El tribunal de la razón: de la Universidad a la política (y vuelta). Releer a Kant, Pensamiento Crítico, abril 2018

 


 

  1. Sobre transparencia, Estado de Derecho y legitimidad democrática.

 

Hasta los más neófitos en filosofía política deben guardar el eco de un conocido pasaje de Kant en el que éste condensó la exigencia de transparencia (qué él enuncia como principio de publicidad) como condición de legitimidad de las decisiones de los gobernantes, o, por mejor decir, de un modelo <republicano> de Gobierno, tal y como lo concebía el propio Kant: “son injustas todas las acciones que se refieren al derecho de otros hombres cuyos principios no soportan ser publicados”. Norberto Bobbio,  al comentar esta tesis kantiana, aseguraba que la obligación de publicidad no sólo era un instrumento para el control del poder y, por consiguiente, una herramienta imprescindible para hablar de Estado de Derecho y aun de democracia, sino, en efecto, un criterio básico de licitud en politica. Veámoslo.

1.1. Es difícil, en efecto, hablar de Estado de Derecho si no se da una efectiva separación de poderes que, a su vez, sólo funciona si es posible el control de cada uno de ellos y, en particular, el del ejecutivo por el legislativo y por el judicial, aunque no sólo. En realidad, es un sistema complejo de pesos y contrapesos, según el tópico norteamericano (checks and balances) que ha ido desarrollándose desde el planteamiento inicial que formulara Montesquieu. En efecto, el legislativo también ha de ser controlado, básicamente por el judicial. Pero éste, que a Montesquieu le parecía que debía ser un poder mudo (el juez, boca muda de la ley), e incluso un no-poder, requiere a su vez un control. Comoquiera que los jueces en realidad quedan dotados de un gran –un terrible- poder, es necesario controlar sus decisiones. Ese control, en principio, es interno (el sistema jurisdiccional de recursos), aunque hoy, en un Estado constitucional de Derecho, tiene tres complementos: el primero, una instancia interna, de carácter mixto (judicial pero también político, vía constitucional), esto es, el Tribunal Constitucional. El segundo, externo pero también de naturaleza jurisdiccional, en el caso europeo, es el control por dos tribunales, el de justicia de la UE y el de derechos humanos propio del Consejo de Europa pero aceptado como vinculante por la propia UE. El tercer control es radicalmente externo, y lo ejerce lo que llamamos cuarto poder, la prensa, que también lleva su control sobre el ejecutivo y el legislativo, en términos sobre todo de publicidad, de transparencia de los actos de uno y otro. Hoy, más que la prensa, hablamos de los media, e incluimos a las redes sociales, por donde aparece la posibilidad de un reforzamiento democrático del sistema de controles, en la medida en que la opinión pública parece aproximarse a la real opinión de los ciudadanos. Pero sabemos también de las posibilidades de manipular y aun pervertir esa aparente acercamiento radical al principio democrático.

1.2. Decía que no sólo hablamos de la publicidad como requisito del Estado de Derecho, sino también de la democracia, concebida conforme a la fórmula que –entre otros- ofrece Ranciére, esto es, no tanto un sistema institucional sino como la forma misma de entender la política: acción del pueblo. Recuperar al sujeto <pueblo> –los ciudadanos, no una entidad metafísica o etnocultural- y superar las diversas formas y grados de demofobia en la que caen buena parte de los sistemas políticos reales. En otras palabras, la publicidad como requisito de la democratización de la política, en la medida en que ésta, las acciones y decisiones que tocan a lo que es común, al objetivo de una vida buena en común, deben tener como sujeto, como titular,  al pueblo,  a los ciudadanos.

Porque la democracia se basa en la experiencia de que hay que sospechar de todo aquel que ejerce el poder y así, la necesidad de someterlo a control. La democracia -lo explicó Aristóteles- no se basa en la pregunta ¿quién debe gobernar? sino en la pregunta ¿cómo se debe gobernar?, es decir, en la institucionalización de medios que permitan exigir responsabilidad a quien gobierna, lo que requiere poder controlarlo. Cuanto más, mejor. Por eso, en política se invierte la carga de la prueba: es el político quien debe demostrar que no ha actuado mal. Recojo aquí algo que sugería Máximo Pradera y que considero importante subrayar para denunciar una de las confusiones más habituales en la discusión. Una falacia argumentativa tan básica como comúnmente ignorada: la confusión entre presunción de inocencia, principio jurídico básico en el ámbito penal y aun administrativo,  y la exigencia de respeto a la “presunción de inocencia” en política, que no sólo no es un derecho, sino es un grave error. Como recuerda Max Pradera, siguiendo el infalible leit-motiv de lord Acton (el poder corrompe; el poder absoluto corrompe absolutamente) pedir presunción de inocencia en política destruye el principio básico de la democracia, ejercer control continuo y no superficial. Y ese control debe ser accesible a los ciudadanos, deben poder visibilizarlo.

1.3. En realidad, la exigencia de publicidad entronca con el leit motiv de la obra de Kant y los ilustrados, esto es, la defensa de la libertad de crítica como expresión de la razón y como principio de legitimidad de un orden político, de las actuaciones y decisiones de los gobernantes. Es sabido que Kant insistía en la prioridad del “tribunal de la crítica”. De nuevo apelo incluso a los neófitos en filosofía y en filosofía política, que recordarán el dictamen recogido en la Crítica de la razón pura a propósito del “tribunal de la razón”: “todo ha de someterse a ella. Pero la religión y la legislación pretenden de ordinario escapar a la misma. La primera a causa de su santidad y la segunda a causa de su majestad. Sin embargo, al hacerlo, despiertan contra sí mismas sospechas justificadas y no pueden exigir un respeto sincero, respeto que la raz6n s6lo concede a lo que es capaz de resistir un examen público y libre”.

Añadiré que esa exigencia de la razón lo es también del respeto debido a los ciudadanos como sujetos del poder originario. Y, como he sugerido en alguna otra ocasión, a ese propósito viene bien recordar el dictum que encontramos en las Mémoires (1675) de Jean-François-Paul de Gondi, cardenal de Retz y rival de Mazarino, tantas veces mal atribuido a Lichtenberg: “cuando los que gobiernan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto y despiertan de su letargo, pero de forma violenta”. Es decir, esa desvergüenza de quien gobierna ocultando o engañando sobre sus decisiones al pueblo, a los ciudadanos, tiene como inevitable resultado, antes o después, el descrédito de las instituciones de poder y, en algunos casos, el descrédito del sistema mismo, lo que empuja a la vía de la violencia, en el momento en el que <los que obedecen>, pero son los verdaderos titulares del poder, caen en la cuenta de que están siendo engañados y que no es posible salir de ese engaño sin salir del sistema mismo.

 

  1. La Universidad y el tribunal de la libre crítica

 

Si he recordado todo lo anterior –como habrá intuido a estas horas la mayoría de los lectores- es porque el denominado “caso Cifuentes” –que para algunos es también “caso Universidad Rey Juan Carlos” (URJC), me parece un escenario de prueba de ese test de legitimidad en política.

Desde luego, tras el “caso Cifuentes” hay todos los indicios de un entramado de irregularidades, de incumplimiento de normativas de master, de reglamentos sobre plazos y formalidades de matrícula y asistencia a master presenciales, de depósito y publicidad de trabajos de fin de master y de los requisitos de constitución y actuación y calificación por parte de los tribunales para juzgarlos, de custodia y rectificación de actas, etcétera, que, a la hora de redactar estas páginas, no sólo no han sido esclarecidas, sino que cada vez parecen más necesitadas de una investigación que desborda los límites de lo estrictamente universitario para alcanzar el ámbito de lo político, de lo público y quizá también de lo judicial.

Primero, porque la protagonista de los hechos, la Sra. Cifuentes, es un importante cargo público –Presidenta de la Comunidad de Madrid, aspirante a ocupar la Presidencia de su partido, el PP-. Además, porque esas irregularidades que hemos conocido gracias a la investigación periodística que ha llevado a cabo una redactora de eldiario.es,  la Sra Ejerique, sostenida por el director de este medio digital, Ignacio Escolar, afectan a una Universidad pública, costeada por los contribuyentes. Hay una apariencia de mal uso o incluso abuso de poder por parte de la Sra Cifuentes, con la aparente complicidad de funcionarios y/o personal laboral de esa Universidad, en un escenario además de aparente tráfico de influencias y de puertas giratorias que vincularía a algunos  políticos del PP con esta Universidad y que se suma a un grave episodio de desprestigio, protagonizado por un rector anterior, a todas luces plagiario. Frente a esa apariencia, políticamente hablando (otra cosa serán las eventuales responsabilidades jurídicas, de prosperar las denuncias que ya se han formulado ante la fiscalía), el responsable político debe dar cuentas y, como ya he apuntado, no debe excusarse en la presunción de inocencia.

Pero hay más. Estamos hablando de una Universidad pública. La Sra Cifuentes habida cuenta de su condición de funcionaria de la administración universitaria, no puede ignorar (sería ignorancia culpable) que, si hay una comunidad que no puede existir sin la máxima apertura y libertad de crítica, esa es la Universidad. Por eso es tan destructiva del ideal de Universidad una práctica como la que parece haber sido suya, tratar de sortear la exigencia de transparencia, de máxima publicidad.

En efecto, a mi juicio y más allá de este “caso Cifuentes” o “caso URJC”, una parte de los males de nuestras Universidades resultan del estrechamiento de eso que es, que debe ser,  nuestro hábitat natural, la máxima apertura al tribunal de la razón. Porque las finalidades de la Universidad –investigación, formación especializada a través de la docencia, difusión y transferencia del conocimiento- exigen la máxima publicidad, en el sentido de la mayor transparencia, de la máxima libertad de crítica. Y sobre todo porque la Universidad pública es un elemento clave del mantenimiento de ese tribunal de la razón, del espacio público como espacio de libre deliberación y crítica, junto a la prensa, a los medios de comunicación y hoy, las redes sociales, sin desconocer los riesgos de manipulación en todas y cada una de ellas..

Insisto. Si la Universidad (la comunidad científica) no puede existir sin transparencia, sin publicidad, es -ante todo- porque lo mejor que tratamos de hacer en la Universidad lo hacemos para que pueda ser discutido y criticado. Ninguno de nosotros en la Universidad organiza seminarios, escribe artículos, libros, tesis de grado o doctorales, para que queden enterrados y nadie los lea y discuta. Y si alguien acude al subterfugio de la protección de la privacidad es que no ha entendido dónde, ni para qué está. Salvo que, obviamente, se trate de descubrimientos de tal importancia que hayan de ser protegidos hasta que quede garantizada su autoría. A mi entender, no parece que fuera el caso, por ejemplo, de la tesis doctoral del Sr. Camps, que pretendió ser hurtada a la publicidad y que, cuando por fin se pudo conocer, no supuso (que yo sepa) ninguna revolución en los modelos electorales. Sinceramente, tampoco creo que sea el caso de ese trabajo fin de master de la Sra Cifuentes, si es que aparece o cuando aparezca: no hay motivo para proteger hasta tal punto la propiedad intelectual cuando choca con un bien jurídico superior.

El daño a la Universidad pública es más grave cuando este caso contribuye a echar sombras sobre las puertas giratorias entre el Partido Popular de la Comunidad de Madrid y la URJC y sobre la laxitud de algunos dirigentes de esta URJC a la hora de aplicar la normativa universitaria cuando se trata de políticos y profesores vinculados al PP, como los profesores Alvarez Conde o Chico, cuyos modos y maneras recuerdan a los de los viejos mandarines universitarios que se creían impunes, por encima de la norma, a la hora de distribuir notas o cargos.

De paso, por supuesto, habrá que convenir en que el ideal que debería caracterizar a la comunidad universitaria es eso, un modelo, una idea-guía. Ergo los universitarios somos los primeros comprometidos por esa exigencia, lo que quiere decir que no cabe esconderse bajo el alegato gremial y negar que existen situaciones poco compatibles con el modelo. No: no todo funciona bien, ni todo es igual en las universidades públicas (y no les digo de las privadas). Hay que reconocer que no todos los estudiantes, los PAS, los profesores e investigadores y los equipos de gobierno, con sus rectores, están -estamos- a la altura de lo exigible y por eso la atención crítica debe ser constante para corregir y mejorar. Eso exige la máxima transparencia. Aunque conviene añadir, para quien no lo sepa, que los universitarios somos probablemente los profesionales más sometidos a evaluaciones y controles. Otra cosa es que el sistema de evaluación y control no sea a su vez, manifiestamente mejorable. Pero habrá que decir a la opinión pública, por ejemplo, que los master y programas de doctorado deben pasar por la revisión de comisiones externas de evaluación y de las agencias de evaluación de las CCAA y la estatal. Y reciben calificaciones, de las que depende no ya su prestigio, sino su supervivencia.

Si aún así se producen anomalías, como las que verosímilmente acabamos de conocer, es evidente que hay que trabajar más y con más transparencia en el control. Porque quizá estos comportamientos tan poco elogiables sean sólo la punta del iceberg y sea mayor de lo que pensamos la presencia de malos usos derivados, por ejemplo, de esas puertas giratorias: me refiero a malas puertas giratorias entre la Universidad y centros de poder, los partidos políticos, las empresas, los bancos, los medios de comunicación. Insisto: malas puertas, porque el contacto y la transferencia entre la Universidad y esos ámbitos no sólo es conveniente, sino necesario. Pero bajo la máxima transparencia posible. Como también hay que corregir -a mi juicio- ese riesgo de contaminación que significa la adopción prioritaria y cada vez más extendida de criterios economicistas en la Universidad. No digo que no nos importen la eficiencia ni la rentabilidad en la Universidad, pero –a mi juicio- la docencia, la investigación, la creación y difusión de conocimiento no deberían regirse sólo ni aun prioritariamente por ese rasero.

Temo que la Sra Cifuentes no comparta nada de lo dicho si tenemos en cuenta, por ejemplo, que desde su gobierno emprendió un modelo de regulación de las Universidades en su Comunidad que está en el fondo de todo el asunto; una ley para domesticar la Universidad pública y facilitar que pueda ser longa manus del poder partidista, pervirtiendo así su carácter de pieza básica (no única, claro) de constitución del espacio público, del tribunal de la razón. Los universitarios, pero también cualquier ciudadano preocupado por lo público, debemos reaccionar. Y llevar nuestras críticas ante el tribunal de la libre discusión, que en última instancia esclarezca los hechos ante los afectados, que somos todos los ciudadanos. Hayan o no leído a Kant.

Otra vez, sobre el dictum del cardenal de Retz

En estos días, ante comportamientos desvergonzados, inaceptables, de algunos de nuestros gobernantes, he recordado el viejo dictum del cardenal de Retz,  quien fuera rival de Mazarino, en sus Mémoires (1675), que dice así:

Je choisis cette remarque entre douze ou quinze que je vous pourrais faire de même nature, pour vous donner à entendre l’extrémité du mal, qui n’est jamais à sa période que quand ceux qui commandent ont perdu la honte, parce que c’est justement le moment dans lequel ceux qui obéissent perdent le respect; et c’est dans ce même moment où l’on revient de la léthargie, mais par des convulsions». Cfr. Jean-François-Paul de Gondi, Cardinal de Retz, Mémoires, 1675, tomo 1 p.66. Tomo la referencia de Massimo Ciavolella y Patrik Coleman, en su Culture and Athority in the Baroque, University of Toronto Press, 2005, pp 69 y 219.

La frase que he destacado en letra normal, dentro de la cursiva, podría traducirse libremente así: “Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto, y despiertan de su letargo, pero de forma violenta”.

Pues bien, esa última parte de la frase es la que me parece particularmente relevante hoy. Vivimos un proceso acelerado de desgaste de instituciones clave (TC, TS), de las reglas de juego (la división de poderes, la independencia del poder judicial) y de bienes constitucionales de primer orden no sale gratis. Si a ello sumamos la parálisis en las necesarias reformas que pudieran contrapesar ese desgaste y ofrecer cauces institucionales efectivos de participación ciudadana, el resultado es el que previó el prudente cardenal: no parece quedar otra alternativa que la de la violencia, es decir, la desobediencia sin respeto alguno a las reglas, sino impugnándolas en su totalidad, lo que no puede denominarse de ninguna manera desobediencia civil, sino rebelión o, quizá, revolución.

Dicho de otra manera, contra lo que oímos habitualmente en los media, los verdaderos antisistema son quienes contribuyen a la tesis de que el sistema no tiene otra alternativa que destruirlo, los que arrojan a los ciudadanos a actuar fuera del sistema, fuera de las vías del Derecho, la negociación, la actuación pacífica, como única opción…

Añadiré que, a mi juicio, eso no da la razón a quienes violan la ley, desobedecen a los tribunales y se saltan las normas cuando les parece, recurriendo a vías que de una u otra forma suponen violencia. La razón es incompatible con el insulto, la violencia, el imponer a los demás el propio criterio de justicia. Pero es que estamos estrechando el campo de la razón, de la igual libertad en derechos, del reconocimiento de los ciudadanos como sujeto político más allá de lo aceptable.

Reflexiones de viernes santo 2018 en España: para una política de laicidad

En Irlanda, que rivaliza con España y Polonia en el peso de su identidad católica, el viernes santo de hoy evoca el nacimiento de la posibilidad de una nueva política, por el acuerdo alcanzado en Belfast hace ahora casi exactamente 20 años.  Sin embargo, en nuestro país, las anécdotas vividas en la semana de pasión que culmina hoy, viernes santo, parecen evocar más bien la permanencia de hábitos y principios de una vieja política. Esto es lo que me preocupa, no las anécdotas de himnos, legionarios, banderas y ministros, sino la categoría que subyace.
Para salir de esa vieja política, necesitamos lo que el profesor Rodríguez Uribes, en su libro <Elogio de la laicidad>, llama “política de laicidad”.
Política de laicidad porque ésta, la laicidad, no es un rasgo adjetivo, sino una condición de la democracia, más aún en sociedades crecientemente multiculturales y cada vez más marcadas por la tenencia a la desigualdad y la exclusión.
Política de laicidad como rebelión activa contra el fanatismo y su “tejido de aberraciones” del que hablara H Bergson.
Política de laicidad entendida como base de la emancipación ciudadana y garantía de respeto para todas las personas en igualdad, de la igualdad de género a la libre opción sexual, a la libertad de expresión, de crítica, en suma, al despliegue de todas las potencialidades de cada uno, para desarrollar el propio proyecto de vida y también ese proyecto común que es la política, sin dogmas, tutelas o autoridades irracionalmente impuestas.

Nuestro contexto exige imperiosamente la imperiosamente trabajar por un espacio público laico, en el que no sólo se respeten todas las opciones de conciencia – religiosas o no – sino en el que, además, ninguna tenga privilegio alguno respecto a las demás, garantizando la neutralidad del Estado ante las opciones de conciencia de su ciudadanía.

No ignoro que el error de cierta tradición de la laicidad, como advierte con buen juicio el profesor Rodríguez Uribes, es confundir el proceso de secularización propio de la democracia laica con la pretensión de desaparición, o, para ser más rigurosos, de absoluta irrelevancia (incluso por la vía del menosprecio) del hecho religioso en el espacio público. Creo que algo de eso se advierte en debates que han reverdecido por ejemplo a propósito de los cambios introducidos en esta etapa reciente de “democracia municipal” (tras las última elecciones municipales en España) caracterizadas por el hecho novedoso de que la gestión de una parte importante de las ciudades está en manos de coaliciones políticas en las que la izquierda tradicional (PSOE, IU) gobierna en coalición con fuerzas renovadoras (Podemos, Mareas, En común, etc) o incluso se ha visto superada por ellas y que se caracteriza por prácticas (algunos las califican de política de gestos) de reivindicación precisamente de la laicidad, frente a usos anteriores que eran incompatibles incluso con la aconfesionalidad.

En ese sentido, coincido con la tesis del profesor Rodríguez Uribes de que debe reconocerse que el objetivo de una política de laicidad no debe confundirse con lo que podríamos llamar enfermedad o fase infantil del laicismo. Y ello pese a que creo que esa fase, caracterizada por la pretensión de ecraser l’infame, de erradicar no sólo esa ilegítima interferencia en lo que es la noción de autonomía del demos, sino su presencia social, es perfectamente comprensible como reacción frente al insoportable e indebido peso de ciertas iglesias en la vida pública, como es el caso de la Iglesia católica en España. Y si lo creo es, entre otras razones, porque, como enseñara con rigor Emile Durkheim en Las formas elementales de la vida religiosa, esa pretensión es un error desde el punto de vista de la comprensión de los procesos sociales.

Así pues, me parece que puede convenirse que la laicidad como principio de gestión de la libertad de conciencia, pensamiento y religiosa en las sociedades de la diversidad profunda, está reñida con la ignorancia o, para ser más claro, con la voluntad de ignorar el carácter relevante del hecho religioso como constitutivo de nuestras sociedades. Pero, en todo caso, convengamos también en aceptar que la laicidad no puede ser una apuesta asimétrica, pues se desvirtúa entonces el principio indisociable de igualdad del que emana y al que está asociada la apuesta laica.

Aceptemos además que hoy la laicidad no se puede reducir ni al principio de neutralidad del estado respecto a las ideas de bien, ni al de a la separación de las iglesias y el Estado. Por esa razón, como se ha insistido, en la reflexión de conjunto se hace necesaria una visión más vinculada a las organizaciones y a los activistas sociales, una perspectiva que, sin abandonar el marco y las ambiciones teóricas, se encuentre más cerca de lo que podríamos denominar la acción social, la apuesta por esa dimensión pública no institucional que es el campo de acción de los agentes de la sociedad civil.

Si el espacio público es el lugar de encuentro de toda la ciudadanía en igualdad, para que esa igualdad sea real, sobre la base de los derechos humanos, las prácticas religiosas y el trato a las confesiones, debe pasar por la estricta neutralidad del Estado. De otra manera, estaríamos reclamando a la nueva ciudadanía un compromiso con la laicidad que no se practica ante las religiones mayoritarias de las sociedades de acogida.

 

SOBRE EL AUTO DEL MAGISTRADO LLARENA (TS) DE 23 DE MARZO DE 2018, DE PROCESAMIENTO DE DIRIGENTES DEL “PROCÉS”

El auto del magistrado Llarena de 23 de marzo de 2018 por el que se abre procesamiento a exmiembros del Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya, a líderes parlamentarios y a dos representantes de dos organizaciones de la sociedad civil (Jordi Cuixart y Jordi Sánchez) es un escrito de 70 páginas, lleno de notas y referencias, que no me parece sencillo de leer en un día.

Exige -y merece por su relevancia- un examen detenido, sin los prejuicios de quienes, sin leerlo, glorifican a su autor como el Cid Campeador, pero tampoco de quienes, sin leerlo, lo estigmatizan como un grosero  prevaricador reaccionario.

La glorificación es la posición propagandística, que no informativa ni aun siquiera de opinión crítica, adoptada por la mayor parte de los periódicos en papel de gran difusión nacional, desde Madrid, así como por importantes medios de comunicación -en particular la televisión pública, TVE-  y por buena parte de las radios.

La descalificación feroz es la posición también -a mi juicio- apriorística y de propaganda, en la que se embarcan los medios vinculados al independentismo (notablemente TV3, Ara, etc) y tal y como lo hace de la forma más grosera -a mi juicio- el programa Polonia (TV3) del que he sido ferviente seguidor y que me parece que ejerce ya casi sólo unilateralmente como una mala versión de La Traca, contra todo lo que “proceda de Madrit”. Por cierto, descalificación grosera y generalizada que afecta también a todo aquel que sea magistrado del TC, condición que según el programa en cuestión, ineludiblemente supone ser una especie de palmero descerebrado del Gobierno Rajoy, ignorando la pluralidad jurídica e ideológica de sus magistrados. Otra cosa es la necesidad imperiosa de establecer otro procedimiento de elección de los miembros del CGPJ, de los altos cargos de los altos tribunales de justicia y, desde luego, de los magistrados del TC, que no puede seguir tal y como se procede en este momento pues fomenta la configuración de los tribunales como correa del ejecutivo y en todo caso, de las mayorías parlamentarias

Tras estudiar este auto, mi conclusión, provisional, y a salvo del mejor criterio de compañeros constitucionalistas, procesalistas y penalistas, es que todo el peso argumentativo (desde el relato de hechos a los fundamentos jurídicos), que se encamina a construir la verosimilitud de la atribución de un delito de rebelión, tiene elementos verosímiles de lo que quizá habría que calificar, más bien, como <conspiración para la sedición>. A mi juicio, esto sería más razonable incluso que la <conspiración para la rebelión>, que es la calificación penal a la que apuntaba la decisión de la Sala de Admisiones del TS de 30 de octubre de 2017, que precisamente encargaba la instrucción al magistrado Llarena, al señalar que, en todo caso, podría tratarse de conspiración para la rebelión, “al no superar los conspiradores la fase propiamente preparatoria”. La Sala señalaba asimismo que es en la instrucción y no en la admisión cuando hay que dilucidar esta diferencia.

Este es un punto capital. Y, a mi juicio, pese al esfuerzo de reconstrucción de hechos en el que se da cabida insistentemente a la omnipresencia relevante del elemento de violencia, condición sine qua non del tipo de rebelión, que es interpretada como mínimo de forma muy objetable (con algunas referencias a mi juicio muy desafortunadas como por ejemplo, la metáfora  de los tiros al aire de la entrada de Tejero y los suyos en el Congreso), no resultan ni mucho menos concluyentes sobre ese particular. Y sin eso no puede haber rebelión.

Que haya habido desobediencia reiterada y aun pertinaz, me parece más que evidente y respecto a todos los procesados, que ahora no pueden llamarse a andana, cubrirse con la capa de dignidad y de justicia, como si su voluntad permanente de ignorar, vulnerar y desobedecer resoluciones judiciales y mandatos y requerimientos de los tribunales y en particular del TC (otra cosa es comulgar con la reforma que ha hecho del TC un órgano que requiere cumplimientos de conductas) fuera algo digno, inocente y sin relevancia antijurídica. No: en eso hay, a mi entender, como argumenta el auto, una presunción más que razonable de que han delinquido, como delinque todo aquel que se salta la ley y las decisiones de los tribunales. Ni ellos ni nadie (Rajoy, sus ministros, los políticos del PP, C’s o de cualquier partido) no deben estar por encima de la ley, por muy <patriotas> que sean: pueden y deben alegar que obedecían un mandato popular importante (que no el mandato de todo el pueblo: eso es radical y evidentemente falso y les desenmascara), pero aún así, como responsables políticos deben arrostrar las consecuencias de violar las leyes. 

Y añadiré, por impopular que parezca, que quienes huyen de los tribunales, como ha hecho ahora la Sra Rovira y pretenden que los tomemos por héroes sacrificados, actúan como irresponsables políticos incapaces de asumir el básico principio de coherencia con sus actos. No digamos, como egoístas insolidarios respecto al resto de procesados: nada de la dignidad del exilio republicano del 39: por no hablar del escándalo que me produce tratar de asimilarse con los refugiados que penan por el mundo, por mucho que traten de commovernos con la apelación a sus familias, hijas, o parientes, por cuya situación tengo la evidente simpatía que produce la suerte aciaga de quien se ve afectado por los comportamientos de tercero de los que no son responsables.

Me parece muy verosímil asimismo la argumentación del auto sobre la comisión de un delito de malversación. Está verosímilmente documentado el uso improcedente de fondos públicos para finalidades que no son legales, esto es,  para fines contrarios a la legalidad vigente, que es la legalidad “española”, digan lo que digan los medios independentistas: no hay “otra” legalidad. Cosa muy distinta es la legitimidad de perseguir un objetivo independentista, que es perfectamente clara desde el punto de vista constitucional: siempre que no suponga delinquir.

Sin embargo, que todo ello sea suficiente para mantener en prisión preventiva a los dos Jordis, y a los exconsellers Junqueras y Forn, no me parece suficientemente justificado tal y como lo exige esta medida procesal tan excepcional. Y mantengo mis dudas sobre el encarcelamiento incondicional del resto de los procesados, aunque a la vista de las andanzas de Puigdemont, Comín, Ponsati y luego Rovira (el caso de Gabriel no tiene relevancia penal como para dictar su ingreso en prisión, a mi juicio) es evidente el riesgo de fuga y eso puede haber influido, evidentemente, en la decisión el magistrado (otra cosa es que ignoremos que ha habido decisiones de la Sala de apelación del TS que confirman la denegación de los recursos contra el mantenimiento en prisión preventiva).

Dicho todo esto, la reflexión sobre el horizonte político en Catalunya y en España, sigue siendo un laberinto, después del fracaso de la investidura de Turull, la aparente defección de la CUP de la estrategia procesista y el inmovilismo perpetuo (perpetuum inmobile) en el que permanece encastillado –contra la más básica exigencia de la razón política democrática, pero a favor de la estrategia electoralista y del dictado del más rancio nacionalismo españolista, que fomenta irresponsablemente- el Gobierno Rajoy, por no añadir nada respecto al crudo ventajismo de C’s.

Ese es tema para una reflexión que exige tmás iempo y más análisis. Alguna esperanza podría haber en la posible fractura de la dinámica artificial pero eficaz de bloque “monárquico” (“constitucionalista” se le denomina, según el momento, auqnue mucho respeto a al Constitución no exhiben quienes la reducen a 8 artículos) frente a bloque “republicano” (“soberanista”, “independentista”). Quizá pueda aparecer la posibilidad de una plataforma común y plural en torno a la defensa de la democracia y de los derechos, pero eso si, (a diferencia a mi juicio de la escenificada en la sala del Parlament tras el debate del sábado) siempre que se acepte que esa defensa, en un Estado de Derecho, exige respeto (que no silencio de cementerio) a la ley y a las decisiones de los tribunales. Lo que no excluye el recurso a la desobediencia civil. A su vez y a mi juicio, siempre que nos pongamos de acuerdo en lo que entendemos por ella, cuando hablamos de desobediencia civil, lo que no está nada claro aquí y ahora. Más elementos de discusión, que no deberíamos aplazar.

6 de marzo: elecciones a rector en la Universitat de València

Sí: el próximo día 6 la segunda vuelta de las elecciones a rector nos ofrece una oportunidad histórica en la Universitat de València

 

A mi juicio, es la oportunidad de un cambio en serio. De empezar una etapa nueva y hacerlo desde un buen punto de partida: un candidato, un equipo y un programa que garanticen lo que es básico para que hablemso de cambio a fondo, seguro

  • Un cambio en serio, no un cambio lampedusiano. Porque no se trata de cambiar alguna persona para que siga todo igual, manteniendo un orden casi hereditario. Frente a una candidatura que díficilmente puede innovar, pues su cabeza de lista lleva en cargos de Gobierno rectoral más de 12 años y alguno de los vicerrectores más de 16, se presenta un equipo con experiencia de gestión, pero con capacidad de innovación y sin vínculos que le aten a herencias recibidas
  • Un cambio basado en el conocimiento y experiencia del día a día de la Universidad, de sus dificultades reales, con un equipo que nace desde abajo, no con un equipo que lleva 13 años mirando a la Universidad desde arriba, desde la torre de marfil de Blasco Ibáñez 13.
  • Una candidatura con políticas claras de género y mujeres expertas en temas de género, frente a otra candidatura con visión apolillada de la igualdad que, además, instrumentaliza los temas de género de forma simplista: no lucha realmente por la igualdad de las mujeres quien ahora identifica el momento de romper el techo de cristal, pero no lo hizo así en 2010 cuando se presentó por primera vez una mujer y no sólo no la apoyó, sino que formó parte de una candidatura dirigida por un hombre. Algo falla en el argumento de la Dra Mestre: no parece coherente que nos pida que la creamos ahora cuando no actuó así en 2010. Y es que lo importante para romper ese techo no es el nombre, sino que las mujeres universitarias den el salto de la igualdad. ¿O es que las seis mujeres que componen el equipo de Vicent J Martínez son menos feministas que la Dra Mestre?

 

No: esta no es una batalla entre hombres y mujeres. Es una batalla por un cambio real en la Universitat de València, un cambio que encuentra más y mejores garantías en el equipo compuesto mayoritariamente por mujeres y encabezado por el Dr. Martínez.

 

Por todo ello, animo a votar esta candidatura, la del #canvisegur

Ante los premios Oscars 2018

Desde mañana domingo, en la madrugada hacia el lunes en el horario español, conoceremos los premios Oscars de 2018.

Aquí dejo mis preferencias y mis pronósticos para algunas categorías…
Quién me gustaría que los ganara?
• Mejor película: 3 anuncios en las afueras
• Mejor director. Ch. Nolan (Dunkerque) (no está escogido como candidato Martin McDonagh, de 3 anuncios)
• Mejor actor: Daniel Day-lewis (El hilo). Pero tampoco está mal Daniel Kaluuya, Get Out

 Mejor actriz: Frances McDormand (3 anuncios)
• Mejor actor secundario: Sam Rockwell (3 anuncios), Willem Dafoe (The Florida Project) y no me importaría que lo fuera Woody Harrelson (3 anuncios)
• Mejor actriz secundaria: Leslie Manville (El hilo)
• Mejor guión original: 3 anuncios. A distancia, pero con mérito, Get out
• Mejor guión adaptado: Molly’s Game

Quién los ganará?
• Mejor película: La forma del agua
• Mejor director: G. Del Toro
• Mejor actor: Gary Oldman (el instante más oscuro)
• Mejor actriz: Sally Hawkings (La forma del agua)
• Mejor actor secundario: Richard Jenkins (la forma)
• Mejor actriz secundaria: Octavia Spencer
• Mejor guión original: la forma del agua
• Mejor guión adaptado: The Dissaster Artist

Y qué películas conviene ver, estén o no  en esa carrera?

The Party, LadyBird, The Florida Project…

Por un cambio seguro, por calidad democrática (artículo con Beatriz Gallardo, ante la 2 vuelta elecciones Rector UVEG, Levante, 1 marzo 2018)

http://www.levante-emv.com/opinion/2018/03/01/cambio-seguro-uv-calidad-democratica/1685529.html

Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho

Beatriz Gallardo-Pauls, Catedrática de lingüística general

 

Como ya se ha escrito, los votantes en la segunda vuelta de las elecciones a Rector de la Universitat de Valencia se encuentran ante un dilema evidente: cambio o continuidad. Y la candidatura de Vicent J. Martínez es, claramente, la del cambio. Un cambio real, factible, serio y seguro. Para cuya defensa tenemos argumentos igualmente serios y reales, que se resumen en el que en nuestros tiempos es, probablemente, el argumento político por excelencia: aspiramos a más y mejor democracia en el gobierno de nuestra Universitat. Sin que esto signifique albergar dudas sobre la competencia profesional ni sobre la rectitud de miras de ningún candidato.

 

Para que haya más y mejor democracia es necesaria, en primer lugar, la limitación de los mandatos consecutivos en los cargos de gobierno. Por una razón sencilla: evitar los malos usos que acompañan a su perpetuación. Si eso se pide en nuestros estatutos para el Rector, ¿por qué no para los vicerrectorados y la secretaría general que le acompañan? La autonomía universitaria se basa en el ejercicio responsable del autogobierno, pero profesionalizar la gestión debe ser competencia exclusiva del PAS.

 

La experiencia demuestra que la permanencia excesiva en el poder afecta a la transparencia y buen hacer de quien lo ejerce, como ya sabían los griegos. Es lo que asevera el dictum famoso de Lord Acton (el poder corrompe; el poder absoluto corrompe absolutamente), que llama a evitar la podredumbre, el aislamiento que aleja a quien se perpetúa en cargos de los fines que perseguían inicialmente él mismo y, desde luego, quienes lo eligieron.

 

La experiencia demuestra que la permanencia excesiva en el poder aísla y atrofia: si, como sucede, alguien lleva doce, dieciséis años lejos de los quehaceres cotidianos de la docencia y la investigación (y es normal que sea así cuando se pasan tantos años en las tareas de enorme responsabilidad de un vicerrectorado), resulta inevitable perder el contacto con la realidad universitaria. Eso, inevitablemente, impide estar de verdad a pie de obra, algo que supondría salir de Blasco Ibáñez 13, dar clase, publicar y gestionar proyectos propios y, en definitiva, mejorar el currículum con méritos que no se nutran de la propia actividad de gestión; es decir, hacer vida de facultad y de departamento. Sin duda, los largos años de ejercicio de poder proporcionan experiencia valiosa y conocimiento de la institución (qué menos), pero ese argumento se torna falaz cuando llega un punto a partir del cual esa permanencia se convierte en agnosia, en desconocimiento de la realidad que se está queriendo gobernar.

 

Sí: la experiencia demuestra que la permanencia excesiva en el poder, la “tradición” de transmisión interna de los sillones, como si hubiera un derecho natural de los vicerrectores a heredar el cargo del rector anterior (costumbre que se repite en la UV hace más de 30 años), es poco compatible con la calidad democrática y evoca una patrimonialización de la institución que la Universitat no debe seguir prolongando.

En segundo término, para que haya más y mejor calidad democrática en el gobierno de la Universitat es necesaria la disposición abierta a dar cuentas, a asumir la responsabilidad de lo que se ha decidido y administrado. Máxime cuando se pretende ser rector. Y aquí nos encontramos con otra falacia argumentativa: la profesora Mestre y su equipo no sólo han apelado a las innegables dificultades del último período de su gestión, algo que consideramos absolutamente razonable, sino que parecen proponer que aceptemos que carecen de cualquier responsabilidad individual, por ejemplo, en el modelo de precarización del profesorado (no solo de los asociados), en los desajustes del plan Bolonia, o en el estado de la plantilla de PAS. Cuando se le pide a la candidata que dé cuentas de su gestión como vicerrectora de estudios, o como vicerrectora de ordenación académica y profesorado, por ejemplo, extiende la responsabilidad a toda la comunidad universitaria, a todos los órganos y comisiones de participación y gestión. Y si se critica la actuación colegiada de la que ha formado parte, la Dra. Mestre se distancia y asegura que ella no responde de esa actuación, ni siquiera del programa de gobierno anterior, porque es “la primera vez que ella se presenta”. Ambas afirmaciones las sostuvo públicamente en su primera reunión con los profesores y PAS de la Facultad de Derecho, y las ha defendido en otros lugares. Pues bien, en uno y otro caso, eso significa no haber entendido lo que significa dar cuentas de la gestión, requisito sine qua non de la salud democrática. Como bien sabemos en la Comunitat Valenciana, sin asunción de responsabilidades y rendición de cuentas, sin disposición a la transparencia y al control, no hay buen gobierno.

 

Por eso estamos convencidos de que necesitamos el cambio que representa la candidatura de Vicent J Martínez. Para, entre muchas otras cosas, mejorar la calidad democrática en el gobierno de nuestra Universitat.

 

 

En la muerte de Jose Maria Berzosa (Cartelera Turia, 16.02.2018)

Jose María Berzosa murió el 2 de enero. No nos enteramos, ni el público en general, ni siquiera buena parte de sus admiradores, hasta que A.Perraud (Mediapart, Infolibre) se hizo eco de la noticia publicada en el blog de Jean-Jacques Birgé, en un artículo en el que sostiene que el olvido de Berzosa habla mucho, y mal, de nuestro estado de salud mental, cultural y político (https://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/010218/ce-que-nous-dit-la-mort-inapercue-du-realisateur-jose-maria-berzosa), un juicio que me parece certero.

Berzosa fue, sin duda, un cineasta, un hombre de televisión, un documentalista, un extraordinario aficionado al póker y un personaje excepcional, además de uno de los más lúcidos y elegantes antifranquistas que hayan existido. Quizá el título de uno de sus filmes de ficción, una humorada sobre una gira de Don Quijote por La Mancha a bordo de un Rolls, rodada en 1974, puede resumir su talante: Mourir sage, vivre fou!

Encarcelado tras una de las manifestaciones antifranquistas de los primeros años de contestación, se exilió a Paris en 1956, entró a formar parte del IDHEC (Institut des Hautes Etudes Cinematographiques, que dio paso después a la actual Escuela cinematográfica pública La Fémis) y se convirtió muy pronto en ayudante de Buñuel. Berzosa estuvo asimismo en el corazón del INA (Institut National de l’Audiovisuel) la referencia de todo documentalista que se precie, imprescindible en cine, televisión y radio. Pero su independencia, su sentido crítico y su carácter insobornable, en lo artístico y en lo personal, le ganaron enemigos entre la elite que gestionó los medios públicos audiovisuales, en la Francia de Mitterrand, donde perdió primero su lugar en TF1 y luego su refugio en F3.

De su talante libertario y de su ironía e inteligencia es buena prueba su primer documental, rodado en 1967, con el actor M.Simon, una visita al…museo de colecciones históricas de la prefectura de la policía de Paris! Pero toda su obra está jalonada por ejemplos señeros de esas cualidades: desde su famoso y pionero documental sobre Bretaña titulado Cosas vistas, oídas o soñadas en Bretaña a partir de las cuales Dios nos guarde de generalizar, la trilogía sobre el Vaticano, sus documentales sobre Chillida, Saura o Alberti, o su serie documental sobre el Chile del golpe, rodada en 1977 y estrenada en 4 capítulos en la televisión francesa con el título Chili: Impressions, en el que hay perlas de su inteligencia y su tenacidad como cuando consigue arrancar a la mujer de Pinoceht una crítica (“Sí, diría que es un poco autoritario”). Con esos documentales montó en 2004 su película Pinochet y sus tres generales. Quizá la mejor expresión de su inteligencia antifranmquista sea el documental Franco, le fiancé de la mort (1999), en el que obtuvo del médico particular de Franco una anécdota que da título al film: relataba el galeno que, después de la primera y muy grave intervención, para reanimarlo, ponía en un gramófono el himno de la Legión y Franco –casi como un zombie- arrancaba a tratar de desfilar en el cuarto, con el famoso paso legionario. Permítase un recuerdo personal. En noviembre de 2005, recién llegado al Colegio de España en París y a sugerencia de Ramón Chao, decidimos conmemorar el 30 aniversario de la muerte de Franco exhibiendo este documental, en presencia del propio Berzosa y de Ramón Chao. Para mi sorpresa –ese franquismo que se resiste a morir en nuestro país- un pequeño grupo de residentes protestó públicamente tras la proyección al considerarlo “poco respetuoso con alguien que había sido Jefe de Estado. Antes de que Ramón Chao interviniera ferozmente, Berzosa deslizó con toda calma: <no hay que confundir golpes de Estado y jefatura de Estado…>. Genio y figura.

 

Sí: romper el modelo de sociedad (Luces Rojas, Infolibre, 23.02.2018)

Decía Angeles Barceló en su editorial en H25 “claro que hay que romper con el modelo de nuestra sociedad occidental, para poder ser una sociedad de iguales…porque esta huelga no es un enfrentamiento con nadie, es la reivindicación de la igualdad entre hombres y mujeres” (http://cadenaser.com/programa/2018/02/21/hora_25/1519247896_369024.html ).

Me parece un buen punto de partida para comentar un error garrafal del argumentario del PP y del Gobierno ante la huelga convocada por feministas del todo el mundo para el próximo 8 de marzo: “la huelga pretende romper nuestro modelo de sociedad occidental”. Pues bien, ¿y qué? Es decir, ¿a qué modelo se refieren? Y sobre todo, ¿es tan malo romper ese modelo?

Dejaré de lado cuestiones que me parecen discutibles en torno a esa huelga: ¿es mejor la huelga general o paros de dos horas en los turnos laborales? ¿Ha de ser sólo una huelga de mujeres en la que los hombres debemos limitarnos a no ponerles obstáculos y aun facilitar que ejerzan la huelga, o debemos sumarnos?. No son cuestiones secundarias, desde luego, aunque afectan más a aspectos tácticos que al proyecto que la convocatoria persigue. Si se tiene en cuenta que se trata del día internacional de la mujer, probablemente tienen razón las convocantes al pedir que los hombres nos limitemos ese día a facilitar su decisión, sin ejercer la huelga…

En efecto, con esta huelga se trata sobre todo de romper ese silencio impuesto a las mujeres (Mary Beard), dar un aldabonazo internacional, universal incluso, para visibilizar la necesidad de cambiar de una vez este modelo social que se concreta en lo que desde el feminismo jurídico se ha calificado acertadamente como estatus de subordiscriminación (desigualdad y dominación), el status en el que viven todavía hoy la mayor parte de las mujeres, desde que Aristóteles, citando a Hesíodo, teorizara en su Política (libro I, 1, 1252b) aquello de que “lo primero, casa, mujer y buey para el arado. Un status de silencio, dominación, discriminación

Romper con un modelo social. Sí, incluso si es el modelo social mayoritariamente compartido. Porque el argumentario del Partido Popular, que alardea de la superioridad del modelo de vida y valores occidentales, olvida precisamente cuál es el la mejor razón a favor del legado de Occidente: su capacidad de romper con la propia cultura, para proponer universales, valores, principios, cánones incluso, que pueden ser compartidos transculturalmente. Lo mejor del legado de Occidente, desde los griegos hasta hoy, es precisamente, la capacidad de crítica interna, de lucha incluso por romper con elementos básicos de nuestro modelo social que son entendidos como prejuicios carentes de justificación. Habitualmente esa crítica es enunciada al principio por una minoría: de los estoicos y los humanistas a los ilustrados, de los adelantados del liberalismo (Mill, Tocqueville) a los del socialismo (Engels, Marx, Luxemburgo), de los abolicionistas antiesclavistas (de Las Casas a Lincoln o Toussaint) a las primeras feministas (M.Wollstoncraft, O.de Gouges o Clara Campoamor). Luego, encarna en movimientos de lucha social que en tantos casos, en Occidente y más allá, acaba por fructificar en otro modelo, que es mejor, en la medida en la que pone al alcance de mujeres y hombres ser más libres, más iguales, en una convivencia más inclusiva y plural. Y esa lucha no se detiene ahí, porque cada vez es más claro que ha de superar la lógica de subordiscriminación que imponen las fronteras, la lógica suicida de explotación de la naturaleza y de los demás seres vivos, objetivos que exigen otra política, más allá de los intereses de tribu, género, clase y especie.

Y si me apuran, todo depende de una opción filosófica básica, como explicara Cassire: los que siguen el modelo Parménides (<el ser, es>) que inspira a todo el pensamiento conservador, ejemplarizado en las tesis del Platón de La República, entienden que todo cambio es a peor y por eso muchas veces llevan a un modelo reaccionario, inmovilista, cerrado a cualquier cambio, como supo ver Popper en La sociedad abierta y sus enemigos. Vamos, lo de Jorge Manrique (“cómo, a nuestro parecer, cualquiera tiempo pasado fue mejor”). Por su parte, seguiría Cassirer, quienes entienden que es más plausible el modelo Heráclito (<todo fluye, todo cambia>, <el conflicto es la madre de todas las cosas>), aceptan que la vida es cambio y conflicto y que los cambios pueden ser para mejor. Todo depende de a quién y a qué sirven…

Tenía razón Bauman cuando escribía que «cuestionar los supuestos sobre los que descansa nuestro modo de vida es el servicio más apremiante que nos debemos a nuestros congéneres y a nosotros mismos» (Múltiples culturas, una sola humanidad). Por eso, sí, romper viejos modelos de sociedad, por muy nuestros que sean, es el sentido mismo del avance de la humanidad, su mejor justificación.

Presentació del llibre “Per qué els drets humans?”, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2018

PER QUÉ ELS DRETS HUMANS?

PRESENTACIÓ

 

L’Institut Universitari de Drets Humans (IDHUV) naix al març de 2005 com el centre específic de la Universitat de València per a la investigació multidisciplinària sobre drets humans. L’Institut reuneix investigadors de diferents branques jurídiques i socials entorn d’unes finalitats bàsiques. Així, l’avanç en el coneixement dels drets humans gràcies a la investigació multidisciplinària, la formació i sensibilització en drets humans a través de la seua tasca de docència, i la promoció de la reflexió, el diàleg i el compromís amb els drets humans, en particular amb els drets dels individus i grups més vulnerables o que es troben més amenaçats.

 

Així doncs, encara que les seues activitats es dirigeixen bàsicament a estudiants universitaris de postgrau, la formació en la cultura dels drets humans, mitjançant l’elaboració de recursos i materials pedagògics i l’oferta de cursos de formació, es una de les tasques bàsiques del nostre IDHUV i per això inclou al seu abast altres àmbits educatius, des de l’educació informal a l’ensenyament secundari. Per exemple, en l’àmbit específic d’estudiants de secundària, a més de la labor de difusió i sensibilització a través de xarrades i conferències en IES, venim d’encetar una experiència pilot, amb estudiants del batxillerat europeu, en la qual s’ha implicat també a estudiants Erasmus de grau.

Els autors del llibre, investigadors membres del IDHUV, volem presentar un manual senzill, clar i en valencià, un instrument pedagògic d’ajuda per a professors de secundària interessats en açò i també, es clar, per als estudiants. Aquet objectiu justifica el seu títol Per qué els drets humans? Per a qué serveixen? Es á dir, el que voldríem no es un llibre acadèmic al sens de doctrinal, teòric. La nostra opció tracta de provocar la curiositat, la reflexió, el debat, al voltant de nocions que, molt lluny d’abstractes, son eines concretes, imprescindibles per a la nostra vida quotidiana com a essers humans y com a ciutadans.

Així com el Dret es inseparable de l’idea de la lluita pel Dret, el reconeixement dels drets humans es el resultat de lluites socials inacabades e inacabables que, de vegades, s’han presentat com a un projecte utòpic; fins i tot, desesperat i desmentit pels fets. Al nostre parer es el contrari. L’eix fonamental que fa no tan sols raonable sinó sobre tot necessari aquet projecte, es el que podríem anomenar la concreció del objectiu il.lustrat de l’emancipació: la igual llibertat de tots els essers humans, que significa la lluita contra tot tipus de discriminació y de dominació, també la lluita contra la exclusió. Eixa egallibertat es el que volem dir quan parlem de universalitat: tots el drets per a tots els essers humans, per a arribar a un model equitatiu, plural e inclusiu.

El que es important afegir es que cap dret d’un esser humà es alié a la causa de l’universalitat. No lluitem no més pels nostres drets, sinó també i al mateix temps, pels drets dels altres. Per una obvia raó: els drets dels altres son els nostres. Aixó no significa homogeneïtat: cadascú de nosaltres es diferent, per que l’autonomia, la llibertat, es el fonament dels drets. Per això mateix, l’universalitat no es homogeneïtat.

L’universalitat té que permetre que la igualtat siga entesa des de la diferencia. Tot al llarg de molt de temps se ha fet una distinció que pot explicar el que volem dir. Es deia que la lluita per la dignitat es una lluita que té dos eixos diferents. D’una part, la lluita que afecta als qui pertanyen (pertanyem) a la majoria, al anomenat mainstream, a la mal anomenada “normalitat”, es á dir, els que no tenen (no tenim) cap diférencia que ens singularitze. I en segon lloc, una lluita molt mes difícil, la lluita per la seva dignitat de aquells que per a ser aceptats per la resta del grup social han de construirla, han de visibilitzarla amb un esforç de vegades heroic, sense aceptar almoines, ni tampoc la marginalització i la clandestinitat, l’exclusió de l’espai públic. En realitat, el que hem aprés es que la anomenada majoria no ha segut sempre igual. Que arribar a fer part de la majoria es un procés llarg de lluites social als: per a les dones, per als esclaus, per als grups etconulturals no dominants…en definitiva, cadascú de nosaltres es també un altre i que per tant, lluitant pels drets dels altres, lluitem pels nostres. A la fí, lluitar pels drets es una tasca de solidaritat. Doncs bé, hem arribat així als principis revolucionaris del 1789: llibertat, igualtat, solidaritat.

A la primera part del llibre presentem una noció sintètica de l’historia del reconeixement dels drets humans, una aproximació histórico-conceptual al concepte i les principals tipus de drets humans, que termina amb l’interrogant que al nostre parer es clau: com poder exercir i protegir els nostres drets? Qué podem i que tenim que fer?

A la segona part, inspirant-nos als projecte de clíniques jurídiques, proposem eixemples i eines de discussió d’un abast molt ampli (des.de el cinema a la literatura, els jocs de rol, el debat formal, etc) per tal d’animar dinàmiques de grup al aula, al voltant de drets concrets i de les seves violacions. Com ara, violència de gènere, altres violències (bulling, p.ex), els delictes d’odi, las manifestacions de discriminació, la xenofòbia i el racisme, els problemes de la gestió de la diferencia cultural al sens més ampli, els límits de la llibertat d’expresió, però també debatim sobre els drets econòmics, socials i culturals, sobre la noció de memòria o sobre la encara polemica qüestió dels drets dels animals.

Finalment, incloim una petita llista de referéncies normatives clàssiques (de l’ONU, la Unió Europea. La Constitució espanyola) a las quals afegim normes de l’ambit de la nostra Generalitat Valenciana. Perque estem convençuts de que es molt important transmetre que els drets humans no son no més assumpte dels estats i de les Organitzacions internacionals, sinó que, com a eines concretes, es plantegin al nostre contexte immediat i per tant, les institucions més a prop dels ciutadans como ara les institucions autonòmiques i molt concretament, la GVA tenen el dret i el deure de desenvolupar iniciatives –normes- per a garantir els drets, per a afavorir que els ciutadans puguin gaudir i també lluitar pel seus drets. Es el cas, per eixemple, de normes jurídiques como ara lleis per a afavorir l’inclusió, la lluita contra la discriminació, el reconeixement de la pròpia identitat de gènere, la memòria el nostre poble, l’acollida de immigrants i de desplaçats i refugiats, etc.

 

Javier de Lucas

Director del IDHUV

Editor del Llibre