LA CAUSA DE LOS TAURÓFILOS (capítulo en el libro Tauromaquia. Papers per al debat, Diputació de València, junio 2023)

Quienes tenemos como herramienta de trabajo las palabras y entre ellos, en particular, los juristas, llevamos aprendida la lección de Humpty-Dumpty a Alicia: “Cuando yo uso una palabra, insistió Humpty Dumpty con un tono de voz más bien desdeñoso, quiere decir lo que yo quiero que diga… ni más ni menos. La cuestión -insistió Alicia- es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. La cuestión -zanjó Humpty Dumpty- es saber quién es el que manda… eso es todo». Precisamente por eso, tenemos bien presente lo que cuesta cambiar el significado atribuido a un término cuando quien manda en el lenguaje, el pueblo que lo usa, ha convenido mayoritariamente atribuirle otro. Creo que es lo que sucede con “taurófilo”, una palabra que en sentido literal significa amante de los toros. Y, correlativamente, con “antitaurino”, es decir, quien está contra los toros.

En España, si se pregunta en la calle, le dirán que <amante de los toros> (“taurófilo”) es aquel a quien le gustan los denominados “espectáculos taurinos”, esto es, las corridas de toros y los festejos populares en los que los toros son protagonistas, aunque debería decirse más bien que lo es su sufrimiento, el de los toros. Hace mucho tiempo que perdimos esa batalla, y que se conoce como “antitaurinos” a quienes nos oponemos a esas costumbres y espectáculos, cuando -a mi juicio- quien debería merecer ese calificativo es quien causa daño a los toros. La Real Academia ha consagrado ese uso y así, la primera acepción de la voz <antitaurino> es ésta: “Contrario a las corridas de toros o a otros espectáculos en los que intervienen estos animales”.

En lo que sigue, trataré de recordar algunos de los argumentos por los que aquellos que nos consideramos taurófilos sostenemos que, precisamente por respeto a estos animales y por el rechazo a la violencia, a la crueldad y al sufrimiento gratuitos, las corridas de toros y los espectáculos taurinos deben ser prohibidos. Para ello habrá que recordar nuestros argumentos frente a quienes apoyan estas “fiestas”, desde una supuesta defensa de la libertad, de la tradición y aun del arte. En el trasfondo, evidentemente, subyace una controvertida cuestión de filosofía moral, jurídica y política, la del sentido de la noción derechos de los animales. Comenzaré por un breve resumen de ese debate de fondo, para luego exponer la crítica a los argumentos de los antitaurinos que, como digo, ignoran que lo son.

La reducción especista de los sujetos de derechos: la cuestión de los derechos de los animales

Desde el punto de vista de la teoría de los derechos humanos y fundamentales, la cuestión de quiénes son titulares de esos derechos está resuelta aparentemente en términos de una obviedad, que apenas oculta una tautología, por no decir una petición de principio: los seres humanos, todos y sólo los seres humanos, son los titulares de los derechos humanos. Y eso porque, se nos dice, es consustancial a la dignidad, un atributo a su vez privativo de los derechos humanos, una condición ontológica del ser humano. Por eso, una mayoría de los filósofos morales sostienen que hablar de derechos de los animales es un ejemplo de confusión moral y prefieren hablar, en todo caso, de nuestros deberes hacia ellos, que no derivarían de otra razón más que de la propia exigencia de perfección moral, de nuestra superior dignidad.

Si se pregunta en qué consiste a dignidad y por qué es privativa de los seres humanos, la respuesta -insisto- suele ser circular: sólo los seres humanos tienen dignidad y la dignidad es un atributo exclusivo de los seres humanos. Dicho de otra forma, sólo los seres humanos tienen valor, y no precio y ello se ilustra con conocidas citas filosóficas, como la de Séneca, para quien el ser humano es algo sagrado para todo ser humano[1], pasando por los humanistas, como Pico della Mirandola, el autor de la Oratio de hominis dignitate, también conocida como Oratio elegantissima (1478)[2], hasta llegar a su mejor formulación en la filosofía moral de Kant, para quien el ser humano, como ser autónomo, dotado de razón y libertad, siempre es un fin, no un medio: “siendo un fin en sí mismo, cada ser humano es único y no puede ser sustituido por nada ni por nadie, porque carece de equivalente…”no posee un valor relativo, un precio, sino un valor intrínseco llamado <dignidad>”[3]. Los filósofos de la moral y del Derecho sostienen mayoritariamente ese argumento: sólo los seres humanos son agentes morales y por tanto sólo ellos son titulares de derechos.

De ello se deduciría que el resto de los seres vivos son un medio y más específicamente un medio al servicio del ser humano, que debe disponer de ellos en términos de propiedad. No en balde esa construcción romana que es el derecho de propiedad y del que en rigor sólo es titular el paterfamilias y se extiende a su propia familia, a los esclavos y a los animales y bienes, será el arquetipo sobre el que la dogmática iuspublicista alemana construirá la teoría de los derechos públicos subjetivos que está a su vez en la base de la teoría de los derechos humanos y fundamentales.

Hoy, sin embargo, sabemos bien que esa noción de derechos subjetivos y su atribución exclusiva al ser humano[4], está cargada de un prejuicio ideológico, el que es propio de lo que MacPherson denominara la ideología del individualismo posesivo[5], y, además, de una concepción que, en lugar de científica, se ha ido mostrando como propia de otro prejuicio, el antropocentrismo o, más exactamente, el especismo[6]. Desde el XVIII, con la referencia al famoso alegato de Bentham[7], se abre paso una consideración de los animales no humanos como sujetos con sensibilidad, conscientes del sufrimiento y, por tanto, con intereses moralmente relevantes, dignos del tipo de protección jurídica que llamamos derechos. Los progresos en neurociencias, etología y biología han puesto de relieve que no tienen fundamento las supuestas barreras diferenciales entre los animales no humanos (una gran parte y no sólo los primates o los mamíferos superiores) y los humanos: comenzando por la autoconciencia, como puso de manifiesto la “Declaración de Cambridge sobre la conciencia”, adoptada en 2012 en el curso de la Francis Crick Memorial Conference on Consciousness in Human and non-Human Animals [8], y a añadir la capacidad de adaptar y transformar el medio, la acción comunicativa, la valoración de las conductas y de los intereses de los otros, etc.

El argumento, pues, resulta sencillo de exponer. Los animales no humanos, en la medida en que son capaces de tener autoconciencia y, con ello, de rechazar el sufrimiento, son titulares de intereses morales relevantes, que se deben proteger. Pues bien, eso es lo que llamamos derechos, que existen aun cuando sus titulares no sean capaces por sí mismos de protegerlos o de expresar su voluntad de reivindicarlos, como sucede en el caso de los niños, o de personas que padecen discapacidades cognitivas.

Ahora bien, a mi entender, la cuestión no es sólo ni primordialmente de carácter técnico-jurídico, sino que, como han señalado entre otros filósofos y juristas como Francione, Singer y, con mayor claridad, Kymlicka y Davidson[9], obliga a que nos planteemos una dimensión radicalmente política, relativa al sentido de los fines y medios que definen una sociedad justa o decente. Porque, como señalan quienes proponen una ética biocéntrica, como Fernández Buey o Riechman[10], es necesario superar la visión del mundo que nos lleva a construir, a ser partícipes de un orden de las cosas en el que resulta aceptable dominar y oprimir a otros: las mujeres, los niños, los negros, o los animales. Una concepción civilizatoria que trata a los animales como medios a nuestro servicio (para nuestro placer, diversión, salud, o utilidad económica), y que ha erigido el modelo más abusivo de propiedad como el paradigma de lo que llamamos derechos. Por eso, la cuestión no es la pertinencia de utilizar o no lo que denominamos derechos cuando hablamos de los animales no humanos, sino precisamente las razones, los argumentos que nos presentan como obvia la impertinencia de los derechos cuando hablamos de animales no humanos. Y esto tiene importantes consecuencias. Por ejemplo, la que señalan quienes sostienen que la lucha por los derechos de los animales no humanos, en la medida en que significa básicamente el reconocimiento del derecho a no ser propiedad, exige la abolición de la explotación animal institucionalizada, como propone la Declaración de Montreal del GREEA[11].

El problema, insisto, es que eso no es sólo ni primordialmente una batalla legal, o jurídica, sino que exige un cambio revolucionario en elementos clave de nuestro sistema de vida, como, por ejemplo, la industria mundial de la alimentación. Se trata de una verdadera revolución del espíritu humano, una nueva concepción civilizatoria, por muy descorazonador que esto suene para quienes apoyan esta causa, porque sitúa el objetivo más allá del alcance de las generaciones presentes. Por lo demás, es la tesis del ecologismo profundo, que enunció Lovelock y han desarrollado filósofos como Bruno Latour, que insistió en que debemos pasar de la mirada que plantea que los seres humanos vivimos de la naturaleza, al reconocimiento de que vivimos en la naturaleza y en realidad somos parte de ella: vivimos con los demás seres vivos[12].

En realidad, con la pandemia hemos aprendido que ideal de una sociedad justa es inseparable de las exigencias de una transformación ecológica que pasa por superar el especismo, desde de una concepción holista, global, de salud y de vida, en un doble sentido. Salud, vida, de todos los seres humanos, porque hemos aprendido que es fútil, suicida, la pretensión de poner fronteras al virus. De donde se deduce que la solidaridad con los otros, con africanos, asiáticos, sudamericanos, es no tanto una exigencia de solidaridad cuanto de egoísmo racional. Pero más aún, lo que la pandemia nos ha redescubierto es la interconexión entre la salud de las personas, de los animales y el medio ambiente, lo que se conoce como el principio de One Health (una sola salud). Una idea que tiene mucho que ver con algo que desde Darwin se supone que debemos tener asumido, esto es, la continuidad de la vida, que rompe con el prejuicio de la superioridad especista[13].

La toma de conciencia de ese continuum de la vida, a mi juicio, tiene mucho que ver con lo mejor de la noción de progreso, que es la exigencia de un desarrollo moral, jurídico y político, que nos hace tomar conciencia de ese bien que tenemos entre manos y respecto al cual a los seres humanos nos cabe una especial responsabilidad de proteger: la garantía de la vida, del equilibrio sostenible de la vida del planeta. Lo que nos hace humanos no es un tipo de inteligencia, ni la capacidad de memoria, ni la conciencia de sufrimiento, ni la risa o el lenguaje. Es saber el valor de la vida de los otros, de cualquier otro, y actuar de conformidad con ello. O, por mejor decir, esa es la idea regulativa que guía el progreso moral de la humanidad, a la que deben encaminarse el mejor Derecho, la mejor política: progresar consiste en aprender y llevar a la práctica esa exigencia de respeto a la vida. Progresar es hacernos más humanos, una tarea en la que, paradójicamente, podemos aprender mucho de los animales no humanos, de nuestra vida con ellos.

Hablar de derechos de los animales no humanos no significa reivindicar para los animales no humanos, ni para todos ellos sin precisiones ni especificaciones, todos y los mismos derechos que los que reconocemos a los seres humanos como titulares. Sólo a quienes optan por la vía de la caricatura, para ridiculizar la causa de los derechos de los animales no humanos, se les ocurre semejante analogía evidentemente impropia. Los derechos que reivindicamos, ante todo, son los derechos a un trato digno, es decir, en primer lugar, a la eliminación de toda forma de crueldad, de violencia, en nuestro trato con ellos. Y ese progreso moral y jurídico se está abriendo camino, por ejemplo, con la tipificación del maltrato animal como delito, el reconocimiento de que los animales no son cosas, sino seres sintientes, la prohibición de la explotación animal y de la experimentación científica con animales, sin barrera alguna.

El fundamento de la prohibición de las corridas de toros

Llegamos al argumento que ocupa este libro, la oposición a los espectáculos taurinos que comportan violencia y sufrimiento para los toros.

La tesis que sostendré tiene su apoyo en el argumento del reconocimiento de derechos a los animales que he expuesto en el apartado anterior. Se trata de reconocer a los toros como titulares de un interés moral cuya protección es aquello que constituye el motor mismo de la lógica del Derecho: la lucha contra toda forma de crueldad y violencia, contra toda manifestación de un daño que carezca de justificación. Y lo es el sufrimiento, el daño gratuito que se ocasiona a los toros en este tipo de espectáculos, so pretexto del placer estético que procurarían a los espectadores.

Los argumentos de los defensores de este tipo de espectáculos son básicamente tres: de un lado, alegan que se trata del ejercicio de tradiciones centenarias. Se añade en no pocas ocasiones que la defensa de estos espectáculos forma parte de la preservación de la identidad. Y, sobre todo, se sostiene que su prohibición contituiría una muestra de paternalismo moral indebido, pues supone negar su libertad a quienes defienden esas prácticas. Este tercero es, desde el punto de vista de la justificación moral y jurídica, el argumento más relevante.

A mi juicio, alegar que la prohibición de los espectáculos taurinos atenta a un derecho fundamental, la libertad individual de quienes quieren que esas prácticas permanezcan, es un sofisma. Revela una incomprensión radical de la noción jurídica de libertad: es verdad que la noción misma de Estado de Derecho y de democracia liberal, presuponen que la libertad es el valor superior de todo ordenamiento jurídico, incluso por encima de la vida. Pero no es cierto que la libertad sea un derecho absoluto que no admite limitaciones ni regulación. El Derecho –como nos recuerda una concepción que arranca de Cicerón[14], y alcanza su mejor expresión en Kant y en J.S. Mill, el padre del mejor liberalismo, no es otra cosa que un artefacto para hacer posible la conjugación de la libertad de cada uno con la de los demás. Y eso no es posible sin regular el ejercicio de esas libertades, sin establecer controles y ponderación entre los intereses y bienes en conflicto y, por ende, en algunos casos, prohibiciones.

Es cierto que, en el corazón de la democracia liberal se encuentra la argumentación de lo que Locke concebía como leyes-valla o leyes barrera, que nos garantizan nuestra libertad contra cualquier pretensión de poder y que persiguen que se garantice el principio básico de favor libertatis (D.29,2,71pr.; 35,2,32,5). Pero eso no excluye el carácter justificado de limitaciones de la libertad, sino muy al contrario, postula la regulación y limitación de las libertades en que consiste, según Kant, el Derecho: “Derecho es el conjunto de condiciones bajo las cuales el arbitrio de uno puede conciliarse con el arbitrio del otro según una ley universal de la libertad»[15] . Al mismo tiempo, en la lógica del estado liberal de Derecho, la carga de la prueba no recae en quien ejerce su libertad, sino en quien quiere limitar la libertad porque considera necesaria y adecuada esa limitación.

El criterio que nos permite elucidar cuándo la limitación de la libertad está justificada es el núcleo mismo del liberalismo político, el Harm Principle o principio de daño, que enuncia Mill en un célebre texto de su ensayo On Liberty, coherente con la tesis que, como he recordado sostuvo Bentham: “the only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilized community, against his will, is to prevent harm to others”[16]la única razón de la interferencia en la libertad es evitar causar daño a intereses, necesidades o, digámoslo así, bienes jurídicamente relevantes.

El daño causado a los toros en la fiesta, en el espectáculo de las corridas de toros, es irrebatible. Y es un daño ética y jurídicamente inadmisible: como daño gratuito, es maltrato y tortura, aunque también sea arte y tradición. La violencia y la guerra llenan la inspiración del arte, la fiesta, de la filosofía, del pensamiento. No por ello defendemos la violencia ni la guerra. Y su única justificación (la que permite hablar de violencia justa, guerra justa, expresiones que, a juicio de muchos de nosotros serían un auténtico oximoron) se encontraría en el carácter de medio necesario para evitar un daño peor. Pero eso no es el caso en las corridas de toros. De estos espectáculos se puede sostener que son incompatibles con el mínimo mandato ético, tal y como lo formulara Schopenhauer: “La suposición de que los animales no tienen derechos y la ilusión de que nuestra manera de tratarlos no tiene significancia moral es un verdadero ejemplo de la crueldad y barbarie occidental. La compasión universal es la única garantía de moralidad… Una compasión sin límites hacia todos los seres vivientes es la garantía más firme y segura de la moralidad […] porque protege también a los animales, a quienes los demás sistemas morales europeos dejan irresponsablemente de lado”.

Dicho esto, los argumentos del respeto a la tradición o a los signos de identidad son más débiles. No discuto que, según lo demuestra cierta tradición arraigada, a no pocos puede parecerle bello ese espectáculo. Pero aun en ese caso, a mi juicio, se trata de una belleza cuyo coste no es asumible. No hay racionalidad jurídica que pueda apoyarse sólo en la existencia de un hábito (por arraigado que fuera, por ampliamente compartido) si ese hábito causa un daño relevante a un bien, a su vez, relevante.

Quiero concretar este repaso de los argumentos de tradición e identidad con lo que detalla el título V del Reglamento de festejos taurinos tradicionales de la Comunitat Valenciana[17], un texto cuya minuciosidad desearía uno para otras causas: nada menos que 100 artículos, agrupados en cinco títulos, ocho anexos destinados a complementar y asegurar la eficacia de la regulación, cinco disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.

No es cuestión menor que el preámbulo de este Reglamento comience con una afirmación que, sin duda, es compartida por una parte de los valencianos, pero que confieso que me repugna: «Los festejos taurinos tradicionales (bous al carrer) son una de las señas de identidad del pueblo valenciano«. No contentos con ello, los autores del preámbulo ensalzan esas prácticas y celebra nel hecho de que en nuestra comunidad se convoquen más de 6.000 festejos taurinos. Aún más, el traído preámbulo considera estas prácticas no sólo como un rasgo identitario, sino como un «valor identitario» (sic). Así pues, si nos lo tomamos en serio resultaría que, hablando de valores, este preámbulo proporcionaría argumentos para defender que se forme en ese valor tan nuestro a los niños valencianos en la ESO y en el Bachillerato, como parte de esa educación en valores  que –a mi juicio erróneamente– se propone en la LOMLOE. Por cierto, el reglamento no se queda ahí en la defensa y promoción del valor identitario en cuestión, y prevé que se creen también cátedras universitarias de tauromaquia.

Este rasgo identitario «tan nuestro», elevado a la categoría de “valor identitario”, me parece un disparate de rango mayor. Como me lo parecen en general los intentos de establecer unas señas y unos valores específicos identitarios de este tenor. Por lo que sé acera de los problemas de identidad colectiva a los que he dedicado algunos años de estudio, procuro tener presente siempre el aserto de Witgenstein sobre el “infierno de la identidad”. Por decirlo brevemente, me parece estéril e incluso contraproducente adentrarse en el arcano de ese constructo que son los “rasgos de identidad». También, claro, los del «pueblo valenciano”. Para empezar: ¿qué entendemos por tal sujeto colectivo? ¿el pueblo valenciano que supuestamente aparece cuando Jaume I conquista estas tierras, y no antes? Y esos rasgos, ¿son una esencia que debemos preservar a salvo de cualquier evolución?

Es verosímil desde luego, que haya un importante número de ciudadanos valencianos que disfrutan defienden estas tradiciones. Por tanto, no niego que tales festejos cuentan con cierto arraigo popular. Tampoco ignoro que hay un buen número de peñas taurinas en muchas de nuestras poblaciones, que defienden las diferentes manifestaciones de estos «festejos taurinos tradicionales» (reunidos bajo la denominación común de bous al carrer, que reúne tradiciones diferentes, enumeradas en el reglamento: «toros cerriles», «toros ensogados», encierros, toros embolados, bous a la mar). Y añadiré que estoy convencido de que, en la defensa de los festejos, incide la presión de los lobbies que negocian con estas manifestaciones taurinas, que se han visto bloqueadas durante dos años y el temor de las administraciones a enfrentarse con los ciudadanos si deciden prohibir los festejos.

Aun así, soy de los que piensan que ha llegado la hora de acabar con esos festejos y de derogar ese reglamento, porque hay tradiciones multicentenarias –la guerra, la esclavitud, el maltrato a los diferentes– que son contrarias a lo que significa civilización. Precisamente porque una de las ideas guía de la «civilización», es eliminar la crueldad. Como me recordaba Alicia Puleo, “¡las mujeres viviríamos todavía en estado de subordinación si el argumento de la tradición no hubiera sido refutado por la ética!”.

Además, junto al daño físico y psíquico inflingido a los toros, añado el daño desde el punto de vista de la educación de la ciudadanía. Un espectáculo público que extrae su belleza de una muestra tal de violencia y aun de crueldad (que, a diferencia de lo que ocurre en el arte, no es una mera representación), no contribuye –a mi juicio- a construir una sociedad más respetuosa con el sufrimiento, menos violenta, menos cruel. Recordemos la sentencia de Publio Ovidio Nasón: “Saevitia in bruta est tirocinium crudelitatis in homines», esto es, la violencia contra los animales es la escuela de la crueldad contra los hombres. Educar en la crueldad contra los animales es la mejor escuela de violencia, como supo exponer magistralmente Peckinpah en la primera secuencia de Wild Bunch, en la que unos niños torturan a unos escorpiones en la cuneta del camino de entrada a la ciudad que están recorriendo los miembros de la banda que van a asaltar el banco, mientras desfilan los títulos de crédito.

A mi juicio, la cuestión no es si debemos prohibir o no las corridas de toros, los espectáculos que implican malos tratos, tortura y muerte de los toros, sino cúanto tiempo podemos seguir sin hacerlo, asumiendo de esa manera un mal que se inflinge los toros y a la sociedad. Cuánto retrasaremos esa decisión que es la única razonable, la única que nos sitúa en la dirección del progreso social, moral y a la que el Derecho debe servir.


[1] Séneca, Cartas morales a Lucilio, Libro XV, epístola XCV. Orbis, 1984, vol. 2, p. 97: homo res sacra homini.

[2] Discurso sobre la dignidad del hombre, UNAM, 2004.

[3] Remito a la edición de la Metafísica de las costumbres, Tirant, 2022, preparada por Manuel Jiménez Redondo, con un imprescindible ensayo introductorio.

[4] Durante siglos, al hombre, con los atributos de varón, mayor de edad, rico –sui iuris– y occidental, atributos que irán desapareciendo en las sucesivas luchas por hacer de los derechos como universales, hasta la DUDH que habla de seres humanos, hombres y mujeres y sin más adjetivos.

[5] Cfr. C.B.Macpherson, The Political Theory of Possessive Individualism: From Hobbes to Locke (1962); hay traducción al castellano, La teoría política del individualismo posesivo. De Hobbes a Locke, Trotta, 2005.

[6] He presentado más pormenorizadamente esos argumentos críticos sobre la formulación de la noción de dignidad en “En el bicentenario de Darwin. Los derechos de los animales y la barrera de la dignidad”, Teoría y Derecho, 2009/6, pp.6-19 y en “Human Nature and Dignity”, Mètode Science Studies Journal, 2011/1, pp. 138-144.

[7] J.Bentham, Introduction to the Principles of Morals and Legislation, cap. 18, sec.1: “Si todo se redujese a comerlos, tendríamos una buena razón para devorar algunos animales tal y como nos gusta hacer: nosotros nos hallaríamos mejor y ellos no estarían peor, ya que no tienen capacidad de anticipar como nosotros los sufrimientos futuros. La muerte que en general les damos es más rápida y menos dolorosa que la que les estaría reservada en el orden fatal de la naturaleza. Si todo se redujese a matar, tendríamos una buena razón para destruir a los que nos perjudican: no nos sentiríamos peor por ello, y a ellos no les sentaría peor estar muertos. ¿Pero hay una sola razón para que toleremos el que se les torture? No conozco ninguna. ¿La hay para que rechacemos atormentarlos? Sí, y muchas. […] Quizá un día se llegue a reconocer que el número de patas, la vellosidad de la piel o la terminación del os sacrum son razones igualmente insuficientes para dejar abandonados al mismo destino a un ser sensible. ¿Qué ha de ser, si no, lo que trace el límite insuperable? ¿Es la facultad de la razón o quizá la del discurso? Pero un caballo o un perro adulto es, más allá de toda comparación, un animal más racional, y con el cual es más posible comunicarse, que un niño de un día, de una semana o incluso de un mes. Y aun suponiendo que fuese de otra manera, ¿qué significaría eso? La cuestión no es si pueden razonar, o si pueden hablar, sino ¿pueden sufrir?”.

[8] The Cambridge Declaration on consciousness, https://fcmconference.org/img/CambridgeDeclarationOnConsciousness.pdf.

[9] Así, G. Francione, Animals, Property and the Law, Temple, 1995, P. Singer, 2003. Desacralizar la vida humana. Ensayo de ética. («Unsanctifying Human Life. Essays on Ethics»), Cátedra; Singer, P., 2007.Asimismo su artículo “A Convenient Thruth”, The New York Times, https://www.nytimes.com/2007/01/26/opinion/26singer.html?login=smartlock&auth=login-smartlock; S Donaldson y W Kymlicka, Zoopolis. Una revolución animalista, Errata Naturae, 2018.

[10] F.Fernández Buey, Ética y filosofía política, Edicions Bellaterra, Barcelona 2000; J. Riechmann, En defensa de los animales. Antología, Catarata, 2017; Simbioética, Plaza y Valdés, 2022

[11] La declaración, impulsada por el Group de Recherches en Ethique  Environmental et Animal (GREEA) Ethics se puede consultar en https://greea.ca/en/nouvelles/montreal-declaration-on-animal-exploitation/.

[12] Cfr. por ejemplo, B.Latour, Où atterrir. Comment s’orienter en politique, La découverte, 2017.

[13] He intentado explicarlo en “La prioridad es la salud: ¿de quiénes?”, https://www.infolibre.es/opinion/luces-rojas/prioridad-salud_1_1182426.html.

[14] Pro Cluentio, 53, 146: legum servi sumus ut liberi ese possumus.

[15] Kant, Metafísica de las costumbres, «Introducción a la doctrina del derecho», § B. Cito por la edición de Tirant, 2022, con estudio introductorio a cargo de Manuel Jiménez Redondo

[16] On Liberty, The Collected Works of John Stuart Mill, Volume XVIII – Essays on Politics and Society Part I, ed. John M. Robson, Introduction by Alexander Brady, University of Toronto Press/Routledge and Kegan Paul, 1977: Sobre la interpretación del principio de daño, recomiendo la lectura del ensayo de Blanca Rodríguez, “Libertad salvo daño. Sobre una posible interpretación libertariana de Mill”, Tελος Revista Iberoamericana de Estudios Utilitaristas-2007-2009, XVI/2: 59-74.

[17] Se trata del reglamento aprobado por el Decreto 31/2015 del Consell, siendo presidente de la Generalitat el popular Alberto Fabra.

AL CUMPLIR (CASI) MEDIO SIGLO DE ANDADURA UNIVERSITARIA. Intervención en la jornada «Conversación con Javier de Lucas, en homenaje a su jubilación » (22 de junio de 2023, Facultad de Derecho. Universitat de València)

La guía fundamental de esta intervención, lógicamente, es el agradecimiento y el reconocimiento por la enorme suerte que me ha correspondido a lo largo de este casi medio siglo de andadura universitaria que se cierra hoy con la jubilación. Me considero una persona afortunada por poder contarlo, en relativo buen estado físico y aun incluso mejor de ánimo…

Sigo pensando que el oficio universitario, sin ignorar sus limitaciones, sus servidumbres y algunos aspectos que a veces pueden llegar a ser sombríos (como lo es la vida misma), es o al menos lo ha sido, un enorme privilegio. Desde luego, en la Universidad pública.

Es un oficio que, a mi entender, se resume en una palabra precisa, aunque quizá esté en desuso: estudiar. Sí, nuestro trabajo consiste en eso, en estudiar, en aprender, en investigar, para ayudar a otros a aprender, que es nuestra manera de contribuir a hacer un poco mejor la vida de quienes nos rodean.

La mayor parte de estos casi 50 años (luego volveré sobre ese casi) han transcurrido en esta Universitat de València, a la que llegué en 1974 para hacer el doctorado y tuve la gran suerte (por mediación de nuestro común y recordado amigo Alejandro Llano) de encontrar la guía de Jesús Ballesteros, a quien considero mi primer maestro. Jesús compensó de largo con su inteligencia y su trato generoso, la educada reticencia franciscana con que me recibió D José Corts Grau, que me aconsejó vivamente que hiciera oposiciones a notario, o abogado del estado y luego, quizá, me planteara la tesis. Cuando asimiló que yo no quería hacer esas oposiciones, sino una tesis (ingenuo de mí, sobre justicia e igualdad en Platón), primero intentó encaminarme a Ramiro de Maeztu y finalmente aceptó resignadamente que me dedicara a Durkheim…

Pero insisto: he tenido mucha suerte en la vida universitaria

Primero, como decía, una fortuna enorme con mis maestros: además de Jesús, tengo que referirme a Ernesto Garzón, Elías Díaz y Gregorio, que me hicieron conocer a Treves, a Bobbio, a Ferrari, a Losano, a Macormick o a Ferrajoli, entre otros.

También he sido afortunado por pertenecer a una entonces joven generación de profesores de filosofía del Derecho, mi generación, llena de nombre brillantes, entre los que nombraré a Manuel Atienza porque es el más antiguo y el mejor de mis amigos entre esos compañeros.

Y no menor fortuna con quienes han sido estudiantes míos y luego se convirtieron en compañeros, en otras disciplinas, pero también en filosofía del Derecho y en alguna otra aventura, de esas -como la de la colaboración con ONGs, o la puesta en marcha de inicitaivas como cine y derecho- a las que me ha llevado un espíritu quizá demasiado curioso y disperso…

Sumaré más datos de fortuna: además de la suerte de disfrutar de no pocas estancias de investigación en otros países, he tenido la oportunidad de hacer dos largos paréntesis en la docencia, para dedicarme unos años a otros menesteres que, sin embargo, no me alejaron de la Universidad: siete años como director del Colegio de España en Paris, y luego cuatro años en el Senado, un honor (el de representar a los ciudadanos que me votaron) que debo a la propuesta que me hizo el secretario general del PSPV, Ximo Puig, y que me ha permitido participar en la actividad legislativa, sin desconectar de la Universidad, como presidente de la Comisión de ciencia, innovación y universidades del Senado. 

Esta aventura del Senado, o de dar el paso a la política, ya con edad avanzada (senatorial, en el sentido en que lo dice en El Gatopardo el interlocutor del príncipe de Salina, cuando intenta vanamente convencerle de que acceda ir al nuevo Senado italiano), fue una decisión difícil. No me voy a extender en ello.

Sí diré que conté con el apoyo de Consuelo e Irene, como en todas las ocasiones de cambios decisivos en mi vida.

Y añadiré que, cuando se lo comenté a dos de mis grandes y mejores amigos, Sami Nair y Francisco Jarauta, me dieron consejos muy útiles. Recordaré ahora uno en el que me insistió Paco: estudia a Cicerón otra vez…y para aburrimiento de mis compañeros de escaño eché mano de él en no pocas ocasiones

Es Cicerón, quizá con Montaigne, quien dejó escritas algunas de las mejores páginas sobre la amistad, un don que él parangona sólo con el de la sabiduría, aunque finalmente, en esa maravilla que es el Laelius de amicitia, que me tocó traducir en el examen de premio extraordinario de bachillerato, parece inclinarse por la amistad, como lo hace Montaigne

Pero no es de Cierón, sino de Appio Claudio, un dictum que resume ese don: amicum cum vides, obliviscere miserias. Y miserias, las hay. No digamos a la hora de la vejez. Sin necesidad de compartir el amargo dictamen de De Gaulle, ¡La vieillesse, quel naufrage!, la vejez no es plato de gusto, por más que podamos alabar algunos de sus dones. Pero como recuerda Appio Claudio, además de la experiencia que siempre aporta algo de sabiduría, queda la amistad. Y cuando me veo rodeado de tantos y tan buenos amigos pienso que el balance de cuanto he hecho en estos años universitarios no puede ser tan malo.

Y junto a los amigos, sin falsa modestia, mencionaré otros motivos de satisfacción: haber contribuido a dejar un Instituto de Derechos humanos que se renueva y mejora de continuo. Haber contribuido a formar a estudiantes, a profesores e investigadores de muchas generaciones. Y, lo sabéis, esa colección de cine y derecho que me une a Salva Vives, a Cande López, a Mario Ruiz, a Fernando y a tantos compañeros que son autores. Una colección que, por mediación de un buen amigo hoy presente aquí, recibió la medalla de oro de bellas artes…

Hablaba antes de ese casi medio siglo. Hay cierta belleza en la aparente mácula que impide una cifra redonda. Se cumplen 49 años, que no 50, del momento en el que me incorporé a la Universitat de Valencia, en octubre de 1974, para iniciar mi tesis doctoral. Y ha querido el azar que el regalo que me hacen mis compañeros de un número monográfico de homenaje de la revista CEFD lleve el número 49 también.

Por todo ello, gracias: permitidme que personalice en Maria José el agradecimiento a todos los que han puesto su tiempo, su trabajo y su afecto, para organizar esta jornada, y a cuantos se han tomado la molestia de participar en ella, también como asistentes.

Termino, con tres versos de un poema de Les matinaux, de René Char, un poeta que me enseñó a conocer y a amar mi amigo Sami Nair. En ese poema maravilloso sobre el país que soñaba para él, Ce pays n’est qu’un vœu de l’esprit, un contre-sépulcre.

Dice así:

<<Dans mon pays, les tendres preuves du printemps et les oiseaux mal habillés sont préférés aux buts lointains.

La vérité attend l’aurore à côté d’une bougie. Le verre de fenêtre est négligé. Qu’importe à l’attentif.

Dans mon pays, on ne questionne pas un homme ému.

Il n’y a pas d’ombre maligne sur la barque chavirée.

Bonjour à peine, est inconnu dans mon pays.

On n’emprunte que ce qui peut se rendre augmenté.

Il y a des feuilles, beaucoup de feuilles sur les arbres de mon pays. Les branches sont libres de n’avoir pas de fruits

On ne croit pas à la bonne foi du vainqueur.Dans mon pays, on remercie

LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA DE LA UE Y EL PACTO EUROPEO PARA UNA POLÍTICA DE MIGRACIÓN Y ASILO: ¿UNA EMPRESA DESESPERADA? (Artículo publicado en La Marea, junio de 2023)

EL PLANTEAMIENTO: UNA AMBICIÓN TAN NECESARIA, COMO DE IMPOSIBLE CUMPLIMIENTO.

El presidente Sánchez estableció como prioridad para el semestre de presidencia española de la UE conseguir un acuerdo sobre el pacto europeo de migración y asilo, un objetivo que muestra una indiscutible y plausible ambición política. Es una tarea no sólo necesaria, sino también urgente. Por dos razones, una inmediata y otra demás largo alcance. Pero es también, como añadiré enseguida, un objetivo de imposible cumplimiento, a mi juicio, salvo que se vacíe de contenido.

Vayamos primero con las razones de su necesidad y urgencia.

La inmediata es la necesidad de dar por fin respuesta al tan aplazado propósito de un verdadero pacto europeo sobre migración y asilo. Un objetivo en el que llevamos debatiendo desde 2020 y que se concreta en un compelo sistema de instrumentos normativos, sobre los que no existe acuerdo.

La de mayor alcance es que ese acuerdo es una condición sine qua non para el futuro de una UE acorde con sus principios y capaz de presentarse como lo que debería ser, una potencia de soft power en las relaciones internacionales, un poderoso agente para hacer viable una política internacional basada en la multilateralidad, la cooperación y la paz. Nada menos. Déjenme que me explique un poco mejor

Recuerden el lema de la campaña electoral con el que ganó Biden y que, en su nueva campaña (“terminar el trabajo”), da por hecho que no se ha conseguido: reconstruir, reencontrar el alma de América, de una sociedad profundamente dividida como consecuencia de la estrategia comunicativa del supremacismo reaccionario que encabeza Trump. Pues bien, la próxima presidencia debería contribuir a reencontrar el alma de la UE, un alma que, a mi juicio, es sobre todo jurídica, porque el proyecto de la Unión tiene en su núcleo irrenunciable la defensa del Estado de Derecho, de la soberanía de la ley (de la Constitución), del control y división de poderes, de las libertades individuales como la libertad de expresión, prensa y manifestación. Y también, de la progresiva garantía de los derechos sociales, de un modelo de igualdad inclusiva, abierta a la pluralidad social, a través de políticas públicas basadas en el keynesianismo, que no niegan la libertad de mercado (es un principio fundacional de la UE), pero no renuncian a regularlo, a imponer límites.

Sin duda, los objetivos y las condiciones para que la Unión alcance ese papel, acorde con sus principios y valores, los fundacionales y los expresados en sede constitucional, van más allá de la política migratoria. Pero no entiende el mundo quien no advierte que nuestra respuesta a la gestión de los movimientos migratorios en sentido amplio (migración, asilo, desplazados climáticos) define el papel de la UE en la encrucijada crucial que vivimos hoy, en términos geopolíticos, globales. En ese sentido, como ha escrito recientemente Serge July en Libération, el nudo migratorio se ha convertido en el nudo gordiano de las relaciones internacionales. El problema es que la UE, como EEUU, Australia, parece adoptar el método Alejandro:  cortarlo de un tajo.

Reconozcamos que la UE (el bloque occidental, digámoslo sin ambages), como se evidencia cada vez más a propósito de la estrategia de la OTAN en relación con la invasión de Ucrania por Putin y con esa guerra que está marcando nuestras vidas, está perdiendo su relación con buena parte del mundo.

Desde luego, perdemos conexión con el sur global, que no comparte la estrategia de la UE. Dicho en corto: parte de nuestro descrédito (y, a sensu contrario, de la capacidad de protagonismo de la UE) en esa relación con el sur global, tiene que ver con nuestra política migratoria y de asilo, que desmiente los mensajes de una Europa comprometida en una política global presidida por el respeto a los derechos humanos y por los principios de cooperación y multilateralidad. Por esa razón, también, urge construir otra política europea migratoria y de asilo. Urge un cambio, sin buenismos ingenuos, pero sin el cinismo que es propio de un tipo de realpolitik, tan sucia como banal, que alientan las fuerzas reaccionarias y de extrema derecha que hoy contaminan a la derecha conservadora con el argumento de su indiscutible eficacia para captar votos.

No se puede decir que no lo sepamos: nuestras políticas migratorias y de asilo siguen dominadas por los aparentemente inconmovibles réditos electorales que se asocian a la utilización del espantajo de la inmigración. Un discurso de la inmigración como fobotipo, ajeno a los hechos y a las necesidades que muestran las migraciones como una oportunidad beneficiosa para todos, si se saben gestionar; en todo caso, un desafío difícil, pero no una amenaza. Esa es la alternativa que hay que saber construir. Porque empeñarnos en ese modelo de la inmigración como espantajo, a mi juicio, tiene un precio que no debemos pagar: perder el alma del proyecto de la Unión. Lo ha repetido L. Ferrajoli: esta política migratoria y de asilo, que Bauman calificó de industria del desecho humano, es lo contrario al Derecho, porque es una necropolítica (Mbembé), una política de crueldad, de vaciamiento del respeto básico al otro como sujeto de derechos, convertido en lo contrario: sujeto de infraderechos ((Lochack) , difícilmente compatible con lo que a mi juicio es el alma europea: la primacía del Derecho y del Estado de Derecho.

Pero volvamos a la cuestión inicial: ¿es esta una tarea posible’ A mi juicio, como decía, no lo es, salvo que la reduzcamos a un acuerdo parial o, para decir verdad, de mínimos. Desgraciadamente, hay obstáculos de gran envergadura. Recordaré cuatro, que hacen referencia a nuestro contexto:

  • El primero, el empeño en renacionalizar la cuestión migratoria por parte de la inmensa mayoría de los gobiernos de los Estados miembros y más aún de los que son representados por gobiernos de derecha extrema o extrema derecha, para los que las políticas migratorias son sobre todo el gran caballo de batalla electoral y campo preferente del resquicio de soberanía nacional que reivindican.
  • El segundo, la división de objetivos entre tres bloques, los países del centro (Franca, Alemania, Bélgica, Holanda, más Dinamarca, Suecia y Finlandia), el bloque Mediterráneo (España, Italia, Grecia. Malta) y el bloque del este (notablemente el grupo de Volvograd), lo que parece un obstáculo insalvable. Máxime habida cuenta de que Italia, Grecia y Malta se orientan hacia postulados muy reaccionarios, próximos a los de Orban (por cierto, los líderes de Vox en España se muestran no ya cercanos a Meloni y Salvini, sino a Orban).
  • El tercero, la guerra de Ucrania, que desplaza a este los intereses geopolíticos y parece subordinar a la UE a una tarea de acompañante de la estratega de la OTAN y de los EEUU
  • El cuarto, el creciente alineamiento de los Estados del Sur (lo que es notorio por parte de los BRIC) en una posición independiente de la que representan el bloque occidental y con la mira puesta cada vez más en lo determinante de las relaciones económicas y comerciales de China.

LAS CONTRADICCIONES EN LA PROPUESTA

Para ser más rigurosos, habrá que recordar que las dificultades para poner en pie una política migratoria y de asilo común de la UE, no son de hoy. Además de los obstáculos contextuales que acabo de enumerar, un análisis en perspectiva nos muestra contradicciones y errores reiterados

Comencemos por los presupuestos que lastran la posibilidad de una política migratoria común de la UE y a la altura de los actuales desafíos migratorios. Son dos, de vieja data: el empeño en la perspectiva de seguridad (que incluso algunos gobiernos plantean no ya en términos de orden público, sino incluso de defensa de la integridad territorial) y, en segundo lugar, la obsesión por reducir la política migratoria a una cuestión de beneficios en el mercado laboral, y todo ello en el contexto de una Europa en declive demográfico.

Pero, en segundo lugar, si tratamos de concretar las dificultades, un examen de alguno de los instrumentos normativos que integran el Pacto deja claro lo ralo de las expectativas. Basta con referirse a tres.

  • La propuesta de Reglamento sobre la Gestión del Asilo y la Migración (RAMM) no supone ningún avance, ninguna mejora en el modelo que tiene como eje el Reglamento de Dublín III a la hora de distribuir las responsabilidades de gestión de la presencia de inmigrantes y refugiados a cualquier punto del territorio de la UE: todo recae sobre el país de llegada, con el objetivo de evitar lo que desde Bruselas se denomina “movimientos secundarios”, es decir, la libertad de circulación de quienes una vez que han llegado, adquieran una posición legal. Supone la reiteración de un modelo de solidaridad demediada: voluntaria, desregulada, con ausencia de obligaciones comunes vinculantes. Como se ha dicho, “solidaridad como un menú a la carta para los Estados, con la opción de contribuir con la reubicación, el “patrocinio del retorno” u otras medidas destinadas a reforzar las capacidades o el apoyo en la dimensión exterior”. Este es un sistema que castiga insolidariamente a España, Italia, Grecia y Malta. Pero no hay acuerdo entre los gobiernos de esos Estados para mantener una posición común.
  • El objetivo de la nueva propuesta de Reglamento sobre un Procedimiento Común en materia de protección internacional es, por su parte, vincular los controles fronterizos con el Reglamento de control y con la versión refundida de la muy denostada Directiva de Retorno. El déficit fundamental de este segundo instrumento, además de que no existe un acuerdo sobre la obligatoriedad del procedimiento en fronteras, es que supone plantear dificultades en el tratamiento garantista de los procedimientos de protección internacional, es decir, en la seguridad jurídica de quienes plantean esa protección. Lo más grave, como ha señalado CEAR, es la “ficción jurídica de no entrada”, lo que tiene que ver con la práctica de las devoluciones en caliente que ha sido legalizada en gran medida por el TEDH.  
  • Respecto a la vía de acuerdos bilaterales con los países de origen y tránsito, que se propone desarrollar sobre todo en relación con los flujos africanos, me parece altamente criticable lo que podríamos llamar “modelo Marruecos”. Ese tipo de acuerdo no es el modelo bilateral ni multilateral deseable porque pervierte el sentido de una política de codesarrollo o de cooperación, bajo la premisa de obtener a toda costa la colaboración de los Estados de origen o de tránsito de los movimientos  de emigrantes y desplazados en el control de salida, tránsito y retorno, al supeditar las políticas de cooperación al cumplimiento de cuotas policiales, sin ninguna referencia a las tres “D” (democracia, derechos humanos desarrollo) en esos mismos países, lo que resulta particularmente grave cuando se trata de regímenes autoritarios, si no dictatoriales, gobernados por autócratas o elites corruptas.

PARA SALIR DEL LABERINTO: PROPUESTAS PARA VOLVER A UN CONSENSO BÁSICO

Creo que podríamos enunciar algunos puntos de acuerdo sobre la orientación que debería darse al pacto europeo para que no fracase una vez más. Propondré los siguientes, que en buena medida arrancan de las recomendaciones de buenas prácticas (un elenco de mínimos, como es bien sabido) expresadas en el Global Compact for Safe, Regular and Legal Migration, aprobado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en diciembre de 2018. Es una propuesta en la que coinciden no pocas ONGs y también algunos investigadores especializados, con los que he mantenido frecuentes intercambios:

  1. Es imprescindible que se sea coherente de una vez con una prioridad inexcusable: el respeto a los derechos y garantías de las personas inmigrantes y de los demandantes de protección internacional, tal y como lo consagran los instrumentos normativos ratificados por la propia UE y sus Estados miembros, no es una opción. Comporta obligaciones vinculantes y exigibles. Y hablamos de derechos individuales y de sus garantías, que deben ser sustanciadas en sede judicial con derecho a defensa
  2. Hay que rechazar la consolidación de las fronteras como lugares de no-derechos
  3. En materia del cumplimiento de las exigencias del Derecho internacional de refugiados, es inexcusable el respeto al principio de non refoulement.
  4. Habría que tomar en serio, de una vez, el principio de solidaridad compartida y, por tanto, la necesidad de establecer responsabilidades concretas y comunes, de carácter vinculante. Superar los tres bloques de intereses…
  5. La directiva de protección temporal no puede ser un sistema a la carta, que vale por ejemplo para lso ucranianos, pero no para sirios, afganos o sudaneses…
  6. Impulsar vías legales y seguras para acceder a la protección internacional
  7. Poner fin a la externalización de fronteras y a la condicionalidad del desarrollo al control migratorio y la readmisión.
  8. No permitir derogaciones del sistema de asilo y rechazar el concepto de instrumentalización
  9. Garantizar condiciones de acogida dignas y eliminar las barreras en el acceso a los derechos sociales, económicos y culturales. En ese sentido, no olvidemos el papel de las CCAA y de los municipios, absolutamente clave en la construcción de un sistema de acogida que facilite el reconocimiento y la inclusión de quienes llegan a nosotros con el propósito de instalarse durante un cierto período de tiempo, o incluso, para quedarse aquí. Son a mi juicio un ejemplo de aquello de <hacer de la necesidad virtud>. Porque los necesitamos, necesitamos su presencia y su contribución, en términos demográficos, económicos, pero también sociales y culturales, se denominó en su día Plan Estratégico para la Ciudadanía y la Integración (PECI) si queremos un futuro para nuestros hijos, para nuestro país, que vaya más allá de un lugar de asueto y retiro para jubilados ricos. Tenemos ya testimonios, experiencias de lo que se puede conseguir con buenos planes orientados a lo que puede describirse como inclusión para la ciudadanía, en ámbitos que van desde la educación, la salud, los servicios sociales, la vivienda, o el empleo


ANEXO: LAS PROPUESTAS DE CEAR

CEAR ha lanzado un documento de trabajo con propuestas para la Presidencia Española del Consejo de la UE en materia de política migratoria y de asilo. Por su interés, condenso aquí esas propuestas (https://www.cear.es/wp-content/uploads/2023/04/Recomendaciones-CEAR-presidencia-UE.pdf), un informe que comienza por recordar que esta presidencia supone una oportunidad para avanzar en la construcción de un Sistema Europeo Común de Asilo con un enfoque garantista que priorice la protección de las personas y la garantía de sus derechos, así como la solidaridad y la responsabilidad compartida entre los Estados miembro. Bajo esta premisa, desde CEAR, se han formulado las siguientes propuestas, que resumo:

  1. Promover una reforma profunda de las normas de Dublín para garantizar un reparto verdaderamente equitativo de las responsabilidades compartidas en materia de asilo entre los Estados Miembros.
  2. Superar el criterio del país de primera entrada mediante una nueva jerarquía de criterios para determinar la responsabilidad, que otorgue mayor importancia a los vínculos familiares en sentido amplio y tenga en cuenta las situaciones de enfermedad grave y/o discapacidad u otras situaciones de vulnerabilidad de las personas solicitantes de asilo.
  3. Impulsar la aprobación un mecanismo de solidaridad obligatorio y permanente basado en un mínimo de cuotas obligatorias de reubicación como única contribución solidaria posible.
  4. Rechazar la alternativa del patrocinio de retorno o el apoyo de capacidades en la dimensión exterior, poniendo en el centro la protección de las personas.
  5. Defender el salvamento y rescate en el mar frente a la criminalización del trabajo humanitario, y adoptar un acuerdo sobre un mecanismo de desembarco europeo seguro y predecible, con posterior reubicación obligatoria.
  6. Oponerse a la obligatoriedad de los procedimientos fronterizos acelerados y rechazar la ficción jurídica de no entrada, ya que retrasan el acceso al procedimiento de protección internacional y a las garantías procedimentales debidas, además de poner en riesgo el respeto del principio de no devolución.
  7. Garantizar un tratamiento individualizado y con plenas garantías de las solicitudes de asilo, así como la asistencia jurídica gratuita en todas las fases de los procedimientos administrativos y judiciales sin excepción.
  8. Garantizar el respeto del principio de no-devolución. Rechazar la emisión automática de una decisión de retorno junto a la denegación de la solicitud de asilo y garantizar el efecto suspensivo automático de los recursos en todos los supuestos.
  9. Oponerse a la canalización de las solicitudes de asilo hacia el procedimiento fronterizo en función de la nacionalidad y respetar la no discriminación tal y como establece el artículo 3 de la Convención de Ginebra.
  10. Rechazar las derogaciones amplias del acervo de asilo de la UE, y eliminar la ampliación del plazo de registro de solicitudes de asilo y la obligatoriedad del procedimiento de asilo en frontera en situaciones de crisis.
  11. Garantizar que la base de la respuesta ante situaciones de crisis sea el acceso al procedimiento de protección internacional con todas las garantías y la solidaridad obligatoria y compartida.
  12. Defender la Directiva de Protección Temporal frente al riesgo de su derogación y sustitución por la “protección inmediata” del Reglamento relativo a las situaciones de Crisis, que es menos garantista, así como promover su aplicación para responder a situaciones similares a la producida como consecuencia de la invasión de Ucrania.
  13. Defender salvaguardas para evitar la elaboración de perfiles raciales, controles intrusivos o el abuso de discrecionalidad en el tratamiento de los datos biométricos, y proteger a las personas frente al estigma de criminalidad asociada a estas prácticas.
  14. Garantizar que la recogida de datos biométricos nunca se realice de manera coercitiva y que se incluya una perspectiva de infancia, de protección y de derechos humanos, y promover la reunificación familiar cuando el interés superior del menor así lo determine.
  15. Defender la eliminación de la ficción jurídica de no entrada, garantizando el acceso al procedimiento de asilo con plenas garantías para las personas solicitantes de protección internacional.
  16. Implementar un mecanismo de identificación precoz y derivación de las personas en situación de vulnerabilidad para reforzar las garantías de protección de personas víctimas de trata, personas con necesidades específicas o niños y niñas sin referentes familiares.
  17. . Impulsar y reforzar mecanismos nacionales independientes de monitorización del respeto de los derechos fundamentales en toda actividad de vigilancia y control de las fronteras exteriores. Dichos mecanismos deben dotarse de garantías para asegurar su independencia, implicando en su funcionamiento a instituciones nacionales de derechos humanos, la FRA y organizaciones de la sociedad civil; y tener un mandato para investigar cualquier vulneración de derechos fundamentales en las fronteras, así como capacidad para imponer sanciones.
  18. Impulsar la aprobación de un mecanismo ambicioso de reasentamiento con cuotas obligatorias para todos los Estados Miembros.
  19. Asumir un mayor compromiso en relación a la adopción de vías legales y seguras: promover la posibilidad de solicitar asilo en embajadas y consulados en exterior, la expedición de visados humanitarios, flexibilizar los requisitos para la reagrupación familiar, así como facilitar el acceso a programas de movilidad laboral o formativa en la Unión Europea.
  20. Rechazar el concepto de “instrumentalización” y la normalización de excepciones a las normas de asilo, previstas en el Reglamento de Instrumentalización y en la modificación del Código de Fronteras Schengen; y en su lugar, promover una mayor armonización de las normas del Sistema Europeo Común de Asilo.
  21. Liderar una política europea de cooperación al desarrollo que responda a objetivos de erradicación de la pobreza y lucha contra las desigualdades, teniendo como guía la Agenda 2030 y rechazar la instrumentalización y condicionalidad de la ayuda al desarrollo al control fronterizo.
  22. Oponerse a utilizar la ayuda al desarrollo como mecanismo de presión para que los países de origen y tránsito colaboren en la contención de flujos migratorios y la readmisión de las personas expulsadas.
  23. Garantizar estándares de acogida dignos y armonizados en todos los Estados miembros, así como el acceso y ejercicio de los DESC y un nivel de vida adecuado para las personas solicitantes de protección internacional.
  24. Promover una sociedad europea de acogida más inclusiva e igualitaria, poniendo en valor a los profesionales y equipos multidisciplinares incluyendo la figura de los y las mediadores interculturales.

Combatir la discriminación y el discurso de odio con el diálogo intercultural y la convivencia como elementos clave para favorecer la i

TOMÁS S.VIVES ANTÓN: UN KANTIANO QUE PRESTÓ ATENCIÓN A WITTGENSTEIN EN JUSTA MEDIDA (INTERVENCIÓN EN EL SEMINARIO EN HOMENAJE A TOMÁS VIVES, VALENCIA, 21 DE MARZO DE 2023)

No puedo por menos que expresar un moderado agradecimiento a los organizadores, por el regalo envenenado que me han adjudicado en este seminario: hablar de filosofía del lenguaje en Tomás Vives y hacerlo en una mesa en la que están Manolo Jiménez y Jose A. Ramos, bajo la presidencia -espero que indulgente- de mi amigo y compañero Javier Mira.

En realidad, como diría uno de los grandes filósofos del lenguaje de las galaxias, el maestro Yoda: la prudente admonición de Wittgenstein uno debería seguir y la boca cerrar. Pero uno, como es sabido, es de natural imprudente y próximo a la incontinencia verbal: así que desoiré la interpretación más pedestre de la última proposición del Tractatus, en aras de participar en este homenaje a nuestro querido Tomás.

Evocaré primero el lugar común que nos presenta al Derecho penal como la más filosófica de las disciplinas de la dogmática jurídica, estrechamente emparentada con la filosofía del Derecho. Me referiré después a lo que, sin pretensiones, llamaré la filosofía de Tomás Vives, para abordar en tercer lugar dos de sus ensayos en los que la huella de la filosofía analítica quizá esté más presente.

De la dimensión filosófica del Derecho penal

Comencemos por el marco. Es un tópico afirmar la vis filosófica presente en los estudiosos del Derecho penal, por la evidente relación entre el Derecho penal y la filosofía; aún más, la filosofía moral, política y jurídica. Una relación de la que hay abundantes testimonios incluso en la cultura del common law (muy ligada a la filosofía del pragmatismo, a la propia filosofía analítica y más recientemente, a los estudios culturales), pero desde luego en la nuestra. Pienso en obras de notables penalistas italianos y sobre todo alemanes. Subrayo alemanes, porque lo favorece la frecuente organización disciplinar en las cátedras alemanas que reúne ambas disciplinas -filosofía del Derecho y derecho penal-, aunque también se asocia la filosofía del Derecho con los iusprivatistas (Larenz) o con iuspublicistas (el caso eminente de Jellinek). Por cierto, de ese trasfondo filosófico en la cultura jurídico-penal alemana son buenos testimonios las novelas y relatos de von Schirach, de las que Pepe y yo somos acendrados seguidores.

Entre nosotros, como subrayó el estudioso Sánchez Ostiz, es preciso reconocer que fue el respetado jurista Alvaro d’Ors quien siempre sostuvo, incluso empecinadamente, que el Derecho penal era una disciplina filosófica o, más bien, humanística, como a su juicio lo es la jurisprudencia en su particular concepción del sistema de las ciencias[1] en cuyo núcleo se encontraba la ética. Sin moralina, desde luego: el Derecho penal está vinculado a la ética pública, diríamos hoy, en el sentido en que la consagra la parte dispositiva de las constituciones. Y ello conduce, en opinión del reputado romanista, a sostener que el Derecho penal, contra lo que parece más evidente, estaría a su vez más vinculado con la dimensión de auctoritas que con la potestas, en el Derecho. Ahí lo dejo…

 Vuelvo a la tesis de raigambre alemana sobre la relación entre filosofía, iusfilosofía y derecho penal, que hoy es lugar común[2]. Digo de raigambre alemana porque al plantear esta dimensión filosófica del Derecho penal y de la ciencia del Derecho penal, a todos nos vienen a la mente nombres como el del neokantiano Hans Welzel, profesor de Derecho penal en Góttingen y luego de Derecho penal y filosofía del derecho en esa Universidad y posteriormente en la de Bonn y autor de un ensayo temprano (1930) sobre Derecho penal y filosofía[3]. O el también neokantiano Gustav Radbruch que, además de llegar a ser ministro de justicia en la república de Weimar, fue profesor de Filosofía del Derecho y tuvo la cátedra de Derecho penal en Heidelberg, de la que le despojó el nazismo. Radbruch es, por cierto, el autor del motto que reúne Derecho, razón y fuerza, o Derecho, auctoritas y potestas, que tanto me gustaba repetir a mis estudiantes de Derecho (Macht ohne Recht…)

Sobre la filosofía de Tomás S Vives

Pues bien, esa relación entre filosofía, filosofía del Derecho y Derecho Penal, se encuentra en la base de la formación y, por tanto, de la obra de Tomás Vives. Subrayo lo de formación, porque una de las cosas que siempre me llamó la atención de Tomás fue su vocación de estudio, de formación permanente, abierto en particular a lo más relevante de la evolución del debate filosófico contemporáneo, como lo muestra su atención a las obras de Habermas y de Rawls, una vocación de estudio que se le acrecentó justo en el momento en que parece que debe declinar biográficamente, esto es, cuando ya era un autor de referencia en su campo, en la para mí mal llamada dogmática penal, cuando Tomas era ya un maestro reconocido en el Derecho penal. Tomás, por así decirlo, da rienda a su vocación filosófica, que me parece inseparable de su vocación pública como defensor del modelo del Estado de Derecho, del Estado constitucional de Derecho.

Como he tratado de recordar, la razón de ser de esa vis filosófica del Derecho Penal es que la ciencia del Derecho penal se articula en torno a varios conceptos clave o ideas guía que le son comunes con la filosofía. Así, los conceptos de acción (y omisión) y libertad[4].

Esos dos conceptos y sobre todo el de libertad, ocuparon muchas horas de trabajo de Tomás Vives y así lo reflejan muchas de sus publicaciones y también de sus opiniones jurisprudenciales más relevantes en el ámbito jurídico-constitucional, que tocan el núcleo mismo de la defensa del Estado de Derecho y del garantismo penal, sin los que no se puede entender una concepción liberal del Derecho penal, que Tomás se empeñó en sostener.

Más concretamente y en lo que se refiere al objeto de esta mesa, la modesta tesis que sostengo es que los estudios de Tomás sobre esos conceptos y en particular sobre la libertad, hay una notable huella de la concepción propia de la filosofía analítica como filosofía del lenguaje, que se explicitan sobre todo en sus Fundamentos del sistema de Derecho Penal[5] y en algunos ensayos, como tres de los publicados por él en la última década en Teoría y Derecho: concretamente, en 2012, en 2014 y en 2019[6].

Pero eso, a mi modesto juicio, no justifica que, filosóficamente hablando, se pueda decir de él que fuera un estricto seguidor de la concepción analítica de la filosofía del lenguaje, e incluso me atrevería a poner en duda que la concepción filosófica de Tomás sea la propia de la filosofía del lenguaje, aunque me parece que la lectura que hizo Tomás de Wittgenstein -una lectura, sobre todo del Wittgenstein de las Investigaciones filosóficas– marcó metodológicamente (a mi juicio, más que conceptualmente) su obra, sin la menor duda.

Quiero llamar la atención sobre dos de estos trabajos. En primer lugar, el ensayo publicado en el nº 11 de Teoría y Derecho, que propone una reflexión compleja sobre determinismo, acción y lenguaje, desde las aportaciones de la filosofía analítica. Este es un texto de profunda raíz filosófica -como lo es todo intento de autocomprensión humana- sobre la aporía filosófica que subyace al Derecho penal a propósito de determinismo, libertad y culpa, tal y como advierte Vives en las obras de Engisch y Welzel[7]. A juicio de Tomás, en uno y otro hay un intento de reinterpretación de la tercera antinomia kantiana, entre determinismo y libertad, esto es, la que opone la exigencia racional de que todo haya de tener un principio absoluto a priori y la exigencia contraria, de que todo haya de derivar, según una ley inexorable, de una causa. Nuestro homenajeado recurre hábilmente al punto de vista de Stuart Mill, que abandona la discusión filosófica sobre el libre albedrío para fijarse en el concepto de libertad civil o social, mucho más fructífero desde el punto de vista del derecho penal.

De la conciencia de limitación de las reflexiones sobre este complejo problema filosófico da cuenta la cita de las Investigaciones filosóficas de Witggenstein que Vives hace suya:

 “somos cuando filosofamos, como salvajes, hombres primitivos, que oyen los modos de expresión de hombres civilizados, los malinterpretan y luego extraen las más extrañas conclusiones de su interpretación”. (Investigaciones filosóficas. Crítica, Barcelona, 1988, núms. 193,194)

 La conclusión de su análisis es que no hay razones concluyentes de preferencia por el determinismo fuerte, pero tampoco por las del determinismo débil que a su juicio se basa en un juego de lenguaje inconsistente. A la postre, Tomás se escapa en no poca medida de la discusión analítica (y, desde luego, del libertarismo metafísico) y sigue la propuesta liberal de Mill porque a en su opinión es la única compatible con el sentido común y el uso común del lenguaje y, a la vez, con la fundamentación racional de la responsabilidad, la culpabilidad, el castigo y los derechos constitucionales.

Insisto: a mi parecer, Tomás no fue un wittgensteniano, si esa adscripción tiene algún sentido en un penalista. Desde luego, no lo contaría en las filas de los analíticos en sentido estricto[8]. Pero tampoco diría que fue un habermasiano, pese a que dedicó buena parte de su esfuerzo intelectual a las propuestas de Habermas y de ello el mejor testigo es Manolo Jiménez.

Creo que lo que fue siempre Tomás es un kantiano, alguien que revisitó una y otra vez a Kant. Y podría sostener que hay en él cierta influencia de la hermenéutica de Gadamer que, en el fondo, es una huella heideggeriana, por no decir de una línea roja del quehacer filosófico que se remonta al Fedro de Platón (esto es, al concepto de logos desarrollado en la filosofía griega antigua entendida como discurso o dialéctica).

A ese respecto, me parece muy significativo su ensayo de 2019 sobre las contradicciones de la concepción kantiana del delito y de la pena, en el que lo que subyace, más que la filosofía del lenguaje, es una preocupación por el lenguaje en la que me parece advertir, como decía, cierto aliento heideggeriano, al menos de la tradición heideggeriana que me parece presente en un jurista como Welzel y que tendría continuación en la hermenéutica desarrollada por Gadamer.

Como se recordará, Tomás ofrece en ese ensayo una reflexión acerca de la vigencia de las nociones de razón y libertad propias del pensamiento kantiano —significativamente, la libertad política— junto a una visión crítica sobre la contradicción en Kant de los conceptos de delito y pena. La línea argumental de este ensayo es que esa contradicción no es el germen del declive de una concepción kantiana del Derecho y del delito -que el propio Vives reivindica., que viene avalada por el papel que corresponde a la libertad en esta construcción. Para Tomás, la negación del programa kantiano de universalización de la libertad no surge de sus contradicciones internas, que las tiene, sino de un movimiento de refutación, tanto en el terreno de la historia material como en el de la historia del pensamiento y que, en el ámbito penal, se caracteriza como una lucha contra el Derecho penal liberal. En definitiva, este ensayo es un nuevo intento de Tomás de enfrentarse al asalto a la razón y, por decirlo al modo habermasiano, a la confrontación entre la facticidad y la validez, o mejor, a la transmutación de la facticidad en normatividad, como se advierte en el caso de la doctrina del Derecho penal del enemigo, que Tomás señala como un eslabón más en el embate autoritario contra el Estado de Derecho.

Termino con una cita de Tomás, en su ensayo de 2011, que me parece de algún modo reasuntiva de su esfuerzo teórico y de su compromiso ciudadano. En ese trabajo, propone “extraer de la elusión del determinismo y de la consiguiente afirmación de la libertad, tal y como la experimentamos en la vida social, dos consecuencias prácticas, a saber: en primer lugar, la de que el castigo y la enajenación no sólo no son intercambiables, sino que son incompatibles; y, en segundo lugar la de que ni la imagen de la prisión ni la de la institución psiquiátrica deberían situarse en el centro de nuestra sociedad porque no es racional incrementar la exclusión sino reducirla”, y concluye:

“Ciertamente, no podría alcanzarse de ese modo algo mejor que el Derecho Penal, porque no conocemos nada verdaderamente mejor, ya que -en el Derecho Penal, cuando menos- el castigo está sometido intrínsecamente a límites constitucionales y su alternativa, el tratamiento, no; pero tal vez se conseguiría vivir bajo un Derecho Penal mejor, esto es, un Derecho Penal cada vez menos excluyente y más respetuoso con la dignidad de los seres humanos. Por desgracia, ese objetivo no forma parte del signo de los tiempos que nos ha tocado vivir; pero podemos utilizar la libertad práctica que, como seres humanos, tenemos para intentar cambiar en ese sentido la injusta realidad que nos rodea”


[1] Recuerda Sánchez Ostiz (2016, pp. 252 y ss) que D’Ors describe la jurisprudencia como «la ciencia de los juicios sobre la conducta humana considerada como exigible por la sociedad…No es una ciencia social, precisamente porque esos juicios se refieren a conflictos intersubjetivos y no a conflictos entre conjuntos humanos masivos». Se trata de una ciencia humana, de las Humanidades. el Derecho penal presenta tres aspectos relacionados: por un lado, la prudencia política del gobernante, propia de la Política; por otro, la «moralidad» de los actos humanos, de cuya fundamentación racional participa también la Ética; y además, los juicios sobre la conducta humana considerada como exigible por la sociedad incluso con la amenaza de sanción, que es lo propio del Derecho como Jurisprudencia. De esas tres facetas, la escisión y ubicación del Derecho penal respondería a la segunda, sin renunciar a las otras dos. Y a la vez, supondría una opción por enfocar el Derecho penal no hacia la política, ni hacia la jurisprudencia, sino hacia la fundamentación racional del actuar humano. Si además se parte de la distinción de la legislación, que es acto de potestad, frente a la actividad jurisprudencial, que lo es de autoridad16, se entiende el Derecho penal como un saber no vinculado a potestad ni autoridad, sino orientado a la fundamentación racional del actuar humano. En todo caso, según entiendo, al menos más próximo a la auctoritas que a la potestas”.

[2] Me refiero a ensayos como el de Seelman, Estudios de filosofía de Derecho y Derecho penal de Seelman, o al reciente volumen colectivo Fundamentos filosóficos de Derecho penal, editado por Duff y Green, en el que diferentes especialistas desde los campos del Derecho Penal, la filosofía jurídica, moral y política exploran este nexo.

[3] Welzel es autor de libros como “Derecho Penal y Filosofía” (1.930), “Causalidad y Acción” (1.931) y “Sobre los valores en Derecho penal” (1933)

[4] Además de su presencia en sus obras sobre la dogmática penal, como Fundamentos del sistema penal, 1999, creo que la referencia clave es La libertad como pretexto, su monografía de 1999.

[5] Fundamentos del Sistema Penal. Acción significativa y derechos constitucionales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011. Cfr en particular pp. 327-328 y ss.

[6]  Me refiero a su “Ley, lenguaje y libertad (Sobre determinismo, libertades constitucionales y Derecho penal)”, Teoría y Derecho, nº 11, 2012, pp. 168-217 y a su ensayo sobre von Wright, “Presupuestos metodológicos de la dogmática de la omisión: Una reflexión desde el pensamiento de von Wright”, Teoría y Derecho, nº 15, 2014, pp. 258-275. El último, “Reivindicación de la concepción kantiana del Derecho y del delito: tras la libertad”, Teoría y Derecho, nº 25, 2019, pp. 134-157. Obviamente, dedicó no pocos trabajos a las nociones de acción y omisión en Derecho penal. Por ejemplo, trabajos como “Nullum crimen sine lege: comisión por omisión y dogmática penal”, Teoría y Derecho, nº 20, 2016, pp. 147-202.

[7] Las tesis de ambos juristas le sirven como ejemplo de la argumentación sobre determinismo y responsabilidad penal. Así, Vives (2012: 169) subraya la importancia de la conferencia que dictó Engisch en 1962 en la Asociación Alemana de juristas, publicada con el título Die Lehre von der Willensfreiheit in der strafrechts philosophischen Doktrin der Gegenwart en la que enunció su tesis del determinismo hipotético, compatible con la responsabilidad penal y la culpabilidad, que el propio Welzel consideró muy relevante en el abandono de las posiciones de libre voluntad por la doctrina penalista alemana.

[8] No adscribo a Tomás a la concepción analítica de la filosofía del lenguaje, centrada en el análisis del lenguaje por medio de la lógica formal. Tampoco, a la escuela analítica centrada en las exigencias de claridad y rigor de la argumentación lógica.

ESPACIO PÚBLICO Y ESTADO DE DERECHO. EL NAUFRAGIO DEL ALMA EUROPEA (versión ampliada del artículo publicado en el monográfico de la revista Tinta Libre, dedicado al tema ¿A dónde va Europa?, nº 114, junio de 2023, pp.4-7

Perdida en debates culturales e incluso filosóficos, algunos de incuestionable profundidad, como los de Steiner, Kundera, Enszerberger, Morin, o Habermas, hoy apenas nadie se plantea un debate sobre el alma de Europa, al estilo del lema electoral que Biden propuso en su campaña frente a Trump: recuperar el alma de América. Un empeño que, en el caso de los EEUU, apenas dos años después del respiro que fue la victoria de Biden, puede asegurarse que ya se ha saldado con el fracaso, ante la evidencia de una nación dividida como nunca, desgarrada por una polarización que sin duda se alimenta de la toxicidad que distribuyen las nuevas terminales mediáticas (cuesta decir, comunicativas). Lo cierto es que como ha mostrado quien quizá es el mayor especialista estadounidense en Lincoln, el historiador James Oakes, en su reciente libro The Crooked Path to Abolition. Abraham Lincoln and the antislavery Constitucion (2023), a partir de los archivos de Madison y del propio Lincoln, hubo dos almas en la Constitución norteamericana de 1787, una abolicionista y otra esclavista y ese es el origen de los EEUU como una nación dividida. Decretado hoy de nuevo por el trumpismo el fin de una narrativa constitucional que parecía proporcionar un cierto sustrato común, un poso de consenso sobre el que apoyarse o al que intentar regresar, con todas las operaciones de contextualización y las dosis de realismo posibles, no parece que quede ya un rastro de verdad a la que agarrarse para establecer espacios de encuentro en la tarea política, sustituidos por la confrontación. Y lo peor es que es que no resulta posible plantear esa confrontación remitiéndonos a hechos, datos, porque la nueva imaginación creadora, que desconoce límite alguno en su afán por ganar no ya el relato, sino la adhesión emocional traducida en el voto, cuenta con armas de eficacia desconocida en el arte de la manipulación del otrora espacio público. Goebbels no pudo soñar con instrumentos como los que hoy están al alcance de quienes manejan el inmenso tesoro que son nuestros datos y lo traducen en algorritmos que sirve para diseñar la nueva realidad: postverdades, “hechos alternativos”, que refuerzan esa adhesión emocional, las más de las veces mediante el rechazo inducido frente al monstruo en que se ha convertido al adversario político, de nuevo revestido de las características de enemigo.

Pero este proceso de degradación de la política como conversación o debate público, desgraciadamente, no es sólo un mal americano. Se trata de una estrategia que vemos repetida en Europa, por parte de los Orban, Salvini, o, entre nosotros, Díaz Ayuso, que ha adoptado como mensaje permanente traspasar cualquier línea roja, incluso más que Abascal, como ha ejemplificado en su delirante relato sobre ETA a las riendas del gobierno de España, reducido a su vez a la condición de sumiso ejecutor de las consignas terroristas-separatistas, frente a las cuales sólo podemos confiar en la nueva Agustina de la puerta del sol.

Un buen amigo y colega, Manuel Cruz, ha dedicado su último libro, El gran Apagón, a indagar en las causas del deterioro de la calidad democrática en las sociedades que, como la nuestra, se suponen estandarte de la mejor herencia política, la de la democracia liberal que aquí, en Europa, acentuó su vocación inclusiva mediante la herencia socialdemócrata. Y encuentra la raíz de esa pérdida, precisamente, en el abandono de las reglas y principios que, heredados de la cultura grecolatina y de la ilustración -pese a sus indiscutibles sombras: el esclavismo, el colonialismo son algunas de ellas-, dieron a luz el espacio público, la Öffentlichkeit, tal y como en su día desbrozara Habermas en el ensayo con el que ganó su habilitación a cátedra en 1962 (Strukturwandel der öffentlichkeit, traducido al castelllano con el equívoco título Historia y crítica de la opinión pública, que acaba de revisar, 60 años después, en un pequeño ensayo publicado en 2022, Ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit und die deliberative Politik).

Para entender cómo se ha producido esa degradación del debate público en que debería consistir la acción política (no sólo de los partidos: también y sobre todo de nosotros, los ciudadanos), me parece asimismo útil el libro de Beatriz Gallardo, Signos rotos, fracturas del lenguaje en la esfera pública, en el que mi compañera de la Universitat de València muestra dos procesos de quiebra que califica como brechas semióticas que han contribuido a esa tergiversación que hoy se ha adueñado del espacio público: la “reducción del discurso a una actividad de etiquetado de la realidad” y la confusión en torno a los lenguajes naturales entendidos como sistemas de señales y no como símbolos, lo que propicia que los mensajes sean entendidos o, mejor, interpretados -sobre todo, sentidos- desprovistos de contextualización, hipersubjetivizados, como insiste Gallardo, y así apropiados, convertidos en nuestros(la reafirmación de nuestra creencia),más allá de toda duda.

La consecuencia es que con ello desaparece el debate público sobre lo que interesa, esto es, sobre las acciones políticas encaminadas a la garantía equitativa de nuestras necesidades básicas, que no son sólo derechos individuales como la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, sino también y sobre todo bienes comunes, como el equilibrio con las demás especies y con la vida misma, el cuidado de las aguas, del aire, en suma, del medio ambiente sostenible, tal y como ha propuesto Luigi Ferrajoli en su imprescindible ensayo La Constitución de la tierra. La humanidad en la encrucijada. Ese debate, un eje básico de la política cotidiana, porque es el núcleo de la acción de control del ejercicio del poder, es sustituido por una confrontación de slogans, que buscan tocar la fibra de nuestros sentimientos más primarios, los de la identidad en clave defensiva, por encima del análisis concreto del cumplimiento de los objetivos a los que se supone que damos periódicamente nuestro consentimiento en los procesos electorales.

Y es precisamente a propósito de cómo gestionar ese debate por lo que quiero subrayar la necesidad de revivir el alma europea. Pero no hablo del alma cultural de Europa, un asunto complejo y plural, porque, aun reconociendo lo importante de la herencia que la constituye, la cultura europea es, como toda cultura, un proceso en marcha y un proceso que, cada vez más, debido al lógico despliegue de nuestras libertades, es construido por agentes muy diferentes, lo que significa sin duda conflicto, porque la vida lo es, como nos enseñó Heraclito.

Lo más importante del alma europea, a mi juicio, es precisamente haber institucionalizado la gestión del conflicto sujetándolo a normas, procesos e instituciones (eso que llamamos Derecho) que aseguran el equilibrio de nuestras libertades, de nuestros intereses, los todos los que convivimos en el espacio común. Conste que hablo de Derecho, pero no de legalismos ni de trapacerías leguleyas. Hablo del respeto a la concepción del Estado de Derecho, que adquiere particulares acentos cuando hablamos del modelo europeo.

Lo que pretendo decir es que la parte del alma europea que no podemos arriesgarnos a perder, es la que somete la negociación del conflicto a la arquitectura institucional que conocemos como Estado de Derecho. Un modelo de Estado de Derecho que los europeos que lo hicimos nacer como garantía de un espacio común de justicia y libertades, hemos adjetivado -con todos los matices que se quiera- como social. Y así entendemos el Estado de Derecho y el Derecho común europeo como garantía de la igualdad de nuestras libertades, comenzando, sí, por las cuatro que constituyen el corazón del proyecto europeo, las de circulación de personas, capitales, mercancías y prestaciones de servicio. Pero esas garantías son posibles porque nos sometemos a leyes comunes, iguales para todos, conforme al lema del Pro Cluentio ciceroniano “legum denique idcirco omnes servi sumus ut liberi esse possimus”. Nos sometemos a un Derecho común, estamos sujetos todos a leyes, para poder ser libres. Es el Derecho, más que el mercado, el que nos constituye como europeos: nuestro estado de Derecho regula, interviene, pone límites al mercado.

Pues bien, el alma jurídica europea vale también o, incluso mejor dicho, vale sobre todo cuando nos topamos con circunstancias excepcionales, porque es en esas circunstancias donde debe acreditar su primacía, ante una pandemia, una recesión y sí, una guerra. Por esa razón hay que insistir en que incluso frente a la guerra los europeos debemos querer la prevalencia del Derecho, lo que es tanto como decir que no queremos acabar la guerra con más guerra, sino con negociación, proceso y normas. De ese propósito de imperio del Derecho forma parte, desde luego, que nuestra mirada sobre esta guerra comienza por afirmar sin medias tintas que una agresión, como la de Putin contra Ucrania, es un crimen y ese ilícito internacional debe dar lugar a responsabilidades. Pero no las que impone a su gusto el vencedor que aplasta a su enemigo, sino las que deciden los tribunales, conforme a normas preestablecidas. Por eso, la posición de la Unión Europea ante la guerra no debe ser conseguir una victoria total sobre Rusia, que la deje humillada, sino más bien otra: la que propusiera Kelsen, asegurar la paz mediante el sometimiento al Derecho. Poner fin a la guerra y que hagan su trabajo la negociación y el Derecho.

LAS POLÍTICAS DE GENOCIDIO CULTURAL EN EEUU Y CANADA LLEGAN A LAS PLATAFORMAS TELEVISIVAS (versión ampliada del artículo publicado en Infolibre, el 25 de mayo de 2023)

Hoy quiero hablarles de lo que he visto en televisión en estas últimas semanas. Algo está cambiando para que la punta de lanza de la nueva industria de entretenimiento, las series que pugnan por nuestra atención en la televisión a la carta que nos ofrecen las plataformas, presten su atención al fenómeno del maltrato de los aborígenes en las reservas indias en los EEUU y Canadá, que incluye terribles episodios de niños obligados a dejar a sus familias, junto a miles de desapariciones de mujeres indígenas que no son objeto de investigación policial. Dos fenómenos que tienen muchas de las características del crimen de genocidio.

Las desapariciones forzadas, un crimen internacional narrado ya en el cine.

Las desapariciones forzadas de personas son un crimen internacional que una parte de la opinión pública vincula sólo con el contexto histórico del denominado Plan Cóndor, trazado de consuno desde la secretaría de Estado que desempeñara Kissinger y las cancillerías de algunas dictaduras del cono sur, que se extendió desgraciadamente en los años 70 y causó que miles de personas fueran “desaparecidas”, esto es, detenidas ilegalmente, encerradas en cárceles clandestinas donde fueron torturadas y muchas de ellas asesinadas, enterrada clandestinamente o arrojadas al mar desde los vuelos de la muerte, de forma particularmente masiva en Argentina y Chile. Lo ilustraron películas como Missing de Costa Gavras (1982), La historia oficial, de Luis Puenzo (1985), La noche de los lápices, de Héctor Oliveira (1986) y documentales como Nostalgia de la Luz, de Patricio Guzmán (2010).

Sin embargo, se trata de un fenómeno de alcance global, un recurso de dictaduras y regímenes autoritarios en cualquier rincón del planeta: podemos hablar del caso de Colombia (ilustrado por ejemplo en una serie documental de 2020, de la RTVC, La Búsqueda es contigo), de México (valga como muestra el documental Ayotzinapa. El paso de la tortuga, sobre la muerte y desaparición de 43 estudiantes), y de muchos otros países, desde América Central al Africa central, de Tailandia a Egipto o Israel y, por supuesto, en Rusia, o China, hasta alcanzar el rango de un genocidio masivo como sucedió bajo el régimen de los Khemer en Kampuchea, del que todos recordamos la película The killing Fields (Los gritos del silencio), de Roland Joffe, que ganó tres premios oscar en 1985, o en la represión masiva organizada por el general Suharto en Tailandia en 1965-66 tras el fracaso del golpe de Estado de una parte del Ejército contra el presidente Sukarno, y que está en el trasfondo de la película de 1982, The Year of Living dangerously (El año que vivimos peligrosamente), de Peter Weir. De otros regímenes, como el de Corea del Norte, ni siquiera podemos hablar, por su opacidad: son auténticos agujeros negros. Por supuesto, sin olvidar l herencia ominosa del régimen franquista que son miles de fosasen las cunetas, junto a fosas comunes, donde yacen -desaparecidos, sin poder ser localizados por sus familias- miles de personas asesinadas, como ilustra el documental El Silencio de los otros, de Almudena Carracedo y Robert Bahar, ganador de un Goya en 2018. 

Lo más grave es que también nuestras democracias occidentales se han visto implicadas en esas prácticas criminales, so pretexto de la denominada “guerra contra el terrorismo internacional”, declarada por la administración Bush y aún hoy no derogada, en la que los EEUU contaron con la complicidad en diverso grado de buen número de Estados occidentales y también de regímenes que aceptaron que transitara por su territorio o incluso que fuera el destino final de vuelos clandestinos en los que se hurtaba de un proceso legal a supuestos terroristas. Lo vimos también con motivo de la guerra contra Saddam Hussein, que nos dejó las terribles imágenes de Abu Ghraib. Sobre ello, me permito recomendar el libro de Consuelo Ramón La guerra contra el terrorismo, veinte años después. Zero Dark Thirty, en la colección Cine y Derecho de la editorial Tirant.

Niños maltratados y mujeres indígenas desaparecidas, manifestaciones de un proceso de genocidio cultural

Pero, como les decía, quiero referirme a otro tipo de desapariciones, que podemos vincular con una manifestación particular del fenómeno del genocidio y que no son exclusivos de un solo país, pues los hechos se repiten en los EEUU y en Canadá y, con otras características, en Australia. A ello se refieren un buen número de series norteamericanas y canadienses recientes, como Rutherford Falls, Dark Winds, o Bones of Crows. En España se puede ver varias de ellas: Reservation Dogs, Alaska Daily (Disney+), The English (HBO) y las creaciones del guionista de moda, Taylor Sheridan, para la plataforma SkyShowtime: Yellowstone y sus precuelas, 1883 y, sobre todo, 1923, que se desarrolla en los EEUU, en los años posteriores a la primera guerra mundial, en territorio de Montana .Todas ellas abordan de uno u otro modo las desapariciones y asesinatos de mujeres indígenas y el maltrato y desaparición e niños también aborígenes, manifestaciones del genocidio cultural indígena en los EEUU y Canadá.

En particular, el maltrato a niños indígenas arrebatados a sus familias y entregados a orfanatos religiosos donde fueron educados como sirvientes domésticos y desgraciadamente en no pocos casos como esclavos sexuales, es el telón de fondo de la primera temporada de la serie canadiense Three pine (Amazon Prime video), dirigida por Emilia di Girolamo y estrenada en 2022, que está inspirada en las novelas de la escritora canadiense de noir, Louise Penny y protagonizadas por el inspector Gamache, de la Sûreté de Quebec, que prestan atención a algunas de las primeras naciones habitantes de Canadá, como la  Kainai First Nation (https://www.nytimes.com/2023/01/03/arts/television/three-pines-louise-penny.html). Penny, por cierto, coescribió con Hillary Clinton la novela State of Terror, publicada en 2021 y que parece inspirada por la experiencia de la propia Hillary Clinton como 67ª Secretaria de Estado en la primera administración del presidente Obama.

De desapariciones y asesinatos de mujeres indígenas, que no son objeto de investigaciones policiales ni de procesos judiciales más que en un pequeño porcentaje, en este caso en Alaska, se ocupa la serie Alaska Daily, protagonizada por Hillary Swank y que puede verse en España en Disney +. creada por Tom McCarthy, se basa en una investigación real que llevaron a cabo el periódico Anchorage Daily News y Propublica (https://www.adn.com/opinions/2019/03/18/a-true-national-emergency-missing-and-murdered-indigenous-woman-and-girls/).Un informe del Urban Indian Health Institute hecho público en 2018 dejó constancia de que en 2016, se había denunciado que más de 5700 mujeres y niñas indias americanas o nativas de Alaska habían desaparecido y se temía que fueron asesinadas, aunque sólo en 116 casos quedaron registradas en la base de datos de personas desaparecidas del Departamento de Justicia. 

Quiero detenerme en el caso canadiense, porque su gobierno ha hecho un esfuerzo de investigación, en línea con la justicia restaurativa, que está ausente en el caso de los EEUU. Es sabida la admiración por la política de mosaico cultural de Canadá, de la que este país se ha mostrado orgulloso, por contraste con el falaz modelo estadounidense del melting pot. El nombre del país, es una muestra de ello, porque es una palabra de origen iroqués: parece establecido que proviene de la raíz iroquesa <kanata>, que significa “poblado”, “asentamiento” o “conjunto de cabañas”. Al parecer, cuando el explorador Jacques Cartier preguntó a un jefe indígena cómo se llamaba el pais, éste entendió que le preguntaba por el asentamiento de Stadeconé (donde hoy se encuentra Quebec) y le explicó que era un poblado (kanata). Cartier lo aplicó a todo el territorio.

Sin embargo, Canadá ha tenido que afrontar en los últimos treinta años todo un proceso de revisión del trato dispensado a las primeras naciones y, en particular, de los miles de casos de desapariciones de mujeres y de maltrato a niños indígenas en el programa de las denominadas Indian residential Schools, (cfr por ejemplo la website del gobierno canadiense https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/eng/1625663008357/1625663325319). Sobre ello me parece ilustrativo el trabajo de investigación de la periodista de radio Canadá, Delphine Jung (https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1977296/femmes-autochtones-disparues-financement-audette-enffada).

La existencia desde 1980 de una enorme cantidad de denuncias de familiares de mujeres indígenas desaparecidas y presuntamente asesinadas provocó que el premier Trudeau ordenase en 2016 la creación de una sección oficial de investigación, la unidad de Investigación Nacional sobre las Mujeres y Niñas Indígenas Desaparecidas y Asesinadas (INMNIDA), que en 2019 concluyó su informe, en el que sostienen que en Canadá se produjeron manifestaciones de lo que debe ser calificado como un verdadero genocidio (https://www.france24.com/es/20190610-canada-mujeres-indigenas-genocidio-decadas). El porcentaje de asesinatos y desapariciones de mujeres indígenas es 12 veces mayor que la de cualquier otro grupo demográfico, y los asesinatos de mujeres indígenas suponen el 25% de las víctimas de asesinato. Todo ello, pese a que la población indígena supone apenas el 5% de la población total de Canadá. La responsable de la investigación, Marion Buller, declaró al presentar el informe: «La dura realidad es que vivimos en un país cuyas leyes e instituciones perpetúan las violaciones de derechos fundamentales, en lo que supone un genocidio contra las mujeres, niñas indígenas» (https://www.france24.com/es/20190610-canada-mujeres-indigenas-genocidio-decadas). El informe incluye 231 recomendaciones para responder a los elevados niveles de violencia que sufren mujeres y niñas indígenas.

Paralelamente, el maltrato y la desaparición o al menos el ocultamiento de muertes de niños indígenas internados en orfanatos, también ha golpeado a la opinión pública. El Informe final presentado por la Truth and Reconciliation Commission de Canada (Comisión de Verdad y Reconciliación), recogió el testimonio de más de 7.000 personas sobre lo que sucedió a aproximadamente 150.000 niños aborígenes que, entre 1840 y 1966, fueron arrancados de sus hogares por el gobierno de Canadá, que los envió a internados manejados en su mayoría por organizaciones de la Iglesia católica (Indian residential Schools), en territorios alejados  (en Saskachewan, Columbia Británica y Alberta) en los que murieron y fueron enterrados al menos 6000 de ellos (https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/eng/1450124405592/1529106060525#chp2).

El informe calificó los hechos como un genocidio cultural: «Estas medidas eran parte de una política coherente para eliminar a los aborígenescomo pueblos diferentes y asimilarlos en la mayoría de la sociedad canadiense en contra de su voluntad…el gobierno de Canadá aplicó esta política de genocidio cultural porque deseaba separarse de las obligaciones legales y financieras con los pueblos aborígenes y obtener el control sobre sus tierras y recursos». Se trataba de “matar al indio en el niño”, como parte de una política de asimilación forzada.

A lo largo de 2021 y 2022 se descubrieron restos de centenares de enterramientos de niños en algunas de las 25 Indian residential Schools, en Alberta y en la Columbia británica. Hay que reconocer el esfuerzo de la administración Trudeau por reparar el daño causado a todas esas miles de personas, un esfuerzo que, por cierto, ya había provocado que en 2017 a que el primer ministro canadiense pidiera al Papa Francisco que la iglesia católica asumiera su responsabilidad en esta espantosa historia. El pontífice romano realizó en 2022 un “viaje de penitencia” a Canadá, en el que pidió perdón a las primeras naciones por esas terribles responsabilidades (https://ici.radio-canada.ca/rci/es/noticia/1900815/papa-francisco-pide-perdon-indigenas-canadienses). E un paso necesario, pero sólo un primer paso.

Buenas y malas noticias sobre nuestros derechos (versión ampliada del artículo publicado en Valencia City, 7 de mayo de 2023)

A la hora de hacer balance sobre el estado de los derechos, lo más frecuente es prestar la atención a ese tipo de informes que nos ofrecen la mayoría de las ONGS y que nos presentan un recuento de las violaciones de esos derechos y de los incumplimientos de sus garantías. Es más raro que nos proporcionen datos sobre cómo se lucha por esos derechos y cómo se gana (o no) en la exigencia de respeto de los mismos. Así lo hace en España, por ejemplo, el informe anual del Defensor del Pueblo (https://www.defensordelpueblo.es/informe-anual/informe-anual-2022/). La lectura de este tipo de informe nos muestra una tendencia sostenida, creciente, de incremento de las quejas y recursos de los ciudadanos respecto al reconocimiento efectivo de sus derechos, en particular por lo que toca a sus relaciones con las administraciones públicas, a la prestación de los correspondientes servicios públicos; incluido, por cierto, el de justicia.

Pues bien, aunque es preciso reconocer el valor del primer tipo de informes o balances, quiero destacar la utilidad de los segundos. Una utilidad que consiste sobre todo en dar prueba de que se dan pasos importantes en el avance hacia una cultura de derechos tomada en serio, algo imprescindible en toda sociedad que se llame democrática y que aspire a ser regida por el Estado de Derecho. una cultura de derechos que en nuestro país presenta aún enormes deficiencias.

Lo primero que hay que recordar al hablar de estos asuntos es que no debemos dar nada por hecho. Porque como es bien sabido, en materia de nuestros derechos (no digamos nada si se trata de derechos humanos o de derechos fundamentales) nada se puede dar por adquirido. Lo que me lleva a recordar dos tradicionales noticias –una mala y otra buena-, que enseñamos a nuestros alumnos de primero de Derecho y que, a mi juicio, deberían enseñarse ya desde la ESO a todos los estudiantes.

Comencemos por la mala. Desengañémonos: nadie nos va a regalar lo que con toda razón podemos llamar lo más nuestro, nuestros derechos. Ni los que ya están reconocidos, ni los <nuevos derechos> por los que pugnamos: por ejemplo, para que se incluyan en el texto constitucional como derechos fundamentales, incluso en el capítulo 2 del título primero, en donde se enuncian los derechos que gozan de una garantía reforzada de protección (a diferencia de los que se consideran meros <principios orientadores de la política social y económica>, como el derecho a la vivienda, para poner quizá el ejemplo más clamoroso de la necesidad de reconsideración). Menos aún si quienes deben gestionar lo nuestro (los gobiernos) y -correlativamente- a controlar su gestión (la oposición), se enfangan en esa narrativa centrada en la disputa partidista por el poder (“quítate tú, que vengo yo”), y no en lo que nos interesa, lo nuestro de todos y lo nuestro de cada uno. Y eso vale para los derechos que la mayoría ya tenemos suficientemente garantizados, como también para aquellos a los que una parte significativa de la población sigue aspirando, aunque no sean nuevos. Nunca ha sido así, ni lo es hoy, bien sea que hablemos del cambio climático, las listas de espera, la ampliación del puerto, los derechos de inmigrantes y asilados, o esa aspiración que son hoy por hoy los neuroderechos. Y si nos encontramos en tiempos difíciles, todavía peor.

Y ahora, la buena: con los derechos pasa como con la bicicleta: si dejamos de pedalear, no avanzaremos, aunque tengamos el impulso inicial. Dicho de modo menos pedestre, los derechos se mantienen garantizados gracias sobre todo a nuestro trabajo ciudadano, a nuestra presión sobre quienes los gestionan en nuestro nombre. Una presión que tiene éxito si nos tomamos en serio esta exigencia de ciudadanía activa que consiste en tomar la palabra para denunciar, para protestar, para exigir, por todas las vías que se nos ofrecen en democracia, entre las que incluyo -como último recurso, legítimo- la desobediencia civil. Digamos algo más de esas vías. La primera es nuestro voto, que supone un contrato con quien nos ofrece el programa que, a juicio de cada uno, es más convincente para el reconocimiento y garantía de los derechos, con mayor atención cada vez a los derechos sociales, pero sin descuidar los demás. Pero después del voto, no debemos desentendernos: tenemos que dedicar parte de nuestro tiempo al control, a la denuncia, a la queja y lo haremos de forma más eficaz si nos asociamos, si actuamos en común. Se trata de hacer nuestro el Derecho, esto es, tomar conciencia de que el derecho no es una herramienta que sobrevuela sobre nosotros con la amenaza de caer sobre nuestras cabezas, sino un instrumento del que disponemos, porque en democracia el Derecho debe estar al servicio de nuestras necesidades, de nuestros derechos y por tanto somos nosotros los que debemos ponerlo en acción, con arreglo a las reglas de juego de las que nos hemos dotado.

Para que el Derecho fructifique a favor de los derechos -de los de todos, que deben conjugarse sin daño para el otro- me permito recomendar, la propuesta de la filósofa Simone Weil en su maravilloso ensayo La Ilíada o el poema de la fuerza, cuando nos sugiere cuatro guías de conducta para hacer valer la dignidad y la fraternidad sobre la fuerza: no dejarse llevar por la admiración, por el poder de atracción que tiene la fuerza y quienes la ejercen; no odiar a nuestros adversarios y ni siquiera a nuestros enemigos; no confiar en la suerte y por último, y muy importante, no despreciar a quienes por diferentes circunstancias, se encuentran en los márgenes de la sociedad, a los que ella considera “los desdichados”, sino reconocer su dignidad desde su diferencia.

DERECHOS, DESEOS Y CAPRICHOS: EL AFÁN DE FILIACIÓN

Ser madre, o padre, no es un derecho. En todo caso, es un deseo, una expectativa. Como tal, puede ser legítimo, siempre que no se utilice a nadie como un objeto, como un medio y siempre que no se cause un daño a terceros. Pero no entra en la exigibilidad y garantía que hemos dispuesto para los derechos. Dejando aparte traumas personales o deseos profundos con los que es posible empatizar, un deseo no es un derecho. Una frustración personal o familiar no justifica l existencia de un derecho. Aunque se tenga todo el dinero y la influencia de una o uno de esos personajes que conocemos como celebrities, de esos que gustan airear o incluso hacer negocio con los detalles más íntimos de su vida personal.

Para quienes no les resulta posible realizar ese deseo por la vía biológica más sencilla, por diferentes razones que configuran una casuística considerablemente compleja, las técnicas bioreproductivas han abierto alternativas, lo que en principio hay que saludar como buena noticia. Ahora bien, no es unánime la respuesta que ofrecen los diferentes ordenamientos juridicos ante las distintas posibilidades de reproducción artificial y muy concretamente ante lo que conocemos como modalidades de gestación subrogada (que, en muchos casos, se justan en realidad a los denominados «vientres de alquiler)»).

Una primera consideración que me gustaría subrayar es que, existiendo como existe la posibilidad legal de la adopción -también la adopción internacional-, que en buena parte de esos ordenamientos, como el español, está muy regulada, sometida a estrictas reglas para garantizar el respeto a los derechos de todas las partes implicadas, y existiendo como existen millones de casos de niños que tienen difíciles expectativas de vida y cuya suerte mejoraría si son adoptados, la práctica de la gestación subrogada exige, a mi juicio, un plus de justificación. Dicho de forma simplista, creo que en la respuesta jurídica ante esas expectativas de maternidad o paternidad debería primar la adopción por sobre el empeño de que la filiación sea biológica, un empeño que puede parece demasiado próximo al capricho, si existe la alternativa de la adopción. Bien es verdad que el lógico régimen garantista de las adopciones -no digamos de las internacionales- puede dilatar considerablemente en el tiempo ese proceso.

En nuestro país, el régimen legal es claro: no hay lugar a la gestación subrogada, sea con elementos biológicos de los padres que la contratan, o no. El legisiador -con muy buen criterio a mi juicio- entendió que los supuestos de gestación subrogada altruista -aquellos en los que no media ningún tipo de pago a la madre gestante- son más bien escasos y que en la mayoría de supuestos nos encontramos ante prácticas de <vientres de alquiler>, que reúnen indiscutibles elementos de explotación de las mujeres gestantes y que no garantizan que el bebé no sea tratado como una mercancía más. Se trata de supuestos en los que hay un grave riesgo de que infrinjan un principio kantiano básico (una de las modalidades del imperativo categórico), que inspira todo Derecho míimamente garantista: la prohibición de tratar a ningún ser humano como un instrumento, un medio, un objeto.

En todo caso, es preciso reconocer que esta prohibición no resuelve el problema que plantean los padres o madres españoles que , individualmente o en pareja, acuden a países donde es legal la gestación subrogada y una vez nacido el bebé, lo traen de vuelta a España, lo que supone la necesidad de inscribirlo legalmente en nuestro país. Porque está claro que en todos estos procesos debe haber una prioridad sobre cualquier deseo o incluso sobre cualquier otro derecho: proteger el interés superior del menor, es decir, del bebé en cuestión.

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Una celebrity que compra un niño por gestación subrogada, finge salir de un parto con una imagen en silla de ruedas cuando no ha parido al bebé que lleva en brazos y da el reportaje a su revista de cabecera se parece demasiado a un negocio y demasiado poco a un derecho. Por no hablar del niño-regalo o muñeco y de la dudosa falta de respeto a sus derechos y a los de la madre gestante. Luego hemos sabido que se trataba del cumplimiento del deseo de su hijo de tener a su vez otro hijo. Habría así una forma extraña de piedad filial y de duelo que, en lo personal, puede ser comprensible. pero n hablemos de derechos: los deseos de una sexagenaria rica no pueden confundirse con derechos

EDGAR MORIN Y LA FECUNDIDAD DE LA VEJEZ (A propósito de una entrevista de Joseba Elola)

Tuve la suerte de conocer a Edgar Morin, hace muchos años, en casa de Sami Naïr. Comenzó así una relación que, si bien no puede calificarse de estrecha amistad, ha sido para mí muy enriquecedora, No olvidaré, por ejemplo, que, en una de las muchas estancias de trabajo en Paris, con Irene y Consuelo, nos alojamos durante un verano en un apartamento -nada menos que en rue des Ecoles- que nos proporcionó la inolvidable Edwige, su mujer, gracias a la mediación de Sami. Y luego compartimos con él muchos encuentros, en Paris y también en Valencia. Por ejemplo, Edgar pasó unos días en Valencia con motivo de la primera estancia de Sami en nuestra Universitat, como profesor invitado y también gracias a la relación con el entonces director del Institut Français en Valencia en aquella época, buen amigo de Sami y del propio Morin. Recuerdo cómo nos contaba que, durante su estancia como profesor en Berkeley, escogía sus horarios de forma que le permitiesen seguir la primera temporada de Star Trek, una serie de la que se hizo fanático. Es la época en la que Edgar acuñó la expresión «cultura ye-yé » (yeah-yeah) para definir ese momento cultural, una fórmula que tuvo un éxito inmediato, algo que hoy recordamos sólo algunos dinosaurios…

Edgar Morin ha mantenido una relación especial con la Universitat de Valéncia gracias a Ana Sánchez, discípula y buena amiga suya, que impulsó su doctorado honoris causa y que editó «Pensar la complejidad», el libro de Edgar Morin publicado por la Universidad de Valencia con esa ocasión. Por supuesto, como decía, su relación con Valencia se incrementó gracias a nuestro Sami, que le invitó a dictar conferencias en la Cátedra Mediterráneo y en la cátedra Cañada Blanch que en su momento dirigió el propio Naïr. También gracias a Sami visitó la Universidad de verano de Guardamar, a la que le invitamos. Por eso, este intelectual, que ha pensado como nadie el Mediterráneo, que lucha por una idea de Europa que muchos compartimos y que es uno de los grandes intelectuales contemporáneos, es también nuestro, valenciano…

Ahora, esta suerte de vida extra de Edgar Morin, marcada por su carácter centenario, en la que se ha embarcado con tanta energía vital, intelectual, espiritual, es un regalo para todos. A quienes hemos entrado en eso que antes se llamaba la tercera edad y que andamos echando mano de Marco Aurelio, de Séneca o de Cicerón, para saber cómo acomodarnos a esta última etapa vital, que identificamos con el célebre aserto de De Gaulle («la vieillesse: quel naufrage!»), nos viene muy bien el contra`punto que muestra Morin, que sabe que la muerte es una realidad próxima y al mismo tiempo da prueba (como lo hiciera también el gran Saramago) de la mejor manera de afrontar esta etapa: con amor, con energía vital, sin dejar de pensar en cómo entender el mundo y cómo tratar de ayudar a los demás a entenderlo y a mejorarlo…

Todo eso lo muestra muy bien Joseba Elola en la entrevista que hoy publica Ideas…

https://elpais.com/ideas/2023-04-29/el-filosofo-edgar-morin-a-sus-101-anos-mientras-estoy-poseido-por-las-fuerzas-de-la-vida-el-espectro-de-la-muerte-retrocede.html

LA NATURALEZA DE LA EXCEPCIÓN. SOBRE LA LÓGICA JURÍDICA DE NUESTRO DERECHO MIGRATORIO (Versión ampliada del artículo publicado en Infolibre, 24 de abril de 2023)

La emergencia migratoria: el mensaje de Meloni

El lector de este periódico conoce a buen seguro la decisión del gobierno Meloni de declarar el “estado de emergencia” ante la supuesta crisis migratoria que viviría Italia  en este año 2023, crisis cuya espoleta fue una enésima tragedia, el naufragio ante Steccatto di Cutrio, en las costas de Calabria, de una patera con un número estimado de 180 a 200 inmigrantes, de los que sólo se rescató con vida a 81 y se hallaron los cadáveres de 66 de ellos, incluidos varios niños.

Junto a esa tragedia, elgobierno italiano ha alegado para justificar esta decisión de excepción el incremento de las llegadas diarias, no sólo en la ruta del Mediterráneo central que conduce hacia Sicilia y las islas próximas, como Lampedusa, sino también a través del mar Jónico. Italia sería el país europeo con el mayor número de llegadas de inmigrantes irregulares, a través del Mediterráneo.

Se trata de una decisión que es susceptible de análisis desde muy diferentes claves. Predomina la interpretación evidente de que se trata una vez más del recurso a la mano dura frente a la <amenaza migratoria>, un discurso antaño característico de le extrema derecha y que hoy ha contaminado a toda la derecha. Peor aún, la izquierda, desde hace decenios,  parece desconcertada incapaz de articular políticas migratorias alternativas, so pretexto de la pérdida de votos que éstas suponen, en particular por parte de sus otrora votantes de la clase obrera y de los trabajadores precarios, hoy fieles votantes de la extrema derecha que les promete acabar con la competencia desleal que supone la “invasión” de inmigrantes en el mercado de trabajo.

A mi juicio, los socios más extremistas del gobierno italiano sí parecen partidarios de tesis conspiranoicas como la del «Gran reemplazo» demográfico y cultural que habría detrás de la llegada “masiva” de inmigrantes, la tesis que defendió Renaud Camus en un libro publicado en 2015 y que se convirtió pronto en best seller (https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/11/09/renaud-camus-aux-origines-de-la-haine_6018573_823448.html). Pero el discurso de Meloni y su iniciativa de declaración del estado de emergencia debe interpretarse sobre todo en clave europea y no sólo conforme al tópico simplista del cierre de fronteras y criminalización de la inmigración, como mensajes estrella tradicionales de la extrema derecha europea. No es la primera vez que los gobernantes italianos (y los españoles) denuncian una política insolidaria y egoísta de la UE, marcada por los intereses de los países del centro y norte de la UE, como trataré de mostrar.

Indiscutiblemente, es verdad que en esta medida pesa en primer lugar la clave de política interna, ese recurso populista propio de la derecha extrema (Meloni) y de la extrema derecha (Salvini), que consiste en agitar la amenaza migratoria según el manual con el que se viene manejando desde hace décadas, si no desde hace siglos: baste pensar en el cliché del campesino polaco como arquetipo de migrante, estudiado por Znaniecki y Thomas en su clásico The polish peasant in Europe and America (1918) y que ya había sido abordado por Marx y Engels en 1848 ahora renovada con esa narrativa del ”gran relevo”, que manejan los grupos supremacistas de la extrema derecha , ya sea los norteamericanos como Bannon, o los europeos como Orban, Morawiecki o Salvini. La novedad (sólo aparente) es que a ellos se suman también las élites gobernantes de las sociedades magrebíes, que previenen contra la invasión de inmigrantes “negros” subsaharianos, como lo ha hecho el presidente autoritario de Túnez, Kaïs Saied, cuyo discurso abiertamente xenófobo y racista ha sido denunciado por ejemplo por la muy influyente AlJazeera. Es significativo que el presidente Saied muestra su política de cierre como alineada con los intereses de la política migratoria de la UE, cuando lo cierto es que la deriva antidemocrática del régimen que ha impuesto en Túnez ya ha abierto la espita para la huida de los jóvenes tunecinos que buscan en Europa una vida digna. Es decir, que Túnez se suma a los países del Magreb  (Libia, Marruecos, en menor medida, Argelia) e incluso del Masreq (Egipto, Turquía), que son puntos de tránsito o incluso de origen de desplazamientos migratorios en el Mediterráneo.

Como he recordado, no es una novedad la utilización de la inmigración como espantajo emocional de gran eficacia populista, y aún más en períodos electorales, revestido de aparentes análisis estadísticos, objetivos. Se enarbola el mensaje de los inmigrantes como invasión, como amenaza, en tres aspectos: como dumping en el mercado de trabajo; como ejército de reserva de la delincuencia; como riesgo de pérdida de identidad cultural y nacional.

Ahora bien, junto a esa clave interna de la medida del gobierno italiano, cabe también, insisto, una lectura en clave “europea” que, si nos despojamos de los clichés, está lejos de ser sólo un contencioso italiano, porque en el fondo apela a una reivindicación que, en buena medida, es común a la que viene presentando el Gobierno de España ante —frente a— los socios europeos (incluida la Francia de Macron, que pronto abandonó la hipótesis de un frente de la Europa del sur) y, en menor medida, al de Grecia, respecto al non nato pacto europeo de migración y asilo y a la vigencia del modelo Dublín, en virtud del cual, con el fin de evitar lo que los países del centro y norte de la UE denominan “movimientos secundarios”, se establece la regla de que los países del sur de Europa, a los que llegan esos desplazamientos en el ámbito del Mediterráneo, han de hacerse cargo en exclusiva de esos contingentes (véase, por ejemplo, este análisis de Enric Juliana)

Así pues, sin discutir lo demagógico de la medida en clave interna, lo que pretende Meloni es un aldabonazo ante Bruselas, para apelar a la responsabilidad conjunta y solidaria europea en materia de política migratoria, con el establecimiento de un reparto equitativo de las cargas de la inmigración. Esta iniciativa de Meloni supone, por tanto, una estrategia coincidente con la política que ha impulsado el gobierno español, aunque habría que matizar: más con la del Ministerio del Interior que con la del Ministerio de Migraciones. Se trata de combinar el cierre de fronteras a los inmigrantes y a las ONGs que los rescatan, con convenios de colaboración bilateral con los países de origen y tránsito. Esta cooperación bilateral en la que coinciden Marlaska y Meloni es sobre todo una suerte de toma y daca con gobiernos de carácter que, en el mejor de los casos, son autoritarios (Marruecos, Mauritania, Libia y, en el caso español, Senegal y Nigeria; Somalia en el caso italiano), para asegurar el control policial de los flujos migratorios y sin tratar de tocar la política infame de esos gobiernos en materia de derechos humanos, algo que, evidentemente, repercute sobre los inmigrantes que son la moneda de cambio de esos acuerdos. 

Una asociación con países terceros, que no es tal

Buena parte de los estudiosos de las políticas migratorias y también de quienes trabajan en la gestión y acogida de los desplazamientos masivos de población desde las ONGs, hemos estudiado y denunciado desde hace décadas lo que consideramos mecanismos de externalización de fronteras, propios de un modelo de relaciones bilaterales entre países de origen y tránsito de los movimientos migratorios y países de recepción o destino de los mismos, en el que prima la concesión de ayudas económicas, inversiones en esos países y cláusulas de nación más favorecida, supeditada a la condición de que cumplan con el papel de policía malo, que no respeta los derechos humanos y las garantías básicas de los mismos en lo que se refiere a los inmigrantes, en aras de la contención de los flujos migratorios y, en su caso, la colaboración en las detenciones en caliente y en las subsiguientes deportaciones, eufemísticamente denominadas devoluciones, una confusión que los juristas que nos ocupamos de políticas migratorias hemos denunciado hace mucho tiempo y algunos parecen descubrir con gran sorpresa ahora. Y es que el lenguaje del derecho migratorio está lleno de esas trampas, como la del calificativo ilegales. O como hablar de devolución, cuando no se retorna al inmigrante expulsado al país del que es nacional, sino a otro por el que se supone ha pasado, antes de llegar a nuestras tierras europeas. Peor aún, cuando el destino de esos inmigrantes “devueltos” son cárceles, o infames centros de internamiento en países con gobiernos abiertamente refractarios al respeto de los derechos humanos, como Mauritania, Marruecos o Libia. Aunque para hipocresía y violación de la legalidad internacional, las medidas de los gobiernos de Dinamarca y el Reino Unido que exportan a los demandantes de asilo que llegan a sus fronteras al enviarlos a países como Ruanda, a la espera de su tramitación. Sin demagogias ni exageración, es una nueva versión de un viejo negocio, el de tráfico de seres humanos, tratados como carne de cañón.

Con todo, esto no es lo más preocupante de cuanto viene sucediendo en materia de política migratoria y de asilo en la Unión Europea. Hay algo más grave, una constante que pone en tela de juicio la credibilidad de la UE como espacio de libertad, justicia y seguridad, basado en el Estado de Derecho.

La disyuntiva de las políticas migratorias: Estado de Derecho o estado de excepción

En el año 2007 se publicó un pequeño libro de conversaciones con la eminente profesora y jurista francesa, Daniele Lochak, una de las grandes referencias internacionales en Derecho de la inmigración, además de militante reconocida en la defensa de los derechos humanos y en particular de los de los inmigrantes (por ejemplo, fundó y presidió el Groupe d’information et de soutien des immigrés, GISTI). 

El título del libro era de suyo elocuente –Face aux migrants. État de droit ou état de siège (Ante los inmigrantes: Estado de Derecho o estado de excepción)– y tuvo un gran impacto entre quienes nos dedicábamos al estudio y la crítica de los instrumentos jurídicos de las políticas migratorias en Europa, pues enfrentaba dos lógicas jurídicas, dos concepciones sobre lo que debe ser la regla general y lo que puede ser la excepción, por referencia a las políticas migratorias. Es la disyuntiva básica que debe afrontar cualquier instrumento jurídico de política migratoria y de asilo: elegir entre entender que siempre está vigente la regla del Estado de Derecho, o hacer del estado de excepción la regla a seguir cuando se trata de esta materia. Desgraciadamente, la experiencia nos muestra que, mientras proclamamos lo primero como regla absoluta, nos entregamos a la excepcionalidad cuando se trata de las políticas migratorias. Lo diré con cierta contundencia: todos los gobiernos europeos proclaman su lealtad a las exigencias del Estado de Derecho, la premisa sobre la que se asienta la propia Unión Europea. Afortunadamente, los Estados de la UE se asientan sobre ese cimiento jurídico y lo respetan en líneas generales. Por eso, los europeos vivimos una condición privilegiada, un espacio de libertad, seguridad y justicia. Pero ningún gobierno europeo –ni la propia UE–es capaz de resistir la tentación de entregarse a la lógica del estado de excepción, cuando se trata de la política migratoria y hoy, incluso, respecto al asilo.

El estudio de los instrumentos normativos europeos, del Derecho migratorio y de asilo europeo (con la excepción de una parte de la jurisprudencia de algunos tribunales nacionales y de los tribunales europeos, aunque no exenta de contradicciones), conduce a esta conclusión: en el espacio normativo migratorio domina la lógica de la excepción como estatus propio de los inmigrantes, una lógica jurídica contraria a la del Estado de Derecho. Recordaré aquí algunas consideraciones elementales: ciertamente, lo propio del Estado de Derecho es la igualdad ante la ley, la primacía de los derechos humanos y fundamentales y la garantía de éstos por los tribunales, lo que supone el control judicial de las actuaciones de la administración cuando están en juego esos derechos. Es verdad también que, en un Estado de Derecho, se pueden producir situaciones excepcionales (catástrofes naturales, epidemias, intentos de golpe de Estado, o guerras, por ejemplo) en las que hay que reducir o suspender algunas de esas características, pero los Estados de Derecho se caracterizan por establecer de forma precisa y tasada –normalmente en sede constitucional– cuándo y por qué se pueden adoptar esas excepciones y requieren su revisión concreta por el Parlamento.

El problema, pues, no es que se puedan producir situaciones específicas que obliguen a adoptar medidas excepcionales que suspendan esos rasgos en lo que se refiere a la política migratoria en un momento concreto. El problema es que el Derecho migratorio se caracteriza por la suspensión o incluso anulación de esas características como criterio general. Baste pensar en lo que sucede en el ámbito del Derecho migratorio con algunas piezas básicas del Estado de Derecho: la presunción de inocencia (por algo se habla de ilegales), la reducción de la seguridad jurídica, la anulación del principio del favor libertatis, la suspensión o anulación del derecho a la tutela judicial efectiva (incluido el derecho a defensa), la adopción de penas de privación de libertad como sanción para conductas que no son ilícitos penales sino irregularidades administrativas, la creación de centros como los CIE, que son un tertium genus entre las prisiones y los centros de acogida y reúne lo peor de unos y otros, el laberinto administrativo que se impone a los inmigrantes para el reconocimiento y garantía de derechos que son derechos humanos elementales, o en el colmo, el desprecio por el principio de interés del menor en lo que se refiere a menores inmigrantes, a los que se trata antes como inmigrantes (e inmigrantes ilegales), antes que como menores.

El funcionamiento agotador, desesperante, de los trámites para obtener asilo es el último giro de tuerca que se está produciendo en esa lógica según la cual el inmigrante, el desplazado que pretende obtener un lugar seguro y una vida digna (¡nada menos!) es un ser humano de segunda categoría, para el que se crea un derecho, unas normas, distintas de las que rigen nuestra vida, la de los ciudadanos europeos, que no es que seamos ciudadanos mientras ellos son extranjeros, sino que, en realidad, somos más seres humanos que ellos. Voy a referirme a dos ejemplos.

El primero es el penúltimo escándalo, botón de muestra de esa lógica según la cual no se les puede aplicar los inmigrantes, ni aunque sean niños, el mismo trato ante la ley: es una noticia que saltó a la luz a comienzos de año 2023: el caso de la negativa a regularizar a una menor que vive en España desde que tenía apenas unos meses de vida (ahora cumple 11 años), pese a que está empadronada y escolarizada, y pese a que sus padres tienen la documentación en regla: su padre lleva 20 años trabajando en España y su madre reside legalmente desde hace 11 años, cuando la niña apenas tenía unos meses. Su abogado, el conocido experto en derecho de extranjería, Paco Solans, el Defensor del Pueblo y el Ministerio de migraciones señalaron que contaba con toda la documentación requerida y recordaron el principio supremo de interés del menor, que no puede ser orillado por el hecho de que ese menor sea inmigrante. Pese a ello, la comisaria de extranjería insiste en rechazar esa regularización. Insisto: es un caso, pero la vida cotidiana de los inmigrantes en su contacto ante el Derecho está dominada por la inversión del principio de igualdad ante la ley. Cualquier trámite que, aunque pueda suponer alguna molestia para los ciudadanos españoles, se resuelve con normalidad, es un laberinto en el que la seguridad jurídica y la igualdad se ponen en cuestión por el hecho de ser inmigrantes, incluso aunque tengan la documentación en regla. 

El segundo ejemplo lo obtengo de un ensayo publicado a comienzos de este año de 2023, por una de las juristas más brillantes que conozco en materia de Derecho migratorio y de asilo, la profesora  Alexandra Castro  (“La protection temporaire dans le monde: une réponse ordinaire à des situations d’exil exceptionnelles”: https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/note_castro_protectiontemporaire_2023.pdf), en el que analiza y pone de relieve esta lógica de la excepción en un penetrante estudio de la respuesta europea al exilio forzado ucraniano. La profesora Castro explica que la activación de la directiva de protección temporal por parte de la UE en este caso, pese a que se trata de un dispositivo legal previsto normativamente para supuestos muy concretos y de carácter evidentemente excepcional, plantea el problema de una lógica de protección provisional, discrecional y en no poca medida precaria, pese a la indiscutible generosidad con la que se ha aplicado por gobiernos vecinos y por otros, como el español. En realidad, subyace, como escribe Castro, “una estrategia política de control de las poblaciones desplazados, junto al intento de protección humanitaria, y, en la medida en que la guerra de Ucrania se prolongue, añade, “los gobiernos europeos de verán rápidamente confrontados a la realidad de la inserción a medio y largo plazo de esos desplazados”, lo que sacará a la luz las contradicciones de una lógica de excepción frente a la lógica del Estado de Derecho, que exigiría más bien seguir la vía regular y comprehensiva de la protección internacional ordinaria propia del derecho de refugiados y desplazados.

Hay alternativas viables para establecer políticas migratorias que cumplan con las exigencias del Estado de Derecho 

Hay que repetir que, sin buenismos ni ingenuidades, existen propuestas viables, que permiten poner en marcha políticas migratorias realistas, eficaces y legítimas, que respeten las exigencias del Estado de Derecho.

Se trata de exigir, en primer lugar, el establecimiento de vías regulares, seguras y asequibles para los inmigrantes, que pongan en primer término el reconocimiento y garantía efectiva de los derechos, como demandan no sólo las ONGs (véanse las  medidas propuestas por CEAR para la presidencia española en materia de política de migración), sino el pacto global sobre migraciones seguras, ordenadas y regulares adoptado por la ONU en diciembre de 2018, que rechaza el trato penal a los inmigrantes como regla, los centros de internamiento como medida estrella y, por supuesto, la violación del principio de interés prioritario del menor. El establecimiento de esas vías legales, seguras, regulares y asequibles es la manera de reducir el negocio de los miserables traficantes de carne humana, además, obviamente, de no cejar en su implacable persecución policial (en lugar de la repugnante connivencia que hemos conocido de Frontex con esas mafias y con los regímenes que hacen negocio con ello, como el de Libia). Junto a ello, claro está, hay que requerir que las normas y principios del Estado de Derecho se respeten en las fronteras, que no pueden ser territorios de excepción en los que no se cumplen esas exigencias. 

Hay que establecer en segundo lugar convenios con los países de origen y de tránsito de esos desplazamientos, para que colaboren en una gestión que resulte en beneficio de las sociedades de esos países y de las nuestras, y de los propios inmigrantes, de acuerdo con un modelo de colaboración en el que se ponga en valor el progreso en las tres “D”, en esos países: derechos humanos, democracia y desarrollo humano. Las cláusulas de compensación en esos convenios no deberían condicionar nuestra contrapartida sólo a su tarea policial, sino a sus avances en esos tres ámbitos.

Finalmente, hay que apostar por otro sistema de acogida e integración de los inmigrantes, algo que se juega en gran medida en el ámbito municipal y autonómico y que en nuestro país ha comenzado a ponerse en práctica, por ejemplo, gracias a las medidas adoptadas desde el Ministerio de Migraciones (como la reforma del reglamento de extranjería para favorecer el acceso de los menores inmigrantes al mercado laboral cuando llegan a la mayoría de edad), pero también con la recuperación de la lógica de acogida e integración que pusieron en pie los PECI, los Planes Estratégicos de Ciudadanía e Integración, en los que municipios y Comunidades Autónomas deben tener un papel protagonistas, con una importante ayuda financiera de la administración central. En ciudades como Barcelona, Sevilla, Valencia o Vitoria, en Comunidades Autónomas como Cataluña, el País Vasco, Navarra o la Comunidad Valenciana, existen ya importantes iniciativas y experiencias que hay que apoyar. Pero su concreción es asunto para otro día.