LA RESPONSABILIDAD DEL POLITICO Y EL SENTIDO DE LA OPORTUNIDAD. Versión extensa del artículo publicado en Infolibre, el 7 de agosto de 2020

El sentido de la oportunidad, obviamente, no es lo mismo que el oportunismo. No hace falta decirlo muy alto para que se entienda: entre las condiciones que ha de reunir quien se dedica a la gestión de la cosa pública, este sentido de la oportunidad, que significa entre otras cosas saber medir los tiempos y saber priorizar los objetivos, es lo que distingue a un estadista, incluso a un político responsable, de un aficionado y no digamos de un aventurero. Mi compañero en el Senado, el profesor Manuel Cruz, lo ha explicado con mucha claridad en un reciente y muy agudo artículo en estas mismas páginas de Infolibre (https://www.infolibre.es/noticias/opinion/plaza_publica/2020/08/05/pequena_teoria_del_fusible_109681_2003.html).

Todo esto viene a cuento de la tremolina a la que asistimos en prensa, radio y televisión sobre el alcance que debe tener la censura a los actos en los que venía incurriendo desde hace tiempo Juan Carlos de Borbón y de los que hemos ido descubriendo indicios más que serios (aunque sospechar, vaya que se sospechaba). Por supuesto, añado de inmediato que, desde el punto de vista jurídico, la presunción de inocencia le debe proteger en todo momento, como a cualquiera, hasta que, llegado el caso y, si se sustancien procedimientos judiciales, recaiga una decisión firme. Item más: diré que esa posibilidad es algo que me parece hoy por hoy poco previsible y bien que lo lamento, porque considero preferible que se deduzca jurídicamente la responsabilidad en la que haya incurrido, por el bien de todos; empezando por el mínimo respeto debido al Estado de Derecho y a la igualdad ante la ley. La inusitada, inaceptable extensión del concepto de inviolabilidad, tal y como la vienen sosteniendo los letrados del Congreso, se erige hoy como una formidable barrera, a mi juicio, contra toda lógica jurídica elemental. Una lógica que la muestra, además, como una interpretación incompatible con la más elemental lógica democrática. Lo han puesto en evidencia, por ejemplo, dos recientes y magníficos artículos del profesor Carbonell (en el blog alrevesyalderecho, de @_infolibre: http://blogs.infolibre.es/alrevesyalderecho/?p=5529ue)

 y del profesor Arbós (https://www.elperiodico.com/es/opinion/20200804/la-monarquia-en-crisis-por-xavier-arbos-8064743?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=cm).

Dicho esto y por conocido que sea, habrá que insistir en que otra cosa bien distinta es la responsabilidad ética y la política, respecto a las cuales hay sobradas evidencias de que el rasero que maneja el personaje está, desde hace tiempo, muy por debajo de lo que cabría no sólo esperar, sino exigirle. Aquí el daño ocasionado a los ciudadanos y a las instituciones es muy considerable.

Sin duda, ha de distinguirse la crítica a los actos de una persona, Juan Carlos de Borbón, de la crítica a la institución, la monarquía. Añadiré de inmediato que eso no significa que la institución -la monarquía- sea sagrada y exenta de crítica. En democracia, la libertad de expresión, manda. Nada ni nadie están exentos de crítica. Las Constituciones no son tablas de la ley que debamos aceptar como dogmas revelados, incuestionables. Y tampoco cabe aducir que el consenso constitucional alcanzado hace cincuenta años sea eterno e inmutable, porque, por mucho que aceptemos el brocardo «vox populi, vox Dei», ese consenso poco tiene que ver con la voz de Dios frente a la que sólo quepa decir «amén». Entre otras cosas, porque la voz del pueblo puede cambiar y de hecho, cambia.

Así que, por supuesto, respeto a la Constitución y a sus instituciones, de las que forma parte la monarquía parlamentaria. Pero bienvenida toda la crítica, sobre todo si sirve para corregir aspectos manifiestamente mejorables, como la mencionada interpretación de la inviolabilidad del Jefe del Estado, o la evidente e inaceptable discriminación que se introdujo en el texto del artículo 57.1 a la hora de establecer el criterio de sucesión en la corona. En 1978 se estableció una discriminación en contra de la mujer que, cincuenta años después, no hay cómo justificar. Como tampoco parece justificable que un monarca parlamentario sea el Jefe de las Fuerzas Armadas, en lugar del ministro de Defensa -es decir, el Gobierno-. Ya sé que esa condición pudo jugar a favor de la democracia en el oscuro episodio del 23 de febrero. Pero el mismo argumento sirve para entender cuán frágil es una democracia en la que el papel del Ejército (encima, si se le atribuye constitucionalmente la garantía de la integridad del territorio) depende de la firmeza de las convicciones democráticas del rey.

Libre crítica, pues. Pero, como recordaba al comienzo de estas líneas, eso no excluye que sea exigible al político, por responsabilidad, un mínimo de sentido de la oportunidad y del bien común. Y aquí es donde a mi juicio debe criticarse la ausencia de una y otra en quienes, desde la condición de representantes de los ciudadanos -e incluso desde el gobierno- hacen un llamamiento a un referéndum inmediato para decidir sobre la forma de Estado: monarquía o república. Creo que no es sólo una opinión entre otras la que aconseja abstenerse de animar aquí y ahora esa propuesta. Me parece evidente que, en medio de la situación de crisis más grave que haya vivido Europa y desde luego nuestro país desde hace un siglo, carece del sentido de la oportunidad y, por ende, como vengo sosteniendo, no está a la altura de la responsabilidad política exigible quien exige abrir en este momento nada menos que el proceso de revisión constitucional más complejo, el que afecta al Título Preliminar  que incluye el modo de Estado (monarquía o república). En efecto, como deberían recordar sus promotores, de acuerdo con el artículo 168 del título X de la Constitución (la verdad, uno duda de que lo tengan en cuenta o lo hayan leído bien: https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=166&fin=169&tipo=2), esto supondría nada menos que embarcarse en este momento en dos convocatorias electorales con mayorías muy cualificadas de las Cámaras y eso, en su caso, si se consigue la aprobación de la reforma. Quiero que se me entienda bien. El mío no es un razonamiento del tipo “no están maduras…ni lo estarán”. Por eso, añadiré que, a mi juicio, la opción del constituyente que se concreta en esos artículos 167 y 168 y que se conoce como modelo rígido, que complica enormemente de hecho la reforma constitucional, aunque tenga su apoyo en el deseo de estabilidad política, ofrece asimismo el inconveniente de dejar en la práctica como única opción real el <proceso deconstituyente> (no quiero emplear términos como el de ruptura y revolución). O, simplemente, la vía de hecho, de situarse al margen de las reglas (de la propia Constitución) cuando se discrepa de lo que hay. Me parece que emplear ahora todos los esfuerzos que requeriría esa propuesta, se opone a lo que aconseja una elemental prudencia, salvo que seamos partidarios de senderos luminosos y de sus profetas, como parece serlo el President Torra, quien, a mi juicio, y con el debido respeto a quien ostenta la dignidad de la Presidencia de la Generalitat de Catalunya, continuamente se atribuye (quizá por sus convicciones católiconacionales) la condición de intérprete supremo y casi profeta de todo el pueblo de Catalunya y, de paso, de la democracia y aun de la verdad; sin el menor sentido político de la oportunidad y de la responsabilidad, por cierto.

Soy republicano confeso. No de nacimiento: diré que no he tenido esa ventaja genética y en mi caso esa convicción es producto de años de dudas, de estudio y también de observación de la experiencia. Lo seré, creo, hasta mi muerte. He criticado reiterada y públicamente a la monarquía restaurada en la persona de J.Carlos de Borbón y sobre todo al propio monarca, por el afán de impunidad que progresivamente ha ido mostrando un rey al que, contra toda evidencia, seguimos considerando rey cuando hay otro que ejerce esa función de Jefe del Estado. Y lo que es peor, lo llamamos emérito, cuando a todas luces, no merece ese calificativo. Por ejemplo, en su momento argumenté públicamente que el procesamiento de su yerno, el Sr Urdangarín, en el caso Noos era una solución vicaria frente a la que correspondía, pues, a mi juicio, el verdadero responsable del entramado de corrupción que involucraba a la casa real y a su familia -comisionista alemana mediante- parecía el propio Juan Carlos I, que alentaba un entorno de privilegios, comisiones y negocios. Considero que su comportamiento, desde hace muchos años, está manifiestamente al margen del mínimo tolerable. Creo que D. Juan Carlos de Borbón está imbuido de la íntima convicción de que su inviolabilidad es patente de corso para una impunidad que le protege contra todos los desmanes que pueda cometer y contra la confusión continua entre lo público y lo privado. Una tentación que, a mi juicio, es mucho más frecuente en monarquías que en repúblicas. Sobre todo, cuando se sigue pensando en el monarca en términos de una legitimidad que se confunde con el origen dinástico y no con la única fuente de legitimidad en democracia, que es la voluntad del soberano: y en democracia el soberano es el pueblo, que expresa su voluntad a través de la Constitución refrendada por él.

Dicho de otro modo: en una monarquía constitucional, el rey, como Jefe de Estado, no es otra cosa que un alto funcionario -el más alto, desde luego- al servicio de la salud del pueblo, la de los ciudadanos y en ello, cierto, no se distingue mucho del presidente de una república no presidencialista como la alemana, salvo en que el cargo es vitalicio y se transmite por nacimiento, que no son pequeñas diferencias. Esto es algo que hace mucho tiempo parece haber olvidado D. Juan Carlos de Borbón, si es que alguna vez lo entendió. El servilismo de cuantos le jalearon, desde la clase política, los medios de comunicación y los centros financieros de poder que ahora tratan de hacernos ver que poco tienen que ver con él, al sostener que el rey había «concedido» la democracia al pueblo español (ignorando que esa es en sí una locución envenenada, además de un sofisma), ayudó no poco a crear esa injustificada pretensión. Quizá en no pocos casos, además, no hubo tanto servilismo, cuanto la utilización de esa coartada del rey popular e intachable para el propio beneficio de esos centros de poder, beneficio del que se hacía partícipe a Juan Carlos de Borbón, obsesionado a todas luces por garantizarse una fortuna que nunca le pareció suficiente. Es verdad que el actual rey, Felipe VI, ha avanzado en algunas medidas que suponen una mayor transparencia en la administración del presupuesto de la Casa Real y en la rendición de cuentas. Tampoco era muy difícil, viniendo como se venía de un régimen de absoluta opacidad y discrecionalidad. Pero queda mucho por hacer para convertir la monarquía en una institución realmente transparente. No digamos, exenta de privilegios que casan mal con una sociedad democrática y avanzada. Porque privilegio injustificable es, por ejemplo, la opacidad sobre el destino de Juan Carlos de Borbón fuera de España, cuando resulta que sigue sin renunciar al título de rey con lo que ello comporta de gastos públicos en su seguridad. Como privilegio inaceptable es el dictum de la consorte del rey según el cual “tiene derecho a vacaciones” y a privacidad respecto a cómo la toma, dónde y cuánto cuesta. Porque doña Letizia debería ser consciente de que su status privilegiado -y muy privilegiado- de consorte del rey, no la protege sólo de lunes a viernes, en horario de oficina. Los sábados, domingos y fiestas de guardar, sigue gozando de él, y a costa de los contribuyentes, que somos los paganos de escoltas, seguridad y tren de vida que poco tienen que ver con el de la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles. Así que tenemos derecho a saber dónde, cuándo y cómo gasta nuestros impuestos, con los que, insisto, se paga esa vida de privilegio.

Pero, insisto, la tarea de los gobernantes y de quienes tienen alguna responsabilidad política (modestamente, me incluyo como senador) es la de medir los tiempos y actuar con prudencia, siempre en aras de la salud del pueblo, de los ciudadanos. Por todo eso, creo que tiene razón quien, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y como ha expresado la vicepresidenta Calvo, tiene claro ese precepto máximo enunciado por Cicerón (salus populi suprema lex esto), esto es, el primer imperativo que debe guiar las decisiones políticas. Y eso quiere decir que la primera regla de conducta es la salud de los ciudadanos: su salud en el sentido vital, pero también su salvación frente a las amenazas de caer en la miseria, en la pérdida del trabajo, de la vivienda, de la capacidad económica para atender gastos elementales. Todo ello, ahora y aquí, exige a mi juicio no aventurarse en este momento en revisar el consenso constitucional sobre la forma de Estado, mediante una reforma constitucional -insisto, legítima- de tal envergadura que comportaría añadir un considerable período de incertidumbre en el peor contexto posible.

Ya me gustaría que dispusiéramos de una situación de mínima bonanza económica y estabilidad, en nuestro país, en Europa, en el mundo y que las prioridades fueran entre otras, una de las que considero propias de la lógica democrática. Lo es, a mi juicio, la adecuación de la forma de Estado a lo que piense la mayoría de los ciudadanos que, estoy convencido, a muy corto plazo será la república. Pero desgraciadamente, y aún más debido a la forma absolutamente imprevista en que nos ha sorprendido la crisis, la situación hoy no es esa. Un gobernante responsable no puede tener ahora otra prioridad que asegurar el máximo consenso y la mayor eficacia en la respuesta a la crisis sanitaria, económica y social causada por la pandemia. Puede y debe censurar lo que le parezca reprobable, por supuesto. Faltaría más. Pero un gobernante responsable no puede permitirse aquí y ahora dejar de poner el mejor de sus esfuerzos y concentrar los esfuerzos de todos, de todos, en lo que es más que urgente, imprescindible: en conseguir que, mediante una negociación lo más transparente posible entre todos los actores implicados (que somos todos, no sólo los partidos políticos y los representantes de las diferentes administraciones públicas, sino todos los ciudadanos, todos los actores de la sociedad civil), se llegue a alcanzar acuerdos que aseguren que podamos atender con medidas efectivas, adecuadas, proporcionadas, las necesidades de nuestros ciudadanos frente a la crisis sanitaria, económica y social que ya tenemos encima y que en los próximos meses se va a agudizar, desgraciadamente. Un político responsable, ahora y aquí, no debiera tener otra prioridad que nos distrajera de ésta, aunque sea legítima, aunque responda a su propia ideología y programa. La estatura política se evidenciará, a mi juicio, en la responsabilidad que comporta asegurar esa finalidad, lo que incluye no excitar a la opinión pública a exigir objetivos que distraigan del único objetivo aceptable y legítimo, conforme al mandato en el que insisto machaconamente. Por eso, me atrevo a pedir a los republicanos de convicción que repitan conmigo el principio que Cicerón dejó escrito en su tratado sobre la república: salus populi suprema lex esto. No es demasiado difícil dirimir lo que ello exige aquí y ahora, aunque nos cueste una vez más posponer la decisión que corresponde al pueblo soberano sobre la forma de Estado. Trabajemos ahora para mejorar las condiciones de todos en la crisis, para adelantar la reconstrucción y así hacer posible que ese pronunciamiento pueda llegar más pronto que tarde.

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