No soy de los que comparte el entusiasmo por el diputado Rufián, a quien veo cada vez más a caballo de la hipérbole fácil y del populismo. Voy a referirme a un ejemplo más, extraído de su intervención ayer en la UPF junto a la eurodiputada Montero que, junto a la secretaria general de podemos, Belarra, parece ignorar la respuesta negativa de los ciudadanos a sus propuestas en las elecciones autonómicas y continúa defendiendo el supuesto lugar primordial que esa forrmaión debe ocupar en la izquierda, aunque vayan dando algunos pasos hacina una cierta integración con otras fuerzas.  Me pregunto cómo salva el principio de contradicción el diputado Rufián cuando, de un lado, postula la unidad de la izquierda del PSOE con el argumento populista y simplista de «luchar contra el fascismo», pero a renglón seguido urge -razonablemente, a mi juicio- a no insultar a los votantes de VOX y Aliança llamándoles fascistas, pues sólo son gente indignada. Entonces ¿de qué urgencia antifascista está hablando como motor del voto a la izquierda del PSOE?

A mi juicio, los argumentos para apelar al voto de izquierda no radican en una abstracta lucha antifascista, sino que se encuentran sobre todo en saber afrontar con respuestas las razones que impulsan a una parte creciente de la ciudadanía a optar por el voto antisistema de los partidos de ultraderecha. Eso exige dejarse de moralinas y retóricas altisonantes que reverdecen el no pasarán, para ocuparse de la lucha contra la desigualdad real, esto es, las condiciones materiales tan discriminatorias -cada vez más desiguales- que afectan a porcentajes crecientes de los ciudadanos, en todos los campos, empezando por los derechos básicos: de la vivienda, a la salud, del encarecimiento de los recursos energéticos a la cesta de la compra, y desde luego, el fracaso en la lucha contra la violencia de género que se cobra cada semana vidas de mujeres.

Y a mi juicio, exige ocuparse también de la tendencia creciente por parte de partidos nacionalistas periféricos a utilizar status particulares de sus territorios para acrecentar la desigualdad entre ciudadanos españoles en razón de su residencia territorial, esto es, la innegable desigualdad de un ciudadano de Murcia, o Extremadura o Andalucía, frente a otro de Cataluña o El país Vasco o Navarra, en el acceso y garantía al derecho a la salud o a la educación, o en materia de tributación. Unas políticas de privilegio a las que se ha sumado el PSC en Cataluña, y que respalda en Navarra y el País Vasco. Ahí es donde hay que probar que se tienen soluciones mejores que las de las políticas de la derecha.

Claro que, para contradicción, la de presentarse como candidato de la «izquierda española», que se supone defiende la mayor igualdad entre los ciudadanos, al tiempo que, como político de ERC, defiende un régimen de privilegio para Cataluña, como el que sostiene de forma insolidaria ERC en su proyecto de pasos hacia la independencia de Cataluña: por ejemplo, en materia fiscal, con su taimado principio de ordinalidad, o con la exigencia de prioridad en las inversiones de fondos públicos en Cataluña, respecto a otras Comunidades Autónomas. Los ciudadanos de esas otras Comunidades toman nota y no olvidarán que que desde esa izquierda se sostenga privilegios y desigualdad cuando se predica en Cataluña, Navarra o el País Vasco y luego vengan con el cuento de que defienden la igualdad en las elecciones en Andalucía o en Murcia, en aras de un supuesto pluralismo (confederalismo) que no es tal, sino defensa táctica del privilegio. Eso no es federalismo, ni es izquierda.