La Europa que naufraga
Pido al lector mil excusas por la autocita: en el año 2015, con motivo de los peores naufragios de barcazas de inmigrantes y demandantes de refugio registrados en las costas europeas, concretamente en Lampedusa, que provocaron el inolvidable reproche de su alcalde, Giusi Nicolini, a los mandatarios europeos que acudieron al funeral colectivo con sus lágrimas de cocodrilo (“sólo espero de Vds que me digan cuánto tengo que ampliar nuestro cementerio”), publiqué un libro con el título “Mediterráneo: el naufragio de Europa”, porque entendía que, en esas tragedias que viven miles de personas que tratan de llegar a Europa, no sólo naufragan ellos, sino también nosotros, los europeos. Es verdad que podría haber utilizado otras metáforas, como la que encabeza este artículo, que tomé en su día de la que usó la ecologista y exministra Cécile Duflot para pedir al presidente Hollande que hiciera frente a lo que ella consideraba el “Waterloo moral” que se cernía sobre Francia y toda Europa a propósito de la inmigración, (https://www.infolibre.es/opinion/columnas/naufragios_1_1114653.html). Un Waterloo moral, jurídico y político, que puede concretarse en las próximas elecciones europeas
Pues bien, lo que trato de argumentar es por qué el nuevo pacto europeo de migración y asilo, a juicio de muchos de nosotros, nos acerca un paso más a ese riesgo de naufragio del Estado de Derecho, de la solidaridad, del sentido común que, frente a la miopía del cálculo electoralista, nos hace ver que lo que hacemos a esos otros se volverá contra nosotros, a medio, antes que a largo plazo. Es la vieja verdad enunciada en una de las sátiras de Horacio: quid rides? mutato nomine, de te fabula narratur. La misma que usó Marx en el prólogo dela edición de El capital, dirigida a los obreros alemanes:, para hacerles ver que aunque creyeran que no les concernían historias de los obreros ingleses, no había diferencia: hablaban también de y para ellos. Pensamos que sólo los otros emigran o buscan refugio, sin ser conscientes de que eso son nuestras propias historias.
Para analizar el pacto europeo, conviene recordar que, frente a lo que esa denominación genérica parece sugerir (un documento único), se trata de un conjunto muy complejo de instrumentos normativos, que vienen debatiéndose desde 2020. Hablamos de nueve reglamentos: las nuevas normas que rigen las situaciones de crisis migratoria y de fuerza mayor, el reglamento de gestión de asilo e inmigración (que es una renovación -que no una sustitución- del reglamento de Dublín), el nuevo reglamento de control de las personas que intenten entrar en la UE, el procedimiento común de asilo, las normas uniformes para el asilo, el nuevo marco de asentamiento de refugiados, las condiciones de acogida de los refugiados, la nueva agencia europea de asilo y la actualización de las bases de datos europeas de huellas dactilares (https://www.consilium.europa.eu/es/policies/eu-migration-policy/eu-migration-asylum-reform-pact/). Llegar a acuerdos sobre tantos elementos es una tarea de enorme dificultad, a lo que hay que añadir la diversidad de intereses de los diferentes Estados europeos a la hora de gestionar los diversos flujos migratorios que reciben.
A partir del segundo semestre de 2023, en que la obtención del Pacto quedó fijado como uno de los objetivos prioritarios de la presidencia española del Consejo de la UE. Somos muchos los que ya señalamos los riegos y dificultades, siguiendo los nefastos precedentes sentados por el gobierno danés o el del Reino Unido (por ejemplo, https://lucasfra.blogs.uv.es/2023/06/03/la-presidencia-espanola-de-la-ue-y-el-pacto-europeo-para-una-politica-de-migracion-y-asilo-una-empresa-desesperada-conferencia-de-clausura-de-la-xv-edicion-del-master-interuniversitario-de-m/). Con motivo de la aprobación del pacto, in extremis, por el Consejo de la UE, en diciembre de 2023, las críticas se centraron en los riesgos para las garantías de derechos de los inmigrantes y, en grueso, para el derecho mismo de asilo, como por ejemplo en este llamamiento de ACCEM (https://www.accem.es/preocupacion-pacto-europeo-migracion-asilo-la-falta-vias-legales-seguras/), en el comunicado de Save the Children, que subrayaba los riesgos del pacto para los derechos de los menores inmigrantes y refugiados (https://www.savethechildren.es/notasprensa/el-nuevo-pacto-de-la-ue-sobre-migracion-y-asilo-normaliza-las-violaciones-de-derechos-y), o este de Cáritas (https://www.caritas.es/noticias/un-nuevo-pacto-europeo-de-migracion-y-asilo-que-refuerza-fronteras-y-rompe-puentes/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw2uiwBhCXARIsACMvIU24pBQdqoAdsCHpPf1cBuaeQoLgkCQEKQCASJS-g_8gVT9VEi54g1caAqD3EALw_wcB).
Luego, en el primer trimestre de 2024, y en vísperas de la discusión en el Parlamento que culminó con su aprobación en la votación celebrada el día 10, más de ciento sesenta ONGS europeas, entre las que se encuentran las más importantes en el campo de migraciones y asilo, publicaron un manifiesto subrayando sus déficits y solicitando que se corrigieran, bajo el lema común de exigir “Un pacto con derechos” (https://picum.org/blog/81-civil-society-organisations-call-on-meps-to-vote-down-harmful-eu-migration-pact/). Sobre cómo se produjo la votación, las declaraciones de los ponentes de cada uno de los reglamentos (entre lo que por cierto se encontraba el político ultraderechista español Jorge Buixadé, ponente del reglamento sobre datos biométricos), y la estrategia de los diferentes grupos parlamentarios (particularmente interesante la estrategia del grupo que depende de Giorgia Melloni), que no pudo mantener la férrea disciplina de voto, pues se produjeron votos disidentes, me remito a la excelente crónica del periodista de Mediapart Ludovic Lamant (publicada en Infolibre el 11 de abril (https://www.infolibre.es/mediapart/parlamento-europeo-aprueba-escasa-mayoria-polemico-pacto-migratorio-da-alas-ultraderecha_1_1763961.html).
En todo caso, antes de entrar en los argumentos que justifican esa conclusión, creo que hay que insistir una vez más en que nada perjudica más al debate público sobre las políticas migratorias y de asilo que repetir estereotipos que simplifican un asunto que, como he reconocido, tiene una extraordinaria dificultad. Máxime en un contexto tan polarizado ideológicamente como el europeo (el mundial, en realidad), aunque se haya producido algún dato esperanzador, como la muy mayoritaria admisión a trámite -que, ni de lejos, supone su aprobación- de la iniciativa legislativa popular para la regularización de inmigrantes, alcanzada en el Congreso el pasado 9 de abril (https://www.congreso.es/es/notas-de-prensa?p_p_id=notasprensa&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_notasprensa_mvcPath=detalle&_notasprensa_notaId=46633). Por eso, conviene evitar hipérboles y dramatizaciones: ni la conspiración del “reemplazo demográfico” y el apocalipsis de la delincuencia imparable que traería consigo la inmigración, ni tampoco la ingenuidad o el buenismo irresponsable que ignoran la dificultad de los retos que plantea la gestión de la movilidad humana.
Pues bien, desde el realismo, sí, pero con tanto rigor en los datos (empezando por los demográficos, que acreditan la tesis del envejecimiento europeo y la dificultad de sostener nuestro modelo de Estado de bienestar) como con claridad y firmeza en los principios, creo que es preciso insistir en las razones por las que muchos de nosotros pensamos que este no es un buen pacto. No lo es en términos jurídicos y políticos. Pero es que ni siquiera es un pacto realista y, aún peor, va a desempeñar un papel nefasto de cara a las elecciones europeas de este mes de junio, en la que todos nos jugamos tanto en términos de la política que nos importa de verdad, aunque algunos prefieran seguir reduciendo la política al intercambio de twitters sobre el <y tú más> de carácter doméstico y a su escenificación teatral en las sesiones de control en el Parlamento.
Una vez más: la garantía de los derechos no es una opción, como parece propiciar el Pacto.
Me parece difícil de discutir que el objetivo de garantizar los derechos como condición del Pacto se ha visto truncado, aunque, para ser rigurosos, aún falta una etapa muy relevante y nada fácil, la aprobación por cada uno de los Estados miembros, algo que no es sencillo a la vista del rechazo a elementos clave de ese pacto, manifestado por algunos gobiernos, como los de Polonia y Hungría.
No cansaré al lector con la enumeración de los ejemplos que acreditan que los cinco reglamentos que componen el núcleo del pacto ponen en riesgo derechos humanos básicos. Le remito a los detallados argumentos que puede encontrar en los análisis e las principales organizaciones con experiencia e independencia probadas en materia de migración y asilo: así, el informe final sobre el pacto, publicado por el European Council on Refugees and Exile (ECRE) (https://ecre.org/wp-content/uploads/2020/11/NGO-Statement-Pact-Oct-2020-ES-FINAL.pdf), el de la red europea del servicio de jesuitas sobre refugiados (JRS) (https://sjme.org/wp-content/uploads/2024/04/2024.04.10-Joint-Statement-Pact-vote-ES.pdf), o, en España, el de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) (https://www.cear.es/wp-content/uploads/2024/04/Pacto-Europeo-de-Migracion-y-Asilo-retos-y-amenazas.pdf).
Lo que queda claro cuál es el aspecto más preocupante del pacto: la obsesión por priorizar el argumento del control de fronteras y optimizar la política de expulsiones de aquellos a los que ya hace muchos años Antonio Izquierdo calificó como “inmigración indeseada” y Bauman denominó los desechables, al explicar su crítica de la “industria del desecho humano”, en que a su juicio se había convertido la política migratoria. El pacto propicia la renuncia a mantener garantías elementales sin las que el Estado de Derecho se revela como un privilegio al alcance de los que se lo pueden pagar: el derecho a defensa, el derecho a un juez y a un proceso debidos y, desde luego, el derecho de asilo, que parece precipitarse hacia su vaciamiento. Se desdeñan así las muy prudentes recomendaciones de los pactos globales sobre migración y asilo, aprobados por la ONU en diciembre de 2018 tras los acuerdos de Marrakesh, que subrayaban la necesidad de lo que es un acuerdo básico de todos los agentes implicados: la necesidad de garantizar vías legales y seguras para quienes se arriesgan en sus proyectos migratorios o huyen en busca de refugio. Y quedan claras sus consecuencias.
La más obvia es la del recurso, una vez más, a la vieja política de externalización de la carga del control migratorio, a toda costa, aunque los socios de esa política sean gobiernos que desdeñan los más elementales derechos humanos (Libia, Túnez, Mauritania, y, sí, Marruecos…), a los que se compra, a base de acuerdos económicos que sólo benefician a sus élites corruptas (a las que contribuimos a corromper más aún), en lugar de a sus poblaciones.
Un argumento particularmente lesivo es la falacia de la distinción entre la llegada física y la llegada jurídica de los emigrantes y refugiados a territorios de soberanía europea, algo propiciado por la nefasta decisión de la Corte de Estrasburgo que dio cobertura legal (aunque no irrestricta) a la práctica de las devoluciones en caliente. Esto es una estratagema jurídica que contribuye a convertir a las fronteras en espacios de inseguridad jurídica, con un recurso arbitrario a las detenciones y expulsiones sin garantías elementales de derechos. Se privilegia un sistema carcelario (el arquetipo de los CIES) que además se pretende externalizar a terceros países, según el modelo de Dinamarca y el Reino Unido, y se refuerza son la profundización en la lógica de la malhadada directiva de retorno: todo por la expulsión.
Y por terminar con este resumen: el mecanismo de solidaridad a la carta, vacía la solidaridad y establece dobles raseros en torno a ese principio europeo, como los que comprobamos a propósito de la puesta en práctica por primera vez de la directiva de protección temporal para los desplazados de la guerra de Ucrania, una medida que no se ha extendido a los desplazados por ningún otro conflicto (claro: no son vecinos europeos). Se desdibuja así tanto la solidaridad hacia los no europeos, como la solidaridad entre los Estados europeos a la hora de distribuir las indiscutibles cargas de una respuesta coherente con la legalidad internacional en materia de asilo y protección internacional subsidiaria que, recordemos, es norma obligad para todos los Estados miembros. Ante la reiterada resistencia de no pocos socios comunitarios, se ha decidido que los gobiernos europeos podrán elegir entre cumplir con su obligación conforme a la legalidad internacional en materia de asilo, o burlarla, mediante un pago.
Por todo ello, este no es nuestro pacto. No es un pacto digno de los ciudadanos europeos, de los principios en los que creemos y por los que apoyamos el proyecto de la Unión Europea. No es un pacto digno de lo que debemos ofrecer -reconocer, negociar- con los inmigrantes que tratan de llegar a Europa y que son un indiscutible factor de complejidad, pero no menos indiscutible elemento de prosperidad para todos: ellos, y nosotros, los europeos. No es un pacto que nos sirva ante la confrontación que nos imponen las elecciones europeas, una disputa que se diría, más incluso que electoral, entre opciones políticas, civilizatoria, porque nos jugamos el alma de Europa.
La disputa por el alma de Europa
En términos políticos, el peor de los riesgos de este pacto es que, aunque se presente como un logro de lo posible, que permite una barrera frente a la extrema derecha (que, es cierto, ha votado en su contra), en realidad es la confesión de nuestra derrota, ante su mensaje simplificador sobre la respuesta a la inmigración y a la demanda de asilo. Este es un mensaje no sólo discriminatorio, xenófobo y racista, sino que niega los más elementales deberes y derechos propios de la legalidad internacional y europea, y de las constituciones de la inmensa mayoría de los Estados miembros. Un mensaje que ha comenzado a contaminar a buena parte de las filas conservadoras y liberales europeas y ante el que parecen claudicar también los partidos de la socialdemocracia. Todo ello en aras de asegurar réditos electorales, por la supuesta sangría de votos que producen los mensajes de defensa de derechos de los inmigrantes y refugiados. Una falacia que ignora que el elector siempre prefiere acaba prefiriendo el original al sucedáneo, como se ha demostrado reiteradamente. Si se trata de “firmeza” ante la inmigración, siempre son más coherentes las propuestas del Rassemblement National de Le Pen, que las del Rennaissance (ex En marche!) de Macron, o los restos de los socialistas franceses, por poner un ejemplo. La mayoría de los estudios que conocemos sobre el recurso a la fórmula de firmeza migratoria para contener la difusión de los mensajes racistas y xenófobos demuestran la ineficacia de esta estrategia (cfr. por ejemplo https://www.infolibre.es/politica/casos-estudios-reacciones-explican-pacto-migratorio-no-debilita-contrario-extrema-derecha_1_1763922.html). Frente a lo que aseguraba la comisaria Johansson, para defender el Pacto, «el pacto migratorio quita argumentos a la extrema derecha», lo cierto es lo contrario. En ese artículo de A Munárriz se recuerda, por ejemplo, el trabajo Las estrategias de los partidos mayoritarios y el éxito de los partidos de la derecha radical, de los investigadores Werner Krause, Denis Cohen y Tarik Abou-Chadi, en el que analizaron las estrategias partidistas y trasvases de voto entre 1976 y 2017 en 12 países europeos y que concluye que cuando los partidos conservadores adoptan los lemas de dureza ante la inmigración, ello no disminuye el voto hacia los partidos de extrema derecha, sino lo contrario. Y hay también investigaciones sobre el papel de los medios al focalizar el debate migratorio en los términos simplistas que son propios de los mensajes de la derecha radical.
Lo más importante, a mi juicio, es que el debate migratorio, tal y como se está planteando en estos momentos previos a las elecciones uropeas (insisto en el efecto perverso de las reformas legislativas de endurecimiento de las leyes de migración y las condiciones de acceso y estancia de inmigrantes y refugiados) nos revela algo más grave: creo que en esas elecciones está en juego, en más de un sentido, una disputa por el alma europea, por utilizar la paráfrasis del lema al que recurrió la campaña de Biden frente a Trump. Un alma que reside en la primacía del Estado de Derecho, la prioridad de la garantía de los derechos humanos, la igualdad y universalidad de los mismos, el modelo del estado del bienestar y la defensa del pluralismo, esto es, de la diversidad como fortaleza. Por esa razón, estoy de acuerdo con los propósitos de la campaña de movilización para las elecciones al Parlamento Europeo lanzada por la red ECRE (https://euisu.vote/) y que se concretaría en cuatro compromisos que deberíamos exigir a quienes pretendan nuestro voto en la cita de junio:
- Una política exterior y una política migratoria de la UE que, frente a la obsesión securitaria y el modelo de externalización basado en un sistema de detención y expulsiones rápidas y colectivas, promueva vías legales y seguras y la garantía de derechos en las fronteras.
- El establecimiento de sistemas de asilo justos y funcionales en Europa que garanticen los estándares de derechos humanos.
- La garantía a las personas refugiadas del acceso a sus derechos, para promover su inclusión en las sociedades europeas.
- Una financiación transparente y responsable de la UE que promueva los derechos de las personas desplazadas tanto dentro como fuera de Europa.
En definitiva, se trata de no limitarse a manifestar nuestro rechazo al pacto, nuestro descontento ante este retroceso que puede convertirse en una derrota de los ideales europeos. Los ciudadanos europeos debemos movilizamos en torno a ese núcleo del alma europea, la defensa del Estado de Derecho, de la garantía de los derechos humanos, de la igual libertad en los derechos humanos y del pluralismo, que son el alma de la Unión. No podemos ni debemos permitirnos el acomodo de quien se retira del campo político, `para refugiarse en el amargo consuelo de «teníamos razón», porque esa es la forma de asegurar nuestro Waterloo.
Ojalá me equivoque.