No hay mal que por bien no venga. Vuelve y se populariza una discusión capital para una sociedad decente: la noción de legitimidad y con ella la relación entre leyes y voluntad popular, es decir, democracia. Como profesor de Filosofía del Derecho y Filosofía Política, en cierto modo, me siento feliz de que se discuta todo eso, siempre que sea sin insultos
Extremos a evitar: las tesis formalmente legalistas (strictu sensu) de quienes quieren identificar la legitimidad con la legalidad, sin más. Y, del otro lado, las populistas de quienes creen que todo lo que diga la mayoría del pueblo es la expresión pura de la justicia y la legitimidad.
Yendo un poco lejos, Sófocles con su Antigona, Shakespeare con Shylock, nos mostraron que consagrar la legalidad como justicia es una estupidez. Lo sabían los romanos y por eso los brocardos <summum ius summa iniuria>, pero también el <fiat iustitia pereat mundus>
No lo resolvió la paradoja de Rousseau con su distinción entre volonté générale y volonté de tous. Tampoco la solución de Weber, la legitimidad legal-racional, ni siquiera en la medida en que la ley sea no sólo racional, sino también expresión de la voluntad de la mayoría.
La historia nos muestra mil ejemplos de cómo la legalidad democrática no agota ni se identifica con la justicia. Y que, como ya apuntara Thoreau, la razón de uno solo (si ese uno solo tiene razón) puede valer más que la voluntad de la mayoría, si no la tiene. Thoreau inicia así la concepción moderna de un concepto no siempre claro, la desobediencia civil. Respecto a la desobediencia civil, confieso que he dedicado a estudiar ese concepto casi 40 años y sigo viendo necesidad de matices. Mi primer trabajo se titulaba «Por qué obedecer las leyes de la mayoría?», allá por el año 1981. Y no tengo claro que, por ejemplo, hoy en Catalunya, se esté utilizando desobediencia civil, por más que casi todos los actores del debate -si nos referimos al amplio y plural campo que denominaría soberanismo, a no confundir con el estrictamente independentista, lo que exige un esfuerzo- se reconocen en esa definición: son desobedientes, creen en la desobediencia como arma política incluso preferente (más allá de recursos demagógicos conmo los habituales en Rufián, carentes de argumentación más allá del spot propagandístico). Así sucede, desde luego en las CUP, desde el inicio. También en los Comuns (y no sólo con quienes proceden de Podem: Fachín): baste pensar en nombres como la propia Colau o Domenech, pero también Elisnda Alamany: a consultar la interesante entrevista que le hicieron en Pensament Critic (http://www.elcritic.cat/entrevistes/elisenda-alamany-hem-passat-dun-proces-il-lusionador-a-una-exclusio-del-dubte-i-la-discrepancia-17088). Lo mismo se advierte, aunque aprecio menor profundidad ideológica y mas evidente recurso a la herramienta, es decir, a las <prácticas de desobediencia civil> que no al concepto de desobediencia civil en ERC (el ejemplo es Tardá). Lo que es más paradójico es que gente de derecha, de orden, como el PDe Cat, hable de desobediencia cada vez más. Pero lo cierto es que, sin excluir la honradez entre los dirigentes del PDeCat (ahí está Carles Campuzano para acreditarlo, un ejemplo de político honrado, inteligente), el oportunismo a la Mas u Homs, les hace saltar por encima de las contradicciones más elementales.
me interesa destacar un matiz en el que no se repara habitualmente: hay que distinguir lo que es desobediencia civil (que siempre invoca un marco común de legitimidad y siempre es pacífica, y lo que impugna es una ley, o leyes, una sentencia, una decisión adminsitrativa, étc, no el sistema básico de legitimidad) y lo que son técnicas de desobediencia civil (sentadas, corte de calles, bloqueo de acceso a edificios oficiales, etc, etc: el manual de Zinn ofrece más de 150 ejemplos), que pueden ser utilizadas también por quien persigue la insurrección, la revolución. y que tienen en común ser no violentas. Y no niego que esas otras posiciones puedan tener justificación, aunque en una democracia, ese margen es muy, muy estrecho.
En líneas generales, diría que hoy en Catalunya se están utilizando de forma generalizada técnicas de desobediencia civil, pero no estoy tan seguro de que podamos hablar de desobediencia civil: porque buena parte de quienes actúan impugnan el marco común de legitimidad (la Constitución). Si eso es así, como en el caso de Gandhi, no estamos ante desobediencia civil, sino ante desobediencia revolucionaria, que emplea, sí, en la mayoría de los casos, técnicas de no violencia
Me parece que el error a evitar, en todo caso, es entrar en ese debate a base de slogans y simplismos, del tipo del enunciado por Josep Guardiola: «las leyes no pueden imponerse contra la voluntad del pueblo», o del tipo contrario, «la ley es la ley». Máxime si sabemos, como sabemos, de la fina línea entre democracia y demagogia, una relación sobre la que ya advirtiera Aristóteles y sobre la que insistió Tocqueville al denunciar el peligro de <tiranía de la mayoría> (Cuando una mayoría vota a favor de discriminar a una minoría, a favor de la tortura, a favor de la pena de muerte, a favor de un dictador, queda legitimada esa decisión?). Y si conocemos, como conocemos, las perversiones del formalismo jurídico, que pueden llevar a sostener que cualquier Estado es Estado de Derecho.
Añadamos que, desde Goebbels al menos, sabemos de la capacidad moderna de demagogia a través de la propaganda, del dominio de los media. Sabemos por la historia que, invocando el nombre, la voluntad de la mayoría («el pueblo»), se han justificado los peores horrores. Y sabemos cómo se ha usurpado la voluntad real de la mayoría de los ciudadanos por parte de élites o grupos que no son mayoritarios, pero sí hegemónicos, en poder institucional, económico, mediático.
O sea, que la relación entre democracia, justicia, legalidad y derechos humanos, da para discutir con calma…