Uno de los mayores riesgos que acechan hoy al debate público (sobre todo en las redes, pero también en la mayoría de las tertulias en radio y TV) es el recurso a las ideas recibidas, a los tópicos de lo políticamente correcto, sin apenas atisbo de crítica, por aquello de seguir al rebaño. Creo que es lo que está sucediendo en torno al escándalo suscitado por el mensaje de “prioridad nacional” lanzado por VOX.

Vaya por delante que estoy convencido de que este argumento de la prioridad nacional es un concepto más que confuso, jurídicamente hablando (por ejemplo, no se sabe si es nacional, regional o local; tampoco se sabe entre quiénes se ha de establecer la prioridad: si entre ciudadanos y extranjeros/inmigrantes, o entre españoles, por razón de su vecindad), pero, sobre todo, creo que es evidente que se trata de una trampa, una argucia táctica que le sirve a VOX para arrinconar al PP y ganar un peso desproporcionado en el panorama político. Basta ver la televisión, oír la radio o leer los periódicos y las redes sociales, para comprobar su éxito.

Lo que aquí me interesa es aportar un punto de vista considerablemente diferente. Por supuesto que VOX es un partido racista y xenófobo, como lo es Aliança Catalana: hasta ahí, ninguna novedad. Pero me parece que, dejando de lado que hay muchas almas buenas -en algún caso habría que hablar de «almas de cántaro»- indignadas por el mensaje en cuestión, hay también no poco de hipocresía, de tacticismo (y de ignorancia jurídica) en una parte de quienes, conforme a los tópicos de orden propios de lo políticamente correcto, se rasgan públicamente las vestiduras y denuncian una insoportable arremetida xenófoba y discriminatoria, que identifican sólo con VOX y con el PP (ciertamente los líderes del PP se han mostrado muy desorientados e incapaces de una respuesta clara: no hay más que ver su torpe argumentación acerca del arraigo).

Concretaré. Hablo de escándalo hipócrita y las más de las veces fruto de un considerable desconocimiento jurídico, para referirme a buena parte de los tertulianos y opinadores, acostumbrados a repetir slogans y lugares comunes que caigan bien y sean fácilmente digeribles por su simplismo, sin la menor reflexión crítica y que, en todo caso, en un alarde de erudición, citan el origen de su uso por el Front National de Le Pen. Pero también quiero señalar a algunos políticos del gobierno y de una parte de la izquierda. Digo hipocresía -o cinismo- entre estos últimos porque habrá que recordar que tanto UCD, como el PP y el PSOE, desde que pactaron la Constitución (cuando no se pensaba en inmigrantes, ni en extranjeros que no fueran turistas), nunca han sido partidarios de una plena igualdad de derechos entre los ciudadanos y los inmigrantes, ni siquiera los residentes legales. Esto es así, porque, frente a lo que se sostiene, esa igualdad plena no está en la Constitución, ni en las leyes españolas, ni europeas.  Y eso por no hablar de los episodios bochornosos e impunes de muertes en las fronteras de Ceuta y Melilla en los gobiernos de R Zapatero (2005), Rajoy (El Tarajal, 2014) y Sánchez (Melilla 2022), o de los acuerdos de devolución de inmigrantes suscritos por nuestros gobiernos de uno y otro signo con Estados que son una vergüenza desde el punto de vista de los standards básicos de derechos humanos, como Marruecos, Mauritania o Nigeria: baste pensar en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, olímipicamente despreciada en esos tres Estados aliados en nuestra política migratoria, con el ominoso silencio de nuestra ministra de igualdad, la de inclusión, el de justicia y el de interior, además de los vicepresidentes y el presidente, que no dijeron palabra sobre el asunto en sus visitas a los gobernantes respectivos.

Por descontado, hay un principio general de no discriminación consagrado en el artículo 14 de la Constitución (sólo faltaría que se dijera lo contrario). Pero eso no garantiza igualdad plena de derechos: y quien diga otra cosa es que no ha leído el artículo 13 de la misma CE de 1978, ni tampoco la jurisprudencia constitucional al respecto, que distingue entre tres tipos de derechos (un núcleo que nace de la dignidad y que se reconoce a los españoles y a los extranjeros; un segundo grupo, que dependerá de lo que diga el legislador; y un tercero, los derechos políticos, de los que los extranjeros quedan excluidos). Tampoco creo que hayan leído el apartado 2 d) del artículo 2bis (intitulado «política migratoria») de la LO 4/2000, la ley de extranjería, artículo que contiene una cláusula clave, pues reza así: «Todas las Administraciones Públicas basarán el ejercicio de sus competencias vinculadas con la inmigración en el respeto a los siguientes principios…e) la efectividad del principio de no discriminación y, consecuentemente, el reconocimiento de iguales derechos y obligaciones para todos aquellos que vivan o trabajen legalmente en España, en los términos previstos en la ley» (las cursivas son mías). Una cláusula que puede acabar permitiendo aquello de Orwell: todos los animales son iguales, pero unos más iguales que otros. Por lo demás, ¿Cuándo hablamos de igualdad de derechos o de prioridad en lo que toca al empleo, ¿de qué estamos hablando? ¿Acaso no hay prioridad nacional en el acceso al empleo? ¿acaso no se abren los puestos de trabajo para inmigrantes sólo en aquellos sectores en que se constata que no hay nacionales dispuestos a ocuparlos?

Y es que el problema viene de lejos: por lo menos de 1789, cuando se consagra una distinción en la titularidad de los derechos, entre los derechos del hombre y los del ciudadano, y se identifica al ciudadano como nacional, y al resto de los seres humanos como no nacionales, que es la definición de extranjeros. A ellos, obviamente, no se les reconoce como titulares de los mismos derechos que los ciudadanos. La consecuencia, como sabemos, es que quien es sólo un ser humano no tiene garantizados sus derechos: eso sólo le corresponde a quien es ciudadano, sobre todo si lo es de un Estado fuerte. Por eso, comparto la vieja crítica de Balibar, para quien la ciudadanía, en la inmensa mayoría de los Estados nacionales, es el último reducto del privilegio, la última barrera, anclada en la nacionalidad.

Todos los partidos que se dicen nacionales, y desde luego los nacionalistas, siguen esa lógica discriminatoria que prima a los de aquí, los nuestros: su objetivo -legítimo, si se persigue de forma pacífica y conforme a la ley- es que donde haya una nación (cuestión nada evidente, por cierto), debe haber un Estado, pero buscan que ese Estado sea homogéneo, esto es, compuesto prioritariamente por quienes comparten sus rasgos de identidad, comenzando por la lengua. Eso lo sostienen en diferente grado el PNV, ERC, y, por supuesto, Junts, Aliança Catalana y Bildu. Y sí, también VOX.

Claro, hay quienes en la hipérbole del escándalo interesado, ansiosos de la descalificación del adversario político, al que quieren identificar como el paradigma de la xenofobia, el racismo y todos los males posibles, han aprovechado lo de VOX para sostener el disparate de hablar de que en España no cabe ninguna discriminación respecto a los «ciudadanos inmigrantes» (lo ha dicho nuestro presidente, que raramente anda fino en temas jurídicos, como sabemos), cuando, por definición, el inmigrante -incluso el residente legal- no es ciudadano, y por tanto está discriminado en derechos, salvo que consiga culminar el proceso de nacionalización. Por lo demás, toda la legislación de extranjería, española y europea, persigue el objetivo de dificultar que los inmigrantes puedan llegar a ser ciudadanos y eso se hace a través de un laberinto administrativo cuyo objetivo es su extranjerización permanente, que es lo que facilita su status de precariedad.

Dicho esto, sería absurdo dejar de reconocer que se ha avanzado en un estándar de igualdad en el reconocimiento y garantía de la titularidad de derechos y del acceso a los servicios públicos para los inmigrantes. Pero estamos lejos de la plena igualdad, que sólo se da si son reconocidos como titulares de derechos políticos y, con ello, sujetos plenos de derechos, porque en la agenda política de nuestras democracias liberales, las necesidades y expectativas de quienes no son clientes (los ciudadanos lo son, en cuanto tienen una mercancía, el voto, que los partidos quieren comprar), no cuentan. Esto, hoy, sólo es posible por la vía de la nacionalización (que en buena parte de los casos exige perder la nacionalidad de origen) o por el peregrino y poco útil mecanismo de reciprocidad. Añadiré, para matizar, que hay que reconocer que es constante el crecimiento de las nacionalizaciones, lo que sólo se puede valorar como algo muy positivo, creo. Así, de acuerdo con el INE, entre 2020 y 2024 se han concedido más de 1,2 millones de nacionalizaciones, siendo los principales países de origen Marruecos, Colombia, Venezuela y Ecuador. En 2024 fueron 252.476, un récord hasta ahora.

Bien es verdad que el proceso de obtención de la nacionalidad española por residencia, aunque se ha agilizado, oscila entre 1 año (el plazo teóricamente máximo, fijado para los nacidos en España o casados con españoles, por ejemplo) y 10 años (plazo general) con excepciones para los refugiados (5 años) o nacionales de países con vínculos tradicionales con España (2 años) y en muchos casos está lejos de ser sencillo. Por eso, algunos de nosotros llevamos muchos, muchos años, proponiendo la ciudadanía por residencia, con un trámite para el que debería bastar la acreditación de residencia estable (y 3 años me parece razonable), sin necesidad de procesos de nacionalización que impongan otros requisitos, y sin el recurso al mecanismo de reciprocidad, que no depende de la voluntad individual, sino de los Estados.

Sea como fuere, hay aún un largo camino por recorrer, para que se entienda que la incorporación de nuevos ciudadanos es un bien: se trata de personas que nos han elegido, que han manifestado con hechos, venciendo no pocas dificultades, su voluntad de pertenecer, y me parece que eso es bastante más que lo que hemos hecho la mayoría de los españoles, que nos nacieron aquí, sin ningún otro mérito.