Creo que lo primero que habría que recordar a propósito del aumento  supuestamente exponencial de los refugiados que tratan de llegar a Europa es que ni ese número es tan desproporcionadamente alto ni se trata de un tsunami, un desastre natural, una catástrofe tan descomunal como imprevisible. En segundo lugar, tampoco hay razones para calificarlos como una amenaza, una plaga. En el caso sirio, por ejemplo, los que llegan a Europa no suponen ni el 10% de los que alcanzan países como Líbano, Jordania, Iraq o Turquía.

Sus desplazamientos son consecuencia, en buena medida, de nuestras acciones y omisiones y son perfectamente previsibles. Baste pensar en Siria, Afganistán o Eritrea. En Libia o en Mali. Sabemos lo que sucedía allí, lo que aún sucede: era y es obvio que centenares de miles de personas buscarían refugio fuera de esos países. Por eso hay que rechazar tales tópicos, esas ideas recibidas de las que echan mano no pocos representantes políticos, pero también buena parte de los medios de comunicación cuando “analizan” la emergencia migratoria y de asilo a la que asistimos desde hace más de un año. Por eso hay que dejar claras algunas tesis.

La más importante es que los estados de la UE y la propia UE han estado violando (las más de las veces por omisión) obligaciones jurídicas vigentes respecto a esos centenares de miles de personas. Para entendernos: ante los refugiados no hay un problema de falta de sensibilidad, de humanidad o de caridad. No. La omisión de cumplimiento de esos deberes es un ilícito jurídico. El que nace de incumplir o violar los deberes jurídicos contenidos en la Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de Nueva York de 1967 sobre refugiados. El mismo tipo de ilícito que el que supone cualquier violación del cumplimiento de las leyes vigentes (Código de Circulación, por ejemplo) que podamos cometer los particulares, pero más grave y más difícil de castigar.

Porque, comoquiera que, según hemos constatado una vez más este verano, los estados de la UE han exhibido una pertinaz falta de la voluntad política para poner los medios que serían exigibles para el cumplimiento de esos deberes, se sigue de ello que aún tengan menos voluntad de reconocer sus responsabilidades y repararlas.

Estamos hablando de muertes de miles de personas con nombre y apellidos, personas que son titulares de derechos presuntamente reconocidos y garantizados. Hablamos de violaciones criminales de su vida e integridad física, de comportamientos policiales que en muchos casos constituyen malos tratos o tratos inhumanos y degradantes. No ignoro, desde luego, que la primera responsabilidad jurídica es la de los traficantes y explotadores que hacen caja con la necesidad de huir que atenaza a los refugiados. Pero los estados de la UE y la propia UE no pueden ni deben escurrir el bulto a base de soltar alguna que otra lamentación y declaraciones retóricas, incluso aunque se repitan y alcancen dimensiones jeremíacas.
Cuando redacté estas líneas se acababa de producir aparentemente un punto de inflexión. La opinión pública europea, conmocionada por el poder de la imagen de un niño sirio ahogado en la costa de Turquía (uno entre otros centenares de niños muertos en el Mediterráneo, que no tuvieron esa foto), desató una marea de solidaridad ciudadana que ha acorralado a los políticos europeos sacándoles del marasmo, de la inactividad. El Parlamento Europeo ha aceptado una modificación profunda en el sistema de asilo en Europa y un sistema de cuotas para hacer efectiva esa solidaridad a la hora de acometer la recepción de los refugiados.

Es quizá demasiado pronto para cantar el triunfo de la solidaridad, porque las decisiones dependen de los consejos de ministros de Justicia e Interior y del propio Consejo Europeo, donde en absoluto es descartable que regrese el instinto nacionalista insolidario que puede negar estas decisiones: ahí están los líderes de Hungría, Polonia o Eslovaquia para formar ese frente de rechazo. Por eso, aunque hoy, tras la declaración común de todos los grupos parlamentarios en Bruselas, parece dominar un espíritu de optimismo y, por qué no decirlo, de euforia y aun de orgullo por el hecho de haber conseguido un frente común europeo ante el desafío de la crisis de refugiados, no puedo dejar de hacer una llamada a la prudencia, a la resistencia activa, vigilante, organizada y paciente de los ciudadanos. No han terminado los problemas de los refugiados y, en muchos sentidos,  se acerca el invierno. Temo que esta euforia nos permita olvidar la terca realidad que asoma en los informes anuales de ACNUR: los que asumen el deber de solidaridad con los refugiados no son los europeos. Son los países limítrofes de aquellos que generan la diáspora: el mundo árabe y el África subsahariana, mientras nosotros nos sentimos orgullosos por asumir cuotas minúsculas que vendemos como solidaridad con mayúsculas.

Vamos a seguir recibiendo refugiados. Debemos reconocer sus derechos, acogerlos y organizar su presencia e integración. No será fácil. Pero hemos descubierto que los ciudadanos podemos actuar. Por ejemplo, para exigir en España que, sin más espera, el Gobierno Rajoy apruebe un reglamento de la Ley de Asilo (llevamos 6 años sin él) acorde con estas recientes directrices europeas. Para votar a los partidos que cumplan con esas exigencias y no a los que las olvidan.

El de los refugiados no es un problema de otros. De él cabe decir, con Horacio, mutato nomine, de te fabula narratur. Europeos (españoles) fueron los centenares de miles de personas para cuya protección se creó, tras la II Guerra Mundial, el Convenio de Ginebra de 1951. Más recientemente, europeos fueron los refugiados que huyeron del conflicto en los Balcanes. Los europeos presumimos del Estado de derecho y de la garantía de los derechos humanos como seña de identidad. Exijamos su garantía efectiva y concreta, salvo que estemos resignados a que esos, como otros valores de la UE, naufraguen ante nuestra pasiva indiferencia.