Me sorprende la débil respuesta ante lo que considero insensatas declaraciones de la Sra Paluzie y el Sr Mauri (líderes de dos ONGs de enorme peso en la sociedad civil catalana) y a las más previsibles de los portavoces de la CUP y de la belicosa diputada Borrás, sobre la necesidad del recurso a la violencia frente a la «verdadera» violencia, la del Estado. Son declaraciones de una gravísima irresponsabilidad. Porque son lo contrario de la necesaria pedagogía social y resultan incompatibles con la paz social, sin la que no hay proyecto político aceptable.

Añadiré que me sorprende que no se advierta su coincidencia con el hilo argumental de Vox y su entorno, que también legitiman el recurso a la violencia, como sucedió por ejemplo el lunes de la semana pasada en el campus de Tarongers de la Universitat de Valencia, con pintadas que llamaban a la respuesta violenta frente a la «agresión catalanista» que suponía una mesa redonda en la que intervenía entre otros el exdiputado Joan Tardá. Pitadas y mensajes que emborronaban el lugar más sagrado de una Universidad, su biblioteca: en este caso, la Biblioteca Gregorio Mayans de Ciencias Sociales.

Esa línea argumental, según la cual cuanto más destrucción y más conflicto, mejor (ya puestos, ¿por qué no? algún muerto, como avisa Abascal), porque todo lo justifica el fin de ocupar espacio mediática en las primeras páginas de la prensa internacional y los prime time, supone el final de la barrera entre civilización y barbarie. No hay sociedad que pueda sobrevivir a la «legitimación» del recurso privado a la violencia, a la falacia de su normalización como «autodefensa», frente al Estado de Derecho. Sólo tiene sentido la apelación a la autodefensa en una situación de guerra de todos contra todos, no en una democracia, por imperfecta que sea. Y, en todo caso, ya sabemos en qué acaba la apelación a la autodefensa, en el derecho del más fuerte. Y recordaré que <el más fuerte> no es sólo ni necesariamente el más violento, sino el que tiene más recursos para aguantar en esa situación. Porque la normalización del conflicto afecta sobre todo a los más vulnerables: la burguesía resistirá mejor que los parados y los jóvenes frustrados a quienes, explotando su comprensible indignación, se utiliza una vez más como carne de cañón.

Algún día, creo, habrá que hacer balance también de la responsabilidad de tantos periodistas, politólogos, sociólogos y opinadores que se han dedicado a predicar que el Derecho es un elemento prescindible, incluso una rémora, frente a la necesidad de esa nebulosa llamada «hacer política», como si fueran términos alternativos. Una irresponsabilidad en la que concurre la desgraciada renuncia al discurso racional en política, sustituido por la instrumentalización de emociones y sentimientos, por la multiplicación de la irracional lógica del agravio. Por supuesto que el Derecho no es nada más que una condición y no se resuelven los problemas políticos (menos aun los problemas sociales reales) sólo con el recurso a las leyes y a los tribunales. Pero es que el Derecho (las leyes, los tribunales) es nada menos que la condición imprescindible para que se pueda hacer política. Este imprescindible objetivo no es posible sin el respeto al Derecho: a las leyes, a los tribunales, y a los recursos jurídicos frente a leyes y sentencias que consideremos injustos.

Con todo, es cierto que en el detrimento de la cultura de respeto al Estado de Derecho y a la democracia, a las reglas de juego, concurre el total alejamiento de la política institucional respecto a los problemas sociales reales, que son los de la desigualdad real: el acceso de los jóvenes al trabajo y la vivienda digna, las condiciones de trabajo y fiscales de los autónomos, la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios, la ausencia de una real política familiar como la que existe en Francia o en Finlandia, el abandono de los pensionistas y de los parados mayores de 50 años, las medidas efectivas de conciliación familiar, la igualdad salarial entre mujeres y hombres, étc. Por no hablar del fracaso en la lucha contra la lacra de la violencia de género (fracaso es que sigan produciéndose feminicidios al ritmo de uno a la semana) y la palabrería vacía en torno a la urgencia primordial: medidas eficaces contra la emergencia climática.

Necesitamos una cultura de respeto al Derecho. Pero no será viable si el Derecho, al fin y al cabo un instrumento de mediación social, no transmite medidas eficaces en la lucha contra la desigualdad, esto es, al servicio del interés general, comenzando por el de los más vulnerables. Si el Derecho no es percibido como un vehículo de respuestas reales a las preocupaciones y problemas reales, sino como la cáscara de intereses ajenos, de élites, todos nuestros esfuerzos por una pedagogía a favor del respeto al Estado de Derecho, a la democracia, será inútil. Eso es en buena medida la labor de los legisladores que elijamos el 10 de noviembre y un criterio para decidir el voto.