POR FUSTER, MALGRÉ CIERTO FUSTERIANISMO (versión amplada del artículo publicado en La Vanguardia, edición Comunidad Valenciana, 4 de enero de 2022 -Any Fuster-)

La celebración en 2022 del Any Fuster, una acertada e incluso necesaria iniciativa del Consell de la Generalitat Valenciana, propiciará un sinnúmero de interpretaciones y comentarios sobre el escritor de Sueca y sobre su obra.

No sé si harán falta cien años más para que se diluya el feroz y atávico antagonismo de la derecha hacia el autor de Nosaltres, els valencians. Pero no hace falta ser un profeta para prever que se produzcan, en el otro extremo, intentos de «beatificación» por parte de quienes subrayan hasta la hipérbole más disparatada su dimensión intelectual. Como se ha dicho también, semejantes procesos de sacralización seguramente le parecerían al propio Fuster collonades.

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RETRATO DE JOAN FUSTER. AÑOS 80 

Comienzo por reconocer que, para quienes nos situamos en las antípodas del nacionalismo como ideología política -sin que eso signifique desconocer en absoluto su importancia histórica, su eficacia política- es evidente que el Fuster político, oculta a menudo al Fuster escritor, como ha subrayado pertinentemente un experto fusterólogo a la par que fusteriano, el profesor Furió. Pero conviene reconocer la dificultad de separar una y otra dimensión, como añadiré enseguida.

Es ese Fuster político, y su legado en tales términos, el que a algunos de nosotros -a mí, desde luego- nos obliga a cobrar distancia de su figura, porque simboliza un proyecto que consideramos más que cuestionable. Conste que eso no significa -no, en mi caso- poner en duda su relevancia y su eficacia, su influencia, en la formulación de ese que seguramente es el más verosímil valencianismo político. Un proyecto que, como es obligado en toda versión del nacionalismo, exige la (re)creación de una cultura e identidad propias, basada de forma prioritaria, aunque no exclusiva, en la propia lengua. Tal valencianismo político -ligado a la unidad lingüística del idioma que se habla en Catalunya, Valencia y les illes, una tesis que considero científicamente incuestionable- no existiría sin Fuster, creo. Tampoco sus herejías, alguna las cuales pone en cuestión el dogma nacionalista en su versión más pura, como se recordará.

El pero a esa concepción política fusteriana se refuerza para cualquier lector de la reciente y excelente edición que ha cuidado D. Sasson de los escritos de Hobswam (Sobre el nacionalismo, Crítica, 2021). Volver a Hobswam me reafirma en la necesidad de garantizar la riqueza cultural que supone el reconocimiento del nacionalismo cultural, al mismo tiempo que me confirma la necesidad de sostener el rechazo hacia un proyecto, el del nacionalismo político, que consista en crear una multitud de Estados propios cuya razón de ser estribe en el monismo cultural.

El problema es precisamente este: que una parte de quienes reivindican el reconocimiento de esa identidad cultural – el propio Furió- sostiene que eso no es posible, no será eficaz, sin la reivindicación de un Estado propio. Aún más: se empeñan en denostar fórmulas como la del federalismo, que es -a juicio de muchos de nosotros- la que puede permitir conjugar uno y otro propósito, el del reconocimiento de la identidad propia, en el marco de un espacio político común, presidido por el principio de lealtad federal, que se conjuga, sí, en las dos direcciones.

Sin pretender usurpar la categoría de historiador, de la que carezco, un lector suficientemente atento de esos trabajos de E.Hobswam, o de los de John Elliot (por ejemplo, su Scots&Catalans: Union&Desunion, Yale U.P., 2018), puede concluir que la historia muestra cómo esa opción del nacionalismo político nos sitúa ante el riesgo de la pendiente resbaladiza de modelos desigualitarios, si no excluyentes, y que plantea no pocas dificultades para la garantía de las condiciones básicas de la democracia y del Estado de Derecho, como la igual libertad de todos los ciudadanos, sea cual fuere esa identidad cultural, que no tiene sólo la clave nacionalista, sino otras: género, etnia, religión u opción sexual, por ejemplo. Lo saben bien quienes vivieron el nacionalcatolicismo franquista. Y también los que padecen la mimética ideología excluyente sostenida por los Arana, Barrera, Torra o Puigdemont de turno.

Pero volvamos a la figura y obra del Joan Fuster escritor. Por lo que se refiere a su dimensión intelectual, y con todo el respeto a los más autorizados fusterólogos, como el ya citado profesor Furió y mi respetado Toni Mollà, cuyo libro Converses inacabades (Joan Fuster), Tándem, 1992, sigue siendo referencia obligada, discrepo del juicio sobre la entidad del personaje y, sobre todo, de su obra.

Estoy convencido de que Fuster fue un excelente articulista, un buen escritor, un notable ensayista, a la altura -en mi opinión- de Josep Pla, o Eugeni D’Ors. Creo que puede sostenerse con fundamento que fue sin duda el intelectual valenciano por antonomasia en el pasado siglo, un intelectual en el mejor sentido del término, porque como señala Antoni Furió, su legado no es sólo su escritura, sino lo que contribuyó a mover. Y ahí precisamente radica la dificultad de separar al Fuster escritor del Fuster político.

Pero, en todo caso, reconocer su relevancia como intelectual no autoriza dislates como el de quienes, a mi juicio sin rastro alguno de sindéresis, han sostenido en los prolegómenos de la conmemoración que se trata de alguien comparable a Habermas. No digamos ya, parangonarlo con Montaigne, de quien tanto bebió.. Sobre todo, porque Fuster carece de estatura “filosófica”. Y a ese respecto, me permito evocar el conocido episodio del juicio de Fuster sobre Unamuno, en mi opinión, un ejemplo de uso mezquino de la ironía por parte del de Sueca. Mezquino porque lo formula desde una evidente asimetría en el conocimiento y en la capacidad para un pensar filosófico, que es algo muy distinto de la agudeza periodística e incluso de la habilidad para el ensayo. Por supuesto que habrá quien prefiera el tipo de escepticismo y -digámoslo así- cierto epicureísmo mediterráneo de Fuster, frente a un pensamiento que profundizó en la exigente angustia existencial de sello kierkegardiano. No es mi caso, desde luego. Y si se trata de sacar varas de medir sobre profundidad filosófica, dejémonos de frivolidades: no hay comparación posible, entre otras cosas porque creo que Fuster no aspiraba (no habría podido) a la tarea filosófica. Eso no lo hace ni mejor, ni peor: son dimensiones distintas. Y me permito añadir que buena parte de quienes se autocalifican de filósofos no merecen el calificativo de buenos profesores de filosofía, un menester muy digno y hoy quizá más necesario que nunca, frente a desmanes legislativos de toda laya. Reitero: Unamuno fue además de escritor, un profesor y un filósofo que, a mi juicio, no tiene parangón en el siglo XX español. Incluso frente a Ortega. En ese aspecto, a años luz de Fuster.

Por concluir este alegato: creo que la importancia e interés intelectual de Fuster radica, en buena medida, en algo que ha destacado bien   el admirado y ya citado fusteriano, Toni Mollà , esto es, que su obra se inspira en y dialoga con buena parte de lo mejor de la cultura europea y por tanto abre en nuestra tierra el debate con esos vínculos intelectuales. Ahora bien, insisto: elevarlo al partenón de grandes intelectuales europeos, como B Russell o A. Camus, me temo que es otra cosa. De esas que merecen algo más de prudencia y sentido de la proporción.

Porque, en definitiva y a mi juicio, honrar a Fuster es un deber de agradecimiento que incluye evitar la hipérbole de su sacralización, algo que quienes le conocieron bien aseguran que habría detestado.

¿Tenemos derecho a la ciencia? Versión ampliada del artículo publicado en La Vanguardia, 13 de diciembre de 2021

Un argumento del discurso que pronunció el president Puig en el acto institucional de conmemoración de la Constitución, celebrado el pasado 6 de diciembre en la sede de Casa Mediterráneo en Alicante, me llamó la atención y me hizo pensar, a su vez, en el significado de las distinciones acordadas este año por el Consell a la defensa de los derechos y las libertades constitucionales que, desde que se crearon hace tres años, se entregan en este día. En efecto, el president destacó que hay una palabra que sólo se menciona una vez en el texto constitucional y que, sin embargo, tiene una relevancia enorme, la ciencia. Esa referencia se encuentra en el artículo 44.2 de la Constitución, en cuyo apartado segundo se puede leer: «Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general».

¿Tiene sentido sostener que uno de los derechos humanos es el derecho a la ciencia, a la investigación científica? En principio, la interpretación literal y contextual del texto constitucional no permiten proponer que la ciencia y la investigación sean un derecho entre los enunciados en la Constitución. Por ejemplo, es evidente la diferencia respecto a lo que el primer apartado del mismo artículo 44 establece sobre la cultura, enunciada como un derecho de todos (“Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho). No hay tal afirmación en lo que se refiere a la ciencia y a la investigación científica que, por tanto, no son presentadas en sentido estricto como un derecho de todas las personas. Si a eso añadimos que este artículo se sitúa en el capítulo tercero del título primero, que se titula  “De los principios rectores de la política social y económica”, parece claro que los constituyentes no los concibieron como derechos en sentido estricto, sino como principios, criterios orientativos, sí, pero que carecen de la garantía, de la resistencia protegida que se atribuye a los derechos. Lo deja claro el artículo 53, en el capítulo cuarto, donde se exponen las garantías de los derechos fundamentales, esto es, su protección eficaz. Así, en el apartado 3 de ese artículo se atribuye a los principios una garantía y eficacia, por así decirlo, de segundo orden: “El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo Tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen”.

Sin embargo, cualquiera que conozca, por ejemplo, los trabajos de Mikel Mancisidor, profesor de Derecho Internacional y miembro del comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (cfr. por ejemplo), sabe que el derecho a la ciencia está proclamado como tal en el artículo 27 de la Declaración de 1948 y en el apartado 1.b del artículo 15 de los Pactos de derechos conómicos, sociales y culturales de 1966, si bien, como él mismo afirma, se trata del “gran desconocido”. Así lo explica el mismo Mancisidor, en una entrevista reciente: “estaba ya en la declaración de 1948 como derecho a participar en el desarrollo científico y a beneficiarse de sus aplicaciones materiales. Lo que pasa es que estaba muy escondido y olvidado, y la Unesco empezó a rescatarlo a principios del siglo XXI. Posteriormente, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales hizo lo propio con la adopción de este comentario general del que yo he sido correlator en los últimos años”. Se refiere Mancisidor a la importante Observación General no 25/2020, del Comité de los DESC, relativa a “la ciencia y los derechos económicos,
sociales y culturales” . Por ejemplo, el apartado 15 de esta Observación actualiza y explica los contenidos de este derecho: “El derecho a participar en el progreso científico y sus aplicaciones y gozar de sus beneficios comprende tanto libertades como derechos. Las libertades incluyen el derecho a participar en el progreso científico y a disfrutar de la libertad indispensable para la investigación científica. Los derechos comprenden el derecho a gozar, sin discriminación, de los beneficios del progreso científico. Esas libertades y derechos implican obligaciones no solo negativas, sino también positivas, para los Estados”. El ejemplo que aduce me parece muy ilustrativo: “El mejor ejemplo actualmente sería el del acceso a las vacunas de la covid y el reto de que este sea universal y sin discriminación”.
Es evidente, pues, que desde el punto de vista del Derecho internacional de los derechos humanos, la respuesta a la pregunta inicial es afirmativa: sí, existe un derecho humano a la ciencia y a la investigación científica, con los perfiles que acabo de recoger.
Dicho eso, ¿debemos incorporar ese derecho a nuestra Constitución?
En estos días se ha hablado de la Constitución y sus posibles reformas. Por cierto: contra el tópico tan frecuente entre periodistas, políticos y ¡ay! profesores, me gusta insistir en que nosotros tenemos Constitución, no <Carta Magna>: aquí no hubo ningún rey soberano, haciendo concesiones graciosas a sus súbditos. La Constitución, muy al contrario, emana directamente de la soberanía de los ciudadanos, del pueblo. Pero volvamos al asunto. Entre las propuestas de reforma, no ha faltado la reclamación de conseguir que algunos de los derechos enunciados en el capítulo tercero -por ejemplo, salud (artículo 43); vivienda (artículo 47) y, por qué no, medio ambiente (artículo 45)- tengan el mismo rango de garantía y eficacia que los del capítulo segundo. ¿Qué decir de la ciencia y de la investigación científica?
La pandemia y la crisis climática han puesto de manifiesto con meridiana claridad que la mayor esperanza con la que contamos frente a los desafíos que ponen en serio riesgo nuestra supervivencia, viene de la investigación científica, de la ciencia. Los avances conseguidos por la comunidad científica tienen, además, una gran trascendencia en el día a día de cada uno de nosotros. Y ello, en buena medida, a partir de la investigación básica, también por lo que se refiere a ciencias sociales y humanidades, no lo olvidemos. Una investigación que en más de un 70% se lleva a cabo en las universidades. Quizá donde nos resulta más evidente hoy es en el campo de las ciencias de la vida, en particular en la biomedicina, un ámbito en el que la garantía eficaz de derechos básicos -la vida, la salud- avanza de la mano del progreso científico.

Y ahí es donde enlazo con las distinciones que ha otorgado el Consell de la GVA en este año. Porque, además de reconocer la admirable labor de la plataforma de ONGs Sense Llar, por su abnegada y constante lucha por los sin techo (quienes no tienen derecho a la vivienda), estos premios que, recuerdo, tienen como argumento la defensa de los derechos y las libertades constitucionales, han recaído en tres personas excepcionales, los profesores Ana Lluch, Avelino Corma y Francis Martinez Mojica, representantes de la ciencia y la investigación, cuya promoción constituye un deber de los poderes públicos. La ciencia y la investigación quedan así reafirmadas como expresión del interés general, porque hacen posible la mejor garantía de los derechos. Lo que significa que todos tenemos derecho a que ciencia e investigación sean objeto de promoción. Eso se concreta, como recordaron los propios premiados, en inversiones. Pero, como también insistieron los premiados, sin la coordinación entre el gobierno central y las Comunidades autónomas y, sobre todo, sin el concurso de la iniciativa privada, será imposible alcanzar el objetivo del 2% del PIB. Por eso me parece que acierta en su insistencia la ministra Morant, cuando subraya que hay que apostar por “acompañar a las empresas” para crear más “cultura de la ciencia” y conseguir ese objetivo. Una colaboración que es idea clave en el sistema científico: recordemos que la característica fundamental de la ciencia es, debe ser, constituir una comunidad abierta, y hoy se subraya la importancia que tiene para el progreso científico que esa comunidad sea capaz de conjugar esfuerzos de equipos multi y transdisciplinares.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2022 dedican a ciencia e innovación la mayor inversión en la historia de nuestro país, tal y como explicó la ministra Diana Morant: el presupuesto del ministerio de Ciencia e Innovación para 2022 es de 3.843 millones de euros; un aumento del 19% respecto a los de 2021, que casi duplica la cifra de 2020. Por ejemplo, se destinan 2.854 millones de euros a fomento y coordinación de la investigación científica y técnica y 200 millones de euros para el Programa Invierte. También los presupuestos de la Comunidad Valenciana: así, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), se destinarán más de 14,6 millones de euros dentro de los Planes Complementarios de I+D+I. Además, por ejemplo, se atribuyen 28,3 millones de euros a programas para atraer, retener y consolidar talento humano y mejorar el trabajo de nuestros investigadores e investigadoras. Pero hace falta más: hay que tener en cuenta que aún nos encontramos por debajo de la media de la UE en este capítulo. En efecto, la media europea del gasto en I+D estaba en 2019 en el 2,23% del PIB. En España, sólo el 1,25%.

La ciencia no sólo es un derecho. Es, debe ser, un poderoso instrumento al servicio de los derechos humanos. Así lo entiende la Agenda 2030, que ha creado un foro colaborativo sobre ciencia, tecnología e innovación para los ODS y una plataforma ‘online’ desde la que compartir conocimiento tecnológico. Todo esfuerzo por aumentar la inversión en ciencia e investigación y ponerla al servicio de estos objetivos es poco, porque lo que se dedica a ello no es gasto. Y no sólo porque incremente nuestra riqueza: porque es inversión en nuestros derechos, en mejorar las condiciones de vida de todos nosotros.

LOS DERECHOS DE TODOS (versión ampliada del artículo publicado en Infolibre, 12 de diciembre de 2021)

El día internacional de los derechos humanos, que conmemora la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU en 1948, es uno de los test más claros del desgaste que produce la reiteración de este tipo de conmemoraciones. Sobre todo, por el contraste entre la retórica que abunda en esas celebraciones y la consabida terquedad de los hechos. Estos evidencian las incontables violaciones de los derechos allí proclamados, que hacen que la Declaración, pretendidamente universal, suene hueca en contraste con la realidad que sufre una buena parte de los seres humanos. En el lado de la crítica de tal celebración se encuentran también las voces que reiteran que, a la vista de los sesgos culturales ye ideológicos presentes en este texto y que hoy se nos hacen difícilmente aceptables y evidentemente poco universales, y a la vista también de su dependencia de un contexto histórico hoy sobrepasado, como lo muestra por ejemplo la ausencia de una perspectiva ecológica, no hay razones para festejar, sino más bien para lamentar.

Por otra parte, no les falta la razón a quienes subrayan que, pese a todas sus limitaciones, ese acuerdo alcanzado en 1948 sería una utopía hoy, cuando parece imposible un consenso comparable con el que dio a luz la Declaración, marcada por la necesidad de responder al daño que supuso para la humanidad la experiencia de la segunda guerra mundial. Ni la terrible amenaza de la pandemia, ni la evidencia del riesgo en que nos encontramos para la sostenibilidad de la vida en el planeta, parecen suficientes para asegurar hoy consensos que impliquen compromisos a la altura de los retos, como acabamos de comprobar en la COP26. Entre otras razones, porque hoy falta la voluntad política y seguramente la autoridad e inteligencia de quienes sí supieron responder a aquel desafío: líderes como Eleanor Roosevelt, que pilotó el proyecto, junto a un extraordinario grupo de políticos e intelectuales. Por ejemplo, el jurista francés René Cassin, autor del primer borrador; el abogado canadiense John Peters Humphrey, primer director de la División de derechos humanos de la ONU y verdadero cerebro gris en las negociaciones, o la delegada de la India, Hansa Mehta, quien, como nueva Olimpie de Gouges, enmendó el texto del artículo primero, “todos los hombres nacen libres e iguales”, para que dijera “todos los seres humanos nacen libres e iguales”.

Si entendiéramos la universalidad de los derechos como condición efectiva, empírica, un resultado, parece claro que no estamos para celebraciones. Sin embargo, creo que es cada vez más evidente la importancia, aún más, la necesidad de defender esa universalidad como propuesta, como tarea exigente y ambiciosa, de la que ni podemos ni debemos abdicar. El valor del mensaje de universalidad es el de luchar por conseguir que se reconozcan por igual todos y los mismos derechos a todos los seres humanos, cada uno desde su insustituible particularidad, desde sus diferencias. Lo que significa, claro, que la negación de su titularidad o la ausencia de garantía de alguno de esos derechos para alguno —en realidad para muchos— seres humanos, por razón de su sexo, de su pertenencia a un grupo étnico, nacional o religioso, o a una clase social, o por su opción sexual o de cualquier otro tipo, es una violación de los derechos de todos los seres humanos, es decir, de los nuestros.

Por otra parte, me parece evidente que, frente a las consabidas críticas por la ausencia de eficacia de la Organización de las Naciones Unidas, la arquitectura institucional dispuesta por la ONU a lo largo de estas siete décadas, a partir de la Declaración, de los Pactos de Derechos Humanos de 1966 y del sistema de Convenciones y Comités, ha sido imprescindible para avanzar en la aspiración de extender su reconocimiento y garantía a todos los seres humanos por igual. Comenzando por lo más necesario: la necesidad de eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres (incluyendo, claro, las formas de violencia que sufren por el hecho de serlo), que no por azar fue y sigue siendo el primer objetivo que se propuso la ONU en la tarea de garantía y efectividad de derechos. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, que acordó la Asamblea General en su resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979, sigue siendo la herramienta jurídica más importante, probablemente junto al instrumento jurídico del que se dotó por su parte el Consejo de Europa para prevenir y luchar eficazmentecontra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, el Convenio de Estambul, de 11 de mayo de 2011. Queda mucho por hacer, por supuesto. Pero si se mira a la situación en 1948, no es menos evidente cuánto se ha avanzado en esta exigencia imprescindible de civilización que es la igualdad entre hombres y mujeres. 

Ahora bien, una vez más conviene recordar que no hay avances irreversibles: ni en ésta, ni en las demás causas por los derechos humanos. Esa es una razón suficiente para que siga siendo necesario insistir en un mensaje, el del vínculo entre tomar en serio los derechos humanos y hacer lo propio con la democracia. Porque se trata de hacer entender que todos y cada uno de nosotros somos los verdaderos señores de los derechos, esto es, que no son concesiones que nos hace un soberano (en una Carta Magna), ni regalos otorgados por los académicos, los políticos, las ONG, los jueces o los funcionarios. Afirmar que los derechos son humanos, significa que son nuestros en el sentido de que todos nosotros por igual somos sus titulares y, por tanto, que todos y cada uno somos responsables de cuidar de ellos, de luchar con los medios que el Derecho pone a nuestro alcance para que esos derechos se mantengan y se fortalezcan. Y me gustaría recordar dos condiciones para que esa lucha sea eficaz.

La primera nos la enseña una y otra vez la historia. Casi siempre, los avances en los derechos se han originado en la razón de un solo individuo (como proponía Thoreau, o como postuló la mencionada Olimpie de Gouges), o de unos pocos, que han expresado con firmeza y con argumentos su disidencia respecto a la opinión o al estado de cosas dominante. Pero si esa voz o voces aisladas no consiguen movilizar a la mayoría, el avance se enquista en conflicto o en debate para élites. Luchar por los derechos exige no tanto exhibir superioridad moral y recrearse en ella, sino más bien ser capaz de saber sumar, lo que quiere decir no sólo movilizar, sino convencer y negociar. Y eso me conduce al otro requisito para una lucha eficaz por los derechos.

Porque la verdadera condición previa, claro, consiste en saberlo y saberlo explicar. Ser conscientes de que los tenemos a nuestro alcance —a nuestro cuidado— y que depende de nosotros el que se vivan como tales. Eso quiere decir que, para luchar eficazmente por los derechos, primero es necesario educar en ellos, un objetivo que debe estar en el centro de cualquier programa político. Una exigencia que debe requerirse, en particular, en la formación de aquello a quienes profesionalmente hemos encomendado las tareas que hacen posible ese reconocimiento y garantía: jueces, fiscales, policía, funcionarios, profesores, profesionales de la comunicación.

Si queremos que el mensaje de los derechos humanos sea un mensaje de liberación por igual no debemos utilizarlos como ladrillos para levantar muros, sino como puentes que nos ayuden a construir juntos una sociedad más decente

Lo que pretendo recordar, una vez más, es que tomar en serio la obligación de educar en derechos humanos es mucho más que enseñar un conjunto de textos, un catálogo de derechos. Es aprender que las instituciones jurídicas y políticas (comenzando por leyes y tribunales) sólo adquieren sentido si sirven al objetivo de la mejor garantía de la igual libertad de todos. Se trata, insisto, de aprender a vivir los derechos, a servirse de ellos y también a defenderlos como lo que son: algo propio y, a la vez, común a todos. Frente a quienes se recrean en seguir glosando la aguda –y cínica– crítica de Bentham al calificar la noción de derechos humanos como “un sinsentido con zancos” (“natural rigts are… a nonsense upon stilts”, 1831), recordaré el acierto del joven Marx (en sus artículos en la Gaceta Renana entre 1842 y 1843 y en ensayos como la Crítica de la cuestión judía en 1843 o la Crítica de la filosofía del Derecho de Hegel en 1844), al subrayar el riesgo de que esos derechos proclamados en el 89 no fueran otra cosa que barreras que permitían el espléndido aislamiento de quienes pretenden vivir “a salvo” y por encima del resto de la sociedad. Si queremos que el mensaje de los derechos humanos sea un mensaje de liberación por igual, para todos los seres humanos, no debemos utilizarlos como ladrillos para levantar muros, sino como puentes que nos ayuden a construir juntos una sociedad más decente.

La gestión migratoria, como test de la democracia (versión ampliada del artículo publicado en Infolibre, 24 de octubre de 2021)

El pasado martes 19 de octubre, el Consejo de ministros aprobó el Real Decreto 903/2021, por el que se reforma el Reglamento de la Ley de Extranjería, mediante nueve proposiciones, encaminadas a facilitar la situación de legalidad de los menores inmigrantes tutelados y su inserción laboral. En efecto, esos menores, a los que España, en cumplimiento de las exigencias de la propia legalidad y de la legalidad internacional, debe ofrecer y ofrece un régimen de protección en tanto que menores, se encontraban hasta hoy ante un cúmulo de dificultades cuando cumplían su mayoría de edad. Barreras que convertían en un laberinto el lógico objetivo de hacer efectiva su situación legal y acceder al mercado laboral. Es decir, para poder realizar un proyecto como el que queremos tener cualquiera de nosotros: vivir y trabajar dignamente.

Esta decisión del Gobierno ha sido objeto de diferentes interpretaciones y comentarios. Quiero referrime a algunas de ellas.

Los hay, por ejemplo, que han subrayado, en clave de política partidaria, que la reforma ha sido una victoria del equipo del ministerio que dirige Escrivá, que sostenía este proyecto frente a las reticencias del ministerio del Interior, dirigido por el ex-magistrado Grande Marlaska. Que ha habido tensión dentro del Gobierno y no sólo entre los socios de la coalición, sino entre dos ministerios que corresponden al socio mayoritario, resulta difícilmente discutible. Y no tiene nada de extraño, ni es necesariamente negativo. Es normal en un gobierno plural, con ministros más conservadores, más partidarios del discurso de seguridad y control de fronteras, como el de Interior y otros de perfil técnico y más abierto, más atentos a las oportunidades que el reto migratorio comporta, como el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En realidad, esa tensión está presente hoy en cualquier gobierno de centroizquierda (no en los de derecha, monotemáticamente consagrados al discurso de orden púbico y a la estigmatización de la migración), porque no hay ninguno que pueda permitirse dejar de abordar un asunto tan complejo como el de la política migratoria, en la que convergen perspectivas y exigencias que muchas veces entran en rumbo de colisión. Y no es el menor de esos dilemas el que enfrenta la garantía efectiva de los derechos de los inmigrantes, de un lado y, de otro, las exigencias de una concepción de soberanía territorial junto a las reglas del mercado laboral entendido en clave, como mucho, socioliberal, tal y como vigila Bruselas. Conjugar ambas perspectivas no es fácil, aunque se tenga clara la prioridad de la garantía de los derechos humanos. De hecho, lo que sucede en el ámbito de la política migratoria y de asilo europea (que es sobre todo la política de los gobiernos europeos que cuentan de verdad) es que esta prioridad se queda muchas veces en papel mojado, ante las imposiciones de quienes de verdad deciden en la Unión. Son los gobiernos alemán, francés, danés, belga y holandés, que tienen claro que el espacio de libertad, seguridad y justicia comunes es un espacio de libre circulación de personas, pero sobre todo de capitales y mercancías, en el que los inmigrantes son sobre todo mano de obra que debe producir beneficio, porque la verdadera prioridad es el imperio de la libre competencia y la maximalización del beneficio. O sea, el libre mercado, amigos, que decía aquel, aunque esté un poco sometido a ciertos límites, conforme al modelo de capitalismo renano.

Ha habido también quienes, desde una perspectiva más técnico-jurídica, han examinado el articulado de esa reforma y han destacado los avances en términos de reconocimiento de derechos, oportunidades laborales y también las dificultades de su puesta en práctica. En lo que a ello se refiere, remito al lector al análisis de una autoridad en Derecho migratorio laboral, al mismo tiempo que un referente por su inequívoco compromiso con los derechos, el profesor Eduardo Rojo. Si a alguien le interesa conocer con detalle los porqués y los cómos de esta reforma, hará bien en asomarse a su blog, en el que —desde hace tiempo— ha examinado los diversos elementos que entran en juego, ha analizado las diferentes versiones de la reforma y acaba de proporcionar argumentos minuciosos y convincentes sobre su justificación técnica y alcance.

A mí me interesa sobre todo situar al lector ante una perspectiva ligeramente diferente. Quiero utilizar esta reforma como test de otra lógica jurídica y política posible y, a mi juicio, deseable. La que debe ayudar a construir un modelo diferente de política migratoria. Un modelo más coherente con la aspiración a una democracia plural, equitativa e incluyente.

Vericuetos de la universalidad y la prosperidad: egoísmo racional y derechos

La necesidad de esta reforma ha sido una convicción que han defendido profesores, investigadores, expertos, militantes de los derechos humanos y ONGs desde hace años y así han tratado —hemos tratado— de argumentarlo, ante la opinión pública y ante los responsables políticos. Muy recientemente, más de 250 organizaciones suscribieron un manifiesto para exigir esta reforma del reglamento. Por eso, al tener noticia de la decisión del Gobierno, han emitido un comunicado en el que resumen las razones por las que valoran muy positivamente este paso.

El equipo del ministro Escrivá, desde su inicio, apostó por esta reforma. Así lo sostenía quien le acompañó como Secretaria de Estado de Inmigración desde el comienzo, Hana Jalloul. El ministro lo hizo oficial de forma muy clara, y también el actual secretario de Estado, Jesús J. Perea, quien ha insistido en numerosas ocasiones en mejorar el sistema público de acogida de menores y en la necesidad de poner al día nuestra normativa en la garantía de los derechos de estos menores. Y ello desde una convicción que está muy lejos del buenismo irresponsable que tanto critica la extrema derecha y también la derecha de nuestro país.

La reforma se basa en un análisis realista de los beneficios que puede proporcionar una inmigración, sí, ordenada, regular, pero también segura, es decir, segura para los inmigrantes en primer lugar. Seguridad que es seguridad jurídica, seguridad en libertades y derechos, tanto como en deberes. Una propuesta que se basa en los sólidos estudios —también demográficos, algo muy importante para el futuro de países como España— que demuestran que una buena regulación de los movimientos y de la presencia estable de los inmigrantes redunda en la riqueza del país que los recibe, riqueza en todos los órdenes. Ese asunto ha sido objeto de estudio por el economista canadiense David Card, que recibió este año el premio Nobel de economía y que demostró en sus estudios sobre la inmigración cubana en Florida lo infundado de los prejuicios y bulos sobre el impacto negativo de la inmigración en el orden laboral y económico. Prosperidad, es un objetivo a nuestro alcance —al alcance de los de aquí, y también de los que llegan aquí— si se gestionan mejor , de otra manera, las migraciones.

En definitiva, es lo que con mucha prudencia y un lenguaje que podríamos calificar incluso de timorato, proponía el Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration adoptado por la Asamblea General de la ONU el 19 de diciembre de 2018, tras los acuerdos de Marrakech. Ese pacto, recordemos, aunque no tiene fuerza normativa, fue rechazado por los EEUU, Australia, Chile o Israel y por Estados miembros de la UE como Austria, Hungría, Polonia, Chequia o la Italia de Salvini. El pacto sólo pretende orientar sobre las buenas prácticas de política migratoria y, lo que es quizá más importante, señalar las prácticas rechazables, que deben ser evitadas. En materia de menores migrantes, el pacto obviamente refuerza “el principio del interés superior del niño en todo momento, como consideración primordial en cualquier situación que afecte a los menores en el contexto de la migración internacional, incluidos los menores no acompañados y separados” y por ejemplo, señala como objetivo “poner fin a la práctica de la detención de menores en el contexto de la migración internacional.” Muy concretamente, el objetivo 15 f (nº 31) afirma la necesidad de “proporcionar una educación inclusiva y equitativa de calidad a los niños y jóvenes migrantes, y facilitar el acceso a oportunidades de aprendizaje durante toda la vida, por ejemplo, aumentando la capacidad de los sistemas educativos y facilitando el acceso sin discriminación al desarrollo de la primera infancia, la enseñanza académica, los programas de educación no académica para los menores que no puedan acceder al sistema académico, la formación profesional y en el empleo, y la formación técnica y lingüística, y fomentando las alianzas con todas las partes interesadas que puedan apoyar esta labor.” Hay que recordar que España es Estado garante del pacto.

Pero no es sólo por coherencia con lo que hemos hecho (y sí, gastado) con esos niños, ni sólo por egoísmo racional, por lo que debemos abrir paso a otra política migratoria que permita —como en el caso de la reforma del reglamento de extranjería— que esos niños inmigrantes se puedan convertir en trabajadores regulares. Y que puedan llegar a ser ciudadanos iguales a los demás, con todos los derechos y obligaciones. Esta es la cuestión de fondo que quería señalar.

Sabemos por experiencia que los derechos de los otros son los nuestros. Que luchar por su reconocimiento es luchar por la universalidad aceptable, que no es la de la imposición hegemónica de nuestro modelo cultural, de nuestros intereses, sino la universalidad del reconocimiento de otro como igual. Porque los derechos de esos otros —las otras, en primer lugar, y también esos otros, los diferentes por opción sexual, lengua, religión o nacionalidad de origen— son nuestros derechos.

Tenemos una oportunidad y debemos saber aprovecharla (evidentemente, teniendo en cuenta siempre los riesgos, las dificultades innegables) para renovar las bases y condiciones de nuestro contrato social. Para ofrecer un contrato social que no relegue a esas personas al estatus de sujetos de segundo orden, casi de semiesclavitud, propia de su condición de vidas desechables, como ha mostrado Butler, como denunció Sayad y como critica Mbembé, al calificar como necropolítica la concepción que está en la base de la política migratoria. Un nuevo contrato social y político que sea atractivo para que, quienes desean llegar a nuestro país por el objetivo de mejorar sus condiciones de vida, tengan también la voluntad de convertirse en ciudadanos de pleno derecho, en españoles como nosotros. Ciudadanos con derecho a participar en el establecimiento y desarrollo de las reglas de juego. A votar y ser votados. Ciudadanos que, desde sus diferencias, contribuyen a construir un país más grande, más rico y, desde luego, mejor, más decente, más libremente igualitario. Ese es el reto. Un reto que exige ser capaces de diseñar instrumentos como el que ofrece esta reforma. Bienvenida sea.

Bienestar animal: ni más, ni menos que un buen paso

Una reforma legal largamente esperada

El pleno del Senado aprobó el pasado 17 de noviembre la proposición de ley de modificación del Código Civil (CC), la Ley Hipotecaria (LH) y la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), sobre el régimen jurídico de los animales. Se trata de responder a situaciones cada día más frecuentes, como divorcios y separaciones de parejas que, tras una ruptura, desean seguir compartiendo su vida con su mascota, o también en caso de fallecimiento de la persona con quien convivía el animal de compañía (me resisto a utilizar el término jurídico «dueño»; enseguida explicaré por qué).

Esta reforma legal, similar a la realizada, por ejemplo, en Francia (artículo 515.14 de su Código Civil, tras la reforma de 2015, que define al los animales como “êtres vivants doués de sensibilité”), aunque más amplia, es coherente con el punto de inflexión que significó lo dispuesto en su día por el artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que estableció claramente que los animales son seres sensibles o seres sintientes, esto es, no son cosas, aunque incluyó una cláusula de salvaguardia de especificidades de las disposiciones de los Estados miembros que ha sido objeto de no pocas críticas: “Al formular y aplicar las políticas de la Unión en materia de agricultura, pesca, transporte, mercado interior, investigación y desarrollo tecnológico y espacio, la Unión y los Estados miembros tendrán plenamente en cuenta las exigencias en materia de bienestar de los animales como seres sensibles, respetando al mismo tiempo las disposiciones legales o administrativas y las costumbres de los Estados miembros relativas, en particular, a ritos religiosos, tradiciones culturales y patrimonio regional”). 

Hay que recordar que, en nuestro país, ya el Código Penal, tras la reforma de 1 de julio de 2015, había tipificado como delito en su artículo 337 bis el abandono a un animal doméstico en condiciones de peligro para su vida o integridad. Además, están tipificados como delitos la conducta de “maltrato animal” (artículo 337.1), el tipo agravado de “maltrato con resultado de muerte” (artículo 337.3) y el “maltrato cruel en espectáculos no autorizados legalmente” (artículo 337.4).

Aproximadamente 30.000 de las 100.000 parejas que se divorcian al año en España conviven con una mascota, por lo que urgía definir la relación de los animales con los humanos en el ámbito familiar y especialmente en momentos de ruptura.

En la defensa de la proposición de ley en el Senado, la senadora socialista por Salamanca Elena de Diego recordó que esta modificación legislativa “supone un cambio necesario y demandado por la sociedad española, contraria a tratar a los animales de compañía como meras cosas y, por supuesto, a su maltrato. Los animales no pueden ser considerados como cosas en nuestro ordenamiento jurídico, sino como lo que son, seres vivos con sensibilidad”. Por tanto, la razón de ser de la reforma es garantizar la protección del animal, frente al sufrimiento que supone para él alejarlo de su hogar y de su vida compartida hasta ese momento. Aproximadamente 30.000 de las 100.000 parejas que se divorcian al año en España conviven con una mascota, por lo que “urgía definir la relación de los animales con los humanos en el ámbito familiar y especialmente en momentos de ruptura”, señaló por su parte Mª Victoria De Pablo, senadora socialista por La Rioja, quien subrayó que esta proposición de ley trata de “ofrecer seguridad jurídica a los animales y también a su relación con los humanos”. Ese debate en el Senado introdujo algunas mejoras en el texto, por ejemplo, al incorporar a las parejas de hecho en el articulado referido a la protección de las mascotas en caso de separación de los convivientes.

Las consecuencias no son nada abstractas. Así, por ejemplo, tras la reforma del artículo 111 de la LH, un animal de compañía no podrá ser tratado como si fuera como una lámpara o una mesa y no podrá ser hipotecado. Tampoco, después de la reforma del artículo 605 de la LEC, podrá ser embargado. Asimismo, conforme a la nueva redacción de los artículos 90, 91, 94bis, 103, 333 bis o 914 del CC, el juez ha de tener en cuenta el bienestar del animal de compañía en procedimientos de divorcio, nulidad, separación o rupturas de parejas, a la hora de determinar quién se quedará con él, o un tiempo de convivencia o incluso un régimen de visitas, con independencia de quién sea el titular de la documentación y/o microchip del animal, lo que deberá constar en el convenio de nulidad, separación o divorcio. Su consideración de seres sensibles evita situaciones tan dolorosas como que un animal tenga en un accidente de tráfico la misma consideración que una maleta y no exista obligación de atenderlos.

El compromiso del Gobierno con la protección de los animales

Este Gobierno y, desde luego, el Partido Socialista, están comprometidos con la protección y defensa de los animales. Lo acredita el hecho de que, por primera vez, se cuente con una Dirección Generalpara los Derechos de los Animales. La agenda legislativa demuestra también ese compromiso: además de aprobar la mencionada proposición de ley,ya  está en curso un anteproyecto de Ley de protección y derechos de los animales, en período de exposición pública desde el 6 de octubre.

Por otra parte, y de acuerdo con el compromiso que supuso que en 2017 el entonces gobierno español ratificara el Convenio Europeo sobre Protección de Animales de Compañía de 13 de noviembre de 1987, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha puesto en marcha un «Plan de actuaciones para la tenencia responsable de animales de compañía (PATRAC)», con el propósito de promover un cambio de actitud en la relación con los animales, así como el de avanzar en la ordenación, transparencia y colaboración del sector. Asimismo, se ha elaborado, por ejemplo, una guía sobre las condiciones de bienestar animal para el transporte por carreterade perros y gatos en España, donde se describen los requisitos de bienestar animal que debe cumplir ese tipo de transporte. Deben reseñarse asimismo iniciativas legislativas de algunas comunidades autónomas, como el Proyecto de ley de protección, bienestar y tenencia de animales de compañía y otras medidas de bienestar animal, impulsado desde el Govern del Botànic y actualmente en curso en les Corts valencianes, desde el pasado 15 de octubre.

Finalmente, cabe recordar que, en consonancia con las recomendaciones formuladas por diversas ONGs especializadas en la protección de derechos de los animales, como APDDA y PRODA, y como explicó con mucha claridad Marivi Vaquer en este artículo, la nueva Ley de Educación, la LOMLOE aprobada en diciembre de 2020, incorporó la promoción de la empatía hacia los animales dentro del currículo obligatorio en todos los niveles de enseñanza. Por ejemplo, en su artículo 17, apartado i, que establece como objetivo educativo “Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan la empatía y su cuidado”, lo que se reitera en el artículo 23 K, en el que se señala el objetivo más amplio de “Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora”. 

Un largo camino por recorrer

Todo lo anterior me permite sostener que la aprobación de esta ley es, sin lugar a dudas, un buen paso. Pero falta mucho aún: baste pensar, por ejemplo, que esta ley se refiere a  los animales de compañía, dejando al margen al resto de animales, algo que ha sido criticado no sin falta de razón como una discriminación basada en una perspectiva que prima el interés de los humanos por sus animales más cercanos, los que le ofrecen el calor de su compañía (que no necesariamente son los genéticamente más próximos a los seres humanos), y no el de los mismos animales. Hay un largo camino hacia el objetivo en el que muchos creemos, que debe ser el del reconocimiento de los derechos de los animales no humanos. Porque, también si hablamos de los animales, el bienestar no es lo mismo que el reconocimiento de derechos. 

Creo que hace un flaco favor a la tesis bienestarista —sin negar su genuina buena intención—, el hecho de que esa perspectiva del bienestar animal parece frecuentemente ligada aún a cierta ñoña sensiblería en nuestra consideración de los animales (en particular de los animales de compañía). Una mirada que Sánchez Ferlosio atribuía en no poca medida al pernicioso legado de lo que él denominaba «mensaje Disney», como se puede leer en su libro póstumo De algunos animales: Bestiario ilustrado, y como ya había dejado escrito en numerosos artículos y en algún otro ensayo. Es la mentalidad que sólo tiene en consideración a los animales en la medida en que los antropomorfiza. 

Y es que, tras la mirada propia del bienestarismo, con mucha frecuencia encontramos el reflejo de una cultura especeísta y paternalista, de una concepción anclada en el fondo en el mensaje bíblico de Adán (ni siquiera Adán y Eva), al que se otorga la condición de dueño y señor de la creación, trufado del cartesianismo (los animales como máquinas), que tanto han hecho a favor de la explotación animal. Junto a la caracterización de los animales en la tradición jurídica del derecho romano como cosas, que son objeto de la propiedad en la más plena y terrible de sus acepciones: us fruendi, utendi et abutendi (el subrayado es mío). No hay acto más coherente con esa noción de propiedad que la del poder de destruirla, «porque es mía». La misma filosofía del patriarcalismo que entiende que, al abusar, maltratar y aun matar a la mujer, se está en su derecho, «la maté porque era mía».

El problema es que, a mi juicio, la concepción del «bienestar animal» sigue anclada en la tradición del paternalismo voluntarista del XIX, el espíritu de las sociedades protectoras de animales, que han hecho y hacen una labor indiscutiblemente positiva, también para «civilizar» a nuestras sociedades en los valores de evitar la crueldad y el maltrato con los animales y en cierta empatía y cuidado hacia ellos, pero que no hay que entender como la meta, sino como una etapa. 

La lógica de la ideología que propicia el bienestar de los animales, en todo caso, es la de los deberes que los seres humanos tendríamos hacia ellos, una concepción que mantienen algunos filósofos de la moral y también algunos iusfilósofos, firmemente contrarios al reconocimiento de que los animales puedan ser titulares de derechos. Al reclamar la exclusividad de la condición de la titularidad de derechos para los seres humanos (en base a su condición, a su vez, de únicos sujetos morales, dotados de dignidad), concluyen que sólo cabe hablar de deberes hacia los animales y muchos de ellos sostienen que se trata sólo de deberes morales, más que jurídicos. Incluso, en la mayoría de los casos, deberes no exigibles, sino supererogatorios, es decir, propios de nuestra benevolencia, esto es, concesiones graciosas de buena voluntad.

Insisto: hay mucho que hacer en esa tarea de cambiar la mirada jurídica (y política) sobre los animales, como nos han enseñado por ejemplo los textos de Singer, Francione, o en el ámbito político Davidson y Kymlicka. Obviamente, el nobel Coetzee, por ejemplo, en su celebrada Elisabeth Costello. Y en nuestro país, desde pioneros como Jesús Mosterín o Jorge Riechmann, a las filósofas ecofeministas como Alicia Puleo y Marta Tafalla y, en el ámbito jurídico, especialistas como Marita Candela y José Luis Rey. Sobre un acercamiento filosófico a los animales en la perspectiva nietzscheana y sus consecuencias jurídicas, recomendaré los ensayos de M.José González Ordovás y también la lectura de la monografía de Virtudes Azpitarte El animal en Nietzsche, de inminente publicación.

No será un camino fácil. Quedan por resolver asuntos de complejidad enorme. Mencionaré sólo tres: la necesidad de revisar nuestro modelo de industria alimentaria y el modelo mismo de alimentación. En segundo lugar, la cuestión de la experimentación científica con animales, que volvió a salir a la luz con ocasión de los trabajos de investigación periodística sobre prácticas de experimentación cruel por parte de Vivotecnia. Finalmente, y en relación con el problema de la protección de los cetáceos mantenidos en cautividad para espectáculos, como ha puesto en evidencia la joven activista Olivia Mandle, ejemplo de ciudadanía activa y comprometida que ha obtenido más de 100.000 firmas en apoyo de su campaña ‘No es país para delfines’, debemos afrontar el debate sobre la limitación, si no el cierre, de los delfinarios en España, como ya se ha hecho en otros países (Alemania, Finlandia, Suiza, Noruega Reino Unido, Polonia, Islandia, Chipre, Eslovenia, Croacia, Uruguay, Costa Rica, Chile o India).

La paradoja del ACNUR

Este lunes, día 8 de noviembre, se celebra en Madrid un acto para conmemorar que la agencia de la Organización de las Naciones Unidas para la protección de los refugiados, el ACNUR, cumple 70 años de existencia. El ACNUR continúa la admirable labor asentada por quien fuera nombrado por la Sociedad de las Naciones, en 1921, para desempeñar un nuevo cargo, el de Alto Comisionado para los refugiados: me refiero al extraordinario y polifacético Fridtjof Nansen que, además de sus legendarias exploraciones, de su trabajo como científico y diplomático, puso en marcha la iniciativa que conocemos como pasaporte Nansen, un documento de viaje que tanto ayudó a los miles de apátridas que provocó la primera guerra mundial.pasaporte Nansen

En realidad, la causa de los desplazados y refugiados, los errantes obligados a huir de sus hogares por diferentes tipos de persecución, es tan antigua como la historia de la humanidaderrantes y tenemos testimonios innumerables de ello en la literatura y el arte. Alguna vez he propuesto que los primeros refugiados de los que tenemos memoria son los expulsados del paraíso por haber violado la regla básica de su creador, probar la fruta del árbol del bien y del mal. Adán y Eva experimentaron, en efecto, la expulsión del primer hogar, al que no podían volver pues lo guardaba nada menos que la espada flamígera de los querubines (Génesis, 3, 24). Es una imagen ilustrada mil veces por el arte, como el famoso grabado en madera de Doré, y que tiene un poderosísimo efecto aterrador, desde el punto de vista de su significado simbólico: no solo se les veta el regreso al hogar, sino el retorno al mejor hogar posible, y ello para siempre. Una capacidad de sembrar terror que sin duda envidian todos los aparatos represivos de las más feroces dictaduras que hayan obligado a huir a todos los refugiados que en el mundo han sido.

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas creó el ACNUR mediante su resolución 428 (V), de 14 de diciembre de 1950 (el texto del Estatuto del ACNUR se puede consultar aquí). Se trata de una decisión que guardaba continuidad con la adoptada por la Sociedad de las Naciones en 1921. El Alto Comisionado para los Refugiados, de acuerdo con su Estatuto, tenía un carácter marcadamente transitorio: primero, porque su mandato estaba limitado inicialmente a tres años, que luego se fueron prorrogando por períodos quinquenales. En segundo lugar, porque se ceñía territorial y personalmente al millón de europeos desplazados en ese continente, sobre todo como consecuencia de la segunda guerra mundial. En ese sentido, el origen de la agencia queda ligado a una perspectiva en cierto modo eurocéntrica y con frecuencia se ha planteado la duda acerca de si la ONU habría respondido igualmente si el millón de desplazados se hubiera situado en alguna región africana o asiática en ese mismo período. Además, se concibió como un organismo de carácter “humanitario y social” y, por ello, estrictamente basado en la “neutralidad política”. Conforme a los dispuesto en el art. 8 del mismo Estatuto, el ACNUR tiene también la misión de promocionar el desarrollo y supervisar la aplicación del marco jurídico internacional de protección de los refugiados, que remite a la Convención de Naciones Unidas de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y el Protocolo de Nueva York de 1967, que rectificó buena parte de los elementos de esa provisionalidad y amplió el marco de actuación de ACNUR y de los países adheridos a la Convención. Pero, en cierto modo, el ACNUR nació con la esperanza de que pronto desapareciera su necesidad, su razón de ser.

Una constante histórica

Sin embargo, pronto se comprobó que ninguna de estas delimitaciones se iba a cumplir. Esa es la buena y la mala noticia. Porque es muy mala la que nos muestra que esa circunstancia que ingenuamente la ONU consideró provisional y limitada en sus causas, en las personas afectadas y por tanto, en el tiempo en que sería necesario el mecanismo de protección, pronto se reveló ilusoria. Lo cierto, como decía, es que tal ingenuidad carecía de fundamento y hay que pensar más bien en que se impuso una preocupación muy específica, quizá porque afectaba al corazón del mundo, la vieja Europa.corazón del mundo Pero nadie se podía llamar a engaño: como he recordado y resultaba evidente, el fenómeno de la movilidad humana forzada por diferentes formas de persecución había sido una constante histórica y no iba a dejar de repetirse, en Europa y en todo el mundo.

La buena noticia ha sido y es que, afortunadamente para millones de seres humanos, el Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) ha seguido trabajando durante siete décadas, cumpliendo así la que es su paradoja fundacional: el ACNUR no debería existir, porque lo deseable sería que no hubiera personas obligadas a desplazarse de sus hogares para encontrar un lugar donde poder vivir sin peligro, dignamente. Pero la experiencia nos muestra que se han multiplicado las causas y los escenarios de esas huidas forzadas. Hoy, el ACNUR tiene más trabajo que nunca, como puede desprenderse de un vistazo a sus informes anuales (aquí se puede descargar el de 2020). Si no se hubiera creado en 1950, hoy sería aún más imprescindible hacerlo.

Quizá el mayor desafío que habrá de afrontar el ACNUR en el horizonte próximo será el que provoca esa categoría imprecisa de desplazados forzosos que algunos llaman inmigrantes climáticos y otros, refugiados medioambientales o climáticos (ver por ejemplo el informe de CEAR, “Huir del clima”, que puede descargarse aquí). No huyen de persecuciones en sentido estricto, pero se ven forzados a abandonar sus hogares para salvar sus vidas, para encontrar refugio lejos de su solar natalencontrar refugio, incluso de su país. No entran, pues, en la definición estricta de refugiados (sería mejor decir, personas que buscan la protección que otorga el asilo y en su caso, la protección subsidiaria). Pero son, y serán, muchos millones de personas las necesitadas de una respuesta, de una protección que les niegan o son incapaces de ofrecerles sus propios Estados. Ni debemos, ni podemos desentendernos de esa necesidad de protección y es urgente encontrar las herramientas jurídicas para hacerlo.

Sobre todo, mal que pese a la perspectiva eurocéntrica o, mejor dicho, a la visión prepotente del primer mundo, este no va a ser solo un problema de esos otros que han tenido la desgracia de nacer en la parte desafortunada del mundoesos otros (que no es pequeña, claro). Pese a la miopía de buena parte de los gobernantes reunidos en la COP26, esa amenaza no atañe solo a los que tenemos el privilegio de habitar en el primer mundo. Baste pensar, por ejemplo, en el escenario del Mediterráneo y con ello, del sur de Europa, auténtica zona cero de la degradación ambiental. Esos desplazados forzosos por razón de la crisis climática seremos pronto también nosotros. Si no por conciencia de la común pertenencia a la humanidad y a la de compartir la vida en el planeta, al menos por egoísmo racional. Hay que actuar ahora.

No le va a faltar trabajo al ACNUR y, por eso, concluyamos con la paradoja: larga vida al Alto Comisionado para los Refugiados.

DE DECLIVES Y BRÚJULAS, Versión ampliada del artículo publicado en Infolibre, 19de septiembre de 2021

La precipitada retirada de las tropas de EEUU de Afganistán, ordenada por el presidente Biden (aunque la decisión se remonta a Obama), ha producido un sinfín de comentarios e interpretaciones -sobre todo en medios de los EEUU- sobre el fin del <siglo americano> (cfr. por ej. el ensayo de Joseph Nye, https://www.researchgate.net/publication/317308696_Joseph_S_Nye_Jr_Is_the_American_Century_Over/link/593baad2458515e398dd73bc/download), o sobre el no menos discutido <declive del imperio americano> (véase, por ejemplo, el ensayo de Rebecca Gordon en The Nation, “The US Empire is crambling before our Eyes”, https://www.thenation.com/article/society/american-empire-decline/), expresión que debe algo de su éxito a la trilogía cinematográfica del canadiense Denys Arcand (cfr. https://www.imdb.com/name/nm0000780/) que algunos hemos aprovechado para volver a ver en estos días de vacaciones.

No hace falta haber leído a Ibn Jaldún -quien escribió sobre ello con mayor amplitud que Gibbon- para saber que todo imperio está destinado a caer, antes o después: desde el que construyó Roma, al de los aztecas o los incas, el de Kublai Khan, el <imperio del centro>, pasando por el de Felipe II, el británico, o el chino de Xi Jinping, que ahora nos parece imparable. Por supuesto, también el austrohúngaro (mítica referencia para Berlanga) glosado magníficamente en los avatares de los von Trotta, protagonistas de La marcha Radetzky de Joseph Roth, que nos ofrece un ejemplo de cómo el declive puede incluir rasgos de opereta, tal y como supo plasmar de forma desternillante Jaroslav Hasek en sus historias sobre el buen soldado Svejk.

En todo caso, parece obligado recordar que las tesis sobre el declive del imperio americano -no digamos, sobre su entierro-, como ya escribía Nye, son a su vez probablemente apresuradas y recuerdan la reacción de Mark Twain al leer su necrológica en un periódico, cuya fiabilidad quedó así retratada. Nye hace notar que ya se empezó a hablar de ese declive cuando la Unión Soviética puso en órbita el primer sputnik, en 1957 nada menos. Es el mismo diagnóstico que ofrece un veterano analista de las relaciones internacionales, John Lee Anderson, en un reciente ensayo publicado el 1 de septiembre de este año en The New Yorker, con el título “Is the U.S. Withdrawal from Afghanistan the End of the American Empire?” (https://www.newyorker.com/news/daily-comment/is-the-us-withdrawal-from-afghanistan-th). Claro que, ahora, la tesis del declive parece más fundada, debido a la derrota en Afganistán y al recurso a la socorrida cita que califica a ese país como <tumba de los imperios> que le han invadido, el británico (todos evocamos la maravillosa película de Huston, basada en un relato de Kipling, El hombre que pudo reinar), el soviético y, ahora, el norteamericano.

Lo cierto es que, si de declive norteamericano hablamos, las causas estarían más en el interior de la sociedad y de la democracia norteamericanas que en el fracaso evidente de su estrategia de guerra contra el terrorismo. Basta leer las interesantes reflexiones del embajador Chas Friedman en su conferencia “The End of the American Empire” (https://mepc.org/speeches/end-american-empire),  o el severo análisis de el análisis de A. Cordesman, “Learning from the War: Who lost Afghanistan? versus learning Why we lost?”, escrito para el Center for Strategic International Studies (CSIS) (https://www.csis.org/analysis/learning-right-lessons-afghan-war). Eso no quiere decir que no estemos asistiendo al aparentemente imparable ascenso del viejo imperio del centro, impulsado por Xi JinPing, con su combinación de dictadura del partido y capitalismo de mercado y que resulta particularmente preocupante precisamente porque propone abiertamente un nuevo orden en las relaciones internacionales, radicalmente alternativo al basado en el Estado de Derecho, la democracia liberal y un mercado más o menos regulado, que es el que sostienen las potencias occidentales y que, en lo que más nos interesa, subyace a toda la arquitectura institucional que Europa a contribuido a crear y consolidar. Y toda esa reflexxión me lleva a alguna consideración sobre la difundida tesis de otro declive, el de Europa.

Me parece difícilmente discutible que el zeitgeist dominante en Europa, hoy, es el de la nostalgia (ya Kundera definió así la identidad europea, nostalgia de lo que fue Europa), la de aquella Europa tan cosmopolita como -no lo olvidemos, elitista- de los círculos de afortunados que viajaban de café en café y de teatro en teatro, tal y como nos lo describen algunos de sus mejores intelectuales, como Zweig o Steiner. Pero, a mi juicio, se trata de un espejismo peligroso. La imagen de un balneario donde dormitan plácidamente ricos y despreocupados jubilados europeos, más o menos bien avenidos, atendidos por el tropel de servicios que proporcionan los europeos del sur y la inmigración extracomunitaria reclamada a esos efectos, mientras China y Rusia se hacen fuertes en sus posiciones y Biden trata de negociar con Xi JinPing la hegemonía económica, es una metáfora tan sugerente como inexacta. En todo caso, si bien es cierto que parece declinante el papel de la UE en las relaciones internacionales, pese a su indiscutible peso como potencia científica, comercial y de cooperación, todavía hoy, no es verdad que todo esté visto para sentencia.

No diré que falten argumentos a quienes tratan de insuflar optimismo sobre la capacidad de resiliencia de la UE, a la vista de la respuesta ofrecida frente a la pandemia y frente a la crisis económica y social, a diferencia de lo sucedido en 2008. Lo ha argumentado con claridad y de forma reciente el presidente de la Fondation Schuman, Jean Dominique Giuliani (cfr. https://www.jd-giuliani.eu/fr/article/cat-2/813_L-Europe-reussira-t-elle-sa-revolution.html). Creo que tiene razón Giuliani cuando subraya, por ejemplo, que si el conjunto de los europeos (señalemos las excepciones: el Reino Unido de Blair, la España de Aznar, la presión de Durao Barroso) hubieran sido consultados y escuchados -al menos tanto como lo ha sido Israel- sobre la estrategia norteamericana en Irak, Siria (en otro sentido, Iran), no habríamos asistido a la sucesión de fracasos en las que han concluido esas aventuras guerreras y que han reforzado la tesis del declive norteamericano. Y también cuando advierte de que la vía europea debería encaminarse ante todo a encontrar una <brújula> que nos oriente en la difícil tarea de construir el camino propio de la UE que puede sacarnos del declive. Una vía aún más complicada en estos tiempos de fuerte tormenta en los que vivimos y que requieren a su juicio que Europa se aleje de muchos de sus dogmas (políticas económicas y presupuestarias, limitaciones diplomáticas y militares, un excesivo formalismo legalista y una prudencia política “aptas para tiempos de calma”, pero no para los que vivimos hoy.

A mi entender, Giuliani coincide en ello con las propuestas del Alto Representante Borrell, que ha subrayado la necesidad de ese camino propio, sin realismos simplistas ni maniqueísmos propios de la guerra fría, pero también sin abdicar de los principios y valores del modelo europeo. Se trata de afirmar el papel europeo, frente a los desafíos de China (que ya es nuestro segundo socio comercial) y Rusia, pero también, sin falsas equidistancias, pero teniendo claro que, como ha señalado Enrico Letta, la opción europea no puede consistir en elegir entre ser una colonia norteamericana o china.

La clave sobre la que, a mi juicio, reposa tal brújula, como ya escribió el mismo Borrell (cfr. https://www.politicaexterior.com/articulo/la-doctrina-sinatra/), es tan clara como complicada de poner en práctica en nuestro contexto global: se llama autonomía. Por ejemplo, autonomía científica, esto es, científico-tecnológica, en investigación y desarrollo en ámbitos como la biotecnología y el desarrollo de las nuevas TIC, pero sin perder la excelencia en el ámbito de la creación cultural humanista que siempre tuvo en Europa un foco potentísimo. También, autonomía energética, lo que necesariamente pasa por el desarrollo e innovación de las energías sostenibles y la reducción de la dependencia de combustibles fósiles, fuentes energéticas fuertemente contaminantes que (salvo en el caso de Noruega, que no pertenece a la UE y en menor medida del Reino Unido) nos hacen enormemente tributarios a los europeos de los recursos de Rusia, Argelia y Libia. Por supuesto, autonomía en seguridad y defensa, que ya no reposa sólo en una política militar o en un ejército europeo propio en competencia con la OTAN, sino en disponer de los propios recursos económicos y de personal frente a las amenazas más urgentes para la seguridad humana, como, por ejemplo, las pandemias que fácilmente se convierten en <sindemias>, como acabamos de comprobar con la Covid-19 y frente a las cuales los medios europeos son aún débiles, como hemos visto con el Centro Europeo para la prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC: https://www.ecdc.europa.eu/en) o la agencia europea del medicamento (EMA: https://www.ema.europa.eu/en). Avancemos en esas medidas de autonomía.

LLAMAMIENTO A LAS UNIVERSIDADES, POR LAS MUJERES AFGANAS (Una versión inicial se publicó en Levante-EMV, el 20 de agoto de 2021, firmada por Javier de Lucas, Javier Palao, Fernando Flores y Yolanda García Ruiz)

LLAMAMIENTO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA ESPAÑOLA:

POR LAS MUJERES UNIVERSITARIAS AFGANAS

Es evidente, a día de hoy, que las víctimas que van a sufrir con mayor dureza las consecuencias de la implantación del Emirato Islámico de Afganistán, y de la sharía como ley fundamental, en su interpretación y aplicación más rigorista, son las niñas, adolescentes y mujeres afganas. Y si hay un símbolo por excelencia de esta regresión que van a padecer, porque se les impondrá, es la pérdida de oportunidades de formación, en todos los niveles educativos. El acceso a la educación de las niñas, de las mujeres, es uno de los mayores logros de todos estos años: Es obvio que la más poderosa palanca para la igualdad de derechos de las mujeres es la educación. Por eso mismo sabemos que es la primera de la que se van a ver despojadas.

En España existe un vínculo evidente entre la progresiva incorporación de la mujer a las aulas, a las plantillas del profesorado y personal de la administración, a los grupos de investigación y a los equipos directivos de las Universidades, y el despegue de éstas en todos los ámbitos de su actividad desde la década de los sesenta del siglo pasado. El acceso generalizado de la mujer al último grado del sistema educativo español es uno de los mayores logros colectivos de nuestra sociedad, y un factor clave en su desarrollo y bienestar.

La certeza de esta experiencia nos lleva a no resignarnos ante la suerte que puedan correr las mujeres que, a día de hoy, forman parte del sistema universitario afgano. Y por ello, con el fin de evitar que se pierda irremisiblemente toda una generación de mujeres universitarias en Afganistán, lanzamos desde la Universitat de València, a iniciativa de su Instituto de Derechos Humanos (IDHUV) y de su Facultad de Derecho, esta propuesta a todas las Universidades españolas, esperando incluso que alcance un ámbito mayor, el de la Unión Europea.

La propuesta se materializaría en un programa propio de incorporación de alumnas y profesoras universitarias afganas a las Universidades españolas, con base en nuestros programas de movilidad internacional y atendiendo a la posibilidad de acogerse a los diferentes fondos que la cooperación internacional moviliza anualmente en nuestro país. Dicho programa propio debe recoger, a nuestro juicio (y así va a proceder la Universitat de València), entre otras condiciones, las siguientes:

– Cada Universidad que se sume a la convocatoria ofrecerá un número concreto de plazas en las diversas titulaciones que imparte, preferentemente en aquellas que utilicen el inglés en la explicación de parte o de la totalidad de su plan de estudios. El conjunto de plazas ofertadas, con especificación de la titulación y de la Universidad que las ofrece, se integrará en un listado que será público y fácilmente accesible para su consulta a través de internet; al principio, al menos, a través de esta página web.

– El Gobierno español (en especial, el Ministerio de Universidades, pero también los de Interior, Justicia, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y Derechos Sociales), de acuerdo con los gobiernos autonómicos, garantizará un procedimiento sencillo y ágil que permita la incorporación al programa de las mujeres universitarias afganas que así lo deseen con la mayor rapidez posible. Dicho procedimiento habrá de incluir las autorizaciones necesarias para realizar el viaje, así como la cobertura económica del mismo hasta la llegada a España.

– Cada Universidad negociará con el gobierno de su comunidad autónoma el abono del coste de la matrícula en los estudios elegidos por las estudiantes que se incorporen al programa (si no se cubren por el Estado a través de la vigente Ley reguladora del derecho de asilo). También, se comprometerá a asumir los costes académicos adicionales derivados de dicha incorporación: material de estudio, equipamiento informático, etc.

Facilitará, además, la incorporación de las estudiantes a las aulas mediante planes concretos de tutorización o mentorización con la ayuda del alumnado que ya esté matriculado en dichos estudios.

En el caso de las profesoras afganas, las Universidades facilitarán asimismo las instalaciones y medios (despachos privativos, acceso a laboratorios, bibliotecas y seminarios, incorporación a grupos de investigación, etc.) que se juzguen necesarios para el desempeño de su labor.

– Cada Universidad organizará actividades y cursos que permitan el aprendizaje del idioma oficial de la institución, así como el conocimiento de la cultura y los caracteres propios de la sociedad a la que van a incorporarse.

– En cuanto al alojamiento y la manutención de las personas que se incorporen al programa, las Universidades se pondrán en contacto con los Ayuntamientos, las Diputaciones, los gobiernos autonómicos y cuantas instituciones entiendan adecuadas, a fin de recabar las subvenciones y ayudas que puedan ponerse a su disposición. En este punto, los respectivos Consejos Sociales están llamados a jugar un papel protagonista en alcanzar una cobertura económica adecuada para la totalidad del programa.

Otros aspectos igualmente relevantes, como la duración de este programa propio, serían concretados más adelante en una negociación entre las Universidades y las distintas administraciones públicas, en función, entre otras cosas, de las disponibilidades presupuestarias y de la evolución de la situación política y social en Afganistán.

Sabemos que un plan como éste requiere de medidas que entrañan gran complejidad. Será preciso, entre otras muchas cosas, que nuestras autoridades políticas negocien con las del nuevo gobierno afgano la salida de aquellas mujeres universitarias que deseen sumarse al programa de incorporación. Pero somos conscientes de la fuerza y la capacidad de presión que la comunidad internacional puede tener en este punto. Y también conocemos la capacidad y la experiencia que nuestras Universidades atesoran en el campo de la movilidad internacional. En ese sentido, no hablamos de una acción inviable o utópica; más bien al contrario: la entendemos perfectamente factible y al alcance de nuestras instituciones académicas. No solo eso: todas y cada una de las prestaciones que se plantean se incluyen en las propias del derecho de asilo y de la protección internacional subsidiaria.

Por último, cabe señalar que un programa como éste no se enmarca en las políticas migratorias de España y Europa, sino en el compromiso con el derecho al asilo por razones humanitarias y en la protección de los derechos de las personas más vulnerables. Por eso, sin renunciar a que la Unión Europea pueda llegar a ofrecer un número importante de plazas de acogida, de refugio para los y, sobre todo, las afganas que lo necesitan, nuestra propuesta se centra en un colectivo concreto: el de las mujeres universitarias afganas. Pretendemos, queremos abrirles nuestras aulas. Porque nuestro objetivo es preservar, en la medida de lo posible, el futuro y la viabilidad de ese país; y tenemos la profunda convicción de que solo se alcanzará desde la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y a través de la incorporación de éstas –y, sobre todo, de las mejor formadas– a todos sus estamentos políticos y administrativos.

Apelamos, pues, a la coherencia generosa con las convicciones feministas, igualitarias y democráticas de nuestras Universidades. Desde la Universitat de València, y mediante este llamamiento, os convocamos a todas: sumemos las contribuciones; mostremos con los hechos nuestra solidaridad, nuestra sororidad; llevemos a la práctica lo que predican nuestros estatutos y nuestros ideales académicos. Si otro mundo es posible, creemos que ha llegado la hora de demostrarlo de una manera patente.

Universitat de València-Estudi General

Instituto de Derechos Humanos

Facultat de Dret

Estado de Derecho, política migratoria y razón de Estado en Ceuta (versión ampliada del artículo publicado en Infolibre, el 17 de agosto de 2021)

Reconocer la realidad es admitir su complejidad

Simplificar asuntos complejos es la vía más sencilla para entorpecer su gestión y, no digamos, para la búsqueda de soluciones. Me repito a mí mismo esta consideración de sentido común (y la sugiero a los demás), al tratar de encontrar salidas aceptables para la situación que viven los 750 menores inmigrantes –niños y adolescentes– no acompañados que se encuentran en Ceuta desde el mes de mayo, en difíciles condiciones: difíciles, ante todo, para ellos, pero también para las administraciones implicadas, que son conscientes de las precariedad e inadecuación de las dos instalaciones en las que se encuentran, el centro de Piniers, que dio alojamiento a casi 500 de ellos, y el polideportivo Santa Amelia, donde se alojó a otros 234, centros sobre los que se pronunció en términos muy críticos el Defensor del Pueblo.

Esta es una situación que, no lo olvidemos, trae causa de la decisión del rey Mohamed VI de utilizarlos como piezas en un conflicto que, lo sabemos bien, no es un asunto de política migratoria. Conviene dejarlo claro, porque la ultraderecha y lamentablemente en no pocos casos, la derecha, no va a dejar de intentar reducirlo a los fantasmas migratorios, esos espantajos rentables para quienes indecentemente utilizan a los inmigrantes como munición electoral, como vimos en el esperpento del cartel electoral de Vox incomprensiblemente amparado por los tribunales. En mi opinión, la complejidad viene dada sobre todo por lo que, sin ánimo pretencioso, podemos llamar la política geoestratégica del monarca alauí, con la decisiva ayuda de Trump y del gobierno de Israel: véase la reciente e histórica visita a Rabat de Yair Lapid, ministro israelí de Exteriores. El precio que pagó Mohamed VI, en aras de encontrar apoyo internacional a sus pretensiones de anexión de facto del antiguo Sáhara español, es muy claro: no ha dudado en dar la espalda a la causa palestina. En el marco de esa política de anexión, el monarca alauí creó un contencioso contra el líder del Polisario, Brahim Gali, como presunto responsable de crímenes contra los saharauis, que han llegado a parangonarse, sin fundamento razonable, como crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. La decisión humanitaria de acoger en España a Gali para recibir tratamiento médico por la covid, -ejecutada seguramente con no poca torpeza por parte de los responsables españoles de exteriores- dio cobertura al agravio marroquí y, al tiempo, sirvió de cortina de humo al hecho insólito del abandono de la causa palestina por parte de Mohamed VI, como pago al apoyo de Trump e Israel. A lo largo de este episodio, en el mes de mayo de 2021, se produjo una sobreactuación de la diplomacia marroquí y en ese contexto, el autócrata volvió a usar sus cartas, presionando sobre la ciudad de Ceuta con la llegada masiva e inesperada a la frontera de Ceuta de El Tarajal de varios miles de súbditos (los marroquíes no son ciudadanos, en verdad), incluidos muchos cientos de menores. Se trataba de nuevo de poner en evidencia su capacidad para crear dificultades a España (a la UE), con la ayuda imprescindible de ese factor que es la “esclavitud de la geografía”, algo que, mucho antes que Kaplan, entendió muy bien Montesquieu.

Creo, pues, que es fácil advertir, por tanto, que en torno a esta crisis de los menores en Ceuta se produce una superposición de varios planos (la dimensión migratoria, la soberanía de las ciudades autónomas españolas enclavadas en territorio marroquí, el contencioso sobre el Sáhara, las relaciones bilaterales entre España y Marruecos e incluso las de Marruecos con la UE…) que distorsionan lo que debiera ser la cuestión prioritaria, que no es otra que encontrar la mejor manera de proteger los derechos de los menores implicados. Esa es la lógica jurídica y política que debería prevalecer, la de la prioridad de la defensa del interés del menor que inspira nuestra legislación, conforme a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, el marco internacional de obligada referencia.

La cuestión a discutir: cómo proteger mejor los derechos de estos menores

Lo primero que debiéramos tener presente como prioridad, pues, es cómo garantizar mejor los intereses de esos menores. Para asegurar ese objetivo, la arquitectura jurídica que hemos construido impone garantías y procedimientos que no son opcionales, ni secundarios. Hay razones para estar orgullosos de un sistema jurídico que tiene definidos derechos y obligaciones a través de instrumentos normativos que van desde la base que constituye la referida Convención de los derechos del niño, a la Ley Orgánica 1/1996 de protección jurídica del menor, y cuya última pieza es la L.O 8/2021, que acertadamente se plantea como protección integral de la infancia y de la adolescencia. Una ley que supone un importante avance en esa arquitectura jurídica.  Y, por cierto, recordaré al lector que esta ley es fruto de una iniciativa del gobierno de coalición, que obtuvo un respaldo abrumador en las Cámaras (se aprobó en mayo de este año con 297 votos a favor, ninguna abstención y la oposición de los 52 diputados de Vox). Y añadiré una nota personal: estoy orgulloso de pertenecer como senador al grupo parlamentario socialista del Senado que impulsó algunas modificaciones en esta ley, precisamente para mejorar la garantía de los menores inmigrantes.

Cuando las disposiciones normativas migratorias se ocupan de los menores, como lo hace el artículo 35 de la LO 4/2000 (la “ley de extranjería”), dejan claro –como no puede ser de otra manera– que hay que respetar siempre el principio de interés del menor y que en esa tarea es imprescindible el papel de la fiscalía y de los servicios de protección del menor de las CCAA. En la interpretación del alcance de esa lógica jurídica, es muy importante la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y, concretamente, dos sentencias de 22 de diciembre de 2008 que consagraron del derecho a la tutela judicial efectiva del que son titulares los menores que se encuentran bajo tutela de la administración y les reconocieron su legitimación procesal activa para ejercer ese derecho sin necesidad de pasar por sus tutores. Tales fallos, como se ha recordado, deben mucho a la inteligencia y tenacidad del añorado abogado Nacho de la Mata, que consiguió que se reconociera a un adolescente marroquí el derecho a oponerse judicialmente a su repatriación, pues el TC expresamente le atribuyó “capacidad y madurez suficientes” para recurrir ante los tribunales las decisiones que consideras contrarias a sus intereses.

Insisto, en términos de lógica jurídica, que eso supone una toma de posición fundamental: antes que inmigrantes, antes que extranjeros, esos menores –niños y adolescentes– son eso, niños. Por tanto, tras su llegada, la respuesta a su presencia corresponde a las autoridades de protección de la infancia, más que a los responsables de la política migratoria. Entiéndaseme bien: por supuesto que tales responsables deben actuar, pero su actuación en lo que se refiere a la acogida y tutela de esos menores inmigrantes se debe plantear en el marco, en la lógica propias del sistema de protección de los derechos de los niños y adolescentes, antes que como instrumento de política migratoria. Creo que eso lo entendieron perfectamente el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Jose Luis Escrivá y la que fuera secretaria de Estado de Migraciones Hana Jalloul, como también su sucesor, Jesús Javier Perea, y por eso, por ejemplo, desde la secretaría de Estado de migraciones de ese ministerio se ha impulsado una reforma del Reglamento de la ley de extranjería, que espero sea aprobada próximamente, encaminada a favorecer el acceso de esos menores al mercado laboral cuando alcancen la edad que se lo permita. Una eficaz llave de inclusión, que redunda en beneficio de todos.

Por tanto, esta no es una cuestión de buenismo irresponsable, sino de tomarse en serio el Derecho, los derechos. Porque si no nos tomamos en serio proteger los derechos de esos menores (sí, inmigrantes; sí, en situación administrativa irregular), es que no nos tomamos en serio los derechos de los niños. Y si eso es así, ¿qué nombre merece una sociedad que se comporta de esa manera? ¿Vamos a seguir protestando por la suerte de las niñas en el Emirato islámico en que se ha convertido Afganistán, pero volveremos la cabeza si se trata de niños inmigrantes en España? La coherencia, la fortaleza del Estado de Derecho, se demuestra precisamente ante las dificultades, no cuando todo va bien.

Cabe alegar, y al parecer así lo ha entendido el Ministerio del Interior (aunque no hay información cierta ni suficiente, como ha señalado el Defensor del Pueblo), que la mejor manera de salvar el interés de esos menores es evitar que sigan en las precarias instalaciones habilitadas de urgencia y hacerlos retornar con sus familias, cursando el procedimiento de acuerdo con lo que dispone el Convenio bilateral con Marruecos. No niego que es una interpretación jurídica posible en algunos casos y que parecería ajustarse a la lógica jurídica que aquí vengo exponiendo. Esos “retornos” o “devoluciones a sus familias” se han estado realizando por un procedimiento de goteo, con el respaldo de las autoridades de Ceuta. Sin embargo, esta vía adoptada por el Ministerio del Interior plantea no pocos problemas, como han denunciado 28 ONG especializadas en defensa de menores y de menores inmigrantes. Es la misma preocupación que ha expresado el Consejo General de la Abogacía, la Unión Progresista de Fiscales o el propio Defensor del Pueblo, con argumentos nada desdeñables (véase por ejemplo).

Ante todo, hay que subrayar que el Convenio suscrito con Marruecos el 6 de marzo de 2007 (pero que entró en vigor en 02 de octubre de 2012, y que se publicó en el B.O.E. de 22 de marzo de 2013), no da carta blanca para devolver sin más a los menores. Como han destacado los juristas especialistas en extranjería Pascual Aguelo e Hipólito V. Granero en un informe sobre el Convenio en cuestión y su aplicación al caso de Ceuta, informe que he conocido por deferencia de ambos, como no podía ser de otra manera, el propio artículo 5.1 del Convenio expresamente dispone, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35 de la L.O.4/2000 y en el 191 y siguientes del RD 557/2011, lo siguiente:  “Las autoridades competentes españolas, de oficio o a propuesta de la entidad pública que ejerza la tutela sobre el menor, resolverán acerca del retorno a su país de origen, con observancia estricta de la legislación española, las normas y principios del derecho internacional y de lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño”. Es decir, el Convenio, pues, no excepciona la legislación vigente en nuestro país, ni lo que exige el Convenio de la ONU de los derechos del niño.  

En segundo lugar, no consta –aunque Interior lo asegura– que se estén llevando a cabo expedientes individualizados, algo legalmente imprescindible, como dispone por ejemplo el apartado 5 del mencionado artículo 35 de la ley de extranjería («La Administración del Estado solicitará informe sobre las circunstancias familiares del menor a la representación diplomática del país de origen con carácter previo a la decisión relativa a la iniciación de un procedimiento sobre su repatriación. Acordada la iniciación del procedimiento, tras haber oído al menor si tiene suficiente juicio, y previo informe de los servicios de protección de menores y del Ministerio Fiscal, la Administración del Estado resolverá lo que proceda sobre el retorno a su país de origen, a aquel donde se encontrasen sus familiares o, en su defecto, sobre su permanencia en España. De acuerdo con el principio de interés superior del menor, la repatriación al país de origen se efectuará bien mediante reagrupación familiar, bien mediante la puesta a disposición del menor ante los servicios de protección de menores, si se dieran las condiciones adecuadas para su tutela por parte de los mismos»). En el mismo sentido se pronuncia el artículo 192 del RD 557/2011. El problema es queno  se ha hablado con ellos antes de decidir si la mejor solución -la que prefería el menor- era volver con sus familias. Hablar con ellos no es preguntarles, sin más, si quieren irse o quedarse. Eso debe realizarse en el marco de un expediente administrativo, con la presencia del fiscal y tras un examen individualizado por parte de los servicios de infancia y adolescencia de la Ciudad Autónoma (que puede delegarse en una ONG: por ejemplo, Save the Children en este caso).

Piénsese por ejemplo en que las organizaciones de cuidado de la infancia que se han encarado de atender a los niños y adolescentes que llegaron a Ceuta (Save the Children, por ejemplo) se han opuesto a buena parte de estas repatriaciones, porque han detectado casos con problemas de violencia y maltrato familiar que desaconsejarían la vuelta del menor a la familia y, en todo caso, exigirían que el menor dejara claro cuál es su preferencia. Pero es que tampoco la fiscalía ha sido informada –como resulta preceptivo–. Por no hablar de la falta de coordinación con los servicios de protección de la infancia de la ciudad de Ceuta (cfr. por ejemplo). Aún más llamativo resulta la contradicción entre las afirmaciones del ministro del Interior, que asegura haber tenido al corriente a los Ministerios de Migración y de Derechos sociales, asertos desmentidos expresamente por este último Ministerio.

En otros términos, es más que cuestionable que este procedimiento de repatriación de los menores marroquíes con sus familias cumpla con los requisitos del marco jurídico nacional e internacional al que ya he hecho referencia. Y si tantas voces autorizadas ponen en entredicho que el procedimiento sea conforme con la legalidad vigente, lo razonable, lo que cabe exigir al Ministerio del Interior, es exponer las razones, hacer públicos los criterios y demostrar con claridad que se están cumpliendo los requisitos legales y se está asegurando el interés prioritario de cada uno de esos menores. Esa transparencia es, por lo demás, requisito básico en democracia. La prolongada ausencia de esa información pormenorizada, por parte del Ministerio del Interior, contrasta l con todos los datos que han ofrecido de forma detallada y fehaciente periodistas especializados y de prestigio, como Nicolás Castellano en la cadena SER o María Martín en El País, o también Gabriela Sánchez y Gonzalo Testa en Eldiario.es (https://www.eldiario.es/sociedad/ultima-hora-coronavirus-actualidad-politica-17-de-agosto_6_8224841_1075811.html). El 17 de agosto, el Juzgado nº 2 de lo Contencioso de Ceuta determinó la paralización de las actuaciones durante al menos 72 horas, a la vista de la ausencia de cumplimiento de los mencionados requisitos legales de procedimiento, que no son, insisto, trámites burocráticos, sino condiciones de la garantía efectiva de los derechos.

El martes 17 de agosto se conoció que el Juzgado de lo contencioso nº 1 de Ceuta, a instancia de la abogada Patricia Fernández Vicens que actuaba en nombre de la ONG Coordinadora de Barrios y de la letrada Paloma García de Viedma en nombre de la Fundación Raíces, ordenó mediante Auto emitido en la tarde del día 16 la suspensión cautelar de «todas las devoluciones» de menores migrantes desde la ciudad autónoma, al menos durante 72 horas, «hasta que se verifique cómo se ha realizado el procedimiento» de retorno. Posteriormente, la Audiencia Nacional ha requerido al ministerio del Interior la orden que ha servido de base para iniciar ese procedimiento de “devoluciones”. En el momento de redactar estas páginas, el asunto está, pues, sub iudice. Pero el Ministerio del Interior no ha dado explicaciones precisas ni detalladas, ni ha explicado la ausencia de comunicación a la fiscalía, trámite preceptivo de acuerdo con nuestra propia legislación (artículo 192 del RD 557/2011, como recuerda expresamente el auto que ha hecho constar que desconocía que se hubiera iniciado tal procedimiento, ni la falta de coordinación con los servicios de infancia y adolescencia de Ceuta.

La lógica del Estado de Derecho debe prevalecer sobre la razón de Estado

Algunos dirán que todo esto es pura ingenuidad, porque lo que cuenta es cómo asegurar una política migratoria eficaz frente a la inmigración irregular y evitar el efecto llamada, que atraería a muchos miles de menores. Son los mismos que nos harán ver que esos menores (buena parte de ellos, al menos) forman parte de una estrategia migratoria de sus familias que se aprovechan de nuestras garantías a los niños y adolescentes. No me duelen prendas para reconocer que en muchos casos es así. Pero hay que pensar en el porqué de esa estrategia, aunque la respuesta es sencilla: no tienen otra opción para salir de la miseria. Y, por otra parte, ¿no estamos tan justificadamente orgullosos de haber creado un sistema de garantías para los derechos de los más vulnerables? Porque, lo reiteraré, eso es precisamente lo que se trata de elucidar: si la operación de devolución <retorno> de esos menores a Marruecos (otros dirían, de expulsión) es compatible con la garantía del interés prioritario de todos y cada uno de esos menores, con los procedimientos y garantías propios de esa lógica jurídica de la que, reitero, debemos ser conscientes que es la propia del Estado de Derecho.

Porque no se trata de rebajar tales exigencias, como algunos pretenden, en aras de conseguir librarnos de su presencia,, es decir, de la eficacia de la política migratoria, sino -muy al contrario- de desarrollarlas y fortalecerlas, tal y como pidió a España el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas en sus recomendaciones sobre los informes periódicos quinto y sexto, en 2018, que se pueden consultar aquí. Las estrategias frente a la inmigración irregular no autorizan el coste de la puesta en cuestión de los derechos de niños y adolescentes. Porque no basta con una buena arquitectura jurídica: es necesario una buena organización institucional, una coordinación de administraciones y servicios, incluidos los que pueden prestar las ONGs. Desarrollar esa lógica y esa organización, no debilitarla, es también el espíritu de dos informes de UNICEF coordinados por el experto de Naciones Unidas Pablo Ceriani, “Los derechos de las niñas y los niños inmigrantes en la frontera sur española” (2019), y el más reciente “Canarias: niños y niñas inmigrantes en una de las rutas más peligrosa del mundo. Hacia una política de contingencia con enfoque de los derechos de la infancia” (julio 2021) y cuyo apartado 6, de recomendaciones, me parece lectura obligada, pues tiene en cuenta la situación de los menores en Ceuta, Melilla y Andalucía (puede consultarse aquí).

Sé que siempre habrá quien dé un paso más en la denuncia de la ingenuidad y, desde la peana del “realismo” político, sostenga que, frente a la prioridad de esta lógica jurídica propia del Estado de Derecho, no se pueden ignorar las razones de Estado, la mirada geoestratégica regional e incluso global, que exigen que tengamos en cuenta los intereses de la seguridad nacional, la necesidad de mantener buenas relaciones con un socio al que no podemos permitirnos ignorar ni humillar, como es Marruecos, porque está en su mano ponernos en dificultades, en el ámbito comercial, pesquero, migratorio e incluso de la protección contra el terrorismo. Y no falta razón en esas consideraciones. Pero, de nuevo, quiero subrayar los límites de ese pragmatismo político, esa llamada a una razón prudencial, muchas veces bajo la cobertura teórica tan del gusto de alguno de los estudiosos de la ciencia política, de una interpretación tópica de las tesis de Weber, que viene a decirnos que en política sobra toda consideración moral, como si una política democrática pudiera y aun debiera prescindir de los principios, de la vinculación al respeto de los derechos. No: el pragmatismo político, la razón de Estado, no es una razón suficiente para que se justifique el coste de la puesta en cuestión de los derechos de menores y adolescentes.

La lógica del Estado de Derecho, que es la del Derecho que quiere ser instrumento de la igual libertad y seguridad de los ciudadanos, en lugar de instrumento de dominación y discriminación, la lógica imprescindible para hablar de legitimidad democrática, debe atender como primer criterio a la igual garantía de los derechos humanos, para todos. Y en especial, para los más vulnerables. Sí: la política migratoria es una cuestión de Estado. Sí: las relaciones con Marruecos son una cuestión de Estado. Pero ni la política migratoria, ni las relaciones con Marruecos, ni las razones de Estado, pueden estar por encima de la garantía de los derechos de los niños. Porque los derechos de los niños, su garantía eficaz, son más que una cuestión de Estado: marcan la línea entre civilización y barbarie.

Estado de Derecho, democracia, respeto institucional (versión ampliada del artículo publicado en El País, 31de julio de 2021)

Vivimos bajo el signo de la advertencia de Brecht: estos son tiempos difíciles, precisamente porque hay que luchar por verdades de Perogrullo como si fueran revelaciones inéditas y desafiantes. Propondré dos de esas <verdades >, que considero hoy profundamente tergiversadas.

Comencemos por ésta: debemos reivindicar, frente a tanto experto y tanto periodista y tertuliano que reducen la política únicamente al planteamiento pragmático centrado en las reglas para alcanzar el poder y mantenerse en él, (un planteamiento no filosófico ni menos aún idealista, sino realista, nos dicen, para subrayar que hablan de ciencia, no de ensoñaciones; por eso sus argumentos son los sondeos de opinión y cómo mover los votos), o recordar una primera verdad de Perogrullo: la política no se reduce a la gestión del Estado, ni a su primacía, porque es sobre todo el arte de construir la mejor res publica. Por tanto, la política no se reduce a la dominación -insisto, al modo de conquistar el poder y mantenerse en él-, por mucho que ese objetivo, el poder, sea condición sine qua non para conformar la cosa pública. De ello se desprende asimismo que la <razón política> no debe confundirse con esa supuesta instancia suprema que sería la <razón de Estado>, ni, menos aún, con la <razón partidista>, que cada dia más parece cada vez más dictada por el pequeño aparato de poder de la cúpula del partido y sus spin-doctors, que en la mayoría de los casos no han elegido los ciudadanos, ni siquiera los militantes. Cúpulas que monopolizan la acción de gobierno y, en no pocas ocasiones, tratan de condicionar -si no usurpar- la acción legislativa e incluso la jurisdiccional..

Sumemos esta segunda: en la medida en que la actividad política se debe encaminar a asegurar el óptimo posible de la res publica, o reducir al mínimo el daño a eso que es lo común, que precisamente por ello es lo que los clásicos teorizaron como bien común, el objetivo de la política, como ha insistido Rancière, no puede ser otro en realidad que el de <democratizar el ejercicio y gestión de la cosa pública>, esto es, asegurar que sea fruto de una decisión común todo lo que atañe a todos. Si esto es así -debe ser así- tendremos que aceptar que la democracia consiste en el quehacer continuo del pueblo para constituirse como poder, o, por seguir con el mismo Rancière, aceptar que la principal dificultad del proyecto democrático ha sido y continúa siendo el miedo al pueblo como soberano. Todo ello explica que un cometido básico de lo que entendemos por política consista en el esfuerzo por realizar el programa de democratizar la política y, a fortiori, democratizar el Estado. Como querían los revolucionarios norteamericanos, ninguna estructura estatal es soberana; sólo lo es el pueblo. Eso no supone que la única vía democrática sea la democracia directa, asamblearia.A mi juicio, reitero esto no supone descalificar la democracia representativa, sino que se concreta en dos tipos de exigencias: de un lado, multiplicar los controles, la exigencia efectiva de responsabilidad política (lo que a su vez supone optimizar la efectividad del control parlamentario y también del control judicial cuya independencia, desde luego es de capital importancia preservar) y, en segundo término, asegurar la división de poderes, la interferencia o intromisión ilegítima de cualquiera de ellos sobre los otros, precisamente para que ninguno de ellos se convierta en sustituto del soberano, que son los ciudadanos. Y lo que recuerdo respecto a los poderes institucionales se puede aplicar, a fortiori, a los medios de poder no institucionales, a los grandes agentes de la economía del mercado global, a los oligopolios de las telecomunicaciones, por ejemplo. La división tiene por objeto eso, que ninguno de los poderes institucionales ni fáctico se convierta en soberano, un riesgo acentuado por la creciente importancia del desarrollo tecnológico, que puede concentrar en unas pocas manos el dominio sobre las decisiones reales, que condicionan nuestras vidas.

Dicho de otro modo, eso que he llamado la democratización de la política, en nuestro contexto, es decir, en el de sociedades plurales, complejas, postindustriales, recorre ante todo la vía de la división y control de ese poder, a fin de someterlo a límites, tal y como supieron ver Montesquieu y una parte de los revolucionarios nortemericanos que construyen el sistema de checks and balances, una república en la que, conforme a las propuestas de Hamilton en The Federalist, y desde la Constitución federal de 1787, la soberanía es dividida, limitada, compartida.

Por eso, el Estado de Derecho es un paso clave al que no debemos renunciar ni debilitar, porque su leit-motiv es la división de poderes y el control del poder, sobre todo el del Leviathan que encarna el gobierno. El problema, como sabemos, es que la lógica del poder -de toda forma de poder, también entre particulares- viene definida por un rasgo: es insaciable, tal y como explicara lord Acton en su conocido aserto sobre el poder político. Quien ejerce poder quiere siempre más poder, aspira a la dominación absoluta: por eso, tiende a concebir al otro en términos de sumiso lacayo/esclavo, o enemigo a reducir y por eso le repugnan la resistencia, la disidencia e incluso la crítica. El poder exige obediencia absoluta incluso cuando, como admite Federico II, promueva la discusión intelectual, las luces. Sólo el Estado de Derecho puede disciplinar ese ansia del poder.

Puede decirse que en esa tarea de democratización hay dos vías. La primera fue avizorada ya por Platón: el mejor límite del poder político (también del económico, y del mediático) es el gobierno de leyes, contra el que se rebela, claro, el soberano que se quiere absoluto, lo que quiere decir, precisamente y sobre todo, solutus a(b) legibus. El ansia de des-regulación, que preside el quehacer de los agentes d poder económico y mediático, tantas veces bajo el escudo de muy nobles causas -la libertad de comercio, de empresa, la libertad de expresión y de información- sigue esa misma lógica, pues tras la concurrenci subyace la lógica del beneficio que conduce no tanto a la cooperación sino a la eliminación del adversario, del competidor, aunque no sea por la vía del monopolio, sino del oligopolio. Por eso, es necesario que la voluntad del que gobierna no sea omnímoda, que tenga por fundamento y límite la ley. De ahí el carácter central del imperio de la ley como núcleo del Estado de Derecho, algo que hoy reformulamos como imperio de la Constitución (y de las normas supranacionales, como las del Derecho internacional de los derechos humanos). Leyes, Constitución, normas de derecho supraestatal, limitan el exceso al que tiende de suyo la soberanía tout court: es lo que algunos reformulan como Estado constitucional.

La otra vía es la que permite garantizar que <el común>, que no es nada abstracto, sino los ciudadanos y, en ese sentido, el pueblo, pueda asumir su protagonismo en la actividad política. Ello requiere información y educación. La educación es la vía aúrea para estar informados, para formarse en la capacidad de decidir por sí mismos, de autodeterminarse, si perjudicar a lo que es común. Y se completa con la institución que asegura esa información: la prensa, o, por mejor decir, los medios de comunicación, elemento capital del proceso de democratización como ha sabido mostrar el filósofo Jürgen Habermas en sus investigaciones sobre el espacio público sobre la publicidad, en el sentido de Öffentlichkeit-, desde su trabajo de habilitación a cátedra (aqui traducido como <Historia y crítica de la opinión pública>), hasta <Facticidad y validez>.

Pero el poder, -insisto, no me refiero sólo el ejecutivo como arquetipo del poder político, sino también a otras diferentes formas del poder no institucionales, como los agentes del mercado, o las iglesias- sabe de la importancia de esos dos instrumentos, educación y prensa, y por eso su esfuerzo por colonizarlos, por ponerlos a su servicio. De ahí la importancia del pluralismo y –sobre todo en el ámbito de la educación- de la fortaleza de la presencia pública, para asegurar que esos dos bienes, información, educación, estén al alcance de todos y no sean un coto de los privilegiados. Es cierto que, sin el derecho universal al voto, primera herramienta de su acceso al poder de decisión –de autodeterminación-, esto es, sin urnas, no hay democracia. Pero no basta con ello: no tiene sentido contraponer las urnas con la separación de poderes y el imperio de la ley. Estas dos condiciones, junto a la libertad de prensa y el acceso de todos a la educación, son imprescindibles para que el pueblo pueda ser el soberano.

Claro que hay otro corolario a recordar: el equilibrio de las instituciones que encarnan la división de poderes, su prestigio y autoridad en el sentido de auctoritas, es indispensable para asegurar el esfuerzo de democratización. Por eso me parece tan grave la situación que vivimos en este momento en nuestro país: parece en quiebra el respeto institucional que obliga de forma recíproca a las instituciones que encarnan la separación de poderes: respeto para consigo mismas y respeto mutuo, en aras del bien superior, la res publica.

Repetiré algunos lugares comunes, desmentidos de hecho y de continuo en la práctica. Conforme a la Constitución, la soberanía popular encarna en las Cortes generales. El ejecutivo es el responsable de la acción de gobierno, desde la legitimidad que le otorga el Parlamento nacido de las urnas. Los jueces no son en puridad un poder, sino el instrumento a través del cual se acerca el Derecho a los justiciables (los ciudadanos) y se controla que el ejecutivo se atenga a la primacía de la ley. En nuestro sistema jurídico político, ell (pen)último control -negativo-, no el de legalidad, sino el de constitucionalidad, corresponde al Tribunal Constitucional. Ahora bien, ni los jueces ni el TC están legitimados para ejercer las funciones que corresponde ejercer al legislativo, ni tampoco las funciones del gobierno, para las que uno y otro (Cortes Generales y Gobierno) cuentan con toda la legitimidad constitucional. Del mismo modo que el gobierno debe respetar escrupulosamente la independencia de los tribunales, le gusten o no sus decisiones, aunque tiene a su alcance criticarlas y aun recurrirlas conforme a los procedimientos establecidos.

La conclusión es también evidente: cuando el Gobierno de un lado, o los tribunales de otro, faltan a ese respeto institucional que exige escrupuloso respeto al ejercicio legítimo de las funciones que corresponden a cada uno y, por tanto, prohibe cualquier intereferencia ilegítima, cualquier intento de suplantar las funciones del otro, o cuando los partidos políticos, en aras de su estrategia por alcanzar el poder (o mantenerse en él), faltan a ese respeto debido al poder legislativo y al judicial (como sucede hoy, por ejemplo, no poniendo en práctica la renovación de los órganos constitucionales), no es que carezcan de sentido de Estado, es que no parecen entender ni el Estado de Derecho ni la democracia.