y ahí está la clave.

Para comenzar con lo más inmediato del Plan, está claro que está muy bien que se organicen carpas y, sobre todo, establecimientos estables de acogida, donde estas personas -insisto, personas, antes que inmigrantes, irregulares o no, o solicitantes de protección -no peligrosos delincuentes a los que “no se debe dejar sueltos”, como se escuchó para vergüenza de todos en un programa de la televisión pública de máxima audiencia- encuentren techo, comida y la indispensables condiciones sociosanitarias. Pero  un plan de acogida (y estoy convencido; es más, sé que lo saben muy bien Hana Jalloul y sus experimentados directores generales, Santiago Yerga y Francisco Dorado) consiste en bastante más que eso y supone un esfuerzo de medios materiales y personales que, lógicamente (en eso el Plan acierta) no puede recaer sobre la Comunidad autónoma canaria ni exclusiva ni prioritariamente. Pero sobre todo,que no puede tener como objetivo mecánico la hipótesis de retorno forzado (aunque desde el Ministerio se insiste en que la inmensa mayoría de los que llegan son “retornables”, sin la indispensable intervención de los servicios de tutela jurídica, y que no puede encapsularse en esa Comunidad, porque la sitúa en extrema dificultad, mas aún en el contexto de las condiciones que derivan de la pandemia. No es difícil pronosticar que surgirá una reacción xenófoba y quién se va a aprovechar de eso. El peor error, a mi juicio, es ese encapsulamiento.

Esta <solución> hace pesar sobre Canarias todo el esfuerzo e impide una política de solidaridad de las demás CCAA. Es decir, reproduce a escala nacional la misma lógica que en la UE, que quiere que los tres países del sur  (Grecia, España, Italia) carguen con todo el peso de las llegadas de inmigrantes irregulares y de posibles solicitantes de protección internacional y en todo caso deja caer algunos millones, como se reitera en el “nuevo” Plan europeo de Migración y Asilo, marcado por la obsesión de los países ricos en evitar los movimientos secundarios y por el miedo ante las intransigentes posturas del bloque de Visegrado, con Hungría y Polonia al frente de la posición más agresiva.

La raíz del problema reside en la tradicional (iba a decir, atávica) cerrazón de Interior -sea cual sea el color político de quien dirija ese Ministerio- con el pretexto de «que no lleguen a Europa» (¿Canarias no lo es?) inmigrantes irregulares o personas que no cumplen las condiciones para recibir la protección internacional.  Es decir, siguiendo al pie de la letra esa torpe e insolidaria lógica de la UE. La oposición de Interior a permitir que otras CCAA colaboren en la gestión, mediante traslados a la península, repite algo que ya conocemos: Ya en Melilla hemos visto su negativa a que viajaran a la península las personas con <tarjeta roja> acreditativa de que está en curso su demanda de protección internacional y que, de acuerdo con la Sentencia del TS deberían poder viajar a la península y cuyo traslado ya había sido organizado por el Ministerio de Migraciones. Interior impulsa también, a mi juicio, una peculiar interpretación de un indispensable pilar de la política migratoria, los acuerdos bilaterales con los países de origen y tránsito. Pese a que parece que el Ministerio de Asuntos Exteriores podría imprimir un cambio de orientación en ese modelo, lo cierto es que por ahora predomina el enfoque de Interior, muy activo en obtener esos Convenios, pero no tanto para impulsar la democracia y el desarrollo en los países de origen y tránsito de las migraciones, sino casi exclusivamente para asegurar cuotas de policía por parte de esos países que, encima (Mauritania, Marruecos, Nigeria), son países cuyos gobiernos se caracterizan por una acreditada falta de respeto a los derechos humanos y al Estado de Derecho. Les ofrecemos dinero a cambio de encargarles el trabajo sucio. Insisto: sucio. Y me viene a la mente la expresión de Bauman: la política migratoria como industria del desecho humano.

Insistir en lo que ha fracasado, insisto, es irracional. Por muchas vallas y vuelos o barcos de expulsión, eufemísticamente denominada repatriación, no vamos a parar la movilidad migratoria. Menos aún cuando además de los ya endémicos movimientos de desplazamiento consecuencia de las hambrunas o de enfrentamientos étnicos (como en estos días en Etiopía) se avecinan grandes desplazamientos, consecuencia del cambio climático y del impacto depredador por parte de las industrias transnacionales y de los Estados que continúan con la mentalidad colonizadora, de los que China es el primer ejemplo en el continente africano. De una vez por todas: aprendamos la lección, cambiemos el modelo. Probemos otro, por ejemplo el que tímidamente proponen los Global Compact de Marrakesh 2018 sobre políticas migratorias y de asilo, que no son una revolución precisamente, pero cambian la mirada.

Ese otro modelo propone una gestión adecuada de la movilidad, que exige vías legales y seguras, mecanismos amplios de acogida e inclusión (sí: lo repite el ministro Escrivá con razón,  necesitamos imperiosamente incorporar a nuestra población a millones de inmigrantes, pero incorporarlos como ciudadanos, no como esclavos) y acuerdos que ayuden a los países de origen a avanzar en términos de Desarrollo humano, es decir, en democracia y derechos humanos, que es algo muy distinto que regar con dinero las arcas de élites corruptas.

¿Probamos?

En mis años de estudiante de doctorado, allá por 1974, pocos libros me causaron tanta impresión como la obra monumental de Werner Jaeger, Paideia, a la que vuelvo recurrenemente. Generaciones enteras aprendimos con su lectura la dificultad de definir un proyecto como ése, que no es sólo educativo, sino también cultural y político. Como explica Jeeger, en realidad cada época en Grecia -casi cada escuela, cada élite-, tuvo el suyo. Y lo que quiero plantear al lector, mi pregunta, es cuál es el nuestro, cuál es nuestra paideia, si es que tenemos alguna aquí, en España, en medio de este terrible contexto de la pandemia.

Si aun queda alguien que siga leyendo después de este exordio, trataré de tranquilizarle. El propósito de estas líneas no tiene el menor sentido erudito. La pregunta que enuncio, en términos genuinos, está motivada por lo que sucedió ayer, en la Comisión de Educación del Congreso en el debate a propósito del proyecto de LOMLOE que algunos quieren llamar “ley Celáa”. Muy concretamente, planteo esta pregunta por el rechazo a una enmienda de En Comú Podem/UP, que pretendía incluir como obligatoria en 4º de ESO la asignatura de ética, en el marco de un ciclo formativo de filosofía y también porque, en mi opinión, hay no poca confusión en torno a la asignatura de “valores éticos y cívicos” que propone el Ministerio. Pero lo que sigue no tiene tanto que ver con la anécdota parlamentaria, sino con lo que me parece que es la categoría.

Vamos al episodio parlamentario. El rechazo a la enmienda ha venido motivado (según la posición defendida por el PSOE, que había presentado una enmienda transaccional para que se impartiera “en algún curso de esa etapa”, postura apoyada por el PNV), porque “ya hay demasiadas materias en 4º de ESO y habría que quitar alguna para incluir la ética”. Como ha señalado la REF (Red Española de Filosofía), eso supone que los estudiantes que después de la ESO pasen, por ejemplo, a Educación Profesional, o sencillamente dejen de estudiar, no habrán recibido ninguna enseñanza de filosofía, pues no se puede considerar como tal -ni como equivalente a la ética- la asignatura de “valores” que el Ministerio incluye en 3º de ESO. Con ello, además, se rompe el acuerdo unánime alcanzado en octubre de 2018, por la Comisión de Educación del Congreso. En aquel entonces, el diputado socialista y portavoz de educación, Manuel Cruz, defendió brillantemente la recuperación de la filosofía, no como una cápsula aislada, sino como parte de un <ciclo formativo>: “de la misma manera que se enseña Matemáticas o lengua en tres cursos, filosofía debe enseñarse como un ciclo completo…no por una postura corporativa o gremial, sino para que el saber filosófico se despliegue de manera natural y adecuada”.  

Cabe discutir, por supuesto, si es posible recuperar esos contenidos por vía de desarrollo curricular, como ha argumentado la admirada y muy experimentada diputada y ponente socialista Martínez Seijo, quien, -en línea con lo que sostiene el Ministerio- razona que se ha priorizado la coherencia con el modelo competencial que fomenta la LOMLOE y asegura que comparte el carácter fundamental de la enseñanza de la filosofía. Pero quizá el problema no sea tanto el de <quítame de aquí estas horas, para poner esas otras>, sino que estriba en el sentido que el Ministerio atribuye al propio proyecto educativo. Y aquí sí que entra en juego el modelo de paideia. Es decir, la categoría. ¿Cuál es el modelo de paideia del proyecto de ley?

Creo que, para debatir sobre ello, podemos acudir a los razonamientos encontrados en torno a la asignatura de “valores” que este Ministerio sostiene. Según el proyecto, se trata de un instrumento para la adquisición de valores cívicos y constitucionales. Y en apoyo de esa asignatura se ha argumentado con frecuencia que, a fin de cuentas, esa “enseñanza en valores” cumpliría la función que debe desempeñar la ética.

Desde que se anunció este propósito, he discrepado a fondo del planteamiento. A mi juicio, esta concepción de la “enseñanza en valores” es un auténtico tiro en el pie. Todo el mundo tiene valores, que lógicamente aspira a presentar como imprescindibles en esa asignatura de formación en valores: por ejemplo, VOX, el tercer partido en representación en el Congreso, que cuenta con el respaldo de unos cuantos millones de ciudadanos. Es fácil imaginar el contenido de valores que, consecuentemente con su ideología, con su sistema de valores, impulsarían en la escuela. También es fácil imaginar los valores que, en el caso de que lleguen a gobernar, vetarían por considerarlos disvalores, o contravalores, o propuestas nefastas, por contrarias a su sistema de valores. Recuerden el denominado “pin educativo”, su rechazo a la entidad de la violencia de género, o su decidida apuesta como buen modelo de gobierno por el régimen del general Franco.

Nadie niega el derecho a tener los propios valores. La cuestión es si se deben enseñar en la escuela pública. Mi propuesta, nada original, es muy sencilla. Los únicos valores compartidos que tienen cabida en la escuela pública en una sociedad plural, son los de la ética pública, que hoy, en el siglo XXI, se llaman derechos humanos. Y no me vengan con la objeción de que no sirve de nada memorizar convenios y declaraciones de derechos, porque la enseñanza en derechos humanos no consiste en eso.

Enseñar derechos humanos, que es lo que a mi juicio debería hacer la escuela pública en lugar de perorar sobre “valores”, es enseñar el marco común de alteridad: ayudar a distinguir entre deseos, expectativas, derechos y deberes: saber qué es un derecho y qué no y por qué. Y por supuesto, aprender que, junto a los propios, están los derechos de los otros que, inevitablemente, entrarán en conflicto. Es decir, entender que ningún derecho es absoluto y que los conflictos, que son naturales, inevitables, deben resolverse conforme a Derecho, y no con arreglo a la fuerza. Lo que no excluye, antes al contrario, hacer entender que los derechos no se otorgan, sino que se adquieren, mediante la lucha por el Derecho. Porque se puede retroceder en su garantía e incluso perderlos, por la invasión de otros poderes, los del Estado y los de quienes tienen más fuerza que nosotros. Pero esa lucha por el Derecho es lucha conforme a derecho, es decir, sin cabida para la violencia. Aunque, a mi juicio, sí es posible luchar por los derechos mediante el recurso a la desobediencia: eso sí, si hablamos de una sociedad democrática, de un Estado d Drecho, esa desobediencia ha de ser civil, como por ejemplo he tratado de explicar en un libro reciente, Decir No. El imperativo de la desobediencia (y perdón por la sugerencia de lectura, que gustará a mi editor).

La enseñanza de la ética y de la filosofía es otra cosa. Cabe discutir si el ciclo formativo de filosofía, como propone la REF, debe constar de dos o tres asignaturas, cuáles han de ser obligatorias y con qué carga lectiva. Lo que parece innegable es el perjuicio que supone hacerla desaparecer del curriculum obligatorio, porque la ética es el núcleo del proyecto educativo, sin el que no es posible una paideia como la que exige este punto de inflexión civilizatorio que vivimos. Porque la razón de ser de esa asignatura de ética no es “adquirir competencias”, en el sentido técnico, sino facilitar la reflexión que ayuda a constituir la autonomía, el propio ethos, el carácter sobre el que construir nuestra vida como individuos conscientes. Sin esa reflexión genuinamente mayéutica, <e-ducativa> (que no de adoctrinamiento ni de ingurgitación de datos o de valores), caminamos hacia el modelod e súbdtos, de individuos preparados para la sumisión. Caminamos, como se ha dicho, hacia la aspiración de luchar por viajar en camarote de primera en el Titanic.

La clave, pues, consiste en establecer qué paideia. A mi juicio, insisto, el objetivo de la nuestra, comenzando por esa pieza de la misma que es la escuela pública, no es ni puede ser sólo competencial, en el sentido de conseguir formar profesionales aptos para las cambiantes exigencias del mercado global. Menos aún, si eso de adquirir competencias lleva la impronta del muy viejo individualismo posesivo que está en el genoma del liberalismo de mercado. La paideia que necesitamos exige reconocer el ideal de la politeia, que hoy, en un mundo máximamente interdependiente, es el de una sociedad global decente, lo que impone deberes hacia los demás, pero también hacia la vida misma, en términos de la sostenibilidad, de la transición a un sistema de vida ecológicamente sostenible. Los clásicos sabían que <vivir bien> es mucho más que <estar bien>, sobre todo si tal bienestar es el de unos pocos, en sociedades cada vez menos iguales e inclusivas. La enseñanza de la ética y de los derechos humanos son un medio del que no debemos prescindir si aspiramos a que ese bien vivir sea el de todos.

Cualquier debate sobre la validez y justificación de un sistema político, necesita puntos de referencia que reúnan dos condiciones: claridad y generación de consensos. Más aún en momentos en que se extrema la incertidumbre, la inestabilidad, como éstos que vivimos, como consecuencia de la tiple crisis -sanitaria, económica, social- provocada por la pandemia y que nos afecta con virulencia extrema en este comienzo de otoño

Lo cierto es que, en el caso de nuestro país, contamos con principios que reúnen esas condiciones. Son los enunciados en el artículo 1 de la Constitución española de 1978: principio de legitimidad democrática y defensa del Estado social de Derecho. Y, junto a ellos, lo establecido en el apartado 3 sobre la forma de Estado: la monarquía parlamentaria. En ellos reposa el modelo constitucional que se pactó en 1978 y en el que los socialistas jugamos un papel clave. Configuran un marco institucional y un pacto fundamental de convivencia que no debería ponerse en riesgo por miopes cálculos partidistas.Thanks for watching!PUBLICIDAD 

Pero es preciso hacer dos acotaciones acerca de ese riesgo. La primera, es que ese marco institucional debe quedar al margen de su confiscación partidaria, es decir, nadie puede pretender apropiárselo en exclusiva, como cuando algunos dicen “nosotros somos los verdaderos constitucionalistas”, o “los verdaderos españoles”, ni disponer de ese marco constitucional como si fuera su propiedad. Parafraseando a Harrington, el marco institucional es sólido y fecundo si se apoya en el imperio de las leyes y las instituciones y no del hombre. La segunda acotación señala que la lealtad a ese marco no consiste sólo en la voluntad de preservarlo como se enunció en el momento constituyente, como dogma de fe que bloquea toda pretensión de cambio. Se trata, como ha formulado el mejor constitucionalismo desde el famoso ensayo de Ferdinand de Lasalle, de concebirlo y utilizarlo como un programa. Un proyecto que vale la pena si y sólo si lo sabemos desarrollar.

La legitimidad democrática, fruto del modelo constitucional y condición sine qua non de legitimidad de cualquier sistema político contemporáneo, es dinámica: exige una permanente atención a las demandas de los titulares de esa legitimidad, los ciudadanos, y por tanto, a sus exigencias de cambio y de mejora de las condiciones de vida de todos. Y por eso, como postula el Estado social de Derecho, el mejor test de esa legitimidad es la garantía efectiva de los derechos de todos y para todos, con especial atención a los derechos sociales. En este punto, los socialistas podemos mostrar orgullosos una importantísima contribución, porque hemos protagonizado desde largos años de gobierno la construcción y el desarrollo del estado del Bienestar, que ha supuesto un progreso sin parangón y una tendencia a la igualdad de oportunidades y garantía real de libertad, aunque aún con un indiscutible camino por recorrer.

Para preservar y, desde luego, mejorar ese marco constitucional que nace del contrato social, de la negociación y el acuerdo constituyentes, es fundamental la participación del individuo en la vida pública, lo que es la antítesis de la dominación y la tiranía. Ese es el espíritu del mejor republicanismo, una concepción democrática transversal, que puede compartir la derecha, el centro liberal y la izquierda y que no implica necesariamente una forma de Estado determinada. Desde sus antecedentes en el mejor espíritu romano que nos legó Cicerón, a las reformulaciones que encontramos en Maquiavelo, en Locke y sobre todo en los revolucionarios de 1776, el motor del republicanismo son las instituciones que aseguran el control de poder por parte de los ciudadanos, del pueblo (el soberano democrático), es decir, las instituciones que crean y consolidan el Estado de Derecho, como garantía de la no dominación.

Así, el principal interés republicano está en contar con una ciudadanía activa y que esté comprometida con la buena salud política del Estado. Como expresó el filósofo estadounidense Michael Sandel “Soy libre en la medida en que soy miembro de una comunidad que controla su propio destino y participante en las decisiones que gobiernan sus asuntos”. Es lo mismo que, con acierto, el politólogo Rosanvallon llama reforzar “el poder de nadie”. Reforzar el poder institucional sacando de la lucha partidista el conjunto de instituciones que garantizan lo que es básico en democracia: la separación y control de poderes. Y ese republicanismo se puede concretar en la forma de Estado que decida el pueblo. Nuestra decisión fue una monarquía parlamentaria que es y deber ser cada vez más una institución al servicio de esa primacía de la salud del pueblo, de la cosa pública y, en ese sentido, sí, puede y debe ser republicana (como, a sensu contrario, una república presidencialista puede convertirse de facto en un régimen cuasimonárquico, como por ejemplo la Bielorrusia de Aleksandr Lukashenko). El test es que se guíe por la primacía de la legitimidad democrática y del Estado social de Derecho, como lo quisieron nuestros constituyentes.

La buena noticia es que contamos con ese marco institucional sólido, acordado en 1978, no para limitar nuestra libertad, sino para adaptar ese marco a las necesidades de nuestros ciudadanos, que cambian y por eso debemos saber reformularlas. Por eso, la defensa de las instituciones, de todas las instituciones, es un principio absolutamente republicano, y en base a ese principio los socialistas defendemos el pacto constitucional; no en vano fuimos artífices del mismo.

Este Republicanismo, paralelamente, fomenta el progreso en torno a la prosperidad, el respeto al pluralismo y la convivencia, frente al individualismo posesivo del que la derecha abusa sin pudor, avanzando en los derechos sociales con programas legislativos innovadores, como ya hicimos los socialistas a lo largo de las últimas décadas al garantizar, por poner sólo algunos ejemplos, la Educación Básica, Obligatoria y Gratuita en 1985, el Sistema Nacional de Salud en 1986, el Sistema de Pensiones Asistenciales en 1990, la ley 13/2005 de reforma del Código civil en materia de matrimonio, o la Ley de Dependencia en 2006. Y como hemos hecho ahora en las excepcionales circunstancias generadas por la pandemia de la Covid-19, aprobando el Ingreso Mínimo Vital y decenas de medidas para que nadie se quede atrás.

Avances que, además, se garantizarían a través de su inclusión en la Constitución Española, junto a la preservación de unas instituciones robustas, un sistema competencial más claro y reforzado, y una ciudadanía responsable y exigente. Es ahora cuando tenemos que dar certidumbres a los ciudadanos. Y son precisamente las instituciones las que cumplen esa función aportando soluciones a los problemas. Los socialistas tenemos la firma voluntad de fortalecer esas instituciones: ni las utilizamos por intereses partidistas como ha hecho el Partido Popular mediante turbios manejos como la policía patriótica o la Trama Kitchen, ni las bloqueamos como hace hoy el mismo partido impidiendo la renovación de órganos constitucionales esenciales.

Es preciso insistir en la consideración de la necesidad de defender el punto de partida de nuestro marco institucional. Respetar ese punto de partida, pero recordando que el mejor respeto también consiste en su desarrollo y no en su bloqueo. Incluso con reformas constitucionales si ello es preciso y siempre con la mayor de las lealtades hacia quien la debemos, que es el soberano, es decir, la ciudadanía. La última palabra en ese desarrollo, en los necesarios cambios, la ha de tener el pueblo, como por cierto exige la Constitución lo que, en cierto modo, sigue un patrón krausista de ética en las conductas individuales, de progreso moral de toda la humanidad, de dar un papel activo a la inteligencia y que la acción política sea inteligente, es decir, que se guie por la razón.

En este terrible año de 2020 se hace más patente aún que la legitimidad del orden político y de sus actores consiste en anteponer como prioridad esa garantía efectiva de los derechos básicos. Sin duda la salud o la educación, que ponen el foco en nuestros niños y mayores, pero también una vida digna, para desempleados y aquellos ciudadanos en situaciones de vulnerabilidad. Porque tenemos como nunca conciencia de vulnerabilidad, y lo que históricamente podría asimilarse a conciencia de clase, pero también de la dimensión solidaria y universal de los sujetos de derechos y de la indivisibilidad de esos derechos. En otras palabras: sabemos que no nos salvamos si no nos salvamos todos. Y sabemos que el derecho a la salud no es sólo el derecho a la vida “de los míos”, sino que es interdependiente y que va mucho más allá de la noción de salud humana y obliga a garantizar bienes de alcance global. Es la salud de la propia vida del planeta que enlaza con una perspectiva global, como vemos con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En este punto, los socialistas y este Gobierno estamos más que comprometidos. Este Gobierno nació del diálogo, la responsabilidad y el compromiso social, y así gobierna. Otros, como vemos en la actual dirección del PP, parece que trabajen sobre todo por desestabilizar no sólo a los actuales gobernantes, sino a todas las instituciones impidiendo la renovación de órganos judiciales o poniéndose de perfil en una situación histórica como es la pandemia mundial del coronavirus. El Gobierno y el partido socialista que lo apoya, no tiene miedo a que se nos exija responsabilidad política, precisamente porque esa responsabilidad es la que guía nuestra defensa de las instituciones. Ojalá ese sentido de la responsabilidad mueva al principal partido de la oposición a dejar cálculos partidarios para estar a la altura de lo que necesitamos todos.

La mancha original del experimento democrático norteamericano

Uno de los errores que cometemos con mayor frecuencia es el de minusvalorar o incluso despreciar los argumentos de quien mantiene tesis opuestas a las nuestras. Creo que es lo que sucede a menudo con respecto a Donald Trump. Por ejemplo, a la hora de caricaturizar su oposición a movimientos como el Me Too o el Black Lives Matter (BLM) y más en esta última recta de la campaña electoral. Trump, más allá de su caldo de cultivo “natural” -los rednecks de la América profunda y los blancos supremacistas del Bible Belt, amén de los movimientos armados supremacistas y racistas, de extrema derecha, algunos de ellos milicias armadas, como los Oath Keepers, Three percenters, Proud Boys, Posse Comitatus, o el movimiento QANON-, está consiguiendo imponer en amplios sectores de la ciudadanía norteamericana su versión sobre el significado de la batalla en la que está empeñado el BLM desde su aparición en 2014. En esa tarea, Trump parece aliado con una amplísima red comunicativa de verdaderos <centros de odio> a lo largo de todo el país, tal y como se puede consultar en la utilísima base de datos del Southern Poverty Law Center (https://www.splcenter.org/hate-map?year=2016) que me señaló Eugenio del Río -siempre bien informado acerca de lo importante-, que difunden una estrategia de estigmatización, pieza imprescindible de la justificación de la política supremacista y racista, de la subordiscriminación a la que se somete a individuos y grupos identificados con rasgos etnoculturales y de clase.

A mi juicio, Trump está logrando con notable eficacia que, cada vez más, para un amplio porcentaje de la opinión pública, el BLM aparezca vinculado -si no incluso, reducido- a los aspectos violentos de las protestas y manifestaciones que se desarrollan en denuncia de la violencia policial y contra la impunidad en la que quedan un alto porcentaje de esas conductas, como lo ha mostrado por enésima vez la reciente exoneración de los dos policías que en marzo de 2020 mataron a Breonna Taylor. Así, aunque tiene el coste de profundizar en la división del país, la habilidad de la estrategia electoral de Trump consiste en presentar ante el votante (o, al menos, ante un amplio sector) que existe un verdadero enfrentamiento civil, una disputa, entre partidarios de la ley, el orden y la defensa de las fuerzas policiales, frente a los que causan disturbios en las calles, destrozan edificios y se enfrentan a las fuerzas del orden, a los que consigue que se identifique con el BLM. Pero no es así. Muy al contrario, y es lo que pretendo ilustrar, el objetivo del BLM tiene una raíz profunda, inscrita en la herida original del experimento democrático norteamericano.

Recordemos. El 1 de enero de 1863 entró en vigor la orden ejecutiva del presidente Lincoln, conocida como Proclamación de la Emancipación (Proclamación 95). No suponía la abolición de la esclavitud -algo que llegaría en 1865-, pero cambió el status legal para más de tres millones y medio de negros en 10 Estados, que pasaron de esclavos a libres en cuanto huyeron al norte o se liberaron del poder confederado, gracias al avance del ejército de la Unión. Fue una medida de guerra, pensada sobre todo para golpear el corazón del sistema económico del sur, dependiente por completo de la esclavitud. Cien años después, el 28 de agosto de 1963, M.L. King evocó esa fecha en su célebre discurso en la Marcha por los trabajos y la libertad, conocida como Marcha sobre Washington, para recordar que los centenares de miles de ciudadanos allí congregados, en su mayoría afroamericanos, seguían pendientes del cumplimiento de esa promesa y, aún peor, de la promesa de los padres constituyentes en 1776. Estas fueron sus palabras: “En un sentido llegamos a la capital de nuestra nación para cobrar un cheque. Cuando los arquitectos de nuestra república escribieron las magníficas palabras de la Constitución y la Declaratoria de la Independencia, firmaban una promisoria nota de la que todo estadounidense sería el heredero…En vez de honrar su obligación sagrada, Estados Unidos dio al negro un cheque sin valor que fue devuelto marcado como <fondos insuficientes>. Pero nos rehusamos a creer que el banco de la justicia está quebrado. Nos rehusamos a creer que no hay fondos en los grandes depósitos de oportunidad en esta nación”.

Doscientos cincuenta años después de las promesas de igualdad, libertad y felicidad para todos que formularon los padres fundadores, la realidad que ofrecen los EEUU sigue siendo muy otra para millones de ciudadanos norteamericanos, en particular para los afroamericanos (pero también, más recientemente, para la pujante minoría latina, los hispanos). Creo que el alcance y significado que persigue BLM es mucho más que el de un movimiento sectorial y conecta directamente con ese déficit estructural, que tiene relación a su vez con un rasgo sistémico de la democracia estadounidense, el racismo, el supremacismo. Creo que el BLM tiene sus raíces en una visión que exige tomar en serio, para todos, las promesas de los founding fathers y en ese sentido, a mi juicio, entronca con los movimientos de derechos civiles de los 50 y 60. Más concretamente, sus reivindicaciones pueden relacionarse estrechamente con el leit-motiv del discurso de M.L.King en 1963, sobre el cheque impagado y también con otra famosa afirmación del premio Nobel de la paz: “nuestras vidas comienzan a extinguirse en el momento en que guardamos silencio sobre las cosas que importan”. Las cosas que importan son las garantías efectivas de la vida, las libertades y los derechos de los afroamericanos. Así lo expresó una de las tres fundadoras del movimiento, Alicia Garza, en la presentación del BLM, en abril de 2014: “Cuando decimos Black Lives Matter, estamos hablando de las formas en que los negros se ven privados de sus derechos humanos básicos y de la dignidad”. Estamos hablando de la igualdad en derechos y libertades, pues.

La estrategia de Trump: profundizar en la nación dividida

Puede que la estrategia de Donald Trump, en la que esa manipulación del papel del movimiento BLM desempeña un papel nada secundario, le permita reducir su desventaja frente a Joe Biden e incluso conseguir la reelección. Antes al contrario, creo que la habilidad de la estrategia electoral de Trump radica precisamente en persuadir a la opinión pública (o, al menos, a un amplio sector) de que ya existe esa división, obviamente maniquea: un verdadero enfrentamiento civil, una disputa que opone a los defensores de una <América grande>, esto es, los partidarios de la ley, el orden y la defensa de las fuerzas policiales, frente a los que causan disturbios en las calles, destrozan edificios y se enfrentan a las fuerzas del orden, a los que consigue que se identifique con el BLM. En la “épica” de Trump, sólo uno de los dos proyectos que pugnan, como se ha dicho, por el alma de América, puede sobrevivir. Frente a lo que él presenta como la disolución del país, trata de imponer el suyo, el del make America great again, un proyecto que Krugman ha descrito con dureza (“Trump’s racist, statist, suburban dream”, https://www.nytimes.com/2020/08/13/opinion/trump-suburbs-racism.html).

Quizá, malgré soi, Trump acierta en algo. América no es ni ha sido nunca una nación. Y es que hay algo en lo que Trump, pese a todo, acierta: cuando el ensayista de The Nation, Richard Kreitner, o el historiador de Yale, David Blight, advierten del fin de mito de los EEUU como una nación, tienen razón, en el sentido de que el experimento norteamericano que nace en 1776 no era en absoluto inclusivo, ni, menos aún, universalista. La retórica conceptual de los padres fundadores ocultaba una penosa realidad que se fue imponiendo conforme se expandía esa gran nación americana: la imposición de la hegemonía de los buenos colonos blancos, con el coste del genocidio de los indígenas y de un sistema esclavista nutrido por el comercio con la mano de obra barata que eran los negros. No: los EEUU fueron desde el comienzo una nación dividida, un proyecto excluyente que recordaba el coste de la brillante democracia ateniense y del mejor momento de esplendor de la república romana: mantener a esas dos categorías de sujetos (obviamente, habría que añadir a las mujeres) en la condición de infrahumanos, en aras de asegurar la prosperidad y el dominio de los buenos y nuevos norteamericanos. Durante la mayor parte de su corta historia, bajo la metáfora ingenua del melting pot, se ocultó la imposición de la jerarquía WASP y una estructura social que, aunque aparentemente abierta -el sueño americano según el cual cualquiera puede alcanzar la cúspide social por sus propios medios-, está mucho más próxima a una sociedad de castas de lo que les gustaría reconocer. Dos ideologías excluyentes, el supremacismo blanco, más aún ahora que parece sentirse amenazado y el racismo, forman parte de la identidad fundacional, aunque es justo reconocer que una sociedad como la norteamericana llevaba dentro el gen pluralista que trataba de equilibrar esas dos taras y que ha permitido combatirlas con cierta eficacia en los ambientes liberales de la costa este y de algunos Estados de raíz más abierta, frente al conservadurismo de la América profunda o, no digamos, del Bible Belt. Ese supremacismo, que tiene una profunda veta patriarcalista, se ve interpelado también por movimientos como el Me Too y por la crítica feminista. De ahí también que la figura de Kamala Harris, el poder fuerte detrás de Biden, sea vista como una amenaza.

No: los EEUU no han conseguido superar ese trauma original. Investigaciones como la publicada en 2010 por la jurista M. Alexander sobre la asimetría de las condenas penales y de la población reclusa por lo que se refiere a los ciudadanos afroamericanos (hay traducción castellana, El Color de la justicia. La nueva segregación racial en Estados Unidos), la de Rothstein, (The Color of Law. A forgotten History of how our Government segregated America, 2017) o la muy reciente Caste. The Origins of our discontents (2020) de la ensayista I. Wilkerson, lo evidencian de forma incontestable. La desigualdad es la realidad más llamativa si se examina la estructura social y las diferencias de clase y etnoculturales en los EEUU.

Hace tiempo que el filósofo Etienne Balibar resumió en la fórmula <egalibertad> (la igualdad en las libertades) la condición básica para que hablemos de democracia, en serio. Por su parte, Axel Honneth ha argumentado de forma convincente que el test más claro a esos efectos, es el de los derechos sociales: la garantía del acceso y el disfrute de derechos como trabajo, vivienda, salario mínimo, cobertura ante la enfermedad y la vejez, para todos los ciudadanos, comenzando por los mas vulnerables. Si no se alcanza, si hay grupos significativos de población excluidos o marginados de facto (no digamos, de iure) de esa igual libertad, hay que dar la razón a quienes, en el idioma que sea, denuncian que “lo llaman democracia, pero no lo es”. Ese déficit, ese foso de desigualdad, es un virus particularmente presente en la admirada democracia estadounidense. Por supuesto, este déficit de desigualdad no es privativo de la democracia norteamericana: está presente en buena parte de las democracias que ocupan los primeros puestos del ranking, se acrecienta desde la Gran Recesión de 2008 y amenaza con hacerse mayor con ocasión de la crisis de la pandemia, que golpea directamente los indicadores clave para las democracias (https://www.economist.com/graphic-detail/2020/01/22/global-democracy-has-another-bad-year).

Esto es lo más preocupante. Como es obvio, no sólo está en juego un proyecto nacional.  La victoria de Trump, sería una mala noticia para la democracia y el Estado de Derecho en los propios EEUU y también en todo el mundo. Lo evidencia el descarado partidismo de Trump ante la oportunidad que le ofrece la desaparición de Ruth Bader Ginsburg, una figura cuyo alcance no sólo simbólico supera  lo habitual incluso entre quienes alcanzan el grado de justice del Tribunal Supremo de los EEUU (SCOTUS: cfr. https://www.levante-emv.com/opinion/2020/09/20/muerte-luchadora-14015077.html). Sin duda, nos encontramos ante un ejemplo de manual de la manipulación partidista de eso que Rosanvallon considera “el poder de nadie” (https://lelephant-larevue.fr/interview/faut-multiplier-voire-inventer-procedures-de-representation-peuple/), el marco de las instituciones que son clave del juego democrático porque aseguran la separación de poderes y, por tanto, el control del poder. La condición es que ese marco institucional no sea confiscado, monopolizado, por alguno de los contendientes en la lucha partidista. Pues bien, Trump está dispuesto a ello, a profundizar en la división de la nación, tal y como acaba de denunciar el premio Nobel Krugman (“Trump’s racist, statist, suburban dream”, https://www.nytimes.com/2020/08/13/opinion/trump-suburbs-racism.html), a romper el equilibrio en el Tribunal Supremo, asegurándose así una verosímil influencia en caso de polémica sobre los resultados electorales -recuérdese el precedente en las elecciones que verosímilmente ganó Gore a Bush- y la permanencia de su legado durante más de 20 años. La juventud (48 años) y el sesgo ideológico de la candidata propuesta por Trump, Amy Coney Barret, una brillante jurista conservadora, militante de la causa antiabortista, así lo demuestra. Trump, un habitual jugador ventajista, ha puesto en marcha con la inestimable ayuda de líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, el proceso para tratar de sellar casi definitivamente la mayoría conservadora en el TS, aunque eso suponga romper con el precedente que impuso el bando republicano frente al presidente Obama, pues consiguieron bloquear el nombramiento de Merrick Garland, un juez blanco y moderado, que Obama esperaba que fuera aceptable para los republicanos moderados, con el argumento de que no debía hacerlo en un año electoral. Y ahora lo hacen a menos de mes y medio de las elecciones. Recomiendo a este respecto el análisis de un buen conocedor de la obra de RBG y del sistema constitucional norteamericano, el profesor Presno Linera (https://presnolinera.wordpress.com/2020/09/20/trump-y-el-tribunal-supremo-tercera-parte/). Por cierto, ese bloqueo y confiscación del marco institucional no es privativo de los EEUU. Basta asomarse a lo que ocurre en España con el bloqueo de órganos constitucionales que no se renuevan cuando lo exige el mandato constitucional porque, a todas luces, ello beneficia los intereses de un partido.

Por mi parte, creo que tienen toda la razón quienes, como el editor de The Nation, Elie Mystal (https://www.thenation.com/article/politics/ruth-bader-ginsburg-dissent/) reclaman una oposición frontal al intento de Trump, en honor de RBG y en defensa de la democracia. Y precisamente por eso me parece juiciosa la posición de los inspiradores de la campaña Take Back the Court, K Kendell y A.Belkin, que sostienen que, en caso de que Trump y McConnell sigan adelante con su intento de reemplazar a RBG antes de la elección presidencial, la responsabilidad cae en el campo de los demócratas, sobre todo si Biden gana las elecciones. En ese supuesto, escriben en un artículo en San Francisco Chronicle, “to expand the Supreme Court is to expand Democracy” (https://www.sfchronicle.com/opinion/article/Expand-the-US-Supreme-Court-to-save-democracy-14418147.php). Si el intento de Trump fructifica, la única salida, en el caso insisto hoy aún dudoso de victoria de Biden, sería que el nuevo presidente ampliase la composición del TS con al menos dos jueces más, para restablecer el equilibrio. Está en juego la democracia, nada menos.

Ibram X.Kendi, probablemente el más interesante entre los historiadores norteamericanos actuales que se ocupan sobre el racismo y el supremacismo, ideologías que contaminan casi desde su nacimiento el experimento democrático norteamericano, ejemplificó esta mancha original en un multipremiado ensayo que toma su título del famoso discurso pronunciado en 1860 en el Senado por el entonces senador de Missisipi y luego líder confederado, Jefferson Davies, en el que sostuvo que la desigualdad entre las razas blanca y negra estaba sellada desde los orígenes de la creación (“stamped from the Beginning”). Pues bien, el propio Kendi, en un reciente artículo para The Atlantic, en el que se pregunta si estamos ante la oportunidad de poner fin a la hegemonía de la ideología racista en los EEUU (https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2020/09/the-end-of-denial/614194/), sostiene que, paradójicamente, el negacionismo de Trump ha puesto a los ciudadanos norteamericanos ante la oportunidad de aprovechar el punto de no retorno al que Trump ha llevado a la sociedad norteamericana, para cerrar su mandato y exigir que el nuevo equipo presidencial rompa con ese prejuicio y cumpla de una vez por todas y ya, la promesa de la igualdad: “La abolición de la esclavitud parecía tan imposible a mediados del siglo XIX como lo es hoy la igualdad, pero de la misma manera que los abolicionistas exigieron la erradicación inmediata de la esclavitud, la igualdad inmediata debe ser la exigencia hoy. No en 20 años. No en 10 años. Ahora”. Están hartos de esperar, de que les pidan paciencia. Precisamente por eso asegura que, para él, como para los afroamericanos, “paciencia es una palabra sucia”.

Las mujeres y los hombres del Black Lives Matter, las nuevas generaciones que se reúnen para repetir los lemas “<no justice no peace>, <I can’t breathe>, o <Get your knee off our necks>”, son perfectamente conscientes de queel cheque del que habló el Dr. King sigue sin cobrar y no quieren esperar. En ese sentido, creo, aciertan los demócratas cuando sostienen que lo que está en juego en noviembre de 2020 <es una batalla por el alma de la nación>. En efecto, tienen razón quienes postulan que no se trata sólo de ejercer el voto para impedir un segundo mandato de Trump, para evitar que se incrementen el racismo y el supremacismo, sino sobre todo para construir una alternativa, la de aprovechar el mandato de Biden y Harris para ganar de una vez por todas la igualdad prometida. Ojalá, junto a las mujeres, que rechazan el machismo grosero y el patriarcalismo del que hace gala Trump, se movilicen esos millones de afroamericanos y latinos para votar. Ojalá lo entienda así finalmente la mayoría de los votantes norteamericanos.

La última batalla de esa impresionante luchadora que ha sido Ruth Bader Ginsburg, estaba condenada inexorablemente a la derrota, pero ella no cejó. No me gusta aplicar a los enfermos de cáncer esos términos, <lucha>, <victoria>. Pero en este caso es absolutamente adecuado porque, según confesó hace pocas semanas a su nieta, su último deseo era éste: poder vivir lo suficiente como para que su sustitución como magistrada del Tribunal Supremo de los EEUU fuera un nombramiento propuesto por el nuevo presidente. De hecho, ya había rechazado jubilarse durante el segundo período del mandato de Obama (lo que habría posibilitado su sustitución por un magistrado/a de carácter progresista), porque tenía una voluntad de trabajo que le hacía pensar que podría seguir desempeñándolo responsablemente, hasta “cumplir los 90”. En todo caso, comentó en más de una ocasión que deseaba que su sustitución fuera realizada por un nuevo presidente que esperaba fuera mejor que Trump, al que se enfrentó abiertamente desde antes incluso de su elección, con declaraciones que alguna vez entraron en la terminante descalificación, algo de lo que expresamente se retractó, en una de las escasas muestras de moderación de su <radicalidad>.

RBG, como era popularmente conocida o incluso “notorius RBG”, según el apodo que acuñó con mucho éxito una estudiante de Derecho norteamericana, Shana Knizhnik, haciendo un juego de palabras con el nombre de un famoso rapero, “Notorious BIG”, fue también, en los últimos años un auténtico icono cultural para las nuevas generaciones. La propia Knizhnik, con Iris Carmon, escribió luego la biografía más conocida de Ruth Bader, Notorious RBG. The Life and Times of RBG, que publicó The NewYork Times en su colección de bestsellers.

Su férrea voluntad de trabajo en defensa de la igualdad de género, de los derechos de las mujeres y su combate contra todas las formas de discriminación, comenzando por los que sufren los trabajadores, las minorías y los inmigrantes, contrastaba con una apariencia física de fragilidad, acentuada a sus 87 años tras cuatro procesos de cáncer y un progresivo debilitamiento de la vista y del oído. Pero si hay un ejemplo contemporáneo en los EEUU de la mulier fortis, es precisamente Ruth Bader. Y no precisamente en el clásico papel conservador de la mujer invisibilizada en el hogar, sino en el de la jurista y ciudadana: militante de la Unión Americana por las Libertades Civiles -ACLU-, fundó en 1972 la sección dedicada a derechos de las mujeres, dispuesta a acabar con esa invisibilización, con la subordiscriminación que sufren las mujeres todavía en este siglo. En los años 70 y 80 defendió ante el TS seis de los principales casos de discriminación de género de los que ganó cinco, hasta conseguir que se aceptara que la misma enmienda que vetaba la discriminación racial debía prohibir toda forma de discriminación de las mujeres como inconstitucional.

RBG llegó al Tribunal Supremo de los EEUU a propuesta del presidente Clinton, en 1993, en sustitución de Byron R. White, quien había sido propuesto por el presidente John F. Kennedy y ejerció en el TS durante más de 30 años. El Senado confirmó el nombramiento en menos de dos meses, con 96 votos a favor y sólo 3 en contra. El último justice del TS nombrado a propuesta de un presidente demócrata había sido Thurgood Marshall, a quien propuso Lyndon B. Johnson en 1967. Mucho han calificado a Bader como la Thurgood Marshall del movimiento de derechos de las mujeres.

Como justice del TS, Ruth Bader cabe situar a Bader en la estela del legendario justice Holmes (“the great Dissenter”), por sus votos en disidencia de la mayoría conservadora del alto tribunal, en especial durante los años en que, tras la jubilación en 2006 de la primera mujer que accedió al cargo, Sandra O’Connor- con quien mantuvo una excelente relación dialéctica desde posiciones ideológicas alejadas-, se convirtió en representante casi en solitario de la lucha por la igualdad de género y por los derechos de las minorías, así como por nuevos derechos, también en el ámbito medioambiental.  Eso no le impidió votar junto a sus colegas conservadores cuando pensó que tenían razón: RBG probó un y otra vez que se guiaba por su independencia de criterio, no por banderías.

El estilo de sus resoluciones es proverbial: en lugar de un lenguaje complicado con largas subordinadas y términos alambicados, RBG procuraba emplear oraciones declarativas sencillas y desprovistas del tan abstruso como muchas veces incomprensible argot jurídico. En más de una ocasión declaró que en ello advertía la influencia de sus estudios de literatura con Vladimir Nabokov en Cornell. Con frecuencia, para presentar sus votos en disidencia, utilizaba un guiño gestual, incluyendo en la túnica judicial adornos llamativos e incluso lo que se llamó un «collar disidente”. Esos votos, que comenzaban con el I dissent -frecuentemente sin la mediación del obligado “respetuosamente”-, son un ejemplo de poderosa argumentación jurídica, que bien cabe situar en la tradición consagrada por Ihering de entender el Derecho como la herramienta “civilizada” de una lucha social, que es la lucha por el Estado de Derecho, la lucha por los derechos. Esos años, según reveló en una entrevista en 2014, fueron «sus peores tiempos»: “La imagen para el público que entraba a la sala del tribunal era de ocho hombres, de cierto tamaño, y luego esta mujercita sentada a un lado. Esa no fue una buena imagen para que la viera el público “. Hay que hacer notar que Obama consiguió que se nombrara a otras dos mujeres, de perfil progresista: Sonia Sotomayor en 2009 y Elena Kagan en 2010.

Contamos con numerosos testimonios audiovisuales de ese trabajo incansable de Ruth Bader. Mencionaré tres: el documental de Julie Cohen y Betsy West, RBG (2018); el biopic que le dedicó Mimi Leder también en 2018, On the Basis of the Sex (“Una cuestión de género”, se tituló en España) y una entrevista realizada por la profesora Ruth Rubio en el Instituto Europeo de Florencia, en 2016, que se publicó en el volumen 15, nº 3 (2017) de la revista International journal of constitutional law (págs. 602-620) y que es accesible en Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=qRqe43iwhbw).

Ojalá que las mujeres, que tuvieron en ella a una gran campeona, y el movimiento antirracista, encabezado por el BLM, pero que es clave también para la que es ya la primera minoría en los EEUU, los latinos, sepan recoger ese espíritu de lucha de RBG y empujar para conseguir apartar a Trump de la presidencia, el próximo 3 de noviembre.

Y ojalá que, pese a la ventana de oportunidad que se les abre a Donald Trump y al líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, para tratar de sellar casi definitivamente la mayoría conservadora en el TS, sustituyendo a Bader por un candidato conservador, los demócratas sepan imponer el criterio de coherencia con el precedente de lo que sucedió con Obama, al que los republicanos bloquearon el nombramiento de Merrick Garland, un juez blanco y moderado, que esperaba que fuera aceptable para los republicanos moderados, con el argumento de que no debía hacerlo en año electoral. De no ser así, la herencia de Trump podría alargarse hasta veinte años, pese a su eventual derrota. Sobre esa “nueva batalla que está dispuesto a librar con su habitual incontinencia el presidente Trump, recomiendo leer el análisis de un buen conocedor de la obra de RBG y del sistema constitucional norteamericano, el profesor Presno Linera (https://presnolinera.wordpress.com/2020/09/20/trump-y-el-tribunal-supremo-tercera-parte/). Trump se ha lanzado a por el botín: baste pensar en las candidatas que ha filtrado y que es evidente que tenía preparadas a la espera de un fatal desenlace de la enfermedad de RBG y que apuntan a la intención de Trump bien conocida, de modificar el derecho al aborto en contra de la famosa decisión Roe vs Wade. Esas candidatas son la juez conservadora y militante religiosa Amy Coney Barrett, de 48 años, la juez Neomi Rao de 47 o incluso la juez Allison Jones Rushing, que sólo tiene 38 años. Esto ofrecería una perspectiva de dominio del TS por parte del sector más conservador, por unos 30 años.

Por mi parte, creo que tienen toda la razón quienes como el editor de The Nation, Elie Mystal (https://www.thenation.com/article/politics/ruth-bader-ginsburg-dissent/) reclman una oposición frontal al intento de Trump, en honor de RBG y en defensa de la democracia. Y precisamente por eso me parece juiciosa la posición de quienes como los inspiradores de la campaña Take Back the Court, K Kendell y A.Belkin (a quienes se ha sumado el historiador Ibram X Kendi) sostienen que, en caso de que Trump y McConnell sigan adelante con su intento de reemplazar a RBG antes de la elección presidencial, la responsabilidad cae en el campo de los demócratas, sobre todo si Biden gana las elecciones. En ese supuesto, escriben en un artículo en San Francisco Chronicle, “to expand the Supreme Court is to expand Democracy” (https://www.sfchronicle.com/opinion/article/Expand-the-US-Supreme-Court-to-save-democracy-14418147.php). Si el intento de Trump fructifica, la única salida, en el caso insisto hoy aún dudoso de victoria de Biden, sería que el nuevo Presidente ampliase la composición del TS con al menos dos jueces más, para restablecer el equilibrio. Está en juego la democracia, nada menos.

Encaramos el último trimestre de este dificilísimo 2020 con retos de tal envergadura que sorprende que todos los que tienen responsabilidad de gobierno, los partidos políticos, los sindicatos y principales agentes sociales, no sean, no seamos capaces de saber priorizar lo que me parece imprescindible: las exigencias del sentido común. Exigencias que son, también, las exigencias del sentido de lo común.

Creo que, dejando aparte consideraciones de partido y legítimos cálculos políticos, la conferencia del presidente del gobierno en la Casa de América, en la mañana del lunes 31 de agosto, en la Casa de América, fue una apelación a actuar unidos, desde el sentido común y desde el sentido de lo común, es decir desde la prioridad del imperativo de lo que es común, lo que nos importa a todos los ciudadanos. Llamaré patriotismo a la lealtad a ese sentido común y de lo común. En aras de ese modo de entender el patriotismo, me parece que el sentido común dicta que el común de los ciudadanos necesitamos imperativamente instrumentos de respuesta adecuados para contrarrestar el impacto de las tremendas crisis que afrontamos, en el ámbito sanitario, en el de la educación, en el empleo, en la atención a nuestros mayores. Es decir, ante todo, para atender a los más vulnerables y que nadie se quede atrás. Y por eso puede decirse que, aunque contemos con los fondos europeos, una prioridad irrenunciable, imprescindible, que impone ese patriotismo es tener lo antes posible unos Presupuestos adecuados.

Desde ese sentido común y de lo común resulta evidente que cuanto planteamos con anterioridad a la pandemia debe ser revisado: va contra el sentido común intentar proyectos que no tengan en cuenta esta prioridad de prioridades. Eso significa, en primer lugar, que no podemos seguir prorrogando los Presupuestos del ministro Montoro, absolutamente ajenos a las crisis que nos desafían ya. Tampoco, y ya lo siento, puede servir el proyecto de Presupuestos que se estaba diseñando antes de la crisis de la pandemia y que respondía al acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos. El Gobierno de coalición debe encontrar, y apuesto que la encontrará, una propuesta acordada entre los dos socios, en la que tanto el PSOE como Unidas Podemos saben que deberán renunciar a algunas de sus prioridades, porque la prioridad que dicta el sentido común y de lo común en la profunda crisis sanitaria, económica y social que provoca la pandemia, es atender a las personas y grupos más vulnerables, para que no vuelva a suceder como en 2008. Por tanto, ese sentido común y de lo común hace ver también que los objetivos consignados en el acuerdo programático de gobierno de coalición ya no pueden ser condición irrenunciable, ante urgencias como la que tenemos delante. Estoy seguro de que ese patriotismo es el que va a mantener el PSOE. Y creo que también Unidas Podemos. En particular, confío en el patriotismo del partido comunista, como ya lo probó hace años, en otro momento decisivo. Y espero que En Comú Podem entienda estas razones y no obstaculice la negociación, es decir, que no se sume a la concepción de prioridades que coloca como condición sine qua non de toda negociación la discusión del derecho a la autodeterminación de Cataluña, una posición que, aquí y ahora y lo repetiré donde haga falta, a mi juicio, no sólo es errónea sino absolutamente carente de sentido político de izquierda.

La propuesta del Gobierno debe ser negociada con todos los partidos que estén dispuestos a dejar a un lado sus legítimos intereses –claro, partidistas– y la estrategia de derribar al Gobierno en el plazo más breve posible, para priorizar lo que necesitan los ciudadanos, en aras de ese sentido común y de lo común, que es como entiendo la apelación a la unidad. Insisto, en primer lugar, las necesidades de los que más están sufriendo esta crisis y desgraciadamente pueden quedar aplastados por ella. Por eso, no creo que la prioridad sea tanto sacar adelante unos Presupuestos «de izquierda», aunque sí, insisto, unos Presupuestos en los que queden suficiente y prioritariamente garantizadas las necesidades de los más vulnerables ante la crisis. Pero, al mismo tiempo, la llamada a la unidad no comporta un cierre sumiso de filas, un trágala. No: no se pide ni se debe pedir a nadie el abandono de la imprescindible labor de crítica, de negociación, de control. Es una convocatoria a negociar bajo un imperativo difícilmente discutible, casi categórico, el de lo que manda el sentido común, el sentido de lo público, la salud de los ciudadanos, que son el demos, el sujeto soberano.

Salvo milagro, no creo que el tercer partido del arco parlamentario, Vox, esté dispuesto a entrar en una negociación de este tipo. Su modo de entender el patriotismo no va por ahí, porque no parece que en él tenga cabida el respeto a quienes piensan diferente y reivindican que esa diferencia es la manera que tiene cada uno de entender el amor por su país y la solidaridad con los demás ciudadanos. Con Vox –ojalá me equivoque– no cabe pensar en la negociación, porque parecen creer que son los únicos que toman en serio el imperativo salus populi suprema lex esto, como también parecen creer que sólo forma parte de ese populus el que piensa como ellos.

Añadiré que, en mi opinión, salvo que se produzca un giro sustancial en su postura y estrategia, me parece muy difícil que se pueda contar como socios del proyecto de Presupuestos a ERC, aunque hayan sido socios de la investidura. Dejaré claro que preferiría contar con ERC como socios, pero han probado e insistido con tanta claridad en sus declaraciones que su prioridad de prioridades es el objetivo de la independencia y por eso su condición para sentarse a negociar los Presupuestos es esa, que creo que más vale creerles y no hacerse ilusiones. Su ideario no viene de ahora y es perfectamente legítimo, claro; nadie tiene derecho a extrañarse ni, faltaría más, a exigirles que lo abandonen. A mi juicio, está claro que su proyecto de independencia (ya, ahora) les sitúa, por definición, en una óptica diferente de los intereses comunes en España, aunque, a mi entender, no debería serlo –y menos aquí y ahora– que les resulten ajenos los intereses de todos los ciudadanos, comenzando por los más vulnerables. Pero si insisten en ponerlo por delante también aquí y ahora, y condicionar toda negociación presupuestaria a la negociación de su proyecto de autodeterminación, como hicieron en 2019, diré, con todo respeto, que se sitúan ellos mismos fuera del sentido político común y también, creo, del seny, en pos de una rauxa que me parece suicida para la inmensa mayoría de los ciudadanos. No pretendo, ni muchísimo menos, hablar en nombre del PSOE: no soy portavoz, sino un senador raso y encima independiente, por más que orgulloso de formar parte del grupo parlamentario socialista en el Senado. Pero dicho esto, creo que puedo afirmar que nosotros, en el PSOE, no estamos en eso, no podemos permitirnos estarlo. Porque nuestra prioridad es ese sentido común y de lo común, que obliga a poner por delante, aquí y ahora, lo que importa a la inmensa mayoría de nuestros conciudadanos (que lo son también de ERC), que es, insisto, cómo garantizar aquí y ahora los derechos de todos, comenzando por los que menos los tienen asegurados. Ojalá ERC pueda entenderlo así y recapacitar, más allá de la mirada a corto plazo, puesta en las elecciones en Catalunya y en su rivalidad con Junts per Cat. Entenderá el lector, por cierto, que, dicho todo esto, no gaste ni una línea más en explicar por qué no me parece posible negociar con los fieles del proyecto del ex-president Puigdemont. Y evidentemente tampoco en las CUP, a las que no interesa nada lo que entienden que no tiene nada que ver con ellos, esto es, los ciudadanos españoles: sigan sentando cátedra de lo que es una posición de izquierdas, mientras se desentienden de las necesidades de los conciudadanos en mayor situación de riesgo, porque son españoles.

Espero que Ciudadanos acuda a la negociación, tal y como proclaman, con el sentido común por delante –salus populi– y dejen de lado su legítima ambición de desgastar a Unidos Podemos a toda costa. Las señales que emite su portavoz, el diputado y abogado del Estado señor Bal, así parecerían confirmarlo. Ojalá que su líder, la señora Arrimadas, tenga ese sentido común y de lo común. Lo espero, sinceramente.

Y espero que así lo entiendan también los demás partidos para entrar así a negociar. Confío en el sentido común (más que en el sentido de lo común, la verdad), acreditado largamente por el PNV y por los diputados de Compromís, el Sr Baldoví, y del BNG, el Sr.Rego. Confío en el sentido común y de lo común demostrado por Más País-Equo y por los diputados Guitarte, Mazón, Quevedo y Oramas. Y confío en el sentido común y en el olfato político de EH-Bildu, ante la necesidad de estos Presupuestos.

Finalmente, ante esa negociación, creo que la responsabilidad del PP es extraordinaria: desde la modestia de mi condición de senador de a pie, permítanme que escriba que es la hora de demostrar hasta qué punto la prioridad del Partido Popular son los ciudadanos españoles, España, y no derribar a toda costa al Gobierno. No les pido que abdiquen de su condición de primer partido de la oposición. Les pido a los diputados y senadores del PP lo que les pide el presidente del Gobierno, que demuestren que son un partido de Estado y, sobre todo, un partido que entiende y practica ese patriotismo del sentido común y de lo común. Que prueben que les importa ante todo lo que importa al común de los ciudadanos, en esta hora, la más difícil que le ha tocado vivir a nuestro país en casi cien años.

Hay cierta prensa, cierta opinión pública y, desde luego, una parte muy importante de las redes sociales que postula para el ámbito de los políticos la identidad entre «ser popular», «aparecer todos los días en programas de radio y televisión y en las columnas de la prensa (incluidas las de chismes) y hacer el trabajo que a uno le toca hacer, es decir, analizar las situaciones, tratar de gestionar los problemas, e incluso adelantarse a ellos, negociar con todas las partes implicadas y decidir. Eso viene a cuento de la coincidencia en no pocos medios de comunicación de una crítica al ministro «Castells» como «desaparecido».

estoy convencido de que, como todos los máximos responsables de la acción de gobierno, el ministro Castells debe estar sujeto a control y se deben analizar, debatir y criticar con publicidad y libertad todas sus decisiones e intervenciones; también, en su caso, sus omisiones. Faltaría más. Todos los debemos hacer, con ánimo constructivo, máxime en las circunstancias que nos ha tocado vivir en 2020. Que no son las normales, por si hace falta recordarlo: y que no lo sean no es razón para reducir ni el control ni el diálogo, aunque evidentemente las circunstancias obligan a replanteamientos de las modalidades de llevarlo a cabo.

Pero me gustaría hacer un par de comentarios a propósito de la calificación de «ministro desaparecido», que se ha difundido por algunos medios.

Veamos: una cosa es estar permanentemente en el ruido mediático, en las tertulias y programas, y otra es no estar dispuesto e incluso tomar la iniciativa cuando se trata de comparecer en sesiones de control ante las Cámaras o de reunirse con los agentes de la política universitaria.

Respecto a lo primero, está claro que este ministro no tiene el estilo de ir de tele en tele, de tertulia en tertulia. Eso no quiere decir, por cierto, que no haya accedido a cuantas entrevistas se le han solicitado. Es una cuestión de hecho: no ha puesto ningún problema. Lo más importante para juzgar su tarea, a mi enteder, es si el ministro está al frente de la gestión que le corresponde, si lo hace con acierto y si responde y está dispuesto a responder de ello ante el Congreso y el Senado, en pleno y en Comisiones. También es muy relevante si tiene iniciativa en el diálogo con los sectores implicados en la Universidad.

Luego hablamos de si lo hace con acierto o no. Que el ministro responde, no rehúye ninguna pregunta y toma la iniciativa para comparecer, me parece más que probado. Tiene, por cierto, el récord de comparecencia en una Comisión del Senado: estuvo más de 8 horas hablando y contestando una por una a cuantas preguntas se le formularon, con réplicas y dúplicas. Yo fui uno de los testigos de esa Comision, en mi calidad de presidente de la misma.

Que ha tenido iniciativa para escuchar a los agentes de la Universidad, en particular a los estudiantes, a la CRUE y a los sindicatos, mientras fue posible hacerlo con normalidad (hasta Marzo y luego desde junio) me parece también probado. Quizá se puede criticar que se ha reunido menos con representantes de PAS y Profesorado (que no son sólo lo sindicatos, como éstos parecen entender). Obviamente, a no pocos (los sindicatos, por ejemplo y no sólo ellos) les habría gustado otro tipo de reuniones y sobre todo otro tipo de decisiones. Ahí entramos en el juicio sobre el modelo que propone el ministro y las prioridades que ha decidido en su actuación. Lo comento luego.

Que el Ministerio de Universidades tiene escasas y -al tiempo- complicadas competencias, no es un secreto para nadie. Ni el ministro, ni quien suscribe, ni tantísimos profesores, PAS, estudiantes, equipos de gobierno, rectores, etc, estuvimos de acuerdo con la división del Ministerio de Ciencia, innovación y Universidades Seguimos echando en falta el organismo de coordinación. Creo que tampoco hay que olvidar, cuando se debate su capacidad de liderazgo que si creo que debe tener el Ministerio, que, en aplicación de la distribución competencial y del principio de autonomía universitaria, el Ministerio no tiene tanto que decir sustantivamente, respecto al margen que corresponde a las CCAA y a los Rectorados.

Aun así, cabe la crítica. Yo mismo he opinado que ni las recomendaciones emanadas del Ministerio y luego acordadas recientísimamente en la Comisión delegada de la Conferencia de política universitaria, sobre el comienzo de curso 2020-21 en la Universidad, eran muy escasas y pecaban de ausencia de criterios claros sobre aspectos docentes a mi juicio cruciales. Añadiré de inmediato que reprocho lo mismo (incluso más, porque su responsabilidad es mayor al tener transferidas las competencias) a la conselleria de Universidades de la GVA que, a mi juicio, y a diferencia de la enorme tarea desplegada por la conselleria de Educación y sobre todo por el secretario autonómico Miquel Soler, sí ha estado ausente, limitándose a indicaciones generales sobre criterios de salud y aún más vagos sobre docencia, sin precisar el empleo de los 400 millones supuestamente dedicados a la Universidad. Del equipo de gobierno no se puede decir que no haya trabajado: ha emanado páginas y paginas de recomendaciones, pero, a mi modesto entender, si abordar ni dar criterio claro en los principales problemas. Quiza, en el caso de la conselleria, porque por estos pagos y en general, interesa mas lo de innovacion (y una peculiar concepción de la ciencia, que atiende casi sólo a la tecnología, sin haber entendido aún el papel de las Humanidades y las ciencias sociales; qué cruz!) que la Universidad, ya que lo primero da ruido mediático y permite sacar pecho de nuevas tecnologías y demás y lo de la Universidad es gestión «aburrida»: a discutir. Tengo excelentes compañeros universitarios y en las Cortes valencianas que piensan lo contrario, como mi apreciado Pedro Ruiz Castell. Ojalá me equivoque yo.

Termino: hay objetivos concretos del proyecto que tiene el equipo del ministro Castells que me parecen muy necesarios e incluso loables. Cinco concretos como muestra: eliminar la montaña de burrocracia que perjudica a la docencia y, sobre todo, a la investigación (por ejemplo en el disparate de las agencias de evaluación); resolver el problema de precariedad, injusticia e inadecuación en el que se encuentran los profesores asociados (lo que no significa que todos tengan que ser profesores estables; menos aún si se tiene en cuenta la perversión de la figura); adoptar medidas eficaces en la lucha contra la endogamia en la selección del profesorado; acabar con la indignidad del Reglamento de disciplina académica; incrementar la participación de los estudiantes. Añado: resolver de una vez el estatuto del PDI.

Otra cosa es que no veo que, en plena pandemia, sea el momento de correr por resolver esto último ni, menos aun una nueva Ley orgánica de Universidades. Tampoco estoy de acuerdo con el empeño en incorporar el modelo angloamericano, mediante la «doble carrera» de profesorado, duplicando por vía contractual a un profesorado cuya garantía de estabilidad reside sobre todo en el puesto estable y ene l actual sistema mixto, a mi juicio y en la simplificación de puestos y «carrera «, frente a lo cual la propuesta del ministro tal y como l conozco y entiendo significa acabar con dos puestos de contrato estable y multiplicar las figuras, justo lo que habría que evitar. En particular, lo de titulares y catedráticos laborales, aunque cuenta con la referencia en el modelo autonómico catalán, con el que el ministro y su equipo parece estar bastante de acuerdo (y del que yo discrepo en no pocos aspectos), me parece propio de otro sistema universitario que no tiene nada que ver con el nuestro y, a mi juicio, comporta más riesgo de endogamia que lo que trata de evitar.

De todo eso, se puede y debe discutir. Pero sin confundir a la opinión pública ni caricaturizar de forma absolutamente desproporcionada y a mi juicio injusta a un ministro y a su equipo, que trabajan en serio -según me consta-, sin tratar de estar todo el día, como decía una de estas celebridades televisivas, «en el candelabro». No hay que confundir trabajar con estar día sí y día también en los programas de Ana Rosa, Evole, en Al Rojo Vivo, el Intermedio o el Objetivo…Ese, sí, es otro mundo. No el nuestro. Al menos, no como entiendo yo la investigación y la docencia universitarias. Pero es que uno tiene ya una edad (como el ministro, por cierto)…

El sentido de la oportunidad, obviamente, no es lo mismo que el oportunismo. No hace falta decirlo muy alto para que se entienda: entre las condiciones que ha de reunir quien se dedica a la gestión de la cosa pública, este sentido de la oportunidad, que significa entre otras cosas saber medir los tiempos y saber priorizar los objetivos, es lo que distingue a un estadista, incluso a un político responsable, de un aficionado y no digamos de un aventurero. Mi compañero en el Senado, el profesor Manuel Cruz, lo ha explicado con mucha claridad en un reciente y muy agudo artículo en estas mismas páginas de Infolibre (https://www.infolibre.es/noticias/opinion/plaza_publica/2020/08/05/pequena_teoria_del_fusible_109681_2003.html).

Todo esto viene a cuento de la tremolina a la que asistimos en prensa, radio y televisión sobre el alcance que debe tener la censura a los actos en los que venía incurriendo desde hace tiempo Juan Carlos de Borbón y de los que hemos ido descubriendo indicios más que serios (aunque sospechar, vaya que se sospechaba). Por supuesto, añado de inmediato que, desde el punto de vista jurídico, la presunción de inocencia le debe proteger en todo momento, como a cualquiera, hasta que, llegado el caso y, si se sustancien procedimientos judiciales, recaiga una decisión firme. Item más: diré que esa posibilidad es algo que me parece hoy por hoy poco previsible y bien que lo lamento, porque considero preferible que se deduzca jurídicamente la responsabilidad en la que haya incurrido, por el bien de todos; empezando por el mínimo respeto debido al Estado de Derecho y a la igualdad ante la ley. La inusitada, inaceptable extensión del concepto de inviolabilidad, tal y como la vienen sosteniendo los letrados del Congreso, se erige hoy como una formidable barrera, a mi juicio, contra toda lógica jurídica elemental. Una lógica que la muestra, además, como una interpretación incompatible con la más elemental lógica democrática. Lo han puesto en evidencia, por ejemplo, dos recientes y magníficos artículos del profesor Carbonell (en el blog alrevesyalderecho, de @_infolibre: http://blogs.infolibre.es/alrevesyalderecho/?p=5529ue)

 y del profesor Arbós (https://www.elperiodico.com/es/opinion/20200804/la-monarquia-en-crisis-por-xavier-arbos-8064743?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=cm).

Dicho esto y por conocido que sea, habrá que insistir en que otra cosa bien distinta es la responsabilidad ética y la política, respecto a las cuales hay sobradas evidencias de que el rasero que maneja el personaje está, desde hace tiempo, muy por debajo de lo que cabría no sólo esperar, sino exigirle. Aquí el daño ocasionado a los ciudadanos y a las instituciones es muy considerable.

Sin duda, ha de distinguirse la crítica a los actos de una persona, Juan Carlos de Borbón, de la crítica a la institución, la monarquía. Añadiré de inmediato que eso no significa que la institución -la monarquía- sea sagrada y exenta de crítica. En democracia, la libertad de expresión, manda. Nada ni nadie están exentos de crítica. Las Constituciones no son tablas de la ley que debamos aceptar como dogmas revelados, incuestionables. Y tampoco cabe aducir que el consenso constitucional alcanzado hace cincuenta años sea eterno e inmutable, porque, por mucho que aceptemos el brocardo «vox populi, vox Dei», ese consenso poco tiene que ver con la voz de Dios frente a la que sólo quepa decir «amén». Entre otras cosas, porque la voz del pueblo puede cambiar y de hecho, cambia.

Así que, por supuesto, respeto a la Constitución y a sus instituciones, de las que forma parte la monarquía parlamentaria. Pero bienvenida toda la crítica, sobre todo si sirve para corregir aspectos manifiestamente mejorables, como la mencionada interpretación de la inviolabilidad del Jefe del Estado, o la evidente e inaceptable discriminación que se introdujo en el texto del artículo 57.1 a la hora de establecer el criterio de sucesión en la corona. En 1978 se estableció una discriminación en contra de la mujer que, cincuenta años después, no hay cómo justificar. Como tampoco parece justificable que un monarca parlamentario sea el Jefe de las Fuerzas Armadas, en lugar del ministro de Defensa -es decir, el Gobierno-. Ya sé que esa condición pudo jugar a favor de la democracia en el oscuro episodio del 23 de febrero. Pero el mismo argumento sirve para entender cuán frágil es una democracia en la que el papel del Ejército (encima, si se le atribuye constitucionalmente la garantía de la integridad del territorio) depende de la firmeza de las convicciones democráticas del rey.

Libre crítica, pues. Pero, como recordaba al comienzo de estas líneas, eso no excluye que sea exigible al político, por responsabilidad, un mínimo de sentido de la oportunidad y del bien común. Y aquí es donde a mi juicio debe criticarse la ausencia de una y otra en quienes, desde la condición de representantes de los ciudadanos -e incluso desde el gobierno- hacen un llamamiento a un referéndum inmediato para decidir sobre la forma de Estado: monarquía o república. Creo que no es sólo una opinión entre otras la que aconseja abstenerse de animar aquí y ahora esa propuesta. Me parece evidente que, en medio de la situación de crisis más grave que haya vivido Europa y desde luego nuestro país desde hace un siglo, carece del sentido de la oportunidad y, por ende, como vengo sosteniendo, no está a la altura de la responsabilidad política exigible quien exige abrir en este momento nada menos que el proceso de revisión constitucional más complejo, el que afecta al Título Preliminar  que incluye el modo de Estado (monarquía o república). En efecto, como deberían recordar sus promotores, de acuerdo con el artículo 168 del título X de la Constitución (la verdad, uno duda de que lo tengan en cuenta o lo hayan leído bien: https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=166&fin=169&tipo=2), esto supondría nada menos que embarcarse en este momento en dos convocatorias electorales con mayorías muy cualificadas de las Cámaras y eso, en su caso, si se consigue la aprobación de la reforma. Quiero que se me entienda bien. El mío no es un razonamiento del tipo “no están maduras…ni lo estarán”. Por eso, añadiré que, a mi juicio, la opción del constituyente que se concreta en esos artículos 167 y 168 y que se conoce como modelo rígido, que complica enormemente de hecho la reforma constitucional, aunque tenga su apoyo en el deseo de estabilidad política, ofrece asimismo el inconveniente de dejar en la práctica como única opción real el <proceso deconstituyente> (no quiero emplear términos como el de ruptura y revolución). O, simplemente, la vía de hecho, de situarse al margen de las reglas (de la propia Constitución) cuando se discrepa de lo que hay. Me parece que emplear ahora todos los esfuerzos que requeriría esa propuesta, se opone a lo que aconseja una elemental prudencia, salvo que seamos partidarios de senderos luminosos y de sus profetas, como parece serlo el President Torra, quien, a mi juicio, y con el debido respeto a quien ostenta la dignidad de la Presidencia de la Generalitat de Catalunya, continuamente se atribuye (quizá por sus convicciones católiconacionales) la condición de intérprete supremo y casi profeta de todo el pueblo de Catalunya y, de paso, de la democracia y aun de la verdad; sin el menor sentido político de la oportunidad y de la responsabilidad, por cierto.

Soy republicano confeso. No de nacimiento: diré que no he tenido esa ventaja genética y en mi caso esa convicción es producto de años de dudas, de estudio y también de observación de la experiencia. Lo seré, creo, hasta mi muerte. He criticado reiterada y públicamente a la monarquía restaurada en la persona de J.Carlos de Borbón y sobre todo al propio monarca, por el afán de impunidad que progresivamente ha ido mostrando un rey al que, contra toda evidencia, seguimos considerando rey cuando hay otro que ejerce esa función de Jefe del Estado. Y lo que es peor, lo llamamos emérito, cuando a todas luces, no merece ese calificativo. Por ejemplo, en su momento argumenté públicamente que el procesamiento de su yerno, el Sr Urdangarín, en el caso Noos era una solución vicaria frente a la que correspondía, pues, a mi juicio, el verdadero responsable del entramado de corrupción que involucraba a la casa real y a su familia -comisionista alemana mediante- parecía el propio Juan Carlos I, que alentaba un entorno de privilegios, comisiones y negocios. Considero que su comportamiento, desde hace muchos años, está manifiestamente al margen del mínimo tolerable. Creo que D. Juan Carlos de Borbón está imbuido de la íntima convicción de que su inviolabilidad es patente de corso para una impunidad que le protege contra todos los desmanes que pueda cometer y contra la confusión continua entre lo público y lo privado. Una tentación que, a mi juicio, es mucho más frecuente en monarquías que en repúblicas. Sobre todo, cuando se sigue pensando en el monarca en términos de una legitimidad que se confunde con el origen dinástico y no con la única fuente de legitimidad en democracia, que es la voluntad del soberano: y en democracia el soberano es el pueblo, que expresa su voluntad a través de la Constitución refrendada por él.

Dicho de otro modo: en una monarquía constitucional, el rey, como Jefe de Estado, no es otra cosa que un alto funcionario -el más alto, desde luego- al servicio de la salud del pueblo, la de los ciudadanos y en ello, cierto, no se distingue mucho del presidente de una república no presidencialista como la alemana, salvo en que el cargo es vitalicio y se transmite por nacimiento, que no son pequeñas diferencias. Esto es algo que hace mucho tiempo parece haber olvidado D. Juan Carlos de Borbón, si es que alguna vez lo entendió. El servilismo de cuantos le jalearon, desde la clase política, los medios de comunicación y los centros financieros de poder que ahora tratan de hacernos ver que poco tienen que ver con él, al sostener que el rey había «concedido» la democracia al pueblo español (ignorando que esa es en sí una locución envenenada, además de un sofisma), ayudó no poco a crear esa injustificada pretensión. Quizá en no pocos casos, además, no hubo tanto servilismo, cuanto la utilización de esa coartada del rey popular e intachable para el propio beneficio de esos centros de poder, beneficio del que se hacía partícipe a Juan Carlos de Borbón, obsesionado a todas luces por garantizarse una fortuna que nunca le pareció suficiente. Es verdad que el actual rey, Felipe VI, ha avanzado en algunas medidas que suponen una mayor transparencia en la administración del presupuesto de la Casa Real y en la rendición de cuentas. Tampoco era muy difícil, viniendo como se venía de un régimen de absoluta opacidad y discrecionalidad. Pero queda mucho por hacer para convertir la monarquía en una institución realmente transparente. No digamos, exenta de privilegios que casan mal con una sociedad democrática y avanzada. Porque privilegio injustificable es, por ejemplo, la opacidad sobre el destino de Juan Carlos de Borbón fuera de España, cuando resulta que sigue sin renunciar al título de rey con lo que ello comporta de gastos públicos en su seguridad. Como privilegio inaceptable es el dictum de la consorte del rey según el cual “tiene derecho a vacaciones” y a privacidad respecto a cómo la toma, dónde y cuánto cuesta. Porque doña Letizia debería ser consciente de que su status privilegiado -y muy privilegiado- de consorte del rey, no la protege sólo de lunes a viernes, en horario de oficina. Los sábados, domingos y fiestas de guardar, sigue gozando de él, y a costa de los contribuyentes, que somos los paganos de escoltas, seguridad y tren de vida que poco tienen que ver con el de la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles. Así que tenemos derecho a saber dónde, cuándo y cómo gasta nuestros impuestos, con los que, insisto, se paga esa vida de privilegio.

Pero, insisto, la tarea de los gobernantes y de quienes tienen alguna responsabilidad política (modestamente, me incluyo como senador) es la de medir los tiempos y actuar con prudencia, siempre en aras de la salud del pueblo, de los ciudadanos. Por todo eso, creo que tiene razón quien, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y como ha expresado la vicepresidenta Calvo, tiene claro ese precepto máximo enunciado por Cicerón (salus populi suprema lex esto), esto es, el primer imperativo que debe guiar las decisiones políticas. Y eso quiere decir que la primera regla de conducta es la salud de los ciudadanos: su salud en el sentido vital, pero también su salvación frente a las amenazas de caer en la miseria, en la pérdida del trabajo, de la vivienda, de la capacidad económica para atender gastos elementales. Todo ello, ahora y aquí, exige a mi juicio no aventurarse en este momento en revisar el consenso constitucional sobre la forma de Estado, mediante una reforma constitucional -insisto, legítima- de tal envergadura que comportaría añadir un considerable período de incertidumbre en el peor contexto posible.

Ya me gustaría que dispusiéramos de una situación de mínima bonanza económica y estabilidad, en nuestro país, en Europa, en el mundo y que las prioridades fueran entre otras, una de las que considero propias de la lógica democrática. Lo es, a mi juicio, la adecuación de la forma de Estado a lo que piense la mayoría de los ciudadanos que, estoy convencido, a muy corto plazo será la república. Pero desgraciadamente, y aún más debido a la forma absolutamente imprevista en que nos ha sorprendido la crisis, la situación hoy no es esa. Un gobernante responsable no puede tener ahora otra prioridad que asegurar el máximo consenso y la mayor eficacia en la respuesta a la crisis sanitaria, económica y social causada por la pandemia. Puede y debe censurar lo que le parezca reprobable, por supuesto. Faltaría más. Pero un gobernante responsable no puede permitirse aquí y ahora dejar de poner el mejor de sus esfuerzos y concentrar los esfuerzos de todos, de todos, en lo que es más que urgente, imprescindible: en conseguir que, mediante una negociación lo más transparente posible entre todos los actores implicados (que somos todos, no sólo los partidos políticos y los representantes de las diferentes administraciones públicas, sino todos los ciudadanos, todos los actores de la sociedad civil), se llegue a alcanzar acuerdos que aseguren que podamos atender con medidas efectivas, adecuadas, proporcionadas, las necesidades de nuestros ciudadanos frente a la crisis sanitaria, económica y social que ya tenemos encima y que en los próximos meses se va a agudizar, desgraciadamente. Un político responsable, ahora y aquí, no debiera tener otra prioridad que nos distrajera de ésta, aunque sea legítima, aunque responda a su propia ideología y programa. La estatura política se evidenciará, a mi juicio, en la responsabilidad que comporta asegurar esa finalidad, lo que incluye no excitar a la opinión pública a exigir objetivos que distraigan del único objetivo aceptable y legítimo, conforme al mandato en el que insisto machaconamente. Por eso, me atrevo a pedir a los republicanos de convicción que repitan conmigo el principio que Cicerón dejó escrito en su tratado sobre la república: salus populi suprema lex esto. No es demasiado difícil dirimir lo que ello exige aquí y ahora, aunque nos cueste una vez más posponer la decisión que corresponde al pueblo soberano sobre la forma de Estado. Trabajemos ahora para mejorar las condiciones de todos en la crisis, para adelantar la reconstrucción y así hacer posible que ese pronunciamiento pueda llegar más pronto que tarde.

El sentido de la oportunidad no es lo mismo que el oportunismo. Y no hace falta decirlo muy alto: entre las condiciones que ha de reunir quien se dedica a la gestión de la cosa pública, este sentido de la oportunidad, saber medir los tiempos, saber priorizar los objetivos, es lo que distingue a un estadista incluso a un político responsable, de un aficionado y no digamos de un aventurero.

Todo esto viene a cuento de la tremolina a la que asistimos en prensa, radio y televisión sobre el alcance que debe tener la censura a los actos de los que hemos ido descubriendo indicios más que serios (aunque sospechar, vaya que se sospechaba) en los que venía incurriendo desde hace tiempo Juan Carlos de Borbón. Y, por supuesto, añado de inmediato que la presunción de inocencia le debe proteger en todo momento desde el punto de vista jurídico, como a cualquiera, hasta que, llegado el caso y si se sustancien procedimientos judiciales (algo que me parece hoy por hoy poco previsible y añado que lo lamento) recaiga una decisión firme. La inusitada, inaceptable extensión del concepto de inviolabilidad tal y como la vienen sosteniendo(a mi juicio, contra toda lógica jurídica elemental) los letrados del Congreso, se erige hoy como una formidable barrera, pese a la argumentación que la muestra como una interpretación incompatible con la más elemental lógica democrática, como han puesto en evidencia recientes artículos de los profesores Carbonell y Arbós, sin ir más lejos. Otra cosa es la responsabilidad ética y la política, respecto a las cuales hay sobradas evidencias de que el rasero que maneja el personaje está muy por debajo de lo que cabría no sólo esperar, sino exigirle.

Sin duda, ha de distinguirse la crítica a los actos de una persona, Juan Carlos de Borbón, de la crítica a la institución, la monarquía. Añadiré de inmediato que eso no significa que la institución-la monarquía- sea sagrada y exenta de crítica. En democracia, la libertad de expresión, manda. Las Constituciones no son tablas de la ley que debamos aceptar como dogmas inmutables. El consenso de hace cincuenta años, por mucho que aceptemos el brocardo «vox populi, vox Dei», no es la voz de Dios frente a la que sólo quepa decir «amén». Entre otras cosas porque la voz del pueblo puede cambiar y de hecho cambia.

Otra cosa, a su vez, es que sea exigible al político, como recordaba al comienzo de estas líneas, un mínimo de sentido de la oportunidad y del bien común. No parece que, en medio de la situacion de crisis más grave que haya vivido Europa y desde luego nuestro país desde hace un siglo, sea lo más oportuno abrir nada menos que un proceso de revisión constitucional, el que afecta al modo de Estado (monarquía o república) que, como deberían recordar sus promotores, de acuerdo con la Constitución supondría dos convocatorias electorales y, en su caso, la aprobación de la reforma. Salvo que seamos partidarios del sendero luminoso y de sus profestas, como parece serlo el President torra que continuamente se atribuye (quizá por sus convicciones católiconacionales) la condición de intérprete supremo y casi profeta de todo el pueblo de Catalunya y de paso, de la democracia y aun de la verdad. Sin el menor sentido político de la oportunidad y de la responsabilidad, por cierto

Soy republicano confeso (no de nacimiento: diré que no he tenido esa ventaja genética y en mi caso esa convicción es producto del estudio y de la experiencia) y lo seré, creo, hasta mi muerte. He criticado reiterada y públicamente a la monarquía restaurada en la persona de J.Carlos de Borbón y sobre todo al propio monarca, por el afán de impunidad que progresivamente ha ido mostrando un rey al que contra toda evidencia llamamos emérito (pues, a todas luces, no merece ese calificativo). Considero que su comportamiento, desde hace muchos años, está manifiestamente al margen del mínimo tolerable. Que está imbuido de que su inviolabilidd es patente de corso para una impunidad que le protege contar todos los demanes que pueda cometer y contra la confusión continua entre lo público y lo privado, una tentación que es mucho mas frecuente en monarquias que en Repúblicas, sobre todo cuando se sigue pensando en el monarca en términos de legitimidad que se confunde con el origen dinástico, y no con la voluntad del soberano, que es el pueblo. no el rey. En una monarquía constitucional el rey es un funcionario al servicio de la salud pública, la de los ciudadanos. Esto es algo que hace mucho tiempo olvidó D. Juan Carlos de Borbón, si es que alguna vez lo entendió. El servilismo de cuantos le jalearon al sostener que el rey había «concedido» la democracia al pueblo español (ignorando que esa es en sí una locución envenenada, además de un sofisma) ayudó no poco a esa perversa ilusión. por mi parte, por ejemplo, su momento arguementé que el procesamiento de Urdangarín era una solución vicaria frente a la que correspondía, pues, a mi juicio, el verdadero responsable del entramado de corrupción que involucraba a la casa real y a su familia -comisionista alemana mediante- parecía el propio Juan Carlos I, que alentaba un entorno de privilegios, comisiones y negocios.

Pero, insisto, la tarea de los gobernantes y de quienes tienen alguna responsabilidad política (modestamente, me incluyo como senador) es la de medir los tiempos y actuar con prudencia siempre en aras de la salud del pueblo, de los ciudadanos. Por todo eso, creo que tiene razón quien, como el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y como ha expresado la vicepresidenta Calvo, tiene claro que ese precepto máximo enunciado por Cicerón (salus populi suprema lex esto), esto es, la salud de los ciudadanos, su salud en el sentido vital, pero también su salvación frente a las amenazas de caer en la miseria, en la pérdida del trabajo, de la vivienda, de la capacidad económica para atender gastos elementales, ahora y aquí, exige no aventurarse en este momento en una reforma constitucional de esta envergadura.

Ya me gustaría que dispusiéramos de un contexto de mínima bonanza económica y estabilidad, en nuestro país, en Europa, en el mundo y que las prioridades fueran entre otras, una de las que considero propias de la lógica democrática, esto es, la adecuación de la forma de Estado a lo que piense la mayoría de los ciudadanos que, estoy convencido, a muy corto plazo será la república. Pero desgraciadamente, de manera que nos ha sorprendido a todos, la situación hoy no es esa. Un gobernante responsable no puede tener otra prioridad. Puede y debe censurar lo que le parezca reprobable, por supuesto. Faltaría más. Pero un gobernante responsable no puede permitirse aquí y ahora dejar de poner el mejor de sus esfuerzos en lo que es más que urgente, imprescindible: en llegar a acuerdos que aseguren que podamos atender con medidas efectivas, adecuadas, proporcionadas, las necesidades de nuestros ciudadanos frente a la crisis sanitaria, económica y social que ya tenemos encima y que en los próximos meses se va a agudizar, desgraciadamente. Un político responsable, ahora y aquí, no debiera tener otra prioridad que nos distrajera de ésta, aunque sea legítima, aunque responda a su propia ideología y programa.La estatura política se evidenciará, a mi juicio, en la responsabilidad, que incluye no excitar a la opinión pública a exigir objetivos que distraigan del único aceptable y legítimo conforme al mandato en el que insisto machaconamente: salus populi suprema lex esto.