PRESENTACIÓN DEL LIBRO “DERECHOS HUMANOS Y CONSTITUCIÓN”, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 23.01.2019

Gracias, querido José Manuel Rodríguez Uribes, coeditor, por la deferencia de cederme la intervención en nombre de los coordinadores y de los autores del libro que presentamos esta tarde.

Quiero agradecer a la Directora del CEPC, la profesora Yolanda Gómez, su cordial hospitalidad. Difícilmente podíamos aspirar a un lugar más adecuado para presentar un libro como éste, Derechos humanos y Constitución, y eso vale todo nuestro reconocimiento.

Por supuesto, reitero también nuestro agradecimiento a la Dra Camen Calvo, Vicepresidenta del Gobierno, constitucionalista de acreditada trayectoria y de quien depende orgánicamente el Centro, por haber aceptado clausurarlo.

Desde luego, no sería justo que dejara de expresar el reconocimiento de los autores del libro a D Salvador Vives, director general de Tirant lo Blanch. Y ello porque, si pudimos plantearnos esta obra, fue por la iniciativa que nos planteó personalmente Salvador Vives a los dos directores de Institutos de derechos humanos de Universidades públicas, la Universitat de València y la Universidad Carlos III de Madrid, que éramos entonces (estoy hablando de finales de octubre de 2017) Jose Manuel Rodríguez Uribes y yo mismo. La editorial ha hecho un esfuerzo específico para una línea de publicaciones con motivo del 40 aniversario de la Constitución, con títulos de gran prestigio. Es de agradecer, no ya sólo como profesores e investigadores que hemos encontrado la oportunidad de publicar nuestras reflexiones con motivo de esta conmemoración, sino simple y llanamente como ciudadanos.

Eso no quiere decir que el libro sea una <apología constitucionalista>, si me permiten la expresión. No podía serlo, ante todo, por respeto a la libertad académica y de crítica de los cuarenta autores. Pero es que tampoco ese fue nunca nuestro propósito.

Los coordinadores de este libro teníamos un claro punto de partida: jamás en nuestra historia hemos contado con un período semejante de reconocimiento de derechos humanos y constitucionales. Sí. Está justificada la dimensión de celebración del aniversario de la Constitución de 1978, que abrió el período más amplio de convivencia plural, desde un marco de garantía básica de derechos y libertades como jamás hemos conocido en la historia de España. ¿Significa eso que vivimos en el mejor de los mundos posibles? Por supuesto que no. Ante todo, porque a lo largo de estos cuarenta años es evidente la existencia de déficits, incluso importantes, a la hora de garantizar de forma efectiva y equitativa estos derechos a todos los ciudadanos. Además, porque nunca se puede dar por acabada, por asentada, la lucha por este reconocimiento y garantía.

Los juristas y, si se nos permite decirlo, aquellos que tienen, tenemos como campo de trabajo –de docencia y de investigación- los derechos humanos y fundamentales, llevamos bien aprendida la lección de Ihering y sabemos que los avances en derechos se consiguen siempre mediante la lucha constante por ellos.

En ese sentido permítanme que reconozca cuán inspiradora me pareció la intervención de la congresista norteamericana Alejandra Ocasio-Cortez, en la reciente edición de la Marcha de Mujeres, en Nueva York, el sábado pasado; manifestaciones que no son sólo marchas anti Trump, sino mucho más: un impulso social, jurídico y político que enlaza y renueva el movimiento de derechos civiles. Creo que representa bien las convicciones de muchos de nosotros sobre cómo entender esa encarnación histórica de la justicia que son los derechos humanos y cuáles son hoy las prioridades. Así lo proclamaba Acasio-Cortez, quizá con ingenuidad, aunque yo prefiero pensar que con el genuino sentimiento de justicia que es el alma de la lucha por los derechos (incluso cuando yerran, como nos recuerda el Michael Koolhas de von Kleist, al que tanto recuerdo en estos momentos de gilets jaunes y taxistas…):

“Justice is not a concept we read about in a book.

Justice is about the water we drink.

Justice is about the air we breathe.

Justice is about how easy it is to vote. Justice is about how much ladies get paid,” 

“Justice is about making sure that being polite is not the same thing as being quiet. In fact, oftentimes the most righteous thing you can do is shake the table.”

Claro que esa lucha no es sólo confrontación social. Porque también se lucha por los derechos aplicándose en su pedagogía, en el debate abierto y en la investigación.

Reivindicamos precisamente esa dimensión de docencia e investigación, que va más allá de la información, de la formación básica y especializada y de la transferencia de conocimientos en lo que nos gusta llamar cultura de los derechos y que consideramos base imprescindible para la tarea política por excelencia, esa permanente paideia que es la formación crítica de la ciudadanía. Sin el conocimiento de los derechos de los que son titulares, sin la conciencia de que su condición de señores del Derecho, de señores de los derechos, compromete a los ciudadanos en una actitud de vigilancia, de control y de ejercicio que va más allá del mero uso y disfrute de los mismos, no hay ni Estado de Derecho ni democracia que no se degraden. La cuestión, pues, es mantener despierta esa disposición.

En este sentido, instrumentos como los Planes nacionales de derechos humanos pueden ser usados para fomentar la cultura y la conciencia de los derechos, de la necesidad de luchar por ellos. Saludamos como una magnífica noticia la decisión del Gobierno, que acabamos de conocer, de poner en marcha un segundo Plan de Derechos humanos, desde el marco de la Agenda 2030. Y pediremos que entre los objetivos de ese plan se encuentre la docencia, desde secundaria, de los derechos humanos, un instrumento de docencia no sólo acorde con los requerimientos de UNESCO, de la ONU, sino mucho más asequible y concreto, más útil a nuestro juicio para desarrollar una conciencia ciudadana crítica, que el de introducir asignaturas sobre valores o principios éticos, siempre difíciles de concretar en una sociedad plural. La ética pública común son los derechos humanos. El respeto al otro, a la pluralidad, desde la igual libertad, se aprende mejor con esa enseñanza de los derechos: estamos convencidos. Hasta ahora no hemos tenido mucho éxito en las propuestas dirigidas a la ministra de Educación a este respecto, pero no cejaremos.

Los autores, insisto, estamos convencidos de que mantener despierta esa disposición significa, en nuestro caso, seguir investigando para comprender y hacer progresar el reconocimiento y la garantía efectiva de los derechos humanos y fundamentales. No buscamos “la verdad”, las leyes necesarias de la experiencia o de la lógica, que no existen en este terreno. Tratamos de mejorar la satisfacción de necesidades a través de los derechos y también buscamos cómo responder a los desafíos que comporta la aparición de nuevas necesidades y de nuevas amenazas o riesgos para su satisfacción.

Por eso, propusimos a un nutrido grupo de investigadores la elaboración de un estudio que planteara no sólo la situación de los derechos humanos reconocidos en la Constitución sino sobre todo sus perspectivas de futuro. En el libro colaboran también destacados constitucionalistas y iuspublicistas. El objetivo es contribuir al debate sobre las prioridades a reconocer y proteger, incluso, a incluir desde la Constitución española que cumple 40 años y que requiere un impulso que, probablemente, exige reformas, que no sólo responden a profundos cambios en el contexto social, sino sobre todo para atender a necesidades sociales, a nuevos problemas y a perspectivas ideológicas que difícilmente tenían cabida en 1978.

Todo esto explica la metodología que seguimos para responder a la propuesta de Salvador Vives. Era perfectamente posible seguir el camino de la exégesis jurídica, esto es, un comentario de todos y cada uno de los artículos del título primero de la Constitución, consagrado a los <derechos y deberes fundamentales>. Sin embargo, preferimos otro planteamiento que diera cuenta de los derechos sobre todo en clave de futuro, como programa a desarrollar, como propuesta inacabada, en permanente construcción y adaptación al contexto, a las necesidades concretas.

Antes de hablar de los derechos, desde luego, era necesario situar (I) El modelo constitucional. Esa es la razón de los capítulos que firman los reconocidos constitucionalistas el profesor Javier García Fernández y el profesor Guillermo Escobar, que realizan ese análisis no sólo en clave de balance de lo realizado sino también, como se verá en el resto del libro, con la mira puesta en su evolución, en las posibilidades de que sigan siendo critrios de solución en el futuro. Pero también es necesario explicar la relación entre la prioridad de los derechos y el modelo de democracia participativa propio de nuestra Constitución, algo de lo que se ocupa otro prestigioso constitucionalista, el profesor Miguel Presno.

El modelo constitucional de derechos implica asimismo una apuesta por (II) Los valores y principios constitucionales, cuya garantía y desarrollo no es una cuestión neutra –<técnica>, como dirían algunos- sino que nos comprometen a todos, a los poderes públicos y a los ciudadanos. Se trata de la igualdad, la libertad, la seguridad, la justicia y la solidaridad. Encargamos su examen a nuestros colegas María José Añón, Rafael Escudero, Jesús Ignacio Martínez García y Fernando Llano. Además de esos principios, a nuestro juicio, hay otro que inspira y -bien entendido y desarrollado- ofrecería un fundamento coherente con la universalidad para la acción de reconocimiento de los derechos, el de laicidad, del que se ocupa el propio profesor Rodríguez Uribes. Y también consideramos vinculado al principio de libertad el análisis de la función de la pena en un Estado garantista de Derecho, algo que es analizado por la profesora Vicenta Cervelló.

La cuestión de (III) Los sujetos de los derechos contemplados en la Constitución exige tener en cuenta algo que no podían contemplar los constituyentes, esto es, la dimensión europea presente en el reconocimiento y garantía de los derechos, tal y como explica el profesor Félix Vacas y, asimismo, una cuestión clave en el modelo de democracia inclusiva: la extensión de la condición de sujeto de derechos a los extranjeros hasta la posible plena equiparación, un problema que es estudiado por la profesora Angeles Solanes. Hay otros dos aspectos relacionados con este bloque, la aparición de nuevos sujetos de derechos, cuestión que es abordada por el profesor Oscar Pérez de la Fuente. Además, los niños no son, no deberían ser una nueva categoría de derechos, pero sería ingenuo dejar de reconocer que su consideración como tales, la prioridad de la defensa del interés del menor, es una conquista reciente que no se contemplaba suficientemente en el texto constitucional: de ello se ocupa un especialista como es el profesor Ignacio Campoy. Por ultimo, en este tercer apartado, prestamos atención a la emergencia de un principio que se erige como contrapeso al límite del principio de igual soberanía de los Estados y su correlato de no intervención, cuando nos encontramos ante algunas grave violaciones de derechos humanos, tal y como ha definido la Convención de Roma. Nos referimos al novedoso instituto de la jurisdicción universal, que es estudiado por un especialista no sólo teórico, sino en su práctica ante los tribunales, el profesor Jose Elías Esteve.

En lo que se refiere al estudio de algunos de los derechos que nos han parecido particularmente relevantes desde el punto de vista de la evolución de su reconocimiento y protección, -insisto, también como programa de futuro-, encontramos en un primer grupo los trabajos de los profesores Cristina García Pascual, Angel Pelayo, Juan Carlos Carbonell y Silvina Ribotta sobre diferentes aspectos del (IV) derecho a la vida y a la integridad física: del aborto y los derechos reproductivos, a la pena de muerte, la eutanasia o la tortura. Por su parte, los profesores Oscar Celador, Javier Ansuátegui, José Martínez de Pisón, Teresa Picontó y Rosario Serra abordan problemas relacionados con derechos emblemáticos desde el punto de vista de (V) Derechos indicadores de calidad democrática: la libertad ideológica y religiosa, la libertad de expresión (y la vexata quaestio de los delitos de odio), el derecho a la educación, el derecho al matrimonio y a la familia, y los derechos de las minorías en la democracia parlamentaria.

El bloque (VI) Sobre los derechos sociales, particularmente castigados en la gran depresión a la que ha tenido que hacer frente de forma particularmente dolorosa nuestro país en los últimos diez años, comienza con dos estudios que tratan de encuadrar el contexto social, político e ideológico del actual debate sobre los derechos sociales: el estudio de la profesora Belén Cardona sobre el futuro del derecho al trabajo y de los derechos sociales y el de la profesora Maria José Fariñas sobre la economía de mercado y el modelo constitucional. Los profesores Carlos Lema, Maria José González Ordovás y José Calvo abordan la discusión de tres derechos emblemáticos a este respecto, el derecho a la salud, a la vivienda y a la cultura.

La última parte del libro aborda (VII) Nuevos problemas, nuevos derechos. Comienza con dos estudios relacionados con el parteaguas que ha supuesto el 8 de marzo de 2018, no sólo en nuestro país, pero desde luego en él.

El primero, la apertura de la concepción de los derechos a la visión ecofeminista, que es planteada por la profesora Eugenia Rodríguez Palop. El ecofeminismo es una perspectiva nueva, que no existía en 1978 en nuestro país y apenas en el mundo, y que debemos a avances doctrinales en el seno del feminismo académico y político (no del feminismo como concepción de la igualdad, una concepción sin la que son imposibles la democracia y los derechos) y del ecologismo y la toma de conciencia de la prioridad del objetivo de desarrollo sostenible sin el que no tiene sentido la lucha por los derechos porque simplemente no habrá vida que defender. Eso es la Agenda 2030, en definitiva.

Además, la discusión de un auténtico problema social y de Estado, que muestra la brecha que afecta a la igualdad de derechos de las mujeres, la protección frente a la lacra de la violencia de género, estudiada por el profesor Manuel Calvo. Los déficits en el reconocimiento de derechos en situaciones de discapacidad y dependencia y la necesidad de respuestas específicas son objeto de estudio por las profesoras Patricia Cuenca y Maria del Carmen Barranco. Los derechos de las víctimas, en particular desde el punto de vista de un hecho que marca la historia de nuestro país, la represión que desató el franquismo ya desde el final de la guerra, son abordados por el profesor Javier Dorado. La nueva y vieja discusión acerca del derecho a la objeción de conciencia y de la desobediencia civil como derecho o como estrategia política es analizada por un filósofo del Derecho que ha reflexionado de forma continuada sobre diferentes aspectos de la cuestión, el profesor Eusebio Fernández. El debate sobre el impacto de la robótica y de las nuevas tecnologías desde el punto de vista de reconocimiento de los derechos constituye la contribución de uno de los iusfilósofos que ha dedicado en los últimos años mayor atención a estas cuestiones, el profesor Rafael de Asís. Finalmente, la profesora Ramón Chornet, que fue pionera en las Facultades de Derecho de nuestro país en la introducción de cursos sobre los derechos de los animales no humanos ofrece una reflexión sobre esta cuestión, que se afirma progresivamente como una frontera a superar en la lucha por el reconocimiento de los derechos.

Decíamos al comienzo de esta presentación que nuestro propósito no era sólo ni aun primordialmente el de la celebración, sino también y sobre todo el de ofrecer pistas sobre las tareas que debemos afrontar la etapa que se abre ahora en la lucha por los derechos desde esa referencia que es la Constitución española de 1978. Un texto que, sin duda, deberá experimentar transformaciones en los aspectos señalados y en otros que no hemos podido examinar aquí. Un marco normativo que, con las necesarias revisiones, debe seguir siendo útil para el desarrollo de una convivencia plural e inclusiva, para gestionar la egalibertad de todos.

 

 

 

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