En el día de ayer coincidieron dos reflexiones que me han parecido particularmente interesantes, a propósito de lo que debería ser la preocupación prioritaria de todos nosotros: encontrar las medidas más eficaces para afrontar ese mal espantoso que azota a nuestras sociedades, el feminicidio, la violencia de género que continúa cobrándose vidas de mujeres y daños terribles para las mujeres (y también para los menores) que, sin perder la vida, sufren el terror de la violencia de género en sus diversas manifestaciones. Porque nuestra prioridad, más incluso que el castigo de los agresores, debe ser la prevención y la garantía eficaz de protección de las mujeres, de las víctimas. Y es evidente que no lo estamos consiguiendo, cuando más de la mitad de las últimas víctimas mortales habían denunciado a sus agresores y no se ha conseguido evitar su asesinato, pese al sistema vigente, el Viogen.
De un lado, en la reunión de la Comisión Ejecutiva del PSPV-PSOE que celebramos en Alicante, la primera del año 2023, escuché una muy oportuna y argumentada reflexión de la compañera Rosa Peris, que puso en valor la estrategia que está siguiendo el govern del Botánic y concretamente la Conselleria de justicia, para garantizar la protección de las víctimas de esta plaga. Rosa señaló el refuerzo de centros de atención integral a las víctimas de violencia de género en los juzgados y muy específicamente la voluntad de implantar en todos los partidos judiciales juzgados específicos de género (sin abandonar lo que es más común, juzgados mixtos; por ejemplo, reagrupando juzgados específicos de partidos judiciales próximos). Como ella misma subrayó, esas eran, precisamente, medidas prioritarias establecidas en la importante Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de protección integral contra la violencia de género, que las actuales dirigentes del ministerio de igualdad parecen no tener suficientemente en cuenta.
Al mismo tiempo, leí un interesante artículo de la vicepresidenta de la Asociación Themis de Mujeres Juristas y presidenta del Consejo Asesor de Igualdad del PSOE, Altamira Gonzalo (https://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/porque-tenemos-peores-cifras-violencia-machista/20230109100302206866.html), en la que esta jurista ofrece una hipótesis acerca del fracaso en la lucha contra el feminicidio. Gonzalo no señala una única responsabilidad, porque expresamente reconoce que en eta causa prioritaria deben empeñarse todos los poderes públicos y todos los agentes de la sociedad civil (desde los medios de comunicación a, obviamente, la educación) y señala a su vez líneas de actuación en estudio, prevención y protección de las mujeres. Personalmente, comparto la crítica al error de prioridades de los responsables de UP en el Ministerio de igualdad. Y, por contraste, me parece que debería estudiarse la actuación constante y sistemática de la Consejería de justicia de la Comunidad Valenciana.