Acerca de Javier de Lucas

catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política Instituto de derechos humanos Universitat de Valencia javierdelucas1@gmail.com

DERECHOS, DESEOS Y CAPRICHOS: EL AFÁN DE FILIACIÓN

Ser madre, o padre, no es un derecho. En todo caso, es un deseo, una expectativa. Como tal, puede ser legítimo, siempre que no se utilice a nadie como un objeto, como un medio y siempre que no se cause un daño a terceros. Pero no entra en la exigibilidad y garantía que hemos dispuesto para los derechos. Dejando aparte traumas personales o deseos profundos con los que es posible empatizar, un deseo no es un derecho. Una frustración personal o familiar no justifica l existencia de un derecho. Aunque se tenga todo el dinero y la influencia de una o uno de esos personajes que conocemos como celebrities, de esos que gustan airear o incluso hacer negocio con los detalles más íntimos de su vida personal.

Para quienes no les resulta posible realizar ese deseo por la vía biológica más sencilla, por diferentes razones que configuran una casuística considerablemente compleja, las técnicas bioreproductivas han abierto alternativas, lo que en principio hay que saludar como buena noticia. Ahora bien, no es unánime la respuesta que ofrecen los diferentes ordenamientos juridicos ante las distintas posibilidades de reproducción artificial y muy concretamente ante lo que conocemos como modalidades de gestación subrogada (que, en muchos casos, se justan en realidad a los denominados «vientres de alquiler)»).

Una primera consideración que me gustaría subrayar es que, existiendo como existe la posibilidad legal de la adopción -también la adopción internacional-, que en buena parte de esos ordenamientos, como el español, está muy regulada, sometida a estrictas reglas para garantizar el respeto a los derechos de todas las partes implicadas, y existiendo como existen millones de casos de niños que tienen difíciles expectativas de vida y cuya suerte mejoraría si son adoptados, la práctica de la gestación subrogada exige, a mi juicio, un plus de justificación. Dicho de forma simplista, creo que en la respuesta jurídica ante esas expectativas de maternidad o paternidad debería primar la adopción por sobre el empeño de que la filiación sea biológica, un empeño que puede parece demasiado próximo al capricho, si existe la alternativa de la adopción. Bien es verdad que el lógico régimen garantista de las adopciones -no digamos de las internacionales- puede dilatar considerablemente en el tiempo ese proceso.

En nuestro país, el régimen legal es claro: no hay lugar a la gestación subrogada, sea con elementos biológicos de los padres que la contratan, o no. El legisiador -con muy buen criterio a mi juicio- entendió que los supuestos de gestación subrogada altruista -aquellos en los que no media ningún tipo de pago a la madre gestante- son más bien escasos y que en la mayoría de supuestos nos encontramos ante prácticas de <vientres de alquiler>, que reúnen indiscutibles elementos de explotación de las mujeres gestantes y que no garantizan que el bebé no sea tratado como una mercancía más. Se trata de supuestos en los que hay un grave riesgo de que infrinjan un principio kantiano básico (una de las modalidades del imperativo categórico), que inspira todo Derecho míimamente garantista: la prohibición de tratar a ningún ser humano como un instrumento, un medio, un objeto.

En todo caso, es preciso reconocer que esta prohibición no resuelve el problema que plantean los padres o madres españoles que , individualmente o en pareja, acuden a países donde es legal la gestación subrogada y una vez nacido el bebé, lo traen de vuelta a España, lo que supone la necesidad de inscribirlo legalmente en nuestro país. Porque está claro que en todos estos procesos debe haber una prioridad sobre cualquier deseo o incluso sobre cualquier otro derecho: proteger el interés superior del menor, es decir, del bebé en cuestión.

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Una celebrity que compra un niño por gestación subrogada, finge salir de un parto con una imagen en silla de ruedas cuando no ha parido al bebé que lleva en brazos y da el reportaje a su revista de cabecera se parece demasiado a un negocio y demasiado poco a un derecho. Por no hablar del niño-regalo o muñeco y de la dudosa falta de respeto a sus derechos y a los de la madre gestante. Luego hemos sabido que se trataba del cumplimiento del deseo de su hijo de tener a su vez otro hijo. Habría así una forma extraña de piedad filial y de duelo que, en lo personal, puede ser comprensible. pero n hablemos de derechos: los deseos de una sexagenaria rica no pueden confundirse con derechos

EDGAR MORIN Y LA FECUNDIDAD DE LA VEJEZ (A propósito de una entrevista de Joseba Elola)

Tuve la suerte de conocer a Edgar Morin, hace muchos años, en casa de Sami Naïr. Comenzó así una relación que, si bien no puede calificarse de estrecha amistad, ha sido para mí muy enriquecedora, No olvidaré, por ejemplo, que, en una de las muchas estancias de trabajo en Paris, con Irene y Consuelo, nos alojamos durante un verano en un apartamento -nada menos que en rue des Ecoles- que nos proporcionó la inolvidable Edwige, su mujer, gracias a la mediación de Sami. Y luego compartimos con él muchos encuentros, en Paris y también en Valencia. Por ejemplo, Edgar pasó unos días en Valencia con motivo de la primera estancia de Sami en nuestra Universitat, como profesor invitado y también gracias a la relación con el entonces director del Institut Français en Valencia en aquella época, buen amigo de Sami y del propio Morin. Recuerdo cómo nos contaba que, durante su estancia como profesor en Berkeley, escogía sus horarios de forma que le permitiesen seguir la primera temporada de Star Trek, una serie de la que se hizo fanático. Es la época en la que Edgar acuñó la expresión «cultura ye-yé » (yeah-yeah) para definir ese momento cultural, una fórmula que tuvo un éxito inmediato, algo que hoy recordamos sólo algunos dinosaurios…

Edgar Morin ha mantenido una relación especial con la Universitat de Valéncia gracias a Ana Sánchez, discípula y buena amiga suya, que impulsó su doctorado honoris causa y que editó «Pensar la complejidad», el libro de Edgar Morin publicado por la Universidad de Valencia con esa ocasión. Por supuesto, como decía, su relación con Valencia se incrementó gracias a nuestro Sami, que le invitó a dictar conferencias en la Cátedra Mediterráneo y en la cátedra Cañada Blanch que en su momento dirigió el propio Naïr. También gracias a Sami visitó la Universidad de verano de Guardamar, a la que le invitamos. Por eso, este intelectual, que ha pensado como nadie el Mediterráneo, que lucha por una idea de Europa que muchos compartimos y que es uno de los grandes intelectuales contemporáneos, es también nuestro, valenciano…

Ahora, esta suerte de vida extra de Edgar Morin, marcada por su carácter centenario, en la que se ha embarcado con tanta energía vital, intelectual, espiritual, es un regalo para todos. A quienes hemos entrado en eso que antes se llamaba la tercera edad y que andamos echando mano de Marco Aurelio, de Séneca o de Cicerón, para saber cómo acomodarnos a esta última etapa vital, que identificamos con el célebre aserto de De Gaulle («la vieillesse: quel naufrage!»), nos viene muy bien el contra`punto que muestra Morin, que sabe que la muerte es una realidad próxima y al mismo tiempo da prueba (como lo hiciera también el gran Saramago) de la mejor manera de afrontar esta etapa: con amor, con energía vital, sin dejar de pensar en cómo entender el mundo y cómo tratar de ayudar a los demás a entenderlo y a mejorarlo…

Todo eso lo muestra muy bien Joseba Elola en la entrevista que hoy publica Ideas…

https://elpais.com/ideas/2023-04-29/el-filosofo-edgar-morin-a-sus-101-anos-mientras-estoy-poseido-por-las-fuerzas-de-la-vida-el-espectro-de-la-muerte-retrocede.html

LA NATURALEZA DE LA EXCEPCIÓN. SOBRE LA LÓGICA JURÍDICA DE NUESTRO DERECHO MIGRATORIO (Versión ampliada del artículo publicado en Infolibre, 24 de abril de 2023)

La emergencia migratoria: el mensaje de Meloni

El lector de este periódico conoce a buen seguro la decisión del gobierno Meloni de declarar el “estado de emergencia” ante la supuesta crisis migratoria que viviría Italia  en este año 2023, crisis cuya espoleta fue una enésima tragedia, el naufragio ante Steccatto di Cutrio, en las costas de Calabria, de una patera con un número estimado de 180 a 200 inmigrantes, de los que sólo se rescató con vida a 81 y se hallaron los cadáveres de 66 de ellos, incluidos varios niños.

Junto a esa tragedia, elgobierno italiano ha alegado para justificar esta decisión de excepción el incremento de las llegadas diarias, no sólo en la ruta del Mediterráneo central que conduce hacia Sicilia y las islas próximas, como Lampedusa, sino también a través del mar Jónico. Italia sería el país europeo con el mayor número de llegadas de inmigrantes irregulares, a través del Mediterráneo.

Se trata de una decisión que es susceptible de análisis desde muy diferentes claves. Predomina la interpretación evidente de que se trata una vez más del recurso a la mano dura frente a la <amenaza migratoria>, un discurso antaño característico de le extrema derecha y que hoy ha contaminado a toda la derecha. Peor aún, la izquierda, desde hace decenios,  parece desconcertada incapaz de articular políticas migratorias alternativas, so pretexto de la pérdida de votos que éstas suponen, en particular por parte de sus otrora votantes de la clase obrera y de los trabajadores precarios, hoy fieles votantes de la extrema derecha que les promete acabar con la competencia desleal que supone la “invasión” de inmigrantes en el mercado de trabajo.

A mi juicio, los socios más extremistas del gobierno italiano sí parecen partidarios de tesis conspiranoicas como la del «Gran reemplazo» demográfico y cultural que habría detrás de la llegada “masiva” de inmigrantes, la tesis que defendió Renaud Camus en un libro publicado en 2015 y que se convirtió pronto en best seller (https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/11/09/renaud-camus-aux-origines-de-la-haine_6018573_823448.html). Pero el discurso de Meloni y su iniciativa de declaración del estado de emergencia debe interpretarse sobre todo en clave europea y no sólo conforme al tópico simplista del cierre de fronteras y criminalización de la inmigración, como mensajes estrella tradicionales de la extrema derecha europea. No es la primera vez que los gobernantes italianos (y los españoles) denuncian una política insolidaria y egoísta de la UE, marcada por los intereses de los países del centro y norte de la UE, como trataré de mostrar.

Indiscutiblemente, es verdad que en esta medida pesa en primer lugar la clave de política interna, ese recurso populista propio de la derecha extrema (Meloni) y de la extrema derecha (Salvini), que consiste en agitar la amenaza migratoria según el manual con el que se viene manejando desde hace décadas, si no desde hace siglos: baste pensar en el cliché del campesino polaco como arquetipo de migrante, estudiado por Znaniecki y Thomas en su clásico The polish peasant in Europe and America (1918) y que ya había sido abordado por Marx y Engels en 1848 ahora renovada con esa narrativa del ”gran relevo”, que manejan los grupos supremacistas de la extrema derecha , ya sea los norteamericanos como Bannon, o los europeos como Orban, Morawiecki o Salvini. La novedad (sólo aparente) es que a ellos se suman también las élites gobernantes de las sociedades magrebíes, que previenen contra la invasión de inmigrantes “negros” subsaharianos, como lo ha hecho el presidente autoritario de Túnez, Kaïs Saied, cuyo discurso abiertamente xenófobo y racista ha sido denunciado por ejemplo por la muy influyente AlJazeera. Es significativo que el presidente Saied muestra su política de cierre como alineada con los intereses de la política migratoria de la UE, cuando lo cierto es que la deriva antidemocrática del régimen que ha impuesto en Túnez ya ha abierto la espita para la huida de los jóvenes tunecinos que buscan en Europa una vida digna. Es decir, que Túnez se suma a los países del Magreb  (Libia, Marruecos, en menor medida, Argelia) e incluso del Masreq (Egipto, Turquía), que son puntos de tránsito o incluso de origen de desplazamientos migratorios en el Mediterráneo.

Como he recordado, no es una novedad la utilización de la inmigración como espantajo emocional de gran eficacia populista, y aún más en períodos electorales, revestido de aparentes análisis estadísticos, objetivos. Se enarbola el mensaje de los inmigrantes como invasión, como amenaza, en tres aspectos: como dumping en el mercado de trabajo; como ejército de reserva de la delincuencia; como riesgo de pérdida de identidad cultural y nacional.

Ahora bien, junto a esa clave interna de la medida del gobierno italiano, cabe también, insisto, una lectura en clave “europea” que, si nos despojamos de los clichés, está lejos de ser sólo un contencioso italiano, porque en el fondo apela a una reivindicación que, en buena medida, es común a la que viene presentando el Gobierno de España ante —frente a— los socios europeos (incluida la Francia de Macron, que pronto abandonó la hipótesis de un frente de la Europa del sur) y, en menor medida, al de Grecia, respecto al non nato pacto europeo de migración y asilo y a la vigencia del modelo Dublín, en virtud del cual, con el fin de evitar lo que los países del centro y norte de la UE denominan “movimientos secundarios”, se establece la regla de que los países del sur de Europa, a los que llegan esos desplazamientos en el ámbito del Mediterráneo, han de hacerse cargo en exclusiva de esos contingentes (véase, por ejemplo, este análisis de Enric Juliana)

Así pues, sin discutir lo demagógico de la medida en clave interna, lo que pretende Meloni es un aldabonazo ante Bruselas, para apelar a la responsabilidad conjunta y solidaria europea en materia de política migratoria, con el establecimiento de un reparto equitativo de las cargas de la inmigración. Esta iniciativa de Meloni supone, por tanto, una estrategia coincidente con la política que ha impulsado el gobierno español, aunque habría que matizar: más con la del Ministerio del Interior que con la del Ministerio de Migraciones. Se trata de combinar el cierre de fronteras a los inmigrantes y a las ONGs que los rescatan, con convenios de colaboración bilateral con los países de origen y tránsito. Esta cooperación bilateral en la que coinciden Marlaska y Meloni es sobre todo una suerte de toma y daca con gobiernos de carácter que, en el mejor de los casos, son autoritarios (Marruecos, Mauritania, Libia y, en el caso español, Senegal y Nigeria; Somalia en el caso italiano), para asegurar el control policial de los flujos migratorios y sin tratar de tocar la política infame de esos gobiernos en materia de derechos humanos, algo que, evidentemente, repercute sobre los inmigrantes que son la moneda de cambio de esos acuerdos. 

Una asociación con países terceros, que no es tal

Buena parte de los estudiosos de las políticas migratorias y también de quienes trabajan en la gestión y acogida de los desplazamientos masivos de población desde las ONGs, hemos estudiado y denunciado desde hace décadas lo que consideramos mecanismos de externalización de fronteras, propios de un modelo de relaciones bilaterales entre países de origen y tránsito de los movimientos migratorios y países de recepción o destino de los mismos, en el que prima la concesión de ayudas económicas, inversiones en esos países y cláusulas de nación más favorecida, supeditada a la condición de que cumplan con el papel de policía malo, que no respeta los derechos humanos y las garantías básicas de los mismos en lo que se refiere a los inmigrantes, en aras de la contención de los flujos migratorios y, en su caso, la colaboración en las detenciones en caliente y en las subsiguientes deportaciones, eufemísticamente denominadas devoluciones, una confusión que los juristas que nos ocupamos de políticas migratorias hemos denunciado hace mucho tiempo y algunos parecen descubrir con gran sorpresa ahora. Y es que el lenguaje del derecho migratorio está lleno de esas trampas, como la del calificativo ilegales. O como hablar de devolución, cuando no se retorna al inmigrante expulsado al país del que es nacional, sino a otro por el que se supone ha pasado, antes de llegar a nuestras tierras europeas. Peor aún, cuando el destino de esos inmigrantes “devueltos” son cárceles, o infames centros de internamiento en países con gobiernos abiertamente refractarios al respeto de los derechos humanos, como Mauritania, Marruecos o Libia. Aunque para hipocresía y violación de la legalidad internacional, las medidas de los gobiernos de Dinamarca y el Reino Unido que exportan a los demandantes de asilo que llegan a sus fronteras al enviarlos a países como Ruanda, a la espera de su tramitación. Sin demagogias ni exageración, es una nueva versión de un viejo negocio, el de tráfico de seres humanos, tratados como carne de cañón.

Con todo, esto no es lo más preocupante de cuanto viene sucediendo en materia de política migratoria y de asilo en la Unión Europea. Hay algo más grave, una constante que pone en tela de juicio la credibilidad de la UE como espacio de libertad, justicia y seguridad, basado en el Estado de Derecho.

La disyuntiva de las políticas migratorias: Estado de Derecho o estado de excepción

En el año 2007 se publicó un pequeño libro de conversaciones con la eminente profesora y jurista francesa, Daniele Lochak, una de las grandes referencias internacionales en Derecho de la inmigración, además de militante reconocida en la defensa de los derechos humanos y en particular de los de los inmigrantes (por ejemplo, fundó y presidió el Groupe d’information et de soutien des immigrés, GISTI). 

El título del libro era de suyo elocuente –Face aux migrants. État de droit ou état de siège (Ante los inmigrantes: Estado de Derecho o estado de excepción)– y tuvo un gran impacto entre quienes nos dedicábamos al estudio y la crítica de los instrumentos jurídicos de las políticas migratorias en Europa, pues enfrentaba dos lógicas jurídicas, dos concepciones sobre lo que debe ser la regla general y lo que puede ser la excepción, por referencia a las políticas migratorias. Es la disyuntiva básica que debe afrontar cualquier instrumento jurídico de política migratoria y de asilo: elegir entre entender que siempre está vigente la regla del Estado de Derecho, o hacer del estado de excepción la regla a seguir cuando se trata de esta materia. Desgraciadamente, la experiencia nos muestra que, mientras proclamamos lo primero como regla absoluta, nos entregamos a la excepcionalidad cuando se trata de las políticas migratorias. Lo diré con cierta contundencia: todos los gobiernos europeos proclaman su lealtad a las exigencias del Estado de Derecho, la premisa sobre la que se asienta la propia Unión Europea. Afortunadamente, los Estados de la UE se asientan sobre ese cimiento jurídico y lo respetan en líneas generales. Por eso, los europeos vivimos una condición privilegiada, un espacio de libertad, seguridad y justicia. Pero ningún gobierno europeo ni la propia UEes capaz de resistir la tentación de entregarse a la lógica del estado de excepción, cuando se trata de la política migratoria y hoy, incluso, respecto al asilo.

El estudio de los instrumentos normativos europeos, del Derecho migratorio y de asilo europeo (con la excepción de una parte de la jurisprudencia de algunos tribunales nacionales y de los tribunales europeos, aunque no exenta de contradicciones), conduce a esta conclusión: en el espacio normativo migratorio domina la lógica de la excepción como estatus propio de los inmigrantes, una lógica jurídica contraria a la del Estado de Derecho. Recordaré aquí algunas consideraciones elementales: ciertamente, lo propio del Estado de Derecho es la igualdad ante la ley, la primacía de los derechos humanos y fundamentales y la garantía de éstos por los tribunales, lo que supone el control judicial de las actuaciones de la administración cuando están en juego esos derechos. Es verdad también que, en un Estado de Derecho, se pueden producir situaciones excepcionales (catástrofes naturales, epidemias, intentos de golpe de Estado, o guerras, por ejemplo) en las que hay que reducir o suspender algunas de esas características, pero los Estados de Derecho se caracterizan por establecer de forma precisa y tasada –normalmente en sede constitucional– cuándo y por qué se pueden adoptar esas excepciones y requieren su revisión concreta por el Parlamento.

El problema, pues, no es que se puedan producir situaciones específicas que obliguen a adoptar medidas excepcionales que suspendan esos rasgos en lo que se refiere a la política migratoria en un momento concreto. El problema es que el Derecho migratorio se caracteriza por la suspensión o incluso anulación de esas características como criterio general. Baste pensar en lo que sucede en el ámbito del Derecho migratorio con algunas piezas básicas del Estado de Derecho: la presunción de inocencia (por algo se habla de ilegales), la reducción de la seguridad jurídica, la anulación del principio del favor libertatis, la suspensión o anulación del derecho a la tutela judicial efectiva (incluido el derecho a defensa), la adopción de penas de privación de libertad como sanción para conductas que no son ilícitos penales sino irregularidades administrativas, la creación de centros como los CIE, que son un tertium genus entre las prisiones y los centros de acogida y reúne lo peor de unos y otros, el laberinto administrativo que se impone a los inmigrantes para el reconocimiento y garantía de derechos que son derechos humanos elementales, o en el colmo, el desprecio por el principio de interés del menor en lo que se refiere a menores inmigrantes, a los que se trata antes como inmigrantes (e inmigrantes ilegales), antes que como menores.

El funcionamiento agotador, desesperante, de los trámites para obtener asilo es el último giro de tuerca que se está produciendo en esa lógica según la cual el inmigrante, el desplazado que pretende obtener un lugar seguro y una vida digna (¡nada menos!) es un ser humano de segunda categoría, para el que se crea un derecho, unas normas, distintas de las que rigen nuestra vida, la de los ciudadanos europeos, que no es que seamos ciudadanos mientras ellos son extranjeros, sino que, en realidad, somos más seres humanos que ellos. Voy a referirme a dos ejemplos.

El primero es el penúltimo escándalo, botón de muestra de esa lógica según la cual no se les puede aplicar los inmigrantes, ni aunque sean niños, el mismo trato ante la ley: es una noticia que saltó a la luz a comienzos de año 2023: el caso de la negativa a regularizar a una menor que vive en España desde que tenía apenas unos meses de vida (ahora cumple 11 años), pese a que está empadronada y escolarizada, y pese a que sus padres tienen la documentación en regla: su padre lleva 20 años trabajando en España y su madre reside legalmente desde hace 11 años, cuando la niña apenas tenía unos meses. Su abogado, el conocido experto en derecho de extranjería, Paco Solans, el Defensor del Pueblo y el Ministerio de migraciones señalaron que contaba con toda la documentación requerida y recordaron el principio supremo de interés del menor, que no puede ser orillado por el hecho de que ese menor sea inmigrante. Pese a ello, la comisaria de extranjería insiste en rechazar esa regularización. Insisto: es un caso, pero la vida cotidiana de los inmigrantes en su contacto ante el Derecho está dominada por la inversión del principio de igualdad ante la ley. Cualquier trámite que, aunque pueda suponer alguna molestia para los ciudadanos españoles, se resuelve con normalidad, es un laberinto en el que la seguridad jurídica y la igualdad se ponen en cuestión por el hecho de ser inmigrantes, incluso aunque tengan la documentación en regla. 

El segundo ejemplo lo obtengo de un ensayo publicado a comienzos de este año de 2023, por una de las juristas más brillantes que conozco en materia de Derecho migratorio y de asilo, la profesora  Alexandra Castro  (“La protection temporaire dans le monde: une réponse ordinaire à des situations d’exil exceptionnelles”: https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/note_castro_protectiontemporaire_2023.pdf), en el que analiza y pone de relieve esta lógica de la excepción en un penetrante estudio de la respuesta europea al exilio forzado ucraniano. La profesora Castro explica que la activación de la directiva de protección temporal por parte de la UE en este caso, pese a que se trata de un dispositivo legal previsto normativamente para supuestos muy concretos y de carácter evidentemente excepcional, plantea el problema de una lógica de protección provisional, discrecional y en no poca medida precaria, pese a la indiscutible generosidad con la que se ha aplicado por gobiernos vecinos y por otros, como el español. En realidad, subyace, como escribe Castro, “una estrategia política de control de las poblaciones desplazados, junto al intento de protección humanitaria, y, en la medida en que la guerra de Ucrania se prolongue, añade, “los gobiernos europeos de verán rápidamente confrontados a la realidad de la inserción a medio y largo plazo de esos desplazados”, lo que sacará a la luz las contradicciones de una lógica de excepción frente a la lógica del Estado de Derecho, que exigiría más bien seguir la vía regular y comprehensiva de la protección internacional ordinaria propia del derecho de refugiados y desplazados.

Hay alternativas viables para establecer políticas migratorias que cumplan con las exigencias del Estado de Derecho 

Hay que repetir que, sin buenismos ni ingenuidades, existen propuestas viables, que permiten poner en marcha políticas migratorias realistas, eficaces y legítimas, que respeten las exigencias del Estado de Derecho.

Se trata de exigir, en primer lugar, el establecimiento de vías regulares, seguras y asequibles para los inmigrantes, que pongan en primer término el reconocimiento y garantía efectiva de los derechos, como demandan no sólo las ONGs (véanse las  medidas propuestas por CEAR para la presidencia española en materia de política de migración), sino el pacto global sobre migraciones seguras, ordenadas y regulares adoptado por la ONU en diciembre de 2018, que rechaza el trato penal a los inmigrantes como regla, los centros de internamiento como medida estrella y, por supuesto, la violación del principio de interés prioritario del menor. El establecimiento de esas vías legales, seguras, regulares y asequibles es la manera de reducir el negocio de los miserables traficantes de carne humana, además, obviamente, de no cejar en su implacable persecución policial (en lugar de la repugnante connivencia que hemos conocido de Frontex con esas mafias y con los regímenes que hacen negocio con ello, como el de Libia). Junto a ello, claro está, hay que requerir que las normas y principios del Estado de Derecho se respeten en las fronteras, que no pueden ser territorios de excepción en los que no se cumplen esas exigencias. 

Hay que establecer en segundo lugar convenios con los países de origen y de tránsito de esos desplazamientos, para que colaboren en una gestión que resulte en beneficio de las sociedades de esos países y de las nuestras, y de los propios inmigrantes, de acuerdo con un modelo de colaboración en el que se ponga en valor el progreso en las tres “D”, en esos países: derechos humanos, democracia y desarrollo humano. Las cláusulas de compensación en esos convenios no deberían condicionar nuestra contrapartida sólo a su tarea policial, sino a sus avances en esos tres ámbitos.

Finalmente, hay que apostar por otro sistema de acogida e integración de los inmigrantes, algo que se juega en gran medida en el ámbito municipal y autonómico y que en nuestro país ha comenzado a ponerse en práctica, por ejemplo, gracias a las medidas adoptadas desde el Ministerio de Migraciones (como la reforma del reglamento de extranjería para favorecer el acceso de los menores inmigrantes al mercado laboral cuando llegan a la mayoría de edad), pero también con la recuperación de la lógica de acogida e integración que pusieron en pie los PECI, los Planes Estratégicos de Ciudadanía e Integración, en los que municipios y Comunidades Autónomas deben tener un papel protagonistas, con una importante ayuda financiera de la administración central. En ciudades como Barcelona, Sevilla, Valencia o Vitoria, en Comunidades Autónomas como Cataluña, el País Vasco, Navarra o la Comunidad Valenciana, existen ya importantes iniciativas y experiencias que hay que apoyar. Pero su concreción es asunto para otro día.

SOBRE LA GUERRA PERPETUA (artículo publicado en el Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura, nº 38, 2022, pp.157-185)

  1. La guerra, condición ontológica, horizonte existencial

En mi contribución a este monográfico del Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura sobre la guerra, quiero plantear el debate en torno a la continuidad de la pertinencia de la prohibición de la guerra como ilícito, tal y como es enunciada en la Carta fundacional de la Organización de las Naciones Unidas, en un contexto que, para muchos, marca un verdadero un punto de inflexión en las relaciones internacionales, con un posible retorno al modelo de guerra fría y al enfrentamiento entre bloques. Me refiero, claro, a la guerra en Ucrania, fruto de la invasión -de la agresión, diría, en términos precisamente jurídicointernacionales- por el régimen de Putin y que en realidad no es un hecho nuevo, pues hay que situarlo en el proceso que se inició con la anexión de Crimea por la Federación Rusa en 2014 y asimismo en la guerra larvada que se vive desde hace años en el Dombás, en las regiones fronterizas de Donetsk y Lugansk, de soberanía ucrania, pero con fuerte presencia rusa. Dicho de otro modo, el propósito de estas páginas es contribuir a discutir la hipótesis de la “guerra perpetua”, esto es, la guerra como condición existencial y los intentos de respuesta por parte del Derecho.

Comenzaré por recordar que la guerra recorre como un verdadero rubrum, un hilo rojo básico, la mayor parte del pensamiento y aun de la experiencia histórica de occidente, lo que permitiría sostener la tesis de que la guerra es nuestro horizonte existencial, incluso nuestra condición ontológica[1]. Lejos de ser un fenómeno ocasional, es una constante, incluso una constante que con el tiempo se ha hecho ineliminable, como lo prueba el hecho de que, en los últimos ochenta años, cuando creímos que habíamos aprendido la lección terrible de dos conflictos bélicos mundiales, no ha habido un día sin alguna guerra en nuestro planeta.

Que la guerra nos acompaña constantemente, hasta el punto de que puede hablarse de ella como uno de los rasgos ontológicos de la humanidad, de nuestra realidad como seres humanos o, al menos, como nuestro horizonte existencial, es una tesis que se remonta, como es sabido, al famoso fragmento de Heraclito, que proclama:

La guerra es padre y rey de todos, ha creado dioses y hombres; a algunos los hace esclavos, a otros libres[2]

Es importante matizar que, tal y como lo emplea Heraclito, hay argumentos para discutir la pertinencia de la traducción habitual del término pólemos como guerra. En el contexto de la filosofía heracliteana podríamos decir que pólemos designa más bien la naturaleza de la realidad como conflicto interno, que es la razón del cambio permanente, del continuo devenir. En ese sentido se trataría, por así decirlo, de un antecedente de la concepción dialéctica, como enfrentamiento o lucha de contrarios. Heraclito asienta así lo que podríamos calificar como versión ontológica del pólemos, del conflicto, como la expresión misma de la realidad y no como patología (que es la versión conservadora). El problema es que, en la mayor parte de la tradición filosófica posterior, lo que se asienta es la identificación de pólemos como la guerra, y su presentación, insisto, si no como condición ontológica, al menos como horizonte existencial.

Esa condición de horizonte existencial explica también, creo, el fatal atractivo de la guerra, como lo muestran no pocas de las mejores creaciones artísticas y culturales que marcan la historia de la humanidad, comenzando por los primeros referentes de la literatura clásica, entre los que es imposible dejar de referirse a ese texto fundador de nuestra cultura que, no en vano, es un poema sobre la guerra: la Ilíada de Homero. Se genera así lo que Susan Sontag denunciara como “nuestra lujuria por el espectáculo de la guerra”[3], una muestra de la capacidad de convertir ese jinete del apocalipsis en un elemento doméstico, que consumimos en televisión, mientras practicamos nuestras rutinas habituales, como comer en familia. Una contradicción sobre la que escribió páginas imprescindibles Rafael Sánchez Ferlosio, probablemente el ensayista español que dedicó mejores y más brillantes reflexiones críticas a la polemología[4]. Una contradicción que el escritor Antoine Volodin ha sabido condensar en su poema Nous aimons la guerre, presentado en la Maison de la Poésie de Nantes, en octubre de 2022[5]. Pero nadie quizá como Simone Weil, la que algunos consideramos la mejor filósofa de siglo XX, autora de obras capitales sobre la condición humana, como L’enracinement o La condition ouvrière, ha conseguido dar cuenta de esa ambigüedad que marca el genio épico de Homero, una ambigüedad que trató de explicar de otra manera Freud: nuestra capacidad para lo sublime, y, al tiempo, nuestra voluntad de dominar, explotar, aniquilar al otro a través, entre otros terribles instrumentos, de la guerra. Su ensayo sobre la obra de Homero[6]. comienza desentrañando el leit motiv de la Iliada («El verdadero héroe, el verdadero tema, el centro de la Ilíada, es la fuerza”), y así, escribe:

«La fuerza es lo que hace una cosa de cualquiera que le esté sometido. Cuando se ejerce hasta el extremo, hace del hombre una cosa en el sentido más literal, pues hace de él un cadáver».

Pero Weil, que percibe cómo el “progreso” de la humanidad se hace paradójica y terriblemente empeorando su condición, señala también el antídoto:

“No es posible amar y ser justo más que si se conoce el imperio de la fuerza y se sabe no respetarlo… quizá podríamos recuperar ese don cuando supiéramos no confiar en la suerte, no admirar la fuerza, no odiar a nuestros enemigos y no despreciar a los desdichados, pero es dudoso que esto suceda pronto”.

Si retomamos el hilo del pensamiento que presenta la guerra como condición existencial, quizá el más interesante de los teóricos de esa concepción y, al tiempo, de la noción de <guerra justa> (para la que se inspira en las reflexiones de Cicerón en De officiis) sea San Agustín. “Jamás los leones ni los dragones han desencadenado entre sí mismos guerras semejantes a las humanas”, escribe en De civitate Dei[7]. Y subraya que la esperanza de una paz duradera en el mundo de los hombres, in hoc saeculo et in hac terra, es una quimera: “Quien espera bien tan grande en este siglo y en esta tierra es un insensato”[8]. En realidad, como explica en el famoso pasaje sobre el apólogo de Alejandro Magno y el pirata, todos los reinos recurren a la guerra y sólo si les ampara la justicia cabe distinguir entre los reinos y los piratas:

“Sin la justicia, ¿qué serían en realidad los reinos, sino bandas de ladrones? y ¿qué son las bandas de ladrones sino pequeños reinos?…Por ello, inteligente y veraz fue la respuesta dada a Alejandro Magno por un pirata que había caído en su poder, pue habiéndole preguntado el rey por qué infestaba el mar, con audaz libertad el pirata respondió: por el mismo motivo por el que tú infestas la tierra, pero ya que yo lo hago en un pequeño bajel me llaman ladrón y a ti, porque lo haces con formidables ejércitos, te llaman emperador” [9]..

La misma concepción de la guerra como horizonte existencial se encuentra en los iniciadores de la moderna ciencia política, entendida como actividad cuyo objetivo es la preservación de la república y del poder, tal y como lo enuncia Maquiavelo en El príncipe y, sobre todo, tal y como aparece formulada en la propuesta de Hobbes sobre el origen del pacto social: el bellum omnium contra omnes es su descripción del estado natural que, al amenazar la supervivencia de los más débiles (la mayoría), conduce a esa mayoría a acordar mediante un pacto social la cesión de todos los derechos a un Leviathan que les garantice la vida, el Estado. En el fondo, ese pesimismo antropológico se corresponde más con las concepciones que, según nos lega Platón, mantuvieron sofistas como Calicles o Trasímaco, que no a las tesis de Heraclito. Pero, sobre todo, lo que es más interesante es que estas concepciones dan continuidad a la tesis de la guerra como horizonte existencial casi inevitable, y tan terrible que es preferible entregarse a ese monstruo al que se ceden todas las libertades. Podemos ver aquí también un asomo de la concepción que ve una continuidad entre guerra y política (la tesis que luego fuera enunciada por Klausewitz en su famoso aserto “la guerra es la continuación de la política por otros medios”).

Suele presentarse a Kant como el gran contrapunto de Hobbes, precisamente a propósito de la guerra y de la paz. Lo que me interesa recordar a ese propósito es que, si bien parece claro que Kant es el gran adalid del proyecto de poner fin a la guerra y garantizar la paz, incluso una paz estable y duradera, el gran filósofo alemán no se aleja en realidad de ese modo de concebir la guerra como nuestro horizonte existencial. Lo que sucede es que, guiado por la misma razón que le hace sostener esa tesis, trata de encontrar un modo de superarla y asegurarla, pues finalmente sostendrá que la guerra es también un mal.

Para Kant, en efecto, la guerra es algo natural, si se atiende a lo que podríamos llamar la experiencia histórica de los pueblos: Kant llega a explicarla como un recurso de la naturaleza para obtener sus fines, o incluso un instrumento de progreso cultural de la humanidad[10]. Pero esa concepción, tal y como explican Roberto Rodríguez Aramayo o Teresa Santiago[11], experimenta una profunda transformación: la razón práctica, sostendrá Kant después, nos lleva necesariamente a formular la máxima que la prohíbe, porque, de no hacerlo, estaríamos yendo en contra de nuestra propia condición de humanos. Es ese el propósito de su célebre ensayo La paz perpetua. Un diseño filosófico, escrito tras la paz de Basilea de 1795, en el que sentará las bases de un proyecto jurídico y político que trata de transformar ese horizonte inevitable de la guerra, que pasa a ser concebida como un grave obstáculo para el progreso moral de la humanidad y se traduce en un mandato de la razón práctica de prohibición de la guerra. Ese propósito, ese objetivo de construcción de las bases éticas, jurídica y políticas para garantizar una paz perpetua, tal y como ha interpretado brillantemente Manuel Jiménez Redondo[12], culminará en su ensayo de 1797 Metafísica de las costumbres, directamente vinculado con la Declaración de derechos de 1789. Creo, en efecto, que es muy convincente la interpretación del profesor de la Universitat de Valencia, que sostiene que éste, que sería el último ensayo de Kant sobre filosofía moral, es en realidad su gran disquisición sobre las relaciones entre ética y Derecho, donde Kant presenta su doctrina del Derecho como un análisis de la propia la Declaración del 89 a la que, insiste Jiménez Redondo, concibe como una teoría del Derecho perfectamente articulada.

Lo cierto es que en la Metaphysische Anfangsgriinde der Rechtslehre, que forma parte de la Metafísica de las costumbres, Kant se ocupa específicamente del “derecho de guerra” (Kriegsrecht) en los epígrafes §§ 55-60, donde explica cómo su prohibición es un mandato de la razón práctica.  Creo que tiene razón Teresa Santiago cuando sostiene que, para Kant, un Estado cosmopolita de derecho (Rechtszustand) no puede no ser sino un Estado de paz {Friedenszustand) en el que ninguna guerra debe ser permitida. Por eso, como se ha escrito, el núcleo de las tesis de Kant sobre guerra y derecho se puede resumir en estos términos: donde impera el Derecho no puede haber ninguna guerra y donde hay guerra no cabe el imperio del Derecho.

En ese sentido, creo que también acierta la profesora Santiago al sostener que el legado de Kant es haber sentado las bases éticas, jurídicas y políticas para una filosofía cosmopolita de las relaciones internacionales, que se resumen en una nueva formulación del derecho de gentes, una teoría de la gestión de relaciones pacíficas entre los Estados, que tenga como ejes la garantía de la paz y del respeto de los derechos humanos, en el marco de lo que con Habermas podríamos denominar una esfera pública y una sociedad civil global, acordes con el modelo kantiano de un Derecho cosmopolita. Cabe también recordar que la solución que Kant propone no es la de un Estado mundial, sino la de una Federación de Estados que haga posible el modelo del Derecho cosmopolita que vincule a todos. Un proyecto cuyos ecos resuenan, evidentemente en el acuerdo del Tratado de Versalles por el que se crea la Sociedad de las Naciones (1919) y, luego, en el que dio lugar a la creación de la Organización de las Naciones Unidas (1948). Uno y otro, recordemos, después de que la humanidad experimentase como nunca el horror de la guerra, en las dos denominadas guerras mundiales. Ese legado, como veremos en el siguiente epígrafe, fue perfeccionado por las tesis de Kelsen[13], que siempre sostuvo como una verdad evidente que la guerra es un asesinato en masa y como tal debe ser castigado eficazmente, por lo que desarrolló una teoría sobre la necesidad de asegurar la paz mundial como prioridad política. A esos efectos, propuso establecer tribunales de justicia internacionales y de carácter permanente para juzgar los crímenes contra la paz y también la creación de una organización internacional que evitara de forma eficaz la guerra entre las naciones.

Como se ha señalado[14], la interpretación filosófica de la guerra como horizonte vital -contraria al proyecto kantiano- encuentra su más acabada expresión en la obra de Hegel, para quien pólemos -que Hegel sí entiende como guerra, como enfrentamiento bélico- no es sólo el verdadero horizonte existencial, sino también la condición del desarrollo social, entre otras razones porque, como escribe en el parágrafo 333 de sus Principios de Filosofía del Derecho, “entre los Estados no hay pretor”:

«No hay ningún pretor entre los Estados, a lo sumo mediadores y árbitros, e incluso esto de un modo contingente, es decir, según la voluntad particular. La representación kantiana de una paz perpetua por medio de una federación de estados que arbitraría en toda disputa y arreglaría toda desavenencia como un poder reconocido por todos los estados individuales, e impediría así una solución bélica, presupone el acuerdo de los estados, que se basaría en motivos morales o religiosos, y siempre en definitiva en particular voluntad soberana, con lo que continuaría afectada por la contingencia»[15].

 Para Hegel está claro que la guerra es la vía inevitable para dirimir los diferendos entre los Estados, la ultima ratio en las relaciones internacionales. Más aún, la guerra es incluso una condición epistemológica, porque es en la guerra como en realidad aprendemos a conocernos a nosotros mismos, a entender cuál es nuestra asunción de la libertad, hasta qué punto estamos dispuestos a ser coherentes con ese valor supremo y a asumir por tanto la pérdida de nuestro modus vivendi, e incluso de la vida misma. O bien, explica Hegel, a renunciar a la libertad para mantener la vida, aun cuando sea al precio de ser dominados.

Finalmente, será gracias a Weber como podemos entender hasta qué punto la guerra, para el Estado moderno cumple una función identitaria y no sólo de herramienta de supervivencia en las relaciones entre los Estados. Así lo interpreta el politólogo M. Shapiro:

“la Guerra en el Estado moderno muestra dos caras diferentes. La más prominente es [estratégica], […] la guerra como instrumento de la política del Estado, y, como tal, la fisonomía de la guerra representa en sí misma la expresión de una verdad logística más profunda: la necesidad del Estado de enfrentarse a un peligroso mundo desordenado mediante el uso de la fuerza […] [Ciertas] características de la guerra [están unidas] con proyectos duraderos del Estado: mantener la seguridad, despejar espacios para un funcionamiento vital y efectivo, cumplir con las obligaciones respecto a los amigos, etc. […] La otra cara de la Guerra es ontológica […]; se centra más en la afirmación de la identidad que en los efectos instrumentales del uso mortal de la fuerza[16] .

2. La paradoja: la prohibición de la guerra y la hipótesis de la guerra interminable[17].

Como he adelantado, no es casual que las dos terribles guerras mundiales que marcaron el siglo XX dieran lugar a los dos intentos de desterrar el azote de la guerra mediante una combinación de las propuestas que imaginara Kant, un Derecho cosmopolita y una federación de Estados. El primero de esos intentos, el de la Sociedad de las Naciones, fracasó pronto. El segundo, con todos sus defectos, ha dado paso al período más fructífero de ese propósito de superar tal horizonte existencial, gracias a la compleja arquitectura institucional y normativa desplegada por la Organización de las Naciones Unidas. Se abrió paso con ello un nuevo orden internacional que se fija como objetivo prioritario salvaguardar la paz y, para dejarlo claro, decreta la prohibición del recurso a la guerra.

Obviamente, se puede tachar de idealista o ingenuo ese propósito, pero es imposible negar la fuerza simbólica de un consenso de naciones que quieren convertir en norma vinculante la prohibición de la guerra, que pasa a ser entendida como un ilícito internacional, para dar paso al mecanismo del arreglo pacífico de controversias. De paso, este punto de inflexión supone acabar con un debate filosófico, jurídico y político capital: la cuestión de la “guerra justa”, el ius ad bellum. A partir de la Carta, no hay justificación posible del recurso a la guerra. Salvo una: la legítima defensa frente a la agresión. Conscientes de la dificultad de ese propósito, los autores de la Carta deciden dedicar todo un capítulo (el VII) a la regulación de las condiciones de legitimidad del recurso a la fuerza[18].

A continuación, recordaré brevemente (2.1) el punto de inflexión que supuso la prohibición de la guerra en la Carta de la ONU y (2.2) la contradicción que resulta patente ante la permanencia de escenarios de conflictos bélicos, algunos de los cuales han sido conceptualizados como las “nuevas guerras” (por ejemplo, hoy, las denominadas “guerras híbridas”), un fenómeno en el que no se puede ignorar la influencia del nuevo terrorismo internacional, sobre todo a partir de 2001.

2.1. La prohibición de la guerra en la Carta de la ONU

Se recordará que la Carta fundacional de la ONU viene presidida por el afán de poner fin a lo que se considera el peor de los males, la guerra, tal y como se enuncia desde su inicio:

“NOSOTROS LOS PUEBLOS DE LAS NACIONES UNIDAS, RESUELTOS a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles…Y CON TALES FINALIDADES, a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos, a unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, a asegurar, mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos, que no se usará; la fuerza armada sino en servicio del interés común, y a emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todos los pueblos”

Por esa razón, el primero de los propósitos de la nueva organización es enunciado así en el párrafo primero de su artículo 1:

“Los propósitos de las Naciones Unidas son: 1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz…”

Y coherentemente con ello, en el mismo artículo primero, se proclaman como principios, además de la igualdad soberana de todos los Estados miembros y el principio de buena fe, los dos siguientes:

“1. Los Miembros de la Organización arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia.

  • Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.”

La única justificación del recurso a la fuerza que encontramos en la Carta es lo que dispone el Capítulo VII, relativo precisamente a las actuaciones que son competencia del Consejo de Seguridad, en punto a la “Acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión”. El problema es que esa normativa encierra suficiente ambigüedad, suficiente vaguedad, como para que se pueda abusar fácilmente de ella y más aún habida cuenta de la regla de veto en el Consejo de Seguridad que permite a sus titulares bloquear cualquier intento de respuesta cuando afecte a sus intereses, como hemos visto a lo largo de estos años y muy recientemente en el caso de la invasión rusa en Ucrania.

Estas limitaciones ponen de manifiesto la necesidad de acudir a mecanismos complementarios para asegurar esa prohibición del recurso a la guerra mediante instrumentos de juicio y sanción, esto es, mediante la vía jurisdiccional y así, en línea con las tesis expresadas por Kelsen[19], la Organización de las Naciones Unidas ha desarrollado un sistema de tribunales internacionales que culminó en el Convenio de Roma (17 de julio de 1998), que estableció el Estatuto del Tribunal Penal Internacional, configurado como una Corte permanente, “facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales”. Su competencia alcanza a los crímenes de guerra, de genocidio, crímenes contra la humanidad y los crímenes de agresión. El problema de la eficacia de esa institución, obviamente, son los Estados que no firmaron el Convenio (por ejemplo, China o India), y los que lo firmaron, pero no lo ratificaron (como EEUU o Israel), o lo han abandonado (Rusia), es decir, las principales potencias implicadas en actos de guerra en los últimos años[20].

  • La “guerra interminable”: la influencia del terrorismo internacional. Las <nuevas guerras>.

Ya he hecho referencia a la constatación de que, pese a los esfuerzos de Naciones Unidas, el mundo no ha dejado de vivir en guerra. Pero no se trata sólo del hecho de que, en cualquier momento, en algún lugar del planeta se viva un conflicto bélico. Como ha subrayado la profesora Ramón Chornet en un trabajo reciente y de lectura recomendable[21], dedicado a la guerra contra el terrorismo desatada por la administración Bush tras los atentados de 11 de septiembre de 2001, la hipótesis más relevante para discutir si hemos conseguido superar la guerra como condición existencial es la que sostiene que vivimos una suerte de endless War, una guerra interminable, que adopta diferentes escenarios y que responde a la voluntad geoestratégica de hegemonía y a los intereses de la industria del armamento, es decir a ese “complejo militar-industrial”, que ya fuera denunciado por Eisenhower al poco de terminar la II guerra mundial.

Como ha señalado la mencionada profesora Ramón Chornet, se trata de una tesis que han formulado estudiosos como Alain Gresh [22], Dexter Filkins[23] y en particular el historiador norteamericano Samuel Moyn[24]. El argumento común es que, a partir de la estrategia adoptada por el presidente Bush como respuesta a los atentados de septiembre de 2001, las distintas administraciones norteamericanas han integrado en su estrategia geopolítica, con mayor o menor intensidad, una especie de guerra interminable y global, una guerra sin fin y sin territorio preciso que, aunque no busca repeler o rechazar al enemigo sino destruirlo, no puede obtener nada parecido a una victoria inapelable o final, y se ve en cierta medida obligada a perpetuarse. La razón es que el enemigo al que combate es en buena medida un enemigo evanescente, el que representa el modelo de franquicias terroristas, desde Al-Qaeda al ISIS, que actúa en Oriente Medio (con el apoyo de Irán y, paradójicamente, del régimen fundamentalista saudí), en Afganistán (con la connivencia del régimen talibán y manipulado por los servicios secretos pakistaníes), pero también en el continente africano.

Lo más interesante del análisis de Samuel Moyn es que profundiza en un “efecto perverso” de una de las más recientes versiones de la <guerra justa>, lo que llamamos “intervención humanitaria”, que en muchas ocasiones conduce a ese oxímoron de <hacer la guerra para acabar con la guerra>, como ha señalado el profesor Remiro[25]. Moyn presenta su ensayo como una reflexión sobre la ética del uso de la fuerza y sobre la manipulación de ese argumento para asentar una estrategia de hegemonía de los EEUU, primero frente a la Federación Rusa y ahora frente a China. La paradoja que apunta Moyn es que en la medida en que los EEUU y sus aliados occidentales han intentado que las guerras sean más “humanas” (desarrollando el impulso de del que trae razón del esfuerzo de Henry Dunant, que da origen al moderno ius in bello, el Derecho internacional humanitario), se han hecho interminables y, paradójicamente, han tomado como objetivo o al menos como víctimas colaterales asumibles a la población civil, la que tratan de proteger. Probablemente, lo que sucede es que se abandona el propósito genuino de la fundación de la ONU, abolir la guerra, para tratar de hacerla, insisto, “más humana”. Es el error el que ya había denunciado Tolstoi en su penetrante crítica a cierto tipo de “humanitarismo”, que consideraba inconsistente con su concepción pacifista radical: la guerra debe ser abolida, no reformada.

Esta tesis de la “guerra interminable” viene apuntalada también por la aparición de “nuevas guerras”, ahora denominadas “guerras híbridas”, que han revolucionado en el último decenio ese concepto que presentaron estudiosos Mary Kaldor, a finales de los 90[26]. La nueva estrategia de guerra -las “nuevas guerras” del siglo XXI serían, sostiene Kaldor, una nueva forma de recurso a la violencia de forma institucionalizada y con pretensión de legitimidad, que desborda los instrumentos militares y abarca muchas otras actividades, entre las que destacan las distintas modalidades de la guerra cibernética, o el recurso a herramientas legales (lawfare), aun a riesgo de forzar todo límite. De ese carácter híbrido es prueba, por ejemplo, la utilización de desplazamientos migratorios que desestabilizan las fronteras o incluso el territorio de soberanía de Estados frente a los que no se ha formulado ninguna declaración de guerra, como hemos visto recientemente en Polonia, por parte de Bielorrusia. Y, sobre todo el recurso a medios económicos (las clásicas sanciones, ahora desvirtuadas) que pueden incluir operaciones desestabilizadoras de la Bolsa o el uso de los recursos energéticos como chantaje. En la medida en que las nuevas guerras son desterritorializadas (no implican necesariamente acciones militares localizadas en territorio de un Estado frente al que se ha formulado una declaración de guerra) y pueden presentar esas modalidades de alcance global, hay argumentos para sostener que esa nueva guerra integra nuestro horizonte vital.

  • La UE ante la guerra. La respuesta europea a la invasión de Ucrania y a las consecuencias del conflicto bélico.

Como ya he recordado, la invasión de Ucrania por Putin, en febrero de 2022, a juicio de la mayor parte de los especialistas, ha supuesto un verdadero Zeitenwende[27] en la política y relaciones internacionales, no sólo en Europa, sino en todo el mundo. También parece implicar un punto de inflexión en el debate sobre la licitud del recurso a la guerra o, por mejor decir, de las acciones colectivas de recurso lícito a la fuerza por parte de quienes no están directamente afectados por uno de los supuestos que permiten hablar de legítima defensa (ante una agresión). Eso afecta muy concretamente al actual debate sobre el papel de la OTAN, pero también a la posición de la Unión Europea, a sus acuerdos sobre sanciones a la Federación Rusa, o la ayuda militar a Ucrania.  

A ese respecto, me parece interesante analizar la evolución de la posición de la UE ante la invasión de Ucrania por la Federación Rusa y el conflicto bélico que vivimos en suelo europeo desde hace casi nueve meses y que parece se alargará más de lo que al principio se pudo prever. Una posición muy vinculada a la de la OTAN y a la de los EEUU, sobre todo tal y como la ha enunciado en algunos notables ensayos, documentos de análisis y estrategia, quien es el Alto Representante de la Unión para Asuntos exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea, el español José Borrell. Conviene señalar, en efecto, la relevancia de sus advertencias a lo largo de estos meses, en las que ha sostenido la necesidad de formular una suerte de <brújula> para conformar una estrategia propia de la UE, que le permita afrontar los efectos de esta guerra y tener un perfil propio en las relaciones internacionales. Una estrategia en la que, según ha insistido, es preciso que los europeos seamos realistas e integremos el horizonte vital de la guerra.

3.1. Del realismo político al belicismo: los riesgos de la llamada a despertar a los europeos de su ingenuidad.

La llamada a una concepción realista en materia de seguridad y defensa es propia de todos cuantos han postulado que la mejor máxima de seguridad y defensa es la atribuida a Vegetio <si vis pacem, para bellum>, un apotegma que adora la industria de armamento (aunque parece que la formulación original era menos asertiva: igitur, qui desiderat pacem, praeparet bellum, escribió literalmente Vegetio). El realismo como condición del buen gobernante, es también el que expresa la metáfora admonitoria atribuida a Bismarck sobre la necesidad de evitar el idealismo propio del político que sólo se pertrecha de principios para realizar su tarea, a quien compara con el ingenuo que, provisto sólo de un palillo entre los dientes, se adentra en un bosque infestado de ladrones. Entre las grandes figuras de la diplomacia y la política internacional contemporáneas es notoria la pragmática concepción de Kissinger -continuada por la muy influyente Madeleine Allbright- acerca de la prioridad de disponer de una posición de fuerza en las relaciones internacionales.

Lo que nos dicen todos los prudentes partidarios de este pragmatismo es que debemos abandonar el wishfull thinking y reconocer que, a la hora de la verdad, ni la diplomacia, ni las normas del Derecho internacional ni ninguna autoridad superior (esto es, la fuerza de la razón jurídica y política, la fuerza del Derecho) nos protegerán frente a la razón de la fuerza. Sólo ser capaces de oponer una fuerza mayor -la amenaza de recurrir a ella- nos ofrece esa garantía. Ergo, ante las amenazas de Putin, sólo cabría confiar en la existencia de una capacidad de respuesta bélica que permita la amenaza de “aniquilar al ejército ruso”, como sostuvo el jefe de la diplomacia europea (https://www.europapress.es/internacional/noticia-borrell-avisa-ejercito-ruso-seria-aniquilado-caso-ataque-nuclear-contra-ucrania-20221013120622.html). La pregunta, pues, es si debe cambiar la concepción del papel de la UE en las relaciones internacionales, como consecuencia de la guerra en Ucrania.

Creo que entre los riesgos que puede suponer un modelo ralo de realpolitik, el que sintetiza la conocida fórmula, “gato blanco, gato negro; lo importante es que cace ratones”, además de que fomenta una lógica de populismo político que entraña un enorme riesgo de polarización y división social, que es, probablemente, la más seria amenaza para la democracia, hoy, porque puede comportar una seria subversión de las instituciones y reglas de juego del Estado de Derecho, de la democracia y de la legalidad en las relaciones internacionales, como hemos visto en los EEUU bajo el mandato de Trump. Y esto, no se olvide, es lo que constituye el núcleo del proyecto de la UE, que no es solo una comunidad de intereses, sino una comunidad de Derecho.

La Federación Rusa bajo el diktat de Putin, se ha apuntado con armas y bagajes al mensaje al populismo nacionalista que exige acabar con el mal que representa el modelo que estigmatizan con la fórmula de “dominio occidental”, una falacia argumentativa para la que se sirven, claro, de las ominosas manchas del colonialismo, la explotación descarnada y los crímenes de guerra y contra la humanidad que llenan la alforja de esa “carga del hombre blanco” a la que tan orgullosamente se refirió Kipling en su poema de 1899 en el que explicaba cómo esa pesada tarea de “civilizar” al mundo bárbaro que había sido asumida por el imperio británico, debía pasar a manos de otros, los EEUU (https://www.kiplingsociety.co.uk/poem/poems_burden.htm). Una retórica cuyo lado oscuro fue descrito de forma inigualable por Conrad en El corazón de las tinieblas.

Pues bien, creo que la llamada al “despertar político de los europeos” (our geopolitical awakening) que me parece el motor del despliegue argumental del Alto Representante Borrell a lo largo de estos meses, puede entrañar efectos perversos para la primacía del proyecto europeo como un agente de paz y cooperación en las relaciones internacionales. Me parece claro que el propósito de esa llamada del Alto Representante Borrell es la necesidad de aprovechar la oportunidad que nos brinda esta guerra para volver a pensar las relaciones internacionales y así, “despertar a los europeos” de su falta de comprensión de la realidad que nos rodea[28]. El problema, a mi entender, es que el mensaje que nos propone Borrell parecería decantarse por un descarnado realismo político, que linda con la concepción de la inevitabilidad del recurso a la guerra y que no parece tan fácilmente compatible con la defensa del núcleo de la legitimidad del propio proyecto de la UE que acabo de evocar, por más que estoy convencido de que el mismo Alto Representante Borrell es un demócrata de convicción y un sincero y convencido defensor de la tesis de la UE como comunidad de Derecho. Aún más, tal llamada al realismo puede suponer, paradójicamente, la pérdida de la autonomía europea y su supeditación al proyecto geoestratégico de la administración norteamericana.

A ese respecto, me parece significativa su conferencia “Cómo la guerra ha cambiado Europa”, pronunciada en la XVII Lección conmemorativa de la Fundación Carlos de Amberes (https://www.youtube.com/watch?v=ljZvS2eJzmo). En esa intervención, al modo de Alejandro Magno en Gordium, Borrell propuso un tajo realista: “no se puede ser herbívoro en un mundo de carnívoros”, sostuvo. Si la UE quiere tener un papel propio, nos recuerda Borrell a los ciudadanos europeos, no hay otro camino que el de la autonomía energética y el del rearme, con todos los sacrificios que ello comporte.

Pero la delgada línea roja entre el realismo político y el belicismo quedó en entredicho sobre todo en su intervención inaugural de la Conferencia Anual de embajadores de la UE, de 2022 () y en su importante discurso en el Colegio de Europa en Brujas[29]. En efecto, Borrell introdujo otra metáfora, la de la UE como un jardín, un espacio privilegiado de libertad política, prosperidad económica y cohesión social, que se cree preservado de la selva que es el resto del mundo por un muro: “y la selva podría invadir el jardín y los jardineros deberían cuidar el jardín. Pero para evitar que “la selva” entre en ese bonito y pequeño jardín, la solución no es rodearlo de altos muros, porque la selva tiene una gran capacidad de crecimiento y el muro nunca será lo suficientemente alto como para proteger el jardín. Los jardineros tienen que ir a la selva. Los europeos tienen que estar mucho más comprometidos con el resto del mundo. De lo contrario, el resto del mundo nos invadirá por diferentes medios”.

Sin duda, a Borrell le asiste la razón cuando se embarca en una batalla argumentativa por combatir la tentación de un (cada vez más supuesto) espléndido aislacionismo europeo. No sólo es que, por sus principios constitucionales, la UE debe comprometerse en la tarea de cooperación y en la lucha por la paz, la democracia y el desarrollo en todo el mundo, sino que no puede mantenerse al margen. Como bien señalaba en su metáfora del jardín, la UE no debe ni puede adoptar una posición aislacionista. Ha de salir del jardín e incluso hacer partícipe al resto del mundo de las condiciones que han hecho posible ese jardín, lo que exige, claro, abandonar el paternalismo y todo propósito necolonialista. La cuestión a debatir es si ello exige aquí y ahora primar como objetivo destinar una parte tan significativamente importante de nuestros recursos a armarnos y hacerlo –seamos realistas, pues– en el marco que definen los intereses del Pentágono y de las industrias de armamento que tanto peso tienen en la OTAN, lo que entierra toda pretensión de autonomía europea.

Al mismo tiempo, hay que reconocer que tampoco le falta la razón al Alto Representante Borrell cuando enfoca esa llamada al realismo en el marco de un objetivo -un plan, una “brújula”- que me parece plausible, el de asentar las bases de un proyecto europeo propio, o, lo que es lo mismo, de una autonomía europea en materia de política exterior y de seguridad. La clave sobre la que, a reposaría tal brújula, como ya dejó escrito en un muy comentado artículo en 2020[30], es tan clara como complicada de poner en práctica en nuestro contexto global: se llama autonomía[31] y abarca varios planos. Así, autonomía científica, esto es, científico-tecnológica, en investigación y desarrollo en ámbitos como la biotecnología y el desarrollo de las nuevas TIC, pero sin perder la excelencia en el ámbito de la creación cultural humanista que siempre tuvo en Europaun foco de primer orden. También, como estamos comprobando dolorosamente, autonomía energética, lo que necesariamente pasa por el desarrollo e innovación de las energías sostenibles y la reducción de la dependencia de combustibles fósiles, fuentes energéticas fuertemente contaminantes que (salvo en el caso de Noruega, que no pertenece a la UE, y en menor medida del Reino Unido) nos hacen enormemente tributarios a los europeos de los recursos de Rusia en primer lugar, y también de Argelia y Libia. Por supuesto, autonomía en seguridad y defensa, que ya no consistiría sólo en una política militar o en un ejército europeo propio en competencia con la OTAN, sino en disponer de los propios recursos económicos y de personal frente a las amenazas más urgentes para la seguridad humana, como, por ejemplo, las pandemias que fácilmente se convierten en sindemias.

3.2 ¿Es posible una política europea de seguridad y defensa no supeditada a la estrategia de los EEUU para asegurar su hegemonía frente a China?

El desarrollo de los acontecimientos tras la invasión de Ucrania, a mi entender, ha puesto a las claras lo que ya sabíamos, esto es, que ese pilar básico de la autonomía europea, la política de seguridad y defensa, es el espejo de una flagrante contradicción, que se ha hecho patente a los ojos de todos con motivo de la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid, en junio de este 2022. A mi juicio, en efecto, la adopción del “concepto estratégico de Madrid” supone el reconocimiento expreso de que nuestra seguridad y defensa no está en manos de los europeos, sino de la Alianza Atlántica. Se abre paso así un proceso de reconceptualización no exento de riesgos: se daría por inexorable la identidad entre la «visión atlántica» y la pertenencia de los europeos a un occidente cuyos valores estarían en serio peligro y debemos defender. Esta es una concepción que, a mi entender, comporta el riesgo de situar a los europeos no sólo —o no tanto— como socios activos de una alianza defensiva necesaria, sino también y sobre todo al servicio de un bloque, o, para decirlo más claro, bajo el primado de los intereses geoestratégicos norteamericanos.

Trataré de dejar claro mi punto de vista: no soy de los que discuten que hoy día sólo la OTAN garantiza eficazmente a los europeos nuestra defensa. Una defensa, reitero, que es presentada en términos de garantía de los valores de occidente, de nuestro modelo de vida. Es lógico que, ante la evidencia del “enemigo a las puertas”, todos hayamos vuelto los ojos a quien nos puede sacar las castañas del fuego: por obra y gracia de la decisión de Putin de invadir Ucrania, hemos modificado los presupuestos de defensa, cuyo epítome sería ese Zeitenwende de Alemania al que ya me he referido, acercándonos a lo que venían demandando todos los presidentes norteamericanos (de Bush y Obama a Trump y, ahora, Biden), o incluso hemos abandonado el estatus deneutralidad (Suecia, Finlandia). Porque parece evidente que la UE, pese al elevadísimo monto del gasto en defensa de sus Estados miembros (mucho mayor en su conjunto que el de la Federación rusa), no tiene capacidad propia de defensa. Es decir, no sólo estamos jurídicamente vinculados a las exigencias que derivan de esa pertenencia y, por tanto, tenemos deberes que cumplir; es que la necesitamos para garantizar nuestra seguridad. Ahora bien, lo que hay que discutir es el precio.

Cuando propongo discutir el precio, no hablo sólo, ni sobre todo —con ser importante—, del presupuesto de defensa. Me refiero a lo que tenemos que admitir y aquello a lo que tenemos que renunciar, como consecuencia de ese amargo descubrimiento de que no podemos no depender de la OTAN. Más concretamente, ¿son algunas de esas exigencias realmente conciliables con el proyecto europeo? Ese recuperado atlantismo, ¿garantiza de verdad lo que es propio del modelo europeo? Eso nos lleva a un debate nada sencillo, porque más allá de lo que sin duda es el núcleo de nuestro modelo, el estado de derecho, la garantía de los derechos humanos, las instituciones de la democracia liberal y el estado social europeo, la «dependencia atlántica» parecería jugar a favor de la concepción de un orden global (el que tiene como condición la hegemonía de los EEUU), vinculado a otro tipo de liberalismo, más próximo a un «desorden de mercado» profundamente desigualitario, depredador. Ese deslizamiento de lo europeo hacia lo atlántico, cambia a su vez la vieja (e impropia) relación entre lo europeo y lo occidental. Por no añadir que ese concepto, el de «occidente», se sostiene mal hoy: es confuso, si no engañoso, como ha mostrado el profesor Castells en un certero artículo[32], que concluía con un argumento, a mi juicio, imprescindible: “Lo que no tiene sentido en un mundo de redes es volver a levantar las murallas de un Occidente cuya acción civilizadora es en buena parte una mistificación ideológica”.

Hablemos, pues, del coste: a los ojos de algunos de nosotros, ese proceso de reidentificación, propiciado por la guerra de Putin en Ucrania, comporta riesgos serios que amenazan el proyecto europeo en términos de autonomía política, económica, energética, estratégica. Un proyecto que no consiste en otra cosa sino en definir un papel común y propio para Europa, desde su diversidad: un papel específico (aunque sea menor) de Europa en el mundo, algo a lo que nuestros dirigentes en Bruselas, urgidos por la distorsión de los acontecimientos que ha supuesto la agresión de Putin, parecerían haber renunciado, pese a los más o menos patéticos intentos de Macron de mantener el maquillaje de la grandeur francesa, ayudado por el perfil bastante plano que había mantenido el canciller Scholz, muy lejos del protagonismo internacional de Merkel, hasta el discurso de Praga al que he hecho referencia.

Hoy, se nos dice, debemos aceptar sacrificios en aras de ladefensa de nuestros principios europeos. Sacrificios que los europeos, y sobre todo los más pobres, viven con creciente dificultad (resumámoslos en el concepto inflación). En ese sentido, creo, hay que entender las advertencias insistentes del Alto Representante Borrell, que insta a los europeos a aprender el lenguaje del poder y, sobre todo, a lo que él mismo denomina la necesidad de que los europeos “despertemos políticamente hablando”, como propuso en un artículo publicado en marzo de este mismo año[33]. Lo que ha cambiado en estos últimos cuatro meses es que la lógica de esos sacrificios no la dicta sólo la UE, sino también la OTAN: los europeos somos ahora más “atlánticos” incluso que “occidentales”. Y esa perspectiva reductivamente atlantista supondría, por desgracia, un serio riesgo de abandono de una concepción multilateral y cooperativa en las relaciones internacionales, la que soñamos que se abría paso con la caída del muro. La que sería más coherente con un proyecto de autonomía europea, como agente de soft power en las relaciones internacionales.

Pues bien, entre los elementos de ese nuevo concepto estratégico que nacería de la cumbre de la OTAN en Madrid se encontraría algo que, no siendo en rigor un elemento novedoso, sí que pasaría a ganar relevancia: la inclusión como prioridad estratégica para la OTAN de las soi-dissants “amenazas del flanco sur”. Una inclusión que ha sido presentada incluso como un éxito diplomático de la Europa del Sur (de España, concretamente).

Por supuesto que no faltan razones para la preocupación por esos riesgos y amenazas desde el “flanco sur”, un eufemismo para referirse a la preocupación por la evolución del equilibrio del “escenario africano” en lo que a algunos les sigue gustando denominar “gran tablero”. Tal preocupación responde a indiscutibles factores estructurales y también a algunos cambios relevantes en el equilibrio de influencias en el continente africano, por la creciente presencia de China, por la desestabilización producida por agentes mercenarios al servicio de Putin (la compañía Wagner), unidos al incremento del riesgo terrorista representado por las franquicias de AlQaeda, cuya capacidad desestabilizadora en Nigeria, Mali y parte del Sahel (muy recientemente, en Burkina Fasso), lejos de reducirse, se ha multiplicado, sobre todo tras el abandono de sus misiones en la zona por parte de Francia[34] ratificado por la decisión de Macron, el 17 de febrero de 2022, de poner fin a la operación Barkhane, esto es, la presencia en Mali, tras la ruptura de relaciones con su Junta militar y, sobre todo, para evitar lo que para algunos corría el riesgo de convertirse en una suerte de Afganistán francés”[35].

A todo ello se une la preocupación por uno de los peores efectos de la estrategia de guerra seguida por Putin, el bloqueo de las exportaciones de grano desde Ucrania, vitales en todo el mundo y, desde luego, en un buen número de países africanos, lo que podría desencadenar una “hambruna catastrófica”, que impulsaría desplazamientos forzados de población. Estos desplazamientos forzados y masivos, en primera instancia, se producirían en el eje sur-sur, y sus efectos desestabilizadores sobre países con escasa capacidad de acogida no se pueden ignorar. Pero los líderes europeos -y así lo ha hecho explícito la propia Comisión[36] temen la segunda fase: esto es, desplazamientos masivos hacia Europa.

Reaparece así el temor a lo que en su día se llamó (así lo hizo el líder del movimiento de los países no alineados, el presidente Jomo Kenyatta) “la bomba de los pobres”, esto es, un uso deliberado de los flujos migratorios en términos de amenaza de presión demográfica sobre el continente europeo, dando pábulo a los fantasmas de aquellos que en Europa hablan de grandes contingentes migratorios a nuestras puertas, dispuestos a lo que asemejan a una “invasión”, cuando no —incluso—, a la tesis conspiranoica del “gran reemplazo”. Nada nuevo, insisto: por no referirnos más que a referencias contemporáneas, baste mencionar el conocido libro de Paul Ehrlich The Population Bomb (1968) o las tesis de Robert Kaplan, expresadas por ejemplo en libros como The Revenge of Geography (2013). En realidad, este uso estratégico de los movimientos migratorios ha de ponerse en relación a su vez con el punto de inflexión en los flujos migratorios en los años 50 del siglo XX, con los procesos de descolonización, que marcan movimientos migratorios masivos desde el sur no desarrollado hacia el norte rico, con especial incidencia en las antiguas metrópolis (Francia, Reino Unido y, en menor medida, Bélgica y Países Bajos). El caso de los flujos desde Latinoamérica a los EEUU es diferente, claro y se relaciona estrechamente con la profunda desigualdad estructural.

Es verdad que el uso estratégico de grandes desplazamientos migratorios como elemento de presión, tal y como apunté en el epígrafe anterior, puede vincularse también a la noción de “guerras híbridas”, como ejemplificaron Lukashenko y Putin al utilizar la presión de desplazados sobre la frontera oriental de la UE (y de la OTAN). Pero convendría no perder de vista que ya antes Erdogan había hecho lo propio con los movimientos de desplazados sirios desde la península de Anatoliahacia las islas griegas del Egeo y hacia los Balcanes. Por no hablar del recurso del que han echado mano una y otra vez los diferentes autócratas del Magreb para presionar, por ejemplo, sobre las fronteras españolas: de la Marcha Verde frente al Sáhara español aprovechando la enfermedad de Franco, a la más reciente utilización de miles de niños, adolescentes y jóvenes en las fronteras de Ceuta y Melilla.

Lo que me interesa destacar aquí es que, bajo esa concepción estratégica del riesgo del “flanco sur”, se puede producir una consecuencia que, por desgracia, no constituye ninguna novedad. Me refiero a la contaminación de las políticas migratorias y de asilo. Digo que no es nuevo, porque el problema fundamental de nuestras políticas migratorias y de asilo, como venimos insistiendo algunos de nosotros desde hace bastantes años, es el modelo degobernanza unilateral de las migraciones que constituye su parti pris: nuestra insistencia en dominar esos movimientos en nuestro beneficio, sin negociar ni tener en cuenta los intereses de las personas y de los países que forman parte de la secuencia migratoria, de las sociedades civiles en origen y en tránsito, ni de los propios migrantes como agentes, como protagonistas de esos procesos de movilidad, en buena medida —también para los inmigrantes, no sólo para refugiados— forzados, no deseados. De ese prejuicio, de esa pretensión de dominio unilateral de los flujos y de los procesos de instalación, de asentamiento de los migrantes, nacen dos errores de nuestra mirada sobre las migraciones y de nuestro modelo de políticas migratorias, que hay que seguir denunciando.

El primero tiene mucho que ver con la miopía —el prejuicio— de seguir conceptualizando a los inmigrantes exclusivamente como fuerza de trabajo (en el fondo,el mismo del esclavismo), ignorando que las migraciones son hechos y procesos sociales de dimensión global y holista, que responden a las relaciones sociales propias del (des)orden internacional y también a las de nuestras sociedades, todas ellas hoy en profundoproceso de reconfiguración, proceso respecto al cual la presencia migratoria tiene un poderosa capacidad de transformación, aunque nos neguemos a aceptarlo y pretendamos tenerlos aquí, según nuestro “orden natural”, es decir, como invisibles, separados y dominados.

El segundo error de conceptualización, que es el que me parece más presente en este concepto estratégico, consiste en insistir de modo desequilibrado, desproporcionado, en los potenciales riesgos y amenazas (indiscutibles como tales, sí) para nuestra seguridad y defensa. De un lado, el más grave, esto es, la amenaza terrorista vinculada a movimientos como las franquicias de AlQaeda. De otro el riesgo de que la llegada masiva de migrantes, de desplazados, empujados por esas grandes hambrunas (o por las guerras del agua, los efectos del cambio climático, etc) entrañen un efecto disolvente de los elementos de cohesión social, por la quiebra del equilibrio del Estado del bienestar y por la capacidad de radicalización de algunos de los movimientos yihadistas sobre los migrantes residentes en Europa, que podrían conducir a ese escenario de pesadilla que denuncia insistentemente una parte de la derecha y toda la extrema derecha europea, la de comunidades segregadas que minan la cohesión social y despiertan el terrible fantasma del enfrentamiento civil.

Negar la dimensión de riesgo, incluso de potencial amenaza que puede entrañar esa constante demográfica que es la movilidad humana, que no hay que olvidar que en ese concepto estratégico se entiende que se desplaza en sentido sur-norte, lo que es un error, porque la inmensa mayoría de esos movimientos, como ha explicado Whitol der Wenden [37], sigue el rumbo sur-sur. Otra cosa es el empeño en reducirlos a esa dimensión potencial. Y lo peor es que semejante análisis deje de lado lo que ha de ser una prioridad, y no una concesión al “buenismo”: el respeto de los derechos humanos de los inmigrantes y desplazados. Ese respeto, esa garantía, no es una opción, sino una obligación de los gobiernos que pretendan ser mínimamente coherentes con las exigencias del Estado de Derecho y de la legitimidad democrática. Esos derechos no pueden ser objeto de negociación, de venta. Son obligaciones cuyo cumplimiento ha de ser exigible. Y no pueden quedar supeditados al criterio de optimización del beneficio, ni tampoco a la lógica geoestratégica.

Ante la necesidad de contar con un planteamiento nuevo de las relaciones de Europa con Africa, parecieran abrirse dos opciones que desgraciadamente entrarían en colisión: la de quienes lo enmarcan en esa prioridad geoestratégica de revenir los riesgos y amenazas del flanco sur y la de quienes entienden que esos flujos migratorios deben formar parte de un planteamiento global, en el que europeos y africanos construyamos un marco global de relaciones desde la perspectiva del mutuo beneficio y de las exigencias de promoción de la Democracia, los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Por eso sostiene el economistaJ.Sachs que, si Europa quiere hacer una contribución seria para mejorar el mundo —también para los europeos—, no debería fijar su prioridad en el marco de la lógica de bloques que parece imponerse, esto es, centrada en el objetivo de conseguir que Ucrania gane la guerra contra Putin, sino que, además de tratar de lograr una solución negociada, diplomática, a esa agresión de Putin sobre Ucrania, por difícil que sea tal empeño, debería focalizar sus esfuerzos en asegurar que los niños africanos tengan acceso a la educación[38].

En todo caso, llama poderosamente la atención que el problema de las hambrunas catastróficas derivadas de la guerra de Ucrania (como el de las grandes sequías, o el de la contaminación de los campos de cultivo o recursos naturales) no se plantee como lo que es: un gravísimo peligro para las poblaciones que se ven obligadas a huir. Los europeos sólo nos planteamos las consecuencias que esas hambrunas pueden implicar para nosotros, sin centrarnos en la actuación verdaderamente necesaria: ¿cómo ayudar a esas poblaciones que se ven expulsadas de sus hogares, como consecuencia de estos fenómenos? ¿qué protección y qué garantías de sus derechos y con qué procedimientos vamos a poner a su alcance?

Esas preguntas dieron lugar en 1951 a la Convención de Ginebra y luego alProtocolo de Nueva York, las piezas clave del derecho internacional de refugiados. Esas preguntas motivaron la aprobación en 2003 de la directiva europea de protección temporal ante llegadas masivas de personas en busca de protección, directiva que hemos activado con una rapidez y eficacia loables, en relación con los desplazados de la guerra de Ucrania.¿Qué hace falta para que nos decidamos a ofrecer respuestas, protección efectiva, a quienes no sean ucranios? ¿Vamos a conformarnos con mirar esos desastres y lamentar su suerte?

Europa tiene su fuerza, insisto, en el hecho de constituir ante todo una comunidad de Derecho, bajo el imperio de la ley (hoy decimos, de la Constitución), al que incluso se subordina la comunidad de intereses que es su motor (el mercado común, el espacio de libre circulación de personas y mercancías que se autodefine como espacio de libertad, seguridad y justicia). Y eso conlleva una decidida opción por un modelo de negociación y cooperación multilateral, que entiende, como pregona la Carta de la ONU, que la guerra es el peor azote de la humanidad y que es incompatible con la legalidad internacional, salvo el caso excepcional de la legítima defensa, que asiste sin duda a Ucrania. Por eso debemos estar a su lado, contribuir activamente a su defensa, porque, sin la menor duda, a Ucrania le ampara la razón del Derecho. Pero porque creemos en la superioridad de la razón del Derecho sobre la razón de la fuerza, nuestros esfuerzos deben orientarse a acabar con la guerra, no a alimentarla, ni a servirse de ella para aplastar a Rusia, como parece el designio de los EEUU[39]

Europa debe ser un actor comprometido en la tarea de promover la colaboración y el apoyo de quienes puedan empujar a Putin a detener la guerra, como China, sobre todo, y quizá India y Turquía. Convencer también a Ucrania de que no debe perseguir el clásico objetivo bélico de una victoria militar que aplaste al adversario. Sin ingenuidades, sin romper con las exigencias propia de nuestra seguridad. Pero sin la épica belicista que, a la postre, no sale gratis para nadie.


[1] Lo mismo podría decirse en otras tradiciones culturales, si nos atenemos por ejemplo a la influencia de célebre Arte de la guerra, atribuido al maestro Sun, conocido como Sun Wu Tzu, donde se explica que la guerra es un asunto de vital importancia para el Estado, “la provincia de la vida o la muerte, el camino de la supervivencia o de la ruina”. El libro puede consultarse en castellano, El Arte de la guerra ilustrado / Sun Tzu, versión de Thomas Cleary, EDAF, 2004. Con todo, la interpretación canónica del texto del maestro Sun insiste en que, aunque resulta vital para cualquier Estado dominar el arte de la guerra, “la maestría suprema en el arte de la guerra consiste en vencer al enemigo sin luchar”.

[2] “Πόλεμος πάντων μὲν πατήρ ἐστι πάντων δὲ βασιλεύς, καὶ τοὺς μὲν θεοὺς ἔδειξε τοὺς δὲ ἀνθρώπους, τοὺς μὲν δούλους ἐποίησε τοὺς δὲ ἐλευθέρους”. Fragmento DK 53: cito por la edición clásica bilingüe de Hermann Diels y Walther Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker. Band 1. (5ª). Weiman, 1956

[3] Cfr. su iluminador ensayo, Ante el dolor de los demás, Alfaguara, 2003. Es de subrayar que Sontag apoya su reflexión en el papel de la obra de arte ante el dolor causado por la guerra, inspirándose en la obra de Caillot , “Miserias y desgracias de la guerra” (1633) que tanto influyó en nuestro Goya, el pintor que para Sontag mejor sabe captar el fenómeno del terrible atractivo de la guerra, del que luego se apoderan la fotografía, el cine y la televisión. Pero Sontag entiende que esa representación artística, que alcanza su más terrible veracidad en la fotografía, es también un antídoto para no olvidar los horrores de la guerra y por eso concluye su ensayo con esta admonición: «Debemos permitir que las imágenes atroces nos persigan… Esas imágenes nos dicen: <Esto es lo que los seres humanos se atreven a hacer, y quizá se ofrezcan a hacer, con entusiasmo, convencidos de que están en lo justo. No lo olvides>».

[4] Es muy vasta la obra de Sánchez Ferlosio sobre diferentes aspectos de la polemología. Cfr., por ejemplo, sus escritos sobre la guerra: La hija de la guerra y la madre de la patria (Destino, 2002); Sobre la guerra (Destino, 2007); God & Gun. Apuntes de polemología (Destino, 2008; luego recogido en Babel contra Babel. Ensayos III. Asuntos internacionales. Sobre la guerra. Apuntes de polemología (Debate, 2016). También se ocupa de problemas de polemología en otros ensayos: por ejemplo, en Campo de Marte I. El ejército nacional, Alianza, 1986, o en La verdad de la patria, Debate, 2020, donde desarrolla sus tesis que expresan un antimilitarismo lejano del pacifismo irenista y vinculado más bien a la defensa de una concepción ateniense, o republicana, que sostiene la necesidad de la “ciudadanía en armas”, y se opone al ejército profesional, -que él considera cosa de mercenarios- cuya existencia, junto a la de la industria del armamento, al <negocio de la guerra>, consiguen que la guerra sea una realidad permanente.

[5] El poema ha sido publicado en la revista AOC: https://aoc.media/fiction/2022/10/08/nous-aimons-la-guerre/

[6] Me refiero, claro está, a su ensayo de 1940, L’Iliade ou le poème de la force (que publicó bajo el seudónimo de Emil Novis en Les Cahiers du Sud, 1941). Se puede leer en castellano, La Iliada o el poema de la fuerza, en la recopilación de textos La fuente griega, Trotta, 2003.

[7] La ciudad de Dios, XII, 22. Cito por la edición de la BAC, 2000.

[8] Ibid., XVII, 13.

[9] Ibid., IV, 4.

[10] Así, en su ensayo de 1784 Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht (hay versión castellana, Ideas para una historia universal en clave cosmopolita y otros escritos de filosofía de la historia traducción de Concha Roldán y Roberto Rodríguez Aramayo; estudio preliminar de Roberto Rodríguez Aramayo, Tecnos, 1987). También, en el ensayo de 1786, Muthmaßlicher Anfang der Menschengeschichte (hay versión castellana, Probable inicio de la historia humana, en la misma edición de escritos).

[11] Sobre el problema de la guerra en la obra de Kant, pueden leerse los ensayos introductorios de Roberto Rodríguez Aramayo a los ensayos de Kant de 1784 y 1786, en la edición citada en la nota anterior y también a su edición de La paz Perpetua. Un diseño filosófico, CTK E-Books, Ediciones Alamanda, 2018, pp. 9-65. Igualmente, su ensayo Kant, entre la moral y la política, Alianza, 2018. De Teresa Aguado, su ensayo Función y crítica de la guerra en la filosofía de I. Kant, Anthropos, 2004. Anteriormente, su Justificar la guerra, Porrúa, 2001.

[12] Cfr. M. Jiménez Redondo, estudio introductorio a Metafisica de las costumbres, Tirant, 2022. Sostiene Jiménez Redondo que el Kant radicalmente ilustrado que escribe esta Metafísica de las costumbres presenta el Derecho como un orden tripartito, en el marco de un nuevo orden global de máxima interdependencia. “Un efectivo orden de derecho habrá de componerse del derecho de los Estados de derecho, del derecho que ha de regular las relaciones entre los Estados de derecho y del orden de derecho que ha de regular la red cada vez más densa e inextricable de relaciones cosmopolitas…si falla una de estas tres partes, necesariamente tienen que fallar las otras dos».

[13] Sobre todo, de su obra La paz a través del Derecho. Sobre ello, el artículo de la profesora Cristina García Pascual “Orden jurídico cosmopolita y Estado mundial en Hans Kelsen”, Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho (CEFD), nº 2, 1999 y, sobre todo, su brillante ensayo, Norma Mundi. La lucha por el derecho internacional, Trotta, 2015.

[14] Cfr. Cfr. J.L. Villacañas, La nación y la guerra, Diego Marin, 1989; más recientemente, “Guerra y autonocimiento”, El Periódico de España, 29 de marzo de 2022.

[15] Hegel, Principios de Filosofía del Derecho, Edhasa, 1988.

[16] Michael J. Shapiro, “Warring bodies and bodies politic: tribal warriors versus state soldiers”, en M. J. Shapiro, y H. R. Alker (eds.). Challenging boundaries. University of Minnesota Press, pp.455–480. La cita es de la página 457.

[17] Por supuesto, en un artículo como éste no pretendo presentar un análisis detallado de un debate tan complejo como el del estado de la cuestión de la respuesta del Derecho internacional ante la guerra, o ante el recurso a la fuerza, sino sólo recordar algunos elementos básicos.

[18] Sobre ello, es recomendable la lectura, por ejemplo, del libro colectivo coordinado por la profesora Consuelo Ramón, La acción colectiva del uso de la fuerza. Nuevos escenarios, nuevos principios de actuación en Derecho internacional, Tirant lo Blanch, 2012

[19] Básicamente en su Peace trough Law (19), que puede consultarse en la versión castellana La paz a través del Derecho, Trotta, 2015, con traducción de Massimo laTorre y estudio introductorio de Cristina García Pascual.

[20] El texto del Estatuto y las referencias de los Estados parte en el Convenio, así como la lista de ratificaciones, puede consultarse en https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/rome-statute-international-criminal-court. Sobre ello, recomiendo la lectura de dos artículos del profesor Remiro Brotons: “Los crímenes de Derecho internacional y su persecución judicial”, Cuadernos de derecho judicial, 7/2001, pp,67-150 y, más recientemente, “Jurisdicción penal universal sobre crímenes internacionales e inmunidades del estado extranjero y sus agentes”, Teoría y Derecho, 21/2017, pp 24-47.

[21]  Se trata de su ensayo La guerra contra el terrorismo, veinte años después. Zero Dark Thirty, Cine y Derecho, Tirant, 2021.

[22]  Así la enunció Alain Gresh, en un pequeño ensayo publicado en septiembre de 2004 en Le Monde Diplomatique, con el título “La guerre de mille ans”. Por su parte, el profesor Samuel Moyn

[23] Dexter Filkins la desarrolló en su libro The Forever War, Knopf, 2008, que obtuvo el National Book Critics Circle Award en ese año.

[24] El profesor Samuel Moyn ha desarrollado la tesis de la invención de una guerra sin fin por la administración norteamericana, al amparo de la War on Terror, dispuesta por el presidente Bush contra el terrorismo yihadista, en su ensayo Humane: How the United States Abandoned Peace and Reinvented War, Farrar, Straus &Giroux, 2021. Un resumen de sus tesis se puede encontrar en su reciente artículo “How the United States created a World of endless War”, The Guardian, 31 agosto 2021 y que puede consultarse en https://www.theguardian.com/us-news/2021/aug/31/how-the-us-created-a-world-of-endless-war.

[25] De nuevo he de referirme a la profesora Ramón Chornet, que publicó en 1995 un estudio entonces pionero sobre la institución de la “intervención humanitaria”: ¿Violencia necesaria? La intervención humanitaria en Derecho internacional, Trotta, 1995

[26] Cfr. M. Kaldor, New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era, Cambridge: Polity, 1999 (hay traducción castellana, Las nuevas guerras. Violencia organizada en la era global, Tusquets, 2001).También, I.Ramonet, Guerras del siglo XXI. Nuevos miedos, nuevas amenazas, Mondadori, 2002

[27] La expresión alemana, que ha hecho fortuna, fue utilizada por el canciller Scholz en su discurso de 29 de agosto de 2022 en la Universidad Carolina de Praga, para designar el giro profundo en las relaciones internacionales y también en la posición alemana, provocado por la guerra de Ucrania, pues supone el abandono de un elemento básico de definición de la política de la RFA, un pacifismo que suponía un freno irrebasable a la concepción de Alemania como potencia militar y que, a raíz de ese cambio, se convertirá, muy al contrario, en la segunda potencia militar occidental. El texto se puede consultar en https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/scholz-rede-prag-karls-uni-2079410. Sobre esta cuestión, puede leerse el ensayo de Alexine Corblin, “Le changement d’époque (Zeitenwende) en Allemagne et ses implications pour la construction éuropéenne”, Questions d’Europe, nº 641, 3 octobre 2022, https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/questions-d-europe/qe-641-fr.pdf.

[28]  En ese sentido, me parece imprescindible leer con detenimiento el argumentado ensayo “Europe in the interregnum: our geopolitikal awakening after Ukraïne”, que publicó en marzo de este año, apenas un mes después del comienzo de la invasión (https://geopolitique.eu/en/2022/03/24/europe-in-the-interregnum-our-geopolitical-awakening-after-ukraine/). En esas páginas sostiene con toda claridad un giro en el papel tradicional asumido por la UE en las relaciones internacionales: “I am convinced that the EU must be more than a soft power: we need hard power too”. Es un propósito de importancia crucial y que, insisto, merece ser discutido, sobre todo porque no hay hard power sin poder armamentístico.

[29] Ambos textos se puede consultar en https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-ambassadors-annual-conference-2022-opening-speech-high-representative-josep-borrell_en , y en https://legrandcontinent.eu/es/2022/10/16/los-jardineros-europeos-deben-ir-a-la-jungla/. El riego de belicismo se acentuó cuando Borrell pareció responder a los continuos desafíos de Putin con una amenaza muy poco sutil, la de “aniquilar el ejército ruso” (sic), si éste recurría al uso de armamento nuclear en Ucrania (https://www.europapress.es/internacional/noticia-borrell-avisa-ejercito-ruso-seria-aniquilado-caso-ataque-nuclear-contra-ucrania-20221013120622.html).

[30]  “La doctrina Sinatra”, Política Exterior, nº 197, septiembre 2020, https://www.politicaexterior.com/articulo/la-doctrina-sinatra/.

[31] Sobre la relación entre la multidimensional noción de autonomía y la “soberanía de la UE, puede verse el ensayo de Eric Maurice, “Les dependances strategiques: une question de souveraineté”, Question d’Europe, nº 630, abril 2022.

[32] “Occidente”, La Vanguardia, 18 de junio de 2022: https://www.lavanguardia.com/opinion/20220618/8348638/occidente.html.

[33]“ Cfr. “Europe in the Interregnum. Our geopolitical Awakening after Ukraïne”,: https://geopolitique.eu/en/2022/03/24/europe-in-the-interregnum-our-geopolitical-awakening-after-ukraine/. Hay versión castellana, “Europa en el interregno. Nuestro despertar político tras Ucrania”, Le Grand Continent https://legrandcontinent.eu/es/2022/03/24/europa-en-el-interregno-nuestro-despertar-geopolitico-tras-ucrania/.

[34] Cfr. por ejemplo, https://www.lavanguardia.com/internacional/20210710/7590472/sahel-francia-retirada-repliegue-macron-hollande-barjan-yihadismo-qaeda-islamismo-radical-takuba.html.

[35]  Sobre ello el análisis de Naomi Moreno Cosgrove para el Real Instituto Elcano: https://www.realinstitutoelcano.org/comentarios/la-inalcanzable-mision-antiterrorista-de-francia-en-el-sahel/#:~:text=El%2017%20de%20febrero%20de,francesas%20y%20europeas%20de%20Mali.

[36] Cfr. https://elpais.com/internacional/2022-06-22/bruselas-teme-que-la-guerra-de-putin-provoque-oleadas-migratorias-hacia-la-ue-desde-el-norte-de-africa.html?sma=newsletter_alerta20220622.

[37] Cfr. su Migrations. Une nouvelle donne, Maison des Sciences de l’Homme, col. «Interventions», 2016.

[38] Cfr. https://elpais.com/cultura/2022-06-22/jeffrey-sachs-algo-falla-en-el-sistema-americano-y-en-la-naturaleza-humana.html?ssm=FB_CC&fbclid=IwAR1EJSQKHNbjirJ4B6b1NIzsZhwEQ9bDjPCxRfJu-yI0FB5JcyMtL3KO-8Q.

[39] Creo que ese es el sentido del manifiesto” Un negoziato credibile per fermare la guerra”, suscrito por un grupo de importantes intelectuales italianos y publicado en el diario Avvenire, el 18 de octubre de 2022 y se puede consultar aquí: https://www.avvenire.it/attualita/pagine/un-negoziato-credibile-per-fermare-la-guerra. El manifiesto es una toma de posición directa frente a la tesis que aquí hemos discutido, la de la guerra como destino inevitable: “Si diffonde una pericolosa sensazione di inevitabilità e di rassegnazione, o, peggio, l’idea che solo una “resa dei conti” possa far nascere un nuovo e stabile ordine mondiale. Ma oggi nessuna guerra può imporre un ordine sotto le cui macerie non restino il pianeta, i popoli, l’umanità tutta. Non ci si può rassegnare”. Sus autores proponen seis medidas para detenerla guerra: 1) Neutralità di un’Ucraina che entri nell’Unione Europea, ma non nella Nato, secondo l’impegno riconosciuto, anche se solo verbale, degli Stati Uniti alla Russia di Gorbaciov dopo la caduta del muro e lo scioglimento unilaterale del Patto di Varsavia. 2) Concordato riconoscimento dello status de facto della Crimea, tradizionalmente russa e illegalmente “donata” da Kruscev alla Repubblica Sovietica Ucraina. 3) Autonomia delle Regioni russofone di Lugansk e Donetsk entro l’Ucraina secondo i Trattati di Minsk, con reali garanzie europee o in alternativa referendum popolari sotto la supervisione dell’Onu. 4) Definizione dello status amministrativo degli altri territori contesi del Donbass per gestire il melting pot russo-ucraino che nella storia di quelle Regioni si è dato ed eventualmente con la creazione di un ente paritario russo-ucraino che gestisca le ricchezze minerarie di quelle zone nel loro reciproco interesse. 5) Simmetrica descalation delle sanzioni europee e internazionali e dell’impegno militare russo nella regione. 6) Piano internazionale di ricostruzione dell’Ucraina. Agradezco al profesor Ballesteros haberme llamado la atención sobre esa constructiva y relevante propuesta

LA «NUEVA» MIRADA DE LAS SERIES DE TV SOBRE EL GENOCIDIO INDIGENA EN NORTEAMÉRICA (EEUU Y CANADA). UN ARTÍCULO DE GUILLERMO ALTARES

El cine comercial, el cine de Hollywood, no ha sido precisamente pródigo al dirigir su foco sobre el terrible genocidio indígena en los EEUU y Canadá, que comienza ya a finales del XVIIII y se prolonga hasta nuestros días. Habría que remitir a excepciones, espléndidas, como dos extraordinarios films de John Ford: su obra maestra, <The Searchers> de 1956, basada en una novela de A. de May e interpretada por John Wayne, Vera Miles, Jeffrey Hunter, War Bond y Nathalie Wood y, sobre todo, su <Cheyenne Autumn>, de 1964, con Richard Widmark, Carroll Baker y Sal Minneo. Pero probablemente y aun tratándose de obras menores, comparadas con las películas de Ford, tuvieron más repercusión dos western de 1970, <Little Big Man> (dirigida por Arthur Penn, con Dustin Hoffman y Faye Dunaway) y <Soldier Blue> (dirigida por Ralph Nelson, con Candice Bergen y Peter Strauss).

Este artículo de Guillermo Altares pone de relieve un aspecto interesante y relativamente novedoso, el interés que muestran algunas de las series de TV más recientes (con un papel destacado para el nuevo guionista estrella, Taylor Sheridan) por ese genocidio de los habitantes del <nuevo mundo>, en los EEUU y en Canadá, a manos de los colonizadores…

Matanzas, mentiras y traiciones: varias series muestran el aciago destino de los indios en Estados Unidos
https://elpais.com/television/2023-04-10/matanzas-mentiras-y-traiciones-varias-series-muestran-el-aciago-destino-de-los-indios-en-estados-unidos.html?ssm=TW_CC a través de @el_pais

ELOGIO DE LA QUEJA Y ENCOMIO DE LA TAREA DEL DEFENSOR (Versión ampliada del artículo publicado en Infolibre, el 22 de marzo de 2023)

La queja, excusa y motor del reconocimiento de derechos

Hay muchas y buenas razones para la crítica de la queja como recurso social y político. Basta recordar lo que escribió Robert Hugues en su The Culture of Complaint. (1993) y, en otro sentido, el ensayo de Daniele Giglioli, Crítica de la víctima (2017). Se ha dicho todo sobre la autocompasión, el populismo y el paternalismo, como estigmas del discurso de la indignación estéril, que banaliza y pervierte lo que de genuino había en el popular panfleto de Stephane Hassel, ¡Indignaos! (2010), un texto que, en su versión en castellano, venía acompañado por una pertinente reflexión de Jose Luis Sampedro. Por no hablar de la confusión interesada entre la queja como estratagema populista y la idea camusiana de rebelión, confusión que, a mi juicio, está en la raíz del movimiento social del que nació Podemos.

Resumo mi posición al rspecto: la indignación, sin más, no construye nada. Y, sobre todo, haber sufrido -ser víctima- un agravio no da legitimidad alguna para imponer tu criterio a los demás . Menos aún, para erigirte en el legislador. Y no digamos, en materia penal.

Dicho esto, veamos la otra cara de la moneda: lo mejor del Derecho, lo más próximo a la idea de justicia, nace precisamente de la queja, o, por mejor decir, de la racionalización de la respuesta frente al agravio, de la queja constructiva. Lo aprendemos en hitos literarios como Antígona, Shylock, Don Quijote, o Michael Kohlhaas.

El sentimiento, la percepción de lo injusto, es el motor histórico de los mejores avances en el reconocimiento de los derechos o, si se prefiere, es el núcleo de la idea de lucha por el Derecho que explicó magistralmente el jurista Jhering. Ese sentimiento ilumina los cahiers de doléances, sin los que no se puede entender la su vez la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789. Ilumina la noción de satyagraha que está en el corazón de la lucha pacífica de Gandhi por la independencia y los derechos de los súbditos de la joya de la corona británica. Como también ilustra lo mejor de los movimientos por los derechos civiles en los EEUU, que encarnaron por ejemplo Rose Parks o Martin L. King, con su metáfora del cheque impagado a una buena parte de la población estadounidense, nada menos que desde 1776.

La lección, reitero, es que los derechos no se activan, ni se mantienen, ni se desarrollan, sin el movimiento de queja, sin la institucionalización de la presentación, argumentación y respuesta a la queja: así, la respuesta a algunas de ellas consigue alcanzar la dimensión de ley. Por descontado, buena parte de esas quejas se canalizan en la actividad ante los tribunales. Pero no basta. Permítanme recordar ahora algunas nociones elementales acerca de una de las vías por las que, además de los tribunales, se pretende canalizar el sentimiento de lo injusto, la queja y darle respuesta

Institucionalizar la defensa y respuesta a la queja: la tarea del Defensor del Pueblo

Como habrá supuesto el lector, me refiero a la institución del ombudsman, que aquí conocemos como Defensor del Pueblo (en el ámbito autonómico, con diferentes denominaciones equivalentes a ésta: ararteko, síndic de greuges, valedor do pobo…).

De acuerdo con el artículo 54 de nuestra Constitución y con su ley orgánica (L.O. 3/1981), el Defensor tiene como función “la defensa de los derechos comprendidos en este Título (esto es, el título I, “De los derechos y deberes fundamentales”), a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales”. Queda configurado como una autoridad independiente (artículo 6.1): “no estará sujeto a mandato imperativo alguno. No recibirá instrucciones de ninguna Autoridad. Desempeñará sus funciones con autonomía y según su criterio“.

El Defensor -los Defensores, insisto- recibe las quejas, los agravios de los ciudadanos en relación con el funcionamiento de las administraciones o entidades públicas que consideren que han vulnerado sus derechos. El campo en que debe ejercer tal control es amplísimo: de la salud a la educación, de la igualdad de trato a las políticas sociales, del empleo a la vivienda, de la seguridad ciudadana al medio ambiente, las migraciones o los servicios públicos esenciales. A ello se añade que, en nuestro país, el Defensor asume la función del mecanismo nacional para la prevención de la tortura. En el ejercicio de sus funciones, “todos los poderes públicos están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo en sus investigaciones e inspeccione” (artículo 19.1) Como consecuencia de sus investigaciones, el Defensor puede dirigir a las autoridades correspondientes “advertencias, recomendaciones, recordatorios de sus deberes legales y sugerencias para la adopción de nuevas medidas. En todos los casos, las autoridades y los funcionarios vendrán obligados a responder por escrito en término no superior al de un mes” (artículo 30.1). Aunque las resoluciones del Defensor no tienen fuerza vinculante -como las de los tribunales- para corregir las vulneraciones de derechos objeto de las quejas, del incumplimiento de ellas pueden seguirse responsabilidades.

En cumplimiento de su tarea, cada año el Defensor eleva a las Cortes Generales (Congreso y Senado) un informe anual, como el que hace apenas una semana entregó su titular, Angel Gabilondo, a los presidentes del Congreso y del Senado, por lo que se refiere al año 2022 y que en buena medida aún se refiere al mandato de quien -a mi juicio- durante varios años fue un excelente Defensor, aunque de iure sólo estuviera en funciones de tal, Francisco Fernández Marugán. Esos informes son lectura obligada para cualquiera que tenga el menor interés sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país. Y digo en nuestro país, porque es importante subrayar que la actuación del Defensor está abierta no sólo a los ciudadanos españoles, sino también a los extranjeros, sin condicionantes de edad o situación legal. Una atención permanente, 24 horas de 24, todos los días del año, no sólo presencial, sino también por correo postal, por teléfono y online. Y es gratuita. La web del defensor (https://www.defensordelpueblo.es/) es un instrumento realmente accesible y constituye un instrumento muy útil.

El informe de 2022 (https://www.defensordelpueblo.es/informe-anual/informe-anual-2022/) da cuenta de un ligero incremento en las quejas respecto a 2021 -algo más de 2000 y un total de 31.077 quejas-, como resultado de las cuales se emitieron 739 recomendaciones, 1392 sugerencias y 365 recordatorios de deberes.

Entre las quejas reseñadas en el informe de 2022, destacan las relativas al funcionamiento de la sanidad, en aspectos como la medicina familiar, la atención primaria y las listas de espera. Pero también en lo que se refiere a la atención a los ciudadanos en la seguridad social y en los servicios de empleo. Y sin olvidar un importante déficit, el de la administración digital, donde se advierte una injustificable asimetría entre la obligación a los ciudadanos de acudir a esos medios digitales cuando se dirigen a la administración (incluso como única vía) y la accesibilidad y agilidad de los mecanismos digitales de la administración, junto a una preocupante tendencia a privar de la atención presencial. Una tendencia particularmente grave cuando hablamos de los ciudadanos que sufren mayores dificultades con esos medios.

Una institución incómoda para el poder, desde la comodidad para los ciudadanos

Las características de la institución del Defensor -de los Defensores- exigen independencia y firmeza en la tarea de control, que es de crítica inevitable para la garantía de mejora de la práctica de los derechos humanos. Para explicar su tarea, he acudido alguna vez a una fórmula paradójica: exige un equilibrio que no es fácil, porque debe ser a la vez incómoda, pero muy cómoda. Incómoda para quienes deben ser objeto de control, para el poder. Y muy cómoda, para los aquejados, ciudadanos. Creo que, sin demérito de anteriores titulares, en el tiempo en que vienen ejerciendo sus funciones el actual Defensor y sus Adjuntos han dejado patente su voluntad de llevar a cabo al máximo de lo posible ese difícil equilibrio, en asuntos particularmente complicados, como el procedimiento aún en curso sobre los abusos sexuales cometidos en el seno de instituciones de la iglesia católica y su investigación y posterior informe acerca de la tragedia en la valla de Melilla y las responsabilidades en que se incurrieron en esos terribles hechos.

Pero lo que me interesa poner de relieve es algo que no siempre se destaca y que Angel Gabilondo ha sabido subrayar con motivo de la presentación del Informe 2022. Se trata de poner de relieve que, aunque el principal cometido de la institución del Defensor es la tarea de control de las administraciones públicas en el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, lo más importante es algo que no se dice en la Constitución, ni en la Ley Orgánica, pero que el actual Defensor, Angel Gabilondo, y el equipo de la institución han comprendido perfectamente y que la alejan del paternalismo, del buenismo ineficiente, un riesgo evidente para la institución. Angel Gabilondo sostuvo en la presentación del informe una tesis que es a mi juicio imprescindible: “el informe…no es una sucesión de avatares o circunstancias que conciernen a los ciudadanos, sino que cabría decir que ellos son en gran parte los protagonistas y redactores del mismo, que constituye una determinada radiografía de la sociedad española»

Destaco la advertencia de Gabilondo porque creo que expresa perfectamente la lógica de los derechos: éstos no son concesiones ni privilegios que se otorgan a los ciudadanos. Son atribuciones de las que los ciudadanos son titulares y por ello debemos ser conscientes de que es a nosotros, a los ciudadanos, a quienes nos corresponde el protagonismo, el deber de un compromiso activo en su ejercicio y defensa. Porque los derechos no están adquiridos, ni garantizados de modo absoluto y para siempre. Se violan de continuo e incluso pueden ser reducidos, aniquilados.

Es un mensaje también de calidad democrática: una sociedad es mejor cuando sus ciudadanos entienden que no son -no somos- consumidores pasivos de los derechos, como mercancías que se nos venden u ofrecen. Hay que pelear por ellos, y de ahí la importancia de la queja. De la queja que no se limita a la indignación o al insulto. La queja que se plantea y se pelea en buen derecho.

Por eso, como concluía Angel Gabilondo, el informe, es una radiografía de la sociedad. Lo es sobre todo en el sentido de que, desviaciones y abusos de los pleiteantes obtusos aparte, los ciudadanos de nuestro país somos cada vez más conscientes de la necesidad de vigilar, para hacer cumplir con nuestros derechos. Y eso, aunque pueda ser incómodo, es señal inequívoca de la vitalidad democrática de nuestra sociedad.

UNA DESPEDIDA Y UN RETORNO

El viernes 10 de marzo, el Consell de la Generalitat me ha hecho el honor de nombrarme conseller del Consell Juridic Consultiu (CJC), el máximo órgano consultivo de la Generalitat Valenciana en asuntos jurídicos, Para un profesor de Derecho, es un reconocimiento que hay que agradecer y una experiencia -un reto- que se promete interesantísima.
Es un cargo incompatible con cualquier puesto representativo, por lo que tendré que renunciar al acta de senador. Me despido así, después de 4 años, del Senado de España, la Cámara en la que he tenido un inmenso honor, el de representar a los ciudadanos valencianos que me eligieron dentro de las listas del PSPV-PSOE. Nunca dejaré de agradecer ese honor a mis conciudadanos y al PSPVPSOE por haber depositado tal confianza en mí.
Han sido 4 años de valiosa experiencia, con los lógicos claroscuros, de la que me llevo sobre todo el haber conocido y compartido trabajo con extraordinarias compañeras y compañeros (y no sólo de mi grupo parlamentario), de los que he aprendido lo que significa trabajar con dedicación y honradez al servicio del bien común, desde la propia perspectiva territorial. He hecho allí amistades de las que se llevan para el resto de la vida. Y he disfrutado de un servicio de Biblioteca y documentación como no he conocido otro en más de 40 años de vida universitaria, en Universidades y centros de investigación de todo el mundo. Mis disculpas por los errores y torpezas que he cometido en estos años. Mi agradecimiento a todos.
El régimen de incompatibilidad del CJC me obliga también a renunciar a las tareas de miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional (CEN) del PSPV-PSOE, un honor que me brindó el secretario general del PSPV-PSOE y President del Consell de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. He formalizado mi renuncia, y la he hecho expresa en la reunión de la CEN del sábado 11 de marzo. Seguiré militando en el PSPVPSOE y aprendiendo de mis compañeros.
A los 70 años recién cumplidos, se abre así otra etapa, que motiva a renovarse. Sobre todo porque, junto a ese trabajo en el CJC, tengo la posibilidad de dedicar un tiempo a la docencia e investigación en mi Universidad, en el Instituto de Derechos Humanos y en el Departamento de Filosofía del Derecho que son, a fin de cuentas, la razón de mi vida profesional. Ese regreso a las aulas universitarias es también un motivo de alegría..

PRESENTACIÓN ANTE EL PLENO DEL SENADO, EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2023, DE LA MOCIÓN PARA PROPONER UNA PONENCIA DE ESTUDIO SOBRE EL IMPACTO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y OTRAS TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS EN LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA, LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN

Por razones de educación (“es de bien nacido ser agradecido”) y de justicia (hay que pagar las deudas), déjenme que comience por reconocer que en el origen de esta moción está una propuesta que me hizo el senador y profesor Reniu, en una de las conversaciones que solemos mantener, para mi suerte.

Creo que esta moción tiene unas características de sencillez y aun diría de tan evidente oportunidad, por la actualidad de cuanto toca al desarrollo de la IA, que excusan una mayor argumentación. Una ponencia de estudio, que además de escuchar las aportaciones de científicos, investigadores y profesores universitarios, porque eso es lo que la especifica, tendrá las características propias del Senado, es decir, obviamente estará atenta y abierta a las perspectivas territoriales …

La relevancia de la IA no es una cuestión nueva: habría que remontarse a una obra de teatro de Karel Capek estrenada en Praga en 1921 R.U.R. (Robots Universales Rossum) – donde aparecían unos humanos artificiales, fabricados para trabajar, que acababan rebelándose contra sus creadores. Los robots, como peligro para la existencia de la humanidad. Asimov desarrolló y enunció, como recordarán, las leyes de la robótica, orientadas a garantizar la preeminencia de los humanos sobre la IA. La literatura de ficción y el cine han contribuido a difundir en la opinión pública una visión distópica, casi apocalíptica del desarrollo de la IA, en la línea inaugurada por la Metrópolis de Lang, aunque se expresara con la admirable capacidad de Kubrick y Clark, en el inolvidable diálogo de 2001, entre la IA Hal 9000 y el astronuta Bowman y en la que, antes de ser desconectado, Hal 9000 preguntaba si podría soñar…

La inteligencia artificial tiene un potencial enorme, pero también traerá las disrupciones inherentes a ciertas tecnologías transformadoras. Margaret Boden, la gran científica y filósofa, creadora del primer laboratorio de ciencias cognitivas y de la computación, autora del libro de divulgación Inteligencia artificial (Turner 2021) sostiene que ningún aspecto de nuestra vida escapará a la IA.

Va a alterar nuestras vidas, ya tan digitalizadas. Lanzará una carrera tecnológica y otra empresarial. Puede modificar los equilibrios geopolíticos y hasta nuestra capacidad cognitiva y nuestras ideas sobre qué es la creatividad. Piensen en algunos campos

Vida cotidiana: una nueva interfaz hombre-máquina

Hace años que los algoritmos se multiplican aunque no los veamos. Los usa Netflix para recomendar series, Red Eléctrica para predecir la energía que será necesaria mañana o Ikea para anticipar los pedidos y organizar su flota de camiones. Pero la nueva inteligencia artificial será más palpable. Porque una novedad de la IA generativa es que maneja lenguaje humano.

Mundo empresarial/laboral

La carrera está lanzada. No sólo ingentes inversiones fluyen para alimentar el desarrollo de sistemas AI, sino que empresas de distintos sectores empiezan a prepararse para absorber en sus mecanismos de funcionamiento las nuevas tecnologías. Jean-Marc Ollagnier, responsable de Accenture Europa, comentaba en una reciente entrevista que la próxima década representará, a su juicio, una revolución empresarial de mayor envergadura que todos los cambios vividos desde 1945, con la IA como uno de los grandes elementos de cambio. La nueva tecnología promete ampliar capacidades y productividad con notables consecuencias en el mercado laboral: se crearán nuevos puestos de trabajo, otros experimentarán una metamorfosis en su desempeño, y otros más desaparecerán, ya innecesarios.

Se intuye, además, una novedad: por primera vez en la historia de la humanidad se podrían automatizar tareas creativas.

Ciencia, innovación, docencia e investigación universitarias.

Pero esta moción se ocupa expresamente del impacto de la IA en el ámbito universitario: en la investigación científica y la innovación, en la docencia y en la evaluación de estudiantes, profesores e investigadores.

En el ámbito de la ciencia y la investigación universitaria y de la docencia, como en otros, se superponen perspectivas alentadoras y problemáticas. El acceso libre a ChatGPT ha desencadenado una alerta acerca de la posibilidad de que los alumnos resuelvan sus deberes o exámenes recurriendo a la máquina. Se avizoran múltiples efectos negativos, como dificultar la evaluación precisa del alumno —esencial para ayudarle en su recorrido— o alterar procesos competitivos —por ejemplo, para becas al mérito, etcétera.

Incluso sin llegar al extremo de la trampa, estos sistemas plantean el reto de alejar a los seres humanos de mecanismos mentales fundamentales en el desarrollo del intelecto, como afinar la capacidad de pensamiento a través de la escritura.

Dice el informe 2021 sobre IA, de la Comisión Nacional de Seguridad de EE UU que “La IA reorganizará el mundo”, porque no hay referencias históricas para calibrar el impacto de la inteligencia artificial. Según el informe, estamos ante algo más que un gran hallazgo tecnológico, una transformación de escala mayor, del tipo que describió Edison al hablar de la revolución eléctrica: “un campo de campos […] contiene los secretos que reorganizarán la vida del mundo”

Es lógico que nos preguntemos ¿Qué función puede tener la IA en la gestión de los asuntos públicos? ¿Hasta dónde debería llegar su papel? ¿Quién controlaría su actuación? ¿Qué riesgo hay de que interfiera y desnaturalice el debate político? ¿Podría en un futuro acabar tomando decisiones en lugar de un ser humano?

La UE, primera entre los grandes actores globales, ya desarrolla iniciativas jurídicas de respuesta y regulación, con la dificultad de anticipación en la materia, que pretende sobre todo definir aplicaciones que crean un riesgo inaceptable. Así, la comisaria de derechos humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, resumió en junio del 2021 las amenazas en el terreno político en una: la “manipulación de la opinión pública”. Mijatovic recordó que las nuevas tecnologías digitales y las redes sociales han propagado la desinformación e incitado al odio y la violencia, “infundiendo miedo en la población y fomentando los movimientos antidemocráticos de extrema derecha”. Y llamó a aprobar una regulación para que las grandes tecnológicas actúen de acuerdo con el marco legal de los derechos humanos.

Por su parte, Timnit Gebru, una inmigrante etíope que lelgó a los EEUU se ha convertido en la <ingeniera del antirracismo> en Silicon Valley desde que, comocodirectora del equipo de investigación de Google para IA ética, señaló que los sistemas de IA de la compañía usaban un lenguaje que marginaba la voz de muchos colectivos. Lo cierto es que todo depende de quién esté detrás de su programación, quién y con qué objetivo desarrolle los algoritmos. Interrogado el propio Chat GPT responde: “Si estuviera programado con otra orientación ideológica sería capaz de generar respuestas consistentes con esa ideología”.

Hay, desde luego, iniciativas parlamentarias y gubernamentales que ofrecen ya una valiosa documentación

Me parece muy útil la denominada Declaración de Toronto (2019): Toronto Declaration: Protecting the right to equality and non-discrimination in machine learning systems. (Amnesty y Acces Now)

La Comisión Europea está promoviendo, a través de su Plan Coordinado de Inteligencia Artificial, el desarrollo de una IA centrada en el ser humano, sostenible, segura, inclusiva y fiable. Además, ha aprobado la Comisión de la Comisión Europea para la eficiencia de ña justicia ha aoptado la European ethical Charter on the use of Artificial Intelligence in judicial systems and their environment, 2019

Por su parte, el Consejo de Europa aprobó en 2017 su Study on the Human Rights Dimensions of Automated Data Processing Techniques (in particular algorithms) and Possible Regulatory Implications, Council of Europe. 2017

Entre los dictámenes de otros parlamentos destacaré el Informe “AI in the UK: ready, willing and able?”, del Select Coommittee on AI, constituido entre 2017 y 2019 en dicha Cámara y que emitió su dictamen el 29 de junio de 2019, “to consider the economic, ethical and social implications of advances in artificial intelligence.” Está disponible en https://publications.parliament.uk/pa/ld201719/ldselect/ldai/100/100.pdf

Por lo que se refiere a nuestro país, recordaré que, en el Indice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI) de 2022, España ocupa un lugar por encima de la media de la Unión Europea. El Gobierno de España aprobó en el año 2020 la Estrategia de Inteligencia Artificial que sienta las bases para su desarrollo en varios ejes. En dicha Estrategia se avanza en medidas de apoyo al desarrollo y la adopción de la IA, donde la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación son uno de sus principales ejes.

Conviene recordar que el Senado constituyó en 2020 una ponencia de estudio sobre la adopción de una regulación de las nuevas realidades tecnológicas, disruptivas y sociales, en el seno de la Comisión de Asuntos Económicos y Tranformación Digital.

Espero y deseo que la Cámara vote favorablemente esta moción y se constituya la ponencia de estudio en el seno de la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades que tengo el honor de presidir.

PRESENTACIÓN ANTE EL PLENO DEL SENADO, EL 22 DE FEBRERO DE 2023, DEL DICTAMEN DE LA COMISION DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES, SOBRE EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO (LOSU)

Señor Presidente, señorías

El Proyecto de ley que se somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado, y que se tramita por el procedimiento de urgencia, tuvo su entrada en esta Cámara el día 3 de febrero de 2023, fecha de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. El plazo de presentación de propuestas de veto y enmiendas terminó el día 9 de febrero.

A este Proyecto se han presentado 2 propuestas de veto:

El veto número 1, del Senador Marín Gascón y las Senadoras Merelo Palomares y Rodríguez de Millán Parro (GPMX) y

El veto número 2, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El proyecto de LOSU ha recibido 310 enmiendas. Su distribución es la siguiente:

11 del Senador Catalán Higueras (GPMX);

5 del Senador Fernández Viadero (GPD);

27 del Senador Sánchez López (GPD);

4 del Senador Egea Serrano y la Senadora Martín Larred (GPD);

6 del Senador Mulet García (GPIC);

4 del Senador Vidal Matas (GPIC);

4 del Senador Martínez Urionabarrenetxea (GPIC);

14 del Senador Gómez Perpinyà (GPIC);

88 de la Senadora Castellví Auví y el Senador Cleries i Gonzàlez (GPN);

11 del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV);

18 del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu (GPERB);

114 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y

4 del Grupo Parlamentario Socialista.

La Ponencia ha estado integrada por los siguientes Senadores y Senadoras:

Argüeso Torres (GPMX),

Castellví Auví (GPN),

Fernández Viadero (GPD),

Fragoso Martínez (GPP),

Latorre Ruiz (GPS),

Magdaleno Alegría (GPS),

Peral Díez (GPV),

Reniu i Vilamala (GPERB),

Sanz Vitorio (GPP),

Torralba Valiente (GPS), y

Vidal Matas (GPIC).

La Ponencia, tras reunirse el día 17 de febrero de 2023, emitió su Informe, en el que acordó aprobar el texto remitido por el Congreso de los Diputados con la incorporación de las enmiendas 277 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y 308 del Grupo Parlamentario Socialista.

Asimismo, la Ponencia, en relación con diversos errores de índole terminológica y gramatical detectados en el referido texto, acordó efectuar las oportunas correcciones, que no tienen la naturaleza de enmiendas a los efectos de lo dispuesto en el artículo 90.2 de la Constitución.  

La Comisión se reunió el pasado día 17 de febrero para dictaminar y acordó por mayoría aceptar como dictamen el texto propuesto por la Ponencia en su Informe.

A este Dictamen se han presentado por los enmendantes y grupos citados al comienzo de esta presentación 14 votos particulares, incluidas 2 propuestas de veto.

Señorías, permítanme expresar mi agradecimiento por su trabajo a los miembros de la Comisión, en particular a los ponentes y también a los servicios de la Cámara. Y como siempre y en primera persona, al letrado D. Pablo García Mexía

Termino.

Sé que sus señorías soportan con paciencia y buen humor mi particular devoción por los clásicos. Se lo agradezco, créanme.

Hoy he pensado en un hexámetro de las Sátiras de Juvenal, que muchos nos repetimos con frecuencia y en el que nos advierte sobre un riesgo: et propter vitam, vivendi perdere causas: en el afán de salvar la vida, perder las razones por las que vale la pena vivir

Sé que todos los grupos parlamentarios queremos lo mejor para esta institución multisecular, una de las grandes creaciones de la civilización, que ha vivido de, y sobrevivido a, múltiples crisis.

Y estoy seguro de que tenemos muy presente que esa advertencia del poeta romano se puede aplicar a nuestra tarea de hoy, en el pleno: queremos reformar la Universidad -una vez más-, para que esté a la altura de las exigencias de un mundo que está cambiando profundamente y así pueda cumplir mejor las que son sus funciones tradicionales y también las que necesariamente ha de añadir.

Esto es y como previene la sentencia clásica, queremos reformarla, no sólo para que (sobre)viva, sino para que no pierda, sino que desarrolle y mejore, sus vivendi causas, las razones que la dieron a luz y que son su razón de ser.

NEURODERECHOS, UN RECONOCIMIENTO NECESARIO (Versión ampliada del artículo publicado en Levante-EMV, 22 de febrero de 2023)

No es arriesgado sostener que el reconocimiento de los neuroderechos constituye una de las dos más importantes y necesarias renovaciones de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), que cumple su 75 aniversario en 2023. La otra -a mi juicio, de importancia incluso mayor-, es la necesidad de reconocer y garantizar lo que los teóricos del <constitucionalismo ecológico> denominan bienes fundamentales vitales.

Se trata de dos ampliaciones en el catálogo de la DUDH que convengo en defender, frente a los partidarios de lo que podríamos denominar una concepción conservadora y obviamente restrictiva de los derechos humanos, que pretende reducirlos al núcleo de una dignidad entendida al modo liberal, que de nuevo hoy pretende excluir del catálogo de los verdaderos derechos a los derechos económicos, sociales y culturales, como la salud, la educación, la protección contra el hambre, la vivienda, el trabajo digno o las pensiones.

La mejor justificación de esa ampliación es la necesidad de hacerl justiciables para todos los seres humanos los bienes, las necesidades que esos nuevos derechos tratan de salvaguardar. En otras palabras, ha llegado la hora de tomar en serio la exigencia de garantía efectiva de esas necesidades básicas. Claro está, semejante exigencia se traduce y concreta en demandar la voluntad política de poner los medios para tal reconocimiento y garantía.

A mi entender, esa justificación concurre en las dos categorías que propongo como ampliación del catálogo de derechos de la DUDH. Desde luego, en esos bienes fundamentales vitales que, precisamente por su dimensión de bienes comunes para todos (más allá incluso de la especie humana) resultan prioritarios. Como ha explicado muy bien Ferrajoli, se trata de bienes vitales naturales, como el agua, el aire incontaminado, el clima estable. Pero también de los bienes vitales sociales, fruto de nuestro ingenio e investigación, como la comida imprescindible, los fármacos esenciales, las vacunas. Unos y otros deberían estar sustraídos al mercado y en particular los naturales, bajo formas fuertes de garantía que recuperen su carácter extra patrimonium y extra commercium.

Pero volvamos a la noción de neuroderechos, tal como la postula quien es reconocido como el más autorizado representante e impulsor de la demanda de reconocimiento de esa categoría, el neurobiólogo profesor Rafael Yuste. Esta propuesta en torno a los neuroderechos es, como tantas otras grandes ideas, tan sencilla como relevante y nace de la necesidad de regulación y respuesta ante el desarrollo de las neurotecnologías, que permiten la aparición de herramientas o técnicas (por ejemplo, los algoritmos) que permiten manipular, registrar, medir y obtener información del cerebro. Como ha subrayado el mismo Rafael Yuste, se trata de una gran oportunidad que nos sitúa ante lo que podríamos considerar un salto cualitativo en nuestra especie, pero también entrañan un grave riesgo, si no se garantiza una adecuada y eficaz  protección jurídica de lo que, en definitiva, es nuestra conciencia.

Por mi parte, me gustaría subrayar que los neuroderechos constituyen un estupendo ejemplo de cómo lo que llamamos derechos humanos no son un concepto abstracto, sino histórico, que admite ampliación de su catálogo, ante la aparición de nuevos bienes que entendemos como necesidades y que se encuentran en riesgo, precisamente porque -como sucede en este caso- el desarrollo tecnológico permite manipularlos, incluso vaciarlos de contenido. Hablamos, sí, de lo que en teoría de los derechos humanos conceptualizamos como necesidades básicas que exigen el tipo de protección más alto, el que ofrece su reconocimiento como derechos humanos universales y nuevos. En efecto, nos encontramos ante necesidades que hasta ahora no reconocíamos, porque no existían como un bien posible, y además no estaban todavía en riesgo: el derecho a la identidad personal, a la privacidad mental, o al acceso equitativo a la mejora cerebral o a la protección contra sesgos introducidos por esas técnicas.

En Derecho constitucional comparado, la categoría de neuroderechos estuvo a punto de lograr su primera constitucionalización en el artículo 19.1 del abortado proyecto de Constitución chilena que disponía lo siguiente: “El desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y se llevará a cabo con respeto a la vida y a la integridad física y psíquica. La ley regulará los requisitos, condiciones y restricciones para su utilización en las personas, debiendo resguardar especialmente la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella”. Esperemos que se recuperen en el nuevo proyecto constitucional.

Todo lo anterior viene especialmente a cuento porque el próximo viernes 24 de febrero tendrá lugar en Valencia la firma colectiva de Neurodrets. La declaració de València, una iniciativa del Consell Valenciá de Cultura (CV), impulsada sagazmente por la filósofa Ana Noguera, y que tiene como objetivo la incorporación de los <neuroderechos> a la Declaración Universal de los Derechos humanos (DUDH. Particularmente significativa me parece la presencia en ese acto de quien, como ya he señalado, es el más reconocido de los impulsores de este reconocimiento, el neurobiólogo Rafael Yuste.

Estamos, pues, de enhorabuena por el hecho de que Valencia se asocie a este acontecimiento y hay que agradecérselo al CVC. Ojalá que asistamos pronto a su positivación en el Derecho constitucional y en el Derecho internacional de los derechos humanos.