SANCIONES A PUTIN, SÍ. PERO NO DE BROCHA GORDA (versión ampliada del artículo publicado en La Vanguardia, 17 de marzo de 2022)

Javier de Lucas

Sanciones frente a la agresión: la posición de la UE

Ante la injustificable agresión ejecutada por Putin contra Ucrania -que puede ser considerado un crimen internacional (crimen de agresión)-, ante los crímenes de guerra e incluso quizá crímenes contra la humanidad que se están cometiendo en estas tres semanas de la <acción militar especial>, la Unión Europea decidió reaccionar. Pese a las demandas del presidente Zelinsky, se han descartado las medidas que puedan significar un enfrentamiento directo armado, por miedo a que eso desencadene una tercera guerra mundial con uso de armas nucleares. Se ha descartado, muy concretamente, la reiterada demanda de Ucrania para crear una zona de exclusión aérea, como se hizo con la Libia de Gadafi, lo que precipitó la intervención de Francia, EEUU y el Reino Unido que propició el derrocamiento y linchamiento del dictador libio. Dicho sea de paso, la intervención de Francia estaba cantada por el consejero aúlico de Sarkozy, el siempre autocomplaciente BHL, que le aseguró la reelección con esa coartada. La misma que Hollywood contó en un film que se ha citado muchas veces, la película de Barry Levinson Wag the dog (1997), que en España se estrenó como «Cortina de humo».

Pero está claro que Putin y Rusia no son Gadafi ni Libia. El discurso del presidente de Ucrania ante el Congreso de los EEUU, el miércoles 16 de marzo, debería ser leído con atención, pues resulta difícil negar que pone a los EEUU y por extensión a la UE y a los aliados ante la más dura de las contradicciones: el Derecho internacional y la razón están de la parte de Ucrania, pero eso no es suficiente para correr el riesgo del enfrentamiento armado con Putin. Aún así, es evidente que, como alegó Zelinsky evocando Pearl Harbour y el 11S,  Ucrania tiene todo el derecho de legítima defensa frente a una agresión, como reconoce el artículo 51 de la Carta de la ONU (“Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales”). Es evidente que el Consejo no ha adoptado ni va a adoptar medidas. Pero parece coherente con los principios de legalidad internacional que terceros Estados -la UE, Canadá, los EEUU-, contribuyan a esa legítima defensa, proporcionando los medios -eso se llama armamento, sí- para que el Estado agredido pueda hacer frente al agresor.

Por lo que se refiere a las sanciones acordadas por la UE, hay que tener en cuenta que adoptó en 2003 su propio marco normativo para las sanciones: se trata de sus Orientaciones sobre la aplicación y evaluación de medidas restrictivas». Las sanciones se conciben como instrumento esencial de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), dentro de un planteamiento político integrado y global que comprende el diálogo político, acciones complementarias y el recurso a otros instrumentos disponibles. Expresamente, la UE se compromete a reducir al mínimo los efectos en la población civil local y en las actividades legítimas del país de que se trate o que se realicen con él.

Este punto es particularmente interesante, pues trata de impedir lo que podríamos llamar “efecto brocha gorda”. Esto es, como señalaba recientemente Salvador Enguix, evitar “que paguen justos por pecadores” https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20220315/8124227/justos-pecadores-caso-universidades-ucrania-rusia.html). En efecto, la mayoría de los ciudadanos rusos no son responsables de las decisiones de Putin y de su gobierno, ni desde luego, de la élite de millonarios que tienen con Putin una relación de ayuda mutua, aunque se supone que sí han elegido libremente a sus representantes en la Duma que han suscrito unánimemente las decisiones de Putin sobre la “acción militar especial” en Ucrania. Contra ellos, y no contra el pueblo ruso, contra los representantes de su sociedad civil de modo indiscriminado, es contra quienes se deben dirigir las sanciones. Por eso hay que examinar, como veremos enseguida, el problema del “doble filo” de las sanciones. El marco normativo de las sanciones ha sido actualizado en 2005, 2009, 2012, 2017 y, en lo que más nos interesa y es más reciente, el 4 de mayo de 2018, un acuerdo que conviene consultar (https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5664-2018-INIT/es/pdf).

Muy concretamente desde ese marco legal la UE ha venido adoptando medidas de sanción contra Rusia desde 2014, por su anexión de Crimea y por los incumplimientos de los acuerdos de Minsk. La cronología y desglose de esas sanciones puede consultarse en la detallada infografía proporcionada por el propio Consejo europeo (https://www.consilium.europa.eu/es/infographics/eu-sanctions-against-russia-over-ukraine/). Pero, ante la decisión de Rusia de reconocer como entidades independientes las zonas no controladas por el Gobierno de las provincias de Donetsk y Luhansk en 2022 la UE adoptó medidas de sanción, que dan un salto cualitativo poco después, en febrero de 2022, como respuesta a la agresión a Ucrania. Así, el Consejo europeo adoptó el 24 de febrero de 2022 un primer paquete de sanciones económicas y de ruptura o suspensión de relaciones particularmente duro (https://www.consilium.europa.eu/es/policies/sanctions/restrictive-measures-ukraine-crisis/), a los que han seguido otros tres: el más reciente, -el cuarto- en el Consejo del 7 de marzo (https://euroefe.euractiv.es/section/exteriores-y-defensa/news/ue-ultima-mas-sanciones-rusia-se-prepara-crisis-energetica/). A mi juicio, se trata de una respuesta más que justificada desde el punto de vista de la legalidad internacional. Porque la UE debe afirmar con contundencia su oposición a la agresión y el recurso a cuantas iniciativas legales -y en primer lugar, la vía diplomática- puedan detener la guerra, aunque tengan un coste evidente para nosotros mismos.

El punctum dolens de todo esto, como decía, es que resulta difícil evitar lo que se ha denominado el <doble efecto de las sanciones>, esto es, su repercusión sobre la población de modo, insisto, indiscriminado. Me parece que es muy clarificador el análisis que ha propuesto a ese respecto recientemente el columnista del New York Times Max Fisher, en su sección The Interpreter (https://www.nytimes.com/2022/03/09/world/europe/russia-ukraine-economy.html), en la que subraya que la estrategia de las sanciones incluye específicamente poner a prueba la capacidad de esos gobiernos autocráticos frente a su propia opinión pública. Eso significa que el destinatario indirecto de las sanciones, pese al importante matiz que recogen los principios enunciados por la propia UE acerca de evitar la brocha gorda, en el fondo está expresamente contemplado como elemento estratégico: la hipótesis es que dificultar la vida cotidiana en Rusia se supone que se alienta la resistencia frente al autócrata. Como ha escrito el profesor del King College Sam Greene, autor del libro Putin v the People: The Perilous Politics of a Divided Russia (Yale University Press, 2019), la clave consiste en lograr que Putin tenga que hacer frente a un segundo frente, a una “segunda guerra”, la que le enfrentaría contra su propia opinión pública, contra su pueblo. El problema es que esa insurgecia de la opinión pública resulta muy difícil, habida cuenta del aislamiento digital impuesto por el Kremlin como han subrayado por ejemplo Valerie Hopkins y Adam Satariano (https://app.informed.so/articles/2022-03-07-russia-blocked-from-the-global-internet-plunges-into-digital-isolation). Además, esta es una apuesta de riesgo, con daños que sólo eufemísticamente se pueden denominar colaterales o no queridos, pero que en realidad son muy severos para la población. Baste pensar en las penas de hasta 15 años de cárcel que afrontan quienes desde la prensa o los medios, como Marina Ovsiannikova, la regidora de televisión que interrupió el telediario Vremya del canal 1, el canal ruso oficial de mayor audiencia, con su pancarta denunciando la propaganda y las mentiras informativas y proclamando el no a la guerra, o desde la calle, como Yelena Osipova, la superviviente de la segunda guerra mundial que incita a los soldados rusos en Ucrania a abandonar sus armas y los más de 15000 manifestantes que han sufrido detenciones. El problema, creo, es que esas son indiscutiblemente posturas heroicas. Y el heroísmo se admira, pero no se puede exigir; ni siquiera inducir.

Pues bien, uno de los aspectos en los que las sanciones se revelan más cuestionables o, si se prefiere, más necesitadas de esprit de finesse, de un pincel fino por contraste con la brocha gorda es, a mi juicio, las sanciones que se plantean en la modalidad de ruptura o suspensión de las relaciones con personas e instituciones en el ámbito cultural, científico y universitario. En realidad, a eso vienen estas líneas.

¿Sancionar la ciencia, la cultura, la Universidad?

En estos días, he sostenido públicamente mi discrepancia con las consecuencias de estas sanciones en el ámbito de la ciencia, la educación y la cultura. La ruptura de relaciones con las instituciones científicas, de investigación, culturales y universitarias rusas y refrendadas en nuestro país por los ministerios de Ciencia, Universidades y también desde el de Cultura, así como -en el caso de las Universidades- por la CRUE, y que han repercutido directamente en la toma de posición de las cuatro Universidades que constituyen la Alianza Universitaria Ruso Española (AURE), Carlos III, Oviedo, Rovira i Virgili y la Universitat de Valencia (https://www.uv.es/uvweb/uv-noticias/ca/noticies/posicionament-universitats-espanyoles-xarxa-aure-alianca-rus-espanyola-1285973304159/Novetat.html?id=1286250256148&plantilla=UV_Noticies%2FPage%2FTPGDetaillNews&fbclid=IwAR1XJPyuyoF5CzdA0Aslq8UCh_E78d3A2o8NgwRMykbpDnjnJVA6rMj7s7c), pese a que está lleno de importantes matices sobre los que ha pasado por alto la polémica en la opinión pública, me parece que mantiene el error de partida.

Creo que esta suspensión de relaciones y actividades de colaboración -no digamos si es ruptura y no simplemente interrupción, es  un error de concepto: la cultura, la ciencia, la investigación, la educación, por definición deben ser abiertas. Quienes las llevan a cabo no deben sufrir por las irresponsables e inadmisibles decisiones del autócrata Putin. Desde luego, es un error de concepto, a mi juicio, porque una medida tan indiscriminada, que no entra en los necesarios matices, en el examen de los casos concretos, parece un apriorismo injusto.

Creo que es un error táctico: estas medidas no ayudan a la situación de los científicos, los profesores, los creadores artísticos, los periodistas…que están en contra de la guerra. En realidad, les ponen las cosas más dificiles, los aíslan, no les ayudan. Puede facilitar, por el contrario, la propaganda oficial que presenta a la UE como una potencia que desprecia y ofende al pueblo ruso. Insisto: argumentar que con estas medidas se trata de incentivar la resistencia del pueblo ruso, de los agentes de su sociedad civil contra Putin, es plausible, pero sólo si se hace con proporción, para evitar el daño mayor,  el daño a los inocentes, que son la mayoría de la población y también la inmensa mayoría de los científicos, profesores, investigadores, estudiantes, o los creadores y artistas culturales. Y aquí llegamos a las decisiones que han causado considerable polémica.

Me refiero a las que adoptó el Consejo de Gobierno de mi Universidad de Valencia (UV), que suponían congelar los acuerdos con las Universidades rusas, paralizar los programas de movilidad con esas universidades en el curso próximo y recomendar a los estudiantes valencianos en Rusia que retornaran y a los estudiantes rusos en valencia que hicieran lo propio. Creo que son dos los problemas de esas decisiones, aunque insisto, el error de fondo no es tanto de la propia UV, sino de los acuerdos que aplica, esto es, los adoptados por la UE con sus sanciones, trasladadas al plano universitario -con el acuerdo de la European University Association-, por los Ministerios españoles de Ciencia, Universidades y Cultura y por la CRUE, la conferencia de rectores de las universidades españolas.

 Primero, la suspensión de actividades del Centro Ruso de la Universitat de València, uno de los dos que existen en universidades españolas junto al de la Universidad de Granada, en alianza con el Ruskiy Mir, una institución oficial rusa similar a la red de Institutos Confucio del Han Ban chino. Lo cierto es que la Universidad de Granada adoptó un acuerdo diferente: en lugar de suspender sus actividades, se acordó administrar en adelante el Centro Ruso directamente por la propia Universidad, sin la presencia de esa institución oficial rusa, en aplicación de las sanciones. Pero no se priva a los estudiantes ni a los profesores, investigadores o profesionales, de la oportunidad que significa la existencia de tal centro (https://www.granadahoy.com/granada/Centro-Ruso-Granada-UGR_0_1662134076.html). Me parece una decisión mucho más razonable.

Además, su recomendación a los estudiantes rusos en relación con la suspensión de sus estudios (también se recomendó a los estudiantes de la UV en Rusia que retornaran). En realidad, respecto al acuerdo relativo a los diez estudiantes rusos, creo que lo que ha habido es un error de comunicación, de grueso calibre, porque ha afectado a la imagen de la Universidad, de su Consejo de Gobierno y de su rectora, al enfatizar inicialmente la dimensión de suspensión y de ruptura alegando la coherencia con los acuerdos de instituciones superiores (de la propia UE, de los ministerios, de la CRUE) que, insisto y a mi juicio, son desproporcionados e indiscriminados. Lo cierto es que, como ha aclarado después el comunicado oficial de la propia UV, (un comunicado que debería haberse publicado el primer día pero que no se hizo público hasta el 16 de marzo: https://www.uv.es/uvweb/uv-noticias/ca/noticies/posicio-uv-sobre-programes-mobilitat-russia-1285973304159/Novetat.html?id=1286250292228&plantilla=UV_Noticies/Page/TPGDetaillNews), la Universitat se dirigió a los diez estudiantes de nacionalidad rusa que cursan en ella sus estudios para recomendarlas que retornaran a su país, a la vista de la guerra y de las consecuencias de las sanciones, que comportan indudablemente dificultades económicas para continuar su vida en Valencia y les ofreció ayuda fuera cual fuera la decisión que adoptaran. La Universitat aclara que no se les prohibió (faltaría más) que prosigan sus estudios.Así se dice expresamente: “la Universitat ha recomanat, com a mesura de seguretat a l’estudiantat valencià a Russia retornar a valència i l’estudiantat rus rerornar al seu país, però donarem suport a les decissions que adopten”).

Cualquiera que conozca los estatutos, el programa con el que concurrió a las elecciones el equipo rectoral de la profesora Mestre y el talante y, desde luego, las convicciones de la rectora Mestre y de los profesores que forman parte de su equipo de gobierno, sabe que no cabe duda de que el propósito de ese acuerdo del Consejo de gobierno era ayudar a los estudiantes, no castigarlos. Esa es mi convicción y por eso he rechazado y condeno los insultos y descalificaciones de grueso tono vertidos contra la rectora y el Consejo de Gobierno. Pero lo cierto es que se comunicó mal y, sobre todo, se enfatizó la coherencia con una posición da principio (la de la UE y demás instituciones que han decidido aplicar las sanciones en el mundo científico universitario y cultural) que, como digo, considero errónea por su carácter indiscriminado en cuanto a sus destinatarios y por su desproporción e inadecuación a lo que es la comunidad universitaria, una comunidad por definición abierta. Estoy con el president Puig, cuando advirtió que en ningún modo las sanciones, tampoco las universitarias, pueden tener como objeto a los ciudadanos de a pie, porque hay que distinguir entre Putin, su círculo de poder y el pueblo ruso https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20220316/8130085/ximo-puig-pide-uv-trate-todos-rusos-fueran-putin.html).Ojalá acabe pronto este horror y no tenga como consecuencia la aparición de un foso en las relaciones entre el admirable pueblo ruso, su maravillosa cultura, sus extraordinarios científicos, artistas, profesores, investigadores y estudiantes… y nosotros.

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