Vivimos bajo el signo de la advertencia de Brecht: estos son tiempos difíciles, precisamente porque hay que luchar por verdades de Perogrullo como si fueran revelaciones inéditas y desafiantes. Propondré dos de esas <verdades >, que considero hoy profundamente tergiversadas.
Comencemos por ésta: debemos reivindicar, frente a tanto experto y tanto periodista y tertuliano que reducen la política únicamente al planteamiento pragmático centrado en las reglas para alcanzar el poder y mantenerse en él, (un planteamiento no filosófico ni menos aún idealista, sino realista, nos dicen, para subrayar que hablan de ciencia, no de ensoñaciones; por eso sus argumentos son los sondeos de opinión y cómo mover los votos), o recordar una primera verdad de Perogrullo: la política no se reduce a la gestión del Estado, ni a su primacía, porque es sobre todo el arte de construir la mejor res publica. Por tanto, la política no se reduce a la dominación -insisto, al modo de conquistar el poder y mantenerse en él-, por mucho que ese objetivo, el poder, sea condición sine qua non para conformar la cosa pública. De ello se desprende asimismo que la <razón política> no debe confundirse con esa supuesta instancia suprema que sería la <razón de Estado>, ni, menos aún, con la <razón partidista>, que cada dia más parece cada vez más dictada por el pequeño aparato de poder de la cúpula del partido y sus spin-doctors, que en la mayoría de los casos no han elegido los ciudadanos, ni siquiera los militantes. Cúpulas que monopolizan la acción de gobierno y, en no pocas ocasiones, tratan de condicionar -si no usurpar- la acción legislativa e incluso la jurisdiccional..
Sumemos esta segunda: en la medida en que la actividad política se debe encaminar a asegurar el óptimo posible de la res publica, o reducir al mínimo el daño a eso que es lo común, que precisamente por ello es lo que los clásicos teorizaron como bien común, el objetivo de la política, como ha insistido Rancière, no puede ser otro en realidad que el de <democratizar el ejercicio y gestión de la cosa pública>, esto es, asegurar que sea fruto de una decisión común todo lo que atañe a todos. Si esto es así -debe ser así- tendremos que aceptar que la democracia consiste en el quehacer continuo del pueblo para constituirse como poder, o, por seguir con el mismo Rancière, aceptar que la principal dificultad del proyecto democrático ha sido y continúa siendo el miedo al pueblo como soberano. Todo ello explica que un cometido básico de lo que entendemos por política consista en el esfuerzo por realizar el programa de democratizar la política y, a fortiori, democratizar el Estado. Como querían los revolucionarios norteamericanos, ninguna estructura estatal es soberana; sólo lo es el pueblo. Eso no supone que la única vía democrática sea la democracia directa, asamblearia.A mi juicio, reitero esto no supone descalificar la democracia representativa, sino que se concreta en dos tipos de exigencias: de un lado, multiplicar los controles, la exigencia efectiva de responsabilidad política (lo que a su vez supone optimizar la efectividad del control parlamentario y también del control judicial cuya independencia, desde luego es de capital importancia preservar) y, en segundo término, asegurar la división de poderes, la interferencia o intromisión ilegítima de cualquiera de ellos sobre los otros, precisamente para que ninguno de ellos se convierta en sustituto del soberano, que son los ciudadanos. Y lo que recuerdo respecto a los poderes institucionales se puede aplicar, a fortiori, a los medios de poder no institucionales, a los grandes agentes de la economía del mercado global, a los oligopolios de las telecomunicaciones, por ejemplo. La división tiene por objeto eso, que ninguno de los poderes institucionales ni fáctico se convierta en soberano, un riesgo acentuado por la creciente importancia del desarrollo tecnológico, que puede concentrar en unas pocas manos el dominio sobre las decisiones reales, que condicionan nuestras vidas.
Dicho de otro modo, eso que he llamado la democratización de la política, en nuestro contexto, es decir, en el de sociedades plurales, complejas, postindustriales, recorre ante todo la vía de la división y control de ese poder, a fin de someterlo a límites, tal y como supieron ver Montesquieu y una parte de los revolucionarios nortemericanos que construyen el sistema de checks and balances, una república en la que, conforme a las propuestas de Hamilton en The Federalist, y desde la Constitución federal de 1787, la soberanía es dividida, limitada, compartida.
Por eso, el Estado de Derecho es un paso clave al que no debemos renunciar ni debilitar, porque su leit-motiv es la división de poderes y el control del poder, sobre todo el del Leviathan que encarna el gobierno. El problema, como sabemos, es que la lógica del poder -de toda forma de poder, también entre particulares- viene definida por un rasgo: es insaciable, tal y como explicara lord Acton en su conocido aserto sobre el poder político. Quien ejerce poder quiere siempre más poder, aspira a la dominación absoluta: por eso, tiende a concebir al otro en términos de sumiso lacayo/esclavo, o enemigo a reducir y por eso le repugnan la resistencia, la disidencia e incluso la crítica. El poder exige obediencia absoluta incluso cuando, como admite Federico II, promueva la discusión intelectual, las luces. Sólo el Estado de Derecho puede disciplinar ese ansia del poder.
Puede decirse que en esa tarea de democratización hay dos vías. La primera fue avizorada ya por Platón: el mejor límite del poder político (también del económico, y del mediático) es el gobierno de leyes, contra el que se rebela, claro, el soberano que se quiere absoluto, lo que quiere decir, precisamente y sobre todo, solutus a(b) legibus. El ansia de des-regulación, que preside el quehacer de los agentes d poder económico y mediático, tantas veces bajo el escudo de muy nobles causas -la libertad de comercio, de empresa, la libertad de expresión y de información- sigue esa misma lógica, pues tras la concurrenci subyace la lógica del beneficio que conduce no tanto a la cooperación sino a la eliminación del adversario, del competidor, aunque no sea por la vía del monopolio, sino del oligopolio. Por eso, es necesario que la voluntad del que gobierna no sea omnímoda, que tenga por fundamento y límite la ley. De ahí el carácter central del imperio de la ley como núcleo del Estado de Derecho, algo que hoy reformulamos como imperio de la Constitución (y de las normas supranacionales, como las del Derecho internacional de los derechos humanos). Leyes, Constitución, normas de derecho supraestatal, limitan el exceso al que tiende de suyo la soberanía tout court: es lo que algunos reformulan como Estado constitucional.
La otra vía es la que permite garantizar que <el común>, que no es nada abstracto, sino los ciudadanos y, en ese sentido, el pueblo, pueda asumir su protagonismo en la actividad política. Ello requiere información y educación. La educación es la vía aúrea para estar informados, para formarse en la capacidad de decidir por sí mismos, de autodeterminarse, si perjudicar a lo que es común. Y se completa con la institución que asegura esa información: la prensa, o, por mejor decir, los medios de comunicación, elemento capital del proceso de democratización como ha sabido mostrar el filósofo Jürgen Habermas en sus investigaciones sobre el espacio público sobre la publicidad, en el sentido de Öffentlichkeit-, desde su trabajo de habilitación a cátedra (aqui traducido como <Historia y crítica de la opinión pública>), hasta <Facticidad y validez>.
Pero el poder, -insisto, no me refiero sólo el ejecutivo como arquetipo del poder político, sino también a otras diferentes formas del poder no institucionales, como los agentes del mercado, o las iglesias- sabe de la importancia de esos dos instrumentos, educación y prensa, y por eso su esfuerzo por colonizarlos, por ponerlos a su servicio. De ahí la importancia del pluralismo y –sobre todo en el ámbito de la educación- de la fortaleza de la presencia pública, para asegurar que esos dos bienes, información, educación, estén al alcance de todos y no sean un coto de los privilegiados. Es cierto que, sin el derecho universal al voto, primera herramienta de su acceso al poder de decisión –de autodeterminación-, esto es, sin urnas, no hay democracia. Pero no basta con ello: no tiene sentido contraponer las urnas con la separación de poderes y el imperio de la ley. Estas dos condiciones, junto a la libertad de prensa y el acceso de todos a la educación, son imprescindibles para que el pueblo pueda ser el soberano.
Claro que hay otro corolario a recordar: el equilibrio de las instituciones que encarnan la división de poderes, su prestigio y autoridad en el sentido de auctoritas, es indispensable para asegurar el esfuerzo de democratización. Por eso me parece tan grave la situación que vivimos en este momento en nuestro país: parece en quiebra el respeto institucional que obliga de forma recíproca a las instituciones que encarnan la separación de poderes: respeto para consigo mismas y respeto mutuo, en aras del bien superior, la res publica.
Repetiré algunos lugares comunes, desmentidos de hecho y de continuo en la práctica. Conforme a la Constitución, la soberanía popular encarna en las Cortes generales. El ejecutivo es el responsable de la acción de gobierno, desde la legitimidad que le otorga el Parlamento nacido de las urnas. Los jueces no son en puridad un poder, sino el instrumento a través del cual se acerca el Derecho a los justiciables (los ciudadanos) y se controla que el ejecutivo se atenga a la primacía de la ley. En nuestro sistema jurídico político, ell (pen)último control -negativo-, no el de legalidad, sino el de constitucionalidad, corresponde al Tribunal Constitucional. Ahora bien, ni los jueces ni el TC están legitimados para ejercer las funciones que corresponde ejercer al legislativo, ni tampoco las funciones del gobierno, para las que uno y otro (Cortes Generales y Gobierno) cuentan con toda la legitimidad constitucional. Del mismo modo que el gobierno debe respetar escrupulosamente la independencia de los tribunales, le gusten o no sus decisiones, aunque tiene a su alcance criticarlas y aun recurrirlas conforme a los procedimientos establecidos.
La conclusión es también evidente: cuando el Gobierno de un lado, o los tribunales de otro, faltan a ese respeto institucional que exige escrupuloso respeto al ejercicio legítimo de las funciones que corresponden a cada uno y, por tanto, prohibe cualquier intereferencia ilegítima, cualquier intento de suplantar las funciones del otro, o cuando los partidos políticos, en aras de su estrategia por alcanzar el poder (o mantenerse en él), faltan a ese respeto debido al poder legislativo y al judicial (como sucede hoy, por ejemplo, no poniendo en práctica la renovación de los órganos constitucionales), no es que carezcan de sentido de Estado, es que no parecen entender ni el Estado de Derecho ni la democracia.