¿UN PLENO PARA MARCAR LA LEGISLATURA?

La política es negociación, en aras del beneficio de los ciudadanos. En una sociedad plural, los interlocutores legítimos en la negociación política son todos aquellos que tienen respaldo de los electores, es decir, legitimidad democrática. Sean cualesquiera que fuesen sus ideas. Por tanto, las circunstancias pueden obligar a negociar con partidos que no parecen tener como objetivo el bienestar de los ciudadanos españoles, como es el caso de Junts, a todas luces.

Como ha demostrado este primer pleno del Congreso en 2024, el gobierno ha negociado hasta el límite de tiempo, para salvar el escudo social, y lo ha negociado con quien ha estado dispuesto a salvar esa protección. No ha sido esa la disposición del PP ni de Vox, cuya política de privatización y desigualdad y de indiferencia ante la suerte de los ciudadanos que se encuentran en peores condiciones, es palmaria, como evidencia la que despliega la presidenta de la Comunidad de Madrid, el gobierno de Castilla y León o los de Extremadura y Valencia, por citar sólo algunos ejemplos. Por eso, tengo claro que salvar los dos decretos, como se consiguió ayer, es un resultado que debe ser celebrado por la inmensa mayoría de los ciudadanos.

El problema, a mi entender, es el procedimiento y el coste de la negociación para obtener ese resultado

Dejo aparte lo que me permito calificar como bochornoso papel de Podemos, que como les señaló Oskar Matute citando a Bensaid, les hace perder totalmente el rumbo, pegando una patada en el culo de los ciudadanos en su revancha para descalificar a Yolanda Díaz que, por otra parte, no ha sido nada hábil ni equitativa en su trato con Podemos como fuerza dentro de Sumar.

Pero lo sucedido ayer en el debate -unido a la deplorable impresión que produjeron las sucesivas y caóticas votaciones que evidenciaron que los diputados desconocían el estado de las negociaciones que se estaban llevando a cabo simultáneamente al desarrollo de la sesión parlamentaria, incluso con tomas de posición engañosas-, evidencia que llevar al límite la negociación, esto es, dejar sin cerrar acuerdos sobre las propuestas legislativas que se llevan a los plenos, deja a los ciudadanos privados de la necesaria transparencia que debe ofrecer el debate parlamentario sobre esas negociaciones.

Todo ello, a mi juicio, obliga a que el Gobierno sea particularmente transparente y preciso respecto al contenido y alcance de lo que se ofreció ayer a Junts para obtener sus cesiones.

Es decir: a partir de hoy mismo, el gobierno tiene una obligación especial de transparencia respecto a lo acordado ayer con Puigdemont. Pienso, por ejemplo, en la cesión de competencias a la Generalitat en el ámbito de la gestión de la inmigración que, aunque tiene cobertura constitucional (artículo 150.2) y aunque es preciso reconocer que buena parte de la gestión de la presencia de lso inmigrantes recae en las administraciones autonómicas y municipales. incluye aspectos clave que son competencia estatal de difícil por no decir imposible delegación (controles de entrada y salida de fronteras, por ejemplo) porque no son ni siquiera competencia sólo del estado, sino de la UE y porque en todo caso exige una gestión de coordinación multinivel. Por lo demás, me parece especialmente inoportuna y carente de justificación en este preciso momento, con un fuerte riesgo de romper la imprescindible coordinación entre el Gobierno central y las CCAA y de estas entre sí y con las administraciones municipales, que son claves en la gestión (por ejemplo: distribución de menores y de inmigrantes llegados a Canarias o a Ceuta y Melilla). Y todavía peor a la vista de las tendencias supremacistas y xenófobas manifiestas en Junts.

Es claro que Junts no engañó: ellos no se sienten vinculados por un acuerdo de legislatura, sino sólo de investidura y van a exprimir cada paso, sin el menor sentido del bienestar de todos los ciudadanos españoles y sin rastro alguno de políticas de progreso: porque no son una fuerza de progreso. Y hay que pensar en alternativas, porque, a mi modesto entender y como persona que ha dfendido y defiende la necesidad de una política de izquierda que tiene como prioridad la igualdad de derechos comenzando por los derechos de los más débiles y como militante socialista, creo que ni se puede, ni se debe gobernar así, si se quiere llevar a cabo una política de progreso y de igualdad en los derechos de todas las personas para las que tratamos de hacer política.

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