SOBRE LOS ACUERDOS ENTRE EL GOBIERNO DE ESPAÑA Y EL REY DE MARRUECOS Y SU REPERCUSIÓN EN EL CONTENCIOSO DEL SAHARA OCCIDENTAL

El acuerdo del gobierno de España con el rey de Marruecos que, sorprendentemente, ha sido conocido en nuestro país antes a través del comunicado del rey que del propio gobierno español, el 18 de marzo de 2022 (https://www.swissinfo.ch/spa/marruecos-espa%C3%B1a_marruecos-asegura-que-espa%C3%B1a-apoya-su-propuesta-de-autonom%C3%ADa-del-sahara/47445156), ha sido objeto de polémica por sus repercusiones en la posición de España respecto al contencioso en el Sáhara occidental y a los derechos de los saharauis.

No tengo ninguna duda de que el gobierno de España ha actuado y actúa guiado por la defensa de los intereses de España y de los ciudadanos españoles, en un momento particularmente complejo y difícil en el contexto internacional, por factores que no hace ninguna falta explicitar.

Sin duda, a la hora de aceptar el planteamiento del reino alauita, la colaboración de Marruecos en la política migratoria ha sido un elemento clave, decisivo para aceptar el planteamiento marroquí, junto con el compromiso de Mohamed VI de renunciar a reivindicaciones que socavan la integridad territorial y la soberanía de España (Ceuta, Melilla, Canarias . Si ambos extremos constituyeran un compromiso, insisto, estable, sería sin duda un paso muy importante para la alcanzar un marco duradero de garantía en temas de importancia indiscutible para España.

Dicho todo ésto, me uno a los que ponen en duda que, habida cuenta de la experiencia que tenemos acerca del comportamiento arbitrario del rey Mohamed VI, tengamos garantía de que no cambie de opinión según le convenga y por tanto, de que no se sienta vinculado por este acuerdo. Su predilección por el chantaje y la ausencia de cualquier control democrático de sus decisiones, pues se trata de un autócrata que carece de contrapesos en las instituciones y centros de poder marroquíes, unido a su acreditado desprecio por los derechos humanos, no son la mejor garantía.

Lo que más me importa, en todo caso, es que el planteamiento de partida de este acuerdo supone aceptar de facto y quizá de iure que el Sahara es de soberanía marroquí (tesis que, a juicio de algunos de nosotros, es inaceptable). Me refiero al planteamiento de que la solución al contencioso del Sahara pasa por la propuesta de Marruecos aceptada en 2007 por el presidente Zapatero como solución aceptable y supuestamente admisible en el marco de las resoluciones de la ONU. En palabras del expresidente Rodríguez Zapatero, que cito textualmente: «Podemos decir que después de 50 años sin solución abrir una vía como la autonomía me parece lo inteligente. Lo que no conviene es la situación de los últimos 50 años ni económica, no social ni políticamente. Estas posiciones no han dado lugar a nada. Intentemos otras vías. Sabemos lo que puede suponer un proceso de autonomía. ¿Por qué no puede ser esa una vía? Me lo pareció en 2008 y este Gobierno que reafirma ahora esto es una opinión política expresada. Otros países europeos también apoyan esto. Tendríamos que felicitarnos porque hoy hemos recuperado una relación de plena confianza con Marruecos sin hacer un cambio«.

Eso es lo que ahora se consagra oficialmente: aceptar, desde luego de facto y posiblemente de iure, que la solución para los saharauis consiste en ser una región autónoma de Marruecos.

La primera consecuencia es que eso supone renunciar concretamente a la soberanía sobre los fosfatos y los bancos de pesca, que serían marroquíes. Eso es contrario a Derecho.

Recordaré que es contrario a una reiterada jurisprudencia del TJUE, confirmada por la reciente Sentencia del TJUE de septiembre de 2021 (https://curia.europa.eu/…/pdf/2021-09/cp210166es.pdf), que revoca las decisiones del Consejo europeo sobre la soberanía de esos bancos de pesca por parte de Marruecos, frente al Frente Polisario.

Y en segundo lugar y sobe todo, es contrario a Derecho porque no garantiza suficientemente el núcleo de las resoluciones de la ONU sobre el problema de la ejecución de la descolonización de lo que fue conocido como el Sahara español, el territorio reivindicado por los saharauis.

Ese núcleo, como sabemos muy bien, conforme al Derecho internacional y a las resoluciones de la ONU, comenzando por la resolución 1514 (XXV) (https://www.un.org/dppa/decolonization/es/general-assembly) y su desarrollo posterior en relación con el contencioso saharaui, cuyo punto de partida es la resolución 690/1991 del Consejo de Seguridad (https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/597/52/PDF/NR059752.pdf?OpenElement)), que establece también la MINURSO, es el ejercicio del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, como pueblo descolonizado.

Y eso, supone un referendum de autodeterminación. Un referendum del pueblo saharaui, sin manipulaciones del censo como las que lleva haciendo Marruecos desde hace años, al instalar colonos marroquies en ese territorio (algo similar a lo que hacen los colonos judíos en Palestina). Adulteraciones que serían todavía más graves si se acepta que Marruecos es soberana, que el Sahara es una región marroquí y por tanto el censo se constituye sobre esa base.

La defesa de esa interpretación de las exigencias de la legalidad internacional ha sido la posición que ha sostenido el PSOE siempre, reiterada en su programa electoral de 2019 y en su 40 Congreso, este mismo año, en valencia.

A mi juicio, apoyar la propuesta del reino de Marruecos (como hizo el presidente Zapatero en 2007 y como se hace ahora, en idénticos términos, por cierto, a como la presenta la administración norteamericana: «la base más seria, realista y creíble para la resolución del contencioso»), se aparta de la interpretación más coherente de la legalidad internacional, tal y como acaba de sostener el Comunicado del Encuentro de Juristas y Observatorios de Derechos Humanos para el Sahara Occidental (19.03.2022).

SANCIONES A PUTIN, SÍ. PERO NO DE BROCHA GORDA (versión ampliada del artículo publicado en La Vanguardia, 17 de marzo de 2022)

Javier de Lucas

Sanciones frente a la agresión: la posición de la UE

Ante la injustificable agresión ejecutada por Putin contra Ucrania -que puede ser considerado un crimen internacional (crimen de agresión)-, ante los crímenes de guerra e incluso quizá crímenes contra la humanidad que se están cometiendo en estas tres semanas de la <acción militar especial>, la Unión Europea decidió reaccionar. Pese a las demandas del presidente Zelinsky, se han descartado las medidas que puedan significar un enfrentamiento directo armado, por miedo a que eso desencadene una tercera guerra mundial con uso de armas nucleares. Se ha descartado, muy concretamente, la reiterada demanda de Ucrania para crear una zona de exclusión aérea, como se hizo con la Libia de Gadafi, lo que precipitó la intervención de Francia, EEUU y el Reino Unido que propició el derrocamiento y linchamiento del dictador libio. Dicho sea de paso, la intervención de Francia estaba cantada por el consejero aúlico de Sarkozy, el siempre autocomplaciente BHL, que le aseguró la reelección con esa coartada. La misma que Hollywood contó en un film que se ha citado muchas veces, la película de Barry Levinson Wag the dog (1997), que en España se estrenó como «Cortina de humo».

Pero está claro que Putin y Rusia no son Gadafi ni Libia. El discurso del presidente de Ucrania ante el Congreso de los EEUU, el miércoles 16 de marzo, debería ser leído con atención, pues resulta difícil negar que pone a los EEUU y por extensión a la UE y a los aliados ante la más dura de las contradicciones: el Derecho internacional y la razón están de la parte de Ucrania, pero eso no es suficiente para correr el riesgo del enfrentamiento armado con Putin. Aún así, es evidente que, como alegó Zelinsky evocando Pearl Harbour y el 11S,  Ucrania tiene todo el derecho de legítima defensa frente a una agresión, como reconoce el artículo 51 de la Carta de la ONU (“Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales”). Es evidente que el Consejo no ha adoptado ni va a adoptar medidas. Pero parece coherente con los principios de legalidad internacional que terceros Estados -la UE, Canadá, los EEUU-, contribuyan a esa legítima defensa, proporcionando los medios -eso se llama armamento, sí- para que el Estado agredido pueda hacer frente al agresor.

Por lo que se refiere a las sanciones acordadas por la UE, hay que tener en cuenta que adoptó en 2003 su propio marco normativo para las sanciones: se trata de sus Orientaciones sobre la aplicación y evaluación de medidas restrictivas». Las sanciones se conciben como instrumento esencial de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), dentro de un planteamiento político integrado y global que comprende el diálogo político, acciones complementarias y el recurso a otros instrumentos disponibles. Expresamente, la UE se compromete a reducir al mínimo los efectos en la población civil local y en las actividades legítimas del país de que se trate o que se realicen con él.

Este punto es particularmente interesante, pues trata de impedir lo que podríamos llamar “efecto brocha gorda”. Esto es, como señalaba recientemente Salvador Enguix, evitar “que paguen justos por pecadores” https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20220315/8124227/justos-pecadores-caso-universidades-ucrania-rusia.html). En efecto, la mayoría de los ciudadanos rusos no son responsables de las decisiones de Putin y de su gobierno, ni desde luego, de la élite de millonarios que tienen con Putin una relación de ayuda mutua, aunque se supone que sí han elegido libremente a sus representantes en la Duma que han suscrito unánimemente las decisiones de Putin sobre la “acción militar especial” en Ucrania. Contra ellos, y no contra el pueblo ruso, contra los representantes de su sociedad civil de modo indiscriminado, es contra quienes se deben dirigir las sanciones. Por eso hay que examinar, como veremos enseguida, el problema del “doble filo” de las sanciones. El marco normativo de las sanciones ha sido actualizado en 2005, 2009, 2012, 2017 y, en lo que más nos interesa y es más reciente, el 4 de mayo de 2018, un acuerdo que conviene consultar (https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5664-2018-INIT/es/pdf).

Muy concretamente desde ese marco legal la UE ha venido adoptando medidas de sanción contra Rusia desde 2014, por su anexión de Crimea y por los incumplimientos de los acuerdos de Minsk. La cronología y desglose de esas sanciones puede consultarse en la detallada infografía proporcionada por el propio Consejo europeo (https://www.consilium.europa.eu/es/infographics/eu-sanctions-against-russia-over-ukraine/). Pero, ante la decisión de Rusia de reconocer como entidades independientes las zonas no controladas por el Gobierno de las provincias de Donetsk y Luhansk en 2022 la UE adoptó medidas de sanción, que dan un salto cualitativo poco después, en febrero de 2022, como respuesta a la agresión a Ucrania. Así, el Consejo europeo adoptó el 24 de febrero de 2022 un primer paquete de sanciones económicas y de ruptura o suspensión de relaciones particularmente duro (https://www.consilium.europa.eu/es/policies/sanctions/restrictive-measures-ukraine-crisis/), a los que han seguido otros tres: el más reciente, -el cuarto- en el Consejo del 7 de marzo (https://euroefe.euractiv.es/section/exteriores-y-defensa/news/ue-ultima-mas-sanciones-rusia-se-prepara-crisis-energetica/). A mi juicio, se trata de una respuesta más que justificada desde el punto de vista de la legalidad internacional. Porque la UE debe afirmar con contundencia su oposición a la agresión y el recurso a cuantas iniciativas legales -y en primer lugar, la vía diplomática- puedan detener la guerra, aunque tengan un coste evidente para nosotros mismos.

El punctum dolens de todo esto, como decía, es que resulta difícil evitar lo que se ha denominado el <doble efecto de las sanciones>, esto es, su repercusión sobre la población de modo, insisto, indiscriminado. Me parece que es muy clarificador el análisis que ha propuesto a ese respecto recientemente el columnista del New York Times Max Fisher, en su sección The Interpreter (https://www.nytimes.com/2022/03/09/world/europe/russia-ukraine-economy.html), en la que subraya que la estrategia de las sanciones incluye específicamente poner a prueba la capacidad de esos gobiernos autocráticos frente a su propia opinión pública. Eso significa que el destinatario indirecto de las sanciones, pese al importante matiz que recogen los principios enunciados por la propia UE acerca de evitar la brocha gorda, en el fondo está expresamente contemplado como elemento estratégico: la hipótesis es que dificultar la vida cotidiana en Rusia se supone que se alienta la resistencia frente al autócrata. Como ha escrito el profesor del King College Sam Greene, autor del libro Putin v the People: The Perilous Politics of a Divided Russia (Yale University Press, 2019), la clave consiste en lograr que Putin tenga que hacer frente a un segundo frente, a una “segunda guerra”, la que le enfrentaría contra su propia opinión pública, contra su pueblo. El problema es que esa insurgecia de la opinión pública resulta muy difícil, habida cuenta del aislamiento digital impuesto por el Kremlin como han subrayado por ejemplo Valerie Hopkins y Adam Satariano (https://app.informed.so/articles/2022-03-07-russia-blocked-from-the-global-internet-plunges-into-digital-isolation). Además, esta es una apuesta de riesgo, con daños que sólo eufemísticamente se pueden denominar colaterales o no queridos, pero que en realidad son muy severos para la población. Baste pensar en las penas de hasta 15 años de cárcel que afrontan quienes desde la prensa o los medios, como Marina Ovsiannikova, la regidora de televisión que interrupió el telediario Vremya del canal 1, el canal ruso oficial de mayor audiencia, con su pancarta denunciando la propaganda y las mentiras informativas y proclamando el no a la guerra, o desde la calle, como Yelena Osipova, la superviviente de la segunda guerra mundial que incita a los soldados rusos en Ucrania a abandonar sus armas y los más de 15000 manifestantes que han sufrido detenciones. El problema, creo, es que esas son indiscutiblemente posturas heroicas. Y el heroísmo se admira, pero no se puede exigir; ni siquiera inducir.

Pues bien, uno de los aspectos en los que las sanciones se revelan más cuestionables o, si se prefiere, más necesitadas de esprit de finesse, de un pincel fino por contraste con la brocha gorda es, a mi juicio, las sanciones que se plantean en la modalidad de ruptura o suspensión de las relaciones con personas e instituciones en el ámbito cultural, científico y universitario. En realidad, a eso vienen estas líneas.

¿Sancionar la ciencia, la cultura, la Universidad?

En estos días, he sostenido públicamente mi discrepancia con las consecuencias de estas sanciones en el ámbito de la ciencia, la educación y la cultura. La ruptura de relaciones con las instituciones científicas, de investigación, culturales y universitarias rusas y refrendadas en nuestro país por los ministerios de Ciencia, Universidades y también desde el de Cultura, así como -en el caso de las Universidades- por la CRUE, y que han repercutido directamente en la toma de posición de las cuatro Universidades que constituyen la Alianza Universitaria Ruso Española (AURE), Carlos III, Oviedo, Rovira i Virgili y la Universitat de Valencia (https://www.uv.es/uvweb/uv-noticias/ca/noticies/posicionament-universitats-espanyoles-xarxa-aure-alianca-rus-espanyola-1285973304159/Novetat.html?id=1286250256148&plantilla=UV_Noticies%2FPage%2FTPGDetaillNews&fbclid=IwAR1XJPyuyoF5CzdA0Aslq8UCh_E78d3A2o8NgwRMykbpDnjnJVA6rMj7s7c), pese a que está lleno de importantes matices sobre los que ha pasado por alto la polémica en la opinión pública, me parece que mantiene el error de partida.

Creo que esta suspensión de relaciones y actividades de colaboración -no digamos si es ruptura y no simplemente interrupción, es  un error de concepto: la cultura, la ciencia, la investigación, la educación, por definición deben ser abiertas. Quienes las llevan a cabo no deben sufrir por las irresponsables e inadmisibles decisiones del autócrata Putin. Desde luego, es un error de concepto, a mi juicio, porque una medida tan indiscriminada, que no entra en los necesarios matices, en el examen de los casos concretos, parece un apriorismo injusto.

Creo que es un error táctico: estas medidas no ayudan a la situación de los científicos, los profesores, los creadores artísticos, los periodistas…que están en contra de la guerra. En realidad, les ponen las cosas más dificiles, los aíslan, no les ayudan. Puede facilitar, por el contrario, la propaganda oficial que presenta a la UE como una potencia que desprecia y ofende al pueblo ruso. Insisto: argumentar que con estas medidas se trata de incentivar la resistencia del pueblo ruso, de los agentes de su sociedad civil contra Putin, es plausible, pero sólo si se hace con proporción, para evitar el daño mayor,  el daño a los inocentes, que son la mayoría de la población y también la inmensa mayoría de los científicos, profesores, investigadores, estudiantes, o los creadores y artistas culturales. Y aquí llegamos a las decisiones que han causado considerable polémica.

Me refiero a las que adoptó el Consejo de Gobierno de mi Universidad de Valencia (UV), que suponían congelar los acuerdos con las Universidades rusas, paralizar los programas de movilidad con esas universidades en el curso próximo y recomendar a los estudiantes valencianos en Rusia que retornaran y a los estudiantes rusos en valencia que hicieran lo propio. Creo que son dos los problemas de esas decisiones, aunque insisto, el error de fondo no es tanto de la propia UV, sino de los acuerdos que aplica, esto es, los adoptados por la UE con sus sanciones, trasladadas al plano universitario -con el acuerdo de la European University Association-, por los Ministerios españoles de Ciencia, Universidades y Cultura y por la CRUE, la conferencia de rectores de las universidades españolas.

 Primero, la suspensión de actividades del Centro Ruso de la Universitat de València, uno de los dos que existen en universidades españolas junto al de la Universidad de Granada, en alianza con el Ruskiy Mir, una institución oficial rusa similar a la red de Institutos Confucio del Han Ban chino. Lo cierto es que la Universidad de Granada adoptó un acuerdo diferente: en lugar de suspender sus actividades, se acordó administrar en adelante el Centro Ruso directamente por la propia Universidad, sin la presencia de esa institución oficial rusa, en aplicación de las sanciones. Pero no se priva a los estudiantes ni a los profesores, investigadores o profesionales, de la oportunidad que significa la existencia de tal centro (https://www.granadahoy.com/granada/Centro-Ruso-Granada-UGR_0_1662134076.html). Me parece una decisión mucho más razonable.

Además, su recomendación a los estudiantes rusos en relación con la suspensión de sus estudios (también se recomendó a los estudiantes de la UV en Rusia que retornaran). En realidad, respecto al acuerdo relativo a los diez estudiantes rusos, creo que lo que ha habido es un error de comunicación, de grueso calibre, porque ha afectado a la imagen de la Universidad, de su Consejo de Gobierno y de su rectora, al enfatizar inicialmente la dimensión de suspensión y de ruptura alegando la coherencia con los acuerdos de instituciones superiores (de la propia UE, de los ministerios, de la CRUE) que, insisto y a mi juicio, son desproporcionados e indiscriminados. Lo cierto es que, como ha aclarado después el comunicado oficial de la propia UV, (un comunicado que debería haberse publicado el primer día pero que no se hizo público hasta el 16 de marzo: https://www.uv.es/uvweb/uv-noticias/ca/noticies/posicio-uv-sobre-programes-mobilitat-russia-1285973304159/Novetat.html?id=1286250292228&plantilla=UV_Noticies/Page/TPGDetaillNews), la Universitat se dirigió a los diez estudiantes de nacionalidad rusa que cursan en ella sus estudios para recomendarlas que retornaran a su país, a la vista de la guerra y de las consecuencias de las sanciones, que comportan indudablemente dificultades económicas para continuar su vida en Valencia y les ofreció ayuda fuera cual fuera la decisión que adoptaran. La Universitat aclara que no se les prohibió (faltaría más) que prosigan sus estudios.Así se dice expresamente: “la Universitat ha recomanat, com a mesura de seguretat a l’estudiantat valencià a Russia retornar a valència i l’estudiantat rus rerornar al seu país, però donarem suport a les decissions que adopten”).

Cualquiera que conozca los estatutos, el programa con el que concurrió a las elecciones el equipo rectoral de la profesora Mestre y el talante y, desde luego, las convicciones de la rectora Mestre y de los profesores que forman parte de su equipo de gobierno, sabe que no cabe duda de que el propósito de ese acuerdo del Consejo de gobierno era ayudar a los estudiantes, no castigarlos. Esa es mi convicción y por eso he rechazado y condeno los insultos y descalificaciones de grueso tono vertidos contra la rectora y el Consejo de Gobierno. Pero lo cierto es que se comunicó mal y, sobre todo, se enfatizó la coherencia con una posición da principio (la de la UE y demás instituciones que han decidido aplicar las sanciones en el mundo científico universitario y cultural) que, como digo, considero errónea por su carácter indiscriminado en cuanto a sus destinatarios y por su desproporción e inadecuación a lo que es la comunidad universitaria, una comunidad por definición abierta. Estoy con el president Puig, cuando advirtió que en ningún modo las sanciones, tampoco las universitarias, pueden tener como objeto a los ciudadanos de a pie, porque hay que distinguir entre Putin, su círculo de poder y el pueblo ruso https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20220316/8130085/ximo-puig-pide-uv-trate-todos-rusos-fueran-putin.html).Ojalá acabe pronto este horror y no tenga como consecuencia la aparición de un foso en las relaciones entre el admirable pueblo ruso, su maravillosa cultura, sus extraordinarios científicos, artistas, profesores, investigadores y estudiantes… y nosotros.

VERICUETOS DE LA VOLUNTAD POLÍTICA EUROPEA ANTE LOS REFUGIADOS (versión ampliada del artículo publicado en Infolibre, 16 de marzo de 2022)

Una nueva voluntad política europea, ante los refugiados ucranianos

El aluvión de informaciones sobre la masiva diáspora ucraniana no puede dejar impasible a nadie: en menos de tres semanas de guerra, casi tres millones de personas han abandonado sus hogares en busca de protección. Impresiona, asimismo, el esfuerzo de solidaridad que se vive en toda Europa, comenzando por los países fronterizos: Polonia, Rumania o Moldavia, tanto por parte de sus gobiernos como de los ciudadanos. Polonia, otrora reluctante a cualquier pacto europeo que le imponga cuotas, acoge ya a 1,6 millones de refugiados ucranianos; el gobierno húngaro de Orban, cortado por el mismo patrón, ha recibido ya a más de un cuarto de millón. Casi 200.000 se encuentran en Eslovaquia, y más de 100.000 en un país minúsculo y pobre, Moldavia, de apenas dos millones de habitantes. Mientras tanto, la propia UE ha adoptado acuerdos políticos inéditos respecto a los desplazados que huyen de Ucrania.

El punto de inflexión ha sido la Decisión de Ejecución (UE) 2022/382 del Consejo, adoptada el 4 de marzo de 2022. Esta decisión supone activar la aplicación de la Directiva de protección temporal 2001/55/CEE, prevista para casos de afluencia masiva de personas desplazadas. Es la primera vez que se decide así, después de  veinte años de su aprobación. La activación obliga a los Estados miembros a concretar el reconocimiento individual de la protección temporal en el caso concreto de las personas desplazadas por el conflicto en Ucrania. Ello permite ofrecer a los ucranios una protección internacional análoga a la del asilo, que consiste ante todo en el principio de no devolución al país de origen a quien solicita tal protección (principio de non refoulement) y, ademá,s posibilita permisos de residencia y trabajo, apoyo financiero y acogida. En aplicación de ese acuerdo, los gobiernos europeos rivalizan hoy en establecer sistemas ágiles y generosos para esos desplazados ucranianos. Por no hablar de los innumerables ejemplos de generosa solidaridad por parte de las instituciones, agentes de la sociedad civil y simples ciudadanos.

Si la respuesta institucional europea ha sido en términos generales generosa y ágil, en el caso del gobierno español (y de los gobiernos de las CCAA y de un buen número de ayuntamientos) resulta remarcable y se concreta en dos órdenes ministeriales que concretan los acuerdos adoptados en el Consejo de ministros del 8 de marzo de 2022 (cuatro días después de la decisión del Consejo europeo).

La primera, la OM/170/2022, de 9 de marzo de 2022 (https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/10/pdfs/BOE-A-2022-3716.pdf), amplía la protección temporal otorgada en virtud de la Decisión de Ejecución (UE) 2022/382 del Consejo de 4 de marzo de 2022 a personas afectadas por el conflicto de Ucrania que puedan encontrar refugio en España. Supone, por cierto, una interpretación particularmente generosa de la aplicación de la directiva europea de 2001. En primer lugar, España permite acogerse a la norma a aquellos que ya vivían en España y que actualmente están en situación irregular, un supuesto que no estaba expresamente incluido en la decisión del Consejo Europeo. La medida beneficia a un número incierto de ucranios, por la imposibilidad de medir con rigor la irregularidad, pero puede tratarse de entre 10.000 y 18.000 personas. La aplicación que el gobierno español ha hecho, “considerando que las consecuencias de la guerra afectan a otras muchas personas”, amplía el ámbito subjetivo de aplicación, al extenderlo también a los refugiados que habían obtenido protección internacional en Ucrania, así como a los ciudadanos de terceros países con permisos permanentes de residencia en ese país. La norma también incluye a los familiares directos de estos. La ampliación de los supuestos que pueden acogerse a la directiva europea también beneficiará a aquellos residentes en Ucrania que estaban fuera del país antes de que el pasado 24 de febrero comenzase la invasión rusa. Esto incluye a turistas, estudiantes o ciudadanos en viajes de trabajo. En su decisión, España amplia la protección temporal a aquellos que residían en Ucrania con autorizaciones de residencia temporales y no solo permanentes, incluyendo así, por ejemplo, a estudiantes de terceros países. El resto de residentes ucranios en España, como ya se anunció la semana pasada, tendrán prioridad para renovar con agilidad sus trámites.

La principal incógnita residía en la cuestión de procedimiento, debido a lo dispuesto en el artículo 11 del RD 1235/2003 que aprobó el reglamento de aplicación de la directiva europea de 2001 y que impone que las solicitudes pasen por la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), muy sobrecargada en la actualidad (unas 80000 solicitudes pendientes), lo que supone que la tramitación y resolución de los expedientes de asilo en España sufran desde hace años muy considerables retrasos y dificultades, pese al esfuerzo de este gobierno por reforzar las plantillas de funcionarios que trabajan en esos temas. Pero el 10 de marzo se publicaba en el BOE una segunda Orden ministerial, la OM 169/2022 del Ministerio de Presidencia que, tras el trabajo conjunto con los ministerios de Inclusión y de Interior, habilitaba una solución de urgencia para aplicar individualmente la directiva de protección temporal y desbloquear las dificultades de procedimiento. Se trata de la, por la que se desarrolla el procedimiento para el reconocimiento de la protección temporal a personas afectadas por el conflicto en Ucrania (https://www.boe.es/eli/es/o/2022/03/09/pcm169/dof/spa/pdf), presentada como una normativa complementaria del Reglamento de 2003.

Esta solución técnicojurídica para salvar la dificultad que planteaba el mencionado artículo 11 del Reglamento es del mayor interés. De un lado, se arranca de la disposición final primera de esa norma, que habilita a los Ministerios de inclusión y de Interior para dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, las normas que sean necesarias para la ejecución y desarrollo de lo dispuesto en él. Además, para reforzar el fundamento jurídico de esta normativa complementaria, se invocan los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y particularmente a los de necesidad y eficacia, proporcionalidad, eficiencia y seguridad jurídica. En suma, esta Orden Ministerial supone de hecho la creación de una vía urgentísima de acogida, pues hace posible que los desplazados reciban en un plazo de 24 horas la documentación necesaria para trabajar.

Quede claro que, a mi juicio, todos estos esfuerzos merecen, por descontado, un juicio muy positivo. Pero resulta muy llamativa la aparición ahora, con ocasión de la diáspora ucraniana, de una voluntad política que ha sabido echar mano de instrumentos jurídicos y aun de ponerlos en marcha con una agilidad y eficacia inusitadas. Esta nueva y decidida voluntad política ante un caso específico de asylum seekers (demandantes de asilo o protección internacional), los ucranios que buscan protección huyendo de la guerra desatada ferozmente por Putin, exige explicación. Y la exige además, porque esto sucede cuando nos encontramos en medio de un debate sobre el nuevo y complejo Plan europeo de inmigración y asilo que está en estudio desde 2020 (un conjunto de documentos de considerable dificultad técnica), presidido por la voluntad política del núcleo duro de la UE que insiste en mantener la lógica básica del reglamento de Dublín, esto es, que el estado miembro en el que pongan pie los aspirantes a obtener asilo se haga cargo de todo lo relativo a ese expediente, sin que pueda trasladarse a un tercer Estado miembro. Una tesis que, como han puesto de manifiesto gobiernos como el de España, es manifiestamente asimétrica e insolidaria ¿Significa esto un giro en la política europea sobre refugiados, o se trata sólo de una notable excepción?

Dicho con más claridad, ¿por qué esta movilización de esfuerzos, esta decidida voluntad política de concretar de forma tan generosa la solidaridad europea, de afrontar ahora sí y con decisión esta crisis de refugiados, a diferencia de cuanto sucedió en dos casos absolutamente similares? Me refiero, claro, a los desplazamientos masivos de personas que huían de la guerra en Siria (también en Afganistán, aunque los supuestos no sean idénticos), para los que el europarlamento solicitó la activación de esa directiva.

Reparemos en que en el caso de Siria se trata de una guerra que dura ya 11 años y que ha provocado que más de 13 millones de personas huyan de sus hogares: casi 7 millones desplazados a otros puntos de Siria y más de 6 millones han abandonado su país. El fracaso de los intentos que hizo la Comisión en 2015 par asegurar un procedimiento se distribución de cuotas obligatorias de refugiados sirios entre los Estados miembros es un recuerdo lacerante de la ausencia de voluntad política, por no decir de la voluntad política de rechazo, de desentendimiento de la suerte de esos centenares de miles de personas.

En cuanto a nuestra respuesta a los afganos ha sido, con todos los respetos, cicatera: no quiero desdeñar el esfuerzo realizado para evacuar y reubicar en la UE -en España se consiguió evacuar a 2000, de los que 1650 solicitaron asilo- a aquellos que trabajaban como colaboradores de nuestras embajadas en Kabul. Hay motivos para estar orgullosos de la eficacia y agilidad de esa operación humanitaria, insisto, pero la mayoría de los afganos -de las mujeres y niñas afganas- que sufren graves violaciones de sus derechos por parte del régimen talibán y que buscan como pueden refugio no encontrarán la voluntad política de la UE.

Podríamos añadir, por cierto, el caso de Venezuela, como recordaba la periodista María Martín (https://elpais.com/espana/2022-03-14/el-inedito-ejemplo-de-los-refugiados-ucranios.html). El régimen de Maduro ha generado, según los datos del ACNUR, un éxodo de más de 6 millones de personas. España es uno de los tres países de la UE que ha recibido más solicitudes de asilo o protección internacional por parte de esos desplazados venezolanos, más de 118.000 en 2019. El Gobierno español ha acudido a otorgarles una solución excepcional, un permiso de residencia de un año por razones humanitarias, pero, como ha puesto de manifiesto CEAR, el porcentaje de reconocimiento como refugiados es mínimo. Y hay que hacer constar que el entonces Defensor del Pueblo pidió al Gobierno que contemplase la activación de la directiva 2001, pero no se consideró procedente.

Por no decir de cuanto sucede en las islas del Egeo, en el Mediterráneo o en Canarias, donde parece naufragar reiteradamente cualquier atisbo de voluntad política europea decente.

Los límites empíricos de la solidaridad. De la solidaridad al interés geopolítico.

Vuelvo a la pregunta que motiva este artículo. Ante la necesidad de explicación para la aparición de esta insólita voluntad política caben varias hipótesis.

Una de las primeras consiste en tratar de entender el motor de solidaridad que aquí se ha manifestado. ¿Por qué esta explosión de solidaridad con los ucranios, que no se queda en proclamas retóricas o vagos sentimientos, sino que se concreta en la disposición a afrontar sacrificios concretos, no sólo por parte de los ciudadanos de a pie que dan muestras de ello con una movilización nunca vista, sino también de las instituciones?

Creo que puede servirnos la referencia a lo que se ha llamado la concepción liberal de solidaridad, propuesta por Richard Rorty en su influyente obra Contingencia, ironía, solidaridad. Rorty se propone desnudar los límites de un universalismo solidario que, en el fondo, se queda las más de las veces en retórica, de acuerdo con el lema que se atribuye a un europeo de profunda convicción social, Jacques Delors: “no podemos cargar con toda la miseria de mundo”. Para Rorty, la retórica universalista de los vínculos con la humanidad, con una esencia humana, muy asequible en la medida en que el propósito de mostrarse solidario con los que viven en el otro extremo del mundo queda satisfecho con gestos que no cuestan nada, no tiene capacidad para concretarse en deberes, en contribuciones concretas. Eso sólo es posible desde un sentido más restringido y más local, que permite percibir con claridad nuestras similitudes en la experiencia del dolor y la humillación de oras personas y así incluirlas en el nosotros. Esto se activa con mayor capacidad cuanto esos sufrimientos los padecen quienes se encuentran más próximos al círculo del nosotros. Posibilita así asumir sacrificios esfuerzos reales por ellos. El sufrimiento de los ucranios es eso, precisamente, un sufrimiento próximo. También porque los ucranios viven entre nosotros ya, con importantes comunidades en varios estados europeos (en España vive la cuarta por número). Un botón de muestra lo ofrecen las imágenes de reencuentro con los niños y adolescentes ucranianos que, para muchas familias -por ejemplo, en España- son de la familia, porque han vivido ya aquí con su familia de acogida, que los considera suyos.

En realidad, la respuesta de Rorty nos aproxima a la tesis más verosímil, la que han ofrecido la mayoría de los expertos que, siguiendo la navaja de Ockham, es la más sencilla. Los ucranios -a diferencia de los afganos o de los sirios- son de los nuestros. Así lo explica el investigador del CIDOB Francesco Pasetti: “Como hemos visto en medios de comunicación, también por parte de representantes políticos, hay un relato y un juicio moral muy diferente a los que tuvimos tras la crisis de 2015: ahora se trata de nosotros, no de otros, estas personas son nuestros verdaderos refugiados” (cfr. https://elpais.com/internacional/2022-03-14/por-que-huir-de-ucrania-no-es-huir-de-siria.html). Entendámonos: no es sólo ni primordialmente porque sean rubios, con ojos azules y cristianos. También lo son, por ejemplo, buena parte de los rusos. Es que, sin admitirlos como europeos tout court, los vemos próximos a nosotros, los europeos. Y esa proximidad se debe también, aquí y ahora, a un interés geopolítico: a diferencia de los asiáticos o de los africanos y de los rusos que son nuestros enemigos, los ucranianos son vistos ahora como enemigos de nuestro enemigo, el autócrata Putin. Por eso, sin ánimo alguno de ironía, ni menos aún de menoscabo a la terrible condición de refugiado -una situación en absoluto envidiable, que no puede desearse a nadie-, cabe decir que, en este momento y para nosotros, los ucranianos son los refugiados por excelencia.

Esta razón entronca con la advertencia proclamada reiteradamente por el Alto Representante Borrell: la agresión de Putin ha actuado como acelerador de una nueva conciencia geopolítica de la UE (al igual que ha supuesto un punto d inflexión en la magen y en el papel de la OTAN para los europeos). Y ello porque la UE ha dejado claro que la invasión de Ucrania por Putin es una guerra del populismo autoritario contra los valores de la democracia liberal que encarna la UE. Es decir, vemos a los ucranianos como víctimas de una guerra que es nuestra guerra. Sí, es verdad que esa guerra, por ahora y afortundmente, sólo lo es en los términos de una guerra económica, que incluye la ayuda a la legítima defensa del Estado agredido en términos de ayuda humanitaria y ayuda armamentística a Ucrania, junto a un abanico de fuertes sanciones económicas. Todo ello, en el marco de la legalidad internacional definida por el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas y sin renunciar al papel primordial de la diplomacia. Por eso, asumimos sacrificios en aras de su protección, porque son de los nuestros.

Ahora bien, aun siendo de los nuestros, no son exactamente nosotros. Tenemos muy claro que ni forman parte de la UE, ni de la OTAN. Los queremos, sí, pero no tanto como, por ejemplo, para imponer una zona de exclusión aérea que abra el riesgo de un enfrentamiento directo que, por lo que dicen los dos gallitos -Putin y Biden- (el tercero, China, guarda silencio y probablemente es el que obtendrá más beneficio de este desastre), sería una tercera guerra mundial con recurso a armamento nuclear. Para eso, para que estemos dispuestos a jugárnosla de verdad,

Pero no quiero finalizar sin referirme a otro factor de la aparición de esa voluntad política, que podría describirse como la “paradoja boomerang de los refugiados europeos”, un argumento que está en el núcleo mismo del sistema de protección internacional a las personas que necesitan encontrar refugio. 

La paradoja de un sistema jurídico que nació para proteger a los europeos, se convirtió en universal y parece regresar a la preferencia europea.

A propósito de la diáspora ucraniana, se ha hecho referencia a menudo en estos días a otros éxodos europeos. Por ejemplo, los que causaron las guerras en la antigua Yugoslavia durante la década de los años 90, con especial brutalidad en Bosnia y Kosovo.  Se calcula que dos millones y medio de personas huyeron de sus hogares como consecuencia de esos conflictos y fueron recibidos por diferentes Estados de la Unión Europea, incluida España.

En realidad, la referencia inicial obliga a remontarse a los desplazamientos masivos de europeos tras la primera y sobre todo la segunda guerra mundial. Lo mismo sucedía con el mandato del ACNUR, que se preveía por sólo tres años, el tiempo necesario para reasentar a esos ciudadanos europeos desplazados de sus hogares.

Precisamente ahí reside la paradoja: el derecho internacional de refugiados cuyo núcleo es la Convención de Ginebra de 1951, y la aparición misma de la Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) en 1952, una agencia cuyo antecedente fue la Organización Internacional de los Refugiados creada en 1946, se vinculan directamente con el objetivo de proteger a esos europeos que se habían visto obligados a huir de sus hogares. De hecho, la Convención nace con una limitación geográfica (territorio europeo) y temporal (hechos acontecidos antes de 1951). El mandato del ACNUR se limitaba a tres años, los que se entendía necesarios para reasentar a esa diáspora europea. Por eso, más de una vez ha habido quien se ha preguntado si esa Convención y esa Agencia habrían nacido y tendrían los perfiles que tienen hoy si no se hubiera tratado precisamente de atender a una demanda que se veía primordialmente como europea.

Pero lo importante es, casi de inmediato, apenas quince años después, tanto el Derecho internacional de refugiados como el ACNUR adquirieron un alcance universal. Ello fue posible merced a la adopción del segundo elemento nuclear del Derecho internacional de refugiados, el Protocolo sobre el estatuto de los refugiados, que se adoptó en Nueva York en 1967 y que eliminó el restringido ámbito territorial y temporal de la Convención, permitiendo su proyección universal. Dicho de otro modo: lo que nació a impulsos del drama europeo, se proyecta a todos los refugiados, o, para hablar con mayor propiedad, a todas las personas a las que es necesario ofrecer la protección internacional propia de la condición de refugiados (titulares del derecho de asilo o de la protección internacional subsidiaria). Todos ellos lo son por igual, sea cual fuere el país del que son ciudadanos, sus características étnicas, nacionales, religiosas…con tal de que se acredite que se han visto forzados a abandonarlo por sufrir persecución que les pone en serio peligro, por parte de su propio Estado, o sin que el Estado del que son ciudadanos los proteja. Lo que me interesa destacar es que la Convención de Ginebra no admite refugiados de primera o segunda clase. Como establece su artículo 3, cualquier discriminación por razones geográficas o de otro tipo es contraria al espíritu mismo de ese instrumento jurídico.

Sin embargo, pareciera que en la actual coyuntura se refuerza de nuevo la preferencia europea, como en un efecto boomerang. Y no sólo porque las fuerzas de extrema derecha, en Polonia, Hungría, Alemania, Italia o España clamen por los “verdaderos y buenos refugiados”, los que están libres del estigma de sospecha de ser ejército de reserva del yihadismo, como sostiene Vox. Es que gobiernos tan respetados como el danés practican abiertamente esa discriminación, al adoptar medidas para restringir los derechos de los refugiados sirios -medidas que ha anunciado que no aplicará a los ucranios- y que son totalmente contrarias a la Convención (cfr. https://www.nytimes.com/interactive/2022/03/07/world/europe/Syrian-Asylum-Seekers-in-Denmark.html?smtyp=cur&smid=tw-nytimesworld).

La conclusión que cabe sostener es muy clara: de acuerdo con la legalidad internacional, resulta inadmisible una discriminación entre personas a los que se reconozca como refugiados, por el hecho de que pertenezcan a una confesión religiosa, como pretendieron los gobiernos de Polonia y Hungría con motivo de la crisis de refugiados de 2015, vinculada a la evolución de la guerra de Siria (y, en menor medida, a la situación de Afganistán), al tratarse en su mayoría de personas de fe musulmana. Tampoco por razones geográficas. Y precisamente por eso resulta difícil justificar que la activación de la directiva sólo se haya producido a favor de los ucranianos. Para despejar cualquier duda, quiero dejar claro que no discuto que se active la directiva ahora, ante el horror que les obliga a huir. Digo que, a mi juicio, es injustificable desde el punto de vista de la observancia del derecho internacional de refugiados que no se hiciera en su momento, que no se haga ahora lo mismo, respecto a sirios y afganos.

LA POLÍTICA DE LA RECONQUISTA CULTURAL (versión ampliada del artículo publicado en Infolibre, el 14 de febrero de 2022)

En círculos de nuestra derecha política cobra fuerza la tesis de dar prioridad a la denominada “guerra cultural”. Se trata de una batalla por la hegemonía cultural, que tiene no poco de paradójica reinterpretación de Gramsci. Hay una versión soi dissant liberal, la que me parece que pueden representar, con todos los matices que quieran, la diputada Cayetana Alvarez de Toledo, o su protector, el escritor Vargas Llosa, en su faceta de activista político de la derecha liberal. Y otra, en tono mucho más agreste, enarbolada por las gentes de Vox e incluso algún sector del PP, como la señora Díaz Ayuso. Esta segunda versión cada vez parece más próxima a los lemas y propósitos del supremacismo, a la xenofobia -cuando no el racismo- de los Orban, Le Pen, del muy hábil polemista Zemmour y, claro, de la versión estadounidense, la que encarnan Trump, su ideólogo Bannon y el movimiento Q’anon.

Así, la extrema derecha y una parte de la derecha, parecen empeñadas en la reivindicación de la superioridad de «nuestra cultura», la española, que -como en la polémica entre Américo Castro y Sánchez Albornoz-, entienden como una cultura monolítica, cristiana y castellana, en nombre de la cual habría que reconquistar España frente a los que quieren disolverla. A su entender, hoy, como entonces -o en la “cruzada” del 36-, se trataría de ganar la batalla por la verdadera alma de España, frente a la nueva llegada amenazadora de los <moros> (meros «invasores», dicen, aunque la invasión durara 7 siglos) y frente a los separatistas <antiespañoles>. Y claro, eso exige expulsar a los extraños y domeñar a los rebeldes.

Así lo ha dejado claro Vox, por enésima vez, en las Proposiciones No de Ley (PNL) números 854 y 855, que se debatirán en el próximo pleno en el Congreso y respecto a las cuales será interesante ver la reacción del PP, sobre todo tras los resultados de las elecciones en Castilla y León, que dejan al PP en manos de Vox si quiere mantener el gobierno en la legislatura abierta repentinamente por decisión del presidente Fernández Mañueco. El propósito de esas iniciativas parlamentarias no es normativo, claro, sino simbólico: son instrumentos en esa guerra cultural, con el altavoz que proporciona el debate en el Congreso. Una reconquista cultural que, reitero, les parece clave para ganar la batalla por el poder. Pero que, a mi juicio, habla mal de su visión de la política, de lo que les interesa a los ciudadanos.

Sabemos que las identidades son constructos sociales. Aun así, resulta increíble que los Abascal, Olona o Díaz Ayuso, como también algunos seudohistoriadores y no pocos “comunicadores” en prensa, radio y televisión, quieran reescribir la historia de España de forma tan ignara, como si aquí no hubieran vivido más que Viriato (portugués, por cierto), Don Pelayo, Jaime I y los Reyes Católicos. Por no hablar de la mixtificación de la figura de El Cid, un valeroso y hábil guerrero de frontera que no tuvo empacho en servir a los intereses del rey musulmán de Zaragoza y que no conquistó Valencia en nombre de ningún rey cristiano, sino de sí mismo.

Esa pretendida <identidad española> es brutalmente ficticia, y quizá revela más acerca del miedo de algunos a mirarse en el espejo, que no de sus convicciones. Lo dejó escrito magistral y lapidariamente Machado, en sus <Proverbios y Cantares>, antes de que lo argumentara elocuentemente el gran Edward Said: «hombre occidental/tu miedo a Oriente/ ¿es miedo a dormir, o a despertar?».

La historia de España es la de una profunda diversidad de pueblos y culturas, una riqueza incontestable, para la que hay que reconocer que no acabamos de encontrar un modelo estable de gestión política común. Y si bien el de la Constitución de 1978 nos ha ofrecido el período más duradero y exitoso, parece claro que hay que actualizarlo, y a fondo. Porque, entre otras cosas, ese acuerdo constitucional es deudor de un contexto global, incluso de un mundo, que ya no existe. Desgraciadamente, ante esa necesidad de actualización, la que parece ir ganando terreno es esa “narrativa” de la derecha extrema, al hilo de un cierto movimiento de agravio que postula la necesidad de una recentralización, una lógica centrípeta, so pretexto del peligro de desintegración de España.

Estos días he mantenido varias conversaciones sobre ese asunto con algunos buenos amigos, como Hana Jalloul y Gerardo Pisarello. Y les confiaba que, si hoy intentara repetir un experimento que realicé con frecuencia hace más de 30 años, cuando comenzábamos a debatir sobre la multiculturalidad constitutiva de España -de «las Españas», como subraya Joan Romero-, me temo que obtendría el mismo resultado, muestra de ignorancia de nuestra propia historia. Hace 30 años, en efecto, iniciaba muchas conferencias, charlas y clases con esta pregunta: ¿quién le parece que ha sido el filosofo español más importante de nuestra historia? Casi siempre la respuesta era Ortega, o Unamuno. Alguna vez alguien se atrevía a sugerir el nombre de Ramon Llull, incluso Séneca. Nunca el de una mujer, como María Zambrano. A mi juicio, la respuesta acertada era y es, por encima de todos ellos, otro cordobés, el que más ha aportado a la cultura universal, incluso por encima de Séneca, o de Maimónides (cordobeses también). Me refiero al filósofo, médico, jurista y teólogo Averroes, en la versión castellanizada, o, por su nombre árabe, Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rushd.

Averroes, gracias a sus Comentarios sobre Aristóteles, o a obras como Refutación de la refutación, fue clave para que la cultura europea, la universal, recuperase a Aristóteles. Además, aportó conceptos básicos para la modernidad. Distinguía entre varias formas de intelecto, hasta cuatro, aunque las básicas para él eran dos: el intelecto receptivo y el agente, una distinción que permitió separar razón y fe y desvincular la reflexión filosófica de las especulaciones míticas y su instrumentación política. Por no hablar de su noción de imputabilidad. Pero claro, el filosofo cordobés era árabe y musulmán y hay algunos que siguen pensado que es imposible ser español y árabe, o español y musulmán…

Vuelvo al presente. La primera de las dos PNL presentadas por Vox a las que me he referido antes, pretende entre otros objetivos que, a imitación de una -a mi juicio- reaccionaria y calculada iniciativa del presidente Macron, el Gobierno suspenda los visados a los ciudadanos de Marruecos, Argelia, Túnez y Mauritania, como medida de retorsión por la falta de colaboración de sus gobiernos en el control de la inmigración “ilegal”. La segunda sostiene que los flujos de inmigración “ilegal”, vinculados a lo que denominan “grave crisis migratoria” que padeceríamos hoy, unidos a los procesos de radicalización de jóvenes musulmanes, serían un peligrosísimo vivero para el terrorismo (yihadista, claro) y por tanto deben ser considerados “situación de interés para la Seguridad Nacional”.

Vox se agarra así a uno de sus ganchos electorales, el espantajo de la amenaza de la inmigración. Dejo de lado algo tan evidente como lo injustificado de que la restricción del visado afecte a todos los ciudadanos de esos países no colaboradores y no se dirija sólo a su clase dirigente. Dejo de lado lo desproporcionado de la estigmatización de los inmigrantes musulmanes (así, en general) como aspirantes a terroristas. Obviaré asimismo que carece de sentido mimetizar la iniciativa francesa (al menos respecto a Túnez y Mauritania), habida cuenta de los datos sobre la inmigración a España procedente de esos países, que son poco relevantes. Por no hablar del castigo a las mujeres y hombres de Túnez, que llevaron a cabo valerosamente una revolución democrática y a la que hemos abandonado mientras su presidente practica un golpe de Estado permanente.  Me limitaré a subrayar dos aspectos.

El primero es que, una vez más, Vox recurre a hechos alternativos, falsea datos de la inmigración a Canarias (basta ver lo que muestra la web Maldita Migración), así como del impacto de los inmigrantes en el Estado del bienestar. Lo cierto y bien sabido es que la inmigración ofrece un saldo abiertamente positivo a ese respecto, pues aporta bastante más de lo que recibe. Así lo han vuelto a demostrar el International Migration Outlook (IMO) 2021 de la OCDE, y el World Migration Report 2022 de la Organización Internacional de las Migraciones (ONU): lean el capítulo 12, por ejemplo.

El segundo, es que justo cuando Vox pretende afirmarse como partido de gobierno, acredita un severo desconocimiento de exigencias básicas de una política de Estado, adecuada a nuestro contexto global. Mensajes como éste evidencian que Vox no conoce bien -por no decir, nada- el mundo en el que vivimos y prefiere vivir en su ensoñación de la España imperial. En un momento de crisis energética respecto al suministro de gas (que no afecta a Francia, líder de la energía nuclear), cuando España puede ofertar un corredor de gas para la UE, gracias a Argelia y aún más si las relaciones con Marruecos mejoran, lo último que dicta el manual de relaciones exteriores es utilizar la diplomacia agresiva contra esos dos países. No digamos nada en la coyuntura de tensión a propósito de Ucrania, a la que no es en absoluto ajena la cuestión energética. Quizá sus dirigentes podrían comenzar por leer un libro escrito por alguien nada sospechoso de peligroso izquierdismo, La venganza de la geografía, de Robert Kaplan. Porque eso repercute en el día a día de los ciudadanos, en el coste de la luz, del gas, de la gasolina y del diésel, por ejemplo. Pero superar esa grosera ignorancia quizá es mucho pedir a quienes viven de un populismo irresponsable, aun a costa de poner en riesgo las necesidades e intereses de los ciudadanos españoles que dicen defender.

DE VOTOS, NORMAS, JUECES Y (BUEN) GUSTO, Versión ampliada del artículo publicado en La Vanguardia-Valencia, 4 de febrero de 2022

Un buen amigo y compañero, el profesor y senador Artemi Rallo, suele ironizar con mi “espíritu de tertuliano”. Ya saben, los “todólogos”, cuya osadía para opinar sobre lo que les pongan por delante no tiene límites. El otro día se sorprendía, divertido, por el hecho de que yo no hubiera escrito nada a propósito del Benidorm Fest. Todo se andará, le dije. Y aquí estamos.

Reconozco que pertenezco al exiguo grupo de valencianos a los que otro amigo, el periodista Alfons García Giner, definía como “estirados indignos”: aquellos, por ejemplo, a los que no nos gustan ni las fallas, ni Eurovisión. Por eso, no estaba al tanto del resultado, aunque la sobreabundante información en medios y en las redes sociales colmó pronto mi ignorancia, a la par que mi perplejidad por la virulencia de no pocas intervenciones. en todo caso, permítanme afirmar que, a mi juicio, el festival ha sido un éxito de imagen para la Comunidad valenciana y, por tanto, la apuesta del Consell y de su presidente Ximo Puig por situar la selección del concurso de Eurovisión en Benidorm, debe considerarse un acierto.

Como saben, el asunto ha llegado al Congreso de los Diputados, porque por medio anda nada menos que la corporación pública de RTVE. Y es que, comoquiera que todos pagamos RTVE, se denuncia que no haya facilitado que el fallo del festival fuera una decisión acorde con el sentir mayoritario. El voto popular, en efecto, fue abrumadoramente favorable a la canción Terra, interpretada en gallego por el grupo Tanxugueiras y, en segundo lugar, a Ay mamá, la canción con mensaje feminista interpretada por la artista conocida como Rigoberta Bandini. La ganadora, la canción SloMo que interpretó con brío Chanel, obtuvo un escaso porcentaje de apoyo popular. Por cierto, anoten el detalle del que se hacía eco Analía Plaza en un artículo reciente (https://www.levante-emv.com/ocio/tv/2022/02/03/rtve-modifico-ocasiones-condiciones-eurovisivas-62250874.html): según la información proporcionada por Bupler, un portal especializado en televisión, en los últimos 30 años RTVE siempre ha exigido el 50% de los derechos editoriales de las canciones de Eurovisión, con dos excepciones: la canción de Chikilicuatre y la de este año, de Chanel. Y resulta que, en distinta proporción, los derechos de ambas canciones pertenecen a la misma discográfica, BMG, del grupo Bertelsmann. Como subraya la misma periodista, de cara a la promoción de la canción, esa alianza de RTVE y al discográfica puede funcionar bien. Pero la transparencia es siempre importante, algo que a mi juicio no parecía entender María Eizaguirre, directora de comunicación de RTVE en su rueda de prensa, en la que compareció tan indignada como aparentemente sorprendida por el hecho de que alguien pudiera interrogarse sobre la exquisita neutralidad de RTVE en su proceder.

Mi desconocimiento técnico sobre la música es sólo parejo a mi convicción de que no se puede vivir sin ella. No opinaré, pues, sobre las cualidades de las canciones, ni de sus intérpretes. No me extraña que hayan aparecido en torno al resultado polémicas que parecen traducir una inflamación identitaria (como son de nuestra tierra -gallegos, murcianos, catalanes…) si tenemos en cuenta que el festival de Eurovisión, además de negocio, tiene un componente de competición entre Estados. Más perplejidad produce el recuento de palabras que se cantan en inglés, o la estúpida disputa sobre el derecho a cantar en gallego, como si el gallego no fuera una de las lenguas oficiales en España. Lamento eso sí, una vez más, la tormenta de insultos, amenazas y mensajes de odio en las redes y desde luego, las dirigidas a la ganadora. Con todo, a un profesor de filosofía del Derecho (si me apuran, a un senador) no puede dejar de llamarle la atención una derivada del asunto. Me refiero a la polémica sobre la divergencia entre votos y reglas, y sobre el papel del jurado en todo esto. Si, además, te interesa la filosofía, también tiene su miga la pregunta sobre quién tiene o debe tener la palabra acerca de lo que es bello e incluso sublime, por ponernos kantianos.

En efecto, entre quienes eran entrevistados sobre el lío, no faltaron quienes mostraban su enfado por la “afrenta a la democracia” que suponía la decisión del jurado y el fallo final, máxime después de que los representantes de RTVE hicieron públicos los datos de esas votaciones. Y eso, pese a que las reglas de juego eran previas y muy claras sobre la ponderación del voto, esto es, el peso que correspondería a las decisiones del jurado y a los votos populares en la decisión final. El mensaje de protesta en nombre de la democracia herida, seguro, les sonará: la verdadera democracia está en manos de la voluntad del pueblo, que no puede ser suplantada por leguleyos, ni por jueces elitistas y ajenos al sentir popular. La verdadera democracia está en las urnas, en el voto de los ciudadanos, no en las leyes ni en quienes tienen el poder de aplicarlas. Si la legalidad y las decisiones de los jueces chocan con el sentir del pueblo, peor para la legalidad y para los jueces…Por eso se ha llegado a sostener que la corporación pública habría primado un criterio antidemocrático y por consiguiente, ilegítimo. E incluso hay quien ha pedido que se revoque el resultado.

Ya sé que simplifico una cuestión de enorme calado en la filosofía política y jurídica y en la práctica de las democracias. Pero, para no hacerme largo, recordaré que la mejor manera que hemos encontrado para resolver esa antinomia entre democracia y leyes ,consiste en recordar la verdad que encierra la vieja fórmula de la superioridad del gobierno de las leyes sobre el de los hombres, en aras precisamente de la garantía de los más débiles, como ha explicado Ferrajoli: el Derecho se legitima justamente por eso, por poder jugar el papel de barrera en defensa de esos más que no cuentan, frente a la ley de la selva, la de los intereses de los más fuertes y poderosos, como quieren siempre imponernos, como sigue tratando de imponernos, el discurso paleoliberal del mercado global. Eso sí, la receta platónica exige hoy el imprescindible añadido de que esas leyes sean democráticas, esto es, fruto de una decisión adoptada por la mayoría de los representantes de los ciudadanos, con respeto a los derechos de las minorías, después de un procedimiento de libre deliberación a su vez sujeto a reglas acordadas previamente. Y siempre con la garantía de que, frente a tales decisiones, cabe recurrir a su revisión por un contrapoder, los jueces. A éstos se les atribuye la competencia para revisar la observancia de reglas y procedimientos y el respeto a los derechos concernidos. A condición, claro, de que, a su vez, respeten esas reglas en su toma de decisión. Porque los jueces no son los señores del Derecho. El único señor legítimo del Derecho es el pueblo. Ahora bien, el pueblo tampoco es soberano absoluto: tiene un límite, el mismo que supone la idea básica del Estado de Derecho, el respeto a la ley, entendida ésta hoy de otra manera: respeto a la Constitución y al Derecho internacional de los derechos humanos.

La cuestión aquí, me parece, es que había unas reglas de juego y que eran públicas. Reglas que, probablemente, no fueron suficientemente publicitadas, esto es, que no hubo un particular empeño de transparencia. Quizá, porque no casaban muy bien con el proclamado propósito de abrir la decisión a la participación popular, un gancho eficaz para conseguir audiencia. Participación sí, pero sin abusar, parece que era el leit motiv real. En el fondo, en la intervención de la mencionada directora de comunicación de RTVE subyacía un conocido argumento: vale, el pueblo pude participar, pero las reglas de juego sobre el voto ponderado estaban bien, porque la última palabra la han de tener los verdaderos jueces, los que de verdad saben de esto, de música: no sólo del grado de belleza y armonía de la música. También del marketing, de cómo venderla para ganar un festival.

El argumento suena bien, pero no deja de rechinar. Es verdad que, frente al tópico “para gustos, los colores” (de gustibus non disputandum), frente a la tantas veces estéril polémica en torno a lo que sea el  <buen gusto>, la réplica no es difícil. Hay mucho escrito sobre los gustos. Por ejemplo, el ensayo de Bourdieu “La distinción. Criterios y bases sociales sobre el gusto”, que argumenta sobre el poder del contexto de clase a la hora de la creación de los cánones estéticos. Que no seamos conscientes de ello no significa que el criterio de gusto sea absolutamente espontáneo, arbitrario, fruto de preferencias de cada quien, nada objetivable. Es imposible ignorar la capacidad de la propaganda, de la manipulación, a la hora de conformar nuestros gustos.

Aún así, se podría contraargumentar que, si se trata de decidir si algo gusta, parece difícil negar que debe tener un peso decisivo el gusto de aquellos a quienes se supone que debe gustar. Aunque su criterio no obedezca a las mismas razones, ni sea particularmente formado, ni sublime. Por mi parte diré que comoquiera que se trata de un festival de las televisiones que representan a los pueblos, de los ciudadanos europeos (en sentido cada vez más amplio, que ya comenzó por incluir a Israel) y no de un concurso de pureza estilística, darle a ls ciudadanos el peso decisivo tampoco es tan disparatado.

Otra cosa es que todo el asunto revela, de nuevo, una lección importante sobre el ejrcicio de la democracia: la importancia de los reglamentos electorales. Quien controla la ley electoral, decide sobre la práctica de la democracia.

Dicho todo lo anterior, y para terminar, déjenme que añada que de los tres contendientes por la victoria final, mi preferencia es por Rigoberta Bandini y su Ay, mamá. Y algo más: mi deseo de que dejen en paz a Chanel y tenga suerte en su carrera.

LA TENTACIÓN DE LA ESPADA Y EL NUDO GORDIANO DE UCRANIA (versión ampliada del artículo publicado en Infolibre, 28 de enero de 2022)

Por muchas razones -geoestratégicas, económicas, culturales- tiene fundamento la referencia a Ucrania como nudo gordiano de la geopolítica internacional. Y parece que hay quien, a un lado y a otro, se toma a pies juntillas la leyenda que relata el historiador grecorromano Lucio Flavio Arriano en La Anábasis de Alejandro Magno: aquel que consiguiera desatar ese nudo, gobernaría todo Oriente. Cuentan que Alejandro fue a lo sencillo: un buen tajo de espada. Una solución que, aplicada hoy, supone para empezar que no se cuente con la voz de los ciudadanos de Ucrania, ni con sus legítimos representantes. Pero lo cierto es que tampoco se cuenta mucho con su voz por parte de quienes dicen querer evitar la espada y negocian en este momento con Putin.

La historia y también, por qué no, la ficción literaria y la cinematográfica, nos enseñan la necesidad de precaverse frente esos análisis simplistas y también contra los maniqueos, esas narrativas de los buenos contra los malos, que están proliferando en estos días a propósito del conflicto -los conflictos- de Ucrania, tratando de imponer las razones de Ucrania, las de Putin o Biden, o las de la OTAN y la UE. Y nos enseñan también no poco acerca de las consecuencias del recurso a la espada, en el que todos, también el que la empuña primero, salen perdiendo. En lo que sigue, trato de proponer algunas pistas para la reflexión, orientadas por la convicción de que, en un mundo como el de las relaciones internacionales, dominado por el propósito pragmático de los intereses de cada nación (por no decir, de cada gobierno), debe prevalecer el respeto básico a la legalidad internacional y, desde luego, la prohibición del recurso a ese mal absoluto que es la guerra. Lo que no quiere decir ignorar la lección de que la provocación bélica es una herramienta que siguen manejando todos los que aspiran a un lugar predominante en esas relaciones internacionales. No podemos ignorar que el sentimiento belicista es alimentado por los líderes autocráticos en momentos de debilidad interna, según el mecanismo de apelación al «agresor externo», de probada eficacia centrípeta. Una eficacia a la que, por desgracia, tamopco se es ajeno en las democracias. Baste pensar en la propaganda belicista del gobierno Thatcher en el conflicto de las Malvinas y quizá en los halcones que hoy, en los EEUU y en Europa (en la OTAN) agitan el argumento del miedo a la guerra, hasta el punto de exagerar la inminencia de un invasión o agresión a gran escala por parte de Rusia en Ucrania.

Sobre los simplismos y maniqueísmos.

Para tratar de evitar esos errores de planteamiento, acerquémonos al elenco de personajes, sus versiones y razones. Recordaré, ante todo, que la necesidad de evitar simplismos y maniqueísmos no implica la famosa equidistancia, porque es imposible estar ciego a algunos hechos difícilmente contestables.

El líder d la Federaión Rusa, Vladimir Putin, tiene todas las papeletas para cargar con el personaje del «malo» en esta historia. si alguien no se ha dado cuenta, Putin reúne todos los rasgos de un autócrata dispuesto a todo, que reproduce los modos y propósitos de los más poderosos zares de la vieja Rusia. Así lo ha descrito David Remnick en un artículo en The New Yorker -a mi juicio extremado-, en el que subraya su ambición por emular al zar Alejandro III, pionero del proceso de rusificación del gran imperio, que abarcaba ya en ese momento una inmensa realidad multicultural de pueblos y naciones diversas (https://www.newyorker.com/magazine/2022/01/31/putin-ukraine-and-the-preservation- of-power).

Lo que parece indiscutible es que Putin ha hecho de la Federación Rusa un régimen en el que apenas quedan restos de lo que debe ser, no ya una democracia, sino un Estado de derecho. No tiene problemas en pisotear derechos de los homosexuales o de minorías étnicas, por no hablar de las ONG de defensa de los derechos humanos, de la prensa libre o de los disidentes. Si hay que expropiar, se arrasa. Si hay que envenenar, se envenena. Cultiva hasta extremos difícilmente soportables la imagen de <líder fuerte>, que ofrece a la humillada alma rusa recuperar el orgullo perdido. Y sabe utilizar perfectamente la guerra de inteligencia. Por lo demás, lo que es seguro es que a Putin no le conviene el contagio democrático, y esa es, creo, una de las claves de su preocupación por desactivar el peso de la Unión Europea, su influencia, aunque nunca se formule expresamente.

Hay que convenir que la estrategia de Putin no es de ayer. Su proyecto de recuperar la dimensión de la URSS y su papel como potencia decisiva en las relaciones internacionales, es casi transparente. Lo ha descrito quien quizá hoy sea el historiador que mejor conoce la historia de Rusia, Orlando Figes, al centrar el proyecto de Putin enla recuperación del <Ruski Mir, el mundo ruso> (cfr. https://elpais.com/babelia/2022-01-29/en-el-conflicto-con-ucrania-moscu-se-aferra-a-las-las-coartadas-del-pasado.html). Los objetivos y los pasos en la estrategia están bien explicados, creo en el artículo, “Escalade du verbe entre la Russie et l’Ouest. Que cherche Moscou? Quid de l’invasion de l’Ukraine?”, del conocido blog bruselense B2 (https://www.bruxelles2.eu/2022/01/escalade-du-verbe-entre-la-russie-et-louest-que-cherche-moscou-quid-de-linvasion-de-lukraine/): el objetivo primordial sería recuperar el status de Gran Potencia en igualdad con los EEUU y China, para lo que necesita mantener y aun desarrollar su potencial armamentístico, asegurar su presencia en el Mediterráneo y fracturar el bloque occidental, en particular el vínculo entre los EEUU y la UE y la cohesión interna de la propia UE. En un sentido coincidente se muestra el documentado análisis de Andrea Rizzi en El País, que recoge entre otros los argumentos de expertos como Carmen Claudín (https://elpais.com/internacional/2022-01-23/que-busca-putin-con-su-gran-ordago-a-occidente-claves-para-entender-la-crisis-de-ucrania.html).

En el camino a la consecución del éxito de su estrategia, Putin lleva ya mucho tiempo jugando con mucha habilidad sus bazas (véase, por ej., el caso de Siria), lo que incluye sostener como aliados básicos de la Federación Rusa a Bielorusia y Kazajstán. Y parece muy claro el requisito mencionado: no es aventurado sostener que, entre los que Putin considera obstáculos para ese éxito, no se encuentran sólo los EEUU de Biden – tampoco China, con la que consigue mantener algo más que un pacto de no agresión-, sino de forma destacada la Unión Europea y la OTAN. Dividir a una y a otra es condición para su propósito. Añadamos que la compleja historia de las relaciones entre Rusia y Ucrania, como veremos enseguida, proporciona a Putin herramientas para una estrategia reivindicativa: lo que llamamos Ucrania (incluida Crimea) no está exenta de fuertes elementos de vinculación con cierta idea de Rusia.

Putin no es el único «malo» de la historia. Conversando sobre esto con el profesor Massimo LaTorre, me recordó que Gorbachov relata en sus Memorias que, en las negociaciones de 1990 con Bush y el secretario de Estado Baker, éste le prometió que “ni la jurisdicción ni las tropas de la OTAN se extenderían a territorios situados al este de los actuales límites de la Alianza… no avanzaría ni un centímetro». El propio Gorbachov, que confiesa que en aquel momento no consideraba ni remotamente la posibilidad de una reunificación alemana, sostuvo con firmeza que “en cualquier caso, sería inaceptable una ampliación del territorio de la OTAN”. Ese testimonio no diverge demasiado de lo que sostiene Mary Elise Sarott, (catedrática de Historia de la Universidad de Southern California y autora de un libro de referencia, 1989: The Struggle to Create Post-Cold War Europe), en su muy comentado artículo publicado en el número de octubre de 2014 de la revista Foreign Affairs,A broken Promise? La tesis de Gorbachov entonces, que es la de Putin en buena medida, era que Rusia no podía aceptar jamás tener frontera con un país de la OTAN, porque, como lo fue la instalación de los misiles en Cuba, a escasos kilómetros del territorio norteamericano, eso sería una línea roja, inadmisible. Putin ha reiterado en múltiples oportunidades esa tesis. Por ejemplo, en un famoso discurso en la 43 Conferencia Internacional de Munich sobre política de seguridad, en 2007: “Creo que es obvio que la expansión de la OTAN no tiene ninguna relación con la modernización de la propia Alianza ni con garantizar la seguridad en Europa. Por el contrario, representa una grave provocación que reduce el nivel de confianza mutua. Y tenemos derecho a preguntar: ¿contra quién va dirigida esta expansión? ¿Y qué pasó con las garantías que hicieron nuestros socios occidentales después de la disolución del Pacto de Varsovia? ¿Dónde están hoy esas declaraciones?” ¿Tiene razón Putin para sostener que la expansión de la OTAN y singularmente la incorporación de Ucrania a la OTAN sería una amenaza inaceptable para Rusia? Eso nos lleva a la vexata quaestio del papel estratégico de la OTAN, el segundo actor en el escenario. 

De entrada, diré que no parece que la analogía entre la crisis de los misiles y la presencia de fuerzas de la OTAN en Ucrania pueda sostenerse sin más. Tendríamos que admitir esa tesis de Putin según la cual la OTAN es una amenaza. Pero la OTAN es una alianza defensiva, que sigue teniendo sentido frente al riesgo (no digamos la amenaza) de agresión, que existe, aunque haya desaparecido la URSS: baste pensar en Corea del Norte y en la amenaza que supone la impresionante capacidad nuclear en manos de Putin. Pregunten a los ciudadanos de los Estados bálticos si creen que ese riesgo es verosímil. No digamos nada si preguntamos a los gobiernos de Polonia y Hungría, estados en los que siguen vivas las heridas de la férrea dominación soviética. 

Por supuesto que eso no significa que debamos ignorar la existencia de quienes, desde hace tiempo, no conciben la OTAN como una alianza defensiva, sino como un instrumento para asentar la hegemonía en eso que los británicos dan en llamar el «gran tablero». Y desde luego, la oportunidad que ven los EEUU de reafirmar su papel en el escenario internacional y, de paso, fortalecer la imagen de Biden, que está en horas bajas, empezando por su propio país.

Un veterano iusinternacionalista, el profesor Faramiñán, en uno de los artículos que ha dedicado a este asunto, Ucrania sobre un trípode inestable, ha subrayado que la OTAN y Putin, en el fondo, comparten una estrategia similar: la creación de lo que denomina “cuñas de influencia”. Así, escribe, “entiendo que estamos ante una estrategia muy meditada que implica ir generando cuñas de influencia, que he bautizado como «zonas buffer» por seguir un símil de laboratorio, acuñado por la ecobiología, en las que se van generando zonas de amortiguamiento en un probablemente muy bien diseñado modelo expansionista, muy calculado para determinadas áreas”. Por cierto, el Consejo de ministros de Asuntos Exteriores de la UE, en su reunión del lunes 24 de enero, como luego recogeré, ha negado enfáticamente la aceptación de “zonas de influencia” en territorio europeo.

Pero es que hay más en relación con este segundo actor: sucede que Putin tiene la ventaja de la situación de la propia OTAN, seriamente debilitada y agrietada. Por eso Macron ha podido hablar de la «muerte cerebral» en la que se encuentra la OTAN. No sólo por la asimetría en su sostenimiento (los reproches de Trump sobre la débil contribución de los socios europeos fueron idénticos a los de Obama), sino también por las tensiones entre quienes quieren hacer de ella algo más y los que tratan de encontrar una alternativa propia, al menos, europea. El reciente episodio del vicealmirante alemán Shönbach, no me parece un error por parte de éste, sino una forma deliberada de evidenciar que no todos comparten las directrices de Stoltenberg y Biden. 

Y hablemos del tercer actor, un secundario de lujo: la Unión Europea. La UE – menos aún, una potencia menor como España- no tiene asiento ni piezas clave en ese juego. ¿Puede y debería tenerlo? Sin duda, la respuesta es sí. Sin embargo, para hacer verosímil esa respuesta, deberían cumplirse dos condiciones.

La primera, la autonomía defensiva y estratégica europea, un desiderátum tantas veces aplazado ad calendas graecas. Una autonomía que ha de completarse, como he recordado en algún otro artículo, con la autonomía energética: por eso la cuestión del gas es tan importante en este conflicto. Recomiendo la lectura de los artículos que Enric Juliana ha dedicado a la cuestión (por ejemplo: «Barcelona, cabecera del gas de la OTAN»: https://www.lavanguardia.com/internacional/20220130/8021276/barcelona-cabecera-gas-otan.html?fbclid=IwAR1S8LtTzWySJcVTIs5YnBsrZy_DczymPbIUSRhzuB4UGw5iL2qzy74CRhE).

La segunda, más al alcance, consiste en que la UE supiera hacer valer su soft power, su enorme capacidad en el plano comercial, económico y cultural (e incluyo en ello la promoción de la cultura del estado de derecho, la primacía de los derechos humanos y la democracia). Sucede que nadie parece creer en serio que baste con eso para disuadir a Putin de su estrategia.

Aún así, se aprecia que, dentro de la UE, hay posiciones dispares, por más que el secretario general Stoltenberg y los norteamericanos lo nieguen. Además de las reticencias de Alemania (cuya dependencia del gas ruso y su interés en el gasoducto del Norte es de importancia crucial) , hay que destacar la iniciativa del presidente Macron, al reactivar el «cuarteto de Normandía» (creado precisamente en 2015 para encontrar una solución al enfrentamiento entre Rusia y Ucrania en el curso de la revolución del Maidán, que depuso al régimen filoruso en Ucrania) y tomar la decisión de abrir un diálogo -bilateral- con Putin, que se inscribe en la línea de la tradicional buena relación entre Francia y Rusia. De paso, refuerza su imagen presidencial de cara a los comicios en Francia…

Volvamos a la estrategia de Vladimir Putin. Putin necesita dividir, debilitar esa potencialidad de la UE. Para ello, une a su capacidad de presión militar, armamentística, la baza de su capacidad energética y de la dependencia de ésta por parte de Alemania y, en el fondo, de la propia UE. Anotemos, además, que el ex espía de la KGB no pierde ocasión de recurrir a nuevas formas de ciberguerra, como hemos visto en las elecciones en EEUU y en la campaña del Brexit. La intoxicación con fake news es una herramienta habitual. Hemos visto que Putin reacciona sin titubeos cuando una pieza clave como Kazajstán se ve amenazada por revueltas inspiradas más o menos abiertamente en exigencias democráticas. La misma respuesta que ofreció a su títere Lukachenko, frente a la verdadera marea democrática en Bielorusia. Y en Bielorusia ha ensayado esa modalidad de guerra híbrida que es la presión migratoria.

Tras el examen de algunas de las simplificaciones y maniqueísmos, pasemos a repasar algo de historia, iluminada por alguna gota de ficción cinematográfica.

Dos referencias históricas, para precisar el contexto.

(I) La Rus de Kiev, Rusia y Ucrania en perspectiva histórica

Quizá la primera lección que nos ofrece la historia es que, sin poner en entredicho la condición de Ucrania como Estado soberano y, por tanto, su derecho a la integridad territorial, Ucrania no puede entenderse como una realidad social, cultural y política completamente desligada de la de Rusia.

No hace falta saber tanto de historia rusa como el mencionado Orlando Figes, para reconocer que la referencia histórica para comenzar a hablar de Ucrania como entidad política propia es la elección de Kiev como capital, por el líder tribal Riurik en 882. A partir de ese momento se habla de la <Rus de Kiev>, una referencia imprescindible para entender el proyecto panruso de los zares, heredado por Putin, tal y como señala el propio Figes. Kiev es entendida como corazón de la patria de los rusos, con la cultura y la religión ortodoxa en el centro de esa identidad desde que uno de sus sucesores, Vladimir, príncipe de Kiev, comienza la cristianización de sus dominios, bajo la guía de la iglesia ortodoxa. Su hermano Yaroslav el sabio, que comenzó a gobernar en 1019, fue probablemente el gobernante más importante de esta dinastía rúrika y estableció relaciones con los principales reinos cristianos. Conviene recordar que el nombre «Ucrania» quiere decir «zona fronteriza». Posteriormente, la parte occidental de lo que hoy conocemos como Ucrania pasó a quedar bajo dominio del ducado de Lituania y luego del reino de Polonia, mientras Crimea era un Kanato tártaro. Crimea y el resto del territorio pasaron a ser dominio de los zares rusos en el XVIII, y se impuso un proceso de rusificación, mucho más señalado en la mitad oriental del territorio, que en la occidental, homogéneamente ucraniana.

Tras la revolución del 17, Ucrania se declaró república independiente, pero integrada en la URSS. Crimea era de soberanía de Rusia y no fue hasta 1954 cuando un ucraniano, nada menos que Kruschev, la devolvió a soberanía ucraniana. Con la disolución de la URSS, en 1991, el soviet de Ucrania proclamó su independencia, En 1992, apoyada por Rusia, Crimea proclamó su separación de Ucrania y anexión a Rusia, proclamación rechazada por la Rada ucrania que lo consideró una gravísima violación de su soberanía e integridad territorial. Huelga señalar nada sobre la importancia estratégica de Crimea, por sus puertos que permiten salida al mar Negro y al Mediterráneo y por la importancia de la flota y el armamento.

Por cierto, recordemos que Ucrana renunció a su armamento nuclear (el tercero del mundo en importancia) en el memorando de Budapest sobre garantías de seguridad de 5d e diciembre de1994, suscrito por Rusia, el Reino Unido y los EEUU, por el que Ucrania se adhirió al Tratado de no proliferación nuclear y mediante el cual Ucrania cedió a Rusia 5000 bombas nucleares junto a los vehículos que permitían usarlas, 176 misiles intercontinentales y 44 bombarderos de largo alcance y capacidad nuclear. El memorándum incluyó garantías de seguridad frente a las amenazas o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de Ucrania, así como la de Bielorrusia y Kazajstán..

Pero la tensión con Rusia no cesó. Ucrania se vió sacudida desde 2014 por un enfrentamiento bélico con los movimientos secesionistas prorrusos en el territorio oriental conocido como Dombass, que proclamaron las repúblicas independientes y prorrusas de Donetsk y Lugansk. Se interpreta mayoritariamente que esos movimientos alentados por la Federación Rusa, nacen dela presencia de fuertesminorías rusas en la zona pero sobre todo como respuesta a la revolución democrática y antirusa del Maidán, que salió victoriosa en Ucrania. En septiembre de 2014 se firmó el protocolo de Minsk (Minsk I), que supuso un cierto armisticio en esa zona de conflicto en el Dombass.

Recordemos que en el ámbito de la legalidad internacional, ni la ONU ni la UE han aceptado la anexión de Crimea y han expresado su condena a cualquier propósito de alterar mediante la guerra la integridad territorial de Ucrania en el Dombass. Por ejemplo, la Asamblea General de la ONU adoptó en 2014 la resolución 68/282 sobre la integridad territorial de Ucrania -con la oposición de Rusia- y por su parte, el 17 de marzo de 2014, el Consejo de la UE adoptó la decisión 2014/145/PESC , relativa a «medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania», frente a la Federación Rusa.

Pero los combates en el Dombass no cesaron y eso provocó que Francia impulsara el denominado «cuarteto de Normandía», con Rusia, Ucrania, Alemania y Francia, que condujo a los Acuerdos de Minsk, de febrero de 2015, conocidos como Minsk II, bajo el amparo de la OSCE, acuerdos que incluyeron medidas de contención para Rusia y Ucrania y un compromiso de alto el fuego de los secesionistas en el Dombass, hoy incumplidos.

Ucrania, pues, constituye una entidad política compleja, plural y cuyos vínculos con Rusia son innegables. Creo que eso puede ayudar a matizar los planteamientos simplistas.

(II) El apaciguamiento frente a la provocación bélica. El caso Chamberlain

Una segunda lección de la historia nos la ofrece un pasado mucho más reciente y aparentemente ajeno a Ucrania. Reconoceré, desde luego, que las analogías con el pasado -incluso si, como digo, es reciente- hay que tomarlas siempre con precaución. Pero lo cierto es que, salvando todas las distancias, ante la eventualidad de una nueva intervención de a Rusia de Putin en Ucrania, tras la mencionada anexión de Crimea (no reconocida por la UE ni por los EEUU) y el poco disimulado apoyo a los movimientos secesionistas en el Dombas, no podemos dejar de tener en cuenta un acontecimiento del siglo XX.

Me refiero a las reivindicaciones y amenazas de Hitler de apropiarse de los Sudetes, la estratégica región checa con una importante población de origen alemán, so pretexto del trato discriminatorio que sufrían supuestamente esos alemanes de origen (el mismo argumento que sirvió Francia e Inglaterra en su día, en la <cuestión de oriente>, frente al imperio otomano y al zarista) y de la doctrina de la necesidad de Lebensraum para Alemania. A ello se enfrentó, como se recordará, el premier británico, Arthur Neville Chamberlain, que desplegó lo que se conoce como doctrina del apaciguamiento, una estrategia orientada a asegurar a toda costa la paz y evitar una guerra. Chamberlain predijo que, de producirse, sería mucho mas terrible que la Gran Guerra del 14. Esa estrategia, tras tres reuniones entre Hitler y el propio Chamberlain, condujo al Pacto de Munich, suscrito por ellos, junto a Mussolini y el primer ministro francés Daladier.

A propósito de ese objetivo de apaciguamiento existe una verdadera querella de historiadores, que juzgan a Chamberlain en términos enormemente contrapuestos. Hasta hoy, se ha impuesto la interpretación de que Chamberlain se equivocó, por cobardía o miedo a la guerra, sumada a una falta de visión política realista. Otros, como el conocido historiador y novelista Robert Harris (autor, por ejemplo, de una conocida trilogía sobre Cicerón), sostienen que Chamberlain sabía perfectamente lo que hacía y que, además de retrasar cuanto pudo la guerra, dio tiempo a su propio país para prepararse. De hecho, Chamberlain dedicó importantes recursos a reforzar la potencia militar del Reino Unido, en particular la RAF, lo que permitió afrontar el desafío nazi en la denominada “batalla de Inglaterra”.

Una película de Schwochow, Munich. The Edge of War (2021) basada en la novela de Robert Harrris (2017) y recién estrenada en Netflix, ilustra esa tesis, al mostrarnos a Chamberlain firmemente determinado a evitar la guerra, a negociar una y otra vez con Hitler (menospreciando por cierto la relevancia de los intereses checos), y sostenido por la mayoría del pueblo británico y por el rey Jorge VI, que celebraban esa estrategia de apaciguamiento. Técnicamente, no es un gran film, pero se apoya en buena medida en el soberbio trabajo de Jeremy Irons y en los elementos de ficción incluidos en el libro de Harris, que más que un trabajo de historia está escrito como thriller político, aunque todos sepamos lo que sucedió al final. Eso no ha evitado las críticas a tal modesta reivindicación de Chamberlain. Véase por ejemplo el contundente alegato de Richard J. Evans en The New Statesman (https://www.newstatesman.com/culture/history/2022/01/why-neville-chamberlain-will- forever-be-discredited-by-his-policy-of-appeasement).

Más allá de la película y del libro de Harris, la razón por la que traigo a cuento esta segunda referencia histórica es el debate sobre el papel de la diplomacia y la negociación y la relevancia del objetivo de salvar la paz a toda costa, cuando existe una amenaza seria de guerra.

El debate de los historiadores sobre el papel de Chamberlain frente a Hitler y el error que habría supuesto su doctrina del <apaciguamiento>, según la interpretación dominante durante mucho tiempo, me parece ilustrativo, aunque -insisto- hay que ser muy prudente con la analogía entre las pretensiones de Hitler sobre los Sudetes y las de Putin sobre territorios de Ucrania (comenzando por el aparente fait acompli de la anexión rusa de Crimea, en violación del principio de soberanía e integridad territorial de los Estados, y siguiendo por su aliento a las pretensiones secesionistas en el Dombass). Como decía, durante mucho tiempo se ha impuesto mayoritariamente la interpretación de que la estrategia de apaciguamiento fue un craso error de Chamberlain, pese a conocer las críticas a su posición, que rechazó. Es la tesis de libros como Guilty Man y, sobre todo, del primero de los volúmenes que escribió Churchill sobre la guerra, The Gathering Storm, publicado en 1948.

En todo caso, hay que anotar que Chamberlain no dudó en declarar la guerra a la Alemania de Hitler en el momento en que los nazis invadieron Polonia el 5 de septiembre de 1939, y estuvo todavía al frente del gabinete hasta que, tras la invasión de Noruega y luego de los países Bajos por Hiter, dimitió y sugirió al rey el nombre de uno de sus más feroces críticos, Churchill -cuyo primer volumen está en el origen de la interpretación dominante contra Chamberlain- y tampoco conviene olvidar que el propio Churchill lo incluyó en su gabinete como lord Presidente del Consejo, tarea a la que Chamberlain se aplicó con denuedo hasta su muerte en 1940.

La guerra siempre es un mal, lo que no significa, desde luego, que haya que ceder a las pretensiones del matón de turno. El precedente de la posición de Chamberlain (y, en cierto modo, de las tesis de Gandhi) me parece interesante para evitar un debate maniqueo, que presenta de modo simplista, insisto, una confrontación entre dos extremos. De un lado, los pacifistas ingenuos que se rinden ante el matón y le dejan hacer, con tal de no recurrir a la guerra, al mismo tiempo que verbalizan ostentosamente una oposición a la guerra (“No a la guerra”) tan genérica que todos podemos compartirla, aunque las más de las veces no añaden cómo actuar frente al susodicho matón. Del otro lado, los partidarios entusiastas de una interpretación demasiado literal del si vis pacem, para bellum, demasiado prestos a demostrar que son más rápidos con el gatillo y tienen más capacidad de destrucción. Lo cierto es que hay otra vía, la del Derecho y langociación, esto es, la de la diplomacia, sin renunciar por ello a la defensa de la legalidad internacional.

¿Qué hacer?

La cuestión que se plantea aquí y ahora al gobierno de España (a la oposición también, obviamente) es cuál debe ser la posición de la Unión Europea, de la OTAN y de España como socio de una y otra, en el escenario de unas negociaciones que tienen como protagonistas prácticamente exclusivos a Putin y Biden.

Acabamos de asistir este pasado lunes 24 de enero a la toma de posición de los ministros de Asuntos Exteriores de la UE, que han reafirmado la soberanía, independencia e integridad territorial de Ucrania, han negado la pertinencia de la doctrina de las zonas de influencia en Europa, y se han mostrado dispuestos a severas sanciones económicas inmediatas en el supuesto de una intervención armada de Rusia en Ucrania (cfr. https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/01/24/european-security- situation-notions-of-spheres-of-influence-have-no-place-in-the-21st-century/).

A mi juicio, probablemente el objetivo al que apunta la estrategia de tensión que ha puesto en marcha Putin no implica necesariamente una intervención bélica significativa en territorio de Ucrania. En otras palabras, creo que se puede sostener que Putin no está dispuesto a la guerra. Creo que lo que pretende, y estoy de acuerdo en ello con el análisis del mencionado artículo del blog B2, es, de un lado, hacer imperiosa la negociación por parte de Biden y la OTAN, con el objetivo de obstaculizar de facto el ingreso de Ucrania en la OTAN, para lo que, si es necesario, está dispuesto a extremar la provocación militar. Putin buscaría en realidad aumentar la presión política y militar sobre Ucrania, quizá con el propósito verosímil de conseguir un cambio de régimen en ese país y de nuevo propiciar un gobierno proruso. Así lo sostienen los EEUU y el Foreign Office del Reino Unido EEUU según han explicado en un reportaje de investigación los periodistas de The Guardian, Julian Borger, Luke Harding y Andrew Roth (https://www.theguardian.com/world/2022/jan/20/us-russia-ukraine-government- sanctions). Se trataría de Yevhen Murayev, Serhiy Arbuzov, viceprimer ministro de Ucrania entre 2010 y 2012, y primer ministro interino en 2014; Vladimir Sivkovich, exvicedirector de la Seguridad Nacional Ucraniana, y del Consejo de Defensa (RNBO, en sus siglas originales); Andriy Kluyev, viceprimer ministro entre 2010 y 2012 y jefe de Gabinete del presidente Yanukovich; y Mykola Azarov, primer ministro de Ucrania entre 2010 y 2014. Murayev lo desmintió de inmediato, al igual que el ministerio de exteriores ruso.

Pues bien, por mi parte, recordaré lo obvio: las actuaciones en la política internacional no deben ni pueden apartarse de los principios de legalidad y legitimidad que emanan de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y del sistema de derecho internacional y de relaciones internacionales que descansan en ella. La razón fundamental de la fundación de las Naciones Unidas fue evitar el flagelo de la guerra. A partir de ahí, hablar de guerras justas, como vuelven a sostener los defensores de una respuesta bélica frente a Putin, carece de sentido.

El recurso a la noción de guerra justa es una trampa carente de justificación, por importantes que sean sus defensores, como el admirado Michael Walzer (tan proclive siempre a la noción de guerra justa frente a las agresiones que sufre Israel, como indiferente ante la agresión que sufren los palestinos). A fortiori, sería absolutamente inaceptable una intervención bélica de Rusia en Ucrania. Por supuesto, en lo que se refiere a Ucrania, cosa muy distinta de la guerra es la legítima defensa frente a la agresión, un argumento que, en todo caso, debe utilizarse con todas las precauciones que imponen los artículos 39 a 51, en el Capítulo VII de la Carta, titulado, como se recordará, «Acción en Caso de Amenazas a la Paz, Quebrantamientos de la Paz o Actos de Agresión». Algunos de nuestros iusinternacionalistas, como los profesores Remiro Brotons, y Ramón Chornet (véase su reciente libro La guerra contra el terrorismo, veinte años después. Zero Dark Thirty) han analizado críticamente las coartadas de la <intervención humanitaria > y la <legítima defensa preventiva> y han desmontado cuidadosamente la coartada de la guerra inevitable (no digamos justa) frente a ese penúltimo enemigo que es el terrorismo internacional y los Estados que lo promueven.

Hoy, en todo caso se habla de la doctrina de la responsabilidad de proteger, reconocida desde la Cumbre Mundial 2005, en la que todos los Jefes de Estado y de Gobierno afirmaron la responsabilidad de proteger a las poblaciones frente al genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. este deber de responsabilidad de protección, de alcance internacional, se basa en tres conceptos: la responsabilidad de cada Estado de proteger a sus poblaciones; la responsabilidad de la comunidad internacional de ayudar a los Estados a proteger a sus poblaciones y, en tercer lugar, la responsabilidad de la comunidad internacional de proteger a las poblaciones de un Estado cuando es evidente que este no logra hacerlo que es, evidentemente, la más controvertida.

España es miembro de la UE y socio de la OTAN desde hace 40 años, tras un debate público enconado y para muchos traumático. España está obligada a cumplir con el marco de obligaciones internacionales que nacen de esa doble pertenencia, de la que, por cierto, se beneficia, por más que haya matices al respecto.

Por tanto, la acción del gobierno en esta crisis debe guiarse por dos criterios básicos que, a mi juicio, subrayó pertinentemente el ministro de Asuntos Exteriores. En primer lugar, el deber de salvaguardar la legalidad internacional, con los medios que proporciona la Carta, lo que implica la clara voluntad de no ceder a chantajes. En segundo término, la prioridad de la acción diplomática, de la negociación, que es donde hay que plantear las medidas disuasorias, pero siempre por encima de las tentaciones bélicas, aunque estén revestidas de la etiqueta de «causa justa». Esto quiere decir que se trata de negociar y negociar, mantener la cabeza fría y así, propiciar la desescalada de ese escenario de tensión que alimentan irresponsablemente los que querrían actuar como Alejandro y más pronto que tarde, echar mano a la espada.

9

UNA MODESTA PROPOSICIÓN PARA HUIR DE UN DEBATE SIMPLISTA Y MANIQUEO SOBRE EL CONFLICTO DE UCRANIA

Cuando parece reabrirse un debate de tonos, a mi juicio, simplistas en torno a los conflictos que vive Ucrania y a las estrategias de Putin y de la OTAN, me parece que puede ser útil ver el film de Schwochow “Munich. The Edge of War” (2021) basado en la novela de Robert Harrris (2017).

No es una gran película, pero propone una cierta revisión de los tópicos sobre el papel de Neville Chamberlain (soberbiamente interpretado por Jeremy Irons) y sobre la conferencia de Munich y el papel de la diplomacia y la negociación.

La guerra siempre es un mal, lo que no significa, desde luego, que haya que ceder a las pretensiones del matón de turno. El precedente de la posición de Gandhi me parece interesante para evitar un debate maniqueo, que presenta de modo simplista, insisto, una confrontación entre pacifistas ingenuos que se rinden ante el matón con tal de no recurrir a la guerra y belicosos partidarios del si vis pacem, para bellum, de gatillo rápido.

En este caso, la ficción literaria y la cinematográifica y, desde luego, la historia, nos enseñan a evitar ese tipo de análisis de buenos y malos que está proliferando en estos días. La razón fundamental de la fundación de las Naciones Unidas fue evitar el flagelo de la guerra. A partir de hí, hablar de guerras justas carece de sentido. Otra cosa es la legítima defensa, un argumento que, en todo caso, debe utilizarse con todas las precauciones que imponen los artículos 39 a 51, en el Capítulo VII de la Carta, titulado, como se recordará, «Acción en Caso de Amenazas a la Paz, Quebrantamientos de la Paz o Actos de Agresión». El recurso a la noción de guerra justa me parece impertinente, injustificado. Como me parece abusivo -a mi juicio, lo han analizado muy bien por ejemplo algunos de nuestros iusinternacionalistas, como los profesores Remiro Brotons, y Ramón Chornet- el recurso a la noción de intervenciones «humanitarias», hoy ya sustituidas por la doctrina de la responsabilidad de proteger, reconocida desde la Cumbre Mundial 2005, en la que todos los Jefes de Estado y de Gobierno afirmaron la responsabilidad de proteger a las poblaciones frente al genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. este deber de responsabilidad de protección, de alcance internacional, se basa en tres conceptos: la responsabilidad de cada Estado de proteger a sus poblaciones; la responsabilidad de la comunidad internacional de ayudar a los Estados a proteger a sus poblaciones y, en tercer lugar, la responsabilidad de la comunidad internacional de proteger a las poblaciones de un Estado cuando es evidente que este no logra hacerlo que es, evidentemente, la más controvertida.

Todo ello remite, creo, a dos criterios básicos: en primer lugar, el deber de salvaguardar la legalidad internacional. En segundo término, la prioridad de la acción diplomática, de la negociación, por encima de las tentaciones bélicas, aunque estén revestidas de la etiqueta de «causa justa».. 

A propósito del relato de Joyce «Los muertos», sobre el que Houston dirigió su maravillosa última película, titulada en España «Dublineses»

He releído el magnífico relato de Joyce, «Los muertos», incluido en su extraordinaria «Dublineses», y de nuevo me ha hecho volver a ver la versión que dirigió para el cine, en 1987, un John Houston que tuvo que llevar a cabo el rodaje en silla de ruedas y con botella de oxígeno, aquejado de un enfisema pulmonar del que murió apenas tres meses después de concluir esta, su 29 película.

Aquí en España, la película se estrenó con el título «Dublineses» (por el título del libro y quizá también por temor a que el título original, «Los muertos» no fuera tan comercial).

Confieso que sigue impresionándome cómo el gran director consigue enlazar su propia visión del amor, la vida y la muerte -llena de poesía y música, de fiesta y de melancolía, los rasgos tan propios del alma irlandesa- con la narración de Joyce.

Suele destacarse el momento mágico en el que la canción «The Lass of Aughrim», interpretada por uno de los asistentes, un tenor local, hace que Greta (gran Anjelica Houston) evoque su amor perdido.

Gabriel, su marido, vive, como escribió A Grijalva en su magnífico análisis del film, varias epifanías: la epifanía de descubrir que el amor -por fugaz que sea, como el que vivieron su mujer y su joven amor, Michael- importa más que la vida y así, en cierto modo, toma también conciencia de que hay distintos modos de entender quiénes son los muertos: los que no viven el amor, los que se han conformado con la rutina, aunque sea llevadera a través de ritos y tradiciones como la fiesta que ofrecen las viejas tías a sus invitados.

Toma conciencia, también, de la epifanía que perseguía Joyce en su relato: la transición entre dos mundos, el de los muertos, del que ellos mismos son herederos y el de un mundo que está por llegar y al que se resiste esa veja sociedad irlandesa que Joyce fustigó y que Houston trata con más melancolía que ira.

Hasta la secuencia final, ese extraordinario plano de tres minutos que describe maravillosamente la inmensa distancia entre Greta y Gabriel, y que cierra la voz en off que reproduce las propias palabras de Joyce, “mientras la nieve cae sobre los vivos y sobre los muertos”.

Deporte, negocios, poder. El esperpento del Mundial de fútbol de Qatar, como símbolo (versión ampliada del artículo publicado en Infolibre, el 18 de enero de 2022)

Pecunia adhuc non olet.

El dinero cada vez resulta más difícil de oler. A eso me refiero con la reformulación de una de las más conocidas entre las anécdotas que nos legó Suetonio: la famosa advertencia de Vespasiano a su hijo Tito, pecunia non olet, a propósito de la tasa que el primero impuso a la orina que diariamente se vertía en las letrinas de Roma, y que era recogida en la Cloaca Maxima, la red de alcantarillado público de la que ya disponía la ciudad en ese momento. Orina que producía notables beneficios a curtidores o lavanderos. La literatura que seguimos denominando de ficción ofrece numerosos ejemplos del aserto “detrás de una gran fortuna siempre hay un crimen”, desde el Sarrassine de Balzac, al Gran Gatsby de Scott Fitzgerald. Y el cine y la TV cultivan con éxito historias de esos “blanqueos”. Hoy, no es ya que el dinero no huela; es que, como subrayara Sánchez Ferlosio en su Non olet, se blanquea cada vez mejor: pecunia adhuc non olet.

Por si queda alguien que no haya salido espantado tras este latinista proemio (no me negarán que esto sí que es “cerrarse una puerta”), añadiré que, aunque sostengo con toda pasión esa causa, no escribo estas líneas en reivindicación del papel de la cultura clásica —del latín y del griego— en el currículum educativo. Tampoco se trata sin más de evocar la sentencia del emperador, a la que dio una vuelta castiza nuestro Quevedo con su “poderoso caballero…” No hace falta estar doctorado en la tantas veces sobrevalorada ciencia política (modestamente, siempre sugiero a sus frecuentemente olímpicos representantes comenzar por el conocimiento de la historia de las ideas), para saber que, si se habla de erótica del poder, esta palidece ante la que derrocha el vil metal.

Toda esta introducción viene a cuento porque este año que acabamos de estrenar nos va a ofrecer uno de los ejemplos más obscenos de esa fatal capacidad del dinero. Me refiero, como habrán adivinado, al Mundial de fútbol que se celebrará en Qatar, en fechas distintas de las habituales, por aquello de respetar las inversiones de los magnates que se gastan una pasta en deportistas. Porque convendrán Vds conmigo en que lo que no puede ser es que el precio de las estrellas futbolísticas en el mercado (precio, no valor) se devalúe por un bajo rendimiento debido al impacto del calor en su salud, mientras se exhiben en el escaparate de ese importante evento. Porque esto del mundial que han negociado la FIFA y Qatar es, en el fondo, un nuevo episodio de la política que se denomina en inglés sportwashing que, al fin y al cabo —nihil novum sub sole—, no es más que una modalidad algo más sofisticada del viejo panem et circenses…Y hasta aquí, el latín.

El deporte lava más blanco: el dinero y también el poder

Puzo y Coppola nos mostraron en la tercera parte de El Padrino que el afán de lavar los negocios sucios lleva a buscar blanqueadores profesionales, esos que practican a gran escala lo que el señor lobo de Tarantino ofrecía al por menor. Esa es la razón de que Michael Corleone acuda al obispo Gilday (trasunto de Marzinckus), para ser admitido como accionista del grupo Inmobiliari, una multinacional bajo el sello de El Vaticano, aparente garantía de blancura. Ese uso de la capacidad persuasiva de la religión al servicio de los intereses de dominación (las más de las veces, disuasiva, merced al miedo y al prejuicio), es tan viejo como el mundo y, por desmentirme y volver al latín, recordaré la fórmula acuñada por Estacio y popularizada por Petronio en su Satiricon: primus in orbe deos facit timor.

Pero hoy sabemos que la nueva religión pagana que con sus iglesias, clérigos, ritos y ceremonias contribuye a domeñar a la opinión pública y, así, a prolongar la eficacia del lema de Vespasiano, es el deporte. Hace mucho tiempo que periodistas de investigación como el notable Andrew Jennings alzaron el velo sobre el increíble negocio en que devino el movimiento olímpico, sobre todo gracias a Samaranch (The Great Olympic Swindle, The Lord of the Rings), que transitó muy rápidamente de los ideales enunciados por Coubertin a convertirse en formidable instrumento de propaganda política y en un entramado de privilegios y sinecuras. Los juegos de Berlín, en 1936, fueron el ensayo más obvio. Y aunque el tiro le saliera a Hitler parcialmente por la culata, gracias a Jesse Owens, la competencia técnica de Leni Riefenstahl, que dirigió el largometraje Olimpia (1938) puso de manifiesto que el séptimo arte, unido al espectáculo del deporte, podía ser el gran instrumento de manipulación popular. Y ofreció un escalón para quienes entendieron el beneficio de la política como espectáculo, particularmente en las sociedades de masas que propician la degradación de la democracia en demagogia. Sin necesidad de ser ingenuos —la idea de competición deportiva lleva en sí desde su origen su supeditación a funciones sociales, económicas y políticas—, hay que reconocer la aceleración de esas tendencias desde el pasado siglo. Esto es, la casi inevitable transformación del deporte —y muy específicamente el fútbol— en espectáculo y negocio. Al servicio de quienes dominan, que no son necesariamente quienes figuran en la política institucional, claro. La “épica” de las selecciones nacionales, de las competiciones deportivas olímpicas o los campeonatos regionales y mundiales de las diferentes disciplinas, con el fútbol siempre en cabeza, e suficientemente elocuenta de esa manipulación a la que sirve el deporte, con el concurso de medios de comunicación que rivalizan en la narrativa de la exaltación de la tribu.

Por supuesto, frente a la ingenua sabiduría del “fútbol es fútbol”, el deporte de masas por excelencia no podía dejar de ser utilizado así. Que el fútbol dejó de ser deporte lo mostró el citado Jennings cuando puso en evidencia las tramas de corrupción de la FIFA (The Dirty Game. uncovering the Scandal at FIFA), las mismas que luego alimentaron noticias en todos los medios de comunicación, implicando a dirigentes y exjugadores. Hoy quizá sólo conservan esa dimensión deportiva del viejo deporte inventado en Inglaterra el fútbol aficionado y el fútbol femenino; éste, en trance de una transformación que podría ser peor que la machista orientación de exhibición de carne que parece regir en otros “deportes” minoritarios, como el voleibol o el vóley-playa femeninos. Ha dado ejemplo la Federación Internacional de Balonmano (FIH, por sus siglas en inglés) con sus reglas sexistas sobre vestimenta de las mujeres que practican el balonmano-playa,  reglas que fueron contestadas corajudamente el pasado verano por la selección noruega.

El fútbol profesional, lo sabemos, ha pasado a ser casi exclusivamente otra cosa, porque así lo exige la lógica del business, aplicada a su vez a la política: espectáculo regido por un único criterio, el del beneficio de unos pocos. Y a ello contribuyen decisivamente unos medios de comunicación que, en buena medida —con las notables y honrosas excepciones que Vds quieran señalar—, son la correa de transmisión de esa lógica implacable, como lo evidencia la ruidosa “renovación comunicativa” que sufrimos, en la que las gestas futbolísticas del domingo se alternan en las ondas con ilustradoras metáforas de productos bancarios, manjares o productos inmobiliarios. El poder de la comunicación se muestra precisamente en la capacidad de imponer al “aficionado” esa indigesta ración de “información en vivo”.

Lo interesante de esta evolución reciente es que hemos pasado de la fase de un negocio al servicio de los intereses financieros de grandes multimillonarios (el modelo de los Tapie y Berlusconi, los Florentino Pérez o Abramovich), a otro tipo de millonarios que, en realidad, son la fachada del fenómeno conocido como los  club-estado, con el PSG como emblema; un club al que, conforme a la  genial invención de Valdano, habría que denominar PSQ. Otros clubs, británicos sobre todo —desde luego, también españoles— participan de esa estrategia, como ha mostrado Walter Oppenheimer a propósito del  Newcastle o Chadwick en relación con el Manchester City, propiedad de la empresa de capital privado Abu Dhabi United Group, perteneciente al jeque Mansour bin Zayed Al Nahayan, de la familia real del emirato de Abu Dabi. Pero el PSG, insisto, es el arquetipo.

En efecto, el club de París, cuyo presidente es Nasser al Khelaifi, miembro de la familia real qatarí, es hoy propiedad de Qatar Sports Investment (QSi), firma presidida por el propio Al Khelaifi y subsidiaria de Qatar Investment Authority, un fondo soberano de inversión cuyo director ejecutivo, a su vez, es el emir qatarí Tamim bin Hamad Al Zani. En 2019, Al Khelaififue elegido por la Asociación de Clubes Europeos (ECA) como delegado del comité ejecutivo de la Unión Europea de Asociaciones de Fútbol (UEFA), el verdadero organismo rector del fútbol continental.

Como decía,  el PSG es el arquetipo del fenómeno que conocemos como sportwashing y que ha sido ilustrado muy bien por las investigaciones del profesor de Geopolítica Económica del deporte de la Escuela de Negocios EM Lyon en Francia, Simon Chadwick. Se trata de la utilización del deporte como medio de blanqueo de negocios y también de regímenes políticos despóticos y corruptos y que no se limita, desde luego, al fútbol ni sólo a Qatar. Baste pensar en la organización de la Paris-Dakar bajo el patronazgo de Arabia Saudí, que también ha albergado la última edición de la supercopa española de fútbol, tras el más modesto intento de “exportación” que supuso celebrarla en Marruecos. Amnistía Internacional lleva denunciando desde 2019 este proyecto de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y los peregrinos argumentos de su presidente, el Sr. Rubiales, para vestir como iniciativa que favorece los derechos humanos en el reino saudí, cuando se trata de un ejemplo más —desde luego, muy hiriente— de esta lógica que trato de ilustrar.

Recientemente los lectores de infoLibre han podido leer la investigación llevada a cabo por el digital Orient XXI, a propósito de las ingenierías financieras en las que se muestra campeón los Emiratos Árabes Unidos (EAU, que todos identificamos con la ciudad de Dubái), un verdadero “infierno para los derechos humanos”, a la par que un paraíso para blanqueo de capitales, como han denunciado  rigurosas investigaciones  llevadas a cabo por la Federación Internacional por los Derechos Humanos y el  Observatoire des Armements.

Hipocresía y servilismo ante los petroemiratos: el Mundial de Qatar

Volvamos al ejemplo de Qatar. Para los que aún lo ignoren, el pequeño Estado de Qatar (apenas 11.500 Km2 y poco más de 600.000 habitantes), el país con mayor renta per cápita del mundo, fruto sobre todo del hecho de que alberga la tercera reserva mundial de gas, es un emirato, una monarquía absoluta. Desde su independencia del protectorado británico, en 1971, reina un clan, el de los Al Thani: una familia que monopoliza el gobierno del país y que ha desplegado un impresionante conglomerado de empresas multinacionales, con propiedades inmobiliarias cuyo capital es muy difícil de precisar. Desde 2013, el emir es  Tamim bin Hamad al Thani,  hijo de la más famosa de las esposas de su padre,  Mozah bint Nasser al-Missned, una  celebritie  internacional de primer rango, emblema de lo  fashion, conocida en su día en todo el mundo como “la jequesa de Qatar“.

Es verdad que el régimen qatarí ha dado algunos pasos que lo alejan del wahabismo saudí o de los Emiratos árabes (por ejemplo, ha adoptado algunas medidas de reconocimiento de derechos a las mujeres: tienen derecho a voto en elecciones municipales y pueden ser candidatas). A ello ha contribuido muy notablemente la creación de su célebre agencia de noticias Al-Jazeera, una referencia en el mundo árabe, pero también en el ámbito internacional. Es la alternativa a CNN, pero también a la muy conservadora MBC saudí y a la cadena integrista de los EAU, Al Arabiya. Y valga la digresión para reconocer la notable tergiversación acerca de los medios árabes que impera en la opinión pública occidental; no digamos en medios conservadores como la FOX. Lo ha explicado con su habitual rigor la profesora de la Universitat de València y periodista  Lola Bañón. Es verdad también que ese mundial de fútbol puede entrañar efectos positivos, entre los que se apunta de nuevo el argumento de ciertas mejoras en la posición de las mujeres en el espacio público.

Dicho lo anterior, resulta necesario reconocer que Qatar no puede, ni remotamente, presentarse como una democracia, ni resiste el contraste con test básicos de respeto y garantía de los derechos humanos. No lo es, aunque ello suponga llevar la contraria al criterio expresado por el otrora eximio jugador Xavi, hoy rescatado por el Barça en el marco del estrecho vínculo del club azulgrana con Qatar. Me refiero a unas recordadas declaraciones del entonces entrenador del club qatarí Al-Sadd, recordadas por ridículas. También, por lo grosero del argumento  pro domo sua, pues, aunque mostraba los varios soles a los que se arrimaba —el propio Qatar, y de paso, la causa independentista—, a duras penas ocultaba que no había más guía que su propio interés. Justo lo que explicó

 Cicerón en su versus Clodio, cuando acuñó la expresión. En efecto, en la  entrevista al diario Ara, el 21 de septiembre de 2019, Xavi sostenía que, aunque Qatar no fuera en sentido estricto una democracia, comparado con España todo funcionaba mucho mejor en el emirato, como había constatado en la media docena de años de residencia allí. Para él y su familia, claro, Qatar era un paraíso. Hace falta querer estar ciego a lo que no sea uno mismo.

Organizaciones de derechos humanos como  Human Rights Watch  han emitido reiteradamente informes que dejan en evidencia la  explotación de trabajadores emigrantes en el país, cruciales para construir los modernos estadios del Mundial de 2022 y que incluyen una cifra de muertes durante la construcción por encima de los 7000. Las  denuncias sobre la corrupción  de miembros de la FIFA para conceder el mundial a Qatar y, posteriormente, las relativas a las condiciones laborales de los trabajadores que han construido los estadios e infraestructuras del mundial, han estado en el punto de mira desde que se confirmó que Qatar sería sede del Mundial de Fútbol en 2022. Así, en marzo de 2021  Amnistía Internacional  publicó una carta abierta a la FIFA para exigir que ésta se comprometiera a «adoptar  medidas concretas y urgentes para garantizar que la competición deje un legado positivo y duradero a todas las personas trabajadoras migrantes de Qatar y no dé lugar a más abusos laborales». No digamos, por lo que se refiere a las acusaciones relativas a su régimen jurídico y político, que viola estándares básicos de la legitimidad internacional,  con leyes que discriminan a mujeres, y a las personas pertenecientes a minorías LGTBIQ. Para guinda, véanse las advertencias del presidente del Comité organizador del campeonato del mundo de Qatar, para que los homosexuales que acudan a esa celebración eviten gestos de afecto en público.

Recordaré, para concluir, que el mundial de Qatar en 2022, como ha advertido el mencionado profesor Chadwick, forma parte de un proyecto de más largo alcance, el Qatar National Vision 2030 que, según la propaganda qatarí, pretende crear «una sociedad avanzada capaz de sostener su desarrollo y proveer un alto estándar de vida para su pueblo». El deporte es pieza esencial de esa estrategia comunicativa de Qatar. Pero esa estrategia de crecimiento se asemeja al otro gran proyecto de crecimiento, el propio del modelo de capitalismo chino, porque ni la democracia ni los derechos humanos forman parte de él.

Sobran, pues, a mi juicio, las razones para oponerse a este evento y por ello me he sumado —e invito a los lectores a hacer lo propio— a la  campaña #BOICOTQATAR2022.

VARIACIONES SOBRE UN TÓPICO WEBERIANO. ACERCA DEL LUGAR DE LA CIENCIA EN LA DECISIÓN POLÍTICA (artículo publicado en la Revista de las Cortes Generales, nº 111/2021, pp. 75-96)

RESUMEN

La pandemia revive el clásico debate sobre el papel de la ciencia en la toma de decisiones políticas, especialmente en las democracias. El autor referencia a filósofos y dirigentes políticos, algunos señalan la necesidad de una confianza plena en la ciencia como guía de la política y de un Estado de derecho que busca seguridad y certeza. No obstante, otros filósofos recuerdan que el concepto de ciencia conlleva incertidumbre intrínseca y error, dado que se trata de un proceso dinámico de acceso a un conocimiento cada vez más cierto, pero sujeto a falsabilidad. La pandemia ha evidenciado los límites de la política pero también de la ciencia, lo que según el autor permitiría descartar una ciencia que justifica o sustituye el poder político. Estos límites deberían también disuadir de exigencias de responsabilidad desproporcionadas a la naturaleza real de la política y de la ciencia.

Palabras clave: ciencia, política, pandemia, democracia, seguridad, Estado de derecho, excepción, expertos, responsabilidad política, asesoramiento, conocimiento, Parlamento.

Sumario: I. un tópico complejo: ciencia y decisión política. II. Sobre el papel del Derecho como instrumento de certeza social. Sentido y alcance de la «seguridad jurídica». III.. Sobre la responsabilidad de las decisiones políticas en la era de la pandemia. IV. Coda: sobre las oficinas de asesoramiento científico y tecnológico en los parlamentos. Bibliografía.  Notas.

(I)

Uno de los tópicos recurrentes a los que nos ha acostumbrado la pandemia es el del reconocimiento del valor de la ciencia, del conocimiento científico (o científico-tecnológico). Se ha dicho hasta la saciedad que, en cierto modo, entre el legado positivo que nos dejan estos meses terribles se encuentra esa confianza renovada en su relevancia social, en su necesidad. Incluso en términos que parecen reverdecer el comienzo de esa ilusión positivista del XIX que alentaron Saint-Simon y, sobre todo, Comte: todo lo que necesitamos, todo lo que podemos esperar, nos llegará de manos de la ciencia.

Es cierto que esta confianza renovada en la ciencia (ingenua en su fundamento, aunque seguramente no hay ingenuidad en el recurso a ella que se ha visto obligado a propagar el político de profesión, al que denominaré, weberianamente, el político) es una reacción, una pulsión casi inevitable que se acentúa a partir del momento en el que el político es consciente de que el conocimiento pone en sus manos un poder colosal, y ambivalente precisamente en esa potencialidad. Pocos alegatos tan explícitos acerca del riesgo que ello supone como el de Robert Oppenheimer (considerado el padre de la bomba atómica por su liderazgo en el laboratorio de Los Alamos, decisivo en el Proyecto Manhattan), quien, abrumado ante la primera prueba de la bomba, el 16 de julio de 1945, parece que recordó algunos versos del Bhagavad-Gita, para afirmar «ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos». Por cierto, Oppenheimer, que sucedió a Einstein en la cátedra de Física Teórica del Institute for Advanced Study, en Princeton, fue durante un tiempo uno de los más conven- cidos representantes del movimiento que defendía la necesidad de acudir a la supremacía de la ciencia en el marco de la nueva política, surgida tras el fin de la guerra. Pero fue sometido a una auditoría de seguridad, en el marco del macartismo, que revocó sus credenciales y le llevó a un cierto ostracismo.

En el otro lado del espejo, cabe destacar la visión del presidente F. D. Roosevelt, quien entendió que debía impulsar decididamente el desarrollo de la ciencia y la investigación científica para dar respuesta a los desafíos que se le presentaban a la nación norteamericana en una encrucijada tan compleja como la que afrontó en las etapas de su presidencia: de la recuperación de la Gran Depresión, a la Segunda Guerra Mundial. Roosevelt creó en 1940 el Comité de Investigación de la Defensa Nacional (NDRC, National Defense Research Com- mittee), presidido por el profesor Vannevar Bush y cuya finalidad era «coordinar, supervisar y realizar investigaciones científicas sobre los problemas subyacentes al desarrollo, producción y uso de mecanismos y dispositivos de guerra». En 1941, Roosevelt decidió crear la Oficina de Investigación y Desarrollo Científico (OSRD, Office of Scientific Research and Development), cuyo objetivo era optimizar la aplicación de las investigaciones científicas en la tecnología de guerra, asegurar la mejor cooperación entre las agencias de investigación civiles y mi- litares y, muy específicamente, el desarrollo y la búsqueda de recursos para la «sanidad militar», en un contexto de guerra. Roosevelt situó al profesor Bush al frente de esta nueva agencia, de la que el NDRC pasó a ser una suerte de organismo asesor hasta que se extinguió en 1947.

Pues bien, pocos testimonios tan elocuentes sobre el papel que la ciencia y la investigación debían desempeñar en las decisiones políticas que habían de adoptarse en aquellas difíciles circunstancias, como la carta que el presidente Roosevelt dirigió el 17 de noviembre de 1944 al director de esa Oficina de Investigación y Desarrollo Científico, el profesor Bush1, en la que le formulaba cuatro preguntas sobre el avance y el papel de la ciencia en el incremento del potencial norteamericano, no solo en el plano armamentístico, sino también en la lucha por la salud y en el bienestar al que apuntaba su New Deal. Una carta que dio lugar al famoso informe que este presentó a Roosevelt el 25 de julio de 1945, con el título Science, the endless frontier (Ciencia, la frontera sin fin) (Bush, 2020), inspirado a su vez en un discurso del propio Roosevelt quien, como es sabido, enunció reiteradamente su tarea en términos de superar fronteras y confiaba para ello en el papel de la ciencia. En ese informe, además de reafirmar las razones del carácter esencial de la ciencia y de las instituciones científicas en nuestras sociedades, en particular en el ámbito de la lucha contra la enfermedad y la consecu- ción del bienestar, se subrayaba el decisivo papel que debía asumir el Gobierno en el impulso y desarrollo de la ciencia y la necesaria, aunque compleja, relación entre ciencia y poder político, entre el científico y el político, por volver al motto weberiano. Asimismo, se ofrecían no pocas pistas y recomendaciones relativas a cómo renovar y asegurar el talento científico. Es un documento que aún hoy impresiona por la clarividencia del gran presidente norteamericano2.

En todo caso, como decía, este no es sino un nuevo escenario para un viejo debate, uno de los más complejos y constantes en la historia del pensamiento social y político: ¿no sería mejor dejar que gobernaran los sabios? O, trasladado a la discusión contemporánea, ¿no habría llegado ya la hora de que la ciencia viera reconocido su papel de guía fiable en la toma de decisiones políticas y se le abrieran, así, las puertas del Ejecutivo y el Legislativo3? ¿No sería esa la forma de asegurarnos de que las decisiones políticas sean apropiadas, nece- sarias, proporcionadas? Este es, al mismo tiempo, un debate mucho más complejo de lo que aparenta, aunque solo sea porque se utilizan, y con frecuencia sin contextualizarlas adecuadamente, diferentes nociones de ciencia, de certeza, de seguridad. Y porque, como decía, en el fondo se trata de un escenario, una variación más, de un asunto clave en toda reflexión sobre el quehacer político, de Platón a Weber, por mencionar dos de las referencias claves a las que acudir cuando se trata de elucidar si la decisión del gobernante debería buscar la legitimación que le ofrece el conocimiento científico (versión con- temporánea de la que le prestaba la sabiduría del filósofo), o si eso es una pretensión que debe quedar limitada al ámbito del asesoramiento, pero sin usurpar el núcleo de la decisión, que ha de ser necesariamente prudencial, por decirlo aristotelico modo.

Hobbes, a quien cabe el honor de haber adelantado la moderna concepción de la política, entendida precisamente como ciencia, aseguraba que la primera tarea de todo gobierno es garantizar la vida de los gobernados. Hasta el punto de que el genial pensador admite una sola excepción a la sumisión al poder ilimitado que los ciudadanos ceden al monstruoso Leviathan: precisamente, la ausencia de esa seguridad4. Esta es la condición que hace posibles todos los demás objetivos de la acción política. Algunos, siguiendo esa lógica, hablan de una contradicción o, al menos, de tensión límite entre seguridad y libertad, que justificaría sacrificar nuestra libertad en aras de la seguridad. Pero creo que es un planteamiento falaz.

Es cierto que, en regímenes dictatoriales o autoritarios, los ciudadanos son súbditos y no tienen más remedio que abandonarse a la fe en su gobierno, o someterse sin más a él. Precisamente por esa razón, tales gobiernos pueden mantener la ficción de que siempre aciertan, porque siempre lo saben todo, lo prevén todo y lo hacen por el bien del pueblo. Ese planteamiento conduce a la tan conocida –sencilla y falaz– alternativa: «O nosotros (o la obediencia a nuestros mandatos), o el caos (la muerte)». De donde, en efecto, frente a la libertad propia del estado de naturaleza y que nos hace devorarnos unos a otros como lobos (la guerra civil como el mal por antonomasia, al fondo), no hay opción: elegimos la seguridad.

En las sociedades democráticas, abiertas, plurales, eso no funciona así. Los ciudadanos son mayores de edad y han superado, a la manera en que nos enseñó el psicoanálisis, el mito del padre que todo lo sabe y nos protege frente a cualquier peligro. Sabemos, como explicaron Rousseau y Kant5, que esa seguridad de los calabozos, o, peor, de los cementerios (la verdadera paz perpetua), no es tal. La seguridad es, ante todo, seguridad en y desde las libertades, que es lo que nos proporciona el Estado de derecho, con el imperio de la ley. Por eso, los ciudadanos pueden y deben someter a juicio crítico, a control, las decisiones de sus gobernantes, incluso (quizá, sobre todo) las que se adoptan en circunstancias excepcionales, en las que están en juego las vidas de todos. Eso no quiere decir que sea tarea fácil, ni siquiera en un momento histórico como el presente, en el que los ciudadanos llevamos en nuestro bolsillo, en nuestros smartphones, mucha más información que la que nunca antes estuvo al alcance de las élites de gobierno.

¿Necesitamos una revisión de los instrumentos que contribuyen a la percepción de que las decisiones políticas proporcionan certeza, seguridad? Quizá convendría comenzar por una breve reflexión sobre la forma en que el Derecho aparece como la más poderosa herramienta de seguridad en nuestras sociedades: ¿sigue cumpliendo esa función?

II.

Es comúnmente admitido que la primera de las funciones del Derecho consiste en proporcionar seguridad en las relaciones sociales.

Seguridad, en primer lugar, como garantía del status de los individuos que pertenecen al grupo en el que existe ese Derecho como sistema normativo, es decir, garantía del conjunto de derechos y deberes de cada individuo del grupo, basada en la previsibilidad de las conductas del otro (incluido el poder institucional), gracias a la amenaza de la sanción que monopoliza el Derecho. En efecto, no es posible ninguna relación social sin un mínimo grado de seguridad sobre lo que cabe esperar de la otra parte; también del poder institucional. Y el Derecho, en eso, parece un instrumento eficaz: el otro se atendrá a la conducta que el Derecho ha establecido mediante la norma, porque en caso contrario sabe que será objeto de sanción que le obligará a realizar esa conducta prevista o una sustitutoria. Y la parte contraria puede así confiar en obtener esa conducta o una equivalente gracias a la sanción. La conducta del poder institucional (en un Estado de derecho) resulta también previsible, porque está sometido asimismo a control por el Derecho, gracias sobre todo al principio de legalidad, al de irretroactividad de las normas desfavorables (en particular, las penales) y a la división de poderes. Pero esa previsibilidad, como acabamos de ver, se basa a su vez en la certeza de la norma, esto es, en la pretensión de que siempre existe una norma clara y que es eficaz, es decir, que se cumple inexorablemente.

Ambos predicados, sin embargo, contra lo que han pretendido algunos modelos explicativos de qué sea el Derecho, como el iusnaturalismo racionalista o el positivismo legal formalista, no carecen de excepciones, incluso en un modelo de Estado constitucional. No siempre existe una norma cierta: hay problemas de lagunas normativas –situaciones no previstas, para las que no hay norma– y de antinomias o contradicciones entre normas, máxime en sistemas jurídicos plurales, como los de los Estados de la Unión Europea [UE], con varias instancias normativas, desde la local, la autonómica, la estatal y la estrictamente europea. O sea, que incluso la certeza jurídica es tentativa, como subrayó el realismo jurídico frente al positivismo jurídico más formalista, con su crítica a la noción de validez como una creencia ingenua, paralela a la necesidad psicológica del padre6.  

La defectibilidad de la certeza que proporciona el derecho se acrecienta en situaciones de grave excepcionalidad, como la que sufrimos en la pandemia de la COVID-19, en la que la necesidad de actuar es tan urgente que obliga a reducir excepcionalmente las reglas y procedimientos que tratan de garantizar la certeza, al mismo tiempo que se deben conjugar las garantías de los derechos y libertades fundamentales y la garantía del derecho a la vida y la salud pública. Esa necesidad obliga a una gestión política que recurre (como estamos viendo en nuestro país) a los supuestos de excepción previstos en los Estados constitucionales7 y, aún más, a una modalidad extrema, nunca vista, del fenómeno que Carl Schmitt ya advirtió en 1950 y que Ernst Forsthoff calificara como «legislación motorizada»8, para referirse a los nocivos efectos que sobre la seguridad jurídica suponía esta manía de legislador de producir cada vez más leyes y de menor duración en el tiempo. Ese problema de teoría y técnica legislativa se complica todavía más si concurre con lo que, en conocido trabajo de 1993, el profesor Pérez Luño denominara «El desbordamiento de las fuentes del Derecho», algo evidente en nuestro contexto jurídico, como Estado de estructura cuasi federal y miembro de la UE, lo que añade complejidad pluridimensional.

III.

Volvamos, pues, a las cuestiones que planteaba al comienzo de estas páginas. ¿Cómo guiarnos en esa prueba tan difícil para nuestra madurez cívica a la que nos somete la gestión política de la pandemia? ¿Cómo podemos estar seguros de la certeza de esas decisiones, de las que depende, en sentido estricto, nada menos que la vida de miles de personas?

Una respuesta habitual es la que ya nos propusiera Platón (1949), apoyada, por cierto, en la presunción de la unidad entre bien y verdad. «Quien sabe, actúa bien, necesariamente». Ergo, si queremos certeza, fiémonos de los que saben.

Desde el filósofo rey hasta la fe ciega en el avance inexorable de la ciencia y la técnica, que fue proclamada por el positivismo del XIX y que se prolonga hasta hoy mismo, esa solución conduce a lo que los profesores Moreno, De Pinedo y Villanueva, en un artículo reciente de título muy sugestivo (12 de abril, 2020), denominan epistocracia, un modelo que discuten a fondo siguiendo las tesis de von Neurath. La epistocracia supone, cito, «la tesis del gobierno de los expertos y la crítica de la democracia. En este caso, se considera que la democracia, de existir, debe guarecerse en el consejo de los verdaderos especialistas». Pero los supuestos en los que se asienta resultan más que discutibles, también en esta pandemia, pues, como añaden, “un hecho, registrado como protocolo científico, es algo complejo de determinar. Puede haber mentiras e incompetencia, pero quizá hay más… pensar en cómo tienen que actuar las instituciones a partir de la información que aportan los modelos, ni es sencillo ni puede llevarse a cabo con una regla y un compás. Especialmente cuando, como en el caso de la covid-19, los modelos se construyen sobre datos heterogéneos y posiblemente corruptos, sujetos a un nivel de incertidumbre muy elevado, no es evidente qué significa para una institución actuar de manera razonable a partir de la evidencia”. Por eso, sostienen que «no sólo no hay forma «experta» de ponerse de acuerdo sobre quiénes son los expertos; ni siquiera es fácil reconocer dónde está la frontera entre los asuntos que involucran negociación sobre valores y preferencias y los asuntos que se resuelven sabiendo cómo son las cosas»9.

Es por esa razón por la que me parecen criticables tesis como las del prestigioso neurocientífico y catedrático de Columbia Rafael Yuste, en su artículo «Que la ciencia revolucione la política» (firmado también por Darío Gil) (7 de junio, 2020), en el que proponían «institucionalizar la ciencia en la cúpula del estado», lo que se concretaría en una llamada a que los científicos hagan política, a que entren en cargos de decisión y se creen vicepresidencias científicas (y también consejos asesores científicos que puedan tomar las decisiones en situaciones excepcionales10). No digo con ello que, como ha escrito ácidamente la profesora Depraz, nos encontremos ante «ciegos que guían a otros ciegos», porque «la brújula de los científicos parece más bien una veleta»11.

Pero me parece difícil de discutir que, comenzando por la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) (que, pese a poder invocar que se rige por criterios científicos, no puede ocultar la dimensión burocrática y el peso de los criterios «políticos» en su actuación debido a su dimensión intergubernamental, como sucede con toda la estructura de la Organización de las Naciones Unidas [ONU]) y continuando por los muy diferentes comités científicos y equipos de investigación creados ad hoc en cada país, están muy lejos de ser el oráculo de Delfos que nos gustaría (que necesitamos) creer. Por más que sea preciso destacar y agradecer la enorme contribución de esos equipos científicos, la crítica, incluso la autocrítica de la propia comunidad científica, es ineludible12.

Creo que Jürgen Habermas nos ha ofrecido en no pocas ocasiones algunas excelentes pistas para orientarse en este debate. Lo hizo, de nuevo, en la entrevista que le planteó Nicolas Truong en Le Monde (10 de abril, 2020). En ella, señalaba algo que los estudiosos de lo que se conviene en denominar ámbito de la «razón práctica» tienen muy en cuenta, en la tradición aristotélica que supo recuperar Kant: la defectibilidad constitutiva de ese uso de la razón (si se quiere, del conocimiento). Lo traduzco así:” la pandemia pone al alcance de la opinión pública internacional, de golpe y de forma simultánea un principio que hasta ahora sólo era cuestión de los expertos y no del gran público: la necesidad de actuar desde el conocimiento explícito de nuestro des-conocimiento. Con la pandemia, todos los ciudadanos aprenden que sus gobiernos deben tomar decisiones desde la plena conciencia de los límites del saber de los virólogos que les aconsejan. Y es así como se nos revela a plena luz, una luz cruel, cómo la acción política se lleva a cabo, por así decirlo, sumergida en la incertidumbre. Y es posible que esta inhabitual experiencia deje huella en la conciencia pública”.

Pues bien, por duro que parezca el mensaje, creo que hay que aceptarlo: ni siquiera la ciencia, ni la tecnología puesta al servicio de la biología, la farmacia y la medicina nos proporcionan esa certeza que instintivamente necesitamos. La ciencia no es el demiurgo que nos gustaría creer13.

Al mismo tiempo, la decisión que ha de adoptar el político es insustituible e indefectible, más aún en un contexto democrático. Es insustituible: solo el político (que cuenta con la legitimidad demo- crática) está habilitado, es decir, legitimado, para ello. Y, al tiempo, es indefectible: el político no puede recurrir a escudarse en la duda, ni remitir su responsabilidad al científico (aunque esa tentación ha estado presente en la pandemia y ha sido irresistible en no pocos momentos). No es cierto que la ciencia pueda y deba saberlo todo, y por tanto no es cierto que el no saber lo que conviene sea siempre ignorancia culpable o interesada. La verdad es que la ciencia, aunque conoce muchas cosas, es sobre todo el proceso metódico de conocer: lo que nos falta por conocer excede con mucho a lo que conocemos.

Por todo ello, creo que no conocen las características del método científico, basado en el procedimiento «prueba y error», quienes nos proponen una versión de la ciencia como conjunto de dogmas asentados e inatacables. La comunidad científica no funciona así. Popper lo formuló muy bien: la ciencia avanza mediante el recurso a «conjeturas y refutaciones», y es que, a juicio de este gran filósofo, el objeto de la ciencia no consiste en «verificar hipótesis», sino en «falsarlas»14.

En ese sentido, me parece elocuente el juicio crítico del Premio Jaume I de Nuevas Tecnologías 2015, Pablo Artal (10 de abril, 2020), quien ha llegado a hablar de «gran fracaso de la ciencia española» y que ejemplifica con estos argumentos: «La ciencia española no tiene una estructura sólida de ayuda al tejido productivo del país. En las últimas décadas, se ha promovido la actividad científica por resultados en publicaciones, primándose casi exclusivamente la cantidad. Los científicos, para sobrevivir, nos hemos adaptado a esas directrices. Esto ha sido en parte beneficioso. Se han creado grupos de excelencia y com- petitivos en el entorno europeo. Pero se han destruido casi por completo las actividades de investigación menos glamurosas que ofrecían pocas opciones de generar publicaciones de relumbrón, pero que pueden resultar de importancia vital para una sociedad, en especial en tiempos de crisis. No tenemos una estructura científico-técnica que trabaje por objetivos estratégicos, como los laboratorios nacionales en otros países. Prácticamente, todo nuestro sistema se guía por una actividad independiente por parte de los científicos. Podríamos decir que es una ciencia puramente académica. Por ello tenemos buenos resultados en número de publicaciones, pero no existe un entramado que pueda responder en casos de dificultad, ni que ayude de manera eficiente al sector productivo. No tienen más que ver nuestra actividad en patentes. No es por flagelarles mentalmente, pero conviene que sepan que una sola compañía tecnológica produjo el año pasado tres veces más patentes que toda España».

En realidad, como sostiene Artigas, quizá sean Freeman y Sko- limowski quienes supieron formularlo con mayor claridad, al subrayar que la clave del método científico es «llegar asintóticamente cada vez más cerca de la verdad». En efecto, mediante el sistema de prueba y error, mediante la refutación, se procede mediante los siguientes pasos15:

  • se reconocen los errores,
  • se eliminan
  • se avanza más allá de ellos, de modo que
  • se llega más cerca de un conocimiento más seguro, menos erróneo.

Por eso, lo que llamamos evidencias científicas  nunca son definitivas. Y habría que añadir que, en un contexto tan dinámico y complejo como el de esta pandemia global, pretender que contamos con evidencias científicas irrefutables es un disparate simplista.

Permítame el lector añadir que no envidio el desafío al que están sometidos todos los equipos de investigación vinculados hoy a la lucha contra la pandemia y sometidos a una presión múltiple. Ante todo, la de los ciudadanos legos (como quien suscribe) que, literalmente, esperábamos ese milagro que se ha encarnado en las vacunas. También, la de los políticos que necesitan exhibir que ya se cuenta con soluciones eficaces. Y, por supuesto, la de los laboratorios y la industria farmacéutica, ante el negocio indiscutible que supone hacerse con las patentes. Adviértase que, por más que resulte evidente que ha habido la natural comunicación y colaboración propia de la comunidad científica, no se puede ignorar el peso de la competencia en la lucha por esas patentes que dan rendimientos en el mercado.

Por supuesto, todo ello no significa dejar de reconocer que es suicida que el político adopte decisiones políticas contra lo que nos indica el científico, siempre que no olvidemos lo que acabo de recordar: la ciencia, la comunidad científica, se caracteriza por una discusión abierta y en permanente corrección, que está muy lejos de esa versión popular de la ciencia como sistema de dogmas irrefutables y asentados de una vez para siempre. Entre otras razones, porque quienes investigan y quienes deciden en la pandemia de la COVID-19 no se mueven con datos indiscutibles y completos16.

Es decir: no es sólo que los dirigentes políticos no deban escudar sus decisiones como consecuencia necesaria de dictámenes científicos. Es que no pueden hacerlo.

Parto, desde luego, de la presunción fuerte de buena fe y predominio del criterio del bien común en la inmensa mayoría de aquellos a quienes el azar ha puesto en centros de decisión durante esta pandemia, pero lo que trato de subrayar es no solo la enorme responsabilidad que les ha tocado afrontar, sino sobre todo las con- diciones trágicas en las que nuestros gobernantes deben decidir. Y, por esa razón, me parecen mezquinos y falaces los juicios –no ya peyorativos, sino criminalizadores– tan comunes en redes, que comienzan asegurando que a los responsables políticos «les va en el sueldo» asumir la excepcionalidad de la situación porque para eso han sido elegidos, para terminar afirmando que no solo no han estado a la altura de las circunstancias absolutamente excepcionales, sino que son responsables directos de las muertes ocurridas en dichas circunstancias. Dicho esto, quiero dejar claro que tampoco intento convertirles en inimputables, ni eximirles de la crítica, ni del control, absolutamente imprescindibles en democracia.

Weber concluía sus reflexiones sobre la política y la ciencia como vocación, dos conferencias reunidas en El político y el científico (1979), con esta afirmación: «¡Sólo la persona que está segura de no desesperar cuando el mundo, desde su punto de vista, es de mente simple y debilitado para aceptar lo que sea que se tenga que ofrecer, y sólo la persona que sea capaz de decir «¡A pesar de Todo!» tiene el llamado para la profesión de la política!». El político debe ser cons- ciente de sus limitaciones, de la dosis de incertidumbre ineliminable, a la hora de prever el curso de las acciones que ha de dirigir. Esto es, ha de ser capaz de tomar esas decisiones y de persuadir a los ciudadanos de que vale la pena intentarlo.

Pero, en primer lugar, el político democrático está obligado a hacerlo sin engaño, sin recurrir a esa noble mentira, de raigambre platónica y sobre la que discutieron en 1778 un puñado de ilustra- dos a raíz de una convocatoria de la Real Academia de Ciencias de Berlín, cuyo tema decidió el rey Federico II, a instancias de Voltaire: ¿conviene engañar al pueblo por su propio bien?17 La comunicación de las decisiones políticas debiera tener el coraje de venir presidida por este principio: decir la verdad a los ciudadanos. Lo que incluye reconocer las limitaciones, el grado de incertidumbre en el que nos movemos. Y, en segundo lugar, el político democrático debe respetar a los ciudadanos como titulares del poder que él administra, es decir, debe atenerse al cumplimiento de lo establecido en las reglas de juego institucionales y en los principios que basan la acción política, que son, ante todo, la garantía y desarrollo de los derechos humanos. Con todo, esas condiciones no nos proporcionan la seguridad absoluta que nos gustaría, claro. Pero la pandemia ha venido a recordarnos también eso, que, además de vulnerables y frágiles, ni sabemos todo, ni debemos actuar como si lo supiéramos.

IV

Ya he señalado la previsión de la que hizo gala el presidente Roosevelt al comprender la necesidad de institucionalizar agencias u oficinas de asesoramiento científico, de cara a poder adoptar decisio- nes políticas (muchas de ellas convertidas en normas) que permitan diseñar políticas públicas para las que el conocimiento científico y tecnológico es condición sine qua non. Es decir, no solo para ase- sorar al Gobierno, sino también para guiar al Poder Legislativo. Eso lleva a plantear la cuestión específica del lugar de la ciencia en los Parlamentos, el asesoramiento científico en la tarea legislativa, que ha obtenido muy diferentes respuestas institucionales18. A mi juicio, el modelo de la Parliament Office of Science and Technology (POST), que lleva mucho tiempo consolidado en el Parlamento británico, parece particularmente apropiado19.

No puedo ahora extenderme acerca de esta compleja cuestión, sobre la que, como es sabido, en nuestro país existe ya un instrumento específico, gracias a un convenio suscrito entre el Congreso de los Diputados y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), el pasado 21 de marzo de 2021, por el que se ha creado la denominada Oficina de Ciencia y Tecnología en el Parlamento, concebida como instrumento para la práctica de la asesoría científica en la vida parlamentaria (aunque es necesario precisar que, pese a la denominación, la Oficina solo presta asesoramiento a los diputados del Congreso, y al Congreso; no al Senado ni a los senadores). El proceso de creación de esa oficina se remonta a las propuestas de la ya mencionada iniciativa Ciencia en el Parlamento, y que, después de diversas negociaciones con esa organización y con la COSCE, entre otros interlocutores, desembocó en el mencionado convenio con la FECYT. En su presentación, la presidenta del Congreso de los Dipu- tados sostuvo que «el convenio permitía institucionalizar la asesoría científica en la cultura parlamentaria española» y, así, proporcionar el apoyo de la ciencia ante la elaboración de las políticas públicas. El Congreso optó así por un modelo de oficina de carácter prospectivo, a la que la Cámara planteará en cada período los temas que pueden requerir la tarea de asesoramiento.

Sin perjuicio de que el tema requiere, como es obvio, un análisis específico y detallado, me limitaré a recordar la conveniencia de que, en la creación y funcionamiento de estas oficinas de asesora- miento, se mantengan las condiciones de autonomía e independencia de las Cámaras, tanto por lo que se refiere a su independencia del Gobierno20 como en cuanto atañe a la competencia de la Cámara (a través de su Presidencia y de la Mesa), en particular en todo lo relativo al respecto del principio de autonomía de la Cámara en cuanto afecta a su personal (por ejemplo, en la selección del personal laboral de esas oficinas debería salvaguardarse la competencia de la Mesa de la Cámara) e, incluso, lo que se da en calificar como autonomía tecnológica que, evidentemente, es cada vez más importante21.

NOTAS

1 La carta de Roosevelt, así como la contestación del director de la Oficina de Inves- tigación y Desarrollo Científico, el profesor Vannevar Bush, y el informe que este presentó en nombre de la Oficina al visionario presidente norteamericano, pueden consultarse en la versión castellana que ofreció la revista Redes. Revista de Estudios Sociales de la Ciencia (Bush, 1999), que puede descargarse en el siguiente enlace: http://iec.unq.edu.ar/index.php/ es/publicaciones/revista-redes/numeros-anteriores/item/67-redes-%E2%80%93-revista- de-estudios-sociales-de-la-ciencia-14. La versión original del informe puede consultarse en https://www.nsf.gov/od/lpa/nsf50/vbush1945.htm.

2 Sobre F. D. Roosevelt recomiendo vivamente la biografía escrita por el profesor H. W. Brands (2008).

3 Cfr. por ejemplo en nuestro país la iniciativa ciudadana Ciencia en el Parlamento, que, en su website cienciaenelparlamento.org, se define como una «iniciativa ciudadana independiente que tiene como objetivo que la ciencia y el conocimiento científico sean una de las fuentes de información en la formulación de propuestas políticas. #Cienciae- nelParlamento promueve una cultura política cercana a la ciencia y potenciar una actividad científica centrada en las necesidades de la sociedad. Para lograr este fin, es importante que los responsables políticos y el sector de la ciencia, la tecnología y la innovación en España mantengan contactos regulares que permitan facilitar el empleo de la ciencia de manera efectiva para el asesoramiento de decisiones políticas».

4 «La obligación de los súbditos con respecto al soberano se comprende que no ha de durar ni más ni menos que lo que dure el poder mediante el cual tiene capacidad para protegerlos. En efecto, el derecho que los hombres tienen, por naturaleza, a protegerse a sí mismos, cuando ninguno puede protegerlos, no puede ser renunciado por ningún pacto. La soberanía es el alma del Estado, y una vez que se separa del cuerpo, los miembros ya no reciben movimiento de ella. El fin de la obediencia es la protección, y cuando un hombre la ve, sea en su propia espada o en la de otro, por naturaleza sitúa allí su obediencia, y su propósito de conservarla. Y aunque la soberanía, en la intención de quienes la hacen, sea inmortal, no sólo está sujeta, por su propia naturaleza, a una muerte violenta, a causa de una guerra con el extranjero, sino que por la ignorancia y pasiones de los hombres tiene en sí, desde el momento de su institución, muchas semillas de mortalidad natural, por las discordias intestinas» (Hobbes, 2018: capítulo xxi, «De la libertad de los súbditos»).

5 Recuérdese el texto del capítulo IV («De la esclavitud») de El contrato social (Rous- seau, 1993): «Se me dirá que el déspota asegura á sus súbditos la tranquilidad civil. Bien está; pero ¿qué ganan los súbditos en esto, si las guerras que les atrae la ambición de su señor, si la insaciable codicia de este, si las vejaciones del ministerio que les nombra, les causan más desastres de los que experimentarían abandonados á sus disensiones? ¿Qué ganan en esto, si la misma tranquilidad es una de sus desdichas? También hay tranquilidad en los calabozos: ¿es esto bastante para hacer su mansión agradable? Tranquilos vivían los griegos encerrados en la caverna del Cíclope aguardando que les llegara la vez para ser de- vorados. Decir que un hombre se da gratuitamente, es decir un absurdo incomprehensible; un acto de esta naturaleza es ilegítimo y nulo por el solo motivo de que el que lo hace no está en su cabal sentido. Decir lo mismo de todo un pueblo, es suponer un pueblo de locos: la locura no constituye derecho». Por su parte, Kant encabeza su panfleto sobre la paz perpetua (1982) con esta «cláusula salvatoria»: «A la paz perpetua. Esta inscripción satírica que un hostelero holandés había puesto en la muestra de su casa, debajo de una pintura que representaba un cementerio, ¿estaba dedicada a todos los «hombres» en general, o especialmente a los gobernantes, nunca hartos de guerra, o bien quizá sólo a los filósofos, entretenidos en soñar el dulce sueño de la paz?».

6 Me refiero a la crítica de Alf Ross (1961) a la noción de validez sostenida por Kelsen, como «construcciones metafísicas erigidas sobre la base de una falsa interpretación de la «fuerza obligatoria» experimentada en la conciencia moral».

7 En nuestro caso, básicamente se trata de lo dispuesto en el artículo 116 de la Cons- titución española de 1978 y en la ley de desarrollo, la Ley Orgánica (LO) 4/1981 de los estados de alarma, excepción y sitio. Sobre el debate a propósito de la adecuación de esos supuestos de estado de excepción en la pandemia de la COVID-19, pueden leerse, entre otros muchos estudios, los artículos de los profesores Pérez Royo (14 de abril, 2020), J. Urías (14 de abril, 2020), García Figueroa (8 de abril, 2020), Xavier Arbós (31 de marzo, 2020), Tomás de la Quadra-Salcedo (8 de abril, 2020) y Pedro Cruz Villalón (17 de abril, 2020). Tras la Sentencia del Tribunal Constitucional de 14 de julio de 2021, recaída en el recurso 2054-2020 sobre la constitucionalidad del decreto de estado de alarma, se han sucedido otros análisis: por ejemplo, el de Manuel Aragón (6 de julio, 2021), Javier García Roca (12 de julio, 2021), Tomás de la Quadra-Salcedo (22 de julio, 2021), Ramón Soriano (23 de julio, 2021), Miguel Pasquau (20 de julio, 2021) y Pedro Cruz Villalón (23 de julio, 2021). Finalmente, como es sabido, el TC, en una muy discutible y discutida Sentencia (con cinco votos particulares), la STC 148/2021, de 14 de julio de 2021 formulada frente al Recurso de inconstitucionalidad 2054-2020, Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Vox del Congreso de los Diputados, invalidó el estado de alarma, sosteniendo que habría sido preciso el recurso al estado de excepción. Esa Sentencia fue confirmada luego por la STC 183/2021, de 27 de octubre de 2021, recaída en el recurso de inconstitucionalidad 5342-2020, interpuesto de nuevo por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Vox del Congreso de los Diputados.

8 Schmitt (1950: 20) habló ya de «das «motorisierte Gesetz»». Pero fue Forsthoff (1964) quien desarrolló el concepto. Recordaré que, por su parte, Irti (1978) anunció lo que denominó una etapa de «decodificación», caracterizada por el recurso generalizado a las leyes especiales. En las décadas siguientes se popularizó esa crítica. Así, Luhmann (1986) habló de «marea de leyes o hiperjuridificación» y García de Enterría (1999) de «un mundo de leyes desbocadas». Sobre ello, Laporta (2004: 45 y 63).

9 Y así, concluyen: «Es difícil saber cuál es la naturaleza de los hechos sobre los que las instituciones deben actuar y más difícil todavía determinar cómo ha de ser el proceso de decisión a partir de esos hechos. La reflexión de las instituciones debe siempre partir de la información científica, pero involucra necesariamente cuestiones que pertenecen al ámbito de lo normativo».

10 Esta última propuesta, sin embargo, que ha sido formulada también por el astrofísico Avi Loeb (30 de abril, 2020), me parece más interesante y deseable.

11 Cfr. su «Science et pouvoir: quand un aveugle guide un aveugle» (14 de abril, 2020), en el que escribe: «Et si la boussole scientifique, aussi humble soit-elle, n’était qu’une girouette dans la main des politiques? Qu’y a-t-il de pire: être aveugle et le savoir? On peut penser que c’est ce que vivent aujourd’hui de nombreux scientifiques, authentique- ment déboussolés… Ou bien: être aveugle et croire qu’on a la situation en main? A force de se croire maîtres et possesseurs de l’univers, nos gouvernants ont réussi à persuader certains scientifiques de se faire guides même chancelants de leur action publique. Double illusion, double aveuglement: quand un aveugle guide un aveugle, la chute de Scylla sera pire que celle de Charybde…».

13 Pero convendría matizar. Así, un informe del Reuters Institute, publicado el 15 de abril de 2020 (Nielsen, 2020), ponía en entredicho esa confianza de los ciudadanos en la ciencia, con motivo de la crisis de la COVID-19, y mostraba diferencias considerables según los países. Un año después, se diría que esa confianza ha aumentado, o, mejor, que la opinión pública sostiene en efecto que la ciencia merece todo el prestigio, aunque lo cierto es que ese estado de opinión contrasta con el hecho de que, en los meses de desescalada desde mayo de 2021, parece que no se sigan –incluso masivamente– las recomendaciones y llamadas a la prudencia que vienen desde el mundo científico, ante el «cansancio social» por las medidas de confinamiento.

14 Cfr., por ejemplo, lo que escribe en el capítulo X de sus Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge: «[…] los falsacionistas o falibilistas dicen, a grandes rasgos, que aquello que no puede ser (por el momento) derrocado por la crítica, no merece (por el momento) ser considerado seriamente; mientras que aquello que puede ser derrocado de ese modo y sin embargo resiste todos nuestros esfuerzos críticos para conseguirlo, muy posiblemente será falso, pero no es inmerecedor de ser considerado seriamente y quizás de ser incluso creído –aunque sólo de modo tentativo […] Los falsacionistas (el grupo de falibilistas al cual yo pertenezco) creen –como lo creen también la mayoría de los irracionalistas– que han descubierto argumentos lógicos que muestran que el programa del primer grupo no puede ser llevado a término: que nunca podemos dar razones positivas que justifiquen que una teoría es verdadera» (1963: 228). Como ha señalado Artigas (1992), a quien sigo ampliamente en esta interpretación, es en el addendum de 1961 a su conocidísima obra The open Society and its Enemies donde Popper formula mejor la idea: «Por falibilismo entiendo aquí la idea, o la aceptación del hecho, de que podemos equivocarnos, y de que la búsqueda de la certeza (e in- cluso la búsqueda de una alta probabilidad) es una búsqueda equivocada. Pero esto no implica que la búsqueda de la verdad sea una equivocación. Por el contrario, la idea de error implica la de verdad como el patrón que puede no ser alcanzado. Implica que, si bien podemos buscar la verdad, e incluso podemos encontrarla (como me parece que lo hacemos en muchos casos), nunca podemos estar bien seguros de haberla encontrado. Siempre cabe el error, aunque en el caso de algunas pruebas lógicas y matemáticas esa posibilidad pueda ser considerada como pequeña. Pero el falibilismo no tiene en absoluto por qué dar lugar a conclusiones escépticas o relativistas. Esto se hace patente si consideramos que todos los ejemplos históricos cono- cidos de falibilidad humana –incluyendo todos los ejemplos conocidos de equivocaciones en la justicia– son ejemplos del avance de nuestro conocimiento. Cada descubrimiento de una equivocación constituye un avance real en nuestro conocimiento […] Por tanto, podemos aprender de nuestros errores. Esta perspectiva fundamental es, en realidad, la base de toda la epistemología y la metodología» (1977: Addenda, I, «Facts, Standards, and Truth: A Further Criticism of Relativism», 369-396).

15 De nuevo sigo aquí la interpretación de Artigas, quien remite a Freeman-Skoli- mowski (1974). Sobre prueba y error, mi colega, el profesor Vicente Martínez, astrofísico, me brinda esta cita del eminente físico ruso Lev Landau: «Cosmologists are often in error, but never in doubt».

16 Así lo señaló una revisión científica de treinta y un modelos publicados hasta el 24 de marzo de 2020, realizada por un equipo de científicos de Holanda, Austria, Reino Unido y Alemania, y publicada en la prestigiosa revista British Medical Journal (VV. AA., 2020). El estudio advertía que, con la pandemia de coronavirus en plena expansión, los modelos que intentan ayudar a los médicos a diagnosticar la COVID-19 o a saber si un paciente puede sufrir complicaciones o morir por la infección, no funcionan.

17 Hay una completa edición de ese concurso (Becker et al., 1991).

18 El website de European Parlamientary Technology Assessement, eptanetwork. org, reúne enlaces no solo a oficinas ubicadas en países europeos, sino también del resto del mundo. Cfr. también, por ejemplo, la presentación de experiencias comparadas sobre sistemas de asesoramiento parlamentario en ciencia y tecnología, ofrecida por la Dra. Sarah Foxen, directora de la oficina POST del Parlamento británico (agosto 2019).

19 La información sobre la POST puede encontrarse en su website: https://post. parliament.uk/. Agradezco al catedrático de Astronomía y Astrofísica de la Universitat de València y miembro de la directiva de la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), profesor Vicent Martínez, su asesoramiento en ese estudio comparado y el contacto con la Dra. Sarah Foxen.

20 Por ejemplo, respecto a la mencionada Oficina de Ciencia y Tecnología en el Par- lamento, creada por convenio entre el Congreso de los Diputados y la FECYT, convendría que se matizara con cuidado y precisión el papel de la FECYT, puesto que esta agencia, aunque es una fundación del sector público cuya misión es impulsar la ciencia e innovación, promoviendo su integración y acercamiento a la sociedad, tiene una dependencia orgánica del Ministerio de Ciencia e Innovación.

21 Sobre ello, remito al excelente artículo «Parlamento y Ejecutivo en la era digital: ¿hacia la autonomía tecnológica de las Cámaras?» (García Mexía y Pereira González, 2018).

BIBLIOGRAFÍA

ARAGÓN, M. (6 de julio, 2021). ¿Alarma o excepción? Diario del Derecho. https://www.iustel.com//diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iuste- l=1213081&popup=

ARBÓS, X. (31 de marzo, 2020). Derechos fundamentales y crisis sanitaria. elperiodico.com. https://www.elperiodico.com/es/opinion/20200331/ articulo-xavier-arbos-derechos-fundamentales-crisis-sanitaria-7912195

ARTAL, P. (10 de abril, 2020). El gran fracaso de la ciencia española. Jot Down. https://www.jotdown.es/2020/04/el-gran-fracaso-de-la-cien- cia-espanola/

ARTIGAS MAYAYO, M. (1992). Conocimiento humano, fiabilidad y falibilismo. Anuario Filosófico, 25(2), pp. 277-294.

BECKER, R. Z., CASTILLÓN, F. y CONDORCET, M. J. (1991). ¿Es conveniente engañar al pueblo? Política y filosofía en la Ilustración: el concurso de 1778 de la Real Academia de Ciencias de Berlín. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Edición crítica, traducción y estudio intro- ductorio de J. de Lucas.

BRANDS, H. W. (2008). Traitor to his Class. The privileged Life and radical Presidency of Franklin Delano Roosevelt. Doubleday.

BUSH, V. (1999). Ciencia, la frontera sin fin. Un informe al presidente, julio de 1945. Redes. Revista de Estudios Sociales de la Ciencia, 6(14), pp. 89-156.

BUSH, V. (2020). Science, the Endless Frontier. Princeton University Press. CRUZ VILLALÓN, P. (17 de abril, 2020). La Constitución bajo el esta- do de alarma. El País. https://elpais.com/elpais/2020/04/16/opinion/1587025782_733659.html

CRUZ VILLALÓN, P. (23 de julio, 2021). Destripando al Tribunal Constitucional. El País. https://elpais.com/opinion/2021-07-23/destripando-al-tribunal-constitucional.html

DEPRAZ, N. (14 de abril, 2020). Science et pouvoir: quand un aveugle guide un aveugle. Libération. https://www.liberation.fr/debats/2020/04/14/science-et-pouvoir-quand-un-aveugle-guide-un-aveugle_1785198/

FORSTHOFF, E. (1964). Rechtsstaat im Wandel. Kohlhammer.

FOXEN, S. (Agosto 2019). Estableciendo sistemas de asesoramiento en ciencia y tecnología a los parlamentos [Presentación en taller]. Taller de Asesoramiento Científico Gubernamental: la Ciencia Esencia en la Toma de Decisiones del Gobierno, Bogotá, Colombia. https://www. ingsa.org/wp-content/uploads/2019/09/2.-Sarah-Foxen-Upload_ING- SA-POST-reduced.pdf

FREEMAN, E. y SKOLIMOWSKI, H. (1974). The Search for Objectivity in Peirce and Popper. En P. A. SCHILPP (ed.), The Philosophy of Karl Popper (pp. 464-519). Open Court.

GARCÍA DE ENTERRÍA, E. (1999). Justicia y seguridad jurídica en un mundo de leyes desbocadas. Civitas.

GARCÍA FIGUEROA, A. (8 de abril, 2020). Estado de alarma, estado de excepción y libertad de circulación. Almacén de Derecho. https://almacendedere- cho.org/estado-de-alarma-estado-de-excepcion-y-libertad-de-circulacion

GARCÍA MEXÍA, P. y PEREIRA GONZÁLEZ, M. (2018). Parlamento y Ejecutivo en la era digital ¿hacia la autonomía tecnológica de las Cámaras? Revista de las Cortes Generales, 105, pp. 247-270.

GARCÍA ROCA, J. (12 de julio, 2021). Constitucionalidad de la alarma. El País. https://elpais.com/opinion/2021-07-12/constitucionalidad-de-la-alarma.html

HOBBES, T. (2018). Leviatán o La materia, forma y poder de un estado eclesiástico y civil. Alianza Editorial. Estudio introductorio por José Rafael Hernández Arias; traducción y notas, Carlos Mellizo.

IRTI, N. (1978). L’etá della decodificazione. Giuffré.

KANT, I. (1982). Sobre la paz perpetua. Espasa. Traducción de F. Rivera Pastor.

LAPORTA, F. J. (2004). Teoría y realidad de la legislación: una introducción general. En A. MENÉNDEZ MENÉNDEZ y A. PAU PEDRÓN (dirs.), La proliferación legislativa: un desafío para el Estado de derecho (pp. 29-88). Civitas.

LOEB,A.(30deabril,2020).Let’sCreateanEliteScientificBodytoAdvise on Global Catastrophes. Scientific American. https://blogs.scientifica- merican.com/observations/lets-create-an-elite-scientific-body-to-advise-on-global-catastrophes/

LUHMANN, N. (1986). The Theory of social systems and its epistemology: Reply to Danilo Zolo critical comments. Philosophy of the Social Sciences, 16(1), pp. 129-134.

MORENO PESTAÑA, J. L., PINEDO GARCÍA, M. DE, y VILLANUEVA FERNÁNDEZ, N. (12 de abril, 2020). Expertos: solo los míos son buenos. Sinpermiso.: https://www.sinpermiso.info/textos/expertos-solo-los-mios-son-buenos

NIELSEN, R. (2020). Navigating the ‘infodemic’: key findings from our new report on how people access news about coronavirus. Reuters Institute. https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/calendar/navigating-infode- mic-key-findings-our-new-report-how-people-access-news-about-coronavirus

PASQUAU LIAÑO, M. (20 de julio, 2021). La «alarma», la «excepción» y la «autoridad». Contexto. https://ctxt.es/es/20210701/Firmas/36702/senten- cia-tribunal-constitucional-estado-alarma-excepcion-Miguel-Pasquau.htm

PÉREZ LUÑO, A. E. (1993). El desbordamiento de las fuentes del Derecho. Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia.

PÉREZ ROYO, J. (14 de abril, 2020). Alarma, excepción y sitio. elDiario. es. https://www.eldiario.es/contracorriente/alarma-excepcion-si- tio_132_2259860.html

PLATÓN. (1949). La República. Instituto de Estudios Políticos. Edición bilingüe. Traducción, estudio y notas de José Manuel Pabón y Manuel Fernández Galiano.

POPPER, K. R. (1963). Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge. Routledge.

POPPER, K. R. (1977). The Open Society and Its Enemies. Routledge. PRESNO, M. A. (2020). Estado de alarma por coronavirus y protección jurídica de los grupos vulnerables. El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, 86-87, pp. 54-65

QUADRA-SALCEDO, T. DE LA. (8 de abril, 2020). Límite y restricción, no suspensión. El País. https://elpais.com/elpais/2020/04/07/opinion/1586245220_558731.html

QUADRA-SALCEDO, T. DE LA. (22 de julio, 2021). Rompiendo el consenso constitucional. El País. https://elpais.com/opinion/2021-07-22/rompiendo-el-consenso-constitucional.html

ROSS, A. (1961). El concepto de validez y el conflicto entre el positivismo jurídico y el derecho natural. Revista Jurídica de Buenos Aires, pp. 47-93. ROUSSEAU, J.-J. (1993). El contrato social. Ediciones Altaya. Traducción de María José Villaverde.

SCHMITT, C. (1950). Die Lage der europäischen Rechtswissenschaft. Internationaler Universitäts-Verlag.

SORIANO, R. (23 de julio, 2021). La ilegal sentencia del Constitucional sobre el estado de alarma. elDiario.es. https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/ilegal-sentencia-constitucional-alarma_129_8161264.html

TRUONG, N. (10 de abril, 2020). Jürgen Habermas: «Dans cette crise, il nous faut agir dans le savoir explicite de notre non-savoir». Le Monde. https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/10/jurgen-habermas-dans- cette-crise-il-nous-faut-agir-dans-le-savoir-explicite-de-notre-non-savoir_6036178_3232.html

URÍAS, J. (14 de abril, 2020). Estado de alarma y limitación de derechos: ni excepción, ni suspensión. Al Revés y al Derecho. http://blogs.infolibre.es/alrevesyalderecho/?p=5774

VV. AA. (2020). Prediction models for diagnosis and prognosis of covid-19: systematic review and critical appraisal. BMJ, 369. https://doi. org/10.1136/bmj.m1328

WEBER, M. (1979). El político y el científico. Alianza Editorial. Edición de sus conferencias, con estudio introductorio de Raymond Aron y traducción de F. Rubio Llorente.

YUSTE, R. y GIL, D. (7 de junio, 2020). “Que la ciencia revolucione la política”, El País. https://el pais.com/ideas/2020-06-06/que-la-ciencia-revolucione-la-politica.html