Defensa de la proposición de ley de regulación de eutanasia en el Pleno del Senado, frente a los vetos formulados por VOX y el Grupo Parlamentario Popular (10 de marzo de 2021)

Entender el objeto de esta proposición de ley: cuatro confusiones que subyacen a los vetos

Es evidente que el ámbito de la vida -y la muerte es inseparable de la vida- tiene una trascendencia que supera la dimensión técnicojurídica, pues toca el nervio mismo, el sentido del vínculo social. Se entiende así que una ley como ésta no sólo provoque un debate sobre aspectos constitucionales o de técnica legislativa, sino que refleje la pluralidad ideológica, las distintas visiones del mundo a la hora de entender los valores y principios fundacionales de nuestra convivencia. Y eso puede poner en juego nuestros sentimientos y emociones más profundos, sobre todo si se excitan con dicterios como los de “cultura de la muerte”, o “industria de la muerte”.

Dicho esto, creo que en la tramitación parlamentaria deberíamos esmerarnos por seguir el lema clásico que preceptúa debatir ut si commotio non daretur, porque esas emociones profundas condicionan y aun impiden el alcance de lo que debería ser un debate racional, al menos razonable. Examinemos, pues, las razones que permiten apoyar o tratar de vetar esta ley.

Creo que, tras las razones alegadas para tratar de vetar la ley, subyacen juicios últimos -previos, dirían algunos: quizá prejuicios- que ponen de manifiesto radicales discrepancias sobre lo que sí, podríamos llamar <filosofía> de esta ley. Es decir, sobre sus fundamentos: el modo de entender la autonomía de la voluntad, la interpretación del derecho a la vida y aun la concepción de la ciudadanía y de su papel en relación con la toma de decisiones en que consiste la elaboración del Derecho. Sintetizaré esas discrepancias en la falta de aceptación o incluso el rechazo activo de la filosofía que inspira esta ley, que no es otra que lo que denominaré “política de laicidad”. Una política que toma en serio la igual libertad de los ciudadanos, sin tutelas, daños ni privilegios. Y a mi juicio, lo digo con respeto, ese rechazo a la política de laicidad que caracteriza a sus vetos, lleva a incurrir en varias confusiones conceptuales, que trataré de explicar.

         La ley arranca de una primera distinción que Vds se empeñan en confundir, al plantear como contrapuestos, incompatibles, dos supuestos que son, en todo caso, distintos y complementarios: los cuidados paliativos y la asistencia médica para morir, objeto de esta ley. Es una distinción tan clara que no merece la pena abundar en ella. Nosotros, nuestro grupo, queremos que se mejoren los cuidados paliativos. Pero sabemos que tienen un propósito diferente del remedio que necesitan quienes, por determinadas condiciones y en determinadas situaciones, quieren que se les ayude a morir. Por eso planteamos esta ley.

       La segunda confusión consiste en pretender que esta ley supone una contraposición entre la defensa de la vida, por un lado, y la autonomía de la voluntad, la libertad, por otro.

Señorías: en esta ley no hay tal contraposición entre respetar la vida como un bien de primer orden y defender la eutanasia, la prestación de ayuda médica a morir. Es más, precisamente porque tenemos el más firme de los respetos por el bien jurídico que es la vida, respetamos el genuino derecho a decidir dejarla, que corresponde al propio sujeto; a nadie más. En otras palabras, es precisamente el respeto a la vida como un bien,  lo que nos lleva a defender una ley de eutanasia, cuyo objeto es poner al alcance de todos los que lo necesiten y así lo decidan, el derecho personalísimo e igual para todos, insisto, a una muerte propia, que evite el daño a la dignidad de la vida que es verse sometido a un proceso degradante y de crueles sufrimientos. Un derecho, insisto, no un privilegio, como sucede hoy. Pues reconozcan que eso sólo está al alcance de los que pueden permitírselo, porque lo pagarán o porque disponen de relaciones, de personas dispuestas a correr el riesgo de la sanción penal por estar dispuestos a proporcionárselo, las más de las veces por piedad ante su sufrimiento. Una vez más, la desigualdad. Porque no es verdad que ante la muerte seamos todos iguales. Y Vds parece que quieran ignorarlo. Al menos porque no han estado dispuestos a mejorar un sistema nacional de salud, de salud pública al alcance de todos, que durante los gobiernos del PP ha sufrido tremendos hachazos en forma de recortes cuyas consecuencias aún padecemos.

Pero les diré más: su argumento de la “pendiente resbaladiza” que, manifiestamente, orilla el cúmulo de reglas y procedimientos que la ley establece para ofrecer el máximo de garantías y evitar tal riesgo, parece revelador de una concepción que subyace a su rechazo. Se trata de su resistencia a ser coherentes con la exigencia democrática de reconocer la mayoría de edad de los ciudadanos. Vds parecen seguir pensando que son menores de edad que necesitan tutela sobre sus decisiones más propias, de acuerdo con aquello tan viejo de “no se os puede dejar solos, que os desmandáis” y que paradójicamente revelan en quienes se presentan como adalides de la libertad, un miedo a la libertad, o, para hablar con rigor, su miedo a la igual libertad. Es como si pensaran que los ciudadanos son sólo objeto de las leyes, del Derecho, que toca a otros decidir, cuando en democracia los ciudadanos son los sujetos, los soberanos de las leyes y del Derecho.

Los vetos incurren, creo, en una tercera confusión, que consiste en mantener una noción del derecho a la vida como algo sagrado, que se torna en realidad en un deber. Un deber para el propio sujeto e incluso un deber para el Estado. No es así: nuestra jurisprudencia constitucional y la jurisprudencia comparada y europea deja claro inequívocamente que no hay tal deber de vivir, y menos aún un deber absoluto. Ya la STC de 11 de abril de 1985, dejó claro que la vida no puede entenderse en ningún caso como un imperativo incondicionado, porque, por definición, no hay derecho que pueda considerarse absoluto. La jurisprudencia constitucional comparada y, en particular, la del TEDH, a partir del caso Pretty y del caso Haas vs Suiza, sostiene que no se puede imponer el deber de vivir a quien libre y conscientemente rechaza seguir viviendo. A fortiori, esa jurisprudencia deja claro que es ilegítimo imponer el deber de vivir contra la voluntad de quien no lo desea. Es ilegítimo e irreconciliable con los principios del Estado de Derecho y de la democracia. Es propio de una mentalidad paternalista que, en lugar de la defensa de la libertad, recurre al miedo, a la ignorancia, al prejuicio, a los dogmas, para obtener la obediencia a sus mandatos.

      Sus vetos muestran, por fin, que sostienen Vds una cuarta confusión, la de pensar que en todo caso, no cabe hablar de un derecho, sino de la libertad de morir, entendida como una libertad negativa, de no interferencia. No: les diré, con el mejor constitucionalismo, que la libertad para una gran parte de la ciudadanía, es una noción vacía, desprovista de significación moral y política porque no pueden ejercerla, al carecer de medios y recursos para ello (educación, asistencia sanitaria, cultura…). Es la libertad negativa y abstracta, en el fondo paternalista, que satirizó en su conocido sarcasmo Anatole France: “Todos los pobres tienen derecho a morirse de hambre bajo los puentes de París”.

El propósito de esta ley es hacer asequible a todos, sean cuales sean sus medios y sus posibilidades, el derecho a decidir tener una muerte propia. Poner al alcance de todo el que lo necesite el ejercicio de ese derecho. Sí: un derecho personalísimo que no consiste en una modalidad abstracta de derecho subjetivo, sino en lo que en la teoría contemporánea de los derechos identifica con mayor precisión como una pretensión tan justificada que se entiende que debe ser garantizada (claim), es decir, regulada por los poderes públicos, mediante prestaciones positivas, exigibles. Lo que la ley deja claro, es que su objeto es un derecho, tal y como se define con precisión en el artículo 4. Un derecho que lleva consigo la facultad de exigir de los poderes públicos no sólo la abstención de prolongación de la vida de quien no quiere vivir, sino también la prestación asistencial para morir, cuando su dignidad e integridad están gravemente menoscabadas por sufrimientos intolerables. Y para ello debe regularse  mediante normas precisas (TEDH, Gross vs Suiza, eps 66 y 67), esto es, en los términos y condiciones que se establezcan legalmente y que ofrezcan el máximo de garantías para todos: en primer lugar, para el propio sujeto titular de ese derecho personalísimo. Además, para su familia, y para los miembros del equipo sanitario que interviene en esa asistencia médica a morir.

Y así, vemos que no hay tal contraposición entre el respeto al derecho a la vida y la mayor garantía de la libertad, de la autonomía de cada persona. porque el ejercicio de la autonomía es la única forma de respetar la dignidad de la vida. “Hacer que alguien muera en una forma que otros aprueban, pero que él cree que es una contradicción horrorosa con su propia vida –escribe Dworkin-, constituye una devastadora y odiosa forma de tiranía”. Señorías, sigamos el sabio consejo de nuestro Séneca: no se trata de huir de la vida, sino de saber dejarla de modo digno. No hay vidas indignas: lo que hay son sufrimientos que atentan a la dignidad.

Ley y pedagogía civil democrática. La política de laicidad

Señorías: la historia del reconocimiento de los derechos muestra que siempre ha existido una minoría que los posee en calidad de privilegios, y que, por ello, ofrece una resistencia pertinaz, una oposición a los cambios sociales que supongan que sus privilegios se conviertan en derechos de todos.

La lucha por los derechos ofrece otra lección, que comprendieron primero los humanistas y luego los ilustrados. Esa lucha, lo es también por la mayoría de edad y solo fructifica  cuando va de la mano del conocimiento, la ciencia, la educación, y la libre crítica, para vencer a la ignorancia, el prejuicio y el miedo, que vienen tantas veces de la mano y de la influencia que todavía tienen en nuestro pais quienes se arrogan la última y sagrada palabra sobre la vida y la muerte, instalados en las verdades indiscutibles de sus dogmas, que quieren trasladar no ya a sus fieles -lo que es legítimo-, sino a la sociedad civil toda, aunque ésta sea cada vez más abiertamente plural y laica. Por eso la importancia de una educación universal, pública y gratuita.

En definitive, en esto consiste la política de laicidad, como alma de la democracia: en la igual libertad de todos, en el reconocimiento de la mayoría de edad de los ciudadanos para decidir sobre su propio destino, sin sumisiones a poderes ajenos ni a mandatos que, por sagrados, son ajenos e inalterables. La lógica de esa política de laicidad, la lógica de la democracia, es la del ideal ilustrado de la emancipación, pero también la de la igual libertad de todos los ciudadanos frente al discurso de desigualdad.

Por eso, además de dotar a la norma de un eficaz sistema de garantías, es necesaria una tarea de pedagogía cívica que explique el alcance y contenido de este nuevo derecho, que disipe los temores que podría suscitar en algún sector de la ciudadanía, que deje claro que esta ley no impone ni estigmatiza como susceptibles de eutanasia a nadie, a ninguna persona ni a ningún grupo: antes al contrario, se ofrece un derecho a quienes manifiesten de modo libre y fehaciente que necesitan ejercerlo.

Estoy seguro de que esta ley se abrirá camino, porque la avalan buenas razones de orden jurídico, moral y político. Y porque nos empeñaremos en toda la pedagogía civil necesaria para conseguir que se entienda bien.

Señorías: Para concluir quisiera recordarles la bellísima oración por una muerte propia, der eigenen Tod, que se contiene en los versos uno de los más grandes poetas de nuestra cultura, R.M. Rilke, en el Libro de la pobreza y de la muerte, el tercero de los que componen su Libro de Horas, dedicado a esa mujer excepcional que fue Lou Andreas Salomé, esa en la que pide

Oh, Señor, da a cada uno su muerte propia/El morir que brota de su vida

En la que hubo amor, sentido y necesidad/Pues sólo somos corteza y hoja/

Y la muerte que cada uno lleva en sí es el fruto en torno al cual todo gravita

Señorías, demos la oportunidad de escoger su muerte propia a quienes así lo manifiesten libremente. Es la oportunidad que no se les puedo ofrecer a Maribel y a María José, cuyos familiares nos acompañan en la tribuna de invitados.

Señorías, como profesor de Derecho que he dedicado buena parte de mis cuarenta años de profesión a la docencia e investigación en derechos humanos, les pido que levanten sus vetos y se unan al objetivo de esta ley, que no es otro que el de la lucha contra la crueldad y contra la discriminación ante la muerte, dos objetivos que pueden hacer que el Derecho, en lugar de ser experimentado como una cadena que aherroja al más débil, pueda ser una eficaz palanca para la igual libertad.

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