lucasfra's blog

Blog del profesor Javier de Lucas

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Un debate sobre Soumission, la última novela de M Houellebecq

El debate sobre la desazonadora «Soumission», la útima novela de M Houellebecq, no deja de crecer. Frente a críticas abiertamente hostiles (tanto desde el punto de vista literario como ideológico, p.ej., la de M Weitzman, quien habla de «La toxicité de Houellebecq)», Emmanuel Carrère hace un análisis más complejo, en el que insiste en la capacidad única de Houellebecq, al que llega a comparar con Huxley y Orwell…todo ello, en la sección  Le Monde des Livres, hoy 6 de enero de 2015.

Creo que no se trata sólo del típico debate propio de corillos literarios. Me parece que acierta Carrère al sostener que tema de <soumission> (<Islam> significa «sumisión a Allah»)  sobrepasa el debate de actualidad acerca del declive del bipartidismo francés, de la propia sociedad francesa, que llevaría en 2022 a una contienda presidencial entre Marine Le Pen (FN) y  Mohammed ben Abbes (Fraternité Musulmane) saldada con la victoria del segundo.

Creo que tiene razón cuando propone que el asunto es el del futuro de Europa y aun de la «decadente» civilización europea basada en el judeocristianismo, la herencia grecolatina, el humanismo y la Ilustración, junto a un cierto modelo de capitalismo. Desde al menos la mitad del siglo XX hemos podido comprobar cómo, a lomos del individualismo exacerbado y del consumismo, ese  modelo nos lleva a un callejón sin salida.

La conclusión de Carrère, que compara el final de 1984 («Wilson amaba al Gran hermano»), con la última frase de François, el protagonista de Soumission, francés de souche convertido al Islam para poder volver a ejercer como profesor en una Sorbonne dominada ahora por la shariah («Je n’aurais rien à regretter») me parece tan polémica como interesante. El precio de ese auténtico cambio de paradigma s nada menos que la libertad. Para Carrère, vivimos un desafío que se puede comparar al que afrontó la civilización grecorromana con la irrupción de la otra religión oriental, el cristianismo, convertida finalmente en oficial por Constantino.

Parece que merecer la pena volver a leer al autor de L’extension du domaine de la lutte, Les Particules élémentaires y La possibilité d’une île.

UNA ENTREVISTA SOBRE DEMOCRACIA, DISIDENCIA Y LIBERTADES

ENTREVISTA A JAVIER DE LUCAS

«Pueden meter en jaula de hierro a la disidencia, pero lo que no pueden controlar es la pérdida de credibilidad y legitimidad del propio orden político»

Nuria del Viso

FUHEM Ecosocial

Es catedrático de filosofía del derecho y filosofía política en el Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València, del que fue fundador y primer director y ha sido director del Colegio de España en París (2005-2012) y presidente de CEAR (2008-2009). Pertenece a numerosos consejos científicos y editoriales nacionales e internacionales; ha publicado una veintena de libros y más de 300 artículos en revistas científicas. Su ámbito de trabajo incluye cuestiones de derechos humanos, políticas migratorias, legitimidad, democracia y ciudadanía. En esta entrevista, de Lucas reflexiona sobre la reciente involución en materia de derechos y garantías en España y su impacto en los colectivos más vulnerables.

Nuria del Viso (NdV): Algunas de las respuestas que se han dado a la crisis desde 2011 incluyen una preocupante faceta de involución en los derechos y las garantías ciudadanas. ¿Nos encontramos en estado de excepción por intensificación del control social en distintos frentes?

Javier de Lucas (JdL): La utilización del término “estado de excepción” podría parecer exagerada o ser tachada de demagógica, pero yo la encuentro justificada en el sentido de que hay una suerte de excepción permanente y creciente en los últimos años a lo que serían las normas de derecho común propias del orden jurídico constitucional vigente. Es cierto que habría que matizar, por lo menos de cara a la precisión jurídica, que los derechos que han sido recortados en su gran mayoría en la Constitución no están propiamente diseñados como derechos, salvo el de la educación, sino como principios rectores de la vida económica y social. Pero creo que, con independencia de una hipotética reforma constitucional, esos derechos, vinculados a la dignidad de la persona, deberían ocupar la misma condición que las libertades públicas. Lo cierto es que se ha producido una verdadera ablación de esos derechos. Empezó

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siendo una reducción su alcance, sobre todo de los sujetos −el ejemplo más claro es el RD Ley 16/2012 [sobre la restricción de la cobertura del sistema nacional de sanidad]−, pero se ha convertido realmente en una demolición de los derechos fundamentales más esenciales. En este sentido, yo significaría tres líneas de actuación: 1) el recorte del contenido y de los sujetos de derechos sociales que son básicos, y ahí para mí el ejemplo más claro es la demolición de la educación pública como un modelo universal al alcance de todos y a todos los niveles, y con una especial fiereza diría que es la que vivimos en estos momentos en relación a la enseñanza superior; 2) la demolición del sistema de sanidad universal; y 3) no solo los recortes, sino las dificultades que se ponen a colectivos vulnerables para que tengan a su alcance las prestaciones que en el fondo no son más que la consecuencia de esos derechos sociales. Ahí lógicamente hay que hablar de las pensiones, de la situación de los jubilados, y un caso especialmente doloroso es cómo se han recortado las ayudas a los dependientes, y en particular a las familias con grandes dependientes.

Querría insistir en esa doble concreción: por una parte, la demolición de un grupo de derechos ubicados entre los derechos sociales y culturales, que incluso en nuestra taxonomía constitucional se encuentran entre los derechos de protección reforzada, y por otra parte, el recorte de los contenidos y de los sujetos de derechos básicos de esa triple línea de acción a la que me refería. Quisiera añadir el derecho al trabajo. La reforma laboral ha sido particularmente dura. Sin embargo, aunque es llamativo en las consecuencias, el derecho al trabajo, en cuanto a su visión como derecho, nunca ha sido tomado en serio, nunca se ha pensado en la situación que viven los parados, que es la tragedia más importante que vive España, y por ello es menos enunciado en términos de recorte de derechos. Podría añadirse, como apéndice, el derecho a la vivienda, que es una tragedia que está afectando a decenas de miles de familias que viven los desahucios. La propia Unión Europea (UE) ha dejado claro por vía jurisprudencial que las condiciones que se imponen son verdaderas exacciones que van mucho más allá de lo admisible en un sistema de préstamos que no caiga en la usura. El modelo sobre el que se ha configurado el préstamo hipotecario es un modelo inaceptable, más si se acude al derecho

comparado, que ilustra como criterio básico lo que se llama la “segunda oportunidad”.

NdV: En este sentido, el informe del comisario para los derechos humanos del Consejo de Europa de octubre de 2013, Nils Muiznieks, tras su visita a España menciona tres grupos de especial vulnerabilidad: infancia, personas con diversidad funcional, y migrantes. ¿Cuál es tu valoración acerca del impacto de las medidas de austeridad sobre estos tres colectivos?

«Se ha producido una verdadera ablación de los derechos. Empezó siendo una reducción de su alcance y de los sujetos, pero se ha convertido realmente en una demolición de los derechos fundamentales más esenciales»

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JdL: Ya he mencionado en la pregunta anterior el caso de los dependientes. Por tanto, querría referirme a los otros dos apartados. Se trata de los sujetos que están más cercanos de la condición de no-sujetos. De una parte, los niños que, en sentido estricto hasta la Convención de Derechos del Niño, el estándar internacional ni siquiera aceptaba calificarlos como sujetos de derecho; eran más bien una extensión propiedad de sus padres, que tenían todas las competencias y definían sus intereses. Después de la

Convención de Derechos del Niño y en el orden jurídico
español de la Ley orgánica de Protección del Menor, se
reconoce que los niños son sujetos de derechos, aunque
no sean mayores de edad, y se reconoce además que
son sujetos particularmente vulnerables, de ahí la
importancia que se atribuye a la condición o cláusula de
protección del menor a la hora de trabajar con menores
de edad. Creo que el caso de lo que se denomina MENA,
menores migrantes no acompañados, es particular
grave porque en este colectivo, muy afectado por los
fenómenos de pobreza y de desatención −y hay que recordar que un reciente informe sitúa a España solo por delante de Rumanía en relación con la desprotección que supone la pobreza infantil−, se une a la condición de inmigrante, el segundo gran colectivo vulnerable.

La legislación española, siguiendo la miopía de la legislación europea, ha contribuido a crear un tipo de sujetos que son con toda claridad infrasujetos de derechos cuando no, por duro que parezca la acepción, no-sujetos de derecho, los inmigrantes. Se ha construido unos sujetos que no están definidos como debiera ser por la condición básica de igualdad de

derechos, sino que se trata de sujetos vicarios cuya existencia responde solo a la necesidad de un trabajo en condiciones de dumping social, un trabajo en nichos sociales donde la mano de obra nacional no existe, y además un trabajo sujeto a que se acepten unas condiciones que son inaceptables jurídicamente hablando porque violan el principio básico de igualdad. Esa fragmentación de derechos que sufren los inmigrantes y que llega incluso a un régimen que no puede sino ser calificado como de atroz, como ha hecho el comisario para los Derechos Humanos

del Consejo de Europa. El nuevo comisario de Inmigración, para sorpresa general, tiene como gran mérito en su curriculum el haber sido ministro griego de Defensa, lo que nos da una idea de por dónde van, nunca mejor dicho, los tiros, en materia de migración. Y en este régimen atroz, cuando hablamos de la situación de los refugiados, y no solo de los inmigrantes que intentan pasar desde países en conflicto, el caso más grave en los últimos años es el de Siria,

«La legislación migratoria española, siguiendo la miopía europea, ha contribuido a crear un tipo de sujetos que son infrasujetos de derechos, cuando no –por duro que suene− no-sujetos de derecho, los inmigrantes»

«La Ley de Seguridad Ciudadana es emblema de unas políticas que criminalizan a la disidencia y reducen su espacio legítimo hasta extremos inconcebibles. Y la reforma del sistema de tasas judiciales reduce la posibilidad de acudir a la justicia»

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pero también los que huyen de la crisis del ébola o de numerosas guerras larvadas, como la que existe en Mali; cuando intentan pasar el Mediterráneo son tratados como lo que Migreurope ha calificado como «un estado de guerra de la UE contra los inmigrantes». Nos

fijamos habitualmente en las islas del sur de Italia, en Ceuta y Melilla y no nos fijamos como debiéramos en la situación que viven los inmigrantes y refugiados que intentan llegar hasta la Europa desde oriente a las costas griegas y que son rechazados con verdaderas acciones de guerra, ni siquiera policiales. A esto hay que sumar las operaciones de policía de dudosa justificación, como la operación Mos Maiorum. Con todo, conviene recordar que el

Gobierno español ha llamado la atención por las llamadas eufemísticamente “devoluciones en caliente”, que infringen legislación interna, legislación europea y legislación internacional.

NdV: Los inmigrantes y refugiados son tratados crecientemente en términos de seguridad, con militarización de fronteras y criminalización de los migrantes, negándoles el propio estatus de migrante e incluso el de refugiado. Las brechas entre “nosotros-los otros”, entre los de dentro y los de fuera de la fortaleza, unos con derechos (aunque en recesión) y otros que no son tratados ni como sujetos, hemos trascendido la exclusión para pasar a la expulsión, y los migrantes son hoy “los desechables”. ¿Cómo valoras las políticas migratorias que se están implementando en España? ¿Tienen un sesgo etnocultural?

JdL: Creo que la política europea de inmigración en la deriva de la coartada autojustificada de la crisis, en un primer momento, y en este momento con una coartada aún más dura, que es el peligro de terrorismo con el que se engloba a muchos migrantes, revela un doble error o prejuicio, según los matices, por parte de la UE en relación con esos “otros”. Ese error nace básicamente de la necesidad de los países de la UE de obtener unos réditos de adhesión por parte de grupos sociales que, por el contrario, se ven cada vez más dificultados de encontrar una motivación para adherirse al pacto social que las

políticas europeas están destruyendo (no ya desmontando, sino destruyendo). Frente a eso, el recurso fácil es acudir a la estigmatización −si no demonización− del otro, presentado como un peligro y una amenaza, lo que justifica utilizar el discurso del miedo, que sirve de coartada básica precisamente a esa política de xenofobia institucional y de creación del otro como amenaza. Esto me parece clarísimo: primero, en la situación de crisis, diciendo que amenazaban el empleo a los ciudadanos europeos;

«El Gobierno español ha llamado la atención por las llamadas eufemísticamente “devoluciones en caliente”, que infringen legislación interna, europea e internacional»

«El recurso fácil es acudir a la estigmatización –si no demonización− del otro, presentado como una amenaza, lo que justifica recurrir al discurso del miedo, que sirve de coartada básica a la política de xenofobia institucional »

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después, la coartada de que constituyen en alguna medida el ejército de reserva de la delincuencia y la criminalidad ligada a delitos contra la integridad sexual y de narcotráfico; y, finalmente, hoy ya abiertamente, el argumento de que la UE hace frente a una amenaza terrorista frente a la que cualquier medida frente al otro, que es sospechoso de terrorismo, está justificada.

NdV: Desde hace unos años está pujando la construcción de un orden más injusto, como confirma de forma palmaria la reforma constitucional del artículo 135. La restricción de derechos económicos y sociales alimenta en los de abajo la inseguridad (social y económica, pero también vital – desde el ébola hasta un desahucio), mientras que los de arriba temen perder sus privilegios, de modo que reclaman más orden, alegando que se trata de una demanda social, e implementan medidas para reprimir la protesta. Así, no solo perdemos derechos económicos y sociales, sino también civiles y políticos. ¿En qué medida la inseguridad y el miedo están resultando exitosos para desmovilizar a la ciudadanía? ¿Qué representan estas dinámicas para nuestro modelo de convivencia? ¿Qué tipo de sociedad se está conformando (si no hacemos nada)?

JdeL: En esta pregunta hay un doble planteamiento particularmente interesante que yo respondería, en primer lugar, con el argumento de que se está ahondando en la destrucción de un modelo de vínculo social que era característica de los Estados sociales europeos, con los matices que se quiera; no es lo mismo el Estado de providencia que había creado en el Reino Unido y que fue desmontado mucho antes, en la era del thatcherismo, que el Estado social que representaba el modelo republicano francés −incluso el modelo de derecha del

gaullismo−, que el modelo alemán, que es el más clásico. En todos ellos subyace un argumento muy importante y es que el vínculo social no puede subsistir, tal y como intenta proponer el modelo europeo, sin un índice básico de igualdad, lo que supone, por un lado, no tolerar la existencia de privilegios en las clases superiores y, por otro, el incrementar considerablemente el estatus en términos de derechos, pero también en términos de protección y participación de las clases medias y de las clases trabajadoras. Esto se ha ido destruyendo de manera muy minuciosa y tiene como resultado emblemático la calificación que

España ocupa en este momento en el índice de Gini de desigualdad. Habíamos llegado a ser un Estado casi homologable en términos de desigualdad a los Estados socialdemócratas europeos, sobre todo en la segunda legislatura socialista de Felipe González, pero este logro se ha demolido cuidadosamente. La contrapartida es que al no poder crear un vínculo social

«La contrapartida a la ruptura del pacto social es que al no poder crear un vínculo con las clases trabajadoras, estas ya no ven razón para seguir manteniendo el pacto de no agresión frente a quienes les explotan en beneficio de unos pocos cada vez más privilegiados»

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con las clases trabajadoras, las tradicionalmente desfavorecidas, estas ya no ven razón para seguir manteniendo el pacto de no agresión frente a quienes les explotan en beneficio de unos pocos cada vez más privilegiados. Uno de los retos de la izquierda era limitar esta brecha, y la diferencia se ha ahondado; evidentemente lo que surge es el riesgo de que se incremente la reacción de crítica y disidencia hasta los extremos del conflicto por parte de los que se ven perdedores en esa ruptura del vínculo

social, y yo creo que eso explica –y vamos ya a la
segunda parte de la pregunta− la coincidencia con
unas políticas que criminalizan a la disidencia. Quizá
el emblema más claro de esas políticas es la Ley de
Seguridad Ciudadana en España, que justamente se
aprueba hoy (11 de diciembre de 2014, cuando se
realizó la entrevista), que reduce el espacio legítimo
de la disidencia hasta extremos inconcebibles, como
lo muestra el hecho de que se criminalice incluso el
tomar constancia gráfica de actuaciones de dudosa
legalidad o manifiestamente ilegales a quien, por
ejemplo, grabe con su móvil o con una cámara el
empleo de fuerza desproporcionada por parte de la policía. El hecho de que se haya reducido también la posibilidad de acudir a la justicia por la reforma del sistema de tasas judiciales hace que sea especialmente gravoso para las clases trabajadoras emprender acciones por la vía judicial. Esto es solo otra parte de esa criminalización feroz de la disidencia, y que esta tenga más razones para expresarse y que lo haga fuertemente.

Por otro lado, aunque se hagan esas leyes y se consiga aprobarlas, el resultado contra el que difícilmente pueden luchar los que gobiernan a base de decreto-ley, no por ley −y un ejemplo claro son los casos griego y español−, es que pueden meter en jaula de hierro a la disidencia, pero lo que no pueden controlar es la pérdida de credibilidad y legitimidad del propio orden político, que lleva a los ciudadanos a desconfiar de una manera generalizada, y probablemente injusta, del orden jurídico constitucional y aproximarse a posiciones de crítica y desafección. Esas críticas son justificadas en muchos casos, aunque a veces se trate de posiciones muy generalistas, y en ese sentido injustas, porque tiran al niño con el agua sucia. Creo que actualmente en Grecia y en España se está produciendo un riesgo de este tipo.

NdV: Hemos operado con un concepto de seguridad vinculado a la idea de orden y control, tal como se entendió en el clásico debate entre libertad y seguridad. En ese sentido, parece que esta noción resulta poco útil en un discurso basado en el respeto de los derechos. ¿Debemos olvidarnos de este concepto o, en contraste, podemos aspirar a una idea de seguridad evolucionada, más englobadora y que incluya derechos económicos, sociales, civiles y políticos?

«El enemigo de la seguridad no es la mal llamada inseguridad ciudadana, sino la arbitrariedad del poder; es decir, estamos inseguros cuando nuestros derechos no están garantizados por encima de la discrecionalidad de quien tiene la fuerza para interferirlos o violarlos»

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JdL: Sí. Creo que como la pregunta planteaba bien, se produce un fenómeno muy llamativo en la tensión dialéctica en la que se presenta habitualmente el binomio seguridad-libertad que es para mí más claro todavía que la aparente contradicción entre igualdad y libertad porque solo desde una extrapolación de los términos es posible mantener la tensión que desemboca en incompatibilidad. Lo cierto es que la noción de seguridad hobbesiana, propia del Antiguo Régimen, sí puede ser entendida en esa visión extrema de la fragilidad del orden, o de la noción más quietista y más reducida de orden. Pero desde Hobbes sabemos bien que la seguridad no tiene sentido si no es seguridad en las libertades. La seguridad entendida como idéntica y exclusiva de la seguridad física y, como mucho, de la propiedad es una falsa seguridad. Es casi como en el chiste en el que preguntan, «¿qué preferís, nosotros o el caos?» Y la respuesta es, «Pues es igual porque vosotros también sois el caos». Es decir que el reproche sutil de Kant a esa noción tan primitiva y radicalizada de seguridad de la mera quietud del orden es muy elocuente. Kant utiliza la broma de la paz perpetua entendida como la paz de los cementerios: solo en los cementerios nadie se mueve de su sitio. Eso no puede ser seguridad.

La noción de seguridad, y si le ponemos el apellido jurídico, es seguridad en estatus de derechos y libertades, y en ese sentido la seguridad no está contrapuesta a la libertad porque no existe más que por y para esta. Si aceptamos esta otra acepción de la noción de seguridad, que es la propia del Estado de derecho, nos damos cuenta de que el enemigo de la seguridad no es la mal llamada inseguridad ciudadana, sino la arbitrariedad del poder, es decir, que estamos inseguros cuando nuestros derechos no están garantizados por encima de la discrecionalidad de quien tiene fuerza o el poder para interferirlos o violarlos. Pero si por el contrario entendemos que la seguridad es la garantía de que nuestros derechos y libertades no van a ser atacados ni reducidos indebidamente, entonces la contraposición desaparece. Creo que no hace falta una gran conceptualización para mostrar que la tensión puede resolverse sencillamente con una noción bastante sencilla de entender, que es esta de la seguridad en la libertad.

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DECALOGO MINIMO PARA POLITICAS MIGRATORIAS Y DE ASILO

Los derechos de los inmigrantes: decálogo para las políticas europeas de inmigración y asilo

Javier De Lucas

Cada 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante, muchos nos planteamos por qué todavía no somos capaces de reconocer el mínimo de derechos que debemos a los inmigrantes. Me refiero a su derecho a la libertad de movimiento, al derecho a ser emigrante e inmigrante, que ante todo presupone el derecho a no emigrar. Esto es, que se aseguren las condiciones que hagan de la decisión de emigrar un acto libre y no la consecuencia de un estado de necesidad, de huir del destino forzoso que impone a millones de seres humanos el esfuerzo titánico de viajes que duran años y suponen serios riesgos para su vida y su integridad física, en pos, simplemente, de una vida mejor, libre de miseria y de ausencia de libertades, de oportunidades vitales. Y la emigración no será un acto libre mientras exista la miseria, la ausencia de derechos y la desigualdad abismal entre el centro y la periferia. Por eso las políticas migratorias deben arrancar de un paquete de medidas destinadas a luchar en los países de origen contra esos factores, empezando por la desigualdad.

Además, habrá que recordar que libertad de movimiento no significa libertad irrestricta de circulación, abolición de fronteras. Se trata de regular esa libre circulación, someterla a normas que, ante todo, garanticen los derechos. Es decir, que no pongan tales condiciones que en realidad hagan imposible esa parte irrenunciable de la libertad de circulación que es el tratar de asentarse en un país de destino. Claro, poner condiciones para el tránsito de las fronteras y para el asentamiento en el territorio de ese otro Estado es una lógica competencia de los Estados destinatarios del viaje migratorio. Pero no de cualquier manera. No condiciones que suponen en la práctica violar derechos elementales.

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Esas exigencias aconsejan dar protagonismo en el diseño de las políticas de migración a los agentes de la sociedad civil y a los propios inmigrantes, junto e incluso más que a los representantes de las diferentes administraciones. Sobre todo, a la hora de establecer programas de ayuda y codesarrollo que garanticen que el proceso migratorio redunde en beneficio de las sociedades de origen, de las de destino y de los propios inmigrantes.

Nuestras políticas migratorias, según es evidente, no siguen esa lógica. No están guiadas por esos criterios. No se trata, creo, de simplificar ni de negar la dificultad que implica la gestión de los movimientos migratorios de su circulación y de su asentamiento. Pero en todo caso, hay condiciones mínimas que esas políticas deben asegurar para no romper con el criterio básico de legitimidad de cualquier política pública. Que respete losstandards de derechos humanos.

Con el objetivo de recodar cómo se concreta ese standard, propongo este decálogo, nada novedoso, pero sencillo de entender. Un test que permite, además, evaluar los programas políticos que pretenden nuestro voto en las próximas elecciones a lo largo de 2015.

1º. Ratificación por parte de todos los Estados de la UE de la Convención de la ONU de 1990 sobre derechos de los trabajadores inmigrantes y de sus familias y de los Convenios de la OIT relativos a estos trabajadores y ratificados por nuestros Estados. Implementación de las medidas para hacerlos efectivos.

2º. Reconocimiento de la plena igualdad de derechos humanos entre ciudadanos einmigrantes residentes de larga duración. Reforma en ese sentido de la Directiva 2003/109.

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2.1. Condición clave: asegurar el derecho a latutela judicial efectiva, lo que supone derecho de acceso a abogado y a juez independiente e inamovible.

2.2. Reconocimiento del derecho alreagrupamiento familiar como derecho humano fundamental, sin discriminación de género ni opción sexual. Reforma en ese sentido de la Directiva 2003/86.

2.3. Equiparación real en derechos económicos, sociales, culturales: en particular, en salud y educación: por tanto, acceso a todas las prestaciones sanitarias y acceso a la educación en todos los niveles en condiciones de igualdad con los ciudadanos. Equiparación en acceso a servicios sociales, pensiones. Derogación del RD 16/2012.

2.4. Reconocimiento del derecho al voto a los inmigrantes residentes de larga duración (y a los refugiados que obtengan el reconocimiento del derecho de asilo)

2.5. Progresividad en el reconocimiento de derechos políticos.

3º. Transversalidad de la dimensión de género, que debe ser examinada como condición previa de impacto, en todo instrumento de política migratoria y de asilo.

4º. Desarrollo del Derecho antidiscriminatorio en las políticas de inmigración (y en las de asilo), con especial atención a la lucha contra las prácticas de subordiscriminación que padecen las mujeres inmigrantes.

5º. La UE debe dejar de vincular migraciones y Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) / Codesarrollo a las cláusulas que exigen a países de origen o tránsito de los flujos migratorios a realizar funciones de policía y a aceptar “devoluciones” a esos países de inmigrantes expulsados que ni siquiera son nacionales de los mismos. Por el contrario, esa ayuda debe vincularse a progresos en Democracia y derechos humanos (conformeÍndice Desarrollo Humano).

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6º. La UE debe dejar de externalizar el control de la movilidad migratoria en países vecinos que no garantizan los derechos humanos de las personas migrantes.

7º. Derogación de la Directiva de Retorno 2008/115.

8º. Cierre de los CIE.

9º. Implantar programas específicos de formación de los funcionarios que actúan en el ámbito de inmigración y asilo, para adquirir conocimientos en materia de garantía de los derechos humanos y de modo particular, para evitar violencia de género.

10º. Aunque se trate de una cuestión que tiene su especificidad, no puedo dejar de apuntar una última serie de medidas dirigidas de modo singular a garantizar los derechos de los refugiados, comenzando por el cada vez más amenazado del derecho de asilo (cfr. la Declaración “El asilo es de todos”)

  • 1. Recuperación de la posibilidad del asilo diplomático, con expresa interdicción de la atribución de facultades discrecionales a las autoridades diplomáticas y consulares
  • 2. Extensión a todos los puestos fronterizos de las oficinas de asilo creadas enCeuta y Melilla.
  • 3. Eliminación de la lista de “países seguros”.
  • 4. Garantía del principio de non refoulement para quienes lleguen a fronteras europeas huyendo de persecuciones en países de origen.

En definitiva, como se ha solicitado reiteradamente por parte de numerosos agentes de la sociedad civil, se trata de garantizar que todas la políticas migratorias de la UE sean objeto de valoración previa y de seguimiento efectivo, independiente e imparcial, para determinar el impacto de las medidas adoptadas sobre los derechos humanos de refugiados e inmigrantes. A esos efectos, propongo la creación de unObservatorio Europeo de Migración para verificar y controlar la prioridad del respeto de los derechos humanos en el ejercicio de las políticas migratorias. En el buen entendido de que ACNUR cumple esa tarea de impulso, control, y crítica en relación con refugio, asilo y desplazamientos. 

ccc

Ilustraciones:

1. Lupe Godoy: Asentamiento no significa asentimiento.

2. Banksy.

3. Sebatiao Salgado

 

UN DEBER UNIVERSAL. EL ASILO ES DE TODOS (10 diciembre 2014)

Un deber universal: el asilo es de todos Posted on 10 diciembre, 2014 Javier de Lucas “Nos quieren en soledad, nos tendrán en común*” No son estos tiempos propicios para hablar de deberes. Incluso de deberes básicos. Menos aún en nuestro país, cuando los ciudadanos sufren muy considerables sacrificios impuestos so pretexto de que es nuestra contribución obligada para salir de una crisis… que no ha sido producida por los ciudadanos en cuestión, sino muy abrumadoramente por una elite que apenas se ha visto perjudicada ni exigida en el mismo sentido. Tampoco la ideología dominante, atomista más que individualista (“pornoindividualista”, canta Nacho Vegas), facilita una pedagogía sobre los deberes. Más bien parecería que sucede lo contrario: esa concepción dominante justifica, 150 años después, la crítica formulada por Marx en La cuestión judía, cuando criticaba una noción de los derechos basada en la noción de los seres humanos no ya como individuos, sino como islas (pese al exhorto de John Donne, “ningún hombre es una isla”), si no incluso como mónadas o átomos. Tenía razón Marx: si arrancamos de esa ideología, estamos de nuevo ante la ley de la selva, del más fuerte: sólo tendrá derechos quien puede permitirse prescindir de los demás, vivir aislado. Si a ello se suma la exaltación del libertarianismo consumista, que postula la consagración como un derecho de lo que en muchos casos no es sino una mera expectativa, si no un capricho o arbitrariedad, está claro que hoy resulta difícil explicar la noción de deberes básicos. Y, sin embargo, parece difícil negar que los derechos proclamados como universales en la Declaración universal de 1948 cuyo aniversario recordamos hoy, precisamente en cuanto humanos, no son posibles sin deberes correlativos. Esa correlación es una tesis discutida: baste pensar en el debate que se produjo en el proceso de elaboración de la propia Declaración. Así, por ejemplo, la admirable Eleanor Rooselvelt, protagonista destacada de esa iniciativa, en una de las primeras sesiones del grupo de trabajo del comité de redacción en torno a la aceptación de los deberes en la Declaración, en junio de 1947, declaró: «la tarea que se nos ha encomendado es la de proclamar los derechos y las libertades fundamentales del ser humano… no la de enumerar sus obligaciones». Es perfectamente comprensible que cuando se trataba de ganar el reconocimiento de derechos para todas las personas en cuanto tales, sin más atributos, el acento se pusiera sólo en eso, en los derechos, pero creo que quizá podamos aprovechar este 66 aniversario para tratar de explicar que hoy sí conviene insistir en la existencia de deberes básicos universales, cuyo fundamento es la noción de solidaridad tomada en serio, como propusiera el jurista Karel Vasak. Es decir, no como mera benevolencia, no como una propuesta supererogatoria, un gesto de altruismo o bondad. Menos aún como una muestra de condescendencia paternalista. No: hay una noción exigente de solidaridad como principio jurídico y político, que fundamenta, entre otros, deberes positivos de carácter básico y universal. Frente al mensaje del miedo, con el que tratan de imponernos la desbandada del “sálvese quien pueda”, hay que reafirmar la acción colectiva. Otra vez Nacho Vegas: “nos quieren en soledad, nos tendrán en común”). El mejor ejemplo de este necesario planteamiento es el del derecho de asilo, como deber universal de solidaridad, tal y como lo presenta la excelente iniciativa del equipo de ACNUR España que dirige desde hace poco tiempo Francesca Friz-Prguda: su proyecto “El asilo es de todos”. No hay universalidad sin solidaridad tomada en serio Comenzaré por sostener una noción fuerte de la solidaridad, comoconciencia conjunta de derechos y deberes que se despierta o agudiza allí donde nos encontramos ante la presencia o amenaza inminente de un peligro percibido como común. Por eso, precisamente en momentos de considerable dificultad, como la crisis que nos golpea, en los que parece que el instinto primario sea el de desentenderse de lo que no sea la propia supervivencia, es cuando, de forma paradójica, surgen las mejores manifestaciones de ayuda mutua, de cooperación con quienes se encuentran amenazados. Se trata de la solidaridad que no es simplemente una exigencia más o menos retórica y vacua propia de un abstracto altruismo, ni una vaga apelación para acallar la malheur de conscience ante el sufrimiento de los otros, en términos de moralina, sino que alcanza el rango de un principio jurídico y político. En efecto, el genio del Derecho romano supo enunciar la necesidad de lo que denominó obligaciones in solidum, en las que todos los socios asumen la responsabilidad conjuntamente. Es la misma idea que supo ver unos siglos después el genial Ibn-Jaldoun(adelantándose en siglos al gran Durkheim), que entendió la solidaridad comocemento social, condición sine qua non de la estabilidad y del progreso de las sociedades. Así lo explicó al analizar la noción de assabiyah en su monumental obra Muqaddihmah. Y cabría añadir que la solidaridad tampoco es un sucedáneo light de la igualdad, sino un valor complementario de ésta y de la libertad, tal y como lo entendieron los revolucionarios franceses, que hablaban de ella como fraternidad, uno de los tres principios políticos de la legitimidad republicana. La existencia de deberes de solidaridad, como denunciara Rorty en un célebre ensayo, puede aparecer vinculada sobre todo a las nociones de pertenencia a un mismo grupo, a los más próximos en intereses, el nosotros más inmediato, una solidaridad que se cierra en torno a quienes son entendidos como “uno de los nuestros”. Una solidaridad que ignora la fraternidad universal. Pero existe también la solidaridad que puede adquirir la dimensión más abierta, la del vínculo universal que nos une con quienes comparten la común condición de seres humanos, sin más atributos, los que pertenecen al mismo género humano. Esa noción, de raigambre estoica, es la que fundamenta la existencia de un rasgo básico, común y universal que, a su vez, justifica la existencia de deberes positivos de asistencia mutua, que se hacen particularmente visibles en momentos de peligro, cuando la amenaza a otros seres humanos es particularmente evidente, como en los casos de desastres naturales. Esa noción abierta, tendencialmente universal de solidaridad, es aún más fuerte y más evidente cuando se pone en relación con otro instinto básico que es la hospitalidad, el deber de acoger, de dar un lugar en el mundo a quien por causa de persecución, ha tenido que abandonar su hogar, su Homeland, y padece la pérdida de esa necesidad básica que supo ver Simone Weil, el arraigo, l’enracinement. Aquí el deber de solidaridad enlaza con el de hospitalidad, entendida a su vez como un deber universal hacia quienes llegan a nosotros huyendo de un peligro o persecución que les amenaza. Porque la conciencia de que esos peligros nos pueden alcanzar en un momento u otro, desvela que los amenazados somos todos, aun en el caso de que de forma inmediata sólo lo sean algunos, incluso lejanos. Como explicara Marx en el prólogo al primer volumen de El Capital, parafraseando a Horacio, De te fabula narratur. Todos, en uno u otro momento, podemos necesitar que nos ofrezcan refugio. Un deber universal: dar asilo. Por eso, como decía, el acierto de esa campaña de ACNUR España, el asilo es de todos, concretada en una Declaración que puede leerse y firmarse en su mencionado sitio web. Sí, el asilo es la concreción jurídica de esos principios básicos, de esos deberes de solidaridad y hospitalidad. El asilo emerge desde el fondo del impulso civilizador que reconoce lo que hay de común entre cada uno de nosotros y todo otro y nos lleva a protegerles, a acogerles, a darles hospitalidad y, más aún, a ofrecerles derechos cuando llegan hasta nosotros en demanda de refugio contra la persecución que amenaza su vida, su integridad, su libertad. El asilo es, por tanto, un impulso genuino que nace de nuestra conciencia de solidaridad con los demás seres humanos, acentuada cuando están en peligro. El desarrollo de la civilización, a través desea herramienta cultural que es el Derecho, ha dado a luz la garantía de ese impulso de humanidad: El derecho de asilo. Una institución sin la que más de 50 millones de seres humanos que buscan hoy refugio, carecerán del derecho a tener derechos. El derecho de asilo es el mejor ejemplo de un deber positivo universal, una obligación que nos afecta a todos. Porque se trata del mecanismo jurídico elemental con el que reaccionamos frente a la amenaza que acecha a la condición de esos millones de seres humanos que viven un remedo de vida, una existencia peor que virtual, vicaria. Porque no es vida, sino simulacro de vida, la situación de incertidumbre, de espera, de angustia, en una tierra de nadie en la que esos seres humanos se encuentran confinados. La angustia de la vida en suspenso, sin saber si obtendrán el reconocimiento mínimo, esa seguridad jurídica básica que es el derecho a tener derecho, que todos tenemos asegurado; todos menos ellos, los refugiados. Y sin embargo, en un mundo en que cada vez más seres humanos necesitan recibir esa protección, porque cada vez hay más riesgos, más amenazas, el asilo no deja de retroceder. Se trata, en buena medida, de viejas amenazas que han sido la pesadilla de la Humanidad. Las guerras, la violencia, la discriminación, el odio y el miedo al diferente, al disidente, multiplican su presencia y sus efectos letales. Las políticas de asilo de la UE y aún peor, de España, son la muestra de que hemos vuelto la espalda a ese deber positivo y universal. Lo deja a las claras un caso muy concreto, nuestra cicatería, que esta al límite de la indiferencia culpable, ante la tragedia que afecta hoy a los refugiados sirios. Como seres humanos, pero sobre todo, desde nuestra privilegiada condición de ciudadanos soberanos de Estados que se proclaman democráticos y hacen de los derechos humanos su condición de legitimidad, somos titulares de la obligación de garantizar el asilo. Y eso se traduce en exigir de los poderes públicos que tomen las medidas proporcionadas, adecuadas, útiles, para que quienes huyen en busca de refugio obtengan la protección del asilo. Es lo que pide ACNUR España. Es nuestra obligación y nuestro derecho: exigir que esas instituciones estatales, pero también quienes encauzan nuestra representación, los partidos políticos, cumplan con tal obligación e incluyan en sus programas las medidas necesarias. Exijámoslas. Y lo tenemos muy fácil: no votemos a quienes ignoran o desprecian ese deber elemental. Ilustraciones 1. Genovés. 2. Joana Pinto. 3. Picasso. 4. Guayasamín.

LA RAZÓN DEL ASILO (ponencia en el Semianrio Exilio y asilo, razones éticas)», organizado por ACNUR España, 4/12/2014

ACNUR nos ha convocado para debatir en torno a los valores y principios que conforman la sociedad en la que deseamos vivir. Por mi parte, entiendo que, en buena medida, son los mismos en los que se asienta la institución del asilo. Porque la sociedad en la que yo quiero vivir es una como la que pretendía el poeta francés Péguy: una sociedad sin exilio. Así que, mientras haya millones de personas forzadas al exilio, el mínimo de una sociedad decente es procurarles refugio, darles asilo. Creo que esa es una de las razones por las que resulta particularmente acertada –diré más, necesaria- esta campaña de ACNUR España cuyo lema es, precisamente, el asilo es de todos. Hoy, más que nunca.

Pues bien, mi aportación en esta discusión sobre los valores y principios que ofrecen fundamentos del derecho de asilo y que contribuyen a que las nuestras puedan ser sociedades más justas, más decentes, en las que no tengamos que avergonzarnos, tiene como objetivo subrayar dos ideas.

 

La primera es que si el asilo ha podido ser definido como Urrecht, como el primer derecho, es porque arraiga en un instinto originario, propio de nuestra condición de seres humanos como seres sociales. Si tengo que darle nombre arriesgaré el de solidaridad, que es algo más que el de cooperación. Ese algo más, nace precisamente de lo que entiendo por solidaridad, que no es moralina o sucedáneo de la igualdad, sino complementaria, tal y como lo entendían los reolucionarios franceses. La solidaridas es condición sine qua non de la estabilidad y del progreso de las sociedades, como lo explicó el gran Ibn-Jaldoun  cuando analizó el concepto de assabiyah en su monumental obra Muqaddihmah. Y  desde esos puntos de parida  (a los que hay que añadir la gran tradición que arranca de Durkheim), diré que entiendo por solidaridad la conciencia conjunta de derechos y deberes que se despierta o agudiza allí donde nos encontramos ante la presencia o amenaza inminente de un peligro percibido como común. De ahí también la noción del deber de hospitalidad. Porque la conciencia de que esos peligros nos pueden alcanzar, desvela que los amenazados somos todos, aun en el caso de que de forma inmediata sólo lo sean algunos, incluso lejanos. Todos, en uno u otro momento, podemos necesitar que nos ofrezcan refugio.

 

La segunda idea es que el fundamento del asilo es la sacralidad de la vida. Algo que está más allá de las religiones, de las tradiciones de respeto a lo sagrado. Sí, es cierto: lo sagrado comienza por el lugar de la religión, pero eso es porque la primera sacralidad es la de la vida, por encima de cualquier otra consideración, de cualquier otro atributo humanos de sexo, raza, lengua, nación, religión. Como trataré de explicar enseguida, a mi juicio esa sacralidad laica de la vida es el humus en el que arraiga el instinto de dar refugio y que exige dar el paso a una institución que condensa los principios jurídicos básicos: humanitas, dignitas, pietas.

Ambas ideas, ambas exigencias, son cada vez más necesarias en el contexto internacional en el que nos movemos, en el que cada vez hay más causas de persecución, más factores que provocan la huida o desplazamiento forzoso de cada vez más millones de personas.  Trataré de explicarlo con algo más de detalle.

 

1. Como decía, lo primero que trato de recordar es que la institución del asilo responde a la exigencia de la noción misma de humanidad, en dos de las acepciones que el término reúne y sin cuyo reconocimiento no es posible la supervivencia, la sociedad misma.

En efecto, el asilo arraiga en el reconocimiento de la sacralidad de la vida, de la vida del otro, de aquel otro que se presenta ante nosotros amenazado, vulnerable, desprovisto de toda otra condición que no sea la de ser humano. Y por eso el asilo es ante todo un instinto básico, el de proteger a quien nos pide refugio porque huye, porque le amenaza un peligro. El asilo es, pues,  una exigencia de humanidad, en la primera acepción del término, que supone el instinto de reconocimiento al otro y de ayuda, de protección a ese otro amenazado.

Y es que, además, como también he anticipado, en ese instinto de humanidad se encuentran in nuce los elementos básicos en torno a los cuales el genio griego expresará la noción de leyes no escritas y comunes a todos, esas agrafoi nomoi que invocará Antigona, y entre las que se encuentra la pietas con el otro, incluso con el enemigo, como supo ver la gran filósofa del siglo XX que fue Simone  Weil, en su ensayo La Ilíada o el poema de la fuerza. Preisamente una de esas agrafoi nomoi es también la hospitalidad, en la que arraiga el reconocimiento universal del otro (como sabrá explicar Kant) y que da razón al derecho de asilo.

 

2. Junto a ese genio heleno, otro, el romano, hará nacer la idea misma de Derecho, ahora como Norma escrita y dotada de imperium, vinculante. Es así como el instinto de proteger dará paso a la institución jurídica del asilo, vinculada a principios jurídicos más básicos. Así, la conciencia de pertenencia común a la humanidad, esto es, la noción de Humanitas que nos reúne a todos y cada uno de nosotros como membrum humani generis, esto es como sujetos de una única comunidad, la del género humano.

De esta manera nos encontramos con la segunda acepción de la noción de humanidad. En efecto, si  hablamos de una comunidad universal de todos los seres humanos, es porque reconocemos en todos ellos el carácter valioso de cada ser humano, de su vida, es decir, la dignitas. Así es como surge la obligación de responder frente al peligro que amenaza al otro, la de hacernos cargo de él, esto es, la pietas, la solidaridad, cuya primera manifestación es el deber de hospitalitas, la hospitalidad como mandato universal. Y es eso lo que implicará el reconocimiento de reglas universales, un Derecho omnium Gentium.

 

3. Por tanto, cuando hablo de la <sacralidad de la vida>, de ese deber universal de acoger a quien busca refugio, no hablo de un mandato religioso o cultural, propio de esta o aquella religión, iglesia, ideología o cultura. Me refiero, sí, a un principio que es enunciado como derecho en el seno de la cultura grecorromana, pero que se muestra preñado de universalidad, de transculturalidad.

Hablo de una tradición intelectual que comienza en el estoicismo y se expresa en la fórmula de Séneca, homo homini sacra res, o en la menos sofisticada de Terencio, cuando en el 167 AC escribe en su comedia Heautontimoroumenos : Homo sum, humani nihil a me alienum puto. Aunque nuestro D. Miguel de Unamuno supo reformularla y concretarla cuando en el comienzo de su ensayo Del sentimiento trágico de la vida escribió: “Homo sum; nihil humani a me alienum puto dijo el cómico latino. Y yo diría más bien, nullum hominem a me alienum puto; soy hombre, a ningún otro hombre estimo extraño. Porque el adjetivo humanus  me es tan sospechoso como su sustantivo abstracto humanitas, la humanidad. Ni lo humano ni la humanidad, ni el adjetivo simple ni el sustantivado, sino el sustantivo concreto: el hombre, el otro, los otros seres humanos.”

Hablo de la tradición del humanismo que representan Pico della Mirandola, Montaigne y John Donne, de la Ilustración (de Ferguson y Swift a Kant y Marx, sí, Marx), del mejor liberalismo (el de J.SMill y Tocqueville) del feminismo de Olympie de Gouges y Mary Wollstoncraft, de la tradición de rebeldía de Kafka, Camus y Orwell… ¿Qué nos dirían ellos sobre nuestra conformidad, nuestra pasividad, nuestro miedo al  otro convertido en el passe-partout político en esta caduca Europa? ¿de nuestra pasividad e indiferencia ante la suerte que corren decenas de miles de inmigrantes y refugiados, ante nuestros ojos que ven sin mirar?

 

4. Lo reiteraré:  el derecho de asilo es el mecanismo jurídico elemental con el que reaccionamos frente a la amenaza que acecha a la condición de esos millones de seres humanos que viven un remedo de vida,  una existencia peor que virtual, vicaria. Porque no es vida, sino simulacro de vida, la situación de incertidumbre, de espera, de angustia, en una tierra de nadie en la que esos seres humanos se encuentran confinados. Es la angustia de la vida en suspenso,  sin saber si obtendrán el reconocimiento mínimo, esa seguridad jurídica básica que es el derecho a tener derecho, que todos tenemos asegurado; todos menos ellos, los refugiados.

Recordemos que el asilo otorga ese primera protección que consiste en no rechazar –non refoulement– a quien busca refugio, en no dejarle abandonado o, aún peor, en manos de quien le persigue. A eso están obligados todos los Estados que son parte del sistema de derecho internacional de refugiados en cuyo centro está la  Convención de Ginebra de 1951 que especifica el sistema de Convenciones que también en Ginebra y en 1949 habían tratado de dar respuesta a los desafíos planteados por la experiencia de la guerra, y dan lugar al núcleo de lo que conocemos como Derecho internacional humanitario. La Convención de 1951 y el Protocolo de N York de 1966 instituyen y regulan la protección en que el asilo consiste.

Y sin embargo, en un mundo en que cada vez más seres humanos necesitan recibir esa protección, porque cada vez hay más riesgos, más amenazas, el asilo no deja de retroceder. Se trata, en buena medida, de  viejas amenazas  que han sido la pesadilla de la Humanidad. Las guerras, los conflictos bélicos, la violencia, se multiplican y son cada vez más letales, desgarran regiones y pueblos enteros y obligan a millones de personas a desplazarse y dejar sus hogares atrás. Las necesidades humanitarias aumentan y la pobreza arraiga en muchos lugares. Las desigualdades rompen sociedades y comunidades que creíamos estables. En paralelo, la discriminación y el rechazo al otro protagonizan muchos discursos políticos y agendas mediáticas.

Lo más decisivo, insistiré una vez más, es que esos riesgos y amenazas ponen en cuestión el principio básico (y el deber que deriva de él, la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros) del respeto sagrado a la vida, un valor sin el que no puede haber civilización.  He tratado de recordar también que de esa convicción irrenunciable nace la noción misma de humanidad, el impulso transformador que supera barreras de religión, lengua, raza, nación  y que, desde los estoicos a los humanistas y a la Ilustración, pugna por hacer frente a los impulsos destructores del odio, el prejuicio y la ignorancia, que están detrás de la guerra, del menosprecio , la discriminación y la dominación de otro, de su persecución. Por eso, he intentado presentar cómo  el asilo emerge desde el fondo del impulso civilizador que reconoce lo que hay de común entre nosotros y todo otro y nos lleva a proteger la vida, a acoger a quienes no son como nosotros, a darles hospitalidad y, más aún, a ofrecerles persecución cuando llegan hasta nosotros en demanda de refugio contra la persecución que amenaza su vida, su integridad, su libertad. El asilo es, por tanto, un impulso genuino que nace de nuestra conciencia de solidaridad con los demás seres humanos, acentuada cuando están en peligro. El desarrollo de la civilización, a través desea herramienta cultural que es el Derecho, ha dado a luz la garantía de ese impulso de humanidad:  El derecho de asilo. Una institución sin la que buena parte de los seres humanos carecen del derecho a tener derechos.

 

5. Por esa razón, entiendo que la campaña de ACNUR trata de hacernos ver la necesidad de rebelarse contra la indignidad, contra la miseria moral que supone que, a nuestro lado (porque en el mundo global ya no hay lejanía), ante la mirada en tiempo real que nos sirven las televisiones y las radios, vivan millones de personas  que hoy, en el mundo de la tecnología y el progreso, se encuentran todavía en un estadio anterior al de esa chispa de civilización que supone la aparición del Derecho. No hablo de la barbarie de tiempos pasados. Hablo del aquí y ahora, porque hoy mismo, en estas semanas, hemos conocido una campaña del Gobierno australiano (dirigida a los inmigrantes básicamente), cuyo lema me parece la negación misma del deber de asilo: “No Way: you will not make Australia home”.

Esta campaña de ACNUR tiene que conseguir que la opinión pública entienda que esta es una cuestión que nos afecta a todos, que el asilo es de todos, que cuando hablamos de refugiados podríamos decir como Marx parafraseando a Horacio, de te fabula narratur.  Que recordemos que casi desde los albores de la cultura, de la humanidad, el primer gesto de civilización consiste en eso, en recibir al otro que huye del peligro para su vida. Reconocerle como igual a nosotros en cuanto ser humano. Y que ese es también el sentido más noble del Derecho en su origen: otorgar una protección básica frente al daño que supone la condición de vulnerabilidad, de ausencia de recursos para protegerse contra las formas del mal: la miseria, la persecución, el aniquilamiento.

Charles Péguy, el filósofo francés, recordaba que ese ideal moral mínimo, el de una ciudad sin exilio, es una obligación moral que nos corresponde a todos. Construir una sociedad en que nadie deba vivir privado del reconocimiento de la condición de sujeto de derecho, que es la del ser político, el que, como ciudadano, goza de la protección del derecho que dispensan los Estados. Los refugiados son personas radicalmente vulnerables porque se  trata de seres humanos sin más atributos, privados del rasgo político, la condición de pertenencia, el título de ciudadanos de un Estado, sin el cual esos derechos humanos proclamados como universales en 1789 son papel mojado. Porque los derechos del hombre no son nada si no se es ciudadano. O en todo caso son muy poco si no se es titular del pasaporte de un Estado que cuenta.

No somos, ni seremos una sociedad decente mientras no seamos conscientes de que esa condición es incompatible con nuestra indiferencia ante la realidad que afecta los refugiados, el desamparo radical que es consecuencia  de la omisión (o, peor del rechazo)  del deber de los poderes públicos, de las instituciones de nuestros Estados que deberían garantizar el asilo, se lo niegan activamente o lo omiten. La obligación nos vincula a todos nosotros, a la sociedad civil, a todos y cada uno de los ciudadanos. También nuestra obligación de exigir a los poderes públicos que asuman esa responsabilidad de proteger. Y, por eso, tenemos que ser coherentes y no otorgar nuestro voto a ningún partido político que no contemple en sus programas de forma clara y concreta ese deber de proteger suficientemente a los refugiados, lo que exige poner a su alcance, hacerle accesible el derecho de asilo.

Las amenazas que ponen en peligro el derecho de asilo son reales y de gran importancia. Pero afortunadamente, en esto como en tantas otras cosas, buena parte de la sociedad civil española va en la buena dirección. La ciudadanía española, lo creo firmemente, en su gran mayoría, es capaz de comprometerse con algo más que nuestro propio ombligo. Es capaz de intentar una respuesta que dé remedio a la denuncia de Benedetti, que tantas veces he utilizado para explicar la tragedia de los refugiados: porque  el mundo, para ellos más que para ningún otro, es lo que escribe el gran poeta uruguayo: ”El mundo es esto / en su mejor momento, una nostalgia / en su peor, un desamparo“. Todos nosotros tenemos el deber de combatir ese desamparo, para evitar que para millones de seres humanos su vida sea un simulacro de vida, una nostalgia permanente de lo que es, para nosotros, afortunados, la vida.

 

DESAFIOS DE LA UNIVERSALIDAD DE LOS DERECHOS, HOY. CONVERSATORIO EN EL INDH CHILE, 25 11 2014

La propuesta que me hace el INDH de Chile para reflexionar sobre los desafíos que ha de adoptar hoy una política de derechos humanos que no se limite a reiterar los tópicos al uso constituye un reto difícil.

Mi intervención se basará en dos tesis centrales para la teoría de los derechos humanos, que atraviesan lo que, a mi juicio, es la mejor tradición de la teoría y filosofía del  Derecho y aun de la filosofía política que se inspira en ella.  Aunque quizá se podría resumir en la actualidad del lema de Horacio, utilizado por Marx en el prólogo a la primera edición del primer volumen de El Capital (1867): De te fabula narratur. Más aún en un día como este, dedicado por Naciones Unidas a la lucha contra la violencia de género.

La primera de ellas,  arrancaría en su sentido más amplio de un conocido fragmento de  Heráclito (“Un pueblo debe luchar por sus leyes como por sus muros”) y, tras pasar por la Ilustración francesa (Condorcet), por algunos de los padres fundadores de la revolución americana (como Payne y Madison), es recogida por Jhering y  magistralmente formulada por Arendt: el Derecho es lucha por los derechos, por el derecho a tener derechos. En otras palabras, el sentido más noble de esa creación cultural que llamamos Derecho (porque el Derecho puede ser instrumento de emancipación, de libertad e igualdad, pero también y en no menor medida, herramienta de dominación y discriminación) no está en las mentes de los sabios juristas, sino en los procesos sociales que las más de las veces son luchas de los individuos –por sí y en grupo- por alcanzar el reconocimiento y la garantía de sus necesidades básicas.

La segunda, se encuentra implícita en el genio jurídico romano que resumía en tres los principios del Derecho: neminem laedere, honeste vivere y suum cuique tribuere, pero no será hasta la revolución francesa cuando alcance su mejor expresión en un principio que es el leit-motiv de los derechos, la igualdad o, si se prefiere, la igualdad en los derechos, la igual libertad. Pero habrá que esperar a 1948 para que esa igualdad se proclame en términos de universalidad y aun hoy sigue siendo una aspiración, un ideal regulativo, irrenunciable, pero todavía no una realidad. Basta mirar alrededor: desigualdad o discriminación de género; desigualdad de clase, por razones etnoculturales o por la opción sexual, por trabajo y o por lugar de nacimiento, como expresa la situación de inmigrantes y refugiados, étc.

 

He aquí reunidos los elementos a los que apunta mi contribución: la igualdad es el requisito de la universalidad de derechos y sólo a través de ella, de la lucha por la igualdad, se pueden alcanzar los derechos. Es en ese sentido en el que la noción de derechos es incompatible con la de fronteras. Fronteras geográficas que imponen la desigualdad en el reconocimiento y/o la garantía de los derechos en función de un título de nacionalidad, de la condición de ciudadanía. Fronteras interiores, las que discriminan entre seres humanos o, para decirlo más claramente, las que niegan la condición de seres humanos, en términos de igualdad, a los otros, a cualquier tipo de otros. Por eso, el título en el que pensé inicialmente para esta conferencia era “No hay más tierra prometida que la lucha por la igualdad”. Demasiado largo, sí, pero convendrán conmigo en que era bonito…

Ahora bien, del mismo modo que la formulación latina e intuitiva del principio de igualdad puede ser objeto de un uso perverso (es la misma divisa que se encontraba en los campos de exterminio del III Reich alemán, jedem das seine, junto a otra no menos cruelmente irónica, Arbeit macht frei), lo cierto es que hoy, en un mundo en el que crecen las reivindicaciones de la diferencia (muchas veces acreditando el fundamento de la denuncia de Freud cuando avisó del riesgo del “narcisismo de las pequeñas diferencias”), en un mundo en el que no cesa de crecer la desigualdad, tal y como por ejemplo la mide el índice Gini o el PNUDH (no digamos en el caso español), resulta complicado seguir hablando sin más de igualdad.

¿Es posible y deseable seguir reivindicando la igualdad de derechos o hay que dar paso a modelos de elección a la carta que, en el fondo, so pretexto de la diferencia, reabren la discriminación auqnue esta vez, justificada? ¿Acaso no hemos aprendido la lección del protagonista de ese extraordinario libro de filosofía política que es Animal Farm, de G Orwell?  ¿Hemos olvidado que el cerdo Napoleón, que dirige la rebelión de los animales, modifica el lema revolucionario clásico en el que peligrosamente quieren insistir la mayoría de los rebelados, esto es, “todos los animales son iguales” (ante el peligro que supone para el sistema revolucionario que los guías de la revoución, los cerdos, tratan de instaurar), para dejarlo en “todos los animales son iguales pero algunos son más iguales que otros”?

Igualdad, universalidad, diferencia y desigualdad son, pues, elementos que debemos precisar a la hora de establecer el rumbo de la lucha por los derechos que nos permitirá conseguirlos para todos. Con la ayuda de Shakespeare (Otello, El mercader de Venecia), de  Swift (Viajes de Gulliver) o Ph. K Dick (sueñan los androides con ovejas electricas?), pero también de J. Ford (The Searchers, Black Sergeant), R Scott  (Blade Runner, la saga de Alien), trataré de explicar mi posición.

 

 

 

 

II. La  tesis de la universalidad de los derechos es casi una empresa desesperada. La realidad y la extensión de la pobreza, la privación del reconocimiento y de la garantía efectiva de derechos que sufren buena parte de los seres humanos por las circunstancias concretas en que han nacido, en primer lugar la del género, pero también la mera pertenencia a colectivos vulnerables (poblaciones indigenas, inmigración, minorías culturales, etc) en todo el mundo, obligan a reconocer que sólo un ingenuo o un  cínico puede sostener hoy que los derechos humanos son universales. Mientras el hambre afecte a una buena parte de la humanidad, mientras se vea privada del acceso al agua, a las mínimas condiciones se salud, de educación, de vivienda y de trabajo digno, no podemos hablar  en serio de universalidad.

Pero quizá sean necesarias algunas precisiones. La primera, es obvio, nos recuerda que en todo caso la universalidad de los derechos humanos es una exigencia normativa y que el hecho de que no se haya conseguido no desmiente su pertinencia. Dicho de otra manera, como noble desideratum, como justa aspiración, resulta obvia su pertinencia. Incluso deberíamos decir que el concepto mismo de derechos humanos no puede entenderse sin  la nota de universalidad, porque si no son universales, si no son derechos de todos los seres humanos, no son derechos humanos. Claro que entonces no faltaría quien dijera que la conclusión evidente es que no existen los derechos humanos, que son un bonito sueño o peor, como apostillara Bentham un disparate con zancos.

Parece claro que debemos concretar. Si universalidad significa algo es igualdad en el reconocimiento. Pero lejos del complejo de Procusto, de pretensiones de homogeneidad propias del monismo ontológico y deontológico que cultivan el mito de Babel como patología y amenaza,  esa igualdad no puede tener como condición la desaparición de la diversidad, de la pluralidad, de las diferencias de identidad. Mientras aquellos que son visiblemente diferentes (por sexo, edad, posición social, lengua, religión, nacionalidad o cultura) sigan siendo construidos como desiguales, mientras se utilice esas diferencias como justificación del regateo en el reconocimiento y garantía efectiva de los derechos, la universalidad será una más de esas bellas ideas que no se toman en serio, una promesa incumplida cuando no una herramienta más para adormecer las conciencias.  Basta leer esa lección magnífica de ironía política que son los Viajes de Gulliver, de Jonathan Swift, o la no menos crítica Animal Farm, de Georges Orwell, con el principio contrarrevolucionario instaurado por el cerdo Napoleón: “todos los animales son iguales, pero algunos más iguales que otros”.

Ahora bien, ese contraste abismal entre la aspiración de universalidad, que figura en todos los textos de proclamación de estos derechos, y la cruda realidad, que desmiente que existan derechos de todos los seres humanos, nos obliga a reflexionar. No basta con argucias del tipo de la que ya examinara Kant en su panfleto sobre el dicho: esto es verdad en teoría pero no en la práctica. Porque si en la experiencia de la vida de tantos seres humanos esos derechos no existen no tiene sentido que sigamos proclamándolos como universales.

Podemos y debemos tratar de entender esta contradicción. Por ejemplo, podemos sostener que es un problema de falta de medios, de falta de voluntad política, pero que eso puede cambiar con el tiempo, y sobre todo, como resultado de las luchas sociales. Podemos decir, entonces, que la historia de los derechos humanos es la de su progresiva extensión, la de su continua ampliación hacia la meta de la universalidad. Como una piedra en el agua, que va creando círculos concéntricos cada vez más amplios, la propuesta de derechos para todos los seres humanos ha ido realizándose, ampliando el ámbito de sujetos a los que se aplica y ampliando y diversificando también el número de derechos. Ha ido convirtiéndose en más universal, más inclusiva, en la medida en la que la lucha por los derechos arrancaba su reconocimiento para otros seres humanos distintos de sus primeros titulares, nada universales, porque tenían sexo (sólo los varones) edad (sólo los adultos) clase (sólo los ricos), etnia o raza (sólo los blancos), incluso opción sexual (sólo los heterosexuales). Progresivamente se han roto las barreras que hacían impensable que las mujeres, los trabajadores, los niños, los negros, los homosexuales, todos los otros diferentes, fueran reconocidos como titulares de los derechos humanos. Esas barreras no han desaparecido totalmente y todavía quedan algunas. La condición de extranjero, simbolizada hoy en la de inmigrante, la pertenencia a minorías nacionales, la opción sexual, siguen siendo hoy un impedimento en muchos casos para que se reconozca la condición de sujeto de los derechos humanos. Estamos lejos de hacer efectiva la universalidad.

No es ese el único argumento que pone en tela de juicio o, al menos, nos obliga a pensar de otro modo la característica de universalidad. El ascenso de la visibilidad global, el conocimiento de las importantes diferencias culturales, de la condición creciente de multiculturalidad, y la constatación de las diferencias en el reconocimiento y garantía de los derechos según el contexto social o geográfico, o el momento histórico en el que nos movamos, ha llevado al avance de cierta crítica relativista que sostiene que cada cultura tiene sus derechos y por tanto no hay derechos universales. Que lo que es derecho a este lado del océano, resulta delito al otro y viceversa. Y de nuevo es preciso distinguir.

Me parece evidente que los derechos humanos no son una realidad “natural”, un dato esencial, metafísico, sino un producto, mejor, una conquista histórica. Que tienen por tanto orígenes y desarrollo en lugares y culturas muy concretos y que no todos se han positivizado (se han formulado en textos de Derecho positivo, nacionales o internacionales) en todos los países, o aún no se dan en algunos. Que no siempre hemos hablado de los derechos humanos (no en la antigüedad clásica, ni en el medievo), ni siempre de los mismos derechos. Y también sabemos que cuando la evolución de un modelo industrial, tecnológico o económico pone en peligro algunos bienes es el momento histórico en el que aparece la necesidad de articular derechos para protegerlos (el medio ambiente es quizá el mejor ejemplo). Que se puede ampliar, por tanto, el número de derechos. Baste pensar en el derecho a la intimidad, en el derecho a la protección de datos personales, étc. Y sabemos que tiene sentido hablar de algunos derechos humanos que, además de su condición individual,  tienen una dimensión colectiva, como el derecho al medio ambiente, a la lengua o a la cultura, al desarrollo, a la libre determinación de los pueblos.

Todo ello no significa que los derechos humanos sean creados por los Estados, o por determinados poderes. Con una afortunada expresión de un filósofo del Derecho norteamericano, decimos que los derechos humanos son triunfos frente a los intereses u opiniones de los demás, sean estos demás la mayoría de la población, de los poderosos, de las autoridades: de cualquier otro.

Es que los derechos humanos hoy, deben afrontar además una etapa de profundización en el las exigencias del pluralismo, para fortalecer su pretensión de universalidad: la prueba o el test de universalidad es hoy sobre todo su transcultularidad, y eso exige escuchar, dar voz a las pretensiones y visiones del mundo de otras tradiciones culturales, pero no para admitirlas sin más, sino para examinar si hay algo que debemos cambiar o añadir. El diálogo intercultural a propósito de los derechos humanos, desde luego, no significa aceptar posiciones absolutamente relativistas, si se permite la expresión. Dicho en plata: no basta alegar la existencia de una tradición, de una pretensión o una demanda apoyada por un grupo de individuos para que tengamos que aceptar que se trata de un derecho humano: no es así, por ejemplo, en las tradiciones o prácticas que suponen violación de derechos individuales, como la violencia doméstica, la discriminación sexual, la esclavitud, las mutilaciones impuestas contra la voluntad y libre decisión de un individuo, étc. El criterio de la satisfacción de necesidades básicas de todos los seres humanos y de prohibición de daño a esas necesidades es un buen rasero para medir qué cambios deben producirse como consecuencia de este diálogo.

La necesidad de luchar por los derechos (que es la razón misma de ser del Derecho, como lo entendiera el gran Ihering), significa luchar por la igualdad de los más vulnerables: las mujeres, los pueblos indígenas, los niños, los inmigrantes, las minorías marginadas por su dependencia, por la edad, por la condición sexual… La violencia de género, la desigualdad estructural que aún padecen las mujeres, el déficit en el reconocimiento de las necesidades de los pueblos indígenas son algunos ejemplos. Y al mismo tiempo, , son síntomas de un grave riesgo, el de la fragmentación del vínculo social, de la cohesión social, del proyecto común.

De ahí la necesidad del reconocimiento de la igualdad compleja, la igualdad que entiende las diferencias. Porque ese reconocimiento, como ha explicado Axel Honneth, es la clave de la justicia. Y por eso también, como lo hace el filósofo alemán,  hay que poner el acento en los derechos sociales como test de la lucha por la igualdad. La desigualdad tiene siempre ese coste, más pronto que tarde. Es así como aparece el mal que se extiende en nuestra civilización, el incremento de lo que Honneth ha denominado la “sociedad del menosprecio”. Una sociedad en la que el grupo hegemónico excluye, domina, desprecia a los otros, construyéndolos como esclavos, la utopía negativa de Brave New World o de Blade Runner que nuestras políticas de inmigración, en Euopa, han hecho tristemente reales. Muchos europeos, muchos españoles, estamos redescubriendo esa evidencia. Y añoramos el compromiso de los poderes públicos, el modelo de un Estado que asuma esa tarea de la lucha contra la desigualdad, contra el menosprecio, como prioridad.

CARMINA VIRGILI, IN MEMORIAM

El pasado viernes 21 de noviembre falleció en Barcelona Carmina Virgili. Se han publicado algunas necrológicas entre las que me parece destacable la ecrita por Alfredo Pérez Rubalcaba, que fue precisamente su Jefe de gabinete cuando carmina desempeñó el cargo de Secretaria de estado de Universidades, con el Ministro Jose Maria Maravall al frente de educación. Catedrática de Geología y Decana de esa facultad, fue en todos esos cargos la primera mujer en España. Pero, en mi opinión, su semblaanza no es completa sin la referencia a lo que fue la tarea que Carmina posiblemente considero más suya, aunque a todas dedico su inteligencia y capacidad de trabajo. Me refiero al Colegio de España en París, cuya reapertura le encomendó el mismo ministro de Educación José María Maravall y que puso en marcha y dirigió desde 1987 a 1996. Todos los que hemos pasado por esa institución sabemos de la huella imborrable de Carmina, que consiguió el máximo prestigio para el Colegio y recibió por ello todo el reconocimiento  y admiración por parte de las autoridades académicas francesas. Javier de Lucas. Ex-Director del Colegio de España (2005-2012).  

SOBRE SOLIDARIDAD, INMIGRACION Y ASILO

SOBRE SOLIDARIDAD, INMIGRACIÓN Y DERECHO

ALGUNOS EQUIVOCOS, ERRORES Y PROPUESTAS

Javier de Lucas

 

 

Las apelaciones a la solidaridad, a propósito de la situación que viven inmigrantes y refugiados en la UE en estos años de crisis, son comúnmente alabadas y contrapuestas al lema de “sálvese quien pueda”, que pareciera presidir la gestión de la misma en clave de pánico ante el incremento y extensión de los afectados por las condiciones de vulnerabilidad y  precariedad. Sin embargo, creo que no siempre se trata de propuestas acertadas. En lo que sigue, pretendo presentar tres ideas sencillas –casi evidentes- que considero condiciones inexcusables para poder hablar de solidaridad en el ámbito de las políticas de inmigración y del asilo. Luego sí formularé algunas propuestas más concretas a modo de test de coherencia.

De esas tres ideas, las dos primeras se refieren a dos principios de clarificación conceptual, que considero previos a cualquier proyecto de solidaridad vinculado a las políticas de gestión de la inmigración  (y añadiré, del asilo, donde la cooperación es particularmente necesaria, en este caso, entre las sociedades y los Estados de la UE). La tercera es una característica sine qua, non, es decir, que sin esa prioridad, ninguna iniciativa de política de cooperación /solidaridad, en el ámbito de inmigración y asilo, me parece legítima y añadiré que tampoco creo que sea eficaz. Vayamos por orden:

 

(1). La primera, es la necesidad de precisar la noción misma de solidaridad, para distinguirla de la igualdad (la fraternidad es obviamente algo diferente), pero también para tomarla en serio y no banalizarla como sinónimo de la benevolencia, del altruismo en sentido vago.  Además, la necesidad de formularla en el contexto en el que vivimos, que es tanto el de globalización, de interdependencia, como el de crisis.

Como ya he propuesto en otras ocasiones, arranco de una tradición que se remonta a la tardición jurídica romana (obligationes in solidum) y con mayor precisión, a la noción de assabiyah propuesta por el gran Ibn Khaldoun, para llegar a la tesis de Durkheim que ve en ella el cemento social. Desde esas bases, entiendo la solidaridad como <conciencia conjunta de derechos y deberes>,  que se muestra particularmente en momentos de riesgo o amenaza, cuyo carácter común resulta evidente. Sin embargo, ante la dualidad que encierra el concepto, pues, como advierte entre otros Rorty, la fuerza de los vínculos de solidaridad son inversamente fuertes en relación con la proximidad de los nuestros que delimitan los sucesivos círculos: los de la familia, la vecindad, la clase, los marcadores primarios, hasta la humanidad. Hoy, en el mencionado contexto de globalización, el sentido de la solidaridad no puede no tener una formulación tendencialmente universal, abierta. Y el debate sobre gestión de migración y asilo es un buen test para conforntar esa tesis.

Lo explicó muy bien Marx, apoderándose de un dictum que se encuentra en la primera de las sátiras de Horacio y que probablemente recordarán: De te fabula narratur. En efecto, hay que aprender esa lección que Marx ofrece a los alemanes en el prólogo al primer volumen de El Capital (1ª edición, 1867)…esta historia, la de la inmigración, la del asilo, no va de ellos. Es nuestra.

Por eso me parece un acierto la campaña que ha lanzado ACNUR España: el asilo es de todos. Y, del mismo modo, hay que decir alto y claro que las políticas de inmigración no son asuntos sectoriales, que afectan a otros que nos son ajenos, extraños. No: la inmigración en sí es un hecho social global, con una dimensión que interpela los fundamentos del vínculo social y político: nos interpela a nosotros. Las respuestas que damos a los desafíos del fenómeno migratorio nos afectan a nosotros mismos.

Lo que quiero decir es que la solidaridad contextualizada a nuestra época, la solidaridad de la que debemos hablar hoy, no puede no aparecer sino en su formulación como solidaridad abierta, inclusiva, que no se cierra en el ámbito del nosotros y, sobre todo, lo que sería peor, que no utiliza la referencia excluyente a los otros desde la exacerbación de la diferencia. Una apertura que es el legado de lo mejor que Europa ha sabido ofrecer al mundo, aunque Europa también haya ofrecido lo peor.

Me refiero al hecho de que Europa supo ver la necesidad de una solidaridad que descarta y supera el argumento más burdo, la lógica política centrípeta propia del discurso del miedo y del interés, del beneficio, como claves de respuesta ante lo que por ser desconocido es entendido como un riesgo y por eso se cierra en sí misma y sólo concibe el mundo en los términos schmittianos del par amigo/enemigo. La lógica que excluye al otro de nuestro círculo de solidaridad por no ser <de los nuestros>. En el mejor de los casos porque no es ajeno. En el peor, porque resulta una amenaza a lo nuestro, una competencia, un peligro.  Europa lo superó como lo muestra la noción de Derecho internacional entendida como ius humanitatis, al modo en que lo proponen en el XVI nuestros Vitoria y Suárez frente a Grotius.

Esta otra noción de solidaridad, a mi juicio, debe descartar y superar también el argumento cínico (que es muy útil desde el punto de vista retórico) que consiste en alegar que no podemos cargar con toda la miseria del mundo, que nuestra solidaridad sólo puede y debe llegar a los de aquí, a los nuestros inmediatos, porque hay que ordenarla en función de los medios disponibles. Yo creo que hoy no está claro que no puede ser así, porque si la solidaridad no se abre, acaba siendo un vínculo del tipo de lo que expresa muy bien el título de la película de Scorsese Goodfellas,  <uno de los nuestros>, en el sentido mafioso del término, un vínculo que excluye a los otros y sólo los entiende como esclavos o como enemigos. Si el vínculo de solidaridad se reduce y se cierra, las organizaciones sociales en los que se concreta  (sindicatos, partidos, asociaciones) pierden su razón de ser y se convierten en mecanismos de ayuda mutua, right or wrong, porque es uno de los nuestros, no porque lo exija el reconocimiento de la apertura al otro.

Creo que las claves de construcción de esa solidaridad abierta, que no dudo en calificar como muy difícil, muy compleja (sobre todo si no se reduce a la limosna del domund o a su sucedáneo de los telemaratones), radican en la coherencia con tres principios, los de dignitas,  humanitas y pietas que, de nuevo, son una suerte de herencia genética que los europeos hemos ofrecido al mundo, un hilo rojo de lo mejor que Europa ha concebido, pactado, institucionalizado, también a través de la historia de lucha de movimientos sociales, desde los que agrupan a los trabajadores a los que están detrás de la última gran revolución del siglo XX, el feminismo.

Sí, hablo de principios que dan sentido y exigen una actuación solidaria y de cooperación, tal como nos lo propone esa línea intelectual que comienza en el estoicismo y se expresa en la fórmula de Séneca, homo homini sacra res, o en la menos sofisticada  de Terencio cuando en el 167 AC escribe en su comedia Heautontimoroumenos : Homo sum, humani nihil a me alienum puto. Aunque nuestro español D. Miguel de Unamuno supo reformularla y concretarla cuando en el comienzo de su ensayo Del sentimiento trágico de la vida  escribió: “Homo sum; nihil humani a me alienum puto dijo el cómico latino. Y yo diría más bien, nullum hominem a me alienum puto; soy hombre, a ningún otro hombre estimo extraño. Porque el adjetivo humanus  me es tan sospechoso como su sustantivo abstracto humanitas, la humanidad. Ni lo humano ni la humanidad, ni el adjetivo simple ni el sustantivado, sino el sustantivo concreto: el hombre, el otro, los otros seres humanos.” Hablo de la tradición del humanismo que representan Pico della Mirandola, Montaigne y John Donne, de la Ilustración (de Ferguson y Swift a Kant y Marx, sí, Marx), del mejor liberalismo (el de J.SMill y Tocqueville) del feminismo de Olympie de Gouges y Mary Wollstoncraft, de la tradición de rebeldía de Kafka, Camus y Orwell… ¿qué nos dirían ellos sobre nuestra conformidad, nuestra pasividad, nuestro miedo al  otro convertido en el passe-partout político en esta caduca Europa? ¿de nuestra pasividad e indiferencia ante la suerte que corren decenas de miles de inmigrantes y refugiados, ante nuestros ojos que ven sin mirar?

 

 

 

 

(2) La segunda, se refiere al papel de dos instrumentos en los que no solemos pensar, porque los damos por obvios, cuando hablamos de cooperación y solidaridad. Son, por cierto, dos viejas herramientas que vieron la luz en Europa y forman parte de esos universales que Europa supo brindar al mundo. Por ello formarían a su vez parte de la identidad europea desde el punto de vista genético, aunque al convertirse en elementos de toda sociedad decente, de toda civilización, han pasado al ADN universal, a la noción de humanidad. Me refiero a las ideas de Democracia y Derecho y con ello, al Estado de Derecho y a los derechos humanos.

Sí, cuando tratamos de institucionalizar la solidaridad y la cooperación, cundo tratamos de contraponer el instinto de competencia y dominio, de codicia y violencia hacia los otros, la Democracia y Derecho son dos herramientas, a la par que dos condiciones de garantía que evitan que una y otra, solidaridad y cooperación, se queden en ideales abstractos o preceptos morales sin fuerza de obligar. Para decirlo corto y claro, que evitan que sean solo un alivio del buenismo, de la buena conciencia, meras expresiones de altruismo que dependen de nuestra benevolencia y no se pueden exigir, no se pueden trasladar a deberes positivos, garantizables mediante coacción.

Es cierto que el problema es que, en un mundo como el nuestro, globalizado, interdependiente, una y otra han de dar un paso más, han de romper el círculo de inmediatez del que ya hablase Ibn Kaldhoun y que ha recuperado Rorty, pasar de la solidaridad con los nuestros a la solidaridad con los otros, es decir, dar el salto de la universalidad.

Y en ese salto, la clave, a mi juicio, es el Derecho. Una poderosa creación cultural, un instrumento de civilización que nos permite vencer la desconfianza mutua, no porque nos sumergimos en una buena fe ingenua, sino porque el Derecho es el garante de esa confianza. El instrumento que me permite abrirme al otro y que el otro confíe en que va a ser tratado, acogido con la regla elemental de la equiparación, por encima de las barreras de la solidaridad cerrada. Y el asilo, por cierto, es la primera manifestación de esa garantía de apertura, el Urrecht, la condición que permite que el otro desamparado tenga el derecho a ser considerado sujeto, a tener derechos.

Y si lo pensamos bien, ese salto del que hablo, hacia la solidaridad abierta, es posible sobre todo gracias a la universalización del derecho, de los derechos, que suponen la declaración universal de derechos y el sistema de derechos humanos que cristaliza en el derecho internacional de derechos humanos, con instrumentos jurídicos universales, de ámbito general, regional y estatal.

Ahora bien, para dar ese salto necesitamos quizá recorrer el mismo camino que hizo posible la garantía de la democracia a través del Derecho, esto es, el Estado de Derecho, y construir las piezas de un Estado de Derecho global, universal, como el que quizá entreviera Kant al dibujar la idea de un Derecho cosmopolita garantizado a través de una Federación de Estados, aunque sin darle ese nombre ni esa concreción.

Estamos lejos de ese Derecho cosmopolita, de ese Estado de Derecho transnacional, de esa democracia global

Y mientras tanto, qué debemos hacer?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Aquí es cuando les propongo sacar las consecuencias de una tercera idea. Sí, la solidaridad y la cooperación encuentran en la democracia y en el imperio del Derecho, a través del Estado de Derecho, su garantía. Por tanto, si queremos hablar de solidaridad y cooperación, por ejemplo a través de las políticas migratorias y de asilo, debemos intentar comenzar por una y otro.

La tercera idea es muy sencilla, pues: no puede haber políticas migratorias y  de asilo que garanticen eficaz y establemente la solidaridad y la cooperación si no están guiadas por las dos condiciones previas  las que me he referido, lo que exige -antes de diseñar instrumentos de cooperación y solidaridad, planes Africa o lo que Vds quieran- trabajar por el reconocimiento y garantía de los derechos de los inmigrantes y asilados

Y aquí, señores míos, es donde pinchamos en hueso. Porque nuestras políticas migratorias y de asilo, las de la UE y las de España, no se guían coherentemente por esa exigencia.

No les enunciaré todos y cada uno de los argumentos que demuestran contundentemente esta tesis, por lo que se  refiere al Gobierno que padecemos en España, pero también en cuanto a los anteriores. Diría que a cualquier Gobierno, aunque haya que matizar y señalar grados, porque hay que reconocer que algunos de esos Gobiernos regionales y municipales se han esforzado por esa coherencia en lo que se refiere a las políticas migratorias (en las de asilo apenas tienen competencia).

Pero no podemos dejar pasar los argumentos de crítica. Y el más urgente, corregir el efecto más  pernicioso de estas políticas de asilo e inmigración. Se trata de  la herida que causan en el núcleo de las verdaderas señas de identidad por las que deberían velar la UE y sus Estados miembros, para preservarlas y desarrollarlas. Porque estas políticas hieren de muerte al Estado de Derecho, el proyecto de orden jurídico y político cuya legitimidad radica en la sumisión del poder al Derecho (no sólo a la ley) y en el control del poder por los tribunales de justicia. Uno y otro imperativo alcanzan pleno sentido a su vez en el Estado Constitucional de Derecho, gracias a la incorporación de la prioridad del reconocimiento y garantía efectiva de los derechos humanos al núcleo de la legalidad y legitimidad  que es la Constitución. La pregunta es ¿quieren tomar en serio esas exigencias la UE, sus Estados miembros, sus actores políticos y sociales, en definitiva, sus ciudadanos?

A la luz de estas políticas migratorias y de asilo, a la luz de medidas de las que pondremos algunos ejemplos, habría que responder que no. Lamentablemente, parece que tengan razón quienes sostienen, como la jurista francesa Danièle Lochak, que en lo que se refiere a nuestra respuesta a los inmigrantes y refugiados que vienen a Europa pensando en un lugar de seguridad y libertad, nuestros Gobiernos se mueven en la disyuntiva entre el respeto por el Estado de Derecho o la opción por un estado de excepción permanente. Y pareciera que han optado por el segundo término. Han decidido construir no ya limbos, sino un auténtico infierno jurídico; no sólo terrenos de no-Derecho, sino ámbitos en los que rige un orden jurídico propio del antiguo régimen, un infra-Derecho.

Conste que no hablamos de prácticas detestables, de conductas aisladas que deben ser localizadas y castigadas. Eso debería darse por descontado. Tampoco hablamos, con ser grave, de que se hayan multiplicado ese tipo de comportamientos ilícitos. No. Se trata de considerar a los inmigrantes y refugiados como infrasujetos. Digámoslo claro, súbditos, si no esclavos. En todo caso, seres prescindibles, sustituibles, de acurdo con la ideología fundamentalista de mercado, de capitalismo de casino, en la que  parecen creer dogmáticamente quienes guían nuestros destinos. Nada nuevo: se encuentra en el Ensayo sobre la sociedad civil de Ferguson (1767), en las páginas de Dickens, en las de Marx y Engels, en el poema de Eugene Pottier -el autor de la letra de la Internacional– en el que éste describe y avisa, avant la lettre, sobre la globalización económica.

Esa lógica de desregulación y degradación de los derechos cuyo reconocimiento había costado siglos de luchas sociales y millares de vidas,  está vaciando de contenido principios jurídicos sin los que no puede haber cultura ni sociedad decentes. Hablamos del derecho a la unidad familiar, del derecho a la asistencia sanitaria más elemental, del derecho a la educación, del derecho a la tutela judicial efectiva, del la obligación de socorro ante peligro de muerte, del derecho elemental a acoger al otro que huye del peligro…No son abstracciones. Son leyes, decretos, directivas, planes de acción que la UE y sus Estados miembros ponen en marcha: directivas como la de retorno, de julio de 2008; iniciativas como las de externalización de la policía de fronteras, en países que no ofrecen garantía mínimas de derechos humanos. Violaciones groseras del derecho de asilo por omisión de las obligaciones jurídicas elementales propias del Convenio de Ginebra de 1951 y del Protocolo de N York de 1966 (ratificados por todos los Estados de la UE) sobre la obligación de asistencia a quien demanda asilo, comenzando por la obligación de non refoulement. Decretos como el RD 16/2012 aprobado por el Gobierno Rajoy, que priva de asistencia sanitaria a esos desechables que son los inmigrantes irregulares. Proyectos de ley y reglamentos como- también en España- el Reglamento del PP sobre ese tipo de instituciones que son ejemplo de limbos jurídicos, los CIE y cuya abolición es la primera exigencia de coherencia si se quiere hablar de políticas de cooperación y solidaridad con inmigrantes. Medidas jurídicas que muchas veces se pretenden realizar desde la clandestinidad, como en el caso de la enmienda que el mismo Gobierno Rajoy pretende introducir en el proyecto de Ley de Seguridad ciudadana para modificar la ley de extranjería y legalizar las inaceptables devoluciones en caliente  que parlamentarios de diferentes grupos (notablemente Amaiur), jueces, abogados y profesores  de Derecho han denunciado hasta la saciedad. O como la reciente operación policial europea Mos Maiorum, que habría pasado desapercibida de no ser por el esfuerzo militante de ONGs como StateWatch y del coraje de algunos profesionales de los medios de comunicación que sobreviven en medio de las dificultades que causa molestar al poder político y económico que no admite la pluralidad ni la crítica.

A veces el ataque se torna tan burdo y despiadado que algunas instancias europeas reaccionan. Ha sido el caso tras la tragedia de 15 muertos –homicidios jurídicamente hablando más que probablemente- en la playa del Tarajal. Es el caso de las críticas que ha dirigido por escrito la antigua comisaria de Interior, la señora Malmström, al ministro de Interior español, Sr Fernández, ante los videos de la ONG PRODEIN en los que se constatan palizas y malos tratos a inmigrantes en la valla de Melilla (en realidad, en territorio español). Nada menos que la Comisión, se ve obligada a reprender al Gobierno español porque no cumple con las exigencias de su propia Ley de extranjería sobre procedimientos individualizados de expulsión de irregulares, ni con su deber elemental de preguntar a quienes llegan a nuestras fronteras (desde Mali, por ejemplo) para saber si son refugiados, lo que ha valido también la denuncia del Comisario de derechos humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks.

No. (1) Frente a esas políticas de acuerdos bilaterales que supeditan la cooperación en materia de inmigración al mantenimiento de cuotas de policía para no dejar pasar o para admitir expulsiones, hay que insistir en convenios que se basen en el avance en índices de DH, de democracia y derechos. (2) Frente a la política defensiva que trata de blindar nuestros mares y realiza operaciones masivas de detención que criminalizan a inmigrantes y refugiados, como la reciente Mos Maiorum, , hay que insistir en el cumplimiento de normas básica de derecho internacional del mar y de derecho internacional de refugiados. (3) Frente a la militarización de las fronteras que niega el asilo y defiende los campos de golf al lado de la miseria, de la desigualdad, hay que ofrecer oportunidades de asilo y de circulación libre y ordenada (no son antitéticos) de trabajadores. (4) Frente a la explotación colonial de ayudas al desarrollo supeditadas a los intereses unilaterales y sectoriales de nuestra parte, hay que asociar en el codesarrollo a las sociedades civiles, a sus agentes sociales, descentralizadamente…(5) frente a la consideración de los menas como inmigrantes, a los que, por irregulares hay que expulsar de la forma más rápida y económica posible, hay que reivindicar el interés del menor y la necesidad, la prioridad de defender sus derechos.

Se equivocan quienes piensan que ese arsenal de medidas contrarias al Estado de Derecho son inaceptables sólo porque perjudican injustificadamente a inmigrantes y refugiados. Ese desmantelamiento concienzudo del que hemos ofrecido algunas pinceladas es mucho más grave: socava la credibilidad misma de la UE ante el mundo. Y ante todos nosotros, los ciudadanos europeos, que ni podemos ni debemos callar. De te fabula narratur.

 

 

 

 

 

UNA REIVINDICACION DEL DERECHO AL SUICIDIO

El derecho a la vida significa derecho a elegir la muerte

Javier de Lucas

Derecho a la vida, derecho a la muerte

El suicidio asistido de la joven norteamericana Brittany Maynard ha vuelto a plantear, siquiera sea indirectamente, el profundo malentendido que, a juicio de muchos de nosotros, subyace frecuentemente a los argumentos de los autopresentados “defensores del derecho a la vida”. Se trata de la confusión que consiste en presentar ese derecho como un deber, porque entienden la vida como un bien indisponible, sobre el que no debemos decidir.

En otros lugares he debatido sobre la pertinencia de la despenalización de la ayuda a la eutanasia o del suicidio asistido (otras aportaciones pueden consultarse aquí y aquí). Pero mi propósito en este post es volver sobre lo que me parece el núcleo del asunto, que es la formulación correcta, completa, del derecho a la vida. Una formulación que, a mi juicio, no es coherente si no incluye expresamente el derecho a disponer de ella, es decir, el derecho al suicidio. O, dicho en los términos que sostiene, por ejemplo, el ideario de la Asociación DMD, “no se puede hablar de dignidad en la muerte –ni en la vida- si no se tiene la libertad de decidir”.

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El fondo del debate me parece que es la cuestión de la autonomía, de la libertad. Y lo es en un sentido doble: ante todo, porque ese de la autonomía (y no el abstracto y tantas veces retórico principio de “dignidad”) es el valor central que el Derecho debe tener en cuenta; máxime si hablamos de la intervención del Derecho en una sociedad pluralista. Lo que quiero decir es que la insistencia en el valor de autonomía no sólo no se opone a la dignidad (conectada a su vez con la “santidad” o carácter “sagrado” de la vida), sino que, por el contrario es la autonomía la que permite hablar de dignidad. Por eso, en segundo término, la regulación del derecho a la vida encuentra su sentido y límite en el ámbito de la capacidad de ejercicio de tal autonomía individual. Con un importante matiz. El único límite a ese contenido imprescindible del derecho a la vida que es el derecho a decidir sobre la propia muerte, viene dado por la muy conocida tesis de Mill acerca del daño. Porque es la idea de daño y muy específicamente el daño a tercero, la sola justificación aceptable de la interferencia en el ámbito de la autonomía individual, de la libertad:

“…el único fin que justifica que los seres humanos, individual o colectivamente, interfieran en 1a libertad de acción de uno cualquiera de sus semejantes, es la propia protección. El único propósito por el que puede ejercitarse con pleno derecho el poder sobre cualquier integrante de una comunidad civilizada, contra su voluntad, es para impedir que dañe a otros. Su propio bien, físico o moral, no es justificación suficiente. No hay derecho a obligarlo a hacer o no hacer algo porque ello será mejor para él, porque lo hará más feliz, porque, en opinión de los demás, es lo sensato o incluso lo justo. (…) La única parte del comportamiento de cada uno por la que es responsable ante la sociedad es la que concierne a otros. En la que le concierne meramente a él mismo, su independencia es, por derecho, absoluta. Sobre sí mismo, sobre su cuerpo y su mente, el individuo es soberano” (On Liberty; cito por la edición castellana Sobre la libertad, Madrid, Tecnos, pp. 83-84).

Lo que sostengo, pues, es que el derecho a la vida implica una libertad, uno de los status deónticos con los que se precisa la noción de derecho subjetivo y que supone la ausencia de un deber. Y la consecuencia de entender así el derecho a la vida, es que el suicidio no sería otra cosa que el ejercicio de una libertad de todo individuo, en ese sentido fuerte.

El derecho a la vida no es un derecho sagrado, ni absoluto, ni un deber.

En todo caso, para fundamentar la conclusión que acabo de proponer, hay un argumento previo que presentaré en los conocidos términos en los que lo formula Singer (“¿Está en fase terminal la ética de la santidad de la vida?”, en Una vida ética. Escritos). Me refiero a la tesis que insiste en que el derecho a la vida, ese que se asegura es el primer derecho y del que somos titulares todos los seres humanos, no es un derecho sagrado, no es un derecho absoluto y tampoco es un deber. Y ello porque, insisto, me sumo a las razones expuestas por quienes sostienen que el primer y más valioso de nuestros derechos, de los que somos titulares todos los seres humanos qua humanos, es el de autonomía, el de libertad y que ese es a su vez el verdadero fundamento de lo que, de forma más o menos retórica, denominamos dignidad.

Por lo que se refiere al derecho a la vida (que, cronológicamente, claro, es la pre-condición de todos los derechos, porque si no hay sujeto difícilmente puede haber atribución, titularidad de derechos) propongo aceptar que se trata, en efecto, de un bien del que somos titulares y, por tanto, del que podemos disponer siempre y cuando ese acto de disposición no cause daño a terceros. Por tanto, conforme al derecho de libertad o autonomía, entra en nuestra capacidad de disposición de ese derecho a la vida el decidir ponerle fin, si no causamos daño a tercero. Podemos sacrificar nuestra vida en aras de la vida de otro, o de un ideal como la libertad. Del mismo modo, podemos decidir ponerle fin, porque consideramos esa una opción preferible a seguir viviendo. Lo enunciaré así: porque tenemos derecho a la vida, tenemos un derecho al suicidio.

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Las tesis que consideran el suicidio un acto reprobable se apoyan en considerarlo una transgresión inaceptable, injustificable, de las reglas básicas de la moral (una inmoralidad, en cuanto violación de un deber moral -o religioso- de carácter primario, el de respeto a la vida), o una cobardía, que sólo es posible en estado de locura, o una irresponsabilidad respecto a los demás o a la sociedad misma. Pero es fácil criticar esos argumentos.

Ya lo hizo contundentemente, entre otros, Hume en su conocido ensayo Del suicidio, en el que aporta las razones para mostrar que el suicidio no viola ningún deber, ni contra Dios, ni contra el prójimo, ni contra nosotros mismos. También Schopenhauer, en el epígrafe 5 de su Sobre el fundamento de la moral o en las páginas que dedicó a la cuestión en Parerga et Paralipomena, donde, tras señalar que sólo se oponen al suicidio las religiones monoteístas por entender que el suicido pone en entredicho el argumento del deber de agradecimiento a un Dios que “encontró que todo estaba muy bien”, señala que, en general, “podemos encontrar que el ser humano pondrá fin a su vida en cuanto haya llegado a la conclusión de que los miedos de la vida superan a los de la muerte”. Por no hablar de las de Camus, que sostuvo que el del suicidio era el único problema serio filosóficamente hablando y al que dedicó páginas imprescindibles en Le Malentendu y en El Mito de Sísifo, para concluir que el suicidio es también el mayor acto de libertad digno de ese nombre. Creo que Javier Sádaba y Jose Luis Tasset han explicado muy bien esta cuestión desde el punto de vista de la filosofía moral.

Así entendido, me parece evidente que el derecho a la vida no puede ser entendido como un derecho sagrado en el sentido religioso-trascendente y por tanto indisponible por parte de los individuos, sino sólo quizá analógicamente, en el sentido en el que por ejemplo habla Ronald Dworkin del valor sagrado de la vida, tal y como lo explica Manuel Atienza.

Me parece claro que sólo hay dos argumentos desde los cuales sostener ese carácter indisponible. El primero y más frecuente atribuye la condición de sagrado (insisto, en el sentido religioso-trascendente) al derecho a la vida, porque arranca de la creencia en concepciones teológicas o religioso-trascendentales conforme a las cuales el derecho a la vida es un don sagrado que nos ha concedido la divinidad y, por tanto, es indisponible porque sólo Dios tiene esa titularidad, mientras que su criatura, el hombre, debe limitarse a vivirla, mientras Dios decida que siga con ese don. De ahí también que se utilice con tanta frecuencia el miedo como argumento en defensa de estos principios (recordemos al clásico, prior in orbis deos facit timor), asegurando, por ejemplo, que el reconocimiento de la eutanasia o del suicidio asistido abriría la pendiente resbaladiza que llevaría a legalizar el asesinato masivo de enfermos, ancianos y discapacitados.

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Sin embargo, como sostiene Singer, jurídica y políticamente hablando, máxime en una sociedad plural en la que coexisten muy diferentes visiones del mundo,el Derecho no puede ni debe exigir con apoyo de la coacción ninguna de esas concepciones religiosas, que serán válidas e incluso vinculantes para la comunidad de los fieles de esas tradiciones religiosas, para sus creyentes, pero que no se pueden imponer atodos los ciudadanos precisamente porque su fundamento está más allá de lo que todos podemos compartir, es decir, de lo razonable, lo que se puede argumentar racional y jurídicamente.

Insisto en recordar que quienes como Dworkin, siguen utilizando el calificativo de “sagrado” para enfatizar la relevancia del derecho a la vida lo hacen sin aceptar necesariamente el sentido religioso-trascendente. Como interpreta Atienza, para el filósofo del derecho norteamericano se trata más bien de destacar que el derecho a la vida entra en la categoría de lo “intrínsecamente valioso” y por eso sostiene que precisamente el ejercicio de la autonomía es la condición para respetar y ser coherente con la santidad de la vida. Dworkin no afirma, sin embargo, que la eutanasia sea siempre una consecuencia de ese planteamiento, luego habrá que juzgar cuándo ese acto de eutanasia (y el de suicidio asistido) lo es, en cuyo caso no hay razón para no reconocerlo como un derecho.

Hecha esa matización, añadiré que tampoco me parece razonable la segunda posibilidad, esto es, la que sostiene que el derecho a la vida es indisponible porque el individuo debe la vida a la especie, al grupo social, si se prefiere. De acuerdo con este segundo argumento, más que un derecho sagrado, nos encontraríamos ante un deber: los individuos tendrían el deber de mantener la vida, de no atentar contra ella dándose muerte a sí mismos, porque se debe ese don a los demás. Es más, se argumenta, si disponemos de él, perjudicaríamos a los demás y por tanto les causaríamos un daño, que, como ya señalamos, es la justificación para suspender o limitar un derecho.

Pero aquí nos encontramos ante un argumento que es un error frecuente en quienes hablan de derechos prescindiendo de la precisión jurídica. Ni derechos ni deberes son absolutos, sino que deben ajustarse a los límites que impone el hecho de que con-vivimos con otros sujetos y, por tanto, a los límites que derivan de la inevitabilidad de los conflictos de derechos. Es evidente que, como los demás derechos, el derecho a la vida no es absoluto y debe ser conjugado con el resto, comenzando por lo que me parece que es el derecho más valioso, el derecho a la libertad. No creo que sea ese el caso. Al contrario,  aquí es donde entra en juego lo que solemos denominar ponderación, esto es, el cálculo racional que nos permite argumentar cuál de los derechos en conflicto debe prevalecer. Eso es más fácil cuando existe una suerte de catálogo jerarquizado y positivizado de derechos. Pero, en todo caso, nuevamente se revela de gran utilidad el criterio del daño: ¿cuál es el peor de los daños, que resulta de postergar uno u otro derecho, el de la vida o el de libertad? Por eso, más allá de que podamos o no justificar racionalmente la existencia de un daño a los otros (ínsita en el hecho de disponer de nuestra propia vida), no me parece que se pueda justificar racionalmente que ese teórico daño sea mayor que el de impedir la libertad, que es el derecho más valioso. No. La libertad es el bien más valioso y por eso, a mi juicio, el derecho a la vida tampoco es un deber, una obligación. No hay una obligación de vivir, en el sentido de un deber exigible por un tercero y cuya infracción comporta sanción.

autonomía

Por todo ello me parece suficientemente justificado sostener que el derecho a la vida es un derecho y que eso comporta que la decisión libre de disponer de ese derecho forma parte del núcleo mismo del derecho a la libertad que, jerárquicamente, es el derecho más importante (la vida es condición previa y, por tanto, cronológicamente el primer derecho, pero no el más valioso). Por tanto, eso significa que el derecho a decidir poner fin a la vida, el derecho al suicido, supone, a fortiori, que existe un derecho a la asistencia al suicido. Esto es, que existe un derecho a pedir la eutanasia, que nace de la necesidad de garantizar la libertad del sujeto para decidir sobre su propia muerte, un derecho que comporta el de tener los medios para decidir y hacer posible esa elección. Más aún, se trata de un derecho a la eutanasia en sentido estricto del término, porque aparece como corolario de esa expresión de la dignidad que es la libertad, la autonomía. Si tengo dignidad es precisamente porque tengo libertad, autonomía. Es consecuente con esa dignidad el disponer de una muerte digna. Y no hay muerte más digna que aquella que es libremente elegida. Vuelvo a insistir: hablamos de un derecho que debe estar garantizado porque es un corolario del derecho a la libertad, ya que es un acto de libertad escoger el momento en que poner fin a la vida. Con las garantías necesarias, claro, para que sea un acto libre, no un engaño.

Por una nueva formulación constitucional del derecho a la vida

Coherentemente con cuanto he sostenido, me parece que la vía más adecuada para un reconocimiento jurídico de la formulación completa del derecho a la vida es la modificación de su enunciado constitucional, que comportaría, a su vez, la despenalización de las conductas de terceros que colaboran o auxilian a quienes manifiestan libre y expresamente que desean la muerte –mediante la eutanasia o el suicidio asistido-, con todas las garantías para que podamos constatar que se trata, efectivamente, de un acto libre del sujeto, que decide optar por esa muerte decente, digna, una buena muerte.

En efecto, si se acepta que no hay derecho a la vida sin derecho a elegir la propia muerte,  se impone una modificación del artículo 15 de la Constitución, a la que debiera seguir una Ley que desarrolle ese derecho en lo relativo a la eutanasia y al auxilio al suicidio, por ejemplo mediante una Ley de Cuidados y Muerte Digna, como la presentada en el 2011 por el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, ya en el último tramo de la legislatura (un gesto, más que un proyecto real, pues era evidente que no había tiempo para el iter legis). Hablo de una modificación que podría aprovecharse también para eliminar la cláusula de excepción sobre la pena de muerte, lo que exigiría una reforma reforzada, como indica el artículo 168.1 de la Constitución. Sé que es una vía compleja, pero estoy convencido de que, comoquiera que se impone por muchas otras razones una profunda reforma de la Constitución, debería aprovecharse para el objetivo más garantista, el de aprovechar expresamente semejante ocasión para establecer el reconocimiento del derecho al suicidio y el derecho a la eutanasia como un derecho constitucional, modificando en ese sentido el artículo 15.

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ENTREVISTA AL VOLTANT DEL DEBAT MONARQUIA/REPUBLICA (Saó, 30.10.2014)

0octubre2014

Entrevista a Javier de Lucas

Saó, 30 octubre 2014-10-30

http://www.saoedicions.com/entrevista-a-javier-de-lucas/

 

Vicent Boscà. Director de Saó
Teresa Ciges. Periodista

 

 

Ens rep somrient al seu despatx, una dependència repleta de llibres. Javier de Lucas, que és catedràtic de Filosofia del Dret i Filosofia Política a l’Institut de Drets Humans de la Universitat de València, ens explica el motiu que el seu despatx semble una d’eixes llibreries en les quals, després d’hores de cercar,hi trobes autèntiques relíquies, i és que s’acaba de reincorporar després d’una estada de set anys a París. No obstant això, malgrat la distància, no se li ha escapat ni un detall del que ha succeït a l’Estat en aquest temps. Atrevit i al seu torn realista, ens parla dels secrets de la monarquia i de la necessitat d’un debat seriós respecte de la forma d’Estat en una conversa fluïda i, com a mínim, interessant.

 

 

-En parlar de monarquia/república, estem davant un debat sobre democràcia?
-Bona part del debat radica ací: hi ha una discussió entorn de la revisió de les condicions de viabilitat d’un model democràtic que supere els dèficits que trobem en el funcionament del sistema actual. I no obstant això,n’hi ha qui pensa que és irrellevant. En aquest moment, el distanciament dels ciutadans cap a la política només es pot resoldre amb una revolució democràtica que incloga aquest debat.

 

 

-I per què no interessa obrir un debat seriós al voltant del tema? A qui no li interessa?
-Hi ha una resposta superficial que insisteix a dir que un debat seriós no interessa a l’establishment, els qui estan instal•lats en la comoditat del règim eixit de la Transició (grups socials, econòmics, grups de poder). Al meu entendre, no solament no interessa a l’establishment que es va instaurar en la Transició; tampoc no interessa a les estructures de partits polítics que estan esclerotitzades i que troben en el model actual una comoditat que els ha allunyat cada vegada més de les seues finalitats fundacionals.

 

 

-Si, suposadament, la monarquia té avantatges, per què no s’estén el model?
-L’argument respecte de la lògica monàrquica des del punt de vista del criteri de selecció és demolidor. La lògica monàrquica és qualsevol cosa excepte lògica, perquè el principi que la mera herència genètica justifica el dret a exercir la prefectura de l’Estat, si s’aplicara a la resta d’institucions, evidenciaria que és un disbarat. Per què no s’aplica el mateix criteri al president del Govern, al president del Constitucional…? El procediment hereditari amb l’excusa de l’estabilitat no és un bon argument.

 

 

-Té sentit tindre un rei en ple segle XXI?
-No té cap sentit acceptar una institució com la monarquia, llevat que no importe l’opció per monarquia o república, que és el gran argument dels promonàrquics. Si la tesi és que no importa, per què hem d’aguantar-la? El vertader argument és que és una institució, per definició, antidemocràtica.

 

 

-Però la monarquia està com a representant nostre o també per a fer negocis?
-No és fàcil fer-ne un judici, perquè en tenim poques dades, però l’Operació Abdicació ha sigut una estratègia redona perquè els espanyols estàvem farts del llit i de la comissió de l’anterior Borbó, que estava en un cercle d’influències en què hi havia corrupció i negocis bruts (com el tràfic d’armes o bucs contaminants). Una gran part del descrèdit de la monarquia es deu al descrèdit personal d’un rei al qual només li importava la perpetuació de la dinastia i que basava la seua legitimitat en una història falsa sobre el 23-F.

 

 

-De fet, vosté va afirmar que el problema no era Joan Carles, sinó la monarquia. Ara amb Felip i els seus aires de renovació,en pensa el mateix?
-Continue pensant el mateix, encara que reconec que estem millor en termes de dosi de corrupció i de l’obsessió d’estar en una situació d’impunitat. Que el rei estiga per damunt de la llei no succeeix en un règim republicà, on com a molt pot haver-hi el reconeixement d’un privilegi provisional mentre dura el càrrec, però una vegada s’acaba l’exercici funcionen tots els mecanismes de l’Estat de Dret. En aquest aspecte, Felip sembla conscient que encara que no pot despullar-se d’aqueix privilegi, perquè sino,no hi hauria monarquia; ha de comportar-se en termes d’una major visibilitat i rendició de comptes, però és fictici! Per això continueinsistint que el problema és la monarquia, perquè encara que l’actual rei és partidari d’una conducta d’austeritat, la monarquia no pot resistir-ho perquè no pot funcionar sense un cert halo de misteri; en el moment en què intenta incorporar-se a la vida quotidiana, queda a la llum que no té cap sentit.
La gent que ens diu que dels índexs de qualitat de democràcia ens mostren que la major part dels primers 25 països són monarquies, ens fa una fal·làcia lògica bastant fàcil de descobrir: estan ací per ser monarquies? No hi ha res que prove que els seus índexs de qualitat democràtica vinguen donats per la monarquia.

 

 

 

-Ja, però el debat monarquia/república va estar 17 dies en primera pàgina de l’opinió pública i després es va esvair…
-Eixa impressió que el debat republicà és cosa d’una minoria i d’un moment d’efervescència és falsa; si ha cedit no és perquè és una falsa prioritat. En el moment que hem deixat de tindre un pocavergonya com a Cap d’Estat que es permetia tot tipus de corrupcions, que ens deia uns discursos totalment falsos (tots som iguals davant la llei, i ell s’escapava de la llei), que tractava d’apartar el seu gendre quan el gendre l’única cosa que feia era practicar el que havia vist a la Zarzuela…, quan tot açò desapareix, és molt fàcil dir que el problema s’ha acabat perquè s’ha acabat la corrupció, però no. El que succeeix és que el moviment que abans era antimonàrquic i republicà avui es defineix per una façana que no posa l’èmfasi en la forma república/monarquia,sinóque el posa en la democràcia, dins de la qual està l’opció republicana perquè la monarquia, per definició, és antidemocràtica.

 

 

-I si demà hi haguera un referèndum, què n’eixiria?
-Jo estic d’acord amb els republicans que afirmen que guanyaria la monarquia. No estem parlant d’un referèndum en termes ideals, sinó d’un referèndum ací i ara. Immersos en la crisi actual, els ciutadans pensen que triar sobre monarquia o república no els resoldrà els problemes. Estem davant un problema de democràcia, de participació, de control. Crec que l’opció per la república no ha de ser una opció de sentiment d’injustícia; ha de ser una opció de raó i inclosa en l’opció per la democràcia. Perquè la causa republicana és una part de la causa democràtica.

 

 

-De fet, ja va dir que això de «monarquia constitucional» ho considerava un oxímoron…
-És que això que anomenem monarquies constitucionals tenen un dèficit democràtic constitutiu. No negue el fet que hi haja monarquies que se subjecten a la Constitució, però per a mi la monarquia té tal caràcter constitutivament antidemocràtic que no pot ser conciliable amb el millor d’un règim democràtic constitucional. Jo estic per un règim constitucional en què el primer de tot és la subjecció igual de tots davant la llei i l’existència d’un sistema de control i transparència, en primer lloc de les institucions de poder.

 

 

 

-I creu que hi haurà III República?
-No. Jo estic amb els qui pensen que la via d’accés a una III República seria una reforma constitucional que en l’actual joc de forces polítiques és impossible. Però és possible que hi haja tal crisi de l’actual sistema, que siga necessari un Procés Constituent. I si aquest Procés Constituent es du a terme, la monarquia desapareix de segur.