Prejuicios, lobbys y raperos

El episodio vivido en torno a la actuación del rapero Matthew Paul Martin (artísticamente conocido como Metisyahu) en la 22 edición del festival de reggae europeo Rototom Sunsplash, me parece un buen ejemplo del poder de los prejuicios y de la eficacia aplastante de los lobbies, así como de la confusión que produce estar demasiado pendiente de lo políticamente correcto, en lugar de los problemas reales.

En las páginas de @laveupv se ha prestado considerable atención a los cruces de declaraciones y manifiestos y se han publicado varios artículos de opinión e informativos, entre otros, el a mi juicio excelente artículo de Toni Martínez http://www.laveupv.com/noticia/15583/els-tres-errors-del-rototom-en-el-cas-matisyahu-per-toni-martinez, que sugiero completar con lo publicado hoy por David Sarabia en eldiario.es, http://www.eldiario.es/cultura/musica/AVT-PP-censuran-conciertos-Matisyahu_0_421708454.html,  sobre los precedentes de conciertos que en su día intentaron prohibir o censurar, por ejemplo,  Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes u otros mandatarios del PP y también los dirigentes de la AVT.

Mi intención, como decía, es invitar a la reflexión sobre el desproporcionado peso de lo políticamente correcto, sobre el pavor que provoca ir en contra del mainstream y la necesidad de pronunciarse en los medios y en las redes, aunque se haga sin el tiempo imprescindible para informarse y no limitarse a reproducir prejuicios y/o falacias en la desesperada carrera por pronunciarse en un asunto tan mediáticamente apetitoso como éste.

Comenzaré por alguna información en torno a Rototom Sunsplash. Recordaré que este festival de reggae europeo no es un evento local del que sea responsable el Ayuntamiento del lugar, sino un evento organizado por una empresa, que contrata la realización con el Ayuntamiento. No es una ONG humanitaria, sino una empresa internacional que desde hace unos años ha optado por las playas de Castellón y su clima para publicitar con eficacia un festival que, eso sí, se presenta no sólo como musical, sino como cultural y aún comprometido, pues organiza  junto al programa musical un importante espacio crítico o Foro social (el lema de la edición 2015 es “Peace Revolution”).

Hablemos ahora de lobbys, prejuicios y falacias. Y si de lobbys se trata, hay que reconocer que pocos comparables al israelí, o quizá habría que decir el lobby judío proisraelí. En efecto, la poderosa maquinaria mediática proisraelí ha conseguido imponer de nuevo su mensaje, centrado una vez más en su falacia estrella. Aquella que reza que todo aquel que critica las políticas del Estado de Israel es antisemita y poco menos que negacionista o incluso defensor del Holocausto. Una falacia ante la que todo el mundo corre a esconderse en lo políticamente correcto: “antijudío, yo? Antisemita? Racista, discriminador, enemigo de la libertad de expresión? Quiá!! Déme un micrófono que voy a dejarle claro de parte de quién estoy!” O incluso, “no se preocupe de venir, que ya le llama mi gabinete de prensa con mi <más enérgica condena a quienes violan de la forma más grosera los derechos humanos>”. Lástima que, frecuentemente, tan firmes defensores de los derechos humanos y de la legalidad internacional no tengan tanta prisa para pronunciarse contra los crímenes de guerra y contra la humanidad reiteradamente cometidos por los Gobiernos del Estado de Israel, contra el apartheid de los palestinos, contra la situación de niños y mujeres en Gaza, denunciados continuamente por ACNUR o la UNWRA.

Creo que, una vez más y casi como si habláramos de uno de los experimentos de Pavlov, en el caso Metisyahu se ha impuesto una especie de respuesta refleja, porque en la mayoría delas declaraciones de condena se han producido sin pararse a informarse sobre el tal artista y sus tomas de posición políticas, sobre la realidad del movimiento BDS, o sobre la cambiante estrategia de los organizadores del Rototom. Esta, en efecto, la desastrosa y zizagueante actuación a lo largo de esta historia por parte de la organización del Festival y de su director, Filippo Giunta, es a mi juicio,  lo peor de la historia, como deja más claro que el agua Toni Martínez en su artículo.

Volvamos a las casi unánimes expresiones de condena. De El País a El Mundo, de C’s al PP y el PSOE, hasta el Gobierno Rajoy y el Consell de la Generalitat Valenciana, por boca de su habitualmente aguda vicepresidenta (que, a mi juicio, no tuvo su mejor día en esta ocasión; aunque, ya se sabe, aliquando dormitavat Homerus), todos han entendido que estábamos ante un vergonzoso ataque a la libertad de expresión, a la igualdad, un acto inaceptable de censura, cuando a un cantante hay que contratarlo o no por su valor artístico y no por sus convicciones, su religión, su raza o sus preferencias gastronómicas. De la calidad artística de Metisyahu habría mucho que decir; los expertos lo consideran un cantante mediocre que consiguió abrirse hueco precisamente explotando la faceta más folklórica y visible (el cuidado look) de su condición de judío. De sus declaraciones públicas y de las letras de sus canciones, basta con googlear para enterarse de que consideraba asesinos a los integrantes de la flotilla de la paz pro Gaza 2010, y que alienta a bombardear a las madres de los palestinos terroristas en canciones como Height, en la que el artista canta: “Vengo con una conciencia como mi espada”, “yo mataré a todos ellos, asesinos locos” o “estoy dejando caer bombas sobre vuestras madres hasta que os rindáis (la letra de su canción Height: http://www.azlyrics.com/lyrics/matisyahu/heights.html). Por mucho menos, Esperanza Aguirre (que ha sido de las primeras en escandalizarse por el caso que comentamos) , Cristina Cifuentes y otros líderes del PP y de la AVT intentaron impedir conciertos de grupos como Los chikos del maíz, Sociedad Alkoholika, e incluso los denunciaron pretendiendo sanciones penales. Fermín Muguruza, Boikot, H Canino y un largo listado de grupos han padecido experiencias similares. Eso se llama doble rasero, ¿verdad?

Pero volvamos a la cuestión: frente a Metisyahu, ¿se ha tratado de un ataque a la libertad de expresión, al derecho a la igualdad y la no discriminación, afortunadamente enmendado por el último comunicado de la organización? Y en ese caso, ¿quién es el responsable de tan grave actuación lesiva de derechos fundamentales?

Dejaré clara mi respuesta, que no representa más opinión que la mía. Creo que se ha producido una inaceptable pretensión de censura por parte de la organización, que trató de condicionar la actuación del artista a una especie de <auto de fe>: confesar que no es antipalestino, ni está en contra de los derechos de los palestinos. Y el responsable es Filipo Giunta y los organizadores, no el Ayuntamiento, ni BSDValencia, ni Compromis Castellón, ni IU, ni Podemos, que se pronunciaron en contra de la presencia del cantante. Rototom, antes de contratarle,  podía y debía haberse enterado de lo que cualquiera que entra en Google está en condiciones de saber. Y decidir si les compensaba o no traer a ese personaje, si era compatible o no con los ideales que pregona. Lo más repugnante es que desde Rototom se diga que lo hizo obligado por las presiones de BSD-Valencia (¿a qué presiones se referirá, más allá de sus comunicados?), pero no porque le hayan convencido las razones expuestas por BSD-Valencia, ni sus propias convicciones.

Por tanto, ni IU, ni Podemos, ni Compromis Castellón son culpables de violaciones de derechos. Y tampoco BSD Valencia (cfr. http://boicotisrael.net/etiqueta/bds-pais-valencia/ ). Lo que la iniciativa de este grupo proponía era el boicot a un personaje que hace reiterada y conscientemente propaganda sionista radical. Alguien que ha dejado dicho y escrito barbaridades sin cuento sobre lo que hay que hacer con los palestinos y sus madres.

Y sin embargo, la respuesta muy mayoritaria fue otra: “No; de entrada, pongámonos de la parte del pobre e inocente artista mancillado en su libertad de expresión y en el derecho a la igualdad. Y busquemos y condenemos a los malvados culpables”. En este caso, la sucursal valenciana de BSD, que, de creer a sus debeladores, parece una especie de Mordor pasado por Darth Vader y lo peor de los Lannister. Esa ha sido la tesis de Filipo Giunta: el Rototom habría cedido ante la insoportable presión del BSD, que, de creer el 4º comunicado de los ingenuos y bienintencionados organizadores,  sería el culpable de la inaceptable (sí, yo la considero inaceptable) decisión de obligar al cantante a someterse a un auto de fe. Porque para dejarlo claro, diré que estoy de acuerdo con Toni Martínez cuando este subraya que esa parte del comunicado del Festival es un error inadmisible (y una vileza, insisto en añadir).

En realidad, BSD es una iniciativa, fundada hace más de 10 años para presionar sobre esas políticas israelíes, mediante el Boycot, la Desinversión y las Sanciones al Estado de Israel y sus intereses http://boicotisrael.net/). Por cierto, iniciativa apoyada por eminentes intelectuales judíos de todo el mundo, judíos, insisto, pero no sionistas ni defensores del criminal Gobierno Netanhayu. Pero si esa sección, insisto, pide boicot contra un representante acreditado de esas políticas, y lo hace proponiendo una medida discutible (pero argumentada), esto es, que se retire la invitación al cantante http://boicotisrael.net/bds/aclaracion_cancelacion_matisyahu/), lo que no me parece proporcionado es que se asegure que hemos asistido a una conspiración siniestra, obra de un “grupo podrido desde su núcleo” (así lo calificó el Consejo Mundial Judío en uno de los comunicado oficiales emitidos sobre el asunto http://www.worldjewishcongress.org/en/news/a-clear-instance-of-anti-semitism-wjc-condemns-cancelation-of-matisyahu-concert-at-spanish-reggae-festival-8-0-2015 ), que denuncia que BDS repite las consignas antisemitas, racistas y discriminadoras de quienes están llenos de odio hacia el pueblo elegido.

El arquetipo de la opinión basada en el propio prejuicio y en la más descarada y prepotente ignorancia, me parece la tribuna “Opiniones según quién”, publicado en El País por Jorge Martínez Reverte (http://elpais.com/…/20…/08/19/opinion/1439979108_372776.html), donde con tremendo desparpajo asegura: «Lo cierto es que el chaval no ha dado para el gran público ningún asomo de pensamiento político xenófobo hasta ahora». Si se hubiera tomado el trabajo de googlear (no digo de investigar) habría leído lo que el chaval declaró sobre el ataque a la flotilla Gaza 2010, que se saldó con diez muertos, o se habría enterado de que actúa en numerosas ocasiones en consonancia con el AIPAC, el lobby judío que en EEUU apoya los ataques a la población civil en Gaza y la creación de nuevos asentamientos en ese territorio. Está claro que ni siquiera ha googleado ni escuchado las letras de canciones como Height, que antes he evocado. Nada, que la realidad no le estropee su prejuicio… En otra escala, muy distinta, pero que a mi juicio exhibe asimismo elevadas dosis de reacción pavloviana ante la avalancha de lo políticamente correcto y las presiones del supereficaz lobby mediático proisraelí, se encuentran las declaraciones de otros periodistas que se han lanzado a condenar la gravísima infracción a la libertad de expresión, el ejercicio de censura o, inevitablemente la obscena muestra de antisemitismo exhibidos por la izquierda radical infantil. Véase la sulfurosa reacción en las páginas de El Confidencial del editorialista de la derecha moderada, J.A.Zarzalejos, que aprovecha para denunciar el “rampante antijudaísmo de la izquierda”: http://blogs.elconfidencial.com/espana/notebook/2015-08-19/matisyahu-y-el-rampante-anti-judaismo-de-la-izquierda-en-espana_975906/

Por eso, creo que los políticos que se han lanzado a la condena de la grave violación de los derechos de Mestisyahu y han alabado la rectificación de Rototom, se han equivocado. Es cierto que la pretensión de la organización de obligarle a leer una declaración, era indebida e inaceptable. Pero el fondo de este asunto es muy otro. Es la obscena representación de la lógica imperante en los medios y, sobre todo, en las redes sociales: la lógica del rumor, de la falta de comprobación de las versiones de las partes, del contraste de hechos y argumentos, del terreno abonado para la simplificación, la falacia y el prejuicio. Es una cadena de despropósitos, que muestra la debilidad de las convicciones de los organizadores del Festival y su incapacidad para asumir sus responsabilidades. Es también la constatación del doble rasero que consiguen imponer el Estado de Israel y sus grupos de presión

El poble valenciá y un señor de Murcia

 

Es evidente la legitimidad de la licencia que se utiliza en el discurso político cuando se apela a la voluntad del pueblo como sujeto soberano. El problema, a mi juicio, comienza cuando se da el salto de la licencia a la hipóstasis, es decir, cuando se incurre en lo que desde el punto de vista de la lógica se conoce como falacia de hipostatización, que es el tipo de engaño argumentativo que consiste en tratar un concepto abstracto como si fuese una cosa concreta. Y lo digo con el mismo escepticismo que creo que hay que oponer a quienes incurren en el extremo de la falacia opuesta, la que consiste en el atomismo individualista, propio de cierto liberalismo, que cree que sólo existen individuos como mónadas, no personas que son constituidas precisamente por la socialidad.

En mi opinión esto es lo que sucede, por ejemplo, cuando se pasa de reconocer que la soberanía consiste en el ejercicio de la voluntad libre y soberana de los ciudadanos constituidos como demos, esto es, constituidos en pueblo soberano (algo que, como ha explicado muy bien Luigi Ferrajoli, exige el presupuesto de la Constitución), a imaginar que el pueblo existe más allá de esa voluntad, incluso antes, es decir, con independencia de ella, como una realidad natural, al igual que si se tratase (así lo proponía Möser) como una planta de la historia. Es entonces cuando algunos proponen otro salto –este, muchas veces mortal-, el de identificar los rasgos identificatorios de esa realidad previa, a través de marcadores primarios (lengua, religión, elementos etno-culturales) como determinantes, como condición sine qua non del vínculo político. Una vez que se enuncia ese proceso de autoconstrucción en términos de descubrimiento (si no de revelación: todo pueblo es, en ese sentido, pueblo elegido) hemos dado el salto a la falacia de hipostatización.

El riesgo más peligroso de ese proceso de hipostasis del pueblo es la aparición de la idea de autenticidad que lleva consigo la de depuración. Nada nuevo. Es la vieja idea de pureza de sangre, a través de la que se busca la homogeneidad como clave de la fuerza, de la autoafirmación. Algo que subyace a la interpretación sociopolítica del mito de Babel. Se produce así el delirio de identificar como pueblo sólo a una parte de los ciudadanos, aquellos que tienen o adoptan esos rasgos y ese delirio suele ir acompañado de la pesadilla de la exclusión, que exige que quien no se identifique con los rasgos, deseos o pretensiones de esa parte de los ciudadanos elevados a la condición de verdadera expresión del pueblo, no sea reconocido como pueblo o, al menos,  no en condiciones de igualdad. El maketo, el charnego, el inmigrante, aquel que con su presencia nos recuerda que la realidad es plural, que el ideal de pureza es una falacia cuando no un delirio, no puede sr considerado como igual, salvo que se convierta. Un proceso, este de conversión, que suele llevar consigo la radicalización.

No hace falta ser un estudioso del pensamiento político (a fortiori, no hace falta ser un <politólogo>) para recordar la paradoja de Rousseau y la distinción entre volonté générale y volonté de tous. Son disquisiciones que han dado pie a interpretaciones a la Talmon, que llega a hablar del proyecto de Rousseau en términos de democracia totalitaria. Una paradoja que permite denunciar, como lo hiciera Tocqueville, el riesgo de la “tiranía de la mayoría” y que se hace aún más grave cuando esa tiranía no consiste sólo en el abuso del número (con menos del 50% de los votos, según los sistemas electorales, una minoría fuerte puede convertirse en mayoría institucional y aplicar su <rodillo>), sino, como recordaba antes, en la falacia de  hipostatización o, si se prefiere, en aquella forma de sinécdoque que es el universalismo de sustitución. Una parte, obviamente, la que logra la hegemonía, se autoerige  en el todo, monopoliza identidad y voluntad e impone al resto la obligación de aculturarse, de someterse a un proceso obligatorio de asimilación,  como condición de reconocimiento. Castilla, incluso por encima de Aragón, se impone como España, en detrimento de una realidad plural previa.

Ese riesgo ha existido siempre, también en democracia. Porque también en democracia es posible que quien obtiene la victoria electoral y una suficiente mayoría parlamentaria, crea que tiene derecho no sólo al Gobierno, sino además a monopolizar todas las instituciones del Estado. Y con ser malo, no es el peor de los riesgos posibles. El mayor peligro es que esa mayoría electoral crea que tiene también derecho a colonizar y monopolizar la sociedad civil.

Viene todo esto a cuento de cierta pretensión que reiteradamente aparece en estos días, la de quienes pretenden monopolizar (a mi juicio, sería más exacto hablar de usurpar) la noción de poble (catalá, pero también  valenciá), so pretexto de que sólo ellos tienen conciencia de sí como tal poble. Esto es, quod erat demostrandum, que los demás, los que no tienen esa conciencia y por tanto carecen de esa voluntad política, lo no catalanistas, los no valencianistas (los no españolistas, claro, también), no son catalanes, valencianos, españoles. Estos, es decir, los ciudadanos que votan a partidos “de Madrid”, no estarían en condiciones de representar la “voluntad del poble valenciá”, las reivindicaciones del “poble valenciá”, porque tal objetivo sólo estaría al alcance de quienes agrupan en partidos que utilizan la mención al mismo poble valenciá. Sólo los que se autoidentifican como miembros del poble valenciá pueden llevar a cabo la legítima defensa de los intereses de los ciudadanos valencianos.

A quienes así se presentan les quiero formular una pregunta genuina: me gustaría saber si están dispuestos a ser coherentes o si,  llegado el caso, van a evitar el salto mortal al que casi indefectiblemente les aboca la coherencia en cuestión. Una coherencia que, a mi juicio, resulta incompatible con el reconocimiento de la pluralidad inclusiva e igualitaria. Una coherencia a la que le resulta imposible admitir el reconocimiento como igual ciudadano de aquellos que no quieren verse identificados como pueblo, como nación cultural.

En mi opinión, la coherencia con ese presupuesto lleva a una de estas dos fatales consecuencias. Una, la que acaba por negar la condición de miembros del pueblo (valenciá) a los ciudadanos que no nos reconocemos, que no queremos ser reconocidos como tales, que no nos identificamos como miembros de ese poble (nacionalista). La otra posible consecuencia está teñida del paternalismo: los auténticos miembros del poble valenciá, condescendientemente, nos reeducarán –nos normalizarán, como ya se ha hecho en otras ocasiones en la historia- y nos impondrán a la fuerza esa condición.

Es verdad que existe una tercera opción. No me refiero a echarse en brazos de esa herejía opuesta en que consiste la falacia del atomismo individualista, propio de cierto liberalismo, que desconoce el ser social. Hablo de lo que algunos denominan nacionalismo inclusivo, una fórmula que, en mi opinión, sobrepasa la falacia, para incurrir en el oxímoron. Porque la pluralidad propia del nacionalismo inclusivo significa, a mi juicio,  el suicidio del propio nacionalismo.

La respuesta es, sencillamente, NO. No cabe admitir la supeditación de mis derechos como ciudadano a mi identificación como miembro de ese pueblo valenciano. Yo soy ciudadano valenciano, vote lo que vote y me identifique con la ideología que quiera. Nadie tiene derecho a considerarse más ni mejor sujeto político que yo, a pretender que por envolverse en tal o cual bandera, cantar ese o aquel himno, emocionarse con una procesión, una fecha o una leyenda, defiende mejor mis intereses. La defensa real de mis necesidades, de mis intereses, de mis aspiraciones, no consiste en apropiarse como todo programa del adjetivo patronímico. Necesito que me digan en concreto por qué medios, iniciativas y programa los van a hacer posible, sin que me baste con la repetición del ensalmo mágico som valencians, como no me basta aquel otro de soy español, español, español.

Lo diré de otra manera: aquel a quien yo elijo con mi voto para ser diputado en el Congreso es, como mínimo, tan legítimo representante de los intereses de los valencianos (porque es mi representante, libremente elegido por mí, ciudadano valenciano) como el que ha sido votado por los que llevan la senyera tatuada en su piel y tienen conciencia (o la creencia, diría yo, con todo respeto a las personas y la mayor discrepancia de esas creencias) de ser poble valenciá. No admito que estos últimos sean pueblo soberano  y yo no.  Porque a estas alturas del siglo, para ser sujeto político, afortunadamente, no hay que exhibir ninguna creencia ni tragar con ningún auto sacramental. Basta con ser ciudadano. Diré más, debería bastar con expresar la voluntad manifiesta de querer serlo.

Por eso, para mí, debe reconocerse esa condición de ciudadano a quien habiendo nacido en Tombuctú, Bamako, Alepo, Quito, Oujda, Ürüqui, Asmara o Murcia, quiere vivir y trabajar aquí. Aunque, como me pasa a mí, no le guste ni la moixeranga, ni la mascletá, ni la procesión cívica de la senyera, ni ese rey al que algunos insisten en llamar <el nostre señor, en Jaume I el conqueridor>. Yo prefiero la memoria del murciano  Ibn Arabi o incluso la del valenciano Al Rusafi. Sobre gustos, ya se sabe, todo es posible: incluso que a Ninette le guste un señor de Murcia y viceversa, y decidan –mientras libremente les dure esa voluntad- vivir juntos.

Muerte de Mor Sylla, mantero senegalés

Aún no tenemos datos suficientes sobre las circunstancias de la muerte de un vecino de Salou, de cincuenta años de edad. Mor, así se llamaba, era senegalés y se ganaba la vida como “mantero”. Tenía sus papeles en regla, cuentan en algunas informaciones. Y lo primero que uno se pregunta es ¿si no los tuviera, sería menos grave su muerte?

Seamos ecuánimes, claro. Hay que tener en cuenta todos los puntos de vista y lo que para Mor y muchas otras personas es un medio de subsistencia, para otros (la industria discográfica, una parte de los buenos botiguers y la burguesía de orden), la existencia demanteros es una amenaza para el bien común y, como mínimo, según nos explicó la inefable señora Aguirre en una de sus memorables e ingeniosas intervenciones, estropea el turismo. Por eso, es comprensible que el Govern del Sr. Más (como el de Rajoy) entienda que mostrar que se combate esa peligrosa delincuencia, da buenos réditos en esos sectores de votantes y contribuyentes. Así que los Mossos d’Esquadra que hoy dirige el Sr. Jané se aplican en la persecución de estos insidiosos criminales que no respetan la propiedad ni el mercado. Como si los manteros fueran los verdaderos responsables de ese negocio, ciertamente ilegal (ilegalidad que no tengo el propósito de negar).

1.Samuel Sánchez

El problema es que el historial de los Mossos no es precisamente virgen en materia de malas prácticas, incluso malos tratos y tortura, según sentencias firmes recaídas (eso sí, seguidas de unindulto en febrero de 2012 por parte del Gobierno Rajoy a los cuatro mossos condenados expresamente como torturadores,indulto que se repitió en noviembre del mismo año a pesar de la advertencia de la Audiencia, que señaló que hacerlo sería “fraude de ley”, sin que sirviera de nada laprotesta de los jueces y de la sociedad civil. Por eso, la muerte de Salou no puede dejarse pasar como un desgraciado accidente.

Hasta el más lerdo sabe a estas alturas que la garantía de los derechos humanos exige lapresencia activa de un poder judicial independiente. Por eso, cuando por razones de seguridad, orden público o defensa de derechos de terceros se ha de limitar algún derecho, se requiere la garantía de ese poder. Es lo que pide el artículo 569 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de registro del domicilio, ante la necesidad de garantizar el derecho fundamental de inviolabilidad de domicilio y conciliarla con exigencias de seguridad y orden público:

El registro se practicará siempre en presencia del Secretario del Juzgado o Tribunal que lo hubiere autorizado, o del Secretario del servicio de guardia que le sustituya, quien levantará acta del resultado de la diligencia y de sus incidencias y que será firmada por todos los asistentes. No obstante, en caso de necesidad, el Secretario Judicial podrá ser sustituido en la forma prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

200px-Emblema_de_los_Mossos_d'Esquadra

Pues bien, resulta que en el primer comunicado de los Mossos se afirmaba que “en el momento de los registros, que se han realizado en presencia de la secretaria judicial, en uno de los domicilios una persona ha saltado desde el balcón de un tercer piso al detectar la presencia policial”, pero luego el intendente de los Mossos d’Esquadra Xavier Gámez, aclaró que no podía precisar si la secretaria judicial se encontraba en el interior del domicilio y finalmente ha quedado establecido que se encontraba en la calle y no había subido a ese domicilio. Es decir, que no se cumplió con aquello a lo que obliga el mencionado precepto de la LECrim.

Transcurridas más de 30 horas de esos hechos y sobre todo como reacción para apelar a la convivencia después de los “graves incidentes ocurridos en la calle” (se ve que no les parece grave la muerte de un vecino), el conseller Jané ha comparecido en rueda de prensa junto al alcalde de Salou, para hacer una llamada a la recuperación de la normalidad. En el curso de esa rueda de prensa, el Conseller aseguró que no hubo la menor interacción física entre los Mossos y el fallecido. Añadió, además, que su tesis era confirmada por el testimonio de dos vecinos que se encontraban en la calle, lo que implica algún problema con las leyes de la física: los vecinos podían ver el balcón, desde luego, pero ¿cómo podían ver lo que sucedió en el interior del domicilio?

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Conste que pienso que lo más verosímil es que la muerte de Mor se haya debido a un desgraciado accidente, al tratar de saltar de un balcón a otro, sin intervención directa de los Mossos. Pero en cualquier Gobierno democrático, un suceso como éste, con resultado de muerte y contradicciones por parte de la policía sobre el cumplimiento de un requisito legal de garantía de derechos fundamentales, unido a los precedentes mencionados, exige que el Gobierno y en concreto el responsable de la policía (el conceller Jané) pida de inmediato comparecer ante el Parlament. Quizás es que en la lista de Más &Co, como el “procés” pasa por encima de cualquier otra consideración, no se considera relevante este “accidente” y menos para pedir responsabilidades a uno de los suyos: no toca. ¿Es así porque se trata de un mantero senegalés? ¿Qué hubiera pasado si el muerto fuera un “buen catalán” con apellidos certificados? ERC calla y los autoproclamados integrantes de izquierda (el Sr. Romeva, por ejemplo) tampoco han dicho palabra. Los partidos de la oposición en el Parlament tienen el deber de exigirla. Así lo ha manifestadoIC-EUiA, que, en un comunicado en el mismo día, ha anunciado su intención de pedir que el Sr. Jané comparezca ante el Parlament. Sin llegar a exigir la comparecencia, lasCUP han publicado un contundente comunicado en el que condenan los hechos, denuncian su relación con la deriva xenófoba, racista y estigmatizadora de las políticas migratorias y exigen el esclarecimiento de responsabilidades. En el momento en que escribo estas líneas, me extraña la ausencia de reacción de otras fuerzas, salvo laestrambótica declaración del portavoz del PP en el Congreso de los Diputados. El Sr.Rafael Hernando ha insistido en la necesidad de que los que vienen de fuera respeten la legalidad. Quizá no tenga en cuenta la confusión que puede crear en losnouvinguts observar el respeto a la legalidad de tantos políticos del PP, como por ejemplo, los implicados en las tramas púnica o Gürtel, por no hablar de la exquisitez con la que el Gobierno Rajoy burla la legalidad internacional, según han denunciado instituciones internacionales como el Comisario de derechos humanos del Consejo de Europa o el Consejo de derechos humanos de la ONU.

Mientras tanto, la credibilidad democrática y la legitimidad del Govern de la Generalitat, así como de su pretendida política inclusiva e igualitaria, que dependen del respeto y garantía efectiva de los derechos humanos, han sufrido un golpe que no se entiende que no corran a restañar. Porque eso, con o sin procés, es la prioridad absoluta.

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Fotos: 1ª. Samuel Sánchez. 2ª. Efe. 3. Efe. Jaume Sellart.

WERT EN PARIS. NI ANÉCDOTA, NI PRENSA ROSA

Actualizada 02/08/2015 a las 21:32  
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EL AUTOR
No ha faltado quien, para ironizar sobre el nombramiento del exministro Wert como embajador de España ante la OCDE, un puesto sin duda relevante en la representación exterior del Reino de España, subraya la dimensión “rosa” de la historia. 

Se bromea así sobre la sensibilidad de Rajoy y su Gobierno hacia una «historia de amor» que encuentra el mejor broche posible en posibilitar la residencia en París de una pareja que vivía los sinsabores de la distancia. La necesidad conyugal y la unidad familiar serían razones que no podían desatender los políticos del PP, adalides de la familia como debe ser. Yo creo, sin embargo, que cabe poca broma con este asunto. Porque no es una anécdota, sino una decisión profundamente reveladora del modo en que Rajoy y los suyos entienden la política.

Reveladora porque, ante todo, se sitúa en la lógica de compensar con cargos públicos, pagados por los contribuyentes, a los que te han servido bien, arremetiendo con coraje e «ideas claras» (¿qué cargo esperará a García Albiol?) en defensa de las ideas más peregrinas de su programa de Gobierno, como lo ha hecho Wert a propósito de objetivos de alta calidad pedagógica como españolizar a los niños catalanes, primar a las universidades privadas, sostener la enseñanza confesional de la religión o imponer la LOMCE per fas o nefas.

No es el primer caso. Lo vivimos con el bochornoso episodio del exministro Arias Cañete, propuesto para un cargo de postín europeo (aunque luego quedara rebajado de rango), pese a las pruebas manifiestas de incompatibilidad y a una trayectoria y patrimonio muy poco compatibles con los intereses que debe defender como comisario europeo. Lo vemos en los ejemplos de poltronas senatoriales para quienes figuran en el guiness de malos gestores, como los señores Fabra o Barberá, o con los cargos bancarios para el nefasto Olivas, por citar sólo a algunos de los perpetradores de la desolación en que se ha dejado a la Generalitat Valenciana. O el cargo de embajador en Londres parael señor Trillo, en agradecimiento de sus trabajos como abogado del partido y de su brillante trayectoria en Defensa. Y ahora, Wert.

Reveladora, además, porque en un mundo como el nuestro, en el que es tan fácil rastrear los verdaderos curricula, asombra que se siga imponiendo el nepotismo puro y duro frente a la exigible meritocracia. Sobre todo cuando, como seguramente sabe muy bien el ministro García Margallo, sobran expertos en el cuerpo diplomático español (y fuera de él) para un puesto como el de embajador ante la OCDE, para el que sería deseable competencia y experiencia profesional en los ámbitos del desarrollo, el comercio, ciencia y tecnología, medio ambiente, etc. temas sobre los que no podemos encontrar el menor indicio (de conocimiento, competencia, experiencia) en el currículo del señorWert. Claro, es verdad que la OCDE se ocupa de educación, pero la trayectoria del exministro en ese campo es manifiesta y casi unánimemente valorada de forma negativa. Todos los actores del sector educativo (salvo el propio Gobierno, claro) lo consideran el peor ministro de Educación que ha tenido España desde 1978. Una buena carta de presentación, se ve.

Este nombramiento es revelador de la mentalidad clientelista, de esa que tiene que ver con el clásico «qué hay de lo mío» en la formulación castiza que según gustaba recordar Gregorio Peces-Barba, le gritó un paisano de Natalio Rivas en un mitín de éste en Granada: «¡Natalico, colócanos a toos!». Mutatis mutandis, Wert habría espetado a Rajoy, “¡colócame en París!». En efecto, según todos los indicios, el interfecto no habría tenido inconveniente en manifestar que quería ese puesto, siendo aún ministro, porque la distancia kilométrica entre Madrid y la capital francesa le debía resultar insufrible. Pero, si las informaciones publicadas en todos los medios son ciertas, la señora Gomendio fue elegida en abril de 2015 para el cargo de directora general adjunta de educación en la OCDE, puesto para el que hay que suponer que concursó cuando aún era secretaria de Estado en el Ministerio que dirigía su compañero. Es decir, que cabe imaginar que éste estaba al tanto de su intención de vivir en Paris antes de esa fecha y no se trata de un accidente imprevisto para el que no podían haber preparado una solución. Sobre todo porque, también según las informaciones publicadas, Wert habría anunciado a Rajoy su intención de dimitir para vivir con su esposa.

¿Podía haber esperado al fin de legislatura, para así marcharse libremente sin dejar colgada su responsabilidad como ministro en los últimos seis meses de legislatura? Uno diría que sí, por aquello de la responsabilidad política, pero al parecer a Wert ese semestre de separación le resultaba insufrible, no como al resto de españoles que se han tenido que marchar y separarse de sus familias para buscar trabajo, sin saber cuándo podrán reunirse. Pero no era el caso de Gomendio y Wert. ¿Cómo solucionar el tremendo problema de vivir separados durante seis meses? Es verdad que su señora esposa era el cargo público con mayor patrimonio en la legislatura Rajoy y que su sueldo en la OCDE es muy considerablemente mayor que el que tenía en Madrid, pero el pago de tanto viaje o, eventualmente, de la residencia común en la capital francesa debía ser un gran desafío económico para el matrimonio. Así que, ¿por qué gastar tu dinero en vivir juntos en Paris si te lo pueden pagar los ciudadanos? Dejo el Ministerio y que me den el cargo.

Con todo, lo más grave a mi juicio, es el conflicto de intereses que a juicio de algunos (malpensados quizá) plantea este nombramiento. La señora Gomendio, como he recordado, trabaja ahora para la OCDE como directora general adjunta de educación. Es decir, es una (alta) empleada de la OCDE. Al menos formalmente, no parece la mejor idea que el embajador de España ante un organismo esté casado con una (alta) empleada del mismo. Piensen en cualquier ejemplo similar: la embajadora ante la OTAN y su cónyuge empleado/a de la OTAN en Bruselas. El/la embajadora ante la UNESCO y el cónyuge empleada/o de la UNESCO… Claro que también se puede ver de otra manera.Quizá el propósito de Rajoy ha sido ahorrar trabajo y gastos a España y a la OCDE: si España quiere negociar con la OCDE propuestas sobre educación, las reuniones pueden tener lugar en el domicilio conyugal y, así, eso que se llevan puesto embajador y directora adjunta antes del horario laboral. Y todos contentos.

¿VOCES VALENCIANAS EN MADRID?

¿Qué voces valencianas en Madrid?

Javier de Lucas

 

Las líneas que siguen pretenden ofrecer argumentos para la discusión de una interesante editorial de La Veu del Pais Valenciá, “Necessitem una veu valenciana a Madrid” (http://www.laveupv.com/editorial/15304/), publicada el pasado viernes 24 de julio. Las escribo con el mayor de los respetos y también, desde luego, con agradecimiento y reconocimiento a las convicciones democráticas de sus editores, que han tenido la osadía de albergar en su casa como “opinador” a alguien tan remotamente distante de las filas de los nacionalismos como quien suscribe.

Quede constancia de que, a mi juicio, la editorial es un ejemplo de lo que debe ser un manifiesto político: significativo, claro, conciso. Obviamente, su análisis exige ponerla en relación con las tesis del manifiesto “Per una veu pròpia valenciana a les Corts Generals” (http://x1veupropia.blogspot.com.es/), lanzado desde dentro de Compromis por el Sr. David Navarro y otros militantes de la coalición y suscrito, cuando escribo, por algo más de 1600 personas. No creo que sea casual que ambos textos coincidan también con el goteo en el mismo diario de opiniones –he leído algunas muy interesantes y cargadas de argumentos, como la del Sr Lillo i Usechi o la del Sr Arnal- contrarias al pacto de Compromis con Podemos, sin que (hasta donde se me alcanza) aparezca hasta ahora ninguna voz a favor de la tesis propicia al acuerdo con Podemos, que digo yo que alguna habrá. No sé si se trata de una toma de posición del diario, en la estrategia en la que se debate Compromis. Parecería que sí. Pero no entraré en esa cuestión.

Lo que me interesa (espero que a alguien más) es la propuesta que me parece que subyace a la editorial y al Manifiesto, ejemplos a mi juicio del ideario que practica la sinécdoque como fe y que postula un proyecto que, pese a las inequívocas convicciones democráticas de quienes lo sostienen (quiero dejar claro que es esa mi opinión, sin asomo de duda), encierra, también a mi juicio, un importante riesgo para la garantía del pluralismo, que es una condición sine qua non de la democracia.

Trato de explicarme. A mi juicio, el pluralismo es bastante más que la <anáfora del propio Compromis> en que consistiría la “coralitat” de la que hace gala el Manifiesto, como explica elegantemente el propio D.Navarro (http://x1veupropia.blogspot.com.es/2015/07/aclariment-sobre-la-filosofia-del.html ), en su respuesta a la carta que les envió Enric Morera y que parece un alegato, una actio finium regundorum para distinguir a quienes son fieles a la esencia original de Compromis y quienes parecen no respetarla. Y si digo esto es porque esa <coralitat> que se pretende como signo de identidad, supone un pluralismo muy limitado: es apertura a quienes quieran sumarse a Compromis, pero manteniendo sus esencias, faltaría más. Es decir, exactamente lo mismo que sostienen los líderes de Podemos, incluida la tránsfuga Tania Sánchez. De modo que la coralidad no es de suyo garantía suficiente para que, de asentarse como mayoritario este proyecto, no se produzca un riesgo para la igual libertad de quienes son y quieren seguir siendo diferentes, es decir, de los ciudadanos realmente existentes.

Para que queden claros mis presupuestos (si es que alguien no los ha colegido ya), comenzaré por exponer mi crítica al punto de partida de esas tesis, esto es, la identificación -que considero esencialista- del pueblo valenciano, más allá de los valencianos, incluso de nosotros los valencianos. Y una vez argumentada la crítica de esa hipóstasis, postularé que no nos conviene una voz valenciana en Madrid, sino muchas y muy diferentes, porque a mi juicio, todas las que se voten desde aquí tienen igual derecho a presentarse como voces valencianas. Lo contrario no sólo es peor, sino pura contradicción, sólo resoluble mediante el parti pris de que sólo es valenciano lo que yo, que tengo la patente de lo valenciano, digo que es valenciano. Bien es verdad que quien firma es originario de Murcia, y sólo vivo en Valencia (con interrupciones) desde hace 41 años. Sirva eso para quienes pueden dejar de leer en este punto, porque pensarán que con ese bagaje no se podía esperar otra cosa. Les aseguro que he hecho de mi parte por conocer la lengua propia y las expresiones culturales de la tierra que me acogió allá por 1974.

Diré ante todo que soy de los que piensan que sólo desde desde la retórica que caracteriza al romanticismo, cabe responder afirmativamente a la pregunta acerca de si necesitamos una voz valenciana (valenciana de verdad) en las Cortes generales. Primero porque no hay tal: no hay una voz valenciana verdadera y única. Segundo, porque esa supuesta voz que se pretende verdaderamente valenciana, en realidad no tiene por qué ser mejor ni más valenciana que otras.

La premisa de lo anterior es evidente: no existe la valencianía como esencia, como referente inmanente. Desde el diálogo de Humpty-Dumpty con Alicia y, sobre todo, desde la obra de B.Anderson, todos sabemos que las identidades son constructos sociales, manifestaciones de esta o aquella voluntad social dominante, y que toda pretensión de encontrar rasgos esenciales es puro wishful thinking. Para muestra, baste el botón de   la malhadada ley 6/2015 de defensa de las señas de identidad valencianas (http://www.docv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=003045/2015&L=1 ), con su confusa definición -“además del idioma valenciano y los símbolos a los que se refiere la Ley 8/1984, de 4 de diciembre, por la que se regulan los símbolos de la Comunitat Valenciana y su utilización, todos aquellos otros símbolos y los bienes, documentos, costumbres, acontecimientos, fiestas, tradiciones e instituciones tradicionales que, por su especial vinculación con su historia, sus raíces y su idiosincrasia, merecen ser valoradas como especialmente representativas de su personalidad”-, su abigarrado catálogo  y sus sanciones.

Es, de otro lado, evidente que los valencianos empíricamente existentes no conforman el pueblo valenciano, con artículo determinado y singular, sino plural y más bien vago en su definición. Muchos lo son sin saberlo, por mero accidente geográfico. Otros, que hemos elegido convivir aquí como vecinos entre los valencianos de origen, no hemos pensado jamás que deberíamos abrazar tales o cuales rasgos identitarios, más allá, eso sí, de lo que es de todo punto razonable: una competencia lingüística básica  en valenciano y un conocimiento asimismo básico del acervo cultural propio. Pero debe quedar claro que ningún derecho básico puede ser condicionado a test alguno de conocimiento, ni, menos aún, de sintonía emocional con tal o cual rasgo etnocultural. Siento repetir lo que es un truísmo: nadie puede condicionar mi inscripción en el padrón de Valencia, mi tarjeta sanitaria, mi derecho a escolarización, al hecho de que no se me pongan los pelos de punta si escucho la moixaranga, o no arda de emoción escuchando la despertá, o no llore de felicidad (sino más bien lo contrario) ante el bou embolat, o els bous a la mar en Xábia, desde donde escribo.

Añadiré otra perogrullada, para escándalo de algunos: no hay una única manifestación política que derive necesariamente de la existencia de ese pueblo valenciano. Porque la expresión poble valenciá tiene diferentes acepciones. Por ejemplo, si hablamos de pueblo como demos, esto es, como sujeto político soberano, eso sólo es sostenible en términos de analogía respecto al único soberano democráticamente reconocido, esto es, el pueblo constituido como demos, el español. En todo caso, ese demos valenciano existe en virtud de la Constitución y de su Estatuto de Autonomía (que pueden reformarse o incluso derogarse para comenzar un proceso constituyente, claro). Sus representantes son todos los diputados en las Corts valencianas, en las que la representación es plural y ese valencianismo político verdadero, hoy por hoy, no es mayoritario. Y si hablamos del poble valenciá en el sentido de una nación cultural, habría que remitir a quienes de hecho se identifiquen así, esto es, a quienes tengan la conciencia cultural como nación valenciana y la voluntad política de ser pueblo valenciano, en el bien entendido de que no son por ello más valencianos que quienes no piensen así y también en el bien entendido de que ninguno de esos grupos constituye el poble valenciá auténtic con exclusión de los otros. Tan valencianos son –somos- unos como otros, porque no existe una nación (menos aún un pueblo) homogéneo, monolítico, esencial.

Tras esos presupuestos, sostendré un corolario en forma de adverbio: afortunadamente, como nación, al igual que como pueblo, somos plurales: no hay una identidad uniforme, monolítica, esencial. Es así porque vivimos en un mínimo de condiciones democráticas, que hacen posible que los miembros de la nación, los ciudadanos de ese pueblo, seamos diferentes, heterogéneos hasta la contradicción y el conflicto. Insisto: afortunadamente, porque casi siempre que se apela a <un pueblo>, una unidad, aparece a continuación un caudillo, duce, führer, conducator o gran timonel, al que sigue una vanguardia de los verdaderos creyentes/nacionales. Y siguiendo en esa pendiente, quien no se quiera reconocer en ese proyecto no sería un valenciano distinto, sino un no valenciano.

Por todo ello, mi respuesta a la pregunta inicial es tan sencilla como alejada de las tesis expuestas en laveupv: no creo que sea realista ni aun deseable hablar apodícticamente del pueblo valenciano como un sujeto político unitario, porque no encuentro los rasgos definitorias de esa unidad política: ¿cuáles serían los elementos que permiten sostener esa ficción del demos valenciano único? ¿de qué valencianos hablamos? Para evitar malentendidos, añadiré inmediatamente que, por supuesto, hay ciudadanos valencianos y formaciones políticas valencianas que, con toda legitimidad, invocan determinados intereses como específicos y comunes de todos los valencianos. Por descontado, es legítimo hacerlo, como lo es el tratar de convencer a la opinión pública de que existen y que son exactamente los que se proponen y no otros. Pero lo que no es legítimo es la sinécdoque de proyectar esos intereses como los verdaderamente valencianos, cuando la mayoría de los ciudadanos valencianos, una elección tras otra, no los han identificado como tales: es decir, que a la hora de definirlos, no hay, por supuesto, unanimidad. Ni aun siquiera mayoría. Insisto, es muy legítimo que una parte de los valencianos sostenga que debería haberlos y nos proponga respaldar ese proyecto político. Pero mientras no sea mayoritario, es completamente ilegítimo presentarlo como tal, adueñarse de la representación de todos los demás valencianos que no están de acuerdo con ese proyecto. al respecto. Los que así lo sostienen son una minoría de los valencianos empíricamente existentes (todo lo relevante que se quiera, pero minoría). Hay  valencianos que votan una u otra cosa. Que tienen un proyecto político u otro, o ninguno. Hay valencianos en Morella o en Xátiva, con intereses que no tienen que ver con los de Oriola. Porque la clave es ésta: los intereses, en democracia, no pueden ser innatos, impuestos, no elegidos. Y si se habla de común elección, de intereses, valores, proyectos que recaban un acuerdo mayoritario y libre, no parece que surjan en torno a marcadores primarios, etnoculturales.

No: no creo que necesitemos una voz valenciana en Madrid. Necesitamos todas las voces que elijan los ciudadanos valencianos. Esas son las voces valencianas. Ninguna menos valenciana que la otra, ni mejor; únicamente distintas en número y fuerza, porque así lo habrán querido los valencianos. Los que vivimos y votamos aquí.

 

EL DESENGANCHE DE MAS

EL DESENGANCHE

Javier de Lucas

En una reciente comparecencia, el portavoz Sr Homs enunció en términos muy gráficos el próximo paso del proyecto soberanista que impulsa el Govern de la Generalitat (además de CDC, ERC y agentes de una parte de la sociedad civil catalana): se trata de “desengancharse” de la legalidad española, que es opresora de <Catalunya> (sic). La tesis ha sido confirmada en la presentación de la candidatura Junts pel si, a la que no faltan motivos para denominarla, menos pretenciosamente, Mas&co. Pues parece un artificio para asegurar sobre todo la permanencia en el poder de Mas, sus allegados y el sufriente Junqueras. Antes y después de la presentación de la candidatura, se repitió hasta la saciedad la identificación de Catalunya con esta opción y con el nombre de Mas: quien no la vote, vota <contra Catalunya>.

Ya estamos acostumbrados al uso y abuso de la sinécdoque (la parte por el todo) que tan “natural” parece a ciertos sectores del nacionalismo: lejos de la retórica de la Catalunya país de acogida y sociedad plural, a la hora de la verdad, Catalunya y su sociedad civil sólo es lo que expresan una parte de ellos, los verdaderos catalanes, esto es los que, además de catalanistas, son soberanistas: los otros son “colonos”, muchos de ellos inconscientes de serlo, a los que en todo caso habrá que reeducar. Sinécdoque es también identificar España o el Estado español con un gobierno (el gobierno Rajoy). Lo que constituye la novedad es ese descubrimiento de que <la legalidad española es opresora>, es decir, no es una legalidad aceptable. Para justificar su tesis, ese modelo del esprit de finesse, qué digo, de sagesse, que es el siempre ocurrente portavoz Homs -ahora superado por el tránsfuga Romeva, que parece empeñado en emular en gestos de chulería/prepotencia al mismo Varoufakis-, se permitió ilustrarnos con el argumento de que, legalidad por legalidad, también era legal la dictadura de Franco (o el Derecho del Führer, le faltó añadir). Pero, al igual que la actual legalidad española, afirmó nuestro fénix del ingenio jurídico-político, se trata de legalidades <inaceptables>.

Cuando Homs, Mas o Romeva hablan de <legalidad española>, no se refieren a esta o aquella ley, ni a esta o aquella institución, ni siquiera a un Gobierno. Habla del sistema de legalidad del Estado español, de la legalidad vigente, lo que en un sistema democrático quiere decir el orden jurídico constitucional (por cierto, votado libremente y aceptado mayoritariamente, ambas cosas en mayor grado en Catalunya que en la mayoría de las CCAA). Un orden que también por decisión libre y mayoritaria tiene reglas para ser reformado, incluso para dar paso a un nuevo proceso constituyente si, conforme a las reglas aceptadas, se considera mayoritariamente necesario. Y, ya que estamos en detalles, la legalidad catalana, su  Estatut, su Generalitat, su Parlament, forma parte de esa legalidad española, porque, pese a románticas ensoñaciones, nace de la Constitución española de 1978.

Sin duda, al Sr Homs, como al Sr Romeva, les convendría haber tomado un curso rápido sobre la distinción entre legalidad y legitimidad, para enunciar sus aseveraciones de forma algo más racional y razonable. En ese caso, podrían haber sostenido que, a su juicio y al del proyecto soberanista, la legitimidad legal –dicho a lo Weber- del sistema jurídico-constitucional que nace de la Constitución española de 1978, pese a que se asentó en un muy mayoritario voto popular, está hoy agotada. O que la legitimidad democrática de origen habría perecido por ilegitimidad de ejercicio, esto es, por los abusos, desafueros y agravios cometidos contra Cataluña en violación del propio orden jurídico constitucional y por las humillaciones constantes a las que se habría sometido al pueblo catalán y a sus símbolos y señas de identidad (la infracción de la legalidad constitucional, la desobediencia a los órganos constitucionales por parte de autoridades de la Generalitat o las ofensas a los símbolos y señas de identidad de España de acuerdo con esa lógica, no serían tales, sino muestras de legítima resistencia). Pero no, Mas & co prefieren  la descalificación de la legalidad opresora por la vía del memorial de una nación agraviada, que tendría derecho natural de autodeterminación, un derecho hoy presentado en los términos de la opción por la secesión y con un procedimiento, condiciones y plazos unilateralmente dictados. Esto es, de forma absolutamente diferente respecto a otros ejemplos de los que falazmente se echa mano (Canadá, Escocia), porque en ellos todos los términos de la consulta fueron objeto de negociación. Dicho sea de paso, si no ha sido así en el caso catalán es también en gran medida gracias a la negativa empecinada del Gobierno Rajoy a negociar nada de nada: su único mensaje parece el “no, no, no”, como ha caricaturizado el espléndido Polonia. Por eso ha prosperado la vía extrema de una Declaración Unilateral de Independencia (DUI), lo que, a mi juicio, le pondría muy difícil el refrendo de la comunidad internacional.

El núcleo de la cuestión es cuándo y por qué la legalidad deja de serlo, cuándo deja de ser aceptable y se convierte en opresora. A mi juicio, teniendo en cuenta el Derecho comparado, en el caso de Catalunya no se pueden invocar los supuestos de agresión, graves violaciones de los derechos humanos, ni situación colonial, porque estamos ante un orden que es, con todos sus defectos, democrático. Y en el juego democrático, para decidir que una legalidad ha dejado de vincular, no basta con la política de hechos consumados, con una decisión unilateral que enuncia esa valoración y actúa en consecuencia, porque ese procedimiento supone romper con los requisitos de la democracia. Salvo que constatemos que se ha perdido los elementos sin los que no existe un juego democrático. Que es precisamente aquello en lo que insiste una parte del bloque soberanista en Catalunya: la democracia española no es democracia, no tiene calidad de democracia. Ergo en nombre de la democracia, romperemos con el orden jurídico-constitucional español. Sin embargo, me parece que a cualquier observador ecuánime tal afirmación le parecerá una hipérbole inaceptable.

Considero evidente que la nuestra es una democracia manifiestamente mejorable, sobre todo por el detrimento han causado que los sucesivos Gobiernos que la han administrado y en particular el del Sr Rajoy, en la aplicación de las reglas de juego, en el respeto a sus principios y normas básicos (hablo incluso de derechos fundamentales). Pero de ahí a hablar de opresión, de legalidad muerta e inservible, hay un salto lógico que no parece posible fundamentar. Sobre todo si atendemos a la alternativa que se nos propone por parte de quienes nos anuncian que hay que desengancharse de tal legalidad opresora.

El desenganche sólo se puede llevar a cabo por dos vías. Una, la revolucionaria. Damos un golpe de Estado, en nombre de la democracia, de la libertad y del pueblo, of course, encabezamos una revolución e imponemos el orden nuevo. Pero en ese caso no hay desenganche, sino ruptura revolucionaria (y no hay que tener miedo a las palabras). La otra vía exige el paso de una legalidad a otra legalidad. Pero eso implica respetar los principios de modificación de la vieja legalidad que se quiere sustituir, y digámoslo claro, no es eso lo que se proponen los impulsores de este proceso. Aquí la operación se produce a arbitrio de parte, es decir, cuando y como les parece mejor, incluido el engaño a los representantes de la legalidad inaceptable, claro, según han reconocido expresamente sus impulsores, lo que hace casi imposible la negociación: ¿quién negociaría con alguien que proclama a los cuatro vientos que su estrategia consiste en meterle goles a la otra parte, incluido el engaño?. Por eso, creo que no hay tal desenganche, que es sólo un eufemismo para plantear una ruptura que, habida cuenta de la escasa vocación revolucionaria que tiene Ma&co, no puede llamarse así. Se trata de un nuevo Thermidor, como diría mi admirado amigo Gerardo Pisarello, aunque temo que es probable que no esté de acuerdo con mi análisis.

Y si esto es así, semejante proceso nos abocaría al solipsismo más agresivo: el de aquel en el que la única ley aceptable es mi ley, que cantaba Melendi. Y de eso algo nos enseña la historia. Un planteamiento de ese corte es incompatible con la democracia, porque es incompatible con dos principios básicos, dos condiciones sine qua non del juego democrático. El primero, el pluralismo: si cada uno que disiente debe tener derecho a crear su propia legalidad, es que no es posible la legalidad compartida por ciudadanos libres y diferentes, sino sólo por los que piensan al unísono (los verdaderos ciudadanos, los verdaderos catalanes, digámoslo a la Forcadell). Y el segundo, el respeto a las reglas del juego democrático. El valor de una democracia se mide por su capacidad para albergar (es decir, para no excluir) a las minorías.  Siempre habrá alguien, uno o incluso varios grupos, cuyo voto diferirá del voto del resto de los ciudadanos que son mayoría, y es necesario que se pueden expresar, que puedan aspirar a convencer al resto, que tengan cauces para impugnar la legalidad de la mayoría, para reformarla. Pero si aceptamos que todo aquel que no está en mayoría tiene el derecho (o se ve obligado, que para el caso es igual) a rechazar la legalidad nacida del voto mayoritario, a desengancharse pura y simplemente de ella, sin necesidad de seguir (ya no digo agotar) los procedimientos que permiten reformarla, no habrá garantía, ni seguridad jurídica, ni igual libertad para nadie que no sea miembro auténtico de la omnímoda voluntad constituyente.

Los líderes de la operación de secesión ya han dejado claro que, en puro juego de mayoría, para poner en marcha la DUI basta tener el 51%. Lo que no es muy coherente que digamos con el hecho de que el Estatut exija una mayoría mucho más cualificada para cuestiones de menor entidad, como elegir el Sindic de Greuges o modificar el Estatut. Supongamos que el 51% de los diputados del nuevo Parlament salido de las urnas el 27 de septiembre ratifican lo que han adelantado Homs y Romeva esto es, el tan manido desenganche ¿Con qué argumentos obligarán al 49% restante (o al 40, o al 30)  a aceptar la nueva legalidad, si éstos la entienden, a su vez, como opresora? ¿Por qué aceptar su agencia tributaria, su policía o su versión de la historia? ¿por qué pagarles impuestos si van a ir a fines que no son del agrado de ese 40%? ¿Por qué no desengancharse a su vez -individual o colectivamente- de lo que para ese grupo no mayoritario sería, a su vez, un remedo de legalidad?  Pero claro, coherencia, lo que se dice coherencia, parace mucho pedir a quienes enfáticamente aseguran que en caso de ganar el 27 S empezarán el proceso de independencia y que, si el Estado no negocia ese proceso, tal y como ellos lo han decidido, entonces proclamarán la independencia (¿?).

Legum servi sumus ut ilberi ese possumus, escribió Cicerón. El imperio de la ley, el respeto a la ley (legítima) es condición de seguridad jurídica y, sobre todo, de la igual libertad de todos los ciudadanos. Quien lo quiebra a su arbitrio no podrá impedir, sin incurrir en contradicción, que el arbitrio -y no la ley- sea la verdadera norma básica. Eso es de una grave irresponsabilidad social y política. Y muestra que el proyecto nace con un déficit democrático imposible de restañar.

Gobernar: lo imposible, lo difícil, lo necesario

No sorprenderé a nadie si recuerdo que, entre las tareas que ha de afrontar el nuevo Consell de la Generalitat, las hay difíciles e incluso imposibles. Lo malo para nuestros nuevos gobernantes es que no pocas de ellas son percibidas como imperativos por buena parte de quienes votaron a los partidos que sostienen a ese Gobierno. Pondré dos ejemplos: impedir la puesta en práctica de la LOMCE en el ámbito escolar que depende de la Generalitat Valenciana es muy difícil, si no imposible, aunque se tenga (y se exprese) la firme convicción de que esa ley es un error y no contribuye a la mejora del tan degradado modelo educativo. Por otro lado, poner en marcha una radiotelevisión pública y valenciana, que sirva al objetivo de promover la lengua y la cultura propias, parece una necesidad y, sin embargo, el desastroso estado de cuentas que hereda este Gobierno torna muy difícil, si no imposible, este objetivo, sin alterar otras prioridades o incurrir en gastos de difícil justificación.

En todo caso, de acuerdo con el tópico, la sabiduría del gobernante consiste precisamente en saber distinguir entre lo difícil, lo imposible y lo necesario y, de acuerdo con ello, establecer las prioridades que, sin sacrificio de los principios y objetivos de su programa, su contrato con los electores (lo necesario), resulten viables. Saber justificar esas decisiones ante los votantes y ante el resto de la ciudadanía también forma parte, evidentemente, de la acción de Gobierno.

A veces, sin embargo, la dificultad reside en otra disyuntiva: la que enfrenta la necesidad de adoptar medidas coherentes con el programa (sus principios, sus objetivos), es decir, insisto, cómo cumplir lo necesario y, de otro lado, la conveniencia de seguir criterios de inmediatez y oportunidad, que exigen medir las consecuencias de esas medidas en términos de rentabilidad electoral. Creo que esa dificultad se manifiesta claramente en la actitud que ha adoptado el Gobierno de la Generalitat (y en particular el principal partido que lo sustenta, el PSPV) en torno a las fiestas populares en las que se producen tratos crueles, degradantes y violentos con animales.

No quiero repetir los argumentos del estupendo artículo que recientemente dedicó Toni Mollá a la polémica sobre el bou embolat http://opinions.laveupv.com/toni-molla/blog/5593/a-favor-del-bou-embolat). Lo suscribo, como ya dije públicamente. Pero las recientes declaraciones del Secretari Autonomic al frente de la Agencia Valenciana de respuesta a emergencias, el socialista Jose María Angel exigen, a mi juicio, un comentario algo más general. El Sr Angel, tras constar el laberinto de pasiones desatado (“la festa dels bous al carrer levanta passions”) y adentrarse en una novedosa teoría científica al sostener que estas fiestas tan comunes en tantos pueblos valencianos estàn “… en el seu ADN de forma centenària”, concluía que el Consell, “està per protegir els bous al carrer” (http://www.laveupv.com/noticia/15180/%20jose-maria-angel-pspv-la-festa-dels-bous-al-carrer-alca-passions).

El problema, en mi opinión, no entraña dificultad alguna de análisis, porque para cualquiera que emplee dos minutos en pensarlo, es muy sencillo obtener una conclusión inequívoca: tales fiestas entrañables son una manifestación de lo peor que puede encerrar una tradición. Y eso es así aunque hayan sido incluidas por el PP en ese enésimo ejemplo de manipulación y dislate jurídico, la ley 6/2015 de defensa de las señas de identidad de la comunidad valenciana. Una ley que merecería examen aparte y que, a mi juicio, debe ser derogada de inmediato por las nuevas Cortes. Una ley que impone bajo sanción signos de identidad que avergüenzan a la conciencia civilizada, porque las fiestas convertidas en ese ADN que dice el Sr Angel son, en la mayoría de los casos, ejemplo de violencia y crueldad y causan evidentes y terribles sufrimientos a seres vivos sensibles, con la única “justificación” del jolgorio que supuestamente despiertan entre los valencianos. Son, quiero decirlo claro, la peor escuela para las nuevas generaciones de valencianos, nuestro futuro.

Repetiré lo obvio, a pesar del cansancio (fue Brecht el que escribió que la dificultad de nuestra época residía en tener que defender lo evidente). Por mucho que las precedan mil años de prácticas reiteradas, las conductas crueles y violentas, las que implican sufrimientos de todo punto innecesarios, carecen de justificación. No sólo es que esos comportamientos nos degradan, nos hacen menos humanos. Es que, como escribiera Nasón hace siglos, saevitia in brutos est tironicinium crudelitatis in homines: La violencia contra los animales es la escuela del maltrato y la violencia contra los seres humanos. Educar a los niños y adolescentes en la violencia gratuita y festiva, porque “a fin de cuentas son sólo animales”, es una forma de asegurar que, al menos a una parte de esos jóvenes que participan en las fiestas, cuando se conviertan en adultos, les parezca justificada y divertida la violencia contra todo aquel al que consideren inferior: las mujeres, los discapacitados, los mendigos o los inmigrantes.

Si la respuesta es que “así lo hemos hecho siempre en mi pueblo y además nos gusta y me fastidia que venga un foraster a pretender quitarme mi tradición”, habría que replicar que ese criterio supondría que hoy siguiéramos practicando todo tipo de aberraciones, de la esclavitud a la tortura, pasando por la discriminación y la dominación de cuanto nos plazca. Si se alega que eso daña la actividad económica, habrá que añadir que la misma (sin)razón habría justificado seguir con las fiestas en el circo romano, con sus excitantes muertes de gladiadores, el negocio de apuestas, el de las escuelas de gladiadores, su venta como esclavos, etc. Resta el poderoso argumento de los gurus de los ganinetes electorales que, en el fondo, es muy eficaz a la hora de aconsejar prudencia al gobernante, previniéndole frente al peor de todos los males: ir en contra de tales fiestas nos haría perder los votos de quienes así se divierten! Es otra (sin)razón de veterana tradición, la del panem et circenses, la misma que identifica la acción de gobierno con el aprendizaje de las artes que permiten engañar al pueblo o distraerlo de los asuntos importantes. Una concepción de la responsabilidad política y de la acción de gobierno que, lejos de la prudencia, se funda en la peor de las demagogias, el más rastrero de los populismos.

Por eso, cuando el Secretario Autonómico o el propio President que anunció la ética pública como santo y seña de su mandato, apelan a la <prudencia>, frente a la evidente sinrazón que significa no ya continuar con las subvenciones, sino permitir estas prácticas de crueldad, a mi juicio, desmerecen del noble título de gobernantes. Y pierden una oportunidad de reforzar con su buen ejercicio la indiscutible legitimidad de origen del encargo de poder que les hemos conferido.

NAUFRAGIOS. EN EL DIA MUNDIAL DE LOS REFUGIADOS

 

Hace unos días, la exministra francesa Cécile Duflot escribía una carta abierta al presidente de la República, François Hollande, en la que le pedía que cumpliera con su función institucional e hiciera frente a lo que ella consideraba un “Waterloo moral”, el que parece cernirse sobre Francia y toda Europa, sin que se advierta una reacción capaz de evitar el desastre.Es evidente que en el Mediterráneo naufragan y se ahogan decenas de miles de los seres humanos más vulnerables, los inmigrantes y los refugiados, como también naufragan y se ahogan hoy en la UE (por las políticas de austeridad) los europeos más vulnerables, es decir, trabajadores, jubilados, desahuciados, jóvenes y adultos en paro. Pero creo que, en realidad, como explicaba la campaña #UErfanos de la ONG española CEAR, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, hay mucho más en peligro de naufragar. Las terribles escenas de los sirios que tratan de huir del horror que impone el DAESH y que son rechazados en la frontera y entregados a las milicias de las banderas negras, las de centenares de personas desamparadas en las escolleras de Vintimiglia, en la frontera italofrancesa, o las de los rescatados en el Mediterráneo, mientras los ministros europeos se pierden en las disputas sobre cuotas y cuotitas, nos hablan de otros naufragios.

Naufragio del sentido común: cuando un primer ministro como Cameron o un ministro de Interior como Fernández aducen que no se debe avanzar en un plan de salvamento y rescate cuyo objetivo es tratar de evitar las muertes en el Mediterráneo porque con ello “se alimenta el efecto llamada”, antes que cualquier otra consideración se impone la de preguntarse dónde han dejado el sentido común. Me refiero a ese principio, common sense, sobre el que escribió uno de los grandes defensores revolucionarios de los derechos humanos, Thomas Payne. Un sentido común que pone de manifiesto que el deber de socorro, la obligación de salvar vidas que se encuentran en peligro real e inmediato, es un imperativo jurídico universal al que no se puede renunciar, sin renunciar a la noción misma de humanidad. Y menos aún en aras de cualquier consideración de futuribles consecuencias cuyo nexo causal es una hipótesis sumamente discutible. Un sentido común que naufraga cuando el ministro español García Margallo (quizá en aras de su nueva ideología “marianista-leninista”, según propia y reciente autodefinición) explica donosamente que sólo son refugiados los perseguidos políticos y que, por tanto, la inmensa mayoría de quienes cruzan el Mediterráneo no lo son.

Naufragio de la solidaridad, a todas luces. Y no me refiero a ese modo de entender la solidaridad como una propuesta supererogatoria, una disposición altruista, en definitiva, una virtud a alabar, pero no exigible. Al contrario: hablo del naufragio de los deberes jurídicos de solidaridad, que, como explicó el jurista Karel Vasak, siguiendo las tesis de Durkheim, fundamentan buena parte de los derechos humanos de tercera generación y surgen de la conciencia común de necesidades compartidas y/o de riegos asimismo comunes, que no se pueden afrontar sino mediante una acción mancomunada. Vivimos en medio de la mayor crisis mundial de refugiados desde la segunda guerra mundial. Aunque, como aclaran los informes del ACNUR y de la mayor parte de las ONG especializadas, como CEAR e incluso los de la propia UE el peso abrumador de esa crisis no recae en la UE, sino en los países limítrofes a aquellos que están generando el mayor flujo de exiliados forzosos: Siria, Eritrea, Mali…

Con más de 60 millones de refugiados y una diáspora incesante que huye de guerras civiles, conflictos bélicos y situaciones excepcionales de hambre, miseria y enfermedad, el escenario que ofrece la UE con sus líderes discutiendo acerca de umbrales de admisión que, a diferencia de lo que experimentan Jordania, Líbano, Turquía, Camerún, Mauritania, Kenia, Sudán, Somalia o Pakistán, no sobrepasan cinco mil refugiados, es un insulto a la noción de solidaridad. Con un importante matiz: esa carga de solidaridad es también y sobre todo un deber jurídico primordial.

En efecto, con ocasión de esta crisis se visibiliza otro naufragio extraordinariamente preocupante, el naufragio de la cultura jurídica del Estado de Derecho, cuyo principio básico es el de respeto al imperio de la ley. ¿Cómo va a resistir ese cimiento básico de la UE si los gobiernos de los Estados miembros se niegan a cumplir con las obligaciones jurídicas que impone el propio Tratado de la UE? Hablo del principio jurídico de solidaridad que, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 del TFUE, rige la política común de migración y asilo. Hablo de la obligación jurídica de solidaridad que, de forma expresa, es invocada en el apartado 3 del artículo 78 que establece: “Si uno o varios Estados miembros se enfrentan a una situación de emergencia caracterizada por la afluencia repentina de nacionales de terceros países, el Consejo podrá adoptar, a propuesta de la Comisión, medidas provisionales en beneficio de los Estados miembros afectados. El Consejo se pronunciará previa consulta al Parlamento Europeo”. Es evidente que Italia y Grecia se encuentran en esa situación. El rechazo de las cuotas de asilo propuestas por la Comisión Europea en la Nueva Agenda Europea de inmigración en el fondo evidencia el rechazo al imperio de la ley cuando molesta. Pero aún más descarnado es el naufragio de la cultura del estado de Derecho por parte de los ya invocados Cameron o Fernández, cuando ignoran obligaciones jurídicas como la de socorro, que imponen las normas básicas del Derecho internacional del Mar, además de los principios elementales del Derecho internacional de refugiados, como el de non-refoulement.

En definitiva, como avisaba Duflot, lo que naufraga son sobre todo los ideales que están en el origen de la idea de Europa, del proyecto de la UE. Por esa razón, los europeos no podemos celebrar el día mundial del refugiado en este año de 2015 de otra manera que desde la protesta y la exigencia. No queremos que nuestros líderes políticos nos lleven a ese Waterloo del que hablaba Duflot. Y por eso exigimos el fin de esta cínica pantomima. Exigimos otra política de asilo, para poder mirarnos al espejo cada mañana sin avergonzarnos de nosotros mismos.

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DEFICIT DE PLURALISMO Y CRIMINALIZACIÓN DE LA DISIDENCIA

El concepto de disidencia ante la constitución de unas instituciones más plurales pero más difíciles de gestionar tras los próximos procesos electorales

 

“Una democracia fuerte es aquella capaz de albergar como natural el conflicto que deriva de la pluralidad, el conflicto en serio, y no aquella en la que el conflicto se refiere solo a anécdotas como las costumbres o la gastronomía…Una democracia fuerte es aquella que sabe gestionar la diversidad ideológica, la diversidad en el sentido de identidades nacionales con proyectos de autonomía política fuerte, que va incluso más allá del tipo de autonomía política que nos dimos en la Constitución del 78, la diversidad en el sentido incluso de la desobediencia o que sabe gestionar la desafección de aquello que venimos presentando como común y que cada vez no lo es para más sectores de la población”.

En la  conferencia “La penalización de la disidencia y el déficit de pluralismo y legitimidad de la democracia” impartida en la Fundación Cañada Blanch, dentro del cuarto ciclo “ConecTalks” de divulgación científica que dirige Vicent Martínez, catedrático de Astronomía y Astrofísica de la Universitat de València, se propone abordar no sólo el problema del estrechamiento del pluralismo democrático y sus causas, sino también el concepto de disidencia en el marco de unas instituciones que serán mucho más plurales aunque más difíciles de gestionar tras los próximos procesos electorales.

 

Una democracia sin un Parlamento fuerte
Pese al patente recorte de libertades y de elementos tan básicos de la democracia como es la discusión pública y el respeto a la pluralidad realizado por el gobierno de Rajoy, cabe señalar que ese estrechamiento, que institucionalmente se centra en el Parlamento, no es solo de ahora sino que “ha sucedido siempre que ha habido mayoría absoluta y eso hay que decirlo de los dos partidos que la han tenido”. “La democracia en España, que ya lleva 40 años, no se ha caracterizado prácticamente nunca por tener un Parlamento fuerte, en el sentido de que juegue de verdad con una cierta independencia del poder que tiene el ejecutivo”.

En ese contexto hay que referirse  a dos circunstancias externas globales pero de enorme impacto en el funcionamiento de la lógica democrática, como son la situación de crisis económica, -“que ha llevado al Parlamento a un espacio vacío donde no se discute y meramente se da fe de una política unilateral que el PP entiende que es la única posible en una situación extrema, que es la política de austeridad”-, y la emergencia ante la reaparición del terrorismo internacional yihadista, “que se ha constituido como un eje de la acción política”. Así, esas dos circunstancias globales han traído como consecuencia dos fenómenos particularmente graves.

 

 

Una crisis de calidad democrática
El primero, una legislación de sustitución con el uso de decretos leyes, “que es absolutamente desproporcionado pese a que haya una razón de urgencia extrema como es la situación económica, pero que no favorece una vida democrática activa”. El segundo, que nace como contraposición al anterior, es la efervescencia del movimiento ciudadano del 11-M, “que toma como enseña la necesidad de superar una arquitectura institucional democrática que denuncia como muerta e inservible, dice que la vida política está en manos de una casta bipartidista que ha reducido la pluralidad y ve necesaria una reconstrucción de la arquitectura institucional para salvar la democracia”.

Como síntoma de la baja calidad democrática, “la emergencia de algo que aparentemente hemos tolerado todos, que es la corrupción y que está en el núcleo mismo del funcionamiento de los partidos que han monopolizado la vida democrática”. “Y aquí –añadió- no se puede decir que toda la corrupción sea del PP, porque el PSOE tiene manchas de corrupción brutales, empezando por Andalucía pero no solo Andalucía”.

 

Quién es y qué valor tiene la disidencia
Esos dos fenómenos, contrapuestos pero que en el fondo tratan de poner de relieve que estamos ante un momento de crisis de la calidad democrática, tiene un último factor que contribuye a enrarecer las posibilidades de reconstrucción institucional. Se trata de la acusación de baja calidad democrática por incapacidad para reconocer la manifestación más básica de pluralidad, como es la existencia de fenómenos de identidad nacionales fuertes y diferentes dentro del Estado, tal es el caso de Cataluña.

En ese contexto, se plantea quiénes constituyen hoy la disidencia, qué reconocimiento hay que hacerle y qué valor tiene, no tanto como test de la pluralidad sino sobre todo como modelo del tipo de democracia fuerte por el que apostar. Es en ese sentido en el que abogó por una democracia fuerte que sepa gestionar los conflictos, la diversidad y la pluralidad nacional. “Esta situación, que parece peligrosa, puede contribuir al fortalecimiento de la democracia si se sabe gestionar, y es una noción de la ciudadanía activa, no solo como participación sino también como resistencia”.

 

Un arco parlamentario más amplio y plural
Así, el problema de la actual disidencia extraparlamentaria se resolverá en los próximos procesos electorales con un arco parlamentario mucho más amplio y plural. “La vigilancia del poder, el hecho de que los ciudadanos no traguen, estén más vigilantes y que, por tanto, exijan un mejor funcionamiento de los mecanismos de vigilancia y la no patrimonialización del Estado por dos fuerzas, hará que las instituciones representen realmente a la pluralidad de la ciudadanía”.

Sin embargo, eso solo será posible “si la ciudadanía considera el salto de una ciudadanía consumidora y pasiva, característica de la democracia representativa de baja calidad que tenemos, y pasa a ser una ciudadanía activa en la que se advierte que no solo son los partidos y los sindicatos los agentes del espacio público, sino que también lo son los movimientos sociales, las asociaciones vecinales, y en definitiva, los propios ciudadanos ejerciendo la disidencia y la crítica y apretando los mecanismos de control”.

Por otra parte, y pese a considerar “irrenunciable” la desobediencia civil como instrumento de acción política, la clave está en que el ámbito político sea mucho más plural, “porque entonces el marco de razones de desobediencia se reducirá”, a diferencia de la situación actual en la que el Parlamento “no tiene nada que ver con el punto de vista de las necesidades sociales ni de la pluralidad, las opciones de vida, de cultura, de mundo o de ideología”.

 

 

El riesgo de caer de nuevo en un juego político limitado  al reparto del pastel
En la última parte de su intervención, se trata de resaltar como positivo que los próximos procesos electorales vayan a desembocar en unas instituciones más plurales, “lo cual no significa ni mucho menos que lo que se nos viene encima sea más fácil de gestionar, porque creo que es infinitamente más difícil”. Para afrontar esa situación se requiere de una cultura de negociación y de pacto “y aquí no hay ninguna cultura de eso”. “Aquí, en Valencia, hay una demonización de la noción de tripartito, de coalición, que el PP identifica como horrible horrible y la inestabilidad por definición”.

En el anterior sentido se trata de subrayar no tanto la dimensión negativa de la carencia de una cultura de la negociación y del pacto, sino el riesgo de caer en el reparto de cargos e instituciones a la italiana, es decir, hacer lo mismo que hasta ahora pero en lugar de con dos partidos hacerlo con cuatro. “Vale la pena hacer todo el esfuerzo posible porque esta oportunidad que tenemos no devenga en un desastre del reparto del pastel que nos deje a todos más frustrados que antes y, por el contrario, suponga algunos avances en calidad democrática”.

 

 

 

EL DERECHO (DE LOS OTROS) A LA VIDA EN LA UE

La UE y el derecho a la vida (de los otros)

La UE y el derecho a la vida de los Otros. Una historia reciente de falacias e hipocresía

Posted on 27 abril, 2015

Javier de Lucas

Deberes universales y primarios ante derechos humanos elementales

Los muertos en la madrugada del 19 de abril no son, obviamente, los primeros (basta con consultar, por ejemplo, este mapa). Ya no son tampoco los últimos. Pero su impacto sobre la opinión pública ha promovido tal debate que debiera permitirnos aprender algo. Creo que la lección más importante que hemos extraer de lo sucedido en la semana escasa transcurrida entre del naufragio –uno más- que supuso la muerte de más de 800 personas en el canal de Sicilia, en la madrugada del sábado al domingo 19 de abril y las reacciones de la UE (reunión de los Ministros de Interior y exteriores en Luxemburgo el lunes 20 de abril; cumbre extraordinaria celebrada en Bruselas el jueves 23 de abril), es que aquellos a los que seguimos llamando “líderes europeos”, no valoran como prioritario el derecho a la vida. No, al menos, cuando se trata de la vida de los otros.

Sé que a algunos puede parecerles una conclusión exagerada, demagógica. No lo pienso así. Trato de hablar desde una perspectiva elemental en Derecho y en política, la que impone como objetivo básico y criterio de juicio de la legitimidad el respeto de los derechos humanos. De esos que decimos, con razón, que son universales y de cuya defensa ha hecho santo y seña la Unión Europea. Hablamos de derechos humanos. ¿Hay un derecho humano más elemental que el derecho a la vida? En mi opinión, sólo el derecho a la libertad, a la autonomía, es más importante. Pero el derecho a la vida es condición del reconocimiento de todos los demás derechos. Que un derecho sea universal significa, a la par, que es reconocido a todos los seres humanos y que obliga universalmente. El derecho a la vida, obviamente, lo es. Como lo es también el derecho de asilo, según hemos tratado de recordar, con ACNUR en este mismo blog.

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Pues bien, más de doscientos años después de las primeras declaraciones de derechos, hoy no podemos seguir sosteniendo prácticas estatales que ratifican que esa distinción entre derechos del hombre y derechos del ciudadanos significa que no existen otros derechos que los derechos de los ciudadanos, cuya garantía compete a sus propios Estados. Ya no podemos mantener que a un Estado sólo le obligan los derechos humanos de sus ciudadanos. También le vinculan –tiene obligaciones- respecto a los derechos humanos, como el derecho a la vida y el derecho de asilo, de todos los seres humanos que se hayan bajo el alcance de su soberanía. Y no por razones morales, insisto.

Afortunadamente, el progreso en estos dos siglos del Derecho internacional de los derechos humanos y, sobre todo, en la segunda mitad del XX, ha producido instrumentos jurídicos vinculantes que establecen obligaciones correlativas a esos derechos elementales. Por ejemplo, el complejo de Convenciones del Derecho internacional del Mar, presididas por la obligación primaria de socorrer a quien está en riesgo de naufragio, o el Derecho internacional de los refugiados. Todas esas normas vinculan, establecen obligaciones jurídicas a los Estados parte. Todos los Estados de la UE lo son. Todos ellos tienen obligaciones jurídicas primarias. No hablo de moralina ni de caridad. El incumplimiento de esas obligaciones es una grave infracción jurídica, no una tragedia, ni una cuestión de estadística, ni un “problema humanitario”. No es cuestión de caridad, sino de derechos de seres humanos, y de deberes y responsabilidades jurídicas y políticas que han de ser establecidas y exigidas.

Decía Hobbes en el Leviathan (caps XXIX y XXX) que la única razón que podía justificar la desobediencia al Estado era que éste no garantizara la vida. Desde entonces hemos aprendido que la obligación primaria del Estado no es sólo garantizar la vida como primer derecho de sus ciudadanos, sino la vida de todos aquellos que se encuentran al alcance de su soberanía. La UE viola grosera, masiva, gravemente esta obligación primaria cuando se trata de inmigrantes y refugiados. Y con ello pierde la legitimidad y la razón básica de obediencia.

No es crisis humanitaria, sino hipocresía institucional

Quiero dejar claro que no hablo de asumir ingenuamente responsabilidades ”respecto a toda al miseria del mundo”, tal y como afirmaba Michel Sapin tan eficaz como falazmente, evocando supuestamente una afirmación de Rocard. No. Simplemente trato de explicar que la UE, los Estados de la UE, los gobernantes, los eurodiputados, tienen obligaciones jurídicas primarias respecto a los seres humanos que pierden la vida en ese Mar Mediterráneo, cuyas aguas son en buena medida territoriales de los Estados de la UE, o están al alcance de nuestra soberanía. Ante nuestros ojos, en suma.

Está claro que el derecho a la vida de inmigrantes y refugiados (y el derecho de asilo de éstos) sufre un riesgo gravísimo, detectable, cierto, al alcance de nuestros sofisticados sistemas de vigilancia y control. Pero, según parece, esos medios en los que no dejamos de invertir y que recibirán aún más presupuesto como conclusión prioritaria de los acuerdos de Bruselas del 23 de abril, no deben tener más función que ésta, vigilar (la UE confirma a Foucault: la función primaria es vigilar y castigar), defendernos de una amenaza contra nuestra seguridad. Por eso la prioridad es reforzar la Agencia FRONTEX, triplicando sus fondos, según el modelo de las operaciones Tritón y Egeo, que no son de salvamento y rescate, sino de vigilancia y control. Eso significa, según parece, que nuestro esfuerzo prioritario, aquí y ahora, no es el de rescatar y salvar a los seres humanos que, gracias a esos sistemas, detectamos que corren un peligro grave e inminente. No. Lo ha dejado claro Cameron: solidaridad europea para vigilar impedir que nos lleguen. Pero si llegan, o si los rescatamos, nadie quiere hacerse responsable: tenemos que quitárnoslos de encima lo antes posible. Como señaló recientemente la eurodiputada Kyenge, la UE habla de crisis humanitaria, pero la crisis de verdad es la de hipocresía institucional.

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Por eso, las prioridades que debería haber planteado Bruselas son otras. Las dos que resumen, por ejemplo, los eurodiputados Ska Keller y Ernest Urtasun: primero, un programa de rescate europeo cuyo objetivo sea rescate y salvamento de vidas, no vigilancia y control, dotado de medios suficientes, al menos, equiparables a la dotación de la iniciativa italiana Mare Nostrum (es decir, 105 millones de euros anuales). Además, la segunda prioridad debe ser facilitar una respuesta suficiente a las necesidades reales de refugiados que tratan de encontrar una respuesta en Europa. En 2014, la UE sólo acogió a 37.000. Y los acuerdos de Bruselas hablan de 5.000 plazas de refugiados, voluntarias, sin contemplar, por ejemplo, medidas específicas d reasentamiento.

¿Por qué tiene la UE ese planteamiento? ¿Por qué nuestra prioridad es una política de vigilancia, control y aun defensa contra una amenaza que parece cuasi bélica? ¿Quién es ese enemigo frente al que tenemos que blindar nuestras frontera, en Ceuta y Melilla, en el canal de Sicilia, en el Mar Egeo?

Una guerra clandestina contra inmigrantes y refugiados

Ya en octubre de 2013, tras el primer gran naufragio con 300 víctimas en Lampedusa, la alcaldesa Giusi Nicolini, harta de entierros sin nombre y de lamentaciones vanas, escribió a Bruselas para preguntar hasta dónde tenían que ampliar su cementerio sin que la UE se decidiera a actuar. Por su parte, el vicealcalde, Damiano Sferlazzo, se mostró escandalizado por el abandono de la “cultura de la vida” por parte de la UE.

Créame el lector cuando digo que procuro medir cuidadosamente mis palabras, como debe hacerlo alguien cuyo trabajo profesional como profesor de Filosofía del Derecho consiste en tratar de entender y explicar críticamente lo que se nos presenta como Derecho. Pues bien, consciente de ello, estoy convencido de que lo que hemos vivido en estos días es una confirmación de la tesis sostenida por la red euroafricana de ONGs Migreurop desde 2013, con su campaña FRONTEXIT: la UE está en guerra (una guerra que en no pocos aspectos tiene las características de guerra sucia y clandestina) contra los inmigrantes y ahora también, contra los refugiados.

Los acuerdos de Bruselas de 23 de abril de 2015, adoptados para abordar lo que se denominaba con pretensión de contundente denuncia (¡??) “tragedia humanitaria”, que debía ser abordada “con urgencia”, según proclamaban indistintamente Renzi, Hollande, Merkel, Cameron y ¡Rajoy!, no sólo dejan claro la ausencia de voluntad política, la ceguera, incluso, de quienes no entienden, no quieren entender qué es lo que está en juego. Después de los golpes de pecho y las lágrimas de cocodrilo, nuestros líderes paren un ratón. Peor, un viejo y tramposo ratón, que tenía como guinda –o cola- el recurso a la antiquísima y reaccionaria, imperialista y colonial “política de cañoneras”, de la mano de Renzi. El mensaje, simplista y maniqueo, pero terriblemente eficaz, insiste en presentarnos a la fortaleza Europa como una ciudadela asediada, y a nuestros gobernantes como los arriesgados héroes que nos defienden contra un “peligro mortal”: las avalanchas de inmigrantes y refugiados, amenaza para la estabilidad de la UE, para el sostenimiento de nuestro bienestar, nuestro estilo de vida, nuestros valores.

Item más, nuestros adalides han de tomar decisiones que les desgarran la conciencia, pero son por nuestro bien: no aumentarán las operaciones de salvamento y rescate (en el fondo, les gustaría, son altruistas, tienen corazón), porque producen efecto llamada, como ya sostuvo Cameron y ha repetido García Margallo. Sí, es cierto, esas operaciones (como la Mare Nostrum que Italia mantuvo en 2014) salvan vidas. Pero claro, eso mismo fomenta que los inmigrantes se lancen en masa a la aventura, sabedores de que los salvaremos, y enriquece a las mafias, que ven negocio redondo. Sería risible si no fuera trágico. Y menos mal que la preocupación por las formas ha permitido detener un proyecto presentado como panacea, bombardear los barcos de los traficantes de personas, los que utilizan mafias africanas (en contacto con las mafias europeas, no lo olvidemos, y con quienes compran su mercancía) que dominan la costa libia, entre el reducto gubernamental del este (de Bengasi a Tobruk, desde donde se garantiza la exportación de petróleo y gas) y el guetto yihadista en que se ha convertido Trípoli.

ceuta

Pero las decisiones de Bruselas revelan que persistimos en el error. Como algunos llevamos denunciando desde hace años, son la prueba de que la UE practica verdadera xenofobia institucional, convirtiendo a unos y otros en amenaza, hasta el límite perverso de identificar en ellos el enemigo que justifica la prioridad de blindar nuestras fronteras y, aún más, convertir la legislación de inmigración en un Derecho de excepción, en el que vale todo (como contra el terrorismo yihadista): recortes de derechos y garantías, hasta el intento de legitimar lo ilegal, como lo muestra el torpe empeño del Gobierno Rajoy por legalizar las “devoluciones en caliente” mediante una reforma legislativa express y fuera de lugar (sobre ello, entre otros informes, me parece muy útil el del Servicio Jesuita de Migraciones), un objetivo que parece haber encontrado eco muy recientemente en alguna decisión judicial. Pero claro, según nos dicen los periódicos, la UE trata de seguir el ejemplo de España en su “lucha contra la inmigración irregular”, ¡atiza!.

El mismo propósito es el que hay detrás de las crecientes medidas que buscan dificultar que se pueda plantear el asilo, y reducen a cuotas vergonzosas (5000 refugiados) la “carga” asumible por la UE (pensemos en que sólo la guerra en Siria ha provocado 4 millones de desplazados y refugiados, la inmensa mayoría en los países limítrofes), y que tratan de externalizar la acogida y atención de los refugiados, fuera de nuestras fronteras, un proyecto, por cierto, en el que la urgencia por quitarse de en medio el problema como sea queda ejemplificada en la iniciativa del para mí incomprensiblemente elogiado Renzi, de quien parte la iniciativa de pagar a países como Egipto (recordemos, presidido por el golpista Al Sisi, líder en sentencias de pena de muerte y por tanto, alguien en quien confiar para defender los derechos humanos), Somalia y Túnez (que necesitan ser ayudados, en lugar de echarles la carga de remediar lo que en buena medida causa el caos libio) para que asuman vigilancia y recepción de inmigrantes y refugiados. Contra lo que el ignorante ministro García Margallo sostiene, los refugiados no son sólo quienes huyen por motivos políticos, sino de persecución de todo tipo: lo saben bien en Italia donde en 2014, de los casi 150000 personas que arribaron sin papeles, más del 35 % provenían de Siria, Eritrea y Mali.

Síntomas y causas de un desafío que es un problema

Por supuesto que la UE debe luchar contra quienes explotan a esas personas que huyen del hambre, la enfermedad, la miseria y la persecución o que simplemente (qué escándalo, ¿verdad?) pretenden trabajar y encontrar una vida mejor. Debemos luchar contra las formas contemporáneas de esclavitud que acechan a inmigrantes y refugiados, contra quienes controlan y envían esos barcos de la muerte. Nada nuevo. Hace siglo y medio, en 1839, el genial William Turner pintó su archifamoso The Slave Ship (cuyo título original era Slavers through the Deadd and Dying-Typhoon coming on), tras leer The History of the Slave Trade (Th. Clarkson), un cuadro que se exhibió en la Anti-SlaverySociety Convention celebrada en Londres en 1840, junto a unos versos del propio Turner que parecen describir los naufragios de Lampedusa o Libia: “… Hope, fallacious Hope! / Where is thy market now”.

Turner

Pero las medidas, las políticas efectivas no consisten sólo ni prioritariamente en la lucha contra semejantes criminales. Entre otras cosas, porque se trata de intermediarios, no de los causantes de la existencia de esos éxodos que nos preocupan. Y no se nos diga que no hay soluciones.

Las soluciones pasan ante todo por entender la dimensión del desafío migratorio y de asilo. Una viñeta explica mejor que mil palabras y tratados. Escojo ésta:

Roto

Frente a las causas complejas y globales de los desplazamientos e población, que tienen en su fondo el problema de la desigualdad radical en las relaciones internacionales, no se pueden oponer recetas simplistas ejecutadas por agentes nacionales.

La UE debe plantearse propuestas a medio y largo plazo, como ha planteado la resolución 2050/2015 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (aun provisional), titulada “The human tragedy in the Mediterranean: immediate action needed”, que en todo caso insiste en la prioridad: medios suficientes para asegurar el rescate, el objetivo de salvar vidas. Medios que pasan en primer lugar por una política de codesarrollo, no instrumental ni cortoplacista, ni centrada en las relaciones entre los Gobiernos de la UE y los gobiernos (en no pocos casos, elites corruptas y dictatoriales) de los países de origen y tránsito de los flujos migratorios y de asilo. Lo han explicado bien Tapinos o Naïr. No insistiré en ello ni en los riesgos de manipulación de esas políticas.

Y si insisten en preguntarme ¿qué hacer? Responderé que no faltan iniciativas. Hay buen número de ejemplos, como los proporcionados por acciones que pasan por crear corredores humanitarios, por políticas de visados que permitan ampliar los cauces legales, por la recuperación de la posibilidad de solicitar asilo en un tercer país, o reactivar el asilo diplomático. Desde diferentes ONG se han resumido algunas de esas medidas urgentes, que contemplan sobre todo cuatro líneas de acción, tal y como lo resumía un artículo reciente de Daniel Ríos.

Mientras tanto, me sumo a la propuesta de los ante mencionados eurodiputados Keller y Urtasun: bloqueemos los presupuestos de la UE si no hay una respuesta eficaz para el cumplimiento de un deber elemental. Y si no cumplimos ese deber, caiga sobre nosotros, como recordó el importante discurso de Francisco en Lampedusa, la vergüenza. Malditos seamos si no somos capaces de entender cuán profunda y terrible es esa vergüenza.

Frank Wilbert Stokes (American, 1858-1955), The Phantom Ship, Atlantic Ocean

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