El sentido de la oportunidad no es lo mismo que el oportunismo. Y no hace falta decirlo muy alto: entre las condiciones que ha de reunir quien se dedica a la gestión de la cosa pública, este sentido de la oportunidad, saber medir los tiempos, saber priorizar los objetivos, es lo que distingue a un estadista incluso a un político responsable, de un aficionado y no digamos de un aventurero.

Todo esto viene a cuento de la tremolina a la que asistimos en prensa, radio y televisión sobre el alcance que debe tener la censura a los actos de los que hemos ido descubriendo indicios más que serios (aunque sospechar, vaya que se sospechaba) en los que venía incurriendo desde hace tiempo Juan Carlos de Borbón. Y, por supuesto, añado de inmediato que la presunción de inocencia le debe proteger en todo momento desde el punto de vista jurídico, como a cualquiera, hasta que, llegado el caso y si se sustancien procedimientos judiciales (algo que me parece hoy por hoy poco previsible y añado que lo lamento) recaiga una decisión firme. La inusitada, inaceptable extensión del concepto de inviolabilidad tal y como la vienen sosteniendo(a mi juicio, contra toda lógica jurídica elemental) los letrados del Congreso, se erige hoy como una formidable barrera, pese a la argumentación que la muestra como una interpretación incompatible con la más elemental lógica democrática, como han puesto en evidencia recientes artículos de los profesores Carbonell y Arbós, sin ir más lejos. Otra cosa es la responsabilidad ética y la política, respecto a las cuales hay sobradas evidencias de que el rasero que maneja el personaje está muy por debajo de lo que cabría no sólo esperar, sino exigirle.

Sin duda, ha de distinguirse la crítica a los actos de una persona, Juan Carlos de Borbón, de la crítica a la institución, la monarquía. Añadiré de inmediato que eso no significa que la institución-la monarquía- sea sagrada y exenta de crítica. En democracia, la libertad de expresión, manda. Las Constituciones no son tablas de la ley que debamos aceptar como dogmas inmutables. El consenso de hace cincuenta años, por mucho que aceptemos el brocardo «vox populi, vox Dei», no es la voz de Dios frente a la que sólo quepa decir «amén». Entre otras cosas porque la voz del pueblo puede cambiar y de hecho cambia.

Otra cosa, a su vez, es que sea exigible al político, como recordaba al comienzo de estas líneas, un mínimo de sentido de la oportunidad y del bien común. No parece que, en medio de la situacion de crisis más grave que haya vivido Europa y desde luego nuestro país desde hace un siglo, sea lo más oportuno abrir nada menos que un proceso de revisión constitucional, el que afecta al modo de Estado (monarquía o república) que, como deberían recordar sus promotores, de acuerdo con la Constitución supondría dos convocatorias electorales y, en su caso, la aprobación de la reforma. Salvo que seamos partidarios del sendero luminoso y de sus profestas, como parece serlo el President torra que continuamente se atribuye (quizá por sus convicciones católiconacionales) la condición de intérprete supremo y casi profeta de todo el pueblo de Catalunya y de paso, de la democracia y aun de la verdad. Sin el menor sentido político de la oportunidad y de la responsabilidad, por cierto

Soy republicano confeso (no de nacimiento: diré que no he tenido esa ventaja genética y en mi caso esa convicción es producto del estudio y de la experiencia) y lo seré, creo, hasta mi muerte. He criticado reiterada y públicamente a la monarquía restaurada en la persona de J.Carlos de Borbón y sobre todo al propio monarca, por el afán de impunidad que progresivamente ha ido mostrando un rey al que contra toda evidencia llamamos emérito (pues, a todas luces, no merece ese calificativo). Considero que su comportamiento, desde hace muchos años, está manifiestamente al margen del mínimo tolerable. Que está imbuido de que su inviolabilidd es patente de corso para una impunidad que le protege contar todos los demanes que pueda cometer y contra la confusión continua entre lo público y lo privado, una tentación que es mucho mas frecuente en monarquias que en Repúblicas, sobre todo cuando se sigue pensando en el monarca en términos de legitimidad que se confunde con el origen dinástico, y no con la voluntad del soberano, que es el pueblo. no el rey. En una monarquía constitucional el rey es un funcionario al servicio de la salud pública, la de los ciudadanos. Esto es algo que hace mucho tiempo olvidó D. Juan Carlos de Borbón, si es que alguna vez lo entendió. El servilismo de cuantos le jalearon al sostener que el rey había «concedido» la democracia al pueblo español (ignorando que esa es en sí una locución envenenada, además de un sofisma) ayudó no poco a esa perversa ilusión. por mi parte, por ejemplo, su momento arguementé que el procesamiento de Urdangarín era una solución vicaria frente a la que correspondía, pues, a mi juicio, el verdadero responsable del entramado de corrupción que involucraba a la casa real y a su familia -comisionista alemana mediante- parecía el propio Juan Carlos I, que alentaba un entorno de privilegios, comisiones y negocios.

Pero, insisto, la tarea de los gobernantes y de quienes tienen alguna responsabilidad política (modestamente, me incluyo como senador) es la de medir los tiempos y actuar con prudencia siempre en aras de la salud del pueblo, de los ciudadanos. Por todo eso, creo que tiene razón quien, como el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y como ha expresado la vicepresidenta Calvo, tiene claro que ese precepto máximo enunciado por Cicerón (salus populi suprema lex esto), esto es, la salud de los ciudadanos, su salud en el sentido vital, pero también su salvación frente a las amenazas de caer en la miseria, en la pérdida del trabajo, de la vivienda, de la capacidad económica para atender gastos elementales, ahora y aquí, exige no aventurarse en este momento en una reforma constitucional de esta envergadura.

Ya me gustaría que dispusiéramos de un contexto de mínima bonanza económica y estabilidad, en nuestro país, en Europa, en el mundo y que las prioridades fueran entre otras, una de las que considero propias de la lógica democrática, esto es, la adecuación de la forma de Estado a lo que piense la mayoría de los ciudadanos que, estoy convencido, a muy corto plazo será la república. Pero desgraciadamente, de manera que nos ha sorprendido a todos, la situación hoy no es esa. Un gobernante responsable no puede tener otra prioridad. Puede y debe censurar lo que le parezca reprobable, por supuesto. Faltaría más. Pero un gobernante responsable no puede permitirse aquí y ahora dejar de poner el mejor de sus esfuerzos en lo que es más que urgente, imprescindible: en llegar a acuerdos que aseguren que podamos atender con medidas efectivas, adecuadas, proporcionadas, las necesidades de nuestros ciudadanos frente a la crisis sanitaria, económica y social que ya tenemos encima y que en los próximos meses se va a agudizar, desgraciadamente. Un político responsable, ahora y aquí, no debiera tener otra prioridad que nos distrajera de ésta, aunque sea legítima, aunque responda a su propia ideología y programa.La estatura política se evidenciará, a mi juicio, en la responsabilidad, que incluye no excitar a la opinión pública a exigir objetivos que distraigan del único aceptable y legítimo conforme al mandato en el que insisto machaconamente: salus populi suprema lex esto.