CÓMPLICES DEL MAL

Cómplices del mal

Por Javier De Lucas

Posted on 16 marzo, 2013

Infolibre

Al revés y al Derecho. Blog colectivo de derechos humanos. Administrado por Fernando Flores

 

 

“Matar a un hombre es algo muy duro: le quitas todo lo que tiene y todo lo que podría tener”. Los cinéfilos recordarán la cita de Ned Logan, el personaje encarnado por Morgan Freeman en Sin Perdón, el western dirigido por Clint Eastwood en 1992.  No hace falta militar en Amnistía Internacional o en cualquier otra ONG de las que luchan por el respeto de los derechos humanos, para entender por qué es tan importante la campaña para la abolición de la pena de muerte. Es un mal absoluto.

Pero, por más que creamos adquirido el avance abolicionista, lo cierto es que quedan importantes huecos, países que no sólo no han abolido esa pena, sino que continúan ejecutándola, como China, los EEUU o Arabia Saudí. Y lo que es peor, no pocos Gobiernos que se proclaman abolicionistas y se erigen en campeones de los derechos humanos, aceptan que otros países sostengan la pena capital, alegando “diferencias culturales” o, aún más cínicamente, una perspectiva “realista” frente al “moralismo”.

Ante todo, conviene recordar que una cosa es que entendamos las razones por las que se sigue practicando el asesinato legal aquí o allá, y otra es que las aceptemos y aún peor, que las justifiquemos. No hay diferencias culturales que puedan justificar ese mal. Semejante argumento es la expresión de un atávico paternalismo, el propio de la perspectiva colonial que sigue trazando la línea divisoria entre civilizados y salvajes.  Por cierto, tesis que es un contrasentido cuando se sostiene desde el imperio –no importa cuál- que la practica en su seno. Pero igualmente repugnante es la posición de tantos olímpicos opinadores que desprecian la ingenuidad abolicionista y nos imparten lecciones de sutil realpolitik  a cuento de consideraciones geoestratégicas sólo accesibles a quienes gozan de un conocimiento superior, ajeno a los sentimentalismos primarios del vulgo.

Todo eso viene a cuento de lo sucedido en Arabia Saudí, donde el  pasado miércoles 13 de marzo fueron fusilados siete hombres de la provincia de Asir que  habían sido condenados a muerte en 2009 por un asalto a mano armada contra una joyería en 2006. Según los datos de Amnistía Internacional, al menos dos de los condenados  eran menores de edad en el momento de cometer el presunto delito. El líder de la banda iba a ser crucificado pero finalmente –como si se tratara de los versos de La hoguera– se prefirió el fusilamiento. Los relatores de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias, que entendían que las condenas habían sido dictadas en “juicios injustos” y que los cargos habían sido “inventados », habían pedido clemencia a las autoridades saudíes. Por su parte, el relator de la ONU sobre la Tortura, Juan Méndez, había hecho pública su preocupación por las supuestas torturas infligidas a los procesados para obligarlos a “firmar las confesiones”.

Claro está que los fusilamientos se ejecutaron mientras en el Vaticano elegían a un nuevo Papa y el resto del mundo mundial se deshacía en la única tarea necesaria, la de jugar a vaticanólogos o vaticanistas para ver quién acertaba la quiniela, con una sensación de que el tiempo estaba detenido a la espera de esa decisión. Un mensaje mediático al servicio –la lógica del quod erat demonstrandum– de quienes sostienen que el alfa y omega de cuanto nos sucede estaría, a fin de cuentas, en lo que sucede en el recinto de esa monarquía absoluta que pretende ostentar el monopolio del legado del mensaje de Cristo, sin avergonzarse jamás de tan flagrante contradicción.

Esperar del recién electo papa Francisco una condena de esos asesinatos legales posiblemente es ingenuidad: se enfrenta a tan pesada carga que bastante hace con no haber dimitido, como Benedicto XVI y como el papa protagonista de la premonitoria Habemus papam, el film de 2011 de Nanni Moretti. No dudo de las dificultades que abruman al jesuita argentino promovido a tan alta dignidad. Pero sigo pensando que, para quien pretende ser representante en la tierra de quien hizo del amor, la caridad y la misericordia sus mensajes primordiales, esa condena es una obligación ineludible. Salvo que no se quiera molestar a un régimen asentado en un fundamentalismo que no está lejos del que profesan algunos en la iglesia católica y en otras confesiones cristianas.

Ahora bien, el hecho de que hasta hoy sólo hayamos escuchado la denuncia de Amnistía Internacional y de alguna otra ONG ante los fusilamientos en cuestión es un ejemplo de otro estrepitoso silencio que resulta insoportablemente más grave, la ausencia de condena alguna por parte de las cancillerías occidentales. Es posible que, por ejemplo,  si preguntáramos al Sr García Margallo por esta omisión, invocara su condena a título personal, pero se parapetara en esas razones prudenciales, el realismo político de marras. Lo que nos conduce a una conclusión tan evidente como inaceptable: la complicidad culpable de unos Gobiernos que presumen de campeones de los derechos al mismo tiempo que callan cuando estas violaciones de derechos son realizadas por un aliado. Aunque se comporte como un hijo de puta (sin perdón): o, peor, precisamente porque de trata de nuestro hijo de puta. Un régimen que sostiene y exporta uno de los fundamentalismos más extremos, la ideología del wahabismo. Que ignora y desprecia los derechos de la mujer. Que da alas a la esclavitud. Que practica torturas y penas incompatibles con la dignidad. Pero está sentado en una balsa de petróleo y paga las expediciones de los representantes de Occidente contra los sucesivos “ejes del mal”, las listas de enemigos públicos de la civilización que nos proponen Washington y sus palmeros.

Y con todo, no son los únicos cómplices del mal. Porque hay otro silencio más estruendoso aún: el de todos nosotros, el de los ciudadanos que consideramos todo esto como algo ajeno, cosa de los políticos. Si nosotros no actuamos, al menos tomando la palabra, si no los denunciamos, nos convertimos, por omisión, en los últimos cómplices de ese mal.

DERECHO A DECIDIR: CONTEXTO Y PRETEXTO

El debate sobre el “derecho a decidir del pueblo de Catalunya”, tal y como viene discutiéndose desde la Resolución 5/X del Parlament de Catalunya, adoptada el 23 de enero de 2013, parece cada vez más un campo minado. Y no sólo por la falta de claridad sobre las cuestiones realmente decisivas (el sujeto, el objetivo y el procedimiento de ejercicio del derecho a la autodeterminación), ni tampoco por la estrategia de vinculación entre derecho a decidir y derecho de autodeterminación, sino por lo que me permitiré denominar contexto y pretexto del debate. Sin perjuicio de entrar en otra ocasión en el planteamiento del derecho a decidir y del la autodeterminación (1), querría ahora ofrecer algunos argumentos que se situarían en lo que podríamos denominar “perspectiva sociológica de los derechos fundamentales” y que tocan sobre todo a la función que se les atribuye. Porque buena parte de los conflictos en torno a los derechos no reside en éstos en sí, sino en su utilización, esto es, en las razones por las que, para las que se alegan.

Si hablamos de funciones de los derechos y del Derecho mismo, como ha enseñado Ferrari, es preciso atender a las funciones manifiestas, pero también a lo que se denomina “funciones latentes” (2) de un proceso que se abre con la convocatoria de las elecciones de noviembre de 2012. Por eso, la primera pregunta es por qué ahora. Por qué plantear en este momento el derecho a decidir. Hay varias hipótesis. Algunos lo vinculan a un estallido de la conciencia nacional catalana que habría eclosionado en la diada de 2012. Otros lo explican en la clave de búsqueda de legitimación (en el sentido sociológico del término, es decir, de adhesión de hecho) para un Gobierno desgastado por su gestión de la crisis económica. Veamos esas propuestas de interpretación.La primera, la que podríamos calificar como  “épica”, vería ese momento como el resultado obligado tras la manifestación de la Diada de 2012, que habría enviado un “mensaje” inequívoco acerca de la inapelable necesidad de emprender la consulta hacia la autodeterminación, de emprender una etapa decisiva hacia la “libertad nacional del pueblo de Catalunya” (lo que, por cierto, no es exactamente lo mismo que el derecho a decidir que asistiría a cada ciudadano, como corolario evidente de la democracia misma). Se habría manifestado así una suerte de Zeitgeist, de kairós que las fuerzas políticas catalanas (obviamente, a fortiori las catalanistas, que no es lo mismo, aunque estas últimas se empeñen precisamente en esa confusión) no podían ni debían desaprovechar. Se trataría de la manifestación de madurez del proceso de nacionalización catalana, que habría cristalizado en esa convergencia entre la nacionalización cultural y la política, hasta plantear como inevitable la vocación de Estado-nación, o, tal y como se proponía en las manifestaciones de la diada, “Catalunya, un nuevo Estado en la UE”.

Ese proyecto se basaría en condiciones de contexto: así, el alegato de hartazgo, de fin de época: la hipótesis de que se habrían agotado todos los esfuerzos por encontrar un lugar amable (un acomodo, en la terminología del debate canadiense) para Catalunya dentro de la Constitución española, del Estado (lo que por cierto significa más bien una confusión entre Estado y gobierno o gobiernos “de Madrid”): desairada continuamente, expoliada en lo económico, humillada en la “dignidad”,  desautorizada en su política educativa, en el uso de su lengua oficial, sería hora de decir “hasta aquí hemos llegado”.

Pero hay una segunda interpretación. La que sostendría que nos encontraríamos precisamente ante la utilización de funciones latentes. Sostendría que el primer Gobierno del President Mas sería un ejemplo de lo que muchos denuncian como tendencia al “deslizamiento desde el Estado social al Estado penal”, una tendencia que se caracteriza por la “ablación de derechos” y no sólo económicos y sociales, sino incluso civiles y políticos. En efecto, en el contexto de  unas políticas de respuesta a la crisis cuyas consecuencias (que no sólo la crisis en sí) son devastadoras azota en los países del Sur de Europa. Desde luego, en Catalunya y en el resto de España. Se trata de las “recetas” impuestas por la troika y muy en particular por los intereses de Alemania, que están suponiendo el desmantelamiento de los elementos básicos del Estado del bienestar, desde el acceso al empleo y la cobertura frente al desempleo, al reconocimiento y garantía de la universalidad de derechos sociales, del acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, a un sistema de seguridad social que cubra los riesgos de los más vulnerables (enfermos, ancianos, discapacitados, étc). Una política de recortes (denominados reformas) que en Catalunya ha sido particularmente dura bajo la corta andadura del primer Gobierno Mas, que acabó en una convocatoria de elecciones anticipadas supuestamente como consecuencia del impulso de exigencia nacional formulado en la manifestación del 11 de septiembre de 2012 –“Catalunya, un nou Estat a l’UE”-, pero seguramente también (quizá, sobre todo) por la pérdida de legitimidad y adhesión que provocaron esas políticas entre el electorado catalán.

Lo anterior no supone necesariamente que se intente sustituir el eje nacional (nación, minoría nacional o pueblo, ya intentaré precisarlo luego) por el eje de clase: por mi parte, estoy básicamente de acuerdo con el conocido análisis de Balibar y Wallerstein al respecto y, en otra medida, con la interpretación compleja ofrecida por Castel a propósito de los disturbios de 2005 en Paris. Pero es cierto que este debate sobre el derecho a decidir (y sobre el derecho de autodeterminación) no se puede resolver sólo ni aun prioritariamente en los términos de derecha-izquierda. Por cierto que eso no impide, en mi opinión, contraargumentar que la prioridad del objetivo de “libertad nacional” no puede ocultar que lo determinante es si ese proyecto persigue la mayor egalibertad de los ciudadanos, el incremento del bienestar. Y la carga de la prueba consiste en mostrar que, efectivamente, la opción de la soberanía va a producir ese resultado, en lugar de dar por supuesto que se producirá casi de forma taumatúrgica.

En todo caso, me parece que hay un error mayúsculo en el planteamiento de las dos partes enfrentadas en el debate, la nacionalista española (la que tiene como bandera ese disparate mayúsculo que es a mi juicio el artículo 2 de la Constitución española de 1978, un enunciado más propio de la metafísica que de la política o el Derecho) y la nacionalista catalana tal y como sobre todo lo expresa ERC. Se trata de la obsesión por un modelo de soberanía y de sujeto político que, a todas luces, parece superado en este segundo decenio del siglo XXI. Ambas partes, en efecto, parecen ancladas en un concepto de soberanía que hoy es una categoría zombie (3), porque la soberanía en un mundo global ya no puede basarse en Bodin y Hobbes. La soberanía no es ya un atributo del Estado nacional, ni aun del Estado. Y eso es así en el orden el económico con toda evidencia, pero también en el jurídico y político y aún más en el espacio de la UE. Ese es, a mi juicio, el lastre que subyace a lo que podríamos denominar la posición “irreductible” del Gobierno Rajoy, empeñada en una interpretación formalista y super-rígida de la Constitución de 1978 (en particular de los artículos 1.2 y 2), pero también a lo que a mi juicio es un ejemplo de  nacionalismo victimista y retrorromántico, el que subyace a  la Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña.

En todo caso, y en la medida en que se pusiera el acento no en la noción de nación, sino en la de pueblo y no en el derecho a decidir, sino en el derecho a la autodeterminación en su concepción amplia, en el sentido no sólo ni prioritariamente de emancipación frente al colonialismo o a modalidades ilegítimas de dominación, sino de lo que implica el concepto de etnodesarrollo propuesto por Bokatola y analizado por Spilipiolou-Akermak sobre la base de la jurisprudencia internacional comparada, el debate puede ser profundamente matizado y a ello he tratado de atender en algún otro trabajo.

Creo, por lo demás, que tienen razón quienes, como el profesor Ruiz Vieytez, critican el apresuramiento erróneo de los “enterradores” del Estado (que no son los mismos que los del Estado nación). Un error que en muchos casos esconde en realidad una pretensión ideológica. Sí: para los individuos -y aun diré los grupos- vulnerables, las estructuras estatales siguen siendo útiles y aun el único asidero ante el naufragio impuesto por la marea ultraliberal. Por eso, como sostiene el mismo autor, es difícil prescindir de la nota de estatalidad: tiene razón cuando reivindica esa estatalidad “como factor de identificación (internacional) de las personas. Al contrario, entiendo que en ningún otro momento de la Historia de la humanidad ha habido una adscripción identitaria de las personas más homogénea y referida a estructura estatales, como si fueran el desplegable de un campo informático. Es la estatalidad, o el reconocimiento internacional que viene a ser casi sinónimo, lo que otorga reconocimiento, identidad y capacidad de interactuar” (4).  Pero esa es una cuestión diferente del problema de la soberanía que me parece clave en el debate. A mi juicio, frente a lo que él sostiene, la estatalidad no exige hoy necesariamente  un Estado-nación, que ya no es hoy el único cauce para obtener personalidad jurídica y política internacionales.

Dicho de otro modo, a fin de cuentas, si vamos a discutir sobre el derecho a la autodeterminación, lo decisivo sigue siendo responder a tres cuestiones clave: quién decide/ejerce el derecho a la autodeterminación (el sujeto),  qué se decide (el significado o contenido, el objetivo del derecho) y cómo se decide (el procedimiento, las condiciones de ejercicio del derecho a decidir/derecho a autodeterminación). Si eso es así, parece importante dejar constancia de algo que me parece claro:  en el siglo XXI, en un contexto de globalización consolidada en los ámbitos técnoeconómicos y considerablemente desarrollada en la dimensión jurídico-política, el qué ya no conduce necesariamente al Estado nación: los trabajos de Manuel Castells hace tiempo que nos obligan a enfrentarnos con el modelo de sociedad-red. Y es no sólo verosímil, sino quizá deseable, imaginar el futuro de la UE  en esos términos, una red de Estados y de sujetos políticos de otro orden, en un proyecto de niveles variables de soberanía compartida, que empieza en las ciudades y culmina en la propia UE como sujeto político (quizá) confederal.

 

 

 

(1) Que exige atención a una tesis de indiscutible fuerza argumentativa, la que vincula derecho a decidir y legitimidad democrática.

(2) Utilizo la conocida noción propuesta por Merton y desarrollada sobre todo por Aubert,  Eckhoff y Sendby, entre funciones sociales “manifiestas” (las consecuencias objetivas de la acción social que son buscadas y reconocidas por los participantes en el sistema) y funciones “latentes” (aquellas no buscadas ni reconocidas por los participantes de las instituciones). Sobre ello, Vincenzo Ferrari, Las Funciones del Derecho, Madrid, Debate, 1986 (trad de J de Lucas y MJ Añón).

(3) En el sentido en que acuña esta expresión Beck para referirse a algunos conceptos que, aunque fueran importantes y vigentes en otros contextos históricos, sobreviven hoy sólo como fantasmas del lenguaje, desdibujado su contenido y sin delimitación. Así, los de soberanía, clase o nación. En otros trabajos me he permitido incluir en ese catálogo el de ciudadanía.

(4) Cfr. Eduardo Ruiz Vieytez (2012), “Réflexions sur la nature de l’autodétermination de la perspective des droits de l’homme”, Les Cahiers du Centre de Recherche Interdisciplinaire sur la Diversité (CRIDAQ), nº 3. Entre la amplia aportación del mismo autor sobre estos problemas pueden consultarse Eduardo Ruiz Vieytez. (2003), “El Convenio Marco para la protección de las Minorías Nacionales”, en el colectivo dirigido por Felipe Gómez Isa, La protección internacional de los derechos humanos en los albores del siglo XXI, Humanitarian Net, Bilbao, pp. 513-546. También, Eduardo Ruiz Vieytez. (2008), “Minorías, nacionalidades y minorías nacionales. La problemática aplicación en España del Convenio Marco para la protección de las Minorías Nacionales”, Revista Vasca de Administración Pública, nº 82. Y el más reciente Eduardo Ruiz Vieytez. (2013) “España y las minorías nacionales: ¿un matrimonio imposible? una crítica desde Europa”.

 

Algunas falacias y errores en el debate sobre el derecho a decidir y la Declaración de soberanía de Catalunya (23 enero 2013)

Los términos del debate

El propósito de esta Jornada, de acuerdo con sus organizadoras,  es “abordar, desde una perspectiva pluridisciplinar, el vínculo entre política cultural e identidad, entre política cultural e ideología”. Más concretamente, habida cuenta de “La existencia en España de procesos de nacionalización alternativos al español se traduce sin duda por propuestas políticas distintas”,  se señala que  “…en estas jornadas se preste especial atención a estas propuestas subestatales y a su encaje –o no– en un determinado proyecto español.”

Pues bien, mi presentación, incluida en esta primera temática, pretende ofrecer algunos elementos de análisis acerca del estado de la cuestión hoy, en lo que toca a la más significativa de esas propuestas subestatales, el proceso de (re)nacionalización catalana. He recordado en el título que ese proceso fue criticado de forma más que provocadora por el Ministro de Educación del Gobierno Rajoy en unas declaraciones a TeleMadrid donde afirmó que la escuela catalana “adoctrinaba en el independentismo”. Esa afirmación dio lugar a una réplica de la consellera de educación de la Generalitat, que le acusó de querer “españolizar” a los niños catalanes. La polémica llegó al Congreso de los Diputados donde Wert, ante la pregunta de un diputado del PSC sobre ese cruce de declaraciones, reafirmó su pretensión de “españolizar a los niños catalanes”[1].   Lo que me interesa, claro está, no es la polémica en cuestión –ya se trate de “españolizar” o del más racial  “españolear” (en su acepción en el Diccionario de la RAE: “Hacer propaganda exagerada de España»), aunque el papel de la escuela en los procesos nacionalizadores es obviamente un lugar común no desprovisto de fundamento. Lo que haré es tomar la anécdota como pretexto para una reflexión de otro calado.

Trataré de proporcionar elementos de análisis de lo que algunos consideran el punto de inflexión o, más claramente, una iniciativa de ruptura –si no de secesión tout court– en el modelo de las relaciones políticas entre Catalunya y (el resto de) España[2]. Un proyecto que me parece basado como argumento fuerte (aunque no exclusivo) en una <comprensión propia> del proceso de “nacionalización cultural”. Hablo de comprensión propia no sólo en el clásico sentido idiográfico[3], sino también,  si se me permite expresarlo así,  en el de resultado de la exclusiva y particular “voluntad nacional”: una cultura catalana que exigiría un grado de desarrollo institucional imposible de alcanzar en el marco del Estado español y, por tanto, abocaría necesariamente a la construcción de un Estado propio[4]. Pero, a mi juicio y como trataré de argumentar,  si ese resultado -es decir, la tesis de que nación cultural exige hoy un Estado propio- aparece como inevitable, no se debe a que se trate de un corolario en el sentido lógico,  sino precisamente a la argucia o falacia que consiste en que, en realidad, lo presupone (en el sentido de una comprensión previa o, para ser más claros, de un prejuicio), lo que quiere decir que nos encontramos ante un ejemplo de petitio principii, una más de las falacias argumentativas de ese proyecto y también del debate en torno a él, a las que me referiré enseguida.

Por supuesto, entiendo que el propio enunciado de la cuestión en los términos utilizados es susceptible de importantes matizaciones e incluso de un planteamiento de alcance radicalmente diferente. Y justamente lo que me interesa discutir en las páginas que siguen son precisamente esas matizaciones o interpretaciones. A esos efectos, utilizaré sobre todo las perspectivas propias de la argumentación jurídica y constitucional y de la filosofía política, que  me parecen particularmente útiles ante no pocas falacias y trampas argumentativas de los diferentes planteamientos presentes en el debate. Y no sólo en un campo: tanto de los que, por simplificar, denominaré nacionalistas, como de los soi-dissants constitucionalistas aunque, en rigor, buena parte de los que se autopresentan como tales constitucionalistas son ante todo nacionalistas que se ignoran a sí mismos -como le sucedía al Monsieur Jourdan de Molière- y en ese sentido, en realidad, predemocráticos: pienso por ejemplo en alguno de los fundadores  de la recientemente erigida Fundación en defensa de la Constitución, como los señores Bono o Acebes que, cuando se llenan la boca de la manoseada expresión <patrotismo constitucional>, parecen más próximos a un modelo medieval de patriotismo, el de los Reyes Católicos (sobre todo a Isabel de Castilla) que al constitucionalismo  de Azaña o Tierno y no digamos a los creadores de la expresión, Stenberger  y Habermas[5].

 

 

El proceso de nacionalización catalana y la reivindicación política: algunas falacias y errores.

En todo caso, ese punto de inflexión se debería hoy a la tesis de quienes sostienen que la necesidad o inevitabilidad de ruptura no radica en las limitaciones que impone la pertenencia al Estado español respecto al pleno desarrollo de la identidad cultural catalana, limitaciones que en ese caso podrían ser superadas  por vía de reformas constitucionales del modelo de Estado español,  sino a un paso lógico que, a mi juicio, no está necesariamente implícito en la afirmación de la especificidad cultural de Catalunya: la identificación en términos de identidad entre nación cultural y pueblo como sujeto político (esto es, la reivindicación de que Catalunya es un sujeto político soberano, como lo quiere la declaración inicial de CiU y ERC[6]). Es la posición de quienes mantienen que la identidad cultural fuerte de Catalunya da lugar a su existencia como sujeto político propio, enunciado en términos de un hecho histórico, del que se afirma incluso una tradición anterior a la el Estado español (que sólo aparecería en el tránsito del XV al XVI, en 1492). El pueblo catalán precedería al pueblo español como sujeto político y sus derechos políticos, pues, concretados en la recuperación de instituciones de autogobierno -en sentido asimismo fuerte- tendrían un fundamento histórico de largo alcance que justificaría la pretensión, hoy, de construir[7] un Estado propio, en el marco europeo: “Catalunya, un Estado de la UE” fue el lema de la diada de 2012.. Esta tesis, también a mi juicio, se sustenta en una falacia argumentativa bien conocida, además de implicar dos non sequitur desde el punto de vista jurídico (tanto de Derecho constitucional como de Derecho internacional).

La falacia reside en la confusión entre la experiencia histórica y la legitimidad política democrática, una cuestión que, en opinión de no pocos,  lastra la correcta comprensión de los denominados derechos históricos[8], muy en particular por lo que sucede a ese respecto en el texto de la Constitución española de 1978. Para que un proyecto sea legítimo en democracia no basta con alegar la existencia de una tradición, sino que es necesario probar su adecuación a los criterios de legitimidad democrática, que comienzan por el respeto y garantía de los derechos humanos en términos de igualdad (o egalibertad, como propone Balibar) y continúan por el respeto al principio jurídico básico de autonomía individual y su corolario, que es el principio de que la soberanía reside en la libre decisión de los ciudadanos constituidos como soberano. Es ese el sentido o la interpretación que permite reconciliar soberanía popular y soberanía democrática, algo que, por el contrario, como sabemos, resulta enormemente complicado si nos referimos a la noción de soberanía nacional. En efecto, la  noción de “soberanía nacional”  evoca como sujeto político no al demos que resulta de la libre decisión de todos y cada uno de los ciudadanos gracias al Derecho, esto es, a la supremacía de la ley entendida como expresión de la soberanía popular( como explica Ferrajoli), sino al pueblo entendido como nación,   esto es, como sujeto etnocultural. Dicho en plata: aunque Catalunya, Euzkadi o Navarra hayan gozado de una experiencia política de autogobierno –experiencia que en ningún caso, según resulta indiscutible en términos de hechos históricos, ha sido la de Estado[9]-, eso no es razón legítima suficiente para sostener que tienen Derecho a construir un Estado (insisto, no a recuperarlo).

Pero no es menos necesario insistir en que la noción de soberanía enunciada en el artículo  2 de la Constitución española de 1978[10] , a mi juicio (sobre la base establecida en el artículo 1.2 que taxativamente establece que el único sujeto político de soberanía nacional es el pueblo español), incurre en la misma falacia al sostener que la nación española es una e indisoluble. De esta manera, no se habla de soberanía democrática, sino de soberanía nacional, lo que permite identificar que hay un único sujeto político, el pueblo español, reconducido a la nación española. Además, los atributos de unidad e indisolubilidad, presentados como  elementos definitorios de la nación española no serían en todo caso más que ingredientes de una definición estipulativa, es decir, un desiderátum, pero no pueden afirmarse como condiciones de la definición. Y no es así porque al fundamentar la Constitución en la <indisoluble e indivisible unidad de la Nación española> se entra en contradicción con el principio de legitimidad democrática, al sostener que la Constitución se basa en en tales características, que serían ajenas a la libre decisión de los ciudadanos y que se formulan como imposibles de modificar. La Constitución se  adentra así en la metafísica de las esencias etnoculturales, también en la perspectiva constitucionalista, lo que a mi juicio supone un oxímoron inaceptable.

Respecto a los dos  non sequitur jurídicos, me parece sencillo argumentar ese error lógico. En primer lugar, hay una inconsecuencia respecto al marco político del Estado español puesto que, por definición, ese marco político es la Constitución española que de suyo (pese a lo que se sostiene en  los mencionados artículos 1.2 y 2) es modificable: por tanto, antes de denunciar que ese marco cierra toda posibilidad de reconocimiento y sobre todo si se pretende negociar el marco y no simplemente romper con él, cabría (aún más, debería) explorar las posibilidades de reconocimiento de la identidad cultural y de los derechos políticos derivados supuestamente de tal identidad, sin necesidad de afirmar como ineludible  la ruptura con el Estado. Por ejemplo, mediante un modelo constitucional federal o incluso confederal. Parece difícil apostar por una vía democrática al margen de lo que impone el respeto al Estado de Derecho y a la legalidad. Pero es que sucede que en la Declaración aprobada el día 23 de enero de 2013 se enuncia un “principio de legalidad” (el 7º) que resulta absolutamente contradictorio puesto que expresamente se dice que “S’utilitzaran tots els marcs legals existents per fer efectiu l’enfortiment democràtic i l’exercici del dret a decidir”.

 Es una interpretación inédita de ese principio de legalidad, pues parece implicar que si no viene bien una legalidad se utilizará otra…lo que supone ignorar que incluso en un sistema jurídico complejo hay una sola legalidad, que integra y articula los órdenes jurídicos de diferente plano (por ejemplo, el comunitario, el estatal y el autonómico en el caso español). Además, siguiendo las reglas elementales de la lógica, la carga de la prueba respecto a la inviabilidad de esas alternativas de reforma en términos de su adecuación al proyecto de pleno desarrollo de la identidad cultural reside obvia y prioritariamente  en quien niega. Y aunque no creo que podamos discutir que no sería superfluo que quienes sostienen la tesis de la integración política (constitucional) del pleno reconocimiento de la especificidad cultural, proporcionen razones que permitan sostener esa tesis, lo cierto es que la argumentación de la imposibilidad de atender  a esa reforma no parece concluyente, tal y como es presentada en el texto del preámbulo.

En todo caso, lo que subyace es un dilema de fondo, mal resuelto a mi juicio porque está mal planteado. Se trata de saber si debe prevalecer la “voluntad política colectiva” (por cierto, el Preámbulo habla de <voluntades colectivas> (¿!) a la que parece hacer referencia el “derecho a decidir”, presentado así como exigencia democrática que no puede ser condicionada de ningún modo, y el respeto a la legalidad (la Constitución española) de la que extrae su legitimidad las instituciones autonómicas en el caso de Catalunya. Podríamos replicar como lo hacen los representantes de ERC que, en realidad, es un conflicto de legitimidades en la que debe prevalecer la legitimidad “democrática” –esa voluntad colectiva- frente a la legitimidad legal que es presentada casi en términos de imposición ajena a la libertad- Viviría así Catalunya una situación de dominación ilegítima. Y ahí es donde nos encontramos con dos problemas argumentativos. Parece más que dudoso que un observador imparcial ajeno a España –a Catalunya- pueda aceptar la descripción de que la Catalunya del siglo XXI vive un status de colonización o de dominación asfixiante de su libertad y desarrollo. Pero es que en el fondo eso no importa, porque la posición que sostiene esa denuncia arranca de la falacia autorreferencial que ya he insistido en denunciar.

¿Quiere ello decir que es ilegítimo el planteamiento de pedir un ejercicio del derecho a decidir por parte de los ciudadanos de Catalunya? No. Antes bien, me parece que es legítimo e incluso conveniente. Pero no en el modo, en el procedimiento en que lo plantea esta Declaración y sobre todo en que lo sostiene ERC: consulta sí o sí, sin negociación, puesto que se la considera inútil por no decir contradictoria con su presupuesto autorreferencial: nosotros decidimos y nosotros decidimos cómo decidimos porque en caso contrario no somos nosotros los que decidimos.



[1] «La consellera Rigau dijo el otro día que nuestro interés era españolizar a los alumnos catalanes. ..Pues sí, nuestro interés es ese, para que se sientan tan orgullosos de ser catalanes como españoles y que tengan una vivencia equilibrada de esas dos identidades que les enriquecen», respondió a una pregunta del diputado del PSC, Francesc Vallès el 10 de octubre de 2012: cfr. http://www.lavanguardia.com/politica/20121010/54352442678/wert-admite-interes-espanolizar-alumnos-catalanes.html#ixzz2HBXi9m28

[2] Aunque en el proyecto inicial de CiU –en su programa en las elecciones autonómicas de 2012- se hablaba de ejercicio del “derecho de decisión”, la propuesta pactada entre CiU y ERC plantea a todas luces un proceso de secesión. Eso es más claro aún en el rechazo frontal de toda negociación con el Estado español y en la afirmación reiterada desde ERC de que el referéndum se llevará a cabo sí o sí, al margen si es preciso de la Constitución, el TC o la legalidad española. El resultado de la votación en el Parlament  -el 23 de enero de 2013- sobre las distintas proposiciones no es lo decisivo.

[3] Pese a que casi ruboriza recordarlo, quizá no sea ocioso hacerlo en los tiempos de adanismo que vivimos: me refiero obviamente a la distinción propuesta por Wildeband y desarrollada por Rickert entre ciencias nomotéticas y ciencias idiográficas, que tiene que ver con la distinción utilizada en sociología (comprensión generalizada/explicación ideográfica), en  psicología (mediciones nomotéticas/mediciones ipsativas) o en antropología (emic/etic).

[4] Obviamente no desconozco que la exigencia de Estado propio no se basa exclusivamente en esa consideración de principio sino también  en consideraciones de orden económico (por ejemplo, el desequilibrio o “expolio” fiscal, junto a la tesis de que una Catalunya económicamente independiente –como si eso estuviera al alcance de nadie en esta fase de globalización- se convertiría en una California europea) y estrictamente político, pero lo importante es el punto de partida: la libertad nacional del pueblo catalán.

[5] Fatiga tener que recordar que la noción de Verfassungspatriotismus acuñada por el primero ya en 1979, difundida por él mismo en su libro de idéntico título (publicado en Insel, 1990) y sobre todo luego por Habermas, está en las antípodas de ser una noción susceptible de interpretación nacionalista, siendo como es -en su origen y desarrollo- un proyecto concebido para dar dimensión universalista en un contexto de pluralismo cultural.

[6] Por más que eso supone una reducción. En rigor, la afirmación de soberanía no excluye un modelo de soberanía compartida ni, por tanto, otros modelos de sujeto político diferentes del Estado nacional.

[7] Ese es un matiz que me veo obligado a emplear: en rigor se trata de construir, no de recuperar, pues nunca hubo un Estat propi catalá.

[8] Aunque la lectura del clásico Comunidades imaginadas de B.Anderson (Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism) me parece suficientemente ilustrativa sobre esa falacia, para aplicarla a los casos español y catalán me permito remitir, entre otros, a tres textos bien conocidos, los de Alvarez Junco (Mater dolorosa. La idea de España en el siglo XIX, Taurus, Madrid, 2001), García Cárcel (La herencia del pasado. Las memorias históricas de España, Galaxia Guttenberg, Barcelona, 2011) y Elliott (Haciendo historia, Taurus, Madrid, 2012).

[9] Que, en cambio, tiene una experiencia secular como reino, que la aproxima a la condición de Estado

[10] El artículo 1.2 establece: “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado ».  Por su parte, en el artículo 2 se afirma: « La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas » (cursivas del autor).

Seis prejuicios que lastran la cultura de los derechos humanos

MEDIA DOCENA DE PREJUICIOS QUE LASTRAN LA CULTURA DE LOS DERECHOS HUMANOS*

 

 

 

 

 

La polémica acerca de la restricción de la apertura de centros de culto como consecuencia del nuevo (2012) PGOU de Bilbao, nos ofrece una oportunidad para comentar un asunto de interés, que trasciende al debate concreto. Me refiero a la existencia de una comprensión errónea y sin embargo fuertemente asentada en la opinión pública acerca de algunas tesis básicas de la noción de derechos humanos. Porque, en efecto,  no es la primera vez en que un conflicto de derechos que afecta a derechos fundamentales puede entenderse como el resultado de determinados prejuicios arraigados en la opinión pública y que lastran la concepción o, mejor, la percepción dominante sobre estos derechos. Es lo que, a mi juicio, sucede en este caso.

El primero de esos prejuicios tiene que ver con el calificativo de universalidad como predicado del concepto de derechos humanos. Creo que sigue muy presente en la percepción popular de los derechos la identificación entre universalidad y homogeneidad social (sobre todo cultural, ideológica, más que económica), lo que en realidad muestra que pervive el prejuicio monista que entiende el pluralismo como patología o incluso como amenaza, esto es, lo que en otras ocasiones he denominado “complejo de Babel”. De acuerdo con esta visión parcial, la universalidad se concretaría en igualdad, pero en igualdad puramente aritmética o conmutativa, lo que impide entender que hoy, en un mundo globalizado y multicultural, la igualdad es sobre todo igual libertad de los diferentes. El prejuicio opera aquí según el clásico “lo que aquí creemos y practicamos mayoritariamente es lo verdaderamente universal, denunciado por S Benhabib como “universalismo de sustitución”: proyecta como universal nuestra propia idiosincrasia.

El segundo prejuicio es una especificación del anterior y vincula universalidad de derechos y cohesión social: conforme a esta visión arraigada, no habría universalidad de derechos si no existiera la cohesión social, el cerrar filas en torno a un proyecto común. Es decir, no habría universalidad sin unidad social: ideológica (cultural) y política. En el fondo, esta tesis es pareja del miedo a la libertad. En el debate del PGOU el prejuicio se manifiesta bajo el argumento “ya que vienen aquí, que cumplan con lo que es normal aquí”.

El tercero, asimismo corolario del primero,  hace compatible la pretensión de universalidad con la práctica del doble rasero, pues utiliza la diferencia cultural para justificar el trato discriminatorio, confundiendo diferencia y desigualdad: “como son distintos de nosotros, son incompatibles con nosotros y nuestros valores, nuestros derechos, así que no pueden tener los mismos derechos que nosotros.”

El cuarto, confunde la noción de lucha por los derechos con los procesos históricos concretos encabezados por o dirigidos a beneficiar/reconocer a grupos concretos, a “minorías”. Es el error propio de quienes entienden que la libertad religiosa es un derecho establecido para unos pocos, las minorías o grupos religiosos minoritarios, sin entender que, si bien esa es su génesis histórica, se trata de un derecho universal, para todos. Este prejuicio se manifiesta en el debate en Bilbao bajo la forma “esta es una cuestión de unos pocos” e incluso, aún más reductivamente,  “esto es un tema que viene (que interesa sólo) de los inmigrantes”.

El quinto insiste en la necesidad de regular los derechos sin ln no es derecho porque no se puede absolutizar ncia se argumenta que una pretensiatorio, confundiendo diferencia y desigualdad: ímite alguno, esto es, sin caer en la cuenta de que si los derechos se regulan para restringirlos hasta el punto de vaciarlos de contenido, hemos arrojado al niño con el agua sucia, es decir, hemos anulado el derecho…Poner tales condiciones en el PGOU para abrir lugares de culto que, en la práctica, hacen imposible que los fieles se reúnan en esos lugares o que se puedan abrir  los lugares en cuestión, no es regular el derecho, sino abolirlo.

El sexto es, por así decirlo, la otra cara del anterior. Con frecuencia se argumenta que si una pretensión constituye un derecho (“si se tiene una libertad”) no se puede ni se debe regular porque de un lado la libertad es preferible a la limitación de la libertad y, de otro, porque ni el Estado ni el Derecho lo crean, sino que se posee por naturaleza. Obviamente no es así: no hay ningún derecho absoluto, porque en ese caso no existirían derechos de los otros. Y, por lo demás, una libertad que causa un daño relevante a tercero no es admisible jurídicamente: frente a la pretensión de mi libertad se impone la objeción del daño a un derecho o necesidad  relevantes de otro.

 



* Texto para el Seminario en Arrupe Etxea (Bilbao, 26 diciembre de 2012) sobre la denuncia contra el PGOU de Bilbao por la regulación de los lugares de culto.

En la conmemoración d ela Declaración universal, 10 de diciembre de 2012

UNIVERSALIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS: LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA*

 

 

Una historia inacabada, inacabable.

Quisiera comenzar por agradecer de corazón el honor que se me ha ofrecido. Para un profesor que ha dedicado la mayor parte de la propia trayectoria académica y, en buena medida, vital a la investigación y la docencia de los problemas del reconocimiento y la garantía de los derechos humanos, esta es una oportunidad excepcional. Soy consciente de ello, al mismo tiempo que lo soy de los riesgos que comporta una intervención como la que se me ha propuesto. Por eso, antes de cualquier otra consideración, me parece obligado advertir que no hablo en nombre de ninguna autoridad moral ni represento a ningún país o institución que pueda permitirse hacerlo en esos términos.

Dicho más claramente, no creo que pueda ni deba tratar de aleccionar a nadie partiendo de una supuesta posición de superioridad, de una mejor experiencia, o de cualquier otro argumento que inevitablemente sería paternalista y no precisamente de aquel raro tipo de paternalismo que los iusfilósofos y los filósofos morales consideran “paternalismo justificado”. Añadiré que -hoy y ahora- alguien que viene de la UE, de España, debe ser muy atento al mandato evangélico de evitar señalar la paja en el ojo ajeno sin advertir la viga en el propio…Y eso sin ignorar que no hay país en el mundo que supere al ciento por ciento el test de la observancia y garantía plena de los derechos. Precisamente porque éstos no son sólo el fundamento de legitimidad del orden social, sino también y sobre todo el ideal regulativo, la concreción histórica de la idea de justicia a la que debemos aspirar aun conscientes de que su plenitud está fuera del alcance de la dimensión legal, de la acción política.

Con estas consideraciones previas no pretendo enunciar un principio de acomodamiento, de autosatisfacción. Al contrario, el mío pretende ser un recordatorio de la exigencia, del esfuerzo que debemos poner al servicio de esta tarea, una exigencia y esfuerzo que nunca serán suficientes, que nunca permitirán decir: ya está, ya lo hemos conseguido, ya hemos garantizado suficientemente los derechos, pasemos a otra cosa. ¿No les parece que el sólo enunciado de esta afirmación nos remueve, nos incomoda?  Por qué?

Es que, en primer lugar, la de lo derechos humanos es, como el título de la novela de Ende, Die unendliche Geschichte, The neverending Story, una historia interminable, inacabada e inacabable. Lo muestra  la mirada global que los derechos humanos nos imponen, pero también la regional o nacional, como la que nos ofrece este imprescindible Informe.

Pero además, la universalidad es también unidad de los derechos, de todos los derechos de todos los seres humanos. No sólo de las libertades públicas, sino también de esos derechos económicos, sociales y culturales que son la piedra de toque de la igualdad. Porque si algo significa la universalidad de los derechos es lo que expresa el término propuesto por Etiénne Balibar: egalibertad. No hay universalidad si no se dan garantías para el acceso igual a los derechos que satisfacen necesidades básicas: salud, educación, trabajo, vivienda. Y eso obliga en primer lugar a ocuparse de quienes por condiciones no elegidas, padecen a ese respecto de una desigualdad incluso heredada y transmitida

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Pues bien, lo que me gustaría es compartir con Vds algunas reflexiones sobre el significado de la universalidad de los derechos y de la responsabilidad que ello comporta y para quién. Claro, eso en el caso de que, más allá de la retórica obligada,  nos los tomemos en serio. Por ejemplo, comenzando por tomar en serio un Informe como el que hoy presenta ante Vds la directora Lorena Fríes, en nombre del INDH de Chile, una Institución que ha sabido ganarse un prestigio internacional por su trabajo comprometido y crítico en la tarea de promover y proteger los Derechos Humanos de todos los chilenos y chilenas. Esa es su misión fundacional conforme a la ley 20405 que lo instituyó en 2009. Un trabajo del que ese informe no es la única muestra, desde luego, pero sí capital.

Y, a mi juicio, la lectura de este informe pone de manifiesto cuánto hay de verdad en la tesis de que la universalidad de los derechos depende todavía hoy sobre todo del compromiso de los Estados por asumir la responsabilidad que les toca en el reconocimiento y garantía efectiva de los derechos de todos los seres humanos: de todos, no sólo de sus ciudadanos, sus primeros acreedores, sino también de cuantos transitan o residen en su territorio sin esa condición de ciudadanía plena. Y asimismo finalmente, en buena medida, aunque esto pueda parecer una obligación supererogatoria, de los derechos de todos los seres humanos, porque vivimos en una condición global que obliga a replantear la noción de soberanía, sus atributos y límites,  su legitimidad.

Un eminente jurista italiano, Luigi Ferrajoli, ha sabido enunciar esa transformación epocal a la que nos enfrentamos y, a mi juicio, mejor que muchos otros que comparten la misma tesis: escribe Ferrajoli que la soberanía en su concepción estatal-nacional al modo en que la concibieron Hobbes y Bodin  se enfrenta un oxímoron cuando se trata de cohonestarla con el desarrollo coherente de las exigencias del Estado de Derecho y aun de la democracia, en un  mundo que ya no es el del orden de Westfalia, sino la aldea global. El test de esa contradicción irresoluble es precisamente la necesidad de garantizar de modo efectivo los derechos humanos entendidos como universales, que exigen una reformulación del principio de soberanía al mismo tiempo que suponen una fuerte exigencia para los Estados. Y ello sin ignorar la novedad que supone la irrupción de una generalizada toma de conciencia de la responsabilidad, que nos interpela a todos respecto a su protección y que ha dado lugar al creciente activismo de los movimientos sociales, de las organizaciones transnacionales (las ONG), y que nace de la toma de conciencia de nuestra propia responsabilidad individual, la de cada uno de nosotros, a ese respecto.

Este es un cambio en la conciencia de la humanidad, de todos y cada uno de nosotros. La aldea global ha puesto ante nuestros ojos lo inaceptable radical, esto es, el daño que suponen las violaciones de los derechos humanos que padecen millones de personas en todo el mundo. Ese daño, ese mal inaceptable que afecta a tantos otros, nos interpela a cada uno de nosotros. Por eso, los derechos humanos exigen voluntad política de compromiso. Sin esa voluntad política, concretada en medios humanos y materiales y sobre todo, en instrumentos independientes de control, no sólo sociales sino también, sí, institucionales, como este INDH, los derechos no son más que papel mojado.

Por eso también los derechos humanos son siempre una cuestión de política. Pero son ante todo la cuestión política: están en el centro del vínculo social y político y, por supuesto, en el centro de la democracia. En el sentido radical, es decir, profundo, son la cuestión política por excelencia. Porque hoy es inimaginable una propuesta política, un proyecto de sociedad, que no los tenga en su centro.

 

 

 

Qué universalidad? Qué responsabilidad?

Pues bien, si leemos atentamente el Informe, al igual que cualquiera de los indicadores de desarrollo humano, otros informes de las organizaciones de derechos humanos que hacen balance anual de la situación, pese a los datos positivos que podamos encontrar –y ne est caso se señalan- la conclusión es siempre la misma: la de la universalidad de los derechos es casi una empresa desesperada. La realidad y la extensión de la pobreza, la privación del reconocimiento y de la garantía efectiva de derechos que sufren buena parte de los seres humanos por las circunstancias concretas en que han nacido, en primer lugar la del género, pero también la mera pertenencia a colectivos vulnerables (poblaciones indigenas, inmigración, minorías culturales, etc) en todo el mundo, obligan a reconocer que sólo un ingenuo o un  cínico puede sostener hoy que los derechos humanos son universales. Mientras el hambre afecte a una buena parte de la humanidad, mientras se vea privada del acceso al agua, a las mínimas condiciones se salud, de educación, de vivienda y de trabajo digno, no podemos hablar  en serio de universalidad.

Pero quizá sean necesarias algunas precisiones. La primera, es obvio, nos recuerda que en todo caso la universalidad de los derechos humanos es una exigencia normativa y que el hecho de que no se haya conseguido no desmiente su pertinencia. Dicho de otra manera, como noble desideratum, como justa aspiración, resulta obvia su pertinencia. Incluso deberíamos decir que el concepto mismo de derechos humanos no puede entenderse sin  la nota de universalidad, porque si no son universales, si no son derechos de todos los seres humanos, no son derechos humanos. Claro que entonces no faltaría quien dijera que la conclusión evidente es que no existen los derechos humanos, que son un bonito sueño o peor, como apostillara Bentham un disparate con zancos.

Parece claro que debemos concretar. Si universalidad significa algo es igualdad en el reconocimiento. Pero lejos del complejo de Procusto, de pretensiones de homogeneidad propias del monismo ontológico y deontológico que cultivan el mito de Babel como patología y amenaza,  esa igualdad no puede tener como condición la desaparición de la diversidad, de la pluralidad, de las diferencias de identidad. Mientras aquellos que son visiblemente diferentes (por sexo, edad, posición social, lengua, religión, nacionalidad o cultura) sigan siendo construidos como desiguales, mientras se utilice esas diferencias como justificación del regateo en el reconocimiento y garantía efectiva de los derechos, la universalidad será una más de esas bellas ideas que no se toman en serio, una promesa incumplida cuando no una herramienta más para adormecer las conciencias.  Basta leer esa lección magnífica de ironía política que son los Viajes de Gulliver, de Jonathan Swift, o la no menos crítica Animal Farm, de Georges Orwell, con el principio contrarrevolucionario instaurado por el cerdo Napoleón: “todos los animales son iguales, pero algunos más iguales que otros”.

Ahora bien, ese contraste abismal entre la aspiración de universalidad, que figura en todos los textos de proclamación de estos derechos, y la cruda realidad, que desmiente que existan derechos de todos los seres humanos, nos obliga a reflexionar. No basta con argucias del tipo de la que ya examinara Kant en su panfleto sobre el dicho: esto es verdad en teoría pero no en la práctica. Porque si en la experiencia de la vida de tantos seres humanos esos derechos no existen no tiene sentido que sigamos proclamándolos como universales.

Podemos y debemos tratar de entender esta contradicción. Por ejemplo, podemos sostener que es un problema de falta de medios, de falta de voluntad política, pero que eso puede cambiar con el tiempo, y sobre todo, como resultado de las luchas sociales. Podemos decir, entonces, que la historia de los derechos humanos es la de su progresiva extensión, la de su continua ampliación hacia la meta de la universalidad. Como una piedra en el agua, que va creando círculos concéntricos cada vez más amplios, la propuesta de derechos para todos los seres humanos ha ido realizándose, ampliando el ámbito de sujetos a los que se aplica y ampliando y diversificando también el número de derechos. Ha ido convirtiéndose en más universal, más inclusiva, en la medida en la que la lucha por los derechos arrancaba su reconocimiento para otros seres humanos distintos de sus primeros titulares, nada universales, porque tenían sexo (sólo los varones) edad (sólo los adultos) clase (sólo los ricos), etnia o raza (sólo los blancos). Progresivamente se han roto las barreras que hacían impensable que las mujeres, los trabajadores, los niños, los negros, los diferentes otros, fueran reconocidos como titulares de los derechos humanos. Esas barreras no han desaparecido totalmente y todavía quedan algunas. La condición de extranjero, simbolizada hoy en la de inmigrante, la pertenencia a minorías nacionales, sigue siendo hoy un impedimento en muchos casos para que se reconozca la condición de sujeto de los derechos humanos. Estamos lejos de hacer efectiva la universalidad.

No es ese el único argumento que pone en tela de juicio la característica de universalidad. El ascenso de la visibilidad global, el conocimiento de las importantes diferencias culturales, de la condición creciente de multiculturalidad, y la constatación de las diferencias en el reconocimiento y garantía de los derechos según el contexto social o geográfico, o el momento histórico en el que nos movamos, ha llevado al avance de cierta crítica relativista que sostiene que cada cultura tiene sus derechos y por tanto no hay derechos universales. Que lo que es derecho a este lado del océano, resulta delito al otro y viceversa. Y de nuevo es preciso distinguir.

Me parece evidente que los derechos humanos no son una realidad “natural”, un dato esencial, metafísico, sino un producto, mejor, una conquista histórica. Que tienen por tanto orígenes y desarrollo en lugares y culturas muy concretos y que no todos se han positivizado (se han formulado en textos de Derecho positivo, nacionales o internacionales) en todos los países, o aún no se dan en algunos. Que no siempre hemos hablado de los derechos humanos (no en la antigüedad clásica, ni en el medievo), ni siempre de los mismos derechos. Y también sabemos que cuando la evolución de un modelo industrial, tecnológico o económico pone en peligro algunos bienes es el momento histórico en el que aparece la necesidad de articular derechos para protegerlos (el medio ambiente es quizá el mejor ejemplo). Que se puede ampliar, por tanto, el número de derechos. Baste pensar en el derecho a la intimidad, en el derecho a la protección de datos personales, étc. Y sabemos que tiene sentido hablar de algunos derechos humanos que, además de su condición individual,  tienen una dimensión colectiva, como el derecho al medio ambiente, a la lengua o a la cultura, al desarrollo, a la libre determinación de los pueblos.

Todo ello no significa que los derechos humanos sean creados por los Estados, o por determinados poderes. Con una afortunada expresión de un filósofo del Derecho norteamericano, decimos que los derechos humanos son triunfos frente a los intereses u opiniones de los demás, sean estos demás la mayoría de la población, de los poderosos, de las autoridades: de cualquier otro. Por eso, los derechos humanos hoy, deben afrontar además una etapa de profundización en el ls exigencias del pluralismo, para fortalecer su pretensión de universalidad: la prueba o el test de universalidad es su transcultularidad, y eso exige escuchar, dar voz a las pretensiones y visiones del mundo de otras tradiciones culturales, pero no para admitirlas sin más, sino para examinar si hay algo que debemos cambiar o añadir. El diálogo intercultural a propósito de los derechos humanos, desde luego, no significa aceptar posiciones absolutamente relativistas, si se permite la expresión. Dicho en plata: no basta alegar la existencia de una tradición, de una pretensión o una demanda apoyada por un grupo de individuos para que tengamos que aceptar que se trata de un derecho humano: no es así, por ejemplo, en las tradiciones o prácticas que suponen violación de derechos individuales, como la violencia doméstica, la discriminación sexual, la esclavitud, las mutilaciones impuestas contra la voluntad y libre decisión de un individuo, étc. El criterio de la satisfacción de necesidades básicas de todos los seres humanos y de prohibición de daño a esas necesidades es un buen rasero para medir qué cambios deben producirse como consecuencia de este diálogo.

Así lo hace este informe que, tras señalar los avances y reconocer las iniciativas políticas que a lo largo de este pasado año tratan de dar soluciones (la ley contra la discriminación, la ley de derechos y deberes del paciente, por ejemplo), pone el dedo en la llaga: la necesidad de luchar por los derechos (que es la razón misma de ser del Derecho, como lo entendiera el gran Ihering), significa luchar por la igualdad de los más vulnerables: las mujeres, los pueblos indígenas, los niños, los inmigrantes. La violencia de género, la desigualdad estructural que aún padecen las mujeres, el déficit en el reconocimiento de las necesidades de los pueblos indígenas son algunos ejemplos. Y al mismo tiempo, como se advierte en el informe, son síntomas de un grave riesgo, el de la fragmentación del vínculo social, de la cohesión social, del proyecto común.

De ahí el énfasis que pone el Informe del INDH en la necesidad del reconocimiento de la igualdad compleja, la igualdad que entiende las diferencias. Porque ese reconocimiento, como ha explicado Axel Honneth, es la clave de la justicia. Y por eso también como lo hace el filósofo alemán,  el Informe pone el acento en los derechos sociales como test de la lucha por la igualdad. La desigualdad tiene siempre ese coste, más pronto que tarde. Es así como aparece el mal que se extiende en nuestra civilización, el incremento de lo que Honneth ha denominado la “sociedad del menosprecio”. Muchos europeos, muchos españoles, estamos redescubriendo esa evidencia. Y añoramos el compromiso de los poderes públicos, el modelo de un Estado que asuma esa tarea de la lucha contra la desigualdad, contra el menosprecio, como prioridad.

Concluyo. Creo que el mejor homenaje que se puede y debe hacer al trabajo de INDH es escuchar sus críticas y recomendaciones, para discutir, negociar y encontrar propuestas que permitan hacer frente a los déficits que señala. Un proceso de interacción en el que las voces de los agentes sociales, de la ciudadanía, deben tener espacio, reconocimiento. Porque haciéndolo así, respondemos al imperativo de la universalidad de los derechos y lo haremos vivo.



* Conferencia en la presentación del Informe anual de derechos humanos en Chile, organizada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, en el aniversario de la Declaración universal

El Ministro falaz o cómo se atrapa antes a un mentiroso (y más si es ignorante) que a un cojo

Fábula del ministro falaz o cómo antes se atrapa a un mentiroso  que a un cojo:

El ministro R Gallardón, que presume de rigurosa formación jurídica (dime de lo que presumes…), cometió un error de los de primer curso de argumentación al tratar de descalificar a los 200 jueces que firmaron un manifiesto de protesta contra el doble indulto a 4 mossos de esquadra condenados por torturas.

Ese error prueba la verdad del aserto «antes se atrapa a un mentiroso que a un cojo», aserto que podría completarse añadiendo que aún más pronto  si es pretencioso ignorante, un «precioso ridículo, que diría Molière.

Sostiene Gallardón que esos jueces no respetan la división de poderes porque se entrometen en competencias del ejecutivo (algo que, indirectamente, acepta mi admirado Gonzalo Moliner, presidente del CGPJ que se desmarcó de ese manifiesto). Pero es él quien no respeta la división de poderes. Porque los indultos, institución ajena al Estado de Derecho, suponen la intromisión del ejecutivo en la tarea reservada a los jueces: juzgar y dictar sentencia…se le ve al Sr Gallardón su fiel arraigo en el antiguo régimen…

DERECHO A DECIDIR, QUÉ?

DERECHO A DECIDIR, QUÉ?

RÉPLICA A PISARELLO Y ASENS

Javier de Lucas

No puedo estar más de acuerdo con el objetivo que expresamente proponen Pisarello y Assens en los prolegómenos del ensayo publicado recientemente en Sin Permiso, (11.11.2012)  en el que desarrollan tesis formuladas poco antes en un artículo en Diagonal. En efecto, me parece capital comprender que, como ellos escriben, “Sería un error que para revertir la hegemonía que CiU y el Partido Popular están consiguiendo en torno a la cuestión nacional, las izquierdas de Catalunya y del resto del Estado se atrincheraran en la negación o el desprecio del derecho a decidir. Su desafío es otro: hacerlo suyo y conseguir que las aspiraciones federalistas, confederalistas o independentistas converjan, en las urnas y más allá de ellas, en iniciativas comunes de lucha contra las políticas ‘austeritarias’ europeas y contra un régimen constitucional bipartidista que ha abdicado de toda función democratizadora”. Sí: ignorar o, aun peor, despreciar la reivindicación del derecho a decidir es un error de principio, además de estratégico. Y sí, la izquierda debe reivindicar ese derecho e insertarlo en la luchas contra el austericidio y en la redemocratización en profundidad de una democracia que necesita urgentemente de revisiones, empezando por la De la Constitución. Porque también estoy de acuerdo en otra tesis central de mis colegas: la lucha por la igualdad es un rasgo de identidad de la izquierda, pero también lo es la defensa de una democracia plural e inclusiva que no excluya sino que reconozca plenamente la diversidad, y no desde el horizonte cerrado de los viejos Estados-nación, sino desde las exigencias que impone un mundo cada vez más interdependiente, en el que los riesgos y las oportunidades deben ser afrontadas con una perspectiva global y transgeneracional.

Pero mis discrepancias con el desarrollo de ese proyecto, tal y como es argumentado por Pisarello y Assens, no son menores. Y eso  es debido a la centralidad que otorgan a una interpretación del “derecho a decidir” que, contra lo que sostienen en su propósito inicial,  me parece contaminada por la estrategia  que está cultivando la derecha catalanista –cierto, no sólo la derecha- de cara a las elecciones del próximo día 25. Dejaré dicho de entrada que, a mi juicio, es un error sostener que la reivindicación del derecho a decidir es un argumento de la izquierda, so capa del origen remoto de la posición favorable del PSUC. Creo que el juicio sobre si una proposición es de derecha o izquierda no depende tanto de quien lo enuncia, sino de su fundamento y su función en un contexto concreto. Y en mi opinión, aquí y ahora, esta pretensión juega objetivamente a favor de los intereses conservadores: los de la burguesía catalana y, como efecto dialéctico, los de la más rancia derecha española. Pero lo que me parece más grave es que en el fondo, aceptar la prioridad del derecho a decidir (como lo hace también IC en su lema electoral) supone plegarse o al menos deja la vía libre al planteamiento caudillista respecto a un procedimiento de ejercicio que, a mi entender, vulnera una <línea roja> de la democracia y del Estado de Derecho: la sujeción igual a la ley.

No niego que eso se pueda plantear y que sea legítimo. Niego el planteamiento exclusivista, el de quienes nos advierten que no hay marcha atrás posible ni oportunidades para negociar sobre el lugar de Catalunya en España y sobre el reconocimiento que España debe a Catalunya. Niego el dictat de quienes sostienen que  ya han pasado 30 años sin resultado alguno de reconocimiento de la identidad de Catalunya como nación y por eso la única vía es hacer un camino separado. Niego, porque me parece otro trágala (tanto como el habitual del centralismo españolista) el que nos anuncian quienes proclaman que sólo cabe –sí o sí-  aceptar el planteamiento del derecho a decidir como un fait accompli y nos reprochan que de no hacerlo así será como reconocer que no hay democracia…

Es éste un debate que, entre nosotros, ha acabado por plantearse en términos casi excluyentes de toda posibilidad de diálogo. Los de quienes entienden que la cuestión del derecho a decidir no es siquiera planteable sin romper con una legalidad que enuncian como una categoría casi sagrada. Pero también los de quienes sostienen que, en democracia, lo primero es consultar al pueblo y, por tanto, quienes se opongan a que el pueblo (el poble catalá, la nació catalana) sea consultado y así tome la palabra y ejerza el derecho “natural” a decidir, serían antidemócratas, aunque lo hagan en nombre de las reglas de juego, de la Constitución vigente, porque “ninguna legalidad formal puede estar por encima de la legitimidad democrática”. En dos palabras: para los primeros, sólo los antidemócratas (catalanes, claro) pueden plantear como cuestión previa la del derecho a decidir. Para los segundos, sólo los antidemócratas (españoles y catalanes, que también los habrá)  temen el derecho a decidir…

Dejemos de lado la vexata quaestio de los <derechos naturales>, aún más ardua cuando se habla de colectivos como “nación” o “pueblo”. Excusemos en estas páginas las discusiones sobre los agravios  a la dignidad del pueblo catalán causados por la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut y sobre el “expolio”. Argumentos a favor  y en contra de una y otra tesis no faltan y en algunos casos parecen incluso apoyarse en discrepancias metodológicas sobre tecnología presupuestaria (véase por ejemplo el artículo “Malentendidos sobre el saldo fiscal publicado en El País por Antoni Zabalza, catedrático de Economía y  y antiguo Secretario de Estado en Gobiernos del PSOE). Dejemos también aparte que haya sido exitosa la estrategia electoral de CiU en las elecciones de 25 de noviembre, que cifraba el debate en reducirlo a un referéndum sobre el derecho a decidir. Un referéndum enunciado en término del telegrama de respuesta pagada (por no decir algo más grave, en términos tan simplistas que se aproximan peligrosamente al caudillismo, también en la evocación épica), pues el derecho a decidir se presenta como paso obligado para la vía aúrea que permite llegar a un futuro mejor (una tautología, puesto que eso es lo deseable, salvo que se sea masoquista), más aún si se describe casi en los términos de la tierra prometida de leche y miel. Dejemos de lado, sobre todo, que haya servido para orillar lo que todo programa electoral debe explicar, es decir, qué objetivos se trata de alcanzar respecto a las necesidades y los intereses inmediatos de los ciudadanos (salud, educación, servicios públicos, étc) y cómo, lo que significa también con qué prioridades en el proyecto presupuestario o, como apuntaba Pla, el evidente “y todo esto, ¿quién lo paga?”.

Más allá de todo eso, sucede que, en mi opinión, con el planteamiento de “quién tiene miedo al derecho a decidir?”,  no sólo es que se desvió la atención de cualquier otro tema de discusión electoral porque se creó otro marco de discusión (que prácticamente ha ocultado todo lo demás, según las tesis conocidas de Lakoff  en su No pienses en un elefante) sino que, sobre todo y a mi juicio, se obvió la presentación, la justificación y el debate acerca de tres presupuestos obligados.

El primer argumento orillado es precisamente el del significado profundo del derecho a decidir. El segundo, el del sujeto del mismo, el pueblo o la nación: ¿cuál?. Y en ambos casos, se obvió también la discusión sobre el tercero, esto es, las condiciones de su ejercicio legítimo hic et nunc, es decir, en una situación como la de Catalunya en 2012, un contexto en el que invocar la analogía colonial, la ausencia de libertad, es mucho más que una analogía impropia, un disparate. Ciertamente se me dirá que las referencias remiten a Escocia y Quebec como situaciones análogas. Pero es una analogía indebida; porque en una y otra se ha aceptado las reglas de juego existentes, el procedimiento que marca el orden jurídico vigente y no se ha lanzado el desafío histórico, formulado en los términos épicos tan caros al nacionalismo romántico y sus mitos,  de afirmar la voluntad del pueblo “por encima de leyes y tribunales”. Y porque, en cualquier caso, me parece evidente que ni en el caso de Quebec, ni en el de Escocia está justificado sostener, como se ha pretendido sin mayores matizaciones, que Catalunya “debe recuperar su libertad”, y liberarse de la “dominación”. Tampoco, a mi juicio, en el de Catalunya.

En primer lugar, decía, se ha orillado la discusión sobre el significado mismo del derecho a decidir. Porque es cierto que cabe presentarlo como un derecho colectivo que corresponde a un grupo. Es la única perspectiva presente en el debate, con referencia a la nación o pueblo, el catalán, of course. Pero cabe conectarlo asimismo (y no necesariamente en oposición al anterior) con cuanto he tratado de apuntar acerca de la necesidad de un proceso de redemocratización que recupere para los ciudadanos el derecho a decidir en el sentido de la soberanía democrática y de derechos de la que son titulares. Soberanía en el sentido profundo de emancipación, que es precisamente el de autonomía para pensar y actuar, para decidir  con la propia cabeza y conforme a la libre y propia voluntad. Sin interferencias indebidas de terceros, y menos aún desde terceros que con su posición hegemónica (e ilegítima) anulan esa libertad de decidir, como lo hacen en tantas situaciones los agentes financieros. Salir del status pasivo de consumidor político exige recuperar ese derecho a decidir. Y para eso hay que desactivar las barreras que sujetan a los ciudadanos impidiéndoles una decisión libre. Ese ámbito del derecho a decidir es, en mi opinión, previo a ningún otro. Ese es el que asegura el principio de egalibertad, que exige un programa político en el que la prioridad la tenga la igual libertad en los derechos, incluidos, obviamente, los derechos sociales. Es decir, el programa de emancipación que debería caracterizar a las fuerzas de izquierda. Creo que ese es el planteamiento correcto de la emancipación, de la independencia, en el siglo XXI y estoy de acuerdo en eso con lo que señalan Alvarez Junco y Fradera cuando escriben: “Vivimos un mundo en el que es absurdo ya proclamar la “soberanía nacional” o hablar de “independencia” en términos absolutos. Quien sueñe con una España homogénea y se sienta molesto por los “dialectos regionales” está tan fuera de la realidad como quien sueñe con nuevos Estados independientes y felices, de los que desaparecerán las interferencias a las que imputan todos sus males”[1]

En segundo término, como hemos visto, la estrategia electoral en cuestión enfatizó un presupuesto obvio del debate -sobre el que no cabe desacuerdo- y dejó en segundo plano otros dos presupuestos, menos obvios, sobre los que existe un desacuerdo frontal, que a mi juicio es lo decisivo. Ante todo, el presupuesto obvio que consiste en que el único sujeto del derecho a decidir es el pueblo. En democracia, sólo éste tiene el poder constituyente o, al menos sólo a él corresponde el acto constituyente originario[2]. El problema viene con la necesidad de determinarlo en el contexto preciso, es decir, con el adjetivo, el que especifica de qué pueblo se trata. En nuestro caso, la alternativa se plantea entre el pueblo catalán, como pretenden CiU, ERC, CUP, por ejemplo, o el pueblo español previamente, como sostiene la Constitución española de 1978 que limita la posibilidad de modificar la ley de consultas en ámbitos como éste. Porque, si se respeta el procedimiento jurídico vigente, eso exige al menos una reforma jurídica que casi inexcusablemente toca a la Constitución, en cuyo caso el sujeto de la reforma que debe posibilitar el ejercicio del derecho en cuestión por el pueblo o la nación de Catalunya sería el pueblo que es soberano en la Constitución, el español. Pero aquí topamos con el tercer presupuesto, una condición que simplemente se ha descartado en aras de un principio democrático predicado en abstracto, con exención de supuestos (lo que es antipolítico) y, sobre todo, prescindiendo de aquello que, como he tratado de recordar siguiendo a Ferrajoli, constituye al pueblo como sujeto político, su Constitución. En mi opinión, es claro que ha de respetarse el Derecho, las reglas de juego (que son sobre todo las de procedimiento) a la hora de defender democráticamente cualquier pretensión. Si no, estamos ante la ley del más fuerte, a dos pasos de la irracionalidad o del imperio de quien impone por fuerza su voluntad. Por eso el empeño que comparto  (que no es “españolista”, ni sacraliza la Constitución, que no son las tablas de la ley) en sostener el respeto a la Constitución. Un respeto que por descontado incluye la posibilidad de reformarla. Y tras una reforma constitucional al efecto, reforma que tiene como reglas las establecidas al efecto en el texto constitucional y que remite al pueblo español como sujeto, cabría una consulta referendaria al pueblo de Catalunya. Si no, en el agua sucia que tiramos, va nada menos que el Estado de Derecho, el respeto a la ley, que es la garantía de la igualdad, la barrera a la que pueden aferrarse los más débiles. De otro modo, si el sentimiento se impone a la ley, ¿qué impide el bucle permanente? por qué no el pueblo aranés? Y la franja?. Por eso, aunque duelan, creo acertadas las palabras de Alvarez Junco y Fradera cuando escriben: “Convocar manifestaciones y recurrir a referéndums para forjar unanimidades solo sirve para enmascarar la complejidad de la realidad. Los problemas colectivos no pueden resolverse con sencillas preguntas a las que solo cabe responder sí/no. La democracia es más que eso: es hablar y escuchar, pensar y decidir, sobre datos y cifras, sobre intereses legítimos y sobre resentimientos ».

Acaso el problema radicaría en una deficiente o, peor, manipuladora comprensión previa del hecho de la plurinacionalidad y la pluriculturalidad: la que sostiene la doctrina que identifica las nociones etnoculturales de nación y cultura (cultura nacional, cultura en todo caso específica, diferente) y la noción política de pueblo y, además, propugna no sólo que allí donde se dan aquéllas debe existir éste, sino que debe reconocérsele el “derecho natural” a constituirse como Estado. Que esa sea la lógica que han recorrido las construcciones de los diversos Estados-nación que surgen desde el siglo XVI en Occidente y, posteriormente, de los nacionalismos que se han batido contra situaciones coloniales en lo que hemos llamado “tercer mundo”, hasta llegar a los nacionalismos “periféricos” que hoy encarnan tales reivindicaciones (de Quebeq a Cataluña pasando por Escocia), no significa que ese proceso deba repetirse inevitablemente por la vía del Estado nación.

Y quizá cabría plantearse asimismo qué significa independencia en el segundo decenio del XXI, en un rincón de Europa, en un mundo en el que la soberanía política estatal, al modo de Bodin o Hobbes es un concepto demediado, no ya frente a instancias políticas supraestatales, sino frente a instancias no políticas: las multinacionales, las entidades financieras, los mercados…Es lo que argumentan De qué quieren ser independientes los ciudadanos, los ciudadanos de Catalunya, de Escocia o del Véneto? Sólo ellos quieren la independencia? La quieren los ciudadanos que forman parte del 25S?

En definitiva, a mi juicio, se trata del mismo el error: el error de quienes se encastillan en el Estado nación como realidad irrebasable (indivisible, esencial) y consideran la Constitución española de 1978 como una especie de Tablas de le ley, expresión de una realidad más que “natural”, “sagrada”: la de la unidad de España como Estado. Pero también el error de quienes, desde el otro lado de la trinchera, rechazan para las pretensiones de autoafirmación política otras modalidades de sujeto político – como el Estado federal o el confederal o la federación multiestatal- que no sean la de convertirse a su vez en otro Estado nacional.

Quizá todo esto puede ser explicado como un debate sobre la interpretación de otro conocido texto de Spinoza: «No cabe duda que los contratos o leyes por los que la multitud transfiere su derecho a un Consejo o a un hombre, deben ser violados, cuando el bien común así lo exige» (Tratado Político, Cap.4, 6). Pero conviene tener en cuenta que ese no es un alegato para saltarse « leyes y tribunales », como ha propuesto el President Mas. Lo que Spinoza  propone es la prioridad del bien común, de la cosa pública  a la que aspiraba ese pequeño territorio, la República de las Provincias Unidas que, bajo la guía de Johann de Witt  fue el refugio del filósofo y óptico marrano y un efímero ejemplo de sociedad civil libre y próspera. Nada que ver con la mística vacía de la nación, que es otro opio con el que se trata de eludir los problemas reales, los de desigualdad e injusticia que las políticas públicas que practican al igual hoy unos y otros nacionalistas –los que quieren « españolizar » y los orgullosos de haber « catalanizado »- no dejan de incrementar sus consecuencias sobre los más vulnerables. Como recordara El Roto, el sueño de la nación produce –cuando menos- exilios…

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] “Afrontar el futuro con recetas del pasado”, El País, 20 de noviembre de 2012.

[2] Que esto tiene que ver y mucho con la reivindicación de un nuevo proceso constituyente como solución a la crisis profunda de la democracia, tal y como señalé al comienzo, es evidente.

desintegración social: un proceso que se extiende

Contra lo que el prejuicio generalizado e interesado que hoy impera en buena parte de la opinión pública, el proceso de integración no se (debe) construir sólo ante la presencia de agentes sociales externos al cuerpo social -los inmigrantes- o de minorías  (nacionales, lingüísticas, religiosas) presentes en nuestro territorio estatal, sino que forma parte de la construcción del vínculo social. Pues bien, las políticas de gestión de la crisis que lleva a cabo nuestro Gobierno, bajo el dogma del déficit fiscal arteramente introducido en la Constitución a través de un pacto semiclandestino entre el anteriorPresidente del Gobierno y el actual, en octubre de 2011, están acelerando el proceso de desintegración social.

Dos ejemplos de lo que digo: el impacto demoledor de esas verdaderas «ejecuciones sociales» que son los desahucios, al amparo de una ley arquetípica de lo que conocemos como contratos de adhesión, en los que una de las partes impone condiciones abusivas a la otra, mediante engaño y gracias a la asimetría de relación, y los recortes en derechos sociales fundamentales, como el de la salud, que afectan a los inmigrantes irregulares desde la entrada en vigor el pasado 1 de septiembre del RD 16/2012 de racionalización del sistema nacional de salud. Ambas han dado pie a un certero comentario del Presidente ecuatoriano Correa, durante su visita a España con motivo de la Cumbre Iberoamericana de Cádiz. Correa subrayó el disparate de una política de desahucios que «deja a la gente sin casa y a las casas sin gente» y prometió tratar de reparar esa lesión gravísima a los derechos fundamentales de sus conciudadanos ecuatorianos.

De eso trataba la ponencia que presenté en el encuentro internacional de Institutos de Investigación en derechos humanos que organizó el IDH de la Universitat de València el pasado 15 y 16 de noviembre. A continuación, transcribo un resumen de la nota de prensa de esa intervención, con el título “Immigració i integració a Espanya, en temps de crisi: símptomes de la patologia i elements per a un diagnòstic”

Els grups més vulnerables, i entre ells els immigrants, han estat les primeres víctimes de les polítiques de retallades, malament anomenades ‘reformes’ o ‘polítiques d’ajustament’, amb les quals el Govern Rajoy al llarg de 2012, ha tractat de respondre a la indiscutiblement greu situació de crisi que viu Espanya que permeten parlar de xenofòbia institucionalitzada i fins i tot la reculada preocupant en l’Estat de Dret i en la qualitat de la democràcia a Espanya”. Només cal examinar el retall del dret fonamental a la salut i la demolició de la política de cooperació i dels fons per a acollida i integració dels immigrants.

Aquestes mesures  han de situar-se en el programa del neoliberalisme conservador que sembla cercar una sort d’assetjament i enderrocament als drets socials de tots els ciutadans i residents en el nostre país, no només dels immigrants. A això s’ha d’unir l’implacable abandó dels més vulnerables, fins i tot ciutadans espanyols, sumits en el laberint d’una impossible recerca d’ocupació, d’iniciatives legislatives imposades per via Decret-Llei que desnaturalitzen serveis socials bàsics com la salut, l’educació o les pensions i acorralats per la feroç rapinya de les entitats financeres que practiquen aqueixes execucions socials que són els desahucis, regits per una legislació de començaments del XIX, fidel trassumpte de la descripció del Codi Civil que fera Marx en el capítol VII del seu llibre El 18 de Brumario de Luis Bonaparte: ‘El Codi de Napoleó no és ja més que el codi dels embargaments, de les subhastes i de les adjudicacions forçoses’.

Aquestes respostes parlen de la nostra barbàrie ací on vam presumir de civilització i obliden la vella asserció de Condorcet contra el colonialisme i el paternalisme, segons el qual els pobles aprendran que no poden convertir-se en conquistadors sense perdre la seua pròpia llibertat. Això és el que passarà, si en l’ordre internacional prosseguim amb el perfil neocolonial i paternalista i no aprenem la lliçó de la importància cabdal de promoure polítiques de cooperació i codesenvolupament mútues, si les nostres polítiques d’integració s’obstinen a subratllar el model d’imposició monocultural i a excloure les conseqüències ineludibles de prendre de debò el principi d’igualtat de drets i deures i la importància decisiva del reconeixement de tots els ciutadans també dels immigrants- com subjectes de l’espai públic en condicions d’igualtat.

Pel que fa al dret a la salut,  el passat 1 de setembre va entrar en vigor el Reial decret Llei 16/2012, l’aplicació del qual deixa sense assistència sanitària (excepte urgències i assistència a embarassades), entre uns altres, als immigrants irregulars, als quals no els bastarà estar empadronats per a disposar de targeta sanitària. Amb aquesta mesura, es posa als immigrants irregulars en situació de risc i d’absoluta inseguretat jurídica quant a un dret fonamental; se’ls imposa un laberint administratiu caòtic per a aconseguir la menor prestació. Per als emigrants, una vegada més no regeixen les regles comunes de l’Estat de Dret, sinó un permanent estat d’excepció.

Qualsevol alternativa ha de partir d’una condició sine qua non: derogar el Decret i tornar a un sistema de salut basat en drets socials universals, no en la prestació de serveis a assegurats o mitjançant quotes o rebuts. Però com l’arrel d’aquesta polèmica reforma és, malgrat tot, raonable, açò és, contenir la despesa sanitària en un context de forta crisi, cal trobar mesures que servisquen per a estalviar en despesa sanitària sense detriment de la garantia de la salut dels més febles. Aqueixes mesures alternatives existeixen ja perquè la Federació d’Associacions de Sanitat Pública (FADSP) va presentar a l’abril de 2012 una detallada llista de propostes que permetrien disminuir un 30% de la despesa sanitària públic actual. La clau és optar per mesures que, a diferència del principi de copago, milloren l’eficiència i racionalitat del Sistema Nacional de Salut (SNS), des de l’estalvi del 50% en el consum inadequat de medicaments (que suposaria al voltant de 1100 milions d’euros; de per si mateix, el suposat cost de l’atenció als irregulars), o la integració del mutualisme administratiu en el SNS (més de 200 milions d’euros), a la millora de la gestió de l’hospitalització i la reducció en un terç de les estades inadequades (quasi 5000 milions d’euros).

D’altra banda, per a encarar el futur immediat i que la UE complisca el seu objectiu d’aconseguir una taxa d’ocupació del 75 % d’ací a 2020, és fonamental eliminar els obstacles que impedeixen als emigrants accedir a un lloc de treball – més encara tenint en compte que la població activa europea està disminuint com a conseqüència del problema demogràfic existent en la Unió Europea. Referent a això, segons les dades de la pròpia Comissió Europea, la població activa de la Unión es reduirà en uns 50 milions per a 2060 en relació amb 2008: en 2010 havia 3,5 persones en edat laboral (20-64) per cada persona de 65 o més anys; en 2060 s’espera que aquesta proporció siga de 1,7 a 1 . Considerant la demanda futura de cuidadores de persones majors, l’Agenda de noves qualificacions i ocupacions 2010 de la Comissió estima que per a l’any 2020 pot haver una manca de al voltant d’un milió de professionals en el sector sanitari – o de fins a dos milions, si es tenen en compte les professions auxiliars de l’àmbit de la salut.

SOBRE EL DERECHO A DECIDIR

Da la impresión de que en torno a la propuesta política de independencia de Catalunya, planean no pocos malentendidos. Uno de los más importantes, el relativo al “derecho a decidir”.

El primero de esos malentendidos afecta a la propia definición de ese derecho, entendido como prerrequisito (incluso, postulado) o condición definitoria de la democracia misma, lo que permite que quienes defienden su ejercicio por parte del “pueblo de Catalunya” estigmaticen indistintamente no sólo a todos cuantos se oponen a él, sino también a quienes tratan de regular ese ejercicio. Ese argumento se basa en la supuesta evidencia de que, en democracia, lo primero es consultar al pueblo y, por tanto, quienes se oponen a que el pueblo (el poble catalá, of course) tome la palabra y ejerza así el derecho “natural” a decidir, serían antidemócratas, aunque lo hagan en nombre de las reglas de juego, de la Constitución vigente, porque ninguna legalidad formal puede estar por encima de la legitimidad democrática originaria. En dos palabras: a la pregunta retórica “quién tiene miedo al derecho a decidir?”, responden: sólo los antidemócratas temen el derecho a decidir…

Dejemos de lado la vexata quaestio de los  supuestos <derechos naturales>, un oxímoron para cualquiera que sepa rudimentos de análisis del lenguaje jurídico, ya que no existe nada semejante a “naturaleza” en ese ámbito normativo. Dejemos también al margen que la cuestión de los derechos naturales es aún más ardua cuando se habla de colectivos como “nación” o “pueblo”. Y dejemos finalmente aparte, al menos hasta el 26 de noviembre, si la estrategia electoral de CiU en las elecciones de 25 de noviembre -que cifraba el debate en apostar (o no, lo que sería de imbéciles vistos los términos del enunciado) por el derecho a decidir como paso obligado para la vía aúrea que permite llegar a la tierra prometida de leche y miel-, ha sido exitosa. Parece indiscutible que lo ha sido al menos en el sentido de la imposición del marco, del elefante, porque ha permitido en gran medida orillar lo que todo programa electoral debe explicar, es decir, como apuntaba Pla (pese a que su mención irrite a quienes piensan que sólo un buen catalanista puede invocarlo), la pregunta elemental acerca  del  “y todo esto, ¿quién lo paga?”.

Más allá de esas importantes cuestiones, sucede que, en mi opinión, el planteamiento previo de “quién tiene miedo al derecho a decidir?”, tal y como lo formulan por ejemplo mis admirados colegas Pisarello y Asens[1], enfatiza un presupuesto obvio del debate, sobre el que no cabe desacuerdo y deja en segundo plano otro presupuesto, menos obvio, sobre el que existe un desacuerdo frontal, que a mi juicio es lo decisivo.

El primer presupuesto obvio es que el único sujeto del derecho a decidir es el pueblo. En democracia, sólo éste tiene el poder constituyente o, al menos sólo a él corresponde el acto constituyente originario[2]. El problema viene con el otro presupuesto, el que especifica de qué pueblo se trata. En nuestro caso, sucede que quienes defienden ese derecho excluyen a priori que exista siquiera una alternativa, pues dan por hecho que sólo existe como sujeto un pueblo. Descartan, a mi modo de ver apriorísticamente, es decir, prejudicialmente (una argumentación típica del nacionalismo romántico que me sorprende hasta el estupor en boca de seguidores confesos de la Ilustración) que al menos exista la alternativa entre el pueblo catalán, como pretende CiU o el pueblo español, como sostiene la Constitución española de 1978. Para que no haya equívocos, diré que, en mi opinión, es claro que ha de respetarse la Constitución y que sólo tras una reforma constitucional al efecto, reforma que tiene como reglas las establecidas al efecto en el texto constitucional y que remite al pueblo español como sujeto, cabría una consulta referendaria al pueblo de Catalunya. Si no, el bucle se antoja eterno: por qué no el pueblo aranés? Y la franja?

Acaso el problema radicaría en una deficiente o, peor, manipuladora comprensión previa del hecho de la plurinacionalidad y la pluriculturalidad: la que sostiene la doctrina que identifica las nociones etnoculturales de nación y cultura (cultura nacional, cultura en todo caso específica, diferente) y la noción política de pueblo y, además, propugna no sólo que allí donde se dan aquéllas debe existir éste, sino que debe reconocérsele el “derecho natural” a constituirse como Estado. Que esa sea la lógica que han recorrido las construcciones de los diversos Estados-nación que surgen desde el siglo XVI en Occidente y, posteriormente, de los nacionalismos que se han batido contra situaciones coloniales en lo que hemos llamado “tercer mundo”, hasta llegar a los nacionalismos “periféricos” que hoy encarnan tales reivindicaciones (de Quebeq a Cataluña pasando por Escocia), no significa que ese proceso deba repetirse inevitablemente por la vía del Estado nación.

Por consiguiente, a mi juicio, se trata del mismo el error: el error de quienes se encastillan en el Estado nación como realidad irrebasable (indivisible, esencial) y consideran la Constitución española de 1978 como una especie de Tablas de le ley, expresión de una realidad más que “natural”, “sagrada”: la de la unidad de España como Estado. Pero también el error de quienes, desde el otro lado de la trinchera, rechazan para las pretensiones de autoafirmación política otras modalidades de sujeto político – como el Estado federal o el confederal o la federación multiestatal- que no sean la de convertirse a su vez en otro Estado nacional.

Quizá todo esto puede ser explicado como un debate sobre la interpretación de otro conocido texto de Spinoza: «No cabe duda que los contratos o leyes por los que la multitud transfiere su derecho a un Consejo o a un hombre, deben ser violados, cuando el bien común así lo exige» (Tratado Político, Cap.4, 6). Pero conviene tener en cuenta que ese no es un alegato para saltarse « leyes y tribunales », como ha propuesto el President Mas. Lo que Spinoza  propone es la prioridad del bien común, de la cosa pública  a la que aspiraba ese pequeño territorio, la República de las Provincias Unidas que, bajo la guía de Johann de Witt  fue el refugio del filósofo y óptico marrano y un efímero ejemplo de sociedad civil libre y próspera. Nada que ver con la mística vacía de la nación, que es otro opio con el que se trata de eludir los problemas reales, los de desigualdad e injusticia que las políticas públicas que practican al igual hoy unos y otros nacionalistas –los que quieren « españolizar » y los orgullosos de haber « catalanizado »- no dejan de incrementar sus consecuencias sobre los más vulnerables.



[1] Cfr. su  interesante y provocativo “Quién teme al derecho a decidir?”, Diagonal web, lunes 12 de noviembre de 2012.

[2] Es evidente que ésto tiene que ver y mucho con la reivindicación de un nuevo proceso constituyente como solución a la crisis profunda de la democracia.