lucasfra's blog

Blog del profesor Javier de Lucas

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Un mes después del desastre: la confianza política como prioridad

Ya ha pasado un mes. Pero una gran parte de los afectados sigue viviendo en el momento cero, en el año cero y en la zona cero, como ha escrito Raquel Ejerique (https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/valencia-ano-cero-retrato-hecatombe_129_11855235.html?fbclid=IwY2xjawG3w6FleHRuA2FlbQIxMQABHeaMI1PKz9gDfiaYw5BWhu9bs9k3RmxCi0-L1Ke_x5GGmlofyKuEGbd13A_aem_76Ptx_OCQwSrWa-fLenibA). Por eso, a mi juicio, cada día que pasa, aumenta entre ellos (y entre buena parte de la ciudadanía) un mal mortal para la convivencia: la desconfianza de los ciudadanos en sus instituciones, comenzando por las de gobierno y representación.

Aumenta, creo, la sensación de que, desde Madrid, a pesar de las indiscutibles y cuantiosas iniciativas positivas del gobierno central a favor de las víctimas de la descomunal riada (algunas particularmente eficaces, como la reconstrucción de buena parte de las infraestructuras de movilidad que dependen del Estado, o el papel de las fuerzas armadas y de seguridad que también dependen de él), no se acaba de entender la envergadura de lo que sucede, lo que da pie a la indignación, colmada de desesperación, por parte de quienes no encuentran razones para hablar de «recuperar la normalidad». Dicho sea de paso, no es el juicio que recibe la actuación de la Delegación del Gobierno, con la señora Bernabé al frente, que no ha dejado de pisar el terreno incansablemente desde el primer momento y afrontar directamente, en primera persona, las críticas indignadas de quienes están, insisto, desesperados

Si esto es así, ¿qué decir de las muestras de incompetencia y ceguera (que parece voluntaria) del gobierno valenciano? Creo que hay un consenso muy superior entre la opinión pública acerca del pronóstico de que el president Mazón, su Consell y el PP de Valencia no pueden recuperar la confianza política perdida y que van a pasar por un calvario insufrible, si no dimite y se convocan elecciones. No de inmediato, pero sí pronto, en cuanto las consecuencias más graves del desastre hayan podido ser paliadas.

En todo caso, creo que a esos efectos de restaurar la confianza política, es inexcusable que se lleve a cabo un verdadero debate en el parlamento de los valencianos acerca de lo que debe hacerse. Un debate, que como luego añadiré, tiene como mejor vía la presentación de una moción de censura.

La sensación es que el gobierno valenciano muestra una y otra vez su torpeza e incompetencia, comenzando por el desastre de su política de comunicación, a la hora de tratar de ofrecer respuestas convincentes a los afectados que viven en esa permanente hora cero. Pero también a todos los valencianos. La disyuntiva es ésta: o no han entendido, o no quieren reconocer la gravedad de lo que sucede tras la riada. Ofreceré tres botones de muestra:
Primero, la huida de explicación verosímil y de asunción de responsabilidad por parte de quien es el primer responsable político valenciano, el propio president Mazón, entregado hoy por hoy al «y tú, más» respecto al gobierno Sánchez y a cualquier institución vinculada a él, mientras es obviamente incapaz de hacer frente a los ciudadanos afectados. Lo prueba la indigna reacción de parapetarse en el Palau (él mismo y el conseller de Educación, el señor Rovira), tras la muerte de un trabajador, por derrumbe en el porche de un centro educativo de Massanasa, que está relacionado con la falta de diligencia de la Consellería. la hora de adoptar medidas de seguridad en los centros escolares (aún hay millares de niños sin escuela). Lo prueba el hecho de que en su visita a Utiel, el President evite el centro urbano y recorra caminos para supervisar infraestructuras.
Segundo: la mala gestión del escudo militar con el que se ha tratado de proteger (comenzando por el bochornoso episodio del incremento de salario en el momento menos oportuno) y la incapacidad del president Mazón para acercarse a los ciudadanos, sumada a la ausencia de empatía que demuestra que, al cumpllirse el primer mes del desastre, no haya tenido una muestra de reconocimiento institucional de solidaridad y de petición de perdón, como han hecho buena parte de los alcaldes que, al fin y al cabo, están todos los días en la brecha.
Tercero: lo que pretenden que de sentido al resto de legislatura, esto es, la reconstrucción encomendada al vicepresidente Gan Pampols (hay que referirse ya a él en esos términos), va a ser cosa de años, sin duda y se parece demasiado, desde el punto de vista de responsabilidad política, a un intento de desviar la exigencia de responsabilidades a quienes estaban al mando o debían estarlo el día 29 y en los días siguientes. No digo que esa prioridad para la legislatura carezca de justificación . Sí pienso, como ha señalado la profesora de economía de la Universitat de València, Matilde Mas, (https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/val/matilde-economista-reconstruir-zona-cero-error-hay-incentivar-traslado-casas-empresas-zonas-no-inundables_1_11842767.html), que hablar de reconstrucción es un error, porque supondría seguir manteniendo todo lo que se ha demostrado que incrementa el riesgo de pérdidas de vidas humanas y daños materiales enormes, cuando es obvio que se trata de corregir todo eso: se trata de incentivar el traslado de casas y empresas a zonas no inundables, subraya. Eso implica levantar la vivienda social, una eficaz red de transporte público y simplificar e incrementar el dinero de las ayudas. Por lo demás, añade, la reconstrucción en Valencia no es la misma que en Afganistán: exige gestionar los recursos de la administración pública y eso no es fácil para quien no tenga experiencia en ello. Y exige transparencia, para evitar todo asomo de corrupción, y también ese escenario reprochable de quieres quienes lucrarse con  las tareas de reconstrucción.

En todo caso, cuanto he recordado no empece, sino más bien al contrario, que haya una prioridad genuinamente política. Quiero decir, que también es prioritaria la exigencia política, de dignidad y transparencia, y por tanto, requisito para la confianza política de los ciudadanos en las instituciones, plantear una moción de censura en las Corts, tal y como proponía al comienzo de estas líneas. Sabemos que es una moción que fracasará, por muchas dificultades (entre otras, Vox no la apoyaría aunque creo que en una repetición electoral saldría beneficiada). Pero insistir, como hace la líder del PSPV y ministra, Diana Morant, en la vía de que Feijoo deje caer a Mazón, es -a mi juicio- un grave error: no sólo porque es evidente que el PP no lo va a hacer, sino también y sobre todo porque la prioridades no son sólo materiales, sino asimismo, como digo, de carácter político en el genuino sentido de la palabra, que no es el de la lucha partidista y tacticista por el poder.  Por eso, hay que dar una respuesta que ofrezca satisfacción a los ciudadanos -no sólo a los afectados- en términos de asunción de responsabilidades, de saber en qué se falló (y reconoceré que todos los que fallaron antes, en y después del 29, son Estado, desde luego: desde la administración municipal a la autonómica y a la administración central del Estado) y debatir sobre lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Esa, creo, es una prioridad política, pública, para todos los valencianos y debe tener lugar en su parlamento

 

Una reflexión sobre catástrofes y responsabilidades, al hilo de la Dana de octubre de 2024*

 

(I)

La catástrofe causada por la Dana que arrasó el día 29 de octubre más de 70 municipios de varias comarcas de la provincia de Valencia, especialmente en l’Horta Sud y La Ribera, es, probablemente, el mayor desastre de origen natural que se ha vivido en España en casi cien años[1]. Los datos de la tragedia, comenzando por las víctimas humanas, son aterradores para un país como el nuestro. A pesar de que apenas ha transcurrido tiempo, creo que vale la pena tratar de apuntar algunas pistas para la reflexión sobre esta catástrofe, desde la filosofía jurídica, moral y política.

En su día, leí con atención el ensayo de Ernesto Garzón Valdés, Calamidades[2], cuyo origen, recuerdo, fue su intervención en las Conferencias Aranguren, en la Residencia de Estudiantes. En estas semanas, claro, he vuelto a él, como también al poema de Voltaire sobre el terremoto de Lisboa (1756), a la carta que Rousseau le dirigió, criticando sus tesis, y a un texto imprescindible de Camus, La peste (1947), que tantos releímos durante la epidemia del COVID.3]

Cito el ensayo de Ernesto Garzón, porque me parece un buen punto de partida para apuntar algunas cuestiones que, como digo, considero de relevancia e interés no sólo académico, sino general. En su Calamidades, toma como referencia la noción kantiana de mal moral para ofrecer una distinción conceptual entre dos tipos de desastres, las catástrofes y las calamidades, y considera que las primeras son el resultado de causas naturales y las segundas, producto de la intencionalidad humana[. Pasa luego a esclarecer los elementos de algunas de esas calamidades, que siguen de actualidad (intervenciones armadas con fines humanitarios, terrorismo de Estado y terrorismo internacional, las guerras…) para tratar de elucidar el tipo de mal que suponen y el establecimiento de responsabilidad, más que la culpabilidad. Todo ello con una referencia que me parece muy importante: la relación de las calamidades con lo que denomina “arrogancia insensata” y con la “ignorancia”. Como señalaré más adelante, conviene tener en cuenta a ese propósito otra aguda reflexión del mismo autor sobre los tipos de ignorancia, que presentó en su lectio de aceptación del doctorado honoris causa de la Universitat de València[4]. En efecto, creo que la catástrofe que evoco se relaciona con dos de esas clases de ignorancia que explica Garzón Valdés, la “ignorancia presuntuosa”, que tiene mucho que ver con la “arrogancia insensata”, y la “ignorancia querida”.

Hoy, todos tenemos claro que ya no vivimos en los tiempos en los que dominaba la visión que subrayaba el azar desgraciado como causa de las catástrofes. Es la que propuso Voltaire en su largo poema de 234 versos, “Poème sur le désastre de Lisbonne, ou examen de cet axiome, tout est bien” (Sobre el desastre de Lisboa, o un examen del axioma todo está bien), publicado en 1756. Se trata de un texto que tiene su origen en la carta que dirigió Voltaire desde Ginebra a su amigo Jean Robert Tronchin, el 24 de noviembre de 1755, cuando tuvo noticia del desastre acaecido el 1 de noviembre. En ese poema, tras poner de relieve la fragilidad de la vida humana, lamenta la muerte de “cien mil a quienes la tierra devora” y nos recuerda lo cerca que estamos todos de la muerte por “crueldades del destino”; pero, sobre todo, se rebela contra las tesis del mejor de los mundos posibles, que minimiza la existencia del mal, y también contra el quietismo de quienes aceptan una resignación impotente, desde la convicción de que se trata de “las leyes de hierro que encadenan la voluntad de Dios”. Rousseau, por su parte, señala que más bien lo que nos debe preocupar es el mal que el ser humano causa a la naturaleza y destaca que los efectos del terremoto son más graves debido a factores sociales y políticos, como el tipo de construcción en Lisboa, o el hecho de que las personas afectadas se preocupan más de sus propiedades que de su vida.

La visión de las catástrofes asociada a la tesis existencialista de la ausencia de sentido, es la que encontramos en La Peste. Lo que me interesa subrayar ahora, más allá de cómo Camus plantea nuestra voluntad de ignorar ese tipo de catástrofe, incluso si ya está a nuestras puertas[5], es sobre todo la conclusión que ofrece Camus, a través del protagonista, el doctor Rieux, cuando se enfrenta a ese mal terrible que azota Orán. Rieux, pese a todo, confía en la ciencia y sobre todo en la solidaridad, pero insiste en el peso de la ignorancia y la arrogancia insensatas por parte de muchos de nosotros, y en particular, de los responsables públicos: “el mal que existe en el mundo proviene casi siempre de la ignorancia, y la buena voluntad, sin clarividencia, puede ocasionar tantos desastres como la maldad”.

Las catástrofes, con todo, advierte Camus, tienen la capacidad de rehumanizar, pues pueden ser el detonante de la fraternidad, de la solidaridad[6]: frente al mal, inevitable -tanto si hablamos de desastres naturales o epidemias, como si nos referimos al mal moral que subyace a las calamidades, de acuerdo con la propuesta de Ernesto Garzón-, lo importante es nuestra actitud: cómo responder, cómo rebelarse, y la medida es desechar el “sálvese quien pueda” y tratar de hacer el bien a los otros, comenzando por las víctimas. Creo que eso plantea de nuevo un debate sobre el que intervino el propio Garzón Valdés y sobre el que hemos debatido ampliamente: el de los deberes de solidaridad que, más allá de la solidaridad espontánea, del voluntariado, remite a lo que podríamos calificar de “solidaridad institucionalizada”, como respuesta propia de lo que denominamos Estado social, consecuencia de la concepción política que entiende que la necesaria respuesta solidaria no se puede dejar sólo en manos de la espontaneidad de la sociedad civil, del voluntariado.

A mi modesto entender, el problema con la distinción entre calamidades y catástrofes propuesta por Garzón Valdés, es el mismo de tantas propuestas dicotómicas, como las que agradaban a Bobbio, y tiene que ver con el hecho de que, como advirtiera Weber, se trata en todo caso de tipos ideales, que sufren al confrontarse con la realidad que es histórica, plural y cambiante y difícilmente se deja atrapar en categorías conceptuales abstractas. Y es que hablar de esos desastres que denominamos catástrofes en términos de acontecimientos naturales, ajenos a la mano del hombre, tal y como nos propone Ernesto Garzón, en línea de continuidad con el argumento del “azar desgraciado”, que vimos en Voltaire (“la desgracia, el desastre o la miseria provocados por causas naturales que escapan al control humano), tropieza con la evidencia de que existe una suerte de zona gris entre ambas categorías. Ya no podemos decir sin más que los desastres naturales escapan al control humano. No se pueden evitar, pero sí paliar sus consecuencias, desde el principio de prudencia, básico en toda acción política y en especial en las que tocan a la gestión de los desastres, es decir, a la respuesta preventiva. Se trata de desarrollar la capacidad de pre-prevención de los mismos, lo que es posible precisamente mediante los avances de la ciencia y la tecnología. Evidentemente, la gestión de las consecuencias de esos desastres naturales es una cuestión sobre todo de responsabilidad y eficacia en la acción pública, concertada entre las instituciones y los agentes de la sociedad civil. Todo ello abre otras perspectivas acerca del establecimiento de responsabilidades: moral, política y jurídica, como abordaré en el tercer apartado.

 Pero, sobre todo, esa distinción entre catástrofes y calamidades choca con un argumento que, también a mi parecer, no está suficientemente presente entre los asuntos de filosofía moral, jurídica y política a los que dedicó su brillante inteligencia Garzón Valdés ni, reconozcámoslo, tampoco en nuestra generación, con algunas excepciones. Me refiero a la dimensión ecológica de justicia, que integra las exigencias de justicia social y la perspectiva de las respuestas ante la gran transformación que deriva de la crisis ecológica. Pese a su necesidad, aún más, a su urgencia, la filosofía moral, jurídica y política no ha proporcionado suficientemente propuestas sobre ello, salvo las excepciones como los ensayos de filósofos como Hans Jonas, Bruno Latour o Michel Serres, o los de juristas como Michelle Delmas-Marty o Luigi Ferrajoli.

A partir de lo que ya he matizado acerca de las catástrofes, cabe sostener que éstas, como las calamidades, también nos plantean asuntos de relevancia moral, política y jurídica: desde la necesidad de replantear un modelo civilizatorio que ha conducido al antropoceno, a cuestiones más específicas como la influencia que tiene la desigualdad ante las catástrofes naturales de enorme magnitud, según hablemos de países con alto grado de desarrollo (pienso en los sismos en Japón, en los huracanes y tornados en los EEUU), por contraste con lo que acaece con los monzones en buena parte del sureste asiático o con los terremotos en el Magreb o incluso en zonas deprimidas de Turquía), o también en la diferencia de impacto entre clases acomodadas y las clases más vulnerables en un mismo territorio.

Las catástrofes nos plantean asimismo la relación entre la ciencia y las decisiones políticas que, como se ve en el caso de Oppenheimer, descrito como un Prometeo americano en una biografía en la que se inspira a su vez una película reciente de Nolan[7], tiene su cara y su cruz: el proyecto Manhattan no se entiende sin un ambicioso proyecto puesto en marcha por el presidente Roosevelt que inicialmente sí tenía que ver con la Defensa (el National Research Defense Committee, 1940) devino en la creación de una agencia científica de asesoramiento al gobierno (Office of Scientific Research and Developpment, 1941), con fines mucho más amplios, relacionados con la salud y bienestar, como se lee en la carta que el mismo presidente dirigió a esa Agencia y que fue el origen del famoso informe Science, the endless Frontier, de 1944[8]. También es un asunto de relevancia moral política y jurídica la mencionada reflexión sobre la solidaridad, el papel de la sociedad civil y el del Estado. Finalmente, en este breve repaso, la cuestión de la responsabilidad política de la gestión de esos desastres remite al problema de la acountability

 

(II)

Aunque es evidente que el riesgo cero no existe y menos aún en una “sociedad del riesgo”, que vive bajo el impacto global del cambio climático, y por tanto que hay fenómenos naturales catastróficos que es imposible eliminar, no lo es menos que hoy contamos con capacidad científica y tecnológica para prever y también para reducir las consecuencias de esos desastres. Por eso, las catástrofes, como la de Valencia, deben ser entendidas no como producto inevitable y exclusivo del azar, sino como un fallo sistémico (tal y como definió la Dana de Valencia el director del Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria, Iñigo Losada[9]), que es también el resultado de la ausencia de políticas preventivas que tengan en cuenta los avisos de la ciencia, frente a un modelo de crecimiento y explotación ilimitada de los recursos naturales, aún decimonónico, que explota sin freno la naturaleza, espoleado por la lógica del beneficio. Y, por supuesto, se agravan en función de esa arrogancia insensata y de la ignorancia frente a los avisos de la ciencia, por parte de quienes han de gestionarlas y tomar decisiones.

Insisto: ya no podemos seguir sosteniendo esa concepción de la impotencia del hombre ante los fenómenos naturales. Los conocemos y sabemos bien las posibilidades de actuar preventivamente para poder responder a ellos. Lo que nos falta es la voluntad política para actuar decididamente ante aquello que nos enseña la ciencia y nos proporciona la tecnología. Esa deficiencia en la voluntad política de actuar de forma prudente, sabiamente, se debe sobre todo a sigue siendo prioritario el beneficio de algunos frente a los derechos de los más. Es una dolorosa paradoja: si bien, de un lado, ya no aceptamos que el hombre no puede intervenir para prevenir o minimizar los efectos de las fuerzas de la naturaleza, de otro lado, no actuamos en consecuencia. Y por eso, aunque ya no vale aquello de que no hay responsabilidad humana: moral, política e incluso jurídica, porque la hay, por arrogancia e ignorancia ante los avisos de la ciencia y por incompetencia en la gestión de las catástrofes, nuestro sistema jurídico y político, como apuntaré en el tercer apartado, hace muy difícil el ejercicio real de la exigencia de responsabilidades políticas.

Con esto -como he anticipado más arriba-, quiero plantear el interés de una cuestión conectada al debate sobre las catástrofes, que es la de la necesidad de revisar las relaciones entre ciencia, técnica y política, sobre todo ante las catástrofes y no sólo ante las calamidades.

Si aceptamos que vivimos en sociedades de riesgo global, en las que está más claro que nunca que, sin una presunción de fiabilidad, la vida en estas sociedades se desmoronaría, parece evidente la necesidad de obtener esas referencias fiables que nos proporcionan la ciencia y la tecnología, como es el caso de los sistemas expertos, tal y como expuso. Anthony Giddens. Mediante ellos, que requieren un uso extensivo de la tecnología de las comunicaciones, hemos alcanzado la presunción de cierta eficiencia y capacidad de reducción de riesgos, que hemos incorporado a nuestra vida cotidiana a cambio de convertir nuestros datos personales en mercancía de ese nuevo y próspero mercado de los sistemas de comunicación tecnológica y la inteligencia artificial y de correr riesgos de fraudes. Como decía Giddens, se trata de “compromisos anónimos sobre los que se sostiene la fe en el manejo de un conocimiento del que una persona profana es en gran parte ignorante”. Cada vez que acudimos a un hospital, consultamos nuestras cuentas bancarias o hacemos gestiones con ellas, preparamos online un viaje, o, desde luego, cada vez que los gestores públicos quieren prevenir o gestionar emergencias, acudimos a esos sistemas expertos, y aunque no conozcamos a quienes responden a nuestras gestiones o interrogantes, en hospitales, bancos o agencias de viajes, depositamos nuestra confianza en esos sistemas.

El problema, a efectos de las catástrofes, no es tanto el fallo de esos sistemas, sino -como señala Ernesto Garzón- la arrogancia insensata, la ignorancia injustificable y la incompetencia de quienes deben adoptar decisiones políticas basándose en los análisis de la ciencia y no lo hacen, por alguno de esos motivos. Y es un problema porque no sólo contribuyen a la magnitud de la catástrofe, sino que fomentan muchas veces un populismo basado en la desconfianza ante la ciencia[10].

Pues bien, creo que la gestión política de esta catástrofe se relaciona con la ignorancia que Garzón Valdés llama “presuntuosa”, pero también con la “ignorancia querida”.

El profesor Garzón Valdés se inspira en Jonathan Glover para definir los dos requisitos que concurrirían en la primera[11]: que sea fácilmente superable y, al mismo tiempo, que esa superación tenga efectos desagradables. Me parece evidente que, en el caso del que hablamos, era muy fácil superar la ignorancia de los gestores políticos, acudiendo a los avisos de la ciencia, mucho antes, inmediatamente antes y durante el desencadenamiento de la Dana. Y no hace falta hablar de los efectos desagradables: es evidente que esos mismos responsables han tratado de negar tener conocimiento de esos avisos o incluso restarles importancia hasta el límite del negacionismo.

Para ilustrar lo que llama “ignorancia querida”, que entiende como una forma de autoengaño, se apoya en Strawson[12]: en nuestra vida cotidiana, al adoptar continuamente decisiones, preferimos “no saber” algunas cosas, o fingir que no están a nuestro alcance (lo que estaría paradójicamente cerca de la ignorancia presuntuosa): ese tipo de ignorancia “nos envuelve en una niebla protectora de la que no podemos prescindir mientras seamos como somos, es decir, seres vulnerables a las reacciones de los demás y a la verdad desnuda que no pocas veces nos ofende”. Ni qué decir tiene que, en una vida política como la nuestra, convertida en demasiada medida en espectáculo, esa niebla protectora puede parecerle al responsable político un escudo benéfico, pero lo cierto es que se trata de la evidencia de la incompetencia.

Lo que quiero señalar es que, con frecuencia, las catástrofes son desencadenadas por fenómenos naturales, pero no estrictamente causadas sólo por ellos. Desde luego, creo que es el caso de esa Dana que ha destrozado las vidas de una buena parte de casi un millón de ciudadanos que viven en esas comarcas próximas a la capital, salvada por el reencauzamiento del río Turia, una obra de enormes proporciones que se emprendió tras la gran riada de 1957 en la ciudad. No era mucho esperar que el sistema de emergencias valenciano y español (con piezas fiables científicamente, como la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET), con el conocimiento y los medios informáticos y de comunicación que permiten monitorizar en tiempo real los episodios meteorológicos, y con el marco normativo jurídico que los toma como referencia, pudiera responder en términos de prevención y de reducción de sus consecuencias. Pero es evidente que se producen y se han producido en este caso disonancias importantes entre las aportaciones de la ciencia y la tecnología de un lado, y las decisiones políticas, de otro.

Tenemos un grado suficiente de conocimiento científico sobre las amenazas que comporta el cambio climático. Baste pensar en los informes científicos que explican su evolución y que están transformando en alto grado las condiciones ambientales[13]. Por ejemplo, en Europa, con dos puntos particularmente sensibles: el cambio de las corrientes del Atlántico Norte y la transformación del Mediterráneo en zona cero[14], y muy concretamente, la existencia de mapas de zona inundables, de “manchas de inundación” sobre el mapa de territorios habitados, en las que se ha construido sin cesar y sin tomar prevenciones, desechando los estudios como el informe de la OCDE de 2018, sobre infraestructuras resilientes al clima, o iniciativas mixtas de I+D, como el proyecto Adaptare, emprendido en 2022 por Ferrovial y el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria, que trata de identificar y evaluar los riesgos a corto, medio y largo plazo, para prevenir y adaptar infraestructuras que puedan resistir a los riesgos del cambio climático, en vertiginosa evolución.

La cartografía permite establecer con precisión los mapas de zonas de riesgo, de zonas inundables. Ya en 2003 se estableció un Plan de Acción Territorial sobre prevención de riesgo de inundación en la Comunidad Valenciana: Patricova, que se revisó diez años después y cuya filosofía se incorporó en 2014 a la nueva ley de ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana que textualmente señala: “Se ubicarán espacios libres de edificación junto al dominio público hidráulico, a lo largo de toda su extensión y en las zonas con elevada peligrosidad por inundaciones”. En el mismo 2013, se creó el Sistema nacional de Cartografía de zonas inundables, resultado de una directiva europea de 2007 sobre prevención de inundaciones[15]. Pero, lamentablemente, estos análisis no se incorporaron para introducir modificaciones legislativas, por ejemplo, en la ley del suelo, ni en las ordenanzas municipales sobre construcción, que se aceleró en los últimos años, no sólo en la costa del Mediterráneo, sino también en esas comarcas que han sufrido el desastre.

 

(III)

Para terminar, quiero referirme sucintamente a la cuestión del establecimiento de responsabilidades en relación con las catástrofes.

Por supuesto, es evidente la diferencia entre la responsabilidad moral, la política y la jurídica. Respecto a esta última, es evidente que es posible, incluso que habrá que plantear el ejercicio de acciones de responsabilidad patrimonial frente a la Administración. Otra cosa es la pertinencia y viabilidad de emprender acciones penales. Respecto a esto último, creo que, como ha expuesto el profesor Quintero[16], conviene ser muy prudentes cuando se habla de presentar acusaciones o  denuncias por delitos de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro. Tales imputaciones, como argumenta el mismo profesor, tienen una difícil fundamentación jurídico penal en nuestro ordenamiento. El profesor Quintero, en ese artículo, explica que, para hablar de homicidio imprudente, se requiere poder establecer una imputación objetiva que, a su vez supone necesariamente identificar una conducta contraria a un mandato jurídico, y añade: “en las situaciones en las que, como sucedió en la que motiva estas líneas, se acumulan procesos causales y decisorios que pueden no estar ni siquiera concatenados…es precisamente cuando es fundamental fijar el momento en que se infringió una norma de cuidado concretamente destinada a evitar los resultados que se podían producir. Esas normas de cuidado nacen tanto de leyes y reglamentos de prevención de riesgos como de la experiencia cultural sobre la posible materialización de esos riesgos. A la obligación de respetar esas normas se une el deber personal de cuidado, que se mide en función de las especiales condiciones del sujeto y su capacidad de previsión y de control de los riesgos posibles”. Además, y esto es capital, “Es consubstancial al delito imprudente el que el resultado se pueda prever, con independencia de que el sujeto concreto lo haya previsto o no. Esa previsibilidad se ha de poder apreciar objetivamente y ex ante de la realización de la acción u omisión”. Por eso, concluye, “el resultado (las muertes) ha de derivarse de la acción del autor o autores. Cierto que no se trata de una derivación físico-causal, sino normativa, y eso exige poder establecer una relación que llamaremos de “imputación”, entre actuaciones de los autores, infractoras de concretas normas de cuidado, desbordando el marco del riesgo aceptado y siendo posible prever el resultado de muerte”.

Como decía, este tipo de responsabilidad es bien distinta de la responsabilidad moral (ligada a la identificación del mal moral) y de la política. Concluyo con una breve referencia a esta última.

La exigencia de responsabilidad política, la accountability, es consustancial a la democracia. Inicialmente, se intenta acotar la puesta en práctica de esa exigencia a mecanismos parlamentarios de depuración de responsabilidades (comisiones de investigación, mociones de reprobación) o, en todo caso, a la capacidad que tienen el titular de la soberanía, esto es, los ciudadanos, de modificar su voto en las elecciones cuando se ha acreditado tal (ir)responsabilidad. Poco a poco se ha generalizado también la praxis de que, sin esperar al siguiente momento electoral, una vez acreditada la responsabilidad política, ésta ha de asumirse por el gobierno correspondiente o por el partido que lo sostiene en forma de dimisiones o ceses de quienes se identifiquen como titulares de esa responsabilidad, lo que suele obligar a escalar sucesivamente en la jerarquía política, en la que se intenta que algunos cargos de menor rango actúen como fusibles de los responsables últimos. Y por supuesto siempre existe la posibilidad de ejercer mociones de censura o confianza cuando el establecimiento de responsabilidades políticas está suficientemente acreditado. Sólo en algunos sistemas electorales se prevén mecanismos intermedios de censura, o procesos deconstituyentes. Esta ausencia de mecanismos eficaces de rendición de cuentas políticas ignora la advertencia que señalara el cardenal de Retz en sus Mémoires (1765): “quand ceux qui commandent ont perdu la honte…ceux qui obéissent perdent le respect; et c’est dans ce même moment où l’on revient de la léthargie, mais par des convulsions», lo que podría traducirse libremente así: “Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto, y despiertan de su letargo, pero de forma violenta”[17]. Si los responsables políticos no rinden cuentas y asumen esa responsabilidad -lo que, hablando en plata, significa dimisiones y/o ceses-, la consecuencia es que la legítima rabia ciudadana se desborde, en términos cuando menos de cavar un abismo de desconfianza entre los ciudadanos y no ya esos políticos sino la política. El desbordamiento de las emociones pone en jaque a la razón, es decir, a la razón que se traduce en Estado de Derecho. Y esa amenaza es de una gravedad insoslayable.

Lo que me interesa subrayar es que el efecto de indignación ante actos en los que se hace evidente la responsabilidad política por falta de previsión o por incompetencia en la gestión de catástrofes tiene un riesgo evidente, el de la manipulación de la rabia y la frustración, que conduce a lo que Canetti, en su famoso ensayo de 1960[18], denominara “masa de acoso”. La indignación, el sentimiento de lo injusto, como sabemos, es un motor poderoso de la lucha por el Derecho, cuyos antecedentes se remontan a la antigüedad clásica, como demuestra la Antígona de Sófocles. Lo explicó muy bien Jhering en su imprescindible ensayo La lucha por el Derecho y también ahondó en las razones, las buenas razones políticas para la indignación, Stephen Hessel en un panfleto de enorme éxito[19], que precedió a los movimientos populares como Occupy Wall Street, o a los del 15M en España, de los que surgió Podemos. Pero el mismo Jhering explicó la patología de la indignación, acudiendo al famoso relato de von Kleist, Michael Kohlhass, como una variante perversa de esa lucha por el Derecho que, desde la evidente afrenta de lo injusto acaba convirtiéndose en tomar la justicia por la propia mano.

En momentos de catástrofes, con la conmoción que provocan y las emociones de frustración y rabia, que acompañan a la necesidad de encontrar responsables, cuando no culpables, no podemos ignorar el riesgo que afronta la democracia liberal: convertirse en una democracia de sentimientos y pasiones[20], en la que la apelación a las emociones o la sustitución de las razones por los slogans simplistas y las fake news, los bulos, que caracterizan en buena medida hoy a las poderosos redes sociales, a su vez manipuladas sin límite, acaben arruinando los elementos básicos de la democracia.

Una parte de ese riesgo se ha manifestado en forma de polémica acerca del fracaso del Estado y del slogan “sólo el pueblo salva al pueblo”, que llama una vez más a la desconfianza de “la política” y la demonización de “los políticos”, estigmatizados como una casta corrupta, alejada de los intereses y necesidades del “pueblo”. Los más avisados esperan poder aplicar la pauta descrita por Naomi Klein en su ensayo La doctrina del shock, sobre la propuesta difundida por ideólogos como Friedman y sus adláteres: acontecimientos como éste son una oportunidad para hacer negocio, mediante la privatización de lo público, porque tras la demonización de «la política», de «lo público», surge su devaluación y así sale beneficioso privatizar enormes sectores que se adquieren por derribo y son sustituidos por pujantes empresas que explotan en definitiva ese viejo motor: el miedo., junto al horror vacui. Miedo a la incertidumbre, al desamparo. Miedo al vacío que deja el Estado, previamente desmantelado.

Con independencia de la encomiable labor espontánea de los miles de voluntarios llegados de todas partes y en gran medida jóvenes -que han desmontado así el estereotipo de una “generación de cristal”, apática y ajena a los interese generales-, lo cierto es que ha habido una indiscutible deficiencia e incompetencia en los primeros días después del desastre, por parte de no pocos de los responsables políticos concernidos en las diferentes administraciones (sobre todo la autonómica y también la administración general del Estado y el propio Gobierno central. Pero, como escribía el profesor Juan Romero[21], sonroja tener que recordar que, por ejemplo, los Ayuntamientos son tan Estado como el gobierno autonómico, el central y la administración general del Estado. Y ese Estado respondió desde el principio: no sólo los alcaldes y Ayuntamientos, no sólo los directamente afectados -que trabajaron incansablemente desde el primer momento- sino también los que de inmediato pusieron todos sus medios a disposición. Como también es Estado y actuó eficazmente la Agencia Estatal de Meteorología. Estado son la Universidades públicas, como la de Valencia que, con sus prudentes decisiones de suspender desde el mismo día 29 de octubre por la mañana toda actividad docente y enviar a sus trabajadores a casa, salvaron sin duda muchas vidas, en contraste con la propia administración autonómica -salvo la Diputación de Valencia- y con la mayoría de las empresas, que no aplicaron lo que dispone la ley de prevención de riesgos laborales.

Más penoso es tener que subrayar obviedades como que, sin lo que llamamos Estado, y en concreto, sin un modelo como el del Estado social, serían muy difíciles buena parte de los avances en ciencia ni investigación (por ejemplo, los que no están al servicio de intereses empresariales, que son legítimos en principio, claro), no habría agencias de investigación como el CSIC, ni entidades científicas como AEMET, ni habría salud pública, ni educación pública, ni sistema de pensiones, ni seguridad social. No habría defensa (no habría Ejército), ni seguridad (cuerpos nacionales de policía o Guardia Civil, algo muy distinto de los servicios de seguridad que se pueden pagar los ricos). Es decir: sí, el pueblo salva al pueblo, pero sobre todo lo hace a través de sus instrumentos institucionales y gracias a los impuestos.

Por consiguiente, la solución no puede consistir en reducir el Estado a su mínima expresión, sino en estudiar cómo corregir, a fondo si es preciso, cuestiones tan concretas como importantes en relación con la respuesta de los poderes públicos (en coordinación, sí, con los agentes privados) al cambio climático y con sus consecuencias: Se trata de revisar el marco normativo y la ejecución de los sistemas de prevención y alerta y, más aún, los protocolos de colaboración institucional entre los agentes del Estado, las diferentes administraciones. Corregir en lo posible las aberraciones urbanísticas que hemos cometido, contra las enseñanzas básicas de la ciencia (geógrafos, geólogos, climatólogos, por ejemplo). Porque la acción de los poderes públicos y de las instituciones y agentes privados debe tener en cuenta la guía que ofrecen la educación, la investigación y la ciencia.

* Esta entrada del blog tiene su origen en mi contribución al homenaje al profesor Ernesto Garzón Valdés, celebrado en la Fundación Coloquio jurídico, en noviembre de 2024. Se publicará como artículo, con algunas variaciones, en el próximo número de la revista CEFD

[1] Al cumplirse dos semanas del desastre, la pérdida más importante son las víctimas mortales y desaparecidos aún por localizar, en una cifra que se acerca a 250 personas. En las poblaciones afectadas (la mayoría de l’horta Sud, una zona de la conurbación de la metrópolis de Valencia) viven cerca de 850000 personas. Los cálculos más fiables permiten hablar de 400000 personas afectadas directamente, casi 100000 hogares gravemente dañados, con más de 350000 trabajadores, buena parte de los cuales se han quedado sin puestos de trabajo o en precario, y más de 30000 empresas seriamente perjudicadas. Un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, IVIE (https://www.levante-emv.com/economia/2024/11/03/dana-tendra-gran-impacto-negativo-111143911.html) cifra las pérdidas en 28.000 millones de euros, y subraya que los 70 municipios que han salido más golpeados por la DANA generan el 34,5% del PIB provincial y el 22% del PIB regional (más de lo que producen en un año las comunidades de Asturias, Cantabria, Extremadura, La Rioja o Navarra). El desastre ha dañado gravemente a infraestructuras, incluidas la comunicación, que impactan directamente sobre la movilidad de toda esa población e incluso sobre las comunicaciones de Valencia con otros territorios, a través de carretera y ferrocarril. Por su parte, el Departamento de geografía de la Universitat de València ha cartografiado el mapa del desastre y cifra el área afectada en 562,7Km2, de los que casi 60 constituyen área urbana y están ocupados por viviendas familiares (21km2 son zonas residenciales) y empresas (33 km2 son superficies industriales). El estudio permite identificar las zonas definidas como inundables, en las que se cebó la catástrofe, una de las razones de su magnitud, más que previsible en ese sentido: https://www.uv.es/uvweb/uv-noticies/ca/noticies/universitat-crea-primera-cartografia-precisa-inundacions-provocades-dana-1285973304159/Novetat.html?id=1286405127409&plantilla=UV_Noticies/Page/TPGDetaillNews.

[2] Publicado en el año 2004, con el título Calamidades, Gedisa, 2004, hoy está agotado.

[3] “<calamidad>…aquella desgracia, desastre o miseria que resulta de acciones humanas intencionales, es decir, excluiré los casos que pueden caer bajo la denominación general de <mala suerte> individual o colectiva, o que son consecuencia de actos voluntarios no intencionales…<catástrofe>, la desgracia, el desastre o la miseria provocados por causas naturales que escapan al control humano” (ibid.., pp.11-12).

[4] En esa lección distinguió entre 8 clase de ignorancia: excusante, presuntuosa, culpable, racional, docta, conjetural, inevitable y querida. El texto, junto a una selección de sus ensayos, puede encontrarse en la colección honoris causa de la Universitat de València, con el título Filosofía, política, derecho, Universitat de València, 2001, editado por quien suscribe. Esa lección puede encontrarse también como artículo, publicado en el número 11 (1999) de la revista Isonomía: «Algunas reflexiones sobre la ignorancia», pp. 129-148.

[5] Aunque es sabido que Camus ofreció la interpretación de que La peste era una metáfora del nazismo y de la guerra, lo es también de nuestra actitud ante los desastres: “Nuestros conciudadanos eran como todo el mundo: pensaban ellos mismos…no creían en las plagas. La plaga no está hecha a la medida del hombre, por tanto, el hombre se dice que la plaga es irreal, un mal sueño que tiene que pasar. Pero no siempre pasa. Y debido a esa incredulidad, a esa ignorancia, sucede que continuaban haciendo negocios, planeando viajes y teniendo opiniones. ¿Cómo hubieran podido pensar en la peste, que suprime el porvenir, los desplazamientos y las discusiones? Se creían libres y nadie será libre mientras haya plagas”

[6] En diferentes trabajos, inspirándome en las obras de Ibn Jaldún y de Durkheim, he propuesto entender la solidaridad como el tipo de vínculo social que consiste en la conciencia conjunta de derechos y deberes, que se activa de modo particular ante los peligros -no digamos los daños- que afectan a ese fondo común y ante la evidencia de que sólo actuando de modo conjunto, solidariamente, se puede dar respuesta.

[7] Me refiero a American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J.Robert Oppenheimer,  de Kai Bird y Martin J. Sherwin, Atlantic, 2005 (hay versión en castellano, Prometeo americano. Triunfo y tragedia de J. Robert Oppenheimer, Debate), en la que se basó la película de Nolan, Oppenheimer (2023).

[8] Sobre ello me permito remitir a De Lucas, “Variaciones sobre un tópico weberiano. Acerca del lugar de la ciencia en la decisión política”, Revista De Las Cortes Generales, (111), pp. 75-96. https://doi.org/10.33426/rcg/2021/111/1609.

[9] Cfr. entrevista en El País, https://elpais.com/economia/2024-11-10/obras-hidraulicas-resilientes-el-escudo-ante-la-crisis-del-clima-que-falto-en-valencia.html.

[10]  Sobre esa ideología populista advierte Richard Seymour en su Disaster Nationalism. The Downfall of the Liberal Civilisation, Verso Books, 2024.

[11] Cfr. art citado en la nota 3, p.133.

[12] Ibid., p. 144.

[13] En 1988, las Naciones Unidas y la Organización Meteorológica Mundial fundaron el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, IPCC, para proporcionar actualizaciones periódicas sobre la evidencia científica sobre el calentamiento global. El informe United in Science, de septiembre de 2019 de la Organización Meteorológica mundial reunió los detalles sobre el estado actual del clima y presentó tendencias en las emisiones y concentraciones atmosféricas de los principales gases de efecto invernadero. En la investigación los científicos destacan la urgencia de una transformación socioeconómica fundamental en sectores clave como el uso de la tierra y la energía para evitar un aumento peligroso de la temperatura global con impactos potencialmente irreversibles. También examinan herramientas para apoyar tanto la mitigación como la adaptación. (Se puede descargar en este enlace: https://news.un.org/es/story/2019/09/1462482). Puede consultarse el muy didáctico ensayo de E.Ortega, J.A.Saénz de Santamaría y S. Uhlig, Cambios climáticos, Mcgraw Hill, 2024

[14] Sobre ello, por ejemplo, https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2024-11-09/stefan-rahmstorf-climatologo-el-colapso-de-la-corriente-oceanica-atlantica-provocaria-un-clima-extremo-sin-precedentes-en-europa.html.

[15] La web del Ministerio para la transición ecológica y reto demográfico alberga el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI): https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-inundacion/snczi.html.

[16] “La imputación de la catástrofe y los límites del Derecho penal”, Almacén de Derecho, noviembre 2024, https://almacendederecho.org/la-imputacion-de-la-catastrofe-y-los-limites-del-derecho-penal.

[17] Aunque frecuentemente atribuido a Lichtenberg, el aforismo se encuentra en las Mémoires de Jean-François-Paul de Gondi, Cardinal de Retz, tomo 1 p.66.

[18] Me refiero, claro está, a Masse und Macht. Hay versión en castellano, Masa y poder, Muchnik, 1977.

[19] Indignez vous! (2010). Hay versión castellana con prólogo de J.L. Sampedro, Indignaos!, Destino, 2010.

[20] Cfr. por ejemplo, P. Rosanvallon, La contrademocratie. La politique à l’âge de la défiance, Seuil, 2006; M.Arias Maldonado, La democracia sentimental: política y emociones en el siglo XXI, Página Indómita, 2016.

[21]  Cfr. https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/donde-estaba-el-estado_129_11785212.html.

EL PUEBLO Y EL ESTADO, ANTE LA DANA (versión ampliada del artículo publicado en Infolibre, 3 noviembre 2024)

La gestión del espantoso desastre de la Dana, en las ciudades y pedanías de comarcas de Valencia y en Letur, las poblaciones más afectadas, ha dado lugar a mensajes tan aparentemente obvios y convincentes en su simplicidad, como -a mi juicio- engañosos, cuando no ejemplos de manipulación.

Uno de los más efectivos es el que apela a la contraposición entre el pueblo -siempre adornado de todas las bondades- y el Estado, con frecuencia presentado como una bestia insaciable y despreocupada de las necesidades reales de los ciudadanos, caricatura en la que coinciden los neoliberales iletrados pero poderosos (Milei o Trump son algunos de esos analfabetos funcionales y exitosos políticos) y otros enemigos del sistema que, por el contrario, son ilustrados pero nada poderosos, como les sucede a buena parte de la tipología de los anarcas y anarquistas (Jünger nos enseñó la diferencia). De ahí el mantra “sólo el pueblo salva al pueblo” que, paradójicamente, no se está difundiendo por parte de círculos revolucionarios de extrema izquierda, sino en los medios de la derecha y, sobre todo, la ultraderecha y que apela a la bondad del pueblo como única respuesta ante el fracaso del Estado.

En lo que se refiere a la gestión del desastre causado por la Dana en Valencia, se puede ejemplificar esa tentación mediante el contraste entre las imágenes de miles de ciudadanos que dedican su tiempo y sus recursos, altruistamente, a tratar de ayudar a los damnificados (los ríos de gente que cruzan el “puente de la solidaridad” que une el casco de Valencia con un barro periférico fuertemente afectado, el de La Torre, quedarán en nuestra memoria para siempre) y las quejas por el abandono que viven esas poblaciones, denunciadas por alcaldes de todo signo político y por sus habitantes y sintetizadas en la frase “en estos días aquí no hemos visto ningún uniforme” (militar, bomberos, policía, guardia civil), con la que se proclama la ausencia del Estado, denunciada también por personas que influyen en la vida pública pero que no parecen conocer la situación, como el habitualmente ponderado Antonio Banderas, que proclamaba en un tuit su indignación por no ver al ejército en las calles de esos pueblos. En esta ocasión, una vez más, conviene recordar que antes de opinar es preciso un mínimo conocimiento de la realidad de este desastre y también, del marco normativo y competencial de situaciones de emergencia que, por supuesto, también ha dado para la disputa partidista.

Y conviene también poner de relieve que, en situaciones de graves crisis, los más avisados esperan poder aplicar la pauta descrita por Naomi Klein en su ensayo «La doctrina del shock» sobre la idea propia de Friedman y sus adláteres: acontecimientos como éste son una oportunidad para hacer negocio mediante la privatización de lo público, porque tras la demonización de «la política», de «lo público» (el «fracaso del Estado»), surge su devaluación y así sale beneficioso privatizar enormes sectores que se adquieren por derribo y son sustituidos por pujantes empresas que explotan en definitiva ese viejo motor: el miedo, junto al horror vacui. Miedo a la incertidumbre, al desamparo. Miedo al vacío que deja el Estado, previamente desmantelado.

Desmontar simplificaciones sobre “pueblo” y “Estado”

Pues bien, en primer lugar, hay no poco que matizar sobre el buen pueblo. Empezaré por reconocer que soy de los que ha aprendido acerca de lo que significa el principio político que sostiene que el pueblo es el sujeto de la política, leyendo por ejemplo a Ranciére, que enseña que la democracia es ante todo lucha por la democracia, por el poder de las gentes reunidas como pueblo (y hoy, un pueblo que trata de trascender los límites impuestos por la nación), porque los sistemas políticos tienen como hilo común, en no poca medida, el miedo al poder del pueblo que, en democracia, es el titular de la soberanía, mientras que los gobernantes son administradores de lo que es nuestro, de los ciudadanos, del pueblo. Como también he aprendido de Thoreau, Fromm, Zinn o Chomsky, la necesidad democrática de la desobediencia civil: la indignación, la frustración ante la incompetencia de sus gobernantes, no digamos la rabia al ver la impunidad con la que los derechos son frustrados, si no violados tal que en la parábola de von Kleist, Michael Kohlhass, que sirvió al gran jurista Jhering para ilustrar su tesis de que el Derecho es sobre todo lucha por el Derecho, es una buena razón para la protesta. Pero si uno ha leído a Canetti, o ha visto películas como La jauría humana, Matar a un ruiseñor, o Grupo salvaje, sabe bien que el pueblo puede ser tantas veces también masa, moldeable por demagogos de toda laya, de Hitler, Stalin o Mussolini, a Milei, Bolsonaro o Trump. Y sabemos también que, en situaciones extremas, sale lo mejor y lo peor de todos nosotros: altruistas y saqueadores. Bien es verdad que, afortunadamente, como hemos visto en Valencia, aquellos son muchos más que éstos.

Es evidente que la respuesta de los poderes públicos, comenzando por el Consell de la Generalitat, desde el momento previo e inexistente de la prevención al de la que habría sido necesaria respuesta inmediata, ha dejado mucho que desear, en contraste con instituciones como la Universitat de València, que adoptó medidas que seguramente han salvado muchas vidas de sus trabajadores y de los estudiantes (en contraste también con lo que dejaron de hacer no pocas empresas, ignorando lo que dicta la ley de prevenciones laborales). Habrá tiempo de establecer responsabilidades para que las conductas y decisiones irresponsables e incompetentes encuentren sanción, incluso más allá de la sanción política, que es la que se expresa sobre todo con el voto.

También hay que matizar y mucho, sobre la pretendida «ausencia del Estado», y no digamos sobre su falencia y sobre la necesidad de dejarlo atrás, tesis difundidas por escritores justicieros, como Jose Manuel de Prada, que escribió en una tribuna de ABC que “España es un Estado fallido gobernado por hijos de puta”, y añadió que “tendríamos que ahorcarlos”, o incluso por editoriales de periódicos que en su día fueron conservadores y hoy parecen demasiado próximos a la extrema derecha, como el diario El Español, titulaba el 3 de noviembre “España de luto, y sus políticos a otra cosa” o como el propio ABC, en su editorial del 1 de noviembre titulado “¿Dónde está el Estado?”, dando pábulo a la tesis de Estado fallido.

Para empezar, recordaré la necesidad de desmontar la eficaz falacia de que todos los políticos son incompetentes, cuando no ladrones. Por ejemplo, he leído en estos días a un ilustre hispanista sostener la afirmación, tan atractiva como -a mi juicio- tramposa, de que la corrupción e incompetencia de nuestra clase política hoy, es la misma -sin solución de continuidad- que denunciara Valle Inclán en Luces de Bohemia. Decir esto puede quedar redondo como metáfora literaria, pero es una falsedad colosal. Que el poder político corrompe, como sentenciara Lord Acton, (y añadamos que si corrompe en buena medida es porque es corrompido casi siempre a manos de los poderes de facto), no significa que no se haya avanzado nada desde el XIX, también en España, para controlar al corrompido (aunque sea a posteriori) y también -menos, la verdad- al corruptor. En un Estado de Derecho que funcione, y el nuestro, con todos sus defectos, lo es, la actividad de la administración pública está sometida hoy a controles normativos (por ejemplo, la Ley de Contratos del Sector Público), de diferentes instituciones (como el Tribunal de Cuentas) y al contraste ante los tribunales de justicia, que establecen responsabilidades y sanciones: económicas, administrativas y, si es preciso, penales. Nada que se pueda comparar a las denuncias de Larra o Valle. Va a seguir habiendo corruptores y corrompidos, seguro. Pero lo importante es poder ponérselo más difícil y, en todo caso reducir su impunidad mediante sistemas de control y sanción eficaz.

En todo caso, como escribía el profesor Juan Romero (https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/donde-estaba-el-estado_129_11785212.html), sonroja tener que recordar que tan Estado son las Autonomías y los Ayuntamientos, como el gobierno central y la administración general del Estado. Más penoso es tener que subrayar obviedades como que, sin lo que llamamos Estado, y en concreto, sin un modelo como el del Estado social, serían muy difíciles buena parte de los avances en ciencia ni investigación, por ejemplo, los que no están al servicio de intereses empresariales, que son legítimos en principio, claro: por ejemplo, los que no están al servicio de intereses empresariales, que son legítimos en principio, claro. Así, Estado es el mayor centro de investigación de nuestro país, el CSIC, como lo es la AEMET. Estado son las Fuerzas Armadas (el ejército, por cuya presencia han clamado todos los afectados) y los cuerpos y fuerzas de seguridad. Estado son los bomberos, los servicios forestales, los servicios de protección civil. Sin el Estado, en suma, sin un Estado social, ni habría salud pública, ni educación pública, ni sistema de pensiones, ni seguridad social. Es decir: sí, el pueblo salva al pueblo, pero sobre todo lo hace a través del Estado y de las instituciones públicas, y gracias a los impuestos.

A propósito de la solidaridad

Conviene también recordar que la solidaridad no es sólo una virtud que se practica sólo espontáneamente y a través del voluntariado. En muchas ocasiones he propuesto una tesis fuerte sobre la solidaridad, que arranca de considerarla no sólo como una cualidad moral individual, sino como el propio vínculo social, el cemento que hace posible la constitución de las sociedades y su evolución: esa es la noción de asabiyah que propuso el genial Ibn Jaldún en su monumental propuesta de filosofía de la historia, Muqaddihmah. La solidaridad es así el motor social que hay que preservar y desarrollar.

La solidaridad responde ante todo a la conciencia común del vínculo social, y se basa sobre todo en lo contrario de la tesis atomista que el neoliberalismo pretende imponer, esto es, que somos sólo mónadas aisladas y que lo social no existe. Como principio jurídico, expresa la conciencia colectiva de la existencia de derechos y deberes comunes, porque existen bienes comunes que sólo se pueden proteger entre todos, en común, algo que, es cierto, se hace más evidente en situaciones de enorme peligro o de catástrofes que afectan a los otros y en particular cuando esos otros son cercanos. Por eso, el Estado social debe asumir el sostenimiento de esas exigencias de solidaridad y no simplemente dejarlas al albur de la virtud ciudadana. Hablamos de bienes comunes de carácter global, los que el jurista Karel Vasak entendía que daban lugar a lo que él denomino una «tercera generación derechos» (después de las libertades públicas y de los derechos económicos, sociales y culturales), una categoría en la que entran el agua, el medio ambiente, desde luego. Hoy es más evidente que nunca que resulta inviable afrontar los grandes desafíos globales (la gestión de la movilidad humana, el cambio climático, por enunciar dos de ellos) sin el concurso de los poderes públicos, concertados desde luego con los agentes sociales.

Lo que quiero recordar y creo que conviene repetir hoy, en el contexto de la Dana y también en el contexto del debate sobre la estructura territorial del Estado y el modelo de financiación, es que la solidaridad es también un principio jurídico que, en nuestro caso, tiene rango constitucional (artículos 2 y 138). Sin solidaridad no puede haber igualdad entre los ciudadanos que viven en un Estado compuesto. El modelo federal precisamente recuerda esto: ese Estado que nace de un pacto (foedus) de mutua lealtad y ayuda.

La solidaridad es también un principio jurídico de la propia UE ((como traté de explicar aquí: https://www.infolibre.es/opinion/luces-rojas/solidaridad-entendida_1_1174940.html). El artículo 222 del Tratado de funcionamiento de la UE incluye la denominada “cláusula de solidaridad”, que establece la posibilidad de que la Unión y los países de la Unión Europea actúen conjuntamente para prevenir la amenaza terrorista en el territorio de un país de la UE, o para prestar ayuda a otro país de la UE que sea víctima de una catástrofe natural o de origen humano. Además, la UE creó la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas (DG ECHO) de la Comisión Europea como organismo específico de esta respuesta solidaria que, entre otras cosas, incluye la prevención rente a catástrofes (https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/what/humanitarian-aid/disaster-preparedness_en) y se ha previsto actuaciones de solidaridad ante crisis migratorias (https://www.consilium.europa.eu/es/policies/eu-migration-policy/eu-migration-asylum-reform-pact/migration-crisis/), medidas que se activaron con motivo de la invasión de Ucrania por Rusia y la consiguiente diáspora, pero que no se han activado ante otras crisis en territorio no europeo. Y, para terminar estas referencias, recordemos que la solidaridad es la razón de la creación del Fondo Europeo de solidaridad (https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/paginas/fsue.aspx), que se activó como respuesta a la segunda crisis que nos amenazó con el COVID.

Todo esto para argumentar que, si queremos sacar de verdad lecciones, la cuestión no puede centrarse en reiterar lugares tan comunes como falsos. No vamos a mejorar si nos quedamos en la apología del pueblo (al fin y al cabo, sí, el soberano) y la execración del malvado Estado. Mejor sería estudiar cómo corregir, a fondo si es preciso, cuestiones tan concretas como importantes en relación con la respuesta al cambio climático y con sus consecuencias, tal que el marco normativo y la ejecución de los sistemas de prevención y alerta y, más aún, los protocolos de colaboración institucional entre los agentes del Estado, las diferentes administraciones. Corregir en lo posible las aberraciones urbanísticas que hemos cometido, contra las enseñanzas básicas de la ciencia (geógrafos, geólogos, climatólogos, por ejemplo), por no decir los cinco puntos de la agenda que propone el profesor Romero en el artículo que he citado.

Para acabar: no podemos perder de vista que el sentido de la acción del Estado, de la acción política es, incontestablemente, el mejor servicio a los ciudadanos, a la sociedad, algo que, por ejemplo, no parece haber entendido la (todavía hoy y, a mi juicio, inexplicablemente) consellera de turismo de la Comunitat Valenciana, la señora Nuria Montes, que trata a las familias de los muertos y desaparecidos con la misma displicencia con la que imagino trataba a sus subordinados en su empresa hotelera. Quizá porque no ha entendido que su función como consellera de turismo no es defender los legítimos intereses de esa patronal, sino los de los valencianos, sea cual fuere su relación con los establecimientos de hostelería. Bueno es que todos aquellos que se dediquen a la política tengan bien presente la advertencia de las Mémoires de un contemporáneo de Mazarino, el cardenal de Retz (tantas veces mal atribuida a Lichtenberg), escritas en 1675: “Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto, y despiertan de su letargo, pero de forma violenta”.

Debemos reconstruir. Pero con sentido común y con la guía de la prudencia, lo que significa la guía de la ciencia. Sin arrojar al niño con el agua sucia, pero limpiando todas las cloacas que podamos, ahora que aún podemos


CLAROSCUROS DE UNA GIRA AFRICANA (versión ampliada del artículo publicado en eldiario.es, 30 de agosto de 2024)

 

Giros en la narrativa oficial del modelo de política migratoria

Muchos de nosotros saludamos con alivio el mensaje inicial del presidente del gobierno en su primera etapa de la gira africana, en Mauritania, cuando subrayó que las migraciones son fuente de «riqueza, desarrollo y prosperidad». Fue asimismo un alivio que reiterase lo que a muchos nos parece obvio: que, para gestionar la movilidad migratoria, hay que desarrollar vías legales, regulares y seguras.

Ahora bien, que el gobierno de España trabaje en establecer esas vías, no es una osadía progresista: es simplemente cumplir con lo que establecen no ya las recomendaciones, sino el título mismo del Pacto Global sobre Migraciones aprobado en diciembre de 2018 por la Asamblea General de la ONU (Global Compact for Safe, Regular and Legal Migration), una exigencia constante desde hace muchos años por parte de ONGs y expertos y también del papa Francisco desde el inicio de su pontificado. Insisto: no debería presentarse como novedad la voluntad política de cumplir con un compromiso ratificado por nuestro país hace seis años. Más bien eso habla de que hasta ahora no ha habido voluntad política de hacerlo. Tampoco por parte de la UE, todo hay que decirlo: basta con leer el Pacto migratorio y de Asilo aprobado en abril de este mismo año y que ha sido objeto de críticas tan amplias como, a mi juicio, justificadas.Me permito remitir al lector a lo que escribí  sobre ello en diversos medios, como La Marea, Infolibre o en este mismo blog (https://lucasfra.blogs.uv.es/2024/04/15/nuestro-waterloo-sobre-el-pacto-europeo-de-migracion-y-asilo-version-ampliada-del-articulo-publicado-en-infolibre-15-de-abril-de-2024/).

Requiere, en cambio, muchos matices otra afirmación del presidente en este viaje: “la inmigración no es un problema, sino una necesidad”. Eso sí, nada sencilla de gestionar. Necesidad, sí: ¿para quién?

En principio, ese mensaje es también positivo y además, para subrayar su firmeza, viene acompañado de la pátina de “realista”, para diferenciarse de los discursos «buenistas». Pero, como digo, es preciso explicar de qué se habla cuando se califica a la inmigración como necesidad. Creo que, para la mayoría de los destinatarios hipotéticos del mensaje, es claro lo que quiere decirnos el presidente: la inmigración no es un problema sino algo positivo para nosotros porque nosotros necesitamos de la inmigración. Necesitamos mano de obra en los nichos de nuestro mercado de trabajo en los que no hay oferta nacional. Necesitamos a los inmigrantes para que las pensiones y el Estado del bienestar sean sostenibles. Necesitamos millones de inmigrantes porque nuestros países viven un invierno demográfico. Toda esta argumentación de la necesidad es una apelación utilitarista, propia del egoísmo racional: sean inteligentes, la inmigración nos conviene…

Pero preguntémonos qué significa el reconocimiento de que para millones de seres humanos la inmigración es una necesidad. Y cuando hacemos esa pregunta, cambia el contexto de la migración como necesidad. Que la inmigración sea una necesidad significa que es un destino ineludible si se quiere tener un mínimo de expectativas de vida digna. Dicho de otro modo, para centenares de millones de personas, emigrar no es una libre opción, sino una alternativa ineludible, un destino fatal, una necesidad. ¿Y cuál debe ser nuestra respuesta ante esa necesidad? Como bien saben quienes conocen la relación entre necesidades y derechos, nuestra respuesta no puede ignorar que hablamos de derechos elementales de esos cientos de millones de personas. Pues bien, como saben quienes leyeron en su día a un buen iusinternacionalista preocupado por las migraciones, el profesor Checa, lo primero que hay que hacer es combatir, cambiar los factores que imponen esa necesidad a tantos millones de personas. Eso significa que no haremos una política migratoria legítima y eficaz si no trabajamos ante todo para cambiar las condiciones de vida que nos hablan de la terrible desigualdad en las relaciones internacionales (ejemplificada por la brecha a ambos lados del mediterráneo): mejorar los índices de desarrollo humano (que no son sólo índices económicos, pues incluyen la mejora en democracia y en derechos, comenzando por el derecho al agua, a la salud, a la educación…). Esa debe ser la prioridad del imprescindible pilar internacional de la política migratoria, reducir las causas de la brecha de la desigualdad. Dicho ésto, conviene añadir que, como subrayaron los primeros análisis de la OCEDE sobre el vínculo entre migraciones y desarrollo (el muy citado pero poco estudiado rapport Tapinos, “Regional economics integration and the effects of Employement and Migration”, que data nada menos que de 1993), el crecimiento en desarrollo de los países que generan migraciones no frena las migraciones, sino que, a corto y medio plazo, las incentiva. Lo explicó muy bien el profesor Antonio Izquierdo y el investigador y divulgador Hein de Haas lo subraya ahora en sus trabajos, como si fuera un descubrimiento reciente.

En todo caso, antes que necesidad, las migraciones son, como afirmaron los sociólogos de la escuela de Mauss en el XIX, un hecho social global, total. . No son un hecho excepcional, propio de crisis, sino una constante en la historia de la humanidad: los humanos necesitamos arraigo, pero somos seres migrantes, no árboles. Por eso, no se trata de estar a favor o en contra de las migraciones. Se trata de gestionar todas sus etapas, teniendo en cuenta a todos sus actores y, sobre todo, se trata de reconocer que las migraciones no son sólo un fenómeno laboral o económico, sino que afectan a todas las dimensiones de lo social (también la cultural, la política) y de ahí la dificultad de su gestión, que requiere cambios por parte de todas las partes afectadas: también por parte de las sociedades de recepción (lo de acogida es un desiderátum) que deberían plantearse qué contrato social ofrecemos a los inmigrantes y cómo su presencia nos obliga a reformular nuestro propio contrato social y político.

Pero hay más razones para la crítica de ese mensaje realista del presidente del gobierno:  ese “realismo” –acomodarse a la necesidad, que parece el mantra político por antonomasia del presidente Sánchez- parece demasiado condicionado a una perspectiva unilateral de “egoísmo racional”: aprovechar esa mano de obra barata cuando tenemos déficits importantes en numerosos sectores del mercado de trabajo y garantizando como primer objetivo nuestro beneficio. Nosotros ponemos por delante nuestros intereses y beneficios (sí: también en primer lugar el de nuestras empresas), pero ninguno de los tres países africanos concernidos -salvo, con muchos matices, Senegal-, ni, sobre todo, sus sociedades civiles, ni, digámoslo claro, los inmigrantes, son beneficiarios directos en términos de paridad.

Todo esto tiene mucho que ver a su vez con una tercera afirmación, también en principio positiva, pero necesitada de aclaraciones de principio, la propuesta de la “inmigración circular” como modelo y no como ejemplo de una vía para gestionar un sector del mercado laboral necesitado de mano de obra ocasional (trabajos de temporada), de la que hablaré enseguida.

Con todo, el giro más notable en esta narrativa del viaje del presidente es la vuelta de tuerca final sobre la primacía de la seguridad. No me refiero sólo al hecho de que se entreguen funciones de externalización de fronteras a países que no respetan los derechos humanos, como Mauritania (lean cualquier informe sobre los derechos de las mujeres allí), sino al regreso del presidente al discurso de la prioridad de la seguridad y a la exigencia de “retornar a los inmigrantes irregulares”.

Este último giro, como he tenido ocasión de explicar recientemente en una entrevista en Infolibre (https://www.infolibre.es/politica/javier-lucas-mayor-parte-izquierda-abandonado-prioridad-derechos-politica-migratoria_1_1867078.html), es muy revelador de la esquizofrenia en la que parece vivir la izquierda en sus propuestas sobre políticas migratorias y de asilo. Y es un giro compartido por el gobierno de coalición en Alemania, ante el temor de la ventaja que ofrece a la extrema derecha del AfD los atentados en Solingen. Así, se reitera el mantra de que hay principios y exigencias que proclaman con énfasis. Eso sí, morales, lo que es revelador, porque las exigencias morales, a diferencia de las obligaciones jurídicas, forman parte del ritual del arsenal retórico, pero no de compromisos de cumplimiento exigible. Dicho esto, vuelven a la realidad y se pliegan a la exigencia de reiterar aún más enfáticamente como prioridad de prioridades la voluntad de firmeza frente a la inmigración irregular, con la excusa de que es por el propio bien de los inmigrantes. Un discurso que pasa por alto el hecho difícilmente rebatible de que nuestras fronteras (no digamos las de países como Mauritania, Marruecos, Túnez o Libia) son muchas veces un agujero negro para los derechos. Cuando el presidente de gobierno señala que la inmigración irregular es un infierno, dice verdad. Pero no lo es sólo por las penalidades y abusos a los que se ven sometidos los inmigrantes y quienes buscan asilo a lo largo de sus viajes (algo que ha explicado bien la literatura y el cine, y los informes de ONGs especializadas), sino que ese infierno se vive también y sobre todo en las fronteras, en nuestras fronteras.

 

Sobre los límites del modelo de inmigración circular

Vuelvo sobre el argumento de la bondad del modelo de inmigración circular. Lo que quiero subrayar es que ese modelo de inmigración con contratación en origen, nada novedoso, como ya explicó Gabriela Sánchez en las páginas del Diario.es (https://www.eldiario.es/desalambre/contratados-origen-vuelta-pais-consiste-migracion-circular-pactada-sanchez-gira-africa_1_11615020.html), no puede generalizarse como la panacea. Me preocupan, sobre todo, dos aspectos de ese mensaje.

El primero, que la generalización de ese modelo abunda en la justificación de una política migratoria groseramente instrumental, de egoísmo racional, si se me permite llamarlo así, lo que se advierte en su caracterización de las migraciones (que es un paso positivo, insisto) «no como un problema, sino como una necesidad». No: las migraciones no son una necesidad (una necesidad que, por cierto, implica en buena medida una desgracia: tener que abandonar tu hogar), sino ante todo lo que los sociólogos del XIX ya llamaban un <hecho social global>, un rasgo estructural de la humanidad, que se acrecienta en contexto de globalización.

Generalizar la inmigración circular como modelo es abundar en una tesis que ya enunció Marx, el uso de los migrantes como ejército de reserva del capitalismo, mano de obra precaria y disponible, que perjudica los derechos de los propios inmigrantes y desestabiliza a los trabajadores nacionales. En suma, lo de Bauman: industria del desecho humano. Para contarrestar esa crítica sería necesario que los acuerdos bilaterales con esos países incluyeran no sólo proyectos de formación y promoción de los inmigrantes, sino resultados concretos, objetivables en términos del Indice de Desarrollo Humano de la ONU (que incluye avances en democracia y derechos humanos) para los ciudadanos de los países de origen y tránsito. Veo factible que así sea en el caso de Senegal, como ha proclamado el ministro Cuerpo al sacar pecho de las medidas anunciadas en el paquete del plan África Avanza. Dudo mucho que lo sea en el caso de Gambia y, desde luego, no tengo ninguna duda de que no habrá nada de eso en el de Mauritania.

A riesgo de que me critiquen quienes desprecian las obligaciones con los derechos humanos como ejemplo de buenismo, quienes consideran esos deberes como meras opciones, insistiré en que la primera exigencia en la gestión de la movilidad humana es garantizar los derechos de quienes los tienen más en riesgo, los propios inmigrantes (no digamos los niños, los menores), algo que brilla por su ausencia en este discurso. Derechos violados por las mafias que los explotan, desde luego. Pero también, lamentablemente, por buena parte de los gobiernos de los Estados por los que transitan y a los que llegan.

Pondré un solo ejemplo: me llama la atención que quienes, como Silvia Intxaurrondo (y la cito porque sé de su conocimiento del mundo árabe), son justamente críticos con los despropósitos del PP en política migratoria, alaben el acuerdo con Mauritania, descontextualizándolo del conocimiento de la realidad de ese país en materia de respeto a los derechos humanos y a los elementales principios e instituciones de la democracia. La pregunta que todos, también los más agudos periodistas, debemos hacernos es ésta: ¿podemos permitirnos esos acuerdos que, sobre todo, no nos engañemos, tienen como núcleo la externalización del control de fronteras (no sólo de salida y tránsito, también a la hora de las expulsiones mal llamadas devoluciones), con países cuyo standard de respeto de los derechos humanos es ínfimo? Y pondré un solo ejemplo: ¿saben qué hay en el acuerdo con Mauritania acerca de condicionar las ayudas económicas a la exigencia de respeto a los derechos de las mujeres y de las niñas, de las propias mauritanas y de las mujeres y niñas inmigrantes que transitan por Mauritania, por no hablar de las mujeres inmigrantes que nosotros vamos a devolver a Mauritania para quitárnoslas de encima? Les responderé: nada ¿Alguien en su sano juicio cree que el régimen mauritano que, para empezar, condicionó la ratificación de la CEDAW ONU a la interpretación rigorista de la sharía que hace de las mujeres infrasujetos de derechos, va a garantizar sus derechos?

 

La ausencia de garantías para los necesitados de protección internacional y asilo

No quiero dejar de referirme a lo que a mi juicio es un déficit particularmente preocupante en la narrativa de este viaje. Me refiero a la absoluta ausencia de referencia a otro fenómeno característico de la movilidad humana y que se ve afectado por estos acuerdos: los millones de personas que se desplazan buscando refugio, protección. No olvido la situación de los menores en Ceuta, pero apunto ahora al hecho (que el Defensor del Pueblo ha constatado) de que, en Canarias, por ejemplo, hay más de mil niños malienses: huir de Mali (como de Sudán, de Yemen, de tantos países que no garantizan e incluso prohíben los derechos de las mujeres y las niñas) es una necesidad vital. Y debemos facilitarles a ellos y a todos los que huyen de la muerte, de la ausencia de derechos humanos, de la persecución, vías legales, seguras, para que puedan ejercer su derecho a la protección internacional, incluido el asilo.

La práctica de las devoluciones en caliente, de los retornos masivos a países terceros, violan el principio básico de non refoulement del Convenio de Ginebra de refugiados. Por no hablar de las eufemísticamente denominadas “devoluciones” colectivas, que suponen una violación del artículo 19 de la Carta europea de derechos fundamentales (1 Se prohíben las expulsiones colectivas. 2. Nadie podrá ser devuelto, expulsado o extraditado a un Estado en el que corra un. Grave riesgo de ser sometido a la pena de muerte, tortura o a otras penas o tratos inhumanos o degradantes). Las expulsiones colectivas, como saben todos los gobiernos de la UE y deben saber cualquier político europeo responsable, están también prohibidas por el artículo 4 del protocolo adicional 4 del Convenio europeo de derechos humanos, ratificado por España.

Otra cosa es que un buen número de gobiernos europeos (incluidos los nuestros, de diferente signo), hayan recurrido y recurran a todas esas prácticas, en flagrante violación de tales obligaciones jurídicas. Que algunos políticos del PP o de Vox alardeen de la exigencia de expulsiones masivas sólo certifica su ignorancia o su mala fe. Alguien debería avisar a los estrategas electorales del PP que tratar de emular a Vox, o a Alvise, no les da más votos, sino que se los transfiere a Vox o a Alvise

Y, por cierto, quiero subrayar una falacia propagada por la extrema derecha. Contra lo que se asegura, España no está a la cola en las deportaciones o expulsiones (eufemísticamente denominadas «devoluciones») de inmigrantes irregulares y de solicitantes de asilo a los que se deniega. Los informes disponibles, por ejemplo, las estadísticas de Eurostat, muestran, por el contrario, que el nuestro es el 5º país de la UE en número de deportaciones ( https://www.eldiario.es/politica/espana-deporto-2-500-migrantes-primer-trimestre-ano-quinto-pais-ue-expulsiones_1_11616337.html).

 

Una estrategia útil, pero de corto alcance

Concluyo. Creo que este viaje apuntala un tipo de discurso sobre política migratoria que, en su simplismo argumentativo, parece estratégicamente eficaz.

El gobierno se sitúa así en el óptimo in medio virtus. Pone a un extremo la verborrea xenófoba, llena de contradicciones y falsedades, que le ha regalado la torpe estrategia del PP en estos días, de nuevo con pasajes tremendistas y desveladores de una profunda ignorancia de la más elemental legalidad, de la que suele hacer gala el diputado y portavoz Miguel Tellado que cada vez que pretende innovar quiebra un elemento básico de la legalidad interna e internacional.

Por otra parte, con la insistencia en el realismo, en la prioridad de la seguridad en las fronteras, en la dureza “contra las mafias” y contra la inmigración irregular (reconocida por el presidente como “un infierno”), se posiciona en el centro realista frente al buenismo ingenuo y contraproducente de quienes, según se dice, proclaman una política de puertas abiertas (no conozco a nadie que haya trabajado en serio en migraciones que sostenga esto, y menos aún que esa medida pueda ser adoptada por un solo Estado). Pero el gobierno parece olvidar que ese mensaje de dureza ignora que, si las mafias tienen negocio, es porque hay quien compra su mercancía: no sólo los desgraciados inmigrantes que se ven obligados a recurrir a ellas porque no hay vías legales, regulares y seguras, sino también quienes emplean a los irregulares, aprovechándose de su precariedad.

Esta estrategia, al menos a corto plazo, funcionará. Lo malo es que sus déficits suponen insistir en una política migratoria y de asilo tantas veces fracasada, sin atreverse a ensayar las propuestas que han puesto a su disposición numerosos equipos de investigación, expertos y ONGs con decenas de años de experiencia en el campo. Véase por ejemplo la sorprendente ignorancia que parece mostrar la responsable de migraciones sobre el plan Estratégico de Ciudadanía e Integración, un instrumento que respondía a otra filosofía sobre la presencia de los inmigrantes y enfatizaba la colaboración con las administraciones municipales y autonómicas, que se puso en marcha en 2007 y al que puso el finiquito el gobierno Rajoy en 2012.

UNA ENTREVISTA SOBRE POLITICAS MIGRATORIAS Y DE ASILO (Infolibre, 26 de agosto de 2024)

Hoy se publica en Infolibre una entrevista que me ha hecho Lara Carrasco, sobre el modelo de políticas migratorias y de asilo que despliega la UE y España, ligado a acuerdos con países de origen y de tránsito.

En esta entrevista insisto en mi opinión: el modelo que, por ejemplo, se despliega hoy en la visita del presidente de gobierno a Mauritania, Gambia y Senegal (previas visitas del ministro Marlaska), yerra al no situar como condición previa el respeto de los derechos humanos y al utilizar un tipo de acuerdos (unos cientos de millones, a cambio de que hagan funciones de policía, esto es, una política de externalización de fronteras) que son mecanismos de corrupción de las élites y no redundan en beneficio de las poblaciones de esos países ni de los inmigrantes que transitan por ellos. Ofrezco algunas alternativas, que no son fórmulas mágicas, porque no las hay en un asunto tan complejo como el de la gestión de los flujos migratorios y de asilo.

La desgracia, a mi juicio,  es que la izquierda insista en ese camino. Un modelo que, en mi opinión, no sólo es ilegítimo, sino también ineficaz, acomplejada como está la mayor parte d ela izquierda por el mantra de que defender derechos de los inmigrantes es una sangría de votos y que si quiere seguir en el poder, o llegar a él, debe primar el mensaje de la eficacia de control policial. Por el contrario, la experiencia demuestra que, si practicas ese mensaje, quien acaba avanzando es la extrema derecha

https://www.infolibre.es/politica/javier-lucas-mayor-parte-izquierda-abandonado-prioridad-derechos-politica-migratoria_1_1867078.html

Fue en junio, a las puertas del verano. El debate migratorio volvía a ocupar titulares y minutos de radio y televisión porque Canarias había expresado que su sistema de acogida ya no daba más de sí. Las negociaciones para buscar una solución fueron la oportunidad perfecta para que la extrema derecha recordase y azuzase sus mensajes de odio xenófobo. Y así lo volvieron a hacer la semana pasada, aprovechando el crimen de Mocejón (Toledo) para esparcir bulos a través de las redes sociales que vinculasen —otra vez— inmigración y delincuencia. Pasó también en Reino Unido. Y todo, poco después de que la Unión Europea aprobase un nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo aplaudido por los ultras.

 

Javier de Lucas (Murcia, 1952), catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de València, lleva más de 30 años trabajando en torno a la migración y asegura a infoLibre que no comparte los términos en los que se debate sobre ello. Ni por parte de la extrema derecha —a la que cada vez cree con más poder de influencia—, ni de la derecha del PP ni, tampoco, de la izquierda. A punto de que comience el nuevo curso, y con una nueva gira africana del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a punto de empezar, responde a las preguntas de este periódico y pide, sobre todo, recuperar lo más básico: hablar de migración no puede desligarse, nunca, de hablar de derechos humanos.

 

Este martes el presidente del Gobierno inicia una gira por Mauritania, Senegal y Gambia en el marco de la crisis migratoria que vive Canarias. ¿Le daría algún consejo?

Por la experiencia que acumulo, no quiero jugar al profeta en el desierto. En todo caso, mis propuestas están lejos de las propuestas de política migratoria que conduce sobre todo el ministro Marlaska con esos países. Por lo demás, son tres países diferentes y es muy distinta la presencia de sus nacionales o de personas de terceros países en tránsito en viajes migratorios a España. En el caso de Mauritania y Gambia, pediría que pusiera como condición de cualquier acuerdo el respeto de los derechos de sus propios nacionales y de las personas que transiten por su país, algo inútil, pues sus gobernantes no están por la labor. En Senegal, un país más cercano a los parámetros democráticos, pediría diálogo con los agentes de la sociedad civil para seguir el modelo de las propuestas de codesarrollo e inmigración ideadas por Sami Naïr y que no se han puesto en práctica.

España y la UE han destinado ingentes fondos a estos países con el objetivo, entre otras cosas, de controlar la migración. En concreto, en febrero se anunciaron 210 millones para Mauritania por parte de la Unión Europea y 180 por parte de España para Senegal. ¿Cree que este tipo de políticas son solución a esta crisis humanitaria?

 

No. La experiencia demuestra abrumadoramente que se trata de comprar “polis malos” a cambio de un dinero que esos gobernantes no harán llegar a sus poblaciones, que no mejorará los derechos de sus ciudadanos y menos aún de los inmigrantes o demandantes de asilo que transiten por esos países. ¿Cree usted que al régimen dictatorial mauritano le importan los derechos de sus habitantes? Pues menos aún los de los inmigrantes.

¿Qué sentido tienen entonces estas propuestas? ¿Cómo se justifican?

La justificación de ese modelo de acuerdos bilaterales es puramente de control policial: externalizar esos controles para que no lleguen los inmigrantes que no nos interesan y también para echar a los sobrantes. Los derechos no existen en esos acuerdos: nos desentendemos por completo de lo que hagan con esas personas.

 

Muchas organizaciones denuncian la falta de transparencia de esos fondos. ¿Cree que se destinan a lo que se dice que se destinan?

Funcionan como los habituales mecanismos de corrupción de los que disfrutan las élites. Es fácil comprobar que no hay cláusula de condicionamiento de esas ayudas a resultados constatables y objetivos de progresos en los indicadores de desarrollo humano de sus poblaciones. Lo que cuentan son las estadísticas de objetivos policiales.

Entonces, ¿cuáles son, a su juicio, las medidas realmente efectivas para abordar este problema?

Si algo se aprende estudiando las políticas migratorias es que no hay soluciones fáciles. La gestión de la movilidad migratoria y de su asentamiento es muy compleja, pero hay propuestas que se pueden ensayar. Con todos los matices, para evitar los tropismos coloniales, serían efectivas las medidas de codesarrollo vinculadas a políticas migratorias que he mencionado, que someten las ayudas, como le he dicho, a controles objetivos de avance en derechos humanos, democracia y desarrollo para sus poblaciones. Me refiero a un sistema descentralizado, en el que los agentes y destinatarios de la gestión de ayudas no deben ser tanto los gobiernos, sino las organizaciones de las sociedades civiles (universidades, asociaciones, sindicatos, etc.) de los países de origen y de llegada de los inmigrantes. Y también ellos mismos, que son los que conocen las necesidades reales y la prioridad de destino de las ayudas.

Los dos grandes partidos no fueron capaces de ponerse de acuerdo en junio para dar una solución urgente a la reubicación de menores no acompañados. ¿Cree que los términos en que se desarrolló el debate, básicamente basadas en dinero y cifras de personas, fue el correcto?

Obviamente, no. Fue un ejemplo más de cómo servirse de la inmigración en la confrontación partidista: no es un ejemplo de política de inmigración, sino de hacer política partidista con la inmigración. Electoralista, simplista y maniquea, a base de manejar tópicos simplistas sobre la inmigración. Antes que inmigrantes, esos menores son niños, cuyos derechos están reconocidos y garantizados por la Convención de los Derechos del Miño y la Ley Orgánica de Protección del Menor, que son derecho vigente que obliga a todos los poderes públicos. Lo primero es cumplir con la garantía de esos derechos, y eso no parece que fuera la condición previa aceptada en un debate que, en el mejor de los casos, se deslizó por la más paternalista y condescendiente perspectiva soi dissant humanitaria. Los derechos no son limosnas piadosas.

¿Qué opina del fondo del debate? ¿Necesitamos hacer obligatoria la reubicación de los migrantes? ¿Por qué?

Es muy sencillo: hablamos de derechos de niños, de menores, que estamos obligados a garantizar y que el Gobierno de Canarias no puede asumir en solitario. Las posiciones del gobierno de la Generalitat de Cataluña y de los gobiernos del PP de diferentes comunidades autónomas que se opusieron a la distribución obligatoria suponen desconocer esas obligaciones jurídicas primarias. No hay discusión posible al respecto. Otra cosa es cómo distribuir solidariamente el cumplimiento de esas obligaciones, cómo financiar solidariamente la garantía eficaz y adecuada de esos derechos. Algo que, por cierto, el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración (PECI), que disponía partidas millonarias para ayuntamientos y comunidades autónomas para las políticas de acogida, facilitaba.

¿Cómo se puede combatir el discurso de la extrema derecha, que ha convertido a los menores migrantes en una auténtica y estupenda excusa para lanzar sus mensajes xenófobos?

Ya he dejado claro que no se puede abdicar de una línea roja: con los derechos de los menores, de los niños, no se negocia, se cumple con ellos. Hay que poner pie en pared en este tema. No cabe admitir un planteamiento que obvie esa premisa. No lo haríamos con nuestros niños. No podemos permitirnos el disparate jurídico de negar derechos a niños por su origen. Es renunciar a principios jurídicos elementales, eso es barbarie.

¿Cree que ha aumentado el número de personas que creen firmemente en el contenido de los mensajes que lanza la ultraderecha en torno a este tema? ¿Por qué cree que consiguen calar?

Sí, es un continuo in crescendo. Las razones son complejas, pero diré que es más fácil creer (insisto, creer) en explicaciones simples, fáciles, sobre las que tomar partido. Me refiero a términos que categorizan entre bueno y malo, es decir, los que corresponden a mis intereses y refuercen mis sentimientos, necesidades o prejuicios, y los que no. Quiero subrayar el papel negativo de buena parte de los medios de comunicación que, con raras excepciones, prefieren ese mensaje simplista y sensacionalista, porque es el que vende. Porque no sólo hay políticos que buscan su rédito electoral, sino también muchos medios, tertulianos y periodistas empeñados en contarnos, por ejemplo, que el hecho de que lleguen 30.000 personas en patera a un país como España es un problema de seguridad nacional, de cohesión social y de supervivencia de nuestra cultura.

¿Hasta qué punto es tóxico el discurso ambiguo del PP sobre migración —aquel que señala que valen los venezolanos y ucranianos, no valen los senegaleses ni marroquíes. ¿Cree que se ha contagiado por la extrema derecha o que los conservadores ya defendían esas ideas antes de su irrupción en la esfera pública?

Niego la mayor. No es el PP sólo, ni sólo Orban, o Salvini. Son todos los gobiernos de la Unión Europea y la propia Unión Europea quienes practican ese doble rasero. Son esos gobiernos los que están restringiendo el asilo y externalizando unas políticas migratorias obsesionadas con el control policial de fronteras y con una inmigración entendida sobre todo como fondo de reserva de mano de obra en condiciones de explotación, y de la que se puede prescindir cuando nos beneficie hacerlo.

Déjeme que insista en un asunto crucial: la explotación de los inmigrantes de países pobres como mano de obra de reserva para el mercado ya la explicó Marx en el XIX, aunque alguna filósofa experta en márketing pretenda haber descubierto hoy el vínculo entre inmigración y pobreza, que en realidad es entre inmigración y desigualdad. Bauman lo clavó: nuestras políticas migratorias se basan en una «industria del desecho humano». Por eso no hay políticas serias para promover que los inmigrantes se puedan convertir en ciudadanos de pleno derecho. En lugar de un nuevo contrato social, sólo les ofrecemos la disyuntiva nefasta entre ser víctimas del racismo u objeto pasivo de un condescendiente “humanitarismo”.

El PSOE ha pasado de dar una lección con el Aquarius a defender en la UE la externalización de las fronteras. ¿Cómo valora ese cambio de estrategia? ¿A qué cree que se ha debido?

Como puede suponer, me duele profundamente. Recordaré, ante todo, que el Gobierno de coalición no ha actuado igual que lo hizo el Gobierno Rajoy, que suprimió el PECI y aprobó el malhadado Decreto 16/2012, que dejó sin acceso a la sanidad a casi 900.000 personas residentes en España. Sin embargo, este Gobierno cedió pronto al modelo de cerrazón securitaria y a la hipocresía de la ideología neoliberal de mercado que domina la política migratoria y de asilo europea, de Dinamarca, Bélgica y los Países Bajos, a Austria; de Polonia y Hungría a Francia e Italia… En España existieron los dos PECI (2007-2010 y el interruptus 2010-2014). Hoy, la ministra del ramo parece no saber de qué va eso.

¿Cree que la ultraderecha está deseando replicar en España la estrategia violenta que desplegó en Gran Bretaña con el asesinato de tres niñas?

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Frenar cayucos a golpe de millones: por qué delegar la política migratoria en los países de origen es un error

No creo que sea un objetivo expresa y perversamente planificado. Creo que, simplemente, la extrema derecha se vale de cualquier oportunidad para propagar los bulos y fobotipos sobre la inmigración. Y cuanto más simplistas y más dolorosos sean los sucesos a manipular, saben que más fácil prende la mecha. Ninguna novedad. Algunos parecen haber olvidado que el terrible episodio del pogromo en El Ejido que duró toda la primera semana de febrero del año 2000, en el que centenares de inmigrantes fueron perseguidos y maltratados masivamente, fue consecuencia de cómo se manipularon los asesinatos cometidos por dos marroquíes.

El pasado mes de abril la UE aprobó su nuevo Pacto de Migración y Asilo, un documento muy criticado por las organizaciones de derechos humanos. ¿Considera que fue un triunfo de la extrema derecha de la UE?

Sobre eso he escrito en infoLibre y en otros medios. Es un caso claro de lo que podríamos decir “el mal de la tibieza” que describe San Juan en el Apocalipsis. “Porque no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca” (Apoc, 3, 15-17). El pacto me parece sobre todo la demostración de la claudicación de Von Der Leyen y los gobiernos europeos, por el miedo a enfrentarse en serio con el mensaje xenófobo y simplista: sus spindoctors han acuñado el dogma de que defender los derechos de los inmigrantes y demandantes de asilo, en lugar del mensaje de mano dura, es una sangría de votos. Y no se dan cuenta de que en realidad esa política de tibios, que apela como mucho a la lástima y a la coartada humanitaria, para no mencionar la exigencia de los derechos, les hace perder más votos, porque los votantes de derecha prefieren el original al sucedáneo, y quienes exigimos el respeto a los derechos como condición no podemos apoyar a quienes venden esos derechos. La mayor parte de la izquierda ha abandonado la prioridad de los derechos en la política migratoria. Parece que sólo el papa Francisco toma en serio esa exigencia.

 

LA IGUALDAD ENTRE LOS CIUDADANOS ES ANTES QUE EL EQUILIBRIO ENTRE LOS TERRITORIOS

Ni de lejos soy un experto como para atreverme a opinar en el muy complejo debate del modelo de financiación en un Estado de autonomías. Lo que sí tengo claro son los argumentos, tan sencillos como fáciles de recordar, respecto a cuál es el sentido y la justificación de los impuestos en un Estado social de Derecho como es el nuestro, según lo define la Constitución española de 1978. No digamos, sobre cuál es su sentido y justificación desde una concepción socialdemócrata, como la que se supone defiende el partido socialista y también el PSC.
A mi juicio, esos argumentos son estos dos: el primero, todos los ciudadanos debemos contribuir proporcionalmente (en la medida de nuestros recursos) al sostenimiento del bien común, ergo de servicios públicos universales en salud, educación, trabajo, vivienda…Y el segundo: la razón de ser de un sistema impositivo socialdemócrata es la redistribución de los recursos entre los ciudadanos, para promover la igualdad entre los ciudadanos, no entre los territorios. Y eso obliga a atender ante todo a los que se encuentran en situación de desventaja, por así decirlo, heredada, como consecuencia, por ejemplo, de su sexo, edad, lengua o, también, entre otros, de su lugar de nacimiento, trabajo o residencia.
Lo diré como lo pienso: la cuestión del equilibrio territorial es un medio para que los poderes públicos, en un modelo de Estado que ya no es centralista, resuelvan mejor esa finalidad. Pero no al revés, y menos aún puede convertirse en un pretexto para incrementar la desigualdad entre los ciudadanos de un mismo Estado, por compleja que sea su estructura territorial.
Otra cosa es que haya quien no solo quiere acabar con ciertos aspectos de la Constitución de 1978, ciertamente muy mejorables, como la estructura territorial, sino también con el modelo de Estado social de Derecho y con sus objetivos en términos de igualdad progresiva entre sus ciudadanos.
Sería terrible que gobiernos socialdemócratas antepusieran la perspectiva que prima los territorios (perspectiva que, insisto, a mi juicio es importante, pero es un medio), por encima de la perspectiva que atiende prioritariamente a los ciudadanos, esto es, por encima del objetivo propio del Estado social de Derecho, que es la igualdad entre los ciudadanos de un mismo Estado.

EL GOBIERNO, ANTE LOS JUECES

Incluso los más legos saben que el Derecho se construye y avanza desde la contradicción y la crítica técnico-jurídicas: es una tarea básicamente doctrinal y en buena medida jurisprudencial, a la que no son ajenas las razones de contexto, también ideológicas, porque el Derecho es un instrumento del que nos servimos en las relaciones y conflictos sociales. Conviene recordar, además, que esa construcción se hace a partir de la dimensión jurídica más importante cuantitativa y cualitativamente, la normativa. Y conviene recordar asimismo que, en una sociedad democrática, esa dimensión es fruto sobre todo del debate y la contradicción que constituyen el juego parlamentario, donde se confrontan proyectos, se negocia y, como resultado, el legislativo produce las normas, con el consenso que el juego de mayorías permita en cada momento y desde el necesario respeto a los derechos de las minorías. En una sociedad democrática, las normas emanadas del legislativo gozan de la más fuerte presunción de legitimidad, como representante directo de la soberanía popular.

Añado, para no ser malinterpretado: frente a tanta vulgata sobre la tesis de Montesquieu acerca de la división de poderes, lo cierto es que la sabiduría de Montesquieu quería -y así lo dejó dicho- que los jueces, en realidad, no fueran un poder, es decir, que no lo fueran con los mismos rasgos que el legislativo y el ejecutivo. La razón es que era perfectamente consciente de los problemas que afectaban a un poder judicial que era mero instrumento de la corona y escenario de la arbitrariedad (como lo dejaban claro las <lettres de cachet>) y difícilmente esa realidad permitía el objetivo de la división de poderes: el control, el equilibrio. Esta reticencia se acentuó ante el proceso revolucionario contra el antiguo régimen, conscientes los revolucionarios de que la extracción social y la ideología de los jueces, hacía de ellos un resorte tendencialmente reaccionario que podía retrasar o incluso paralizar la transformación social y política que perseguía la revolución. Por eso el corolario: los jueces han de ser boca muda de la ley. Una concepción que llevó a sostener, como lo hizo la escuela de la exégesis (y sus sorprendentes partidarios renacidos hoy: por ejemplo, quienes sostienen que los jueces deben limitarse a aplicar literalmente la ley de amnistía), que la función de los jueces es la mera aplicación mecánica de la ley y, con ello, a minimizar la tarea de interpretación jurídica, reduciéndola a la supuesta reproducción literal de la voluntad del legislador. Hoy, cualquiera que haya cursado estudios de Derecho sabe, por el contrario, que el Derecho es siempre actividad interpretativa que está muy lejos de la supuesta subsunción mecánica en la omniprevisión del legislador.

Lo que me importa recordar aquí es sobre todo que resulta indiscutible que la función de los jueces no consiste tanto en ejercer poder, cuanto en garantizar los derechos de los ciudadanos frente a la arbitrariedad del poder institucional y también en poner freno a la arbitrariedad, a la desigualdad de poder, en los conflictos entre particulares en los que muy a menudo se dan situaciones de asimetría que dejan en desamparo a los más débiles. Es decir, los jueces son una barrera frente a cualquier exceso de poder, siempre que no reduzcamos ese poder sólo al poder político institucional,  pero eso no debe llevar al extremo de que los jueces se autoatribuyan la condición de verdaderos señores del Derecho, esto es, al riesgo del gobierno de jueces (Richterstaat) que algunos ignaros en Derecho pretenden descubrir  ahora con la fórmula “juristocracia”. Los jueces no pueden ni deben sustituir al ejecutivo, ni al legislativo, pero sí someterlos a control. Y el constitucionalismo moderno ha desarrollado además otra función, la del control de constitucionalidad, que los jueces pueden poder en marcha y que resuelve una institución, los tribunales constitucionales (que, además, no siguen todos el mismo patrón: no es lo mismo el Tribunal Supremo de los EEUU que los Tribunales Constitucionales europeos, cortados según el modelo ideado por Kelsen), y cuyo carácter mixto, político y jurisdiccional,  no siempre es bien comprendido por los legos. No digamos, por los profesionales de los medios de comunicación que informan y opinan tan a menudo sobre cuestiones jurídicas sin la más elemental formación al respecto.

Viene a cuento lo anterior, que es bien sabido, para subrayar una vez más que las decisiones judiciales (como las legislativas) son siempre susceptibles de crítica. Pero, dicho ésto y a mi entender, la responsabilidad política y el respeto a la división de poderes imponen en particular a los miembros del ejecutivo un deber de prudencia y una auto-restricción de su libertad de expresión, para respetar la división de poderes y para no propiciar desde su posición institucional el  detrimento de la confianza de los ciudadanos en los jueces: ese es el criterio que antes se repetía «el gobierno no comenta decisiones judiciales». El gobierno, si procede, tiene a su alcance recurrirlas y puede instar para ello nada menos que a la abogacía del Estado e, incluso, dirigirse a la fiscalía general del Estado para que estudie abrir las diligencias oportunas si procede (lo que, en todo caso, esalgo muy distinto de darle instrucciones, porque la fiscalía general debe ser independiente del ejecutivo, algo que pareció no entender bien el actual presidente del gobierno desde el comienzo de su mandato («¿y quién nombra a la fiscalía? Pues eso…»).

Insisto: los ministros -desde luego, el de justicia- deben ejercer la prudencia a la hora de afrontar las decisiones judiciales que no comparten. Lo cierto es que la  opinión de un ministro sobre las decisiones judiciales no es la de un particular, un profesor o un profesional del Derecho -un jurista- que tienen toda la libertad de expresión garantizada para dar a conocer su opinión, incluso con vehemencia, aunque siempre sean exigibles la educación y el respeto personales.
Por esas razones, a mi juicio, los ministros deberían abstenerse de dirigirse de continuo a la opinión pública para descalificar las decisiones de los tribunales y, sobre todo abstenerse de dirigirse a los tribunales para indicarles cómo deben resolver en este o aquel caso, desde un auto de un juez de instrucción, a los fallos del Tribunal Supremo o al Constitucional.

Ya he dejado constancia de que me abochorna la deliberada incontinencia del ministro encargado de los tuits: lo considero una persona inteligente, con sobrada experiencia política y por eso no entiendo sus tuits como descargas viscerales, sino como una estrategia meditada. Pareciera que ha entendido su condición de ministro con competencia en materia de movilidad, para dedicarse básicamente a movilizar  a la opinión pública, alegando su condición de «jurista», condición que parece confundir con la de haber obtenido el título de licenciado o graduado en Derecho, pues se le desconocen otros méritos jurídicos para arrogarse el carácter de jurista, más aún cuando exhibe un dominio más bien endeble de la «lógica jurídica» que invoca. Insisto: no se trata de negarle a un ministro su libertad de expresión, pero sí de hacerle ver que debe conjugarla con la responsabilidad institucional, antes de difundir una y otra vez a los cuatro vientos sus críticas a las decisiones judiciales que no le gustan,

Pero me preocupa sobre todo que el ministro de justicia (en un gesto encaminado, quizá, a hacer ver a los independentistas que «se está haciendo todo lo que se puede» en favor de la aplicación de la amnistía para Puigdemont) le lea la cartilla al juez Llarena o a los magistrados de la sala de lo penal del Tribunal Supremo, por muy criticable que sea su último auto al respecto (que, a mi juicio, como ya he comentado aquí mismo, excede de lo jurídicamente razonable y pertinente en buena parte de sus consideraciones). No digamos nada de su alegato de que la posición de los jueces del Tribunal Supremo sobre la amnistía sólo es compartida por Vox. Me parece totalmente improcedente esa actitud que, a mi juicio y con el respeto debido  a alguien que ha asumido tan alta y compleja responsabilidad, comporta una dosis inaceptable de irresponsabilidad política e institucional.

Por eso, desde la modestia de quien, como y, se considera antes que otra cosa un jurista, después de casi cincuenta años de ejercicio como profesor de Derecho y también con cierta experiencia en tribunales e incluso mínimamente en el poder legislativo, pero también desde mi condición de  militante socialista, me permito pedir encarecidamente a los miembros del gobierno que dejen la crítica jurídica y desde luego la ideológica a los portavoces del partido, a los diputados y militantes, que pueden y deben ejercerlas, incluso a fondo. Y siempre con argumentos y sin descalificaciones personales, ni generalizaciones, que ponen en solfa a la inmensa mayoría de los 5500 jueces y magistrados que ejercen con profesionalidad y cotidianamente su función.

Un comentario -en seco- de la ceremonia de inauguración de los juegos olímpicos de Paris, 2024

Estuve atento -y paciente- ayer para seguir la ceremonia de apertura de los juegos olímpicos, en Paris
No cansaré al lector  repitiendo lo que nos han enseñado la sociología y la antropología sobre nuestra necesidad de fiestas, ritos y liturgias. Antes, asociadas a la ruptura de lo ordinario que es la noción religiosa de lo sagrado. Hoy vinculadas a las supersticiones y fabulaciones de un mundo que se dice desacralizado y que construye lo sagrado sobre todo tipo de banalidades, hasta las más estúpidas.
Los rituales que rodean la fiesta de los juegos olímpicos son un ejemplo de esa reformulación de lo sagrado, a la par que de la utilización de lo que se pretende universal, pero que en realidad esta listo para glorificar lo «nacional», el país que los organiza, el que gana medallas…La sustitución de la guerra por la confrontación deportiva
Francia, un país al que amo como segunda patria por su espíritu republicano, por su cultura y sus aportaciones a la humanidad, es también ¡ay! cuna del chauvinismo. Y con un presidente ególatra y jupiterino, no iba a desaprovechar la oportunidad, dejando en tercer o cuarto plano al Ayuntamiento de Paris que, en lógica elemental, debería haber recibido un protagonismo mayor. Algunos medios se han hecho eco de la «operación de implacable <limpieza>», que se ha llevado a cabo en estas semanas, para apartar de la vista todo cuanto pudiera servir de contraste a la imagen de una Paris y una Francia glamourosa. No me extenderé en eso; no es una novedad…
La ceremonia ha recibido elogios y críticas casi por igual. Desde el punto de vista de la innovación, no me cabe duda de que ha sido una apuesta ganadora. Desde el punto de vista de la organización y el ritmo de la ceremonia, en cambio, creo que ha sido en gran medida fallido: en muchos momentos demasiado repetitivo y prolongado hasta el aburrimiento, aunque hay que reconocer que la lluvia torrencial lo ha dificultado todo. He encontrado excesiva la insistencia “pedagógica” para presumir de la herencia cultural francesa y de su presente, en detrimento del protagonismo de quienes deben ser el centro: los sufridos atletas que han afrontado con loable entusiasmo el chaparrón que no parecía tener fin desde los barcos en los que se les ha embarcado con criterios a veces difícilmente comprensibles. Y respecto a las delegaciones de países, justo el aplauso a la participación de los refugiados bajo bandera de ACNUr, a las delegaciones de países asolados por la guerra, como delegación palestina, la de Ucrania o a la de Yemen. Me parece justificado el considerable rechazo con el que se recibió la presencia de la delegación de Israel
En lo positivo, me quedo con los detalles del marco de la ceremonia: el Sena vertebrando París, y la torre Eiffel, un icono privilegiado al que se le ha dado un estupendo juego.
Destacaré la extraordinaria brillantez de algunos momentos, eesde la impactante imagen de los humos de colores componiendo la bandera de francia, o el episodio de la <Libertad>, con el <ça ira>, la estruendosa banda de metal Gojira y la representación del coste sangriento de la revolución. Me ha gustado mucho también, aunque la lluvia implacable haya deslucido este momento, la vibrante interpretación de La Marsellesa por la magnífica y bella soprano Axelle Saint-Cirel. En cambio, aunque su fuerza simbólica me parece innegable, creo que la lluvia arruinó la coreografía de una idea tan estupenda como la banda de la guardia republicana acompañando la interpretación de la cantante maliense-francesa Aya Nakamura, que había despertado las iras de la extrema derecha que no acepta la realidad de una Francia que ya no es la de Vercingetorix y los galos.
Muy brillante la idea de las estatuas doradas de mujeres que son iconos de la cultura y el pensamiento francés y universal, de Olympe de Gouges a Alice Guy, o Simone de Beauvoir, si bien, por poner una pega, algunos hemos echado en falta a otras grandes mujeres: Marie Curie o la gran filósofa Simone Weil, por ejemplo. La referencia a los otros dos principios, igualdad y fraternidad, completados con la sororidad, la solidaridad, y con la diversidad, me parece muy justa.
A mí no me han gustado algunos de los ejemplos de la diversidad que me parece exageraban el aspecto supuestamente provocador, para caer en lo ridículo, si no incluso en lo vulgar. Encuentro muy deslucido el supuesto homenaje a la moda y me ha parecido muy fallida la coreografía de Lady Gaga y el homenaje al can-can, así como las idas y venidas del portador enmascarado, por no hablar del insoportablemente largo momento discotequero y del papanatismo de los prolongados efectos laser.
Estupendo el homenaje de Francia al rey de Roland Garros, su abrazo con Zidane, la presencia de mitos de los juegos que le acompañaron y el último relevo del más anciano de los campeones olímpicos a la pareja de atletas franceses que encendieron un pebetero que homenajea a los Montgolfier. Magnífico el colofón: la quebequesa Celine Dion reapareció cuatro años después, pese a su enfermedad, para emocionarnos con su versión del Himno al amor, de Edith Piaf

DE LA NECESARIA VIRTUD DE LA PRUDENCIA EN LA VIDA PÚBLICA

En las últimas semanas no deja de crecer lo que a primera vista parece una estrategia de acoso y derribo al presidente Sánchez, más incluso que al gobierno de coalición, que se sirve de informaciones supuestamente periodísticas sobre actuaciones de su esposa, doña Begoña Gómez. Se trata de actuaciones que, hasta donde se sabe por ahora, tienen todo el aspecto de libelos urdidos desde la ultraderecha, aunque más recientemente se ha añadido alguna documentación de aparente fiabilidad.

Recurrir a bulos y medias verdades que afectan a familiares de políticos para atacar al personaje político que se quiere derribar, es rechazable en todos los casos . El del presidente Sánchez no es el primero y los ha habido respecto a políticos de diverso signo. Recordaré, por ejemplo,entre los más recientes, las informaciones maliciosas y bulos, sobre el político de CiU y Junts, el señor Trias, o la deleznable campaña interna en ERC contra los Maragall. Es verdad que hay asuntos más graves, de los que se ha hablado en estos años pero de los que parecen emerger pruebas fehacientes en estos días: me refiero a las informaciones que parecen confirmar que se ha buscado destrucción del adversario político por medios delictivos que implican a las cloacas del Estado, a propósito de políticos de podemos y del espectro independentista. Esperemos que se nos informe fehacientemente a todos los ciudadanos acerca de esa barbaridad. Y que sus responsables sean castigados como corresponde.

Dicho ésto, en lo que aceptaré nombrar como “caso Begoña”, se impondrían a mi juicio un par de consideraciones que tienen que ver con la prudencia política y con el respeto a reglas elementales que dicta esa virtud, condición sine qua non para un ejercicio aceptable en política.

La primera es tan vieja como la tradición política romana y está acrisolada en un dictum que debería ser observado siempre: la mujer del César no sólo debe ser honrada, sino parecerlo. A mi juicio y por lo que sabemos hasta ahora, la conducta de la Sra Gómez, la esposa del presidente, no ha sido ilegal, es decir, no ha incurrido en delito alguno. Es verdad que esta afirmación ha de ser enunciada con prudencia, porque hay un procedimiento judicial en curso.  Aunque algunos consideren que su proceso es un ejemplo de lawfare, y hayan trazado incluso un perfil del juez que lo presenta como cómplice de la estrategia de la extrema derecha, lo cierto es que la Audiencia Provincial de Madrid ha validado una parte del procedimiento y que la fiscalía europea ha iniciado investigaciones que tienen que ver con ello. Por tanto, conviene no pronunciarse categóricamente mientras no tengamos suficientes elementos.

Debo decir, en todo caso y a propósito de las reglas de conducta que aconseja la prudencia política, que creo que la señora Gómez no ha sido lo prudente que debiera: por ejemplo, a mi juicio, no debió escribir cartas de recomendación para un empresario amigo y colaborador, que licitaba ante la administración. No son ilegales, en absoluto, pero no queda bien que la esposa del presidente avale a alguien que licita por fondos públicos y que es socio de ella en algunos proyectos. Por razones de prudencia, asimismo, tampoco debió convocarlo ni recibirlo en reuniones en La Moncloa para tratar sobre negocios o proyectos lícitos, sí, pero que debían haber sido objeto de conversaciones y negociaciones fuera del recinto presidencial. Y laprudencia política habría aconsejado no convocar ni recibir en La Moncloa a las autoridades universitarias de las que pretendía obtener una resolución favorable a su proyecto de cátedra de mecenazgo. Añadiré que me parece que puede aceptarse, por razón de educación y cortesía, que el presidente, si estaba en La Moncloa, saludara a quienes se han reunido con su esposa en esas ocasiones. Otra cosa sería que hubiera participado en tales reuniones: confío en que no haya sido así. Y, en cualquier caso, quizá debía haber aconsejado a su esposa que no realizara esas reuniones en La Moncloa, para evitar lo que ha pasado después, todos los bulos e infundios que están arrojando sobre él y la señora Gómez. En cualquier caso, me parece que, si hay reuniones de negocios de la esposa del presidente en La Moncloa, es lógico que la prensa quiera informar y que los ciudadanos sepamos de qué se trató. La señora Begoña Gómez tiene, sin la menor duda, todo el derecho a trabajar en lo que le parezca, y a desarrollar su carrera profesional, pero desde la prudencia a la que le obliga su condición de esposa del presidente.

Subrayaré que, en mi opinión, no han sido prudentes, ni correctos, el empresario en cuestión, ni, menos aún, las autoridades universitarias de la Complutense, al aceptar acudir a La Moncloa para mantener esas reuniones y negociaciones. Creo que hay dudas acerca de si ha sido prudente el procedimiento seguido para conceder una cátedra de mecenazgo a una persona que, al margen de su inteligencia y capacidades, de las que no dudo, no tiene titulación universitaria adecuada para esas tareas y, además, es la esposa del presidente del Gobierno. Por cierto, no me resisto a subrayar la deriva a la que están llegando las denominadas cátedras de mecenazgo, algo que, como profesor universitario, me parece muy de lamentar. Que un rector declare que no se requiere titulación universitaria alguna para desempeñar cátedras de ese tipo es un verdadero disparate.

La segunda consideración se refiere a otra cuestión que atañe también a la prudencia política y a la dignidad institucional en el ejercicio de cargos tan importantes como el de ministro de un gobierno. Porque, a mi entender, es sumamente discutible la pertinencia de las intervenciones de ministros del gobierno en defensa de la esposa del presidente. También me parece un error, aunque de otro calibre, muy distinto, que los líderes del partido hayan hecho bndera de la defensa de la esposa del presidente. Empecemos por esto último.

Es verdad que, en el fragor de las campañas electorales no se atiende demasiado a consideraciones de prudencia. Pero es que en la campaña de las recientes europeas pudimos asistir -por mi parte, lo reconozco, con verdadero estupor- a la presencia de la señora Gómez como gancho electoral en mítines y a la movilización del partido en su defensa, con el slogan electoral “todos con Begoña”. Insisto, ¡en unas elecciones europeas! en las que se supone que debíamos debatiir de otras cosas como política migratoria y de asilo, política medioambiental, autonomía energética y de defensa, toma de posición ante la guerra a sangre y fuego de Putin en Ucrania y de Netanyahui en Gaza…

Puedo entender que militantes y aun dirigentes del partido se crean en la obligación de la defensa del presidente del gobierno y secretario general del partido. Hablo, por cierto, de un partido -en este caso el PSPV-PSOE- en el que milito y he tenido el honor y el orgullo de que me incluyera en sus listas electorales al Senado, y de desempeñarme como senador en la XIII y XIV legislaturas. Lo hago constar por si algún lector no lo sabe.

Lo que me parece contrario a las exigencias de la prudencia política  es que ministros del gobierno incurran en el error de erigirse en defensores en la causa seguida contra la señora Gómez, esposa del presidente. Y aún peor, que incurran en expresiones de auténtico hooliganismo, del populismo más simplón, como por ejemplo lo hizo esa suerte de Dr Jekyll y Mister hyde en que parece encarnarse demasiado frecuentemente para lo que sería exigible en términos de la dignidad institucional la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda.  Más allá del ministro que ejerce como tuitero de guardia, el señor Puente, que está para eso según parece, el hecho de que intervengan a troche y moche para defender a la señora Gómez diferentes ministros, incluida la portavoz, desde la Moncloa y en rueda de prensa del consejo de ministros, o en actos oficiales, aunque exista el argumento de la defensa del propio presidente, no me parece que sea coherente con la dignidad de los cargos que tienen y con la separación entre lo que es privado y lo público. Insisto en que entiendo que al propio presidente del gobierno le indigne y le duela cómo están usando el nombre de su esposa con tal de denigrarle a él (aunque no creo acertada la estrategia de silencio de cinco días y su famosa carta) , y entiendo que a sus compañeros de gobierno les parezca necesario defender al presidente. Pero la esposa del presidente es autónoma, es mayor de edad, es una persona con capacidad reconocida para defenderse ella sola y, en su caso, como ahora, mediante su abogado. Tiene el mismo derecho a la presunción de inocencia y a guardar silencio en juicio que asiste a todos los ciudadanos; faltaría más. Pero añadiré que me desconcierta en particular el hecho de que el ministro de justicia entre de continuo en la descalificación de la actuación del juez de instrucción en el procedimiento que se sigue contra la señora Gómez. Tenga la opinión que tenga sobre el juez y sobre el procedimiento, es ministro de justicia: no puede ni debe comentar las actuaciones judiciales.

Espero y confío que doña Begoña Gómez salga indemne de este procedimiento judicial. De lo que ya no sale indemne es de la “pena de telediario”. Creo que la libertad de prensa es pieza indispensable de la democracia y que los ciudadanos tenemos derecho a una información veraz y plural. Pero creo también que todos los partidos deberían renunciar a servirse del ámbito de lo privado -si se trata de lo privado, claro- para ganar terreno en la contienda electoral. Por mucho que se repita el tópico, ni en la guerra, ni en el amor, ni tampoco en la política, todo vale.

EL RETROCESO IMPARABLE DE UN DERECHO IMPRESCINDIBLE (versión ampliada del artículo publicado en Infolibre, 20 de junio de 2024)

Cada año dedicamos un día a conmemorara los refugiados -no cabe hablar de celebración, desde luego-. Pues bien, este de 2024 exige, si cabe, insistir con mayor énfasis en el proceso de degradación que vive el derecho al que aspiran, la protección que constituye, como explicó Arendt,  la llave para poder ser reconocidos como sujetos de derechos. Porque la situación jurídica que padecen quienes se ven obligados a huir de su país y encontrar refugio fuera de él, se puede describir así: son sin derechos, o, como explicó el entonces Comisionado de derechos humanos dela ONU, el príncipe jordano Zaid Ra’ad al Hussein, en su intervención ante la Asamblea General de la ONU el 30 de marzo de 2016: “These are people with death at their back and a wall in their face»: huyen de la muerte y nosotros les oponemos un muro.

El informe 2024 de la agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR, Global Trends Forced Displacements 2023 (acnur.org/es-es/tendencias-globales), nos presenta las principales características de los desplazados internos y los solicitantes de refugio en todo el mundo: un total de 120 millones de personas que se han visto forzadas a huir de sus hogares, incluso e sus países. Más de una de cada 70 personas en el mundo, es decir, el 1,5% de la población mundial. De ellos, casi 7 millones son demandantes de asilo y casi 32 millones se encuentran bajo el mandato de ACNUR. Contra el tópico que difunden los mensajes tremendistas de la invasión o el gran reemplazo, que nos quieren hacer creer que Europa está asediada por inmigrantes y refugiados, lo cierto es que el 75% de quienes buscan la protección del refugio son recibidos en países con renta muy baja o media y, más concretamente, el 70% se quedan en los países limítrofes a los de su país de origen. Hay un dato terrible: el porcentaje de niños constituye más de un 30% del total, es decir, cerca de 37 millones (casi 14 millones de los refugiados y casi 23 millones entre los desplazados internos)

 

La paradoja constitutiva de la noción de refugiado

La primera contradicción que se impone en este día mundial dedicado a los refugiados  afecta al equívoco terminológico: en efecto, conforme al artículo 1 de la Convención de Ginebra (ratificada por todos los Estados de la UE), llamamos refugiados a millones de personas que en todo el mundo huyen de sus países, lo que propicia que entendamos que ya gozan de protección, pero en rigor no lo son. La inmensa mayoría de esos millones de personas son sólo asylum seekers, seres humanos que huyen y buscan protección en otro país y quedan a la espera de respuesta, al menos de una respuesta que no suponga que les devuelvan al país del que huyen. Por eso, el principio de non refoulement es el santo y seña de esa protección que anhelan. Pues bien, conviene recordar que el proceso que media enyre la huída de sus hogares y la obtención de esa respuesta, no sólo es largo, peligroso, azaroso, sino que incluso cuando llegan a un país en el que pueden solicitar la protección, deben permanecer largo tiempo a la espera. Y lo que es peor: en este año 2024, como señalaré, se ha incrementado la tendencia a mantener a esos asylum seekers fuera del territorio de la supuesta acogida, o deportarlos («trasladarlos» es el eufemismo) a países terceros donde deben esperar esa respuesta, extremando los procedimientos que conocemos como <externalización del asilo>.

Volvamos al inicio de la cuestión y recordemos qué quiere decir ser un refugiado. De acuerdo con el Derecho internacional de refugiados que componen la Convención de Ginebra de 1951, concretamente su artículo primero y el Protocolo de Nueva York de 1966 (que eliminó los límites geográficos y temporales enunciados en la Convención, que tenía en cuenta casi exclusivamente la situación de grupos de desplazados europeos tras la segunda guerra mundial), podemos definir como refugiado a “Toda persona que tiene fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opciones políticas, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o no quiere acogerse a la protección de ese país, o regresar a él a causa de dichos temores”.

Ese marco definitorio fue ampliado en los instrumentos jurídicos de dos ámbitos regionales diferentes, el africano y el latinoamericano. Así, la Convención de la OUA de 1969 que atiende a los problemas de los refugiados en Africa, entiende por refugiado “Toda persona que, debido a agresiones externas, ocupación, dominación extranjera u otros eventos que alteren gravemente el orden público en una parte o en la totalidad del territorio del país de su origen o nacionalidad, se vea obligada a huir del lugar donde habitualmente reside”. Por su parte, la conocida como Declaración de Cartagena, considera refugiados a “Las personas que han huido de sus países, porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”.

Pero lo cierto es que cada vez ponemos más difícil a las personas que necesitan de esta protección internacional el llegar a ser refugiados, comenzando porque cada vez ponemos más obstáculos para que puedan siquiera plantear formalmente su solicitud de asilo o de la protección internacional subsidiaria y, por tanto, alcanzar la condición formal de refugiados. Y además, porque cada vez más se multiplica la casuística de los motivos de persecución y la propia noción de persecución resulta restrictiva para comprender a una categoría reciente de personas que se ven obligados a huir de sus países de origen, por otros motivos: es el caso de los denominados refugiados o desplazados climáticos o medioambientales.

 

La tendencia a restringir la protección que necesitan los refugiados

Ante todo, es necesario reiterar una precisión, frente al tópico: como demuestran machaconamente las estadísticas del ACNUR, la inmensa mayoría de los que huyen, insisto en ese dato, no llegan a los países europeos, porque el 70 % se quedan en los países limítrofes al suyo de origen, o en los más próximos: de los cinco principales países de destino, según los datos de 2023, Irán (3,4 millones), Colombia (2,5 millones), Pakistán (1,5 millones), sólo uno es europeo (Alemania, 2 millones).

Lo peor es que cada vez resulta más evidente que una parte de los países hacia los que huyen estos millones de personas se empeñan en impedir que alcancen su territorio o, en todo caso, en conseguir expulsarlos rápidamente de él. Me refiero a los países occidentales: además del caso extremo de Australia, pionera en arrendar o comprar islas fuera del continente australiano para confinar en ellas a los inmigrantes o solicitantes de asilo que no quieren recibir, habría que incluir en este grupo a los Estados de la UE, así como Estados Unidos y México.

En el caso europeo, es imposible dejar de constatar la tendencia creciente  de esa voluntad política de dejarlos fuera, de alejar a esas personas de nuestro territorio, mientras esperan el proceso de selección y la respuesta a sus demandas de protección. Sin duda, las fuerzas políticas de ultraderecha, que han obtenido importantes avances en las recientes elecciones europeas, han conseguido contagiar de su lógica a buena parte de la derecha conservadora. Hasta el punto de revertir el elemento básico del derecho internacional de refugiados al que me he referido al comienzo, el principio de non refoulement, enunciado en el apartado 1 del artículo 33 de la misma Convención de Ginebra de 1951. Y ello, mediante una interpretación cada vez más discrecional de lo que dispone el apartado 2:

  1. Ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas.
  2. Sin embargo, no podrá invocar los beneficios de la presente disposición el refugiado que sea considerado, por razones fundadas, como un peligro para la seguridad del país donde se encuentra, o que, habiendo sido objeto de una condena definitiva por un delito particularmente grave, constituya una amenaza para la comunidad de tal país.

 

Dos test del deterioro del derecho de asilo

Dejo de lado, porque requiere un análisis específico, el caso de la inmensa mayoría del pueblo palestino, que son refugiados en peligro, como lo acredita la existencia de una agencia específica de la ONU, la UNRWA. Los palestinos viven en una situación límite desde que, en respuesta a los terribles atentados de Hamas, el 7 de octubre de 2023,  el gobierno de Israel decidió emprender una respuesta indiscriminada a sangre y fuego que no distingue entre Hamás y la población civil palestina y ha provocado más de 35000 muertos y un número enorme de heridos, entre ellos, niños.

Quiero centrarme en dos argumentos que constituyen, a mi juicio, muestra evidente de ese proceso de deterioro del derecho al que aspiran los refugiados, en el ámbito de la Unión Europea.

Me refiero en primer lugar al Pacto europeo de migración y asilo (PEMA), aprobado el 10 de abril de 2024 por el Parlamento europeo, después de que en diciembre de 2023 el Consejo de la UE (Consejo europeo), bajo la presidencia española, alcanzara in extremis un acuerdo. A juicio de muchos de nosotros, el pacto supone una nueva vuelta de tuerca en el estrechamiento del derecho de asilo y de la protección internacional subsidiaria, porque pensamos que amenaza principios básicos del Derecho internacional de asilo y propicia una lógica jurídica discriminatoria. En todo caso, está aún lejos del proyecto de un Sistema europeo común de asilo (SECA).

Quiero advertir sobre la necesidad de evitar las generalizaciones: hay que tener en cuenta que el PEMA es un acuerdo muy complejo, que se despliega en una decena de instrumentos jurídicos. Entre ellos, en punto a la regulación del derecho de asilo y protección internacional subsidiaria, hay seis reglamentos a tener en cuenta, de los que dos son clave: el Reglamento sobre los Procedimientos de Asilo (APR, por sus siglas en inglés) y el Reglamento sobre la Gestión del Asilo y la Migración (RAMM). A ellos, como digo, hay que añadir el Reglamento de control previo a la entrada (screening), el Reglamento de Crisis y Fuerza mayor (donde se recoge el principio de solidaridad “a la carta”), el Reglamento sobre Procedimiento Fronterizo de Retorno y el Reglamento Eorodac.

La crítica formulada por ONGs con experiencia en asilo, como ECRE, CEAR, el SJM, ACCEM, y otras como Save the Children, Caritas, o PICUM, subraya por ejemplo que se ha renunciado a garantizar la asistencia legal gratuita en todas las fases del procedimiento de asilo, así como también a la reubicación obligatoria como modelo de solidaridad de todos los países europeos respecto a la acogida de refugiados (en su lugar, se ha optado por la solidaridad a la carta, que permite el rechazo de refugiados a cambio de una especie de multas), o un sistema de acceso al procedimiento que se parece demasiado a un laberinto burocrático, con plazos dilatados y con una rebaja en las garantías para personas en situación de especial vulnerabilidad, al tiempo que se priorizan procesos acelerados de deportación, lo que implica el debilitamiento de la defensa jurídica en los procedimientos administrativos en las fronteras, junto a la posibilidad de ser deportadas mientras se resuelve el recurso de expulsión.

En todo caso, resulta desolador la escasísima atención que han prestado a la garantía de los derechos de los refugiados los programas electorales de los partidos que han competido en las recientes elecciones europeas. No digamos nada de la ausencia de propuestas concretas, a propósito de los problemas a los que trata de responder (a mi juicio, de forma muy equivocada) el PEMA. El gobierno, por cierto, ha sacado pecho de la aprobación del plan, sin rectificar los problemas que afectan al laberinto burocrático de los demandantes de asilo en nuestro país, o al doble rasero entre la rápida y muy positiva solución prestada a los refugiados ucranianos frente a los que huyen de otros conflictos bélicos o de situaciones de extrema necesidad (Sudán, por ejemplo).

La segunda señal de alarma es el avance de la lógica de externalización en el ámbito del procedimiento de refugio y asilo en la UE. Es fácil constatar cómo avaanza en la UE la tendencia a crear un sistema de selección mediante centros o campos (hotspots) ubicados en países terceros, a los que se enviaría a los demandantes de esa protección internacional, a la espera de resolución. No ya países limítrofes (como lo fuera Turquía, o como pretende ahora el gobierno de Meloni con Albania), sino incluso fuera del círculo de vecindad (Mauritania, Marruecos, Libia) o, directamente, muy alejados (Ruanda), como fue objetivo del proyecto inicial del gobierno danés, que el gobierno de Sunak consiguió recientemente convertir en ley. Es cierto que el Reino Unido no forma parte de la UE, pero la lógica de la ley Sunak inspira, a todas luces, la iniciativa eufemísticamente denominada “diplomacia de la migración”, suscrita por 15 Estados miembros de la UE (Dinamarca, República Checa, Bulgaria, Estonia, Grecia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos, Austria, Polonia, Rumania y Finlandia), que entregaron el pasado 15 de mayo una carta a la Comisión Europa en la que proponían crear  centros de selección para la petición de asilo en países terceros, donde se debería trasladar a todas los inmigrantes y potenciales solicitantes de asilo rescatados en el mar (https://www.lemonde.fr/international/article/2024/05/17/quinze-pays-de-l-ue-reclament-l-externalisation-des-demandeurs-d-asile_6233893_3210.html). Subrayaré que esa iniciativa coinciudió en el tiempo con la propuesta asumida en el Manifiesto electoral del Partido Popular Europeo para las elecciones europeas celebradas el 9 de junio, “Nuestra Europa: un hogar seguro y bueno para nuestros ciudadanos” (https://www.epp.eu/papers/epp-manifesto-2024), según la cual “Cualquier persona que solicite asilo en la UE también podría ser trasladada a un tercer país seguro y someterse allí al proceso de asilo”. Por cierto, resultó desolador la ausencia de propuestas relativas a la garantía del derecho de asilo en el PEMA, en la inmensa mayoría de los programas electorales que concurrieron el 9 de junio.

La hipocresía es insoportable, además, porque se disfraza de cooperación bilateral e incluso multilateral lo que, hablando claro, es un descarado proyecto de quitarse el problema de encima, a base de la complicidad con gobiernos tan poco fiables en términos de standards de democracia y derechos humanos como los de Marruecos, Túnez, Mauritania o Nigeria. Gobiernos corruptos, que no revertirán en sus ciudadanos las ayudas que les enviamos como contrapartida a nuestra exigencia de que desempeñen el papel de poli malo. Y así, les corrompemos más, al tiempo que no ayudamos a la mejora de los derechos humanos y de las expectativas de calidad de vida de esos ciudadanos. Ya ni siquiera disimulamos con la supeditación de esas ayudas a cláusulas de contraste de sus índices de desarrollo humano.

Esos reglamentos del PEMA, estas iniciativas, parecen inspirarse en el cinismo descarnado que profesan quienes entienden que los derechos humanos y sus garantías son algo opcional o, a lo sumo, un desiderátum buenista, que debe ceder ante las exigencias que impone el realismo político. Un eufemismo para disfrazar la enésima utilización del miedo al otro como principal y recurrente argumento electoral, por parte de quienes no tienen programas de mejoras concretas para los problemas de garantía universal del derecho a la salud, y a la educación, del derecho de jóvenes y dependientes a una vivienda digna, del derecho de todos a alimentación saludable, a una política energética sostenible, o medidas eficaces para afrontar el invierno demográfico europeo.