“Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen
pierden el respeto, y despiertan de su letargo, pero de forma violenta”,
Jean-François-Paul
de Gondi, Cardenal de Retz, Mémoires, 1675
- Humanos,
porque desobedecemos
Los nuestros han sido caracterizados, desde diferentes
perspectivas, como tiempos de
desobediencia, hasta el punto de que se ha llegado a aventurar que un rasgo
distintivo de la generación que alcanza su mayoría de edad al final de la
primera década del siglo XXI sería el “estado de rebelión”, lo que permitiría
hablar de la era de los indignados.
Se habría producido así un proceso de globalización del movimiento de denuncia
y rechazo del statu quo que se
extendió desde las plazas de ciudades árabes a Madrid, Génova, Nueva York o
Hong Kong. Probablemente, sus antecedentes inmediatos remiten a la concepción
altermundialista, al lema otro mundo es
posible, que se lanzó desde el foro de Porto Alegre, y que fue sobre todo una propuesta de rechazo de un (des)orden
social percibido como insoportable, por injusto y aun suicida, en
términos de la sostenibilidad de la vida (la de los seres humanos y la del
propio planeta). Pero no pretendo una disquisición sobre cuestiones que han
sido ya extensamente tratadas[1],
sino más bien apuntar una pregunta y ofrecer algunas pistas para el debate a
quien interese la cuestión.
A mi juicio, la pregunta es por qué hoy el prestigio social
está del lado, no ya de la indignación y la denuncia, sino abiertamente de la
desobediencia, con el efecto estigmatizador sobre la actitud de obediencia, que
parece sometida a sospecha, cuando no a menosprecio. Y es que hoy parece
asentada en ciertos sectores la tesis de que la desobediencia es la modalidad
que exige aquí y ahora una política radicalmente democrática, ante el bloqueo
impuesto por los viejos mecanismos e instituciones de la democracia
representativa.
En rigor, no es una novedad, sino una constante que podemos
encontrar en toda sociedad y que viene simbolizada por el atractivo de la negación, vinculada a una necesidad generacional,
biológica, la que todos experimentamos al constatar que nos encontramos en un
mundo que hemos recibido y que percibimos como ajeno e incluso impuesto; en
definitiva, un mundo que no es nuestro, de donde la necesidad de crear
el propio. Prácticamente en todas las culturas y en todos los momentos
históricos encontramos testimonios de ese rechazo, de esa desobediencia, que es
sobre todo una actitud vital de “los jóvenes” hacia las pautas y valores
imperantes, testimonios enunciados generalmente en tono de lamentación por la
decadencia que ello supone para el orden social existente, cuyos valores son
impugnados. Es el grito del ¡non serviam!,
que la Biblia atribuye al ángel predilecto que se rebeló contra su Creador,
convirtiéndose así en ángel caído.
Pero hoy hablamos de algo más, de un fenómeno que, por su
generalización, parece nuevo: se trata de reconocer que se ha producido una
inversión de la comprensión de la desobediencia, que –en contextos democráticos–
pasa de ser una actitud sospechosa por insolidaria y reprobable para la
mayoría, en cuanto incompatible con las condiciones de una convivencia civil, a
convertirse en la vía necesaria para
construir una sociedad que de verdad merezca ese calificativo. Una sociedad decente, en el sentido de Péguy
o Margalit o, digámoslo abiertamente, una sociedad justa. Esto nos obliga,
creo, a un esfuerzo de precisión sobre las condiciones de legitimidad de la
desobediencia, lo que puede abordarse, a mi juicio, al menos desde dos vías que
tienen una importante tradición. De un lado, la que construye el concepto de
desobediencia civil (en adelante, DC), en contextos precisamente democráticos,
cuando menos a priori. De otro, la de raíces anarquistas –en la mejor tradición
libertaria– que entiende que, siendo todo poder ilegítimo, la desobediencia es
la acción política legítima por antonomasia, incluso un deber, lo que parece
razonable cuando hablamos de regímenes no democráticos, pero resulta muy
cuestionable en el otro caso. Porque la discusión sobre el alcance y y justificación
de lo que conocemos como DC no es un fenómeno contemporáneo. Antes al
contrario, podemos y debemos entenderla como un caso especial de una constante
histórica que, desde el personaje de Antígona a nuestros días, encontramos
formulada de muy diferentes formas y en muy distintos escenarios como la
cuestión política clave: ¿por qué obedecer?
Recordaba mas arriba que el “atractivo de la desobediencia”
no puede ser considerado una novedad. Como explicara en su día Fromm en su
ensayo sobre la desobediencia como problema psicológico y moral[2],
la inclinación a la desobediencia está vinculada a ese gran motor de la
humanidad que es el ansia de libertad, frenado por otra pulsión constante y
contrapuesta, el miedo a la libertad. Un miedo cuyas raíces había
explicado el caballero de La Boétie en su Discurso sobre la servidumbre
voluntaria (1548) que fue publicado por su amigo Michel de Montaigne. En
cierto modo, en el panfleto de La Boétie arranca una concepción que, desde el
humanismo a la Ilustración, reivindicará en profundidad el valor de la autonomía como principio sine qua non de la moral, la política y el derecho y que se
refleja en la noción de contrato social como única justificación del poder. La
Boétie impugnaba la obediencia propia de las monarquías absolutas, que es la
obediencia de quien, en lugar de ciudadano, es tratado como súbdito o, como
dirá mucho más tarde Nietzsche, como rebaño. Denunciaba así la obediencia como
hábito generado por el miedo, por la amenaza del monopolio de la violencia que
detenta el rey. Impugnación de la obediencia como servidumbre voluntaria que
encontramos también en la advertencia prudente que se recoge en una cita muy
repetida (y habitualmente atribuida de forma errónea a Lichtenberg, en sus Aforismos) de las Mémoires del que fuera rival de Mazarino, el cardenal de Retz
(1675), con la que he encabezado esta reflexión y también en la conocida
afirmación del genial Spinoza: “Por lo demás, aquella
sociedad, cuya paz depende de la inercia de unos súbditos que se comportan como
ganado, porque sólo saben actuar como esclavos, merece más bien el nombre de
soledad que de sociedad» (Tractatus Politicus, V, 4).
Fromm condensó esa dialéctica en una afirmación que ha sido
mil veces repetida: “la historia de la humanidad comenzó con un acto de
desobediencia y es probable que acabe con un acto de obediencia”. Cuando
Prometeo, Eva y Adán entonan de diferentes formas su “no serviré”, aunque sea a
riesgo del implacable castigo divino, a la imagen del ángel caído, el primer
rebelde, rebelde también contra Dios, como glosara Milton en su Paraíso
perdido, proclaman su autonomía, se afirman como algo más que creaciones o
juguetes de dioses más o menos crueles o benéficos. Como señalara Camus, el
rebelde es la expresión misma de la lucha del ser humano por afirmarse frente a
la contradicción de sentirse y saberse esclavizado por las reglas de un mundo
que le es ajeno y contra el que se rebela:
“¿Qué es un hombre rebelde?
Un hombre que dice no. Pero negar no es renunciar: es también un hombre que
dice sí desde su primer movimiento. (…) El rebelde (es decir, el que se
vuelve o revuelve contra algo) da media vuelta. Marchaba bajo el látigo del amo
y he aquí que hace frente. Opone lo que es preferible a lo que no lo es”.
Del otro lado, frente
a la certeza y el confort que nos ofrece la obediencia, el actuar como y dentro
del rebaño, pronto se advierte que la obediencia mecánica, perinde ac
cadaver, como reza la máxima ignaciana, es la negación de nuestra condición.
La obediencia ciega es denunciada, según la advertencia de Fromm, como la
amenaza de destrucción final. Nadie lo explicó mejor que Kubrick en su
extraordinario filme Dr. Strangelove: or how I learning to stop worrying an
love the Bomb (1964), una crítica avant la lettre de la doctrina de la
disuasión nuclear, la mutua destrucción asegurada (MAD), que aceleró la carrera
armamentística y contra la que se alzó un importante movimiento pacifista, uno
de los ejemplos de la mejor desobediencia civil, que cuaja en su dimensión
internacionalista a través de la protesta contra la guerra en Vietnam y contra
la carrera armamentística y nuclear, como veremos.
En suma, la relación dialéctica entre obediencia y
desobediencia nos constituye como humanos y eso muestra hasta qué punto, como
ha señalado con su inteligencia habitual la filósofa Alicia García Ruiz, la
cuestión de los límites de la obediencia es capital. Porque la obediencia es un
ejemplo mayor de concepto límite. Pero vayamos a la discusión específica sobre
la DC.
2. La desobediencia civil, instrumento de la lucha por la
mejora del Derecho y la democracia
El profesor, filósofo y jurista norteamericano Hugo Adam
Bedau, publicó en 1961 un artículo sobre la DC[3],
adelantándose en buena medida a las tesis que propuso Hannah Arendt en un
famoso ensayo en The New Yorker en 1970[4].
Bedau desarrolló esas tesis en otras publicaciones, sobre todo en un libro
colectivo sobre DC publicado en 1969, que considero el punto de referencia
obligado de la discusión contemporánea[5].
En ese texto, ofrece una definición de DC que, con algunas variantes, ha sido
reiterada por los principales teóricos de este concepto, de Russell a Dworkin o
Rawls, pasando por Habermas: La DC, frente a otras formas de resistencia o
infracción del Derecho que reclaman su justificación en aras de mayor justicia
(o, directamente, de la contraposición entre Justicia y legalidad, como ya
encontramos en Antígona), consistiría en <una infracción de un mandato legal
(ley, sentencia, actuaciones administrativas propias de políticas públicas,
étc), de carácter público y pacífico, con el objetivo de conseguir que ese
mandato sea anulado, alegando que no se ajusta al marco jurídico común del que
emana la legitimidad legal de la norma impugnada>.
Es decir, mediante la infracción pública y no violenta de
una norma legal, se quiere llamar la atención de la mayoría (la opinión pública
y sus representantes institucionales) para que rectifique una decisión que
cuenta a priori con la presunción de legitimidad democrática porque ha sido
adoptada legalmente, pero cuya legitimidad dentro del sistema jurídico político
se impugna, alegando precisamente su incompatibilidad con los principios de esa
legitimidad: en esto se diferencia la DC de las prácticas de protesta que se
enmarcan en el seno de movimientos de rebelión o insurrección pacíficos (los no
pacíficos suelen identificarse con movimientos revolucionarios): estos buscan
cambiar el sistema o los principios del sistema.
Lo característico de la DC, a diferencia, por ejemplo, de la
objeción de conciencia, es que no se busca la exención individual de un deber,
sino que tiene un alcance colectivo, genuinamente político: se trata de
modificar una ley, una sentencia o un acto administrativo que afectan al
interés general[6].
Por eso cabe la DC como respuesta a casos de violación de derechos
individuales, porque la violación de un derecho fundamental nos toca a todos:
es el caso de las actuaciones del movimiento PAH, contra desahucios de personas
en situaciones vulnerables. Pero también para impugnar decisiones
<técnicas> que son vividas como contrarias al interés general o al menos
de un grupo significativo de ciudadanos, como en el caso del movimiento vecinal
en Murcia recientemente, con la protesta organizada de los vecinos contra el
alzado de un muro ferroviario exigido por las obras del AVE, que partía la vida
de algunos barrios de la ciudad. Otra peculiaridad frente a la objeción de
conciencia es que la DC puede ser directa, esto es, del mandato impugnado, pero
la mayor parte de las veces es indirecta: se viola otra norma legal, como el
código de circulación, o las que rigen el acceso a edificios públicos, como
hace en estos días Jane Fonda ante el Capitolio reclamando acciones contra la
emergencia climática. Finalmente, y eso resulta polémico, la mayor parte de los
teóricos de la DC (no todos: por ejemplo, Chomsky rechaza este requisito por
entender que la reduce a una acción domesticada, carente de la fuerza que da la
verdadera rebelión, por más que pacífica), exigen como prueba del carácter
civil no sólo la no violencia y la remisión a los principios del ordenamiento
jurídico-político, sino también la disposición a aceptar el castigo que se
impone a la infracción de la norma (el ejemplo mencionado de Jane Fonda en
estos días). El desobediente civil no es un delincuente, no trata de burlar la
acción de la ley, sino que acepta el sistema legal que quiere mejorar con su
infracción y por eso no trata de escapar a la sanción. Es lo que sabe captar la
mencionada García Ruiz cuando, inspirándose en Arendt, propone que la DC es
manifestación del tipo de disidencia “que es la dimensión estructuralmente
constitutiva del consenso”. Por eso, asegura, debe ser entendida como
“potencial de renovación institucional, expresión de la capacidad común de
asociación desde el disentimiento que es constitutiva de una comunidad
política libre” y por esa razón, concluye, frente a la DC “la respuesta
gubernamental…no puede quedar confinada sólo al plano jurídico. Ha de ser
resueltamente politica”.
Precisamente la dimensión política de la DC explica también
el abanico de causas que se sirven de ella y nos vale también para advertir la
evolución en esta lucha por mejorar la democracia y el Derecho. Así, frente a
los movimientos de DC ligados a causas internas, nacionales (el reconocimiento
de los derechos civiles en los EEUU), poco a poco esas reivindicaciones se
deslizaron hacia causas más transversales, incluso universales. Ese es el
ejemplo de movimiento pacifista surgido en los 60, cuyas raíces pueden
encontrarse en la doctrina de la no-violencia propuesta por el gran precursor
de la moderna causa del pacifismo L. Tolstoi y retomada por H.D.Thoreau, a
quien se considera, a mi juicio de modo incorrecto, como el moderno fundador de
la desobediencia civil. Permítanme detenerme un momento en este punto.
En efecto, hay coincidencia en señalar que el origen del
ensayo de Thoreau, el primero publicado con el título “Desobediencia civil”, está
en su desencuentro en 1847 con un recaudador de
impuestos local, Sam Staples, que le exigía los atrasos de seis años de
impuestos. Thoreau se negaba a pagar impuestos, apoyándose para ello en su
concepción de que un buen ciudadano no podía aceptar la lacra de la esclavitud
y tampoco sufragar las veleidades imperialistas y coloniales que exhibía el
Gobierno federal en su aventura mexicana, así como en su interpretación del
modelo de los padres fundadores, que consideraba difícilmente compatible con un
gobierno federal fuerte, oposición que ha sido interpretada como una posición
individualista e incluso anarquista (quizá sería más exacto buscar su
equivalencia con una propuesta muy posterior, la figura del “anarca” de
E.Jünger), desde una interpretación a su vez confusa de los postulados
expresados en otra obra de Thoreau de indiscutible vocación ecologista, Walden. Fue encarcelado en Concord, pero
sólo por un día. A comienzos de 1848 pronunció varias sobre conferencias sobre el tema «Los derechos y deberes
del individuo en relación con el gobierno«, explicando su idea del
derecho al autogobierno que tiene todo individuo. Esas conferencias tenían por
título On resistance to civil
governement, más vinculado al multisecular “derecho de resistencia” y fueron la base de su ensayo «Resistencia al
Gobierno Civil» (luego editado con el título celebérrimo «Desobediencia
Civil«). En suma, Thoreau reivindica la disidencia como
elemento clave de la democracia en cuanto expresión del desacuerdo político
y no sólo moral, de quien no halla justificado el imperativo concreto de una
ley, porque choca con los fundamentos del pacto social al que se ha prestado
consentimiento, en el caso de Thoreau, la Declaración de Independencia en la
que se expresa el consenso, el marco de legitimidad de los Founding Fathers (es decir, la Constitución, en términos de la
teoría contemporánea de la DC). Para Thoreau, la DC es una conducta exigente,
lo que significa que ha de ser pública y pacífica y, además, debe aceptar la
sanción para probar su coherencia. Sin duda hay en él un impulso de moral
crítica, un fundamento ético de la DC, pero la clave está en la dimensión
política: no trata de cambiar el régimen político, pero tampoco salvar la
aplicación de una ley a su caso concreto (la excepción personal o suspensión
personal de la ley, propia de la objeción de conciencia). Por eso, su propuesta
no es la de la revolución. Es una rebelión para preservar los valores del
pacto político que comparte y defiende. De paso, diré que, a mi juicio,
aunque resulta indiscutible la importancia que tuvo para Gandhi la lectura de Tolstoi
y de Thoreau (comenzando por la tesis de éste que asegura que en un régimen
injusto el único lugar para un hombre justo es la cárcel), el movimiento que el
Mahatma impulsó ya como abogado
frente al apartheid en Sudáfrica y, sobre todo, el que fue decisivo en
la independencia de la India, no es en realidad desobediencia civil, sino
rebelión inspirada en una concepción religiosa, la doctrina de la satyagraha,
que adquiere la dimensión de una verdadera revolución política, de carácter
pacífico. Porque, obviamente, Gandhi no comparte ni los valores ni las
reglas del sistema político del virreinato, la dominación inglesa en la joya de la corona que es la India, y no
se rebela apelando a esa legitimidad, sino que la impugna.
Ambos elementos, la vocación vagamente anarquista y el
propósito ecologista (vinculado en este caso a un difuso panteísmo) encuentran
eco en un poema de Walt Whitman, originalmente denominado Whitman’s Clause
y también To the Sates, finalmente publicado como Resist much/Obey
Little, (1860) en su poemario Leaves of Grass, yque dice así:“To The States, or any one of them, or any city of
The States,/ Resist much, obey little;/ Once unquestioning
obedience, once fully enslaved;/ Once fully enslaved, no nation, state, city,
of this earth, ever afterward resumes its liberty”. Ese “resistid mucho;
obedeced poco”, está también presente, a mi juicio, en algunas de las
concepciones contemporáneas de la democracia como resistencia, como las que
sostienen hoy filósofos como Balibar y, sobre todo, Rancière. En el caso de
éste, ligada a su concepción de pueblo, como <aquella parte que no es
parte>, que no está presente en el juego de representación de la soberanía
propio de la democracia liberal representativa, que se asemeja más a la
oligarquía. Pero la diferencia fundamental entre el motor de la obra de Thoreau
y los movimientos contemporáneos de DC reside en el desarrollo solidario de esa
disidencia individual: no se
disiente para obtener un privilegio, una excepción particular a la norma, para
salirse del rebaño, habida cuenta de la propia y excepcional superioridad, si
se me permite la referencia nietzscheana. No. El propósito es como mínimo el
que expresa el viejo verbo castellano, <incordiar>. Pero con un objetivo
constructivo, que no siempre se halla implícito en quien actúa como mosca
cojonera, que diría ese gran <incordiante> que fue Sánchez Ferlosio.
Hoy se advierte esa ambición universal en buena parte de los
más importantes movimientos civiles de protesta que, como ha señalado A. Ortega,
evocando un término acuñado por Robertson, son sobre todo movimientos
<glocales>[7],
aunque en un sentido inverso al concepto <glocalización> (que trata de
desnudar la falacia del pretendido universalismo del proceso de globalización,
que no sería tal sino la imposición a escala global del modelo de capitalismo
depredador de mercado, de cuño norteamericano)) . En efecto, hablamos de
protestas que nacen de reivindicaciones de ámbito universal (la emergencia
climática es la más clara), pero que actúan localmente. Así, recurre a acciones
de DC el movimiento Black lives matter, ligado a la denuncia de la
violencia policial contra los ciudadanos negros en los EEUU, y que pronto que
pasó a la denuncia del esclavismo y del segregacionismo, que sin duda son la
herida original de la democracia en los EEUU, pero puede trasladarse a todos
los países en que se vivió y aún hoy se vive la lacra esclavista y racista. La
misma ambición se advierte en las denuncias individuales y los escraches con
los que comienza el movimiento Me Too, que se convierte en la palanca
para un movimiento universal de denuncia de la violencia de género y de la
situación de subordiscriminación que sufren cientos de millones de mujeres en
todo el mundo y que también emplean formas de DC, sobre todo indirectas, para
sus reivindicaciones. Un ejemplo particularmente llamativo y polémico lo ofrece
el movimiento Extinction Rebellion, que lucha contra la emergencia
climática y que pretende generalizar manifestaciones masivas de DC indirecta
que, en algunos casos se encuentran en el otro lado del límite que marca la
dimensión no violenta, lo que ha obligado a un debate importante entre esos
activistas. Derechos humanos, derechos de las mujeres, emergencia climática son
causas políticas que traspasan fronteras y desbordan el ámbjto de la protesta
contra problemas de legitimidad de las democracias estatales.
Pero el recurso a la violencia es una barrera. Quien lo
traspasa no puede reclamar que practica la DC. Así sucede con algunos
movimientos que proponen un orden alternativo a la globalización, como el <Block>
(Black Block). Las mismas dudas persisten en torno al movimiento denominado <Hub Meeting>, que en
España nació vinculado al 15M, pero pronto se convirtió en transnacional[8].
Y, a mi juicio, eso afecta también a buena parte de las acciones que llevan a
cabo los CDR tras la Sentencia del Tribunal Supremo sobre los protagonistas del
procés.
Y llegamos al punto que, a mi juicio, es la clave de la
discusión. Si aceptamos la definición de Bedau, en realidad la DC sería expresión genuina del espíritu de la
democracia y del Derecho. Pero es preciso detenerse en el adjetivo
civil, que matiza de forma muy importante la tesis inicial, la del
prestigio de la desobediencia. Dejando aparte los versos de Withman y la
paradoja de Fromm, quizá nadie como Howard Zinn haya planteado mejor, más provocadoramente,
la razón de ser de la desobediencia, desde que lo hiciera Sófocles en el
diálogo entre Antígona y Creonte, donde, claro está, no se habla de
desobediencia civil, sino de la obligación
de obedecer el mandato de leyes superiores, no escritas, cuando la ley no es justa. Es decir, el derecho
originario de resistencia que retomaran movimientos como los monarcómacos para
justificar incluso el tiranicidio. En un debate de 1970 sobre desobediencia
civil, en el contexto de las protestas contra la guerra en Vietnam, Zinn,
probablemente el más prolífico de los defensores de la DC, comenzó su
intervención señalando que toda la discusión estaba planteada al revés, porque
–afirma– “nos dicen que el problema es la desobediencia civil, cuando en
realidad el problema es la obediencia
civil”[9].
A mi juicio, como trataré de explicar, aquí encontramos un elemento distintivo
de la moderna desobediencia civil: se trata de una herramienta política, de
carácter colectivo, con la que se busca corregir los déficits de la democracia,
o hacerla avanzar hacia el reconocimiento de nuevos derechos,
hacia la ampliación del espacio público, más allá de lo que a veces es
advertido como el estrecho corsé de la legalidad, aun cuando se trate de una
legalidad, insisto, democrática, que hace bueno el viejo dictum de Cicerón:
“somos siervos de las leyes para poder ser libres”, que está en el fondo de la
justificación de la obediencia al Derecho que propusiera Kant (la obediencia a
la ley es la garantía de que la libertad de cada uno puede coexistir con la
libertad de los demás) y a la que, a mi juicio, resulta imposible renunciar.
Dicho de otro modo, creo que la recuperación contemporánea de
la desobediencia civil como elemento propio de la ciudadanía activa, como motor
de la vida política, tiene que ver con la percepción de que la disidencia activa o incluso la desobediencia,
expresan el espíritu de la democracia, de la reapropiación del poder por
parte de los ciudadanos. Esta matización sobre el sujeto, esto es, we, the people, me parece importante:
prefiero esta referencia a todos nosotros
los ciudadanos (luego matizaré sobre la necesidad de una concepción plural
e inclusiva de la ciudadanía), por encima de las referencias habituales a las
nociones de pueblo y, desde luego,
más que a la de nación, porque hace
referencia a todos y cada uno de los
ciudadanos como sujeto político constituyente, como poder político
originario, el demos.
Cuando la desobediencia es
civil, aparece, además, a mi juicio, como expresión indefectible de lo que
constituye, si se me permite la expresión, el alma del derecho, que no es otra cosa sino la idea de la lucha por los derechos, una idea-fuerza
que ya está en Heráclito, pero que formuló y desarrolló uno de los más grandes
juristas del siglo XIX, Rudolf von Jhering. Sí: para que el Derecho sea
instrumento de satisfacción de las necesidades reales de los ciudadanos, y no
instrumento de dominación y discriminación, expresión de violencia, ley del más
fuerte, ha de estar al servicio de los
derechos como intereses legítimamente dominantes. En una sociedad
democrática esa lucha está institucionalizada, a priori, a través de los
mecanismos institucionales de representación y de participación. Pero, como
señalara justamente Arendt cuando escribe sus reflexiones sobre la
desobediencia civil, significativamente dedicadas a Mary
MacCarthy,
la desobediencia que arraiga en los campus norteamericanos en los 70, como la
que hoy se invoca como “nueva política”, tiene mucho que ver con los límites
que el stablishment impone a la
democracia representativa, límites sobre todo a la hora de garantizar esa lucha
genuina por los derechos, que no parecen posibles en esa democracia bloqueada,
que ha agotado su vía revolucionaria, como supo mostrar Richard Yates en su
magistral novela Revolutionary Road.
Arendt intenta incorporar a las instituciones democráticas la desobediencia,
pero fracasa en su propuesta porque (y aquí discrepo de quienes sugieren que el
proyecto debe ser incorporar la desobediencia a la legalidad) no veo que sepan
resolver el oxímoron jurídico que eso plantea.
Pero es preciso afinar el análisis: cabe defender la
legitimidad democrática del recurso a la DC, que incluso puede ser entendida como una obligación política, porque
esta desobediencia es el recurso para apelar a que la mayoría recupere el
principio de legitimidad expresado en el pacto político original, esto es, en
nuestros sistemas políticos, en la Constitución. ¿Significa eso que es posible
enunciar la existencia de un derecho a la
DC, es decir, a afirmar la DC como
derecho, incluso como derecho básico[10]?
Yo creo que, en democracia, no existe tal derecho genérico a
la desobediencia, salvo que hablemos de un “derecho moral”, un “derecho
natural”, al estilo del derecho de resistencia. Es verdad que la cláusula se
incluye en solo muy excepcionalmente (como de hecho sucede solo en la Ley
Fundamental de Bonn) ese claim for
disobedience es positivizado como Derecho, pero con una muy importante
precisión: no existe un derecho general a desobedecer cuando uno así lo estime
justificado, sino de forma muy específica: se
reconoce ese derecho a desobedecer solo frente a órdenes/normas/decisiones
abiertamente contrarias a los derechos humanos y el orden constitucional, precisamente en aras de defender los
principios de legitimidad en los que se basa el orden constitucional.
Este es el nudo gordiano: frente a quienes verían en el
derecho a la desobediencia un elemento constitutivo del pacto social
democrático, hay que decir que eso significa trasladar indebidamente las tesis
de Locke sobre el appeal to heaven, y
no digamos las de Hobbes sobre la posición del ciudadano ante el Leviatán. El
derecho a resistencia que invoca esa apelación divina es una última instancia,
excepcional, justificable en regímenes políticos en los que el control del
soberano es muy limitado, y difícilmente se puede trasladar a Estados de
Derecho en los que las instancias de control y revisión son numerosas y con
garantías, llegando incluso a instancias supraestatales. El derecho a
desobedecer reconocido por Hobbes se limita a un supuesto extremo: aquel en el
que el soberano/Leviatán no garantiza la vida. Por tanto, a mi juicio, cuando
hablamos de un derecho genérico a desobedecer en el contexto de una sociedad
democrática (de lo que hoy llamamos un Estado constitucional de Derecho), la
conclusión es negativa. Nocabe admitir un derecho genérico, abierto de
desobediencia, que pone en quiebra el fundamento mismo del Estado de Derecho. Y
eso incluye, a mi juicio, la inaceptabilidad de un derecho general de objeción
de conciencia en un sistema democrático.
Todo lo anterior no significa que no pueda ser legítima la
desobediencia revolucionaria, la rebelión de la que hablan algunos, a mi juicio
con inexactitud. Aunque esa desobediencia revolucionaria, frente a lo que
asegura el mito, las más de las veces sea violenta. Y hay que añadir de
inmediato que esa violencia no es ilegítima allí donde no ha existido un pacto social democrático (ilegitimidad de
origen) o donde este ha degenerado gravemente
(ilegitimidad de ejercicio, sobrevenida, nacida de una práctica no
respetuosa con los principios de legitimidad) y ha practicado, por ejemplo,
violaciones generalizadas de esos principios de legitimidad, como sucede cuando
un régimen democrático en su origen viola de forma masiva los derechos humanos.
De esta forma, debemos matizar la tesis del prestigio de la
desobediencia. La desobediencia tiene, como recordé más arriba, el prestigio
del non serviam!, atribuido a Luzbel,
el príncipe de los ángeles, que se rebela contra Dios y se convierte en Lucifer,
Satán. Pero no olvidemos que el motivo de esa rebelión es el atributo del libre
arbitrio concedido a los hombres. Por supuesto que el “ni dios, ni amo”, sigue
siendo un lema que prolonga el ideal de la autonomía, pero hay que preguntarse
qué sociedad puede construirse desde el primado de la desobediencia a toda
norma, a cualquier autoridad. Porque si lo pensamos bien, hemos de admitir que
también cabe llamar desobediencia, sin más, a lo que calificamos de
conducta criminal o delictiva, que en teoría nadie podría proponer como ejemplo
a seguir, aunque tenemos testimonios constantes de lo contrario cuando, por
ejemplo, se ofrece el modelo de los tiburones financieros, los especuladores,
los depredadores de cuello blanco que saben desobedecer a la ley, poniendo su
inteligencia en escapar, en disimular esa desobediencia, es decir, en lo
contrario del carácter público de la desobediencia civil. Por eso me parece
claro que quienes se llenan la boca al hablar de desobediencia como instrumento
democrático, sin hacer más precisiones, olvidan que una sociedad en la que el
modelo sea el desobediente, sin más, es la expresión de la ley del más fuerte,
el más astuto. La desobediencia, sin más,
es inviable como propuesta para construir una sociedad decente.
3.No toda desobediencia es DC, aunque reclame ese título.
Una coda sobre la reivindicación de la DC hoy en Cataluña.
Ahora bien, el hecho de recurrir a estrategias de
movilización ciudadana, vinculadas a la historia de la resistencia no violenta,
a acciones propias de la tradición de la DC (hay manuales muy conocidos que
reúnen varios cientos de acciones de estrategia no violenta de desobediencia[11])
no constituye necesariamente DC, sino que en muchas ocasiones es otra cosa:
insurrección, rebeldía o incluso revolución; eso sí, no violentas. Así sucede,
a mi juicio, con la invocación de la DC que hacen en Catalunya una parte de los
movimientos secesionistas de carácter inequívocamente pacífico: creo que, en el
mejor de los casos, son manifestaciones de resistencia no violenta, pero no DC.
Desde luego, eso
me parece evidente cuando se recurre a la violencia, como ha denunciado la Sección de Derecho Constitucional
del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, que considera que
los cortes en las carreteras y de servicios públicos de las últimas
semanas en Catalunya como protesta por la sentencia a los líderes del ‘procés’
no están amparadas bajo el derecho fundamental de manifestación y, a
fortiori, no pueden sr consideradas DC. En una nota publicada el 16 de noviembre, la Junta de la
Sección muestra su “estupefacción” ante lo que considera “una aceptación
generalizada por parte de medios de comunicación e instituciones públicas de
que los cortes de carretera y de otros servicios públicos” constituyan “un
ejercicio adecuado del derecho fundamental de manifestación”, ya que el art. 21
de la Constitución “exige que las manifestaciones sean pacíficas y se
comuniquen previamente a las autoridades”. Asimismo, apuntan que el
incumplimiento de la ley “deslegitima las manifestaciones y transforma a sus
participantes en auténticos vulneradores de los derechos fundamentales del
resto de ciudadanos a quienes causan graves perjuicios” a terceros, y
reclaman la aplicación de la L.O. 4/2015 de Seguridad Ciudadana para que haya
responsabilidades penales, “cosa que incomprensiblemente no se ha producido”.
Me parece
igualmente criticable la tesis sostenida bajo el oxímoron que denominan “desobediencia
institucional” y en el que parece empeñado el President Torra. Sorprende la
insistencia en esa contradicción flagrante que consiste en que un Gobierno impugne
la obediencia a la ley sobre la que se basa su propia legitimidad, de origen y
de ejercicio. Es decir, un Gobierno, como el Govern de la Generalitat de
Catalunya, cuya legitimidad de origen se basa indiscutiblemente en el refrendo
democrático, libre y por cierto abrumador en Catalunya a la Constitución de
1978 que a su vez permitió recuperó las instituciones del Estatut de Catalunya,
espolee a los ciudadanos a desobedecerla de facto, a ignorarla unilateralmente
(“apreteu”, según la consigna del President de la Generalitat a los CDR, en la
que ahora insiste el Vicepresident Aragonés cuando en recientes declaraciones
-el pasado 13 de noviembre, animaba a la ciudadanía a «no aflojar» en sus
movilizaciones contra la sentencia del «procés» porque es
«importante que haya una ciudadanía movilizada para que el Gobierno se
mueva»).
Ante todo, parece que eso supone impugnar justo aquello que
hizo posible ese autogobierno, al institucionalizar la devolución a Catalunya
de las instituciones políticas de la Generalitat. A mi juicio, pierde así toda
razón para exigir a su vez obediencia a los propios mandatos, a sus leyes.
Porque al estimular la desobediencia institucional, lo que viene a decir es “¿desobediencia?
Sí; pero a lo que yo diga”. Simplemente, ese mensaje no es que sea
irresponsable, es que no es serio. Por eso, la mal denominada <desobediencia
institucional> carece de sentido, porque lleva el signo de la arbitrariedad,
justo lo contrario a la razón de ser misma del Estado de Derecho. Que un
Gobierno practique la desobediencia institucional significa que se sitúa por
encima del respeto al principio del imperio de la ley que hoy es imperio de la
Constitución. Y deja al descubierto sus vergüenzas: al tiempo que estimula a
desobedecer lo que encuentra contrario a sus designios, deja claro que no
desobedece a cuanto le beneficie. Pero, en ese caso, ¿cuál es la razón por la
que los ciudadanos no pueden optar por el mismo camino, es decir, obedecer los
mandatos de ese gobierno cuando consideren que les beneficie y desobedecer en
todo lo demás?
Finalmente, es más
compleja, pero también a mi juicio carente de justificación, la campaña que
supuestamente invoca la noble tradición de la desobediencia civil. Se ha llegado
incluso a equiparar a algunos de los protagonistas del procés (políticos, como Mas, Junqueras, Rus o Turull y representantes de la sociedad civil como
Cuixart y Sánchez) con reconocidos representantes de la tradición de la
desobediencia civil y de la lucha contra la discriminación en derechos humanos
y fundamentales, una lista que va de Rosa Parks, M.L.King o Malcom X, a Gandhi
o Mandela, aunque, como trataré de mostrar, es discutible que todos ellos
practicasen la desobediencia civil y no, más bien, el “derecho de resistencia”
que, en su versión iusnaturalista, cabe remitir al alegato de Antígona. Por no
hablar de la, a mi juicio, indebida apropiación de ese concepto cuando se
recurre a analogías que, en mi opinión, son de todo punto impropias. Así,
afirmaciones tales como ”está en nuestro ADN”, (sic) para sostener la peregrina
tesis de que <el pueblo catalán> es
pacífico por naturaleza. El mismo pueblo que según esta tradición
épico-romántica, tiene como símbolo sagrado un himno que no tiene nada que
envidiar a La Marsellesa, con su insistencia en el bon colp de falç y, entre sus iconos, los guerreros unas veces
victoriosos (almogávares, el tambor el Bruch) otros, derrotados (Wilfred el pilos, Casanova).
Peor aún, se sostiene como meritoria una argumentación que
supone una notable confusión de los órdenes normativos que ha costado siglos
separar: la distinción entre lo que es pecado y lo que es delito, para
entendernos. Así sucede cuando el Sr Junqueras y algunos otros utilizan la
referencia a sus convicciones religiosas y morales o su afiliación a
movimientos parroquiales, o a ONGs religiosas, como prueba –jurídica- de su
inocencia, sin que nadie parezca alarmarse por esta versión de
nacionalcatolicismo que parece impregnar a una parte de los militantes de la
causa del procés, con el sagrado tótem de Montserrat de fondo. Por cierto, un tótem
que ampara abusos sexuales, según hemos sabido, sin que hayamos escuchado
condena o exigencia de responsabilidades por parte de Puigdmont, Torra,
Torrent, Borrás, Junqueras o Rufián.
No. Sostengo que el hecho de recurrir a estrategias de
movilización ciudadana, vinculadas a la historia de la resistencia no violenta,
no constituye necesariamente desobediencia civil, sino que en muchas ocasiones
-a mi juicio, en ésta- es otra cosa: insurrección, rebeldía (que no rebelión en
el sentido penal), o incluso revolución; eso sí, no violentas. Que los libros
de cabecera de organizaciones como ANC o los CDR sean los de Zinn[12],
Sharp[13]
o el de Mark y Paul Engler[14],
atestiguan que se trata de resistencia no violenta, pero no de desobediencia
civil.
El quid de la cuestión, creo, es que para hablar de DC no
basta que las actuaciones que la invocan tengan el rasgo de no violentas. Hace falta algo más. El
punto clave, creo, es si invocan o no un fundamento de legitimidad comúnmente
aceptado, porque el objetivo de la DC no es impugnar el marco jurídicopolítico
de convivencia, sino -muy al contrario- impugnar un mandato porque se entiende
que no es conforme con esas reglas de
juego que todos hemos aceptado. Reglas que, en democracias como la nuestra,
se llaman Constitución.
¿Eso quiere decir que no es nunca legítimo impugnar la
Constitución? No, porque no cabe excluir la posibilidad de casos en los que el
bloqueo político y la violación de derechos sean tan graves que contaminen de
invalidez a la propia Constitución. Pero eso es rebeldía revolucionaria, derecho de resistencia, como plantearon Gandhi
o el segundo Mandela. Y en esos casos
no es correcto hablar de DC, pues
ni Gandhi ni Mandela aspiraban a mantener las reglas de juego impuestas por los
británicos o los afrikaners, sino a cambiarlas por completo.
Es posible e incluso legítimo (aun diría más, en algunos
casos, obligado) impugnar unilateralmente la propia regla de juego, la
Constitución: pero si y solo si se prueba que, en efecto, era antidemocrática
(impuesta unilateralmente, como en los supuestos coloniales) o bien que ha
devenido en la práctica en un orden ilegítimo, que mantiene graves violaciones
de derechos humanos. Pero, pese a los esfuerzos de la retórica secesionista, ni
la Constitución española de 1978 fue un ejercicio de dominio colonial sobre
Catalunya, ni asistimos hoy en Catalunya y en España a una violación tan grave y
generalizada de los derechos humanos que haya subvertido el orden
constitucional, aunque, desde luego, hayamos vivido un retroceso preocupante en
no pocas garantías de derechos en los últimos años, retroceso que debe ser
denunciado y corregido y sus responsables deben rendir cuentas. Quienes no
aceptan el marco constitucional, ni pretenden reformarla (incluso a fondo, pero
por las vías constitucionales), sino que invocan unilateralmente otros
criterios de legitimidad, diferentes de aquellos por los cuales hemos
aceptado autoobligarnos la mayoría de los ciudadanos, a mi entender, no deben
hablar de DC. La unilateralidad rompe con la civilidad y, una de dos: o es un
abuso, o se pone abiertamente fuera de
juego: es insurrección, rebeldía. Es mejor para todos que así se diga y se
defienda.
[1]
Sobre las posiciones del movimiento altermundialista, Naomi Klein Decir no,
no basta, Paidós, 2017
[2] En 1963 publicó un primer
ensayo «Disobedience as a Psychological and Moral
Problem», en el colectivo editado por Clara Urquhart A
Matter of life. Fue recogido luego en su On Disobedience and Other
Essays (1981), del que hay traducción en castellano, Sobre la
desobediencia y otros ensayos, Paidos Studio, México, 1991.
[3] El artículo de 1961 es “On Civil Disobedience” Journal
of Philosophy 58 (21), pp. 653-665, 1961. Precisó algunos aspectos jurídicos en “Civil Disobedience: Conscience,
Tactics and the Law”, Journal of Philosophy, 69 (7), pp. 179-186,1972.
[4] “Reflections on Civil Disobedience”.
Se puede consultar en https://www.newyorker.com/magazine/1970/09/12/reflections-civil-disobedience.
Ese ensayo fue recogido posteriormente
en su libro Crisis de la República, del que hay edición española,Trotta,
2015.
[5]
Se trata de su ensayo en elcolectivo
editado por el mismo Bedau, Civil Disobedience: Theory and
Practice (Pegasus, 1969). Posteriormente, editó el
colectivo Civil
Disobedience in Focus, London:
Routledge, 1991.
[6]
La paradoja se produjo en el seno del denominado “movimiento de insumisos” en
España, contra la objeción de conciencia al servicio militar. Ese movimiento
pasó de la defensa individual de la objeción de conciencia a la elaboración de
un argumentario y de prácticas de resistencia contra la imposición del servicio
militar que les llevaron a defender la desobediencis civil indirecta, aunque
seguían denominándose “objetores”. Como sostuve en polémicas con algunos de sus
más importantes representantes a finales de los 70, creo que eran insumisos que
practicaban desobediencia civil indirecta, pues lo que buscaban era la
derogación d e la ley que imponía el servicio militar obligatorio (para los
varones), algo que finalmente se consiguió
en diciembre de 2001.
[7]
Cfr. A. Ortega, “Protestas glocales”, Ideas, El País,3de noviembre de 2019.
[8] Se trata de una red de colectivos y movimientos sociales de distintos
países, con el objetivo de organizar la convocatoria de una «huelga
social de dimensión transnacional»y diseñar un nuevo repertorio
de acciones de protesta social desobediente capaz de permitir que cualquiera
participe y que aseguran no tratarse sin más “de una manifestación
transacional, sino de un «proceso permanente de desobediencia civil» y
lanzó para ese 15 de octubre bajo el lema “Unidos por el cmbio global” una
protesta de alcance internacional en rechazo de las medidas de austeridad para
salir de la crisis y por una “democracia verdadera”.
[9]
La lectura de ese texto de Zinn que
hizo Matt Demon en su homenaje póstumo tras la muerte de éste, puede verse en https://www.youtube.com/watch?v=3814SJ8RfeI#t=32 (subtitulada en castellano).
[10] Para un planteamiento general del problema sigue siendo útil el libro de R.Gargarella, El derecho a resistir el Derecho. Ed Miño y Dávila. Madrid,2005.
[11] Por ejemplo,
[12]
Zinn, Howard,
«The Problem is Civil Disobedience» (November 1970). La primera vez
que se publicó fue en Hugh Davis Graham, ed., Violence: The Crisis of
American Confidence (Baltimore: Johns Hopkins Press, 1971), pp.
154-62. Luego en Howard Zinn, The Zinn Reader: Writings on Disobedience
and Democracy (New York: Seven Stories Press, 1997), pp. 403-11. Cfr. también
War and Civil Disobedience, 2008
[13] Sharp,G., The
politics of non-violent Action, (3 vols) 1973. Hay diferentes ediciones populares,
como 198
métodos de acción no violenta.
[14] This is an Uprising. How the Non-Violent Revolt is shaping
the Twenty-first cnrtury (2016), recientemente editado en
catalán con el título Manual de
desobèdiencia civil. Les Claus de la revolta no violenta que está transformant
el segle XXI, traducción de Núria Parés, editorial Saldonar, 2019.