SOBRE LA GUERRA PERPETUA (artículo publicado en el Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura, nº 38, 2022, pp.157-185)

  1. La guerra, condición ontológica, horizonte existencial

En mi contribución a este monográfico del Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura sobre la guerra, quiero plantear el debate en torno a la continuidad de la pertinencia de la prohibición de la guerra como ilícito, tal y como es enunciada en la Carta fundacional de la Organización de las Naciones Unidas, en un contexto que, para muchos, marca un verdadero un punto de inflexión en las relaciones internacionales, con un posible retorno al modelo de guerra fría y al enfrentamiento entre bloques. Me refiero, claro, a la guerra en Ucrania, fruto de la invasión -de la agresión, diría, en términos precisamente jurídicointernacionales- por el régimen de Putin y que en realidad no es un hecho nuevo, pues hay que situarlo en el proceso que se inició con la anexión de Crimea por la Federación Rusa en 2014 y asimismo en la guerra larvada que se vive desde hace años en el Dombás, en las regiones fronterizas de Donetsk y Lugansk, de soberanía ucrania, pero con fuerte presencia rusa. Dicho de otro modo, el propósito de estas páginas es contribuir a discutir la hipótesis de la “guerra perpetua”, esto es, la guerra como condición existencial y los intentos de respuesta por parte del Derecho.

Comenzaré por recordar que la guerra recorre como un verdadero rubrum, un hilo rojo básico, la mayor parte del pensamiento y aun de la experiencia histórica de occidente, lo que permitiría sostener la tesis de que la guerra es nuestro horizonte existencial, incluso nuestra condición ontológica[1]. Lejos de ser un fenómeno ocasional, es una constante, incluso una constante que con el tiempo se ha hecho ineliminable, como lo prueba el hecho de que, en los últimos ochenta años, cuando creímos que habíamos aprendido la lección terrible de dos conflictos bélicos mundiales, no ha habido un día sin alguna guerra en nuestro planeta.

Que la guerra nos acompaña constantemente, hasta el punto de que puede hablarse de ella como uno de los rasgos ontológicos de la humanidad, de nuestra realidad como seres humanos o, al menos, como nuestro horizonte existencial, es una tesis que se remonta, como es sabido, al famoso fragmento de Heraclito, que proclama:

“La guerra es padre y rey de todos, ha creado dioses y hombres; a algunos los hace esclavos, a otros libres”[2]

Es importante matizar que, tal y como lo emplea Heraclito, hay argumentos para discutir la pertinencia de la traducción habitual del término pólemos como guerra. En el contexto de la filosofía heracliteana podríamos decir que pólemos designa más bien la naturaleza de la realidad como conflicto interno, que es la razón del cambio permanente, del continuo devenir. En ese sentido se trataría, por así decirlo, de un antecedente de la concepción dialéctica, como enfrentamiento o lucha de contrarios. Heraclito asienta así lo que podríamos calificar como versión ontológica del pólemos, del conflicto, como la expresión misma de la realidad y no como patología (que es la versión conservadora). El problema es que, en la mayor parte de la tradición filosófica posterior, lo que se asienta es la identificación de pólemos como la guerra, y su presentación, insisto, si no como condición ontológica, al menos como horizonte existencial.

Esa condición de horizonte existencial explica también, creo, el fatal atractivo de la guerra, como lo muestran no pocas de las mejores creaciones artísticas y culturales que marcan la historia de la humanidad, comenzando por los primeros referentes de la literatura clásica, entre los que es imposible dejar de referirse a ese texto fundador de nuestra cultura que, no en vano, es un poema sobre la guerra: la Ilíada de Homero. Se genera así lo que Susan Sontag denunciara como “nuestra lujuria por el espectáculo de la guerra”[3], una muestra de la capacidad de convertir ese jinete del apocalipsis en un elemento doméstico, que consumimos en televisión, mientras practicamos nuestras rutinas habituales, como comer en familia. Una contradicción sobre la que escribió páginas imprescindibles Rafael Sánchez Ferlosio, probablemente el ensayista español que dedicó mejores y más brillantes reflexiones críticas a la polemología[4]. Una contradicción que el escritor Antoine Volodin ha sabido condensar en su poema Nous aimons la guerre, presentado en la Maison de la Poésie de Nantes, en octubre de 2022[5]. Pero nadie quizá como Simone Weil, la que algunos consideramos la mejor filósofa de siglo XX, autora de obras capitales sobre la condición humana, como L’enracinement o La condition ouvrière, ha conseguido dar cuenta de esa ambigüedad que marca el genio épico de Homero, una ambigüedad que trató de explicar de otra manera Freud: nuestra capacidad para lo sublime, y, al tiempo, nuestra voluntad de dominar, explotar, aniquilar al otro a través, entre otros terribles instrumentos, de la guerra. Su ensayo sobre la obra de Homero[6]. comienza desentrañando el leit motiv de la Iliada («El verdadero héroe, el verdadero tema, el centro de la Ilíada, es la fuerza”), y así, escribe:

«La fuerza es lo que hace una cosa de cualquiera que le esté sometido. Cuando se ejerce hasta el extremo, hace del hombre una cosa en el sentido más literal, pues hace de él un cadáver».

Pero Weil, que percibe cómo el “progreso” de la humanidad se hace paradójica y terriblemente empeorando su condición, señala también el antídoto:

“No es posible amar y ser justo más que si se conoce el imperio de la fuerza y se sabe no respetarlo… quizá podríamos recuperar ese don cuando supiéramos no confiar en la suerte, no admirar la fuerza, no odiar a nuestros enemigos y no despreciar a los desdichados, pero es dudoso que esto suceda pronto”.

Si retomamos el hilo del pensamiento que presenta la guerra como condición existencial, quizá el más interesante de los teóricos de esa concepción y, al tiempo, de la noción de <guerra justa> (para la que se inspira en las reflexiones de Cicerón en De officiis) sea San Agustín. “Jamás los leones ni los dragones han desencadenado entre sí mismos guerras semejantes a las humanas”, escribe en De civitate Dei[7]. Y subraya que la esperanza de una paz duradera en el mundo de los hombres, in hoc saeculo et in hac terra, es una quimera: “Quien espera bien tan grande en este siglo y en esta tierra es un insensato”[8]. En realidad, como explica en el famoso pasaje sobre el apólogo de Alejandro Magno y el pirata, todos los reinos recurren a la guerra y sólo si les ampara la justicia cabe distinguir entre los reinos y los piratas:

“Sin la justicia, ¿qué serían en realidad los reinos, sino bandas de ladrones? y ¿qué son las bandas de ladrones sino pequeños reinos?…Por ello, inteligente y veraz fue la respuesta dada a Alejandro Magno por un pirata que había caído en su poder, pue habiéndole preguntado el rey por qué infestaba el mar, con audaz libertad el pirata respondió: por el mismo motivo por el que tú infestas la tierra, pero ya que yo lo hago en un pequeño bajel me llaman ladrón y a ti, porque lo haces con formidables ejércitos, te llaman emperador” [9]..

La misma concepción de la guerra como horizonte existencial se encuentra en los iniciadores de la moderna ciencia política, entendida como actividad cuyo objetivo es la preservación de la república y del poder, tal y como lo enuncia Maquiavelo en El príncipe y, sobre todo, tal y como aparece formulada en la propuesta de Hobbes sobre el origen del pacto social: el bellum omnium contra omnes es su descripción del estado natural que, al amenazar la supervivencia de los más débiles (la mayoría), conduce a esa mayoría a acordar mediante un pacto social la cesión de todos los derechos a un Leviathan que les garantice la vida, el Estado. En el fondo, ese pesimismo antropológico se corresponde más con las concepciones que, según nos lega Platón, mantuvieron sofistas como Calicles o Trasímaco, que no a las tesis de Heraclito. Pero, sobre todo, lo que es más interesante es que estas concepciones dan continuidad a la tesis de la guerra como horizonte existencial casi inevitable, y tan terrible que es preferible entregarse a ese monstruo al que se ceden todas las libertades. Podemos ver aquí también un asomo de la concepción que ve una continuidad entre guerra y política (la tesis que luego fuera enunciada por Klausewitz en su famoso aserto “la guerra es la continuación de la política por otros medios”).

Suele presentarse a Kant como el gran contrapunto de Hobbes, precisamente a propósito de la guerra y de la paz. Lo que me interesa recordar a ese propósito es que, si bien parece claro que Kant es el gran adalid del proyecto de poner fin a la guerra y garantizar la paz, incluso una paz estable y duradera, el gran filósofo alemán no se aleja en realidad de ese modo de concebir la guerra como nuestro horizonte existencial. Lo que sucede es que, guiado por la misma razón que le hace sostener esa tesis, trata de encontrar un modo de superarla y asegurarla, pues finalmente sostendrá que la guerra es también un mal.

Para Kant, en efecto, la guerra es algo natural, si se atiende a lo que podríamos llamar la experiencia histórica de los pueblos: Kant llega a explicarla como un recurso de la naturaleza para obtener sus fines, o incluso un instrumento de progreso cultural de la humanidad[10]. Pero esa concepción, tal y como explican Roberto Rodríguez Aramayo o Teresa Santiago[11], experimenta una profunda transformación: la razón práctica, sostendrá Kant después, nos lleva necesariamente a formular la máxima que la prohíbe, porque, de no hacerlo, estaríamos yendo en contra de nuestra propia condición de humanos. Es ese el propósito de su célebre ensayo La paz perpetua. Un diseño filosófico, escrito tras la paz de Basilea de 1795, en el que sentará las bases de un proyecto jurídico y político que trata de transformar ese horizonte inevitable de la guerra, que pasa a ser concebida como un grave obstáculo para el progreso moral de la humanidad y se traduce en un mandato de la razón práctica de prohibición de la guerra. Ese propósito, ese objetivo de construcción de las bases éticas, jurídica y políticas para garantizar una paz perpetua, tal y como ha interpretado brillantemente Manuel Jiménez Redondo[12], culminará en su ensayo de 1797 Metafísica de las costumbres, directamente vinculado con la Declaración de derechos de 1789. Creo, en efecto, que es muy convincente la interpretación del profesor de la Universitat de Valencia, que sostiene que éste, que sería el último ensayo de Kant sobre filosofía moral, es en realidad su gran disquisición sobre las relaciones entre ética y Derecho, donde Kant presenta su doctrina del Derecho como un análisis de la propia la Declaración del 89 a la que, insiste Jiménez Redondo, concibe como una teoría del Derecho perfectamente articulada.

Lo cierto es que en la Metaphysische Anfangsgriinde der Rechtslehre, que forma parte de la Metafísica de las costumbres, Kant se ocupa específicamente del “derecho de guerra” (Kriegsrecht) en los epígrafes §§ 55-60, donde explica cómo su prohibición es un mandato de la razón práctica.  Creo que tiene razón Teresa Santiago cuando sostiene que, para Kant, un Estado cosmopolita de derecho (Rechtszustand) no puede no ser sino un Estado de paz {Friedenszustand) en el que ninguna guerra debe ser permitida. Por eso, como se ha escrito, el núcleo de las tesis de Kant sobre guerra y derecho se puede resumir en estos términos: donde impera el Derecho no puede haber ninguna guerra y donde hay guerra no cabe el imperio del Derecho.

En ese sentido, creo que también acierta la profesora Santiago al sostener que el legado de Kant es haber sentado las bases éticas, jurídicas y políticas para una filosofía cosmopolita de las relaciones internacionales, que se resumen en una nueva formulación del derecho de gentes, una teoría de la gestión de relaciones pacíficas entre los Estados, que tenga como ejes la garantía de la paz y del respeto de los derechos humanos, en el marco de lo que con Habermas podríamos denominar una esfera pública y una sociedad civil global, acordes con el modelo kantiano de un Derecho cosmopolita. Cabe también recordar que la solución que Kant propone no es la de un Estado mundial, sino la de una Federación de Estados que haga posible el modelo del Derecho cosmopolita que vincule a todos. Un proyecto cuyos ecos resuenan, evidentemente en el acuerdo del Tratado de Versalles por el que se crea la Sociedad de las Naciones (1919) y, luego, en el que dio lugar a la creación de la Organización de las Naciones Unidas (1948). Uno y otro, recordemos, después de que la humanidad experimentase como nunca el horror de la guerra, en las dos denominadas guerras mundiales. Ese legado, como veremos en el siguiente epígrafe, fue perfeccionado por las tesis de Kelsen[13], que siempre sostuvo como una verdad evidente que la guerra es un asesinato en masa y como tal debe ser castigado eficazmente, por lo que desarrolló una teoría sobre la necesidad de asegurar la paz mundial como prioridad política. A esos efectos, propuso establecer tribunales de justicia internacionales y de carácter permanente para juzgar los crímenes contra la paz y también la creación de una organización internacional que evitara de forma eficaz la guerra entre las naciones.

Como se ha señalado[14], la interpretación filosófica de la guerra como horizonte vital -contraria al proyecto kantiano- encuentra su más acabada expresión en la obra de Hegel, para quien pólemos -que Hegel sí entiende como guerra, como enfrentamiento bélico- no es sólo el verdadero horizonte existencial, sino también la condición del desarrollo social, entre otras razones porque, como escribe en el parágrafo 333 de sus Principios de Filosofía del Derecho, “entre los Estados no hay pretor”:

«No hay ningún pretor entre los Estados, a lo sumo mediadores y árbitros, e incluso esto de un modo contingente, es decir, según la voluntad particular. La representación kantiana de una paz perpetua por medio de una federación de estados que arbitraría en toda disputa y arreglaría toda desavenencia como un poder reconocido por todos los estados individuales, e impediría así una solución bélica, presupone el acuerdo de los estados, que se basaría en motivos morales o religiosos, y siempre en definitiva en particular voluntad soberana, con lo que continuaría afectada por la contingencia»[15].

 Para Hegel está claro que la guerra es la vía inevitable para dirimir los diferendos entre los Estados, la ultima ratio en las relaciones internacionales. Más aún, la guerra es incluso una condición epistemológica, porque es en la guerra como en realidad aprendemos a conocernos a nosotros mismos, a entender cuál es nuestra asunción de la libertad, hasta qué punto estamos dispuestos a ser coherentes con ese valor supremo y a asumir por tanto la pérdida de nuestro modus vivendi, e incluso de la vida misma. O bien, explica Hegel, a renunciar a la libertad para mantener la vida, aun cuando sea al precio de ser dominados.

Finalmente, será gracias a Weber como podemos entender hasta qué punto la guerra, para el Estado moderno cumple una función identitaria y no sólo de herramienta de supervivencia en las relaciones entre los Estados. Así lo interpreta el politólogo M. Shapiro:

“la Guerra en el Estado moderno muestra dos caras diferentes. La más prominente es [estratégica], […] la guerra como instrumento de la política del Estado, y, como tal, la fisonomía de la guerra representa en sí misma la expresión de una verdad logística más profunda: la necesidad del Estado de enfrentarse a un peligroso mundo desordenado mediante el uso de la fuerza […] [Ciertas] características de la guerra [están unidas] con proyectos duraderos del Estado: mantener la seguridad, despejar espacios para un funcionamiento vital y efectivo, cumplir con las obligaciones respecto a los amigos, etc. […] La otra cara de la Guerra es ontológica […]; se centra más en la afirmación de la identidad que en los efectos instrumentales del uso mortal de la fuerza[16] .

2. La paradoja: la prohibición de la guerra y la hipótesis de la guerra interminable[17].

Como he adelantado, no es casual que las dos terribles guerras mundiales que marcaron el siglo XX dieran lugar a los dos intentos de desterrar el azote de la guerra mediante una combinación de las propuestas que imaginara Kant, un Derecho cosmopolita y una federación de Estados. El primero de esos intentos, el de la Sociedad de las Naciones, fracasó pronto. El segundo, con todos sus defectos, ha dado paso al período más fructífero de ese propósito de superar tal horizonte existencial, gracias a la compleja arquitectura institucional y normativa desplegada por la Organización de las Naciones Unidas. Se abrió paso con ello un nuevo orden internacional que se fija como objetivo prioritario salvaguardar la paz y, para dejarlo claro, decreta la prohibición del recurso a la guerra.

Obviamente, se puede tachar de idealista o ingenuo ese propósito, pero es imposible negar la fuerza simbólica de un consenso de naciones que quieren convertir en norma vinculante la prohibición de la guerra, que pasa a ser entendida como un ilícito internacional, para dar paso al mecanismo del arreglo pacífico de controversias. De paso, este punto de inflexión supone acabar con un debate filosófico, jurídico y político capital: la cuestión de la “guerra justa”, el ius ad bellum. A partir de la Carta, no hay justificación posible del recurso a la guerra. Salvo una: la legítima defensa frente a la agresión. Conscientes de la dificultad de ese propósito, los autores de la Carta deciden dedicar todo un capítulo (el VII) a la regulación de las condiciones de legitimidad del recurso a la fuerza[18].

A continuación, recordaré brevemente (2.1) el punto de inflexión que supuso la prohibición de la guerra en la Carta de la ONU y (2.2) la contradicción que resulta patente ante la permanencia de escenarios de conflictos bélicos, algunos de los cuales han sido conceptualizados como las “nuevas guerras” (por ejemplo, hoy, las denominadas “guerras híbridas”), un fenómeno en el que no se puede ignorar la influencia del nuevo terrorismo internacional, sobre todo a partir de 2001.

2.1. La prohibición de la guerra en la Carta de la ONU

Se recordará que la Carta fundacional de la ONU viene presidida por el afán de poner fin a lo que se considera el peor de los males, la guerra, tal y como se enuncia desde su inicio:

“NOSOTROS LOS PUEBLOS DE LAS NACIONES UNIDAS, RESUELTOS a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles…Y CON TALES FINALIDADES, a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos, a unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, a asegurar, mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos, que no se usará; la fuerza armada sino en servicio del interés común, y a emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todos los pueblos”

Por esa razón, el primero de los propósitos de la nueva organización es enunciado así en el párrafo primero de su artículo 1:

“Los propósitos de las Naciones Unidas son: 1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz…”

Y coherentemente con ello, en el mismo artículo primero, se proclaman como principios, además de la igualdad soberana de todos los Estados miembros y el principio de buena fe, los dos siguientes:

“1. Los Miembros de la Organización arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia.

  • Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.”

La única justificación del recurso a la fuerza que encontramos en la Carta es lo que dispone el Capítulo VII, relativo precisamente a las actuaciones que son competencia del Consejo de Seguridad, en punto a la “Acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión”. El problema es que esa normativa encierra suficiente ambigüedad, suficiente vaguedad, como para que se pueda abusar fácilmente de ella y más aún habida cuenta de la regla de veto en el Consejo de Seguridad que permite a sus titulares bloquear cualquier intento de respuesta cuando afecte a sus intereses, como hemos visto a lo largo de estos años y muy recientemente en el caso de la invasión rusa en Ucrania.

Estas limitaciones ponen de manifiesto la necesidad de acudir a mecanismos complementarios para asegurar esa prohibición del recurso a la guerra mediante instrumentos de juicio y sanción, esto es, mediante la vía jurisdiccional y así, en línea con las tesis expresadas por Kelsen[19], la Organización de las Naciones Unidas ha desarrollado un sistema de tribunales internacionales que culminó en el Convenio de Roma (17 de julio de 1998), que estableció el Estatuto del Tribunal Penal Internacional, configurado como una Corte permanente, “facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales”. Su competencia alcanza a los crímenes de guerra, de genocidio, crímenes contra la humanidad y los crímenes de agresión. El problema de la eficacia de esa institución, obviamente, son los Estados que no firmaron el Convenio (por ejemplo, China o India), y los que lo firmaron, pero no lo ratificaron (como EEUU o Israel), o lo han abandonado (Rusia), es decir, las principales potencias implicadas en actos de guerra en los últimos años[20].

  • La “guerra interminable”: la influencia del terrorismo internacional. Las <nuevas guerras>.

Ya he hecho referencia a la constatación de que, pese a los esfuerzos de Naciones Unidas, el mundo no ha dejado de vivir en guerra. Pero no se trata sólo del hecho de que, en cualquier momento, en algún lugar del planeta se viva un conflicto bélico. Como ha subrayado la profesora Ramón Chornet en un trabajo reciente y de lectura recomendable[21], dedicado a la guerra contra el terrorismo desatada por la administración Bush tras los atentados de 11 de septiembre de 2001, la hipótesis más relevante para discutir si hemos conseguido superar la guerra como condición existencial es la que sostiene que vivimos una suerte de endless War, una guerra interminable, que adopta diferentes escenarios y que responde a la voluntad geoestratégica de hegemonía y a los intereses de la industria del armamento, es decir a ese “complejo militar-industrial”, que ya fuera denunciado por Eisenhower al poco de terminar la II guerra mundial.

Como ha señalado la mencionada profesora Ramón Chornet, se trata de una tesis que han formulado estudiosos como Alain Gresh [22], Dexter Filkins[23] y en particular el historiador norteamericano Samuel Moyn[24]. El argumento común es que, a partir de la estrategia adoptada por el presidente Bush como respuesta a los atentados de septiembre de 2001, las distintas administraciones norteamericanas han integrado en su estrategia geopolítica, con mayor o menor intensidad, una especie de guerra interminable y global, una guerra sin fin y sin territorio preciso que, aunque no busca repeler o rechazar al enemigo sino destruirlo, no puede obtener nada parecido a una victoria inapelable o final, y se ve en cierta medida obligada a perpetuarse. La razón es que el enemigo al que combate es en buena medida un enemigo evanescente, el que representa el modelo de franquicias terroristas, desde Al-Qaeda al ISIS, que actúa en Oriente Medio (con el apoyo de Irán y, paradójicamente, del régimen fundamentalista saudí), en Afganistán (con la connivencia del régimen talibán y manipulado por los servicios secretos pakistaníes), pero también en el continente africano.

Lo más interesante del análisis de Samuel Moyn es que profundiza en un “efecto perverso” de una de las más recientes versiones de la <guerra justa>, lo que llamamos “intervención humanitaria”, que en muchas ocasiones conduce a ese oxímoron de <hacer la guerra para acabar con la guerra>, como ha señalado el profesor Remiro[25]. Moyn presenta su ensayo como una reflexión sobre la ética del uso de la fuerza y sobre la manipulación de ese argumento para asentar una estrategia de hegemonía de los EEUU, primero frente a la Federación Rusa y ahora frente a China. La paradoja que apunta Moyn es que en la medida en que los EEUU y sus aliados occidentales han intentado que las guerras sean más “humanas” (desarrollando el impulso de del que trae razón del esfuerzo de Henry Dunant, que da origen al moderno ius in bello, el Derecho internacional humanitario), se han hecho interminables y, paradójicamente, han tomado como objetivo o al menos como víctimas colaterales asumibles a la población civil, la que tratan de proteger. Probablemente, lo que sucede es que se abandona el propósito genuino de la fundación de la ONU, abolir la guerra, para tratar de hacerla, insisto, “más humana”. Es el error el que ya había denunciado Tolstoi en su penetrante crítica a cierto tipo de “humanitarismo”, que consideraba inconsistente con su concepción pacifista radical: la guerra debe ser abolida, no reformada.

Esta tesis de la “guerra interminable” viene apuntalada también por la aparición de “nuevas guerras”, ahora denominadas “guerras híbridas”, que han revolucionado en el último decenio ese concepto que presentaron estudiosos Mary Kaldor, a finales de los 90[26]. La nueva estrategia de guerra -las “nuevas guerras” del siglo XXI serían, sostiene Kaldor, una nueva forma de recurso a la violencia de forma institucionalizada y con pretensión de legitimidad, que desborda los instrumentos militares y abarca muchas otras actividades, entre las que destacan las distintas modalidades de la guerra cibernética, o el recurso a herramientas legales (lawfare), aun a riesgo de forzar todo límite. De ese carácter híbrido es prueba, por ejemplo, la utilización de desplazamientos migratorios que desestabilizan las fronteras o incluso el territorio de soberanía de Estados frente a los que no se ha formulado ninguna declaración de guerra, como hemos visto recientemente en Polonia, por parte de Bielorrusia. Y, sobre todo el recurso a medios económicos (las clásicas sanciones, ahora desvirtuadas) que pueden incluir operaciones desestabilizadoras de la Bolsa o el uso de los recursos energéticos como chantaje. En la medida en que las nuevas guerras son desterritorializadas (no implican necesariamente acciones militares localizadas en territorio de un Estado frente al que se ha formulado una declaración de guerra) y pueden presentar esas modalidades de alcance global, hay argumentos para sostener que esa nueva guerra integra nuestro horizonte vital.

  • La UE ante la guerra. La respuesta europea a la invasión de Ucrania y a las consecuencias del conflicto bélico.

Como ya he recordado, la invasión de Ucrania por Putin, en febrero de 2022, a juicio de la mayor parte de los especialistas, ha supuesto un verdadero Zeitenwende[27] en la política y relaciones internacionales, no sólo en Europa, sino en todo el mundo. También parece implicar un punto de inflexión en el debate sobre la licitud del recurso a la guerra o, por mejor decir, de las acciones colectivas de recurso lícito a la fuerza por parte de quienes no están directamente afectados por uno de los supuestos que permiten hablar de legítima defensa (ante una agresión). Eso afecta muy concretamente al actual debate sobre el papel de la OTAN, pero también a la posición de la Unión Europea, a sus acuerdos sobre sanciones a la Federación Rusa, o la ayuda militar a Ucrania.  

A ese respecto, me parece interesante analizar la evolución de la posición de la UE ante la invasión de Ucrania por la Federación Rusa y el conflicto bélico que vivimos en suelo europeo desde hace casi nueve meses y que parece se alargará más de lo que al principio se pudo prever. Una posición muy vinculada a la de la OTAN y a la de los EEUU, sobre todo tal y como la ha enunciado en algunos notables ensayos, documentos de análisis y estrategia, quien es el Alto Representante de la Unión para Asuntos exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea, el español José Borrell. Conviene señalar, en efecto, la relevancia de sus advertencias a lo largo de estos meses, en las que ha sostenido la necesidad de formular una suerte de <brújula> para conformar una estrategia propia de la UE, que le permita afrontar los efectos de esta guerra y tener un perfil propio en las relaciones internacionales. Una estrategia en la que, según ha insistido, es preciso que los europeos seamos realistas e integremos el horizonte vital de la guerra.

3.1. Del realismo político al belicismo: los riesgos de la llamada a despertar a los europeos de su ingenuidad.

La llamada a una concepción realista en materia de seguridad y defensa es propia de todos cuantos han postulado que la mejor máxima de seguridad y defensa es la atribuida a Vegetio <si vis pacem, para bellum>, un apotegma que adora la industria de armamento (aunque parece que la formulación original era menos asertiva: igitur, qui desiderat pacem, praeparet bellum, escribió literalmente Vegetio). El realismo como condición del buen gobernante, es también el que expresa la metáfora admonitoria atribuida a Bismarck sobre la necesidad de evitar el idealismo propio del político que sólo se pertrecha de principios para realizar su tarea, a quien compara con el ingenuo que, provisto sólo de un palillo entre los dientes, se adentra en un bosque infestado de ladrones. Entre las grandes figuras de la diplomacia y la política internacional contemporáneas es notoria la pragmática concepción de Kissinger -continuada por la muy influyente Madeleine Allbright- acerca de la prioridad de disponer de una posición de fuerza en las relaciones internacionales.

Lo que nos dicen todos los prudentes partidarios de este pragmatismo es que debemos abandonar el wishfull thinking y reconocer que, a la hora de la verdad, ni la diplomacia, ni las normas del Derecho internacional ni ninguna autoridad superior (esto es, la fuerza de la razón jurídica y política, la fuerza del Derecho) nos protegerán frente a la razón de la fuerza. Sólo ser capaces de oponer una fuerza mayor -la amenaza de recurrir a ella- nos ofrece esa garantía. Ergo, ante las amenazas de Putin, sólo cabría confiar en la existencia de una capacidad de respuesta bélica que permita la amenaza de “aniquilar al ejército ruso”, como sostuvo el jefe de la diplomacia europea (https://www.europapress.es/internacional/noticia-borrell-avisa-ejercito-ruso-seria-aniquilado-caso-ataque-nuclear-contra-ucrania-20221013120622.html). La pregunta, pues, es si debe cambiar la concepción del papel de la UE en las relaciones internacionales, como consecuencia de la guerra en Ucrania.

Creo que entre los riesgos que puede suponer un modelo ralo de realpolitik, el que sintetiza la conocida fórmula, “gato blanco, gato negro; lo importante es que cace ratones”, además de que fomenta una lógica de populismo político que entraña un enorme riesgo de polarización y división social, que es, probablemente, la más seria amenaza para la democracia, hoy, porque puede comportar una seria subversión de las instituciones y reglas de juego del Estado de Derecho, de la democracia y de la legalidad en las relaciones internacionales, como hemos visto en los EEUU bajo el mandato de Trump. Y esto, no se olvide, es lo que constituye el núcleo del proyecto de la UE, que no es solo una comunidad de intereses, sino una comunidad de Derecho.

La Federación Rusa bajo el diktat de Putin, se ha apuntado con armas y bagajes al mensaje al populismo nacionalista que exige acabar con el mal que representa el modelo que estigmatizan con la fórmula de “dominio occidental”, una falacia argumentativa para la que se sirven, claro, de las ominosas manchas del colonialismo, la explotación descarnada y los crímenes de guerra y contra la humanidad que llenan la alforja de esa “carga del hombre blanco” a la que tan orgullosamente se refirió Kipling en su poema de 1899 en el que explicaba cómo esa pesada tarea de “civilizar” al mundo bárbaro que había sido asumida por el imperio británico, debía pasar a manos de otros, los EEUU (https://www.kiplingsociety.co.uk/poem/poems_burden.htm). Una retórica cuyo lado oscuro fue descrito de forma inigualable por Conrad en El corazón de las tinieblas.

Pues bien, creo que la llamada al “despertar político de los europeos” (our geopolitical awakening) que me parece el motor del despliegue argumental del Alto Representante Borrell a lo largo de estos meses, puede entrañar efectos perversos para la primacía del proyecto europeo como un agente de paz y cooperación en las relaciones internacionales. Me parece claro que el propósito de esa llamada del Alto Representante Borrell es la necesidad de aprovechar la oportunidad que nos brinda esta guerra para volver a pensar las relaciones internacionales y así, “despertar a los europeos” de su falta de comprensión de la realidad que nos rodea[28]. El problema, a mi entender, es que el mensaje que nos propone Borrell parecería decantarse por un descarnado realismo político, que linda con la concepción de la inevitabilidad del recurso a la guerra y que no parece tan fácilmente compatible con la defensa del núcleo de la legitimidad del propio proyecto de la UE que acabo de evocar, por más que estoy convencido de que el mismo Alto Representante Borrell es un demócrata de convicción y un sincero y convencido defensor de la tesis de la UE como comunidad de Derecho. Aún más, tal llamada al realismo puede suponer, paradójicamente, la pérdida de la autonomía europea y su supeditación al proyecto geoestratégico de la administración norteamericana.

A ese respecto, me parece significativa su conferencia “Cómo la guerra ha cambiado Europa”, pronunciada en la XVII Lección conmemorativa de la Fundación Carlos de Amberes (https://www.youtube.com/watch?v=ljZvS2eJzmo). En esa intervención, al modo de Alejandro Magno en Gordium, Borrell propuso un tajo realista: “no se puede ser herbívoro en un mundo de carnívoros”, sostuvo. Si la UE quiere tener un papel propio, nos recuerda Borrell a los ciudadanos europeos, no hay otro camino que el de la autonomía energética y el del rearme, con todos los sacrificios que ello comporte.

Pero la delgada línea roja entre el realismo político y el belicismo quedó en entredicho sobre todo en su intervención inaugural de la Conferencia Anual de embajadores de la UE, de 2022 () y en su importante discurso en el Colegio de Europa en Brujas[29]. En efecto, Borrell introdujo otra metáfora, la de la UE como un jardín, un espacio privilegiado de libertad política, prosperidad económica y cohesión social, que se cree preservado de la selva que es el resto del mundo por un muro: “y la selva podría invadir el jardín y los jardineros deberían cuidar el jardín. Pero para evitar que “la selva” entre en ese bonito y pequeño jardín, la solución no es rodearlo de altos muros, porque la selva tiene una gran capacidad de crecimiento y el muro nunca será lo suficientemente alto como para proteger el jardín. Los jardineros tienen que ir a la selva. Los europeos tienen que estar mucho más comprometidos con el resto del mundo. De lo contrario, el resto del mundo nos invadirá por diferentes medios”.

Sin duda, a Borrell le asiste la razón cuando se embarca en una batalla argumentativa por combatir la tentación de un (cada vez más supuesto) espléndido aislacionismo europeo. No sólo es que, por sus principios constitucionales, la UE debe comprometerse en la tarea de cooperación y en la lucha por la paz, la democracia y el desarrollo en todo el mundo, sino que no puede mantenerse al margen. Como bien señalaba en su metáfora del jardín, la UE no debe ni puede adoptar una posición aislacionista. Ha de salir del jardín e incluso hacer partícipe al resto del mundo de las condiciones que han hecho posible ese jardín, lo que exige, claro, abandonar el paternalismo y todo propósito necolonialista. La cuestión a debatir es si ello exige aquí y ahora primar como objetivo destinar una parte tan significativamente importante de nuestros recursos a armarnos y hacerlo –seamos realistas, pues– en el marco que definen los intereses del Pentágono y de las industrias de armamento que tanto peso tienen en la OTAN, lo que entierra toda pretensión de autonomía europea.

Al mismo tiempo, hay que reconocer que tampoco le falta la razón al Alto Representante Borrell cuando enfoca esa llamada al realismo en el marco de un objetivo -un plan, una “brújula”- que me parece plausible, el de asentar las bases de un proyecto europeo propio, o, lo que es lo mismo, de una autonomía europea en materia de política exterior y de seguridad. La clave sobre la que, a reposaría tal brújula, como ya dejó escrito en un muy comentado artículo en 2020[30], es tan clara como complicada de poner en práctica en nuestro contexto global: se llama autonomía[31] y abarca varios planos. Así, autonomía científica, esto es, científico-tecnológica, en investigación y desarrollo en ámbitos como la biotecnología y el desarrollo de las nuevas TIC, pero sin perder la excelencia en el ámbito de la creación cultural humanista que siempre tuvo en Europaun foco de primer orden. También, como estamos comprobando dolorosamente, autonomía energética, lo que necesariamente pasa por el desarrollo e innovación de las energías sostenibles y la reducción de la dependencia de combustibles fósiles, fuentes energéticas fuertemente contaminantes que (salvo en el caso de Noruega, que no pertenece a la UE, y en menor medida del Reino Unido) nos hacen enormemente tributarios a los europeos de los recursos de Rusia en primer lugar, y también de Argelia y Libia. Por supuesto, autonomía en seguridad y defensa, que ya no consistiría sólo en una política militar o en un ejército europeo propio en competencia con la OTAN, sino en disponer de los propios recursos económicos y de personal frente a las amenazas más urgentes para la seguridad humana, como, por ejemplo, las pandemias que fácilmente se convierten en sindemias.

3.2 ¿Es posible una política europea de seguridad y defensa no supeditada a la estrategia de los EEUU para asegurar su hegemonía frente a China?

El desarrollo de los acontecimientos tras la invasión de Ucrania, a mi entender, ha puesto a las claras lo que ya sabíamos, esto es, que ese pilar básico de la autonomía europea, la política de seguridad y defensa, es el espejo de una flagrante contradicción, que se ha hecho patente a los ojos de todos con motivo de la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid, en junio de este 2022. A mi juicio, en efecto, la adopción del “concepto estratégico de Madrid” supone el reconocimiento expreso de que nuestra seguridad y defensa no está en manos de los europeos, sino de la Alianza Atlántica. Se abre paso así un proceso de reconceptualización no exento de riesgos: se daría por inexorable la identidad entre la «visión atlántica» y la pertenencia de los europeos a un occidente cuyos valores estarían en serio peligro y debemos defender. Esta es una concepción que, a mi entender, comporta el riesgo de situar a los europeos no sólo —o no tanto— como socios activos de una alianza defensiva necesaria, sino también y sobre todo al servicio de un bloque, o, para decirlo más claro, bajo el primado de los intereses geoestratégicos norteamericanos.

Trataré de dejar claro mi punto de vista: no soy de los que discuten que hoy día sólo la OTAN garantiza eficazmente a los europeos nuestra defensa. Una defensa, reitero, que es presentada en términos de garantía de los valores de occidente, de nuestro modelo de vida. Es lógico que, ante la evidencia del “enemigo a las puertas”, todos hayamos vuelto los ojos a quien nos puede sacar las castañas del fuego: por obra y gracia de la decisión de Putin de invadir Ucrania, hemos modificado los presupuestos de defensa, cuyo epítome sería ese Zeitenwende de Alemania al que ya me he referido, acercándonos a lo que venían demandando todos los presidentes norteamericanos (de Bush y Obama a Trump y, ahora, Biden), o incluso hemos abandonado el estatus deneutralidad (Suecia, Finlandia). Porque parece evidente que la UE, pese al elevadísimo monto del gasto en defensa de sus Estados miembros (mucho mayor en su conjunto que el de la Federación rusa), no tiene capacidad propia de defensa. Es decir, no sólo estamos jurídicamente vinculados a las exigencias que derivan de esa pertenencia y, por tanto, tenemos deberes que cumplir; es que la necesitamos para garantizar nuestra seguridad. Ahora bien, lo que hay que discutir es el precio.

Cuando propongo discutir el precio, no hablo sólo, ni sobre todo —con ser importante—, del presupuesto de defensa. Me refiero a lo que tenemos que admitir y aquello a lo que tenemos que renunciar, como consecuencia de ese amargo descubrimiento de que no podemos no depender de la OTAN. Más concretamente, ¿son algunas de esas exigencias realmente conciliables con el proyecto europeo? Ese recuperado atlantismo, ¿garantiza de verdad lo que es propio del modelo europeo? Eso nos lleva a un debate nada sencillo, porque más allá de lo que sin duda es el núcleo de nuestro modelo, el estado de derecho, la garantía de los derechos humanos, las instituciones de la democracia liberal y el estado social europeo, la «dependencia atlántica» parecería jugar a favor de la concepción de un orden global (el que tiene como condición la hegemonía de los EEUU), vinculado a otro tipo de liberalismo, más próximo a un «desorden de mercado» profundamente desigualitario, depredador. Ese deslizamiento de lo europeo hacia lo atlántico, cambia a su vez la vieja (e impropia) relación entre lo europeo y lo occidental. Por no añadir que ese concepto, el de «occidente», se sostiene mal hoy: es confuso, si no engañoso, como ha mostrado el profesor Castells en un certero artículo[32], que concluía con un argumento, a mi juicio, imprescindible: “Lo que no tiene sentido en un mundo de redes es volver a levantar las murallas de un Occidente cuya acción civilizadora es en buena parte una mistificación ideológica”.

Hablemos, pues, del coste: a los ojos de algunos de nosotros, ese proceso de reidentificación, propiciado por la guerra de Putin en Ucrania, comporta riesgos serios que amenazan el proyecto europeo en términos de autonomía política, económica, energética, estratégica. Un proyecto que no consiste en otra cosa sino en definir un papel común y propio para Europa, desde su diversidad: un papel específico (aunque sea menor) de Europa en el mundo, algo a lo que nuestros dirigentes en Bruselas, urgidos por la distorsión de los acontecimientos que ha supuesto la agresión de Putin, parecerían haber renunciado, pese a los más o menos patéticos intentos de Macron de mantener el maquillaje de la grandeur francesa, ayudado por el perfil bastante plano que había mantenido el canciller Scholz, muy lejos del protagonismo internacional de Merkel, hasta el discurso de Praga al que he hecho referencia.

Hoy, se nos dice, debemos aceptar sacrificios en aras de ladefensa de nuestros principios europeos. Sacrificios que los europeos, y sobre todo los más pobres, viven con creciente dificultad (resumámoslos en el concepto inflación). En ese sentido, creo, hay que entender las advertencias insistentes del Alto Representante Borrell, que insta a los europeos a aprender el lenguaje del poder y, sobre todo, a lo que él mismo denomina la necesidad de que los europeos “despertemos políticamente hablando”, como propuso en un artículo publicado en marzo de este mismo año[33]. Lo que ha cambiado en estos últimos cuatro meses es que la lógica de esos sacrificios no la dicta sólo la UE, sino también la OTAN: los europeos somos ahora más “atlánticos” incluso que “occidentales”. Y esa perspectiva reductivamente atlantista supondría, por desgracia, un serio riesgo de abandono de una concepción multilateral y cooperativa en las relaciones internacionales, la que soñamos que se abría paso con la caída del muro. La que sería más coherente con un proyecto de autonomía europea, como agente de soft power en las relaciones internacionales.

Pues bien, entre los elementos de ese nuevo concepto estratégico que nacería de la cumbre de la OTAN en Madrid se encontraría algo que, no siendo en rigor un elemento novedoso, sí que pasaría a ganar relevancia: la inclusión como prioridad estratégica para la OTAN de las soi-dissants “amenazas del flanco sur”. Una inclusión que ha sido presentada incluso como un éxito diplomático de la Europa del Sur (de España, concretamente).

Por supuesto que no faltan razones para la preocupación por esos riesgos y amenazas desde el “flanco sur”, un eufemismo para referirse a la preocupación por la evolución del equilibrio del “escenario africano” en lo que a algunos les sigue gustando denominar “gran tablero”. Tal preocupación responde a indiscutibles factores estructurales y también a algunos cambios relevantes en el equilibrio de influencias en el continente africano, por la creciente presencia de China, por la desestabilización producida por agentes mercenarios al servicio de Putin (la compañía Wagner), unidos al incremento del riesgo terrorista representado por las franquicias de AlQaeda, cuya capacidad desestabilizadora en Nigeria, Mali y parte del Sahel (muy recientemente, en Burkina Fasso), lejos de reducirse, se ha multiplicado, sobre todo tras el abandono de sus misiones en la zona por parte de Francia[34] ratificado por la decisión de Macron, el 17 de febrero de 2022, de poner fin a la operación Barkhane, esto es, la presencia en Mali, tras la ruptura de relaciones con su Junta militar y, sobre todo, para evitar lo que para algunos corría el riesgo de convertirse en una suerte de Afganistán francés”[35].

A todo ello se une la preocupación por uno de los peores efectos de la estrategia de guerra seguida por Putin, el bloqueo de las exportaciones de grano desde Ucrania, vitales en todo el mundo y, desde luego, en un buen número de países africanos, lo que podría desencadenar una “hambruna catastrófica”, que impulsaría desplazamientos forzados de población. Estos desplazamientos forzados y masivos, en primera instancia, se producirían en el eje sur-sur, y sus efectos desestabilizadores sobre países con escasa capacidad de acogida no se pueden ignorar. Pero los líderes europeos -y así lo ha hecho explícito la propia Comisión[36] temen la segunda fase: esto es, desplazamientos masivos hacia Europa.

Reaparece así el temor a lo que en su día se llamó (así lo hizo el líder del movimiento de los países no alineados, el presidente Jomo Kenyatta) “la bomba de los pobres”, esto es, un uso deliberado de los flujos migratorios en términos de amenaza de presión demográfica sobre el continente europeo, dando pábulo a los fantasmas de aquellos que en Europa hablan de grandes contingentes migratorios a nuestras puertas, dispuestos a lo que asemejan a una “invasión”, cuando no —incluso—, a la tesis conspiranoica del “gran reemplazo”. Nada nuevo, insisto: por no referirnos más que a referencias contemporáneas, baste mencionar el conocido libro de Paul Ehrlich The Population Bomb (1968) o las tesis de Robert Kaplan, expresadas por ejemplo en libros como The Revenge of Geography (2013). En realidad, este uso estratégico de los movimientos migratorios ha de ponerse en relación a su vez con el punto de inflexión en los flujos migratorios en los años 50 del siglo XX, con los procesos de descolonización, que marcan movimientos migratorios masivos desde el sur no desarrollado hacia el norte rico, con especial incidencia en las antiguas metrópolis (Francia, Reino Unido y, en menor medida, Bélgica y Países Bajos). El caso de los flujos desde Latinoamérica a los EEUU es diferente, claro y se relaciona estrechamente con la profunda desigualdad estructural.

Es verdad que el uso estratégico de grandes desplazamientos migratorios como elemento de presión, tal y como apunté en el epígrafe anterior, puede vincularse también a la noción de “guerras híbridas”, como ejemplificaron Lukashenko y Putin al utilizar la presión de desplazados sobre la frontera oriental de la UE (y de la OTAN). Pero convendría no perder de vista que ya antes Erdogan había hecho lo propio con los movimientos de desplazados sirios desde la península de Anatoliahacia las islas griegas del Egeo y hacia los Balcanes. Por no hablar del recurso del que han echado mano una y otra vez los diferentes autócratas del Magreb para presionar, por ejemplo, sobre las fronteras españolas: de la Marcha Verde frente al Sáhara español aprovechando la enfermedad de Franco, a la más reciente utilización de miles de niños, adolescentes y jóvenes en las fronteras de Ceuta y Melilla.

Lo que me interesa destacar aquí es que, bajo esa concepción estratégica del riesgo del “flanco sur”, se puede producir una consecuencia que, por desgracia, no constituye ninguna novedad. Me refiero a la contaminación de las políticas migratorias y de asilo. Digo que no es nuevo, porque el problema fundamental de nuestras políticas migratorias y de asilo, como venimos insistiendo algunos de nosotros desde hace bastantes años, es el modelo degobernanza unilateral de las migraciones que constituye su parti pris: nuestra insistencia en dominar esos movimientos en nuestro beneficio, sin negociar ni tener en cuenta los intereses de las personas y de los países que forman parte de la secuencia migratoria, de las sociedades civiles en origen y en tránsito, ni de los propios migrantes como agentes, como protagonistas de esos procesos de movilidad, en buena medida —también para los inmigrantes, no sólo para refugiados— forzados, no deseados. De ese prejuicio, de esa pretensión de dominio unilateral de los flujos y de los procesos de instalación, de asentamiento de los migrantes, nacen dos errores de nuestra mirada sobre las migraciones y de nuestro modelo de políticas migratorias, que hay que seguir denunciando.

El primero tiene mucho que ver con la miopía —el prejuicio— de seguir conceptualizando a los inmigrantes exclusivamente como fuerza de trabajo (en el fondo,el mismo del esclavismo), ignorando que las migraciones son hechos y procesos sociales de dimensión global y holista, que responden a las relaciones sociales propias del (des)orden internacional y también a las de nuestras sociedades, todas ellas hoy en profundoproceso de reconfiguración, proceso respecto al cual la presencia migratoria tiene un poderosa capacidad de transformación, aunque nos neguemos a aceptarlo y pretendamos tenerlos aquí, según nuestro “orden natural”, es decir, como invisibles, separados y dominados.

El segundo error de conceptualización, que es el que me parece más presente en este concepto estratégico, consiste en insistir de modo desequilibrado, desproporcionado, en los potenciales riesgos y amenazas (indiscutibles como tales, sí) para nuestra seguridad y defensa. De un lado, el más grave, esto es, la amenaza terrorista vinculada a movimientos como las franquicias de AlQaeda. De otro el riesgo de que la llegada masiva de migrantes, de desplazados, empujados por esas grandes hambrunas (o por las guerras del agua, los efectos del cambio climático, etc) entrañen un efecto disolvente de los elementos de cohesión social, por la quiebra del equilibrio del Estado del bienestar y por la capacidad de radicalización de algunos de los movimientos yihadistas sobre los migrantes residentes en Europa, que podrían conducir a ese escenario de pesadilla que denuncia insistentemente una parte de la derecha y toda la extrema derecha europea, la de comunidades segregadas que minan la cohesión social y despiertan el terrible fantasma del enfrentamiento civil.

Negar la dimensión de riesgo, incluso de potencial amenaza que puede entrañar esa constante demográfica que es la movilidad humana, que no hay que olvidar que en ese concepto estratégico se entiende que se desplaza en sentido sur-norte, lo que es un error, porque la inmensa mayoría de esos movimientos, como ha explicado Whitol der Wenden [37], sigue el rumbo sur-sur. Otra cosa es el empeño en reducirlos a esa dimensión potencial. Y lo peor es que semejante análisis deje de lado lo que ha de ser una prioridad, y no una concesión al “buenismo”: el respeto de los derechos humanos de los inmigrantes y desplazados. Ese respeto, esa garantía, no es una opción, sino una obligación de los gobiernos que pretendan ser mínimamente coherentes con las exigencias del Estado de Derecho y de la legitimidad democrática. Esos derechos no pueden ser objeto de negociación, de venta. Son obligaciones cuyo cumplimiento ha de ser exigible. Y no pueden quedar supeditados al criterio de optimización del beneficio, ni tampoco a la lógica geoestratégica.

Ante la necesidad de contar con un planteamiento nuevo de las relaciones de Europa con Africa, parecieran abrirse dos opciones que desgraciadamente entrarían en colisión: la de quienes lo enmarcan en esa prioridad geoestratégica de revenir los riesgos y amenazas del flanco sur y la de quienes entienden que esos flujos migratorios deben formar parte de un planteamiento global, en el que europeos y africanos construyamos un marco global de relaciones desde la perspectiva del mutuo beneficio y de las exigencias de promoción de la Democracia, los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Por eso sostiene el economistaJ.Sachs que, si Europa quiere hacer una contribución seria para mejorar el mundo —también para los europeos—, no debería fijar su prioridad en el marco de la lógica de bloques que parece imponerse, esto es, centrada en el objetivo de conseguir que Ucrania gane la guerra contra Putin, sino que, además de tratar de lograr una solución negociada, diplomática, a esa agresión de Putin sobre Ucrania, por difícil que sea tal empeño, debería focalizar sus esfuerzos en asegurar que los niños africanos tengan acceso a la educación[38].

En todo caso, llama poderosamente la atención que el problema de las hambrunas catastróficas derivadas de la guerra de Ucrania (como el de las grandes sequías, o el de la contaminación de los campos de cultivo o recursos naturales) no se plantee como lo que es: un gravísimo peligro para las poblaciones que se ven obligadas a huir. Los europeos sólo nos planteamos las consecuencias que esas hambrunas pueden implicar para nosotros, sin centrarnos en la actuación verdaderamente necesaria: ¿cómo ayudar a esas poblaciones que se ven expulsadas de sus hogares, como consecuencia de estos fenómenos? ¿qué protección y qué garantías de sus derechos y con qué procedimientos vamos a poner a su alcance?

Esas preguntas dieron lugar en 1951 a la Convención de Ginebra y luego alProtocolo de Nueva York, las piezas clave del derecho internacional de refugiados. Esas preguntas motivaron la aprobación en 2003 de la directiva europea de protección temporal ante llegadas masivas de personas en busca de protección, directiva que hemos activado con una rapidez y eficacia loables, en relación con los desplazados de la guerra de Ucrania.¿Qué hace falta para que nos decidamos a ofrecer respuestas, protección efectiva, a quienes no sean ucranios? ¿Vamos a conformarnos con mirar esos desastres y lamentar su suerte?

Europa tiene su fuerza, insisto, en el hecho de constituir ante todo una comunidad de Derecho, bajo el imperio de la ley (hoy decimos, de la Constitución), al que incluso se subordina la comunidad de intereses que es su motor (el mercado común, el espacio de libre circulación de personas y mercancías que se autodefine como espacio de libertad, seguridad y justicia). Y eso conlleva una decidida opción por un modelo de negociación y cooperación multilateral, que entiende, como pregona la Carta de la ONU, que la guerra es el peor azote de la humanidad y que es incompatible con la legalidad internacional, salvo el caso excepcional de la legítima defensa, que asiste sin duda a Ucrania. Por eso debemos estar a su lado, contribuir activamente a su defensa, porque, sin la menor duda, a Ucrania le ampara la razón del Derecho. Pero porque creemos en la superioridad de la razón del Derecho sobre la razón de la fuerza, nuestros esfuerzos deben orientarse a acabar con la guerra, no a alimentarla, ni a servirse de ella para aplastar a Rusia, como parece el designio de los EEUU[39]

Europa debe ser un actor comprometido en la tarea de promover la colaboración y el apoyo de quienes puedan empujar a Putin a detener la guerra, como China, sobre todo, y quizá India y Turquía. Convencer también a Ucrania de que no debe perseguir el clásico objetivo bélico de una victoria militar que aplaste al adversario. Sin ingenuidades, sin romper con las exigencias propia de nuestra seguridad. Pero sin la épica belicista que, a la postre, no sale gratis para nadie.


[1] Lo mismo podría decirse en otras tradiciones culturales, si nos atenemos por ejemplo a la influencia de célebre Arte de la guerra, atribuido al maestro Sun, conocido como Sun Wu Tzu, donde se explica que la guerra es un asunto de vital importancia para el Estado, “la provincia de la vida o la muerte, el camino de la supervivencia o de la ruina”. El libro puede consultarse en castellano, El Arte de la guerra ilustrado / Sun Tzu, versión de Thomas Cleary, EDAF, 2004. Con todo, la interpretación canónica del texto del maestro Sun insiste en que, aunque resulta vital para cualquier Estado dominar el arte de la guerra, “la maestría suprema en el arte de la guerra consiste en vencer al enemigo sin luchar”.

[2] “Πόλεμος πάντων μὲν πατήρ ἐστι πάντων δὲ βασιλεύς, καὶ τοὺς μὲν θεοὺς ἔδειξε τοὺς δὲ ἀνθρώπους, τοὺς μὲν δούλους ἐποίησε τοὺς δὲ ἐλευθέρους”. Fragmento DK 53: cito por la edición clásica bilingüe de Hermann Diels y Walther Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker. Band 1. (5ª). Weiman, 1956

[3] Cfr. su iluminador ensayo, Ante el dolor de los demás, Alfaguara, 2003. Es de subrayar que Sontag apoya su reflexión en el papel de la obra de arte ante el dolor causado por la guerra, inspirándose en la obra de Caillot , “Miserias y desgracias de la guerra” (1633) que tanto influyó en nuestro Goya, el pintor que para Sontag mejor sabe captar el fenómeno del terrible atractivo de la guerra, del que luego se apoderan la fotografía, el cine y la televisión. Pero Sontag entiende que esa representación artística, que alcanza su más terrible veracidad en la fotografía, es también un antídoto para no olvidar los horrores de la guerra y por eso concluye su ensayo con esta admonición: «Debemos permitir que las imágenes atroces nos persigan… Esas imágenes nos dicen: <Esto es lo que los seres humanos se atreven a hacer, y quizá se ofrezcan a hacer, con entusiasmo, convencidos de que están en lo justo. No lo olvides>».

[4] Es muy vasta la obra de Sánchez Ferlosio sobre diferentes aspectos de la polemología. Cfr., por ejemplo, sus escritos sobre la guerra: La hija de la guerra y la madre de la patria (Destino, 2002); Sobre la guerra (Destino, 2007); God & Gun. Apuntes de polemología (Destino, 2008; luego recogido en Babel contra Babel. Ensayos III. Asuntos internacionales. Sobre la guerra. Apuntes de polemología (Debate, 2016). También se ocupa de problemas de polemología en otros ensayos: por ejemplo, en Campo de Marte I. El ejército nacional, Alianza, 1986, o en La verdad de la patria, Debate, 2020, donde desarrolla sus tesis que expresan un antimilitarismo lejano del pacifismo irenista y vinculado más bien a la defensa de una concepción ateniense, o republicana, que sostiene la necesidad de la “ciudadanía en armas”, y se opone al ejército profesional, -que él considera cosa de mercenarios- cuya existencia, junto a la de la industria del armamento, al <negocio de la guerra>, consiguen que la guerra sea una realidad permanente.

[5] El poema ha sido publicado en la revista AOC: https://aoc.media/fiction/2022/10/08/nous-aimons-la-guerre/

[6] Me refiero, claro está, a su ensayo de 1940, L’Iliade ou le poème de la force (que publicó bajo el seudónimo de Emil Novis en Les Cahiers du Sud, 1941). Se puede leer en castellano, La Iliada o el poema de la fuerza, en la recopilación de textos La fuente griega, Trotta, 2003.

[7] La ciudad de Dios, XII, 22. Cito por la edición de la BAC, 2000.

[8] Ibid., XVII, 13.

[9] Ibid., IV, 4.

[10] Así, en su ensayo de 1784 Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht (hay versión castellana, Ideas para una historia universal en clave cosmopolita y otros escritos de filosofía de la historia traducción de Concha Roldán y Roberto Rodríguez Aramayo; estudio preliminar de Roberto Rodríguez Aramayo, Tecnos, 1987). También, en el ensayo de 1786, Muthmaßlicher Anfang der Menschengeschichte (hay versión castellana, Probable inicio de la historia humana, en la misma edición de escritos).

[11] Sobre el problema de la guerra en la obra de Kant, pueden leerse los ensayos introductorios de Roberto Rodríguez Aramayo a los ensayos de Kant de 1784 y 1786, en la edición citada en la nota anterior y también a su edición de La paz Perpetua. Un diseño filosófico, CTK E-Books, Ediciones Alamanda, 2018, pp. 9-65. Igualmente, su ensayo Kant, entre la moral y la política, Alianza, 2018. De Teresa Aguado, su ensayo Función y crítica de la guerra en la filosofía de I. Kant, Anthropos, 2004. Anteriormente, su Justificar la guerra, Porrúa, 2001.

[12] Cfr. M. Jiménez Redondo, estudio introductorio a Metafisica de las costumbres, Tirant, 2022. Sostiene Jiménez Redondo que el Kant radicalmente ilustrado que escribe esta Metafísica de las costumbres presenta el Derecho como un orden tripartito, en el marco de un nuevo orden global de máxima interdependencia. “Un efectivo orden de derecho habrá de componerse del derecho de los Estados de derecho, del derecho que ha de regular las relaciones entre los Estados de derecho y del orden de derecho que ha de regular la red cada vez más densa e inextricable de relaciones cosmopolitas…si falla una de estas tres partes, necesariamente tienen que fallar las otras dos».

[13] Sobre todo, de su obra La paz a través del Derecho. Sobre ello, el artículo de la profesora Cristina García Pascual “Orden jurídico cosmopolita y Estado mundial en Hans Kelsen”, Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho (CEFD), nº 2, 1999 y, sobre todo, su brillante ensayo, Norma Mundi. La lucha por el derecho internacional, Trotta, 2015.

[14] Cfr. Cfr. J.L. Villacañas, La nación y la guerra, Diego Marin, 1989; más recientemente, “Guerra y autonocimiento”, El Periódico de España, 29 de marzo de 2022.

[15] Hegel, Principios de Filosofía del Derecho, Edhasa, 1988.

[16] Michael J. Shapiro, “Warring bodies and bodies politic: tribal warriors versus state soldiers”, en M. J. Shapiro, y H. R. Alker (eds.). Challenging boundaries. University of Minnesota Press, pp.455–480. La cita es de la página 457.

[17] Por supuesto, en un artículo como éste no pretendo presentar un análisis detallado de un debate tan complejo como el del estado de la cuestión de la respuesta del Derecho internacional ante la guerra, o ante el recurso a la fuerza, sino sólo recordar algunos elementos básicos.

[18] Sobre ello, es recomendable la lectura, por ejemplo, del libro colectivo coordinado por la profesora Consuelo Ramón, La acción colectiva del uso de la fuerza. Nuevos escenarios, nuevos principios de actuación en Derecho internacional, Tirant lo Blanch, 2012

[19] Básicamente en su Peace trough Law (19), que puede consultarse en la versión castellana La paz a través del Derecho, Trotta, 2015, con traducción de Massimo laTorre y estudio introductorio de Cristina García Pascual.

[20] El texto del Estatuto y las referencias de los Estados parte en el Convenio, así como la lista de ratificaciones, puede consultarse en https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/rome-statute-international-criminal-court. Sobre ello, recomiendo la lectura de dos artículos del profesor Remiro Brotons: “Los crímenes de Derecho internacional y su persecución judicial”, Cuadernos de derecho judicial, 7/2001, pp,67-150 y, más recientemente, “Jurisdicción penal universal sobre crímenes internacionales e inmunidades del estado extranjero y sus agentes”, Teoría y Derecho, 21/2017, pp 24-47.

[21]  Se trata de su ensayo La guerra contra el terrorismo, veinte años después. Zero Dark Thirty, Cine y Derecho, Tirant, 2021.

[22]  Así la enunció Alain Gresh, en un pequeño ensayo publicado en septiembre de 2004 en Le Monde Diplomatique, con el título “La guerre de mille ans”. Por su parte, el profesor Samuel Moyn

[23] Dexter Filkins la desarrolló en su libro The Forever War, Knopf, 2008, que obtuvo el National Book Critics Circle Award en ese año.

[24] El profesor Samuel Moyn ha desarrollado la tesis de la invención de una guerra sin fin por la administración norteamericana, al amparo de la War on Terror, dispuesta por el presidente Bush contra el terrorismo yihadista, en su ensayo Humane: How the United States Abandoned Peace and Reinvented War, Farrar, Straus &Giroux, 2021. Un resumen de sus tesis se puede encontrar en su reciente artículo “How the United States created a World of endless War”, The Guardian, 31 agosto 2021 y que puede consultarse en https://www.theguardian.com/us-news/2021/aug/31/how-the-us-created-a-world-of-endless-war.

[25] De nuevo he de referirme a la profesora Ramón Chornet, que publicó en 1995 un estudio entonces pionero sobre la institución de la “intervención humanitaria”: ¿Violencia necesaria? La intervención humanitaria en Derecho internacional, Trotta, 1995

[26] Cfr. M. Kaldor, New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era, Cambridge: Polity, 1999 (hay traducción castellana, Las nuevas guerras. Violencia organizada en la era global, Tusquets, 2001).También, I.Ramonet, Guerras del siglo XXI. Nuevos miedos, nuevas amenazas, Mondadori, 2002

[27] La expresión alemana, que ha hecho fortuna, fue utilizada por el canciller Scholz en su discurso de 29 de agosto de 2022 en la Universidad Carolina de Praga, para designar el giro profundo en las relaciones internacionales y también en la posición alemana, provocado por la guerra de Ucrania, pues supone el abandono de un elemento básico de definición de la política de la RFA, un pacifismo que suponía un freno irrebasable a la concepción de Alemania como potencia militar y que, a raíz de ese cambio, se convertirá, muy al contrario, en la segunda potencia militar occidental. El texto se puede consultar en https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/scholz-rede-prag-karls-uni-2079410. Sobre esta cuestión, puede leerse el ensayo de Alexine Corblin, “Le changement d’époque (Zeitenwende) en Allemagne et ses implications pour la construction éuropéenne”, Questions d’Europe, nº 641, 3 octobre 2022, https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/questions-d-europe/qe-641-fr.pdf.

[28]  En ese sentido, me parece imprescindible leer con detenimiento el argumentado ensayo “Europe in the interregnum: our geopolitikal awakening after Ukraïne”, que publicó en marzo de este año, apenas un mes después del comienzo de la invasión (https://geopolitique.eu/en/2022/03/24/europe-in-the-interregnum-our-geopolitical-awakening-after-ukraine/). En esas páginas sostiene con toda claridad un giro en el papel tradicional asumido por la UE en las relaciones internacionales: “I am convinced that the EU must be more than a soft power: we need hard power too”. Es un propósito de importancia crucial y que, insisto, merece ser discutido, sobre todo porque no hay hard power sin poder armamentístico.

[29] Ambos textos se puede consultar en https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-ambassadors-annual-conference-2022-opening-speech-high-representative-josep-borrell_en , y en https://legrandcontinent.eu/es/2022/10/16/los-jardineros-europeos-deben-ir-a-la-jungla/. El riego de belicismo se acentuó cuando Borrell pareció responder a los continuos desafíos de Putin con una amenaza muy poco sutil, la de “aniquilar el ejército ruso” (sic), si éste recurría al uso de armamento nuclear en Ucrania (https://www.europapress.es/internacional/noticia-borrell-avisa-ejercito-ruso-seria-aniquilado-caso-ataque-nuclear-contra-ucrania-20221013120622.html).

[30]  “La doctrina Sinatra”, Política Exterior, nº 197, septiembre 2020, https://www.politicaexterior.com/articulo/la-doctrina-sinatra/.

[31] Sobre la relación entre la multidimensional noción de autonomía y la “soberanía de la UE, puede verse el ensayo de Eric Maurice, “Les dependances strategiques: une question de souveraineté”, Question d’Europe, nº 630, abril 2022.

[32] “Occidente”, La Vanguardia, 18 de junio de 2022: https://www.lavanguardia.com/opinion/20220618/8348638/occidente.html.

[33]“ Cfr. “Europe in the Interregnum. Our geopolitical Awakening after Ukraïne”,: https://geopolitique.eu/en/2022/03/24/europe-in-the-interregnum-our-geopolitical-awakening-after-ukraine/. Hay versión castellana, “Europa en el interregno. Nuestro despertar político tras Ucrania”, Le Grand Continent https://legrandcontinent.eu/es/2022/03/24/europa-en-el-interregno-nuestro-despertar-geopolitico-tras-ucrania/.

[34] Cfr. por ejemplo, https://www.lavanguardia.com/internacional/20210710/7590472/sahel-francia-retirada-repliegue-macron-hollande-barjan-yihadismo-qaeda-islamismo-radical-takuba.html.

[35]  Sobre ello el análisis de Naomi Moreno Cosgrove para el Real Instituto Elcano: https://www.realinstitutoelcano.org/comentarios/la-inalcanzable-mision-antiterrorista-de-francia-en-el-sahel/#:~:text=El%2017%20de%20febrero%20de,francesas%20y%20europeas%20de%20Mali.

[36] Cfr. https://elpais.com/internacional/2022-06-22/bruselas-teme-que-la-guerra-de-putin-provoque-oleadas-migratorias-hacia-la-ue-desde-el-norte-de-africa.html?sma=newsletter_alerta20220622.

[37] Cfr. su Migrations. Une nouvelle donne, Maison des Sciences de l’Homme, col. «Interventions», 2016.

[38] Cfr. https://elpais.com/cultura/2022-06-22/jeffrey-sachs-algo-falla-en-el-sistema-americano-y-en-la-naturaleza-humana.html?ssm=FB_CC&fbclid=IwAR1EJSQKHNbjirJ4B6b1NIzsZhwEQ9bDjPCxRfJu-yI0FB5JcyMtL3KO-8Q.

[39] Creo que ese es el sentido del manifiesto” Un negoziato credibile per fermare la guerra”, suscrito por un grupo de importantes intelectuales italianos y publicado en el diario Avvenire, el 18 de octubre de 2022 y se puede consultar aquí: https://www.avvenire.it/attualita/pagine/un-negoziato-credibile-per-fermare-la-guerra. El manifiesto es una toma de posición directa frente a la tesis que aquí hemos discutido, la de la guerra como destino inevitable: “Si diffonde una pericolosa sensazione di inevitabilità e di rassegnazione, o, peggio, l’idea che solo una “resa dei conti” possa far nascere un nuovo e stabile ordine mondiale. Ma oggi nessuna guerra può imporre un ordine sotto le cui macerie non restino il pianeta, i popoli, l’umanità tutta. Non ci si può rassegnare”. Sus autores proponen seis medidas para detenerla guerra: 1) Neutralità di un’Ucraina che entri nell’Unione Europea, ma non nella Nato, secondo l’impegno riconosciuto, anche se solo verbale, degli Stati Uniti alla Russia di Gorbaciov dopo la caduta del muro e lo scioglimento unilaterale del Patto di Varsavia. 2) Concordato riconoscimento dello status de facto della Crimea, tradizionalmente russa e illegalmente “donata” da Kruscev alla Repubblica Sovietica Ucraina. 3) Autonomia delle Regioni russofone di Lugansk e Donetsk entro l’Ucraina secondo i Trattati di Minsk, con reali garanzie europee o in alternativa referendum popolari sotto la supervisione dell’Onu. 4) Definizione dello status amministrativo degli altri territori contesi del Donbass per gestire il melting pot russo-ucraino che nella storia di quelle Regioni si è dato ed eventualmente con la creazione di un ente paritario russo-ucraino che gestisca le ricchezze minerarie di quelle zone nel loro reciproco interesse. 5) Simmetrica descalation delle sanzioni europee e internazionali e dell’impegno militare russo nella regione. 6) Piano internazionale di ricostruzione dell’Ucraina. Agradezco al profesor Ballesteros haberme llamado la atención sobre esa constructiva y relevante propuesta

LA «NUEVA» MIRADA DE LAS SERIES DE TV SOBRE EL GENOCIDIO INDIGENA EN NORTEAMÉRICA (EEUU Y CANADA). UN ARTÍCULO DE GUILLERMO ALTARES

El cine comercial, el cine de Hollywood, no ha sido precisamente pródigo al dirigir su foco sobre el terrible genocidio indígena en los EEUU y Canadá, que comienza ya a finales del XVIIII y se prolonga hasta nuestros días. Habría que remitir a excepciones, espléndidas, como dos extraordinarios films de John Ford: su obra maestra, <The Searchers> de 1956, basada en una novela de A. de May e interpretada por John Wayne, Vera Miles, Jeffrey Hunter, War Bond y Nathalie Wood y, sobre todo, su <Cheyenne Autumn>, de 1964, con Richard Widmark, Carroll Baker y Sal Minneo. Pero probablemente y aun tratándose de obras menores, comparadas con las películas de Ford, tuvieron más repercusión dos western de 1970, <Little Big Man> (dirigida por Arthur Penn, con Dustin Hoffman y Faye Dunaway) y <Soldier Blue> (dirigida por Ralph Nelson, con Candice Bergen y Peter Strauss).

Este artículo de Guillermo Altares pone de relieve un aspecto interesante y relativamente novedoso, el interés que muestran algunas de las series de TV más recientes (con un papel destacado para el nuevo guionista estrella, Taylor Sheridan) por ese genocidio de los habitantes del <nuevo mundo>, en los EEUU y en Canadá, a manos de los colonizadores…

Matanzas, mentiras y traiciones: varias series muestran el aciago destino de los indios en Estados Unidos
https://elpais.com/television/2023-04-10/matanzas-mentiras-y-traiciones-varias-series-muestran-el-aciago-destino-de-los-indios-en-estados-unidos.html?ssm=TW_CC a través de @el_pais

ELOGIO DE LA QUEJA Y ENCOMIO DE LA TAREA DEL DEFENSOR (Versión ampliada del artículo publicado en Infolibre, el 22 de marzo de 2023)

La queja, excusa y motor del reconocimiento de derechos

Hay muchas y buenas razones para la crítica de la queja como recurso social y político. Basta recordar lo que escribió Robert Hugues en su The Culture of Complaint. (1993) y, en otro sentido, el ensayo de Daniele Giglioli, Crítica de la víctima (2017). Se ha dicho todo sobre la autocompasión, el populismo y el paternalismo, como estigmas del discurso de la indignación estéril, que banaliza y pervierte lo que de genuino había en el popular panfleto de Stephane Hassel, ¡Indignaos! (2010), un texto que, en su versión en castellano, venía acompañado por una pertinente reflexión de Jose Luis Sampedro. Por no hablar de la confusión interesada entre la queja como estratagema populista y la idea camusiana de rebelión, confusión que, a mi juicio, está en la raíz del movimiento social del que nació Podemos.

Resumo mi posición al rspecto: la indignación, sin más, no construye nada. Y, sobre todo, haber sufrido -ser víctima- un agravio no da legitimidad alguna para imponer tu criterio a los demás . Menos aún, para erigirte en el legislador. Y no digamos, en materia penal.

Dicho esto, veamos la otra cara de la moneda: lo mejor del Derecho, lo más próximo a la idea de justicia, nace precisamente de la queja, o, por mejor decir, de la racionalización de la respuesta frente al agravio, de la queja constructiva. Lo aprendemos en hitos literarios como Antígona, Shylock, Don Quijote, o Michael Kohlhaas.

El sentimiento, la percepción de lo injusto, es el motor histórico de los mejores avances en el reconocimiento de los derechos o, si se prefiere, es el núcleo de la idea de lucha por el Derecho que explicó magistralmente el jurista Jhering. Ese sentimiento ilumina los cahiers de doléances, sin los que no se puede entender la su vez la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789. Ilumina la noción de satyagraha que está en el corazón de la lucha pacífica de Gandhi por la independencia y los derechos de los súbditos de la joya de la corona británica. Como también ilustra lo mejor de los movimientos por los derechos civiles en los EEUU, que encarnaron por ejemplo Rose Parks o Martin L. King, con su metáfora del cheque impagado a una buena parte de la población estadounidense, nada menos que desde 1776.

La lección, reitero, es que los derechos no se activan, ni se mantienen, ni se desarrollan, sin el movimiento de queja, sin la institucionalización de la presentación, argumentación y respuesta a la queja: así, la respuesta a algunas de ellas consigue alcanzar la dimensión de ley. Por descontado, buena parte de esas quejas se canalizan en la actividad ante los tribunales. Pero no basta. Permítanme recordar ahora algunas nociones elementales acerca de una de las vías por las que, además de los tribunales, se pretende canalizar el sentimiento de lo injusto, la queja y darle respuesta

Institucionalizar la defensa y respuesta a la queja: la tarea del Defensor del Pueblo

Como habrá supuesto el lector, me refiero a la institución del ombudsman, que aquí conocemos como Defensor del Pueblo (en el ámbito autonómico, con diferentes denominaciones equivalentes a ésta: ararteko, síndic de greuges, valedor do pobo…).

De acuerdo con el artículo 54 de nuestra Constitución y con su ley orgánica (L.O. 3/1981), el Defensor tiene como función “la defensa de los derechos comprendidos en este Título (esto es, el título I, “De los derechos y deberes fundamentales”), a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales”. Queda configurado como una autoridad independiente (artículo 6.1): “no estará sujeto a mandato imperativo alguno. No recibirá instrucciones de ninguna Autoridad. Desempeñará sus funciones con autonomía y según su criterio“.

El Defensor -los Defensores, insisto- recibe las quejas, los agravios de los ciudadanos en relación con el funcionamiento de las administraciones o entidades públicas que consideren que han vulnerado sus derechos. El campo en que debe ejercer tal control es amplísimo: de la salud a la educación, de la igualdad de trato a las políticas sociales, del empleo a la vivienda, de la seguridad ciudadana al medio ambiente, las migraciones o los servicios públicos esenciales. A ello se añade que, en nuestro país, el Defensor asume la función del mecanismo nacional para la prevención de la tortura. En el ejercicio de sus funciones, “todos los poderes públicos están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo en sus investigaciones e inspeccione” (artículo 19.1) Como consecuencia de sus investigaciones, el Defensor puede dirigir a las autoridades correspondientes “advertencias, recomendaciones, recordatorios de sus deberes legales y sugerencias para la adopción de nuevas medidas. En todos los casos, las autoridades y los funcionarios vendrán obligados a responder por escrito en término no superior al de un mes” (artículo 30.1). Aunque las resoluciones del Defensor no tienen fuerza vinculante -como las de los tribunales- para corregir las vulneraciones de derechos objeto de las quejas, del incumplimiento de ellas pueden seguirse responsabilidades.

En cumplimiento de su tarea, cada año el Defensor eleva a las Cortes Generales (Congreso y Senado) un informe anual, como el que hace apenas una semana entregó su titular, Angel Gabilondo, a los presidentes del Congreso y del Senado, por lo que se refiere al año 2022 y que en buena medida aún se refiere al mandato de quien -a mi juicio- durante varios años fue un excelente Defensor, aunque de iure sólo estuviera en funciones de tal, Francisco Fernández Marugán. Esos informes son lectura obligada para cualquiera que tenga el menor interés sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país. Y digo en nuestro país, porque es importante subrayar que la actuación del Defensor está abierta no sólo a los ciudadanos españoles, sino también a los extranjeros, sin condicionantes de edad o situación legal. Una atención permanente, 24 horas de 24, todos los días del año, no sólo presencial, sino también por correo postal, por teléfono y online. Y es gratuita. La web del defensor (https://www.defensordelpueblo.es/) es un instrumento realmente accesible y constituye un instrumento muy útil.

El informe de 2022 (https://www.defensordelpueblo.es/informe-anual/informe-anual-2022/) da cuenta de un ligero incremento en las quejas respecto a 2021 -algo más de 2000 y un total de 31.077 quejas-, como resultado de las cuales se emitieron 739 recomendaciones, 1392 sugerencias y 365 recordatorios de deberes.

Entre las quejas reseñadas en el informe de 2022, destacan las relativas al funcionamiento de la sanidad, en aspectos como la medicina familiar, la atención primaria y las listas de espera. Pero también en lo que se refiere a la atención a los ciudadanos en la seguridad social y en los servicios de empleo. Y sin olvidar un importante déficit, el de la administración digital, donde se advierte una injustificable asimetría entre la obligación a los ciudadanos de acudir a esos medios digitales cuando se dirigen a la administración (incluso como única vía) y la accesibilidad y agilidad de los mecanismos digitales de la administración, junto a una preocupante tendencia a privar de la atención presencial. Una tendencia particularmente grave cuando hablamos de los ciudadanos que sufren mayores dificultades con esos medios.

Una institución incómoda para el poder, desde la comodidad para los ciudadanos

Las características de la institución del Defensor -de los Defensores- exigen independencia y firmeza en la tarea de control, que es de crítica inevitable para la garantía de mejora de la práctica de los derechos humanos. Para explicar su tarea, he acudido alguna vez a una fórmula paradójica: exige un equilibrio que no es fácil, porque debe ser a la vez incómoda, pero muy cómoda. Incómoda para quienes deben ser objeto de control, para el poder. Y muy cómoda, para los aquejados, ciudadanos. Creo que, sin demérito de anteriores titulares, en el tiempo en que vienen ejerciendo sus funciones el actual Defensor y sus Adjuntos han dejado patente su voluntad de llevar a cabo al máximo de lo posible ese difícil equilibrio, en asuntos particularmente complicados, como el procedimiento aún en curso sobre los abusos sexuales cometidos en el seno de instituciones de la iglesia católica y su investigación y posterior informe acerca de la tragedia en la valla de Melilla y las responsabilidades en que se incurrieron en esos terribles hechos.

Pero lo que me interesa poner de relieve es algo que no siempre se destaca y que Angel Gabilondo ha sabido subrayar con motivo de la presentación del Informe 2022. Se trata de poner de relieve que, aunque el principal cometido de la institución del Defensor es la tarea de control de las administraciones públicas en el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, lo más importante es algo que no se dice en la Constitución, ni en la Ley Orgánica, pero que el actual Defensor, Angel Gabilondo, y el equipo de la institución han comprendido perfectamente y que la alejan del paternalismo, del buenismo ineficiente, un riesgo evidente para la institución. Angel Gabilondo sostuvo en la presentación del informe una tesis que es a mi juicio imprescindible: “el informe…no es una sucesión de avatares o circunstancias que conciernen a los ciudadanos, sino que cabría decir que ellos son en gran parte los protagonistas y redactores del mismo, que constituye una determinada radiografía de la sociedad española»

Destaco la advertencia de Gabilondo porque creo que expresa perfectamente la lógica de los derechos: éstos no son concesiones ni privilegios que se otorgan a los ciudadanos. Son atribuciones de las que los ciudadanos son titulares y por ello debemos ser conscientes de que es a nosotros, a los ciudadanos, a quienes nos corresponde el protagonismo, el deber de un compromiso activo en su ejercicio y defensa. Porque los derechos no están adquiridos, ni garantizados de modo absoluto y para siempre. Se violan de continuo e incluso pueden ser reducidos, aniquilados.

Es un mensaje también de calidad democrática: una sociedad es mejor cuando sus ciudadanos entienden que no son -no somos- consumidores pasivos de los derechos, como mercancías que se nos venden u ofrecen. Hay que pelear por ellos, y de ahí la importancia de la queja. De la queja que no se limita a la indignación o al insulto. La queja que se plantea y se pelea en buen derecho.

Por eso, como concluía Angel Gabilondo, el informe, es una radiografía de la sociedad. Lo es sobre todo en el sentido de que, desviaciones y abusos de los pleiteantes obtusos aparte, los ciudadanos de nuestro país somos cada vez más conscientes de la necesidad de vigilar, para hacer cumplir con nuestros derechos. Y eso, aunque pueda ser incómodo, es señal inequívoca de la vitalidad democrática de nuestra sociedad.

UNA DESPEDIDA Y UN RETORNO

El viernes 10 de marzo, el Consell de la Generalitat me ha hecho el honor de nombrarme conseller del Consell Juridic Consultiu (CJC), el máximo órgano consultivo de la Generalitat Valenciana en asuntos jurídicos, Para un profesor de Derecho, es un reconocimiento que hay que agradecer y una experiencia -un reto- que se promete interesantísima.
Es un cargo incompatible con cualquier puesto representativo, por lo que tendré que renunciar al acta de senador. Me despido así, después de 4 años, del Senado de España, la Cámara en la que he tenido un inmenso honor, el de representar a los ciudadanos valencianos que me eligieron dentro de las listas del PSPV-PSOE. Nunca dejaré de agradecer ese honor a mis conciudadanos y al PSPVPSOE por haber depositado tal confianza en mí.
Han sido 4 años de valiosa experiencia, con los lógicos claroscuros, de la que me llevo sobre todo el haber conocido y compartido trabajo con extraordinarias compañeras y compañeros (y no sólo de mi grupo parlamentario), de los que he aprendido lo que significa trabajar con dedicación y honradez al servicio del bien común, desde la propia perspectiva territorial. He hecho allí amistades de las que se llevan para el resto de la vida. Y he disfrutado de un servicio de Biblioteca y documentación como no he conocido otro en más de 40 años de vida universitaria, en Universidades y centros de investigación de todo el mundo. Mis disculpas por los errores y torpezas que he cometido en estos años. Mi agradecimiento a todos.
El régimen de incompatibilidad del CJC me obliga también a renunciar a las tareas de miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional (CEN) del PSPV-PSOE, un honor que me brindó el secretario general del PSPV-PSOE y President del Consell de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. He formalizado mi renuncia, y la he hecho expresa en la reunión de la CEN del sábado 11 de marzo. Seguiré militando en el PSPVPSOE y aprendiendo de mis compañeros.
A los 70 años recién cumplidos, se abre así otra etapa, que motiva a renovarse. Sobre todo porque, junto a ese trabajo en el CJC, tengo la posibilidad de dedicar un tiempo a la docencia e investigación en mi Universidad, en el Instituto de Derechos Humanos y en el Departamento de Filosofía del Derecho que son, a fin de cuentas, la razón de mi vida profesional. Ese regreso a las aulas universitarias es también un motivo de alegría..

PRESENTACIÓN ANTE EL PLENO DEL SENADO, EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2023, DE LA MOCIÓN PARA PROPONER UNA PONENCIA DE ESTUDIO SOBRE EL IMPACTO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y OTRAS TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS EN LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA, LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN

Por razones de educación (“es de bien nacido ser agradecido”) y de justicia (hay que pagar las deudas), déjenme que comience por reconocer que en el origen de esta moción está una propuesta que me hizo el senador y profesor Reniu, en una de las conversaciones que solemos mantener, para mi suerte.

Creo que esta moción tiene unas características de sencillez y aun diría de tan evidente oportunidad, por la actualidad de cuanto toca al desarrollo de la IA, que excusan una mayor argumentación. Una ponencia de estudio, que además de escuchar las aportaciones de científicos, investigadores y profesores universitarios, porque eso es lo que la especifica, tendrá las características propias del Senado, es decir, obviamente estará atenta y abierta a las perspectivas territoriales …

La relevancia de la IA no es una cuestión nueva: habría que remontarse a una obra de teatro de Karel Capek estrenada en Praga en 1921 R.U.R. (Robots Universales Rossum) – donde aparecían unos humanos artificiales, fabricados para trabajar, que acababan rebelándose contra sus creadores. Los robots, como peligro para la existencia de la humanidad. Asimov desarrolló y enunció, como recordarán, las leyes de la robótica, orientadas a garantizar la preeminencia de los humanos sobre la IA. La literatura de ficción y el cine han contribuido a difundir en la opinión pública una visión distópica, casi apocalíptica del desarrollo de la IA, en la línea inaugurada por la Metrópolis de Lang, aunque se expresara con la admirable capacidad de Kubrick y Clark, en el inolvidable diálogo de 2001, entre la IA Hal 9000 y el astronuta Bowman y en la que, antes de ser desconectado, Hal 9000 preguntaba si podría soñar…

La inteligencia artificial tiene un potencial enorme, pero también traerá las disrupciones inherentes a ciertas tecnologías transformadoras. Margaret Boden, la gran científica y filósofa, creadora del primer laboratorio de ciencias cognitivas y de la computación, autora del libro de divulgación Inteligencia artificial (Turner 2021) sostiene que ningún aspecto de nuestra vida escapará a la IA.

Va a alterar nuestras vidas, ya tan digitalizadas. Lanzará una carrera tecnológica y otra empresarial. Puede modificar los equilibrios geopolíticos y hasta nuestra capacidad cognitiva y nuestras ideas sobre qué es la creatividad. Piensen en algunos campos

Vida cotidiana: una nueva interfaz hombre-máquina

Hace años que los algoritmos se multiplican aunque no los veamos. Los usa Netflix para recomendar series, Red Eléctrica para predecir la energía que será necesaria mañana o Ikea para anticipar los pedidos y organizar su flota de camiones. Pero la nueva inteligencia artificial será más palpable. Porque una novedad de la IA generativa es que maneja lenguaje humano.

Mundo empresarial/laboral

La carrera está lanzada. No sólo ingentes inversiones fluyen para alimentar el desarrollo de sistemas AI, sino que empresas de distintos sectores empiezan a prepararse para absorber en sus mecanismos de funcionamiento las nuevas tecnologías. Jean-Marc Ollagnier, responsable de Accenture Europa, comentaba en una reciente entrevista que la próxima década representará, a su juicio, una revolución empresarial de mayor envergadura que todos los cambios vividos desde 1945, con la IA como uno de los grandes elementos de cambio. La nueva tecnología promete ampliar capacidades y productividad con notables consecuencias en el mercado laboral: se crearán nuevos puestos de trabajo, otros experimentarán una metamorfosis en su desempeño, y otros más desaparecerán, ya innecesarios.

Se intuye, además, una novedad: por primera vez en la historia de la humanidad se podrían automatizar tareas creativas.

Ciencia, innovación, docencia e investigación universitarias.

Pero esta moción se ocupa expresamente del impacto de la IA en el ámbito universitario: en la investigación científica y la innovación, en la docencia y en la evaluación de estudiantes, profesores e investigadores.

En el ámbito de la ciencia y la investigación universitaria y de la docencia, como en otros, se superponen perspectivas alentadoras y problemáticas. El acceso libre a ChatGPT ha desencadenado una alerta acerca de la posibilidad de que los alumnos resuelvan sus deberes o exámenes recurriendo a la máquina. Se avizoran múltiples efectos negativos, como dificultar la evaluación precisa del alumno —esencial para ayudarle en su recorrido— o alterar procesos competitivos —por ejemplo, para becas al mérito, etcétera.

Incluso sin llegar al extremo de la trampa, estos sistemas plantean el reto de alejar a los seres humanos de mecanismos mentales fundamentales en el desarrollo del intelecto, como afinar la capacidad de pensamiento a través de la escritura.

Dice el informe 2021 sobre IA, de la Comisión Nacional de Seguridad de EE UU que “La IA reorganizará el mundo”, porque no hay referencias históricas para calibrar el impacto de la inteligencia artificial. Según el informe, estamos ante algo más que un gran hallazgo tecnológico, una transformación de escala mayor, del tipo que describió Edison al hablar de la revolución eléctrica: “un campo de campos […] contiene los secretos que reorganizarán la vida del mundo”

Es lógico que nos preguntemos ¿Qué función puede tener la IA en la gestión de los asuntos públicos? ¿Hasta dónde debería llegar su papel? ¿Quién controlaría su actuación? ¿Qué riesgo hay de que interfiera y desnaturalice el debate político? ¿Podría en un futuro acabar tomando decisiones en lugar de un ser humano?

La UE, primera entre los grandes actores globales, ya desarrolla iniciativas jurídicas de respuesta y regulación, con la dificultad de anticipación en la materia, que pretende sobre todo definir aplicaciones que crean un riesgo inaceptable. Así, la comisaria de derechos humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, resumió en junio del 2021 las amenazas en el terreno político en una: la “manipulación de la opinión pública”. Mijatovic recordó que las nuevas tecnologías digitales y las redes sociales han propagado la desinformación e incitado al odio y la violencia, “infundiendo miedo en la población y fomentando los movimientos antidemocráticos de extrema derecha”. Y llamó a aprobar una regulación para que las grandes tecnológicas actúen de acuerdo con el marco legal de los derechos humanos.

Por su parte, Timnit Gebru, una inmigrante etíope que lelgó a los EEUU se ha convertido en la <ingeniera del antirracismo> en Silicon Valley desde que, comocodirectora del equipo de investigación de Google para IA ética, señaló que los sistemas de IA de la compañía usaban un lenguaje que marginaba la voz de muchos colectivos. Lo cierto es que todo depende de quién esté detrás de su programación, quién y con qué objetivo desarrolle los algoritmos. Interrogado el propio Chat GPT responde: “Si estuviera programado con otra orientación ideológica sería capaz de generar respuestas consistentes con esa ideología”.

Hay, desde luego, iniciativas parlamentarias y gubernamentales que ofrecen ya una valiosa documentación

Me parece muy útil la denominada Declaración de Toronto (2019): Toronto Declaration: Protecting the right to equality and non-discrimination in machine learning systems. (Amnesty y Acces Now)

La Comisión Europea está promoviendo, a través de su Plan Coordinado de Inteligencia Artificial, el desarrollo de una IA centrada en el ser humano, sostenible, segura, inclusiva y fiable. Además, ha aprobado la Comisión de la Comisión Europea para la eficiencia de ña justicia ha aoptado la European ethical Charter on the use of Artificial Intelligence in judicial systems and their environment, 2019

Por su parte, el Consejo de Europa aprobó en 2017 su Study on the Human Rights Dimensions of Automated Data Processing Techniques (in particular algorithms) and Possible Regulatory Implications, Council of Europe. 2017

Entre los dictámenes de otros parlamentos destacaré el Informe “AI in the UK: ready, willing and able?”, del Select Coommittee on AI, constituido entre 2017 y 2019 en dicha Cámara y que emitió su dictamen el 29 de junio de 2019, “to consider the economic, ethical and social implications of advances in artificial intelligence.” Está disponible en https://publications.parliament.uk/pa/ld201719/ldselect/ldai/100/100.pdf

Por lo que se refiere a nuestro país, recordaré que, en el Indice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI) de 2022, España ocupa un lugar por encima de la media de la Unión Europea. El Gobierno de España aprobó en el año 2020 la Estrategia de Inteligencia Artificial que sienta las bases para su desarrollo en varios ejes. En dicha Estrategia se avanza en medidas de apoyo al desarrollo y la adopción de la IA, donde la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación son uno de sus principales ejes.

Conviene recordar que el Senado constituyó en 2020 una ponencia de estudio sobre la adopción de una regulación de las nuevas realidades tecnológicas, disruptivas y sociales, en el seno de la Comisión de Asuntos Económicos y Tranformación Digital.

Espero y deseo que la Cámara vote favorablemente esta moción y se constituya la ponencia de estudio en el seno de la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades que tengo el honor de presidir.

PRESENTACIÓN ANTE EL PLENO DEL SENADO, EL 22 DE FEBRERO DE 2023, DEL DICTAMEN DE LA COMISION DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES, SOBRE EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO (LOSU)

Señor Presidente, señorías

El Proyecto de ley que se somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado, y que se tramita por el procedimiento de urgencia, tuvo su entrada en esta Cámara el día 3 de febrero de 2023, fecha de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. El plazo de presentación de propuestas de veto y enmiendas terminó el día 9 de febrero.

A este Proyecto se han presentado 2 propuestas de veto:

El veto número 1, del Senador Marín Gascón y las Senadoras Merelo Palomares y Rodríguez de Millán Parro (GPMX) y

El veto número 2, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El proyecto de LOSU ha recibido 310 enmiendas. Su distribución es la siguiente:

11 del Senador Catalán Higueras (GPMX);

5 del Senador Fernández Viadero (GPD);

27 del Senador Sánchez López (GPD);

4 del Senador Egea Serrano y la Senadora Martín Larred (GPD);

6 del Senador Mulet García (GPIC);

4 del Senador Vidal Matas (GPIC);

4 del Senador Martínez Urionabarrenetxea (GPIC);

14 del Senador Gómez Perpinyà (GPIC);

88 de la Senadora Castellví Auví y el Senador Cleries i Gonzàlez (GPN);

11 del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV);

18 del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu (GPERB);

114 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y

4 del Grupo Parlamentario Socialista.

La Ponencia ha estado integrada por los siguientes Senadores y Senadoras:

Argüeso Torres (GPMX),

Castellví Auví (GPN),

Fernández Viadero (GPD),

Fragoso Martínez (GPP),

Latorre Ruiz (GPS),

Magdaleno Alegría (GPS),

Peral Díez (GPV),

Reniu i Vilamala (GPERB),

Sanz Vitorio (GPP),

Torralba Valiente (GPS), y

Vidal Matas (GPIC).

La Ponencia, tras reunirse el día 17 de febrero de 2023, emitió su Informe, en el que acordó aprobar el texto remitido por el Congreso de los Diputados con la incorporación de las enmiendas 277 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y 308 del Grupo Parlamentario Socialista.

Asimismo, la Ponencia, en relación con diversos errores de índole terminológica y gramatical detectados en el referido texto, acordó efectuar las oportunas correcciones, que no tienen la naturaleza de enmiendas a los efectos de lo dispuesto en el artículo 90.2 de la Constitución.  

La Comisión se reunió el pasado día 17 de febrero para dictaminar y acordó por mayoría aceptar como dictamen el texto propuesto por la Ponencia en su Informe.

A este Dictamen se han presentado por los enmendantes y grupos citados al comienzo de esta presentación 14 votos particulares, incluidas 2 propuestas de veto.

Señorías, permítanme expresar mi agradecimiento por su trabajo a los miembros de la Comisión, en particular a los ponentes y también a los servicios de la Cámara. Y como siempre y en primera persona, al letrado D. Pablo García Mexía

Termino.

Sé que sus señorías soportan con paciencia y buen humor mi particular devoción por los clásicos. Se lo agradezco, créanme.

Hoy he pensado en un hexámetro de las Sátiras de Juvenal, que muchos nos repetimos con frecuencia y en el que nos advierte sobre un riesgo: et propter vitam, vivendi perdere causas: en el afán de salvar la vida, perder las razones por las que vale la pena vivir

Sé que todos los grupos parlamentarios queremos lo mejor para esta institución multisecular, una de las grandes creaciones de la civilización, que ha vivido de, y sobrevivido a, múltiples crisis.

Y estoy seguro de que tenemos muy presente que esa advertencia del poeta romano se puede aplicar a nuestra tarea de hoy, en el pleno: queremos reformar la Universidad -una vez más-, para que esté a la altura de las exigencias de un mundo que está cambiando profundamente y así pueda cumplir mejor las que son sus funciones tradicionales y también las que necesariamente ha de añadir.

Esto es y como previene la sentencia clásica, queremos reformarla, no sólo para que (sobre)viva, sino para que no pierda, sino que desarrolle y mejore, sus vivendi causas, las razones que la dieron a luz y que son su razón de ser.

NEURODERECHOS, UN RECONOCIMIENTO NECESARIO (Versión ampliada del artículo publicado en Levante-EMV, 22 de febrero de 2023)

No es arriesgado sostener que el reconocimiento de los neuroderechos constituye una de las dos más importantes y necesarias renovaciones de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), que cumple su 75 aniversario en 2023. La otra -a mi juicio, de importancia incluso mayor-, es la necesidad de reconocer y garantizar lo que los teóricos del <constitucionalismo ecológico> denominan bienes fundamentales vitales.

Se trata de dos ampliaciones en el catálogo de la DUDH que convengo en defender, frente a los partidarios de lo que podríamos denominar una concepción conservadora y obviamente restrictiva de los derechos humanos, que pretende reducirlos al núcleo de una dignidad entendida al modo liberal, que de nuevo hoy pretende excluir del catálogo de los verdaderos derechos a los derechos económicos, sociales y culturales, como la salud, la educación, la protección contra el hambre, la vivienda, el trabajo digno o las pensiones.

La mejor justificación de esa ampliación es la necesidad de hacerl justiciables para todos los seres humanos los bienes, las necesidades que esos nuevos derechos tratan de salvaguardar. En otras palabras, ha llegado la hora de tomar en serio la exigencia de garantía efectiva de esas necesidades básicas. Claro está, semejante exigencia se traduce y concreta en demandar la voluntad política de poner los medios para tal reconocimiento y garantía.

A mi entender, esa justificación concurre en las dos categorías que propongo como ampliación del catálogo de derechos de la DUDH. Desde luego, en esos bienes fundamentales vitales que, precisamente por su dimensión de bienes comunes para todos (más allá incluso de la especie humana) resultan prioritarios. Como ha explicado muy bien Ferrajoli, se trata de bienes vitales naturales, como el agua, el aire incontaminado, el clima estable. Pero también de los bienes vitales sociales, fruto de nuestro ingenio e investigación, como la comida imprescindible, los fármacos esenciales, las vacunas. Unos y otros deberían estar sustraídos al mercado y en particular los naturales, bajo formas fuertes de garantía que recuperen su carácter extra patrimonium y extra commercium.

Pero volvamos a la noción de neuroderechos, tal como la postula quien es reconocido como el más autorizado representante e impulsor de la demanda de reconocimiento de esa categoría, el neurobiólogo profesor Rafael Yuste. Esta propuesta en torno a los neuroderechos es, como tantas otras grandes ideas, tan sencilla como relevante y nace de la necesidad de regulación y respuesta ante el desarrollo de las neurotecnologías, que permiten la aparición de herramientas o técnicas (por ejemplo, los algoritmos) que permiten manipular, registrar, medir y obtener información del cerebro. Como ha subrayado el mismo Rafael Yuste, se trata de una gran oportunidad que nos sitúa ante lo que podríamos considerar un salto cualitativo en nuestra especie, pero también entrañan un grave riesgo, si no se garantiza una adecuada y eficaz  protección jurídica de lo que, en definitiva, es nuestra conciencia.

Por mi parte, me gustaría subrayar que los neuroderechos constituyen un estupendo ejemplo de cómo lo que llamamos derechos humanos no son un concepto abstracto, sino histórico, que admite ampliación de su catálogo, ante la aparición de nuevos bienes que entendemos como necesidades y que se encuentran en riesgo, precisamente porque -como sucede en este caso- el desarrollo tecnológico permite manipularlos, incluso vaciarlos de contenido. Hablamos, sí, de lo que en teoría de los derechos humanos conceptualizamos como necesidades básicas que exigen el tipo de protección más alto, el que ofrece su reconocimiento como derechos humanos universales y nuevos. En efecto, nos encontramos ante necesidades que hasta ahora no reconocíamos, porque no existían como un bien posible, y además no estaban todavía en riesgo: el derecho a la identidad personal, a la privacidad mental, o al acceso equitativo a la mejora cerebral o a la protección contra sesgos introducidos por esas técnicas.

En Derecho constitucional comparado, la categoría de neuroderechos estuvo a punto de lograr su primera constitucionalización en el artículo 19.1 del abortado proyecto de Constitución chilena que disponía lo siguiente: “El desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y se llevará a cabo con respeto a la vida y a la integridad física y psíquica. La ley regulará los requisitos, condiciones y restricciones para su utilización en las personas, debiendo resguardar especialmente la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella”. Esperemos que se recuperen en el nuevo proyecto constitucional.

Todo lo anterior viene especialmente a cuento porque el próximo viernes 24 de febrero tendrá lugar en Valencia la firma colectiva de Neurodrets. La declaració de València, una iniciativa del Consell Valenciá de Cultura (CV), impulsada sagazmente por la filósofa Ana Noguera, y que tiene como objetivo la incorporación de los <neuroderechos> a la Declaración Universal de los Derechos humanos (DUDH. Particularmente significativa me parece la presencia en ese acto de quien, como ya he señalado, es el más reconocido de los impulsores de este reconocimiento, el neurobiólogo Rafael Yuste.

Estamos, pues, de enhorabuena por el hecho de que Valencia se asocie a este acontecimiento y hay que agradecérselo al CVC. Ojalá que asistamos pronto a su positivación en el Derecho constitucional y en el Derecho internacional de los derechos humanos.

UN ACUERDO Y ALGUNAS DISCREPANCIAS SOBRE LA «LEY TRANS» (versión ampliada del artículo publicado en Infolibre, 13 de febrero de 2023)

A mi amiga y compañera Susanna Moll

La semana pasada, el pleno del Senado aprobó el proyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI (la denominada «ley trans»), con la introducción de enmiendas de corrección lingüística y técnica, lo que supone que el texto vuelva al Congreso para su definitiva aprobación. Me parece un momento adecuado para recoger un acuerdo fundamental y también algunas de las discrepancias que sostengo (junto con algunos compañeros y compañeras del grupo parlamentario socialista y, muy en particular, mi admirada compañera Susanna Moll) en torno a esta ley.

I. Ante todo, el acuerdo más relevante: el objetivo prioritario de esta ley no es otro que la defensa de los derechos de las personas trans, un propósito que comparto y apoyo. Huelga decir que se trata de una exigencia de la noción misma de derechos humanos, porque nadie que defienda los derechos humanos universales puede dejar de defender la igualdad y no discriminación de las personas trans en los derechos, un reconocimiento que es fruto de una larga y muy dolorosa lucha social para miles de personas y sus familias y que trata de poner fin a esa angustia, a ese sufrimiento. Porque los derechos de las personas trans son también los nuestros.

Ese objetivo no es un prejuicio propio de lo que algunos llaman “agenda ideológica” del Gobierno de coalición. Habría que precisar que, por supuesto, todo gobierno tiene agenda ideológica, porque todo gobierno responde a una ideología. Ideología que se ha reflejado en un programa electoral, con una prioridad en las acciones de gobierno a realizar. Ideología pues, que ha obtenido el respaldo de los votantes, con arreglo a la mayoría parlamentaria. Es decir: hablar de «agenda ideológica», como si ello fuera peyorativo revela un error conceptual cuando no un intento de manipulación. Dicho ésto, la aprobación de una ley trans de carácter estatal (ya las hay en las CCAA), es un objetivo coherente con una agenda ideológica, sí: la que considera prioritaria la tarea de desarrollar el reconocimiento y garantía de derechos de todos y en particular de aquellas personas que se encuentran en peor situación y ven vulnerados sus derechos por ese hecho o incluso ven negado su reconocimiento en condiciones de igualdad. Una agenda política y legislativa que prioriza que nadie se quede atrás.

Esa aprobación, además, es un compromiso del programa del partido socialista y como militante y senador del PSPVPSOE estoy satisfecho por el hecho de que se cumpla con esta agenda legislativa, que alivia mucho sufrimiento y contribuye a restaurar la dignidad de esas personas. Esa —y no sólo la relevante consideración de la disciplina parlamentaria de voto— es la razón última de mi voto favorable a la ley.

Por lo demás, como muchos compañeros del partido, como muchas personas, llevamos años tratando de explicarlo y defender el reconocimiento y garantía de esos derechos, también por escrito y públicamente: por ejemplo, en la entrevista que incluyó mi amiga Fani Grande en su libro Jo soc aixi i aixo no es un problema (editorial Vincle, Valencia, 2017), una obra que, a mi juicio, supuso un aporte relevante para el reconocimiento de los derechos de las personas trans.

II. La primera de las discrepancias se refiere a una cuestión de fondo, que puede incluso entenderse como filosófica y que plantea un ya muy amplio debate sobre el feminismo y la ideología queer (un asunto de indiscutible complejidad e interés, no sólo académico), una discusión que ha resultado muy divisiva entre la militancia y los votantes de izquierda —desde luego, del partido socialista— y también en la sociedad.

Comenzaré por reiterar la necesidad de evitar prejuicios y leer y escuchar con atención los argumentos que se han planteado de una y otra parte en esta polémica. No menos necesario es insistir en la exigencia de evitar estigmatizaciones y —sobre todo— las descalificaciones personales que, lamentablemente, se han producido a uno y otro lado del debate. Así, resulta rechazable calificar de incitación al odio a quienes critican con argumentos las tesis del movimiento queer o adjudicar la etiqueta de tránsfobo a todo aquel que discrepe de los argumentos de quienes sostienen esa ideología, o criticara este proyecto de ley. Inadmisibles son también las descalificaciones que entran en el terreno de lo personal para todo aquel que sostenga la defensa de la causa trans.

Me repugnan en particular los intentos de prohibir o impedir por la fuerza conferencias, presentaciones de libros o debates: algo incompatible con el respeto a la libertad de expresión y que llega al extremo cuando eso sucede en el ámbito universitario, espacio por antonomasia de la libertad de crítica. Un espacio en el que se han llegado a producir actos que avergüenzan, como la quema de libros de quien sostiene tesis críticas con la ideología queer y con la ley.

Dicho esto, y salvaguardando el imprescindible reconocimiento de la igualdad de dignidad y derechos de las personas trans, soy de la opinión de que la afirmación irrestricta del principio de autodeterminación confunde, si no consagra, un error conceptual de base: sostiene que el dato biológico que es el sexo ha de reducirse al constructo social que es el género. Ésta, la de género, es una categoría cuyo fundamento y función social ha sido justamente criticada por el movimiento feminista, en la medida en que ha servido para un proceso multisecular de subordiscriminación de las mujeres, núcleo de la cultura patriarcal y que constituye una inaceptable realidad en punto al reconocimiento y garantía de la igualdad de derechos de las mujeres. La peor de las consecuencias de esta confusión es la vinculación del reconocimiento como mujer a un sentimiento de identidad, lo que supone un riesgo de desdibujar la razón misma de la lucha por la igualdad de derechos de las mujeres.

Insistiré una vez más en algo que es un punto de partida que tenemos claro todos los que estudiamos y trabajamos en torno a problemas de derechos humanos: ningún derecho es absoluto. Tampoco la autonomía de la voluntad como principio es un principio absoluto. Puede y debe ser objeto de regulación jurídica y, con ello, de condiciones para su ejercicio en determinadas situaciones. Creo que ese es el sentido de la muy citada afirmación de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Reem Alsalem, una reconocida experta en cuestiones de género: «El derecho a la no discriminación de toda identidad de género no significa que no deban existir salvaguardas y criterios objetivos para otorgar o denegar esa solicitud. No basta solo la voluntad del individuo«.

Pues bien, el caso es que, a mi juicio, esta ley propicia este error argumentativo, que fundamenta una segunda y más concreta discrepancia respecto a esta ley, relativa al reconocimiento de los derechos de los menores trans, precisamente en aras de la mejor garantía de sus derechos como menores y del principio de interés superior del menor, que es cometido prioritario de la tutela judicial.

III. En efecto, la razón fundamental de este segundo tipo de discrepancias es la regulación que se ofrece en el título II, capítulo 1 de la ley (Rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas y adecuación documental), en sus artículos 38 a 46 (en particular, en el artículo 38), que distingue entre tres tramos de edad para la inscripción del cambio de sexo legal a partir de los 12 años: desde los 16, sin requisitos añadidos a la manifestación de voluntad; entre 14 y 16 con consentimiento de sus representantes legales; y entre 12 y 14 con autorización judicial.

A mi juicio, y aun reconociendo la voluntad que encarna el proyecto de garantizar al máximo los derechos de las personas trans, creo que la forma en que se articula en relación con los menores es contraproducente en punto a las garantías del interés del menor. 

Cabe recordar que el grupo parlamentario socialista en el Congreso ya manifestó su preocupación y presentó una enmienda al artículo 38 que reproduzco literalmente : “Se modifica el artículo 38 en los siguientes términos: Artículo 38. Legitimación. 1. Toda persona de nacionalidad española mayor de dieciséis años podrá solicitar por sí misma ante el Registro Civil la rectificación de la mención registral relativa al sexo. 2. Las personas menores de dieciséis años y mayores de catorce podrán presentar la solicitud por sí mismas, asistidas en el procedimiento por sus representantes legales. En el supuesto de desacuerdo de las personas progenitoras o representantes legales, entre sí o con la persona menor de edad, se procederá al nombramiento de un defensor judicial de conformidad con lo previsto en los artículos 235 y 236 del Código Civil. 3. 2. Las personas con discapacidad podrán solicitar, con las medidas de apoyo que en su caso precisen, la rectificación registral de la mención relativa al sexo. 4. 3. Las personas menores de dieciséis años y mayores de doce podrán solicitar la autorización judicial para la modificación de la mención registral del sexo en los términos del capítulo I bis del título II de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria”. Y habrá que recordar que esta enmienda no obtuvo respaldo parlamentario por parte del socio del gobierno de coalición, ni tampoco de los socios de investidura. A la vista de ese resultado el grupo parlamentario socialista en el Congreso desistió de mantenerla. Tampoco se planteó recuperarla en el paso parlamentario por el Senado.

La regulación de los menores trans en el proyecto de ley es un asunto en el que, como algunas compañeras y compañeros del grupo parlamentario socialista, soy particularmente sensible a la preocupación y a las propuestas formuladas por AMANDA, la asociación de madres de adolescentes y niños con disforia de género acelerada o disforia de género de inicio rápido (DGIR) que, como indica su Manifiesto, se han acelerado en los últimos meses a un ritmo absolutamente insospechado. En efecto, AMANDA ha ofrecido argumentos críticos sobre las orientaciones legislativas que han adoptado algunas CCAA y que suponen aceptar el autodiagnóstico de disforia de género por el adolescente de forma incuestionable, porque entiende la Asociación que así se dificulta una atención profesional rigurosa a los niños y adolescentes, tanto en el ámbito sanitario como en el educativo. Subraya también el manifiesto que esa orientación se advierte en el actual proyecto de ley y alerta además que subyace en él, como en la Ley de protección de la infancia —conocida como ley Rhodes— un determinado y, a mi juicio -lo reitero-  sesgado concepto de identidad de género que no es reconocido por la gran mayoría de los especialistas científicos y supone un serio riesgo para la salud física y mental de los adolescentes y niños.

Creo que los argumentos y sugerencias expresados por AMANDA no han sido suficientemente tenidas en cuenta en la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley, como tampoco la de reconocidos psiquiatras especialistas en menores, entre los que mencionaré a la muy conocida Caroline Eliacheff, autora, junto a Céline Masson, de un libro sin duda polémico, pero a mi juicio riguroso, que acaba de traducirse en España (La fábrica de los niños transgénero. Cómo proteger a nuestros menores de la moda trans).

Quisiera puntualizar que no trato de sostener ese tipo de paternalismo que supedita sin más la autonomía personal al criterio de los expertos.  Así lo advertí en su día respecto al ejercicio del derecho a la eutanasia. El derecho a la autonomía personal es básico y supone otra visión en la relación entre médico y paciente, tal y como vino a innovar la ley 41/2002 de autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

Tomadas esas precauciones y aun constatando que no hay un juicio científico unánime, a mi entender constituye un serio error ignorar los pronunciamientos científicos que son mayoritarios, como los de la Asociación española de psiquiatría de la infancia, suscrito por la Asociación española de pediatría y por la Sociedad de psiquiatría infantil . Reiteraré que no trato de absolutizar esos pronunciamientos, porque reconozco que hay una polémica no sólo ideológica, social y jurídica, sino también científica, por ejemplo, entre psicólogos y psiquiatras, si bien no es difícil identificar la posición mayoritaria.

A esas consideraciones sumaré las que resultan del hecho de que se haya dejado de lado lo que argumentan a este respecto los informes del  Consejo de Estado 901/2022  y del  CGPJ, sobre los que luego volveré.

Por lo demás, la tramitación por vía de urgencia en el Senado es un motivo de discrepancia que algunos pueden considerar accidental, pero las formas y procedimientos nunca lo son en el Parlamento. Creo que una ley de esta importancia no debería haber sido llevada por el procedimiento de urgencia. 

IV. Mi mayor preocupación y fuente de discrepancia se refiere, pues, al reconocimiento de efectos registrales a la declaración de los menores trans, un asunto jurídicamente relevante y no adjetivo.

No puedo compartir la justificación que se ha ofrecido para otorgar a la expresión de voluntad del menor —entre 14 y 16 años— los mismos efectos automáticos que a un adulto en lo relativo a la inscripción registral de la identidad sexual, esto es, respecto al reconocimiento de su identidad trans. Cuestión diferente, pero no menos debatida, es si basta esa expresión de voluntad del menor para autorizar el sometimiento a tratamientos hormonales y quirúrgicos.

La barrera de los 16 años parece lógica y coherente con lo que dispone nuestro ordenamiento jurídico, pues, aunque la mayoría de edad en nuestra legislación sigue fijada en los 18 años —y esa es la edad establecida como requisito para ejercer el primero de los derechos políticos, el del sufragio—, otros pronunciamientos jurídicos sobre el límite de edad que afectan al ejercicio de la autonomía personal, como la edad para contraer matrimonio, coinciden con la de la media europea, esto es, los 16 años. Ese es un asunto de particular importancia pues el matrimonio infantil es reconocido como una práctica a erradicar, por el riesgo que significa para los menores el que se trate de una imposición. Asimismo, y desde la reforma de julio de 2015, la edad mínima para consentir relaciones sexuales se sitúa en los 16 años (antes eran 13).

Pero las garantías introducidas respecto a los menores de 16 años me parecen insuficientes y creo que serían mejorables si atendiéramos por ejemplo a las observaciones mencionadas del Manifiesto de AMANDA, y en los dictámenes del Consejo de Estado y del CGPJ. Insisto: en aras precisamente de la mejor garantía de los derechos de menores. Por eso, creo que se deberían haber tenido en cuenta expresamente las tres modificaciones que sostiene el dictamen del Consejo de Estado:

En primer lugar, mantener la necesidad —aunque no tenga carácter vinculante— de la emisión de un informe médico y psicológico. Como dice el dictamen, “la exigencia de tal informe médico o psicológico constituiría una garantía para el solicitante que debería ser mantenida en aras de la protección de la persona que libremente decide transitar de un sexo a otro”. El dictamen añade que no se ha constatado que “la exigencia de un diagnóstico médico o psicológico de la disforia de género vulnere los derechos fundamentales de la persona”, y desde el punto de vista de Derecho comparado ese informe preceptivo, aunque no sea vinculante, es exigido para el derecho a rectificación registral. Por cierto, es lo que establece nuestra propia Ley 3/2007, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas.

En segundo término, la exigencia de aval judicial para todo expediente que afecte a menores de 16 años (el dictamen del Consejo de Estado lo eleva a los menores de 18), precisamente, como señala el dictamen, para “velar por el interés superior del menor, tal y como ha sido interpretado por nuestra jurisprudencia y doctrina constitucional”.

En último lugar, delimitar con la mayor precisión posible los requisitos para proceder a los cambios en el registro. Estoy de acuerdo con lo que señala el dictamen: “En la medida en que se admite su rectificación sobre la base de la libre determinación sexual de la persona, se debería posibilitar la reversión de esta decisión”, siempre y cuando se haga, como también sostiene el dictamen, “con las debidas cautelas que garanticen una adecuada protección de otros bienes jurídicos concurrentes y el debido respeto a los principios de seguridad jurídica y de orden público, que, como se ha apuntado, precisan cierta estabilidad en la definición de la identidad sexual del sujeto”. Baste pensar en el argumento del dictamen sobre la conveniencia de mantener un “transcurso de cierto periodo de tiempo entre la rectificación registral y su reversión —siendo el plazo de seis meses propuesto por la autoridad consultante insuficiente a estos efectos, al menos si se mantienen inalterados los demás elementos del sistema— y la conveniencia de imponer un límite cuantitativo al número de veces que una persona podrá instar, límite que, señala el dictamen, “debería” atender a la edad de quien lo solicite… “No parece razonable equiparar la situación del menor de edad cuya identidad sexual está en proceso de construcción y puede, por consiguiente, ser objeto de alteración, a la del mayor de edad”.

V. Concluyo. A mi juicio, para evitar estos problemas que perjudican lo que considero un objetivo más que justificado de la ley, el restablecimiento de la dignidad y la igualdad de derechos de las personas trans, se debería haber recuperado la enmienda mencionada presentada por el grupo parlamentario socialista en el Congreso y, junto a ello, quizá haber acordado unas transaccionales con algunas de las enmiendas propuestas sobre menores por Geroa Bai (grupo parlamentario de Izquierda Confederal en el Senado), tal y como voté en el Senado.

Esta ley que, insisto, era necesaria, va a mejorar el reconocimiento de la dignidad e igualdad de derechos de las personas trans, pero no es la ley trans que yo esperaba y deseaba. Ojalá que pueda ser revisada en un futuro próximo, para que sea una ley mejor.

UNA ENTREVISTA SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS TRANS (publicada en el libro de Fi Grande, Jo soc aixii aixo no es un problema, ed. Vincle, Valencia, 2017)

Entrevista amb Javier de Lucas, fundador i director de l’ Institut de Drets Humans de València. Escriptor, professor i catedràtic de Filosofia del Dret de la Universitat de València.

Vaig a aquesta trobada amb una bicefàlia considerable que m’agrada molt notar: d’una banda tinc un pessic en l’estómac per la certesa que entrevistaré a una persona que és un símbol en la lluita dels drets humans a escala internacional, i la responsabilitat que em provoca aqueixa certesa. D’una altra, tinc un cuquet en l’estómac del goig de saber que gaudiré una vegada més de la converça amb una persona que vull i admire a parts iguals, i a qui tinc la sort de conèixer ja fa uns anys. Javier de Lucas va accedir de seguida a formar part d’aquest projecte pel seu irreductible compromís diari amb els Drets Humans i per tot allò que quede dins d’aqueix àmbit. Crec que no m’enganye si afirme que, no sols participa com a Director de l’Institut de Drets Humans de València, si no per un empeny personal que té per traure els Drets Humans de l’àmbit estrictament jurídic i acostar-ho al conjunt de la societat. I que la societat s’impregne i beneficie d’aquesta consciència.


¿Quina és la missió d’un Institut dels Drets Humans ?

Malhauradament és una pregunta que no hauria de ser necessària, que hauria de ser evident i fins i tot hauriem de tindre la consciència suficient, i la trajectòria educativa, ja des de nivells molt primerenc de l’ensenyament per a que els Drets Humans siguen una tasca fonamental. Educar en Drets Humans és una tasca de tots. Aprendre com i per què hi ha drets, i què protegir-los és una tasca de tots. Està bé que hi haja especialistes, però crec que si es complira l’objectiu de Nacions Unides, les persones estariem acostumades des de molt menudes a que el fet i la discussió sobre Drets Humans formen part del projecte educatiu a tots els nivells. I no solament en el projecte educatiu, sinó en l’experiència vital.



En la teua opinió, aquest desconeixement, ¿pot guardar relació amb que els drets de les minories, com en aquest cas del col·lectiu LGTBI, es vegen tan aliens?

Crec que aquest és un dels principals malentesos o dels principals errors entorn als Drets Humans que pot tenir un efecte no desitjat però provocat per l’existència d’una universalitat, que en realitat és abstracta i falsa. Al parlar de drets humans com a universals i de tots, tendim a pensar que són els Drets Humans de tots els que ens reconeixem com nosaltres. És a dir, els que responem a uns paràmetres comuns majoritaris. Aleshores, els Drets Humans dels altres apareixen fora d’aquest cercle com els Drets Humans d’individus que pertanyen a grups minoritaris.  Apareixen com un problema específic i fins i tot com una cosa diferent del problema dels Drets. Tenim assumit que els DD.HH. formen un paquet que tenim simplement  per ser ciutadans normal, entrecomillant la paraula normal.

 

La normalitat, aqueixa paraula entrecomillada.

La construcció d’aquesta normalitat és una construcció molt lesiva, molt estigmatizant, molt cruel amb qui s’escapa dels paràmetres de normalitat. Uns paràmetres que varien en cada moment històric, però hi ha alguns paràmetres que són recurrents. Un d’ells és el paràmetre patriarcal, que està tan incorporat com a normal, entre cometes, a la vida de molts de nosaltres fins el punt que sol nomenar alguna cosa que no responga a aquest paràmetre, ho col·loquem fora dels Drets Humans perquè ens semblen casos excepcionals. Ens semblen casos aliens als drets i tendim a veure’ls fins i tot amb recel. Jo crec que açó és la història de les etapes que hem viscut en la civilització respecte a individus i a grups que escapaven de la normalitat i que han tingut que passar primer pel menyspreu, després pel recel, més tard pel rebuig, o com a molt arribar a la indiferència. El reconeixement com a subjectes iguals des de la seua diversitat ho han aconseguit molt pocs grups.



¿Per què algunes persones no reconeixen la seua lluita de les persones trans per la identitat com la lluita pels Drets Humans?

Jo entenc la dignitat sempre en clau d’autonomia. Crec que la conquesta de la teua dignitat és la conquesta de la teua autonomia. La teua autonomia vol dir que tu eres tu, sense cap altra etiqueta. I llavors, tu vols ser el que eres, per a açò, el primer és reconèixer el que eres, i després veure com desenvolupar el que eres, siga el que siga. I en aquest sentit, la lluita per la dignitat té dos eixos diferents: la lluita per la dignitat dels qui pertanyem al mainstream, és a dir, dels que no tenim una diferència que ens singularitze, i després està la lluita veritablement difícil, que és la lluita pels drets de les persones que per a construir la seua dignitat han de desebvolupar-la i visibilitzar-la amb un esforç heroic, obstinat-se en aconseguir aquesta dignitat sense acceptar almoines ni camins fàcils i sense acceptar una altra ruta possible, que és la clandestinitat i l’abandó de l’espai públic.



El col·lectiu trans està lluitant perquè l’OMS i els manuals de psiquiatria trauen la lliure elecció de vida del llistat de malalties o trastorns mentals, com va succeir amb l’homosexualitat en el seu momento ¿S’aconseguirà?

Jo crec que eixiran, clar que sí. El que passa és que, fins que s’arribe a incorporar, o millor dit, a netejar la patologització i l’estigmatització. A diferència d’altres col·lectius, ací hi ha un component patològic, de patologització, que té una força enorme en una societat com la nostra que només concedeix la veritat al científic. Per açò el procés que pateixen no és només el de la construcció social com a éssers més que diferents i per tant, estigmatitzats, sinó que té el suport de la patologització de base científica. Una base que s’ha demostrat que es pot lluitar contra ella i desmuntar-la. Imagina, si encara hi ha qui afirma tindre programes per a fer que la gent ‘abandone’ l’homesexualitat…

Açò també succeeix amb les persones trans, hi ha qui pensa que es pot curar i que és fins i tot un capritx.

Em sembla que la lluita d’aquestes persones és molt més difícil, precisament, perquè cal vèncer el prejudici més difícil de vèncer, que és el prejudici científic. Perquè quan et diuen que una cosa és científica no hi ha qui la destruïsca. No obstant, açò ho hem vist amb l’assignació de gènere. Respecte a aquesta ‘assignació, per descomptat, d’orientació sexual, semblava que la ciencia s’havia pronunciat irrebatiblement i ara resulta que és perfectament discutible i revisable. Aquest doble procés explica l’enorme dificultat en la que viuen aquestes persones. I crec que va a costar moltíssim despatologitzar i desestigmatizar.



Hi ha una altra qüestió de base respecte del tema sanitari. Una persona trans necessita per a aconseguir la seua identitat una assistència sanitària, un psicòleg, un endocrí, o un cirurgià si decideix modificar el seu cos. ¿Com s’ha que resoldre l’aspecte mèdic no patologizante?

Ací hi ha un problema de fons important, que és teòric, però que és també un problema, o un prejudici, al meu judici, enormement arrelat precisament perquè està recobert del prestigi que no és un prejudici, sinó una veritat científica, o una veritat mèdica. Així com les accions públiques, de polítiques públiques, un les pot relacionar en el primer nivell amb l’objectiu i ajudar al desenvolupament de l’autonomia personal, el desenvolupament de l’autonomia personal també està tancat en uns paràmetres molt concrets, i el que es despren d’aquests paràmetres, del que és l’autonomia, no és acceptat. Jo he escoltat amb freqüència dir: “Bé, aquest tipus de tractaments no corresponen a l’autonomia personal i no pot qualificar-se de dret a l’autòmia personal”.

Hi ha qui pensa que ser trans és un capritx.

Un capritx o una frivolización, però crec que és més la presumpció que el que les persones trans volen va contra allò científic, que un capritx. Perquè elles volen torçar el científic, que és la veritat natural que ha substituït al vell argument religiós: tu vols torçar el designi de Déu respecte a tu, tu vols torçar la naturalesa. I ara, sense dir açò des del punt de vista religiós, la qual cosa es diu és des de la nova religió del cientifisme: mira, tu estàs en aquest gènere, estàs assignat en aquest gènere, açò que tu tens en qualsevol cas és una patologia i tu no pots pretendre que nosaltres financem una patologia. A mi em sembla que sota açò hi ha un rebuig a prendre de debò, de manera coherente, el que és la noció d’autonomia.



Aqueixa noció d’autonomia es dóna de front amb la submissió del sistema amb aquestes persones, a les quals allarga durant anys el procés fins a aconseguir-la. Ens trobem amb persones que comencen a hormonarse als setze anys i que fins als divuit no accedeixen a un DNI que reflectisca la seua nova identitat ¿Per què el sistema dilata tant el procés?
Hi ha una dimensió política de fons molt important: la dimensió del control social de la identitat. La dimensió del control, de la imposició de la identitat que és contrària al principi bàsic dels Drets Humans, que és el del desenvolupament de l’autonomia personal. Per açò jo crec que quan se’ls explica als alumnes de filosofia quina volia fer Sòcrates com a filòsof, no se’ls explica bé. Sòcrates com a filòsof vol fer com Miquel Ángel amb les escultures, vol traure-les de dins de la pedra, i no ser ell qui faça l’escultura. “L’escultura està ací, dins del bloc de marbre, jo només he de traure-la”, deia l’escultor. I el control social és justament el contrari. El sistema no vol el desenvolupament individual, lliurement decidit a consciència per cadascun de nosaltres. El sistema cerca llançar-nos en categories que puguen classificar-se, i imposar en funció d’aqueixa categoria rols socials, que són també rols polítics. I de la mateixa manera que la distinció públic-privat, que tant va servir per a construir el rol social de gènere de les dones, ficant-les en el privat des d’aqueixa definició: Al meu entendre, el sistema experimenta rebuig amb el col·lectiu trans precisament per açò i se’ls escapa absolutament del control.


Has dit una frase que coincideix amb la postura dels activistes trans més joves i amb la veu de ficció que et precedeix en aquest llibre. Segons aquestes persones, no tenen per què calmar al sistema modificant els seus cossos o adaptant-se a aquest binarismo ferri perquè el sistema es sotenga. Estan en contra de modificar els seus cossos únicament per exigències socials. Estan a favor de la autoaceptación, d’acceptar els seus cossos com són i viure el seu sexe sentit treballant l’autoestima i l’amor a un cos que no té perquè respondre a aqueix constructo social del gènere. 

El que passa és que açò és duríssim, perquè és la major rebel·lió contra el sistema, la major rebel·lió és rebutjar la taxonomia binària que és la més fàcil per al sistema, que el sistema pot acceptar que tu et convertisques en dona, o que tu et convertisques en home, però el que no pot acceptar és que tu et declares trans en el sentit de dir: jo no vull escollir una identitat que m’encaselle. Açò és difícil d’acceptar pel sistema perquè el sistema està obstinat sempre a classificar-te. Pot acceptar com a màxim que estigues en una casella i que passades a una altra, però estàs en la casella i ja et tinc situat, ja et tinc classificat, i ja no pots estar en l’altra casella. Però el que no pot assimilar és que es rebutge açò que en pla pedant cridava el sociòleg Bourdieu com la teogonía social d’aqueixa funció que emula la divinitat en el sentit de: “jo et classifique”.



Quan parles del principi d’autonomia, ¿parles de dret a la dignitat?

La dignitat es presentada sempre com a una categoria superior. He discutit molt açò amb gent molt sàvia, per que a mi, la dignitat, em sembla un concepte buit. Jo crec que el concepte de dignitat és un concepte buit, perquè al final el raonamenti la justificació de la dignitat sembla qualcosa de circular: tu ¿per què eres digne? Perquè eres ésser humà. I ¿per què eres ésser humà i no tan sols un animal? Perquè eres digne. Bé, aleshores, ¿què significa la dignitat? On està? On resideix la dignitat? ¿La dignitat resideix en ser un tipus particular d’animal que no són els altres animals? Aleshores per què posem la dignitat en aquest tipus d’animal i no en tots els mamífers que tenim un sistema nerviós central i tal o en els quals som primats, i a partir dels primats en tots els primats? Jo crec que sí és possible identificar filosòficament la dignitat com la capacitat de crear el propi projecte de vida que tenim. El propi projecte de vida en el sentit més radical del terme. Cosa que la majoria de nosaltres no aconseguim. La majoria de nosaltres pactem condicions que ens fan més fàcil la vida, i no dic que claudiquem, però arriba un moment que dius “Val, vaig a pactar. M’acomode amb açò, siga el que siga”, i pactem en molts sentits. Jo crec que un dels sentits més difícils de rebutjar és la temptació del pacte, que a més t’ofereix el sistema a través de la pressió social, que si està reforçada pel tòpic de la veritat científica ja ni diguem. Crec que un dels assumptes més difícils és el de l’assumpció del propi cos, de la pròpia identitat que un viu, que a més pot viure no necessàriament de manera única en un sol sentit al llarg de la seua vida. Jo crec que açò és vist en els processos realment sincers.



¿Com emmarquem la paraula diversitat en el context de la Filosofía del Dret?

Aquesta és una pregunta molt important, però molt difícil, perquè el Dret, si et fixes, és un instrument ambigú. La major part del temps el Dret ha servit de guardià de la normalitat entre cometes. El Dret és un instrument que convenç molt perquè té força. A diferència d’altres instruments culturals, té força. El Dret és l’instrument a través del qual nosaltres transmetem, llancem a la gent els estereotips de classificació que serveixen per a la construcció social del poder, com comentàvem abans. Com en la República de Plató, la justícia és l’equilibri i consisteix que cadascun complisca la seua funció, la qual cosa vol dir que tu, a través del Dret certifiques que tu tens una funció assignada. El Dret recorre a tòpics, que des del principi de la nostra cultura són tòpics mitològics, religiosos. Tòpics que parlen d’una naturalesa que ens dóna la divinitat, i que cal mantenir i preservar, i d’un ordre en el qual la diversitat és jutjada segons el mite de la torre de Babel. És a dir, la diversitat és patologia, perquè el missatge del mite de Babel és aquest. La lliçó consisteix, i crec que açò és socialment molt important, en imposar la diversitat com a càstig. La diversitat és la diferència de llengües. Açò és Babel. Quan la diversitat de llengües apareix, la torre no pot seguir perquè no s’entén, la qual cosa vol dir que si tu vols construir una societat que funcione, cal que hi haja homogeneïtat social. I que per tant, tota forma de diversitat és patològica. Per açò crec que el discurs de Babel és una de les primeres manifestacions culturals de la concepció de la diversitat com a patologia. El Dret posa fora als que són diferents, diferents dins del grup social.



Tornem al diferent, a la por a la diferència

¿Diferents? ¿Qui són els primers diferents? Les dones. Les dones no poden pertànyer al nucli comú. Diferents són, en un altre sentit, els xiquets, i diferents, són, sobretot, els estrangers que han de ser bàrbars o ser assimilats. I clar, la diferència, és açò. El primer paper del Dret és lluitar contra la diferència com a factor de feblesa social. No obstant açò, en la mesura que evolucionen l’ordre social i polític, comença a advertir-se que la diversitat és riquesa que correspon al lliure desenvolupament dels éssers humans, i aleshores, el Dret, en lloc de llançar la diversitat, ha de ser guardià de la diferència. Però guardià de la diferència no en el sentit negatiu de mantenir a cadascun en el seu lloc, sinó saber com, des de la diferència i sense fer perdre la diferència, sense fer passar a la gent per l’assimilació, la mutilació, l’autoextranyament, la victimització que els separa dels normals. El Dret és una eina que construeix la igualtat des de la diversitat i, per tant, no confon igualtat amb homogeneïtat ni diversitat amb patologia, sinó que entén que la igualtat és una resposta normativa complexa per a tractar una realitat que és la diversitat com a expressió de l’autonomia personal. Jo diria que aquesta part del Dret com a guardià positiu de la diferència és molt recent i estem encara en procés de construcció d’un model igualitari des de la diferència i no des del sacrifici de la diferència, perquè la major part de la trajectòria històrica del Dret ha sigut el contrari. Ha sigut per a dir: “Atenció, ací hi ha un diferent. El tanque en una presó, el llance extramurs, pose una frontera, el tanque en una institució perquè no és normal, és boig”.



O malalt.

Aquest tractament patològic, el boig com a perillós, es tot justament una crítica que Foucault va a explicar amb molta claretat,. Jo diria que el Dret, en la mesura que construeix normes generals, té una enorme dificultat per a gestionar la diversitat. Els professionals del Dret tenim una enorme dificultat per a gestionar la diversitat, perquè el que volem són classificacions senzilles i contundents, que són les que ens permeten solucionar els problemes socials. Aquesta persona la col·loquem en aquesta categoria que té aquest tractament jurídic i s’ha acabat. En canvi dir que les categories són construïdes, que les categories són fràgils i que, a més, deuen ser redefinides i reformulades, i que han de tenir en compte la llibertat del desenvolupament individual, que per definició resisteix a la categorització, fa que el Dret es trobe fóra de joc. Jo crec que un dels problemes que té la nostra cultura jurídica és que és una cultura molt pegada a l’homogeneïtat i a la classificació en la que la diferència és tantes vegades científicament patologizada. Aquest és, al meu parer, un problema molt greu.



¿És més important educar en diversitat o en igualtat?

Jo respondria que és més important entendre que la igualtat no és homogeneïtat. Que el valor de la igualtat és molt important, però que no és sinònim d’homogeneïtat, i que aquesta igualtat que tracta a tothom igual ha de ser corregida, com va fer Aristòtil, amb una regla de justícia que primer va ser distributiva i després fonamental. Tenia un element corrector com en una rondalla de la regla de plom dels antics arquitectes de Lesbos, que és on resideix la noció de epikeia, que és la noció d’equitat en el sentit més complex de la paraula equitat. Hi ha gent que empra la paraula equitat com a sinònim de la igualtat, i açò és un error conceptual. La metàfora de la regla de plom dels arquitectes Lesbos és la solució per a mesurar les superfícies irregulars: les roques, les pedres, que tenen cavitats. Amb una regla de dues dimensions no pots mesurar superfícies irregulars. Però amb una regla de plom que es puga modelar sí que pots. Però al no ser una regle lineal ni bidimensional és difícil de conceptualitzar. Doncs, en contra del sentit quel la major part de la gent utilitza la noció d’equitat com a sinònim d’igualtat, hem d’utilitzar la noció d’equitat com epikeia, que és el nomenem equitat, i que no és igualtat. És la igualtat de l’irregularitat, la igualtat de la complexitat, la igualtat del diferent. No pots construir una noció d’igualtat per pura simetria bidimensional.

En la teua opinió, ¿una persona trans és un desafiament al sistema?

Jo crec que una persona trans és un desafiament a la manera en que el sistema tracta de construir i transmetre la realitat, perquè desmenteix els pressupostos del sistema. El que li resulta difícil d’entendre al Dret és com tractar al que és diferent. Açò és molt complex. Està tota aquesta teoria dels heterònims de Pessoa, que té a veure amb que nosaltres portem moltes ànimes dins i som molts jo i no solament un jo construït, segons el model fàcil del sistema: home, d’una classe, d’una ètnia, d’una edat, amb una tradició cultural. Som molts jo i l’exemple que es resisteix més a la voluntat homogeneïtzadora del sistema és l’exemple dels trans. Per açò és tan difícil. Des del punt de vista del Dret, i també de la transmissió de pautes culturals que és el que anomenen educació, però que és educació, sinó adoctrinament o ensenyament, aquesta imposició impedeix traure fora i desenvolupar el que un té dins, que és el que veritablement significaria educació. Per açò crec que els trans són tan incòmodes. Són un desafiament perquè impugnen és el propi sistema.



M’agradaria acabar preguntant-te si la transfobia és un delicte d’odi

Jo crec que és més greu que un delicte d’odi. Crec que és un delicte de no admissió de l’altre com a persona igual que tu. I, clar, açó és un delicte de negació de la condició de persona de l’altre, que és molt més greu que el delicte d’odi, perquè el que tu li estàs negant a l’altre és la condició de persona. Darrere de la transfobia el que hi ha és una zona de confort i comoditat que fa pensar que només és persona quella que em retorna la meua imatge com un espill. Açò, en el fons, és negar la condició d’humanitat i dignitat a l’altre. I açò és molt greu, perquè forma part del mateix procés de deshumanització de l’un altre que em nega la meua condició homogènia i hegemònica, que és el que hi ha darrere de tot esperit colonial, esclavista, imperialista i sexista. Les grans construccions de la discriminació de l’altre tenen en comú, en primer lloc, negar la humanitat de l’altre. Negar-li la condició d’ésser humà ple. Crec que la gent no és conscient d’açò perquè pensen que no s’està negant la condició d’ésser humà de l’altre. Clar que se li està negant, perquè li estan imposant una condició per al reconeixement de l’ésser humà que precisament nega a aquesta persona. I aquesta condició és la que em sembla profundament il·legítima, per açó em sembla gravíssima. Més greu que l’odi és la voluntat de no reconèixer a l’altre com un ésser humà ple. És el prejudici del patriarcat, del masclista que creu que només els homes són éssers humans plens. Estic d’acord en què la transfòbia quan es diu que la manifestació més evident i més visible és el delicte d’odi, però, insistisc, és molt més greu.  Ontològicament és molt més greu dir: “Tu no eres un ésser humà com jo”. Açò és més greu que odiar.

Ja estic a casa. Escolte l’àudio amb els ulls tancats. Com sempre que escolte al professor, les idees van esclatant espaiet dins del meu cervell. Fan clic-clic, clic-clic, i vaig notant perfectament com s’arredoneixen els conceptes i els pensaments prenen una forma més completa i s’omplin de més sentit. Com aquell dia que vaig aprendre en una conferència seua que no calia ser tolerant amb una altra persona, què la tolerància inclou una relació de superioritat d’una persona sobre una altra. La tolerància està bé per a l’espai privat, però, a l’espai públic, a la col·lectivitat, el que cal és promoure i lluitar per la igualtat. M’agrada molt la paraula igualtat des d’aleshores. M’agrada trobar les paraules adequades que esculpeixen la realitat. Avui m’he enamorat per complet del terme diversitat. Ja ho estava des de la primera pàgina del llibre, però l’he redescobert. Ara entenc millor d’on ve la diversitat, quin significat té, i quina càrrega històrica portava damunt. I això em dóna més eines per defensar-la, explicar-la i ser capaç de transmetre-la millor. Sí, definitivament, avui també ha sigut un gran dia gràcies a aquest projecte.

VIEJOS Y NUEVOS DERECHOS (versión ampliada del artículo publicado en Infolibre, 23 de enero de 2023)

Uno de los aniversarios más destacados que conmemoraremos en este 2023 es el de los 75 años de la Declaración universal de derechos humanos (DUDH), el 10 de diciembre de 1948. Al hilo de esa celebración es seguro que se escribirán análisis y valoraciones de muy diferente orden. Aprovechando que estamos en el comienzo de año, quiero proponer una reflexión sobre una cuestión que, de suyo, no es nueva, pero sobre la que se está llamando la atención desde diferentes foros: ¿es necesario reconocer nuevos derechos, que habría que añadir al elenco de los proclamados en la DUDH?

No pocos de los derechos proclamados en la DUDH siguen siendo hoy derechos inéditos, nuevos, para una parte de la población mundial

La primera consideración que me parece necesario sugerir es que, desde el punto de vista del reconocimiento de los derechos y, aún más, de su garantía real, antes de hablar de añadir nuevos derechos, deberíamos atender a una cuestión previa. En efecto, para una parte importante de la población mundial, todavía hoy —75 años después—, esos derechos siguen siendo inéditos porque no están suficientemente garantizados e incluso ni siquiera reconocidos: son nuevos. Esta, si se me permite decirlo así, no es tanto una cuestión jurídica, cuanto política (aunque nada que toque a los derechos deja de tener una profunda dimensión política): es un problema de ausencia de voluntad política de reconocerlos y garantizarlos eficazmente a todos, y no sólo a los ciudadanos privilegiados con pasaporte de los Estados del norte rico.

Este debate tiene mucho que ver, claro, con cuestiones filosóficas básicas: a quién y por qué reconocemos como iguales, a quién y por qué reconocemos como seres humanos titulares de derechos en condiciones de igualdad. Pero también ideológicas: por ejemplo, el modo de entender el papel de los poderes públicos a este respecto, lo que tiene bastante que ver con el modelo de Estado.

Dejando de lado cuestiones tan lacerantes como el derecho a no padecer hambre y la lucha por una alimentación adecuada, o el derecho a las condiciones básicas de salud, los más elementales derechos, que siguen siendo desiderata para una parte importante de la población mundial, parece claro que una parte de esa población está lejos de tener reconocida la igualdad en los derechos fundamentales proclamados en la DUDH, porque pareciera que, como en la fábula de Orwell, todos los seres humanos son iguales, pero algunos menos iguales que otros.

Pensemos por ejemplo en el acceso a la educación entre hombres y mujeres (no hay más que mirar al brutal régimen talibán en Afganistán, o al régimen de la república islámica de Irán), o, desde otra perspectiva, el reconocimiento a los miembros de determinadas minorías de la igualdad en el derecho a la autonomía personal, que es lo mismo que decir en su dignidad, en punto a su opción sexual o de género.

En realidad, habría dos ámbitos prioritarios para avanzar en la tarea de que todos los seres humanos sean sujetos de los derechos ya proclamados, pero no reconocidos y, sobre todo,no garantizados eficazmente, no justiciables para todos.

  1. De un lado, la necesidad de luchar eficazmente contra las situaciones de subordiscriminaciónque suponen violación de derechos elementales de seres humanos por su condición de pertenencia a un grupo. El ejemplo más claro sigue siendo el de las condiciones que afectan a una buena parte de las mujeres, sometidas a un estatus de subordiscriminación, junto a las prácticas de violencia de género, que se cobran víctimas mortales a millares. Pero lo cierto es que consideraciones semejantes se pueden extender a otros grupos vulnerables: menores, tercera edad, minorías LGTBIQ.
  2. De otra parte, la ausencia de voluntad política de tomar en serio los derechos económicos, sociales y culturales como derechos universales, que deben ser garantizados eficazmente a todos. Y eso vale también para nuestro primer mundo: pienso, por ejemplo, en tres derechos cuyo reconocimiento y justiciabilidad efectiva están pendientes. En primer lugar, el derecho a un mínimo vital, entendido como derecho universal para poder contar con una cantidad mínima de recursos para hacer frente a sus necesidades más básicas, un derecho que puede tener diferentes modalidades, de las que la más conocida es la renta básica universal teorizada por von Parijs y Raventós, tal y como explica muy didácticamente en este vídeo mi compañera, la profesora Añón. O dos derechos que son considerados como desiderata, o, en todo caso, principios orientadores, pero que no cuentan con esa justiciabilidad efectiva, la garantía fuerte, propia de los derechos: el derecho a la vivienda (inexistente de facto para los jóvenes), y el derecho a pensiones dignas.  

Nuevas necesidades, nuevas amenazas, nuevos derechos

En todo caso, sólo desde una perspectiva tan miope como ahistórica cabe sostener la idea de que el listado de derechos enunciado en 1948 es un catálogo cerrado. Como producto histórico que son los derechos, esa cartografía cambia, porque el contexto nos hace tomar conciencia, por ejemplo, de la aparición de nuevas necesidades que debemos proteger como derechos, o de la aparición de nuevas amenazas que ponen en riesgo derechos que considerábamos suficientemente reconocidos y garantizados.

La mayor parte de ejemplos de la necesidad de revisar el listado de derechos tiene que ver con las consecuencias del vertiginoso desarrollo tecnológico, en particular en el ámbito biomédico, pero también en el de las cibertecnologías. Baste pensar en la diversificación de riesgos en el ámbito de nuestra privacidad e intimidad, en la salud, o en los derechos reproductivos, o, para decirlo mejor, en las paradojas que ha producido la cibertecnología a ese respecto, como ha explicado recientemente en la  Revista de las Cortes Generales  uno de los juristas que mejor conoce estos temas, Pablo García Mexía.

Un ejemplo particularmente interesante es el de los denominados neuroderechos, como garantías básicas ante el desarrollo de las neurotecnologías (entendidas éstas en un sentido amplio, como confluencia entre la Inteligencia Artificial, las ciencias de la computación y la neurociencia), que permiten la aparición de herramientas o técnicas —entre ellas los algoritmos— capaces de manipular, registrar, medir y obtener información del cerebro: son una gran oportunidad que nos sitúa ante lo que podríamos considerar un salto cualitativo en nuestra especie, pero también entrañan un grave riesgo si no se garantiza la protección jurídica de nuestra conciencia.

Es así como, desde diferentes instancias, se ha propuesto una nueva categoría de derechos, los neuroderechos. Como ha señalado una de las autoridades mundiales en este debate, el  neurocientífico Rafael Yuste,  eso incluiría derechos como el derecho a la identidad personal, a la privacidad mental, o al acceso equitativo a la mejora cerebral o a la protección contra sesgos introducidos por esas técnicas.

Habría que señalar que en el abortado proyecto de Constitución chilena se había incluido un innovador reconocimiento de los neuroderechos (cfr.  por ejemplo).

La principal “novedad”: bienes fundamentales vitales

Pero si queremos hablar de  nuevos derechos  en sentido estricto, la novedad más relevante, a mi juicio, viene dada por la toma de conciencia de que hay nuevos riesgos que —al mismo tiempo que ya nos afectan personalmente, como individuos— amenazan a bienes o necesidades de todos (desde luego de nuestros hijos, de las generaciones futuras, pero también de todos nosotros como especie y aun de la vida misma, del planeta) y de cuya relevancia hemos caído en la cuenta sólo recientemente, como consecuencia de la evolución de las nuevas tecnologías, aunque la semilla estaba puesta por el modelo de crecimiento económico propio del dominio de una lógica de mercado insaciable y realmente depredadora, que ha dado lugar a lo que conocemos como Antropoceno. Aparece así la conciencia de un interés común a todo el género humano, el del cuidado de la vida, la supervivencia no ya de nuestra especie, sino de otros seres vivos (y en ese sentido, la reivindicación de reconocimiento de derechos a los animales: https://www.infolibre.es/opinion/ideas-propias/hablemos-progreso-persona-no-humana_129_1238814.html) y en definitiva, de la vida del planeta, como muestra el concepto One Health, acuñado por la OMS.

Esta es una de las líneas que ha sabido sacar a la luz lo que se conoce como “constitucionalismo ecológico”, que ha sido desarrollado sobre todo por el nuevo constitucionalismo latinoamericano, al que los europeos debemos prestar atención, aunque no falten aquí iniciativas que han puesto el acento en esa perspectiva. Lo ha recordado  Luis Lloredo, quien ha puesto en valor la aportación de la denominada Comisión Rodotá, en Italia, en 2011, a propósito de la lucha de movimientos sociales por el derecho al agua, entendido como ejemplo de “bienes comunes”, un  tertium genus respecto a la clásica distinción entre bienes públicos y privados.

Precisamente, lo característico de esos “nuevos bienes” que se encuentran amenazados hoy es que supone una revisión de una noción ya existente en derecho romano, pero ahora desde la impugnación de que la regla jurídica aúrea a seguir sea el derecho de propiedad: ya no deben ser entendidos en los términos de bienes que no son propiedad de nadie (res nullius), sino como bienes comunes, imprescindibles, condiciones de la vida, algo que estaba presente en cierto modo en la escuela española del ius Gentium que, a su vez, recupera el mejor estoicismo, el que habla de los bienes comunes de toda la humanidad.  

En definitiva, como se ha dicho, el leit motiv es subrayar la necesaria recuperación de lo común, como redefinición de lo público —a no confundir con lo estatal, por más que al Estado le compete un especial deber de tutela y promoción de ese ámbito—. A ese respecto, a mi juicio, la prioridad debería ser obtener un acuerdo sobre los bienes o necesidades que son imprescindibles para la vida pero que se encuentran hoy particularmente amenazados, sobre su reconocimiento y su protección, lo que incluye su justiciabilidad efectiva.

Por eso, creo que vale la pena prestar atención a propuestas como las de Luigi Ferrajoli (inspiradas en los trabajos de la mencionada Comisión Rodotá), en su reciente ensayo Por una constitución de la tierra. La humanidad en la encrucijada. De acuerdo con su análisis, esos son los nuevos derechos prioritarios: de un lado, bienes vitales naturales, como el agua, el aire incontaminado, el clima estable. Y de otro, bienes vitales sociales, fruto de nuestro ingenio e investigación, como la comida imprescindible, los fármacos esenciales, las vacunas. Unos y otros deberían estar sustraídos al mercado y en particular los naturales, bajo formas fuertes de garantía que recuperen su carácter extra patrimonium y extra commercium. Baste pensar, por ejemplo, en el escándalo del negocio de agua, que priva a una parte importante de la población mundial del acceso a un bien común indispensable. Nuestra tarea prioritaria, nuestro empeño, debería centrarse en proteger estos bienes, incluso de forma aún más severa que los derechos fundamentales individuales y así garantizar el acceso universal a los mismos.