UNA MONARQUIA TOXICA, CON SU VALET DE CHAMBRE

 

La operación propagandística pergeñada por la Casa del Rey, con la ayuda de ese palanganero con pretensiones de chevalier servant que es García Margallo, pone al descubierto alguno de los elementos que prueban la toxicidad que ha desarrollado la monarquía borbónica restaurada por Franco en la persona de Juan Carlos de Borbón, que vive su peculiar otoño del patriarca desplegando una capacidad de contaminación inusitada.

La “visita de Estado del rey Juan Carlos I a Marruecos”, publicitada por tierra, mar y aire como la prueba de la utilidad de la monarquía para los intereses de la “marca España” y diseñada sobre todo con el evidente propósito de reflotar la muy maltrecha imagen del monarca, gracias a la complicidad del sátrapa marroquí al que nuestro Jefe de Estado honra con  tratamiento familiar de sobrino para recibir a su vez el privilegio de ser acogido en pleno ramadán e incluso saludado con dátiles y miel (oh milagro de las buenas relaciones, que ha sido glosado vomitivamente por nuestros medios acreditados!)) es, en efecto, la quintaesencia de un modelo difícilmente cohonestable con una democracia decente.

Es verdad que esta operación publicitaria ha tenido la desgracia de coincidir con un momento álgido del “caso Bárcenas”, que le ha robado la exclusividad de primeras planas y tertulias que habían soñado quienes la diseñaron. Diría yo, sin embargo, que en cierto modo esa coincidencia parece una de esas argucias de la Historia de las que nos hablara Hegel. ¿Acaso no es el emblema que pone al desnudo un modo de hacer política cuya clave consiste en el lema del listo Zaplana, forrarse? ¿No coinciden tantos de los personajes de estos dos episodios en el objetivo prioritario de hacer de su presencia en la vida pública el medio –comisiones- para hacerse con una fortuna  que les permita una vida de lujo, pagada en el fondo por los esforzados contribuyentes?

Pero vayamos más allá. Veamos el modelo de visita de Estado. ¿Es imaginable un  país democrático en el que sus intereses son defendidos mediante los guiños de complicidad entre dos patriarcas que pasan por encima de las molestias derivadas de la sujeción a las leyes y procedimientos para resolver sus asuntos? Es propio, no de un Estado democrático, sino simplemente serio, que los verdaderos problemas de las relaciones entre Estados sean resueltos en el clima de secreto de familia que encima nos presentan como una ventaja, un privilegio? Tiene cabida en un Estado en el siglo XXI la penosa imagen de un representante democrático, de un ministro del Gobierno elegido por las urnas, que se vanagloria de su papel de palanganero, henchido de orgullo por haber casi devenido en el valet de chambre que se queda a las puertas del dormitorio de su amo, tan pomposo y servil ante quien cree poderoso como maleducado y prepotente con quien considera inferior, como al indio Morales, según parece su naturaleza?. Esa peculiar idea de democracia de ese Ministro es la que encontramos en su  elogio de la similitud entre Marruecos y España, que es similitud entre sus dos monarcas: «Marruecos ha elegido la buena vía, que no es muy distinta de la que escogimos en España a partir de 1975: una evolución a la democracia desde la ley, guiados también, y no es casualidad, por una monarquía porque es elemento de estabilidad. Don Juan Carlos fue el motor del cambio en ese proceso y el rey Mohamed VI lo está haciendo en Marruecos». Aún más, desbocado en su euforia, Margallo tuvo la desfachatez de asegurar que la vía elegida por «Marruecos y Argelia» es la «buena»—, y no la de los “procesos revolucionarios en Túnez, Libia y Egipto, que son objeto de preocupación en todas las cancillerías del mundo”.

Y sí, también debe ser el modelo de democracia al que se aspira, ése que consiste en que ambos reyes animen a los empresarios a provecharse de las facilidades para hacer negocios, que es lo mollar, lo importante, aquello para lo que hemos venido,  mientras se orillan asuntillos menos vistosos. Por ejemplo, las dificultades que vive la libertad de expresión y prensa, los derechos de las mujeres o la represión del movimiento ciudadano opositor. Por ejemplo, la venta de armamento español a Marruecos (un interés clave para el rey, que siempre ha reservado el nombramiento del ministro de defensa, cargo desempeñado hoy por un experto en esos negocios), denunciada por casi todas las ONGs independientes. Y, por supuesto, la vergonzosa deslealtad del Estado español hacia el pueblo saharahui, inaugurada por la primera actuación del entonces Jefe de Estado interino por enfermedad de Franco, el príncipe Juan Carlos, que cedió a la estrategia de su primo Hassan II, deslealtad e incumplimiento de sus deberes internacionales que hoy prolonga de nuevo nuestro ministro de Asuntos Exteriores, quien, en un alarde del cinismo que  él debe suponer  el mejor estilo diplomático, sostiene que  «La posición de España es la que hemos mantenido en Argel y Marruecos: una solución estable, pacífica y justa de acuerdo con los parámetros y la doctrina de la ONU». Es decir, que sigan reprimiendo al pueblo saharaui, que les den a los derechos humanos, que nosotros estamos a lo que hay que estar…

Son esos los modos que sirven para que avance en España la democracia de los ciudadanos? Es esa la utilidad de la monarquía? Quizá en el fondo sí, este monarca decrépito que se resiste a dejar el sillón y sus privilegios, nos ha prestado un gran servicio: evidenciar una vez más por qué, más pronto que tarde, hemos de librarnos de ese vestigio atávico y recuperar la egalibertad que significa una República.

10 AÑOS SIN KATE

Recupero, 10 años después de su muerte, el artículo que publiqué en homenaje a la mejor actirz de la historia del cine, un ser humano absolutamente excepcional:

KATHARINE, LA GRANDE
Javier de Lucas

Hepburn, por supuesto. Enseguida hubo quien encontró similitud con la otra Catalina, también grande y temible, y la llamaron “la zarina de Hollywood”, aunque el origen del apodo parece estar en la obra de teatro The Czarine, con la que debutó en Baltimore en 1928, el mismo año de su graduación en el Bryn Mawr College, un centro progresista para las hijas de la burguesía ilustrada, como la propia Kaharine, nacida de un urólogo que se carteaba con B Shaw y de una sufragista a la que acompañaba de pequeña a repartir octavillas.
Para muchos de nosotros, Katharine Hepburn es la mejor actriz de la historia del cine. Capra lo sentenció magistralmente: «hay actrices y actrices. Y hay Hepburn». Así los prueban sus récords: Cuatro oscars y doce candidaturas, además del Emy que ganó por su duelo interpretativo con L.Olivier en el drama de TV <Amor entre ruinas> (1975). Los críticos -Fernández Santos, Diego Galán, Francisco Boyero, por ejemplo- han insistido en su energía expresiva, en su velocidad de gesto, en sus dotes para la réplica, que desarrolló en diálogos vibrantes con Tracy, Bogart y Grant, pero también con James Stewart, Peter O´Toole o Paul Sofield. Su capacidad para crear la transformación de Rose Sayer, el papel protagonista de <La reina de Africa>, queda como una de las más grandes actuaciones del séptimo arte. Pero lo cierto es que nunca congenió con Hollywood y el star system: el poderoso distribuidor Harry Brandt la calificó como «veneno para la taquilla» y es famosa la decisión de Hepburn de comprar a los estudios su propio contrato para liberarse y trabajar en otro estudio, o en el teatro, algo que hizo primero con la RKO en 1938 y después con la MGM en 1953. Como actriz de teatro, representó con enorme éxito personajes de Shakespeare, como Rosalind, Portia o Cleopatra, pero también contemporáneos, como la Mary Tirone del drama de O’Neill <Largo viaje hacia la noche>. Tennesse Williams la llamó «actriz de ensueño» tras su representación de Violet Venable en <De repente, el último verano>.
Pero Katharine Hepburn ha sido la mejor actriz de la historia del cine y algunas cosas más. Frente al canon de curvas y redondeces que dominaba en la pantalla y en la vida norteamericana, ella, una pelirroja que era toda ángulos («tengo una cara angulosa, un cuerpo anguloso y, supongo, una personalidad angulosa»), fue capaz de inventar otra belleza, la propia, única, en todo caso difícilmente repetible. Y, sobre todo, como persona, Hepburn luchó, como han descrito casi todos sus biógrafos (Britton, Edwards, Ryan o Dickens, más que Bergan, Bryson o Leaming), por ser quien era, por defender su independencia, su libertad, muy lejos del papel atribuido a las mujeres todavía en su época. Hepburn tenía mucho de alguno de sus personajes en la pantalla: Tess Harding, la columnista política que rivaliza con el periodista deportivo Sam Craig, encarnado por Spencer Tracy en su primera película juntos, <La mujer del año>, dirigida por Georges Stevens en 1942. Era fácil adivinar también su parecido con la compleja Tracy Lord, la aristócrata protagonista de <Historias de Filadelfia>, una obra de teatro de Philip Barry, que ella estrenó en Brodway y cuyos derechos cinematográficos compró. Y qué decir de la encarnación misma de la libertad de espíritu, Susan Vance, la dueña del leopardo «baby » que da título a <Bringing up, Baby > –La fiera de mi niña-, de Hawks, auténtica joya del género de comedias enloquecidas –screwball comedy- de los 30, al que también pertenece <Vivir para goza>r, otra obra de Philip Barry que Cukor, Hepburn y Grant convirtieron en una perla de la comedia. Pero Katharine fue también Leonor de Aquitania, una mujer excepcional, reina de Francia con Luis VII y de Inglaterra con Enrique II, madre de Ricardo Corazón de León, protectora de Chretien de Troyes, inspiradora de la poesía trovadoresca y una de las grandes protagonistas de la historia universal.
En todos los artículos escritos tras su muerte aparecen repetidos estos adjetivos: indomable, inconformista, libre, rebelde, independiente, feminista. Y se ha recordado una y otra vez la contradicción que representa su relación con algunos de los hombres que amó: no tanto Ludlow Stevens (su único marido), o Howard Hugues, sino dos católicos conservadores, casados y alcohólicos, John Ford y sobre todo Spencer Tracy. No hay grandeza sin contradicción y la de Hepburn es difícil de entender: una mujer que, según su propio testimonio, «vivió como un hombre», se sometió a las exigencias de Ford y, mucho más, a las de Tracy. Pero su inconformismo y la firmeza de sus convicciones es indiscutible: le condujo por ejemplo a apoyar decididamente la causa del presidente F.D. Rooselvelt y sobre todo las iniciativas de Eleanor Rooselvelt. Lo muestra su discurso ante 30.000 personas en el Gilmore Stadium, en 1947, para denunciar como enemigo de la libertad al temible Comité de Actividades Antinorteamericanas. Fue un discurso propio de la abogada Amanda Bonner, la costilla de Adam Bonner/Spencer Tracy en la comedia de Cukor. Porque Katharine supo estar del lado bueno, por ejemplo, con Bogart, Bacall, y Huston, frente a la caza de brujas desatada por Maccarthy, aunque, como decía el subtítulo del libro que escribió en 1984 y en el que contó el rodaje de la Reina de Africa, casi pierde la cabeza en la aventura que vivió con ellos (The making of the Queen of Africa, or how I went to Africa with Bogart, Bacall and Huston, and almost lost my Mind).
En su biografía, Me: Stories of my Life (1991) y en los documentales Starring Katharine Hepburn (1981) y Katharine Hepburn. All about Me (1993), estrenados en televisión, repitió algunas de las afirmaciones que se le atribuyen y que certifican su imagen de mujer de una pieza. Por ejemplo, a propósito de su ateísmo, una cuestión de la que nunca hizo bandera pero que jamás ocultó, pese a la mala prensa que eso provocaba en la bien pensante e hipócrita industria de Hollywood: “soy atea; es así. Creo que no hay nada que podamos saber, salvo que debemos ser amables los unos con los otros y hacer lo que podamos hacer por los demás…No tengo miedo del más allá. No temo al infierno, ni busco el cielo…” Es la misma convicción expresada en otra entrevista: «la vida sigue estando hecha de las mismas y viejas cosas que la componían cuando trabajé en Mujercitas: el amor de los amigos y por los amigos, el de la madre por los hijos, el espíritu de sacrificio, el honor, la decencia. Esas cosas permanecen. Hunca han dejado de existir. Sólo que no se escribe de ellas: se consideran un tema aburrido!». O sobre la eutanasia activa, una cuestión presente el la película La última solución de Grace Quigley (1984), que le valió también críticas feroces a las que respondió alto y claro: «¿por qué no van a tener derecho los viejos y los enfermos a poner fin a sus vidas si así lo desean?». Fue probablemente la más grande del cine, pero su vida llegó mucho más allá del cine.

LOS QUE NO SON NADIE

Los que no son nadie. (En el Día Internacional de los Refugiados)

Posted on 20 junio, 2013

Javier De Lucas

 

Siguiendo la magnífica metáfora de Ulises ante Polifemo, los periodistas y escritores Nicolás Castellanos Flores y Carla Fibla García-Sala publicaron en 2009 un audiolibro sobre historias de las migraciones, que titularon con esa fórmula: Mi nombre es nadie. El viaje más antiguo del mundo. En puridad, ese viaje no es sólo el de aquellos que conocemos como “inmigrantes económicos”, sino también el de los refugiados, el de los exilados que se ven obligados a abandonar su tierra, su patria, para huir de la persecución.

El artículo 1º de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, (aprobada en Ginebra el 21 de julio de 1951 y modificada por el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967) los define así:

“Una persona que, debido a un miedo fundado de ser perseguido por razones de raza, religión, nacionalidad, membresía de un grupo social o de opinión política en particular, se encuentra fuera de su país de nacimiento y es incapaz, o, debido a tal miedo, no está dispuesto a servirse de la protección de aquel país; o de quien, por no tener nacionalidad y estar fuera del país de su antigua residencia habitual como resultado de tales eventos, es incapaz, debido a tal miedo, de estar dispuesto a volver a éste.”

Es importante recordar que no se trata de una cuestión humanitaria. El asilo, el derecho con que se responde a la necesidad que viven los refugiados, es mucho más: es, en cierto sentido, el Urrecht que señalara von Zeiller antes incluso de  Arendt, el derecho originario. Los refugiados son la más grave anomalía jurídica desde la concepción más clásica del Derecho: seres humanos sin Estado, en el sentido estricto, outlaws, extralegem, fuera de la ley, de la cobertura de la ley. Y por eso darles asilo no es sólo una cuestión del deber básico de hospitalidad: es mucho más, es reconocerles que incluso los seres humanos que son sólo eso, seres humanos, no ciudadanos de un Estado, deben tener derechos. Por eso, la capacidad de reconocer ese derecho es el test que mide la voluntad política de atribuir a un ser humano el mínimo imprescindible de lo jurídico: sin él, no se tiene nombre, no se tiene derecho a tener derechos. Su negación es la negación misma de la universalidad de los derechos humanos, como sostuvo la filósofa alemana.

Dejemos ahora de lado cuestiones conceptuales de indiscutible importancia, como la zona gris que existe entre “inmigrantes económicos” y “refugiados políticos”. Y orillemos también otras discusiones, como la relativa a la insuficiencia de esa noción -acuñada en 1951, recuerdo-  para dar cuenta de los “nuevos” fenómenos de refugiados, como los denominados refugiados “medioambientales”, las poblaciones que huyen como resultado de desastres naturales (muchos causados por el hombre, claro): terremotos, inundaciones, pero también hambrunas…Vamos a algunos datos y cuestiones básicas.

 

Propongo a los lectores que aprovechemos el pretexto que nos ofrece este día para revisar algunas preguntas elementales sobre los refugiados, y a las que en no pocas veces respondemos con ideas recibidas, tópicos sin fundamento en los datos y que se revelan como asentados prejuicios –fobotipos, se diría-. Por ejemplo, parecería que la opinión pública está convencida de que vivimos una amenaza de invasión de refugiados, que esperarían  a las puertas de la UE  para poder aprovecharse de nuestra prosperidad, de las garantías que tanto nos ha costado obtener y, por tanto, es necesario ser muy rigurosos y establecer nuestra capacidad de recibirlos sin vernos desbordados, más aún en el contexto de las dificultades provocadas por la crisis y su gestión. ¿Tenemos en Europa un problema de refugiados? ¿y en España? Debemos ocuparnos de ellos? Cómo? Veamos ante todo los hechos.

Primero: es cierto que hay cada vez más personas en situación de desplazamiento para encontrar refugio. El informe anual “Tendencias globales” 2012, del Alto Comisionado de la ONU para Refugiados (ACNUR) deja claro que sigue siendo la guerra el factor que provoca más desplazamientos de los que, con carácter general, denominamos refugiados. Lo más destacado de ese Informe son, a mi juicio, dos datos. El primero,  que el número de desplazados y refugiados ha alcanzado el mayor nivel desde hace 18 años, en 1994, con más de 45,2 millones de personas desplazadas forzosamente durante 2012, lo que supone tres millones más que en el año 2011, cuando la cifra alcanzaba los 42,5 millones de desplazados y refugiados. De ellos, 15,4 millones fueron refugiados; 937.000, solicitantes de asilo; y 28,8 millones fueron desplazados internos -personas obligadas a huir dentro de las fronteras de su propio país. Los países que generaron más refugiados fueron Afganistán, pues uno de cada cuatro refugiados es afgano; Somalia, con más de 900.000; Irak, con 746.700  y Siria, con 741.400. El segundo, que cuanto más crece la necesidad (porque cada día del año 2012 aparecieron 20.000 refugiados más, esto es, 1 cada 4 segundos: un total de 7,6 millones de “nuevos casos” de desplazados forzosos), más decrece la voluntad política de poner los recursos necesarios.

Segundo: no es verdad, y tendremos que repetirlo una vez más, que seamos los europeos quienes albergamos al mayor número de refugiados. Son sobre todo los países en vía de desarrollo los que asumen esa carga. Pakistán es el primero (1,6 millones), seguido de la República Islámica de Irán (868.200). Sólo en tercer lugar aparece un país de la UE, Alemania (589.700), muy poco por encima de Kenia (565.000). La UE recibió en 2012 330.000 solicitudes, de las que 71.000 recibieron una respuesta positiva (algo más de 37000 recibieron el estatuto de refugiado; poco más de 27.000 la denominada “protección subsidiaria” y casi 6500 asilo por consideraciones humanitarias). Lo más interesante es que en sólo cinco países, Alemania (77.540), Francia (60560), Suecia (43865) , Reino Unido (28.175) y Bélgica (28.105), se recibió al 72 % de los demandantes de asilo. Para dejar más claro que no hay tal abrumadora presión de asilantes, baste pensar en la proporción de solicitudes por millón de habitantes que fue, por ejemplo, en Malta de 4.980, en Suecia de 4.625, en Bélgica, a 2.535 o en Dinamarca de 1.085.

 

Tercero: como señala el imprescindible Informe Anual 2013 de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, La situación de las personas refugiadas en España, nuestro país está en la cola respecto a la admisión de solicitantes de asilo: en 2012, 2.580 solicitudes, la cifra más baja en 25 años, casi 1.000 menos que el año anterior. De ellas, el mayor número procedía de Siria (255), seguidos por los provenientes de Nigeria (204), Argelia (202), Camerún (121), Costa de Marfil (106) y Mali (102). Para hacernos una idea de la supuesta «presión insoportable», eso supone 55 solicitantes de asilo por cada millón de ciudadanos españoles:  comparemos ese dato con los que recordé más arriba en otros países europeos. Pero lo que es más relevante, a esa caída de solicitudes se une el descenso de concesiones: 565, un 8,5% frente al 9,5% de 2011. La pregunta es, ¿por qué no recibimos más refugiados si de hecho existen cada vez más personas con esa necesidad? CEAR señala las mismas razones que los expertos vienen apuntando desde 2008: básicamente, cada vez es más difícil que quienes huyen de persecución y buscan refugio puedan llegar hasta nosotros y, aún menos, que obtengan el reconocimiento del asilo. La externalización de las fronteras ha creado espacios de contención -bajo el cuidado de países que muchas veces no superan el estándar mínimo de respeto de derechos humanos- cada vez más difíciles de superar. Todo ello reforzado por la utilización de la coartada de la crisis para blindar nuestro territorio mediante un incremento del cordón sanitario que lleva a cabo la agencia Frontex. Eso hace que el viaje de los refugiados sea cada vez más largo y peligroso y que caigan cada vez más en manos de las redes de tráfico y explotación de seres humanos.

En realidad, como muestra con mucha claridad el informe del Servicio jesuita para refugiados, Protection interrupted, los solicitantes de asilo en Europa topan con una complicada normativa comunitaria, pese a la promesas de un Sistema Europeo Común de Asilo (SECA), sobre todo por el instrumento jurídico básico, el Reglamento de Dublín de 2003 que establece el procedimiento para decidir a qué país le cabe la responsabilidad de examinar las solicitudes de asilo. Hoy por hoy, los candidatos no saben cómo funciona realmente la regulación ni cuáles son sus derechos. Además, es frecuente enviar a estas personas a países de la UE que no ofrecen ni vivienda digna ni servicios básicos, dejando a muchas de ellas sin hogar y en la indigencia. Finalmente, los solicitantes de asilo son detenidos en muchos de los países de la UE, al parecer por el mero hecho de ser un solicitante de asilo. En lugar de acoger, parece que el objetivo básico es disuadir: que pierdan toda esperanza de arribar a Europa. Como en tantas otras ocasiones, pareciera que sólo instituciones como el Servicio Jesuita para los Refugiados, o CEAR, son la única esperanza real para revertir el cruel destino de los refugiados, expresado con tanta lucidez como la que es capaz de expresar la poesía, uno de lo mejores poetas en español, Mario Benedetti: “El mundo es esto / en su mejor momento, una nostalgia / en su peor, un desamparo“.

No nos podemos permitir ese desamparo. No podemos ni debemos olvidar que, como hemos visto, el viaje de los “nadie” que emparenta con ese mito fundador de nuestra cultura encarnado por quien así se autodenominara, Ulises, es el de la humanidad misma, el nuestro. Por esa razón, también, el derecho de asilo es un derecho originario. Un derecho que estamos vaciando indebidamente de contenido cuando ponemos a una organización imprescindible como CEAR, al borde de la desaparición. Eso es lo que expone el manifiesto que circula en estos días y que trata de frenar la agonía que sufre esta organización especializada en la atención a los refugiados, como consecuencia en gran medida de los impagos de las Administraciones. En la mano de los poderes públicos está cumplir con sus obligaciones y devolver a CEAR una mínima parte de lo que CEAR aporta, que no es sólo la garantía del derecho de asilo, de la protección de esos “nadie”, sino un elemento clave para que podamos hablar de una democracia, de una sociedad decente. Perder a CEAR es perder en calidad democrática, en decencia: perdemos nosotros, no sólo los refugiados.

 

Foto 1: Portado de «Protection interrupted», del Servicio

Jesuíta para los refugiados.

 

Foto 2: Campamento de refugidos de Domiz, en el Kurdistán iraqí,

recoge a miles de refugiados sirios.

ACNUR, Tendencias globales 2012.

 

Foto 3: Encuentro de una familia en el Campo Mugunga III, en la

República Democrática del Congo. ACNUR.

CIErrenlos!!!

CIErrenlos!

Javier de Lucas

Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), denominados en otros países Centros de Retención Administrativa (CREA), son una pieza tan esencial como terrible –y poco conocida- de las políticas migratorias de la UE y de la mayoría de sus Estados miembros.

Es verdad que hoy las noticias sobre inmigración parecen haber pasado a segundo plano: vivimos tiempos tan difíciles para la mayor parte de los ciudadanos de los países del Sur de la UE  -evidentemente para España-, que el argumento de la “preferencia nacional”, el <nosotros, primero y los de fuera que se apañen, que ya nos han costado demasiado>, se ha impuesto hasta casi pasar a formar parte del sentido común, un tópico que la opinión pública ha asumido y casi nadie cree necesario argumentar. Parecería como si la inmigración hubiera dejado de ser un elemento definitorio de nuestras prioridades: bastantes problemas tenemos y, además, ya no los necesitamos. Frente al paro, los brutales recortes en derechos y servicios sociales, la corrupción o la deficiencia de nuestra clase política, la gestión de los movimientos migratorios y de su presencia entre nosotros ya no es una prioridad, una preocupación. Sobre todo porque, para sorpresa de algunos, acabamos de descubrir que oficialmente somos de nuevo un país de emigrantes. Y aún más, no es sólo que el saldo migratorio sea de nuevo negativo (salen más personas de las que llegan) sino que cada vez parece más claro que una parte de lo mejor que tiene nuestro país, profesionales preparados y en particular jóvenes, contemplan el proyecto migratorio, ir a vivir de forma estable a otro país, casi en términos de necesidad.

Pero si se me apura, incluso esta última consideración debiera conducirnos a otro tipo de valoración. Ante todo porque frente al espejismo del mensaje que se lanza a la opinión pública, esto es,  que se acabó la inmigración, que ya no vendrán más inmigrantes y los que están volverán a sus países de origen, lo cierto es que los movimientos migratorios hacia nuestro país  -como destino o como tránsito hacia el resto de la UE, a países europeos menos deprimidos o incluso más prósperos- no van a desaparecer. Repitámoslo: las migraciones son un fenómeno estructural y aún más, incentivado por la profunda desigualdad que impone el modelo neoliberista de capitalismo de casino en el que vivimos. Pero lo que es más importante, en la medida en que esos movimientos migratorios sigan regulados casi exclusivamente bajo la perspectiva del beneficio y del orden público, esto es, la lógica del mercado y la lógica securitaria (que, las más de las veces, es un pretexto, una coartada de consumo partidista interno), los instrumentos jurídicos de esas políticas migratorias, seguirán ofreciendo un déficit insoportable en términos de legitimidad e incluso de eficacia. Quienes han tenido algún contacto con la aplicación de instrumentos jurídicos de las políticas migratorias en Europa saben bien del recurso frecuente a los eufemismos con los que se trata de disimular  la creación de una auténtica legislación de excepción (son tesis bien conocidas desde los trabajos de Agambem o Lochak),  incompatible con exigencias básicas del Estado de Derecho, pues no es sólo que la aplicación de esos recursos jurídicos propicie de facto actuaciones administrativas contrarias a esas exigencias, sino que, de iure, no pocas de las disposiciones jurídicas de las legislaciones de inmigración (mal llamadas de extranjería) suponen el cuestionamiento cuando no la derogación de alguno de sus principios fundamentales: la igualdad ante la ley, la tutela judicial efectiva, la presunción de inocencia, la propia noción de seguridad jurídica y, por supuesto el principio de publicidad sin el que no es posible el control. Pues bien, ese es el caso de los CIE.

Los CIE son instituciones no definidas como prisiones, sino como centros de retención administrativa, creadas teóricamente para alojar a inmigrantes que se encuentran a la espera de la ejecución de una orden de expulsión. Pero su función real, aunque latente, es otra: reforzar la mirada –el prejuicio- que reduce la inmigración a un fenómeno ligado únicamente al mercado laboral y, sobre todo, a la perspectiva securitaria, de orden público, básicamente policial. Los CIE son, pues, centros en los que se interna a inmigrantes que están incursos en procedimientos de expulsión (también los menores no acompañados, lo que constituye un escándalo jurídico de dimensiones aberrantes), la inmensa mayoría de ellos por haber cometido no un delito, sino una irregularidad administrativa, carecer de la documentación en regla (los papeles) para la estancia en un país de la UE. Es decir, como se ha denunciado, se les retiene por lo que son, no por lo que han hecho. En España, tienen su origen en el artículo 26.2 de la primera Ley Orgánica de Extranjería: «acordar judicialmente, con carácter preventivo o cautelar, el ingreso en centros que no tengan carácter penitenciario de extranjeros incursos en determinadas causas de expulsión mientras se sustancia el expediente”. Pero frente a la previsión del  artículo 60 de la misma ley, que sostenía que esos centros «no tendrán carácter penitenciario y estarán dotados de servicios sociales, jurídicos, culturales y sanitarios», la experiencia de su funcionamiento, desde la Orden Ministerial de 1 de julio de 1985 que los creó, ha demostrado lo contrario (hay que precisar que no fue hasta el 22 de febrero de 1999, catorce años después de la creación de los CIE, cuando se publicó la primera orden ministerial que regula su régimen interno).

Aunque la existencia de los CIE es, por tanto,  anterior a 2008, resultan clave para la puesta en práctica de la Directiva europea sobre las normas y procedimientos en los Estados Miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, aprobada en 2008 por el Parlamento europeo, más conocida como « Directiva de Retorno » y que pronto fue definida como « Directiva de la vergüenza ». Desde la directiva de 2008, pueden permanecer ingresados en los CIE hasta 180 días (60 en el caso español) en los que evidentemente se priva a los ingresados de la libertad deambulatoria pero, lo que es mucho más grave, se propicia el riesgo de graves violaciones de los derechos fundamentales, como vienen denunciando ONGs, pero también instituciones de defensa de  los derechos humanos.

Aunque desconocidos para la mayor parte de la opinión pública, no es que carezcamos de información sobre estas instituciones. En el ámbito europeo sobrepasan los 400[1], si se cuentan instituciones no definidas exactamente en esos términos, pero que cumplen tales funciones, tanto en la UE como en los países europeos vecinos. Para saber de su situación basta con consultar los trabajos de la organización Migreurop (http://www.migreurop.org) o de la ONG francesa GISTI, por ejemplo, el dossier publicado en la revista Plein Droit con el título “Des camps pour étrangers” (http://www.gisti.org/spip.php?article2819 )-. O, simplemente, ver la multipremiada película dirigida en 2010 por Olivier Masset-Dépasse,  Illegal (http://www.imdb.com/title/tt1503777/combined ). De hecho, Migreurop surgió precisamente a finales de 2000, en el Forum Social Europeo celebrado en Florencia, como una red europea para denunciar esa “Europa de camps”, expresión con la que muy intencionadamente se trataba de llamar la atención sobre la analogía con las más funestas experiencias de campos de concentración, como los de Argelés, imposibles de olvidar en la memoria de los republicanos españoles.

Aquí en España, después del cierre del CIE de Málaga -que había sido objeto de reiteradas denuncias- existen CIE en Aluche (Madrid), Zona Franca (Barcelona), Zapadores (Valencia), Lanzarote, Fuerteventura. Sobre su situación y características se pueden consultar por ejemplo los numerosos informes publicados por ONGs. Ya con ocasión de las muertes de Samba Martine, el 19 de diciembre de 2011, en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche de Madrid, y de Ibrahim Sissé de Guinea Conakry, el 6 de enero de 2012, en el de la Zona Franca de Barcelona, no pocas ONGs y movimientos sociales llamaron la opinión acerca de estos gravísimos riesgos. Pero se acumulan los datos críticos: por ejemplo, en los últimos meses, los informes  de Pueblos Unidos (http://www.pueblosunidos.org/cpu/formacion/InformeCIE2012.PDF), el realizado por varias organizaciones sobre el CIE de Zapadores, en Valencia (http://ciesno.wordpress.com/2013/03/21/cual-es-el-delito-informe-de-la-campana-por-el-cierre-de-los-centros-de-internamiento-de-extranjeros-caso-zapadores ), así como otros anteriores –los de Ferrocarril Clandestino: así, el elaborado conjuntamente con SOS Racismo y Médicos del Mundo sobre el CIE de Aluche (http://www.ferrocarrilclandestino.net ) o el de CEAR dentro del proyecto DEVAS desarrollado por el Servicio Jesuita de atención a los Refugiados (www.cear.es/files/up2012/Informe%202012.pdf.  .  Son también numerosos los trabajos de investigación que tienen por objeto el estudio de estas instituciones desde la sociología o la política de migraciones[2].  Por no hablar de la posición crítica sostenida por el Defensor del Pueblo de España, que ha venido desempeñando una tarea rigurosa y vigilante –pese a las dificultades- en relación  con esas instituciones, en particular desde el período dirigido por la Sra Cava de Llano, que ya había mostrado su preocupación por esos Centros en su ejercicio como Adjunta primera del Defensor y que siempre contó con el trabajo eficaz de los responsables del área de migración de la Alta Institución, a quienes –como ya he dicho en otras ocasiones- alguien deberá hacer justicia algún día por su esfuerzo ímprobo, en defensa de inmigrantes y refugiados, un trabajo  que dignifica a la Defensoría. Por ejemplo, en el apartado relativo a los CIE en el Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a 2011 se asegura:  “En efecto, el artículo 11 de la Ley Orgánica 1/1992 obliga al extranjero a disponer de los documentos que acrediten su identidad y su situación legal, y el artículo 20 de la misma ley permite el traslado a comisaría para proceder a la identificación en aquellos casos en los que no resulta posible hacerlo de otro modo. Por tanto, el traslado a comisaría solo puede producirse en caso de que el individuo carezca de documentación que acredite su identidad y no cuando le falten los papeles que demuestran la legalidad de su estancia en España. En este punto, la redacción del documento podría provocar una interpretación errónea de la que se desprenda que cabe la conducción a comisaría de un ciudadano extranjero aun cuando este estuviese identificado, lo cual no es conforme al Derecho. El término empleado, detención preventiva, solo cabe ante supuestos de comisión de ilícitos penales (…) lo que no incluye la eventual estancia irregular en España, que está tipificada como un ilícito administrativo. En este caso, ni siquiera podría realizarse una detención cautelar administrativa [artículo 61.1.d de la Ley de Extranjería], puesto que estas se practican en el marco de un procedimiento de expulsión ya en curso y, por tanto, no pueden llevarse a cabo antes de que se inicie dicho proceso.”

El resultado de toda esa información, de los análisis, es abrumador: a mi juicio, quien los lea no puede llegar a otra conclusión que la de la campaña iniciada con ese lema y que culmina hoy, 15 de junio: la única propuesta razonable y, aún más, justa, es suprimirlos. Así de claro. Así de sencillo. Y eso, ante todo, porque, como sostiene la misma campaña, “ser inmigrante no es un delito”. Tampoco lo es ser inmigrante irregular. Se trata, insistimos,  de una falta administrativa, del mismo rango de la que comete un ciudadano que no ha renovado a tiempo su documento de identidad o su carnet de conducir.

No hay, en mi opinión,  justificación –legal ni legítima- para unas instituciones que por definición bordean el límite de lo aceptable en materia de restricción de derechos fundamentales y de facto, en no pocas ocasiones, los desbordan. Particularmente grave es la ausencia de una perspectiva de género en su Reglamento –y en su funcionamiento- y más específicamente  la discriminación de que son objeto las mujeres inmigrantes retenidas en esos centros, sobre lo que llamó expresamente la atención el informe de 2009 de  WOMAN’S LINK WORLDWIDE, Los Derechos de las Mujeres Migrantes: una realidad invisible.

La insistencia por parte de los Gobiernos de la UE en mantener estas instituciones sólo puede explicarse desde la óptica securitaria adoptada como visión predominante en las políticas que aprovechan el hecho migratorio para obtener ventaja partidista mediante la difusión sofista, falaz e irresponsable de un mensaje xenófobo e instrumental sobre la inmigración, acrecentado hasta proporciones que pueden llegar a ser suicidas como nos lo muestra precisamente la memoria de la peor Europa, la que vivió la pesadilla de la Segunda Guerra mundial: baste el ejemplo del auge del movimiento neonazi Amanecer dorado en la Grecia expoliada por la gestión de la crisis que lleva a cabo la troika.

La opacidad, la resistencia a que las ONGs  e incluso delegaciones oficiales compuestas por jueces y fiscales puedan visitar estos centros, son bien conocidas. Siento decirlo así, pero creo que desgraciadamente tiene razón Migreurop cuando sostiene que la UE “está en guerra contra un enemigo que se inventa, los inmigrantes”. En esa guerra, los inmigrantes irregulares son el primer frente y los CIE un instrumento bélico. Deben desaparecer.



[1] Cfr. el gráfico camps-fr:

[2]  Entre la abundantísima bibliografía, me permito remitir al trabajo de Jarrín/Rodríguez/de Lucas, Los centros de internamiento de extranjeros en España: origen, funcionamiento e implicaciones jurídico-sociales, Documentos CIDOB, Migraciones, nº 26: puede descargarse en http://www.cidob.org/es/publicaciones/documentos/migraciones

 

UNA TAUTOLOGÏA: EL DEFENSOR INCOMODO

 

Al revés y al derecho

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Una tautología: el Defensor incómodo

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Por Javier de Lucas

Escribo estas líneas tras hacerse oficial ayer, 22 de mayo de 2013, la decisión del Parlamento de Andalucía de no renovar el mandato de José Chamizo de la Rubia como Defensor del Pueblo andaluz. Y pongo por delante, para que no haya equívocos, que soy uno más entre las muchísimas personas que admiran a José Chamizo como persona y como personaje, como Defensor del Pueblo (puede leerse la plataforma en apoyo de su renovación: Twitter @apoyoChamizo, Facebook: Plataforma apoyo renovación José Chamizo Defensor Pueblo Andaluz). Es más, me considero amigo suyo. Pero no escribo para ensalzar al amigo, ni siquiera al personaje y a su labor.

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La creación del Defensor del Pueblo es, a mi juicio, uno de los aciertos de la hoy cuestionada – y no sin razones- Constitución de 1978. Por cierto, aunque su perfil responda al modelo de ombudsman, no es una institución sin antecedentes en nuestra cultura jurídica. Pero, sobre todo, no se trata de ningún adorno institucional; siempre, claro, que se tome en serio. Lo deja claro el artículo 54 de la Constitución: “Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales”. Y la importancia de esa función fue más concretamente perfilada en el artículo 9 de la Ley orgánica 3/1981, que establece: “El Defensor del Pueblo podrá iniciar y proseguir de oficio o a petición de parte, cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos y resoluciones de la Administración pública y sus agentes, en relación con los ciudadanos, a la luz de lo dispuesto en el art.103.1 de la Constitución y el respeto debido a los Derechos proclamados en su Título primero”.

Tan compleja y difícil es esa tarea, que los Estatutos de la mayoría de las Comunidades Autónomas crearon instituciones paralelas y específicas, que deben coordinarse con la establecida por la Constitución (lo que no siempre ha sido el caso), pero ejercen en su ámbito autonómico esa defensa de los derechos de los ciudadanos en supervisión de la actividad de la Administración. Lejos de superflua o redundante, se trata, pues, de una institución imprescindible que reconoce la posición preferente que ha de tener el ciudadanos en su relación con los poderes públicos.

Nadie puede discutir que la decisión de elegir y renovar o cesar al Defensor del Pueblo es competencia exclusiva del Parlamento. También en el caso del Defensor del Pueblo andaluz. De acuerdo con el artículo 1º de la Ley 9/1983 del Parlamento de Andalucía que regula esta institución, “El Defensor del Pueblo Andaluz es el comisionado del Parlamento, designado por éste para la defensa de los derechos y libertades comprendidos en el título primero de la Constitución, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración Autonómica, dando cuenta al Parlamento”. Inequívocamente, por tanto, es el Parlamento, en nombre de la soberanía popular y con el máximo de acuerdo (3/5 de los votos), quien lo debe elegir. Pero dicho esto, en mi opinión, la no renovación de José Chamizo ha sido un error. Si alguien está haciendo bien su trabajo y sigue con ánimo y capacidad para hacerlo, tal como acreditan los resultados, lo mejor es que siga. ¿Indefinidamente? No. Mientras lo haga bien.

Lo interesante es, precisamente eso, ¿en qué consiste hacer bien la labor de Defensor del Pueblo? Y mi respuesta es sencilla: en ser incómodo para la Administración, pues en caso contrario es que no está cumpliendo con lo que dispone la Constitución y, en el caso andaluz, la propia Ley 9/1983, en su artículo 6, que reproduce el modelo del artículo 6 de la ley orgánica 3/1981: “El Defensor del Pueblo Andaluz no estará sujeto a mandato imperativo alguno. No recibirá instrucciones de ninguna autoridad. Desempeñará sus funciones con autonomía y según su criterio”.

Esto es, para que entendamos que el Defensor del Pueblo hace bien su tarea, es preciso que no la entienda como un retiro privilegiado, un despacho dorado con el que se le ha recompensado por su trayectoria. Muy al contrario, si se toma en serio su función, ha de ser incómodo. Debe molestar a la administración. Y eso, sin duda, supone molestar a los partidos políticos, sobre todo a los que forman el Gobierno y aún más si esos partidos controlan la composición de la Administración que aparece como correa de transmisión de los mismos.

Otra cosa, otro debate, es si algún día alcanzaremos en nuestro país un modelo de administración pública más cercano por ejemplo al del civil service británico, que no cambia su composición al albur de los resultados electorales, sino que permanece estable como condición de garantía de su sometimiento a los intereses generales, tal y como establece el artículo 103 de la Constitución (“La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”). Ese es el debate sobre la caracterización weberiana del funcionariado como clase universal, neutral, pública por excelencia, lejos de los fototipos al uso y quizá también, desgraciadamente, lejos de tanta degradación y manipulación de ese modelo de funcionariado por los insaciables intereses de cierta clase política.

Cada quien tiene su estilo. Algunos, más sinceros e incluso en ocasiones abruptos, como José Chamizo. Pero insisto, la del Defensor no es, no debe ser, por definición, ni una figura ni una tarea complaciente con la administración. Su perfil el de quien sabe que los derechos no existen si no se lucha por ellos. Incluso cuando ya están proclamados. Sobre todo en el caso de los más vulnerables  y aún más en tiempos de crisis. No digamos si, en esa crisis brutal, la prioridad no es la protección de los derechos de las personas que están menos protegidas. Precisamente aquellos que han sabido que siempre contarían con el Defensor del Pueblo, con José Chamizo. Pero la buena noticia es ésta: seguirán contando con la fuerza, con el terco empeño de José Chamizo por luchar por ellos, por defenderlos, esté donde esté. Y esa es, a mi juicio, una de las mejores razones de esperanza que nos caben.

CODIGOS Y DEONTOLOGIA JURIDICA. PONER LIMITE A LO INACEPTABLE

Poner coto a lo inaceptable en Derecho

Quizá más de un lector se pregunte si hay algún criterio que vaya más allá de la simple discrecionalidad detrás de tantas decisiones judiciales que parecen ajenas a la escala de valores que el Derecho debiera recoger para ser acorde con ese sentido común.

Javier de Lucas

04/05/2013 – 20:01h

Hay pocas cosas que causen tanto desconcierto en la opinión pública como las crónicas de tribunales. Y sucede que hoy, lejos de lo que acontecía hace pocos años, ese tipo de información ha invadido todos los espacios de comunicación, incluso los titulares de primera plana, lo que quizá contribuye al grado de confusión, frustración, agravio comparativo e indignación que se puede palpar. Por ejemplo, hoy día a nadie que no sea, no ya un lego, sino un extraterrestre, le puede llamar la atención la creciente disparidad de criterios entre lo que el común de los ciudadanos entiende como una decisión justa, aceptable –es decir, razonable-  y buena parte de las que ocupan esas crónicas. Esa divergencia es precisamente detectable con mayor facilidad gracias a la sobreabundancia y emergencia informativa del género y también, por qué no decirlo, como consecuencia de cierto déficit recurrente en la formación jurídica de los autores de la mayoría de esas crónicas- (con notables excepciones: véase el blog ¡Protesto, Señoría!, de teniente Kaffee, en eldiario.es).

Quizá más de un lector se pregunte si hay algún criterio que vaya más allá de la simple discrecionalidad, cuando no la arbitrariedad, detrás de tantas decisiones judiciales que parecen ajenas a la escala de valores que el Derecho debiera recoger para ser acorde con ese sentido común, para que no parezcan un coto privado de una casta cuya racionalidad queda a años luz de la que creemos compartir los ciudadanos y, por consiguiente, de lo que ingenuamente los mismos ciudadanos pensamos que el Derecho debería expresar. ¿Cómo dejar de pensar que la moralidad particular, las creencias religiosas o los gustos estéticos de un juez, por no decir su digestión, son las que determinan tantas decisiones que escandalizan a la mayoría?

Todo eso ocupa sesudos manuales y monografías de quienes se ocupan de la posibilidad de racionalidad en el Derecho y teorizan sobre las condiciones y límites de la argumentación jurídica que reduzcan al mínimo esas anomalías. Además de esos meritorios esfuerzos doctrinales, la cultura y la praxis jurídica pluriseculares tienden a ofrecer instrumentos complementarios que sirvan para iluminar a los juristas cuando sus entendederas topan con casos difíciles –o trágicos- en los que desde el ordenamiento jurídico no parece ofrecerse una solución acorde con lo que algún colega ha denominado la ardua tarea de <hacer justicia por medio del Derecho>. Para eso pueden servir, además de ese código de principios (y valores) que ofrece la Constitución, los denominados códigos deontológicos.

Todo lo anterior viene a cuento de un caso que ha escandalizado a la opinión pública recientemente, sin que las instituciones jurídicas pertinentes (los Tribunales, el ministerio fiscal, los Colegios de Abogados que tienen códigos deontológicos) hayan sabido o querido, a día de hoy, poner remedio eficaz.

Me refiero a lo que podríamos denominar caso Palluz, que seguro que los lectores recuerdan sin demasiado esfuerzo. Resumamos los elementos del caso empezando por el final, la sentencia 34/2013 de la Audiencia Provincial de Madrid, recaída en la causa número 2/2011, por un delito de lesiones tipificado en el artículo 149.1 del Código Penal y publicada el 19 de marzo de 2013.

Al mismo tiempo, se tuvo noticia del auto de la misma fecha en relación con la solicitud del Ministerio Fiscal para que se dedujera testimonio para la investigación de la presunta comisión de un delito por el letrado de oficio de dos de los procesados, D. Angel Pelluz Granja, en relación con el contenido de un escrito de defensa de sus representados.

Se trataba de dos de los cuatro procesados por una agresión brutal realizada por uno de ellos, en presencia de los otros tres, el 23 de agosto de 2009, al pisotear violenta y reiteradamente en la cabeza a una persona que se encontraba dormida en la vía pública, sin que hicieran nada por evitarlo o detenerlo los otros tres.

La agresión produjo a la víctima severas lesiones que derivaron en discapacidades neuromusculares y trastorno cognitivo  hasta el punto de que le ha sido reconocida una discapacidad del 67%. El tribunal condenó al autor de la paliza por un delito de lesiones con agravante de alevosía y a los otros tres procesados por un delito de omisión del deber de impedir determinados delitos (artículo 450.1 Código Penal).

Lo que nos interesa de este caso es la conducta del mencionado abogado de oficio y, por consiguiente, la respuesta del Tribunal ante esa conducta, así como la de la fiscalía y el Colegio de Abogados. Resulta que el letrado defensor de oficio de dos de los procesados, el ya mencionado Sr Pelluz, de 91 años de edad, con más de 60 años de ejercicio de la profesión, presentó el 4 de junio de 2012 ante el Tribunal un escrito de conclusiones provisionales en el que, tras añorar la Ley de Vagos y Maleantes, literalmente señalaba que “la vagancia no está recogida en nuestra Carta Magna. La ocupación de terreno público por quien no se procura una existencia digna es causa de rechazo en otras personas que cumplen las leyes. La vagancia, el no querer hacer nada, el constituirse en parásito de lo decente, lleva a la repulsión”.

Cuando se celebró el juicio, en marzo de 2013 y se tuvo conocimiento de esas afirmaciones, ante el escándalo que produjeron, fue entrevistado por la prensa a la salida de la Audiencia Provincial. El caso de la agresión a un presunto mendigo se convirtió en el caso del abogado Pelluz. El abogado declaró: “Esto no son personas humanas. No han trabajado en su vida. Son cánceres de la sociedad. Yo, si tengo un cáncer, el médico no me pone paños calientes: me lo extirpa: Pues esto es igual” (El País, 12 de marzo de 2013). Entrevistado esa misma tarde en su domicilio por el periodista de El País Álvaro de Cózar, se ratificó en tales declaraciones al afirmar: “Lo que quiero decir es que este caso se explica porque ha habido una provocación previa, la existencia de esa persona en la calle. A nadie le gusta ir apartando pies descalzos por la Gran Vía. La mierda siempre se ha recogido… Para mí lo que se juzga es una agresión, pero la ONG que ejerce la acusación particular ha politizado el tema, así que he tenido que enfocar el asunto de esa manera” (El país, 12 de marzo de 2013 y 16 de marzo de 2013).

La fiscal, al tener conocimiento de las declaraciones, solicitó que se dedujera testimonio a los efectos de la investigación de un posible delito de incitación a la violencia contra los mendigos. El juez Decano de Madrid realizó unas declaraciones en las que apuntaba la misma tesis y se preguntaba si el letrado se encontraba en condiciones físicas e intelectuales de ejercer la defensa.

Por su parte, el Colegio de Abogados de Madrid anunció en un comunicado institucional que solicitaría testimonio del escrito forense en el que se contenían manifestaciones “manifiestamente atentatorias contra la dignidad de las personas y de la abogacía”, para poder actuar después “en aplicación estricta de la normativa deontológica que regula la actuación de los abogados, incluso el ejercicio del derecho de defensa de sus patrocinados y en el que no todo vale”.

Pues bien, en el mencionado auto de 19 de marzo, el mismo Tribunal, aunque califica como inadmisibles las afirmaciones en cuestión, resuelve que no procede aceptar la solicitud del Ministerio fiscal. Y ello, en primer lugar, por un defecto de forma: el escrito en cuestión era un escrito de conclusiones provisionales (previo a la celebración del juicio) en el que concurrían dos defectos de forma: de un lado, no iba firmado por el letrado Pelluz. De otro, ese escrito se excedía en la medida en que solicitaba la aplicación de la “eximente de provocación” no sólo a sus dos representados, sino a los cuatro procesados.

El escrito en cuestión fue devuelto mediante providencia del Tribunal a la representación procesal de los dos acusados defendidos de oficio por el Sr Pelluz. Este presentó el 29 de junio de 2012 un nuevo escrito de conclusiones provisionales, ya con su firma original como letrado de oficio, en el que se disculpó ante la Sala  por su omisión y rechazó el reproche del Tribunal, reafirmando su lealtad al orden jurídico y sin hacer mención alguna a la eximente de provocación. Por otra parte, la Sala entiende que las declaraciones del Sr Pelluz a la prensa pueden ser objeto de persecución por el Ministerio Fiscal, pero al no haberse producido en la Sala, no son de su competencia.

Finalmente el auto reprocha al fiscal el hecho de que, aun teniendo conocimiento de los hechos pues se le dio traslado del escrito inicial de conclusiones provisionales, no hubiera realizado ninguna actuación. Concluido el mes de marzo, no se conocen actuaciones del ministerio fiscal ni del Colegio de Abogados en el que sigue colegiado el letrado Pelluz, ni relativas al escrito (que, al no estar firmado con firma original no le es imputable), pero tampoco por sus reiteradas declaraciones en prensa. El letrado se encuentra a la espera de una intervención quirúrgica.

No hace falta ser un experto en Derecho ni en deontología profesional para advertir que asoman serias dudas, al menos en términos deontológicos, sobre el comportamiento del Tribunal, del ministerio fiscal, del letrado Pelluz y del Colegio de Abogados de Madrid. Por mucho que el Tribunal se autojustifique en criterios formales y reproche al fiscal no haber formulado alegación alguna.

En efecto, aunque hubiese defectos de forma, es obvio que se trataba de un escrito elevado por la representación de oficio y es a esa representación a la que el Tribunal envía su providencia. Por otra parte, si el propio letrado se excusa por no haber firmado el escrito anterior, eso significa reconocer que él era el autor del anterior. Y tampoco puede dejar de ser tenido en cuenta el hecho de que el letrado fuera advertido verbalmente por el Tribunal acerca de expresiones improcedentes en su intervención ante el mismo y que confirmaban el tenor del mencionado primer escrito de conclusiones provisionales. Tampoco ha tenido por ahora ninguna consecuencia la existencia de declaraciones a numerosos medios de comunicación, en las que el letrado reiteraba su posición:  no ha sido objeto de ninguna denuncia, ni de procedimiento alguno. Tampoco por parte del Colegio de Abogados. El colegio no ha actuado ni siquiera en lo que se refiere a la pertinencia de que un letrado como el Sr Pelluz siga en ejercicio de su profesión, habida cuenta además de sus condiciones físicas y de su posible incapacidad mental, perjudicando a ciudadanos que se encuentran en posición más vulnerable desde el punto de vista de la tutela judicial efectiva, como son aquellos que necesitan letrado de oficio.

Las preguntas son evidentes: dejando claro que según todos los elementos disponibles parece obvio que el letrado Sr Pelluz no sólo parece haber incurrido en una conducta en la que concurren serios indicios delictivos, es evidente que incumplió con elementales deberes deontológicos. Pero, ¿cumplió el Tribunal con sus obligaciones deontológicas, más allá de las estrictamente procesales, técnicojurídicas? ¿cumplió con las mismas obligaciones el Ministerio fiscal? ¿Y el Colegio de  Abogados de Madrid? La respuesta, a mi juicio, en todos esos casos, es negativa, desde luego. Se me dirá que estamos ante un caso de incumplimiento de esos deberes deontológicos, y que ello sólo pone de manifiesto lo evidente, esto es, que hay casos en que no se cumplen. Pero lo grave de éste es que aparentemente ninguno de los operadores jurídicos cumplió con sus deberes. Y que estos deberes guardaban una relación directa con el núcleo de la obligación jurídica profesional de quienes ejercían el Derecho en este caso: la tutela judicial efectiva. De ahí su gravedad.

NOSOTROS Y BANGLA DESH

 

Nosotros y Bangla Desh

Javier de Lucas

Para los niños de mi generación, Bangla Desh era ante todo Bengala, tierra de aventuras y piratas, cuna de los tigres que llevan su nombre. Luego, para los jóvenes que despertaron en el 68, pasó a ser una nación que luchaba por su independencia (Pakistán este). Un pueblo por el que Georges Harrison y Ravi Shankar organizaron un mítico concierto en verano de 1971, el primer concierto benéfico de la historia contemporánea del pop y rock, y en el que entre otros participaron Bob Dylan, Eric Clapton, Ringo Starr o Billy Preston. El concierto recaudó más de 250000 dólares para los refugiados en Bangla Desh y las grabaciones y DVD del mismo incrementaron esos réditos.

Hoy, Bangla Desh es el séptimo país más poblado del mundo (casi 150 millones de habitantes) y ocupa el lugar 146 en el índice de desarrollo humano. Es además, el segundo exportador textil del mundo, sólo superado por China. El empleo en la industria textil es la única esperanza de las miles de personas que llegan a la ciudades a la búsqueda de trabajo. Se calcula que tres millones de personas trabajan en estas empresas y talleres. Pero lo más relevante para nosotros es que un buen número de marcas de moda y grandes almacenes occidentales –de H&M, Inditex, C&A, Primark, Silver Shop o Mango, a El Corte Inglés- han deslocalizado su producción allí o son importantes compradores de sus productos textiles. Evidentemente, entre otras razones por los bajos costes de producción que incluyen condiciones de precariedad laboral que nos reenvían al dumping social, por no hablar de otros costes, como los de la contaminación ambiental y los de la corrupción sobre los que se asienta el negocio. Baste recordar que el salario mínimo que cobran muchos de los trabajadores empleados en esos talleres es el equivalente a 30 euros al mes, es decir, lo que nos viene a costar aquí un par de camisetas de alguna de esas marcas.

Bien puede decirse, como ha escrito Eugenia Rodríguez Palop,  que “nuestro sistema productivo se llama hoy Bangla Desh”. Es el emblema del modelo de globalización económica, con todas sus patologías entre las que sobresale la engañifa del low cost. Los 300 muertos  y más de 1200 heridos que provocó la semana pasada –y no es el primero ni, desgraciadamente, será el último- el derrumbamiento (anunciado) del Rana Plaza,  un edificio de Dacca que albergaba casi una docena de talleres textiles en los que trabajaban varios miles de bengalíes, son un coste directo de nuestro modelo de consumo. Como lo son las jornadas de trabajo en locales sin condiciones, en las que se emplean hombres, mujeres y niños, que cobran en la mayoría  de los casos, insisto, 1 euro al día, y lo ignoran todo sobre los derechos laborales. De esas condiciones de trabajo son testimonio elocuente las declaraciones de testigos que han salido con vida del accidente y que relataron cómo el día anterior se hicieron visibles grietas en el edificio Rana Plaza, que provocaron una especie de plante de los trabajadores. Pero fueron obligados a entrar a trabajar en esas condiciones: quien no lo hiciera perdería su empleo, les dijeron. El resultado es que muchos de ellos  -más de mil- perdieron su salud y varios centenares sus vidas.

Las compañías occidentales insisten en que han creado manuales de buenas prácticas para esas empresas, a fin de reducir riesgos y mejorar las condiciones. Pero sabemos hoy –entre otros lo ha denunciado el Financial Times– que los sindicatos de Bangla Desh propusieron un plan de establecimiento de un sistema nacional de inspecciones, fuera del control del Gobierno, con poder para comprobar que todas las empresas del país cumplan las normas de seguridad e higiene y para clausurar aquellas que no lo hagan. Cada una de las multinacionales extranjeras lo financiaría con una aportación de unos 500.000 dólares anuales. El plan se presentó en una reunión celebrada en Dacca a la que asistieron varias compañías, como Wal-Mart, Gap y H&M. Pero lo rechazaron. Las razones, al parecer, que lo encontraron demasiado caro.

A estas alturas ya sabemos que no existen milagros en el modelo del mercado global, que no hay altruismos para ofrecer bicocas a los consumidores, ni siquiera a los reyes de los consumidores que somos nosotros, los occidentales: no hay low cost limpio. Pero podemos reaccionar. Podemos optar por ejemplo, por pagar algo más –y comprar algo menos- y acudir a tiendas de comercio justo. Porque detrás de esa mercancía, tan barata para nosotros, lo que hay son trabajadores extremadamente vulnerables, prescindibles, sustituibles: trabajadores low cost.

 

 

 

ESCRACHES SANTOS

 

Los santos escraches

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Por Javier De Lucas

Sí, otro cuarto a espadas sobre los escraches y además en el blog sobre derechos humanos. Pero es que esas prácticas que estamos viviendo  y que ahora son objeto de una fuerte campaña no ya estigmatizadora, sino criminalizadora, son sobre todo un instrumento que, como recordaba Fernando Flores, forma parte de la lucha por los derechos, y eso supone que puede colisionar y colisiona con otros derechos. Déjenme que les proponga  una perspectiva que no ha sido citada hasta ahora, que yo sepa.

Ya sabemos de nuestra capacidad selectiva para ver lo que queremos ver, aunque sea la mota de polvo en el ojo ajeno (o aunque haya que alzarse a lo alto de una tronera para ver a los que te ofenden con sus actos, como la monja del chiste) e ignorar la viga ante nuestros ojos. Me parece que algo de eso les sucede a los afamados defensores de los derechos humanos, curtidos en mil batallas por la lucha contra las dictaduras y siempre a favor  de las libertades de los más débiles, como la veterana defensora de la clase obrera Maria Dolores de Cospedal, la indomable lideresa Aguirre, el muy solidario señorito andaluz D. Javier  Arenas, la alcaldesa thatcheriana de las peras y las manzanas ytuttiquanti protagonistas de esa campaña de criminalización de quienes llevan a cabo escraches. Se trata, según denuncian escandalizados, de prácticas neonazis, fascistas, totalitarias, que amenazan el recinto sagrado, la intimidad del hogar, la privacidad y el respeto a personas que son nada menos que diputados o familiares. Pues bien, creo que no hace falta ser Funes el memorioso para darse cuenta de la capacidad selectiva de creación de la realidad social de todos ellos, que han sido ciegos, sordos y mudos frente a otros antecedentes inmediatos de escraches, eso sí, santos. Escraches que incluso han visto con buenos ojos, si no es que los han justificado o incluso alentado.

Sí, porque escraches fueron por ejemplo las convocatorias del pasado 12 de diciembre de 2012 (como cada día de los inocentes desde hace años) apoyadas y publicitadas por AES (el Partido Alternativa española), que se presenta como un “partido social cristiano” y sostenidas por la jerarquía de la iglesia católica y por movimientos cristianos próximos al fundamentalismo, para manifestarse ante clínicas donde se practican abortos –clínicas legales, por cierto, no clandestinas-. A través de esas organizaciones, de sus páginas web y de los medios de comunicación afines, como Intereconomía o la COPE  (con notable protagonismo de la intrépida periodista Cristina López Schlichting) etc., se dan todo lujo de detalles sobre las mismas y sus facultativos, con la misión de denunciar lo que califican de asesinato y aun de Holocausto, o “genocidio” –¿les suena?-. En esasmanifestaciones, como las ya tradicionales sentadas ante la clínica madrileña DATOR, no sólo se trata de reivindicar su interpretación del derecho de los no nacidos,  lo que es perfectamente legítimo, sino que se persigue señalar (escrache), e incluso insultar y aun y estigmatizar a los profesionales que transiten por ellas, calificados de criminales, infanticidas, genocidas, asesinos de los más inocentes. Y en no pocos casos, también a las mujeres, a las familias, que allí acuden.

Quienes tengan memoria recordarán que el fanatismo que muchas de esas convocatorias cultivan (aunque seguro que hay mucha gente que acude de muy buena fe y presidida por lo mejor del espíritu cristiano, la caridad, la piedad, la misericordia), conduce en no pocos casos a justificar la santa intransigencia, la cruzada contra quienes son presentados como encarnaciones del mal. No quiero criminalizar a quienes se oponen al aborto, insisto: la gran mayoría lo hacen de buena fe y seguro que incluso desde un intento de razonar científica, moral, jurídica y políticamente su posición. Pero sabemos de ejemplos en los que esas posiciones fanáticas han producido atentados y asesinatos. Hablo de casos por todos conocidos, como los ocurridos los EEUU y Canadá, donde también son muy activos movimientos provida fundamentalistas. Esos escraches pretendidamente santos pugnan, pues, con derechos fundamentales.

Dejémonos de campañas que alientan a tomar la justicia por la propia mano. El escrache puede ser y es en muchos casos sólo un ejemplo más de práctica de desobediencia civil, de lucha por los derechos. Si no deriva en comportamientos que dañan bienes jurídicos fundamentales, si se mantiene en las características de la desobediencia civil, no sólo no debe ser estigmatizado, sino que las molestias que ocasione deben ser tomadas como parte del coste de luchar por los derechos, de un lado, y de otro de quienes quieren ganarse el sueldo administrando el poder que les hemos delegado. Ni más ni menos.

QUE SIGNIFICA RESPONSABILIDAD POLITICA?

LA RESPONSABILIDAD DEL IRRESPONSABLE,

Javier de Lucas

Inviolable e irresponsable. Así define el status del Rey el artículo 56.3 de la Constitución española de 1978: “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. Aunque en realidad ese atributo responde a la tradición sacral o, al menos, absoluta -propia del ancien régime (the King can no do wrong)-, nos han explicado mil veces que no puede ser de otra manera si  queremos garantizar la función de alta magistratura –ejemplar y vitalicia- que se atribuye al monarca como Jefe de Estado en nuestra monarquía parlamentaria. Un Rey al que el mismo artículo en su primer apartado atribuye la condición de “símbolo de su unidad y permanencia”,  característica a la que añade las de árbitro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones, así como la  “más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales”.

Pero ese no es un atributo exclusivo de los monarcas. Entre el rey de una monarquía parlamentaria y un presidente de República no presidencialista la diferencia estriba, en primer lugar, en la condición adquirida de por vida, desde el nacimiento (o será desde la concepción?) hasta la muerte (o improbable abdicación). En uno y otro caso, como no hay poder real, no hay responsabilidad política en principio: ambos cumplen similares funciones simbólicas y por eso los segundos son también inviolables, aunque en sentido estricto  -esta es una segunda diferencia- no son irresponsables. No son irresponsables políticamente si puede renovar su mandato, porque en ese caso debe someterse a un escrutinio electoral en el que se juzgará esa responsabilidad. Y en sentido estricto, no son jurídicamente irresponsables, sino sólo mientras se encuentran en el cargo, como comprobamos hace poco en el caso de un Presidente de República presidencialista, Jacques Chirac, quien, una vez que dejó de ser Presidente de la República francesa, fue condenado por los delitos de malversación de fondos públicos, abuso de confianza y apropiación indebida cometidos durante su mandato  como alcalde de Paris.

Que esa condición de inviolabilidad, en su dimensión de irresponsabilidad jurídica, de inmunidad de jurisdicción pugna con progresos jurídicos como el de jurisdicción universal que se han impuesto en el Derecho internacional después del caso Pinochet, a través del Estatuto de la Corte penal internacional o Estatuto de Roma, es bien sabido. Aunque casi todos estaremos de acuerdo en que la hipótesis de un hipotético monarca de España genocida o autor de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o agresión parece, más que remota, inverosímil. Claro que hay un supuesto en el que cabría analogar el régimen de responsabilidad jurídica del rey con el del presidente de la República: el caso de abdicación. En efecto,  como señalan algunos colegas constitucionalistas, ex Constitutione no parece que se pueda argumentar que la irresponsabilidad jurídica (la inmunidad) se extienda desde la dimensión institucional a la personal. Precisamente por esa razón ya he apuntado en algún ensayo anterior que, a mi juicio, es un elemento en contra de la posibilidad de abdicar, por el temor de que al rey abdicado se le pudieran exigir tales responsabilidades jurídicas al no continuar cubierto por el privilegio.

Sin embargo, cuestión distinta es la atinente a la responsabilidad política. Porque en el estatuto privilegiado de la corona se produce una exacerbación de las contradicciones o déficits que parecen lastrar hoy más que nunca la clásica distinción entre responsabilidad política y jurídica. Y es que el rey no sólo es irresponsable jurídicamente, sino también políticamente y de forma vitalicia y por eso nuestra Constitución impone el refrendo de sus actos.

A mi juicio, esa es una de las razones, si no la fundamental, de la creciente toma de conciencia de la inadecuación de una institución como la monarquía ante los tiempos que corren. Hoy, las instituciones y poderes de las democracias deben ser capaces de renovarse para mantener la libre aceptación de los ciudadanos, su contrato con ellos. Un contrato que es tanto de confianza como de desconfianza. Unos cambios que podrían concretarse en saber responder. Esta es una condición activa, no pasiva. Significa saber asumir plena responsabilidad política, por sí y por quienes actúan bajo su mandato y supervisión porque esa función es la que le encomendamos. Algo que, insisto,  es muy distinto de la responsabilidad jurídica (y, desde luego, de la penal).

Cuando un cargo público se aferra como criterio de legitimidad al hecho de que no ha sido condenado por los tribunales, significa que no ha entendido nada de lo que es la responsabilidad política. Como lo enseñan una vez más el reciente episodio de la moción de censura en Ponferrada, la creativa “delegación de cargos” del Sr Oriol Pujol o el episodio de los ERES en Andalucía, ésta no se demuestra por la inexistencia o caducidad de antecedentes penales. Para todo cargo público, la responsabilidad política exige ejercicio continuo del deber de transparencia y de la disponibilidad de dar cuentas a los ciudadanos, que son sus jefes. No es un don adquirido para siempre por lotería (la de la lista del partido, o la biológica, la de nacer de padre o madre rey/reina y, eso sí, dentro de matrimonio heterosexual y monogámico). Día a día. Y si no se cumple, no basta con pedir perdón y seguir como si nada. Aquí no vale lavar los pecados mediante la confesión y el propósito de enmienda (que permite volver a pecar cuantas veces sea el caso). Asumir la responsabilidad política significa marcharse cuando uno no ha estado a la altura de la alta función (del privilegio) encomendada. Sin necesidad de parapetarse tras el muro de interminables procesos y el derecho de presunción de inocencia. Porque ese derecho protege otra cosa, que no la responsabilidad política.

Por eso puede decirse que la responsabilidad política se ejerce cuando se observa la transparencia, la delimitación republicana entre lo público y lo privado (ese modelo de la Roma de Catón), el escrupuloso respeto al Derecho y a la ley (a la igualdad ante la ley). Por eso, es incompatible con el bochornoso espectáculo de la corrupción o de los privilegios –desigualdades, impunidades- aparentemente inevitables de los poderosos (los reyes y sus familiares en este caso), por ejemplo cuando hacen negocios “como si fueran igual que los demás”, la coletilla periodística que, aplicada a quienes viven en permanente privilegio, sólo puede aceptarse como sarcasmo, lo que justifica que seamos particularmente exigentes con ellos. Por eso no podemos aceptar que ni el rey ni la familia real hagan negocios, pues no entran en ellos en igualdad de condiciones con los demás y suman así un enorme privilegio añadido al status de privilegio que ya les hemos otorgado por definición.

Así, hay que concluir que no es adecuada a las exigencias de los tiempos un sistema institucional en el que se excluye de por vida la responsabilidad política del Jefe del Estado, donde no se le somete al test de máxima publicidad, transparencia y control al que deben sujetarse –iguales ante la ley- todos los ciudadanos y sobre todo aquellos que administran poderes, funciones públicas. El oxímoron es evidente: por definición las monarquías son opacas e irresponsables de por vida. La luz, la publicidad, la transparencia, les hace daño porque desvelan el secreto de polichinela, el hecho de que el rey está desnudo.

No sólo es que la experiencia nos muestre machaconamente la verdad del dicho de Lord Acton, esto es que como cualquiera que ejerce el poder, resulta inevitable que los monarcas también se corrompan (más aún si su poder no está sujeto al mínimo control de la transparencia). Es que el carácter vitalicio dificulta la comprensión de que la justificación de su existencia –su magistratura ejemplar y su utilidad- se gana sólo si se ejerce día a día esa magistratura ejemplar. No basta con haberlo hecho bien in illo tempore.

No. Además, cuando los vemos sin los oropeles, cuando podemos hacer cuentas y pedirles que respondan del cumplimiento de sus funciones, exigirles que respondan (que sean responsables) también en lo tocante a su utilidad, es inevitable el asombro ante lo que les pagamos. Para qué. Qué hacen. Para qué sirven. Preguntémonos hoy, por ejemplo si hoy (no en 1977) el rey une a España y a los españoles, o sólo une a los que quieren tenerlo todo atado y bien atado. ¿Comprende el rey el carácter plurinacional del Estado? ¿Puede ser símbolo de esa realidad cada vez más plural?  Podemos y debemos preguntarnos si se sienten representados los ciudadanos por quien en los 70 y 80, desde luego, tuvo su contribución al denominado eufemísticamente “éxito de la transición”, pero desde hace ya bastantes años, según nos vamos enterando (pese al tabú sobre su vida, que debiera ser pública por su status de privilegio), parece dedicar buena parte de su tiempo a ir de la cacería de osos a la de elefantes, golpear a su chófer porque le deja demasiado cerca de manifestantes,  frecuentar como parientes a monarcas que violan masivamente los derechos humanos y propagan ideas medievales (eso sí, sentados en petrodólares), emplear a una de sus amigas como comisionista en tareas de Estado para las que nadie la designó, interrumpir groseramente en público a un Jefe de Estado (eso sí,  mestizo), o hacer lo mismo con la reina consorte cuando aparecen juntos, étc, etc…Y todo eso mientras el común de los ciudadanos (que no súbditos, ni vasallos) pasan dificultades sin cuento. La respuesta, para muchos de nosotros, es sencilla: no. Al menos, ya no. Ya no nos representa. Ya no nos sirve.

Dejemos de pedir peras al olmo. La monarquía –incluso la parlamentaria- no es compatible con las exigencias de renovación de la democracia que son hoy más agudas que nunca ante las contradicciones que la crisis ha contribuido a airear. Necesitamos cerrar el capítulo de democracias y ciudadanías vigiladas paternalistamente por nuestro propio bien. Somos mayores de edad y no necesitamos creer que los reyes son magos. Ni siquiera son nuestros padres.