SOBRE EL PRESTIGIO DE LA DESOBEDIENCIA (Infolibre, 27.09.2017)

TIEMPOS DE DESOBEDIENCIA

No descubro nada si recuerdo que vivimos en tiempos de desobediencia. Tampoco añado nada nuevo si pongo en relación este “estado de rebelión” con lo que se conviene en denominar la era de los indignados, que designa el proceso de globalización de un movimiento que se extendió desde las plazas de ciudades árabes a Madrid, Génova, Nueva York o Hong Kong y que hunde sus raíces en la concepción altermundialista, en el lema otro mundo es posible, que es sobre todo una propuesta de rechazo de un (des)orden social percibido como insoportable, por injusto y aun suicida, en términos de la sostenibilidad de la vida (la de los seres humanos y la del propio planeta). Pero no pretendo una disquisición sobre cuestiones que han sido ya muy tratadas (y sobre las que acaba de volver la activista N.Klein en su <Decir no,no basta (Estado y sociedad)>, que, comparado con el anterior, <La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre> o con el clásico <No Logo>,decepciona y mucho) , sino más bien apuntar a una pregunta y ofrecer algunas pistas para el debate a quien interese la cuestión.

La pregunta es por qué hoy el prestigio social está del lado de la desobediencia, mientras que la actitud de obediencia parece sometida a sospecha. Debo precisar de inmediato que no me refiero a esa constante en toda sociedad que viene simbolizada por el atractivo de la negación, vinculada a una necesidad generacional, biológica, la que todos experimentamos al constatar que nos encontramos en un mundo que hemos recibido y que percibimos como ajeno e incluso impuesto. En definitiva, un mundo que no es nuestro, de donde la necesidad de crear el propio. Prácticamente en todas las culturas y en todos los momentos históricos encontramos testimonios de ese rechazo, de esa desobediencia, que es sobre todo una actitud vital de “los jóvenes” hacia las pautas y valores imperantes, testimonios enunciados generalmente en tono de lamentación por la decadencia que ello supone para el orden social existente, cuyos valores son impugnados.

No. Hablo de algo más, de un fenómeno que, por su generalización, parece nuevo: se trata de reconocer que se ha producido una inversión de la comprensión de la desobediencia, que pasa de ser una actitud sospechosa y reprobable para la mayoría, en cuanto incompatible con las condiciones de una convivencia civil, a convertirse en la vía necesaria para construir una sociedad que de verdad merezca ese calificativo. Una sociedad decente, en el sentido de Péguy o Margalit o, digámoslo abiertamente, una sociedad justa.
 

DESOBEDIENCIA, SÍ, PERO CIVIL

Mi propuesta es que la desobediencia, si es civil, constituye la expresión genuina del espíritu de la democracia y del derecho, por paradójica que pueda parecer esta expresión que, en punto al Derecho, parece rozar el oxímoron. Y advierto sobre la necesidad del adjetivo, que matiza de forma muy importante la tesis inicial, la del prestigio de la desobediencia. No hablo de la desobediencia, sin más, hablo de desobediencia civil.

Quizá nadie como Howard Zinn haya planteado mejor, más provocadoramente, la razón de ser de esta desobediencia, desde que lo hiciera Sófocles, en el diálogo entre Antígona y Creonte, donde, claro está, no se habla de desobediencia civil, sino de la obligación de obedecer el mandato de leyes superiores, no escritas, cuando la ley no es justa. En un debate de 1970 sobre desobediencia civil, Zinn comenzó su intervención señalando que toda la discusión estaba planteada al revés, porque –afirma– “nos dicen que el problema es la desobediencia civil,  cuando en realidad el problema es la obediencia civil” (puede verse aquí la lectura que hizo Matt Demon de ese texto de Zinn). Zinn es probablemente el más prolífico defensor de la desobediencia civil, el concepto teorizado por Thoreau en una conferencia escrita en 1848, que lleva ese título y en la que propuso los elementos conceptuales desarrollados luego entre otros por Bedau, Russell, Rawls o Habermas y, sobre todo, llevados a la práctica por los movimientos de defensa de los derechos civiles (Martin Luther King) y por los ecopacifistas, movimientos en los que jugaron un papel fundamental los críticos con el desarrollo del armamento nuclear y la generación de resistencia a la guerra del Vietnam.

Para Thoreau, la desobediencia civil expresa el desacuerdo político de quien no halla justificado el imperativo concreto de una ley, porque choca con los fundamentos del pacto social al que se ha prestado consentimiento, el de los founding fathers en el caso de Thoreau, es decir, la Constitución, en términos de la teoría contemporánea de la desobediencia civil. Para Thoreau, la desobediencia civil es una conducta exigente, lo que significa que ha de ser pública y pacífica y, además, debe aceptar la sanción para probar su coherencia. Sin duda hay en Thoreau un impulso de moral crítica, un fundamento ético de la desobediencia civil, pero la clave está en la dimensión política: Thoreau no trata de cambiar el régimen político, pero tampoco salvar la aplicación de una ley a su caso concreto (la excepción personal o suspensión personal de la ley, propia de la objeción de conciencia). Por eso, su propuesta no es la de la revolución. Es una rebelión para preservar los valores del pacto político que comparte y defiende. De paso, diré que a mi juicio, aunque resulta indiscutible la importancia que tuvo para Gandhi la lectura de Thoreau, el movimiento que éste impulsó y que será decisivo en la independencia de la India no es en realidad desobediencia civil, sino rebelión inspirada en una concepción religiosa, la doctrina de la satyagraha y que adquiere la dimensión de una revolución política. Porque obviamente Gandhi no comparte ni los valores ni las reglas del sistema político del virreinato, la dominación inglesa en la joya de la corona que es la India,no se rebela apelando a esa legitimidad, sino que la impugna. Aunque alguna de las convicciones de Thoreau están muy vivas en el Mahatma,comenzando por aquella que asegura que en un régimen injusto el único lugar para un hombre justo es la cárcel, tesis que llevó a Thoreau a la cárcel de Concord, al negarse a pagar los impuestos con los que se pagaba una aventura colonial, imperialista, la del gobierno de los EEUU de la época en México.

Como decía, creo que, en cierto modo, esta recuperación de la desobediencia como virtud, como motor de la vida política, tiene que ver con la percepción de que la desobediencia es la genuina expresión del espíritu de la democracia, de la reapropiación del poder por parte de we, the people (apelación que, más que a las nociones de pueblo y, desde luego, más que a la de nación, hace referencia a todos y cada uno de los ciudadanos como sujeto político constituyente, como poder político originario). En cierto modo, es un desarrollo coherente de la concepción que desde el humanismo a la Ilustración reivindicará en profundidad el valor de la autonomía como principio sine qua non de la moral, la política y el derecho y que se refleja en la noción de contrato social como única justificación del poder. Una concepción presente en el agudo ensayo de Etienne de La Boétie, El discurso sobre la servidumbre voluntaria o el Contrauno, escrito en 1548, pero que se publicó en 1571 (por Montaigne, su amigo, hay fundadas sospechas de que éste fuera su verdadero autor) y en el que La Boétie impugna la obediencia propia de las monarquías absolutas, que es la obediencia de quien, en lugar de ciudadano, es tratado como súbdito o, como dirá Nietzsche, como rebaño. Una obediencia que es un hábito generado por el miedo, por la amenaza del monopolio de la violencia que detenta el rey. Impugnación de la obediencia como servidumbre voluntaria que encontramos también en la advertencia prudente que se recoge en las Mémoires del que fuera rival de Mazarino, el cardenal de Retz (1675): “Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto, y despiertan de su letargo, pero de forma violenta”. Sí: en ese régimen no cabe la desobediencia civil, sino sólo la revolucionaria.

Cuando la desobediencia es civil, aparece, además, a mi juicio, como expresión indefectible de lo que constituye el alma del derecho, que no es otra cosa sino la idea de lucha por los derechos, parafraseando el famoso lema de Jhering. Sí: para que el derecho sea instrumento de satisfacción de las necesidades reales de los ciudadanos, y no instrumento de dominación y discriminación, expresión de violencia, ley del más fuerte, ha de estar al servicio de los derechos como intereses legítimamente dominantes. En una sociedad democrática esa lucha está institucionalizada, a priori, a través de los mecanismos institucionales de representación y de participación. Pero la democracia representativa ha evidenciado sus límites a la hora de garantizar esa lucha genuina por los derechos, de donde la necesidad de encauzarla a través de otros mecanismos y ahí es donde aparece la legitimidad del recurso a la desobediencia civil, que incluso puede ser entendida como una obligación política: porque esta desobediencia es el recurso para apelar a que la mayoría recupere el principio de legitimidad expresado en el pacto político original, esto es, en nuestros sistemas políticos, en la Constitución.

 

EL LÍMITE DE LA LEGITIMIDAD DE LA DESOBEDIENCIA. UNA CODA CATALANA

Todo lo anterior no significa que no pueda ser legítima la desobediencia revolucionaria, las más de las veces violenta: y hay que añadir de inmediato que esa violencia no la hace ilegítima allí donde no ha existido un pacto social democrático (ilegitimidad de origen) o donde éste ha degenerado (ilegitimidad sobrevenida, nacida de una práctica no respetuosa con los principios de legitimidad) y ha practicado, por ejemplo, violaciones generalizadas de esos principios de legitimidad, como sucede cuando un régimen democrático en su origen viola de forma masiva los derechos humanos.

De esta forma, debemos matizar la tesis del prestigio de la desobediencia. Porque si lo pensamos bien, hemos de admitir que cabe llamar desobediencia, sin más, a lo que calificamos de conducta criminal o delictiva, que en teoría nadie podría proponer como ejemplo a seguir, aunque tenemos testimonios constantes de lo contrario cuando, por ejemplo, se ofrece el modelo de los tiburones financieros, los especuladores, los depredadores de cuello blanco que saben desobedecer a la ley, poniendo su inteligencia en escapar, en disimular esa desobediencia, es decir, en lo contrario del carácter público de la desobediencia civil. Por eso me parece claro que quienes se llena la boca de hablar de desobediencia como instrumento democrático, sin hacer más precisiones, olvidan que una sociedad en la que el modelo sea el desobediente, sin más, es la expresión de la ley del más fuerte, el más astuto. La desobediencia, sin más, es inviable como propuesta decente.

Antes de terminar estas pistas, me permito sugerir una coda que tiene que ver con lo que sucede en nuestro país, en este momento. Se ha asegurado que en Catalunya se vive hoy un ejemplo masivo de desobediencia civil encaminada a un objetivo,  el referéndum del 1-O (un referéndum que en modo alguno se puede poner como ejemplo de referéndum democrático con garantías, aunque sí es un caso de consulta popular, e ilegal), que se realizaría a través de actos individuales de desobediencia civil. No lo creo así. Que se recurra a las técnicas pacíficas de desobediencia civil (sobre todo de desobediencia civil indirecta: ocupaciones, sitting on, etc.) no significa que se practique desobediencia civil. Y hablar de <desobediencia institucional> me parece confuso, e implica consecuencias muy contradictorias: ¿con qué fuerza puede tratar de obligarme a obedecer una autoridad que desobedece a su vez?

No, cuando no se impugnan normas, conductas, decisiones, actos y procedimientos, en nombre del marco de legitimidad que es el pacto político (y este, aquí y ahora, es la Constitución), no hay ni desobediencia civil, ni institucional. Cuando se reclama derecho a votar y se trata de ejercerlo al margen de las reglas y procedimientos propios del marco de legitimidad (etablecidos en la Constitución y en las leyes) y además se reivindica el voto para decidir la secesión, la independencia, se reclama ejercer un derecho y hacerlo mediante un procedimiento que la Constitución, el marco de legitimidad, no contempla. Eso significa situarse fuera de él, evidentemente, Impugnarlo o darlo por no vigente. De esa forma, se rechaza el marco de legitimidad y se sustituye por otro que se presenta como mejor, en la medida en que es propio, de sus ciudadanos, el pueblo catalán. Esto no es desobediencia civil, sino otra cosa, que podemos llamar desobediencia revolucionaria, revolución. Sin duda cívica, sin duda ampliamente pacífica, pero persigue un cambio de régimen y por consiguiente tiene un alcance, sí, revolucionario. Pacifico, insisto, pero revolucionario, porque no hay que tener miedo a las palabras.

Se puede y se debe discutir si los argumentos con los que se justifica este proceso revolucionario están bien justificados. Personalmente estoy convencido de que los que se alegan por los partidos independentistas no lo están: en Catalunya hoy es absolutamente impropio invocar el derecho de autodeterminación reconocido en el Derecho internacional. Tampoco cabe hablar de pérdida de la legitimidad de origen.  No niego que el régimen constitucional se ha degradado, ante todo como consecuencia de las actuaciones y decisiones de gobiernos que, a mi juicio, han violado principios constitucionales (pienso, por ejemplo, en los derechos sociales), pero no de forma tan generalizada que se haya perdido la legitimidad democrática. Concretamente, estoy convencido de que el Gobierno Rajoy ha recortado indebidamente libertades y derechos, y de forma particularmente grosera en la falta de respeto a la división de poderes, a la independencia judicial y muy recientemente a las libertades de reunión y manifestación. Como me resulta imposible dejar de señalar que esos recortes fueron multiplicados por el Govern de Artur Mas y que el Parlament y el Govern de Junts pel Sí se ha apartado de reglas elementales de respeto a los procedimientos democráticos en la trayectoria acelerada del procés.

Pero todo lo anterior no invalida, también a mi juicio, la legitimidad democrática de la Constitución del 78, sino que exige desplazar del poder al Gobierno Rajoy, que no ha respetado principios básicos de esa legitimidad constitucional y ha bloqueado toda posibilidad de reformarla ahí donde, a todas luces, lo necesita. La divisoria es ésta: hay millones de catalanes y partidos políticos democráticos que creen imposible continuar con ese pacto constitucional, incluso con reformas y por eso están siguiendo la vía de la rebelión revolucionaria. A mi juicio, es un error, porque no hay un déficit de legitimidad democrática que obligue a apartarse de la reforma constitucional, incluido el recurso a la desobediencia civil. Recordaré que la Constitución que así se impugna no es en absoluto una ley sagrada y se puede, y a mi juicio se debe, modificar, porque hoy ese pacto político originario no responde en muchos puntos a lo que queremos los ciudadanos, y en particular los ciudadanos de algunos territorios. Y por eso creo que se equivocan de raíz quienes quieren abandonar ese marco de legitimidad y hacerlo mediante la vía revolucionaria. Conste que hablo de error, porque parto de su buena fe y reconozco la legitimidad de la pretensión independentista. Pero a mi juicio darlo por inservible es un error. Me parece preferible reformarlo,  incluso a fondo, para seguir con un marco común de legitimidad. Porque ese pacto político del 78, reformado en aspectos muy importantes, entre los cuales se encuentra un modelo federal, es una solución mejor para todos, para los catalanes y para todos aquellos que no se sienten representados en aspectos importantes de ese acuerdo, de los derechos sociales a la cláusula del déficit, pasando por la desigualdad entre hombres y mujeres o la laicidad. Eso implica que todos puedan participar en la decisión, lo que significa votar, claro. La solución a la indiscutible insatisfacción ciudadana (y no sólo de millones de ciudadanos en Catalunya) consiste en volver a un acuerdo constituyente que dé la oportunidad de que se vote realmente qué pacto social se quiere, también, para introducir las reformas que permitan que, si fuera el caso de la decisión de la mayoría de los catalanes, decidan apartarse del pacto político del Estado español.

 

Texto completo entrevista en El Correo

-De los 182.504 refugiados que la UE se comprometió a acoger en dos años desde septiembre de 2015, lleva 43.948. Es decir, un 24%. España, a la que asignaron un cupo de 17.337, ha recibido a 1.888. Esto es un 11%. ¿Qué revelan, a su juicio, estos datos?

– Podemos interpretarlos de dos maneras. La más obvia, como la constatación de un fracaso, achacable a la ausencia de voluntad política por parte de Gobiernos europeos como el español, para asumir un compromiso que, por otra parte, visto en el contexto global, es ridículo. Revela, desde luego, que no han funcionado los dispositivos de coordinación de los procesos de reubicación (ni los de reasentamiento). Puede revelar también la ausencia de compromiso por parte de la Comisión para presionar eficazmente y en su caso sancionar a los Estados fuertes (no a los del grupo de Visegrad) que incumplen sus compromisos. Hay, claro, otra interpretación: nunca hubo una voluntad política, ni de la Comisión, ni de los Gobiernos europeos, por asumir este compromiso: fue todo un espectáculo cara a la galería, motivado por la situación de dificultad que vivían dos socios (Grecia, Italia) y no por una verdadera comprensión de la dimensión del problema que viven los refugiados.

 

-¿Qué ha fallado, en su opinión, para que el nivel de cumplimiento de España sea de los más bajos? ¿Es una mera cuestión de voluntad política?

– A mi juicio, no hay otra explicación posible. Cuando tres comunidades religiosas italianas han conseguido crear corredores humanitarios para traer a los refugiados, en mayor número que el Gobierno de nuestro país, no cabe escudarse en la dificultad burocrática. A mi juicio, existe una muy grave responsabilidad de quien tenía a su cargo la presidencia de la comisión de coordinación con CCAA, Ayuntamientos y sociedad civil. La Vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría ha actuado mucho más como un obstáculo que como dinamizadora de la coordinación de recursos e iniciativas en las que la sociedad civil, los Ayuntamientos y buena parte de las CCAA habían puesto no poco esfuerzo y han quedado frustradas. Hablo de responsabilidad política. La responsabilidad moral me parece gravísima. No quisiera estar en su lugar.

 

 

-Según el Alto Comisionado de las UN para los refugiados, Filippo Grandi los gobiernos, incluso los moderados, temen que la opinión pública se les eche encima al abrir sus fronteras a los refugiados y eso le pase factura en las urnas. Sin embargo, en España miles de personas han salido a la calle para proclamar que ‘Los refugiados son bienvenidos’ y han hecho que ACNUR batieran récords de recogida de aportaciones económicas en 2016. ¿Un error de cálculo del Gabinete Rajoy?

– Déjeme ante todo que exprese mi decepción por la falta de firmeza del ACNUR en la reciente y muy negativa evolución de los acontecimientos en el Mediterráneo, en especial por lo que se refiere a los vergonzosos intentos de la UE (y sobre todo del Gobierno italiano) para externalizar la labor de policía de fronteras nada menos que a Libia -un Estado fallido, inexistente- y confiarle la suerte de los derechos de miles de personas, empezando por su vida y su libertad. Por el contrario, el Alto Comisionado de derechos humanos de la ONU, Zeid Ra’ad al Hussein ha sido mucho menos complaciente.

Dicho esto, me parece claro que la sociedad civil –una buena parte de ella- ha reaccionado de forma más responsable y adecuada que los propios Gobiernos: no sólo el de Rajoy. En ese sentido, cabe hablar de un grave error de cálculo, que creo que se inspira en un mantra de los gabinetes de sociología electoral de la mayoría d los Gobiernos, del que Vd se hacía eco. En el fondo, esa actitud de los Gobiernos comporta un doble desprecio de la ciudadanía: hay una visión paternalista de la ciudadanía y, al mismo tiempo, dan por buena la hipótesis de la volatilidad de la ciudadanía, de la opinión pública: <ya se cansarán>

 

-Hay quien habla de un “fracaso deliberado”, por parte de Europa, ante la que ha sido catalogada como la mayor crisis migratoria tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuánto tiempo más podremos retener a los miles de refugiados que se hacinan en los campos de Grecia, Italia, Líbano, Turquía o Jordania?

Lo de la mayor crisis de refugiados, o la mayor crisis migratoria, debe relativizarse. Sí: la guerra en Siria ha provocado un número de desplazamientos forzosos muy importante, pero esas personas no llegan a Europa, en su inmensa mayoría. Y si hablamos de números, piense por ejemplo en los 900.000 sudaneses del sur que han llegado en un solo año a Uganda…

En lo que se refiere al tiempo que podemos retener a esos refugiados en Jordania, Turquía, Líbano, etc es muy diferente de lo que va a suceder en Grecia e Italia. Estos dos países europeos no van a aguantar mucho más la presión y está claro que se van a deshacer de los miles de personas que aún están en su territorio. Y lo harán con la complicidad de los socios europeos, deportándolos a Libia y a otros países a cuyos líderes corromperemos a base de millones de euros para que se hagan cargo del <marrón> y desaparezcan de nuestra vista.

 

-¿Qué futuro les aguarda a esas personas después del 26 de septiembre, el plazo marcado por la UE para el cumplimiento de los cupos?

Temo que nada bueno. Creo que se va a proceder a expulsarlos a terceros países no europeos.

 

 

-Ha publicado un libro con un título muy elocuente: ‘Mediterráneo, el naufragio de Europa’. ¿Hablamos de un naufragio moral ose hundirá algo más?

– El naufragio <moral> es evidente. Pero digamos que la exigencia de moralidad en la vida pública tiene un presupuesto, que no garantiza el standard moral máximo, pero es a mi juicio el mínimo exigible: eso es lo que proporciona (debe proporcionar) el Derecho, por encima de las religiones, las ideologías, las étnicas, las creencias. Por eso he escrito que me parece en cierto modo más grave el naufragio del Derecho, porque lo que da sentido al proyecto europeo es su carácter de <comunidad de Derecho>, esto es, de proyecto basado en el imperio de la ley, igual para todos; un proyecto basado en el Estado de Derecho (como acaba de recordar a mi juicio cínicamente el Presidente Juncker en su discurso sobre el “estado de la UE 2017” en el Europarlamento). El primer objetivo del Estado de Derecho propio de la UE es la garantía de los derechos y libertades que proclamamos cuando hablamos de la UE como un espacio de libertad, seguridad y justicia. La pregunta es si ese objetivo vale para todos los que se encuentren en territorio europeo, bajo soberanía europea, o sólo para los privilegiados ciudadanos europeos.

 

-En ese trabajo denuncia las “groseras violaciones” del derecho de asilo que cometen muchos países europeos, como España, omitiendo las obligaciones jurídicas más elementales. Y todo ello, con total impunidad. Cuándo el legislador se hace trampa y ello no tiene ninguna consecuencia, ¿qué cabe esperar?

-Poco. Pero es que hay que recordar el viejo y certero lema de un jurista alemán del XIX, Jhering. El Derecho es ante todo <lucha por el Derecho>; hoy diríamos, lucha por los derechos. Ninguno de eso derechos ha sido regalado, y cuando así se ha hecho, esos derechos no han estado suficientemente garantizados. Los derechos se conquistan gracias a procesos de luchas sociales en los que interviene también un pequeño grupo de vanguardia, que muchas veces se ha sacrificado. Por lo demás, aunque hemos conseguido garantías institucionales (el Estado de Derecho, la división de poderes lo son), hemos aprendido de la historia que se puede retroceder en esa conquista si los ciudadanos no permanecen vigilantes. Lo estamos viviendo hoy. Eso exige una ciudadanía activa, participativa, que supere la tentación de vivir como consumidores pasivos y privilegiados en medio de la miseria de los demás. Siempre cito a este respecto la acertada metáfora que es el film de animación Wall-E.

 

 

-¿De qué sirvió la imagen de Aylan, sin vida en una playa de Turquía, hace ahora dos años, cuando intentaba huir de la guerra con su familia?

– Fue un revulsivo, como la foto de Javier Bauluz que le valió el Pulitzer. Pero en cierto modo, un revulsivo engañoso. Primero porque si Aylán nos conmovía era porque, además de ser un niño ahogado, parecía un niño nuestro, podía ser un niño nuestro, no eso que tenemos en mente casi siempre cuando imaginamos un niño refugiado. La muerte de un niño, de cualquier niño, es un fracaso de todos nosotros, algo que interpela la creencia en un mundo con sentido, en un Dios que no sea un monstruo. Pero ¿cuántas mujeres y hombres, jóvenes, adultos, ancianos, han muerto y mueren y morirán en el Mediterráneo, huyendo de infiernos que ni siquiera imaginamos, sin que eso nos conmueva?

 

 

¿Abatir? Revista Contexto, 31 agosto 2017

Abatir: la lógica de la guerra

Creo que una de las peores consecuencias de la conmoción causada por los atentados terroristas es la facilidad con la que casi todos, comenzando por los medios de comunicación, hemos asumido acríticamente un punto de vista supuestamente técnico y en realidad ajeno al que es propio de una sociedad democrática –aun diría, de un Estado de Derecho- sobre la respuesta eficaz frente a ese tipo de criminales que son los terroristas. El botón de muestra es, me parece, la utilización generalizada del término “abatir” cada vez que se ha hecho referencia a la muerte de uno de los terroristas de Barcelona y Cambrils a manos de la policía. Porque no puede dejar de sorprender que se acepte como algo normal, si no incluso elogiable, que los terroristas sean abatidos. En efecto, salvo algunas brillantes excepciones, como los artículos de Gonzalo Velasco (“Eran 12 de los nuestros”, http://www.huffingtonpost.es/amp/gonzalo-velasco/eran-doce-de-los-nuestros_a_23159814/# ), Martín Caparrós “Otro triunfo del terrorismo”, https://www.nytimes.com/es/2017/08/25/otro-triunfo-del-terrorismo/amp/ ) y Carlos Yarnoz (“Tirar a matar”, https://politica.elpais.com/politica/2017/08/25/actualidad/1503682916_683784.html?id_externo_rsoc=TW_CC ), apenas se ha alzado la voz frente a ese giro lingüístico y, sobre todo, frente a lo que, a mi juicio, subyace a esa lógica de respuesta policial. Hablo de un modus operandi, de un protocolo de respuesta policial que, sin duda, no es en absoluto ni original ni infrecuente, pero que -a mi juicio- constituye la expresión de una lógica que deberíamos vigilar, porque me parece peligroso, contaminante.

Decía que no es nueva esta lógica. Como se ha recordado, en efecto, la instrucción de “tirar a matar” en los enfrentamientos con terroristas fue expresamente formulada por el Presidente F. Hollande, quien, tras los atentados de noviembre de 2015 en Paris, afirmó: “Lo que se produjo ayer es un acto de guerra y, ante la guerra, el país tiene que tomar las decisiones adecuadas”. A continuación, en una reunión extraordinaria de las dos Cámaras en Versailles, declaró el “estado de urgencia” que ha estado vigente en Francia hasta que Macron lo ha convertido en ley ordinaria. Y, lo que parece una consecuencia inevitable de lo anterior, justificó de facto las ejecuciones extrajudiciales a terroristas, con la orden “tirar a matar”.

Lo que pretendo señalar en lo que sigue es que en la respuesta policial y de la opinión pública y publicada frente a los terribles atentados terroristas de Barcelona y Cambrils existe el riesgo de que aceptemos como ordinarios elementos propios de una situación de guerra (no necesariamente de un modelo militar strictu sensu), o, al menos, de lo que constitucionalmente sería un estado de excepción (artículo 106 Constitución, desarrollado por la L.O. 4/1981), con el agravante de que, obviamente, no ha sido declarado. Una concepción en todo caso ajena a lo que a mi juicio debería imperar como criterio de actuación propio de la policía, de los cuerpos y fuerzas de seguridad, esto es, de la respuesta ordinaria del Estado de Derecho ante el desafío terrorista. Este es, en efecto, un primer punctum dolens de la cuestión, sobre el que es evidente que asisten razones a quienes mantienen posturas opuestas. Para algunos, los medios ordinarios propios del estado de Derecho, serían inuficientes ante el desafío terrorista porque al menos de facto estaríamos (y debiéramos ser conscientes de ello) en guerra contra el terrorismo yihadista. Ergo tenemos que recurrir a medidas excepcionales, también por lo que se refiere a los derechos y garantías de los terroristas, y aun de los sospechosos de serlo. El terrorismo yihadista aparece así como el terrible adversario, el enemigo que nos obliga a enfrentarnos en el último de los conflictos bélicos, una guerra de civilizaciones, una especie de última guerra como la que trae a las tierras de Westeros el rey de la noche en la <guerra de todas las guerras> a la que aboca la última temporada de Game of Thrones.

Frente a quienes así lo sostienen, ya desde los atentados del 11S, los que justificaron y justifican de ese modo la Patriot Act, que es un ejemplo de legislación excepcional, de guerra y defienden así la estrategia de guerra dondequiera que se manifieste el eje del mal que está detrás de la hidra terrorista, muchos entendemos que esa respuesta es un grave error, porque concede un primer y enorme triunfo al terrorismo. Sin duda, su desafío es de una gravedad enorme y su alcance es global, a la par que socava la noción misma de seguridad, porque frente al terrorista nadie es inocente. Aún más, los inocentes se convierten en blanco directo porque con ello el terrorista consigue el efecto que busca, aterrorizar. Su victoria es esa, la generalización del miedo. Pero, en realidad, no debiéramos sorprendernos por este mensaje, ni caer en el error de considerarlo en sentido estricto, una anomalía, una negación de la política. No es verdad. Y no sólo porque conocemos el terrorismo de Estado. Es que ese recurso al miedo es tan viejo como la política misma, sobre todo cuando no se dispone de programas políticos que ofrecer. Incluso cabría apuntar que el discurso del miedo es quizá la forma más primitiva de lo político, el recurso para generar la dominación sin paliativos, la adhesión ciega, la obediencia acrítica, conforme a la alternativa que nos propone: sumisión al poder o muerte. Recordemos que ese es el fundamento de la propuesta del hobbesiano Leviathan, la concepción teorizada por Schmitt al explicarnos la política en términos del juego amigo-enemigo que ni siquiera es dialéctico, porque no hay superación del enfrentamiento, sino aniquilación de uno de los contendientes. Por eso, la construcción del otro como enemigo, como el extraño terrible, la bestia a abatir a cualquier precio y por cualquier medio, por excepcional y doloroso que fuere. Esa es, por tanto, una vieja historia.

 

 

De los <caníbales> a los <replicantes>: deshumanizar para discriminar y dominar.

Poca novedad, pues, me permito recordar. La creación del agresor externo, al que se atribuyen todos los rasgos que le configuren no sólo como terrible amenaza, sino como absolutamente ajeno a nuestra condición, es un lugar común. Se trata de la premisa de deshumanización del otro, de la negación de su condición de persona, de humano, para subrayar su ajenidad y para justificar así el destino que le asignamos: desaparecer, eliminarlo o hacerlo nuestro esclavo. La historia nos ofrece un cargado catálogo de ese enfrentamiento entre civilizados y salvajes, de la creación de la figura del bárbaro. Porque bárbaro es aquel que no comparte lo que nos hace humanos, el lenguaje, nuestra lengua. Lo que los otros balbucean no es lengua, porque no son capaces de cultura ni de razón, de arte ni de valores, salvo que acepten los verdaderos, los nuestros. Esa reflexión sobre el otro como bárbaro, que ocupa alguna de las mejores páginas de la obra de Todorov (por ejemplo en Nosotros y los otros, o en El miedo a los bárbaros. Más allá del choque de civilizaciones), no es, desde luego, algo reciente. Al contrario, ocupa un lugar clave y recurrente en la literatura universal. Baste con pensar en el Ensayo sobre los caníbales de Montaigne, el Robinson de Defoe, Los viajes de Gulliver de Swift o, más cerca de nosotros, el Informe para la Academia de Kafka o el cuento de Philip K Dick ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, magistralmente llevado al cine por R.Scott en su Blade Runner.

Déjenme que les recuerde en qué consiste el trabajo de un Blade Runner, ese cuerpo especial de policía que impone su ley en el Los Angeles distópico imaginado por Dick. Se trata de un cuerpo cuya función es, primero, detectar a esos cyborgs tan parecidos a nosotros –réplicas, replicantes– que se ha salido de su lugar y quieren vivir como humanos. Los blade runners los identifican (y para ello han de saber que es lo que hace humano a un humano; su memoria, sus recuerdos, es la primera respuesta., base del test Voigt-Kampf que aplican) y a continuación llevan a cabo su segunda función, los matan, o, como dice su reglamento, los retiran. Y el eufemismo se emplea precisamente por eso, porque a un no humano no se le mata, se le retira. El problema es que, como el mismo Dick exploró en otros relatos, lo que nos hace humanos no son nuestros recuerdos (que se nos pueden implantar), sino algo muy diferente, que Deckard, el protagonista encarnado por H.Ford, aprende con un alto coste.

Abatir es un eufemismo cuya función tiene mucho de lo que Blade Runner ejemplifica. No es, por cierto, el único eufemismo que aparece cuando tenemos el problema de referirnos a realidades para las que nuestro lenguaje no sirve, o no debe servir, porque nos son ajenas. Esta cuestión de la condición misma del lenguaje, es también un problema conceptual básico de la lingüística general, tal y como plantea hábilmente el relato corto de Ted Chiang, Story of your Life, magníficamente trasladado al cine con el título Arrival, por el director canadiense D. Villeneuve, experto en esas traducciones, como mostró en su adaptación de otro texto capital sobre las diferentes caras del otro, Incendies, la primera de las piezas de la conocida tetralogía de Wajdi Mouawad.

En un pequeño texto publicado hace años en la colección Cine y Derecho, con la que tratamos de ofrecer otro tipo de material pedagógico, Blade Runner: el Derecho, guardián de la diferencia, intenté explicar que no hay que esperar a esos desarrollos de la robótica, de la bioingeniería, para asistir al drama de las réplicas o replicantes y a los eufemismos de nuestra respuesta a su existencia, que, en ´si, parece constituir una amenaza. No esperemos a extraterrestres ni a robots terminator. Los tenemos aquí: son los nuevos bárbaros, inmigrantes y refugiados. Y nuestra respuesta jurídica ha seguido el manual de instrucciones: deshumanizarlos, o, para decirlo más sencillamente, construirlos jurídicamente como irremisiblemente extranjeros, gentes que es imposible que se conviertan en ciudadanos, de los nuestros. Sus marcadores de identidad, sus diferencias religiosas, lingüísticas, nacionales, son esgrimidos para justificar su incompatibilidad. En una palabra, para construirlos como otros inasimilables, que no pueden ser iguales a nosotros ni tener los mismos derechos. Ergo está justificada la discriminación y la dominación, salvo que se sometan al proceso extremo de vaciamiento de sí mismos que es la asimilación impuesta, cuyo prototipo sería el Tío Tom o, mejor, el taimado mayordomo Stephen, encarnado por Samuel L.Jackson en el estupendo alegato antirracista de Q.Tarantino, Django desencadenado. La mentalidad colonial y esclavista del Calvin J Candie que representa Di Caprio, exige no sólo el esclavo, sino el esclavo domesticado, que acepta su condición de inferior para ganar así su territorio de dominación. Pero su virus, el de la humillación y el desprecio que inflige a todos esos otros, se vuelve contra esa sociedad. Lo advirtió Condorcet en el período 10º de su Esquisse: “los pueblos aprenderán que no pueden convertirse en conquistadores sin perder su propia libertad”. Mientras tanto, los europeos venimos dando lecciones de cómo humillar a los otros, de cómo considerarlos infrasujetos, con menos derechos que nosotros. Pobres salvajes, a los que debemos tratar con indulgencia y conseguir que no nos molesten aquí.

En realidad, ese ejercicio de <subordiscriminación>, como han explicado algunas representantes de la teoría feminista del Derecho, no se aplica solo desde la mentalidad colonial. Es un mecanismo que la cultura patriarcal ha aplicado a las mujeres desde que estas son imaginadas como subproducto del hombre (costilla de Adán), destinadas a su servicio, algo que encontramos ya en Aristóteles. Eva, imagen de Adán, le niega por su diferencia y por el peligro de seducción que encarna y por eso su destino, como el de Viernes para Robinson, no puede ser otro que la servidumbre, la desigualdad.

 

 

A quién abatir? No hay que esperar a los bárbaros

Pero volvamos al eufemismo que nos ocupaba. Según informa la FUNDEU, el uso de “abatir” en el sentido de <matar> estaba admitido metafóricamente, pero no es hasta la vigésimotercera edición del Diccionario de la Real Academia Española cuando se incorpora una cuarta acepción de abatir, que equivale a “hacer caer sin vida a una persona o animal”. La misma FUNDEU insiste en que esa acepción, <abatir>, <abatido>, se vincula sobre todo a un contexto policial o militar, para evitar el uso de <matar> o <muerto>. Así, “los Mossos abaten a un terrorista en un enfrentamiento”, se utiliza en lugar de <matan a un terrorista en un enfrentamiento>.

Probablemente, como me recordaba Berna G. Harbour en una discusión radiofònica sobre el particular, este uso constituiria un galicismo, pues el verbo francès abattre, que en su primera acepción significa lo mismo que en el DRAE (<echar abajo, derribar>), tiene una segunda acepción de uso en veterinaria con el significado específico de <abatir a un animal> (recordemos el término para matadero, abattoir) y, sobre todo, una tercera en la que el sentido es específicamente “matar a un hombre con un arma de fuego”, lo que en inglés se expresa como “to shoot”.

Me parece evidente que ese es el origen del uso que se ha impuesto en nuestro contexto y que hemos visto utilizar por representantes policiales y políticos y por los medios de comunicación. La pregunta es si ese uso, en lugar del verbo matar, está justificado. Y es donde advierto el problema o, al menos, el riesgo. Quiero decir que <abatir a un hombre>, en esta acepción militar o policial, puede ser aceptado como expresión de argot profesional. Pero ello no excusa de preguntarnos por las razones, por la proporcionalidad de algo tan definitivo como quitar la vida a alguien. Es más, en un Estado de Derecho, se supone que cuando se produce la muerte de un delincuente, en un acto absolutamente legítimo por parte de un policía, un acto de legítima defensa, se abre una investigación. Creo que con la expresión abatir, en cierto modo, se trata de invitarnos a pasar a lo siguiente, dar por hecho que el caso está cerrado y bien cerrado. Basta con usar esa palabras: fueron abatidos. Y nadie preguntará nada más, porque esas muertes están suficientemente justificadas.

La utilidad del uso de abatir se revela así: de un lado, es coherente e incluso reafirma la construcción del terrorista como alguien que nos es completamente ajeno, un loco, una bestia, un monstruo (insisto, el proceso de deshumanización) cuya excepcionalidad justifica que no tenemos que atenernos a las reglas comunes, que prohíben matar o sitúan esa acción en el límite de lo excepcional, que exige poderosas razones. Conocemos esa particular lógica jurídica que sirve para crear el derecho penal del enemigo: seres tan ajenos nuestra visión del mundo que es imposible hablar con ellos el mismo lenguaje, ni siquiera el que hemos creado con respecto al criminal ordinario. No comparten nada con nosotros y por eso deben ser tratados con una lógica de excepción, en la que no valen las reglas comunes, los derechos y las garantías comunes. Ya sabemos que incluso ha habido responsables políticos que ponen en duda que un abogado (en concreto, Jaume Asens, en quien concurriría la sospechosa condición de ser teniente de alcalde de Barcelona y ccnmilitón de la Sra Colau) ejerza algo tan imprescindible como el derecho de defensa –parte de tutela judicial efectiva, un derecho fundamental- cuando se trata de un terrorista y llegan al disparate de considerarlo cómplice del terrorista por ejercer esa función constitucionalmente imprescindible de defensa. Hemos construido al terrorista como alguien abatible, porque no sólo es un enemigo, sino alguien que niega nuestra civilización y nuestros valores, un auténtico hostes humani generis, como lo fueron los piratas, aunque debemos recordar que quienes recibían ese enorme calificativo, pasaban a ser corsarios si un Estado les daba bula para ejercer la piratería en beneficio de la bandera del país en cuestión.

Lo anterior me lleva precisamente a una tesis sobre la que ya he discrepado públicamente, el lugar común que asegura que los terroristas son monstruos que no comparten los valores de nuestra civilización, de nuestra cultura, de la democracia y de los derechos humanos. Que estamos en guerra con ellos porque debemos defender nuestros valores, nuestros principios, nuestro estilo de vida, que ellos niegan y quieren destruir. Una tesis que exigiría por nuestra parte el consecuente respeto urrbi et orbe a esos derechos, cuando se trata de países y seres humanos lejanos, o que no nos interesan: de los rohingyas, a los sudaneses del sur, o los centroafricanos. Por no hablar de nuestro consideración de socios y amigos a regímenes que violan esos derechos de continuo y masivamente: ¿nos importan igual los muertos en los atentados en Europa, que no son ni la diezmilésima parte de los muertos en Siria, Afganistán, Iraq, Sudán, Mali o la república centroafricana? Si no somos consecuentes con esos valores, con el valor de la vida de cualquier ser humano, ¿podemos moralizar sobre la abyección moral de los terroristas yihadistas? Probablemente no. Pero es igual: ya hemos construido al terrorista como un objetivo a neutralizar, u enemigo no humano a quien hay que abatir.

Insisto, el riesgo, entiendo, es que no sólo se trata de evitar la palabra <matar>, sino que lo que nos transmite es que esa acción de matar , en estos casos, es una actuación técnica, racional, o al menos propia de las actuaciones de esos cuerpos. Los civiles no tenemos nada que decir, porque, primero, no podemos poner en entredicho su propia seguridad (si lo han abatido es porque suponía una amenaza letal para los agentes), ya que se juegan la vida por nosotros y, segundo, ellos saben lo que hacer. Y, sin embargo, el vídeo de la muerte del quinto de los terroristas abatidos en Cambrils da que pensar, como lo da el informe de los Mossos acerca de cómo fue abatido el enemigo público número uno, Younes Abouyaaqoub. Ya sé que supuestamente portaba un cinturón de explosivos (que se reveló tan falso como el que llevaban sus compañeros) y eso supone un riesgo mortal. Pero su abatimiento, a ojos de un lego, evoca algo parecido a una ejecución. El hecho de que, salvo el terrorista que, herido, quedó internado en un hospital, todos los demás fueran abatidos y este resultado haya sido glosado casi unánimemente, sin fisuras, como un éxito, o como algo merecido, al tratarse de sanguinarios terroristas, no deja de sorprenderme. Insisto en que comprendo y defiendo la prioridad de la vida de los agentes de policía en esos enfrentamientos. Pero, ¿de verdad era inevitable, por ejemplo, abatir al quinto de los terroristas de Cambrils, o incluso al terrorista más buscado, Younes Abouyaaqoub, a quien desde luego, no podemos recordar como ese “niño” evocado por su educadora de Ripoll, sino como autor material de la masacre y del asesinato a sangre fría del cooperante Pau Pérez? Sí: era el enemigo público número uno. Aún así, completamente rodeado por los Mossos, ¿realmente no fue posible abatirlo, ahora en el sentido de dejarlo en el suelo, herido e incapaz de hacer daño?

La victoria del terrorismo no es sólo crear estado de terror. Un resultado que, slogans comprensibles aunque poco realistas (“no tinc por”), han logrado. Porque tenemos miedo. Pero lo importante no es no tener miedo: lo que necesitamos es no rendirnos a él, no actuar guiados por el miedo. Y sobre todo, la victoria mayor a evitar es que los terroristas consigan hacernos actuar al margen de la normalidad del Estado de Derecho, que incluya, por ejemplo, criminalizar a una parte de la población por razón de sus creencias o de su perfil étnico. Su triunfo sería lograr que nos entreguemos a una respuesta ad hoc que se desentienda de las exigencias del imperio de la ley y de las garantías de los derechos. Porque en ese momento nos habrán vencido, pues, como advirtiera Todorov, los bárbaros seríamos nosotros.

 

 

Sobre derechos, desobediencia y tribunales de justicia. tres notas sobre el caso Juana Rivas (Blog AlrevesyalDerecho, Infolibre, 24 08 2017)

El debate en torno al caso Juana Rivas y digo bien, a su caso, que es sólo la cara visible del caso jurídico importante, el de sus hijos, ha alcanzado a mi juicio tal ruido mediático, que resulta difícil poner orden en lo que es, debe ser, un asunto de derechos y de Derecho. La reciente decisión del juez de guardia, una vez que la Sra Rivas se personó y fue detenida, es el penúltimo ejemplo de polémica: frente a la petición del fiscal, el juez decide dejarla en libertad y, de momento sus hijos siguen con ella, con algunas medidas cautelares. Contra lo que proclamó la interesada con su conocido (y quizá comprensible) dramatismo, no le dio la razón. Simplemente adoptó una decisión provisional.

En una discusión pública con mi respetada amiga Cristina Fallarás, me echaba en cara que cuando sostengo que la prioridad en esta caso no son los intereses de Juana Rivas, ni siquiera como víctima de violencia de género, sino los de sus hijos, no sé lo que siente una madre (lo que es verdad) ni tengo la experiencia de las mujeres en su lucha contra la subordiscriminación. También es cierto, aunque creo que no poder tener esa experiencia no es óbice para analizar e incluso defender, como trato de hacerlo desde tiempo. También me recordaba Cristina Fallarás el déficit jurídico de las resoluciones españolas desfavorables a la Sra Rivas: el primero, no tener en cuenta que la otra parte en el litigio, su exmarido, tiene condena por mal trato; el segundo, la lentitud en la traducción y comunicación de esa condena a la jurisdicción italiana. Ambos argumentos han de ser tenidos en cuenta, sin duda (cfr su argumentada posición en http://ctxt.es/es/20170816/Politica/14465/Juana-Rivas-hijos-maltrato-indefension-Cristina-Fallaras.htm ). Y sin embargo, en mi opinión, el asunto, jurídicamente, tiene tres claves que creo que no acaban de entender ni los asesores legales de la Sra Rivas (en particular la peculiar asesora mediática) ni buena parte de quienes la defienden de buena fe, a capa y espada, con el argumento poderoso de ser víctima de violencia de género.

 

La primera consideración que debiera imponerse, a mi juicio, es que la cuestión jurídica prioritaria en este caso es el interés de los menores, los dos hijos de la Sra Rivas y el Sr Arcori. Y a propósito de ello, cuando hay conflicto, no veo solución menos mala que entregar esa decisión a los tribunales. ¿Que se pueden equivocar? Sí, como en cualquier otro contencioso jurídico: para eso están los recursos jurídicos ante los diferentes tribunales y la capacidad de argumentación procesal de los abogados que, en este caso, como mostraba un reciente artículo de mi compañero José Calvo en el diario El Sur, a propósito de sus recursos ante el Tribunal Constitucional, ha sido más que manifiestamente mejorable. Alega la Asociación de mujeres juezas de España (http://www.mujeresjuezas.es/?p=736 ) que la condición transversal de violencia de género debe imponerse como perspectiva básica y ofrecen razones jurídicas. No las impugnaré. Pero en mi opinión la cuestión decisiva aquí, como me ha hecho notar mi colega Toni Durán, no es la de víctima de violencia de género que concurre en al Sra Rivas, sino el interés de los dos menores. Como hay conflicto a ese respecto entre la Sra Rivas y su exmarido (condenado ciertamente por maltrato, lo que un juez debe tener en cuenta, sí o sí), no veo otra que confiar en que un tribunal decida cómo tutelar mejor el interés de los dos hijos.

 

El segundo error, en mi opinión, es la hoy cada vez más frecuente apelación a la desobediencia frente a la injusticia. A la desobediencia, así, sin más. A mi juicio, hay que decir que no, que la desobediencia sin más, como reacción a lo que uno cree injusto conduce directamente a la ley de la selva. Para que la desobediencia esté justificada no basta con que yo/ella/él diga que es una injusticia lo que me han hecho. Todos los que reciben una decisión desfavorable pueden alegar que se ha sido injusto con ellos. A veces tienen razón. No siempre. He dedicado mucho tiempo a estudiar la desobediencia a la ley. Y he escrito en defensa de la objeción de conciencia y de esa desobediencia que llamamos civil. También sé que hay contextos en los que no cabe ni una ni otra y la única alternativa es la impugnación directa del orden jurídico y político establecido, incluso armada: la revolución. No es el caso, claro. Insisto. La pregunta es: ¿está justificada la desobediencia a los tribunales que ha llevado a cabo la Sra Rivas? Es un ejemplo de desobediencia amparada en buenas razones y practicada de forma que deba ser reconocida?

Alegan quienes así lo sostienen que es evidente que la tutela de los niños en caso de mujeres víctimas de mal trato no está suficientemente garantizada por el marco legal vigente. Pues bien, refórmese. Pero, a mi juicio, eso no autoriza a la Sra Rivas ni a nadie a saltarse según le parezca oportuno las decisiones de los tribunales, ni justifica sin más que el interés de los menores esté mejor garantizado manteniéndolos bajo su tutela en condición de clandestinidad. Se equivocan –también a mi juicio- quienes sostienen que la mejor defensa del interés del menor es proclamar que “Juana (y sus hijos, claro) está(n) en mi casa”. Me sorprende más todavía que una institución como la Junta de Andalucía apoye esa posición. No. Eso lo debe decidir un tribunal. Si pudiera hacerlo con una ley reformada, desde un marco legal más adecuado, seguramente la decisión tendría mejor fundamento. Por el momento la alternativa es ésta: o la decisión de un tribunal, o la justicia que la madre se toma por sí misma. Sé que mi venerado Camus dejó escrito aquello de “entre la justicia y mi madre, elijo a mi madre”. Es comprensible. Pero no vale como regla general si queremos convivir en paz. No por formalismo jurídico ni por rigorismos del tipo “fiat iustitia et pereat mundus”. Mientras no inventemos una solución menos mala, hay que atenerse a la que tenemos, la decisión vinculante de un tercero independiente de los intereses de las partes y guiado por lo que la mayoría entiende que es mejor: eso es la ley en un sistema democrático y esos son los tribunales en un Estado de Derecho.

 

Y esto me lleva a una tercera consideración que probablemente me aboque a la hoguera que atizarán los defensores de lo políticamente correcto. Una víctima de violencia de género debe ser ayudada y tiene todo el derecho a ello, a que se tenga en cuenta su condición, pero no por ello lleva razón en todo lo que haga. Estamos hartos de ver adónde nos conduce pensar que la condición de víctima es un pasaporte para validar cualquier pretensión y/o actuación. Pasa con las víctimas del terrorismo, cuya condición debe ser atendida, respetada, pero no les autoriza a erigirse en legisladores, ni jueces, ni a desobedecer a los tribunales ni a las leyes. Creo que aquí sucede también. No todo lo que haga Juana Rivas está justificado y es aceptable por el hecho de haber sido víctima de mal trato. Eso no le da el monopolio de la razón, ni de la justicia.

Entrevista en Diario Levante, 21 08 2017

Maria Bonillo València 21.08.2017
Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho de la UV. Foto: Levante-EMV.
Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho de la UV. Foto: Levante-EMV.
El peor atentado yihadista en España después del 11M deja muchos interrogantes, algunos de los cuales trata de responder el catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política del Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València, Javier de Lucas.

P ¿Qué ha fallado?
R La pregunta es esa. Es lógica la reacción de autoafirmación que estamos viendo, más de 48 horas poniendo por las nubes el trabajo de los Mossos, pero hay que decir que los Mossos tienen un agujero enorme. Parece increíble que una célula tan importante por su número, por su diversidad territorial y esa capacidad de movimientos haya pasado desapercibida. Los Mossos han tenido que reconocer que algo ha fallado y que no los tenían fichados. Dicho sea de paso, tampoco los tenían ni el CNI ni la Guardia Civil. Yo no quiero decir que sea fácil, pero da la razón a una demanda de los Mossos de un incremento de número de efectivos bloqueado por Hacienda y la participación en estructuras de comunicación de inteligencia como el Centro de Inteligencia de la lucha antiterrorista, que se acordó el pasado julio.

P ¿La pugna política entre Cataluña y España ha influido?
R El tema político ha jugado un papel importante. Insisto en destacar la responsabilidad no solo de la Generalitat sino del enfrentamiento político con Rajoy.

P ¿Por qué en Cataluña?
R Hay dos niveles y dos tipos de respuesta. El superficial es bastante autocomplaciente pero no le falta fundamento, según el cual España y también Cataluña serían un modelo de integración pacífico sobre todo en la inmigración porque no hay movimientos xenófobo fuertes. Pero detrás de esa autocomplaciencia, hay elementos que requieren una autocrítica. Cataluña se autorepresenta como una sociedad particularmente excelente en el sentido de acogida, pluralidad y civismo, pero tiene bastante que examinar. Sin dejar de reconocer la excelente labor que ha llevado la secretaria de Inmigración en el Govern, hay que reconocer que Cataluña es el vivero más importante del movimietno yihadista en España, más que Ceuta y Melilla. A nivel europeo Cataluña aparece como un territorio de riesgo.
Siempre hablamos de Molenbeck o suburbios franceses.

P ¿Cómo surgen estos elementos radicalizados?
R Esas células no vienen de fuera. Como mucho lo que ha habido es gente que ha salido de nuestros países a adiestrarse con grupos radicales vinculados al Estado Islámico en el conflicto de Siria y en la guerra de Irak. Pero en el caso español es un procentaje mínimo. Los cálculos exagerados hablan de 300. Comparado con la gente que ha salido y ha vuelto en Francia, Bélgica, Alemania o Reino Unido es irrelevante. La radicalizaión se produce por una vía muy difícil de trabajar, que es un chaval delante de internet: se imbuye de la propaganda radical wahabistas salafista que proporciona el Estado Islámico y otros grupos. Contra ese proceso individual de esa gente sin vínculos sociales es difícil luchar.

P No son, por tanto, inmigrantes y refugiados.
R Pensar que se trata de parar a inmigrantes y refugiados porque son los que traen el peligro terrorista es una estupidez resultado de una ignorancia supina. No es la frontera, lo que hay que controlar es la fractura social interna y la incoherencia en nuestro discurso que habla de derechos humanos y luego los derechos de estas poblaciones nos importam un comino. En Barcelona han muerto 14 personas y 100 heridos, eso es una mínima gota de lo que sucede cada día en Afganistán o Siria. Por supuesto la responsabilidad siempre la tiene el terrorista. Pero nuestra estrategia es fallida mientras pensemos que todo se reduce la respuesta militar y el cierre de fronteras es la solución. La inmigración y los refugiados no son el factor relevante en esto. Al contrario. Precisamente, la población que vive en Cataluña de confesión musulamana es la que más sufre con todo esto.

P ¿Qué consecuencias podría haber en política migratoria y con los refugiados?
R Lo del cierre de las fronteras es una estupidez. El problema no está en el control de la gente que venga, está en el fracaso de las políticas de integración, por lo menos parcial. Sin dejar de reconocer que hay una cuota importante en los procesos de integración, que deben ser bidireccionales, es evidente que falta mucho en ese proceso. Y pongo un ejemplo del que presume mucho Cataluña, el movimiento Esplai. Hay razones para admirar esa inicativa social. Sin embargo, si miras bien, la presencia de personas de barrios de dificultad de integración es mínima. Hay que ser menos autocomplacientes y más exigentes.

P ¿Y qué papel juega la política exterior?
R Es un tercer factor que incide en los procesos de radicalización. Nuestra política y la de la UE facilita la propaganda que consume esta gente individualmente o a través de imanes radicalizados. Nuestro país es el tercero que más armas vende a Arabia Saudí y habla de ese país como el mejor socio, y es un régimen incompatible con las exigencias básicas de derechos humanos, por ejemplo, de las mujeres. Es un régimen que fomenta la exclavitud de trabajadores extranjeros, como lo fomentan buena parte de las petromonarquías del golfo; es un régimen que lleva a cabo una política de agresión en Yemen de la que no decimos nada.

P ¿Teme un aumento de la islamofobia?
R En términos significativos, no. En España no hay ningún partido organizado y poderoso como el AfD en Alemania. No existe un Frente Nacional y no existe una propaganda de la bajeza moral como la del Ukip. Puede haber un cierto incremento de reacción islamófobo, es inevitable, sobre todo porque no se hace un buen trabajo desde los medios de comunicación social. Hay mucho amarillismo, hace falta más análisis.

P ¿El pacto antiterrorista podría ir en detrimento de los derechos básicos?
R Es un riesgo. Espero que la mesa no se plantee un endurecimiento legislativo que suponga un recorte de las libertades porque no debe ser la vía, sino la de contemplar la cooperación de los servicios de inteligencia y las teareas de integración.

La doble tragedia de Val d’HIV en 2017 (Cartelera Turia, nº 2790)

En la política de gestos que practica el President Macron, tras el acercamiento al Trump para mostrarle la pompa republicana del 14 de julio (jueguecito de apretones de manos entre machos repetido), le tocó a Benjamin Netanyahu el honor de verse asociado a la conmemoración de la redada que llevó a más de 7000 franceses judíos a ser encerrados en el Velódromo de Invierno de Paris, el 16 de julio de 1942, dentro de la operación Viento primaveral que se puso en marcha a las 4 de la mañana, y en la que se arrestó a 12.884 personas (5.802 mujeres; 3.031 hombres y 4051 niños), paso previo a su deportación a los campos de concentración nazis. La detención de niños entre 2 y 12 años fue una iniciativa de la policía francesa, pues los responsables de la sección IVB4 de la Gestapo, que dirigía la operación, sólo habían previsto a adultos. Todos los niños acabaron finalmente en las cámaras de Auschwitz.

Soy de los que piensan que Macron acierta al remover esa página oscura de la historia de Francia, que durante decenios se ocultó o minusvaloró, al igual que se hizo con la mitificación de la Resistencia antinazi, o con el inhumano trato a los españoles que huían de la victoria franquista. Enfrentarse a la verdad, desmitificar, aceptar y ofrecer reparación por los delitos y faltas cometidos y por su ocultación en nombre de la grandeza de la patria, es el terreno más sólido para un proyecto republicano que se tome en serio. No digamos el ejemplo que eso significa para un país como el nuestro, en el que los Gobiernos pasan, mientras siguen en las cunetas y fosas miles de cadáveres sin identificar.

Por supuesto que Francia tiene una deuda con miles de sus ciudadanos que, a causa de su condición de judíos, fueron víctima del colaboracionismo practicado por el régimen de Vichy, pero también por una parte de la sociedad francesa. Libros como los de Maurice Rajsfus, Juana Salabert o Laurent Joly, documentales y películas sobre acontecimientos como éste son cada vez más claros a la hora de establecer su responsabilidad penal y política. Me permito recordar aquí la espléndida Mr. Klein (1976) de Joseph  Losey, infinitamente mejor, a mi juicio, que la reciente (2010) La Rafle, de Roselyne Bosch.

Y sin embargo…la invitación de Macron a Netanyahu me parece un error de inmenso calibre y una ofensa a las víctimas de Vel d’Hiv y a personalidades como la recién desaparecida Simone Veil. Ya sé que Netanyahu es invitado como primer ministro de Israel, pero es imposible olvidar que ese Netanyahu es el Jefe de un Gobierno que no sólo lleva el sionismo al extremo en su apoyo a los colonos fundamentalistas y a los nuevos asentamientos, sino que ha violado y viola continua e impunemente los derechos de los palestinos (incluidos niños) y se burla del Derecho internacional. Claro que nada habríamos arreglado si el invitado fuera el Jefe del Estado de Israel, Rauven Rivli quien, a diferencia de su antecesor Peres, es un político del ala extrema derecha del Likud, que sostiene que la única solución al conflicto es la anexión de Palestina por Israel. Hacer presente a alguien como Netanyahu en ese homenaje, es reincidir en la tragedia, no restañarla.Y temo que a Macron todo esto le da un poco igual, porque lo que busca es sostener sus epifanías como rey sol de este mundo en el que él mismo sería el Mesías.

Documento elaborado por el Ayuntamiento de Madrid sobre el CIE de Aluche, que pide su cierre y ofrece alternativas

EL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y EL CIE DE ALUCHE

La ciudad de Madrid cuenta en su territorio con un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE de Aluche). Este tipo de Centros son espacios no penitenciarios cuya función instrumental es la de facilitar la expulsión de las personas extranjeras en situación irregular, privándoles de libertad durante un período máximo de 60 días. La opacidad que envuelve su gestión, sumada a las reiteradas denuncias relativas a la violación de derechos de las personas internas en el citado CIE provoca que este Ayuntamiento de Madrid muestre su preocupación por la defensa de los derechos humanos de quienes se encuentran internados en el referido Centro.

La violación de derechos humanos en el interior de esa clase de Centros ha sido constatada por los informes de diferentes organismos internacionales.1

También el Defensor del Pueblo ha puesto de manifiesto las deficiencias en las condiciones de vida de los internos e internas, tanto en el ejercicio de las funciones que le son propias, como en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de España atribuido por las Cortes Generales2.

Las diferentes denuncias formuladas por distintos colectivos de la sociedad civil nos obligan a preguntarnos cuál es el verdadero objetivo de estos Centros, que según la legislación tienen como finalidad retener a los ciudadanos y ciudadanas extranjeros a la espera de su expulsión. En la práctica, esa finalidad se revela como un mecanismo meramente retributivo, mediante el cual en la mayor parte de los casos se priva de libertad a una persona que no ha cometido ningún hecho constitutivo de delito. En otros casos, las personas allí internadas sí cometieron actos delictivos por los que fueron condenadas, produciéndose en estos casos una triple condena discriminatoria (prisión, CIE, deportación).

El internamiento administrativo de personas migrantes es cuestionado por un número importante de organizaciones internacionales. Incluso algún relator de Naciones Unidas ha expresado el alto coste humano que supone esa medida para las personas que salen de sus países buscando una vida digna y que por el simple hecho de cruzar una frontera son detenidas e internadas.

La política de internamiento en los CIE para asegurar la ejecución de una orden de expulsión -sanción administrativa dictada por la comisión de una infracción a la Ley de Extranjería- de personas que no han cometido delito alguno, es desproporcionada y discriminatoria y por tanto ese tipo de internamientos deberían ser abolidos.

1 Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (2015): Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de España [CCPR/C/ESP/CO/6], pfo. 15 y Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas (2016): Observaciones finales sobre los informes periódicos vigésimo primero, vigésimo segundo y vigésimo tercero de España [CERD/C/ESP/CO/21—23], pfos. 13 y 14.

2 Informe anual 2016 del Defensor del Pueblo, pág. 264 y ss e Informe anual 2016 Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) de España pág. 53 y ss.

1

Desde diversos organismos internacionales de protección de los derechos humanos se han señalado medidas alternativas y menos gravosas que la detención de migrantes, como por ejemplo “la notificación periódica a las autoridades, la libertad bajo fianza o la permanencia en centros abiertos o en un lugar designado”3, o bien la imposición de “condiciones de comparecencia o vigilancia, el depósito de una garantía financiera”4. También se ha indicado la custodia por organizaciones no gubernamentales (ONG), organizaciones religiosas, la entrega de documentos de viaje o la vigilancia electrónica5.

Las detenciones preventivas de migrantes en condiciones administrativas irregulares constituyen un trato diferenciado que afecta a un grupo de personas (las extranjeras), con consecuencias que, atendiendo a un objetivo lícito y legítimo (principio de soberanía de los Estados), como es el derecho de los Estados a regular las migraciones, sin embargo resultan desproporcionadas. La relación entre el medio empleado (privación de libertad por un hecho ilícito administrativo) y el objetivo perseguido (regulación de las migraciones y control de fronteras), es claramente desproporcionada, pues existen medidas alternativas menos coercitivas, tal y como se ha señalado, para lograr el fin perseguido.

Así lo han reconocido diferentes organismos de Naciones Unidas. Concretamente el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria tras reconocer “el derecho soberano de los Estados a reglamentar la migración”, declaró que “la detención de inmigrantes debería suprimirse gradualmente”, toda vez que “los migrantes en situación irregular no han cometido ningún delito”.6

Por su parte el Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes consideró que “los Estados no deberían privar a los inmigrantes de su derecho a la libertad en razón de su situación de inmigración”7 y les ha instado a “progresivamente abolir la detención administrativa de migrantes”8.

En el ámbito europeo, el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa manifestó que “es imperativo que los Estados trabajen para lograr la abolición de la detención de migrantes. Esto no significa dejar de gestionar las fronteras de cada uno, incluyendo las decisiones sobre quién entra en un país o quién puede permanecer. Significa invertir en medidas alternativas para gestionar de manera eficaz las migraciones, que no sean tan gravosas ni dañinas como lo es la detención”9.

3 Doc. A/HRC/13/30, Informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de 18 de enero de 2010, párrafo 65
4 Doc. A/65/222, Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes — 3 de agosto de 2010, párrafo 94
5 Resolución 1707 (2010) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, párrafo 9.3.4
6 Doc. A/HRC/13/30, Informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de 18 de enero de 2010, párrafo 58
7 Doc. A/65/222, Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes — 3 de agosto de 2010, párrafo 85
8 DOC. A/HRC/20/24, Report of the Special Rapporteur on the human rights of migrants, 12 de abril de 2012, párrafo 72
9 Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, Human Rights Comments: “High time for states to invest in alternatives to migrant detention”, Strasbourg, 31 de enero de 2017. Disponible en: https://www.coe.int/en/web/commissioner/—/high—time—for—states—to—invest—in—alternatives—to—migrant- detention?inheritRedirect=true&redirect=%2Fen%2Fweb%2Fcommissioner%2Fthematic— work%2Fmigration Traducción propia y no oficial del inglés

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Es importante señalar, además, que las ONGs y otras organizaciones sociales han denunciado en repetidas ocasiones el incremento alarmante de deportaciones rápidas, conocidas como deportaciones exprés y producidas en menos de 24 horas, que pueden suponer también una vulneración de los derechos humanos de nuestros vecinos y vecinas y en las que se pueden estar conculcando las garantías mínimas. Estas deportaciones están muy relacionadas con el CIE, ya que en ocasiones se producen en el transcurso de un internamiento o cercanas al mismo.

La colaboración imprescindible de las organizaciones sociales y ONGs que llevan años trabajando por los derechos humanos en el ámbito del CIE de Aluche es reconocida por este Ayuntamiento tanto con su presencia en la mesa de trabajo sectorial como en la posibilidad de trabajar de manera conjunta en la elaboración y desarrollo de este mismo documento.

El Ayuntamiento de Madrid y, en concreto, la mesa de trabajo específica del CIE de Aluche, contará con un plan de comunicación permanente que se ponga al servicio de la visibilización y sensibilización relacionadas con el propio centro de internamiento y la defensa de los derechos humanos de nuestros vecinos y vecinas.

En consecuencia, el Ayuntamiento de Madrid quiere expresar de forma clara su posición a favor del cierre del CIE de Aluche, si bien mientras se produce ese hecho, y dentro de las competencias que corresponden a esta Corporación, se proponen, teniendo en cuenta los estándares internacionales antes citados, los objetivos y las medidas de actuación que a continuación se indican, para garantizar y preservar los derechos humanos de todas las personas que se encuentran privadas de libertad en el referido Centro y aminorar así la limitación de sus derechos que se produce cuando son internadas.

ANTES DE PRODUCIRSE EL INTERNAMIENTO (OBJETIVOS)

  • Intentar reducir el número de personas extranjeras que ingresen en el CIE de Madrid. Garantizando que las circunstancias personales y de vulnerabilidad sean valoradas antes de decretar el internamiento, reduciendo el elevado coste humano de esta medida y prestando especial atención a personas en situación de especial vulnerabilidad o de arraigo social o familiar en nuestro país, así como a aquellas personas que no podrán llegar a ser expulsadas.
  • El Ayuntamiento promoverá medidas para garantizar que, de acuerdo a la legislación internacional, el internamiento en el CIE de Madrid sólo se utilice en circunstancias excepcionales, como último recurso y una vez se haya descartado la adopción de medidas alternativas, dado que la legislación internacional de DDHH establece que existe una presunción contra el internamiento y obliga a que sea el último recurso y a que previamente se consideren otras opciones.

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  • Informar de la posibilidad de retornos voluntarios, para procurar que todos los sujetos intervinientes tengan esa información a los efectos de que la expulsión forzada, en consonancia con lo establecido en la legislación nacional y comunitaria, sea el último recurso, frente a otras medidas de carácter menos coactivo.
  • Facilitar la decisión judicial ofreciendo al Juez de Instrucción un informe social elaborado especialmente en aquellos aspectos que tienen que ver con el arraigo u otras circunstancias personales que deben ser consideradas. Cuando no exista ese arraigo se ofrecerá como recurso una vivienda municipal o perteneciente a alguna Asociación con la que exista convenio, en la que la persona extranjera podrá permanecer teniendo cubiertas sus necesidades básicas, hasta que se resuelva sobre su expulsión o no del territorio nacional.
  • Atención a personas en situaciones de especial vulnerabilidad (mujeres víctimas de violencia de género, trata, solicitantes de asilo, familias o mujeres con menores, con hijos en España, personas enfermas o con alguna discapacidad o problemas psicológicos…) que se encuentren incursas en un procedimiento de internamiento, garantizando su acceso a los servicios específicos existentes para su protección y asistencia.
  • Dado que más del 80 por 100 de las personas internadas en el CIE de Aluche proceden de fuera de la Comunidad de Madrid, se procurará que las iniciativas que se contienen en este documento puedan ser conocidas en aquellas ciudades en las que residen, abriéndose la posibilidad de que las acciones sean coordinadas entre las instituciones públicas y sociales de las distintas ciudades.

    ANTES DEL INTERNAMIENTO (PROPUESTAS CONCRETAS)

  • Divulgar todos los recursos y servicios que pueda ofrecer el Ayuntamiento entre Colegios de Abogados y Juzgados de Instrucción de aquellas ciudades de las que provengan habitualmente las personas internadas. Para ello se solicitará la colaboración del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo General de la Abogacía Española y de la Federación Española de Municipios y Provincias.
  • Dotar al SAJIAD de un número de trabajadores sociales suficiente para que puedan realizar informes sociales y de arraigo de todas las personas extranjeras en situación irregular que pasen a disposición judicial en los Juzgados de Plaza de Castilla. Dichos informes serán ofrecidos a los Juzgados de Instrucción que tienen que decidir sobre los internamientos, incluyendo posibles acuerdos con otras ciudades e instituciones a este respecto.

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  • Organizativamente, asignar esa función al SAJIAD, dentro del convenio que existe entre el Área de Gobierno de Seguridad, Salud y Emergencias y la Asociación que gestiona el citado Servicio de Asesoramiento a los Juzgados de Instrucción.
  • Ofrecer los recursos necesarios (alojamiento y alimentación) para que los Jueces y Juezas puedan evitar el internamiento del ciudadano extranjero en el CIE de Madrid, y en su lugar acuerden, cuando proceda, que dicha persona pase a residir en una vivienda (recurso propio del Ayuntamiento o recurso convenido con alguna Asociación).
  • Firmar un convenio de colaboración con el Colegio de Abogados de Madrid, para facilitar a los defensores de las personas que pueden ser internadas en el CIE y bajo obligación de confidencialidad, la información que obre en los servicios sociales municipales, sobre arraigo, empadronamiento, vivienda, acceso a ayudas, etc. En dicho convenio se incluirá también la posibilidad de colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid y el Colegio de Abogados de Madrid para que el Servicio de Orientación Jurídica Municipal de Extranjería pueda prestarse en el interior del CIE.
  • Editar una pequeña guía con los recursos y servicios que ofrece el Ayuntamiento en esta materia, para que pueda ser distribuida entre Abogados, Jueces y Asociaciones que defiendan los derechos de los extranjeros.
  • Realizar cursos de formación para el personal de servicios sociales del Ayuntamiento, especialmente para los que trabajan en atención al ciudadano, con objeto de que conozcan las consecuencias de la irregularidad sobrevenida, que se produce cuando uno de los miembros de la familia no puede renovar su autorización de trabajo y residencia por falta de empleo, arrastrando a toda la familia a la irregularidad documental; o en aquellos casos en los que los menores están indocumentados por no haber sido traídos a España mediante reagrupación familiar. La ley de extranjería permite que se puedan minorar los medios económicos que se exigen para documentar a los menores o a los miembros dependientes de la familia. Los informes de los servicios sociales del Ayuntamiento en estos casos son fundamentales.
  • Dentro de esa formación deberían incluirse herramientas para que el personal municipal sepa detectar situaciones de vulnerabilidad que impedirían que estas personas acabaran en el CIE: determinación incorrecta de la mayoría de edad, necesidades de protección internacional o indicios de trata de seres humanos. Igualmente se les facilitarán los siguientes protocolos para proteger los derechos de las personas más vulnerables:

    Protocolos para asegurar que las personas transexuales son internadas en los módulos que les corresponden según su identidad de género.

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  •  Protocolos para la detección de víctimas de trata y de violencia de género.
  •  Protocolos de actuación cuando se detecte que la persona interna tiene una enfermedad grave, como cáncer o SIDA.
  •  Mecanismos para respetar la libertad religiosa de las personas internas, incluyendo aquellas religiones consideradas como minoritarias en España.

    DURANTE EL INTERNAMIENTO (OBJETIVOS)

  • Procurar que el tiempo de internamiento en el CIE sea el menor posible. Para ello los trabajadores y trabajadoras sociales que informaron al Juez de Instrucción a través del SAJIAD realizarán un seguimiento a las personas que sean internadas e informarán a los órganos judiciales que acordaron el mismo de cualquier circunstancia no valorada en la autorización del internamiento que requiera la revisión judicial de la medida o pueda suponer la finalización de ese internamiento.
  • El Ayuntamiento (en especial desde Madrid-Salud y SAMUR-PC) contribuirá a garantizar el derecho a la protección de la salud (incluida la salud sexual y reproductiva) de las personas internas en el CIE, procurando y facilitando el acceso de las personas allí internadas a la asistencia sanitaria y psicológica. Se prestará especial atención a las víctimas de violencia de género, incluida trata y explotación sexual, todo ello según lo previsto en el artículo 62 bis de la Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
  • Velar por las condiciones adecuadas de habitabilidad, salubridad y seguridad del edificio que alberga al CIE, teniendo en cuenta la finalidad a la que se destina y conforme se establece en la normativa municipal que regula dichas materias.

    DURANTE EL INTERNAMIENTO (PROPUESTAS CONCRETAS)

  • Acordar con los responsables del CIE de Madrid la presencia dentro del mismo de dos o tres trabajadores sociales, que puedan hacer un seguimiento de la situación personal y administrativa de las personas que allí se encuentran, todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 62 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero. Los informes de dichos profesionales podrán ser remitidos al abogado o abogada defensores de la persona interna, al responsable del Cuerpo Nacional de Policía que instruya el expediente de

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internamiento y a los órganos judiciales competentes cuando su contenido resulte trascendente para su situación.

  • Acordar con los responsables del CIE de Madrid que los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid puedan ofrecer a las personas internadas la asistencia social y cultural que previene el artículo 15 del Reglamento de funcionamiento y régimen interior de los CIES, facilitándoles al efecto el material de ocio, lectura y deportes que precisen. En todos los casos se respetará la diversidad cultural y las creencias de los internos.
  • Acordar con los responsables del CIE que los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid, haciendo uso de lo previsto en el artículo 32.2 del Reglamento de funcionamiento y régimen interior de los CIES, puedan facilitar a la persona internada la ropa y el calzado necesarios, cuando carezcan de ello.
  • Los servicios sociales del Ayuntamiento deberán facilitar y asistir a las personas internadas en todas aquellas actuaciones que no puedan realizar al tener limitada su libertad.
  • Acordar con los responsables del CIE de Madrid que los servicios sociales del Ayuntamiento puedan intervenir y realizar las actuaciones necesarias con las personas que están internadas para planificar y preparar su salida del CIE, atendiendo posibles derivaciones o las necesidades de las personas que sean liberadas para retornar a su ciudad de residencia cuando esta sea otra distinta y carezcan de medios para ello. A este fin se solicitará la instalación de un buzón en la zona destinada a ello, en el que las personas internadas puedan depositar las peticiones dirigidas al Ayuntamiento de Madrid.
  • Acordar con los responsables del CIE de Madrid que Madrid-Salud y SAMUR- PC, cada uno de ellos con las competencias que tienen asignadas, puedan prestar dentro del CIE asistencia médica, incluida la relacionada con los derechos sexuales y reproductivos, así como asistencia psicológica dada la situación de estrés que pueden sufrir las personas internadas, todo ello acompañado de los consiguientes informes.

    En caso de detectar la presencia de mujeres que han sido víctimas de violencia de género (incluida trata y explotación sexual), se solicitará la salida inmediata del CIE hacia un recurso alternativo y, hasta que ésta se produzca, se les ofrecerá directamente la asistencia psicológica precisa y la emisión de los informes necesarios para que su estado de salud y los posibles efectos de la detención consten en los procedimientos judiciales. Todo ello según lo previsto en el artículo 59 bis de la Ley Orgánica sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

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  • Girar las visitas de inspección al CIE que correspondan, por los servicios municipales competentes para comprobar sus condiciones de habitabilidad, salubridad y seguridad.
  • Cuando los servicios sociales tengan noticias de cualquier hecho de violencia de género, racismo, homofobia, malos tratos y otros abusos contra las personas internadas o que vayan a serlo o de cualquier otra vulneración de los derechos humanos, lo pondrán inmediatamente en conocimiento de los jueces y de los abogados de las personas internadas.

    DESPUÉS DEL INTERNAMIENTO (OBJETIVOS)

  • Tener conocimiento completo de la situación social de quienes están allí internados para poder ofrecerles los recursos adecuados en el momento de su salida del CIE, cuando carezcan de ayudas y de apoyos familiares.
  • Desde los servicios sociales municipales se ofrecerá colaboración con los afectados para documentar y regularizar su situación en nuestro país o, en su caso, facilitarles las gestiones que sean precisas para el retorno voluntario al suyo.

    DESPUES DEL INTERNAMIENTO (PROPUESTAS CONCRETAS)

  • Los servicios sociales municipales de la Junta de Distrito de Carabanchel deberán tener información completa de la situación personal y familiar en la que se encuentran las personas allí internadas para poder preparar los recursos que precisen en el momento de su salida del CIE. Deberán informar al SAMUR-SOCIAL cuando fuese necesaria su asistencia.
  • Caso de conocerse la fecha probable de ejecución de la orden de expulsión, los referidos trabajadores sociales deberán ofrecer a la persona internada la posibilidad de comunicar ese dato al Letrado o Letrada que le asista.
  • Los servicios municipales realizaran periódicamente los estudios necesarios para conocer los datos estadísticos desagregados por género, edad, nacionalidad de las personas internadas, tiempo que duró el internamiento y su trayectoria posterior, para valorar si realmente el internamiento fue necesario y guardó proporción con esa medida limitadora de la libertad.

    Madrid, julio de 2017.

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Premios (Cartelera Turia, 2778, 7 julio 2017)

Una fecha tan redonda como ésta, la del 7 del 7 de 2017, festividad de San Fermín de 2017, no podía dejar de llevar aparejada un premio. Bueno, muchos. Y muy especiales. Porque hay premios y premios y luego están los de la Turia. Que no son los Nobel, ni los feminizados Jaume I, pero han conseguido llegar a formar parte del paisaje del mes de julio en nuestra Valencia, que ya no se entiende sin ellos.

Conozco pocas frases que expliquen tan bien la dificultad de ser jurado de un premio como ésta con la que me advirtió un colega la primera vez que participé en un tribunal de oposiciones: <ganas varios enemigos y un desagradecido>. Los perdedores, claro, te guardan la herida de su orgullo, aunque haya algún ejemplo de fair play, sí. Pero el ganador, convencido de su valía, acaba reprochándote que no se lo dieras antes y que ese premio, que no es otra cosa que un acto de justicia del mundo con él, haya tenido que llegar a través de un grupo de mindundis….

Siempre que participo o asisto a este tipo de ceremonias recuerdo una anécdota atribuida a Unamuno que muchos lectores conocerán, pero que tengo que contar para no desmentir el enunciado. Pues verán. Entregaba el rey Alfonso XIII una medalla, recaída en esa ocasión en el rector de Salamanca. “Enhorabuena, Don Miguel!” dice el campechano Borbón. Y responde el adusto sabio: “Gracias, majestad; es verdad que me la merecía hace tiempo”. Sorprendido el monarca, cuando llega la hora de las copas le dice al filósofo: “Pero, Don Miguel, qué cosas tiene Vd! Siempre que entrego un premio a alguien, todos me dicen, <gracias, majestad; es un premio inmerecido>”. Y responde Unamuno: “Es que eso también es verdad, majestad; no se lo merecen”…

Los premios son regalos y, en ese sentido, no son frecuentemente el producto del mérito, menos aún si se entregan en competición con otros. Para eso sirven también, para alimentar la polémica y, de nuevo, para que los demás podamos criticar al jurado por su falta de criterio, que es el deporte preferido en estas ceremonias. No dudo de que nuestros queridos amigos de la Turia han actuado una vez más con su proverbial y caprichosa independencia de juicio, dejándose llevar por sus filias y fobias, como nosotros por las nuestras (mira que olvidar Comanchería, o Que Dios nos perdone!). Aunque su capricho haya coincidido con el mío en varios de los premios especiales (imprescindible R Sirera; como el reconocimiento al Sorolla) y en la obvia justicia de reconocer a los autores de La secesión de los ricos…Enhorabuena a todos y nos vemos en la gala!!