EL DERECHO, CONTRA LOS DERECHOS (DE LOS OTROS, CLARO) versión extendida del artículo publicado en Levante, 17 febrero 2020

Suena raro decir algo así en estos tiempos, pero soy de los convencidos de que el Derecho es una de las grandes invenciones de la humanidad. Pero como tantas otras -la moral, la ciencia, la tecnología o las artes- tiene, déjenme simplificar, dos caras.

De un lado, puede alzarse, se alza como una barrera para defender a quienes no tienen voz, a los más débiles, contra la ley de la selva, contra la imposición de la fuerza. Puede ser así un formidable escudo frente a la crueldad, la violencia, la discriminación, la humillación, la dominación. Aún más, puede convertirse en una poderosa palanca para poner en pie la autonomía, la emancipación: la mayor libertad e igualdad de todos los seres humanos.

Pero la historia nos enseña que tantas veces, y hoy día aún para una considerable mayoría de la población mundial, el Derecho ha sido y es utilizado sobre todo como espada que impone la dominación y la desigualdad: no sólo por parte del Estado, que dice ostentar su monopolio, sino por parte de los poderes que disputan eficazmente al Estado la dominación. Por eso, Michael Corleone avisa a sus capitanes en El Padrino III que no necesita más pistoleros, sino más abogados. Para muchos seres humanos, el Derecho aparece como puño de hierro, de cuando en cuando envuelto en guante de seda, que actúa para perpetuar privilegios y marginar, si no excluir, a los que han nacido mal. Se trata de mantenerlos a raya, al otro lado de la raya que no deben cruzar, porque para buena parte de los seres humanos sigue rigiendo el lema contrarrevolucionario del cerdo Napoleón, protagonista de la sátira de Orwell: todos los seres humanos son iguales, dice la Declaración universal, pero algunos son más iguales que otros. Cuestión de pasaporte, de renta per cápita.

Todo esto viene a cuento de la conmoción que nos ha producido a muchos la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos anunciada el pasado jueves 13 de febrero y que da un giro de 180 grados respecto a la Sentencia de 2017 del mismo Tribunal, en la que dió la razón a dos ciudadanos de Mali y Costa de Marfil que saltaron la valla en Melilla en 2014 y fueron objeto de lo que conocemos como “devoluciones en caliente” (pretendidamente legalizadas por el Gobierno Rajoy, por la puerta de atrás, mediante una disposición final primera de la L.O. 4/2015 de seguridad ciudadana, conocida como “ley Mordaza”, que añadió una disposición adicional décima a la LO 4/2000, como “régimen especial de Ceuta y Melilla”).

Ya se han producido reacciones. Algo debe querer decir el hecho de que la inmensa mayoría de las que provienen del mundo del Derecho (Jueces para la Democracia, Consejo General de la Abogacía, Relator de la ONU sobre derechos de los inmigrantes, los abogados extranjeristas, grupos de investigación universitarios sobre inmigración asilo y refugio como AIDAM, exmagistrados del propio TEDH y no pocos constitucionalistas) son extraordinariamente críticas: así, señalan la endeblez y parcialidad de los elementos de hecho tomados en cuenta por el Tribunal (por no decir su brutal desconocimiento de cuanto sucede en la frontera sur de Europa)y la incoherencia de los fundamentos jurídicos de la sentencia con normas básicas de Derecho internacional de los derechos humanos. Por no hablar de los clarísimos pronunciamientos contrarios de la inmensa mayoría de las ONGs que trabajan con inmigrantes y refugiados y conocen los problemas reales y la falta de soluciones, que hacen que sea impensable hablar de una verdadera política migratoria y de asilo, en Europa y, hasta hoy, también en España.

 Tiempo habrá de analizar con detalle todos los aspectos técnicos de la decisión y sus consecuencias jurídicas, aunque me parece difícil argumentar convincentemente en defensa del fallo. Pero lo que me interesa ahora es señalar tres aspectos

Primero, contra lo que han titulado algunos medios de comunicación y algunos tertulianos, este fallo no obliga a nuestro Tribunal Constitucional (ni a nuestro Gobierno), a adoptar necesariamente esa rebaja del rasero garantista adoptada por el TEDH. Lo han explicado muy bien Presno Linera y Sami Naïr: no todo lo que el TEDH considera compatible con el Convenio Europeo de derechos humanos es necesariamente compatible con nuestra Constitución, que mantiene un standard más garantista (hasta hoy), por ejemplo, en materia de asilo y garantía judicial efectiva en cuestiones que pueden afectar a los derechos humanos de no nacionales. Eso, en virtud del art.53 del propio Convenio, permite a nuestro TC y a nuestro Gobierno no vincularse al standard menos garantista que acaba de fijar este STEDH.

Por lo demás, es un principio básico del Estado constitucional de Derecho el que la circunstancia de que una persona haya cometido un acto criminal no le priva del derecho a la protección judicial efectiva. Contra lo que sostiene el TEDH, entrar irregularmente en España no priva del derecho a defensa y a una decisión judicial que justifique la expulsión. Esa interpretación del TEDH supone utilizar de forma bastarda el Derecho contra los derechos, esto es, para rebajar el contenido, la garantía y las condiciones de ejercicio de derechos fundamentales.

Necesitamos seguridad jurídica en las fronteras (también para las fuerzas de seguridad que trabajan con ese objetivo, desde luego), pero eso no puede significar en modo alguno la suspensión de normas elementales del Estado de Derecho, como la garantía de la tutela judicial efectiva, cuando están en juego derechos humanos y fundamentales-. Lo contrario es una aberración jurídica.

Segundo, frente a algunas interpretaciones interesadas, conviene precisar el uso de los términos jurídicos. Conocemos la lección de Alicia a través del espejo: el secreto del Derecho consiste en que quien tiene el poder de dictar las normas, tiene el poder de imponer el sentido de las palabras o incluso de inventar otras. En este caso, como en la mayoría de las mal llamadas devoluciones en caliente, se nos dice que se trata de rechazo en frontera, no de expulsión. Muchos pensamos que es una contorsión verbal, como cuando se haba de retorno y lo que hay es deportación.

No: los hechos demuestran palpablemente que esas personas traspasaron la frontera y no fueron rechazadas, sino que, tras entrar, fueron expulsadas. Y se hizo, como señalan el profesor Fabián Salvioli y el Relator de la ONU Felipe González, en abierta contradicción con lo que exige el Pacto de derechos civiles y políticos de la ONU, que obliga a España como Estado parte. Ambos han recordado que esas devoluciones en caliente fueron condenadas por el Comité de derechos humanos de la ONU en julio de 2015, como contrarias a exigencias básicas del Estado de Derecho y al Derecho internacional de derechos humanos, a comenzar por la violación del principio de non refoulement.

Tercero. Es cierto que el Gobierno (y el propio TC) ha esperado prudentemente a que se conociera el criterio del pleno del TEDH sobre las devoluciones en caliente (aunque en 2017 y se había pronunciado en contra). Pero, a mi juicio, esta sentencia no sirve para resolver el problema real, sino que lo agrava.

El problema, en el fondo, lo sabemos todos, es la ausencia de vías legales, accesibles y seguras de acceso al procedimiento de asilo, y también de vías legales, accesibles y seguras para los varios millones de inmigrantes que necesitamos imperiosamente acoger y acomodar entre nosotros.

Lo explicó apenas tomó posesión el ministro Escrivá: de 2020 a 2050, necesitaremos recibir entre 8 y 10 millones de trabajadores si queremos mantener el nivel del mercado laboral, asegurar elementos básicos del Estado de bienestar y evitar la “japonización” de nuestra economía, esto es, la aceptación pasiva del envejecimiento demográfico. Hoy por hoy, no tenemos hoy más alternativa que esa apertura reglada a la inmigración. Pero no se trata de recibir esclavos, sino sujetos de derechos, para lo que es clave diseñar políticas de acogida e inclusión equitativas. Por lo que sé, es el objetivo en el que está empeñada la nueva Secretaria de Estado de migración, Hana Jalloul.

Para explicar todo eso, frente al eficaz simplismo de las recetas del populismo xenófobo de extrema derecha que parece contagiar a la derecha de nuestro país y domina en no pocos medios de comunicación, que prefieren lo simple a lo complejo, la noticia escandalosa al reportaje que exige tiempo y dinero y explore las causas, hace falta un enorme esfuerzo de pedagogía social, como la que se trata de hacer desde muchos sectores de la sociedad: ONGs, medios universitarios, también algunos medios de comunicación.

Precisamente esa es la tarea que cabe esperar y aun exigir de un gobierno progresista como el nuestro, al que considero sinceramente comprometido en hacer real la igualdad en los derechos.

EL HUEVO Y LA GALLINA. ESTADO DE DERECHO Y DEMOCRACIA (Infolibre, 17 de febrero de 2020)

No parecen los nuestros tiempos propicios para el reconocimiento del papel del Derecho y de la función de los juristas, cada vez más caracterizados como viejos operadores sociales que deberían dejar paso a una pléyade de expertos guiados por la luz de la ciencia y las tecnologías: economistas, politólogos, comunicólogos, neurocientíficos y técnicos en algoritmos e inteligencia artificial; todos ellos honrados, claro, no como los trapaceros profesionales del Derecho.

Este menosprecio de la función social del Derecho y de los juristas es el eco de un viejo run-run que cierto tipo de <analistas>, que se diría aquejados de memoria de pez o quizá de ignorancia sobre datos elementales de la historia del pensamiento jurídico y político, se atreven a presentarnos como novedosa exigencia de la modernización social, propia de la era digital. Pero no hay tal. Se trata de la enésima versión y por añadidura, no poco simplista, de la aguda <parábola del industrial> que acuñara Saint-Simon. Esos profetas vuelven así a apelar al sobado estribillo que vincula esa herramienta, el Derecho, a caducas sociedades (antes, agrarias; hoy, propias de la superada revolución industrial, se nos dice), dominadas por una trasnochada amalgama de supercherías y creencias, sobre las que se habría asentado el sistema de dominación social que administra la casta de clérigos que ejemplificarían ese trasunto de chamanes y sacerdotes que serían los jueces  y leguleyos. Los apóstoles de ese “descubrimiento” cantan también su sustitución por la buena nueva racional de la ciencia y la tecnología que, mano santa del mercado mediante (aunque hay versión que apela al asalto a los cielos), abriría a todos los ciudadanos (léase, los consumidores) las puertas de una tierra de leche y miel en la que el dominio de las personas es reemplazado por la administración de los bienes, un dictum que encontramos en Hume, antes que en Marx.

Igual de vieja es la supuesta estrella guía de una <democracia verdadera>, en la que no habrá más leyes que las que el buen pueblo se impone a sí mismo, sin más límite que su incuestionable saber y entender, porque como reza el dogma mil veces recitado por sus adalides, <la democracia (lo que ellos entienden por democracia, claro), está por encima de la ley>. Ahora, ese estribillo de la democracia auténtica se reitera con el énfasis puesto en el motto que nos advierte que la legalidad es las más de las veces una rémora formalista, ritual, escudo de la resistencia de la casta privilegiada frente a la verdad del pueblo. Y lo mismo valdría para calificar el Estado de Derecho como una herramienta que, en cualquier caso, debe estar al servicio de la democracia y no al revés.

Vaya por delante que no tengo aspiraciones de vestal de la ley y de los tribunales. No me cuento entre los partidarios del formalismo jurídico positivista. Si recuerdo el ciceroniano <legum servi sumus ut liberi ese possumus>, es porque pongo el acento en que la mejor justificación que puede darse de la obediencia a la ley no es otra que el fin que nos propone el sabio jurista y político republicano: que sea instrumento de la libertad o, como prefiere denominarla Balibar, la egalibertad. Creo que está ciego quien desconozca que tantas veces el Derecho y sus instrumentos, leyes, sentencias, legisladores y tribunales, más una legión de operadores jurídicos, están al servicio de la desigualdad, de la humillación, de la discriminación y aun de la violencia. Pero eso, siendo Derecho, es el peor Derecho. La cuestión es si para desprendernos de él debemos arrojar por el sumidero el imperio de la ley, el acatamiento de las sentencias de los tribunales, la división de poderes, o si nuestra lucha política consiste precisamente en reforzar, en mejorar el Derecho y sus instrumentos. Soy de los que piensan que, ni cronológica, ni conceptualmente, la democracia precede al Estado de Derecho, porque no deben contraponerse. Por decirlo más claro: históricamente ha habido Estado de Derecho sin democracia, sí. Pero es precisamente el desarrollo del Estado de Derecho, gracias a la lucha por el Derecho, por los derechos, el motor que hace posible la democracia. Y una vez que alcanzamos ésta, no es imaginable democracia sin Estado de Derecho.

En otras palabras, como supo explicar nuestro Elías Díaz en un libro de feliz memoria cuya huella, en cierto modo, está en el artículo primero de la Constitución española de 1978, el Estado de Derecho es el motor de la democracia. Lo es mediante la evolución del principio de legalidad, desde la igualdad formal de todos ante la ley (trasunto de la clave misma de la existencia de la democracia), a la igualdad política y material, esto es, el principio de que, para que esa ley sea realmente común denominador, todos deben participar en la elaboración de la ley y en sus beneficios, por igual. Así se abre el camino hacia el objetivo de la egalibertad, a través del paso desde el Estado liberal de Derecho (de la democracia liberal), a un Estado social de Derecho o, como algunos sostienen hoy, a una democracia constitucional. Porque, como ha argumentado Ferrajoli, de nuevo con ecos ciceronianos, sólo donde hay Constitución hay demos y no sólo pueblo, en el sentido de multitud o de nación. Sólo donde hay Constitución, es posible conseguir que la parte de los que no son parte, por citar la conocida definición política de pueblo que encontramos en Rancière o Baibar, sea sujeto político.

¿Quiere ello decir que con la Constitución se ha hecho carne para siempre la democracia real? No. No puede darse tal fin de la historia, a juicio de quienes entendemos la democracia como una tarea en permanente corrección, en permanente in fieri; un work in progress. Lo importante es tener en cuenta que luchar por la efectividad de la Constitución, lo que significa también, en su caso, luchar por su reforma, por su perfectibilidad y adaptación, no es función exclusiva de juristas o de representantes políticos: es la primera tarea de la ciudadanía. Pero, para esa tarea que es la primera de la ciudadanía activa, participativa, soberana, son imprescindibles las herramientas y principios del Estado de Derecho y sobre todo su lógica constitutiva, que no es otra que controlar al poder, vigilarlo, limitarlo, revisarlo, hacerle rendir cuentas.

En suma, lo que pretendo es simplemente recordar la necesidad de evitar el movimiento pendular que, en aras de evitar el férreo corsé en que a veces se convierte la legalidad, la arroje al sumidero so pretexto de las bondades sin cuento de “la política”, entendida casi taumatúrgicamente como expresión directa de la voluntad popular, que habría conseguido por fin liberarse de la jaula de la democracia representativa y los calabozos del Derecho. Me parece evidente que una democracia sin límites, en la que todo se puede decidir, en la que no hay límite ni contrapeso al número, no es democracia, sino, como advirtieron los clásicos, demagogia. Conviene no echar en saco roto esa lección, como la que nos brindaron los mejores liberales -Mill, Tocqueville-: la imposición <pura> de la lógica irrestricta de las urnas, que es la del mayor número, propicia la tiranía.

Eso no quiere decir a su vez que la necesaria tarea de fijar los límites a la voluntad de la mayoría deba dejarse en manos de selectos guardianes, de gurus, sean éstos los juristas o cualquier otra clase de clérigos. Esa es precisamente la primera función de la Constitución, de las leyes que, en un Estado constitucional, consagran principios como la garantía de los derechos humanos y reglas como la separación de poderes y el control del ejercicio del poder a través de los tribunales, cuyas decisiones a su vez deben poder ser criticables y revisables en diversas instancias. No in aeternum, porque desaparecería la seguridad jurídica. La interpretación de la ley, o mejor, la incorporación de las leyes a la práctica social (prefiero esto al viejo concepto de “aplicación”), corresponde a los tribunales de justicia en colaboración con los operadores jurídicos que intervienen en ellos y ante ellos. Eso no significa, insisto y perdón por lo que es casi un truísmo, que el poder judicial sea intocable y quede ajeno al control democrático. La legitimidad del poder judicial nace de su origen democrático como tal poder y sobre todo, como legitimidad de ejercicio, de su actuación conforme a la Constitución.

A la hora de evaluar la independencia o la profesionalidad de los jueces, convendría empezar por tener en cuenta datos como estos: los jueces en activo son poco más de 5.400, bastante por debajo de la media europea (Cfr. Informe sobre la estrucura d ela carrera judicial, CGPJ 2019: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-temas/Estructura-judicial-y-recursos-humanos–en-la-administracion-de-justicia/Numero-y-caracteristicas-de-jueces-y-magistrados-de-carrera/). El número de sentencias que resuelve como media anual cada juez, conforme a la estadística disponible en  2018 (última publicación de la serie La justicia dato a dato, del CGPJ: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-temas/Actividad-de-los-organos-judiciales/Juzgados-y-Tribunales/Justicia-Dato-a-Dato/), es de 281,6. Realizar afirmaciones que suponen generalizaciones descalificadoras sobre la falta de profesionalidad, independencia o diligencia de los jueces de nuestro país, basándose simplemente en el impacto mediático de algunos procesos “estrella” (penales, las más de las veces), es simplemente un disparate.

Todo eso no comporta olvidar taras que perviven en la administración de justicia en España, como las del gremialismo, la visión machista, la deficiente formación especializada en aspectos que van desde la cuestión de género al conocimiento de las nuevas tecnologías (y disposición de medios en la oficina judicial) o la ingeniería financiera, por no hablar, claro, del porcentaje de jueces y magistrados vinculados a posiciones reaccionarias. Todo ellos son déficits a corregir. Las razones generacionales que las explican, en no poca medida, están próximas al relevo por mera lógica estadística. Las que son consecuencia de un sistema de selección y formación inicial que favorece a los más pudientes y no estimula precisamente la experiencia ni la capacidad crítica, ni facilita de forma suficiente y adecuada la formación continua (aunque se ha avanzado muy considerablemente en ello), se han revisado y se pueden mejorar. Como se debe mejorar el control democrático de ese poder: precisamente por ello no entiendo acertadas la reivindicación de partidos como el PP, que insisten en entregar la elección de su órgano de gobierno, el CGPJ, sólo a los propios jueces, sin ninguna mediación de los representantes de la soberanía popular. En cualquier caso, ninguno de esos cambios necesarios, incluso urgentes, justifica el vendaval mediático y populista que se diría pretende sustituir algo tan imprescindible para el Estado de Derecho y la democracia como el gobierno de las leyes y la existencia de un poder judicial independiente, por slogans repetidos en la calle con ripios tan fáciles de repetir como faltos de sentido del más elemental garantismo y del respeto a los derechos, a las libertades y a la división de poderes.

Intervención como Presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Senado, 4 de febrero de 2020

Buenos días, señoras senadoras, señores senadores

En nombre de los miembros de la Mesa, quiero agradecer la confianza que Vds han depositado en nosotros. Permítanme que singularice mi agradecimiento por renovar la presidencia de esta Comisión que tuve el honor de desempeñar tan fugazmente en la legislatura anterior. Les pido disculpas y comprensión -incluso algo de paciencia- conmigo, porque me esforzaré al máximo por ser breve, pero la naturaleza y el hábito no me han dotado del don de la concisión. No tendré que esforzarme en cambio contra la naturaleza ni el carácter para garantizar el máximo de libertad de expresión, como es debido y especialmente adecuado en una Comisión cuyo cometido es el desarrollo de la ciencia y la innovación y el mejor respaldo a un sistema universitario como el que necesitan nuestros ciudadanos. Necesitamos alcanzar acuerdos, desde la legítima posición de cada uno y los objetivos y el programa de cada grupo parlamentario.

Estoy seguro de que todos los que formamos parte de la Comisión compartimos la importancia social de la Ciencia, la Innovación y las Universidades. Sin ellas no hay futuro alguno, sino estancamiento y eso quiere decir retroceso: un enorme perjuicio social en todos los órdenes, también en los que se creen ajenos a estos ámbitos. Ningún progreso social es posible sin ellos, sin invertir en ellos. Para todo ello, necesitamos inversión, que no gasto, en el horizonte deseable de alcanzar el 5% a final de 2025.

Como veterano profesor universitario, con más de 40 años de desempeño docente e investigador, estoy convencido del acierto de la descripción que hacía ese intelectual europeo, quizá el europeo por antonomasia que era el recién fallecido G.Steiner, cuando escribía que “es un trabajo muy hermoso ser profesor, ser el que entrega las cartas, aunque no las escriba”. Y en cierto modo los que tenemos atribuidos la representación de los ciudadanos también lo somos, lo debemos ser, carteros entre los intereses y necesidades de los ciudadanos (en lo que nos toca concretamente aquí, en lo que se refiere a Ciencia, innovación y Universidades) y los medios -el BOE, los presupuestos- que deben hacerlos posible. Incluso, además de carteros, nos va a corresponder esa función de los escribanos que redactan esas necesidades e intereses que nos transmiten los ciudadanos, para traducirlas en lo concreto.

Y necesitamos, como recordaba, acuerdos. Porque, como escribiera nuestro León Felipe, se puede decir de nosotros que “no es lo que importa llegar solo, ni pronto, sino con todos y a tiempo”. Con todos, porque a todos debe tenerse en cuenta a la hora de afrontar dos objetivos claves de nuestro trabajo, dos acuerdos de gran trascendencia social: un Pacto social por la Ciencia y un pacto social por la Universidad, como los que recoge el programa de Gobierno de coalición:

  • Creo que hay coincidencia en la necesidad de un nuevo marco legal para las Universidades, que exige poner en marcha un pacto por la Universidad, con el máximo consenso de los agentes políticos y sociales, un acuerdo que, como se enuncia en ese programa, garantice una financiación adecuada y recursos suficientes para
  • modernizar la universidad,
  • ampliar su capacidad de atraer y retener talento,
  • garantizar su acceso en condiciones de igualdad en todos los niveles de formación
  • adaptarla a las nuevas realidades y necesidades,
  • garantizar la efectividad de los derechos del personal docente, fomentando su estabilización, investigador y de administración y servicios a través de una nueva Ley Orgánica de Universidades.
  • Avanzar en el servicio efectivo a los estudiantes, en definitiva, la razón de ser de la docencia universitaria
  • No menos evidente es la necesidad de desarrollo de la Ley de Ciencia 14/2011, un pacto social por la Ciencia, y eso supone, como también se advierte en el mencionado programa, la simplificación del trabajo de los investigadores en los Organismos Públicos de Investigación, el funcionamiento de las oficinas de transferencia de resultados de investigación (OTRIS), el impulso a la investigación aplicada, o la revisión de las reglas financieras aplicables a la actividad investigadora.

No digo que sea todo sencillo en la vasta y complicada comunidad universitaria, ni en la no menos compleja comunidad de la ciencia y la investigación, aunque hay recetas asequibles, como las que proponía Elizabeth Redden en un artículo en Inside Higher Education en 2019: sueldos normales, buenas condiciones de trabajo, mayor autonomía y disponibilidad del propio tiempo  (Stepping Out of the Rat Race, en: https://www.insidehighered.com/news/2019/01/23/ghent-university-belgium-embraces-new-approach-faculty-evaluation-less-focused |.

No nos faltará trabajo. Sé que cuento con todos Vds, señorías, para llevarlo a cabo desde el convencimiento de lo acertado de la máxima del poeta Sexto Propercio, que nos dejó escrito aquello que debe exigirnos y, la vez, confortarnos: in magnis et voluisse sat est. En las cosas grandes, ya sólo acometerlas honra. O, dicho de otra manera, no es el éxito lo que hace al hombre (lo uso como inclusivo, con perdón), son el valor para acometer lo grande. Ciencia e innovación, Universidades, son cosas grandes.

Muchas gracias.

En la muerte de George Steiner

Ha muerto George Steiner, quizá el mejor representante de lo que significa el intelectual europeo, o, simplemente, el europeo, hasta el punto de que fue descrito como «el último europeo»

Muere el autor que se autodescribió en su magnífico <Errata>, el que nos deja libros como <Fragmentos>, <Los libros que nunca he escrito>, <Nostalgia de lo Absoluto>, <Después de Babel>, <Presencias reales>, <Pasión intacta>, <Lecciones de los maestros>, o <La idea de Europa>

Muere quien seguía el lema de Beckett, <aprender a fracasar mejor>, y quien fustigó la vanidad de los académicos, a quienes gustaba de recordar la diferencia entre el creador y el profesor, él, que reunía de modo soberbio ambas condiciones. Pero eso no significaba que minusvalorase la función de profesor, que entendía como la de un «cartero»: «Es un trabajo muy hermoso ser profesor, ser el que entrega las cartas, aunque no las escriba» aseguró en más de una ocasión…

En el excelente prólogo de Vargas Llosa al, para mí , imprescindible libro de Steiner <La idea de Europa>,
el nobel de literatura resumía en cinco o seis puntos la idea de Europa propuesta por Steiner. No me resisto a recoger esos párrafos:

«¿Es posible resumir en un puñado de instituciones, ideas, tradiciones y costumbres lo que es Europa? George Steiner piensa que sí y ha intentado este resumen en un texto ingenioso y provocador […]. Según él, Europa es ante todo un café repleto de gentes y palabras, donde se escribe poesía, conspira, filosofa […], ese café […] es inseparable de las grandes empresas culturales, artísticas y políticas del Occidente. […] la segunda seña de identidad europea es compartida por todos los países europeos […]: el paisaje caminable, la geografía hecha a la medida de los pies. El tercer rasgo […] es el de poner a las calles y a las plazas el nombre de los grandes estadistas, científicos, artistas y escritores del pasado, algo inconcebible en América […]. La cuarta credencial […] es descender simultáneamente de Atenas y Jerusalén, es decir, de la razón y de la fe, de la tradición que […] hizo posible la coexistencia social, desembocó en la democracia y la sociedad laica, y la que produjo los místicos, la espiritualidad […] y, también, la censura y el dogma. […] La quinta seña de identidad europea es la más inquietante de todas. Europa […] siempre ha creído que perecerá […]. A Steiner lo atormenta la supervivencia, en nuestros días, de […] los odios étnicos, el chovinismo nacionalista, […] y la resurrección […] del antisemitismo. Pero […], sobre todo, la uniformización cultural por lo bajo a consecuencia de la globalización […]: “No es la censura política lo que mata [la cultura]: es el despotismo del mercado y los acicates del estrellato comercializado”»

MÚSICA Y POLÍTICA. UN HIMNO QUE EUROPA ESTÁ AUN POR MERECER (2020, en el 250 aniversario de Beethoven) (Infolibre, 8 de enero de 2020)

Entre las conmemoraciones de este año 2020, hay una que sobresale: el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven, aunque es verdad que habrá que esperar casi al final del año, el 16 de diciembre. Seguro que muchos de los lectores coincidirán conmigo en que, en este 2020 que parece cargado de incertidumbres, es un magnífico motivo para celebrar, hasta el punto que me atrevo a decir que le da sentido a todo el año.

Por supuesto, la primera razón es la música. De suyo, una razón importantísima. Déjenme que repita un tópico muy conocido. Me refiero a aquello de “sin música, la vida sería un error”, que se atribuye al filósofo que mejor ha entendido la música, Friedrich Nietzsche, en una carta que escribió a su amigo Gast. Aunque, a decir verdad, la competencia es reducida: Pitágoras, Platón, Schopenhauer, Adorno y poco más. Habría que añadirles, sí, la figura filosófica singular de quien fue probablemente el más original de los filósofos de su generación en España y un auténtico pitagórico, en el sentido de filósofo musical: Eugenio Trías.

Puede que sea exagerado decir que sin la música de Beethoven nuestra vida sería un error, pero lo que es seguro es que sería infinitamente más pobre. Por cierto, no era Beethoven el compositor preferido por Trías, aunque en alguna ocasión reconoció que el músico que más amaba, por encima incluso de Haydn y de Mendelssohn, era el Beethoven de las sonatas y los cuartetos. Pero Trías era crítico con la novena y desde luego con el movimiento final, el que conocemos como Himno a la alegría y que compuso en 1823, a partir de los versos originales de la Oda a la alegría de Schiller, escrita a su vez en 1785. Así lo argumentó el filósofo catalán, por ejemplo, en el capítulo que dedicó a Beethoven en la segunda de sus dos monumentales obras sobre música y filosofía. Me refiero a La imaginación sonora (2010), un análisis del contexto cristiano que hace posible a partir de la Edad Media un <espíritu de la música> diferente, aunque complementario, del que estudió en la primera, El canto de las sirenas (2007), centrada en la escenografía y el universo grecolatinos, aquél en el que aparece el sonido que, al decir de Trías, está en el origen. Más incluso que el verbo, la palabra.

Precisamente Eugenio Trías es quien descubre al lector español la que probablemente es la obra más interesante sobre la novena sinfonía y, en particular, sobre su archifamoso movimiento final. En efecto, en una reseña publicada en El Cultural, publicada el 23 de enero de 2002 (https://elcultural.com/La-novena-de-Beethoven), daba cuenta de la traducción en castellano de un ensayo del musicólogo argentino asentado en Paris, Esteban Buch, quien había publicado en Gallimard en 1999 un ensayo titulado La <neuviéme> de Beethoven. Une histoire politique, Gallimard (la versión en castellano, La novena de Beethoven. Historia política del himno europeo, traducida por Juan Gabriel López Guix se publicó en El Acantilado). La leve diferencia entre el subtítulo en una y otra versión, que seguro habrá advertido el lector, resulta un detalle del mayor interés en la que, sin duda, es la referencia obligada sobre la más conocida de las obras del compositor de Bonn. Trías elogia el ensayo de <sociología musical> de Buch, aunque hace constar una vez más que pesa sobre ella (en particular sobre el <finale>) “la sospecha del pastiche…un movimiento descomunal, gigantesco, pero que a los contemporáneos más avisados pudo parecer en ocasiones de “muy mal gusto…uno de nuestros fetiches musicales más insignes”, aunque añade de inmediato que se trata también, de “una de las piezas musicales (me refiero a la Novena Sinfonía como totalidad orgánica) más interesantes y apasionantes”.

Pero hay otro motivo, además de la música, para traer a los lectores a este aniversario. Una cuestión ya debatida, pero que a mi juicio es oportuno volver a plantear. Se trata de un asunto político, presente en el título de la obra de Buch, con esos matices diferentes. Es sabido que la de la novena sinfonía, incluso desde el momento mismo de su composición, es una historia política y, como se ha escrito, su <finale> es la música “política” más célebre de la historia. Lo es sobre todo por su carácter de himno. La pregunta es de qué, o de quiénes.

Buch sostiene que el Himno a la alegría es, probablemente el gran emblema de la música política, por encima de himnos nacionales como La Marsellesa. Y lo es, a su juicio, porque en él concurren tres elementos. Ante todo, la dimensión de himno, esto es,“una relación entre una comunidad humana que se pone en escena a través de un canto conjunto”. Además, “la retórica de la música militar, especialmente en el solo del tenor donde se convoca una música de marcha que confluye con una noción heroica de la existencia humana, relacionada con el combate y la lucha”. Finalmente, “una música con sentido religioso”.

Probablemente, las claves para entender la tesis de Buch se encuentran en la entrevista que le hizo Eduardo Febbro, en Paris, el 13 de junio de 1999, para el diario argentino Página 12, (puede leerse aquí: https://www.pagina12.com.ar/1999/suple/radar/99-06/99-06-13/nota3.htm). En ella, el musicólogo recuerda el afán de unos y otros por apoderarse del himno de Beethoven, pese a la inequívoca huella del leit-motiv francmasónico que inspiró la Oda de Schiller: el optimismo, la alegría que nacen del profundo sentimiento de fraternidad entre todos los seres humanos. Buch hace notar que hay un acontecimiento histórico que marca la diferencia entre la Oda de Schiller y el Himno de Beethoven, la revolución de 1789, el momento de un cambio trascendental en la sociedad europea, el nacimiento de la Modernidad: “la Novena Sinfonía se ubica en un momento de cambio absoluto y creo que ésa es una de las razones por las cuales ha concentrado tantas paradojas y tantas apropiaciones diferentes”.

Es evidente que la <novena> fue objeto de apropiaciones ideológicamente antagónicas: “durante la Primera Guerra encarnó los principios de la Revolución para los franceses, mientras que en las trincheras alemanas sonaba como el emblema de la superioridad aria”. Aún más, como también apunta Buch, casi al mismo tiempo que el Consejo de Europa iniciaba, en 1972, el procedimiento para declararlo <himno europeo>, el régimen racista de Rodhesia lo adoptaba como propio. Algo nada extraño si tenemos en cuenta, recuerda, que, “durante los años 30 los nazis potenciaron el discurso nacionalista tradicional agregándole algunos ingredientes racistas como decir que Beethoven era un ejemplo de la capacidad creadora de la raza aria, aunque Beethoven no tenía nada de ario”. Por cierto, Buch destaca la acerada ironía de Kubrick, que cambió la idea original de la terapia que se aplica al protagonista de su versión cinematográfica de La naranja mecánica que, en la novela original de Burgess, era sometido al visionado de escenas de los campos nazis mientras suena la quinta sinfonía, sustituida por la novena en la película.

Como decía, el <finale> de la novena fue adoptado como himno por el Consejo de Europa en 1972. Con posterioridad, la UE decidió hace de él uno de sus símbolos oficiales y el Consejo Europeo de la UE encargó al gran director Herbert von Karajan, pese a su bien conocido pasado nazi, tres arreglos instrumentales para solo de piano, viento y orquesta sinfónica que se estrenaron en 1985 como versión del himno europeo, sin letra. La página web oficial de la UE (https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/anthem_es) asegura que “El lenguaje universal de la música, es la expresión de los ideales europeos de libertad, paz y solidaridad” y que “no pretende sustituir a los himnos nacionales de los países de la UE, sino más bien celebrar los valores que todos ellos comparten”.

Y aquí viene la pregunta que quería plantear a los lectores: se trata de saber si la Europa de 2020 merece ese himno, si realmente compartimos y tomamos en serio esos valores. Para responder, creo que, una vez más, hay que saber distinguir entre las fuentes de las ideas y el intento de monopolizarlas. Es inequívoco que el himno es europeo en su origen, porque responde al triunfo de los universales que se alumbraron en Europa gracias a la Ilustración y la revolución francesa: los ideales de dignidad, igualdad y libertad que se proclaman para todos los seres humanos; la universalización tendencial de la vieja noción griega de democracia, que tratan de institucionalizar los revolucionarios a través del modelo romano de res publica (más claramente en la revolución americana que en la francesa); la tradición británica del rule of law, devenida en Estado de Derecho, mediante el imperio de la ley y la separación de poderes.

Otra cosa es que, obviamente, los europeos que así los proclamaron, identificaban la categoría de seres humanos y todas esas reglas e instituciones que están presididas por la noción de derechos humanos con la cultura y la historia europea. Además, cuando los proclaman, todavía no son derechos universales porque no contemplan los derechos de las mujeres, como recordó Olympe de Gouges. Y tampoco son derechos efectivos para todos, sino sólo para quienes se pueden permitir vivir como mónadas, sin necesidad de los demás, como recordará Marx. Los demás seres humanos, los demás pueblos, sólo lo serían por aproximación, cuando asimilasen esas características europeas, cuando terminaran su proceso de civilización gracias a los europeos, que es la famosa tesis de Kipling en su poema La carga del hombre blanco. Esa fue una visión <glocalista> avant la lettre. El suyo fue un universalismo de superposición, desde el molde europeo, sobre cuyas contradicciones ya habían advertido irónicamente Montaigne y Montesquieu. Lo cierto es que sólo cuando Europa consiguió romper con esos límites, rectificarse a sí misma, gracias en buena medida a la ayuda de los otros que lucharon contra ella (las revoluciones americanas), esos valores dejaron de ser europeos y se convirtieron realmente en universales. Desde entonces, los europeos no podemos pretender monopolizarlos, no podemos decir que sean sólo nuestros, valores, ideales europeos.

Pues bien, no hace falta ser un lince para reconocer que en este 2020 queda mucho por hacer hasta que la Europa de la UE merezca este himno. Debe dejar atrás la Europa del horror de los campos de Moria; la que negocia los horrores aun más extremos que se viven en Libia; la indiferente ante los ahogados en el Mediterráneo y sepultados a centenares en las arenas del Sahel; la Europa que prospera vendiendo armas y blanqueando con campeonatos de fútbol a regímenes medievales; la Europa de la austeridad impuesta por Bruselas que arruina las vidas de pensionistas y deja en desamparo a los trabajadores frente a las trampas de la flexiseguridad y la economía colaborativa que hunde en el precariado a jóvenes y mayores, los perdedores de la globalización que también son europeos, como ha desnudado Loach en su Sorry, we missed you…

Pero hay, sí, otra Europa, la de los jóvenes de Friday for future y Extinction Rebellion, la de los voluntarios de MSF, Sea Watch, CEAR o Cáritas, la de las ciudades-Refugio, la de millones de ciudadanas y ciudadanos europeos que sí toman en serio y exigen de sus representantes políticos la puesta en marcha de un Green Deal que debiera marcar la agenda de la Comisión von der Leyen, como muchos creemos que marca el programa del nuevo gobierno de coalición en España.

Creo que la lección de Beethoven es que necesitamos afrontar esas exigencias con tanta seriedad como optimismo. Se trata de no ser ingenuos, pero también de no dejarse ganar por el escepticismo de los <realistas>. El arte de la vida, decía el gran Marco Aurelio, se asemeja más al arte de la lucha que al de la danza. Yo creo que es posible matizar ese aserto y decir, gracias a la música, que la vida se asemeja a esa lucha alegre que es la danza, entendida como pas de deux que se ha de convertir en un pas de plusieurs, pas de tous et de toutes. Ese me parece el alegre desafío al que nos convoca el himno de Beethoven en este 2020.

«Las ONG, frente al dictado de Caín: el debate sobre la lucha contra la muerte en el Mediterráneo», artículo en Quaderns de la Mediterrània, 28/29, diciembre 2019

Una cuestión de legitimidad democrática

Lo que sucede en el Mediterráneo desde hace años y, de modo muy particular, la ausencia de reacción eficaz ante el reiterado escenario de pérdida de vidas humanas, constituye a mi juicio el mayor de los retos que se plantea a la sociedad civil, no sólo en su condición de agente concurrente del espacio público, sino en la más radicalmente política, esto es, en la del conjunto de la sociedad civil como sujeto del demos: como soberano. Dicho de otro modo: nos encontramos, a mi juicio, con una de las grietas más graves de legitimidad política democrática.

Si me atrevo a proponer este juicio es porque, también en mi opinión, este escenario del Mediterráneo, la tan traída y llevada transformación del mar que fue origen de nuestras culturas y aun de la idea incipiente de Europa (en un sentido dialéctico que a duras penas intentamos convertir en dialógico), en un enorme cementerio, resultado del intento de configurarlo como frontera impenetrable. De hecho, como ha reconocido ACNUR (https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/emergencias/el-mediterraneo-mas-mortal-que-nunca), es la frontera más peligrosa del planeta[1].  

Esa realidad ha hecho aparecer la toma de conciencia del límite que supone la necropolítica[2] para poder seguir hablando de legitimidad democrática, de la política propia de una sociedad decente, en los términos de Péguy o Margalit. No pretendo con ello apuntar por elevación en la crítica a los modelos de políticas migratorias y de asilo que parecen ir ganando terreno, aunque sólo sea por la dimisión de nuestros responsables políticos que parecen haber renunciado al sin duda ambicioso y difícil objetivo de una respuesta global, coordinada y legítima ante el desafío que suponen los nuevos rasgos de las manifestaciones de movilidad humana en este siglo, una omisión a mi juicio culpable[3] y frente a la cual han sido algunos agentes de la sociedad civil, algunas ONGs quienes han asumido el elemental deber de socorro. Enseguida hablaré de ello. Pero lo que quiero poner de manifiesto, ante todo, ya que hablamos de retos de la sociedad civil en el Mediterráneo, es que aquí nos damos de bruces con varias contradicciones de enorme calado en términos de legitimidad, que afectan a cada uno de los Estados miembros y al propio proyecto europeo, en la medida en que, a mi juicio también, parecen exceder a la tasa de exclusión que puede permitirse una sociedad que quiera seguir llamándose democrática.

En primer lugar, contradicciones internas de la sociedad civil: contradicciones entre lo que vota la sociedad civil (que apoya mayoritariamente programas políticos que incluyen políticas migratorias y de asilo que no respetan derechos básicos) y lo que una parte de esa sociedad civil, a través de ONGs[4] y de movimientos ciudadanos que incluso han sido asumidos oficialmente por los Ayuntamientos de diferentes ciudades europeas[5], exigen a sus Gobiernos europeos. Esto es, otras políticas que pongan por delante salvar las vidas y, al tiempo, se comprometan en la lucha por esos derechos de inmigrantes y refugiados.  Contradicciones, en segundo lugar, también externas, pues son contradicciones palmarias entre las denuncias y exigencias de esos representantes de la sociedad civil y sus Estados, o quizá sería mejor decir y sus Gobiernos e instituciones representativas, incluidas dos de las instituciones clave de la UE, la Comisión y el Consejo.

Mientras la opinión pública sólo parece reaccionar a golpe de naufragios masivos, como los sucedidos ante Lampedusa o en el Canal de Sicilia, en 2013 o el más grave por número de víctimas, el que hundió a más de 700 personas frente a las costas de Libia en  2015, o a golpe de impactos mediáticos -la foto de Aylan Kurdi el 2 de septiembre de 2016-, lo cierto es que algunos movimientos sociales y determinadas ONGs se han implicado en las tareas de rescate de los náufragos en el Mediterráneo (primero en el mar Egeo, en islas como Lesbos, a escasas millas náuticas de las costas más occidentales de la península Anatolia y luego, sobre todo, en el canal de Sicilia, entre las costas de Libia y las islas de Malta y Lampedusa y Sicilia). Lo paradójico es que, una vez más esas tareas altruistas y solidarias de ayuda a quien está en peligro de muerte, son calificadas a menudo como conductas delictivas, conforme al conocido mecanismo estigmatizador que ha creado el oxímoron de <delitos de solidaridad>, convirtiendo en delincuentes (cómplices o responsables incluso de delitos de tráfico y aun explotación de seres humanos) a quienes acuden a la llamada del deber de socorro.

Por lo que se refiere a cuál debería ser nuestra respuesta para evitar las muertes en el mar, lo que hay que subrayar, insisto, es que no se trata de cumplir con un acto altruista, con una obligación moral. Hablamos de deberes jurídicos exigibles y cuyo incumplimiento es sancionable; incluso punible. Deberes que no son, por cierto, el cometido principal de las operaciones desplegadas por la UE con el auxilio de la OTAN, en el Egeo y en el Mediterráneo central. No olvidemos que la operación EuNavFor MED (luego rebautizada como operación Sophia) desplegada en esa zona (incluso su zona SAR) es ante todo una operación de control y disuasión, de barrera frente a las mafias, pero nunca ha sido su cometido central el rescate, aunque, evidentemente, como cualquier otro buque, esos barcos están obligados por el Derecho internacional del mar a auxiliar a cualquier embarcación que divise en peligro o a cuantos náufragos localice. Pero no para acogerlos en Europa, sino para devolverlos a “puerto seguro”. Hasta hoy, las autoridades europeas, contra toda evidencia, siguen insistiendo en que los puertos de Libia (ese Estado fallido que hoy se encuentra de nuevo en situación de facto de guerra civil) son seguros, cuando sabemos que quienes viajan en esos barcos de muerte lo que más temen es ser capturados por los guardacostas libios y devueltos al infierno del que huyen.

¿De qué actuaciones hablamos? El Aquarius no es una regla, sino la excepción

Son numerosas las ONGs que han sido acusadas de estos comportamientos y han visto obstaculizadas sus tareas, cuando no (el caso de Italia es extremo) han sido acusadas de delitos y han visto decomisados sus buques. Recordaré brevemente el caso más emblemático, del que se cumple en estos días un año. El 10 de junio de 2018, Mateo Salvini confirmó el cierre de los puertos de Italia a la llegada de las 629 personas que había rescatado Médicos Sin Fronteras y que permanecían en alta mar a bordo del buque Aquarius de la ONG SOS Mediterranée y Médicos sin Fronteras.  En esos momentos, el buque se encontraba a 43 millas de Malta, que había declarado no ser el competente para el desembarco argumentando que el naufragio ocurrió en área de rescate Libia y fue coordinado por Roma, por lo que no tenía competencia en la acogida de dicho buque. El lunes 11 de junio, varios alcaldes y alcaldesas italianos y españoles, ofrecieron sus ciudades y puertos ante la negativa de Salvini para acoger a las personas rescatadas. En España, los presidentes autonómicos de Valencia, Euskadi, Extremadura y Baleares entre otros, se ofrecieron a acoger a una parte de las personas rescatadas. Finalmente, el recién nombrado Presidente del Gobierno de España, Pedro Sanchez, ofreció la ciudad de València a la ONU como puerto seguro para el desembarco[6].  Según informó entonces el Ministerio del Interior, 608 personas formalizaron su petición de asilo y de ellas 365 personas fueron trasladadas a recursos del Sistema Estatal, mientras que otras 52 quedaron a cargo de la Generalitat Valenciana, que tomó bajo su competencia a los 73 Menores No Acompañados (MENA). A principios de febrero de 2019, el gobierno informó que un total de 73 de las 630 personas rescatas que llegaron al puerto de València habían abandonado el sistema de asilo y que las más de 500 personas acogidas en España se repartían entre 30 provincias entre las entidades especializadas en materia de asilo, siendo Valencia con 158 la que más personas tenia acogidas. A día de hoy, siguen sin resolverse los expedientes de solicitud de protección internacional y asilo.

Pero lo que hemos visto tras el episodio del Aquarius es un regateo angustioso de los barcos que han rescatado a náufragos, y que han permanecido muchos días en altamar, mientras los países europeos más próximos se pasan uno a otro el expediente de desembarcarlos. Con el agravante de que el gobierno italiano, por imposición de Salvini, mantiene sus puertos cerrados[7]. Tras el Aquarius, el gobierno español no ha encontrado el apoyo solidario de sus iniciales socios en Europa, Francia y Alemania, y tampoco se ha conseguido que se establezcan criterios estables y solidarios entre los Estados miembros europeos para el desembarco y distribución de los rescatados.

Frente al legado de Caín: la obligación de proteger y preservar el derecho a la vida.

En su primer discurso público, significativamente pronunciado en Lampedusa, en el mes de julio de 2013, el papa Francisco aseguraba: «¿Quién es el responsable de la sangre de estos hermanos? Ninguno. Todos respondemos: ‘Yo no he sido, yo no tengo nada que ver, serán otros, pero yo no’. Hoy nadie se siente responsable, hemos perdido el sentido de la responsabilidad fraterna, hemos caído en el comportamiento hipócrita». Es el complejo de Caín, ilustrado de otra forma en la parábola del buen samaritano, con la que Jesús responde a la pregunta de un doctor en la ley sobre quién es mi prójimo (Lucas 10, 29-37).

Ese deber moral de ayuda al desamparado, consecuencia de la unidad del género humano (en la versión religiosa, de la condición que hermana a los seres humanos como <hijos de Dios>, está en la base de un precepto jurídico universalmente consagrado: el deber de socorro, complementado por el delito de omisión de deber de socorro. Y esos deberes son obligaciones erga omnes que recoge el Convenio de Montego Bay, en su artículo 98: «Todo Estado exigirá al capitán de un buque que, siempre que pueda hacerlo preste auxilio a las personas que estén en peligro» y hablamos del instrumento jurídico básico de Derecho internacional del mar, del que son parte todos los Estados europeos[8]. A ello debe sumarse que, por lo que se refiere a las personas rescatadas que pudieran invocar la condición de refugiados, es absolutamente obligatorio el principio de non refoulement que impone el artículo 33 del Convenio de Ginebra: «Ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre».    

La tesis es muy sencilla: estamos ante el incumplimiento -aunque sea por omisión (y recordaré que existe una figura penal: el delito de omisión de socorro)- de un deber jurídico y, además, de una obligación política internacional. La paradoja es que son esas ONGs, esos movimientos ciudadanos, los que han asumido el ineludible cumplimiento de uno y otro, ante los subterfugios a los que recurren los Gobiernos europeos para sortearlo, cuando no, lisa y llanamente -Salvini dixit- para oponerse a él y cometer groseras violaciones del mismo, casi siempre con el argumento de “no podemos ser responsables de resolver toda la miseria del mundo”.  

Otra cosa es, ciertamente, qué deber tienen las embarcaciones que rescatan, esto es, si basta con desembarcarlos en el puerto más próximo con tal de que lo consideren seguro. Todos los Estados miembros de la UE tienen la obligación de garantizar los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción, incluyendo a los inmigrantes irregulares, incluidos la asistencia sanitaria y los mecanismos de justicia que impone la ley. Pero  antes, los rescatados deben «pisar» territorio europeo. Y en el fondo es la razón por la que Malta e Italia vetaron la llegada del buque «Aquarius», evitar contraer esa responsabilidad.

En el caso de los Estados miembros de la UE se aduce la aplicación  del reglamento 656/2014 de la Unión Europea. En él, se recomienda que «se garantice la seguridad de las personas interceptadas o rescatadas, la de las unidades participantes o la de terceros». Pero si atendemos a qué obligaciones tienen los barcos de rescate en punto al desembarco de las personas rescatadas, si bien el artículo 9 del Reglamento establece que «los Estados miembros cumplirán con su obligación de prestar ayuda a cualquier buque o persona en situación de peligro», en el 10 se indica que «las modalidades de desembarco no tendrán por efecto imponer obligaciones a los Estados miembros que no participan en la operación marítima». España pudo ofrecerse acogiéndose a la cláusula que estipula, como excepción, «a menos que ellos mismos autoricen expresamente que se adopten medidas en su mar territorial o zona contigua».

Algunas consecuencias y propuestas

Casos como el del “Aquarius” han tenido la virtud de sacar a la luz no pocas de las contradicciones en el supuesto modelo europeo de políticas migratorias y de asilo y, además, visibiliza las nefastas consecuencias de lo que un experto indiscutido como Sami Naïr ha denominado proceso de “renacionalización” en el que están embarcados desde 2015 buena parte de los Gobiernos europeos, que hace inviable lo imprescindible: un mínimo de política común  en los tres pilares de toda política migratoria, el internacional, el de control de fronteras,   y el de gestión de los asentados en territorio nacional.  Pero lo primero que se impone es la evidencia de que ningún Estado puede alegar la vieja noción de soberanía y tratar de resolver desde ella la globalidad del fenómeno migratorio que, como gusta de repetir el profesor Joan Romero, es un hecho de trascendencia geopolítica de primer orden que exige un tratamiento internacional. Sólo una verdadera política europea, coordinada y solidaria puede proporcionar los medios adecuados al desafío de la gestión de las manifestaciones de la movilidad humana forzada.  Y en ese contexto, el cumplimiento del deber de salvar las vidas no es una opción, un capricho propio de buenistas que tratan de hacer frente a la malheur de conciencia.

Es necesario definir un modelo claro y coherente, que se aleje de la falaz alternativa entre buenismo moralista irresponsable de un lado y, de otro, del crudo pragmatismo que, en aras de las dificultades políticas internas y europeas y de los riesgos del populismo y la supuesta incomprensión de la mayor parte de la población de una pedagogía de la complejidad, olvida la prioridad del cumplimiento de obligaciones jurídicas como condición sine qua non de legitimidad y aun de eficacia. No, no es cierto que, como nos dicen en el abundante universo de simplistas politólogos armados de una lectura elemental –raquítica– de Weber,  haya que optar entre la moral de responsabilidad, la del político, y la de moral de convicción, la del moralista, la de las ONGs o los académicos encerrados en sus torres de cristal y ajenos a las duras limitaciones reales. Tampoco es cierto que exista una “tercera vía”, la del pragmatismo compasivo que, a la imagen de esa superchería del capitalismo compasivo predicado por Reagan y reeditado por Sarkozy (al que tantas veces parece acercarse su versión ilustrada actual, Macron) nos hacía regresar al paternalismo buenoide retratado por Dickens y estigmatizado por Brel en su inolvidable Les Dames patronneuses. No. Nada de la moralina narcotizante del rebaño que fustigara con acierto Nietzsche. Salgamos del paternalismo bienpensante que entiende a los refugiados como pobres desgraciados a los que premiar con unas migajas de caridad y se empeña en utilizar a los inmigrantes como piezas de la próspera industria del desecho humano, en la durísima pero certera fórmula de Bauman. Salgamos de una vez de esa contradicción que supone vivir obsesionados por el cumplimiento del dogma de las décimas en el déficit, mientras violamos a gusto, día sí y otro también, deberes jurídicos elementales consagrados en Convenios y en leyes propias de nuestro ordenamiento, del Convenio de Derecho del mar de Montego Bay o el Convenio SOLAS a la Convención de los derechos del niño, o la ley orgánica de protección del menor. Las ONGs, incluso en el caso de que se consiguiera implementar un sistema coordinado, solidario y obligatorio de desembarco y distribución de los rescatados en el mar, siguen teniendo una función a desempeñar[9].

Cumplir con los primeros deberes jurídicos, que nos obligan al respeto y garantía de derechos humanos, no es una opción. Es lo que nos permite sentirnos parte de una civilización o engrosar las filas de la barbarie que no queremos reconocer en el espejo. Para eso hace falta la voluntad política de crear vías de acceso legales y seguras, algo de lo que aún están lejos las decisiones de Bruselas, pero también de las cancillerías europeas.  Baste examinar la distancia entre esas políticas y las 15 propuestas enunciadas por CEAR recientemente, ante las elecciones europeas, entre las que se plantean, por ejemplo, poner fin a las políticas de externalización de fronteras y a la firma de acuerdos con terceros países que no respetan los derechos humanos; avanzar en la construcción de un Sistema Europeo Común de Asilo que no suponga un recorte de los derechos; garantizar que no se vulnere el principio de no devolución a países no seguros; impulsar un mecanismo europeo de desembarco seguro y posterior reubicación entre estados miembros; o evitar más sufrimiento a las personas refugiadas dentro de sus fronteras, como sucede actualmente en las islas griegas. Y obviamente, facilitar la labor de las organizaciones y equipos de rescate que tratan de salvar vidas en el mar[10].


[1]  Desde 1988 hasta 2017, más de 28000 personas habrían perdido la vida; según la base de datos Migrants Files (https://www.detective.io/detective/the-migrants-files/), un consorcio de periodistas europeos que proporciona datos sobre la cuestión migratoria en la UE. Según la OIM, hablamos del 75% de todas las muertes registradas en las fronteras mundiales. Entre las bases de datos que se pueden consultar a este respecto, me remito al sitio web del proyecto Human Cost of Borders Control, que desarrolla un estudio específico en torno al Mediterráneo: Deaths at the Borders of Southern Europe DataBase:  http://www.borderdeaths.org/ .

[2] En diferentes trabajos he tratado de argumentar cómo se puede aplicar a las políticas migratorias y de asilo esa categoría (acuñada por el filósofo Achille Mbembé a partir de la biopolítica de Foucault). Cfr. por todos “Negar la política, negar sus sujetos y derechos (Las políticas migratorias y de asilo como emblemas de la necropolitica)” | Deny the Politics, their Subjects and Rights (Migration and Asylum Policies as Emblems of Necropolitics), Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, 36/2017.

[3] Baste con la referencia al debate o, por hablar más claro, a la resistencia frente al muy tímido intento de ofrecer recomendaciones (nada de instrumentos jurídicos vinculantes) como las que suponen el Global Compact for safe, regular and legal Migration y el Global compact on Refugees, impulsados por la ONU desde 2016, acordados en Marrakesh el pasado 10 de diciembre de 2018 y refrendados por la Asamblea General de la ONU el 18 y 19 de diciembre del mismo año.  Estos mal llamados “pactos” -no lo son en sentido técnico- reúnen iniciativas y propuestas útiles pero que de suyo apenas suponen novedades, más allá de algunas recomendaciones sobre la necesidad de evitar malas prácticas como, por ejemplo, el recurso primario a establecimientos de detención, pieza angular, sin embargo, de la política migratoria europea (los CRA, o CIE en la terminología española).

[4] Entre esas ONGs se encuentran Save the children, MSF, Salvamento Marítimo Humanitario, ProEmaid, SOS Mediterranée, Proactiva Open Arms, Sea Watch «MOAS» o «Jugend Rettet».

[5] Sigue siendo simbólica la postura crítica de Giusi Nicolini, la alcaldesa de Lampedusa en octubre de 2013, cuando los representantes de la UE acudieron a los funerales por las 300 personas fallecidas en el mar al naufragar dos embarcaciones. “Vengan aquí a contar los muertos conmigo…¿cuán grande ha de ser el cementerio de mi isla?”. En mayo de 2016, Irina Bokova, Directora General de la UNESCO, Mariana V. Vardinoyannis, Embajadora de Buena Voluntad de la UNESCO y Benedetto Zacchiroli, Presidente de la Coalición Europea de Ciudades contra el Racismo (ECCAR) que reúne a ciudades como Graz, Malmö, Upsala, Erlangen, Karlsruhe, Metz, Róterdam, Barcelona, Gante, Bolonia, Esch-sur-Alzette, lanzaron la iniciativa “Ciudades Acogedoras para los Refugiados: Promoviendo la Inclusión y Protegiendo los Derechos”. Barcelona, Valencia, Madrid, Zaragoza, Bolonia, Catania, Nápoles, Palermo, Latina y Siracusa se sumaron a esa iniciativa. Sus alcaldes han sido recibidos en varias ocasiones por el papa Francisco (la más reciente, en febrero de 2019). Cabe recordar que Mimmo Lucano, alcalde de la ciudad italiana de Riace, pionera en programas de acogida e integración de inmigrantes y refugiados y destituido por el ministro Salvini, ha sido propuesto al Premio Nobel de la Paz.

[6] Tras un viaje de cuatro días, unas 700 millas náuticas, en malas condiciones climatológicas, que le obligaron a buscar abrigo en Cerdeña, el 17 de junio llegaron al puerto de Valencia 630 personas, provenientes de 31 países, a bordo del Aquarius y otros dos buques puestos a disposición por Italia (el Danilo y el Orione). La mayoría, africanos, de Sudán, Argelia, Eritrea y Nigeria, aunque una minoría proveniente de Afganistán, Pakistán o Bangladesh. En un primer momento, se habló de más de cien menores no acompañados, aunque tras el desembarco la cifra bajó a 72, que fueron trasladados a diferentes dispositivos, mayoritariamente a la ciudad de Alicante. Los acogió un dispositivo de 2300 personas, con especialistas y voluntarios de diferentes ámbitos, coordinados por el Gobierno valenciano y con la presencia de especialistas de Cruz Roja y CEAR entre otros. El Gobierno francés ofreció protección internacional a 80 personas de las 286 que, en principio, habían solicitado ir a Francia.

[7] Cfr. por ejemplo, https://www.ecre.org/continued-stand-off-over-rescued-migrants-unfolds-in-european-waters/

[8] Sobre ello, es obligada la referencia a la monografía del profesor Félix Vacas, El Derecho migratorio, internacional y europeo, como límite desde los Derechos Humanos a la discrecionalidad de los Estados en materia migratoria, Valencia, Tirant lo Blanch 2018(prólogo de J de Lucas). Me permito remitir asimismo a mi artículo  “El respeto al Derecho, barrera entre la civilización y la barbarie”, https://www.infolibre.es/noticias/luces_rojas/2018/06/12/respeto_derecho_linea_roja_entre_civilizacion_barbarie_proposito_del_caso_aquarius_83843_1121.html

[9] Cfr. el reciente woking paper editado por ECRE (mayo 2019), Refugee-Led Organisations (RLOs) in Europe: Policy Contributions, Opportunities and Challenges. Puede descargarse enwww.ecre.org/ecre-working-paper-refugee-led-organisations-rlos-in-europe-policy-contributions-opportunities-and-challenges/

[10] Cfr. https://www.cear.es/wp-content/uploads/2019/03/Propuestas-Elecciones-Europeas.pdf. Con carácter más amplio, https://www.cear.es/elecciones_propuestas_para_la_mejora_de_la_proteccion_de_las_personas_refugiadas/

Sobre los límites de la desobediencia civil. Versión extendida del artículo publicado en Ideas, El País, 17.11.2019

 

“Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto, y despiertan de su letargo, pero de forma violenta”,

Jean-François-Paul de Gondi, Cardenal de Retz, Mémoires, 1675

  1. Humanos, porque desobedecemos

Los nuestros han sido caracterizados, desde diferentes perspectivas, como tiempos de desobediencia, hasta el punto de que se ha llegado a aventurar que un rasgo distintivo de la generación que alcanza su mayoría de edad al final de la primera década del siglo XXI sería el “estado de rebelión”, lo que permitiría hablar de la era de los indignados. Se habría producido así un proceso de globalización del movimiento de denuncia y rechazo del statu quo que se extendió desde las plazas de ciudades árabes a Madrid, Génova, Nueva York o Hong Kong. Probablemente, sus antecedentes inmediatos remiten a la concepción altermundialista, al lema otro mundo es posible, que se lanzó desde el foro de Porto Alegre, y que fue sobre todo una propuesta de rechazo de un (des)orden social percibido como insoportable, por injusto y aun suicida, en términos de la sostenibilidad de la vida (la de los seres humanos y la del propio planeta). Pero no pretendo una disquisición sobre cuestiones que han sido ya extensamente tratadas[1], sino más bien apuntar una pregunta y ofrecer algunas pistas para el debate a quien interese la cuestión.

A mi juicio, la pregunta es por qué hoy el prestigio social está del lado, no ya de la indignación y la denuncia, sino abiertamente de la desobediencia, con el efecto estigmatizador sobre la actitud de obediencia, que parece sometida a sospecha, cuando no a menosprecio. Y es que hoy parece asentada en ciertos sectores la tesis de que la desobediencia es la modalidad que exige aquí y ahora una política radicalmente democrática, ante el bloqueo impuesto por los viejos mecanismos e instituciones de la democracia representativa.

En rigor, no es una novedad, sino una constante que podemos encontrar en toda sociedad y que viene simbolizada por el atractivo de la negación, vinculada a una necesidad generacional, biológica, la que todos experimentamos al constatar que nos encontramos en un mundo que hemos recibido y que percibimos como ajeno e incluso impuesto; en definitiva, un mundo que no es nuestro, de donde la necesidad de crear el propio. Prácticamente en todas las culturas y en todos los momentos históricos encontramos testimonios de ese rechazo, de esa desobediencia, que es sobre todo una actitud vital de “los jóvenes” hacia las pautas y valores imperantes, testimonios enunciados generalmente en tono de lamentación por la decadencia que ello supone para el orden social existente, cuyos valores son impugnados. Es el grito del ¡non serviam!, que la Biblia atribuye al ángel predilecto que se rebeló contra su Creador, convirtiéndose así en ángel caído.

Pero hoy hablamos de algo más, de un fenómeno que, por su generalización, parece nuevo: se trata de reconocer que se ha producido una inversión de la comprensión de la desobediencia, que –en contextos democráticos– pasa de ser una actitud sospechosa por insolidaria y reprobable para la mayoría, en cuanto incompatible con las condiciones de una convivencia civil, a convertirse en la vía necesaria para construir una sociedad que de verdad merezca ese calificativo. Una sociedad decente, en el sentido de Péguy o Margalit o, digámoslo abiertamente, una sociedad justa. Esto nos obliga, creo, a un esfuerzo de precisión sobre las condiciones de legitimidad de la desobediencia, lo que puede abordarse, a mi juicio, al menos desde dos vías que tienen una importante tradición. De un lado, la que construye el concepto de desobediencia civil (en adelante, DC), en contextos precisamente democráticos, cuando menos a priori. De otro, la de raíces anarquistas –en la mejor tradición libertaria– que entiende que, siendo todo poder ilegítimo, la desobediencia es la acción política legítima por antonomasia, incluso un deber, lo que parece razonable cuando hablamos de regímenes no democráticos, pero resulta muy cuestionable en el otro caso. Porque la discusión sobre el alcance y y justificación de lo que conocemos como DC no es un fenómeno contemporáneo. Antes al contrario, podemos y debemos entenderla como un caso especial de una constante histórica que, desde el personaje de Antígona a nuestros días, encontramos formulada de muy diferentes formas y en muy distintos escenarios como la cuestión política clave: ¿por qué obedecer?

Recordaba mas arriba que el “atractivo de la desobediencia” no puede ser considerado una novedad. Como explicara en su día Fromm en su ensayo sobre la desobediencia como problema psicológico y moral[2], la inclinación a la desobediencia está vinculada a ese gran motor de la humanidad que es el ansia de libertad, frenado por otra pulsión constante y contrapuesta, el miedo a la libertad. Un miedo cuyas raíces había explicado el caballero de La Boétie en su Discurso sobre la servidumbre voluntaria (1548) que fue publicado por su amigo Michel de Montaigne. En cierto modo, en el panfleto de La Boétie arranca una concepción que, desde el humanismo a la Ilustración, reivindicará en profundidad el valor de la autonomía como principio sine qua non de la moral, la política y el derecho y que se refleja en la noción de contrato social como única justificación del poder. La Boétie impugnaba la obediencia propia de las monarquías absolutas, que es la obediencia de quien, en lugar de ciudadano, es tratado como súbdito o, como dirá mucho más tarde Nietzsche, como rebaño. Denunciaba así la obediencia como hábito generado por el miedo, por la amenaza del monopolio de la violencia que detenta el rey. Impugnación de la obediencia como servidumbre voluntaria que encontramos también en la advertencia prudente que se recoge en una cita muy repetida (y habitualmente atribuida de forma errónea a Lichtenberg, en sus Aforismos) de las Mémoires del que fuera rival de Mazarino, el cardenal de Retz (1675), con la que he encabezado esta reflexión y también en la conocida afirmación del genial Spinoza: “Por lo demás, aquella sociedad, cuya paz depende de la inercia de unos súbditos que se comportan como ganado, porque sólo saben actuar como esclavos, merece más bien el nombre de soledad que de sociedad» (Tractatus Politicus, V, 4).

Fromm condensó esa dialéctica en una afirmación que ha sido mil veces repetida: “la historia de la humanidad comenzó con un acto de desobediencia y es probable que acabe con un acto de obediencia”. Cuando Prometeo, Eva y Adán entonan de diferentes formas su “no serviré”, aunque sea a riesgo del implacable castigo divino, a la imagen del ángel caído, el primer rebelde, rebelde también contra Dios, como glosara Milton en su Paraíso perdido, proclaman su autonomía, se afirman como algo más que creaciones o juguetes de dioses más o menos crueles o benéficos. Como señalara Camus, el rebelde es la expresión misma de la lucha del ser humano por afirmarse frente a la contradicción de sentirse y saberse esclavizado por las reglas de un mundo que le es ajeno y contra el que se rebela: “¿Qué es un hombre rebelde? Un hombre que dice no. Pero negar no es renunciar: es también un hombre que dice sí desde su primer movimiento. (…) El rebelde (es decir, el que se vuelve o revuelve contra algo) da media vuelta. Marchaba bajo el látigo del amo y he aquí que hace frente. Opone lo que es preferible a lo que no lo es”.

 Del otro lado, frente a la certeza y el confort que nos ofrece la obediencia, el actuar como y dentro del rebaño, pronto se advierte que la obediencia mecánica, perinde ac cadaver, como reza la máxima ignaciana, es la negación de nuestra condición. La obediencia ciega es denunciada, según la advertencia de Fromm, como la amenaza de destrucción final. Nadie lo explicó mejor que Kubrick en su extraordinario filme Dr. Strangelove: or how I learning to stop worrying an love the Bomb (1964), una crítica avant la lettre de la doctrina de la disuasión nuclear, la mutua destrucción asegurada (MAD), que aceleró la carrera armamentística y contra la que se alzó un importante movimiento pacifista, uno de los ejemplos de la mejor desobediencia civil, que cuaja en su dimensión internacionalista a través de la protesta contra la guerra en Vietnam y contra la carrera armamentística y nuclear, como veremos.

En suma, la relación dialéctica entre obediencia y desobediencia nos constituye como humanos y eso muestra hasta qué punto, como ha señalado con su inteligencia habitual la filósofa Alicia García Ruiz, la cuestión de los límites de la obediencia es capital. Porque la obediencia es un ejemplo mayor de concepto límite. Pero vayamos a la discusión específica sobre la DC.

2. La desobediencia civil, instrumento de la lucha por la mejora del Derecho y la democracia

El profesor, filósofo y jurista norteamericano Hugo Adam Bedau, publicó en 1961 un artículo sobre la DC[3], adelantándose en buena medida a las tesis que propuso Hannah Arendt en un famoso ensayo en The New Yorker en 1970[4]. Bedau desarrolló esas tesis en otras publicaciones, sobre todo en un libro colectivo sobre DC publicado en 1969, que considero el punto de referencia obligado de la discusión contemporánea[5]. En ese texto, ofrece una definición de DC que, con algunas variantes, ha sido reiterada por los principales teóricos de este concepto, de Russell a Dworkin o Rawls, pasando por Habermas: La DC, frente a otras formas de resistencia o infracción del Derecho que reclaman su justificación en aras de mayor justicia (o, directamente, de la contraposición entre Justicia y legalidad, como ya encontramos en Antígona), consistiría en <una infracción de un mandato legal (ley, sentencia, actuaciones administrativas propias de políticas públicas, étc), de carácter público y pacífico, con el objetivo de conseguir que ese mandato sea anulado, alegando que no se ajusta al marco jurídico común del que emana la legitimidad legal de la norma impugnada>.

Es decir, mediante la infracción pública y no violenta de una norma legal, se quiere llamar la atención de la mayoría (la opinión pública y sus representantes institucionales) para que rectifique una decisión que cuenta a priori con la presunción de legitimidad democrática porque ha sido adoptada legalmente, pero cuya legitimidad dentro del sistema jurídico político se impugna, alegando precisamente su incompatibilidad con los principios de esa legitimidad: en esto se diferencia la DC de las prácticas de protesta que se enmarcan en el seno de movimientos de rebelión o insurrección pacíficos (los no pacíficos suelen identificarse con movimientos revolucionarios): estos buscan cambiar el sistema o los principios del sistema.

Lo característico de la DC, a diferencia, por ejemplo, de la objeción de conciencia, es que no se busca la exención individual de un deber, sino que tiene un alcance colectivo, genuinamente político: se trata de modificar una ley, una sentencia o un acto administrativo que afectan al interés general[6]. Por eso cabe la DC como respuesta a casos de violación de derechos individuales, porque la violación de un derecho fundamental nos toca a todos: es el caso de las actuaciones del movimiento PAH, contra desahucios de personas en situaciones vulnerables. Pero también para impugnar decisiones <técnicas> que son vividas como contrarias al interés general o al menos de un grupo significativo de ciudadanos, como en el caso del movimiento vecinal en Murcia recientemente, con la protesta organizada de los vecinos contra el alzado de un muro ferroviario exigido por las obras del AVE, que partía la vida de algunos barrios de la ciudad. Otra peculiaridad frente a la objeción de conciencia es que la DC puede ser directa, esto es, del mandato impugnado, pero la mayor parte de las veces es indirecta: se viola otra norma legal, como el código de circulación, o las que rigen el acceso a edificios públicos, como hace en estos días Jane Fonda ante el Capitolio reclamando acciones contra la emergencia climática. Finalmente, y eso resulta polémico, la mayor parte de los teóricos de la DC (no todos: por ejemplo, Chomsky rechaza este requisito por entender que la reduce a una acción domesticada, carente de la fuerza que da la verdadera rebelión, por más que pacífica), exigen como prueba del carácter civil no sólo la no violencia y la remisión a los principios del ordenamiento jurídico-político, sino también la disposición a aceptar el castigo que se impone a la infracción de la norma (el ejemplo mencionado de Jane Fonda en estos días). El desobediente civil no es un delincuente, no trata de burlar la acción de la ley, sino que acepta el sistema legal que quiere mejorar con su infracción y por eso no trata de escapar a la sanción. Es lo que sabe captar la mencionada García Ruiz cuando, inspirándose en Arendt, propone que la DC es manifestación del tipo de disidencia “que es la dimensión estructuralmente constitutiva del consenso”. Por eso, asegura, debe ser entendida como “potencial de renovación institucional, expresión de la capacidad común de asociación desde el disentimiento que es constitutiva de una comunidad política libre” y por esa razón, concluye, frente a la DC “la respuesta gubernamental…no puede quedar confinada sólo al plano jurídico. Ha de ser resueltamente politica”.

Precisamente la dimensión política de la DC explica también el abanico de causas que se sirven de ella y nos vale también para advertir la evolución en esta lucha por mejorar la democracia y el Derecho. Así, frente a los movimientos de DC ligados a causas internas, nacionales (el reconocimiento de los derechos civiles en los EEUU), poco a poco esas reivindicaciones se deslizaron hacia causas más transversales, incluso universales. Ese es el ejemplo de movimiento pacifista surgido en los 60, cuyas raíces pueden encontrarse en la doctrina de la no-violencia propuesta por el gran precursor de la moderna causa del pacifismo L. Tolstoi y retomada por H.D.Thoreau, a quien se considera, a mi juicio de modo incorrecto, como el moderno fundador de la desobediencia civil. Permítanme detenerme un momento en este punto.

En efecto, hay coincidencia en señalar que el origen del ensayo de Thoreau, el primero publicado con el título “Desobediencia civil”, está en su desencuentro en 1847 con un recaudador de impuestos local, Sam Staples, que le exigía los atrasos de seis años de impuestos. Thoreau se negaba a pagar impuestos, apoyándose para ello en su concepción de que un buen ciudadano no podía aceptar la lacra de la esclavitud y tampoco sufragar las veleidades imperialistas y coloniales que exhibía el Gobierno federal en su aventura mexicana, así como en su interpretación del modelo de los padres fundadores, que consideraba difícilmente compatible con un gobierno federal fuerte, oposición que ha sido interpretada como una posición individualista e incluso anarquista (quizá sería más exacto buscar su equivalencia con una propuesta muy posterior, la figura del “anarca” de E.Jünger), desde una interpretación a su vez confusa de los postulados expresados en otra obra de Thoreau de indiscutible vocación ecologista, Walden. Fue encarcelado en Concord, pero sólo por un día. A comienzos de 1848 pronunció varias sobre conferencias  sobre el tema «Los derechos y deberes del individuo en relación con el gobierno«, explicando su idea del derecho al autogobierno que tiene todo individuo. Esas conferencias tenían por título On resistance to civil governement, más vinculado al multisecular “derecho de resistencia” y fueron la base de su ensayo «Resistencia al Gobierno Civil» (luego editado con el título celebérrimo «Desobediencia Civil«). En suma, Thoreau reivindica la disidencia como elemento clave de la democracia en cuanto expresión del desacuerdo político y no sólo moral, de quien no halla justificado el imperativo concreto de una ley, porque choca con los fundamentos del pacto social al que se ha prestado consentimiento, en el caso de Thoreau, la Declaración de Independencia en la que se expresa el consenso, el marco de legitimidad de los Founding Fathers (es decir, la Constitución, en términos de la teoría contemporánea de la DC). Para Thoreau, la DC es una conducta exigente, lo que significa que ha de ser pública y pacífica y, además, debe aceptar la sanción para probar su coherencia. Sin duda hay en él un impulso de moral crítica, un fundamento ético de la DC, pero la clave está en la dimensión política: no trata de cambiar el régimen político, pero tampoco salvar la aplicación de una ley a su caso concreto (la excepción personal o suspensión personal de la ley, propia de la objeción de conciencia). Por eso, su propuesta no es la de la revolución. Es una rebelión para preservar los valores del pacto político que comparte y defiende. De paso, diré que, a mi juicio, aunque resulta indiscutible la importancia que tuvo para Gandhi la lectura de Tolstoi y de Thoreau (comenzando por la tesis de éste que asegura que en un régimen injusto el único lugar para un hombre justo es la cárcel), el movimiento que el Mahatma impulsó ya como abogado frente al apartheid en Sudáfrica y, sobre todo, el que fue decisivo en la independencia de la India, no es en realidad desobediencia civil, sino rebelión inspirada en una concepción religiosa, la doctrina de la satyagraha, que adquiere la dimensión de una verdadera revolución política, de carácter pacífico. Porque, obviamente, Gandhi no comparte ni los valores ni las reglas del sistema político del virreinato, la dominación inglesa en la joya de la corona que es la India, y no se rebela apelando a esa legitimidad, sino que la impugna.

Ambos elementos, la vocación vagamente anarquista y el propósito ecologista (vinculado en este caso a un difuso panteísmo) encuentran eco en un poema de Walt Whitman, originalmente denominado Whitman’s Clause y también To the Sates, finalmente publicado como Resist much/Obey Little, (1860) en su poemario Leaves of Grass, yque dice así:“To The States, or any one of them, or any city of The States,/ Resist much, obey little;/ Once unquestioning obedience, once fully enslaved;/ Once fully enslaved, no nation, state, city, of this earth, ever afterward resumes its liberty”. Ese “resistid mucho; obedeced poco”, está también presente, a mi juicio, en algunas de las concepciones contemporáneas de la democracia como resistencia, como las que sostienen hoy filósofos como Balibar y, sobre todo, Rancière. En el caso de éste, ligada a su concepción de pueblo, como <aquella parte que no es parte>, que no está presente en el juego de representación de la soberanía propio de la democracia liberal representativa, que se asemeja más a la oligarquía. Pero la diferencia fundamental entre el motor de la obra de Thoreau y los movimientos contemporáneos de DC reside en el desarrollo solidario de esa disidencia individual: no se disiente para obtener un privilegio, una excepción particular a la norma, para salirse del rebaño, habida cuenta de la propia y excepcional superioridad, si se me permite la referencia nietzscheana. No. El propósito es como mínimo el que expresa el viejo verbo castellano, <incordiar>. Pero con un objetivo constructivo, que no siempre se halla implícito en quien actúa como mosca cojonera, que diría ese gran <incordiante> que fue Sánchez Ferlosio.

Hoy se advierte esa ambición universal en buena parte de los más importantes movimientos civiles de protesta que, como ha señalado A. Ortega, evocando un término acuñado por Robertson, son sobre todo movimientos <glocales>[7], aunque en un sentido inverso al concepto <glocalización> (que trata de desnudar la falacia del pretendido universalismo del proceso de globalización, que no sería tal sino la imposición a escala global del modelo de capitalismo depredador de mercado, de cuño norteamericano)) . En efecto, hablamos de protestas que nacen de reivindicaciones de ámbito universal (la emergencia climática es la más clara), pero que actúan localmente. Así, recurre a acciones de DC el movimiento Black lives matter, ligado a la denuncia de la violencia policial contra los ciudadanos negros en los EEUU, y que pronto que pasó a la denuncia del esclavismo y del segregacionismo, que sin duda son la herida original de la democracia en los EEUU, pero puede trasladarse a todos los países en que se vivió y aún hoy se vive la lacra esclavista y racista. La misma ambición se advierte en las denuncias individuales y los escraches con los que comienza el movimiento Me Too, que se convierte en la palanca para un movimiento universal de denuncia de la violencia de género y de la situación de subordiscriminación que sufren cientos de millones de mujeres en todo el mundo y que también emplean formas de DC, sobre todo indirectas, para sus reivindicaciones. Un ejemplo particularmente llamativo y polémico lo ofrece el movimiento Extinction Rebellion, que lucha contra la emergencia climática y que pretende generalizar manifestaciones masivas de DC indirecta que, en algunos casos se encuentran en el otro lado del límite que marca la dimensión no violenta, lo que ha obligado a un debate importante entre esos activistas. Derechos humanos, derechos de las mujeres, emergencia climática son causas políticas que traspasan fronteras y desbordan el ámbjto de la protesta contra problemas de legitimidad de las democracias estatales.

Pero el recurso a la violencia es una barrera. Quien lo traspasa no puede reclamar que practica la DC. Así sucede con algunos movimientos que proponen un orden alternativo a la globalización, como el <Block> (Black Block). Las mismas dudas persisten en torno al movimiento denominado <Hub Meeting>, que en España nació vinculado al 15M, pero pronto se convirtió en transnacional[8]. Y, a mi juicio, eso afecta también a buena parte de las acciones que llevan a cabo los CDR tras la Sentencia del Tribunal Supremo sobre los protagonistas del procés.

Y llegamos al punto que, a mi juicio, es la clave de la discusión. Si aceptamos la definición de Bedau, en realidad la DC sería expresión genuina del espíritu de la democracia y del Derecho. Pero es preciso detenerse en el adjetivo civil, que matiza de forma muy importante la tesis inicial, la del prestigio de la desobediencia. Dejando aparte los versos de Withman y la paradoja de Fromm, quizá nadie como Howard Zinn haya planteado mejor, más provocadoramente, la razón de ser de la desobediencia, desde que lo hiciera Sófocles en el diálogo entre Antígona y Creonte, donde, claro está, no se habla de desobediencia civil, sino de la obligación de obedecer el mandato de leyes superiores, no escritas, cuando la ley no es justa. Es decir, el derecho originario de resistencia que retomaran movimientos como los monarcómacos para justificar incluso el tiranicidio. En un debate de 1970 sobre desobediencia civil, en el contexto de las protestas contra la guerra en Vietnam, Zinn, probablemente el más prolífico de los defensores de la DC, comenzó su intervención señalando que toda la discusión estaba planteada al revés, porque –afirma– “nos dicen que el problema es la desobediencia civil, cuando en realidad el problema es la obediencia civil”[9]. A mi juicio, como trataré de explicar, aquí encontramos un elemento distintivo de la moderna desobediencia civil: se trata de una herramienta política, de carácter colectivo, con la que se busca corregir los déficits de la democracia, o hacerla  avanzar  hacia el reconocimiento de nuevos derechos, hacia la ampliación del espacio público, más allá de lo que a veces es advertido como el estrecho corsé de la legalidad, aun cuando se trate de una legalidad, insisto, democrática, que hace bueno el viejo dictum de Cicerón: “somos siervos de las leyes para poder ser libres”, que está en el fondo de la justificación de la obediencia al Derecho que propusiera Kant (la obediencia a la ley es la garantía de que la libertad de cada uno puede coexistir con la libertad de los demás) y a la que, a mi juicio, resulta imposible renunciar.

Dicho de otro modo, creo que la recuperación contemporánea de la desobediencia civil como elemento propio de la ciudadanía activa, como motor de la vida política, tiene que ver con la percepción de que la disidencia activa o incluso la desobediencia, expresan el espíritu de la democracia, de la reapropiación del poder por parte de los ciudadanos. Esta matización sobre el sujeto, esto es, we, the people, me parece importante: prefiero esta referencia a todos nosotros los ciudadanos (luego matizaré sobre la necesidad de una concepción plural e inclusiva de la ciudadanía), por encima de las referencias habituales a las nociones de pueblo y, desde luego, más que a la de nación, porque hace referencia a todos y cada uno de los ciudadanos como sujeto político constituyente, como poder político originario, el demos.

Cuando la desobediencia es civil, aparece, además, a mi juicio, como expresión indefectible de lo que constituye, si se me permite la expresión, el alma del derecho, que no es otra cosa sino la idea de la lucha por los derechos, una idea-fuerza que ya está en Heráclito, pero que formuló y desarrolló uno de los más grandes juristas del siglo XIX, Rudolf von Jhering. Sí: para que el Derecho sea instrumento de satisfacción de las necesidades reales de los ciudadanos, y no instrumento de dominación y discriminación, expresión de violencia, ley del más fuerte, ha de estar al servicio de los derechos como intereses legítimamente dominantes. En una sociedad democrática esa lucha está institucionalizada, a priori, a través de los mecanismos institucionales de representación y de participación. Pero, como señalara justamente Arendt cuando escribe sus reflexiones sobre la desobediencia civil, significativamente dedicadas a Mary MacCarthy, la desobediencia que arraiga en los campus norteamericanos en los 70, como la que hoy se invoca como “nueva política”, tiene mucho que ver con los límites que el stablishment impone a la democracia representativa, límites sobre todo a la hora de garantizar esa lucha genuina por los derechos, que no parecen posibles en esa democracia bloqueada, que ha agotado su vía revolucionaria, como supo mostrar Richard Yates en su magistral novela Revolutionary Road. Arendt intenta incorporar a las instituciones democráticas la desobediencia, pero fracasa en su propuesta porque (y aquí discrepo de quienes sugieren que el proyecto debe ser incorporar la desobediencia a la legalidad) no veo que sepan resolver el oxímoron jurídico que eso plantea.

Pero es preciso afinar el análisis: cabe defender la legitimidad democrática del recurso a la DC, que incluso puede ser entendida como una obligación política, porque esta desobediencia es el recurso para apelar a que la mayoría recupere el principio de legitimidad expresado en el pacto político original, esto es, en nuestros sistemas políticos, en la Constitución. ¿Significa eso que es posible enunciar la existencia de un derecho a la DC, es decir, a afirmar la DC como derecho, incluso como derecho básico[10]?

Yo creo que, en democracia, no existe tal derecho genérico a la desobediencia, salvo que hablemos de un “derecho moral”, un “derecho natural”, al estilo del derecho de resistencia. Es verdad que la cláusula se incluye en solo muy excepcionalmente (como de hecho sucede solo en la Ley Fundamental de Bonn) ese claim for disobedience es positivizado como Derecho, pero con una muy importante precisión: no existe un derecho general a desobedecer cuando uno así lo estime justificado, sino de forma muy específica: se reconoce ese derecho a desobedecer solo frente a órdenes/normas/decisiones abiertamente contrarias a los derechos humanos y el orden constitucional, precisamente en aras de defender los principios de legitimidad en los que se basa el orden constitucional.

Este es el nudo gordiano: frente a quienes verían en el derecho a la desobediencia un elemento constitutivo del pacto social democrático, hay que decir que eso significa trasladar indebidamente las tesis de Locke sobre el appeal to heaven, y no digamos las de Hobbes sobre la posición del ciudadano ante el Leviatán. El derecho a resistencia que invoca esa apelación divina es una última instancia, excepcional, justificable en regímenes políticos en los que el control del soberano es muy limitado, y difícilmente se puede trasladar a Estados de Derecho en los que las instancias de control y revisión son numerosas y con garantías, llegando incluso a instancias supraestatales. El derecho a desobedecer reconocido por Hobbes se limita a un supuesto extremo: aquel en el que el soberano/Leviatán no garantiza la vida. Por tanto, a mi juicio, cuando hablamos de un derecho genérico a desobedecer en el contexto de una sociedad democrática (de lo que hoy llamamos un Estado constitucional de Derecho), la conclusión es negativa. Nocabe admitir un derecho genérico, abierto de desobediencia, que pone en quiebra el fundamento mismo del Estado de Derecho. Y eso incluye, a mi juicio, la inaceptabilidad de un derecho general de objeción de conciencia en un sistema democrático.

Todo lo anterior no significa que no pueda ser legítima la desobediencia revolucionaria, la rebelión de la que hablan algunos, a mi juicio con inexactitud. Aunque esa desobediencia revolucionaria, frente a lo que asegura el mito, las más de las veces sea violenta. Y hay que añadir de inmediato que esa violencia no es ilegítima allí donde no ha existido un pacto social democrático (ilegitimidad de origen) o donde este ha degenerado gravemente (ilegitimidad de ejercicio, sobrevenida, nacida de una práctica no respetuosa con los principios de legitimidad) y ha practicado, por ejemplo, violaciones generalizadas de esos principios de legitimidad, como sucede cuando un régimen democrático en su origen viola de forma masiva los derechos humanos.

De esta forma, debemos matizar la tesis del prestigio de la desobediencia. La desobediencia tiene, como recordé más arriba, el prestigio del non serviam!, atribuido a Luzbel, el príncipe de los ángeles, que se rebela contra Dios y se convierte en Lucifer, Satán. Pero no olvidemos que el motivo de esa rebelión es el atributo del libre arbitrio concedido a los hombres. Por supuesto que el “ni dios, ni amo”, sigue siendo un lema que prolonga el ideal de la autonomía, pero hay que preguntarse qué sociedad puede construirse desde el primado de la desobediencia a toda norma, a cualquier autoridad. Porque si lo pensamos bien, hemos de admitir que también cabe llamar desobediencia, sin más, a lo que calificamos de conducta criminal o delictiva, que en teoría nadie podría proponer como ejemplo a seguir, aunque tenemos testimonios constantes de lo contrario cuando, por ejemplo, se ofrece el modelo de los tiburones financieros, los especuladores, los depredadores de cuello blanco que saben desobedecer a la ley, poniendo su inteligencia en escapar, en disimular esa desobediencia, es decir, en lo contrario del carácter público de la desobediencia civil. Por eso me parece claro que quienes se llenan la boca al hablar de desobediencia como instrumento democrático, sin hacer más precisiones, olvidan que una sociedad en la que el modelo sea el desobediente, sin más, es la expresión de la ley del más fuerte, el más astuto. La desobediencia, sin más, es inviable como propuesta para construir una sociedad decente.

3.No toda desobediencia es DC, aunque reclame ese título. Una coda sobre la reivindicación de la DC hoy en Cataluña.

Ahora bien, el hecho de recurrir a estrategias de movilización ciudadana, vinculadas a la historia de la resistencia no violenta, a acciones propias de la tradición de la DC (hay manuales muy conocidos que reúnen varios cientos de acciones de estrategia no violenta de desobediencia[11]) no constituye necesariamente DC, sino que en muchas ocasiones es otra cosa: insurrección, rebeldía o incluso revolución; eso sí, no violentas. Así sucede, a mi juicio, con la invocación de la DC que hacen en Catalunya una parte de los movimientos secesionistas de carácter inequívocamente pacífico: creo que, en el mejor de los casos, son manifestaciones de resistencia no violenta, pero no DC.

Desde luego, eso me parece evidente cuando se recurre a la violencia, como ha denunciado la Sección de Derecho Constitucional del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, que  considera que los cortes en las carreteras y de servicios públicos de las últimas semanas en Catalunya como protesta por la sentencia a los líderes del ‘procés’ no están amparadas bajo el derecho fundamental de manifestación y, a fortiori, no pueden sr consideradas DC. En una nota publicada el 16 de noviembre, la Junta de la Sección muestra su “estupefacción” ante lo que considera “una aceptación generalizada por parte de medios de comunicación e instituciones públicas de que los cortes de carretera y de otros servicios públicos” constituyan “un ejercicio adecuado del derecho fundamental de manifestación”, ya que el art. 21 de la Constitución “exige que las manifestaciones sean pacíficas y se comuniquen previamente a las autoridades”. Asimismo, apuntan que el incumplimiento de la ley “deslegitima las manifestaciones y transforma a sus participantes en auténticos vulneradores de los derechos fundamentales del resto de ciudadanos a quienes causan graves perjuicios” a terceros, y reclaman la aplicación de la L.O. 4/2015 de Seguridad Ciudadana para que haya responsabilidades penales, “cosa que incomprensiblemente no se ha producido”.

Me parece igualmente criticable la tesis sostenida bajo el oxímoron que denominan “desobediencia institucional” y en el que parece empeñado el President Torra. Sorprende la insistencia en esa contradicción flagrante que consiste en que un Gobierno impugne la obediencia a la ley sobre la que se basa su propia legitimidad, de origen y de ejercicio. Es decir, un Gobierno, como el Govern de la Generalitat de Catalunya, cuya legitimidad de origen se basa indiscutiblemente en el refrendo democrático, libre y por cierto abrumador en Catalunya a la Constitución de 1978 que a su vez permitió recuperó las instituciones del Estatut de Catalunya, espolee a los ciudadanos a desobedecerla de facto, a ignorarla unilateralmente (“apreteu”, según la consigna del President de la Generalitat a los CDR, en la que ahora insiste el Vicepresident Aragonés cuando en recientes declaraciones -el pasado 13 de noviembre, animaba a la ciudadanía a «no aflojar» en sus movilizaciones contra la sentencia del «procés» porque es «importante que haya una ciudadanía movilizada para que el Gobierno se mueva»).

Ante todo, parece que eso supone impugnar justo aquello que hizo posible ese autogobierno, al institucionalizar la devolución a Catalunya de las instituciones políticas de la Generalitat. A mi juicio, pierde así toda razón para exigir a su vez obediencia a los propios mandatos, a sus leyes. Porque al estimular la desobediencia institucional, lo que viene a decir es “¿desobediencia? Sí; pero a lo que yo diga”. Simplemente, ese mensaje no es que sea irresponsable, es que no es serio. Por eso, la mal denominada <desobediencia institucional> carece de sentido, porque lleva el signo de la arbitrariedad, justo lo contrario a la razón de ser misma del Estado de Derecho. Que un Gobierno practique la desobediencia institucional significa que se sitúa por encima del respeto al principio del imperio de la ley que hoy es imperio de la Constitución. Y deja al descubierto sus vergüenzas: al tiempo que estimula a desobedecer lo que encuentra contrario a sus designios, deja claro que no desobedece a cuanto le beneficie. Pero, en ese caso, ¿cuál es la razón por la que los ciudadanos no pueden optar por el mismo camino, es decir, obedecer los mandatos de ese gobierno cuando consideren que les beneficie y desobedecer en todo lo demás?

 Finalmente, es más compleja, pero también a mi juicio carente de justificación, la campaña que supuestamente invoca la noble tradición de la desobediencia civil. Se ha llegado incluso a equiparar a algunos de los protagonistas del procés (políticos, como Mas, Junqueras, Rus o Turull  y representantes de la sociedad civil como Cuixart y Sánchez) con reconocidos representantes de la tradición de la desobediencia civil y de la lucha contra la discriminación en derechos humanos y fundamentales, una lista que va de Rosa Parks, M.L.King o Malcom X, a Gandhi o Mandela, aunque, como trataré de mostrar, es discutible que todos ellos practicasen la desobediencia civil y no, más bien, el “derecho de resistencia” que, en su versión iusnaturalista, cabe remitir al alegato de Antígona. Por no hablar de la, a mi juicio, indebida apropiación de ese concepto cuando se recurre a analogías que, en mi opinión, son de todo punto impropias. Así, afirmaciones tales como ”está en nuestro ADN”, (sic) para sostener la peregrina tesis de que <el pueblo catalán> es pacífico por naturaleza. El mismo pueblo que según esta tradición épico-romántica, tiene como símbolo sagrado un himno que no tiene nada que envidiar a La Marsellesa, con su insistencia en el bon colp de falç y, entre sus iconos, los guerreros unas veces victoriosos (almogávares, el tambor el Bruch) otros, derrotados (Wilfred el pilos, Casanova).

Peor aún, se sostiene como meritoria una argumentación que supone una notable confusión de los órdenes normativos que ha costado siglos separar: la distinción entre lo que es pecado y lo que es delito, para entendernos. Así sucede cuando el Sr Junqueras y algunos otros utilizan la referencia a sus convicciones religiosas y morales o su afiliación a movimientos parroquiales, o a ONGs religiosas, como prueba –jurídica- de su inocencia, sin que nadie parezca alarmarse por esta versión de nacionalcatolicismo que parece impregnar a una parte de los militantes de la causa del procés, con el sagrado tótem de Montserrat de fondo. Por cierto, un tótem que ampara abusos sexuales, según hemos sabido, sin que hayamos escuchado condena o exigencia de responsabilidades por parte de Puigdmont, Torra, Torrent, Borrás, Junqueras o Rufián.

No. Sostengo que el hecho de recurrir a estrategias de movilización ciudadana, vinculadas a la historia de la resistencia no violenta, no constituye necesariamente desobediencia civil, sino que en muchas ocasiones -a mi juicio, en ésta- es otra cosa: insurrección, rebeldía (que no rebelión en el sentido penal), o incluso revolución; eso sí, no violentas. Que los libros de cabecera de organizaciones como ANC o los CDR sean los de Zinn[12], Sharp[13] o el de Mark y Paul Engler[14], atestiguan que se trata de resistencia no violenta, pero no de desobediencia civil.

El quid de la cuestión, creo, es que para hablar de DC no basta que las actuaciones que la invocan tengan el rasgo de no violentas. Hace falta algo más. El punto clave, creo, es si invocan o no un fundamento de legitimidad comúnmente aceptado, porque el objetivo de la DC no es impugnar el marco jurídicopolítico de convivencia, sino -muy al contrario- impugnar un mandato porque se entiende que no es conforme con esas reglas de juego que todos hemos aceptado. Reglas que, en democracias como la nuestra, se llaman Constitución.

¿Eso quiere decir que no es nunca legítimo impugnar la Constitución? No, porque no cabe excluir la posibilidad de casos en los que el bloqueo político y la violación de derechos sean tan graves que contaminen de invalidez a la propia Constitución. Pero eso es rebeldía revolucionaria, derecho de resistencia, como plantearon Gandhi o el segundo Mandela. Y en esos casos no es correcto hablar de DC, pues ni Gandhi ni Mandela aspiraban a mantener las reglas de juego impuestas por los británicos o los afrikaners, sino a cambiarlas por completo.

Es posible e incluso legítimo (aun diría más, en algunos casos, obligado) impugnar unilateralmente la propia regla de juego, la Constitución: pero si y solo si se prueba que, en efecto, era antidemocrática (impuesta unilateralmente, como en los supuestos coloniales) o bien que ha devenido en la práctica en un orden ilegítimo, que mantiene graves violaciones de derechos humanos. Pero, pese a los esfuerzos de la retórica secesionista, ni la Constitución española de 1978 fue un ejercicio de dominio colonial sobre Catalunya, ni asistimos hoy en Catalunya y en España a una violación tan grave y generalizada de los derechos humanos que haya subvertido el orden constitucional, aunque, desde luego, hayamos vivido un retroceso preocupante en no pocas garantías de derechos en los últimos años, retroceso que debe ser denunciado y corregido y sus responsables deben rendir cuentas. Quienes no aceptan el marco constitucional, ni pretenden reformarla (incluso a fondo, pero por las vías constitucionales), sino que invocan unilateralmente otros criterios de legitimidad, diferentes de aquellos por los cuales hemos aceptado autoobligarnos la mayoría de los ciudadanos, a mi entender, no deben hablar de DC. La unilateralidad rompe con la civilidad y, una de dos: o es un abuso, o se pone abiertamente fuera de juego: es insurrección, rebeldía. Es mejor para todos que así se diga y se defienda.


[1] Sobre las posiciones del movimiento altermundialista, Naomi Klein Decir no, no basta, Paidós, 2017

[2] En 1963 publicó un primer ensayo «Disobedience as a Psychological and Moral Problem», en el colectivo editado por Clara Urquhart A Matter of life. Fue recogido luego en su On Disobedience and Other Essays (1981), del que hay traducción en castellano, Sobre la desobediencia y otros ensayos, Paidos Studio, México, 1991. 

[3] El artículo de 1961 es “On Civil Disobedience” Journal of Philosophy 58 (21), pp. 653-665, 1961. Precisó algunos aspectos jurídicos en “Civil Disobedience: Conscience, Tactics and the Law”, Journal of Philosophy, 69 (7), pp. 179-186,1972.

[4] “Reflections on Civil Disobedience”. Se puede consultar en https://www.newyorker.com/magazine/1970/09/12/reflections-civil-disobedience. Ese ensayo fue recogido posteriormente en su libro Crisis de la República, del que hay edición española,Trotta, 2015.

[5] Se trata de su ensayo en  elcolectivo editado por el mismo Bedau, Civil Disobedience: Theory and Practice (Pegasus, 1969). Posteriormente, editó el colectivo Civil Disobedience in Focus, London: Routledge, 1991.

[6] La paradoja se produjo en el seno del denominado “movimiento de insumisos” en España, contra la objeción de conciencia al servicio militar. Ese movimiento pasó de la defensa individual de la objeción de conciencia a la elaboración de un argumentario y de prácticas de resistencia contra la imposición del servicio militar que les llevaron a defender la desobediencis civil indirecta, aunque seguían denominándose “objetores”. Como sostuve en polémicas con algunos de sus más importantes representantes a finales de los 70, creo que eran insumisos que practicaban desobediencia civil indirecta, pues lo que buscaban era la derogación d e la ley que imponía el servicio militar obligatorio (para los varones), algo que finalmente se consiguió  en diciembre de 2001.

[7] Cfr. A. Ortega, “Protestas glocales”, Ideas, El País,3de noviembre de 2019.

[8] Se trata de una red de colectivos y movimientos sociales de distintos países, con el objetivo de organizar la convocatoria de una «huelga social de dimensión transnacional»y diseñar un nuevo repertorio de acciones de protesta social desobediente capaz de permitir que cualquiera participe y que aseguran no tratarse sin más “de una manifestación transacional, sino de un «proceso permanente de desobediencia civil» y lanzó para ese 15 de octubre bajo el lema “Unidos por el cmbio global” una protesta de alcance internacional en rechazo de las medidas de austeridad para salir de la crisis y por una “democracia verdadera”.

[9] La lectura de ese texto de Zinn que hizo Matt Demon en su homenaje póstumo tras la muerte de éste, puede verse en https://www.youtube.com/watch?v=3814SJ8RfeI#t=32 (subtitulada en castellano).

[10] Para un planteamiento general del problema sigue siendo útil el libro de R.Gargarella, El derecho a resistir el Derecho. Ed Miño y Dávila. Madrid,2005.

[11] Por ejemplo,

[12] Zinn, Howard, «The Problem is Civil Disobedience» (November 1970). La primera vez que se publicó fue en Hugh Davis Graham, ed., Violence: The Crisis of American Confidence (Baltimore: Johns Hopkins Press, 1971), pp. 154-62. Luego en Howard Zinn, The Zinn Reader: Writings on Disobedience and Democracy (New York: Seven Stories Press, 1997), pp. 403-11. Cfr. también War and Civil Disobedience, 2008

[13] Sharp,G.,  The politics of non-violent Action, (3 vols) 1973. Hay diferentes ediciones populares, como 198 métodos de acción no violenta.

[14] This is an Uprising. How the Non-Violent Revolt is shaping the Twenty-first cnrtury (2016), recientemente editado en catalán con el título Manual de desobèdiencia civil. Les Claus de la revolta no violenta que está transformant el segle XXI, traducción de Núria Parés, editorial Saldonar, 2019.

«Acerca de los límites de la desobediencia civil» (versión extendida del artículo publicado en Ideas, El País, 17 de noviembre de 2019)

Posted on 19/11/2019

“Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto, y despiertan de su letargo, pero de forma violenta”,

Jean-François-Paul de Gondi, Cardenal de Retz, Mémoires, 1675

  1. Humanos, porque desobedecemos

Los nuestros han sido caracterizados, desde diferentes perspectivas, como tiempos de desobediencia, hasta el punto de que se ha llegado a aventurar que un rasgo distintivo de la generación que alcanza su mayoría de edad al final de la primera década del siglo XXI sería el “estado de rebelión”, lo que permitiría hablar de la era de los indignados. Se habría producido así un proceso de globalización del movimiento de denuncia y rechazo del statu quo que se extendió desde las plazas de ciudades árabes a Madrid, Génova, Nueva York o Hong Kong. Probablemente, sus antecedentes inmediatos remiten a la concepción altermundialista, al lema otro mundo es posible, que se lanzó desde el foro de Porto Alegre, y que fue sobre todo una propuesta de rechazo de un (des)orden social percibido como insoportable, por injusto y aun suicida, en términos de la sostenibilidad de la vida (la de los seres humanos y la del propio planeta). Pero no pretendo una disquisición sobre cuestiones que han sido ya extensamente tratadas[1], sino más bien apuntar una pregunta y ofrecer algunas pistas para el debate a quien interese la cuestión.

A mi juicio, la pregunta es por qué hoy el prestigio social está del lado, no ya de la indignación y la denuncia, sino abiertamente de la desobediencia, con el efecto estigmatizador sobre la actitud de obediencia, que parece sometida a sospecha, cuando no a menosprecio. Y es que hoy parece asentada en ciertos sectores la tesis de que la desobediencia es la modalidad que exige aquí y ahora una política radicalmente democrática, ante el bloqueo impuesto por los viejos mecanismos e instituciones de la democracia representativa.

En rigor, no es una novedad, sino una constante que podemos encontrar en toda sociedad y que viene simbolizada por el atractivo de la negación, vinculada a una necesidad generacional, biológica, la que todos experimentamos al constatar que nos encontramos en un mundo que hemos recibido y que percibimos como ajeno e incluso impuesto; en definitiva, un mundo que no es nuestro, de donde la necesidad de crear el propio. Prácticamente en todas las culturas y en todos los momentos históricos encontramos testimonios de ese rechazo, de esa desobediencia, que es sobre todo una actitud vital de “los jóvenes” hacia las pautas y valores imperantes, testimonios enunciados generalmente en tono de lamentación por la decadencia que ello supone para el orden social existente, cuyos valores son impugnados. Es el grito del ¡non serviam!, que la Biblia atribuye al ángel predilecto que se rebeló contra su Creador, convirtiéndose así en ángel caído.

Pero hoy hablamos de algo más, de un fenómeno que, por su generalización, parece nuevo: se trata de reconocer que se ha producido una inversión de la comprensión de la desobediencia, que –en contextos democráticos– pasa de ser una actitud sospechosa por insolidaria y reprobable para la mayoría, en cuanto incompatible con las condiciones de una convivencia civil, a convertirse en la vía necesaria para construir una sociedad que de verdad merezca ese calificativo. Una sociedad decente, en el sentido de Péguy o Margalit o, digámoslo abiertamente, una sociedad justa. Esto nos obliga, creo, a un esfuerzo de precisión sobre las condiciones de legitimidad de la desobediencia, lo que puede abordarse, a mi juicio, al menos desde dos vías que tienen una importante tradición. De un lado, la que construye el concepto de desobediencia civil (en adelante, DC), en contextos precisamente democráticos, cuando menos a priori. De otro, la de raíces anarquistas –en la mejor tradición libertaria– que entiende que, siendo todo poder ilegítimo, la desobediencia es la acción política legítima por antonomasia, incluso un deber, lo que parece razonable cuando hablamos de regímenes no democráticos, pero resulta muy cuestionable en el otro caso. Porque la discusión sobre el alcance y y justificación de lo que conocemos como DC no es un fenómeno contemporáneo. Antes al contrario, podemos y debemos entenderla como un caso especial de una constante histórica que, desde el personaje de Antígona a nuestros días, encontramos formulada de muy diferentes formas y en muy distintos escenarios como la cuestión política clave: ¿por qué obedecer?

Recordaba mas arriba que el “atractivo de la desobediencia” no puede ser considerado una novedad. Como explicara en su día Fromm en su ensayo sobre la desobediencia como problema psicológico y moral[2], la inclinación a la desobediencia está vinculada a ese gran motor de la humanidad que es el ansia de libertad, frenado por otra pulsión constante y contrapuesta, el miedo a la libertad. Un miedo cuyas raíces había explicado el caballero de La Boétie en su Discurso sobre la servidumbre voluntaria (1548) que fue publicado por su amigo Michel de Montaigne. En cierto modo, en el panfleto de La Boétie arranca una concepción que, desde el humanismo a la Ilustración, reivindicará en profundidad el valor de la autonomía como principio sine qua non de la moral, la política y el derecho y que se refleja en la noción de contrato social como única justificación del poder. La Boétie impugnaba la obediencia propia de las monarquías absolutas, que es la obediencia de quien, en lugar de ciudadano, es tratado como súbdito o, como dirá mucho más tarde Nietzsche, como rebaño. Denunciaba así la obediencia como hábito generado por el miedo, por la amenaza del monopolio de la violencia que detenta el rey. Impugnación de la obediencia como servidumbre voluntaria que encontramos también en la advertencia prudente que se recoge en una cita muy repetida (y habitualmente atribuida de forma errónea a Lichtenberg, en sus Aforismos) de las Mémoires del que fuera rival de Mazarino, el cardenal de Retz (1675), con la que he encabezado esta reflexión y también en la conocida afirmación del genial Spinoza: “Por lo demás, aquella sociedad, cuya paz depende de la inercia de unos súbditos que se comportan como ganado, porque sólo saben actuar como esclavos, merece más bien el nombre de soledad que de sociedad» (Tractatus Politicus, V, 4).

Fromm condensó esa dialéctica en una afirmación que ha sido mil veces repetida: “la historia de la humanidad comenzó con un acto de desobediencia y es probable que acabe con un acto de obediencia”. Cuando Prometeo, Eva y Adán entonan de diferentes formas su “no serviré”, aunque sea a riesgo del implacable castigo divino, a la imagen del ángel caído, el primer rebelde, rebelde también contra Dios, como glosara Milton en su Paraíso perdido, proclaman su autonomía, se afirman como algo más que creaciones o juguetes de dioses más o menos crueles o benéficos. Como señalara Camus, el rebelde es la expresión misma de la lucha del ser humano por afirmarse frente a la contradicción de sentirse y saberse esclavizado por las reglas de un mundo que le es ajeno y contra el que se rebela: “¿Qué es un hombre rebelde? Un hombre que dice no. Pero negar no es renunciar: es también un hombre que dice sí desde su primer movimiento. (…) El rebelde (es decir, el que se vuelve o revuelve contra algo) da media vuelta. Marchaba bajo el látigo del amo y he aquí que hace frente. Opone lo que es preferible a lo que no lo es”.

 Del otro lado, frente a la certeza y el confort que nos ofrece la obediencia, el actuar como y dentro del rebaño, pronto se advierte que la obediencia mecánica, perinde ac cadaver, como reza la máxima ignaciana, es la negación de nuestra condición. La obediencia ciega es denunciada, según la advertencia de Fromm, como la amenaza de destrucción final. Nadie lo explicó mejor que Kubrick en su extraordinario filme Dr. Strangelove: or how I learning to stop worrying an love the Bomb (1964), una crítica avant la lettre de la doctrina de la disuasión nuclear, la mutua destrucción asegurada (MAD), que aceleró la carrera armamentística y contra la que se alzó un importante movimiento pacifista, uno de los ejemplos de la mejor desobediencia civil, que cuaja en su dimensión internacionalista a través de la protesta contra la guerra en Vietnam y contra la carrera armamentística y nuclear, como veremos.

En suma, la relación dialéctica entre obediencia y desobediencia nos constituye como humanos y eso muestra hasta qué punto, como ha señalado con su inteligencia habitual la filósofa Alicia García Ruiz, la cuestión de los límites de la obediencia es capital. Porque la obediencia es un ejemplo mayor de concepto límite. Pero vayamos a la discusión específica sobre la DC.

2. La desobediencia civil, instrumento de la lucha por la mejora del Derecho y la democracia

El profesor, filósofo y jurista norteamericano Hugo Adam Bedau, publicó en 1961 un artículo sobre la DC[3], adelantándose en buena medida a las tesis que propuso Hannah Arendt en un famoso ensayo en The New Yorker en 1970[4]. Bedau desarrolló esas tesis en otras publicaciones, sobre todo en un libro colectivo sobre DC publicado en 1969, que considero el punto de referencia obligado de la discusión contemporánea[5]. En ese texto, ofrece una definición de DC que, con algunas variantes, ha sido reiterada por los principales teóricos de este concepto, de Russell a Dworkin o Rawls, pasando por Habermas: La DC, frente a otras formas de resistencia o infracción del Derecho que reclaman su justificación en aras de mayor justicia (o, directamente, de la contraposición entre Justicia y legalidad, como ya encontramos en Antígona), consistiría en <una infracción de un mandato legal (ley, sentencia, actuaciones administrativas propias de políticas públicas, étc), de carácter público y pacífico, con el objetivo de conseguir que ese mandato sea anulado, alegando que no se ajusta al marco jurídico común del que emana la legitimidad legal de la norma impugnada>.

Es decir, mediante la infracción pública y no violenta de una norma legal, se quiere llamar la atención de la mayoría (la opinión pública y sus representantes institucionales) para que rectifique una decisión que cuenta a priori con la presunción de legitimidad democrática porque ha sido adoptada legalmente, pero cuya legitimidad dentro del sistema jurídico político se impugna, alegando precisamente su incompatibilidad con los principios de esa legitimidad: en esto se diferencia la DC de las prácticas de protesta que se enmarcan en el seno de movimientos de rebelión o insurrección pacíficos (los no pacíficos suelen identificarse con movimientos revolucionarios): estos buscan cambiar el sistema o los principios del sistema.

Lo característico de la DC, a diferencia, por ejemplo, de la objeción de conciencia, es que no se busca la exención individual de un deber, sino que tiene un alcance colectivo, genuinamente político: se trata de modificar una ley, una sentencia o un acto administrativo que afectan al interés general[6]. Por eso cabe la DC como respuesta a casos de violación de derechos individuales, porque la violación de un derecho fundamental nos toca a todos: es el caso de las actuaciones del movimiento PAH, contra desahucios de personas en situaciones vulnerables. Pero también para impugnar decisiones <técnicas> que son vividas como contrarias al interés general o al menos de un grupo significativo de ciudadanos, como en el caso del movimiento vecinal en Murcia recientemente, con la protesta organizada de los vecinos contra el alzado de un muro ferroviario exigido por las obras del AVE, que partía la vida de algunos barrios de la ciudad. Otra peculiaridad frente a la objeción de conciencia es que la DC puede ser directa, esto es, del mandato impugnado, pero la mayor parte de las veces es indirecta: se viola otra norma legal, como el código de circulación, o las que rigen el acceso a edificios públicos, como hace en estos días Jane Fonda ante el Capitolio reclamando acciones contra la emergencia climática. Finalmente, y eso resulta polémico, la mayor parte de los teóricos de la DC (no todos: por ejemplo, Chomsky rechaza este requisito por entender que la reduce a una acción domesticada, carente de la fuerza que da la verdadera rebelión, por más que pacífica), exigen como prueba del carácter civil no sólo la no violencia y la remisión a los principios del ordenamiento jurídico-político, sino también la disposición a aceptar el castigo que se impone a la infracción de la norma (el ejemplo mencionado de Jane Fonda en estos días). El desobediente civil no es un delincuente, no trata de burlar la acción de la ley, sino que acepta el sistema legal que quiere mejorar con su infracción y por eso no trata de escapar a la sanción. Es lo que sabe captar la mencionada García Ruiz cuando, inspirándose en Arendt, propone que la DC es manifestación del tipo de disidencia “que es la dimensión estructuralmente constitutiva del consenso”. Por eso, asegura, debe ser entendida como “potencial de renovación institucional, expresión de la capacidad común de asociación desde el disentimiento que es constitutiva de una comunidad política libre” y por esa razón, concluye, frente a la DC “la respuesta gubernamental…no puede quedar confinada sólo al plano jurídico. Ha de ser resueltamente politica”.

Precisamente la dimensión política de la DC explica también el abanico de causas que se sirven de ella y nos vale también para advertir la evolución en esta lucha por mejorar la democracia y el Derecho. Así, frente a los movimientos de DC ligados a causas internas, nacionales (el reconocimiento de los derechos civiles en los EEUU), poco a poco esas reivindicaciones se deslizaron hacia causas más transversales, incluso universales. Ese es el ejemplo de movimiento pacifista surgido en los 60, cuyas raíces pueden encontrarse en la doctrina de la no-violencia propuesta por el gran precursor de la moderna causa del pacifismo L. Tolstoi y retomada por H.D.Thoreau, a quien se considera, a mi juicio de modo incorrecto, como el moderno fundador de la desobediencia civil. Permítanme detenerme un momento en este punto.

En efecto, hay coincidencia en señalar que el origen del ensayo de Thoreau, el primero publicado con el título “Desobediencia civil”, está en su desencuentro en 1847 con un recaudador de impuestos local, Sam Staples, que le exigía los atrasos de seis años de impuestos. Thoreau se negaba a pagar impuestos, apoyándose para ello en su concepción de que un buen ciudadano no podía aceptar la lacra de la esclavitud y tampoco sufragar las veleidades imperialistas y coloniales que exhibía el Gobierno federal en su aventura mexicana, así como en su interpretación del modelo de los padres fundadores, que consideraba difícilmente compatible con un gobierno federal fuerte, oposición que ha sido interpretada como una posición individualista e incluso anarquista (quizá sería más exacto buscar su equivalencia con una propuesta muy posterior, la figura del “anarca” de E.Jünger), desde una interpretación a su vez confusa de los postulados expresados en otra obra de Thoreau de indiscutible vocación ecologista, Walden. Fue encarcelado en Concord, pero sólo por un día. A comienzos de 1848 pronunció varias sobre conferencias  sobre el tema «Los derechos y deberes del individuo en relación con el gobierno«, explicando su idea del derecho al autogobierno que tiene todo individuo. Esas conferencias tenían por título On resistance to civil governement, más vinculado al multisecular “derecho de resistencia” y fueron la base de su ensayo «Resistencia al Gobierno Civil» (luego editado con el título celebérrimo «Desobediencia Civil«). En suma, Thoreau reivindica la disidencia como elemento clave de la democracia en cuanto expresión del desacuerdo político y no sólo moral, de quien no halla justificado el imperativo concreto de una ley, porque choca con los fundamentos del pacto social al que se ha prestado consentimiento, en el caso de Thoreau, la Declaración de Independencia en la que se expresa el consenso, el marco de legitimidad de los Founding Fathers (es decir, la Constitución, en términos de la teoría contemporánea de la DC). Para Thoreau, la DC es una conducta exigente, lo que significa que ha de ser pública y pacífica y, además, debe aceptar la sanción para probar su coherencia. Sin duda hay en él un impulso de moral crítica, un fundamento ético de la DC, pero la clave está en la dimensión política: no trata de cambiar el régimen político, pero tampoco salvar la aplicación de una ley a su caso concreto (la excepción personal o suspensión personal de la ley, propia de la objeción de conciencia). Por eso, su propuesta no es la de la revolución. Es una rebelión para preservar los valores del pacto político que comparte y defiende. De paso, diré que, a mi juicio, aunque resulta indiscutible la importancia que tuvo para Gandhi la lectura de Tolstoi y de Thoreau (comenzando por la tesis de éste que asegura que en un régimen injusto el único lugar para un hombre justo es la cárcel), el movimiento que el Mahatma impulsó ya como abogado frente al apartheid en Sudáfrica y, sobre todo, el que fue decisivo en la independencia de la India, no es en realidad desobediencia civil, sino rebelión inspirada en una concepción religiosa, la doctrina de la satyagraha, que adquiere la dimensión de una verdadera revolución política, de carácter pacífico. Porque, obviamente, Gandhi no comparte ni los valores ni las reglas del sistema político del virreinato, la dominación inglesa en la joya de la corona que es la India, y no se rebela apelando a esa legitimidad, sino que la impugna.

Ambos elementos, la vocación vagamente anarquista y el propósito ecologista (vinculado en este caso a un difuso panteísmo) encuentran eco en un poema de Walt Whitman, originalmente denominado Whitman’s Clause y también To the Sates, finalmente publicado como Resist much/Obey Little, (1860) en su poemario Leaves of Grass, yque dice así:“To The States, or any one of them, or any city of The States,/ Resist much, obey little;/ Once unquestioning obedience, once fully enslaved;/ Once fully enslaved, no nation, state, city, of this earth, ever afterward resumes its liberty”. Ese “resistid mucho; obedeced poco”, está también presente, a mi juicio, en algunas de las concepciones contemporáneas de la democracia como resistencia, como las que sostienen hoy filósofos como Balibar y, sobre todo, Rancière. En el caso de éste, ligada a su concepción de pueblo, como <aquella parte que no es parte>, que no está presente en el juego de representación de la soberanía propio de la democracia liberal representativa, que se asemeja más a la oligarquía. Pero la diferencia fundamental entre el motor de la obra de Thoreau y los movimientos contemporáneos de DC reside en el desarrollo solidario de esa disidencia individual: no se disiente para obtener un privilegio, una excepción particular a la norma, para salirse del rebaño, habida cuenta de la propia y excepcional superioridad, si se me permite la referencia nietzscheana. No. El propósito es como mínimo el que expresa el viejo verbo castellano, <incordiar>. Pero con un objetivo constructivo, que no siempre se halla implícito en quien actúa como mosca cojonera, que diría ese gran <incordiante> que fue Sánchez Ferlosio.

Hoy se advierte esa ambición universal en buena parte de los más importantes movimientos civiles de protesta que, como ha señalado A. Ortega, evocando un término acuñado por Robertson, son sobre todo movimientos <glocales>[7], aunque en un sentido inverso al concepto <glocalización> (que trata de desnudar la falacia del pretendido universalismo del proceso de globalización, que no sería tal sino la imposición a escala global del modelo de capitalismo depredador de mercado, de cuño norteamericano)) . En efecto, hablamos de protestas que nacen de reivindicaciones de ámbito universal (la emergencia climática es la más clara), pero que actúan localmente. Así, recurre a acciones de DC el movimiento Black lives matter, ligado a la denuncia de la violencia policial contra los ciudadanos negros en los EEUU, y que pronto que pasó a la denuncia del esclavismo y del segregacionismo, que sin duda son la herida original de la democracia en los EEUU, pero puede trasladarse a todos los países en que se vivió y aún hoy se vive la lacra esclavista y racista. La misma ambición se advierte en las denuncias individuales y los escraches con los que comienza el movimiento Me Too, que se convierte en la palanca para un movimiento universal de denuncia de la violencia de género y de la situación de subordiscriminación que sufren cientos de millones de mujeres en todo el mundo y que también emplean formas de DC, sobre todo indirectas, para sus reivindicaciones. Un ejemplo particularmente llamativo y polémico lo ofrece el movimiento Extinction Rebellion, que lucha contra la emergencia climática y que pretende generalizar manifestaciones masivas de DC indirecta que, en algunos casos se encuentran en el otro lado del límite que marca la dimensión no violenta, lo que ha obligado a un debate importante entre esos activistas. Derechos humanos, derechos de las mujeres, emergencia climática son causas políticas que traspasan fronteras y desbordan el ámbjto de la protesta contra problemas de legitimidad de las democracias estatales.

Pero el recurso a la violencia es una barrera. Quien lo traspasa no puede reclamar que practica la DC. Así sucede con algunos movimientos que proponen un orden alternativo a la globalización, como el <Block> (Black Block). Las mismas dudas persisten en torno al movimiento denominado <Hub Meeting>, que en España nació vinculado al 15M, pero pronto se convirtió en transnacional[8]. Y, a mi juicio, eso afecta también a buena parte de las acciones que llevan a cabo los CDR tras la Sentencia del Tribunal Supremo sobre los protagonistas del procés.

Y llegamos al punto que, a mi juicio, es la clave de la discusión. Si aceptamos la definición de Bedau, en realidad la DC sería expresión genuina del espíritu de la democracia y del Derecho. Pero es preciso detenerse en el adjetivo civil, que matiza de forma muy importante la tesis inicial, la del prestigio de la desobediencia. Dejando aparte los versos de Withman y la paradoja de Fromm, quizá nadie como Howard Zinn haya planteado mejor, más provocadoramente, la razón de ser de la desobediencia, desde que lo hiciera Sófocles en el diálogo entre Antígona y Creonte, donde, claro está, no se habla de desobediencia civil, sino de la obligación de obedecer el mandato de leyes superiores, no escritas, cuando la ley no es justa. Es decir, el derecho originario de resistencia que retomaran movimientos como los monarcómacos para justificar incluso el tiranicidio. En un debate de 1970 sobre desobediencia civil, en el contexto de las protestas contra la guerra en Vietnam, Zinn, probablemente el más prolífico de los defensores de la DC, comenzó su intervención señalando que toda la discusión estaba planteada al revés, porque –afirma– “nos dicen que el problema es la desobediencia civil, cuando en realidad el problema es la obediencia civil”[9]. A mi juicio, como trataré de explicar, aquí encontramos un elemento distintivo de la moderna desobediencia civil: se trata de una herramienta política, de carácter colectivo, con la que se busca corregir los déficits de la democracia, o hacerla  avanzar  hacia el reconocimiento de nuevos derechos, hacia la ampliación del espacio público, más allá de lo que a veces es advertido como el estrecho corsé de la legalidad, aun cuando se trate de una legalidad, insisto, democrática, que hace bueno el viejo dictum de Cicerón: “somos siervos de las leyes para poder ser libres”, que está en el fondo de la justificación de la obediencia al Derecho que propusiera Kant (la obediencia a la ley es la garantía de que la libertad de cada uno puede coexistir con la libertad de los demás) y a la que, a mi juicio, resulta imposible renunciar.

Dicho de otro modo, creo que la recuperación contemporánea de la desobediencia civil como elemento propio de la ciudadanía activa, como motor de la vida política, tiene que ver con la percepción de que la disidencia activa o incluso la desobediencia, expresan el espíritu de la democracia, de la reapropiación del poder por parte de los ciudadanos. Esta matización sobre el sujeto, esto es, we, the people, me parece importante: prefiero esta referencia a todos nosotros los ciudadanos (luego matizaré sobre la necesidad de una concepción plural e inclusiva de la ciudadanía), por encima de las referencias habituales a las nociones de pueblo y, desde luego, más que a la de nación, porque hace referencia a todos y cada uno de los ciudadanos como sujeto político constituyente, como poder político originario, el demos.

Cuando la desobediencia es civil, aparece, además, a mi juicio, como expresión indefectible de lo que constituye, si se me permite la expresión, el alma del derecho, que no es otra cosa sino la idea de la lucha por los derechos, una idea-fuerza que ya está en Heráclito, pero que formuló y desarrolló uno de los más grandes juristas del siglo XIX, Rudolf von Jhering. Sí: para que el Derecho sea instrumento de satisfacción de las necesidades reales de los ciudadanos, y no instrumento de dominación y discriminación, expresión de violencia, ley del más fuerte, ha de estar al servicio de los derechos como intereses legítimamente dominantes. En una sociedad democrática esa lucha está institucionalizada, a priori, a través de los mecanismos institucionales de representación y de participación. Pero, como señalara justamente Arendt cuando escribe sus reflexiones sobre la desobediencia civil, significativamente dedicadas a Mary MacCarthy, la desobediencia que arraiga en los campus norteamericanos en los 70, como la que hoy se invoca como “nueva política”, tiene mucho que ver con los límites que el stablishment impone a la democracia representativa, límites sobre todo a la hora de garantizar esa lucha genuina por los derechos, que no parecen posibles en esa democracia bloqueada, que ha agotado su vía revolucionaria, como supo mostrar Richard Yates en su magistral novela Revolutionary Road. Arendt intenta incorporar a las instituciones democráticas la desobediencia, pero fracasa en su propuesta porque (y aquí discrepo de quienes sugieren que el proyecto debe ser incorporar la desobediencia a la legalidad) no veo que sepan resolver el oxímoron jurídico que eso plantea.

Pero es preciso afinar el análisis: cabe defender la legitimidad democrática del recurso a la DC, que incluso puede ser entendida como una obligación política, porque esta desobediencia es el recurso para apelar a que la mayoría recupere el principio de legitimidad expresado en el pacto político original, esto es, en nuestros sistemas políticos, en la Constitución. ¿Significa eso que es posible enunciar la existencia de un derecho a la DC, es decir, a afirmar la DC como derecho, incluso como derecho básico[10]?

Yo creo que, en democracia, no existe tal derecho genérico a la desobediencia, salvo que hablemos de un “derecho moral”, un “derecho natural”, al estilo del derecho de resistencia. Es verdad que la cláusula se incluye en solo muy excepcionalmente (como de hecho sucede solo en la Ley Fundamental de Bonn) ese claim for disobedience es positivizado como Derecho, pero con una muy importante precisión: no existe un derecho general a desobedecer cuando uno así lo estime justificado, sino de forma muy específica: se reconoce ese derecho a desobedecer solo frente a órdenes/normas/decisiones abiertamente contrarias a los derechos humanos y el orden constitucional, precisamente en aras de defender los principios de legitimidad en los que se basa el orden constitucional.

Este es el nudo gordiano: frente a quienes verían en el derecho a la desobediencia un elemento constitutivo del pacto social democrático, hay que decir que eso significa trasladar indebidamente las tesis de Locke sobre el appeal to heaven, y no digamos las de Hobbes sobre la posición del ciudadano ante el Leviatán. El derecho a resistencia que invoca esa apelación divina es una última instancia, excepcional, justificable en regímenes políticos en los que el control del soberano es muy limitado, y difícilmente se puede trasladar a Estados de Derecho en los que las instancias de control y revisión son numerosas y con garantías, llegando incluso a instancias supraestatales. El derecho a desobedecer reconocido por Hobbes se limita a un supuesto extremo: aquel en el que el soberano/Leviatán no garantiza la vida. Por tanto, a mi juicio, cuando hablamos de un derecho genérico a desobedecer en el contexto de una sociedad democrática (de lo que hoy llamamos un Estado constitucional de Derecho), la conclusión es negativa. Nocabe admitir un derecho genérico, abierto de desobediencia, que pone en quiebra el fundamento mismo del Estado de Derecho. Y eso incluye, a mi juicio, la inaceptabilidad de un derecho general de objeción de conciencia en un sistema democrático.

Todo lo anterior no significa que no pueda ser legítima la desobediencia revolucionaria, la rebelión de la que hablan algunos, a mi juicio con inexactitud. Aunque esa desobediencia revolucionaria, frente a lo que asegura el mito, las más de las veces sea violenta. Y hay que añadir de inmediato que esa violencia no es ilegítima allí donde no ha existido un pacto social democrático (ilegitimidad de origen) o donde este ha degenerado gravemente (ilegitimidad de ejercicio, sobrevenida, nacida de una práctica no respetuosa con los principios de legitimidad) y ha practicado, por ejemplo, violaciones generalizadas de esos principios de legitimidad, como sucede cuando un régimen democrático en su origen viola de forma masiva los derechos humanos.

De esta forma, debemos matizar la tesis del prestigio de la desobediencia. La desobediencia tiene, como recordé más arriba, el prestigio del non serviam!, atribuido a Luzbel, el príncipe de los ángeles, que se rebela contra Dios y se convierte en Lucifer, Satán. Pero no olvidemos que el motivo de esa rebelión es el atributo del libre arbitrio concedido a los hombres. Por supuesto que el “ni dios, ni amo”, sigue siendo un lema que prolonga el ideal de la autonomía, pero hay que preguntarse qué sociedad puede construirse desde el primado de la desobediencia a toda norma, a cualquier autoridad. Porque si lo pensamos bien, hemos de admitir que también cabe llamar desobediencia, sin más, a lo que calificamos de conducta criminal o delictiva, que en teoría nadie podría proponer como ejemplo a seguir, aunque tenemos testimonios constantes de lo contrario cuando, por ejemplo, se ofrece el modelo de los tiburones financieros, los especuladores, los depredadores de cuello blanco que saben desobedecer a la ley, poniendo su inteligencia en escapar, en disimular esa desobediencia, es decir, en lo contrario del carácter público de la desobediencia civil. Por eso me parece claro que quienes se llenan la boca al hablar de desobediencia como instrumento democrático, sin hacer más precisiones, olvidan que una sociedad en la que el modelo sea el desobediente, sin más, es la expresión de la ley del más fuerte, el más astuto. La desobediencia, sin más, es inviable como propuesta para construir una sociedad decente.

3.No toda desobediencia es DC, aunque reclame ese título. Una coda sobre la reivindicación de la DC hoy en Cataluña.

Ahora bien, el hecho de recurrir a estrategias de movilización ciudadana, vinculadas a la historia de la resistencia no violenta, a acciones propias de la tradición de la DC (hay manuales muy conocidos que reúnen varios cientos de acciones de estrategia no violenta de desobediencia[11]) no constituye necesariamente DC, sino que en muchas ocasiones es otra cosa: insurrección, rebeldía o incluso revolución; eso sí, no violentas. Así sucede, a mi juicio, con la invocación de la DC que hacen en Catalunya una parte de los movimientos secesionistas de carácter inequívocamente pacífico: creo que, en el mejor de los casos, son manifestaciones de resistencia no violenta, pero no DC.

Desde luego, eso me parece evidente cuando se recurre a la violencia, como ha denunciado la Sección de Derecho Constitucional del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, que  considera que los cortes en las carreteras y de servicios públicos de las últimas semanas en Catalunya como protesta por la sentencia a los líderes del ‘procés’ no están amparadas bajo el derecho fundamental de manifestación y, a fortiori, no pueden sr consideradas DC. En una nota publicada el 16 de noviembre, la Junta de la Sección muestra su “estupefacción” ante lo que considera “una aceptación generalizada por parte de medios de comunicación e instituciones públicas de que los cortes de carretera y de otros servicios públicos” constituyan “un ejercicio adecuado del derecho fundamental de manifestación”, ya que el art. 21 de la Constitución “exige que las manifestaciones sean pacíficas y se comuniquen previamente a las autoridades”. Asimismo, apuntan que el incumplimiento de la ley “deslegitima las manifestaciones y transforma a sus participantes en auténticos vulneradores de los derechos fundamentales del resto de ciudadanos a quienes causan graves perjuicios” a terceros, y reclaman la aplicación de la L.O. 4/2015 de Seguridad Ciudadana para que haya responsabilidades penales, “cosa que incomprensiblemente no se ha producido”.

Me parece igualmente criticable la tesis sostenida bajo el oxímoron que denominan “desobediencia institucional” y en el que parece empeñado el President Torra. Sorprende la insistencia en esa contradicción flagrante que consiste en que un Gobierno impugne la obediencia a la ley sobre la que se basa su propia legitimidad, de origen y de ejercicio. Es decir, un Gobierno, como el Govern de la Generalitat de Catalunya, cuya legitimidad de origen se basa indiscutiblemente en el refrendo democrático, libre y por cierto abrumador en Catalunya a la Constitución de 1978 que a su vez permitió recuperó las instituciones del Estatut de Catalunya, espolee a los ciudadanos a desobedecerla de facto, a ignorarla unilateralmente (“apreteu”, según la consigna del President de la Generalitat a los CDR, en la que ahora insiste el Vicepresident Aragonés cuando en recientes declaraciones -el pasado 13 de noviembre, animaba a la ciudadanía a «no aflojar» en sus movilizaciones contra la sentencia del «procés» porque es «importante que haya una ciudadanía movilizada para que el Gobierno se mueva»).

Ante todo, parece que eso supone impugnar justo aquello que hizo posible ese autogobierno, al institucionalizar la devolución a Catalunya de las instituciones políticas de la Generalitat. A mi juicio, pierde así toda razón para exigir a su vez obediencia a los propios mandatos, a sus leyes. Porque al estimular la desobediencia institucional, lo que viene a decir es “¿desobediencia? Sí; pero a lo que yo diga”. Simplemente, ese mensaje no es que sea irresponsable, es que no es serio. Por eso, la mal denominada <desobediencia institucional> carece de sentido, porque lleva el signo de la arbitrariedad, justo lo contrario a la razón de ser misma del Estado de Derecho. Que un Gobierno practique la desobediencia institucional significa que se sitúa por encima del respeto al principio del imperio de la ley que hoy es imperio de la Constitución. Y deja al descubierto sus vergüenzas: al tiempo que estimula a desobedecer lo que encuentra contrario a sus designios, deja claro que no desobedece a cuanto le beneficie. Pero, en ese caso, ¿cuál es la razón por la que los ciudadanos no pueden optar por el mismo camino, es decir, obedecer los mandatos de ese gobierno cuando consideren que les beneficie y desobedecer en todo lo demás?

 Finalmente, es más compleja, pero también a mi juicio carente de justificación, la campaña que supuestamente invoca la noble tradición de la desobediencia civil. Se ha llegado incluso a equiparar a algunos de los protagonistas del procés (políticos, como Mas, Junqueras, Rus o Turull  y representantes de la sociedad civil como Cuixart y Sánchez) con reconocidos representantes de la tradición de la desobediencia civil y de la lucha contra la discriminación en derechos humanos y fundamentales, una lista que va de Rosa Parks, M.L.King o Malcom X, a Gandhi o Mandela, aunque, como trataré de mostrar, es discutible que todos ellos practicasen la desobediencia civil y no, más bien, el “derecho de resistencia” que, en su versión iusnaturalista, cabe remitir al alegato de Antígona. Por no hablar de la, a mi juicio, indebida apropiación de ese concepto cuando se recurre a analogías que, en mi opinión, son de todo punto impropias. Así, afirmaciones tales como ”está en nuestro ADN”, (sic) para sostener la peregrina tesis de que <el pueblo catalán> es pacífico por naturaleza. El mismo pueblo que según esta tradición épico-romántica, tiene como símbolo sagrado un himno que no tiene nada que envidiar a La Marsellesa, con su insistencia en el bon colp de falç y, entre sus iconos, los guerreros unas veces victoriosos (almogávares, el tambor el Bruch) otros, derrotados (Wilfred el pilos, Casanova).

Peor aún, se sostiene como meritoria una argumentación que supone una notable confusión de los órdenes normativos que ha costado siglos separar: la distinción entre lo que es pecado y lo que es delito, para entendernos. Así sucede cuando el Sr Junqueras y algunos otros utilizan la referencia a sus convicciones religiosas y morales o su afiliación a movimientos parroquiales, o a ONGs religiosas, como prueba –jurídica- de su inocencia, sin que nadie parezca alarmarse por esta versión de nacionalcatolicismo que parece impregnar a una parte de los militantes de la causa del procés, con el sagrado tótem de Montserrat de fondo. Por cierto, un tótem que ampara abusos sexuales, según hemos sabido, sin que hayamos escuchado condena o exigencia de responsabilidades por parte de Puigdmont, Torra, Torrent, Borrás, Junqueras o Rufián.

No. Sostengo que el hecho de recurrir a estrategias de movilización ciudadana, vinculadas a la historia de la resistencia no violenta, no constituye necesariamente desobediencia civil, sino que en muchas ocasiones -a mi juicio, en ésta- es otra cosa: insurrección, rebeldía (que no rebelión en el sentido penal), o incluso revolución; eso sí, no violentas. Que los libros de cabecera de organizaciones como ANC o los CDR sean los de Zinn[12], Sharp[13] o el de Mark y Paul Engler[14], atestiguan que se trata de resistencia no violenta, pero no de desobediencia civil.

El quid de la cuestión, creo, es que para hablar de DC no basta que las actuaciones que la invocan tengan el rasgo de no violentas. Hace falta algo más. El punto clave, creo, es si invocan o no un fundamento de legitimidad comúnmente aceptado, porque el objetivo de la DC no es impugnar el marco jurídicopolítico de convivencia, sino -muy al contrario- impugnar un mandato porque se entiende que no es conforme con esas reglas de juego que todos hemos aceptado. Reglas que, en democracias como la nuestra, se llaman Constitución.

¿Eso quiere decir que no es nunca legítimo impugnar la Constitución? No, porque no cabe excluir la posibilidad de casos en los que el bloqueo político y la violación de derechos sean tan graves que contaminen de invalidez a la propia Constitución. Pero eso es rebeldía revolucionaria, derecho de resistencia, como plantearon Gandhi o el segundo Mandela. Y en esos casos no es correcto hablar de DC, pues ni Gandhi ni Mandela aspiraban a mantener las reglas de juego impuestas por los británicos o los afrikaners, sino a cambiarlas por completo.

Es posible e incluso legítimo (aun diría más, en algunos casos, obligado) impugnar unilateralmente la propia regla de juego, la Constitución: pero si y solo si se prueba que, en efecto, era antidemocrática (impuesta unilateralmente, como en los supuestos coloniales) o bien que ha devenido en la práctica en un orden ilegítimo, que mantiene graves violaciones de derechos humanos. Pero, pese a los esfuerzos de la retórica secesionista, ni la Constitución española de 1978 fue un ejercicio de dominio colonial sobre Catalunya, ni asistimos hoy en Catalunya y en España a una violación tan grave y generalizada de los derechos humanos que haya subvertido el orden constitucional, aunque, desde luego, hayamos vivido un retroceso preocupante en no pocas garantías de derechos en los últimos años, retroceso que debe ser denunciado y corregido y sus responsables deben rendir cuentas. Quienes no aceptan el marco constitucional, ni pretenden reformarla (incluso a fondo, pero por las vías constitucionales), sino que invocan unilateralmente otros criterios de legitimidad, diferentes de aquellos por los cuales hemos aceptado autoobligarnos la mayoría de los ciudadanos, a mi entender, no deben hablar de DC. La unilateralidad rompe con la civilidad y, una de dos: o es un abuso, o se pone abiertamente fuera de juego: es insurrección, rebeldía. Es mejor para todos que así se diga y se defienda.


[1] Sobre las posiciones del movimiento altermundialista, Naomi Klein Decir no, no basta, Paidós, 2017

[2] En 1963 publicó un primer ensayo «Disobedience as a Psychological and Moral Problem», en el colectivo editado por Clara Urquhart A Matter of life. Fue recogido luego en su On Disobedience and Other Essays (1981), del que hay traducción en castellano, Sobre la desobediencia y otros ensayos, Paidos Studio, México, 1991. 

[3] El artículo de 1961 es “On Civil Disobedience” Journal of Philosophy 58 (21), pp. 653-665, 1961. Precisó algunos aspectos jurídicos en “Civil Disobedience: Conscience, Tactics and the Law”, Journal of Philosophy, 69 (7), pp. 179-186,1972.

[4] “Reflections on Civil Disobedience”. Se puede consultar en https://www.newyorker.com/magazine/1970/09/12/reflections-civil-disobedience. Ese ensayo fue recogido posteriormente en su libro Crisis de la República, del que hay edición española,Trotta, 2015.

[5] Se trata de su ensayo en  elcolectivo editado por el mismo Bedau, Civil Disobedience: Theory and Practice (Pegasus, 1969). Posteriormente, editó el colectivo Civil Disobedience in Focus, London: Routledge, 1991.

[6] La paradoja se produjo en el seno del denominado “movimiento de insumisos” en España, contra la objeción de conciencia al servicio militar. Ese movimiento pasó de la defensa individual de la objeción de conciencia a la elaboración de un argumentario y de prácticas de resistencia contra la imposición del servicio militar que les llevaron a defender la desobediencis civil indirecta, aunque seguían denominándose “objetores”. Como sostuve en polémicas con algunos de sus más importantes representantes a finales de los 70, creo que eran insumisos que practicaban desobediencia civil indirecta, pues lo que buscaban era la derogación d e la ley que imponía el servicio militar obligatorio (para los varones), algo que finalmente se consiguió  en diciembre de 2001.

[7] Cfr. A. Ortega, “Protestas glocales”, Ideas, El País,3de noviembre de 2019.

[8] Se trata de una red de colectivos y movimientos sociales de distintos países, con el objetivo de organizar la convocatoria de una «huelga social de dimensión transnacional»y diseñar un nuevo repertorio de acciones de protesta social desobediente capaz de permitir que cualquiera participe y que aseguran no tratarse sin más “de una manifestación transacional, sino de un «proceso permanente de desobediencia civil» y lanzó para ese 15 de octubre bajo el lema “Unidos por el cmbio global” una protesta de alcance internacional en rechazo de las medidas de austeridad para salir de la crisis y por una “democracia verdadera”.

[9] La lectura de ese texto de Zinn que hizo Matt Demon en su homenaje póstumo tras la muerte de éste, puede verse en https://www.youtube.com/watch?v=3814SJ8RfeI#t=32 (subtitulada en castellano).

[10] Para un planteamiento general del problema sigue siendo útil el libro de R.Gargarella, El derecho a resistir el Derecho. Ed Miño y Dávila. Madrid,2005.

[11] Por ejemplo,

[12] Zinn, Howard, «The Problem is Civil Disobedience» (November 1970). La primera vez que se publicó fue en Hugh Davis Graham, ed., Violence: The Crisis of American Confidence (Baltimore: Johns Hopkins Press, 1971), pp. 154-62. Luego en Howard Zinn, The Zinn Reader: Writings on Disobedience and Democracy (New York: Seven Stories Press, 1997), pp. 403-11. Cfr. también War and Civil Disobedience, 2008

[13] Sharp,G.,  The politics of non-violent Action, (3 vols) 1973. Hay diferentes ediciones populares, como 198 métodos de acción no violenta.

[14] This is an Uprising. How the Non-Violent Revolt is shaping the Twenty-first cnrtury (2016), recientemente editado en catalán con el título Manual de desobèdiencia civil. Les Claus de la revolta no violenta que está transformant el segle XXI, traducción de Núria Parés, editorial Saldonar, 2019.

NOVIEMBRE DE 2019. LA DISTOPÍA QUE NOS ALCANZA (Infolibre, 8 de noviembre de 2019)

Este no es otro artículo sobre el panorama político-electoral.

No lo es porque, al menos para los cinéfilos, noviembre de 2019 remite casi inevitablemente a la película Blade Runner, hoy un clásico del cine. Como todos recuerdan, la dirigió Ridley Scott en 1982 a partir de un relato escrito en 1968 por Philip K. Dick, maestro del género distópico en la ciencia ficción. Y, en efecto, su inolvidable secuencia inicial se abre con esta referencia: <Los Angeles, noviembre de 2019> (https://www.youtube.com/watch?v=5Tz5ykjis2k).

Nos sucedió en su día con el 2001 de Kubrick, basada en el relato El Centinela, de Arthur C Clark (1951), del que muchos guardamos un recuerdo imborrable. Es difícil describir la impresión que nos producía su estreno en 1968 y la visión de ese futuro situado medio siglo después (casi la misma proyección temporal que en Blade Runner, 47 años). Ese futuro 2001, desde el presentismo juvenil, nos parecía absolutamente lejano, pura imaginación, inalcanzable, por no decir inverosímil. Y sin embargo, aunque los deslumbrados espectadores de entonces no supiéramos muy bien por qué, nos hipnotizaba la peripecia casi humana de Hal-9000, la primera Inteligencia Artificial en alcanzar la popularidad global. Lo explicaba su “padre” en la ficción, el Dr Chandra: “hoy en día, cualquier persona inteligente debería saber que HAL significa <Heuristic Algorithmic> (para ser más exactos, <Heuristic Programmed Algorithmic Computer>), esto es, una computadora algorítmica programada heurísticamente. Los amantes de las conspiraciones señalaron un guiño hostil de Kubrick a IBM. Sarcasmo o no, lo de heurístico es poco creíble porque, como en tantas narraciones distópicas de ciencia ficción, las inteligencias artificiales que se crean para tratar de emular la mente humana (por eso se las supone heurísticas) acaban sucumbiendo al objetivo básico de cumplir en términos binarios su programación, e infringen así la primera de las leyes de la robótica ideadas por el maestro Asimov: “Un robot no causará daño a un ser humano o, por inacción, permitirá que un ser humano sufra daño”. Es la tensión que servirá para buena parte de las películas más populares del subgénero, como la saga Terminator (James Cameron, 1984) o la más mediocre Yo, Robot (A Proyas, 2004).

En el caso de Blade Runner, el guión original de Hampton Fancher, corregido por David W. Peoples, junto a las aportaciones de artista conceptual Syd Mead, decisivas en la inconfundible estética de ese inolvidable Los Angeles de noviembre de 2019 que nos muestra la película, consiguió reunir las preocupaciones antropológicas (incluso teológicas) que dominaban el relato de Dick, y subrayó y añadió la visión de un futuro marcado por el desastre medioambiental, el peso social y político de las grandes corporaciones biotecnológicas y una sociedad tan marcada por la diversidad cultural como por la desigualdad. No son ajenos a esos logros (como explica el ensayista Paul Sammon en su libro Future Noir: the making of Blade Runner que es la referencia obligada sobre esta película), las huellas de influencias culturales muy diversas, desde el expresionismo alemán (Metrópolis, de Lang) y el art Déco, a la pintura de Hopper o los comics de Moebius, o la arquitectura de Frank LL.Wright o Gaudí. El propio Mead confirmó muchos de esos extremos en una entrevista en La Vanguardia el 10 de noviembre de 1990. Por su parte, Ph.K.Dick, al principio reticente, llegó a manifestar incluso entusiasmo por alguno de los logros de la versión cinematográfica en diferentes entrevistas y declaraciones.

Me dirán, claro, que el 2019 de hoy no es el que nos enseñaba la película, como tampoco 2001 fue el que nos contaban Kubrick y Clark. Pero si vamos un poco más allá de los extraordinarios efectos especiales creados por Trumbull, Yuricich y Dreyer, del impacto de la banda sonora de Vangelis, con el inolvidable <Tears in Rain> que acompaña al monólogo final del replicante Roy Beatty, habría no poco que matizar sobre ese juicio.

En efecto, tres de los grandes temas de la película dominan no ya nuestro horizonte inmediato, sino nuestro presente y se erigen como las preocupaciones globales a las que se enfrenta la humanidad en este noviembre de 2019. Me refiero a la emergencia climática, al impacto de las biotecnologías y de su utilización por ese capitalismo vigilante y opresivo que impera hoy sobre los viejos Estados y a los desplazamientos masivos y forzados de personas que están también detrás de la inevitable transformación de nuestras sociedades en realidades marcadamente pluriculturales cuyos rasgos y conflictos no sabemos gestionar.

La prioridad de prioridades hoy, en este noviembre de 2019, es la emergencia climática y no el eufemismo del <cambio climático> que algunos todavía se empeñan en repetir. Más allá de los cíclicos pesimismos milenaristas y apocalípticos, la evidencia científica de que el Antropoceno ha alcanzado su punto crítico resulta difícilmente contestable. Basta con leer los informes del IPCC -Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático- o el muy reciente” Riesgos asociados al cambio climático y los cambios medioambientales en la región mediterránea”, elaborado por 80 científicos dirigidos por el director del Instituto Mediterráneo para la biodiversidad y la Ecología, el profesor Cramer y que sitúa al Mediterráneo como <zona cero> de la emergencia climática. No será el Los Angeles de la permanente lluvia ácida, pero sí un escenario de subidas del nivel del mar, que producirán desertificación creciente también en nuestro país, con consecuencias directas sobre las migraciones climáticas protagonizadas por nosotros mismos y problemas graves de agua y seguridad alimentara.

También como en el 2019 de Blade Runner, la peor parte la llevan los más vulnerables, una denominación que alcanza a grupos crecientes de población, en un contexto de insalvable desigualdad y precarización. Frente a una y otra, mengua sin cesar la capacidad de resistencia (eufemísticamente aún denominada <soberanía>) de los Estados, la única esperanza de protección para los más débiles en ese escenario de dominio de los nuevos agentes del mercado global. El poder de las grandes corporaciones que, como sucede en la película de Scott, dominan la biotecnología y las TIC, esta trasformando por completo el futuro del trabajo y del vínculo laboral, eje de un sistema de relaciones que garantizaban dialécticamente, desde luego, el objetivo de integración y cohesión social. El modelo de capitalismo extractivo y de vigilancia, frente al que la privacidad es una quimera avanza poderosamente. Nosotros mismos, nuestros datos, también los biológicos, somos la primera mercancía. Recordaré que en 2017 se estrenó la segunda parte de la saga, dirigida por Denis Villeneuve, Blade Runner 2049, que proyecta ya sólo 30 años en nuestro futuro el desarrollo de esas mismas características. Es un mundo en el que otra gran multinacional, la Wallace Corporation, ha aprovechado el blackout global de 2025 y la crisis alimentaria, para imponerse gracias a su monopolio de alimentos modificados genéticamente, absorber la antigua Tyrrel Corporation y seguir desarrollando productos biotecnológicos, ahora Nexus-9, en la misma línea del capitalismo extractivo y vigilante. Algo que podemos encontrar asimismo en otra distopía del propio Scott, la saga Prometheus, que prolonga (como precuela) otra saga exitosa de Ciencia Ficción, Alien, en la que el protagonismo de otra gran corporación, la Weiland- Yutani, que está en el núcleo de la trama.

Por lo que se refiere al tercer gran desafío global que afrontamos ya hoy, las movilizaciones humanas forzadas, el poco leído y aun mucho menos utilizado Global Compact for safe, regular and Legal Migration aprobado en la Conferencia de Marrakesh el 10 de diciembre de 2018 y una semana después por la Asamblea General de la ONU (mal conocido como Pacto global sobre las migraciones, https://news.un.org/es/story/2018/12/1447231) alerta sobre los cambios en el fenómeno de la movilidad forzada que tienen una dimensión no sólo global, sino masiva y que se multiplicarán en los próximos 20 años como consecuencia de los desplazamientos climáticos. La emergencia climática se constituirá, en efecto, como primer motor de esa movilidad humana que ya no será protagonizada sólo ni primordialmente por ciudadanos de países de la periferia (Africa, Asia, América Latina), sino de nuestro mundo, del norte privilegiado. Insisto en recordar el pronóstico del Mediterráneo (y de una buena parte de la península Ibérica) como zona cero.  Mientras tanto, como traté de argumentar en un pequeño libro publicado en 2002 en la colección Cine y Derecho, de Tirant lo Blanch (Blade Runner: el Derecho, guardián de la diferencia) , los países destinatarios de una parte de los flujos migratorios, como los de la UE, Australia o los EEUU, se empeñan en responder a las migraciones en clave de orden público y policía de fronteras, o, aún peor (bastaba oir al Sr Abascal en el debate electoral del día 4), en términos de defensa y recurso a las fuerzas armadas. Sí: los replicantes de la película eran, a mi juicio y lo son hoy, la metáfora de los inmigrantes sin papeles que ese cuerpo especial de policía de Los Angeles de noviembre de 2019 se empeña en retirar, aunque sabe de la falta de sentido de esa tarea. Como he tratado de explicar (por ejemplo, recientemente en estas mismas páginas, https://www.infolibre.es/noticias/luces_rojas/2019/09/24/la_solidaridad_bien_entendida_99094_1121.html), es una concepción necropolítica de la gestión de los movimientos migratorios que una parte de los Estados de la UE parecen empeñados en mimetizar.

¿Distopía? Creo que estamos a tiempo de que el término siga siendo adecuado, si en este noviembre de 2019, antes de que sea tarde, afrontamos con decisión política esos desafíos que son ciertamente globales, pero a cuya respuesta debe sumarse sin tardar cualquier gobierno responsable.