«Natalico, colócanos a tós!» Historias electorales de caciques de la Restauración

Hay una tendencia creciente entre tertulianos, opinadores, pero también entre cierta clase política “moderna” y sus gurus (expertos en comunicación y politólogos de toda laya) que consiste en repetir como una evidencia que no debemos cometer el error de confundir las cuestiones políticas con los instrumentos jurídicos. El mensaje es contundente: “Menos Derecho (menos remisión a leyes, Constitución y tribunales) y más Política”.

Creo que, sin desconocer cuanto puede haber de razonable en el tópico (por eso es un tópico), subyace a menudo en este mensaje una deficiente comprensión de la relación entre Derecho y Política, que lleva en no pocas ocasiones a discursos que son callejones sin salida, cuando no a propuestas tan simplistas como demagógicas. En particular, cuando la consecuencia es que naufraguen democracia y Estado de Derecho al tirar la ganga o el agua sucia.

Por supuesto, es muy lucido y repostmoderno hacer creer a los ciudadanos que lo decisivo en política es la autonomía de la voluntad de cada uno, que para eso somos libres y podemos decidir lo que nos parezca mejor a cada quien. Faltaría más. No digamos en campaña electoral. Si, además, esa campaña, como es nuestro caso, coincide con el cocacolero mito de PapaNoel (que es más moderno que los viejunos Magos), está servida la estrategia de darle gusto al cuerpo, se llame uno, o no, Macarena. ¡Y dos huevos duros!, que proponían los Marx. A pedir y prometer, que es gratis. Es la lógica que, so capa de democracia directa,  convierte la política en ejercicio del clientelismo, como en aquella anécdota atribuida a un cacique de la restauración, Natalio Rivas: el vecino que increpa al cacique en pleno mitin: “Natalico, colócanos a tós!”. Nuevos y viejos gabinetes de comunicación confían en esa evidencia universal: la impunidad del incumplimiento de las programas electorales, como demuestran, aquí y ahora, los casos de Mas y Rajoy. También los nuevos, insisto, esos que nos dicen que menos leyes y más afinidad con la voluntad de la calle.

Pero ni siquiera Rousseau consiguió cuadrar ese círculo vicioso del “obedecerse a sí mismo obedeciendo a los demás”. La solución menos mala entre las posibles sigue siendo, creo, como reconociera Platón, sustituir el <gobierno de los hombres> –que siempre acaba en arbitrariedad y corrupción, aunque esos hombres y mujeres sean los más sabios y los más guapos- por el <gobierno de las leyes>, siempre y cuando se trate de leyes acordadas por la mayoría. Seré viejuno, incluso jurásico, y volveré a Cicerón: “somos siervos de la ley para poder ser libres”. No de cualquier ley, claro. Ni ciegos a la necesidad  de reformarlas todo lo a fondo que nos pongamos de acuerdo en hacerlo. Pero tampoco al margen de la ley, como y cuando le convenga a la mayoría de turno (que nunca es mayoría real). Y eso no excluye, ni mucho menos, la desobediencia civil. Sólo que, para ser <civil>, ha de asumir las reglas de juego. De lo contrario, no se diferenciará del evasor de guante blanco y su ingeniería financiera en paraísos fiscales, con la que quiere hurtarse al deber jurídico de solidaridad.

UN CUESTIONARIO SOBRE LA RESPUESTA A LOS ATENTADOS DE PARIS

La revista Abogados, del Colegio General de la Abogacía, me plantea un cuestionario, que incluyo con mis respuestas:

* El 11-S, y también otros acontecimientos como la llegada masiva de refugiados, pueden provocar la adopción de medidas extraordinarias como la declaración del estado de excepción, un refuerzo de las fronteras, ciudades blindadas, o la limitación de derechos ciudadanos, pero, sobre todo, un debate que enfrenta siempre Seguridad con Libertad. ¿Es falso ese dilema o cómo debe afrontarlo una sociedad madura y democrática para no perder derechos conquistados con tanto esfuerzo?

Debo comenzar por disentir del punto de partida. Unir acontecimientos terroristas recientes y “llegada masiva de refugiados” , me parece un mal planteamiento. No ignoro que se trata de referencias clave para la enésima formulación del debate entre seguridad y libertad tras los atentados de Paris que, a mi juicio, ni son una guerra ni deben ser contestados con la lógica de la guerra. Pero en el caso de los refugiados (por cierto, ¿de qué <llegada masiva> hablamos? De los 4 millones que han recibido Líbano, Jordania, Iraq y Turquía?), la primera e inexcusable consideración es que nos hallamos ante la exigencia de garantizar derechos y la obligación de cumplir deberes: nada que ver con medidas excepcionales en el debate entre seguridad y libertad.

En cuanto al debate, repetiré lo obvio: es un falso dilema, porque no existe otra seguridad que la seguridad en las libertades, seguridad en los derechos, en términos de lo que Balibar denomina <egalibertad>. Esa es la noción de seguridad jurídica propia de un Estado de Derecho y a fortiori de un Estado constitucional. No discuto que en una sociedad “madura y democrática” los estados de emergencia y excepción puedan estar justificados, pero siempre con el límite que imponen los marcos constitucionales: justificación estricta de toda medida restrictiva de derechos, un plazo definido y preciso de su duración, proporción de las medidas excepcionales y control judicial de toda privación o restricción de derechos. Parece que no hayamos aprendido de los errores de la respuesta en términos de lógica de guerra frente a los ataques del 11S de 2001.

 

 

 

 

Las medidas extraordinarias contra el terrorismo, adoptadas sin fisuras por los gobiernos, ¿supondrán una limitación de los derechos fundamentales? ¿Hasta qué extremo pueden llegar?

Me parecen discutibles, de entrada, esas apelaciones a la <unidad sin fisuras>, que a menudo sacrifican el legítimo pluralismo.  Dicho esto, temo que, por ejemplo, las medidas adoptadas en Francia ponen en riesgo derechos básicos como la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la privacidad, o el derecho a la libertad deambulatoria. Considero injustificable que se habiliten restricciones como estas sin control judicial previo.

En suma, es contradictorio luchar por la defensa de nuestras libertades mediante limitaciones tales que, en la práctica,  suspenden (si no anulan) las mismas libertades que queremos defender. Con esa estrategia estamos ofreciendo una victoria a la amenaza terrorista. La estrategia antiterrorista (insisto: es algo distinto de la lógica de la guerra) debe centrar su prioridad en otro tipo de medidas: inteligencia, diplomáticas, control financiero, del mercado de armamento, etc.

 

 

 

¿El integrismo religioso cambiará el reconocimiento y respeto europeo del derecho de libertad religiosa y provocará un retroceso en las políticas de acogimiento de refugiados y asilados?

¿Integrismo religioso? Cuál? ¿El de quienes sólo aceptan refugiados cristianos? ¿El de quienes repiten aquello de que <el Islam> (sic, como si sólo existiera uno, como si todo el Islam fuera fundamentalista) es incompatible con la democracia y los derechos humanos?. Por supuesto que cualquier forma de fanatismo religioso, como el que practican y difunden algunos aliados de EEUU y la UE – Arabia Saudí o las petrodictaduras del Golfo y desde luego, el DAESH o Al Qaeda- es una amenaza que hay que tomar en serio. Pero para combatirla es necesario más que nunca garantizar principios que no me parecen renunciables: la laicidad del Estado, el pluralismo inclusivo, el respeto a la libertad ideológica, de conciencia y religiosa.

Dicho lo anterior, no hace falta pronóstico: ya se está retrocediendo en las políticas de acogida a refugiados (y también en las políticas migratorias), y la xenofobia institucional y mediática están incubando el consabido huevo de la serpiente, erosionando irrenunciables principios: el imperio de la ley, la igualdad ante la ley, la vinculación a los instrumentos jurídicos internacionales de reconocimiento y garantía de los derechos humanos (p.ej. el Derecho internacional de refugiados y también del standard internacional de derechos de los inmigrantes, como el Convenio de la ONU de 1990 o los Convenios de la OIT). Sin ellos, el Estado de Derecho no puede mantenerse y la UE abandona lo que le da sentido como proyecto político, europeo e internacional. Es una idea de Europa la que naufraga, más incluso que los propios refugiados e inmigrantes

 

 

 

* ¿Qué hacer para que las instituciones democráticas y protectoras de los derechos de los ciudadanos cumplan con sus funciones para evitar el recorte de derechos y, especialmente, el respeto la libertad?

No puedo extenderme en todo lo que se debe hacer. Pero sí en lo que es condición sine qua non, esto es, ante todo, cumplir y hacer cumplir la ley, la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos.

Frente a alegatos a mi juicio tan retóricos, bien intencionados pero las más de las veces, vacíos, como la apelación a la <hospitalidad cosmopolita>, hay que insistir en que sin el respeto al Derecho, no hay ética (ni éticas: hablamos de sociedades plurales) que valga. Ese respeto es condición tan necesaria como insuficiente, desde luego. Pero no empecemos la casa por las alturas de la apelación a unos principios éticos tan loables como poco exigibles, olvidando los cimientos de la convivencia: insisto, el respeto a la ley.

Cuando no se cumple con la ley -y los primeros obligados son los poderes públicos, los “responsables” políticos-, cuando hay impunidad ante actuaciones y omisiones ilícitas, como la violación de la prioridad del deber de socorro, cuya omisión es un delito (como lo es a mi juicio animar a esa omisión so pretexto de “efectos llamada”, como lo han hecho Teresa May, Jorge Fernández o García Margallo), cuando de forma irresponsable se dificulta el derecho al asilo, como se ha hecho en España, por ejemplo, retrasando durante 6 años la aprobación del reglamento de la ley de asilo –de 2009!!!-,  es absolutamente estéril , a mi juicio, la apelación a la ética o las éticas de turno.

 

La crisis de los refugiados: sus desafíos para la Unión Europea

La crisis de los refugiados: sus desafíos para la Unión Europea

Cuando hablamos de “crisis de los refugiados”, a mi juicio, debemos comenzar por cuestionar lo que parece evidente, porque buena parte de los tópicos, de las ideas recibidas que han prendido en la opinión pública a propósito de ese fenómeno que ha conseguido golpear durante unas semanas la sensibilidad de los europeos —foto de Aylan mediante—, son errores, cuando no falacias. Es decir, deformaciones intencionadas de la realidad. Y conviene hacerles frente.

Lo que trato de subrayar con esta advertencia es que lo que venimos viviendo al menos desde octubre de 2013, cuando nos golpearon las imágenes de dos sucesivos naufragios con centenares de víctimas ante las costas de Lampedusa y, en especial, desde la madrugada del 18 de abril de 2015, fecha en que tuvo lugar el desastre que causó la muerte de más de ochocientas personas frente a las costas de Libia, no es una crisis de refugiados. Mi opinión es que hablamos más bien de un problema y de unos desafíos que, en buena medida son nuestros, aunque sus protagonistas, los que sufren, sean ellos, los refugiados. Es nuestra crisis, en varios sentidos y no la crisis de otros, como se ha construido desde una parte de los medios de comunicación y también en buena medida como consecuencia de mensajes de gobernantes europeos, a través de algunas falacias que, insisto, es preciso analizar, criticar. Como consecuencia también de nuestro fracaso, o, si se prefiere, de nuestra renuncia a responder a los desafíos del propio proyecto europeo, que acaban por desvelar contradicciones en el mismo.

No se trata de negar, ni mucho menos, las dimensiones de la tragedia que viven los refugiados hoy. Pero no ahora: esto se ha agudizado desde al menos hace 20 años, en estas dos primeras décadas del siglo XXI. Las estadísticas de ACNUR son muy claras en ese sentido: hablamos de más de 60 millones de personas, si incluimos refugiados y desplazados. Es como si un país de las dimensiones Italia vagara por el mundo en busca de asilo. Y sucede que esta mal llamada “crisis de refugiados” no es nueva, ni imprevisible, ni una trampa.

No. No se trata de un tsunami imprevisible, un desastre casi natural, aciago y frente al que no podemos hacer mucho más que activar la tantas veces mal llamada solidaridad, es decir, esa suerte de moralina que, en realidad, sirve para acallar nuestro desasosiego ante la desgracia ajena y encima hacernos con la buena conciencia de que somos civilizados y solidarios.

 No. No es que toda la miseria del mundo —esa con la que políticos realistas y responsables nos recuerdan que no podemos cargar en exclusiva— se haya puesto en marcha en dirección al paraíso europeo, como si se tratara de los escenarios apocalípticos de The Walking Dead o Guerra mundial Z.

No. Por mucho que se empeñen en insistir en ello algunos líderes políticos europeos y destacados príncipes de la Iglesia católica, tampoco se trata del desafío de una amenaza mortal, la llegada del yihadismo, del terrorismo de al Qaeda o el Daesh1, que adopta el disfraz del desamparo para ocultarse cual nuevo caballo de Troya. No estamos ante una nueva modalidad de ese fobotipo del “ejército de reserva de la delincuencia” que denunciara ya Marx.

 No. La llegada de algunos centenares de miles de refugiados (quizá 800.000 al final del 2015, según estimaciones de OIM, ACNUR y la propia FRONTEX) hasta las fronteras sud-orientales de la UE y, en menor medida, a las costas italianas a través del canal de Sicilia, es el resultado de causas bien conocidas y por tanto un fenómeno previsible.

Lo sabíamos. Llevamos años asistiendo en directo al espectáculo de la guerra, la persecución, el hambre, la enfermedad, la muerte de millones de personas en Afganistán, Siria, Somalia, Eritrea, Libia, Sudán del Sur o Mali. Y ninguno de nosotros —menos aún, quienes nos gobiernan— podemos llamarnos a andana aduciendo sorpresa ante la primera, evidente y previsible consecuencia de todo esto: la necesidad de huir. Huir para encontrar un sitio más seguro, mejor, un refugio. Una acogida que, por cierto, les proporcionan los países vecinos, incluso con riesgo de verdadero desbordamiento. Ahí están, y no los repetiré, las estadísticas de ACNUR, que nos explican que los Estados que acogen el mayor número de refugiados se llaman —por ejemplo en el caso sirio— Líbano, Jordania, Iraq o Turquía; es decir, no, ni de lejos, los de la Unión Europea. Y lo mismo sucede con los que huyen de Afganistán, Somalia, Sudán del Sur, Eritrea, República Centroafricana o Nigeria, ni del pueblo royhinga: sólo una mínima proporción consigue llegar a Europa. La inmensa, la abrumadora carga de esa acogida, la protagonizan países limítrofes, cuyos PIB están lejísimos del nuestro.

Pero podría y debería recordársenos, también, que en buena medida nada de eso nos es ajeno. Y no hablo de un vago sentimiento de piedad o de humanidad con nuestros prójimos tan lejanos. Los refugiados son nuestro problema, aunque, como trataré de hacer ver, al mismo tiempo son elsíntoma de nuestro problema.

Los refugiados son nuestro problema porque ante todo tenemos un contrato con ellos, con los refugiados. Un contrato, una promesa jurídica de protección y garantía, del que no podemos ni debemos desentendernos: todos los Estados de la UE son Estados-parte, es decir, firmantes de la Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de Nueva York de 1966 —por no hablar de las convenciones y pactos que reconocen lo allí aprobado: desde el Convenio Europeo de Derechos Humanos hasta la Carta de Derechos de la UE y las Constituciones de los Estados de la propia UE—. Hablamos de instrumentos jurídicos vigentes, que dejan claro cuáles son los derechos de los refugiados y los deberes que adquieren los Estados que firman esos instrumentos para garantizar tales derechos. La primera y fundamental consecuencia es que no podemos desdecirnos de ese contrato, no podemos decir ahora que no va con nosotros. Tenemos la obligación de cumplir con nuestro compromiso de reconocerles y garantizarles los derechos que son el contenido del estatuto de los refugiados a quienes se reconoce como tales; bien como refugiados plenos y por tanto el contenido del derecho de asilo, bien a quienes al menos reconocemos el derecho a una protección internacional subsidiaria.

En segundo lugar, los refugiados son nuestro problema porque los gobiernos que hemos votado los europeos en los últimos años son, en no poca medida, responsables por acción y/o por omisión de eso que ahora llamamos erróneamente catástrofes humanitarias, es decir, de los acontecimientos que obligan a los refugiados a huir. Y al hilo de este argumento me permito insistir una vez más en el juego perverso de términos y conceptos. Nos gusta llamarlos así, “catástrofes”, “emergencias”, “desastres”, cuando no directamente “tsunamis”, porque parecen apuntalar la idea —tan falsa como reconfortante— de que se trata de fenómenos tan imprevisibles como ajenos a nuestra responsabilidad. Como si fueran consecuencias aciagas de factores naturales, del azar, o, en todo caso, de la brutalidad, del salvajismo de esos pueblos que están tan lejos de nuestra civilización y nuestras maneras, que gustan de exterminarse periódicamente, de perseguirse por sus diferencias étnicas, lingüísticas o religiosas. Pero no. Los refugiados no son un problema lejano y ajeno que ahora ha conseguido acercarse a nuestras costas. Debemos recordar que en el origen de estas huidas masivas se encuentran también nuestros intereses y negocios: por ejemplo, los de explotación de recursos minerales y energéticos en Libia o Mali; los de venta de armamento a Siria, Iraq, Somalia, Eritrea o Afganistán; los de tecnología de desecho y contaminante del que el archiejemplo es Nigeria.

Y no sólo son nuestro problema por la responsabilidad que tenemos en las causas que desatan la necesidad de huir. Se trata también de nuestra indiferencia, de nuestra responsabilidad por omisión ante la persistencia de esos factores desencadenantes de la huida. Y recordaré el ejemplo de Siria: ¿acaso carecemos de responsabilidad por nuestra indiferencia ante cuatro años de genocidio y guerra civil que han devenido en un multienfrentamiento sanguinario y que sólo ahora, en las conversaciones de Viena que acaban de comenzar a finales de octubre de 2015, parecen ser abordadas para evitar el primer mal, la guerra? ¿Desconocemos quién arma al Daesh, a las milicias franquicias de al Qaeda, al régimen de Al Assad o al dictador de Eritrea? ¿Hemos adoptado sanciones y bloqueos a quienes se enriquecen con esas ventas? No, porque o bien son aliados nuestros —Arabia Saudí el primero—, o rivales con los que no queremos negociar como Rusia, China o Irán, o bien, directamente, somos nosotros mismos, nuestras propias empresas e industrias de armamento y tecnología.

Crisis europea: falacias y contradicciones del proyecto europeo

Esa crisis de los refugiados es, en realidad, otra cosa, el síntoma de nuestro problema. Porque lo que ha aflorado a propósito de esta que llamamos “crisis de refugiados” es la verdadera crisis europea, en un sentido tan profundo que quizá requeriría otro Husserl para glosarla. Se trata de una crisis europea, porque amenaza con hacer naufragar al proyecto europeo. Y es así porque la crisis de los refugiados se ha convertido en la prueba de fuego de los principios, de las instituciones, del proyecto mismo para el que nació la UE: ha desnudado nuestros problemas de fondo como europeos, como ciudadanos de la UE. Ha sacado a la luz contradicciones entre los objetivos del proyecto. Falacias sobre las prioridades y los medios supuestamente necesarios —la inatacable racionalidad y prioridad absoluta de las políticas de contención del déficit, por ejemplo— y ha desvelado, otra vez, que el rey está desnudo, que tras la tramoya de reuniones, burocracia, cargos, funcionarios, privilegios y todo eso que llamamos “Bruselas”, no hay nada que valga la pena si perdemos su sentido, su razón de ser. Dicho de otra manera; el proyecto europeo está en riesgo de perecer porque hemos tratado de sustituir la razón política, la que da sentido al mismo, por la instrumental, un discurso pretendidamente verdadero, que secuestra la racionalidad en régimen de monopolio, el del liberalismo económico y sus dogmas supuestamente científicos, en el que naufraga la cuestión del sentido: qué sentido tiene unirnos como europeos.

Advertiré que no quiero hablar en estas páginas de los problemas técnico-jurídicos de un sistema europeo de asilo, que los hay y constituyen un enorme desafío. Pero para el que existen respuestas y bien conocidas, ofrecidas incluso desde dentro de las instituciones europeas. Por ejemplo, en la resolución 250/2015 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa The Human Tragedy in the Mediterranean: inmediate Action needed2, en las intervenciones de las eurodiputadas Roberta Metsola y Cécile Kyenge para la Comisión de derechos y libertades del Europarlamento3, o en las sugerencias de los eurodiputados Ska Keller y Ernest Urtasun en su artículo Actúen4. Ahí se pueden encontrar respuestas a cuestiones de este tipo: ¿cómo garantizar vías seguras y legales para plantear las demandas de asilo? ¿Cómo establecer un verdadero sistema europeo de asilo, es decir, estable, mejor, permanente y común, un sistema que ha de ser obligatorio y proporcionalmente compartido por todos los países de la UE?

Quiero hablar de otra cosa. De los desafíos políticos de fondo: discutir, por ejemplo, la contradicción entre el intento de establecer un espacio de libertad, justicia y seguridad en el que impere la libre circulación de las personas, y la necesidad correspondiente, pero antitética, de reforzar y aun incrementar las fronteras. Surgen nuevos muros y vallas en las rutas del sureste, desde Turquía hasta Centroeuropa (sobre todo hacia Alemania y en menor medida Suecia), tanto en la inicial, a través de Hungría, como en las que ahora atraviesan los Balcanes, y naufraga la garantía de un derecho básico, el de asilo, que no se puede supeditar a cuotas. Y entonces aparecen cuestiones de enorme complejidad: ¿Por qué tiene derecho al asilo el refugiado numero 160.000 y no el refugiado número 160.001?, ¿podemos desentendernos de éste y de los que le sigan?, ¿son menos refugiados? No digo que tengamos que garantizar efectivamente el asilo a todos los refugiados del mundo. Ante todo porque esa es una hipótesis contrafáctica: la inmensa mayoría de los refugiados del mundo no van a venir, no pueden llegar a las fronteras europeas. Pero sobre todo esa cuestión nos interpela acerca de los medios que estamos dispuestos a adoptar para contribuir a garantizar ese derecho. Lo que significa qué medidas debemos adoptar para hacer más fácil el acceso legal al derecho de asilo y evitar que se jueguen la vida intentando llegar hasta donde les permitimos plantear su demanda. Aún más, lo decisivo es nuestra contribución a que desaparezcan las causas que obligan a millones de personas a huir. ¿Qué debemos hacer para acabar con la guerra en Siria, en Afganistán, en Mali, en Libia?, ¿y para acabar con las dictaduras y los Estados fallidos en Eritrea, Sudán del Sur?

Mientras tanto, no podemos ser ciegos a la evidencia de otro desafío político y jurídico: se abre y ensancha la crisis del principio jurídico de solidaridad entre los propios socios europeos (la referencia es el artículo 80 del Tratado), y se pone en evidencia una confrontación de intereses y aun de valores entre esos socios, especialmente por lo que se refiere a los del este europeo (Polonia, Eslovaquia, Rumania y Hungría), que ingresaron en la gran ampliación. No compartimos intereses, valores, prioridades y estrategias. Y se hacen evidentes también las grietas entre el norte y el sur europeos, al menos en lo referido a prioridades de intereses y estrategias. Eso es palmario en el caso de España y sobre todo Italia y Grecia, ante la “emergencia migratoria” y la “crisis de refugiados”.

La respuesta: más democracia, más ciudadanía europea

Hay un último desafío, aunque en su núcleo se encuentra, paradójicamente, una razón para la esperanza política en el proyecto europeo. Me refiero al del déficit democrático de la UE, a la distancia abismal entre los gobernantes europeos y una ciudadanía que recupera el sentido común, el orden de prioridades, y se pone manos a la obra para tratar de encontrar soluciones que garanticen nuestro primer deber. Ahí donde está la crisis, está la oportunidad, como dijera Hölderlin: la oportunidad de la constitución de una ciudadanía europea que ha tomado conciencia de que, antes que los juegos burocráticos y competenciales en los que se enredan nuestros gobernantes y que les permiten, por ejemplo, utilizar su lengua de trapo para decir que “convocarán una reunión urgente para quince días después” (sic), que antes de parapetarse en la “sagrada intangibilidad de nuestras fronteras y nuestra soberanía”, hay deberes primarios correspondientes a derechos con cuya garantía estamos comprometidos.

Porque lo que está en juego en la mal llamada “crisis de los refugiados” es, ante todo, tomar en serio los derechos que la UE dice defender y promocionar como signo de identidad. Nuestra disyuntiva, más allá de tecnicismos jurídicos, es si estamos dispuestos a evitar la muerte, el riesgo que corre la vida e integridad física de decenas de miles de personas que, literalmente, se juegan su vida y la de sus hijos ante nuestros ojos. Nuestro desafío es si queremos ser coherentes y evitar la vergüenza, la indignidad que suponen las imágenes de seres humanos que huyen del peligro y se ven hacinados, bloqueados en fronteras y angustiados, mientras se agolpan desesperados en estaciones o campamentos y que, en no pocos casos, son acosados y maltratados por la policía, como hemos visto sobre todo en Hungría.

Creo que la embajadora de Hungría en España puso el dedo en la llaga de nuestro cinismo, al menos de nuestro desasosiego. En una entrevista del pasado mes de septiembre5, la oímos hablar de la “política ejemplar de fronteras” que España desarrolla en Ceuta y Melilla y de la que son estandarte esas concertinas que, además, exportamos ahora por doquier. O al señalar el doble rasero de quienes, como Francia o Inglaterra, critican los campamentos para refugiados en Hungría mientras mantienen la vergüenza de Calais.

Las imágenes de la “crisis de refugiados” son imágenes que, para cualquier europeo (para cualquiera que sepa algo de historia) evocan precisamente aquello que queremos desterrar para siempre. Aquello para lo que nacieron primero las Naciones Unidas y luego la propia Unión Europea. El primado del Derecho, del Estado de Derecho, es decir, del reconocimiento y garantía de los Derechos Humanos, como condición sine qua non de la paz y la prosperidad de las naciones.

OPCIONES CORNUDAS

OPCIONES CORNUDAS

Javier de Lucas

 

 

Llegar a Buenos Aires el día en que acaba el ciclo del kirchnerismo tiene su aquél. La victoria de Macri y sus aliados, mucho más apretada de lo que se pronosticaba (la diferencia no llegó al 3%), constituye, dicen, un hecho histórico, un <cambio de época>. Cuando se abandona la euforia, es posible colegir que el baile de esas prima donna de quita y pon, parece mucho menos dramático de lo que nos cuentan. Al fin y al cabo, me resumía un amigo, se trataba de elegir entre el candidato de los fondos buitre y el de los fondos de la corrupción: la diferencia es sobre todo maquillaje ¿o no?

No estoy convencido de que esos corrimientos pendulares, que pasan del acontecimiento galáctico (al estilo del anunciado por una Leyre Pajín que ahora sigue viviendo, por cierto, del sacrificado contribuyente) a la prosaica constatación de que estamos ante los mismos perros aunque lleven distintos collares, no sean una simplificación. Ni la angustia de decidir sobre el destino del mundo, ni la vulgaridad de elegir entre dos marcas blancas, sino alternativas ficticias que responden a un designio único. Quiero decir que, frente al pesimismo realista, hay razones para pensar que el elector no se encontraba ante un argumento cornudo, en el que los dos planteamientos posibles conducen al mismo y triste resultado (como en el viejísimo chiste: qué preferís, nosotros o el caos?…cuando los que lo plantean son el caos…). Macri y Scioli no son tan distintos, pero la opción del primero, un empresario fiel al dogma neoliberal, anuncia recortes en derechos y servicios sociales, privatización de lo público, empeoramiento de la condición de los más vulnerables, ensanchamiento de la desigualdad. Si eso es o no peor que lo que nos proporcionan quienes prometen la prioridad de la intervención de los poderes públicos pero se dedican a engordar sus bolsillos desviando a ellos los fondos de los esforzados contribuyentes mediante variadas técnicas de corrupción es algo que debemos decidir, siempre teniendo en cuenta que, por lo que sabemos, los supuestos liberales debeladores de quienes malgastan y se corrompen han mostrado una capacidad inaudita para corromper y corromperse. Y de eso, aquí en España, sabemos un rato (un Pujol, una Aguirre, y los demás nombres que decoran casos Gürtel, Palau y tuttiquanti).

¿Estaremos el día 20 ante un dilema similar? Hay quien sostiene que sí: al fin y al cabo, parecería que incluso los radicales que reivindicaban el poder de los ciudadanos, de la calle, hayan adoptado en un plazo vertiginoso las mañas que se suponía que lastraban a los viejos partidos (caso omiso de primarias, regreso al leninismo verticalista, renuncia a los principios en pro de los slogans mediáticos…). Por no hablar de esa supuesta renovación de quienes presumen de hacer tabula rasa de la vieja política y resulta que están más agarrados a la bandera que sus padres del PP, y no menos dispuestos, a las primeras de cambio, a falsear curricula y olvidar compromisos de transparencia con tal de tocar poder.

Yo creo que no. Hay test que ayudan a decidir: ¿qué nos ofrecen sobre políticas migratorias y de asilo? Qué harán respecto a la reforma laboral? ¿mantienen los privilegios de las compañías que hacen fortuna con lo que debieran ser necesidades básicas (luz, agua, gas)? Apostarán por un sistema público de educación, investigación y ciencia o por seguir beneficiando chiringuitos mal llamados universidades?…no. no estamos forzados a imitar al asno de Buridán.

UN COMBATE DE ZOMBIES (CONSUELO RAMÓN-JAVIER DE LUCAS)

 

Dejó escrito Ulrich Beck que nuestra <sociedad de riesgo>, que es también una <era de incertidumbre>, ha convertido en conceptos-zombie buena parte de las categorías y conceptos de los que nos hemos servido para interpretar, entender y/o cambiar la realidad. Los acontecimientos de Paris y la encendida discusión sobre las estrategias de respuesta son, a nuestro juicio, un excelente botón de muestra. Los viejos conceptos de <guerra>, <terrorismo>, <lucha contra el terrorismo>, parecen herramientas intelectuales y políticas caducas.

Al Qaeda, no en balde una red y una franquicia terrorista, ya nos planteó considerables dificultades de comprensión, clasificación y también de respuesta, por su novedad y complejidad respecto a las estrategias tradicionales del terrorismo. Pero todo se complica aún más en el caso del DAESH, que aúna la ambición de un califato (algo más que un Estado), con la estrategia de lealtad de los fieles a un líder religioso-político, que se remonta a la tradición de Hasan Ibn Sabah, el viejo de la montaña y su secta de hashshashin, los asesinos. Con la peculiaridad de que forman parte de ese contingente un buen número de “retornados”, es decir, europeos que han combatido en las filas del DAESH en Siria y que regresan luego a Bélgica, Francia, Reino Unido o España (unos 150 en nuestro caso) .

Lo mismo sucede con las políticas antiterroristas. Si aceptamos, como lo ha hecho no sólo Francia, sino buena parte de la opinión pública mundial,  que los terribles atentados en Paris son <actos de guerra>, parece claro que nuestras herramientas de respuesta están en crisis. Se multiplican las dudas sobre lo adecuado del discurso que sostenemos quienes tememos que el Estado de Derecho y la democracia sean las primeras víctimas, como lo fueron después del 11-S. Y aunque sea más necesario que nunca recordar las exigencias de legalidad y legitimidad como condiciones necesarias e irrenunciables de cualquier estrategia antiterrorista, no se puede negar que son condiciones insuficientes para restablecer la seguridad en las libertades, la confianza en el Derecho que esos adversarios tienen en su punto de mira. Mucho menos si lo que se pretende es ganar la contienda mediática, que es hoy elemento esencial y en la que DAESH se ha mostrado particularmente ducho.

Se trata de saber si aún podemos proporcionar argumentos,  motivos suficientes y creíbles para superar el terror, que no es ni la desconfianza en el otro, ni el miedo razonable que suscita la criminalidad ordinaria,  frente a los que el Derecho nos protege. La siembra de terror busca precisamente convencernos de que nadie está a salvo, que el imperio de la ley, la educación cívica y republicana en la cultura del respeto a las libertades, la igualdad entre hombres y mujeres, la laicidad y el pluralismo, la primacía de los principios de la democracia y el Estado de Derecho, son poco más que juguetes inútiles frente a semejante amenaza. Se comprende que en esta guerra de mensajes, los agredidos necesitan enviar un mensaje contundente, firme, eficaz, implacable. Los adjetivos del discurso de Hollande. Por tanto, parece imponerse como inevitable la respuesta militar, inmediata y a la altura de la violencia que nos ha golpeado. Llevarles la guerra a su terreno, como proclama algún supuesto nuevo filósofo.

Recurrir a la fuerza. Es la hora de las armas, claman en las cancillerías europeas, como hemos podido escuchar de labios de un enardecido G Margallo, en comparación con el cual el Trillo de la operación Perejil parece un melindroso irenista. “Tenemos derecho a la legítima defensa y comoquiera que hemos sido agredidos por actos de guerra, guerra es la respuesta”. Es lo que invocó Bush tras el 11 S.

A los entusiastas belicistas hay que recordarles, sin embargo, que tampoco la guerra, una categoría vieja como el mundo, escapa al efecto zombie, como no escapan los intentos de hacerla aceptable: ni el de <guerra justa>, que después de la Carta de la ONU es un oxímoron, ni tampoco la contradictio in terminis de las <guerras humanitarias>. En todo caso, podríamos hablar de los <usos de la fuerza armada>, regulados y limitados por el Derecho internacional en el capítulo VIII de la Carta, pero no dejan de plantear los problemas consabidos de legitimidad y eficacia. Así, Francia, como los EEUU en 2001 puede alegar razonablemente legítima defensa, pero eso no le exime de someterse al procedimiento que regula tal apelación y que deja la decisión en manos del Consejo de Seguridad de la  ONU. Los precedentes inmediatos de las guerras del Golfo e Iraq y la intervención en Libia, nos muestran que todo ello no es garantía de legitimidad, ni tampoco de eficacia. Hay que subrayar la intencionalidad simbólica del primer movimiento de Francia, los bombardeos sobre Racca, la capital del DAESH. Una respuesta de guerra, exclusivamente francesa, que no ha pasado por el Consejo de Seguridad, ni invocar las cláusulas de solidaridad que le brindan para situaciones semejantes los Tratados con sus principales aliados, en la UE y la OTAN. Sólo después, en la solemne reunión de los dos cuerpos del legislativo en Versalles, convocada por Hollande para anunciar la prórroga del estado de emergencia y presentar reformas constitucionales que pongan al día la estrategia antiterrorista, ha anunciado la intención de invocar la cláusula de defensa mutua del artículo 42.7 del Tratado de la UE. De momento, no se ha activado ni la cláusula de solidaridad del artículo 222 del TFUE, ni tampoco el consabido artículo 5 del Tratado de la OTAN.

Quizá como ha apuntado Don Winslow en su última novela (El cártel), estamos cada vez más cerca de la convergencia de dos estrategias: la de la nueva guerra en vigor contra el narcotráfico y la posible nueva guerra antiterrorista. Sabemos sobradamente que los bombardeos tradicionales son gestos simbólicos, pero poco eficaces contra un DAESH que, por ejemplo, controla recursos petrolíferos  incomparables con los de buena parte de los Estados y los vende a la baja, para comprar armamento en el mercado internacional, un mercado en el que sabe moverse para conseguir financiación y en el que son proveedores algunos de los Estados del G-20. Un DAESH que recauda impuestos como cualquier Estado entre los 8 millones de súbditos que viven en su territorio de conquista. Un fenómeno tan poliédrico no se combate con recetas simples. Podemos seguir discutiendo si es posible obtener frente al DAESH nada parecido a eso que llamábamos <victoria> en las guerras convencionales movilizando boots on the ground. En nuestra opinión, con o sin ellas, aunque sean kurdas, turcas y árabes para evitar la apariencia de alianza de cruzados, esa victoria, la destrucción del DAESH proclamada como objetivo por Hollande,  es muy poco probable. Como ha escrito Rafael Grasa, ante su complejidad y alcance global, hay que primar una estrategia global y compleja. Empezando por las causas que, al menos en apariencia, le dan legitimación.

Por eso, deberíamos concentrar los esfuerzos en una estrategia que prime  la coordinación de los servicios de inteligencia, el desmantelamiento de las redes de financiación, la acción diplomática para aunar recursos bajo el respeto básico a la legalidad internacional, sin descartar los ataques selectivos contra objetivos relevantes. Y aún sí, debemos ser extraordinariamente prudentes para no abrir por enésima ocasión la caja de Pandora de la erosión de los derechos y libertades que justifican todo esto. Porque es por el refuerzo y extensión de su  garantía (para todos, también para inmigrantes y refugiados) por lo que luchamos. Y, como pedía el editorial de Libération,  nuestra lucha no debe darles la victoria de “tuer le bonheur”.

 

ENGRANAJES DE DESIGUALDAD

No sé si hay un tópico más manido y previsible que el de la importancia de la educación. Hablemos de fiestas populares o de violencia machista, de productividad laboral o cumplimiento de los deberes fiscales, de derecho a la muerte digna o de políticas de refugiados, es casi inevitable que llegue el momento en el que alguien sentencie que “todo es cuestión de educación”. Y ahí se acaba el debate y llega el beato y vacío consenso. Sea cual fuere el partido u opción ideológica, todo el mundo repite ese bobalicón blablablá. Y sin embargo, en una prueba de absoluta incoherencia, ese gran acuerdo jamás se concreta en una política educativa estable y suprapartidista. No les digo nada si hablamos de Enseñanza Superior, del modelo de Universidad

¿Todos? No. Un partido brilla por la coherencia entre su ideología, su programa electoral del PP y u gestión efectiva. Sí, el PP. Así lo demuestra  el balance que nos ofrece esta legislatura en materia de educación universitaria. Y eso porque, a mi modo de ver, en el PP lo tienen claro. Se trata de devolver la educación superior como derecho natural, o privilegio, a quien le corresponde por su cuna y clase. Para asegurarse de que las mejores oportunidades de promoción correspondan a los de siempre y así, conseguir borrar la nefasta herencia de esa  “democratización de la universidad”. Un proceso de transformación social, este de conseguir que todo el mundo pudiera acceder a la enseñanza superior,  que –a mi juicio- es uno de los más importantes cambios producidos en la España de los 80 gracias al decidido empeño de los Gobiernos del PSOE, hasta Aznar.

El designio desigualitario se traduce en dos recetas: promover el desmantelamiento de la universidad pública y restaurar las condiciones que imponen que la especialización para el mercado laboral esté sólo al alcance de quien tenga medios para permitírselo. Para los demás quedan los grados, que son cada vez más un modelo degradado de formación comprimida, carne de cañón para el tejido productivo, un nuevo proletariado seudointelectual. Todo ello aderezado con el consabido, halagador y falaz argumento JASP.

No es que esta columna vaya hoy más cargada de demagogia de lo habitual. Déjenme ofrecer unos pocos datos que proporciona el propio Ministerio. Con el Gobierno Rajoy, el precio de los grados (las titulaciones que están “al alcance de todo el mundo”) ha subido un 18%. Así, estudiar Medicina en el curso 2015 es 20% más caro que en 2012. Derecho, un 22%. Pero es que el precio de los masters (la especialización que permite mejores puestos en el mercado de trabajo), un 64%. Y si hablamos de la Comunidad Valenciana, espectacular: un 200% más caros. Esa es la política de enseñanza superior que practica el PPCV. Una vez más, construir la desigualdad en el acceso y disfrute de un derecho, en este caso, la enseñanza superior, para así mantener y aun incrementar los privilegios de clase. Seguro que la señora Bonig también está muy orgullosa de ese legado.

 

 

INDIGESTIONES

Entre las reacciones que ha suscitado el nuevo y terrible golpe de la amenaza terrorista en la UE, una bastante frecuente es la que recurre a la metáfora de la indigestión. A los europeos se nos habría atravesado la multiculturalidad, la diversidad cultural. Por ende, de esos polvos estos lodos. El último en apuntarse al fino argumento es ese epítome de intelectuales empeñado en la “limpieza” de Badalona, Javier García Albiol.

Vaya por delante que, si admitimos que aliquando dormitabat Homerus, hay que concederle un margen de error al político catalán del PP (lo de la señora Forcadell al respecto es fanatismo talibán de la peor especie: sólo es catalán el que piense como yo y, a més a més, tenga diez apellidos catalanes). Pero este hombre es un campeón de la confusión mental. No sólo confunde multiculturalidad e inmigración, pese a que la llegada de inmigrantes es sólo una de las fuentes –alógena- de la diversidad cultural. Una: esa diversidad  existe también sin ellos, como lo muestra la historia multisecular de la existencia en Europa de minorías culturales, lingüísticas, religiosas, nacionales, etc. No: además, el Sr García Albiol es un acendrado exponente de quienes parecen incapaces de diferenciar el hecho de la multiculturalidad, una realidad tozuda e imparable en un mundo global, con las ideologías del multiculturalismo, que son una más entre las respuestas políticas al reto de la gestión de la diversidad cultural.

Etiénne Balibar, Michel Collon, Robert Castel, Gerard Mauger o Sami Naïr (son sugerencias de lectura; basta con googlear) han explicado muy bien en qué medida el sentimiento de humillación y exclusión que producen las políticas de abandono del Estado aplicadas en las banlieue en Francia, Bélgica, Alemania o el Reino Unido, están en el origen del rechazo y la confrontación social de quienes las habitan. Son viejas y conocidas historias del fracaso de políticas de contención (disfrazadas de integración) de las clases peligrosas. Obreros hace doscientos años; inmigrantes en los últimos setenta años. Y, salvo en el caso ya lejano de algunas experiencias en Alemania, pero sobre todo en el Reino Unido, la multiculturalidad no fue gestionada mediante políticas de multiculturalismo, sino de asimilación más o menos encubierta.  Por cierto, excelente momento para revisar la abundante filmografía sobre la convivencia en sociedades con alto grado de multiculturalidad. Además de buen parte de la producción de Fatih Akin, me permito recomendar el ácido film de Chris Morris (2010), Four Lions.

No. La indigestión no la produce el hecho de que entre nosotros vivan gentes con otros universos culturales, prácticas, instituciones sociales. Digerir ese hecho depende de cómo cocinemos. Como enseñó Rousseau (“la libertad es alimento nutritivo, pero de difícil digestión”), las indigestiones y pesadillas de los García Albiol y compañía tienen otro origen: su incapacidad para reconocer y garantizar la libertad y el pluralismo. Nadie dice que sea fácil. Sobre todo para los fundamentalistas. Como él.

En pos de Linneo: taxonomías ante las elecciones

Es previsible que, hasta ese día de diciembre decidido por Rajoy, se multipliquen hasta la náusea los “ejes” que sirvan para alinear, clasificar, en definitiva, simplificar eficazmente, a fin de poder mantener el juego maniqueo de rigor en las campañas electorales. Aquí, “los nuestros”: buenos, imprescindibles, cumplidores, en suma, los reyes magos. Ahí, “ellos”: los malos, el caos, o sea, el diablo con cuernos y rabo. Pongan Vds donde quieran izquierda y derecha o centroizquierdaderecha, que parece ser lo que todos quieren encarnar en esta hora electoral.

Es verdad que la cosa se anima. Nuevos Linneos renovaron las taxonomías habituales, sustituyendo las claves izquierda/derecha, y su superación, ese centroloquesea, por otras. Por ejemplo la casta/la gente, o lo viejuno/los jóvenes. Parece que después de un ingenuo entusiasmo de 9 meses, los gurus de la comunicación dan por enterrada la primera y nos anuncian la epifanía de la segunda, encarnada en los rozagantes Rivera & Co. Algo que, para cualquiera que tenga la más mínima experiencia, no es otra cosa que le enésima versión del truco de autoerigirse como el cambio, una apuesta segura frente a la aburrida continuidad.

Esta semana, más que nada para entretenernos, propongo a los lectores que juguemos a identificar a los representantes de otro eje. Se trata de dar con los políticos que, para utiizar un parónimo que explicó muy bien Javier Muguerza hace treinta años y que hoy es de uso común, llamamos “cosmopaletos”. Esa versión corrompida de los aspirantes a cosmopolitas, afanados en distanciarse del ombliguismo de campanario del ojo ajeno y que no advierten el otro campanario, el del propio. Gente que nos promete insertarnos de una vez en la globalización y la enésima modernidad ese mundo que ellos ven tan ejemplar como ancho y que, en realidad, nos es ajeno en muchos sentidos. Ajeno por lejano e ignorado. Ajeno porque nos enajena de lo real, de lo concreto. Ajeno porque nunca será nuestro, sino de los que lo manejan.

Líderes/lideresas aplaudidos con fervor por analistas, comunicadores juntaletras y celebrities de toda laya, de esos que se autodenominan “intelectuales” porque han descubierto la verdad y la belleza en sus visitas a Nueva York, Paris, Berlín, Oxford o Mongolia exterior, vamos. Y que, por recuperar un tópico (nihil novum sub sole, en fin), han inventado algo tan viejo como el “menosprecio de aldea”.

En fin: a jugar! Y no se quejen porque, como en el programa de Ibáñez Serrador ya les he dado algunos nombres: un, dos tres, responda otra vez, Pablo Casado, Irene Lozano, Carolina Punset.

«Obediencia estrictamente valenciana»: ¿qué significa eso?

Confieso que, cuando oigo expresiones como “obediencia estrictamente valenciana”, tengo que hacer esfuerzos para descartar que se trate de un anuncio de servicios sexuales con incentivos o, en el otro extremo, la descripción de un nuevo grupo fundamentalista religioso. Lo de <obediencia estricta> puede sugerir, en efecto, la relación con una dominatrix  (o con un dominador, claro), pero también parece evocar aquella exigencia de San Ignacio, la de obedecer perinde ac cadaver.

No es eso, no es eso, me dirán: estamos hablando de lemas políticos. Pero esa precisión no necesariamente mejora la cosa. Convendrán conmigo que tiene su aquel que, en plena efervescencia de las propuestas sobre la necesaria revisión del discurso político, haya quienes reivindiquen la <obediencia estricta>. Claro que seguramente son los piensan que el asunto queda salvado por la novedad que supone que esa obediencia estricta tenga el calificativo de valenciana. O sea, que se trata de la <novedad> de que haya un grupo político en el Congreso que proclame su ideario en los términos gentilicios de este país o comunidad o región (da igual, naranjito o maulet, pero que sea valenciano!). Y esa novedad, como agua del Jordán, tendría la virtud salvífica/milagrosa de transformar la detestable, férrea y mecánica sumisión -característica exigencia de todos los viejos partidos políticos que se resisten a maquillajes como el de las listas abiertas-, en un noble, valeroso y aun épico acto de defensa de la terra. Sí, ese es el mirífico efecto de sustituir a diputados–florero, mera longa manus que aprieta el botón impuesto dese Ferraz o Génova, y diputados-florero que pulsan el botón impuesto desde el carrer Sant Jacint

Aún me responderá algún lector –si queda a estas alturas-  que lo del patronímico no es humo de pajas. Que para eso están los programas que demuestran si el contrato que se propone a los votantes de esta tierra es genuinamente valenciano o no. Perdonen que le diga al supuesto interlocutor que elucidar esa cuestión entra casi en la categoría de las disputas teológicas o del voluntarismo más ingenuo. Voluntarismo como el que exhiben quienes dan por sentado que Lizondo no era genuinamente valenciano y que no lo son Bonig, Puig o Montiel. Que sólo lo son Morera y Pere Mayor. Y Oltra o Blanco, según. Según les parezca, claro, a los verdaderos depositarios de esas esencias, es decir, ellos mismos. Claro que ese relato teológico o, si lo prefieren, versión del cuento de los reyes magos, es sólo comparable a la ingenuidad que exhiben quienes parecen creer en otros cuentos, estos de hadas, como los que pretenden  que las decisiones que se toman en la calle Sant Jacint, a diferencia de las de la calle Albacete, son nuestras,  independientes, propias, ajenas por completo a lo que dictan los mercados  de Frankfurt, Londres, Nueva York o Dubai.

¿Obediencia? Los diputados deben estar vinculados al contrato que nace del voto de sus electores, de las necesidades, intereses, expectativas que éstos tienen. Y quizá de nuevo ese lector recalcitrante argüirá que eso es el programa del partido, tal y como se expone en la campaña electoral. A lo que yo responderé que lea una vez más a Roberto Michels y acuda a las hemerotecas para comprobar que esos programas sucumben una y otra vez a los intereses de mantenerse en el poder que guían a los aparatos de los partidos, es decir, a quienes distribuyen escaños y poltronas al establecer el orden de las listas electorales. Así que me da igual el manto con el que se cubran. Por mí, como si quieren llevar en procesión la espuela de Don Jaume, la manta del palleter, la dolçaina de la primera Moixeranga, el brazo incorrupto de Blasco Ibáñez, o las orejas y rabo del primer bou embolat.

 

EL CAMPEONATO DE LA OBSCENIDAD

Las últimas semanas han venido cargadas hasta el exceso de imágenes, discursos, debates, obscenos. Para los que piensen que se han equivocado de columna o crean que he ampliado mis horizontes de juntaletras, aclararé que no empleo el término en el sentido de lo procaz, lo que ofende a doctrinas morales más o menos reaccionarias o pacatas ante la sexualidad, sino en la acepción más amplia, que remite a lo que resulta repugnante o repulsivo, por indecente, por falto de pudor elemental, por ofensivo.

Obscenidad que se da, por ejemplo, en el debate público en el que se supone que consiste la política. Nada nuevo, desde luego. Vivimos en permanente campaña electoral, un invento que, además de costarnos lo que no está escrito, literalmente digo, es terreno propicio para indecentes seudoargumentaciones. Por autocomplacencia: somos los mejores del mundo mundial y por tanto no hay más ni mejor opción que nosotros. O por la descalificación repulsiva del rival: los otros son gente con cuernos y rabo, que nos traerán tsunamis, terremotos y, en fin, el apocalipsis.

Si tuviera que otorgar la copa en ese campeonato por lo obsceno, mi candidata, por ahora, es la Presidenta del PPCV, la Sra Bonig. Me basta el reciente episodio en el que, para argumentar su condición de inevitable y próxima Presidenta de la Generalitat, tuvo la ocurrencia de exhibir en la tribuna de oradores de les Corts su foto de primera comunión. Obviamente, no hablo de estética fotográfica. Lo obsceno aquí es todo lo que subyace: su utilización en el debate del argumento ad hominem, su autocomplacencia y ombliguismo de más corto alcance y también, por qué no decirlo, su exhibición en el espacio público de sus convicciones religiosas como ejemplo de lo que debe considerarse valioso. Es verdad que no mostró el album de su pila bautismal, sino sólo esa foto. Pero ese orgullo de campanario con el que supuestamente argumenta, hace temer lo peor para quienes no compartimos sus convicciones en caso de que ella ocupara el Palau. Parece que no va a ser así. Le espera un batacazo. Merecido, a mi juicio.