Por mucho que se empeñe la Casa Real –con su inédita y significativa rueda de prensa sobre la inminente y 13ª intervención quirúrgica al rey-, las evidencias son difícilmente refutables. El rey no parece capacitado para ejercer las funciones de su cargo.
No lo parece, ni física, ni intelectualmente, como se comprobó en la reciente apertura del año judicial. Si eso es así para un asunto sencillo como pasar la palabra en un discurso, no digamos para ejercer en condiciones la más alta representación del Estado, por ejemplo en el escenario internacional. Evidentemente, poco se puede añadir sobre su nula capacidad de intermediación en el contencioso más importante que afronta el viejo Estado que es España, la posible secesión de Cataluña: Por si no tuviéramos elementos de juicio, la actuación del rey frente al Sr Esteve, presidente de la diputación de Barcelona, en una audiencia real el pasado 12 de septiembre, así lo confirma. Y en lo que se refiere a su cercanía e iniciativa en relación con lo que más afecta a quienes le empleamos –los que le dimos el empleo, digo-, esto es, la gestión de la crisis, no hay una sola imagen, testimonio o argumento que no nos muestre que no se ha enterado de nada, más allá de la retórica paternalista que también usaba su antecesor, el general Franco. Sus “reflexiones” sobre los jóvenes que han de abandonar el país y que supuestamente le quitan el sueño, insomnio que quizá ocupa para enviar mensajes a la trapisondista Corinna interesándose por la salud de sus hijos, son un verdadero insulto a la inteligencia. Su gestión del escándalo Noos, que afecta directamente a su familia y por tanto a él mismo, tampoco resulta ejemplar.
En fin, tampoco es D Juan Carlos ningún modelo de ejemplaridad que pueda inspirarnos, salvo en el estoicismo indiscutible con el que vive su deterioro físico, elogiado de forma tan <elegante> como impropia de la buena educación por la susodicha Corinna. Claro que el resto de los españoles ancianos y enfermos no tienen a su disposición eminencias venidas de la clínica Mayo para reparar sus maltrechos huesos: muy al contrario, cada vez han de esperar más larguísimas listas de espera y tentarse el bolsillo para ver si podrán pagar los medicamentos y tratamientos que antes del Gobierno Rajoy venían de suyo con un modelo de salud pública que ya nos parece una ilusión.
Por lo demás, el futuro económico del monarca inhabilitado y jubilado -en su caso- no plantea problemas. No le va a afectar el recorte brutal en las pensiones perpetrado por el Gobierno Rajoy. Y siempre puede viajar a Londres, o, mejor, a Suiza con su amigo el Agha Kan, o a las monarquías del Golfo donde nadie podrá exigirle responsabilidades jurídicas una vez decaída su intangibilidad como monarca.
Pero el actual monarca no quiere oír una palabra sobre su abdicación (que es prerrogativa exclusiva de su persona). Así que los partidos mayoritarios, PP y PSOE, que contra toda lógica democrática se oponen a replantearse lo que es cada vez más un clamor popular, ejercer el derecho a reformar la Constitución para poder elegir República o monarquía, ya saben lo que tiene que hacer para maquillar su resistencia a responder a ese clamor: tomar la iniciativa que vagamente les ofrece el artículo 59.2 de la Constitución y actuar en consecuencia: “Si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere reconocida por las Cortes Generales, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia el Príncipe heredero de la Corona, si fuere mayor de edad”. Una decisión que se justifica por la prioridad del interés general de los ciudadanos, que es el interés de la democracia misma.
Que el rey está inhabilitado dicho queda, aunque no parece que ni él ni su entorno lo quieran reconocer. Pero no cabe esperar que él reconozca tal incapacidad ni tampoco que vayan a intentar convencerle de hacerlo quienes –en su entorno- deberían adoptar esa iniciativa, en interés también de la propia monarquía. Pues bien, interpretemos el precepto constitucional como parece exigirlo la gravedad de la situación y sea el Congreso quien lo declare y de ese modo dé curso al reconocimiento por las Cortes Generales de tal imposibilidad. Que se le ofrezca esta última oportunidad a la monarquía. La inmensa mayoría de los republicanos, que somos gente leal con la legalidad constitucional (por democrática), aguantaremos esa prórroga. Si no, muy probablemente más pronto que tarde los ciudadanos sabrán exigir responsabilidades por la incapacidad de la monarquía para adoptar decisiones en aras del interés general. Pero también por la nula capacidad de esos partidos mayoritarios para salir del servilismo y actuar en consecuencia con ese interés.