LAS ELECCIONES A RECTOR DE LA UV NO INTERESAN SOLO A LOS UNIVERSITARIOS

Táctica y estrategia en las elecciones a rector

 El País Valencia

El interés de la elección a rector de la Universitat de València va más allá de la propia institución e incluso del marco universitario. Lógico, si tenemos en cuenta que hablamos de la mayor y más antigua organización presente en la Comunidad Valenciana, a excepción de la Iglesia católica. Y recordemos que precisamente esta Universidad constituye una excepción por su origen civil, municipal, y no eclesiástico y ha contribuido notablemente a emancipar, a civilizar ese espacio imprescindible del saber crítico, frente a la pretensión de tutela que siempre ha caracterizado a la jerarquía clerical. Un servicio enorme a la sociedad civil valenciana.

Apenas han transcurrido un par de semanas desde la convocatoria electoral y ya hemos asistido a un ejemplo muy interesante de cómo construir el escenario político, una especie de caso práctico de las lecciones de Lakoff (No pienses en un elefante. Lenguaje y debate político). Frente a la rutina habitual, que enseñaba que al rector en funciones nunca se le disputaba un segundo mandato, el escenario de 2014 proporciona la sorpresa de unas elecciones sin candidato único, puesto que a la del rector saliente, el catedrático de Farmacología Esteban Morcillo, se ha unido la candidatura de Vicent J. Martínez, catedrático de Astronomía. ¿Qué ha cambiado para que se produzca esa novedad? Creo que sobre todo dos circunstancias que no se dieron en ocasiones anteriores y que Lakoff observaría con interés.

La primera tiene que ver con el inusitado ejercicio de vitalidad democrática que se produjo en 2010, con nada menos que cuatro candidaturas, que dieron lugar a una primera vuelta muy reñida, aunque la victoria del hoy rector fue muy contundente en la segunda vuelta. No debiera parecer raro que una tan significativa oposición propiciara en 2014 que alguno de los que perdió en 2010 intentara repetir candidatura o que un tercero tratase de aunar un proyecto alternativo a partir de proyectos diferentes al del rector, representativos de esas otras sensibilidades o concepciones acerca de la institución, de su papel y sus objetivos. Precisamente ese es el argumento que avanzó el nuevo candidato, que había insistido en la necesidad de que los sectores que perdieron en 2010 confluyesen en tal alternativa, en torno a un nombre que no necesariamente debía ser el suyo, aunque se ofrecía para el caso de que nadie con más consenso diera el paso.

La segunda es la indiscutible dificultad que ha supuesto esta legislatura universitaria (2010-2014) que ha coincidido quizá con el período de mayor penuria económica y administrativa que haya conocido una institución cuya vida, por cierto, siempre ha sido sinónimo de crisis, según enseñan historiadores de la Universidad como los hermanos Peset. Esa dificultad, obviamente, ha sido mayor en el caso de nuestra Universidad, la más antigua y de mayor envergadura. Las condiciones impuestas por la gestión del Consell de la Generalitat (que en mi opinión no se puede calificar de otro modo que calamitosa, sectaria y aun obtusa, con un trato de privilegio a las instituciones ligadas a la Iglesia católica y a la privatización de la Universidad en detrimento de las públicas) seguramente han dificultado que el rector y su consejo de dirección pudieran ocuparse de un verdadero programa, acuciados por una gestión de angustiosa supervivencia. Es indudable que esas dificultades han impedido realizar buena parte de lo que prometió en el programa y han generado frustración en no pocos sectores. Pero tampoco nadie puede dudar que se ha salvado esta crudísima etapa sin lo que parecía inevitable, el colapso o la intervención. Y se ha defendido su dignidad, que no es poco, hasta llevar al Consell a los tribunales de justicia.

Pues bien, frente a ese escenario, la inteligente jugada táctica del rector saliente y candidato ha consistido en un auténtico jaque en el mismo movimiento de apertura. Tal y como anuncia en su blog y en la presentación del equipo, el rector ha compuesto un consejo de integración, que parece dejar sin argumento a su opositor. ¿Para qué disputar el rectorado a quien, en lugar de limitarse a repetir, ha reunido a todas las otras sensibilidades en un proyecto de de la institución ante los tiempos difíciles que seguramente seguirán en 2014 y 2015, en particular ahora que el señor Wert quiere dedicar 2014 a ocuparse en serio (¡ay madre!) de la Universidad?

El problema, a mi juicio, viene precisamente de la secuencia y modus operandi escogidos por el profesor Esteban Morcillo. Porque daría pie a pensar que la prioridad ha sido reunir nombres presentes en las otras candidaturas, antes incluso que acordar un proyecto que integre a todas las sensibilidades. Personas, hay que decir, muy estimables y reconocidas, como los profesores Campins y Gandía, como muy estimables son buena parte de los que continúan o suben un escalón. Pero la jugada consistiría más en un reparto de poder, un pacto para desactivar a la oposición, que una síntesis de programas. Con un movimiento que merecería la aprobación de Sun Tzu, el profesor Morcillo ha reducido el terreno de juego de cualquier opositor, cediendo parcelas de poder a los pares. Sobre todo a la frustrada candidata de 2010 quien, de forma a mi juicio oportunista, había amagado con dos artículos muy críticos con la gestión del rector (con una argumentación, creo, tan simplista como impostadamente agresiva), para escenificar una posición de desafío que ahora se revela como sólo eso, aspavientos de aparente oposición, destinados a convertirla en interlocutor obligado y aun de ventaja en el inminente juego de pactos y, quizá, para situarse también en ventaja de cara a 2018. Y la transparencia sobre esos pactos ha sido más bien poca: hasta el punto de que la integración en el equipo del segundo de a bordo de García Benau y coautor de esos artículos preventivos fue casi un fait accomplipara la mayoría del equipo del rector.

Frente a ello, el profesor Martínez ha preferido, según sus palabras, no publicar equipo ni programa hasta después de una amplia consulta y negociación con todos los sectores e instituciones de la comunidad universitaria: con los distintos centros, con los diferentes sindicatos y asociaciones. El objetivo sería que su equipo y programa surjan de esa negociación, un método que no parece reprochable y acreditaría la voluntad de integración plural. El riesgo obvio es que se le achaque carecer de equipo y acomodar el programa a las diferentes presiones. Sólo si las negociaciones son abiertas y conducen a un equipo y programa representativo de los diferentes proyectos, con antelación suficiente para que sean conocidos por los votantes, el órdago habrá merecido la pena en términos electorales.

En realidad, el test para saber cuánto hay de tacticismo o estrategia lo ofrecerán los programas. Por el momento, sólo se conoce el del rector saliente, presentado dentro del plazo previsto para difundirlo y publicado el lunes 27. Creo que se trata de un programa coherente, sistematizado y defensivo, que tiene en su extensión y vocación de exhaustividad (11 apartados, 124 páginas, 20 objetivos generales, por dar algunos datos) su virtud y su riesgo. Mi impresión es que se trata de reafirmar un contundente corpus doctrinal bien razonado, pero que faltan compromisos concretos que, además, recojan la pluralidad de demandas y perspectivas. Y subrayaría tres rasgos: El primero, la obviedad del lema de la candidatura: que el objetivo sea más y mejor universidad pública supone luchar por lo evidente. Más que un proyecto innovador, el lema suena a arenga a cerrar filas ante lo que se le viene encima a la universidad pública. Aunque no es poco saber que el candidato se compromete a defender lo que quizá, en otras condiciones, sería redundante proclamar. La segunda, la referencia al carácter abierto e integrador del programa. Como en el caso anterior, transparencia y participación son dos condiciones también obvias. Insistir en ello sugiere conciencia de cuanto no se ha hecho bien o se ha dejado de hacer, pero que tampoco se quiere reconocer. Dejar el programa abierto, como work in progress, es retórica bonita, pero rompe la coherencia. Y ahí viene la tercera nota, la ausencia de autocrítica y de compromisos concretos, sin los que la voluntad de apertura e innovación resultan vacíos: a mi juicio, ni en el apartado II, de balance de gestión, ni en el V, sobre estudiantes, profesores y personal de administración y servicios (PAS), ni en el VIII, dedicado a los recursos, se advierten suficientes elementos de autocrítica sobre lo que no se ha hecho y lo que se ha hecho mal. Pero es que cuando se habla de los retos ((III), las funciones de la universidad (V) o las ocho diferentes políticas transversales (VII), uno echa en falta esos compromisos concretos, además de la integración de las sensibilidades plurales.

Sugeriré cinco asuntos para medir lo que me parece un déficit de compromiso y autocrítica (integración de la crítica) en aspectos donde la gestión ha sido, a mi juicio, más que manifiestamente mejorable y ha provocado alejamiento e incluso rechazo de no pocos sectores. (1) no aprecio compromisos concretos ni autocrítica frente a las graves deficiencias en las condiciones de trabajo del profesorado, obligado a una carga docente que casi impide a una buena parte la tarea de investigación. (2)Tampoco en el cierre de la política de promoción, donde no se ha prestado solución a la creciente bolsa de acreditados sin plaza. (3) Los estudios y organización del postgrado han sido una tela de Penélope sin criterio, en la que sorprende el inexplicable monopolio y la relación asimétrica que se ha concedido a ADEYT respecto a departamentos e institutos universitarios. (4) Frente a la creciente deficiencia de medios personales y materiales en los Institutos de investigación (en particular en ciencias sociales), no se explica que no se haya reformulado la plantilla y distribución del PAS, ni se hayan creado programas de formación para que contribuya como es imprescindible a los proyectos de internacionalización docente e investigadora, que cargan una gestión cada vez más especializada y un trabajo ímprobo. (5) No encuentro explicación razonable al derroche de concesiones que la Universitat viene haciendo desde 2002 a un organismo ajeno a la institución, como el Instituto Confucio, dependiente de un Gobierno que viola la mayor parte de los principios proclamados en el artículo 4 de los Estatutos que precisamente se sitúa como santo y seña del programa.

En todo caso, como ha escrito Joan Alcázar, aunque sólo sea por poder discutir públicamente estos u otros del programa (incluso confrontándolos con otro programa), cuáles han de ser las prioridades de la Universitat aquí y ahora, la presencia de otra candidatura me parece buena, incluso necesaria. Y es de agradecer la voluntad de debate y de participación plural y –por qué no- el coraje cívico que supone mantener esa candidatura, pese a que las expectativas, la rumorología y las encuestas informales no parecen augurarle apenas posibilidades. Gracias a eso, ganará una Universitat de València que la inmensa mayoría de nosotros, queremos, sí, que sea pública, laica, plural, comprometida: más exigente, mejor.

GUANTANAMO IS STILL THERE

Guantanamo is still there … and the number of Guantanomos is multiplying.

by  • 29 January 2014

When it comes to dis­reg­arding human rights and in­ter­na­tional legal ob­lig­a­tions, Guantanamo is easily matched by the 400 mi­grant de­ten­tion centres across Europe.

Guantanamo's Camp 6 maximum-security detention facility.

Guantanamo’s Camp 6 maximum-​security de­ten­tion facility.

One of the reasons why President Obama’s man­date has fallen many miles short of ex­pect­a­tions is his clear lack of will — let’s dis­pense with eu­phem­isms — to de­liver his promise to close the six dif­ferent camps making up the U.S. base in Guantanamo Bay. This is where pris­oners with links to the war against ter­rorism, primarily to Al-​Qaeda, have been held since the U.S. in­ter­ven­tion in Afghanistan, pris­oners sub­ject to dif­fering de­grees and types of co­er­cive measures.

For ex­ample, in the harshest camp, Camp 6, with ca­pa­city for 178 pris­oners, in­mates are held in win­dow­less in­di­vidual steel cells for 22 hours a day. It is common know­ledge that, over the years, re­ports and testi­monies have shown that in all of these camps, pris­oners who — from the stand­point of in­ter­na­tional law — are pris­oners of war (al­though the USdenies them that status, re­garding them as “il­legal enemy com­batants”) have been sub­jected to tor­ture and ill-​treatment. As the Red Cross and various other human rights NGOs have pointed out, this re­gime not only falls out­side the peri­meters of in­ter­na­tional leg­ality, it act­ively vi­ol­ates it.

The first group of 20 pris­oners ar­rived at the US base on 11 January 2002, under the man­date of President Bush. The pre­vailing legal situ­ation was one of a state of war which saw the sus­pen­sion of basic human rights guar­an­tees under the Patriot Act, ac­cording to re­ports from the American Civil Liberties Union, among others. At its peak, these camps held 750 pris­oners. Today, there are 151. During his first pres­id­en­tial cam­paign in 2008, Obama (and McCain, too) prom­ised to close the camps if they were elected to of­fice. In January 2009, Obama ordered the closure of Guantanamo for one year, how­ever in 2009 and 2010 the Congress ve­toed the use of public funds to transfer in­mates from Guantanamo to US soil.

There has been only one civil trial of a Guantanamo pris­oner: the Tanzanian na­tional Ahmed Ghailani was ac­quitted of 284 of the 285 charges laid against him, in­cluding ter­rorism, but was con­victed of con­spiring to des­troy U.S. prop­erty with ex­plos­ives. Only 67 pris­oners have been ex­tra­dited to some of the 16 coun­tries that have agreed to ac­cept them. The legal twists and turns en­gen­dering the denial of basic prin­ciples are ex­amined by Richard Wilson, Professor at the Center for Human Rights and Humanitarian Law of the American University’s Washington College of Law, in his art­icle en­titled “Defending the Detainees at Guantanamo Bay”1. For those who are in­ter­ested, a de­tailed chro­no­logy and doc­u­ment­a­tion can be found on the New York Times’ web­site ded­ic­ated to the Guantanamo camps and on the web­site of the Center for Justice and International Law, Washington.

To mark this sad an­niversary, I will refer to just a few of the most re­cent mile­stones in this shameful his­tory from 2013.

It should be re­called that in April 2013, in re­sponse to a ques­tion from a CBS cor­res­pondent during an of­fi­cial press con­fer­ence at the White House, President Obama de­clared that “Guantanamo is not ne­ces­sary” and went on to re­af­firm his in­ten­tion to close it, al­though he re­gretted the obstacles erected by Congress.

In June 2013, for the first time, a list was pub­lished of 46 pris­oners (in­cluding Mahmoud Al Mujahid) who are being held in­def­in­itely, without charges, without trial, under the pre­text that they are too dan­gerous to be re­leased, even though there is no evid­ence to bring them to trial(?!).

In November 2013, after the sharp in­crease in the number of Guantanamo pris­oners on hunger strike, 25 NGOs urged Obama to close the fa­cility. Shortly there­after, during the same month, Obama pub­licly re­stated his “de­cision” to close the camps and transfer the pris­oners to the U.S. and to third coun­tries after meeting with two spe­cial en­voys from the State Department (Clifford Sloan) and the Pentagon (Paul Lewis).

The an­nounce­ment that pris­oners could be sent to third coun­tries is par­tic­u­larly con­tro­ver­sial as many of these trans­fers — por­trayed as re­pat­ri­ations — are ef­fected against the will of the pris­oners in­volved (as in the case of Djamel Ameziane and Belkacem Bensayah, who were trans­ferred to Algeria against their will on 6 December 2013; Saudi Arabian and Somali pris­oners have also been re­pat­ri­ated in identical cir­cum­stances). But what’s even worse is that some in­mates have been trans­ferred to prisons in third coun­tries without their con­sent, as in the case of three of the el­even Chinese pris­oners of Uyghur eth­ni­city who were sent to Slovakia on 10 January 2014. As of today’s date, 15 January 2014, the camps still exist.

But closing Guantanamo will not bring an end to this hell, and I use the word “hell” be­cause it is not a kind of limbo, it is far worse than a simple lack of con­trol over the basic prin­ciples of the rule of law. According to Zachary Katznelson, senior counsel at the NGO Reprieve, which has de­fended thirty Guantanamo pris­oners, the U.S. is holding over 16000 in­di­viduals pris­oner in jails throughout the world e.g. Iraq, Afghanistan — the in­famous Bagram prison — and Turkey.2

Camps in Europe 2011. Source: Migreurop. Click to Enlarge.

We in Europe have nothing to brag about when it comes to this shameful situ­ation. With the sole ex­cep­tion of Chancellor Merkel during her first of­fi­cial visit to the U.S., not one European leader (in­cluding re­cently President Rajoy) has con­demned this un­ac­cept­able state of af­fairs be­fore the U.S. au­thor­ities. Besides par­ti­cip­ating in this dis­grace (and cer­tainly not just by omis­sion), the EU has its own Guantanamos. Because when it comes to dis­reg­arding human rights and in­ter­na­tional legal ob­lig­a­tions, Guantanamo is easily matched by the 400 mi­grant de­ten­tion centres theEU op­er­ates in its 28 Member States, in can­didate coun­tries, in coun­tries that enjoy the ad­vant­ages of the neigh­bour­hood policy and in coun­tries that purely and simply trade in such misery. This situ­ation has been amply re­ported and doc­u­mented by Migreurop, the most im­portant NGOin the EU in terms of asylum and im­mig­ra­tion policy. Migreurop was cre­ated at the end of 2000, at the European Social Forum held in Florence, as a European net­work to con­demn “the Europe of camps”, an ex­pres­sion used quite in­ten­tion­ally to un­der­score the ana­logy with the most ter­rible ex­per­i­ences of con­cen­tra­tion camps, such as the Argelés camps, im­possible to erase from the memories of Spanish republicans.

Over the past decade, Migreurop has de­veloped and im­ple­mented re­search pro­jects, grass­roots ini­ti­at­ives and con­structive pro­posals in this field. Examples of these in­clude its 2011 Open Access Now cam­paign, in which it called for trans­par­ency and ac­cess to mi­grant de­ten­tion centres in the EU and the pro­ject on the dy­namic map­ping of mi­grant de­ten­tions, linked to the AntiAtlas of Borders Project. The work of this NGO cul­min­ated in the Close the Camps ini­ti­ative, which was launched in 2011 and was presented in December 2013 in the con­text of the European Campaigns against the Administrative Detention of Migrants, forming part of European Alternatives (EA Migration Area/​EA Detention Programme). The ini­ti­ative couples ana­lysis with a con­structive pro­posal, as its in­ten­tion is to draw up a map of the 393 de­ten­tion camps — known as centros de in­ternami­ento in Spanish legal ter­min­o­logy. In turn, this map seeks to high­light the key im­port­ance of these centres as part of a policy of genuine war against im­mig­rants (in this re­gard, see Migreurop’s sym­bolic Manifesto). The al­most 400 camps cover centres op­er­ating in the 28 Member States of the EU, in can­didate coun­tries, in those forming part of the European Neighbourhood Policy (ENP) and in other coun­tries that par­ti­cipate in these policies. Let’s close these mi­grant de­ten­tion camps. Let’s close Guantanamo and all those like it in 2014. This time there are no excuses.

Javier de Lucas is Pro­fessor of Philo­sophy of Law and Polit­ical Philo­sophy at the Human Rights Insti­tute, Uni­ver­sity of Valencia.

 

  1. Human Rights Brief, volume 12, issue 3 (2005) ↩
  2. Further in­form­a­tion can also be found in the book of con­ver­sa­tions edited by Nadim Mahjoub en­titled “The Guantanamo Files: The Stories of 744 Detainees in America’s Illegal Prison”, Pluto Press, 2009, which in­cludes testi­monies from Andy Worthington, Moazzam Beg and Zachary Katznelson. ↩

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TODO POR LA MARCA, DIGO POR LA PASTA

Todo por la Marca. También los derechos humanos

Posted on 28 enero, 2014

Javier de Lucas

Algún día habrá que escribir la historia de lo que nos ha costado la ambiciosa operación de imagen, presentada como prioridad del gobierno Rajoy y eje estratégico de la política exterior española: la “Marca España”. De momento, contamos con algunos elementos de juicio. Veamos.

¿Qué quiere decir “Marca España”? ¿Por qué adoptar como santo y seña esta expresión, obviamente mercantil y que podría  llevarnos a sustituir  el vetusto <todo por la Patria>, por  <todo por la Marca>? La primera pista  me parece obvia: detrás de lo que podría parecer una operación deaggiornamento de la presentación internacional del Reino de España, en realidad se encuentra la idea tan trasnochada como cuestionable de que un país es ante todo un producto (bueno, digamos una empresa, al modo en que Reagan y Thatcher veían el mundo por venir, como una batalla entre capitanes de empresa), tal y como reza su Decreto de creación, el R.D. 998/2012, de 28 de junio. En esa norma se nos explica que se trata de “mejorar la imagen exterior de España visibilizada bajo la denominación Marca España, que toma como modelo las iniciativas adoptadas por otros Estados en ejecución del concepto marca-país”. Una ocurrencia formulada casi en los términos apodícticos propios de un catecismo Astete para catecúmenos neoliberales, esos sujetos que dibujan con tanta precisión Forges o Manel Fontdevila.

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Como casi todo en nuestro país, ha necesitado su propia burocracia: un Alto Comisionado, con rango de Secretaría de Estado, Oficina, un Observatorio y, cómo no, un sitio web. En todo caso, el coste al que me refería no es el de esas estructuras administrativas, seguramente prescindibles pero, al fin y al cabo, modestas en comparación con la pólvora de rey de eventos e instalaciones tan elefantiásicas como ruinosas (véanse los penúltimos ejemplos made in Calatrava y Gobiernos de la Generalitat valenciana), o con la nómina de asesores que pueblan todas las administraciones, de la Presidencia del Gobierno del Reino de España, al de Castilla – La Mancha o cualquier Ayuntamiento que se precie. Tampoco se trata sólo de lo que hemos invertido y dejado de recuperar en la promoción de este parto de los montes. Por ejemplo, la reorientación de las prioridades en nuestra diplomacia, que en realidad ha supuesto acomodar buena parte de nuestras embajadas al modelo de oficinas de negocios, para ir a lo mollar: la pasta. Y  lo peor es que apenas se ha querido invertir a fondo –más allá de una retórica trasnochada, la misma de esas fallidas cumbres iberoamericana- en la mejor baza del proyecto de marras, esto es, un idioma global, empeñado como está el gran preboste de nuestra diplomacia en revivir los blasones del imperio.

No. Lo malo, en términos de coste es que resulta que el balance de esta empresa nos ha dejado con el culo al aire. Porque, pese a los grandes logros de Aznar en la escena internacional y en la mesa de centro del rancho de Bush, pese a las coyunturas planetarias de Pajín y Zapatero, pese al “gran esfuerzo que han hecho los que más tienen” (sic) y que nos ha devuelto a la credibilidad internacional -al decir del increíble Floriano-; incluso pese a la reconocida elocuencia de Rajoy, que hace de él una luminaria en los foros internacionales casi comparable a Ana Botella, España, en este juego, no pasa de ser una marca de tercera regional. La Marca España, con una caída del 20%,  se sitúa entre las diez que más pierden en el mundo en 2013, según los datos del último informe de Brand Finance.

fontdevila

Pero aún hay más. Otros costes, otros daños quizá menos mensurables a corto plazo y que, sin embargo, resultan más letales. Me refiero a la seudo pragmática “filosofía” que esa mal entendida <marca> nos obliga a adoptar cuando, mire usted por dónde, aparece una ¿impensable? colisión entre las exigencias del respeto a los derechos humanos y el interés de la precitada “Marca España”.  Porque viene sucediendo que la arrogancia de la tal Marca se torna vergonzante pleitesía en cuanto nos topamos con el que manda. Ya tenemos testimonio sobre la obsequiosidad de todos nuestros Gobiernos y ministros de exteriores con esos <asuntillos> que molestan al tío Sam (el caso Couso)  y a quienes mandan en el tío Sam (Wert es sólo un penúltimo ejemplo) o a sus aliados (Israel, pongamos por caso). Pero es que ahora, cada vez más, son otros los amos y no estamos acostumbrados a los nuevos protocolos, lo que quizá explica alguna reciente sorpresa.

Los lectores recordarán cómo ante la ofensiva de uno de esos aliados de verdad del tío Sam, Israel, el Gobierno de Zapatero (mediante un acuerdo entre PSOE y PP) promovió en enero de 2009 un primer recorte al marco legal mediante el cual nuestro país se había comprometido en serio con el principio de jurisdicción universal. La halcón israelí y entonces ministra de exteriores, la señora Tzipi Livni, leyó la cartilla al ministro Moratinos para que corrigiera o frenara a la Audiencia Nacional que, a semejanza de los tribunales belgas respecto al beneméritoAriel Sharon, amenazaba con órdenes de busca y captura contra el ex ministro israelí de Defensa Benjamin Ben-Eliezer y otros responsables israelíes por la matanza de 14 civiles en el atentado contra un líder de Hamás en Gaza en julio de 2002.. Y así sucedió. Con el añadido de que los españoles no nos enteramos de esas intenciones por nuestro propio Gobierno, sino por las declaraciones de la ministra en ese mes de enero de 2009, que declaró que Moratinos le había comunicado que España iba a cambiar su legislación “para evitar los abusos” de los jueces de la Audiencia Nacional. “El ministro Moratinos me acaba de decir que España ha decidido cambiar su legislación relativa a la jurisdicción universal y que esto puede evitar los abusos del sistema legal español”, declaró Livni a la agencia Associated Press. “Creo que es una noticia muy importante y espero que otros países europeos hagan lo mismo… Sistemas legales de distintas partes del mundo han sido aprovechados por cínicos con el único propósito de dañar a Israel. Es bueno que España haya decidido poner fin a este fenómeno”. (La noticia puede verse aquí).

Pues bien, no ha sido bastante. Otra vez algunos tribunales españoles, sin demasiado entusiasmo, todo hay que decirlo, pero obligados por un excelente trabajo jurídico y por la tozudez y aun el coraje de profesionales del Derecho y militantes de los derechos humanos, han tomado decisiones que molestan a poderosos gobiernos implicados muy verosímilmente en asuntillos, como genocidios o crímenes contra la humanidad. El caso de los dirigentes chinos contra los que se había conseguido que la Audiencia Nacional emprendiera acciones propias de la jurisdicción universal por su responsabilidad en el genocidio cometido en el Tibet es abrumador por la desvergüenza con la que han actuado el Gobierno chino y el sumiso gobierno Rajoy, siempre con la coartada del interés superior de la Marca España, entendida exclusivamente en términos de balanza comercial. El 12 de diciembre de 2013, una delegación de la Asamblea Nacional Popular china se reunió a puerta cerrada con miembros de la Comisión de Exteriores del Congreso y reiteró la “perplejidad” e “incomprensión” de su Gobierno por la actuación de los tribunales españoles en relación con el Tibet, un “asunto doméstico”, interno, propio de la soberanía china. Nada nuevo en la vieja lógica contra la que trata de lucha precisamente el principio de jurisdicción universal. Dando muestra de una celeridad que para nosotros los ciudadanos españoles querríamos, el Gobierno en menos de un mes ha preparado el cambio legal requerido.

peridis

Y lo que es peor, esta genuflexión ante el mercado chino da carpetazo a todas las investigaciones de los jueces españoles en los últimos diez años, como el caso Couso, los vuelos de la CIA o las torturas en la cárcel de Guantánamo. Son los dos que están en curso ante el Juzgado Central de Instrucción nº 1 (Santiago Pedraz): Caso Couso y genocidio en Guatemala. Los cuatro en el Juzgado Central nº 2 (Ismael Moreno): Genocidio del Tíbet, Falung Gong, vuelos de la CIA y campos de concentración nazis. Uno en el Juzgado Central nº 3. (Javier Gómez Bermúdez), el Caso Vielman. Dos en el Juzgado Central nº 4. (Fernando Andreu): Crímenes de guerra en Irak y genocidio de Ruanda. Tres en el Juzgado Central nº 5 (Pablo Ruz): Torturas en Guantánamo, genocidio del pueblo saharaui y asesinato de Carmelo Soria. Y finalmente, uno en el Juzgado Central nº 6 (Eloy Velasco): el asesinato de Ignacio Ellacuría y otras siete personas en El Salvador.

En fin, a juicio de no pocos, se trataría de una de esos slogans publicitarios con cuyo enunciado solemne pretenden deslumbrarnos (“estamos trabajando en modernizar la imagen e España”) los mismos políticos que no saben resolver las necesidades primarias, las verdaderas prioridades de sus empleadores, los ciudadanos. Los que parecen incapaces de atajar la corrupción, el paro, ni tampoco los conflictos reales que dañan la imagen de <marca> como el problema territorial. Ya sé que todo esto les parecerá a no pocos “expertos” en política exterior (y en cinismo de mesa camilla y tertulia, que disfrazan de realpolitik) un ejemplo de la ingenuidad característica de quien se embarca en política con la denostada <ética de principios>, lo que, al decir del tan reputado como brutal canciller Bismarck, era semejante a quien se adentra en un bosque infestado de bandoleros con un palillo entre los dientes…Pero es lo que tiene dedicarse a enseñar e investigar sobre derechos humanos, que uno se los toma en serio. Porque, en caso contrario, habrá que concluir que no vale la pena hacer política. Dejemos hacer al mercado, ese descrito por Scorsese en The Wolf of Wall Street, que es la única razón universal. Pero no nos llamemos a engaño. Su lógica no es esa filantrópica y al cabo benéfica para todos, tal y como sostienen los partidarios de esa patochada de la mano invisible. De los vicios privados no salen las virtudes públicas como pretendiera Mandeville. No, lo que el mercado, éste de ahora, persigue, aquello en lo que consiste no es otra cosa que la continuación de la guerra por otros medios. Ya lo dijo Warren Buffet, una guerra entre ricos y pobres en la que, claro, van ganando ellos, los ricos, los que mandan de verdad.

que-es-marca-espana Jordi Bernadó

Viñetas: Manel Fontdevila y Peridis
Foto: Jordi Bernadó

GUANTANAMO SIGUE AHI. Y SE MULTIPLICA

Guantánamo sigue ahí. Y se multiplica.

Posted on 16 enero, 2014

Javier De Lucas

Una de las razones por las que el mandato del Presidente Obama queda muy, muy lejos de las expectativas que había despertado, es su falta de voluntad clara –dejémonos de eufemismos- para cumplir con la promesa de cerrar los diferentes campos -hasta seis- de la base norteamericana de la bahía de Guantánamo, donde permanecen encerrados los prisioneros relacionados con la guerra contra el terrorismo y, en primer lugar con Al-Qaeda, desde la intervención norteamericana en Afganistan, sometidos a diferente grado y tipo de medidas coercitivas.

Por ejemplo, en el más duro, el Camp 6, con capacidad para 178 prisioneros, se les mantiene en celdas individuales de acero sin ventana alguna, durante 22 horas al día. Sabido es que se ha  denunciado y documentado a lo largo de estos años que, en todos esos campos se somete a quienes, desde el punto de vista jurídico internacional, son prisioneros de guerra (aunque los EEUU se nieguen a aceptarlo así y los considera “combatientes enemigos ilegales”), a torturas y malos tratos. Un régimen no sólo ajeno, sino contrario a la legalidad internacional, según han puesto de manifiesto Cruz Roja y diferentes ONG de derechos humanos.

Cuba Guantanamo

Fue el 11 de enero de 2002 cuando llegó el primer grupo de 20 prisioneros a la base norteamericana, bajo mandato del Presidente Bush y en una situación jurídica de estado de guerra en la que, Patriot Actmediante, se suspendieron garantías elementales de derechos, según ha sido denunciado, por ejemplo por la American Civil Liberties Union. En su momento más álgido esos campamentos albergaron a 750 prisioneros. Hoy son 151. En su primera campaña presidencial, ya en 2008, Obama (pero también MacCain) se comprometió a cerrar esos campos si era elegido Presidente. En enero de 2009 decretó el cierre por un año, pero en 2009 y 2010 el Congreso rehusó el uso de fondos públicos para trasladar a los presos desde Guantánamo a territorio de los EEUU.

Sólo ha habido un juicio civil a un prisionero de Guantánamo: es el caso del tanzano  Ahmehd Ghailiani, absuelto de 284 de los 285 cargos imputados, entre ellos del de terrorismo, aunque considerado culpable de conspirar para destruir con explosivos propiedades estadounidenses.Sólo 67 presos han sido extraditados a alguno de los 16 países que aceptaron acogerlos. Las peripecias jurídicas que suponen negación de principios elementales han sido analizadas por Richard Wilson, profesor del Center for human Rights and humanitarian Law del College of Law(American University, Washington) en su  “Defending the Detainees at Guantanamo Bay”, Human Rights Brief, 12, nº 3 (2005). Quien esté interesado, puede encontrar una detallada cronología y documentación en el sitio que la web del New York Times dedica a los campos de Guantánamo o en la web del Center for Justice and International Law de Washington.

Con motivo de este triste aniversario, me referiré sólo a algunos de los hitos más recientes de esta historia negra, a lo largo del pasado año de 2013.

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Conviene recordar que en el mes de abril de 2013, ante la pregunta del corresponsal de CBS, en rueda de prensa oficial en la Casa Blanca, el presidente Obama, tras afirmar que “Guántanamo ya no era necesario“, reafirmó su voluntad de cerrarlo, aunque lamentó las obstrucciones planteadas por el Congreso.

En junio de 2013, por primera vez, se hizo pública una lista de 46 prisioneros a los que se retiene con carácter indefinido, sin acusación ni juicio, so pretexto de que son extremadamente peligrosos –entre ellos, Mahmoud Al Mujahid–  para ser liberados, aunque no haya elementos para llevarles a juicio (¿!).

En noviembre de 2013, tras la escalada de huelgas de hambre de prisioneros encerrados en Guntánamo, 25 ONGs se dirigieron a Obama para exigirle el cierre. Poco después, en el mismo mes de noviembre de 2013, tras reunirse con los dos enviados especiales del Departamento de Estado (Clifford Sloan) y del Pentágono (Paul Lewis volvió a hacer pública su “decisión” de cerrar esos campos y trasladar a los prisioneros a territorio de los EEUU, así como transferir a otros a países terceros.

Lo cierto es que esta última medida resulta particularmente polémica por cuanto no pocas de esas transferencias de prisión presentadas como repatriaciones, lo son contra la voluntad de los prisioneros (como en el caso de los prisioneros Djamel Ameziane y Belkacem Bensayah, trasladados a Argelia, contra su voluntad,  el 6 de diciembre de 2013; otros prisioneros saudíes y somalíes fueron también repatriados en idénticas condiciones), pero es que, aún peor, algunos son transferidos a cárceles en países terceros sin su consentimiento, como tres de los 11 prisioneros chinos de etnia iugur, transferidos a Eslovaquia el 10 de enero de 2014). A día de hoy, 15 de enero de 2014, los campos siguen ahí.

Pero cerrar Guantánamo no acaba con ese infierno, y digo infierno porque no es un limbo, salvo por la ausencia de control de los principios básicos del Estado de derecho. Según el testimonio de Zachary Katznelson, director del gabinete jurídico de la ONG Reprieve, que ha defendido a treinta de los encarcelados en Guantánamo, los EEUU tienen más de 16000 presos en todo el mundo en cárceles en Iraq, Afganistán (la muy conocida prisión de Bagram), Turquía, etc. (Puede consultarse también el libro de conversaciones editado por Nadim Mahoub The Guantanamo Files: The Stories of 744 Detainees in American’s illegal Prison, Plutopo Press, 2009, que reúne los testimonios de Andy Worthington, Moazzam Beg y Zachary Ktznelson .

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Y los europeos no podemos sacar pecho frente a esta ignominia. De un lado, con la sola excepción de la Sra Merkel en su primera visita oficial a los EEUU, ningún dirigente europeo (incluido en esta misma semana el presidente Rajoy) ha sido capaz de denunciar lo inaceptable ante la propia administración norteamericana. Pero la UE,además de colaborar a esta vergüenza –desde luego, no sólo por omisión-, tiene sus propios Guantánamos. Porque en punto a desprecio de los derechos humanos y de las obligaciones jurídicas internacionales, nada tienen que envidiar los 400 CIEs que mantiene en funcionamiento en el territorio de los 28, de los países candidatos a la entrada, de los que se benefician de la política de vecindad y de los que simple y llanamente hacen negocio con esta lacra. Así lo ha denunciado y documentado Migreurop, la ONG más importante en la UE en lo que se refiere a políticas de asilo e inmigración, que surgió precisamente a finales de 2000, en el Forum Social Europeo celebrado en Florencia, como una red europea para denunciar esa “Europa de camps”, expresión con la que muy intencionadamente se trataba de llamar la atención sobre la analogía con las más funestas experiencias de campos de concentración, como los de Argelés, imposibles de olvidar en la memoria de los republicanos españoles.

Migreurop ha desarrollado en la última década investigaciones, iniciativas populares y propuestas críticas en este ámbito. Por ejemplo, su campañaOpen Access Now, en 2011, reclamando transparencia y acceso a los centros de internamiento de extranjeros en la UE, o el proyectoDynamic mapping of detention of migrants, conectado con el AntiAtlas of Borders Project. Todo ello ha confluido en la iniciativa denominada Close the Camps, que se puso en marcha en 2011 y se ha presentado en diciembre de 2013 en el marco de las European Campaigns against the Administrative Detention of Migrants, que forma parte de las European Alternatives (EA Migration Area/EA Detention Programme). La iniciativa reúne una dimensión de análisis con la propuesta crítica, pues persigue una cartografía de los 393 campos de internamiento –Centros de internamiento en la terminología jurídica española. Esa cartografía, a su vez,  trata de poner de relieve el carácter central de esos centros en una política de auténtica guerra contra los inmigrantes (cfr a ese respecto su emblemático Manifiesto). El número de casi 400 campos reúne a los centros que existen en los 28 Estados de la UE, los Estados candidatos a la asociación, los que forman parte de la política de vecindad (European Neighbourhood Policy, ENP) y otros Estados que participan de esas políticas. Cerremos los CIE. Cerremos Guantánamo y todos los Guantánamos. Un buen propósito para 2014.

 

http://alrevesyalderecho.infolibre.es/?p=2412

14 enero 2014

PARA EL 2014

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¡Por un 2014 de resistencia y de lucha por los derechos!

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El célebre pintor J.M.W. Turner fue un activo antiesclavista. Miembro de la británicaAnti-Slavery Society (cuyo nombre oficial era The Society for the Mitigation and Gradual Abolition of Slavery Throughout the British Dominions), impulsó con otros socios de esta organización el nacimiento en 1839 de The British and Foreign Anti-Slavery Society, que trataba de impulsar la abolición y persecución de la esclavitud en todo el mundo. Su cuadro, pintado en 1840, es uno de los más conocidos del gran pintor inglés y fue expuesto en la Anti-Slavery Society Convention celebrada en Londres en 1840. Turner lo exhibió junto a los versos de un poema que, al parecer, él mismo había escrito en 1812 y que hoy podrían acompañar las fotografías de naufragios en Lampedusa, o en las costas españolas:

Aloft all hands, strike the top-masts and belay; / Yon angry setting sun and fierce-edged clouds / Declare the Typhon’s coming. / Before it sweeps your decks, throw overboard / The dead and dying – ne’er heed their chainsHope, / Hope, fallacious Hope! / Where is thy market now?

¡Por un 2014 de resistencia y de lucha por los derechos!

Javier De Lucas

J.M.W.Turner, "The Slave Ship" (1840), Museum of Fine Arts, Boston. (Slavers throwing overboard the Dead and Dying — Typhoon coming on)

ALGUNA FALACIA DE MÁS (Infolibre, 15.12.13)

http://www.infolibre.es/noticias/opinion/2013/12/14/alguna_falacia_mas_11058_1023.html

A mi juicio, hace falta estar ciego para negar que la estrategia política en torno al derecho de decisión, en relación con Catalunya, se ha demostrado extraordinariamente eficaz. Es indiscutible que no ha necesitado mucho tiempo para lograr buena parte de sus objetivos. Y esto podría servir, además, para sostener su verdad y bondad; es decir, que cuenta con buenas y contundentes razones. Pues bien, me propongo ofrecer al lector algunos argumentos que apuntan en sentido contrario. Esto es, que no cuenta sólo ni fundamentalmente con buenas razones sino que se trata, en gran medida, de una propaganda basada en algunas falacias o, en todo caso, en medias verdades.

Recordemos que, según esta formulación del derecho a decidir, se trata de un derecho del que serían titulares todos y cada uno de los catalanes y el pueblo catalán como tal. También los demás individuos y pueblos, claro: los españoles por ejemplo, los araneses; pero parece que esa no es la cuestión. Un derecho que les asiste aunque no esté expresamente reconocido en nuestras leyes, en la Constitución. Este es el primer acierto estratégico y, a la vez, la primera falacia. Presentar el derecho a decidir en cuestión como una suerte de principio moral, político y jurídico. Uno está tentado de añadir que incluso estético, retornando a la clásica convergencia entre verdad, bien y belleza y a la emoción épica y estética que parecen sentir algunos de sus defensores. Pero la falacia consiste en que lo formulan en realidad como un axioma. Es decir, una proposición que se considera «evidente» y se acepta sin requerir demostración previa. Y es que las demostraciones que se ofrecen, a mi juicio, apelan a la evidencia, a las medias verdades y aun a las falacias más que a las buenas razones. Veamos.

Ante todo, el derecho a decidir se presenta como un axioma moral: nos dicen que un atributo básico de la condición de sujeto moral sería el derecho a decidir (otra cosa sería la capacidad, claro). Oponerse a reconocerlo sería una indignidad en términos éticos. Es verdad que se les puede replicar que para eso es preferible hablar simplemente del principio –pongamos kantiano– de autonomía moral o del de dignidad. Pero esa formulación no les conviene, porque complica la argumentación. Sobre todo si pensamos en su dimensión de universalidad, que pugna con el nosotros característico del derecho a decidir, que es sobre todo excluyente, que no inclusivo. Porque el derecho a decidir, cuando se formula en el interior de otra comunidad o pueblo, es para afirmarse en contra o, mejor, para diferenciarse: nosotros no somos de éstos. Sigamos.

El derecho a decidir es, además, un axioma político: no hay democracia sin derecho a decidir, nos dicen. Es más, añaden, el derecho a decidir es el primer derecho democrático, el derecho original en democracia, que no se puede someter a formalidades que lo constriñan (y si se les pregunta si nos están hablando de la libertad sin ley, dirán que son disquisiciones técnicas, legalismos, trampas de rábula). Ergo, quien lo niegue es un antidemócrata, defensor del absolutismo o del totalitarismo. Dejan de lado que la invocación de que el pueblo catalán, aquí y ahora (en 2013, en la UE) tiene derecho a autoreconocerse, sin sujección alguna a leyes o al Estado de Derecho, porque la democracia no puede quedar supeditada a legalismos, parece propia de un cierto adanismo jurídico. Es decir, se afirma sin atención al contexto real. O peor, se apela a ese contexto, deformándolo, en una suerte de invocación de un Volkgeist –la identidad catalana, eso sí, ‘un’, nada de plural– en el que encarnaría el Zeitgeist. Una tesis que, según acredita la experiencia, nunca ha casado bien con la democracia.

E incluso es un axioma jurídico, pues, como sostiene con gran conocimiento del Derecho el señor Junqueras, es un principio del Derecho internacional, que identifica con el derecho de autodeterminación, aunque el término es, para buena parte de sus defensores y dentro de la estrategia que siguen, un tabú que de momento no debe mencionarse. Y cuando se le replica (como lo han hecho ilustres iusinternacionalistas, como el profesor Carrillo Salcedo) que los supuestos en los que se puede hablar de este derecho a la autodeterminación en el orden internacional no pueden ser predicados de los ciudadanos catalanes y del pueblo catalán, aquí y ahora, se apela a trescientos años de historia de “represión y colonización por parte de España contra Cataluña”, al expolio y las humillaciones continuas sufridas por el pueblo catalán, o se acude a otro tipo de principio, “los principios generales del Derecho” (incluso alguna vez, tímidamente, al Derecho natural) que, obviamente, debe interpretarse como propongan estos defensores, según su leal entender.

La primera consecuencia de estar dotados de un axioma de tales características (moral, político y jurídico) es que sólo un malvado, un antidemocráta o un ignorante en Derecho pueden empeñarse en desconocerlo. O una suma de tan despreciables condiciones, es decir, un español, como concluirían triunfantes en el famoso simposio supercientífico, quod erat demonstrandum… Dicho de otro modo, la consecuencia más importante de saber que uno cuenta con un axioma es fortalecer la fe: el profeta y sus primeros y genuinos adeptos (ERC y ahora Convergencia) pueden regocijarse: “Estoy, estamos en posesión de la verdad”. Esa fortaleza, a mi juicio, es la llave de todo fundamentalismo y también de buena parte de los victimismos: “Pobres de nosotros, aunque somos el pueblo elegido, nos persiguen” (algo así sostuvo el señor Mas en Israel, parece ser…). Fortaleza que muestra su eficacia también frente a la tentación de romper filas que puedan formular algunos de los que flaquean en la fe o son herejes (Unió) o los catecúmenos, los recién llegados (ICV). Pero, sobre todo, frente a los infieles/ignorantes que ignoran la fe: “Esto es incuestionable”, como dice el señor Sobrequés para negar voz en su seminario al que piense de otra manera o ponga en duda la conclusión presentada como hipótesis objeto de estudio. Con el estrambote de que además, como es científico social, aporta el inmenso argumento de la historia del perseguidor, el BOE como martirologio.

Y en segundo lugar, al autoafirmarse como tal axioma, y con la eficacia propia de las falacias, invierte la carga de la argumentación. El axioma se impone por su evidencia. Y quien lo niega debe realizar un esfuerzo argumentativo suplementario. Ante todo, para vencer la presunción en contra de la que juega, pues, como recordaba antes, sólo un ignorante o un perverso puede atreverse a negar lo que es tan evidente. Es una tarea difícil, y aún peor, inútil, contraproducente, una pérdida de tiempo, como sabe el señor Sobrequés cuando selecciona científicos para su simposio y sólo admite a los que piensan como él: ¿cómo se le va a dar la palabra, como va a tener credibilidad quien pretende hablar para discutir un axioma? Y si se consigue vencer este pre-juicio, le queda aún la titánica tarea de demostrar a los fieles que el axioma no es tal.

Faltan matices en este discurso. Me limitaré a uno, importante: todo lo dicho se puede aplicar, creo, con ligerísimos cambios, al ideario del Gobierno Rajoy. En posiciones exactamente antagónicas. Lo que muestra un escenario aut-aut, un conflicto de esos que enfrentan concepciones estáticas, esencialistas, autosuficientes y globales. Y en ese tipo de conflictos no hay negociación posible. Nada de terceras vías. Sólo “victoria o muerte”, si se me permite el recurso, que espero sólo retórico.

Pero la política y el Derecho son otra cosa: disposición a la argumentación razonable, a escuchar las razones del otro, a negociar. Modifiquemos si es necesario –parece que lo es– ese marco jurídico, la Constitución. Para que así, todos los ciudadanos, todos los que entendemos que debe tener otras prioridades, tengamos ocasión de proponerlas. Por ejemplo, constitucionalizar con garantía fuerte los derechos sociales y suprimir la claúsula del déficit. Para avanzar en la igualdad entre hombre y mujeres. Para instaurar la igualdad entre ciudadanos y extranjeros. Para imponer la laicidad. Para poder escoger la República. Y otras. Para que pasemos a otra organización territorial: por ejemplo, federal, en la que CCAA o nacionalidades o Estados federados en su interior puedan constituirse de otra manera y tengan el derecho a ejercer –si así resultara de consultas democráticas– la secesión. Pero no apelen a la contraposición entre Democracia y Derecho. Porque eso conduce al fascismo.

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Javier de Lucas es catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en el Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València, del que fue fundador y primer director. Ha sido director del Colegio de España en París entre 2005 y 2012 y presidente de CEAR (2008-2009). Ha publicado veinte libros y más de 300 artículos en revistas científicas nacionales e internacionales y es un colaborador habitual de Al Revés y al Derecho, el blog de infoLibre dedicado a los derechos humanos.

 

Between Repression and Paternalism: European Asylum and Immigration Policy after the Lampedusa Trajedy (CLT, 12 12 13)

After ships car­rying hun­dreds of refugees sank off the Italian coast re­cently, we must de­mand a change in asylum and im­mig­ra­tion policies or sur­render to the logic of barbarism.

Victims lie in a Lampedusa air­port hangar, October 2013

Crocodile Tears

In the space of just over a week the world watched in as­ton­ish­ment as two ships sank off the Italian coast, giving rise to stag­gering death-tolls (359 on the 3rd of October, more than 50 on the 11th) and various ex­pres­sions of grief. Among the mourners were those dir­ectly re­spons­ible for asylum and im­mig­ra­tion policy and its legal tools within both Italy and the EU, who trav­elled to the is­land to offer their con­dol­ences and vowed never to forget the hun­dreds of coffins heaped on the shore. However, these in­di­viduals who, on the one hand, pro­mote in­sti­tu­tional xeno­phobia and ra­cism through the con­struc­tion of walls and use of gun­boat sur­veil­lance,1but have no trouble shed­ding a tear for the dead when the cam­eras are on, rep­resent a hy­po­crisy which has now be­come unbearable.

My first pro­posal is that we do not let ourselves be de­ceived by these cro­codile tears which in­sult both the vic­tims’ dig­nity and our own.2 The real issue is how these deaths re­late to the asylum and im­mig­ra­tion policies of the EU and its member states. We must not ac­cept these re­ac­tions which treat the deaths as if they were the result of nat­ural causes or some cruel twist of fate. The in­creasing ex­as­per­a­tion and out­rage that over­whelm European cit­izens who help­lessly bear wit­ness to these cata­strophes does not arise from a sense of power­less­ness in the face of tragic yet in­ev­it­able “nat­ural” dis­asters. These deaths are rather murders whose per­pet­rators who cannot go un­pun­ished. Our struggle is one of im­pot­ence against impunity.

It is my be­lief that there is a causal link between these mor­tal­ities and the per­sist­ence of a policy based on a fil­tra­tion system (only enough in­di­viduals are al­lowed enter to sat­isfy the avail­able and re­quired jobs and not a single more, while those who ‘slip through’ are im­me­di­ately thrown out) com­bined with an ob­ses­sion which re­duces in prac­tice all im­mig­ra­tion policy to a ‘struggle against il­legal im­mig­ra­tion’ and ig­nores the real causes of mi­gra­tion. Because these deaths are not the first. We need only con­sider that in just over a decade from 1990 to the present, more than 8,000 corpses have reached the shores and sur­rounding wa­ters of Lampedusa and the most re­li­able sources es­timate the figure to be over 17,000 in the last ten years across Europe.3 Let us not forget that in the ship­wreck of the 3rd of October of 2013, the greatest dis­aster to have hit the shores of Southern Europe, the number of vic­tims rose to 500 men, women (some of whom were preg­nant) and chil­dren, the ma­jority of whom, ex­cept those of Syrian origin, had trav­elled more than 4000km in an at­tempt to flee the poverty brought about by the con­flict in Somalian and the to­tal­it­arian re­gime in Eritrea. Paradoxically, the sheer mag­nitude of this tragedy placed the bar too high for sub­sequent ship­wrecks, the first just over a week later, to at­tract media attention.

There will al­ways be a voice of realism re­minding us that the re­spons­ib­ility for these tra­gedies falls not on the EU or the West, but primarily on the re­gimes and coun­tries which force these people to live in misery and hunger, without basic rights or life ex­pect­ancy. However, I re­fuse to ac­cept that our an­swer to the this new com­munity of emig­rants from Eritrea, Somalia and Syria, people who live in an Anabasis like that de­scribed by Quirico, is simply ‘Try else­where, we already do more than our bit to sup­port the co­oper­a­tion and de­vel­op­ment pro­gramme.’ We cannot ig­nore the shame that falls upon us, we who pride ourselves on the values of the EU; on the guar­antee and de­fence of human rights and demo­cracy yet forget those of others when they turn to us. But how can we de­liver justice? Is there a pos­sible al­tern­ative to cur­rent asylum and im­mig­ra­tion policy? Do we have to change its legal instruments?

Considering the issue in legal terms: one omis­sion and two sophistries

I would like to high­light one ser­ious omis­sion and two mis­ap­pre­hen­sions, or worse soph­is­tries, which in my opinion pose a bar­rier to ac­count­ab­ility on im­mig­ra­tion is­sues. They hamper cur­rent de­bate and, as in Anderson’s par­able, provide a new set of clothes for these naked politi­cians, along with no small number of media sources.

It is this omis­sion that al­lows us to con­tinue split­ting hairs over who is re­spons­ible, whether it is the EU, Italy, Malta, the fish­ermen, or the is­landers who should act. No. It must be made clear that all those who fail to as­sist the vic­tims are crim­inals through their vi­ol­a­tion of the law. If those cit­izens who break the law are deemed crim­inals so too then should those politi­cians be­longing to the EU or its member states who have breached its reg­u­la­tions. And the of­fences of those who pre­vent or­dinary cit­izens from ad­hering to the law are all the more serious.

This is the real issue. No more talk of hu­manity, piety and solid­arity. We are dealing with a legal of­fence of the first order that de­mands ac­count­ab­ility and ap­pro­priate sanc­tions. This is es­sen­tial if we are to stop the poison of im­punity and pop­ular dis­il­lu­sion­ment spread by this tragedy be­cause nothing can be done and media at­ten­tion shifts as soon as the next dis­aster sur­passes a death-toll of 350.

It must be made clear that it is a matter of crimin­ality, of of­fences which de­mand pun­ish­ment be­cause non-assistance to a person in danger at the very least vi­ol­ates a cur­rent legal standard. Indeed, through the re­pressive con­trol ex­erted by Frontex and states such as Italy, Malta and Spain, the EU in its re­ac­tion to these ship­wrecks ap­pears to have re­peatedly for­gotten the legal duty to rescue en­shrined in the oldest laws of the sea, basic common laws which for ex­ample over­rule the Fini-Bossi law; and today by com­plex treaties of in­ter­na­tional law of the sea such as the 1982 Montego Bay Convention on the Law of the Sea and the SAR andSOLAS Conventions.

The con­tinual dis­regard of these ob­lig­a­tions, which has been largely con­cealed by the tone of the media cov­erage through its em­phasis on the most en­ga­ging ‘hu­man­it­arian’ and ‘tragic’ di­men­sions of the in­cident, issup­ported by two soph­isms. The first of these is the in­sist­ence on re­fer­ring to ‘the tragedy of im­mig­ra­tion’. No. In large part, the vic­tims of these ship­wrecks are refugees be­cause they are fleeing from failed states, civil wars and con­di­tions which put their human rights at risk, as is the case in Eritrea, Somalia, Syria or Mali. It could soon again be Libya, or ter­ri­fy­ingly even Tunisia or Egypt. And what about Eritrea? We need only read the re­ports pub­lished by The Economist, such as ‘Eritrea and its emig­rants: Why they leave’ on the ar­rival of Eritreans to Lampedusa or those map­ping the polit­ical evol­u­tion of the country such as ‘Eritrea: A State of Siege’ or ‘Eritrea: Robocall re­volu­tion’ which clearly out­line the reasons com­pel­ling hun­dreds of thou­sands of Eritreans to leave. Many of them fled to non-European zones such as the 125,000 who trav­elled to Sudan, the 87000 to Ethiopia or the 40,000 to Israel. From this former Italian colony they have also set out for Lampedusa in the hope of es­caping a country which has now trans­formed into a con­cen­tra­tion camp worse than North Korea. Thus refugees, like those ar­riving from Syria, are an in­creas­ingly im­portant contingent.

Whether they are im­mig­rants or refugees is not a trivial dis­tinc­tion. Of course the ser­i­ous­ness of the tragedy changes de­pending on which group is in­volved. However, it is this am­bi­guity which re­veals the fun­da­mental pre­ju­dice upon which im­mig­ra­tion and asylum policies are founded. Indeed, of­fi­cial doc­trine con­siders im­mig­rants to be eco­nom­ic­ally mo­tiv­ated as their move­ments are primarily dic­tated by work reasons. Refugees on the other hand are con­sidered to have been forced to leave their coun­tries as a result of polit­ical per­se­cu­tion. As a result, the EU and the ma­jority of its member states have tried to reg­u­late the entry and so­journ of the former group ac­cording to a cost/benefit eval­u­ation, fol­lowing what has come to be known as a communicating-vessels model. According to this system, pre­cisely enough will be al­lowed enter that will sat­isfy the de­mands of the market and prove prof­it­able but not a single more, a per­fect bal­ance must be main­tained. Refugees how­ever are viewed solely as a fin­an­cial burden and policies have in­creas­ingly re­stricted eli­gib­ility for asylum ap­plic­a­tions within the EU. These in­di­viduals are simply not leg­ally able to enter our Paradise. We have made it im­possible for them and their only op­tion is to try and reach the border by whatever means pos­sible. And even those which do ar­rive we do not allow them to show it (lit they are not al­lowed present them­selves as such) they are locked up in camps under in­hu­mane con­di­tions like those seen in Lampedusa and treated as il­legal im­mig­rants that face fines of up to €4000 and expulsion.

In both cases, the EU main­tains con­trol and vi­gil­ance as its highest pri­ority. This is the role of FRONTEX which co­ordin­ates the re­in­force­ment and even re­lo­ca­tion of bor­ders to third coun­tries des­pite their du­bious human rights re­cords such as Morocco and Lybia. As a result, ef­forts are fo­cused on con­trolling il­legal im­mig­ra­tion and its net­works, as well as pre­venting the misuse of asylum pro­ced­ures by those who are ‘just im­mig­rants’. The closure and re­in­force­ment of these bor­ders (Cueta, Melilla, Malta, Sicily and its sur­rounding is­lands or Evros and the is­lands of the Aegean Sea) res­ults in the rise in il­legal jour­neys and changes of route. The ma­jority of refugees today travel an av­erage of 4,000km to reach the same ports where crowds of im­mig­rants pre­pare to make the leap. And a sig­ni­ficant pro­por­tion (al­most 20,000 in the last 10 years ac­cording to the Libération re­port) die in the at­tempt. The twin cata­strophes at Lampedusa are just an­other two examples.

This re­veals the second soph­istry pro­duced by those who sug­gest that the issue is a lack of hu­man­it­ari­anism or al­truism and claim that our ca­pa­city for solid­arity and gen­er­osity is weakened in times of crisis. They in­sist that Europe (Italy and Spain) cannot carry the weight of the world’s misery on its shoulders and that we already do enough. But this is simply un­true. Not only are we guilty of failing to save lives, which is our most fun­da­mental duty, but in the case of refugees we are talking about the vi­ol­a­tion of spe­cific legal ob­lig­a­tions which should carry sig­ni­ficant legal consequences.

We must re­member that the EU and its member states have very real legal ob­lig­a­tions to­wards those seeking asylum and must be held ac­count­able should they fail to fulfil them. These re­spons­ib­il­ities were ori­gin­ally set out in the International Covenant on Civil and Political Rights (see art­icles 5 and 6), such as the prin­ciple of non re­foule­ment, the duty to not re­ject those who re­quest asylum as stated in art­icle 33.1 of the United Nations Convention re­lating to the Status of Refugees from the 28th of July 1951 fol­lowed by the Protocol of the 1st January 1967 which lead to the Advisory Opinion on the Extraterritorial Application of Non-Refoulement Obligations under the 1951 Convention re­lating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol. If any more evid­ence was needed, we may also note that this in­fringe­ment also breaches the pro­vi­sions of art­icle 3 of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment of the 10th December, 1984.

In the case of the refugees fleeing Eritrea and Somalia, the EU has not even con­sidered the es­tab­lish­ment of hu­man­it­arian cor­ridors or rescue op­er­a­tions in the Mediterranean beyond the Mare Nostrum op­er­a­tion funded by the Letta gov­ern­ment. Similarly, the ques­tion of im­mig­ra­tion routes which cur­rently pass through central Africa and re­cently res­ulted in a hun­dred deaths in the desert of Northern Mali, still goes unanswered.

It is the duty of us, the cit­izens, to de­clare that the states which main­tain these asylum and im­mig­ra­tion policies do not de­serve the title of demo­cracy or even to be con­sidered law-abiding states as they fail to re­spect the basic human rights which are the very core of the law. As they have rat­i­fied and in­cor­por­ated the in­ter­na­tional con­ven­tions on refugees and on the laws of the sea into do­mestic law, their vi­ol­a­tion of their own laws is a crime for which they must be held ac­count­able. If these il­legal acts are to be stopped we must de­mand a change in asylum and im­mig­ra­tion policies and ac­cord­ingly as­sess the agendas pro­posed at the next European elec­tions. Otherwise we are sur­ren­dering to a logic of bar­barism, and we will be the savages.

Javier de Lucas is Pro­fessor of Philo­sophy of Law and Polit­ical Philo­sophy at the Human Rights Insti­tute, Uni­ver­sity of Valencia.

Thanks to Lucy O’Sullivan for this translation.

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  1. Introduced by the le­gista min­ster Morone who formed part of the Berlusconi gov­ern­ment along­side the now grieving vice-president Alfano.↩
  2. That is not to say that re­ac­tions were uni­ver­sally hy­po­crit­ical or cyn­ical be­cause of course there have been ex­cep­tions. The first re­sponse came from Pope Francis, who care­fully chose Lampedusa for his first trip as Pontiff out­side Rome, in July when he gave an im­pas­sioned speech on what he de­scribed as “the glob­al­iz­a­tion of indifference”.

Similarly, the Mayor of Lampedusa Giusi Nicolini, tired of name­less burials and fu­tile grieving wrote to Brussels asking how much they would need to ex­pand their cemetery until the EU would de­cide to act. She also sug­gested that if Barroso’s visit was only to offer his con­dol­ences he could do so by email, and called on Alfano to join the burial ef­forts when the vice-president who was one of the ar­chi­tects of the Bossi-Fini im­mig­ra­tion law cyn­ic­ally tried to present him­self as an ad­vocate of a re­vised im­mig­ra­tion policy. ↩

A full list of refugee mor­tal­ities at European bor­ders can be found at www.unitedagainstracism.org/pdfs/listofdeaths.pdf. For more in­form­a­tion on the fig­ures re­lating to Spain and death-rates along the Strait of Gibraltar and the route from West Africa to the Canaries, the an­nual re­port is­sued by Human Rights Association of Andalucia (APDHA) en­titled ‘Human Rights at the Southern Border’ is es­sen­tial reading: www.apdha.org/media/Balance_Migratorio_2012.pdf. ↩

DOS CHINAS EN VALENCIA (El País, cv 29 11 13)

China -¿hay alguien que no lo sepa?- es una de las culturas, de las civilizaciones más antiguas, sofisticadas y aun exquisitas de la Humanidad. No se puede entender nuestro mundo, lo mejor de lo que la humanidad ha conseguido, en arte, música, poesía, arquitectura, industria, cine, gastronomía, ciencia y técnica, sin las aportaciones de su pueblo (sus pueblos, que son mucho más que la mayoría Han). Además, es ya la potencia más influyente, en este siglo XXI.

A lo largo de esta semana, el Instituto Confucio de la Universitat de València ha celebrado con un gran despliegue de actividades el sexto aniversario de su fundación: además de la inauguración de su magnífica nueva sede en el campus dels Tarongers, se han organizado actuaciones de grupos de baile universitarios chinos, exposiciones de pintura y fotografía de reputados artistas, conferencias y ceremonias, que culminarán con una Noche mediterránea de la cultura china, en la Facultad de Filología, el jueves 28, y una conferencia y exposición en la Fundación Octubre el viernes 29. La Universitat de València respalda así con legítimo orgullo a su Instituto Confucio, que en este breve lapso de tiempo ha conseguido consolidarse como uno de los más brillantes en todo el mundo. Un instrumento imprescindible para el mutuo conocimiento y para la mejora de las relaciones de todo tipo entre China y España y, más específicamente, entre China y los valencianos.

En efecto, el mutuo conocimiento es la condición necesaria para unas relaciones positivas, que sigan la vía de la cooperación y el desarrollo. Pero a condición de que el conocimiento no sea sustituido por la propaganda, lo que ciertamente es difícil de evitar. Y ahí quizá aparece una china en el zapato del Instituto Confucio y aun de la propia Universitat de Valencia. Porque hay otros aspectos de China (como de España), otra China, la de su régimen de Gobierno, que hay que conocer, aunque el Instituto Confucio no esté muy interesado en ello. Los problemas que sufre el pueblo iughur, las minorías religiosas (Falun Gong, p.ej.), o la situación del Tibet son sólo algunos ejemplos. Problemas de los que, evidentemente, el Gobierno de China no quiere que se hable. Son, según su doctrina oficial, “asuntos internos”. Un alegato clásico que se enfrenta con el principio de jurisdicción universal de los derechos humanos (que el propio Gobierno español administra arbitrariamente).

Pues bien, resulta que en los mismos días 28 y 29 de noviembre se había previsto la celebración de un congreso internacional “Tibet, conflicto olvidado”, organizado por otra institución de la Universitat de València, el Instituto de derechos humanos (IDH), cuya creación es coherente con el mandato de la ONU sobre la cultura y la enseñanza de los derechos humanos y con el compromiso estatutario de la propia Universitat de Valencia a ese respecto. Y parece que eso molesta.

Por ejemplo, la Embajada de España en India, ha negado el visado al monje Palden Gyatso, que vive exiliado en India y que es testigo en el proceso ante la Audiencia Nacional cuya iniciativa jurídica ha partido de J.E. Esteve, abogado y profesor del IDH, y coorganizador del Congreso con la profesora Ramón, que dirigió su tesis sobre Tibet y es hoy la directora del Instituto. Gyatso no podrá participar en el Congreso ni viajar a Madrid. El problema consiste en que es diabético y según la Embajada no ha suscrito un seguro médico suficiente (es que la Embajada vela por su salud, claro).

Además, el IDH no encontró por parte de la Universitat de València ninguna facilidad para poder celebrar el Congreso en un local
de la Universitat suficientemente amplio y céntrico. Y sólo muy tardíamente y tras gestiones sin cuento se consiguió un apoyo a la difusión del mismo, en contraste con otro que, claro no tocan “temas delicados”. Parece que esta visión crítica sobre el Gobierno de China, sobre lo que muchos consideramos una actuación genocida en Tibet, no es oportuna. Mejor que se olvide, como hasta ahora.

Sin embargo, aun con esas ausencia y dificultades, el Congreso se celebró. Porque hay mucha gente -más de lo que creen nuestros prudentes y realistas responsables institucionales- que no quiere renunciar a que la Universidad sea espacio de conocimiento crítico, debate abierto, que nunca debe ser sustituido por la propaganda. Porque hay muchos que piensan –pensamos- que esos crímenes de lesa humanidad (en el Tibet o en la República Centoafricana o donde sea) no prescriben y no se deben olvidar. Y porque así, las relaciones con el extraordinario pueblo chino se basarán en un mejor conocimiento mutuo

TIBET. SUS DERECHOS, NUESTROS INTERESES

 

Tibet: los derechos de los otros y nuestros intereses

 

Javier de Lucas

Esta semana hemos conocido una decisión que es un importante avance en la lucha por los derechos humanos. La Audiencia Nacional española ha cursado las órdenes internacionales correspondientes para poder llevar ante los tribunales a altos dirigentes del Partido Comunista chino y de su Gobierno, presuntamente implicados y aun responsables del genocidio tibetano en las décadas de los 80 y 90. Entre ellos,  el expresidente Jiang Zemin y su sucesor, Hu Jintao.

Esta causa judicial, en manos del magistrado Ismael Moreno, se inició en 2006, tras una querella interpuesta por el Comité de Apoyo al Tíbet (CAT), y se basa en el trabajo jurídico del abogado e investigador del Institut de Drets Humans Universitat de València, José Elías Esteve, que realizó su tesis doctoral sobre el Tibet, publicada poco después como libro que conviene consultar: Tibet. La frustración de un Estado. El genocidio de un pueblo. Precisamente el Instituto ha organizado un Congreso internacional sobre el problema que tendrá lugar los días 28 y 29 en la misma Universitat (aquí su programa).

JIang Zeming y Hu Jintao

Pues bien, aunque, a mi juicio, resulta evidente que se trata de un paso decisivo en el proyecto de hacer realidad el principio de jurisdicción universal –desde luego, simbólicamente, pues se plantea por primera vez a los dirigentes de una gran potencia-, parece que no son pocos los que pretenden ignorar esta evidencia, o incluso negarla.

Así, por ejemplo, los hay que tratan de ridiculizar la decisión, con el peregrino argumento de que se trata de un gesto superfluo, megalómano y, en todo caso, inútil. Les parece que supone sacar los pies del tiesto: “¿La Audiencia Nacional ocupándose de China? ¿Es que no hay suficiente trabajo aquí? ¿Quién les va a hacer caso?”. Son los mismos que, en la mejor de las hipótesis, despachan el asunto con la referencia a la ingenuidad o el utopismo propias de académicos o doctrinarios que ignoran la realidad, si es que no se trata –en la hipótesis menos generosa- de quienes practican una política de gestos que salen baratos a quien los propone, aunque nos puedan resultar muy caros a los demás: los consabidos intereses.

mapa tibet

Precisamente hay quienes subrayan lo dañino e irresponsable de tales decisiones, que ponen en peligro nuestra relación con una superpotencia con la que más vale llevarnos bien, pues la necesitamos: hay muchos intereses en juego, que se verían afectados muy negativamente si insistimos en esta vía. Desde la balanza comercial, las exportaciones españolas a China, el incremento del turismo chino en España, o las ganancias reales y futuras de cientos de emprendedores españoles, muchos de ellos ya presentes en ese país. Por no hablar de efecto estimulante que pueden tener las relaciones con China sobre una España  sumida en la crisis y con tanto paro.

Nada nuevo, por otra parte. El “realismo” frente al “idealismo” (algunos dirían ‘fundamentalismo’). La ética de principios frente a la ética de la responsabilidad. Bla, bla, bla… Por mi parte, creo que es hora de dejarse de tópicos. Y de dejar claro si tomamos o no en serio los derechos humanos. Porque la lógica de la soberanía estatal (los “asuntos internos” o “propios”) es incompatible con la lógica universalista de los derechos humanos. Antes o después, como han advertido por ejemplo Carrillo Salcedo o Ferrajoli, entran en colisión. Y hay que decidir. Si hacemos excepciones por razones de Estado (para llevarnos bien, para ser realistas), los derechos humanos son papel mojado, como “en realidad, sabe todo el mundo”:  quod erat demonstrandum.

Por esa razón hay que decir que no. Que no es aceptable el mantra del “realismo”. Y decirlo precisamente cuando se está ante la prueba del nueve: no para mandar cañoneras a unos desharrapados de un islote, sino para exigir su cumplimiento, aunque suponga imputar a las más altas autoridades de un Estado; más aún, si es una gran potencia la que ha violado y gravemente esos derechos humanos.

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UNIVERSIDADES: EL RANKING DE LA DECENCIA

Universidades: el ranking de la decencia

El pasado lunes, la Real Sociedad Económica de Amigos del País (RSEAP) organizó por séptimo año consecutivo un debate con los rectores de las cinco universidades públicas valencianas. Esa especie de cita periódica me parece ya un motivo de esperanza. Lo es que existan espacios e iniciativas para poner de relieve y debatir la capacidad de nuestra sociedad civil, y en la magnífica sala del Conservatorio Profesional de Valencia se reunían de nuevo tres instituciones emblemáticas de esa sociedad civil: las Universidades públicas (la más antigua, la mía, fundada precisamente por los juratsde la ciudad), la RSEAP y el Conservatorio, en cuya fundación tuvo protagonismo la misma RSEAP.

De paso, el acontecimiento en cuestión daba pie para esclarecer de qué hablamos cuando usamos ese concepto que hoy vuelve a estar de moda, la sociedad civil. Para hablar de quién, quiénes y por qué pueden hablar en su nombre, sin utilizarlo en vano. Porque sucede a menudo que se identifica a la sociedad civil casi exclusivamente con los empresarios, los “emprendedores”, los verdaderos creadores de riqueza y, sin embargo, conviene no olvidar que hay muchos más agentes de la sociedad civil y muchos otros creadores de riqueza: también de otra riqueza. No pongo en duda que las pymes, como la CEOE o la Banca, lo son. Y por cierto que esa parte de la sociedad civil estaba muy bien representada en la sala, lo que constituye otro motivo de satisfacción. Pero trato de apuntar que cada vez que se insiste en lo que la sociedad civil demanda de la Universidad, convendría precisar eso de quién pide a quién y qué es lo que cada uno debe al otro.

En el debate, lógicamente, los rectores nos hablaron de eso, de lo que las Universidades aportan. De cómo cumplen con su responsabilidad frente a lo que “la sociedad civil” espera de ellas precisamente en la medida en que las sostiene. Y se ofrecieron, por ejemplo, datos relevantes —que no repetiré— acerca de la contribución al tejido productivo, a la innovación, al desarrollo y a la riqueza, desde la investigación universitaria. Hablaron del esfuerzo de las Universidades por aprovechar y desarrollar las nuevas tecnologías, del empeño en internacionalizarse, en multiplicar su capacidad de formar, de capacitar a los profesionales que esa sociedad civil necesita.

¿Cumplen con éxito esos objetivos las Universidades valencianas? Los rectores ofrecieron números apabullantes para hacer frente a esa tópica descalificación que lamenta que ninguna de nuestras instituciones universitarias ocupe los lugares privilegiados en los consabidos rankings (el de la Universidad Jiao Tong de Shanghai, el ARWU, el Webometrics, o el Higher del Times). Clasificaciones en las que, ya se sabe, nunca aparecemos ni siquiera entre los cien primeros. Confieso que, siempre que se habla de rankings, recuerdo el argumento que explica que, las más de las veces éstos se crean para justificar la superioridad de quien los inventa, de quien impone como criterio estos y no otros indicadores. Como en la anécdota del resultado de la carrera entre los dos grandes dirigentes mundiales en tiempos de la guerra fría, descrito por el Pravda con el siguiente

Valencia

Crisis económica

Opinión

Recesión económica

Universidad

Coyuntura económica

Comunidad educativa

Comunidad Valenciana

Educación superior

España

Sistema educativo

Educación

Administración pública

Economía

ccaa.elpais.com/ccaa/2013/11/07/valencia/1383853455_300021.html 1/2

08/11/13 El ranking de la decencia | Comunidad Valenciana | EL PAÍS

titular: “el gran camarada Kruschev quedó en segundo lugar; el presidente Kennedy, en el penúltimo”.

Ahora bien, como se vio en el debate, muchos de nosotros, también los cinco rectores, claro, pensamos que la función de las Universidades, lo que pueden ofrecer a la sociedad y ésta a su vez puede y debe exigirles, no es —ni prioritaria, ni menos aún exclusivamente— proporcionar el conocimiento que habilita para la capacitación profesional y transferir el conocimiento al mercado, es decir, la investigación como tarea orientada a la aplicación productiva. A mi juicio, esas tareas ya las están haciendo y probablemente las harán mejor en el futuro otro tipo de instituciones, incluso no presenciales. Por ejemplo, empresas, sí: empresas docentes que formarán ese personal cualificado que pide el mercado; empresas con departamentos de investigación, con institutos y laboratorios dependientes que les proporcionen el saber aplicado que mejora su competencia y resultados.

Pero del mismo modo que el mercado y sus agentes son sólo una parte de la sociedad civil, las Universidades responden y deben responder a otras exigencias y a exigencias de otros agentes. Así, la necesidad de transmisión y desarrollo de la formación crítica, de la capacidad de pensar por sí mismo, que permitirá saber responder a los desafíos sociales presentes y a los que aparecerán, para los que el conocimiento —que no debe confundirse con la formación profesional— es el mejor punto de apoyo. Eso requiere transmisión de cultura, de conocimiento de la sociedad. Transmisión siempre crítica. Y quizá sea esa la primera responsabilidad de las universidades, precisamente en términos de su deuda con la sociedad civil: conocerla para poder transformarla en algo mejor.

Por eso se debatió también acerca del lugar y contribución de las Universidades en términos de un ranking distinto y que, a falta de otra denominación, llamamos el ranking de decencia: el que mediría su aportación a hacer de las nuestras sociedades más igualitarias, más libres, más inclusivas, con menos corrupción, discriminación, violencia e impunidad, en suma, más decentes. Y resultó que los rectores ofrecieron argumentos y ejemplos que permiten medir esa contribución. Criterios que, por cierto, sitúan a nuestras universidades en un buen lugar. Por ejemplo, porque han creado instituciones e instrumentos para la solidaridad y la cooperación. Unidades de igualdad para luchar contra las discriminaciones que sufren las mujeres, los trabajadores, los inmigrantes, los discapacitados. Institutos de estudios de la mujer, de desarrollo local, de derechos humanos, de políticas del bienestar… Servicios que estudian y promueven la lengua y las manifestaciones culturales de este país. Y han creado mecanismos de control y evaluación que tratan de hacer de ellas instituciones más abiertas y transparentes, en pugna con defectos como la endogamia, la rutina o el clientelismo. Sin moralinas. Sin prédicas tan enfáticas como inútiles. Con rigor y apertura a la crítica y siempre desde la razón. Con la aspiración irrenunciable de que la nuestra —la valenciana, la española, la europea— sea una sociedad en la que no haya humillación ni exilio, una sociedad, repito, cada vez más decente.