Nadie que conozca mínimamente las condiciones de precariedad e inseguridad jurídica en las que viven inmigrantes irregulares y los solicitantes de asilo y protección internacional pendientes durante años de una respuesta, puede dejar de alegrarse de la medida pactada por el gobierno con Podemos, para regularizar a más de medio millón de ellos (de los cerca de 850.000 que se encuentran en España a diciembre de 2025 según calcula un informe de FUNCAS (se puede consultar aquí: https://www.funcas.es/prensa/el-numero-de-inmigrantes-en-situacion-irregular-en-espana-aumenta-de-107-000-en-2017-a-840-000-en-2025/).
Yo, desde luego, me alegro de ello. Y me alegro más aún en el contexto que nos ofrecen los EEUU, con la actuación fascista (propia de la Gestapo) del ICE, que ha costado ya varios muertos y nos ha proporcionado imágenes insoportables de crueldad, como el arresto de un niño de 5 años. Esto podría pasar en Europa si triunfan las tesis políticas de los partidos de extrema derecha. En ese sentido, se ofrece un amparo previo a más de medio millón de personas que podrían ser objeto de tales barbaridades. Así lo pretende VOX, que quiere expulsar a todos ellos.
Sin embargo, y a la espera de conocer el texto definitivo del Real Decreto que se anunciará hoy en Consejo de Ministros, ya se pueden enunciar algunos matices, como los que ha propuesto Maria Martín en un artículo de recomendable lectura, publicado hoy en El País con el título «No era tan difícil» (https://elpais.com/espana/2026-01-27/no-era-tan-dificil.html), o como este otro, que firman Alberto Perez y J Jorrin en El Confidencial (https://www.elconfidencial.com/espana/2026-01-27/regularizacion-inmigrantes-irregulares-gobierno_4291362/).
El primero, es el contexto de adopción de esta medida, que aparece como una inteligente estrategia política que acerca al gobierno a Podemos y puede propiciar la aprobación de los presupuestos. El problema no es ese; el problema es que la vía elegida, un Real Decreto, supone dar carpetazo a la tramitación parlamentaria de la Iniciativa Legislativa Popular presentada en el Congreso hace más de 2 años con el apoyo de más de 100 organizaciones (como Cáritas) y 800.000 firmas, el más importante apoyo en la historia de nuestra democracia.
El Gobierno (el PSOE) dejó arrumbada la tramitación de esta ILP que había contado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, excepto VOX. Después, se nos dijo que la reforma del reglamento de extranjería hacía ya superflua la ILP presentada ante el Congreso con un amplísimo respaldo , aunque era evidente que esa reforma dejaba en desamparo a buena parte de los irregulares que se encuentran en nuestro país, comenzando por esos que esperan la respuesta al asilo.
Ahora, el gobierno deja que sea Podemos ( y su previsible candidata en las generales, Irene Montero) quien usufructúe los réditos de esta medida. Es cierto que este partido ha sostenido la oportunidad de esa medida, y hay que reconocerlo, pero insisto, no es Podemos, sino la sociedad civil, quien ha conseguido que la iniciativa llegara al Congreso y Podemos debería ponerse menos medallas y reconocer ese impulso.
Por lo demás, desde el punto de vista legislativo, soy de la opinión de que hacerlo mediante un Real Decreto no era la única ni la mejor vía legislativa para esta medida, que podía y debería haber nacido con un amplio respaldo parlamentario si se hubiera desbloqueado la tramitación de la ILP y por tanto, una medida como ésta habría sido objeto, como parece exigible en lógica democrática, de un debate y acuerdo suficiente en el Parlamento, lo que la dotaría de mayor legitimidad. Ahora, por el contrario, la regularización aparece como una respuesta partidista, una respuesta sólo de la izquierda.
Tiempo habrá de examinar los detalles de este proceso de regularización que, insisto, me parece más que justificado. Habrá que ver qué medios materiales y qué dotaciones se ponen al servicio de ese proceso que se anuncia de abril a junio, y a quiénes se extiende el beneficio de la regularización (parece que a los hijos, pero no a los padres de los regularizados). También si incluye algún compromiso por ejemplo respecto a la competencia lingüísitca -un asunto muy sensible para Junts.
En todo caso, quiero subrayar algo que no siempre se expone y es que todo proceso de regularización (este y los anteriores, con gobiernos del PSOE y del PP, salvo con el gobierno Rajoy), conceptualmente, es siempre el reconocimiento de un fracaso: la ausencia de un modelo de establecimiento de vías legales, seguras, estables, para que los inmigrantes puedan llegar e instalarse en otros países, donde encontrar posibilidades de mejorar sus expectativas de una vida mejor. Las regularizaciones son, así, una consecuencia no querida pero inevitable que muestra que nuestro modelo de política migratoria no es el adecuado.
El informe de FUNCAS de 2025 sobre la situación de irregulares en España era elocuente sobre los datos de hecho, pero otros informes más específicos de carácter económico y financiero, como los elaborados por las Universidades Pompeu Fabra o la Carlos III, también apuntaban un saldo beneficioso como consecuencia de la emergencia a. la legalidad de estas personas (cfr. https://elpais.com/espana/2026-01-28/regularizacion-el-beneficio-fiscal-neto-es-de-hasta-4000-euros-por-inmigrante.html). Así, cifran el efecto neto por migrante regularizado entre 3.300 euros y 4.000 euros, como consecuencia positiva de la repercusión de sus cotizaciones a la Seguridad Social y el IRPF, y teniendo cuenta que , frente a tópicos sin fundamento, el gasto en servicios públicos es reducido.
En todo caso, y a la vista de algunas reacciones en medios de comunicación, y por parte de Vox e incluso del PP; me temo que el hecho de que este proceso de regularización venga asociado a una medida dictada desde el Gobierno y no debatida y aprobada por el Parlamento, da munición a la atávica utilización partidista de la inmigración y con ello a los mensajes de la extrema derecha, que ya claman obre el efecto llamada y sobre el hecho de que esta regularización significa incorporar a España a una población superior a la de La Rioja o casi igual a la de Aragón, sin discriminar si son «buenos inmigrantes» o no, y por tanto a la tesis del «gran reemplazo». Aunque también cabría considerar si no es precisamente esa la arriesgada apuesta del Gobierno y del PSOE que asoma una y otra vez, esto es, no ya reconstruir la mayoría parlamentaria de apoyo al Gobierno, con la vista puesta en Podemos y en Junts (así, la cesión de competencias en política migratoria a la Generalitat) con la vista puesta en los presupuestos), sino la visibilización de la posición extremista de VOX, facilitando que la extrema derecha detraiga electorado a la derecha y obligue a ésta (al PP) a asociarse con ella, lo que permite, una vez más, utilizar el argumento electoral del miedo a que venga el lobo. Es la táctica que utilizó Mitterrand para debilitar a la derecha republicana al potenciar al Front National. Creo que eso es una táctica miope y a medio plazo dañina para todos… Al tiempo