lucasfra's blog

Blog del profesor Javier de Lucas

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UN DEBATE SOBRE LAICIDAD

(Boletin de Valencia laica: https://laicismo.org/2015/espana-es-un-paraiso-fiscal-para-la-iglesia-catolica/125957)

 

laicismo.org https://laicismo.org/2015/espana-es-un-paraiso-fiscal-para-la-iglesia-catolica/125957

España es un paraíso fiscal para la Iglesia católica
Valencia Laica denuncia en un acto público los acuerdos de 1979 entre el Estado español y la Santa Sede

“No hay estado social de derecho sin solidaridad tributaria, y España constituye de hecho un paraíso fiscal para la iglesia católica”. Quien así se expresa es el magistrado y miembro de Jueces para la Democracia, Luis Manglano, en un acto organizado por Valencia Laica en el que se han analizado y sometido a crítica los Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede, suscritos el 3 de enero de 1979. Los Acuerdos no sólo continúan en vigor, sino que establecen el marco de relaciones entre el estado y la iglesia católica. Además del juez Manglano han participado en el acto de Valencia Laica el catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en el Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València, Javier de Lucas, y el catedrático de Derecho Eclesiástico y presidente de la asociación Laicidad y Libertades Públicas, Dionisio Llamazares.

Los Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede se articulan en torno a cuatro apartados: asuntos jurídicos; enseñanza y asuntos culturales; asistencia religiosa a las fuerzas armadas y al servicio militar de clérigos y religiosos; y asuntos económicos. Estos últimos, ha explicado Luis Manglano “son precisamente los más subterráneos y desconocidos por la sociedad”. Abundan los ejemplos. En octubre de 2011 el alcalde de Madrid, Ruiz Gallardón, pidió al estado compensaciones por el dinero que el consistorio de Madrid dejaba de ingresar por exenciones en el Impuesto de Bienes Inmuebles (entre 94 y 120 millones de euros). El pasado marzo Valencia Laica hizo público un estudio en el que se detallaban las 1.253 propiedades inmobiliarias de la iglesia católica en la ciudad de Valencia exentas de pagar el IBI (de las 1.253 propiedades censadas, 1.098 se dedicaban a actividades con fines lucrativos”.

Los Presupuestos Generales del Estado consignaron en 2012 a la iglesia católica aproximadamente 248,3 millones de euros por la X en la casilla correspondiente del IRPF (y la tendencia se mantiene). La enseñanza privada concertada viene a suponer un coste anual para el erario público de unos 4.000 millones de euros. El presupuesto estatal también se hace cargo de las nóminas de los profesores de Religión, capellanes castrenses, hospitalarios y penitenciarios. Otra partida multimillonaria es la que todos los años se asigna a la conservación del patrimonio inmobiliario de la iglesia católica. “Pero cuando esos inmuebles se abren al público y la iglesia cobra una entrada, se queda con los ingresos y además no tributa”, explica el magistrado. La iglesia católica es la principal propietaria de inmuebles del país (más de 100.000 inmuebles censados).

Esta situación económica de privilegio la hace posible los Acuerdos de 1979. Habitualmente se pone el énfasis en la exención del IBI, pero, subraya el juez Luis Manglano, los beneficios se extienden pago del IRPF, el IVA y los impuestos de patrimonio, sucesiones, donaciones y transmisiones patrimoniales. También a las contribuciones especiales. A la iglesia católica se le reconocen en los Acuerdos las exenciones fiscales a las que pueden acogerse las entidades sin ánimo de lucro. Pero el aspecto más desconocido, subraya Manglano, es “una ley que desarrolla los Acuerdos con la Santa Sede –Ley 49/2002 de 23 de diciembre de entidades sin fin lucrativo y mecenazgo-, que va mucho más allá de los Acuerdos suscritos con el Vaticano”.

“Esta ley aprobada en el periodo de Aznar es la que cierra el círculo de la exención tributaria; a mi tribunal han llegado todo tipo de impugnaciones a estas exenciones o intentos por parte de ayuntamientos de cobrar el IBI, por la explotación económica de inmuebles de la iglesia católica; pero finalmente no se puede cobrar una tasa o un tributo”, explica el magistrado y miembro de Jueces para la Democracia. En plena época de crisis, recortes y austeridad, el mayor propietario de inmuebles del estado español –la iglesia católica- no ha contribuido fiscalmente; al contrario, recibe recursos del estado. Y eso, pese a que uno de los puntos del Acuerdo de 1979 se afirma: “La iglesia católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades”.

El Artículo 1 de los Acuerdos en materia de enseñanza deja poco lugar a interpretaciones: “A la luz del principio de libertad religiosa, la acción educativa respetará el derecho fundamental de los padres sobre la educación moral y religiosa de sus hijos en el ámbito escolar; en todo caso, la educación que se imparta en los centros

docentes públicos será respetuosa con los valores de la ética cristiana”. Según Javier de Lucas, “la iglesia católica en nuestro país nunca ha renunciado al negocio de la educación, un negocio al que este gobierno se ha entregado (es inminente la publicación de un decreto que va a rebajar las condiciones para constituir universidades privadas). El segundo objetivo es “el dominio de la educación, porque supone el control de las conciencias”. Ello implica una colisión con materias que sí son obligatorias en el currículo escolar –por ejemplo las científicas- ya que la iglesia propone explicaciones y tesis que no se someten a crítica.

Javier de Lucas subraya que lo anterior no implica que se niegue la enseñanza del “hecho religioso”, es decir, dar información sobre un fenómeno cultural en toda su amplitud (no confundir con adoctrinamiento en catequesis ni con historia de la iglesia católica y sus dogmas). Otra de las claves introducidas por el catedrático de Filosofía del Derecho es el incremento de la “pluralidad” en la sociedad española, lo que “arruina en gran parte” lo establecido en el Artículo 16.3 de la Constitución: “Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española…”.

El principio de laicidad tiene, según Javier de Lucas, dos ingredientes fundamentales: la libertad de conciencia y la neutralidad del estado en materia religiosa. Lo fundamental es que cada ciudadano ha de ser libre para tener las convicciones (religiosas o no) en condiciones de igualdad. “Basta ya de pensar en que la pluralidad se refiere únicamente a diferentes opciones religiosas”. El catedrático considera que el marco de los Acuerdos de 1979 no es reformable, “y nos obliga hoy a la Religión en un horario lectivo y equiparable a cualquier otra asignatura; sin embargo, eso es incompatible con el respeto a la pluralidad ideológica de los padres; implantar la enseñanza de la religión católica amparándose en que quienes no la cursan tienen una alternativa, es desvirtuar el principio de pluralidad en el espacio educativo”, explica.

De Lucas concluye que la religión confesional no debería tener su espacio en la escuela (sin embargo el BOE publicaba el 24 de febrero la Resolución sobre los currículos de enseñanza de la religión católica en la educación primaria y secundaria obligatorias, y en el bachillerato).

El único asunto central sobre el que negocian, en el fondo, el estado y la iglesia católica es un derecho fundamental de los ciudadanos: el derecho de libertad de conciencia. Es el punto de partida de la reflexión de Dionisio Llamazares. “Hemos convertido, a través de los Acuerdos, a la iglesia católica en co-legisladora; la consecuencia de ello es que el estado español ha renunciado a su soberanía legislativa sobre la regulación de los derechos fundamentales, por ejemplo la libertad de conciencia”. El presidente de la asociación Laicidad y Libertades Públicas resalta una cláusula “endemoniada” de los Acuerdos (de Derecho Internacional) de 1979 entre el Estado Español y el Vaticano. “Se dice que no se harán modificaciones ni reinterpretaciones si no es por consenso; y la iglesia no se mueve para nada de su posición, sobre todo en materia educativa”.

El catedrático de Derecho Eclesiástico aboga por una “modificación sustancial” de los Acuerdos, “ya que el estado no puede enajenar su soberanía en materia de derechos fundamentales a favor de una comunidad religiosa (ni la católica ni ninguna otra)”. Si hubiera que asignarle alguna función a los Acuerdos, añade Dionisio Llamazares, “habría de ser la de consulta por parte del estado cuando fuera a legislar en asuntos religiosos”. “Y luego el estado que haga lo que considere conveniente”.

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LA VERGÜENZA DE LOS CIE

Hay muchas razones para la crítica de las políticas migratorias y de asilo de la UE y de sus Estados miembros, también de España. Baste pensar en la primera, la más abominable de las consecuencias de estas políticas: los muertos que esconde el Mediterráneo, convertido en un gran cementerio marino para miles de inmigrantes y refugiados que intentan llegar a las costas europeas. En estos últimos años, España se ha hecho acreedora de no pocas críticas en materia de respeto y garantía de los derechos humanos de inmigrantes y refugiados, relacionadas en particular con el trato que reciben unos y otros en las fronteras (las “vallas”) de Ceuta y Melilla, con episodios tan terribles como los 15 muertos en la playa del Tarajal, que la justicia española estudia en estos momentos, gracias al esfuerzo de algunas ONGs. También, con las prácticas de las mal denominadas “devoluciones en caliente”, que a veces incluyen malos tratos –documentados gráficamente y denunciados entre otros por la ONG PRODEIN- y que suponen violaciones palmarias de derechos humanos elementales, como lo muestra el reciente informe de un grupo de investigación formado por profesores penalistas y constitucionalistas y titulado Derechos en la frontera. ¿Fronteras sin derechos?. Como decía, no sólo diferentes ONGs, sino también autoridades europeas, tanto de la UE como del Consejo de Europa, así como de la ONU, han expresado reiteradamente su preocupación por estas malas prácticas y el riesgo que suponen para la garantía de derechos humanos elementales. En estas líneas quiero referirme una vez más a otro problema que constituye un motivo de vergüenza para España y que debería ser corregido sin más espera. Se trata de la situación de los derechos humanos de las personas internadas en los Centros de Internamiento de Extranjeros, CIE, creados conforme al artículo 26.2 de la LO de Extranjería de 1985, y definidos como establecimiento públicos <de carácter no penitenciario> donde se retiene de manera cautelar y preventiva básicamente a extranjeros sometidos a expediente de expulsión del territorio nacional, bien por su condición de irregulares, bien por haber sido condenados por un delito y haberse aplicado la opción de expulsión. Más del 60% de los internados, en realidad, lo son por irregularidad administrativa, es decir, no han cometido delito que explique una situación de privación de libertad. Aunque el objetivo es la expulsión, a veces se utilizan eufemismos como “repatriación” o “retorno”, lo que no es correcto, pues la Directiva europea de retorno 2008/115/CE (también conocida como Directiva de la vergüenza) permite que esos irregulares sean deportados no sólo a sus países de origen, sino a países terceros por los que haya presunción de que han transitado. A esos efectos, los Estados de la UE han desplegado un sistema de acuerdos bilaterales para poder desprenderse de ese peso muerto sin mancharse las manos. Asi lo ha hecho España, por ejemplo, con Marruecos, Mauritania o Nigeria. Insistiré: no son una institución privativa de España: en la UE existen 393 centros similares, que reciben diferentes denominaciones (por ejemplo, Centros de Retención Administrativa, CRA, en Francia o Bélgica) y que constituyen, como se ha dicho, un verdadero “archipiélago de la desesperanza”, pues merecerían tener como lema el del Canto primero del Inferno del Dante, <Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate>. Son el fin de lo que para muchos seres humanos constituye su “sueño europeo” . Recordaré que existen actualmente 8 CIES en España (en Italia, que multiplica casi por 20 el número de inmigrantes y refugiados recibidos, hay 13), aunque el Gobierno Rajoy ha anunciado en diferentes ocasiones su voluntad de crear uno o dos más. Se encuentran en Madrid, Barcelona, Tenerife, Gran Canaria, Murcia, Valencia, Algeciras y Fuerteventura. Anteriormente existió un CIE en Málaga, que fue cerrado por sus inaceptables condiciones en 2012 . Lo cierto es que, a pesar de ser expresamente definidos como establecimientos no penitenciarios, su régimen es de privación de libertad. La estancia máxima, según la aplicación que hizo el Estado español de la mencionada directiva de 2008, es de 60 días, aunque la directiva habilita hasta ¡18 meses!. Las críticas y denuncias sobre restricciones indebidas de derechos, ausencia efectiva de control judicial, deficientes condiciones de salud e higiene, dificultades para acceso a traductor, asistencia social y psicológica, e incluso acceso a abogado, son interminables. También se han denunciado malos tratos (sólo en el CIE de Zapadores, más de 50 quejas). A todo ello hay que sumar tres casos de muertes en CIE, de los que sólo uno, la de Samba Martine en el CIE de Aluche, está siendo investigado judicialmente tras una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid. El Informe anual del Defensor del Pueblo es indicativo (por ejemplo, el apartado 4.7 del Informe correspondiente a 2014). El propio Reglamento de los CIE, publicado en 2014, ha sido objeto de una severa corrección por parte del Tribunal Supremo. El 10 de febrero de 2015 se conocía una importante Sentencia del pleno de la sala de lo contencioso administrativo del TS, en la que se declaraban contrarias a Derecho varios aspectos del articulado. reconociendo así parcialmente el recurso interpuesto por tres ONGs, APDHA, Federación Asociaciones S.O.S. Racismo y Andalucía Acoge . El 13 de abril de 2015 un comunicado conjunto de Caritas y el Servicio Jesuita de Inmigrantes denunciaba que, transcurrido más de un año de la publicación del Reglamento de los Centros de Internamiento de Extranjeros «no se han producido prácticamente avances de ningún tipo» en las mejoras que preveía su implementación, puesto que siguen sin contar con enfermerías, ni un servicio estable de intérpretes. No cuentan con un régimen general de acceso para las ONG y los servicios de asistencia social «decisivos para un acompañamiento personal adecuado» e «imprescindibles» para detectar perfiles vulnerables no se han generalizado. «Tampoco se han realizado mejoras sustanciales en las instalaciones, salvo aquellas motivadas por ‘razones de seguridad’, como, por ejemplo, la instalación de una malla metálica en el patio del Centro de Internamiento de Madrid. En este sentido, persisten graves deficiencias de habitabilidad señaladas por Defensor del Pueblo, Fiscalía y los juzgados de control». Igualmente subrayan que no se han nombrado los administradores responsables de los servicios asistenciales, ni los médicos de la Administración General del Estado responsables de los servicios médicos de estos centros, ni se han constituido las Juntas de Coordinación, «figura fundamental para la planificación y seguimiento de los servicios sanitarios, asistenciales y sociales» dentro de estas instalaciones que siguen siendo básicamente policiales. Su conclusión es que los CIE son hoy todavía “espacios opacos de sufrimiento”. Un buen resumen de estas denuncias puede verse en el documental La puerta azul, realizado en 2015 por tres jóvenes cineastas valencianos, Alicia Medina, Marina Sanjuán y Javi Rumí, y que, aunque contiene numerosos detalles sobre el CIE de Zapadores (Valencia) abarca también denuncias del resto de los CIE. Pero es que las denuncias provienen no sólo de las ONGs sino también de autoridades europeas. El pasado 9 de abril, los 4 miembros —Celso Dan Neves Manata, Ivona Todorovska, Anton Van Kalmthout y Olivera Vulic-, integrantes de la Delegación contra la tortura del Consejo de Europa que estudió en 2014 la situación de los CIE de Zona Franca y Aluche, hizo público un informe extremadamente crítico con la situación de los internados y la garantía de sus derechos. Subrayan que los CIE, debido a sus características y régimen casi exclusivamente policial son difícilmente distinguibles de prisiones (incluso con desventaja respecto a los internados en prisiones) y muestran su preocupación por la falta de formación adecuada de los funcionarios para gestionar las dificultades propias de una población multicultural. Hacen constar la frecuencia de denuncias verosímiles de malas prácticas (Insultos, trato vejatorio, intimidación e, incluso, agresiones físicas y psicológicas), sí como de situaciones de violencia entre los propios internos. Resalta la imposibilidad de los internos de ir al baño durante siete horas seguidas (desde las doce hasta las siete de la mañana, pues en las “celdas” —cerradas durante la noche a cal y canto— no hay aseo)y la sobreocupación de las celdas, a pesar de que haya muchas vacías: “Hay hasta ocho personas en celdas de 24 metros cuadrados”. En el centro barcelonés, además, no es raro encontrar chinches, según confirma el grupo de trabajo. Enfatizan la necesidad de que las autoridades españolas pongan fin a la “humillante práctica” de llamar por el número de detención a los extranjeros en lugar de por su nombre. Incluso hacen constar que pudieron escuchar cómo determinados agentes de policía en la Zona Franca insultaban a los extranjeros. Quizá sin mirásemos con atención iniciativas de Gobiernos que, muy frecuentemente son estigmatizados, nuestros gobernantes podrían aprender: el pasado 25 de febrero, tras el suicidio de un paquistaní de 28 años internado en un centro de detención de extranjeros el Gobierno de Tsipras revisó totalmente su régimen. La sensación de vergüenza que le causó el Centro de Amygdaleza (norte de Atenas), al ministro adjunto de Protección Ciudadana, Yanis Panusis fue tan insoportable, según su propio testimonio, que decretó la apertura de los cinco centros de detención del país y la liberación progresiva de los 3.500 internos (entre los que había, atención, 216 menores no acompañados). Sólo los indocumentados con algún delito pendiente o una orden de expulsión seguirán recluidos. Es imprescindible acabar con esta vergüenza. Por eso, con las campañas de todo el Estado, recordemos: Tanquem els CIE!!. Cerremos los CIE!!

TSYPRAS NO QUIERE CIES

Los CIE, a los que se ha llamado, con razón, <archipiélagos de la desesperanza> (casi 400 en territorio de la UE), pues deberían tener como lema el del I Canto del Infierno de Dante, <Lasciate ogni speranza voi ch’entrate>, y a los que el reciente comunicado de Caritas y el Servicio Jesuita de  Migraciones considera «espacios opacos del sufrimiento», son nuestra vergüenza. Seres humanos que no han cometido delito alguno, privados de libertad y, en muchos casos, en condiciones de higiene y salud deplorables, con grave riesgo para derechos fundamentales.

En el apartado 4.7 del Informe Anual 2014 del Defensor del Pueblo puede encontrarse un elenco de los problemas que se plantean. Y en el estupendo documental La Puerta azul, realizado por 3 jóvenes valencianos, Alicia Medina, Marina Sanjuán y Javi Rumí, y estrenado este mismo 2015, hay testimonios abrumadores. También en los informes de Migreurop y sobre todo en la Campaña Tanquem els CIE, Cerremos los CIE, que cumple ya cinco años.

El tan denostado Gobierno de Tsypras cerró los 5 CIE que existían en Grecia, después de la visita de uno de los ministros, Yanis Panusis, al CIE de Amygdaleza, en el norte de Atenas, motivada por  el suicidio de un interno pakistaní, desesperado. ¿A qué esperamos? IU ya ha dicho que los cerraría. Exijamos esa determinación al PSOE, Podemos, Compromis…

Los derechos humanos como coartada

‘Nosotros estamos a favor de los derechos humanos’

Posted on 10 abril, 2015

Javier de Lucas

Uno de los efectos perniciosos de las convocatorias electorales es que parecen otorgar carta abierta no ya para el populismo, sino para la demagogia y la desvergüenza. Carta abierta, insisto, sin límite; ya lo avisó Tierno…

El fundamento es el consabido pragmatismo, que emerge descarnadamente en cuanto suena el disparo de salida de la campaña. Como enuncian tan campanuda como, a mi juicio, cínicamente los supuestos expertos en ciencia política y sociología electoral que hoy pululan como setas, lo único importante es ganar (véase el descarnado tecnocratismo del que hacen gala no ya los Arriola y demás gurús de los “viejos” partidos, sino alguno de los cerebros de Podemos, como Carolina Bescansa, por ejemplo). Por eso, a la caza del voto, todo vale.

Se me ocurre que sería buena idea (y así lo he propuesto a mis amigos de la SER) dar un premio diario durante la inminente campaña electoral para municipales y autonómicas a “quien la diga más gorda”, si me permiten la expresión. En todo caso, es a los ciudadanos a quienes corresponde separar el trigo de la paja y por eso, desde este rincón, me atrevo a proponer a los lectores que ejerzan una labor de vigilancia diaria en la campaña electoral, para denunciar las propuestas/promesas más demagógicas y las más inaceptables que comprometan a los derechos humanos. Serán pistas par orientar nuestro voto.

Empecemos ya, que no faltan ejemplos en la precampaña. Y les propongo comenzar con algunas perlas desgranadas por PP y C’s, en torno al tan publicitado como falaz “giro social”, emprendido supuestamente por el Gobierno y, muy concretamente, a propósito de los derechos de los inmigrantes. Un caso concreto que ayuda a perfilar la retórica obligada de “nosotros defendemos los derechos humanos”.

sanidad extranjeros

La medalla de oro a la falacia y el cinismo hay que dársela a mi juicio al Gobierno y a su ministroAlonso, por la supuesta marcha atrás en el RD 16/2012. Como se recordará, el Gobierno Rajoy, a través de su Ministro de Sanidad e Igualdad, el señor Alonso, que se distinguió como portavoz parlamentario en la defensa de los recortes a la sanidad universal que supuso el malhadado Decreto, anunció a fines de marzo que los inmigrantes irregulares recuperarían la asistencia sanitaria más allá de la reconocida a las urgencias y a las embarazadas, alegando razones pragmáticas de salud pública y racionalidad hospitalaria (no bloquear las urgencias). Sin embargo, como de inmediato denunciaron todas las ONG y un buen número de expertos, ese supuesto giro es mero maquillaje. Ante todo, porque no deroga el RD 16/2012 y, además, porque en realidad es muy limitado y niega a los inmigrantes irregulares ser titulares de tarjeta sanitaria.

La segunda, aunque confieso que tengo serias dudas sobre su lugar en el podio, la gana Esperanza Aguirre y su campaña sin complejos, en la mejor tradición inmortalizada por Brel en su Les dames patronneuses (aquí texto y video), se ha hecho una foto que ha recorrido de inmediato todas las redes sociales, para mostrar que a toda una baronesa no se le caen los anillos por quedar inmortalizada con “minorías étnicas”. Es decir, se trata del rancio paternalismo de “siente un pobre a su mesa” genialmente recreado por Berlanga (aquí la crítica de Diego Galán), ese que piensa en que hay que portarse bien con los “pobres inmigrantes”, sobre todo ahora que vuelven las vacas gordas y nos podemos permitir otra vez ser caritativos y recuperar la buena conciencia (“los españoles somos muy solidarios”).

Espe

La foto, sin duda, es una de las cumbres de la desvergüenza por parte de quien ha practicado con saña, allí donde ha gobernado, políticas de restricción de derechos de los inmigrantes, entre las que no es la menor su invento de crear albergues en Marruecos para menores inmigrantes marroquíes no acompañados y así librarse de cumplir con lo que exige laConvención de Derechos del Niño y la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor.

Medalla de bronce, por fin, en esta “primera edición”, para C’s que, en una excelente muestra de coherencia con su ya veterana política antimigratoria, repleta de todo el repertorio de coartadas xenófobas, si no incluso en el borde del racismo, se niega incluso al “giro social” y sostiene muy pragmáticamente que aquí no hay para todos y es ilusorio, contraproducente y económicamente insostenible eso de reconocer derecho a la salud a personas que para ellos siguen siendo “ilegales”, es decir, los irregulares, gente que en todo caso ha cometido una irregularidad administrativa, no un delito, como se cansan de insistir todas las autoridades europeas e internacionales en materia de derechos humanos. Peregrina concepción de los derechos humanos básicos, como el de la salud, que o son universales o no son derechos. Ciudadanos se ha distinguido siempre por hacer bandera coherente del mensaje “los españoles primero”, lo que no les separa, por cierto, del “moderno” Front Nationale de Marine Le Pen (sí, ciertamente, del racista y antisemita J.M Le Pen o de PEGIDA).

Veremos qué proponen los demás partidos en lo que se refiere a los aspectos concretos de reconocimiento y garantía de los derechos humanos, más allá, insisto, de la obvia retórica de que están a favor (sólo faltaba lo contrario…). Dejo a la vigilancia y buen juicio de los lectores seguir con esta tarea… antes de votar.

UN HOMENAJE A CARMINA VIRGILI. PARIS, 9 abril 2015

  • El acto de homenaje a Carmina Virgili al que he asistido hoy en Paris ha sido un ejemplo de una actividad oportuna y bien organizada. Hay que agradecérselo a Juan Ojeda, el director del Colegio, y a los trabajadores del Colegio, en particular a la responsable de actividades culturales, la siempre inteligente y eficaz Stéphanie Migniot. El documental con la entrevista a Carmina (un trabajo excelente de dos residentes del Colegio), la muestra tal como era, con su inteligencia y con una energía que tantas veces desbordaba a los demás y resultaba difícil de seguir. Me ha emocionado su recuerdo a Gregorio Peces-Barba, con quien mantuvo una gran amistad y compartió lucha antifranquista (entró en el PSOE por mediación de gregorio, poco antes de ser elegida Decana de la Facultad de Ciencias Geológicas y su «jefe» político en PSOE Universidad, en Madrid, fue Alfredo Pérez Rubalcaba, que luego se convertiría en su jefe de Gabinete cuando fue nombrada Secretaria de Estado de Universidad). También Carmina y Gregorio actuaron juntos en la defensa de esudiantes y compañeros en los procesos del franquismo contra los universitarios que se enfrentaban a ese régimen dictatorial y se jugaban la libertad y a veces la integridad física o incluso la vida. Y su sentido del humor y su reivindicación de la igual condición de las mujeres en la universidad, su profesión. Estupenda, por brillante, aguda y cariñosa, la intervención de Alfredo Pérez Rubalcaba, que mantuvo con ella una relación personal y profesional durante cuarenta años, que, como el mismo decía, sobrevivió al hecho de que unas veces él era el superior jerárquico y otras ella, un verdadero test de sinceridad , aprecio y lealtad. Ha evocado lo que aprendió de Carmina (su rigor, su capacidad de trabajar en equipo, su reivindicación del papel de las mujeres en un contexto brutalmente machista…) y me ha chocado que entre otras cosas más obvias, haya subrayado esto, el amor por la propia lengua y cultura; en el caso de Carmina, el catalán: «fue la lengua en la que hablé por primera vez con alguien, con mi madre; me entristece mucho que no se la respete, que no se entienda el amor y aprecio por ella». Como profesor y conferenciante, en plena forma.

LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978: ¿no va más? (publicado en Tinta Libre, febrero 2015)

La Constitución de 1978 ¿no va más?

Javier de Lucas

 

 

Parece difícil negar que la Constitución española de 1978 (CE78) sufre de algo parecido a lo que denominamos fatiga de materiales. Entre los constitucionalistas el debate está no sólo abierto, sino que tiene como punto de partida casi unánime la necesidad, al menos, de una reforma en los términos regulados en los artículos 166 y 167 del Título X de la CE78. Y no es aventurado sostener que una gran parte de la ciudadanía apoya la necesidad de reforma, incluso a fondo. Sin embargo, ese estado de opinión no tiene el mismo reflejo en los partidos políticos, aunque sería más exacto hablar, de un lado, de bloqueo  de toda reforma por parte del PP y, de otro, de la inexistencia de una agenda compartida por los partidos de la oposición que, si bien parecen inclinarse por la necesidad de la reforma, difieren sobre su alcance. Por no hablar del arco hoy aún extraparlamentario (previsiblemente dejará de serlo pronto) en el que abundan posiciones a favor de una reforma agravada o de un verdadero proceso constituyente, es decir, una sustitución de la CE78, en los términos establecidos en el artículo 168. Hay mucha bibliografía sobre ello y no pocos trabajos francamente útiles*,  que permiten abarcar el abanico de propuestas que va de las diferentes versiones de reforma hasta la ruptura.

Mi propósito en estas páginas no es ofrecer un catálogo más de lo que hay que revisar, una lista de normas e instituciones constitucionales reformables, aunque algo de eso apuntaré al final. Intento más bien aportar argumentos sobre las razones y criterios que aconsejan, como creo, una revisión a fondo y en el plazo más breve posible, siempre con respeto a las exigencias del Estado de Derecho y a la soberanía en democracia, que corresponde a lo ciudadanos. Un proceso que, como es evidente, puede abrirse paso tras las próximas elecciones generales, cuando previsiblemente cambie la aritmética parlamentaria, desaparezca la mayoría absoluta e incluso la posición de bloqueo que suman los dos grandes partidos y aparezcan nuevas opciones. Aunque es cierto que la complejidad de las Cortes que de ellas resulten hará complejo el acuerdo de partida.

Comienzo por señalar que, a mi juicio, las razones de este malestar constitucional no se encuentran sólo ni primordialmente en los 36 años transcurridos. A mi entender, no es de recibo el argumento de que una parte importante de la población no pudo votarla por razones de edad. Si el diseño es suficientemente acertado y las transformaciones sociales en sentido global no son vertiginosas, lo razonable es que las Constituciones puedan durar más allá de una generación. Sobre todo si se hacen a tiempo las reformas oportunas, que es el seguro de la perdurabilidad. Pero lo cierto es que, como sabemos hoy, esas dos condiciones no se dan suficientemente en la CE78.

Tampoco me parece que la razón principal del descontento y/o de la inadecuación radique en la considerable deficiencia del Título VIII y de su desarrollo. Aunque es cierto que se trata de uno de los aspectos posiblemente peor resueltos, con la tensión constante entre las Comunidades Autónomas y la Administración central del Estado a propósito de una distribución de competencias, de obligaciones, derechos y recursos mal diseñada y peor aplicada. Por eso, tampoco me parece acertado atribuir esta crisis en exclusiva al laberinto del contencioso  entre la Generalitat de Cataluña y el Gobierno Rajoy, ni aun en el caso de que fuera un problema entre Cataluña y (el resto de) España.

Todo lo mencionado, cuenta a favor de la necesidad de reformar. Pero no son las últimas razones. Son argumentos que sirven para activar la toma de conciencia, la indignación y el rechazo frente a un problema de fondo y de carácter complejo. El problema consiste, a mi juicio, en que hoy se ha hecho visible la existencia de un contexto social (cultural, económico, ideológico) muy diferente del de 1978. Y que cuestiona su adecuación. Es el resultado de profundas transformaciones sociales, en un ritmo cada vez más acelerado, en especial desde los tres hitos que son, respectivamente, la caída del muro y el fin de un  orden bipolar del mundo (1987), la aparición –y la gestión equivocada de la respuesta- del desafío global del terrorismo (2001) y la crisis social (que no sólo financiera, ni económica) que se hace visible desde 2008. Baste pensar en la condición de miembro de la UE (origen de la primera reforma), los efectos del proceso de globalización, o la transformación de las relaciones internacionales, cuyo impacto es decisivo hoy, cuando ya no existe nada parecido a la soberanía estatal (y democrática, claro) a la que se aspiraba tras la muerte de Franco.

No hay norma, por perfecta que sea, que pueda resistir esos tsunamis y seguir intacta. Cuando es  tan grande el cambio de los presupuestos sociales sobre los que se construye la propuesta de mediación e intervención que es el Derecho, éste debe cambiar. Al fin y al cabo, el Derecho (también las Constituciones y las instituciones jurídicopolíticas) es un instrumento al servicio de modelos de organización de la vida social, económica, política.  Y las Constituciones no son otra cosa que el programa básico de recursos jurídicos y políticos (normas e instituciones) a través de las cuales se nos propone –nos proponemos- tratar de resolver nuestros problemas y conflictos, organizar la vida social. Dicho a la manera más clásica, los instrumentos jurídicos sirven si son útiles para garantizar la libertad y la igualdad, que es lo que llamamos seguridad. En democracia,  sirven si son  válidos, legítimos y eficaces. Eso significa que se ajusten a Derecho, una condición que se resuelve en la legitimidad constitucional (y hablo, claro, de la legitimidad de ejercicio, pues la de origen es obvia) y en la percepción de su idoneidad para resolver las funciones para las que han sido creadas.

Por eso, parece claro que en el estado de opinión relativo a la justificación de la reforma o ruptura de la CE78, pesan más otros factores. Por ejemplo, los rasgos que permiten hablar a Pisarello de un “proceso deconstituyente”, que ha ido estrechando cada vez más la concepción de la Constitución como un programa abierto a un desarrollo jurídico de sus “potencialidades democratizadoras”. Así, aduce cómo en las dos últimas legislaturas (la segunda del Gobierno de  R.Zapatero y, sobre todo, la presente, con el Gobierno Rajoy) asistimos a una degradación de derechos sociales y libertades civiles básicas, del autogobierno territorial, de los derechos sexuales y reproductivos, de la garantía del trabajo y de la salud y de la previsión ante la vejez y la enfermedad, es decir, precisamente al agravamiento de los problemas que los ciudadanos esperan que encuentren solución mediante la arquitectura jurídico-constitucional. Todo eso se ha ejecutado mediante un desarrollo legislativo en el que ha primado la generalización del recurso al Decreto-Ley, al ordeno y mando de un Gobierno sustentado en una mayoría parlamentaria que cree monopolizar el sentir de la sociedad civil. Un modo de gobernar la crisis que ha supuesto también derogaciones de facto de lo previsto en su articulado en materia de derechos y libertades y de la pretensión de que los derechos económicos y sociales no son tales, sino aspiraciones sólo aceptables en época de vacas gordas. Se han desmantelado (privatizado salvajemente) servicios públicos sin los que no pueden satisfacerse necesidades básicas y menos aún las de grupos vulnerables.

Los ejemplos del brutal recorte para la garantía de la salud que supone el RD 16/2012, la violencia y violaciones de derechos de inmigrantes y refugiados, o el abandono de los dependientes y de sus familias son sólo botones de muestra. Añádase la impotencia ante el déficit que muestra la administración de justicia y los mecanismos de control administrativo frente a los casos tan numerosos como importantes de corrupción, en particular de corrupción institucional, que llevan a algunos a pensar y denunciar que es un fenómeno o condición estructural de nuestro “sistema”, esto es, la denostada “cultura de la transición”, o, al menos de sus beneficiarios (la “casta”), o la fronda de descontento con la monarquía, con buena parte de los miembros o familiares de la dinastía Borbón…

Lo cierto es que, incluso sin necesidad de hablar de proceso deconstituyente, la adecuación de la CE78 para tratar los principales problemas que viven hoy los ciudadanos es cada vez más cuestionable. Una piedra de toque son las consecuencias de la reforma del artículo 135 CE78, que suponen priorizar un objetivo (el dogma del déficit) frente a otros posibles: el crecimiento y la distribución equitativa de los recursos entre los ciudadanos. Porque la reforma  en cuestión no fue el resultado inexorable de una racionalidad científica, sino de una opción ideológica. Una decisión que ha de entenderse en el marco de una muy particular y doctrinaria fórmula de gestión de la crisis desatada en el 2008 por las contradicciones de un modelo de capitalismo de mercado que no puede no chocar con exigencias básicas del Estado de Derecho y de la democracia.  Y hablamos de consecuencias dela gravedad de la radical transformación del vínculo social basado en el trabajo estable, o del incremento exponencial de la desigualdad. Del desmantelamiento de la clase media, la aparición del precariado, la desaparición de la lógica social que permitía creer que la generación siguiente tendría más y mejores oportunidades que la anterior.

Creo que esas consecuencias y la necesidad de encontrar respuestas sociales, al margen de las institucionales, para reaccionar ante los efectos de esa gestión de la crisis, a la percepción de desamparo institucional y de la distancia entre las preocupaciones de los políticos profesionales y de la degradación del sistema de partidos que monopoliza la vida institucional y trata de colonizar a la sociedad civil (o al menos, alimenta un sistema de quid pro quo), explican la recuperación de una noción de ciudadanía activa y social, lejos de la protesta individual o la mera guerrilla. Se abre paso una recuperación de lo público la política en el mejor sentido. Una respuesta en clave de lo que Rancière denomina lucha por la democratización de la democracia, para hacer de los gobernados, gobernantes, para recuperar al soberano.

Todas esas razones parecen aconsejar una reforma a fondo, que no reformas mínimas, por más que sean razonables, como las que se incluyen en la propuesta formulada el 14 de noviembre de 2014 por el PSOE (“Por un nuevo acuerdo de ciudadanía”, http://www.psoe.es/source-media/000000610500/000000610976.pdf ), que no obtuvo respuesta de Rajoy.  Una reforma que, además, sea posible desde otros sujetos y no desde los previstos en exclusividad en el artículo 87 al que remite el artículo 166 (es decir, el Gobierno, el Congreso, el Senado, las Asambleas de las CCAA). Hay que abrir la iniciativa a los ciudadanos, por ejemplo en los términos de la propuesta de reforma de la Constitución aprobada por la Junta General del Principado de Asturias, el 19de septiembre de 2014 y elevada a las Cortes en octubre del mismo año (http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu10&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28BOCG-10-B-194-1.CODI.%29 ).

 

Los grandes argumentos en contra son el del pragmatismo, que aconseja no empeñarse en lo que resulta extremadamente complejo de llevar a cabo y quedarse en reformas asequibles e incluso a corto plazo y el de la prudenc,ia que aconseja no arrojar al niño con el agua sucia, es decir, evitar planteamientos maximalistas que identifican la existencia de algunos problemas (incluso importantes) con la necesidad de hacer tabula rasa y empezar de cero y abren la puerta a situaciones de inestabilidad e incertidumbre. Máxime cuando  buena parte del texto constitucional conserva su vigencia y utilidad.

Pero lo cierto es que algunas de las reformas ineludibles para devolver la soberanía a los ciudadanos pasan por lo que el artículo 168 establece como procedimiento agravado. Citaré algunas, comenzando por las del Título Preliminar: el artículo 1.3, para decidir sobre la forma de Estado que quieran los ciudadanos, lo que vincula  al Título II, la Corona; el artículo 2 para abrir el paso a un Estado federal, lo que afecta al título VIII, claro. También, modificaciones del Título I, por ejemplo, del derecho a la vida, para incluir la eutanasia y el suicidio asistido, la abolición completa de la pena de muerte, o la verdadera condición de laicidad del Estado; el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, el reconocimiento pleno como derechos de lo que hoy son sólo principios orientadores (derechos económicos y sociales como la salud, el trabajo o la vivienda). O la vinculación de los derechos políticos a la residencia y no a la nacionalidad.

Por lo demás, después de lo que hemos vivido desde 2008 y aún hoy vivimos,  ya no vale como trinchera el argumento del riesgo de inestabilidad o incertidumbre. ¿Acaso hoy millones de ciudadanos no viven, día a día, en esas condiciones? ¿Acaso no es ese el horizonte, incertidumbre, precariedad, para buena parte de los jóvenes y de los ancianos? Si el proceso de reforma a fondo se hace incluso dentro de los estrechísimos márgenes que habilita la CE78, no hay tal riesgo. Pero es que incluso si se abre un proceso (re)constituyente, siempre que se proceda con las garantías de respeto al Estado de Derecho, tampoco el riesgo es mayor que el que resulta de dejar pudrirse la situación actual. Lo primero es que los ciudadanos puedan exigir el proceso de reforma a fondo. Después, no faltarán técnicos en Derecho Público y Constitucional, expertos en políticas públicas y en lo que haga falta, para explorar y ofrecer soluciones.

 

 

 

 


* Por ejemplo, los de M.A. Presno (https://presnolinera.wordpress.com/2014/10/20/regeneracion-democratica-y-reforma-de-la-constitucion), Andrés Boix (https://destinorepublicano.wordpress.com/2014/04/01/notas-para-una-reforma-de-la-constitucion-espanola-de-1978), el libro coordinado por Javier García Roca, Pautas para una reforma constitucional. Informe para el debate,  o el de Gerardo Pisarello, quizá el mejor exponente de la tesis de la ruptura constitucional, Procesos Constituyentes. Caminos para la ruptura democrática.

IN MEMORIAM. ASSIA DJEBAR (7 de febrero 2015)

Con grandísima tristeza me entero hoy por un comunicado oficial de condolencia de El Eliseo (que me confirma el amigo Sami), de la muerte de la gran intelectual argelino-francesa Assia Djebar (Fatimah Zohra Imalayen), el pasado sábado 7 de febrero.

Miembro de la Academia de Francia (una de los <inmortales>), escritora, cineasta, feminista, fue una de las figuras de la revolución en las filas del FLN hasta que se exilió a Paris tras el golpe de estado de Boumedien. Invitada por el propio Sami Naïr, participó en los cursos d’Estiu en Gandia, en años que ahora me parecen magníficos, con Isabel, Alfons, y tantos amigos y volvió en alguna otra ocasión, cuando Sami fue profesor visitante en nuestra UVEG. Una luchadora que jamás perdió su elegancia, una persona extraordinaria.

No ha habido tiempo para comentarlo hoy en H25. Esta noche venía cargada de noticias de esas que es obligado tratar…y, sin embargo, me ha quedado el pesar de no poder hablar un minuto sobre esa <voz de la emancipación de las mujeres> en palabras de Libération, que es Assia Djebar, porque lo es, pese a su desaparición, A.

Entristecido por su desaparición y por no haberle podido rendir un mínimo homenaje en público, de repente he caído en la cuenta de que, a una intelectual como Assia, no podría dejar de parecerle un guiño amable del destino el hecho de que su tránsito a la eternidad (ahí queda para nosotros su obra intelectual, su trabajo revolucionario en el FLN, su lucha por los derechos de las mujeres) haya coincidido con el 150 aniversario de esa mujer -esa niña- <incómoda>, que pone en cuestión tantos sinsentidos del «sentido común» de una sociedad patriarcal y represora como la victoriana, en la que vivía su creador, Lewis Carroll, el padre de nuestra Alicia, hoy más que centenaria…

Espectador en un mitin. en Valencia (25 enero 2015)

Por invitación de algunos amigos a los que respeto y valoro, he asistido hoy domingo 25 de enero  al mitin de <Podemos> en la Fonteta.
Por lo que he visto allí y dejando aparte lo que parece imposible de evitar en los mitines (todos los que he visto, de todos los partidos; incluida la aparición a mi juicio rechazable, de una niña en el escenario), no me parece honrado dejar de reconocer que cuentan con un muy importante respaldo ciudadano; no es posible sostener que las miles de personas que llenaban el Pabellón fueran ciudadanos menores de edad, engañados por una ilusión, presas fáciles de inteligentes prestidigitadores dialécticos. En <Podemos> hay ciudadanía, muchos ciudadanos con ansia de recuperar su papel de tales. Y es su fuerza: consiguen dar esperanza a quienes estaban hartos de no contar, de no ser nadie en el juego político que se supone que pertenece a los ciudadanos.
Pero siguen preocupándome argumentos en los que he insistido hasta hora, sobre todo lo que considero dos simplificaciones.
La primera, muy eficaz pero, a mi juicio, errada: el mensaje de la transversalidad, esto es, la descalificación del sentido de la contraposición entre izquierda y derecha, sustituido por la dialéctica pueblo/casta, democracia/oligarquía. Querer mejor educación pública y gratuita, mejores servicios públicos y gratuitos, mejor atención sanitaria, pública y universal, por ejemplo, como lo han reivindicado Errejón e Iglesias en el mitin, es, a mi juicio, reivindicar lo que quiere y por lo que ha luchado durante tanto tiempo una izquierda decente y coherente, que ha existido y sigue existiendo.
Por eso, me separa de Podemos lo que a mi juicio es una segunda simplificación: su pretensión de exclusividad del aliento democrático, de la «nueva» política, esto es, la ausencia de reconocimiento de que esos objetivos no son patrimonio exclusivo de Podemos. Que la historia de la democracia n empieza con ellos. Que en el proceso de lucha por la democracia, incluida la transición, ha habido y hay fuerzas políticas y ciudadanos decentes, inteligentes y convencidos de la necesidad de mejorar la sociedad y luchar decididamente por ello.
Por eso, tras asistir al mitin, se refuerza mi convicción de que debe ser posible que, tras la legítima contienda electoral, en la que Podemos, como el PP y el PSOE, van a luchar por ser la opción de gobierno, y otros partidos de izquierda y derecha, por ser fuerzas con capacidad de influir en el gobierno, se llegue a acuerdos de gobierno entre la izquierda. Soy de los que piensan que la inmensa mayoría de ciudadanos de izquierda (por ejemplo, los que, en el país valenciano, votaremos a partidos como PSOE, IU, Compromis y desde luego a Podemos) queremos eso, responsabilidad y control del poder, el fin de la impunidad y de los privilegios, un ensanchamiento de los derechos desde el reconocimiento de la diversidad, políticas que acerquen a todos (y en primer lugar a los más vulnerables) a un igual disfrute de derechos y recursos, que acaben con el pillaje patrimonial de lo público, un esfuerzo (que signifique prioridad en el presupuesto) en invertir en educación, investigación, cultura, tanto como en vivienda y salud, en la creación de un modelo productivo que haga posible que el trabajo estable deje de ser un privilegio. Acuerdos que nos devuelvan a los ciudadanos la soberanía posible (no hay ya soberanía estatal autista) para que tengamos el derecho a decidir sobre todo lo que nos afecta e importa. Acuerdos que comiencen por una igualdad inclusiva y plural, que ataje el brutal crecimiento de la desigualdad, resultado de las políticas del PP. En ese objetivo, Podemos no es el único actor, aunque es realmente importante y tiene a su favor el viento de la renovación. Pero sería un error monumental descalificar o ignorar a quienes han remado y reman con enorme esfuerzo, por llegar al puerto al que tantos de nosotros aspiramos.

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¿TOLERANCIA? NO, IGUALDAD!

¡Igualdad, no tolerancia!

Posted on 16 enero, 2015

Javier De Lucas

Los abominables crímenes terroristas cometidos en Paris han provocado una reacción ciudadana contundente y han permitido escenificar –como casi siempre- una supuesta unidad de las fuerzas políticas, incluso más allá del marco europeo. Tiempo habrá para valorar cuánto haya de representación escénica y cuanto de voluntad real a la hora de formular medidas que puedan ser aceptadas por la mayoría de los ciudadanos y, además, que respeten las exigencias básicas de la legitimidad democrática. Recordemos que no hay seguridad si no es ante todo seguridad en los derechos. Una seguridad que recorta la libertad no es tal: es la victoria precisamente de aquellos a quienes se trata de combatir, porque significaría reconocer que nuestra prioridad no es garantizar los derechos y libertades.

Pero quisiera dedicar estas líneas para llamar la atención sobre lo que considero un error fatal: esa apelación a la tolerancia que, como mantra o monserga habitual, como tópico del catecismo de lo políticamente correcto, se reitera y predica enfáticamente en muchas de esas manifestaciones y declaraciones. Quiero tratar de volver a proponer a los lectores una tesis que me parece capital para la cultura de los derechos: la necesidad de dejar de hablar de tolerancia para tomar en serio la igualdad o, como proponeBalibar, la egalibertad.

Es muy sencillo: hoy, en Estados que tienen Constituciones que reconocen y garantizan la igualdad en los derechos, en una Unión Europea presidida por la misma idea y que tiene como lema “unidos en la diversidad”, la solución no es, no puede ni debe ser la tolerancia, entendida como valor que presida el espacio público. Basta de esa retórica vacía. A mi juicio, a quienes predican la tolerancia en 2015 y en los Estados de la Unión Europea, hay que responderles recordando a Goethe: tolerar no es otra cosa que ofender. Es unresabio paternalista, condescendiente, incompatible con el reconocimiento de la igualdad en derechos y libertades. Lo diré una vez más: ahí donde están reconocidos los derechos, la tolerancia debe desaparecer.

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No se tolera lo que es un derecho. Se tolera un mal menor, precisamente en aras de evitar otro mayor, peor. Insisto, hablo de tolerancia en el espacio público: no de la necesidad de la tolerancia de las manías de cada uno en una pareja, entre amigos o compañeros. No, me refiero a un principio sobre el que se construir la convivencia, la conjugación de libertades y derechos. Si yo considero que las relaciones homosexuales libremente consentidas no son un derecho como las heterosexuales del mismo orden, sino algo que debo tolerar, ofendo a todos los homosexuales. Si afirmo que hay que ser tolerante con las prácticas religiosas de judíos o musulmanes o evangelistas, o con los católicos o con quienes escriben en defensa del ateísmo, estoy ofendiendo a todos ellos. No: ahí donde hay libertad reconocida como derecho (la libertad de opción sexual, la libertad de conciencia, la de expresión, la libertad religiosa), no cabe tolerancia.Lo que debe reconocerse es igualdad en el ejercicio de cualquiera de las expresiones de esa libertad, de ese derecho. En el contexto de nuestras Constituciones, hablar de tolerar es reconocer que no queremos tratar en condiciones de igualdad a los tolerados.

Es importante entender que la tolerancia es un concepto histórico que, como tal, ha desempeñado una función muy positiva: permitir que conductas que no son aceptadas por la mayoría, pero respecto a las cuales hay argumentos para evitar castigarlas como delito, puedan llegar a ser reconocidas como derechos. Pero una vez que se ha alcanzado la “estación término de los derechos” para esas conductas, el tren de la tolerancia no debe regresar a su punto de partida. Nos ha costado siglos que conductas inicialmente toleradas (la libertad de conciencia o la libertad de opción sexual, o de identidad sexual) sean reconocidas como derechos. Afirmar ahora, por ejemplo, que hay que ser tolerante con “los homosexuales” o con “los inmigrantes”, además de una generalización sin sentido, supone retroceder siglos.

Bien está reclamar como mal menor la tolerancia en aquellos países en los que, por ejemplo, aún hoy se castiga las conductas homosexuales como un crimen incluso gravísimo, se reclame tolerancia. Pero el objetivo final no es, no debe ser ese: la tolerancia es un tránsito hacia el verdadero status. El objetivo no es que me toleren, sino que pueda disfrutar en condiciones de igualdad de lo que es un derecho, respecto al cual ni los poderes públicos ni los privados pueden interferir, salvo que haya un daño a tercero en un bien jurídico (en un derecho) de jerarquía mayor. Algo que deberá determinarse caso por caso y que debe ser decidido por los tribunales de justicia, con todas las garantías, como debe ser cuando hablamos de derechos.

Y si insisto en la necesidad de dejar de hablar de una vez por todas de tolerancia es porque la diferencia, y una diferencia importantísima, es ésta: frente a quien tolera, el tolerado no puede exigir que le toleren, sólo puede apelar a la magnanimidad o buena voluntad del tolerante, de quien tiene en su mano dejarle existir. El tolerado está a su merced. En cambio, si tenemos un derecho, podemos y debemos exigir que nadie interfiera en él, porque su existencia es independiente de la voluntad del otro de respetarlo, sea ese otro un representante del poder o un particular.

Basta ya de reclamar que sean buenos con nosotros, que nos aguanten, que nos toleren.Basta ya de pedir limosnas o privilegios. Frente a esos paternalistas que aún creen que tienen potestad sobre nosotros y nuestras libertades, basta de moralinas, basta de implorar generosidad, de pedir condescendencia. Exijamos que respeten nuestros derechos en condiciones de igualdad. Y que caiga el peso de la ley sobre quien no esté dispuesto a respetarlos, a reconocerlos, a garantizarlos.

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La república francesa como patria común y una cita de Jefferson

Los abominables atentados en Paris que han sacudido a Francia y al mundo en la semana de reyes de 2015 han suscitado un sin fin de análisis y comentarios. Tiempo habrá para discutirlos con calma pues lo cierto es que plantean no pocas dificultades sobre el fracaso de las políticas de integración, así como las de austeridad, las consecuencias nefastas de la iniciativa de Bush (a la que se sumó Aznar) de lanzar la guerra en el Golfo, la inanidad de Europa ante las guerras que devastaron Libia o Siria, el apoyo al golpe de Estado en Egipto, la complicidad con el régimen wahabista de Arabia Saudí, etc, etc

También suscita dudas la reacción de la opinión pública  (por ejemplo, el doble rasero que supone el silencio ante los criminales actos terroristas de Boko Haram en los mismos días en Nigeria, que costaron la vida a más de 200 personas, con utilización de niños como bombas humanas) y sobre el escándalo que supone el desfile en Paris de medio centenar de altos dignatarios (separados de los millones de ciudadanos que se manifestaban en la impresionantes marchas del domingo 11), entre los que había no pocos que son verdaderos campeones de la lucha contra la libertad de expresión.

En medio del shock, uno de los pocos elementos positivos parece la capacidad de reacción ciudadana mostrada una vez más por los franceses y que inevitablemente obliga a reconocer la emoción suscitada por esos millones de ciudadanos que tomaban la palabra y se manifestaban en defensa de la libertad de expresión y la democracia. En esas marchas  se ha reivindicado el lema  atribuido a Jefferson: “todo hombre tiene dos patrias: la suya y Francia” que, según se asegura, habría pronunciado tras la batalla de Yorktown, en homenaje a la ayuda francesa a la revolución americana. Es cierto que Jefferson es conocido como el más francés de todos los presidentes americanos y que quedó profundamente marcado por su estancia como Embajador en Paris, donde cultivó entre otras, la amistad con Condorcet y su mujer. Sin embargo, no hay testimonio fidedigno de que esa frase fuera suya, más allá de la paráfrasis de un testimonio que se encuentra en su autobiografía, donde escribió: «So ask the travelled inhabitant of any nation, In what country on earth would you rather live?—Certainly in my own, where are all my friends, my relations, and the earliest & sweetest affections and recollections of my life. Which would be your second choice? France”.

Hasta donde podemos saber, la afirmación literal se encuentra en una obra del dramaturgo Henri de Bornier, La Fille de Roland (Drame en quatre acts en vers)(1875), en la que Carlomagno afirma: «Tout homme a deux pays, le sien et puis la France.»