Javier de Lucas*
Vox acaba de dar un paso extremo -pero consecuente- en un proyecto electoral que fía buena parte de su apuesta a la centralidad del discurso de la inmigración como amenaza existencial, lo que exigiría medidas radicales, como la denominada Reemigración, una tesis formulada por Martin Sellner en su ensayo Remigration. Ein Vorschlag (Remigración. Una propuesta), y que Alice Weidel incorporó al programa electoral del partido nenonazi AfD (se puede leer aquí: https://www.afd.de/remigration/). Vox, en línea con ello y con las políticas trumpistas, propone expulsar de España a millones de personas; muchas de ellas, ciudadanos españoles de pleno derecho. La señora de Meer, que presentó tal iniciativa (https://elpais.com/espana/2025-07-07/vox-habla-ya-abiertamente-de-deportar-a-ocho-millones-de-inmigrantes-y-sus-hijos.html), reconoció la extrema dificultad de su puesta en práctica, pero apeló a esa versión de la legítima defensa que tiene todo pueblo para su supervivencia, para preservar sus signos de identidad, frente a la amenaza de un “gran reemplazo”, teoría conspiranoica enunciada en un ensayo de 2021 por Renaud Camus (Le gran Remplacement. Introduction au remplacisme global), que denuncia la invasión producida por la inmigración incontrolada. Para Vox, la política migratoria del gobierno y frente a la cual el PP titubea provocarían ese catastrófico efecto que denuncian.
No conocemos la respuesta del PP. Maticemos: sí sabemos lo que piensa la líder en la sombra, la señora Díez Ayuso, que comparte esas tesis y está dispuesta a competir con Vox defendiendo iniciativas similares, con el objetivo de arrastrar a hipotéticos votantes de Vox a las filas del PP madrileño. Pero lo cierto es que, tras leer la ponencia política del reciente 21 Congreso nacional del PP, no está claro cuál es la línea que separa su modelo migratorio respecto al de Vox, aunque el lema que preside el programa, “Nosotros, los españoles”, ya ofrece algunas pistas. Su ponencia política incluye la inmigración las cuestiones de seguridad, y habla de “fronteras desprotegidas” y “descontrol migratorio”. Es clara la línea restrictiva de derechos de los inmigrantes: dificulta su acceso a las ayudas sociales y endurece las condiciones de reagrupación familiar y arraigo. Es verdad que oficialmente el PP se ha desmarcado sin ambages de la propuesta de reemigración de Vox, pero lo cierto es que en el día a día se evidencia la debilidad del PP frente a las presiones de Vox, presiones que doblan la mano al PP en las medidas de política migratoria en los gobiernos autonómicos de Valencia y Murcia, donde el PP necesita el apoyo de Vox para gobernar.
Abascal ya ha adelantado que el PP no tendrá su apoyo tras las próximas elecciones, si no acepta sus medidas sobre migración y asilo. Parece difícil suponer que, si se mantiene esa correlación tras las elecciones generales, el PP pueda evitar el abrazo del oso. Lo más probable es que si el señor Núñez Feijoo necesita los votos de Vox para ser investido presidente, hará de la necesidad virtud, como lo hizo Sánchez con los votos de Junts. Y, por cierto, recordaré que tanto Vox como Junts son formaciones que impugnan abiertamente la Constitución.
¿Pero qué decir del gobierno y, más específicamente, del PSOE? Creo que el gobierno yerra el tiro una vez más, presa del prejuicio de que no puede no enfatizar la prioridad de un discurso de “firmeza ante la inmigración”. Por eso, al final, abraza posiciones restrictivas respecto a la imigración y al asilo, mensajes que sus spindoctors consideran imprescindibles para combatir la crítica de que el PSOE tiene una postura buenista e irresponsable en política migratoria. Es la posición que ha encarnado erre que erre desde el primer día el a mi juicio reaccionario ministro Marlaska, con la ayuda de la manifiesta incompetencia exhibida, también a mi juicio, por la nueva ministra del ramo, la señora Elma Sáiz, probablemente la peor ministra de migración que ha tenido un gobierno en España en mucho tiempo. Una posición que se combina con un paternalismo condescendiente que habla de los inmigrantes como víctimas. Porque, en mi opinión, si hubiera que describir con una palabra la política migratoria y de asilo del PSOE y del gobierno en estos siete años bajo la dirección de Pedro Sánchez, el término obligado es ambigüedad. Me explicaré.
Con la mano derecha, trata de exhibir un lenguaje de “firmeza ante la inmigración” y, para no ser acusados de “buenistas irresponsables”, se recurre al palo, esto es, a las restricciones de derechos, por ejemplo, en la línea del estrechamiento del asilo: el informe 2025 de CEAR muestra que en 2024 nuestra tasa de reconocimiento de solicitudes fue del 18,5%, mientras que la media europea está en el 46,6%. A ello debemos añadir la resistencia del gobierno a cumplir con obligaciones jurídicas básicas, incluso pese a severas admoniciones del Tribunal Supremo en un asunto tan grave como la situación de los menores no acompañados en Canarias (resistencia que cuenta, hay que decirlo, con la insolidaridad de la inmensa mayoría de los gobiernos de las CCAA).
Al mismo tiempo, con la mano izquierda, se predica (nunca mejor dicho) el paternalismo “humanitario”, con el que trata de calmar las reivindicaciones de sus socios a la izquierda: por eso, los responsables del PSOE en esta materia (con alguna excepción, como la exsecretaria de Estado Hana Jalloul), cuando quieren exhibir sus principios, hacen pucheros para mostrar la pena que sienten por los pobres inmigrantes y así, denuncian la crueldad y la ausencia de perspectiva humanista por parte de la derecha. Todos los ministros que han tomado la palabra para contestar a Vox (empezando por el ministro Marlaska, lo que ya tiene su aquél) subrayan la consabida línea roja del gobierno ante ese delirio. Pero sucede que es un rojo muy desvaído, porque consiste en sostener que, ante la inmigración, hay que mantener que se trata de una “cuestión de humanidad”. Una vez más, como ya he señalado, se desvela un buenismo vergonzante, que es el fiel reflejo del complejo que domina a esta izquierda con voluntad de gobernar, el PSOE, en la que el pragmatismo acaba siempre imponiéndose a la coherencia con los principios. Pero no les escucharán respuestas concretas, vinculantes, inmediatas, sobre el cumplimiento de las obligaciones jurídicas, sobre la garantía de los derechos exigidos por la legalidad, la propia y la internacional.
Da vergüenza tener que recordar que la propuesta de Vox es inconstitucional e ilegal, contraria a la mínima garantía de los derechos consagrada en la Constitución, en los instrumentos jurídicos internacionales que nos vinculan y en nuestra propia legislación específica: baste pensar, por ejemplo, en lo que dispone el artículo 14.3 de la ley orgánica 4/2000 (LOEX): “Los extranjeros, cualquiera que sea su situación administrativa, tienen derecho a los servicios y prestaciones sociales básicas”. Pero da vergüenza que saque pecho un gobierno que acaba de perpetrar el dislate de la disposición transitoria 5 del nuevo reglamento de extranjería que entró en vigor el pasado 20 de mayo, de nefastas consecuencias para los demandantes de asilo, que más que un ejemplo de incompetencia técnicojurídica por parte de la ministra Saíz es una muestra de la confusión conceptual acerca del asilo y la inmigración, de la obsesión del ministro Marlaska por evitar que el asilo se convierta en coladero de falsos inmigrantes. Como causa vergüenza que un gobierno progresista arrastra los pies ante la petición de un nuevo proceso de regularización, que tiene un amplio respaldo social, son los clavos que muestran que, en el fondo, no hay voluntad política de ofrecer una respuesta coherente con los pregonados principios de respeto a la legalidad propia e internacional. La conclusión es que, en el fondo, para este gobierno los derechos de los inmigrantes siguen siendo la guinda del pastel, una opción, y no una condición sine qua non, una obligación a garantizar y a hacer respetar.
Por lo demás, a estas alturas, avergüenza también tener que recordar lo evidente, esto es, que además de su inverosímil puesta en práctica, sería una propuesta absolutamente ruinosa en términos del utilitarismo propio de un egoísmo racional, esto es, para la sostenibilidad del PIB, del sistema productivo y del modelo de Estado social de Derecho: un desastre para todos nosotros. Los datos que nos ofrecen el retrato robot estadístico de la realidad de inmigración en España son absolutamente elocuentes (https://elpais.com/espana/2025-07-11/datos-para-entender-la-inmigracion-cuantos-son-donde-viven-y-en-que-trabajan.html). Y por si alguien necesita una explicación pedagógica, le sugiero leer la inteligente campaña divulgativa “sin ellos”, emitida por la sexta: https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/ellos-planta-cara-odio-triunfa-redes-millones-visualizaciones_2025040467efedd5eec2d3000145dd88.html.).
Y avergüenza que, ante sucesos como los que han sacudido hoy Torre Pacheco, sin duda incentivados por Vox, no se saquen las lecciones de lo que sucedió en El Ejido hace 25 años. Entonces, la razzia, el progrom que siguió a la difusión de un homicidio a manos de inmigrantes, un linchamiento colectivo que supuso más de 500 indicios de delito, se saldó finalmente con cero condenas. Hoy, en Torre Pacheco, sorprende la liviana actitud del ministerio del Interior y de la fiscalía ante un proceso social de gran similitud, que arranca de un presumible delito inicial de lesiones contra un anciano de la localidad, presuntamente cometido por un grupo de inmigrantes, conducta criminal que indiscutiblemente ha de ser perseguida y castigada, aunque hay una importante diferencia, fruto de que han transcurrido 25 años. La diferencia es ésta: en El Ejido, el asentamiento de los inmigrantes seguía el modelo de diseminación espacial (ubicación extra muros), como describieron los mejores antropólogos (Ubaldo Martínez, Emma Martín). Hoy, en TorrePacheco, hay un barrio entero de la ciudad, San Antonio, donde están asentados de forma estable y mayoritaria inmigrantes, y donde existe una generación de jóvenes inmigrantes que son el rostro del fracaso de la mal llamada integración, porque no se han puesto los medios para ello, de modo que para buena oparte de ellos, sus expectativas de ascensor social son nulas. Una historia de la que debíamos haber aprendido las lecciones francesas que incluso han sido llevadas al cine (El odio, Los indeseables, Los miserables, Atenea…). Porque aquí, bajo el racismo, lo que subyace es un proceso de exclusión social, de explotación y de desigualdad.
Insistiré una vez más en lo que considero la raíz del problema. Frente a cualquier análisis coyuntural, es preciso reconocer que las migraciones son una constante histórica, un fenómeno multidimensional y plural, a cuya gestión venimos enfrentándonos con una ceguera suicida sobre su condición más relevante: son una cuestión política. El problema es que tanto la derecha como la izquierda utilizan las migraciones como una herramienta para hacer (mala) política. Es decir, somos nosotros, con nuestras políticas migratorias y de asilo (y buena parte de los medios de comunicación, incluidas las redes sociales) quienes construimos las migraciones como un problema existencial que debemos abordar desde la perspectiva de la securitización, como ha analizado Gemma Pinyol, al mismo tiempo que, por debajo de esa coartada, nos empeñamos en usar a los inmigrantes como fuerza barata de trabajo, de usar y tirar. La constante es la más absoluta ignorancia de que las migraciones no son algo bueno ni malo, sino un fenómeno social de alcance global y cuya gestión constituye un desafío complejo, una tarea en la que una y otra vez fracasamos.
Cuando digo que las migraciones son sobre todo una cuestión política es porque me parece claro que más allá de sus innegables dimensiones laborales, económicas y culturales, las migraciones interpelan a las nociones clave sobre las que construimos la política, en el orden interno (estatal) y en el internacional y son uno de los dos grandes desafíos civilizatorios a los que no sabemos enfrentarnos, junto al del cambio climático. Las interpelan y nosotros insistimos en ofrecer viejas e inútiles respuestas, que fracasan una y otra vez, produciendo enorme dolor y con un coste terrible de vidas humanas, Claro, nuestra necropolítica migratoria las considera vidas desechables, costes colaterales del gran negocio que pretendemos con nuestro modelo de explotación unilateral de la movilidad humana.
En efecto, en primer lugar, las migraciones cuestionan el vínculo de exclusividad entre nacionalidad y ciudadanía y la calidad democrática del contrato social y político que ofrecemos a quienes, a diferencia de nosotros (que tuvimos la lotería de nacer del lado bueno de la geografía), nos han elegido para desarrollar su proyecto de vida y expresan su voluntad de hacer todo lo posible por pertenecer y contribuir a la prosperidad de nuestras sociedades. Nosotros les ofrecemos un status demediado, les regateamos el reconocimiento de iguales derechos y les hacemos muy difícil convertirse en ciudadanos, en sujetos de las decisiones que nos afectan a todos: ellos sólo las sufren, no pueden decidir y eso es reinventar el status de esclavitud de los extranjeros en la democracia ateniense.
Pero es que, en segundo lugar, las migraciones son una prueba del desorden internacional, de la desigualdad que no para de aumentar entre el norte y el sur global. Nuestras políticas migratorias y de asilo parten del dogma del dominio unilateral del orden internacional: nosotros imponemos las condiciones de movilidad, decidimos a quiénes, cómo y cuándo queremos recibir y pretendemos que los países del sur, de origen o tránsito de los flujos de movilidad humana las más de las veces forzada, desempeñen el papel de policía a nuestra conveniencia, a cambio de concesiones económicas que, en buena parte de los casos, no van a parar a sus poblaciones, sino a las élites corruptas: en Marruecos, Mauritania, Túnez, Nigeria o Mali. Porque digámoslo claro, la retórica de cooperación con esos países es una cortina de humo. La verdadera cooperación exigiría de nuestra parte inversiones en democracia, desarrollo humano y garantía de los derechos humanos. Algo que no nos importa, porque gato blanco o negro, lo importante es que cace los ratones que nos sobran o nos molestan, los inmigrantes y demandantes de asilo que nos sobran y de los que nos queremos librar como sea. Dinamarca, ha comenzado su presidencia rotativa del Consejo de la UE con medidas inequívocas a ese respecto, que refuerzan el modelo Meloni (cuando no el carácter reaccionario de las propuestas de los Orban, Dudda y tuttiquanti), y ante las que la Comisión Europea que preside von der Leyen se ha rendido con armas y bagaje. Y no nos equivoquemos: cuando la derecha copia las recetas de la extrema derecha, quien sale beneficiada, siempre, siempre, es la extrema derecha y los perdedores no son sólo los inmigrantes, sino todos nosotros.
Hasta que no nos tomemos en serio que la primera condición de toda política migratoria es garantizar la igualdad de derechos de los inmigrantes, en un marco legal en el que sean considerados como iguales sujetos de derechos y deberes, como vecinos que deben poder adquirir la plena condición de ciudadanos, seguiremos fracasando en la gestión de los desafíos de la inmigración.
* Javier de Lucas acaba de publicar Migraciones: la política, en la colección Ágora de la editorial Tirant, 2025, un ensayo en el que condensa 40 años de estudios sobre las políticas migratorias y de asilo