Resumiré el propósito de mi intervención en este congreso, a través de las siguientes tesis
- Como reza el lema de este X Congreso, asistimos a importantes cambios en las manifestaciones de movilidad humana, en medio de una transformación convulsa de las relaciones internacionales y de la geopolítica que enfrenta hoy a las grandes potencias en juego: China, los EEUU y, en menor medida, la Federación Rusa y la Unión Europea..
- Esas transformaciones, a mi juicio, tienen un importante impacto en las categorías con las que tratamos de gestionar políticamente las diferentes manifestaciones de la movilidad humana, que es hoy más global que nunca: ya no vale la dicotomía entre la movilidad propia de los migrantes, básicamente entendidos como fenómeno laboral y económico y la de los “refugiados “(más bien, asylum seekers).
- El impacto del cambio climático, de la devastación de los recursos y hábitats naturales, debería obligarnos a encontrar respuestas adecuadas y específicas para esa relativamente nueva manifestación de movilidad humana, de importancia creciente, que representan los millones de personas que se desplazan forzados por tales transformaciones.
- En todo caso, parece evidente que no se puede responder de forma eficaz y justa a la dimensión global y holista de las manifestaciones de movilidad humana, si no es desde un modelo de gestión que sea a su vez global, holista y multilateralmente negociado.
- La dimensión de globalización tecnoeconómica, al no ir acompañada de una globalización jurídica y política igualitaria, no propicia ese modelo, sino que lo sustituye por el viejo modelo colonial, sujeto a los intereses geopolíticos y económicos de los agentes hegemónicos en el mercado global. UN MODELO DE GOBERNANZA QUE ES DE DOMINIO UNILATERAL Y QUE SIRVE A LA PROPIA GOBERNANZA
- Tres acontecimientos recientes lo prueban: el análisis de las migraciones como riesgo en el nuevo concepto estratégico de la OTAN adoptado en Madrid, la dispar respuesta a las crisis de refugiados de Ucrania, Afganistán y Siria y los planes de externalización de los demandantes de asilo a países terceros.
- Es preciso revisar las normas de un modelo de globalización, el jurídico y político relativo a la respuesta a las manifestaciones de movilidad humana forzada. Desgraciadamente, los dos Global Compact aprobados por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 2018, que proponían un conjunto de buenas prácticas de gestión y, sobre todo, señalaban las prácticas difícilmente justificables y probadamente ineficaces, no han tenido observancia por parte de los principales Estados que gestionan la circulación y «acogida» de esas poblaciones en desplazamiento.
1.¿Gobernar las migraciones o gobernar utilizando las migraciones?
En un mundo cada vez más desigual y más interdependiente, el objetivo de encontrar una respuesta política a las diferentes manifestaciones de movilidad humana que protagonizan más de 250 millones de personas es un reto capital. Como ha insistido Sami Nair a lo largo de su ingente obra y como se concreta por ejemplo en un excelente libro de 2016 de la investigadora colombiana Alexandra Castro (La gobernanza internacional de las migraciones: de la gestión migratoria a la protección de los derechos humanos) que recomiendo vivamente, se trata de encontrar las claves que permitan un modelo de gobernanza de las migraciones que, además de asegurar su gestión eficaz por parte de los Estados implicados, redunde en beneficio de todas las sociedades y actores implicados (no sólo, ni prioritariamente, de sus gobiernos) y garantice una condición sine qua non de esa política, la garantía de los derechos de los inmigrantes, la vigencia del Estado de Derecho en el ámbito migratorio. El problema es que, hasta ahora y a mi juicio, la mayor parte de los Estados receptores de los movimientos migratorios sur-norte (que no representan porcentualmente la mayoría de esos desplazamientos, pues éstos de producen sobre todo entre países del Sur, frente a la idea dominante en la opinión pública en Europa o en los EEUU), no han ensayado un modelo de gobernanza de las migraciones acorde con ese marco conceptual y menos aún un modelo global. Es decir, no han probado un modelo de política migratoria a la altura de ese desafío. No. Como podemos contrastar examinando las políticas de la mayoría de los gobiernos europeos, insisten en intentar un dominio unilateral e instrumental de esos movimientos, en clave del beneficio de sus mercados y de sus agentes (la inmigración vista sólo como cuestión laboral y de equilibrio de mercado), en clave de cortoplacismo electoral (utilizar sus riesgos y beneficios para asegurarse el mayor número de votantes) y, los que pueden permitírselo, en clave de sus intereses geoestratégicos (expansión del propio mercado y del área de influencia geoestratégica). Todo, desde el indiscutible argumento de la soberanía nacional: nos corresponde a nosotros decidir quién puede cruzar nuestras fronteras y quedarse aquí. Una política en la que la garantía de los derechos es en el mejor de los casos una opción, si no una carga “buenista”, que se trata de minimizar.
Dicho de otra manera, no han tratado ni tratan de construir una gobernanza mundial o al menos multilateral de las migraciones, sino de utilizar las migraciones para asegurar su propia gobernanza. Por eso, no han hecho ni hacen política migratoria, sino sobre todo política con la inmigración, usándola como baza a muy corto plazo, el de la siguiente convocatoria de elecciones. Y por esa razón también, además de esas claves, el discurso político de la mayor parte de los gobiernos europeos sobre las migraciones utiliza otra clave, la prioridad del lenguaje de policía y orden público (luchar contra la criminalidad, combatir la inmigración irregular y las mafias que trafican y explotan a los inmigrantes), cuando no, incluso, militar y de defensa: defender nuestras fronteras, en términos de hacer frente a la amenaza de invasión. A esos efectos, con la inestimable colaboración de los medios que se aseguran audiencia a base de sucesos trágicos y de vender sensacionalistas escenarios de riesgo, sin respeto alguno por los datos reales, no se vacila en usar tres prejuicios con los que se estigmatiza a los migrantes mediante mensajes normativos que bordean la xenofobia institucional.
Se invierte el principio de seguridad jurídica y presunción de inocencia y se les presenta conforme al viejo molde de las clases peligrosas: son esquiroles en competencia desleal en el mercado laboral, gorrones que se aprovechan de los beneficios de nuestro sistema de bienestar (en educación y sanidad, sobre todo) y ejército de reserva de la delincuencia, si no ilegales, es decir, criminales, delincuentes, por el hecho mismo de emigrar sin regularidad administrativa. A los que se viene añadiendo otro, el argumento de la xenofobia cultural: los inmigrantes serían, por su (sic) radical incompatibilidad con nuestra cultura (aquí se apunta a esa amalgama de musulmanes, árabes y africanos), una amenaza para nuestra identidad.
2.Otro modelo: gobernanza multilateral, cooperativa y en beneficio de todas las partes implicadas.
Los hechos son muy tercos. Ese es el realista punto de partida de la propuesta alternativa de política migratoria, que existe. Está formulada en la Resolución 73/195 de la Asamblea General de la ONU, que aprobaron 153 países el 19 de diciembre de 2018, con 12 abstenciones y 5 votos en contra (https://undocs.org/es/A/RES/73/195), a partir del Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM), un documento acordado en Marrakesh una semana antes. Es lo que conocemos como Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular, que debe ser objeto de una primera evaluación en 2022, pero sobre el que ya ha presentado un primer informe el Secretario General Guterres. El GCM cuenta con una serie contrapartida: el rechazo de los gobiernos de EEUU, Brasil, Chile y Suiza y, en la UE, de Austria, Bélgica, Chequia, Hungría e Italia. España, por cierto, se comprometió oficialmente a desempeñar un papel de promoción y garantía de ese GCM.
Como ha explicado muy bien la iusinternacionalista Teresa Fajardo, cuyo análisis del GCM comparto en muy gran medida en estas líneas, este instrumento de Soft Law (es decir, sin valor jurídico vinculante, pero con importantes consecuencias en la práctica jurídica internacional) que es el GCM, no tiene nada de revolucionario. Es realista, porque arranca del principio de soberanía de los Estados, que consagra. También lo es, en aparente paradoja, porque reconoce que la gobernanza de ese hecho social global que son las migraciones, no está al alcance de ningún Estado de por sí. Menos aún si persiste y aun se incrementa (entre las sociedades del sur y no digamos, entre las del sur y el norte) el verdadero factor determinante, el efecto salida, resultado de la radical desigualdad en los índices de desarrollo humano y las abismales diferencias de expectativas de vida y trabajo para muchos, incluido también el legítimo deseo de una vida y un trabajo mejor para profesionales especializados. Tal modelo de gobernanza sólo puede ser el resultado de una acción concertada, multilateral, que acepta el enfoque de responsabilidad compartida y de solidaridad. L GCM es un embrión de lex migrationis global, que parte de reglas comunes que, pese al tópico que insiste en que no hay tal en materia migratoria, a diferencia de lo que sucede respecto a los refugiados, sí existen, aunque de forma fragmentada, escasamente específica, más allá del Convenio de la ONU de 1990 (Resolución 45/58) y de los Convenios de la OIT. Pero dejémoslo claro, como lo hace el propio GCM: “El Pacto Mundial se basa en el derecho internacional de los derechos humanos y defiende los principios de no regresión y no discriminación. La aplicación del Pacto Mundial asegurará el respeto, la protección y el cumplimiento efectivo de los derechos humanos de todos los migrantes, independientemente de su estatus migratorio, durante todas las etapas del ciclo de la migración. También reafirmamos el compromiso de eliminar todas las formas de discriminación contra los migrantes y sus familias, como el racismo, la xenofobia y la intolerancia”. Por eso, por ejemplo, el énfasis en la prioridad de la salvaguarda del interés del menor inmigrante del menor inmigrante o la recomendación de que los internamientos sean última ratio de esta política, al revés de lo que practican los gobiernos europeos. El Pacto detalla 23 objetivos, con un abanico de iniciativas, en consonancia con la Agenda 2030, que asientan el vínculo entre políticas migratorias, desarrollo humano y democracia, algo que, por cierto, ignora el Pacto europeo de migración y Asilo propuesto por la Comisión Europea este mismo año y que sigue enrocado en la política de control de fronteras e ignora la prioridad de establecer vías legales, seguras y asequibles para los inmigrantes cuya inexistencia es el verdadero motor de la migración irregular y la razón del negocio de las mafias. Se trata de combinar, como explica Fajardo, políticas públicas migratorias de alcance mundial (multilateral) con las nacionales y con acciones transversales, mediante la acción coordinada de las diferentes administraciones, pero sobre todo de los agentes de las sociedades civiles y de los propios inmigrantes, con un lugar destacado para la OIM. La política migratoria no puede centrase casi exclusivamente, como sucede hoy, en la contención de los movimientos migratorios y en su explotación para nuestro beneficio. Ha de abrirse a una gestión acorde con el Derecho internacional y que, como insiste Naïr, transforme los desplazamientos migratorios de destino fatal en una opción que beneficie a todos. El GCM apunta buenas pistas en ese sentido
3.Ejemplos del retroceso en la concepción multilateral y garantista de la gobernanza de las migraciones
El primer y más reciente botón de muestra del retroceso en el avance haca una concepción multilateral y equilibrada en la gobernanza internacional de las migraciones lo encontramos en el nuevo concepto estratégico aprobado en la cumbre de la OTAN en Madrid, en junio de 20222. Me refiero a la inclusión como prioridad estratégica para la OTAN de las soi-dissants “amenazas del flanco sur”. Una inclusión que ha sido presentada incluso como un éxito diplomático de la Europa del Sur (de España, concretamente).
Por supuesto que no faltan razones para la preocupación por esos riesgos y amenazas desde el “flanco sur”, un eufemismo para referirse a la preocupación por la evolución del equilibrio del “escenario africano” en lo que a algunos les sigue gustando denominar “gran tablero”. Tal preocupación responde a indiscutibles factores estructurales y también a algunos cambios relevantes en el equilibrio de influencias en el continente africano, por la creciente presencia de China, por la desestabilización producida por agentes mercenarios al servicio de Putin (la compañía Wagner), unidos al incremento del riesgo terrorista representado por las franquicias de AlQaeda, cuya capacidad desestabilizadora en Nigeria, Mali y parte del Sahel, lejos de reducirse, se ha multiplicado, sobre todo tras el abandono por parte de Francia de sus misiones en la zona (https://www.lavanguardia.com/internacional/20210710/7590472/sahel-francia-retirada-repliegue-macron-hollande-barjan-yihadismo-qaeda-islamismo-radical-takuba.html), ratificada por la decisión de Macron, el 17 de febrero de 2022, de abandonar la operación Barkhane, esto es, la presencia en Mali, tras la ruptura de relaciones con su Junta militar y, sobre todo, para evitar lo que para algunos corría el riesgo de convertirse en el “Afganistán francés” (https://www.realinstitutoelcano.org/comentarios/la-inalcanzable-mision-antiterrorista-de-francia-en-el-sahel/#:~:text=El%2017%20de%20febrero%20de,francesas%20y%20europeas%20de%20Mali.).
A todo ello, se une la preocupación por uno de los peores efectos de la estrategia de guerra seguida por Putin, el bloqueo de las exportaciones de grano desde Ucrania, vitales en todo el mundo y, desde luego, en un buen número de países africanos, lo que puede desencadenar una “hambruna catastrófica”, que impulsará desplazamientos forzados de población. Lo recordaba Ramón Lobo en un análisis reciente (https://www.levante-emv.com/internacional/2022/06/25/tormenta-perfecta-acecha-africa-67654333.html): las consecuencias de la guerra -el bloqueo de los puertos, el alza de los precios, que se han incrementado en estos 4 meses más del 30%- golpean las exportaciones de girasol, cebada, maíz y trigo de las que África es muy dependiente, porque un 40% del trigo que se consume en ese continente (y de forma particularmente agravada, en regiones ya devastadas, como la del<cuerno de Africa>) es ruso y el 10% ucranio. Y hasta 14 países de renta baja o media-baja en esa región, con altos niveles ya de hambre y deuda, importan más del 50% de su trigo de Ucrania y Rusia, porcentaje que se eleva al 100% en Eritrea, el 92% en Somalia y más del 50% en Yemen.
Todo ello acelerará procesos sobre los que vienen insitiendo diferentes agencias de las Naciones Unidas (ACNUR, FAO, OMS) y no pocas ONGs, esto es, un incremento exponencial de desplazamientos masivos de población que serán la principal manifestación de movilidad humana en menos de 15 años, los que, a falta de otra etiqueta, denominamos “desplazados climáticos”.
Estos desplazamientos forzados y masivos se producirán, en primera instancia, en el eje sur-sur, y sus efectos desestabilizadores sobre países con escasa capacidad de acogida, no se deberían ignorar. Baste pensar en los datos que ofrece la FAO sobre la situación casi endémica de “gran hambruna” en regiones del Sahel y del Cuerno de Africa. Cifras como ésta: cada día, en esta región del cuerno de Africa, mueren de hambre 1800 seres humanos. Y más de 18 millones de personas padecerán hambre severa en los próximos meses. Cuatro ONGs, Acción contra el Hambre, Save the Children, Unicef y Oxfam Intermon, han elaborado un manifiesto en el que reclaman una intervención específica e inmediata: ante el riesgo de lo que consideran una crisis alimentaria sin precedentes, una gran hambruna que puede matar de hambre a 49 millones de personas en los próximos meses y, de manera inmediata, a 14 millones de niños de menos de 5 años este mismo verano (https://www.lavanguardia.com/vida/20220626/8366491/agenda-otan-africa.html).
Sucede que, además del desigual impacto de la guerra en Ucrania sobre países terceros, los efectos del proceso del cambio climático y de la pandemia también se reparten de modo desigual. En Europa, incluso en España, no hemos dejado de hablar del episodio de calor adelantado al fin de esta primavera. Pero hay que leer el índice de riesgo climático elaborado por Germanwatch sobre el año 2021 (https://germanwatch.org/sites/default/files/Resumen%20Indice%20de%20Riesgo%20Clim%C3%A1tico%20Global%202021.pdf), para darse cuenta de cómo el cambio climático golpea sobre todo a las regiones más pobres. Y para advertir la envergadura de los desplazamientos masivos que va a producir.
Aún así, los líderes europeos no se centran en remediar las causas de esa situación, sino en los temores que despierta lo que consideran “segunda fase” de los desplazamientos masivos: esto es, su posible reorientación hacia nuestro continente (https://elpais.com/internacional/2022-06-22/bruselas-teme-que-la-guerra-de-putin-provoque-oleadas-migratorias-hacia-la-ue-desde-el-norte-de-africa.html?sma=newsletter_alerta20220622).
Reaparece así un escenario que en rigor no es nuevo, sino que se ha manejado como una constante en la narrativa tóxica que, a mi juicio, sostiene la estigmatización de los movimientos migratorios y subyace a buen parte de nuestras políticas migratorias y de asilo. Hablo del temor a lo que en su día se llamó (así lo hizo el líder del movimiento de los países no alineados, el presidente Jomo Kenyata) “la bomba de los pobres”, esto es, un uso deliberado de los flujos migratorios en términos de amenaza de presión demográfica sobre el continente europeo, dando pábulo a los fantasmas de aquellos que en Europa hablan de grandes contingentes migratorios a nuestras puertas, dispuestos a lo que asemejan a una “invasión”, cuando no -incluso-, a la tesis conspiranoica del “gran reemplazo”. Nada nuevo, insisto: por no referirnos más que a referencias contemporáneas, baste mencionar el conocido libro de Paul Ehrlich, The Population Bomb (1968) o las tesis de Robert Kaplan, por ejemplo, en libros como The Revenge of Geography (2013). En realidad, este uso estratégico de lso movimientos migratorios ha de ponerse en relación con el punto de inflexión en los flujos migratorios en los años 50 del siglo XX, con los procesos de descolonización, que marcan movimientos migratorios masivos desde el sur no desarrollado, hacia el norte rico, con especial incidencia en las antiguas metrópolis (Francia, Reino Unido y, en menor medida, Bélgica y Países Bajos). El caso de los flujos desde Latinoamérica a los EEUU es diferente, claro y se relaciona estrechamente con la profunda desigualdad estructural.
Es verdad que el uso estratégico de grandes desplazamientos migratorios como elemento de presión puede vincularse también a la noción de “guerras híbridas”, como ejemplificaron Lukashenko y Putin al utilizar la presión de desplazados sobre la frontera oriental de la UE (y de la OTAN). Pero ya antes Erdogan había hecho lo propio con los movimientos de desplazados sirios desde la península de Anatolia hacia las islas griegas del egeo y hacia los Balcanes. Por no hablar del recurso del que han echado mano una y otra vez los diferentes autócratas del Magreb para presionar, por ejemplo, sobre las fronteras españolas: de la marcha verde frente al Sáhara español aprovechando la enfermedad de Franco, a la más reciente utilización de miles de niños, adolescentes y jóvenes en las fronteras de Ceuta y Melilla. Pero, de otro lado, como señala el director general de Oxfam Intermón, Franc Cortada, quizá habría que reparar en el enfoque que subraya que, más que tragedias naturales, nos encontramos ante una estrategia que consiste en utilizar el hambre como instrumento de guerra: “No estamos ante una crisis de escasez de alimentos; nos encontramos con que se usa, descaradamente, el hambre como arma de guerra. Permitir que millones de personas mueran en el mundo por hambre, así como dejar que las grandes empresas encuentren oportunidades para beneficiarse de esta catástrofe, no es otra cosa que un gran fracaso político”.
El segundo ejemplo es el de los planes de algunos países europeos para acabar de externalizar la gestión de los procedimientos de asilo. Ya lo adelantó el Reino Unido y Dinamarca, que había explorado previamente incluso esa posibilidad, anunció el pasado 9 de septiembre la firma de un convenio con Ruanda, al entender que el actual sistema global de asilo y migración es disfuncional», por lo que abogan por «una nueva postura».
En la declaración conjunta sostienen que están explorando en conjunto el establecimiento de un programa a través del cual solicitantes de asilo espontáneos que lleguen a Dinamarca puedan ser trasladados a Ruanda para que se consideren sus solicitudes y protección, así como la opción de que se asienten en Ruanda.
Por ello, Dinamarca y Ruanda estudian enviar a Kigali a solicitantes de asilo llegados al país europeo Ello se concretaría en el envío a Ruanda de solicitantes de asilo que lleguen a territorio danés, un plan similar al anunciado hace pocos meses por Londres y Kigali, duramente criticado por numerosas ONG. Los ministerios de Exteriores de ambos países han señalado en un comunicado conjunto su «compromiso a la hora de fortalecer el diálogo bilateral y la asociación en múltiples áreas», incluidaslas de clima, buena gobernanza y «política de refugiados.
La crítica no se ha hecho esperar: Ante la noticia de que las autoridades danesas han firmado un acuerdo con el gobierno ruandés para mejorar la cooperación en materia de migración y asilo que podría permitir el envío de solicitantes de asilo a Ruanda, el director para Europa de Amnistía Internacional, Nils Muižnieks, ha declarado:
“Cualquier intento de trasladar a Ruanda a solicitantes de asilo que llegan a Dinamarca para tramitar allí sus solicitudes de asilo sería no sólo inadmisible, sino potencialmente ilegal. Dinamarca no puede negar el derecho de quienes llegan a su territorio de solicitar asilo y trasladar a estas personas a un tercer país sin las garantías necesarias.
“Estas propuestas llevan el traspaso de la responsabilidad de la protección de la población refugiada por gobiernos de la UE a un nuevo mínimo y sentarían un precedente peligroso en Europa y en el mundo.
“La idea de que los países ricos pueden pagar para no tener que cumplir sus obligaciones internacionales, despojando a quienes piden asilo incluso de su derecho a que sus solicitudes se estudien en Dinamarca, es profundamente preocupante”.
4.¿Es posible recuperar el modelo alternativo de gobernanza?
Insisto en subrayar que la contaminación de las políticas migratorias y de asilo por los intereses geoestratégicos de dominación no es una novedad, porque el problema fundamental de nuestras políticas migratorias y de asilo, es el modelo de gobernanza unilateral de las migraciones que constituye su parti pris: nuestra insistencia en dominar esos movimientos en nuestro beneficio, sin negociar ni tener en cuenta los intereses de las personas y de los países que forman parte de la secuencia migratoria, de las sociedades civiles en origen, y en tránsito, ni de los propios migrantes como agentes, como protagonistas de esos procesos de movilidad, que contra el argumento reiterado por el neoliberalismo, no puede explicarse sólo no principalmente como muestra de la “libre circulación de trabajadores” por la que supuestamente apuesta el mercado, sino que son en buena medida -también para los inmigrantes, no sólo para refugiados- procesos forzados, no deseados.
De ese prejuicio, de esa pretensión de dominio unilateral de los flujos y de los procesos de instalación, de asentamiento de los migrantes, nacen dos errores de nuestra mirada sobre las migraciones y de nuestro modelo de políticas migratorias, que hay que seguir denunciando.
El primero, tiene mucho que ver con la miopía -el prejuicio- de seguir conceptualizando a los inmigrantes exclusivamente como fuerza de trabajo (en el fondo, el mismo del esclavismo), ignorando que las migraciones son hechos y procesos sociales de dimensión global y holista, que responden, a las relaciones sociales propias del (des)orden internacional y también a las de nuestras sociedades, todas ellas hoy en profundo proceso de reconfiguración, proceso respecto al cual la presencia migratoria tiene un poderosa capacidad de transformación, aunque nos neguemos a aceptarlo y pretendamos tenerlos aquí, según nuestro “orden natural”, es decir, como invisibles, separados y dominados.
El segundo error de conceptualización, que es el que me parece más presente en este concepto estratégico, consiste en insistir de modo desequilibrado, desproporcionado, en los potenciales riesgos y amenazas (indiscutibles, como tales, sí) para nuestra seguridad y defensa. De un lado, el más grave, esto es, la amenaza terrorista vinculada a movimientos como las franquicias de AlQaeda. De otro, el riesgo de que la llegada masiva de migrantes, de desplazados, empujados por esas grandes hambrunas ( o por las guerras del agua, los efectos del cambio climático, étc) entrañen un efecto disolvente de los elementos de cohesión social, por la quiebra del equilibrio del estado del bienestar y por la capacidad de radicalización de algunos de los movimientos yihadistas sobre los migrantes residentes en Europa, que podrían conducir a ese escenario de pesadilla que denuncia insistentemente una parte de la derecha y toda la extrema derecha europea, la de comunidades segregadas que minan la cohesión social y despiertan el terrible fantasma del enfrentamiento civil.
Negar la dimensión de riesgo, incluso de potencial amenaza que puede entrañar esa constante demográfica que es la movilidad humana que se desplaza en sentido sur-norte (por más que la inmensa mayoría de esos movimientos, como ha explicado Whitol der Wenden, sigue el rumbo sur-sur), sería un error. Lo subrayo: nada de ingenuidad. Otra cosa es el empeño en reducirlos a esa dimensión potencial. Y lo peor es que semejante análisis deje de lado lo que habría de ser una prioridad, y no una concesión al buenismo: el respeto de los derechos humanos de los inmigrantes y desplazados. Ese respeto, esa garantía, no es una opción, sino una obligación de los gobiernos que pretendan ser mínimamente coherentes con las exigencias del Estado de Derecho y de la legitimidad democrática. Esos derechos no pueden ser objeto de negociación, de venta. Son obligaciones cuyo cumplimiento ha de ser exigible. Y no pueden quedar supeditados al criterio de optimización del beneficio, ni tampoco a la lógica geoestratégica.
Ante la necesidad de contar con un planteamiento nuevo de las relaciones de Europa con Africa, parecieran abrirse dos opciones que desgraciadamente entrarían en colisión: la de quienes lo enmarcan en esa prioridad geoestratégica de revenir los riegos y amenazas del flanco sur y la de quienes entienden que esos flujos migratorios deben formar parte de un planteamiento global, en el que europeos y africanos construyamos un marco global de relaciones desde la perspectiva del mutuo beneficio y de las exigencias de promoción de la Democracia, los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Por eso, sostiene el economista J.Sachs que, si Europa quiere hacer una contribución seria para mejorar el mundo -también para los europeos-, no debería fijar su prioridad en el marco de la lógica de bloques que parece imponerse, esto es, centrada en el objetivo de conseguir que Ucrania gane la guerra contra Putin, sino que, además de tratar de lograr una solución negociada, diplomática, a esa agresión de Putin sobre Ucrania, por difícil que sea tal empeño, debería focalizar sus esfuerzos en asegurar la educación para cada niño en Africa (https://elpais.com/cultura/2022-06-22/jeffrey-sachs-algo-falla-en-el-sistema-americano-y-en-la-naturaleza-humana.html?ssm=FB_CC&fbclid=IwAR1EJSQKHNbjirJ4B6b1NIzsZhwEQ9bDjPCxRfJu-yI0FB5JcyMtL3KO-8Q).
En todo caso, llama poderosamente atención que el problema de las hambrunas catastróficas derivadas de la guerra de Ucrania (como el de las grandes sequías, o el de la contaminación de los campos de cultivo o recursos naturales) no se analice como lo que es: un gravísimo peligro para las poblaciones que se ven obligadas a huir. Los europeos sólo nos planteamos las consecuencias que esas hambrunas pueden implicar para nosotros, sin centrarnos en la actuación verdaderamente necesaria: ¿cómo ayudar a esas poblaciones que se ven expulsadas de sus hogares, como consecuencia de estos fenómenos? ¿qué protección y qué garantías de sus derechos y con qué procedimientos vamos a poner a su alcance? Preguntas como esas son las que dieron lugar en 1951 a la Convención de Ginebra y luego al Protocolo de Nueva York, las piezas clave del derecho internacional de refugiados. Esas preguntas motivaron la aprobación en 2003 de la directiva europea de protección temporal ante llegadas masivas de personas en busca de protección, directiva que hemos activado con una rapidez y eficacia loables, en relación con los desplazados de la guerra de Ucrania. ¿Qué hace falta para que nos decidamos a ofrecer respuestas, protección efectiva, a quienes no sean ucranios? ¿vamos a conformarnos con mirar esos desastres y lamentar su suerte?
5.Tres propuestas para recuperar el modelo alternativo
La primera, remite a la reiterada reclamación de crear vías legales, seguras y regulares para que los inmigrantes puedan llegar e instalarse sin riesgo de sus vidas, para trabajar legalmente, regresar a sus países y en su caso, volver a trabajar aquí, sin tener que pasar a lo largo de todas esas etapas por la clandestinidad. Porque la clandestinidad, el tráfico y la explotación, que son el negocio de las mafias, existen por dos razones. Porque hay empleadores en nuestro país a quien interesa el dumping social que supone disponer de esa mercancía, de esa mano de obra vulnerable, dispuesta a renunciar a sus derechos, y porque no hay vías legales y seguras para llegar y, por tanto, los inmigrantes tienen que acudir a las rutas que controlan las mafias.
La segunda, consiste en construir una política europea de asociación con los países de origen, pero no tanto para asegurar la obsesión del control, sino sobre todo para incidir en las causas de esos movimientos migratorios forzados, que seguirán existiendo y se van a incrementar si no actuamos. Esos desplazamientos masivos no se podrán regular mientras continúe la inmensa brecha de desigualdad en desarrollo humano, derechos humanos y democracia. Por tanto, iniciativas de asociación para la promoción en esos países de esos tres indicadores.
Y una tercera propuesta: poner en marcha medidas para otra política de acogida y, sobre todo, de inclusión, empezando por el acceso al mercado laboral en condiciones de igualdad de derechos. Hay que desarrollar actuaciones como las que con mucho acierto, a mi juicio, ha puesto en marcha, por primera vez en nuestro país el ministerio de inclusión y migraciones, mediante reformas del reglamento de extranjería como las que permiten la incorporación a la seguridad social y al mercado de trabajo de miles de jóvenes que, así, no serán la amenaza que pretenden los carteles de Vox, sino que se convertirán en parte de la mejor esperanza para nuestro país.