Más fútbol, menos derechos humanos

 

Javier De Lucas 

Si el sentido común y de la decencia no lo remedian, la selección española va a jugar el próximo 16 de noviembre un partido amistoso en Guinea Ecuatorial. Ese país, antigua colonia española, es una de las más terribles dictaduras que existen, con uno de los peores índices de desigualdad en el acceso a la riqueza y servicios elementales, aunque se encuentra sobre uno de los yacimientos petrolíferos más importantes del mundo.

Que la Guinea de Obiang es un régimen condenable lo prueba, por ejemplo, el documento de denuncia suscrito por tres de las más conocidas Organizaciones de defensa de los derechos humanos: Amnistía Internacional, EG Justice y Human Rights Watch. Existen otros dossiers muy críticos, como el de Reportiers sans frontières. Pero, además, esa riqueza sólo la aprovecha el dictador Teodoro Nguema Obiang (quien según la revista Forbes posee una fortuna de 600 millones de dólares) y su familia, como su hijo Teodoro Nguema Obiang Mangué -conocido  como Teodorín-, un play boy que combina el color de sus zapatos con el de sus coches de lujo y que recientemente sufrió el embargo de buena parte de sus ostentosos bienes en París, por parte de la justicia francesa, a raíz de una denuncia de Transparency International (puede leerse aquí la noticia en español).

 

Evidentemente, la Federación española cobrará una pastizara por semejante evento, que tanto habrá satisfecho al dictador, ávido de promocionar concursos, premios y eventos que lleven su nombre por el mundo: incluso pretendió apadrinar un premio UNESCO/Obiang, con una importantísima dotación, aunque, como recordarán los lectores, en ese caso se impuso el buen sentido y se anuló su propuesta.

Pero la pregunta es si la selección debe ir allí. ¿Debe España, campeona del mundo, bicampeona de Europa, dilapidar su prestigio, manchándolo con ese “bolo” cuya justificación deportiva es inexistente tanto como son evidentes los riesgos de contaminación?

Ya sé que habrá quien repita esa estupidez de que fútbol es fútbol y no política. Pues bien, este partido sí lo es y de la peor especie: es muy mala política. Política deleznable, sobre todo por tratarse de un acontecimiento no necesario, no obligado por el sorteo de una competición. Me dirán que también todas las federaciones y los principales clubs de fútbol van a jugar amistosos, por ejemplo, a China, que no es ningún modelo. No digamos a Kazajstán, donde su dictador, el excomunista y gran amigo del rey Juan Carlos, Nursultan Nazarbayev, reina ininterrumpidamente como monarca absoluto aunque sin corona, desde 1991. (Este atrabiliario personaje, que cambió el nombre de su capital –Astaná en lugar de Almaty-, financió entre otras fruslerías un equipo de ciclismo de  alta competición en el que corrían conocidos ciclistas españoles). E incluso se invocará la celebración del mundial en Argentina en plena dictadura de los generales. Creo que todos eso casos son, en efecto, malas prácticas. Como el mundial a celebrar en Qatar, a base de dinero y sin ninguna justificación razonable. Pero el partido de España en Guinea es peor, por gratuito y por lo que supondrá de ayuda a la causa del dictador.

Se cumple hoy el centenario de un gran admirador del fútbol, Albert Camus, quien dejó escrito: “Todo cuanto sé con mayor certeza sobre la moral y las obligaciones de los hombres, se lo debo al fútbol”. El futbol era para Camus escuela de madurez, de ciudadanía, de convivencia, de fair play, de morals y sobre todo de manners. Esto que maneja la Federación, parece tener poco que ver con semejante ideal.

La respuesta, la única salida decente, es anular ese partido y de paso, enviar un mensaje claro al dictador. Así, no se juega.

 

Compártelo:

No son falta de caridad: son crímenes, estúpidos!

No es falta de caridad, son crímenes, estúpidos!

Javier de Lucas

 

 

 

 

 

La repetición de naufragios en las costas italianas en apenas siete días, con un elevadísimo número de víctimas (331, el 3 de octubre; 50, el día 11) ha dado pie a toda suerte de lamentaciones. También de los responsables de las políticas migratorias y de asilo y de sus instrumentos legales, tanto los italianos como los de la UE. Ya hemos comentado que esas lágrimas de cocodrilo ofenden la dignidad de las víctimas y de todos nosotros. No escribo para insistir en esa vergüenza. Ahora quisiera llamar la atención del lector sobre una omisión gravísima y dos malentendidos o, peor, dos sofismas que, a mi juicio, lastran buena parte de las discusiones que se están produciendo y dejan al rey, a esos políticos, desnudos. Pero también a no pocos medios de comunicación.

La omisión es la que permite que sigamos discutiendo si son galgos o podencos, si son la UE, Italia, Malta, los pescadores, los isleños, quienes deben actuar. No. Quienes no socorren a los náufragos son delincuentes, porque violan la ley. Porque, si son delincuentes o criminales (según la conducta) los ciudadanos que infringen un precepto jurídico vigente, también lo son los políticos responsables de que la UE y/o sus Estados miembros violen una norma jurídica vigente. Y lo son con agravante quienes impiden a los simples ciudadanos que la cumplan.

Esta es la cuestión. Dejemos de hablar de humanidad, de piedad, de solidaridad. Estamos ante una ofensa jurídica y de primer orden, que exige el establecimiento de responsabilidades y las correspondientes sanciones, para evitar el veneno de la impunidad, para evitar el desánimo ciudadano que acaba por metabolizar este horror, porque no hay nada que hacer y los telediarios no informarán más hasta que no suceda otro que supere la cifra de 331 muertos. Hay que dejar claro que se trata de delitos que exigen castigo.

 

 

 

La UE, a través de la obsesiva función de control represivo atribuida a Frontex y también los Estados, como Italia, Malta o España, parecen olvidar en tantísimas ocasiones que, frente a esos náufragos, hay un deber jurídico prioritario de asistencia, impuesto secularmente por las más viejas leyes del mar y hoy por el complejo de Tratados del Derecho internacional del mar. En su origen, insisto, hay normas consuetudinarias básicas que están, por ejemplo, por encima de la ley Fini-Bossi (como recordaba el abuelo de Filippo, el pescador protagonista de una película no precisamente descarnada pero oportuna, Terra Ferma, el film de 2011 de Emmanuele Crealese). Pero, hoy, debemos hablar de violación de obligaciones jurídicas vigentes. Sobre este punto, aconsejo la lectura del pronunciamiento de ACNUR en 2002, Background note on the protection of asylum-seekers and refugees rescued at sea y, sobre todo, del a mi juicio determinante trabajo de Daniel Oliva, Derecho del mar e inmigración irregular.

En efecto, Oliva, tras recordar que “existe un consenso acerca de la obligación de todo buque, sea cual sea su situación, características y localización, sobre la necesidad de concentrarse en salvar vidas de los náufragos o inmigrantes en peligro en el mar“, fundamenta esa tesis en un análisis impecable del complejo de tratados de Derecho internacional del mar: así lo exigen,  explica, artículos como el 98.1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar (Convención de Montego Bay), de 10 de diciembre de 1982, que se complementa con lo dispuesto, entre otros, en los párrafos 2.1, 10 y 13.2 del Convenio Internacional sobre búsqueda y salvamento marítimo (Convenio SAR, versión 1979), y, por ejemplo, en la regla 33.1 del Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar (Convenio SOLAS). En el último decenio se ha concretado y especificado la obligación de auxilio  exigible de los capitanes de buques y de los propios Estados mediante enmiendas a esos Tratados, así como la obligación de los Estados de ofrecer un lugar seguro a los supervivientes. Y aún se ha producido una mayor concreción a través de las denominadas Directrices respecto de la actuación con personas rescatadas en el mar, incluidas en la Resolución MSC. 167 (78) del año 2004, del Comité de Seguridad Marítima, cuyo origen se encuentra en el lamentable episodio vivido en 2001 por el buque de pabellón noruego Tampa, que rescató a 433 solicitantes de asilo que se encontraban en peligro en un barco frente a las costas australianas y al que negaron el desembarco Australia e Indonesia.

 

 

Pero hay más. A mi juicio, el terco desconocimiento de esas obligaciones, al que da cobertura en buena medida el tono adoptado en no pocas informaciones de las que nos sirven los medios de comunicación (que insisten en la dimensión “humanitaria”, “trágica”, que garantiza el prime time) se ampara en dos sofismas.

El primero de ellos es la insistencia en hablar de “tragedia de la inmigración”. No. En buena medida, las víctimas de estos naufragios son refugiados, porque son gentes que huyen de Estados fallidos, de guerras civiles, de situaciones en las que no están garantizados los derechos más elementales: Eritrea, Somalía, Siria o Mali. Pero pronto podría ser Libia, otra vez. Y quizá –sería terrible- Túnez y Egipto. ¿Eritrea? Sí, Eritrea. Basta leer los informe dedicados a Eritrea en The Economist: por ejemplo, el específico sobre la llegada de eritreos a Lampedusa, Eritrea: Why they leave?,  o los que explican la evolución política de ese país: Eritrea: A State of Siege, o Eritrea. Robocal Revolution, que dejan claras las razones del éxodo que ha llevado a huir a decenas de miles de eritreos, muchos más a otras zonas que no son países europeos, como 125000 a Sudán,  87000 a Etiopía, 40.000 a Israel. Desde esa antigua colonia italiana huyen hasta esos países y también hasta Lampedusa, huyendo de un país que se ha convertido en un campo de concentración peor que Corea del Norte. Refugiados, pues, como lo son los que llegan de Siria, un contingente cada vez más importante.

Que sean inmigrantes o refugiados no es cuestión baladí. No, desde luego, porque cambie la gravedad de la tragedia según se trate de unos u otros. Pero es que esta confusión desnuda un dogma de aquellas políticas. Un dogma que se revela como un sofisma basado en prejuicios. En efecto, la doctrina oficial reza que los inmigrantes son económicos, se desplazan sobre todo por razones laborales. Mientras que los refugiados se ven forzados al abandono de su país por razones de persecución política. Pues bien, la UE y la mayor parte de sus Estados miembros han tratado de regular la llegada y estancia de los primeros según los términos de coste/beneficio y de acuerdo con lo que se ha dado en llamar un modelo de vasos comunicantes. Que lleguen sólo tantos como necesitamos en función de la demanda del mercado y sólo mientras los necesitamos y produzcan beneficio. Ni uno más: las cifras han de cuadrar. Respecto a los refugiados, comoquiera que aparecen sólo como coste, como una carga, la política ha consistido en estrechar cada vez más las condiciones que permiten solicitar el asilo en territorio de la UE. Estos, simplemente no pueden llegar hasta nuestro paraíso, de modo legal. Se lo hemos hecho imposible: no queda más que tratar de llegar a la frontera, como sea. Y aún a los que llegan no les dejamos manifestarse como tales: les encerramos en campamentos en condiciones infrahumanas, como en Lampedusa y les tratamos como inmigrantes ilegales que han de afrontar multas de hasta 4000 euros y expulsión…

En uno y otro caso, se sostiene, la prioridad de prioridades es el control, la vigilancia. Esa es la naturaleza de FRONTEX. Se trata de fortalecer las fronteras, incluso de deslocalizarlas, al llevarlas a países terceros aunque no sean nada fiables en materia de derechos humanos: Marruecos, Libia.

 

 

Por eso, el esfuerzo se concentra en controlar la inmigración ilegal, sus redes. Y también, en evitar el mal uso de la vía de asilo por parte de quienes sólo son inmigrantes. El cierre, el blindaje de esas fronteras (Ceuta, Melilla, Malta, Sicilia y sus islas, o Evros y las del Egeo) tiene como consecuencia el encarecimiento del viaje clandestino y el cambio de las rutas. La mayoría de los refugiados, hoy, hacen de media más de 4000 kilómetros para llegar a los mismos puertos en los que se amontonan los inmigrantes a la espera del salto. Y una proporción importante (casi 20000 en los últimos 10 años) mueren en el intento, (puede verse el dossier de Libèration. Porque estas dos catástrofes ante Lampedusa son sólo otros dos episodios más.

Pues bien, como consecuencia de lo anterior, queda desnudo el segundo sofisma, el de quienes sostienen que estamos ante un problema humanitario o de altruismo y que, en tiempos de crisis, la capacidad solidaria, la generosidad, es limitada. Europa (Italia, España) no pueden cargar con toda la miseria del mundo, nos dicen. Ya hacemos bastante. Pero eso no es verdad. No sólo es que nuestra omisión es culpable porque no garantizamos la vida, que es nuestro deber elemental, como recordaba el vicealcalde de Lampedusa, Damiano Sferlazzo, escandalizado por ese abandono de la “cultura de la vida”. En el caso de los refugiados, es que estamos hablando de violación de obligaciones jurídicas específicas, lo que debería tener importantes consecuencias jurídicas.

Porque hay que recordar que, frente a quienes buscan asilo, todos los países europeos, la propia UE, tienen obligaciones jurídicas cuyo incumplimiento debe dar lugar a la exigencia de responsabilidades  materiales, nada simbólicas. Obligaciones que emanan ya del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 de la ONU (por ejemplo, los artículos 5 y 6) y que se han concretado posteriormente: por ejemplo, la obligación de non refoulement, de no rechazo de quienes demandan asilo, que impone el artículo 33.1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados de 28 de julio de 1951, completada por el  Protocolo de 31 de enero de 1967, tal y como ha sido precisada por la Opinión consultiva sobre la aplicación extraterritorial del principio de no devolución en virtud de las obligaciones contraídas por los Estados Parte de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967. Y por si se quiere más, habría que recordar que la violación de este deber infringe lo dispuesto en el artículo 3 de la Convención  contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes de 10 de diciembre de 1984.

Concluyo. Nosotros, los ciudadanos, tenemos la obligación de denunciar que los Estados que sostienen estas políticas migratorias y de asilo no merecen ser llamados democracias, ni aun Estados de Derecho. No respetan el núcleo del Derecho, los derechos humanos básicos. Violan leyes propias (las Convenciones internacionales de refugiados o del Derecho del mar, que han ratificado y están incorporadas al Derecho interno) y al hacerlo, son delincuentes. Hay que exigirles responsabilidades. Hay que exigir una modificación de las políticas de inmigración y asilo que llevan a estas conductas criminales, por antijurídicas, culpables y punibles. En caso contrario, estamos cediendo a la lógica de la barbarie… somos nosotros los bárbaros.

Haut du formulaire

Bas du formulaire

 

MALDITOS DUELOS Y PLAÑIDERAS. A PROPOSITO DE LA ENESIMA TRAGEDIA EN LAMPEDUSA

Como muchos de los que conocen de primera mano la realidad de la inmigración irregular y del laberinto del asilo, escribo desde el hartazgo de escuchar palabras huecas en las declaraciones de tantos prominentes hombres y mujeres que nos gobiernan. Esos que ahora buscan a la prensa para exhibir su compasión y que son los mismos que han rechazado una y otra vez, con prudente realismo y en aras de criterios económicos “racionales”,  nuestras críticas ante su ciega política de inmigración y asilo. Por eso, por hipócritas o, aún peor, por cínicos, malditos sean la inmensa mayoría de los duelos, lamentos y condenas que hemos podido leer en estos días, después de la enésima tragedia en las costas de Lampedusa, el pasado jueves 3 de octubre http://www.infolibre.es/noticias/mundo/2013/10/03/mueren_inmigrantes_tras_naufragar_barco_las_costas_italianas_8302_1022.html

Hay excepciones, sí. La primera, la del papa Francisco, que escogió cuidadosamente  Lampedusa para su primera salida del Vaticano, en julio de este año  y dejó un un duro e impecable  discurso sobre lo que llamó “globalización de la indiferencia” http://es.radiovaticana.va/news/2013/07/13/no_a_la_globalizaci%C3%B3n_de_la_indiferencia/spa-710137 También la de la alcaldesa Giusi Nicolini, que harta de entierros sin nombre y de lamentaciones vanas, escribió a Bruselas para preguntar hasta dónde tenían que ampliar su cementerio sin que La UE se decidiera a actuar. Y que contestó al cínico vicepresidente Alfano comminándole a venir a enterrar a los muertos,  cuando éste pretendió erigirse (habráse visto desvergüenza!!) en portavoz de la necesidad de “otra” consideración de la policía migratoria.

Por lo que se refiere a la prensa, entre mucha basura y no poca crónica de rutina, me parecen destacables tres testimonios: el artículo en La Stampa de Domenico Quirico “Sul molo de Lampedusa a contemplare la norte”, http://www.lastampa.it/2013/10/04/italia/cronache/sul-molo-di-lampedusa-a-contemplare-la-morte-L3CYaGAUVpdIWDD9y2m6vM/pagina.html (se puede encontrar traducción italiana en El País: “De nuevo en el muelle de la muerte”,

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/10/04/actualidad/1380910862_152662.html); el de Juan Luis Sánchez, “Asalto o vergüenza: en qué quedamos” http://www.eldiario.es/zonacritica/lampedusa-asalto-verguenza_6_182391771.html y el de Sami Naïr, “Morir en Lampedusa”, http://internacional.elpais.com/internacional/2013/10/04/actualidad/1380888322_741511.html.  Los tres ponen de manifiesto algo que me parece imprescindible. Hay relación de nexo causal entre esas tragedias y las políticas migratorias de los países de la UE, empeñados en un modelo basado en el control “hidráulico” (tantos entran como puestos de trabajo disponibles y necesarios; ni uno más. Y a los que “se cuelan” hay que echarlos de inmediato) y obsesionado con la <lucha contra la inmigración ilegal,  pero no tanto con las causas reales de los movimientos migratorios. Y es que resulta insoportable la contradicción de estar empeñados en difundir discursos xenófobos y racistas que predican una Europa asediada por las amenazas de las hordas del tercer mundo, discursos que inspiran la construcción de muros y la vigilancia de los mares con cañoneras (como exigía el ministro Marone, compadre del hoy compungido Alfano) y luego soltar la lágrima por los muertos.

Porque estos muertos no son los primeros. Baste pensar en que han quedado en las aguas y orillas de Lampedusa más de 8000 cadáveres desde 1990: los cómputos más fiables hablan de más de 17000 en los últimos diez años en toda Europa: basta examinar por ejemplo el dossier “Muertos en las fronteras de Europa: un éxodo letal”, http://www.unitedagainstracism.org/pages/map_FortressEurope_OWNI.htm o, de la misma ONG, la lista de refugiados muertos en las fronteras europeas http://www.unitedagainstracism.org/pdfs/listofdeaths.pdf. Para quien esté interesado en las cifras en nuestro país, es decir, para las víctimas en el Estrecho y en el viaje desde las costas de Africa Occidental a Canarias, son imprescindibles los informes anuales “Los derechos humanos en la Frontera sur”, elaborados por la Asociación por Derechos Humanos/Andalucía, APDHA: por ejemplo, http://www.apdha.org/media/Balance_Migratorio_2012.pdf

En el desastre del dia 3 en Lampedusa hablamos quizá de más de trescientos muertos, puesto que sólo se ha rescatado con vida a 155 de los aproximadamente 500 pasajeros. 500 hombres, niños y mujeres (algunas de ellas embarazadas)  que, en su mayoría (salvo los procedentes de Siria) han recorrido más de 4.000 km en su huida de la guerra en Somalia y del caos en Eritrea, de la miseria aquí y  allá. Más de 300 muertos. Un listón paradójica y tristemente demasiado alto como para que los próximos naufragios –que llegarán- alcancen atención mediática. Pero no pasa nada. Las lamentaciones se producen como si se tratase de muertes naturales o de crueles designios del destino. No podemos, no debemos aceptarlo. El hartazgo y la rabia que nos llena a muchos de nosotros no es el de la impotencia ante desastres “naturales”, tan lamentables como inevitables. Lo diré: esas muertes son homicidios, si no algo peor. Y hay responsables. Hablemos de ellos. Y no sólo para decir que malditos sean.

Malditas, sí,  las autoridades nacionales –las italianas en este caso-, que hacen leyes que convierten a inmigrantes irregulares  y necesitados de asilo en presuntos delincuentes. Hagamos algunas preguntas: ¿Alguien ha reparado en el hecho de que forman parte del actual Gobierno italiano (ese que, al decir de algunos prudentes opinadores, sería una esperanza para la izquierda por haber vencido a Berlusconi) un vicepresidente –Alfano- y varios ministros del partido que respaldó la ley Fini-Bossi que significó en 2002 el establecimiento de la inmigración irregular como delito y la penalización de la ayuda a los inmigrantes irregulares? ¿Alguien ha tenido en cuenta que esa ley, que el mismo “renovador” Gobierno Letta no ha derogado –ni entraba en sus planes; veremos ahora, ante la conmoción de la opinión pública- es muy probablemente la razón de que los tres pesqueros que no auxiliaron al buque en llamas podían haber sido multados (incluso con penas de prisión) en caso de haberlo hecho? No es esa ley una violación flagrante de las viejas leyes del mar, como muestra Terra ferma, la película de Emmanuele Crealese de 2011? Qué grado de cinismo permite a ese Gobierno declarar que dará la nacionalidad póstuma a los muertos para enterrarlos como ciudadanos italianos –europeos- y así “cumplir al menos de esta manera su sueño”, sin vomitar por ese gesto de asqueroso paternalismo? Hay toneladas de dignidad mayor en las miles de tumbas sin nombre , que no en estos entierros “oficiales” para “buenos muertos europeos”.

 

Maldito sea el Senatur Bossi y su Legha Nord, que han atizado el fuego xenófobo y a los que no les parece suficiente la ley antimigratoria que él mismo impulsó junto con su entonces aliado Fini. Y malditos los políticos del Polo de la libertad de Berlusconi que hicieron también campaña con estos lemas y defendieron esa ley aberrante. Maldito Bossi, quien tiene el cinismo de echar la culpa de la tragedia a la ministra de integración del Gobierno Letta, Cecile Kyenge, que por el mero hecho de ser africana constituye de suyo un poderoso “efecto llamada”, origen del viaje irresponsable que emprenden los “inmigrantes africanos”. Un efecto como aquel que tanto preocupó a los Gobiernos de Aznar en España y, de otra manera, también a algunos ministros del PSOE, como los señores Corbacho y  Camacho. Por eso,  malditos los gobiernos que permiten que continúe la tragedia en torno a Canarias y en el Estrecho, cementerios marinos, territorios de naufragio que ha sabido documentar con mirada propia el extraordinario fotoperiodista Marcos Moreno (www.marcos.moreno.com), a quien dedicó su página especial la revista Periodistas en su número 39 http://www.fape.es/simplemente-periodismo_fape_revista-periodistas-818834101421752.htm.

 

Malditas las autoridades europeas responsables de las políticas migratorias y de asilo de la UE. Es cierto que la competencia en estos temas corresponde a los estados nacionales, pero ¿podemos olvidar el efecto criminalizador y de negación de derechos, por ejemplo, de la malhadada Directiva europea de retorno, adoptada en 2008? ¿Podemos olvidar la progresiva degradación del derecho de asilo a la que contribuyen no sólo los Estados nacionales que modifican a la baja su marco legal sobre asilo y refugio (como lo han hecho el Gobierno español, el del Reino Unido, el italiano, el danés  o el holandés, por poner algunos ejemplos), sino la propia UE? En efecto, la UE se muestra terne en su empeño de una lista restrictiva de “países seguros” y voraz en exigencias de blindaje de fronteras para impermeabilizarlas contra una presión de refugiados ignorando que éstos se dirigen sobre todo a países limítrofes y apenas pueden llegar a Europa. ¿Qué decir de esos acuerdos bilaterales para permitir expulsiones rápidas (y aun colectivas) de recién llegados de quienes apenas alguna vez se averigua si pudieran ser refugiados a los que hacen cada vez más difícil plantear las demandas de asilo?. Por eso, no es aceptable el horror de la comisaria Malström que se espanta de lo sucedido y dice que hay que luchar más eficazmente contra los traficantes de personas. No se han enterado de nada. No quieren enterarse de la verdad. Veremos si la reunión de los Ministros de Interior de la UE en Luxemburgo, el martes 8 de octubre, da muestras de haber aprendido algo…

 

Malditos, insisto,  quienes propician que se lesione sin remedio ese derecho elemental, el derecho de asilo, última esperanza para centenares de miles de refugiados. Porque se comete un gravísimo un error, a mi juicio, cuando se habla de tragedia de inmigrantes irregulares o indocumentados o clandestinos. Sería muy grave si se tratase de eso. Pero es aún peor. Quienes llegaban ahora a esa isla eran, en gran medida, como sucedió en 2011, refugiados que huyen en busca de asilo. Huyen de Estados fallidos como Somalia o Eritrea (http://www.rtve.es/alacarta/audios/paises-en-conflicto/paises-conflicto-eritrea-dictadura-afewerki/1624444/). Huían de la guerra, del hambre y de la persecución de bandas paramilitares y parapoliciale,s cuando no de la propia policía y de los ejércitos que devastan a la población civil. Y nuestros Estados (Italia, España, Francia…la UE también) no tienen frente a ellos un deber de caridad, de solidaridad o humanitario, sino una obligación jurídica de primer orden. La que nace de ser partes, de haber incorporado en nuestro Derecho las Convenciones  e instrumentos jurídicos del Derecho internacional de refugiados.

 

Por eso, maldito será también el Alto Comisario de los Refugiados de la ONU (ACNUR), el portugués Gutierres si, además de lamentar la tragedia y enfatizar su gravedad de modo ritual, como en ocasiones anteriores, no recuerda con toda exigencia y vigor que se están violando obligaciones jurídicas internacionales.y que hay responsabilidades exigibles.  Y hace todo lo posible para que se establezcan esas responsabilidades, en lugar de mirar para otro lado tras el comunicado con crespón.

 

Malditas las autoridades nacionales y europeas cuando, en casos contrastados aunque afortunadamente excepcionales respecto a lo que es su línea de actuación habitual (por la que merecen reconocimiento) han hecho la vista gorda sobre naufragios en los que hay fuertes indicios de responsabilidad por parte de quienes tienen el primer deber de proteger. Pongo como ejemplo el caso detallada y empecinadamente denunciado por el periodista Nicolás Castellano y sobre el que ocho meses después (no como en el accidente del Alvia en Santiago) seguimos sin haber esclarecido los hechos: http://www.cadenaser.com/espana/articulo/meses-justicia-victimas-patera-arrollada-guardia-civil/csrcsrpor/20130827csrcsrnac_1/Tes

 

Ya sé que siempre habrá una voz realista que recuerde que la responsabilidad frente a las desgracias que ocurren en el mundo no es dela UE  Europa, ni de Occidente, sino en primer lugar de los propios regímenes y aún de los países en que la población vive en la miseria, con hambre, sin derechos, sin expectativas de vida. Pero no puedo aceptar que nuestra respuesta a los eritreos, somalíes y sirios, a ese nuevo pueblo que vive una Anábasis inédita como escribía Quirico, el pueblo de la inmigración, el de los refugiados, sea: “busquen en otra ventanilla. Nosotros ya cumplimos y más que nadie con los programas de cooperación y desarrollo”. Vergüenza para todos nosotros, quienes presumimos de los valores de la UE, de la defensa y garantía de los derechos humanos y de la democracia y los olvidamos en cuanto son de otros y llegan hasta nosotros. ¿Cómo podrán entender esta barbarie nuestros nietos, si no exigimos que se haga justicia, que se adopten medidas que primen esa garantía de los derechos humanos universales como condición sine qua non, en lugar de hacer cada vez más difícil la esperanza de asilo para los desamparados y negar el derecho elemental a la salud a los pobres inmigrantes irregulares como hemos aprobado aquí con el Decreto 16/2012 del Gobierno Rajoy?

 

A todos aquellos a quienes maldigo, les deseo como redención que sean capaces de emprender, al menos metafóricamente, al menos mediante la lectura,  el viaje al revés, el de Salvatore Piraci, el protagonista de la novela de Laurent Gaudé, Eldorado. Piraci, comandante del guardacostas Zeffiro, con base en Catania, vigila la llegada de inmigrantes a Lampedusa. Este “centinela del la ciudadela Europa” conoce a una mujer inmigrante que ha perdido a su bebé en la travesía hacia Lampedusa y sölo vive para vengarse de los traficantes que la explotaron en ese viaje. Piraci acabará por emprender el viaje a la inversa y comprender así la Anábasis de los desplazados, la  travesía vital de miles de seres humanos que llegan hasta Libia, hasta Ceuta o Melilla, en pos de un sueño que los europeos sólo queremos para nosotros.

 

El rey, ante el soberano. sobre el articulo 59.2 de la Constitución

 

Uno de los síntomas de la escasa convicción democrática que impera en buena parte de los círculos monárquicos (de los fanáticos como Ansón y de los otros, los oportunistas, grupo en el que “militan” hasta nueva orden buena parte de los políticos profesionales y una gran cantidad de los medios de comunicación), es el atavismo que consiste en seguir calificando al rey como “soberano”. Hasta el más lerdo sabe que el soberano, en democracia, es el pueblo, los ciudadanos. Y el rey, no es otra cosa que un alto funcionario, que debe su empleo a la voluntad de la ciudadanía expresada -tácita más que expresamente, eso sí- al aprobar la Constitución de 1978.

Consecuencia de ello, por ejemplo,  es que son los ciudadanos –las Cortes que reúnen a sus representantes- quienes deberían tener la decisión última en alguno de los supuestos excepcionales que pueden afectar al desempeño de las funciones del mentado funcionario. Es el caso, me parece, de lo dispuesto en el artículo 59.2 de la Constitución: “Si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere reconocida por las Cortes Generales, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia el Príncipe heredero de la Corona, si fuere mayor de edad”.. En efecto, es cierto que la redacción presenta cierta ambigüedad y, sobre todo, no ha habido el menor interés en su desarrollo legislativo en este punto (no se ha legislado aún la ley orgánica que menciona el artículo 57.5 de la Constitución: «Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverá en una ley orgánica»,  como tampoco se ha legislado en otros aspectos básicos relativos a la corona). Pero es imposible soslayar que la lógica democrática impone una solución para el caso en que se constate la incapacidad del monarca para el ejercicio de su cargo y ésta no es asumida por quien desempeña la función. Ese es el sentido, a mi juicio, del mencionado artículo 59.2.

La  habitual y pacata interpretación de ese precepto sugiere que la actuación de las Cortes sólo se puede producir si el propio rey decidiera que ya no tiene capacidad para continuar con su tarea. La fórmula “se inhabilitare” sería reflexiva, no impersonal. Estaríamos así ante un supuesto complementario, pero distinto, de la abdicación, dos decisiones de las que sólo es competente el rey: nadie puede abdicar por él, es decir, obligarle a tomar la decisión de dejar su función. Del mismo modo, sólo el rey puede decidir que está inhabilitado para el desempeño de su cargo y en ese caso las Cortes se limitan a constatar –“reconocer”- tal incapacidad y abrir paso a la regencia. Esta es, por cierto y a mi juicio, una interpretación más próxima a un modelo predemocrático, en el que el rey es el soberano. Dicho de otro modo, el 59.2 sólo se habría pensado para casos de “incapacidad temporal” en los que las funciones serían desempeñadas por el regente, previa declaración de las Cortes asumiendo esa incapacidad que el rey declara y las Cortes reconocen.

Sin embargo, creo que cabe otra interpretación, que recupera el papel protagonista de las Cámaras como expresión de la soberanía popular y la lógica sumisión del rey a quien es el representante del soberano. El artículo 59.2 sería otra manifestación del principio democrático que afirma que el soberano es el pueblo, pues son sus representantes quienes deciden si el rey está inhabilitado –cuando obviamente el rey mismo no lo hace- y, por tanto, al  reconocer esa inhabilitación, dan paso a la regencia. La fórmula “se inhabilitare” sería impersonal: la constatación de que habría quedado incapacitado, constatación que requiere el reconocimiento de las Cortes  a falta del reconocimiento del propio rey. Esta interpretación no sería opuesta a la <reflexiva> sino que la incluiría. Esto es, la inhabilitación del rey, obviamente, puede ser decisión del propio rey, pero lo que sucedería normalmente es que el titular no reconoce esa incapacidad y es quien está por encima de él, quien le ha contratado, es decir, el pueblo a través de sus representantes, el que tiene la competencia para constatar su estado y actuar en consecuencia. Bien es verdad que,  pasados más d 30 años después de aprobar la Constitución, aún no han tenido tiempo los diputados de precisar cómo deba procederse…

Pues bien, por mucho que se empeñe la Casa Real –con su inédita y significativa rueda de prensa sobre la inminente y 13ª intervención quirúrgica al rey-, las evidencias son difícilmente refutables. El rey no parece capacitado ya para ejercer las funciones de su cargo. No parece que lo esté, ni física, ni tampoco intelectualmente, como se comprobó otra vez en la reciente apertura del año judicial. Si eso es así para un asunto sencillo como pasar la palabra en un discurso, no digamos para ejercer en condiciones la más alta representación del Estado en los escasos temas en los que constitucionalmente es necesario. Evidentemente, poco se puede añadir sobre su nula capacidad de intermediación en el contencioso más importante que afronta el viejo Estado que es España, la posible secesión de Cataluña: por si no tuviéramos elementos de juicio a ese respecto, lo que ahora hemos sabido sobre la actuación del rey frente al Sr Esteve, presidente de la diputación de Barcelona, en una audiencia real, así lo confirma (http://www.eldiario.es/lacrispacion/rey-perdio-
papeles_6_176792330.html).

Pero tampoco el rey parece capacitado y útil  en lo que se refiere a lo que más nos afecta a quienes le empleamos –los que le dimos el empleo, digo-, esto es, la gestión de la crisis. No hay una sola imagen, testimonio o argumento que no nos muestre que no se ha enterado de nada, más allá de la retórica paternalista que también usaba su antecesor, el general Franco. Sus “reflexiones” sobre los jóvenes que han de abandonar el país y que supuestamente le quitan el sueño, son un verdadero insulto a la inteligencia.

En fin, cada vez son más evidentes los ejemplos de que no es D Juan Carlos ningún modelo de ejemplaridad que pueda inspirarnos, salvo en el estoicismo indiscutible –fruto quizá de su disciplina castrense- con el que vive su deterioro físico. Lo prueba inequívocamente no ya su conducta personal, en la que evidencia una creciente incapacidad para controlarse, sino casos más relevantes e incompatibles con su alta función. Por ejemplo, su gestión en el escándalo Noos, que afecta directamente a su familia y por tanto  a él mismo. Por no hablar de la falta de claridad en lo que toca  a su situación financiera (cuentas en el extranjero, comisiones), o la gestión privada de bienes que son patrimonio público.

Que su status es el de super-privilegio, pudiera justificarse desde una concepción predemocrática, en la que el monarca es casi sagrado y por tanto ajeno al imperio de la ley, que se confunde con su voluntad. Pero la democracia,  cuya regla es la egalibertad, casa mal con el privilegio  y por eso la lógica democrática coherente es republicana en cuanto a la forma de Estado. De ahí el rechazo generalizado y creciente que resulta de constatar que, en tiempos de crisis y de durísimas medidas para todos los ciudadanos, los recortes apenas existen más que muy simbólicamente para el rey y su familia. Por ejemplo, para el resto de los españoles ancianos y enfermos, que no tienen a su disposición eminencias venidas de la clínica Mayo para reparar sus maltrechos huesos: muy al contrario, cada vez han de esperar más larguísimas listas de espera y tentarse el bolsillo para ver si podrán pagar los medicamentos y tratamientos que antes del Gobierno Rajoy venían de suyo con un modelo de salud pública que ya nos parece una ilusión. Tampoco es igual el futuro económico del monarca inhabilitado y jubilado, en su caso. No le va a afectar el recorte brutal en las pensiones perpetrado por el Gobierno Rajoy. Y, si se jubila,  siempre puede viajar a Londres donde sigue actuando la trapisondista Corinna que tanto se ha beneficiado de las arcas públicas de los españoles, o, mejor, a Suiza con su amigo el Agha Kan, o a las monarquías del Golfo, donde nadie podrá exigirle responsabilidades jurídicas una vez decaída su intangibilidad como monarca.

Que el rey está de hecho inhabilitado dicho queda, aunque no parece que ni él ni su entorno lo quieran reconocer.  Pero no cabe esperar que el monarca reconozca tal incapacidad ni tampoco que vayan a intentar convencerle  de hacerlo quienes –en su entorno- deberían adoptar esa iniciativa, en interés también de la propia monarquía. Tampoco quiere oír una palabra sobre su abdicación. Así que los partidos mayoritarios, PP y PSOE,  que con el pretexto de que no toca ahora (nunca, en realidad), se oponen a replantearse lo que es cada vez más un clamor popular, esto es, ejercer el derecho a reformar la Constitución para poder elegir República o monarquía, ya saben lo que tiene que hacer para al menos maquillar su resistencia a responder a ese clamor. Deberían, a mi juicio, tomar la iniciativa que les ofrece el artículo 59.2 de la Constitución y actuar en consecuencia. Una decisión que se justifica por la prioridad del interés general de los ciudadanos, que es el interés de la democracia misma. Y que, a mi juicio,  es más importante que legislar sobre la corona o el príncipe de Asturias.

No me parece grave que se ofrezca esta última oportunidad a la monarquía. La inmensa mayoría de los republicanos, que somos gente leal con la legalidad constitucional (por democrática) y queremos cambiarla a través de la ley, aguantaremos esa prórroga. Sobre todo porque muchos estamos convencidos de que, en caso de que no se haga esta interpretación, más pronto que tarde los ciudadanos sabrán exigir responsabilidades por la incapacidad de la monarquía para adoptar decisiones en aras  del interés general. Pero también por la nula capacidad de esos partidos mayoritarios (pero no sólo ellos, ay!) para salir del servilismo y actuar en consecuencia con ese interés. No pueden seguir tratando al pueblo como un menor de edad al que no se puede consultar porque que no es capaz de decidir por sí mismo y porque estos son momentos complicados en que mejor no menealla. Precisamente en los momentos difíciles, que sufren en primer lugar los ciudadanos, es cuando éstos deben poder tener el derecho de decir lo que hay que hacer. Eso es lo que llamamos democracia.

 

(PEN)ÚLTIMA OPORTUNIDAD PARA LA MONARQUÍA

 

Por mucho que se empeñe la Casa Real –con su inédita y significativa rueda de prensa sobre la inminente y 13ª intervención quirúrgica al rey-, las evidencias son difícilmente refutables. El rey no parece capacitado para ejercer las funciones de su cargo.

No lo parece, ni física, ni intelectualmente, como se comprobó en la reciente apertura del año judicial. Si eso es así para un asunto sencillo como pasar la palabra en un discurso, no digamos para ejercer en condiciones la más alta representación del Estado, por ejemplo en el escenario internacional. Evidentemente, poco se puede añadir sobre su nula capacidad de intermediación en el contencioso más importante que afronta el viejo Estado que es España, la posible secesión de Cataluña: Por si no tuviéramos elementos de juicio, la actuación del rey frente al Sr Esteve, presidente de la diputación de Barcelona, en una audiencia real el pasado 12 de septiembre, así lo confirma. Y en lo que se refiere a su cercanía e iniciativa en relación con lo que más afecta a quienes le empleamos –los que le dimos el empleo, digo-, esto es, la gestión de la crisis, no hay una sola imagen, testimonio o argumento que no nos muestre que no se ha enterado de nada, más allá de la retórica paternalista que también usaba su antecesor, el general Franco. Sus “reflexiones” sobre los jóvenes que han de abandonar el país y que supuestamente le quitan el sueño, insomnio que quizá ocupa para enviar mensajes a la trapisondista Corinna interesándose por la salud de sus hijos, son un verdadero insulto a la inteligencia. Su gestión del escándalo Noos, que afecta directamente a su familia y por tanto  a él mismo, tampoco resulta ejemplar.

En fin, tampoco es D Juan Carlos ningún modelo de ejemplaridad que pueda inspirarnos, salvo en el estoicismo indiscutible con el que vive su deterioro físico, elogiado de forma tan <elegante> como impropia de la buena educación por la susodicha Corinna. Claro que el resto de los españoles ancianos y enfermos no tienen a su disposición eminencias venidas de la clínica Mayo para reparar sus maltrechos huesos: muy al contrario, cada vez han de esperar más larguísimas listas de espera y tentarse el bolsillo para ver si podrán pagar los medicamentos y tratamientos que antes del Gobierno Rajoy venían de suyo con un modelo de salud pública que ya nos parece una ilusión.

Por lo demás,  el futuro económico del monarca inhabilitado y jubilado -en su caso- no plantea problemas. No le va a afectar el recorte brutal en las pensiones perpetrado por el Gobierno Rajoy. Y siempre puede viajar a Londres, o, mejor, a Suiza con su amigo el Agha Kan, o a las monarquías del Golfo donde nadie podrá exigirle responsabilidades jurídicas una vez decaída su intangibilidad como monarca.

Pero el actual monarca no quiere oír una palabra sobre su abdicación (que es prerrogativa exclusiva de su persona). Así que los partidos mayoritarios, PP y PSOE,  que contra toda lógica democrática se oponen a replantearse lo que es cada vez más un clamor popular, ejercer el derecho a reformar la Constitución para poder elegir República o monarquía, ya saben lo que tiene que hacer para maquillar su resistencia a responder a ese clamor: tomar la iniciativa que vagamente les ofrece el artículo 59.2 de la Constitución y actuar en consecuencia: “Si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere reconocida por las Cortes Generales, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia el Príncipe heredero de la Corona, si fuere mayor de edad”.  Una decisión que se justifica por la prioridad del interés general de los ciudadanos, que es el interés de la democracia misma.

Que el rey está inhabilitado dicho queda, aunque no parece que ni él ni su entorno lo quieran reconocer.  Pero no cabe esperar que él reconozca tal incapacidad ni tampoco que vayan a intentar convencerle  de hacerlo quienes –en su entorno- deberían adoptar esa iniciativa, en interés también de la propia monarquía. Pues bien, interpretemos el precepto constitucional como parece exigirlo la gravedad de la situación y sea el Congreso quien lo declare y de ese modo dé curso al reconocimiento por las Cortes Generales de tal imposibilidad. Que se le ofrezca esta última oportunidad a la monarquía. La inmensa mayoría de los republicanos, que somos gente leal con la legalidad constitucional (por democrática), aguantaremos esa prórroga. Si no, muy probablemente más pronto que tarde los ciudadanos sabrán exigir responsabilidades por la incapacidad de la monarquía para adoptar decisiones en aras  del interés general. Pero también por la nula capacidad de esos partidos mayoritarios para salir del servilismo y actuar en consecuencia con ese interés.

 

 

 

Para empezar a trabajar sobre cine, literatura y derecho

En nuestras Facultades de Derecho la atención a la literatura y el cine como instrumentos para la formación de los juristas es relativamente reciente. Sin embargo, la relación del Derecho con una y otro viene, obviamente, de lejos. En casi todas las culturas encontramos representaciones del Derecho, de la experiencia de lo jurídico, a través del arte y ahí surge necesariamente la remisión a la literatura y al cine.

Tanto si hablamos del <Derecho en la literatura> como del <Derecho como literatura>, cualquier lector medianamente ilustrado puede ofrecernos, sin duda, ejemplos que nos remiten, por ir a lo grueso, a los clásicos de la literatura y del teatro griego, a las comedias de Shakespeare o a nuestro Don Quijote, sin olvidar la tradición de narraciones infantiles en las que instituciones y sentimientos jurídicos ocupan un lugar central, como bien sabían los hermanos Grimm. Por eso, uno de los grandes juristas norteamericanos del siglo XIX, Benjamin Cardozo, reconocía a los novelistas y poetas como “los primeros maestros de los juristas”. Algo de eso parece sostener Martha Nussbaum, autora de Poetic Justice (1995)[1]. Un modelo que, en cierto modo alcanza una cumbre en la persona de quien fuera uno de nuestros más notables catedráticos de Derecho Romano y de Derecho Natural, un cierto Leopoldo García Alas y Ureña, cuya tesis doctoral versó, por cierto sobre Derecho y moralidad y que fue traductor entre otras de una obra capital del jurista Jhering, La lucha por el Derecho. Lo hizo con particular talento creativo, casi tanto como el que mostró al escribir la obra por la que es más conocido, aunque la firmara con otro nombre, Clarín: La regenta.

Pero es que la relación entre el cine y el Derecho es asimismo constante, pues  se remonta casi a los inicios del séptimo arte. El Derecho, como la literatura y el cine, son disciplinas narrativas y por eso el carácter retórico y argumentativo del Derecho, su lenguaje, sus razones, se pueden explicar gracias a la literatura, el teatro, el cine. Y, sobre todo, si acepta que el Derecho es básicamente acción e interpretación, experiencia jurídica creada por los juristas y los ciudadanos y no sólo producción normativa en manos del poder legislativo y ejecutivo, puede entenderse mejor la utilidad del cine para la formación de los juristas. Una utilidad que no se atiene necesaria ni exclusivamente aquel tipo de cine que se suele relacionar directamente con el mundo jurídico, el género de trial movies, cine de procesos, de juicios, que cuenta con ejemplos que todos podemos citar, como 12 hombres sin piedad, Testigo de cargo o Matar a un ruiseñor

No hay prácticamente aspecto o problema relevante del Derecho que no encuentre tratamiento en el cine. De hecho, una mínima aproximación bibliográfica ofrece mas de setecientos títulos de películas con esa temática. En todo caso, creo que conviene evitar el prejuicio de la supuesta frivolidad en el tratamiento cinematográfico del Derecho. El cine comercial, desde luego, no es riguroso con los asuntos jurídicos, pero tampoco lo es con la política, con el trabajo, con la violencia, con la vida…De hecho, el cine clásico de Hollywood no deja de ser comercial  y parece que la eclosión de lo que podríamos denominar el paradigma de cine jurídico, el género de  trial movies, película de jurado, a finales de los 50, no es ajeno a razones comerciales, pues obedeció a que las productoras pequeñas no podían competir con el colosalismo de los grandes estudios.  Es verdad que, en la mayoría de los casos, la industria de Hollywood nos ofrece una imagen del Derecho que está acaso demasiado vinculada al stablishment dominante en los EEUU y a su sistema jurídico, del que por otra parte supo pueden desnudar los trucos y patologías, como lo consiguió tantas veces genialmente Billy Wilder, por ejemplo en su En bandeja de plata.

Insistamos: el lenguaje del cine es un instrumento de primer orden para transmitir cuanto está en el núcleo del Derecho, de sus tensiones, de sus paradojas, de su grandeza y también de su miseria. Lo muestra la relatividad de la verdad que persigue el Derecho: la  dificultad de las diferentes versiones de la verdad y del drama que supone la relativa renuncia a la verdad por parte de los agentes del Derecho. Esa tensión es más fácil de entender a través del lenguaje del cine, incluso más que en otro de los vehículos tradicionales de estos problemas jurídicos, las novelas de detectives o género negro, comenzando por el arquetipo creado por Conan Doyle, Sherlock Holmes, un verdadero tesoro para enseñar lógica y argumentación jurídica, hasta las novelas de Hammet y Chandler que inspiraron buena parte del mejor cine negro. Pero, en realidad, los problemas jurídicos aparecen en muy diferentes géneros del cine: por ejemplo, en el cine del far-west (el cine del oeste) o en el de ciencia ficción, en los que la noción de justicia, del fuera de la ley, el papel de los jueces y los derechos del ciudadano de a pie, la discriminación, el racismo, la libertad de palabra, el derecho a la vida, son asuntos fundamentales. Y finalmente, para entender los cambios a los que el Derecho obedece, nada mejor que seguir los modelos que nos ofrece la industria del cine. Por ejemplo, si quieren saber si nuestra respuesta jurídica y política frente al terrorismo es compatible con las exigencias del Estado de Derecho  y con el marco de legitimidad legal que ofrecen nuestras constituciones, conviene ir al cine.

Pero volvamos al punto de vista académico, el que se relaciona más directamente con los trabajos de este quinto congreso. En nuestra reunión se trata algo que, a mi juicio,  debería interesar mucho a la ciudadanía, a la sociedad civil, como ahora está de moda decir. Pero no tanto por razones de mercado, sino sobre todo porque tiene mucho que ver con la mejora de las condiciones que aseguran una convivencia pacífica y decente. Por encima de todos los tópicos de los que está lleno incluso el refranero, de los malos chistes sobre abogados, los juristas pueden contribuir a ese objetivo. También al contrario, desde luego. Por eso, y aun a riesgo de que se me trate de ingenuo, sostendré que ello depende en no poca medida de la formación de los juristas. Por eso es tan importante cuidar la enseñanza del Derecho, darle medios. Exigirle, sí. Exigir calidad, rigor, espíritu crítico, conocimiento de la realidad social y de las funciones que el Derecho puede y debe desempeñar. Y por eso es tan importante contar con la literatura y el cine en las Facultades de Derecho.

Pues bien, no debe parecer extraño que hayan sido siempre los movimientos más críticos con el positivismo jurídico formal legalista, aquellos que tratan de superar la visión casi autista que éste nos propone del Derecho –a imagen del barón de Münchaussen-, los que ponen el acento en la necesidad de saber insertar el Derecho en su contexto social para comprender el sentido y función que atribuimos al Derecho y a los juristas, para poder enseñarlo, interpretarlo, para trabajar con el Derecho, en definitiva. Por tanto,  la conveniencia de ponerlo en relación con las disciplinas que nos explican ese contexto (sociología, historia, economía), pero también con las representaciones de lo jurídico en el arte.

No es de extrañar que sea en el seno de concepciones críticas como el movimiento Critical Legal Studies (CLS) [2] donde comienzan a desarrollarse estas iniciativas que, desde los EEUU, se extienden con fuerza en América Latina (notablemente en Brasil) y en  toda Europa (Inglaterra, en Alemania, en Italia o Francia y también en España), aunque los antecedentes nos obligan a remontarnos a la obra de White, The legal Imagination (1973). Son relativamente conocidas las obras de los principales defensores y adversarios de esta corriente, como las de Ward, Weisberg y, sobre todo, Richard Posner[3]. Ese movimiento cobrará aún más fuerza ante la evidencia de que la interpretación es la dimensión clave de lo jurídico, lo que obliga a los juristas a volver la atención hacia los estudios de semiótica, teoría y crítica literaria, pero también a la teoría de la argumentación como elementos clave en la formación de los juristas, algo en lo que viene insistiendo con acierto y rigor desde hace años el profesor Atienza[4]. La contribución desde la sociología jurídica es asimismo muy notable: puede comprobarse la atención que prestan a estos vínculos sociedades como la Law and Society Association (LSA) que edita la Law and Society Review (http://www.lawandsociety.org/),  o su equivalente Droit et Societé (http://www.reds.msh-paris.fr/publications/revue/revue-ds.htm#enligne). En la misma línea puede verse el trabajo desarrollado desde Critical Legal Thinking. Law and the Political: http://criticallegalthinking.com/2013/08/26/introducing-counterpress-a-new-open-access-publisher-of-law-and-critical-theory/. Pueden verse por ejemplo, entre otros,  los interesantes trabajos publicados por el profesor Ricardo Sanín[5].

 

En  toda Europa hay movimientos que reúnen a profesionales del Derecho y a profesores que tratan de desarrollar la vinculación entre Derecho y literatura: así, en Francia, en torno al jurista y profesor Antoine Garapon, autor de Imaginer la loi. Le droit dans la litterature (2008)[6], en Italia la Associazione italiana Diritto e Letteratura, AIDEL www.aidel.it, la Nordic Network for Law and Literature  http://littrett.uib.no/index.php?ID=Nyheter&lang=Eng, o la European Network for Law and Literature http://www.eurnll.org. No es casualidad que un proyecto docente particularmente innovador en el ámbito del Derecho, como la Academie Européenne de Théorie du Droit sea impulsada por el profesor Ost, autor de obras de referencia como Raconter la loi. Aux sources de l’imaginaire juridique, (2004),  Sade et la loi (2005) y coordinador de Lettres et lois. Le droit au miroir de la littérature (2001). Por lo que se refiere a la relación entre Derecho y cine,  además de una obra pionera, aunque muy específicas, la del sociólogo del Derecho italiano Vincenzo Tomeo, Il giudice sullo schermo. Magistratura e polizia nel cinema italiano (1987), debe destacarse la contribución del grupo de Edimburgo que coordina el profesor Robson, cuya obra más conocida es Film and the Law: The Cinema of Justice.  Por otra parte, son muchas las webs consagradas a esta relación: por ejemplo, Droit et Cinema: www.droit-justice-cinema.fr. Más específica,  sobre cine y criminalidad organizada, puede consultarse la web http://www.youtube.com/watch?v=Pf54TCv-U_g&feature=share

En España, entre quienes han prestado mayor atención al desarrollo del movimiento que relaciona Literatura y Derecho (así los profesores Ramiro[7], Llamas, Barranco o Ruiz), debemos destacar al profesor de la Universidad de Málaga José Calvo, que mantiene desde hace años un blog de obligada referencia:  http://iurisdictiolexmalacitana.blogspot.com.es y que ha publicado numerosos trabajos[8] y animado grupos de investigación sobre el particular.También en España, en lo que se refiere a la relación entre Cine y Derecho, además de la referencia obligada a los trabajos de Eduardo Torres-Dulce, se nos permitirá la remisión  al proyecto desarrollado en gran medida través de  la colección <Cine y Derecho> de la editorial Tirant lo Blanch, un proyecto que comenzamos en 2002, gracias al impulso y a la generosidad de Salvador Vives y Candelaria López: http://www.tirant.com/editorial/colecciones/cine-y-derecho y que alcanza este año el medio centenar de títulos, un proyecto en el que colaboran buena parte de los compañeros profesores de Derecho que trabajan en este ámbito, comenzando por el colega de la Universidad de Oviedo Benjamín Rivaya, a quien debemos muy numerosas y relevantes contribuciones sobre cine y derecho y sobre derechos humanos y cine, y también los profesores Ruiz, Presno, García Amado, Pérez Triviño, Latorre, Orts  y muchos otros que han enriquecido la colección.

 

 

 

 



[1] Vid asimismo David F. Elmer, The Poetics of consent – Collective Decision Making and the Iliad (2013)

[2] Sobre los CLS, puede verse el artículo de Duncan Kennedy en el número 11 de la revista Doxa (1992), y los diferentes trabajos del profesor Pérez Lledó; por ejemplo, su reciente “Critical Legal Studies en pocas palabras”, Teoria y Derecho: revista de pensamiento jurídico, 10 (2011). Pero no cabe olvidar que desde una de las corrientes de los CLS, el feminismo jurídico, la profesora Williams habla de los estudios sobre Literatura y Derecho como una tradición centenaria: cfr. su  Empty Justice: One Hundred Years of Law, Literature and Philosophy (2002).

[3] Cfr. Possner, R.,  Law and Literature: A Misunderstood Relation, Harvard University Press, 1988; Weisberg, R., «Poethics: Toward a Literary Jurisprudence», en Poethics and Other Strategies of Law and Literature, Columbia University Press, 1992; Ward, «Law and Literature: A Continuing Debate”, en  Law and Literature: Possibilities and Perspectives, Cambridge University Press, 1995.

[4]  Cfr por todos  su reciente Curso de argumentación jurídica, Trotta, 2013.

[5] Así, su ensayo a propósito del film de Tarantino Django unchained: “Lincoln unchained: is Obama the global uncle Tom?”: http://criticallegalthinking.com/2013/03/08/lincoln-unchained-is-obama-the-global-uncle-tom/

 

[6] Véanse también los trabajos de Anne Teissier-Ensminger, Le Droit incarné. Huit parcours en jurislittérature (2013) y  asimismo, Antoine Leca & Benoît-Michel Descomberousse La lyre de Thémis ou La poésie du droit, suivi d’extraits du Code Napoléon mis en vers français, 1811 (par Descomberousse) (2011)

 

[7] El profesor Ramiro, además de otros trabajos acaba de coordinar un novedoso libro sobre las relaciones entre literatura, comic y Derecho: Derecho, cine, literatura y cómic: cómo y por qué, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013.

[8] Cfr, por todos el reciente El escudo de Perseo. La cultura literaria del Derecho, Comares, Granada, 2012.

MADRID 2020: MEDIA DOCENA DE EVIDENCIAS Y ALGUNAS PREGUNTAS

 

Pasadas las primeras horas de bochorno e indignación, podemos extraer algunas consecuencias que ayuden a poner en claro, ante todo, lo que no debemos volver a hacer y, en segundo lugar, a resituar nuestras prioridades.

Primera evidencia: Organizar unos Juegos Olímpicos no es una necesidad, ni siquiera una prioridad.  Menos aún para un país embarcado en el desmantelamiento de derechos básicos, de puestos de trabajo, de estructuras de ciencia e investigación, porque “no tenemos dinero” para garantizarlos.

Preguntas: Por mucho que nos haya molestado la admonición de la vicepresidenta del COI, ¿a alguien le parecería lógico que Detroit organizara unos juegos? Está Madrid, en términos de su deuda -convenientemente trabajada por el Sr Ruiz Gallardón-, tan lejos de Detroit? ¿Puede y debe  organizar los juegos un país en el que un porcentaje nada desdeñable de sus colegios deben abrir en verano para asegurar que a su vez un considerable número sus niños tengan garantizada una alimentación suficiente?.

Más preguntas: ¿Un país en el que los recortes en educación son brutales se puede permitir invertir en deporte de élite como prioridad? Dicho de otro modo, ¿Cuál es nuestra prioridad: sacar pecho con medallas olímpicas o conseguir que los niños, los adultos y los ancianos  practiquen deporte con instalaciones y profesorado adecuado?

Segunda Evidencia: el COI y sus Juegos no obedecen a una lógica de excelencia deportiva, sino de negocio, quizá el más importante negocio global en términos coste/beneficio, porque lo que pone el COI no tiene ninguna proporción con lo que obliga a que le proporcionen los aspirantes y, no digamos, los organizadores de los Juegos. Ese beneficio (hacer caja y recibir privilegios),  es lo que les que interesa a un buen número de sus 103 miembros, una buena parte de los cuales son un club de comisionistas y pícaros que avistan el negocio que los Juegos suponen para constructoras, cadenas hoteleras, etc…

Preguntas: Qué tipo de negocio es lo que llaman “espíritu olímpico” y “modelo de los juegos”?  Tiene cabida en ese modelo algo remotamente parecido a la austeridad o eso es justamente lo contrario del nudo del negocio? Qué es el COI (y el COE)?  Quiénes forman parte de él y por qué? Cuáles son sus extraordinarias capacidades y aptitudes para poder juzgar sobre la complejidad de unos Juegos?

Tercera evidencia: los Gobiernos (y una parte de los medios de comunicación no carecen de responsabilidad en ello) siguen jugando a un viejo juego, el de tapar su déficit de legitimidad a base de  pan y circo. El argumento de la capacidad de ilusionar y movilizar con los Juegos  a un país sin pulso, deprimido, es otra versión falaz del panem et circenses…Sin desconocer el mérito de los deportistas, las selecciones olímpicas son en buena medida el último refugio de la soberanía trasnochada y del chauvinismo

Preguntas: Cuales son las prioridades del Gobierno Rajoy, del Gobierno de la comunidad del Madrid, del Ayuntamiento presidido por la Sra Botella? Cuál ha sido el papel y la responsabilidad de las diferentes administraciones públicas en la estrategia de la candidatura? Por qué buena parte de los medios de comunicación han jugado a ese juego, prestándose al engaño con lamentable seguidismo, si no servilismo?.

Cuarta evidencia: la estructura del sistema deportivo español está bajo sospecha.

Las respuestas oficiales de los representantes “olímpicos” españoles, pero antes de las autoridades deportivas ante las sombras de dopaje y corrupción, son manifiestamente insuficientes. El compromiso de esas instituciones en la lucha por un deporte limpio parece manifiestamente mejorable.

Quinta evidencia: todo esto no ha sido gratis.

Preguntas: Qué se ha gastado y por qué? Qué fastos, uniformes, zapatos, viajes, alojamientos y fiestas para al menos la “comitiva de la ilusión, esto es, 180 personas? Qué gastos se han llevado a cabo –inútilmente- a los largo de estos años en tareas de lobby?

Qué responsabilidades: de quiénes y de qué tipo? Ya tarda en dimitir el COE y el Secretario de Estado. Y qun con lo que nos obliga a proporcionarle. El negocio, eso es lo na proporciimportante porcentaje de sus miembros, un club de comé decir Ministerio de Exteriores?

Dónde queda el supuesto prestigio la marca España y sus pregoneros? Cómo sostener aquello del rey como gran embajador (y del príncipe, en su caso)?

Sexta evidencia: no pasará nada. “Lo hemos hecho tan bien que mejor era imposible”. “no es la hora de explicaciones” (Rajoy dixit). La culpa es de alguna conspiración.

Pregunta: ¿Alguien asumirá la responsabilidad y dimitirá? Alguien entre los muchos incompetentes que han llevado adelante este disparate, que prepararon tan mediocre presentación –publicistas y asesores de imagen incluidos (habrá sido el Sr Aznar el asesor de imagen de la Sra Botella? será despedido? Es o no imaginable que durase cinco minutos en una empresa que hubiera sufrido un fracaso semejante –no sólo de honra, también económico- alguien como el presidente plagiario o la castiza alcaldesa?

LA PAH Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS

La legitimidad en la lucha por los derechos

A propósito de la estrategia “patrimonial” de la PAH

Javier de Lucas

Para Alicia Desahucio, con respeto y afecto y desde la distancia respecto a la PAH.

 

 

 

Tengo el máximo respeto por quienes han padecido o padecen una situación que me parece tan injusta, inhumana e incluso cruel como es la legislación española aún vigente sobre desahucios. Respeto al que añado el agradecimiento por el valor, el coraje cívico que han demostrado a los ciudadanos que decidieron  asociarse en PAH y mantener una firme voluntad de enfrentarse a esa estafa social.

Precisamente por eso, me parece obligado sumarme a algunas voces como la del blog teniente Kaffee, en su crítica a lo que provocativamente denuncia como  una estrategia de  <postureo constitucional> por parte de la PAH y la Señora Colau, http://www.eldiario.es/protesto-senoria/Postureo-constitucional_6_162443768.html . Mi crítica se acrecienta ante la campaña lanzada por la propia PAH esta semana, el lunes 12 de agosto, con el propósito de que el Defensor del Pueblo presente el recurso de inconstitucionalidad elaborado por la plataforma:http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/08/12/la_pah_propone_una_campana_acoso_telefonico_para_que_defensora_del_pueblo_avale_recurso_6756_1012.html

Quizá deberíamos recordar que todo comienza cuando, con tanta contundencia como (a mi juicio) considerable imprecisión,  los portavoces (de la PAH el para mí muy fiable letrado Sr Mayoral y la valiosa activista social Sra. Colau) anunciaron que la Plataforma había elaborado un “recurso de constitucionalidad” contra la ley que el PP impuso como reforma del  injusto marco legal de los desahucios, reforma que consideraban manifiestamente anticonstitucional ( Recurso de la PAH ante el TC contra la Ley Antidesahucios del Gobierno del PP (PDF, 07/08/2013)). Pero cuando el PSOE anunció que se sumaba a esa iniciativa  y que presentaría un recurso con la firma de 50 de sus parlamentarios, la PAH estalló ante lo que parecía considerar una usurpación de la legitimidad de la plataforma: http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/08/07/la_plataforma_antidesahucios_pide_psoe_que_avale_recurso_ante_constitucional_vez_quot_apropiarselo_quot_6628_1012.html. La respuesta del PSOE que en cierto modo plegó velas para no enfrentarse a la PAH puede verse en: http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/08/10/el_psoe_intenta_apagar_polemica_con_pah_atraerse_los_grupos_recurso_ante_tc_6721_1012.html. La PAH continuó su campaña manteniendo una, también a mi juicio, calculada ambigüedad sobre el hecho evidente de que no tiene capacidad jurídica para plantear un recurso de constitucionalidad y que, por tanto, debía recurrir a los partidos políticos o al Defensor del Pueblo para que así lo hiciera. Eso sí, aparentemente, con la condición de que no de debía modificar una coma de “su” recurso. El último paso, ante la evidencia de que el plazo para que el Defensor del Pueblo interpusiera recurso concluía esta semana, y que no cuentan con los 50 parlamentarios para hacerlo (pese al apoyo de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), ERC, Amaiur y Compromís-Equo, apoyo recibido y aceptado a diferencia de lo que ocurrió con el PSOE), ha consistido en proponer la mencionada campaña de seudoescrache al Defensor, con las etiquetas #bancCriminal, #DefensoraDefienda y #ElRecursoDeLaPAH y a través de  la plataforma oiga.me.

A mi juicio, el verdadero punctum dolens de la estrategia de la PAH consiste en que estos últimos pasos en su  también a mi juicio legítima y justa causa de acabar con el fraude del mal parche frente al drama de los desahucios que fue la ley aprobada por la mayoría absoluta del PP, parecen poner de relieve algo que excede incluso a ese su problema, su tragedia. Porque esta línea de acción toca el núcleo mismo del debate sobre la necesidad de renovación de la legitimidad democrática. Y, a mi entender, la toma de  posición de la PAH, que es legítima, claro, pero sólo respetable si sus argumentos lo fueran, podría implicar el riesgo de una considerable confusión acerca de la legitimidad social y política para luchar por los derechos, una cierta visión “patrimonial” de esa lucha (calificativo que sugirió en un debate en Facebook mi colega Pepe Calvo) en la que el copyright de quién fue primero y más ferviente defensor fuera más importante que los derechos mismos.  Y, sobre todo, en la que con el agua sucia del desprestigio ganado a pulso por cierta clase política que ha hecho de la corrupción su sello, tirásemos el fundamento mismo de la legitimidad en cuestión que, para mí, es el respeto a lo acordado libre y razonadamente como marco legal: el respeto al Estado de Derecho, el respeto a lo que acordamos que debe valer como ley y a la tarea de los tribunales en ese Estado de Derecho. Quiero decir que, a mi entender, toda ley se puede modificar y aún tenemos la obligación de tratar de hacerlo. Pero sin arrogarse exclusividades o privilegios en esa tarea, en aras de supuestas superioridades morales o autenticidades políticas. Nadie puede pretender estar por encima de los demás en esa tarea, pública, de todos, que es la lucha por los derechos y por el Derecho, que es la tarea política básica de todos los ciudadanos y que da sentido al Derecho y al Estado de Derecho.

Y es que pareciera como si la tarea de garantizar la legitimidad democrática ahora hubiera cambiado de titular. No me refiero al soberano que es y no puede dejar de ser otro que el pueblo, todos los ciudadanos. Los representantes políticos son servidores de ese soberano. Hasta ahí podíamos llegar. No hablo de eso. Me refiero a una especie de pendant político, por otra parte explicable ante los excesos y  bloqueos impuestos por un perverso juego de mayoría alentado por leyes electorales y de financiación de partidos a todas luces necesitadas de profunda renovación, un juego perverso cuyo resultado más sucio es la corrupción. Proclamada por no pocos ese Delenda est la democracia representativa y sus instituciones, el garante y el instrumento de la democracia auténtica (ya estamos con los calificativos) serían los movimientos sociales, los únicos no sospechosos de manipulación de nobles causas en aras de intereses espúreos. El test de la legitimidad democrática consistiría, pues, en el papel de esos movimientos. Porque la otra cara de la moneda sería ésta: los clásicos agentes institucionales, en primer lugar los partidos políticos, pero incluso el propio Parlamento y otras instituciones constitucionales (el Defensor del Pueblo, los tribunales de justicia) estarían bajo sospecha. De forma que sólo admitiríamos que luchan por los derechos si lo hacen en apoyo o de consuno con tal o cual movimiento social. De paso, esa sospecha recae sobre la legalidad constitucional y sobre la actuación, insisto, de los tribunales de justicia que, debido a su rigidez e inadecuación a la realidad social, deberían ser orillados como procedimientos inservibles y que, más allá incluso de viejas apelaciones a un uso alternativo del Derecho, pasarían a un cuarto plano, mientras se nos propone (o se nos predica) que nos dispongamos al inminente advenimiento de una verdadera ruptura constituyente, quizá bajo la guía del sendero luminoso que nos señala el movimiento social de turno…

Lo reitero: no soy yo quien va a discutir el merecido reconocimiento con el que cuenta  la PAH como movimiento social y político. Ni su aportación a la pedagogía democrática, tan abandonada por los clásicos agentes institucionales, por ejemplo, por partidos y sindicatos, pero también por buena parte de las instituciones, comenzando por la jefatura del Estado, el monarca y la casa real que le rodea. Y es que, por otra parte, ¿cómo vamos a creer o aprender de quienes con sus hechos contradicen lo que pretenden defender?. Sí. La valía de la PAH, su contribución a una sociedad más decente, mejor, su reco trabajo ciudadano anclado genuinamente  en la solidaridad y que ha denunciado eficaz y valerosamente una forma de hacer política que parece otra cara de los negocios y, sobre todo, que no deja de producir víctimas, es indiscutible. Son un activo social y político, en el sentido de la reivindicación de lo público y por eso me pareció muy merecido el premio con el que les distinguió el Parlamento europeo. Precisamente por ello, considero muy desafortunado que la PAH haya entrado aparentemente –es obvio que puedo equivocarme; ojalá sea así- en una dinámica que acaba creando otras víctimas y contribuye al descrédito de todo lo que no se pliegue a su estrategia. Con todos los respeto y matices necesarios, algo como lo que ha pasado con algunas asociaciones de víctimas del terrorismo. Así me lo parece ese juego según el cual ilusionan a la opinión pública con la confusión de que van a plantear un recurso, recurso que saben que no pueden llevar a término por sí solos. El hecho de convocar la rueda de prensa de presentación del “recurso”, el 7 de agosto,  a las puertas del Constitucional,  contribuye a la confusión. Porque, evidentemente, el tal “recurso” no se presentó. Necesitaban que otros lo presenten (el Defensor o 50 parlamentarios):  claro que quizá es que en su estrategia no les conviene mancharse las manos con el apoyo del PSOE,  aunque  eso sea incoherente con el hecho de       que la PAH haya estado pidiendo que la sociedad civil y sus agentes -y los partidos lo son- compartan su problema. Tampoco me parece muy coherente descalificar obsoletas formalidades legales, para a continuación acudir sin empacho a triquiñuelas jurídicas propias de leguleyos, con la coartada de fondo de que su fin es bueno y legítimo. Y en tercer lugar, me parece indigno bloquear la comunicación de cualquier ciudadano con el Defensor del pueblo, que es el resultado –daño colateral, quizá?- de su última medida de presión, que no puede dejar de perjudicar a los demás ciudadanos que quieren, que necesitan contactar con el Defensor…y que acaban siendo victimas de la PAH, lo que me parece el colmo de la paradoja cruel…

 

 

 

LA PAH DEBE RECTIFICAR

LA PAH DEBE RECTIFICAR

Javier de Lucas

 

 
La reacción de la PAH ante las decisiones del PSOE y de la Defensora del Pueblo (DP)  a propósito del recurso de inconstitucionalidad contra la ley 1/2013, me producen una decepción que, sin ánimo de ofender, reconoceré que raya en la indignación. Eso me obliga a pedirles con respeto, pero con firmeza, una urgente rectificación. No lo hago con propósito de descalificación. Al contrario, precisamente porque valoro muy positivamente su aportación ciudadana –en términos de renovación de la democracia y de contribución a la lucha por los derechos-, porque creo que la PAH ha jugado y juega un papel positivo en la ampliación de una democracia de los ciudadanos –ante los evidentes límites del actual marco legal de  las ILP o del recurso de constitucionalidad-, porque ha realizado una excelente pedagogía democrática sobre el derecho constitucional a la vivienda,  creo que es exigible de la PAH que no incurra en estrategias y tomas de posición que parecen propias de las organizaciones anquilosadas que con justicia critican. Como algún otro comentarista, disentí en su momento de la estrategia seguida por la PAH al presentar su “recurso”: http://alrevesyalderecho.infolibre.es/?p=1561. Estas son las razones en las que ahora baso mi propuesta para que rectifique:
1) Primero, porque me parece que la estrategia seguida por la PAH a la hora de informar de su “recurso” es, como mínimo, ambigua, si no directamente tramposa. La PAH sabía perfectamente que, según lo dispuesto en el artículo 162.1 de la Constitución,  no podía presentar ningún recurso de constitucionalidad. Podía haber aprovechado para presentar una campaña que exigiese la ampliación de los sujetos legitimados para interponer este tipo de recurso. Sin embargo, impuso una escenificación mediática que producía la impresión contraria a  buena parte de la opinión púbica: convocar el 7 de agosto una rueda de prensa a las puertas del Tribunal Constitucional en la que presentan (a la prensa) su “recurso”. Desconozco si la PAH intentó con anterioridad dirigirse a alguna de las otras instancias que pueden presentar ese recurso (los Ejecutivos autónomicos y los Parlamentos autonómicos). En todo caso, tras esa presentación a la prensa, se dirige a todos los diputados del Congreso para que firmen a título individual el recurso de la PAH. Pero se niega a aceptar que el PSOE lo presente como tal grupo parlamentario o 50 de sus diputados o senadores, por temor a la manipulación…¿quién manipula a quién? Y, sobre todo, siendo cierto que el PSOE perdió durante años la oportunidad de modificar ese marco legal injusto, ¿qué margen se le ofrecía al grupo parlamentario del PSOE cuando la alternativa era o firmar el borrador de la PAH sin modificar una coma o ser tildados de oportunistas y manipuladores?

 

2) Creo que, una vez que el PSOE presentó el recurso el día 16 de agosto, sobre la base del trabajo jurídico de la PAH –como ha reconocido- pero añadiendo otros elementos, la reacción de la PAH da aún más argumentos en el sentido ya señalado. En efecto, sus críticas a esa decisión del PSOE parecerían mostrar que la PAH, al menos sus portavoces, mantienen esa concepción patrimonial –si no lisa y llanamente prepotente- de la lucha por los derechos humanos. Incluso de la sociedad civil, a la que pareciera que pretenden representar en exclusiva: y me obligan a decir que no, que a mí no me representan y que yo también soy, con el mismo derecho al menos que la PAH, sociedad civil. El hecho de insistir en que el único recurso verdadero era el elaborado por la PAH, parece una muestra de esa actitud. Es como si lo importante para los portavoces de la PAH fuera que quedara claro que la PAH es la única instancia legítima en materia de lucha contra los desahucios, y no que se recurriera la ley 1/2013. ¿Quién debe conjugar el verbo “apropiar” que la Sra Colau ha atribuido al PSOE? ¿En qué se diferencia la PAH del oportunismo atribuido al PSOE?
3) Además, me resulta como mínimo discutible  la estrategia de la PAH frente a la otra instancia legitimada para plantear el recurso de inconstitucionalidad, el Defensor del Pueblo (DP). Vaya por delante que, a mi juicio, el DP podía y debía haber presentado ese recurso contra la ley 1/2013.  Sé que el criterio que mantiene su actual titular es el mismo que sostenían anteriores Defensores (en particular el Sr Múgica) que preferían no personarse si otro actor legitimado constitucionalmente lo hacía. No comparto ese criterio de actuación. Yo mismo he pedido con otros colegas y organizaciones y en otras ocasiones que el DP interpusiera recurso (por ejemplo respecto a la ley 4/2000) sin éxito.  En todo caso, la decisión me parece discutible, pero no necesariamente perversa o maligna, ni, menos aún, la prueba inequívoca de que la actual titular del DP actúa al servicio de intereses espurios. Y habrá que recordar que no se trata de una decisión personal, sino de la Junta de Coordinación del DP.

 

4) Ya sostuve que, a mi juicio, era un error esa decisión de la PAH publiucada el 12 de agosto y consistente en plantear un “escrache” de comunicaciones, una semana antes del fin de plazo de presentación del recurso (por qué no antes?), una suerte de bloqueo de la comunicación con el D,P a base de inundarlo con mensajes y llamadas:http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/08/12/la_pah_propone_una_campana_acoso_telefonico_para_que_defensora_del_pueblo_avale_recurso_6756_1012.html .   La PAH podía –a mi juicio, debía- haber presentado mucho antes esa solicitud ante el DP ofreciéndole el margen suficiente para poder examinarlo con tiempo y decidir, sin la presión de si lo presentaban – o no- 50 diputados o senadores.

 

4) Pero la reacción de la PAH ante la decisión adoptada por la Junta de Coordinación del DP el día 16, de no presentar recurso, roza la contradicción y sobre todo, lo inadmisible: ¿cómo se puede decir  que cuando se dirigieron a la Defensora con su recurso «… se lo hemos dado sólo por si tenía dificultades y no sabía cómo hacerlo, pero si sus servicios jurídicos querían podrían haber redactado otro» , al mismo tiempo que se quejan de que el PSOE se “apropie” del recurso de la PAH? En qué quedamos? Si la DP hubiera interpuesto un recurso distinto del borrador de la PAH también la habrían criticado por apropiación? Lo grave, sobre todo, es el estilo barriobajero de las críticas formuladas en los mensajes que formaron parte del “escrache” a la titular del DP y que se reforzaron después de la decisión del DP: toda la razón que se puede tener al criticar que la institución del Defensor del Pueblo no interponga recurso, se pierde por la descalificación intuitu personae hacia la Sra Becerril. Así, la señora Colau, se pregunta en varios comentarios si el hecho de que Becerril sea «ex diputada del PP y marquesa de Salvatierra» (encima, ignoran que no tiene el título nobiliario que le atribuyen, después de su divorcio…) es «incompatible para que defienda» una reclamación ciudadana…»Todo el mundo sabe que para defender los Derechos Humanos hay que tener título nobiliario hereditario, eso da mucha sensibilidad. Oiga, señora ilustrísima marquesa de Salvatierra y Defensora del Pueblo por la gracia de dios, ¿qué tal si #DefensoraDefienda #ElRecursoDeLaPAH?», añadía en otros dos comentarios.

 

Luchar por los derechos supone enfrentarse, incluso duramente, con quienes obstaculizan su reconocimiento, su garantía y su ejercicio. Desde luego que sí.  Pero  no se defienden los derechos humanos insultando, ni desinformando, ni  reproduciendo la prepotencia de quienes los niegan. Y si uno se equivoca, como creo que ha sucedido en este caso, debe rectificar.

EL COMISARIO QUE CITABA A DYLAN, O LOS DERECHOS HUMANOS SIN CONTEXTO

DYLAN Y EL COMISARIO REHN

O LOS DERECHOS SIN CONTEXTO

Javier de Lucas

 

 

Tenía el día suelto, que se dice. Y, por qué no, decidió permitirse alguna licencia poética. Mejor aún, musical. Pidió a su secretario que buscara en Google algo de Dylan. Preferentemente algo menos conocido, que diese la apariencia de un experto seguidor del viejo cantautor…y le salió Ballade of a Thin Man, una compleja canción del álbum de 1965  Highway 61 Revisited, protagonizada por un estrafalario Mr Jones (http://www.azlyrics.com/lyrics/bobdylan/balladofathinman.html). El tono irónico y hasta crítico, quedaría bien, se dijo. Por ejemplo, donde Dylan canta algo así como “algo está pasando por aquí, pero tú no te enteras, Mr Jones!” (Because something is happening here/But you don’t know what it is/Do you, Mister Jones?).

Ni corto ni perezoso, colocó esos versos al principio y al final de su post  Spanish Sketches A.D. 2013: Can Spain achieve what Ireland and Latvia did?  y lo colgó el 6 de agosto (http://blogs.ec.europa.eu/rehn). Un post dedicado esta vez a amonestar a España, ese socio preocupante que, pese a los esfuerzos ímprobos de Mariano -siempre obediente y disciplinado-, debería tener la valentía de dar un paso más en el modelo de equilibrio y reforma de la economía europea por la que tanto  se esforzaban los líderes del FMI, al igual que los de la Comisión Europea dirigida por Barroso (él mismo sin duda; incluso el español Almunia…). ¿Cuánto le había dicho Lagarde que recomendaría el FMI a España? Sí, una reducción del 10% de los salarios en dos años sería un buen ejemplo de una meta seria, que permitiera el “tan esperado punto de inflexión”. O sea, una “devaluación interna”, como la que había dado resultados tan exitosos en Irlanda y Letonia, modelo de lo que España debería ser capaz de asumir. Y con argumento nada malo: favorecer el empleo de esos centenares de miles de jóvenes españoles que incrementaban la tasa de desempleo.  Sí, decididamente España, como Mr Jones, tenía que poner el oído: no podían seguir instalados en esas cantinelas del Estado del bienestar, ideologías arcaicas propias de los que no se enteran de que el mundo que cuenta  está ya en otra cosa.

Pero lo que no cuenta el comisario finlandés son otros datos: por seguir con los modelos que propone imitar, resulta que basta acercarse a los indicadores que más preocupan a los ciudadanos, como el paro y el poder adquisitivo (bien es verdad que esa es una variable que al comisario no le preocupa: ¿acaso mandan algo los ciudadanos?), desmienten semejante optimismo: Irlanda ha pasado del 6,4% de paro en 2008 al 14,7% en 2012 a pesar de haberse estancado en su poder adquisitivo. Y Letonia, del 8% al 14,9% de paro, pero además sus ciudadanos han perdido un 8,9% de capacidad de compra.

Aún peor. No es sólo que al buen Olli le parezcan cuentos de vieja eso de la prioridad de los derechos sociales, corazón del modelo social europeo. Es que él mismo tiene un pensamiento más abstracto que el fobotipo que los ingleses achacan a la filosofía alemana y realiza esa operación tan frecuente que consiste en desvincular los derechos de su contexto. Aunque fue precisamente un descendiente de esa tradición filosófica, Marx, quien puso en evidencia ese pensamiento abstracto en su conocida crítica del concepto burgués de derechos humanos. Es ese planteamiento irreal el que le permite seguir diciendo que sí, que por supuesto tiene la mayor preocupación por los derechos de los ciudadanos, de los trabajadores. Pero habría que recordarle al comisario Rehn, a la Sra Lagarde y demás cabezas de huevo al servicio de sus verdadero amos –que no de los ciudadanos-, que no es así como se garantizan los derechos. El contexto histórico, social, las condiciones concretas, son imprescindibles para medir si la presunta preocupación cojncide con la garantía real, efectiva. Y entonces resulta fácil comprobar que nuestro Olli habla de boquilla, precisamente como ese Mr Jones al que critica Dylan.

¿Qué es eso de analogar todos los salarios? ¿De qué salarios habla cuando pide la reducción del 10%? Evidentemente, no del salario de Christine Lagarde (un 10% de 320.000 euros)? Ni del suyo como comisario (un  10% de 250.000 euros)? No son esos sueldos sobre los que se piden rebajas, porque, además,  a ellos les incrementan el salario cada año, seguramente por lo bien que lo están haciendo. ¿Sabe el buen Rehn que los 25000 euros  -o incluso los 32000 euros -que supondrían en su caso y en el de Lagarde tales reducciones, son más del doble del salario completo medio de un trabajador en España, que apenas llega a 12000 y casi cuatro veces más que el salario mínimo interprofesional? Sabe que cuando habla, pues, de bajar el sueldo un 10 % le está diciendo al trabajador español medio que pierda 1200 euros de sus 12000?

Al final habría que reconocer que sí. Probablemente el secretario de Rehn escogió bien dentro del repertorio de Dylan. Pero no para sostener sus argumentos, sino para permitirnos conocer mejor al comisario. Porque ¿quién no le reconocería en la descripción que ofrece Dylan de Mr Jones? ¿No es Rehn alguien que parece sobre todo preocupado por su imagen entre los académicos dominantes (esos que predican el evangelio neoliberal) y por citar de memoria lo política y culturalmente correcto? (you’ve been with the professors/ and they’ve all liked your looks/
With great lawyers you have/ discussed lepers and crooks/
You’ve been through all of/ F. Scott Fitzgerald’s books/
You’re very well read,/it’s well known ). ¿No podríamos decir que, con su post, Rehn ha entrado como un elefante en una cacharrería o, como dice Dylan de Mr Jones, “you walk into the room/Like a camel”.

Quizá habría que recomendarle, por seguir con la canción, que saque su nariz del muro y se ponga unos buenos auriculares para escuchar la realidad. Sí, eso es lo que necesita Rehn. Escuchar de verdad a Dylan y, de paso, releer el ensayo de otro sabio, el texto de  Marx sobre La cuestión judía al que me refería más arriba (puede leerse por ejemplo en http://es.scribd.com/doc/20028801/Marx-Sobre-la-cuestion-Judia )  y que nos enseña que, desvinculados de las condiciones reales, esos derechos proclamados como humanos sólo sirven para mantener el espléndido aislamiento de unos pocos, los que se pueden permitir vivir como islas, en un océano de miseria. Que Rehn se ponga auriculares, y escuche  lo que le gritan millones de ciudadanos en Grecia, Portugal y España, hartos del despeñadero al que las recetas de las buenas intenciones de Rehn y sus condiscípulos con las que está empedrado nuestro infierno. De otra forma, merecerá el reproche del payaso a Mr Jones:  “cómo se siente uno siendo un friki?” («How does it feelTo be such a freak ?»)