Por un cambio seguro, por calidad democrática (artículo con Beatriz Gallardo, ante la 2 vuelta elecciones Rector UVEG, Levante, 1 marzo 2018)

http://www.levante-emv.com/opinion/2018/03/01/cambio-seguro-uv-calidad-democratica/1685529.html

Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho

Beatriz Gallardo-Pauls, Catedrática de lingüística general

 

Como ya se ha escrito, los votantes en la segunda vuelta de las elecciones a Rector de la Universitat de Valencia se encuentran ante un dilema evidente: cambio o continuidad. Y la candidatura de Vicent J. Martínez es, claramente, la del cambio. Un cambio real, factible, serio y seguro. Para cuya defensa tenemos argumentos igualmente serios y reales, que se resumen en el que en nuestros tiempos es, probablemente, el argumento político por excelencia: aspiramos a más y mejor democracia en el gobierno de nuestra Universitat. Sin que esto signifique albergar dudas sobre la competencia profesional ni sobre la rectitud de miras de ningún candidato.

 

Para que haya más y mejor democracia es necesaria, en primer lugar, la limitación de los mandatos consecutivos en los cargos de gobierno. Por una razón sencilla: evitar los malos usos que acompañan a su perpetuación. Si eso se pide en nuestros estatutos para el Rector, ¿por qué no para los vicerrectorados y la secretaría general que le acompañan? La autonomía universitaria se basa en el ejercicio responsable del autogobierno, pero profesionalizar la gestión debe ser competencia exclusiva del PAS.

 

La experiencia demuestra que la permanencia excesiva en el poder afecta a la transparencia y buen hacer de quien lo ejerce, como ya sabían los griegos. Es lo que asevera el dictum famoso de Lord Acton (el poder corrompe; el poder absoluto corrompe absolutamente), que llama a evitar la podredumbre, el aislamiento que aleja a quien se perpetúa en cargos de los fines que perseguían inicialmente él mismo y, desde luego, quienes lo eligieron.

 

La experiencia demuestra que la permanencia excesiva en el poder aísla y atrofia: si, como sucede, alguien lleva doce, dieciséis años lejos de los quehaceres cotidianos de la docencia y la investigación (y es normal que sea así cuando se pasan tantos años en las tareas de enorme responsabilidad de un vicerrectorado), resulta inevitable perder el contacto con la realidad universitaria. Eso, inevitablemente, impide estar de verdad a pie de obra, algo que supondría salir de Blasco Ibáñez 13, dar clase, publicar y gestionar proyectos propios y, en definitiva, mejorar el currículum con méritos que no se nutran de la propia actividad de gestión; es decir, hacer vida de facultad y de departamento. Sin duda, los largos años de ejercicio de poder proporcionan experiencia valiosa y conocimiento de la institución (qué menos), pero ese argumento se torna falaz cuando llega un punto a partir del cual esa permanencia se convierte en agnosia, en desconocimiento de la realidad que se está queriendo gobernar.

 

Sí: la experiencia demuestra que la permanencia excesiva en el poder, la “tradición” de transmisión interna de los sillones, como si hubiera un derecho natural de los vicerrectores a heredar el cargo del rector anterior (costumbre que se repite en la UV hace más de 30 años), es poco compatible con la calidad democrática y evoca una patrimonialización de la institución que la Universitat no debe seguir prolongando.

En segundo término, para que haya más y mejor calidad democrática en el gobierno de la Universitat es necesaria la disposición abierta a dar cuentas, a asumir la responsabilidad de lo que se ha decidido y administrado. Máxime cuando se pretende ser rector. Y aquí nos encontramos con otra falacia argumentativa: la profesora Mestre y su equipo no sólo han apelado a las innegables dificultades del último período de su gestión, algo que consideramos absolutamente razonable, sino que parecen proponer que aceptemos que carecen de cualquier responsabilidad individual, por ejemplo, en el modelo de precarización del profesorado (no solo de los asociados), en los desajustes del plan Bolonia, o en el estado de la plantilla de PAS. Cuando se le pide a la candidata que dé cuentas de su gestión como vicerrectora de estudios, o como vicerrectora de ordenación académica y profesorado, por ejemplo, extiende la responsabilidad a toda la comunidad universitaria, a todos los órganos y comisiones de participación y gestión. Y si se critica la actuación colegiada de la que ha formado parte, la Dra. Mestre se distancia y asegura que ella no responde de esa actuación, ni siquiera del programa de gobierno anterior, porque es “la primera vez que ella se presenta”. Ambas afirmaciones las sostuvo públicamente en su primera reunión con los profesores y PAS de la Facultad de Derecho, y las ha defendido en otros lugares. Pues bien, en uno y otro caso, eso significa no haber entendido lo que significa dar cuentas de la gestión, requisito sine qua non de la salud democrática. Como bien sabemos en la Comunitat Valenciana, sin asunción de responsabilidades y rendición de cuentas, sin disposición a la transparencia y al control, no hay buen gobierno.

 

Por eso estamos convencidos de que necesitamos el cambio que representa la candidatura de Vicent J Martínez. Para, entre muchas otras cosas, mejorar la calidad democrática en el gobierno de nuestra Universitat.

 

 

En la muerte de Jose Maria Berzosa (Cartelera Turia, 16.02.2018)

Jose María Berzosa murió el 2 de enero. No nos enteramos, ni el público en general, ni siquiera buena parte de sus admiradores, hasta que A.Perraud (Mediapart, Infolibre) se hizo eco de la noticia publicada en el blog de Jean-Jacques Birgé, en un artículo en el que sostiene que el olvido de Berzosa habla mucho, y mal, de nuestro estado de salud mental, cultural y político (https://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/010218/ce-que-nous-dit-la-mort-inapercue-du-realisateur-jose-maria-berzosa), un juicio que me parece certero.

Berzosa fue, sin duda, un cineasta, un hombre de televisión, un documentalista, un extraordinario aficionado al póker y un personaje excepcional, además de uno de los más lúcidos y elegantes antifranquistas que hayan existido. Quizá el título de uno de sus filmes de ficción, una humorada sobre una gira de Don Quijote por La Mancha a bordo de un Rolls, rodada en 1974, puede resumir su talante: Mourir sage, vivre fou!

Encarcelado tras una de las manifestaciones antifranquistas de los primeros años de contestación, se exilió a Paris en 1956, entró a formar parte del IDHEC (Institut des Hautes Etudes Cinematographiques, que dio paso después a la actual Escuela cinematográfica pública La Fémis) y se convirtió muy pronto en ayudante de Buñuel. Berzosa estuvo asimismo en el corazón del INA (Institut National de l’Audiovisuel) la referencia de todo documentalista que se precie, imprescindible en cine, televisión y radio. Pero su independencia, su sentido crítico y su carácter insobornable, en lo artístico y en lo personal, le ganaron enemigos entre la elite que gestionó los medios públicos audiovisuales, en la Francia de Mitterrand, donde perdió primero su lugar en TF1 y luego su refugio en F3.

De su talante libertario y de su ironía e inteligencia es buena prueba su primer documental, rodado en 1967, con el actor M.Simon, una visita al…museo de colecciones históricas de la prefectura de la policía de Paris! Pero toda su obra está jalonada por ejemplos señeros de esas cualidades: desde su famoso y pionero documental sobre Bretaña titulado Cosas vistas, oídas o soñadas en Bretaña a partir de las cuales Dios nos guarde de generalizar, la trilogía sobre el Vaticano, sus documentales sobre Chillida, Saura o Alberti, o su serie documental sobre el Chile del golpe, rodada en 1977 y estrenada en 4 capítulos en la televisión francesa con el título Chili: Impressions, en el que hay perlas de su inteligencia y su tenacidad como cuando consigue arrancar a la mujer de Pinoceht una crítica (“Sí, diría que es un poco autoritario”). Con esos documentales montó en 2004 su película Pinochet y sus tres generales. Quizá la mejor expresión de su inteligencia antifranmquista sea el documental Franco, le fiancé de la mort (1999), en el que obtuvo del médico particular de Franco una anécdota que da título al film: relataba el galeno que, después de la primera y muy grave intervención, para reanimarlo, ponía en un gramófono el himno de la Legión y Franco –casi como un zombie- arrancaba a tratar de desfilar en el cuarto, con el famoso paso legionario. Permítase un recuerdo personal. En noviembre de 2005, recién llegado al Colegio de España en París y a sugerencia de Ramón Chao, decidimos conmemorar el 30 aniversario de la muerte de Franco exhibiendo este documental, en presencia del propio Berzosa y de Ramón Chao. Para mi sorpresa –ese franquismo que se resiste a morir en nuestro país- un pequeño grupo de residentes protestó públicamente tras la proyección al considerarlo “poco respetuoso con alguien que había sido Jefe de Estado. Antes de que Ramón Chao interviniera ferozmente, Berzosa deslizó con toda calma: <no hay que confundir golpes de Estado y jefatura de Estado…>. Genio y figura.

 

Sí: romper el modelo de sociedad (Luces Rojas, Infolibre, 23.02.2018)

Decía Angeles Barceló en su editorial en H25 “claro que hay que romper con el modelo de nuestra sociedad occidental, para poder ser una sociedad de iguales…porque esta huelga no es un enfrentamiento con nadie, es la reivindicación de la igualdad entre hombres y mujeres” (http://cadenaser.com/programa/2018/02/21/hora_25/1519247896_369024.html ).

Me parece un buen punto de partida para comentar un error garrafal del argumentario del PP y del Gobierno ante la huelga convocada por feministas del todo el mundo para el próximo 8 de marzo: “la huelga pretende romper nuestro modelo de sociedad occidental”. Pues bien, ¿y qué? Es decir, ¿a qué modelo se refieren? Y sobre todo, ¿es tan malo romper ese modelo?

Dejaré de lado cuestiones que me parecen discutibles en torno a esa huelga: ¿es mejor la huelga general o paros de dos horas en los turnos laborales? ¿Ha de ser sólo una huelga de mujeres en la que los hombres debemos limitarnos a no ponerles obstáculos y aun facilitar que ejerzan la huelga, o debemos sumarnos?. No son cuestiones secundarias, desde luego, aunque afectan más a aspectos tácticos que al proyecto que la convocatoria persigue. Si se tiene en cuenta que se trata del día internacional de la mujer, probablemente tienen razón las convocantes al pedir que los hombres nos limitemos ese día a facilitar su decisión, sin ejercer la huelga…

En efecto, con esta huelga se trata sobre todo de romper ese silencio impuesto a las mujeres (Mary Beard), dar un aldabonazo internacional, universal incluso, para visibilizar la necesidad de cambiar de una vez este modelo social que se concreta en lo que desde el feminismo jurídico se ha calificado acertadamente como estatus de subordiscriminación (desigualdad y dominación), el status en el que viven todavía hoy la mayor parte de las mujeres, desde que Aristóteles, citando a Hesíodo, teorizara en su Política (libro I, 1, 1252b) aquello de que “lo primero, casa, mujer y buey para el arado. Un status de silencio, dominación, discriminación

Romper con un modelo social. Sí, incluso si es el modelo social mayoritariamente compartido. Porque el argumentario del Partido Popular, que alardea de la superioridad del modelo de vida y valores occidentales, olvida precisamente cuál es el la mejor razón a favor del legado de Occidente: su capacidad de romper con la propia cultura, para proponer universales, valores, principios, cánones incluso, que pueden ser compartidos transculturalmente. Lo mejor del legado de Occidente, desde los griegos hasta hoy, es precisamente, la capacidad de crítica interna, de lucha incluso por romper con elementos básicos de nuestro modelo social que son entendidos como prejuicios carentes de justificación. Habitualmente esa crítica es enunciada al principio por una minoría: de los estoicos y los humanistas a los ilustrados, de los adelantados del liberalismo (Mill, Tocqueville) a los del socialismo (Engels, Marx, Luxemburgo), de los abolicionistas antiesclavistas (de Las Casas a Lincoln o Toussaint) a las primeras feministas (M.Wollstoncraft, O.de Gouges o Clara Campoamor). Luego, encarna en movimientos de lucha social que en tantos casos, en Occidente y más allá, acaba por fructificar en otro modelo, que es mejor, en la medida en la que pone al alcance de mujeres y hombres ser más libres, más iguales, en una convivencia más inclusiva y plural. Y esa lucha no se detiene ahí, porque cada vez es más claro que ha de superar la lógica de subordiscriminación que imponen las fronteras, la lógica suicida de explotación de la naturaleza y de los demás seres vivos, objetivos que exigen otra política, más allá de los intereses de tribu, género, clase y especie.

Y si me apuran, todo depende de una opción filosófica básica, como explicara Cassire: los que siguen el modelo Parménides (<el ser, es>) que inspira a todo el pensamiento conservador, ejemplarizado en las tesis del Platón de La República, entienden que todo cambio es a peor y por eso muchas veces llevan a un modelo reaccionario, inmovilista, cerrado a cualquier cambio, como supo ver Popper en La sociedad abierta y sus enemigos. Vamos, lo de Jorge Manrique (“cómo, a nuestro parecer, cualquiera tiempo pasado fue mejor”). Por su parte, seguiría Cassirer, quienes entienden que es más plausible el modelo Heráclito (<todo fluye, todo cambia>, <el conflicto es la madre de todas las cosas>), aceptan que la vida es cambio y conflicto y que los cambios pueden ser para mejor. Todo depende de a quién y a qué sirven…

Tenía razón Bauman cuando escribía que «cuestionar los supuestos sobre los que descansa nuestro modo de vida es el servicio más apremiante que nos debemos a nuestros congéneres y a nosotros mismos» (Múltiples culturas, una sola humanidad). Por eso, sí, romper viejos modelos de sociedad, por muy nuestros que sean, es el sentido mismo del avance de la humanidad, su mejor justificación.

Presentació del llibre “Per qué els drets humans?”, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2018

PER QUÉ ELS DRETS HUMANS?

PRESENTACIÓ

 

L’Institut Universitari de Drets Humans (IDHUV) naix al març de 2005 com el centre específic de la Universitat de València per a la investigació multidisciplinària sobre drets humans. L’Institut reuneix investigadors de diferents branques jurídiques i socials entorn d’unes finalitats bàsiques. Així, l’avanç en el coneixement dels drets humans gràcies a la investigació multidisciplinària, la formació i sensibilització en drets humans a través de la seua tasca de docència, i la promoció de la reflexió, el diàleg i el compromís amb els drets humans, en particular amb els drets dels individus i grups més vulnerables o que es troben més amenaçats.

 

Així doncs, encara que les seues activitats es dirigeixen bàsicament a estudiants universitaris de postgrau, la formació en la cultura dels drets humans, mitjançant l’elaboració de recursos i materials pedagògics i l’oferta de cursos de formació, es una de les tasques bàsiques del nostre IDHUV i per això inclou al seu abast altres àmbits educatius, des de l’educació informal a l’ensenyament secundari. Per exemple, en l’àmbit específic d’estudiants de secundària, a més de la labor de difusió i sensibilització a través de xarrades i conferències en IES, venim d’encetar una experiència pilot, amb estudiants del batxillerat europeu, en la qual s’ha implicat també a estudiants Erasmus de grau.

Els autors del llibre, investigadors membres del IDHUV, volem presentar un manual senzill, clar i en valencià, un instrument pedagògic d’ajuda per a professors de secundària interessats en açò i també, es clar, per als estudiants. Aquet objectiu justifica el seu títol Per qué els drets humans? Per a qué serveixen? Es á dir, el que voldríem no es un llibre acadèmic al sens de doctrinal, teòric. La nostra opció tracta de provocar la curiositat, la reflexió, el debat, al voltant de nocions que, molt lluny d’abstractes, son eines concretes, imprescindibles per a la nostra vida quotidiana com a essers humans y com a ciutadans.

Així com el Dret es inseparable de l’idea de la lluita pel Dret, el reconeixement dels drets humans es el resultat de lluites socials inacabades e inacabables que, de vegades, s’han presentat com a un projecte utòpic; fins i tot, desesperat i desmentit pels fets. Al nostre parer es el contrari. L’eix fonamental que fa no tan sols raonable sinó sobre tot necessari aquet projecte, es el que podríem anomenar la concreció del objectiu il.lustrat de l’emancipació: la igual llibertat de tots els essers humans, que significa la lluita contra tot tipus de discriminació y de dominació, també la lluita contra la exclusió. Eixa egallibertat es el que volem dir quan parlem de universalitat: tots el drets per a tots els essers humans, per a arribar a un model equitatiu, plural e inclusiu.

El que es important afegir es que cap dret d’un esser humà es alié a la causa de l’universalitat. No lluitem no més pels nostres drets, sinó també i al mateix temps, pels drets dels altres. Per una obvia raó: els drets dels altres son els nostres. Aixó no significa homogeneïtat: cadascú de nosaltres es diferent, per que l’autonomia, la llibertat, es el fonament dels drets. Per això mateix, l’universalitat no es homogeneïtat.

L’universalitat té que permetre que la igualtat siga entesa des de la diferencia. Tot al llarg de molt de temps se ha fet una distinció que pot explicar el que volem dir. Es deia que la lluita per la dignitat es una lluita que té dos eixos diferents. D’una part, la lluita que afecta als qui pertanyen (pertanyem) a la majoria, al anomenat mainstream, a la mal anomenada “normalitat”, es á dir, els que no tenen (no tenim) cap diférencia que ens singularitze. I en segon lloc, una lluita molt mes difícil, la lluita per la seva dignitat de aquells que per a ser aceptats per la resta del grup social han de construirla, han de visibilitzarla amb un esforç de vegades heroic, sense aceptar almoines, ni tampoc la marginalització i la clandestinitat, l’exclusió de l’espai públic. En realitat, el que hem aprés es que la anomenada majoria no ha segut sempre igual. Que arribar a fer part de la majoria es un procés llarg de lluites social als: per a les dones, per als esclaus, per als grups etconulturals no dominants…en definitiva, cadascú de nosaltres es també un altre i que per tant, lluitant pels drets dels altres, lluitem pels nostres. A la fí, lluitar pels drets es una tasca de solidaritat. Doncs bé, hem arribat així als principis revolucionaris del 1789: llibertat, igualtat, solidaritat.

A la primera part del llibre presentem una noció sintètica de l’historia del reconeixement dels drets humans, una aproximació histórico-conceptual al concepte i les principals tipus de drets humans, que termina amb l’interrogant que al nostre parer es clau: com poder exercir i protegir els nostres drets? Qué podem i que tenim que fer?

A la segona part, inspirant-nos als projecte de clíniques jurídiques, proposem eixemples i eines de discussió d’un abast molt ampli (des.de el cinema a la literatura, els jocs de rol, el debat formal, etc) per tal d’animar dinàmiques de grup al aula, al voltant de drets concrets i de les seves violacions. Com ara, violència de gènere, altres violències (bulling, p.ex), els delictes d’odi, las manifestacions de discriminació, la xenofòbia i el racisme, els problemes de la gestió de la diferencia cultural al sens més ampli, els límits de la llibertat d’expresió, però també debatim sobre els drets econòmics, socials i culturals, sobre la noció de memòria o sobre la encara polemica qüestió dels drets dels animals.

Finalment, incloim una petita llista de referéncies normatives clàssiques (de l’ONU, la Unió Europea. La Constitució espanyola) a las quals afegim normes de l’ambit de la nostra Generalitat Valenciana. Perque estem convençuts de que es molt important transmetre que els drets humans no son no més assumpte dels estats i de les Organitzacions internacionals, sinó que, com a eines concretes, es plantegin al nostre contexte immediat i per tant, les institucions més a prop dels ciutadans como ara les institucions autonòmiques i molt concretament, la GVA tenen el dret i el deure de desenvolupar iniciatives –normes- per a garantir els drets, per a afavorir que els ciutadans puguin gaudir i també lluitar pel seus drets. Es el cas, per eixemple, de normes jurídiques como ara lleis per a afavorir l’inclusió, la lluita contra la discriminació, el reconeixement de la pròpia identitat de gènere, la memòria el nostre poble, l’acollida de immigrants i de desplaçats i refugiats, etc.

 

Javier de Lucas

Director del IDHUV

Editor del Llibre

ARGUMENTOS PARA UN VOTO. Ante las elecciones a Rector de la Universitat de València (artículo firmado con Joan del Alcázar), Levante-EMV, 9 febrero 2018

Siempre se subraya la importancia de las elecciones a Rector/a en la Universitat de València: se trata de la más grande y antigua de nuestras Universidades, vinculada desde su fundación (es un timbre de orgullo para muchos de nosotros) a la ciudad de Valencia, a sus jurats y con un impacto social, económico, cultural y político indiscutible en la sociedad valenciana. Pero, probablemente, éstas de 2018 se encuentran entre las más decisivas. Porque parece claro que sitúan a la comunidad universitaria ante una opción de cambio o de continuidad con una línea que ha consumido ya más de doce años de gobierno. Y para decidir, debemos estudiar los programas, pero también los candidatos y los equipos. Porque los programas son buena parte del argumento del voto. Pero no el único: estamos eligiendo a un equipo de dirección y a su cabeza de fila, y por eso sus perfiles son también relevantes, siempre desde el respeto –e incluso el agradecimiento- a todas las personas que han asumido el riesgo y la carga de presentar la candidatura.

Las elecciones ofrecen, ante todo, una buena ocasión para que realicemos lo que los estudiosos denominan un análisis DAFO (SWOT, por sus siglas en inglés) que pone en claro sus características internas (Debilidades, fortalezas) y su situación externa (Amenazas, Oportunidades), en una matriz cuadrada. Creemos que eso es lo primero que debe exigirse a los programas de las candidaturas: ¿cómo evalúan las fortalezas y debilidades de nuestra Universitat, aquí y ahora? ¿Cuál es el análisis de situación acerca de las oportunidades y los riesgos?

Es importante que el balance que ofrecen los programas respecto a la parte estructural sea realista y fiable y no caiga en la descalificación de cuanto se ha hecho, sin más, pero tampoco en la autocomplacencia, exagerando la potencialidad de la institución y relativizando los riesgos. Sabemos que hemos atravesado tiempos muy duros, si es que los hemos dejado atrás, pero este análisis crítico exige también, a nuestro juicio, que se enuncien con precisión y claridad, con rigor, cuáles son los problemas que afrontamos hoy y también, las responsabilidades –hablamos obviamente de responsabilidades políticas, de política universitaria-. ¿Cómo acudir a estas elecciones obviando un problema fundamental que acaba de estallar ante nuestras narices, la precarización de una parte muy importante del profesorado –sobre todo, pero no sólo, los asociados- y el más que preocupante envejecimiento de la plantilla de la Universitat? ¿Cómo hemos llegado a esa situación? ¿qué propuestas concretas se ofrecen para salir? Sabemos que el margen de maniobra es estrecho, pero nadie ha dicho que dirigir la Universitat de València sea fácil.

Debemos examinar asimismo en qué medida el proyecto que propone cada programa es coherente con los principios estatutarios de la Universitat, si exige reformas de éstos para adecuar mejor esa coherencia y aprender de las malas y de las buenas prácticas acumuladas. Por ejemplo, en aspectos como la promoción efectiva de la presencia y participación de estudiantes, pero obviamente también del Personal de Administración y Servicios y de los profesores e investigadores. Y no sólo en el gobierno, sino en la vida de la Universitat. O en lo que se refiere a la ineludible internacionalización de nuestra Institución en todos los ámbitos: investigación, docencia, transferencia de conocimientos, inserción en redes globales. Desde luego, en la lucha contra el exceso de burocratización y multiplicación de trámites, muchas veces superfluos. También, acerca de la mejor comunicación entre la Universitat y la sociedad valenciana, a la que nos debemos, sin que ello signifique rebajar un ápice nuestra función crítica. Sobre todo, en lo que -a nuestro juicio- es una perversión de la relación de la Universidad Pública con la sociedad civil: siendo muy importante, el tejido empresarial no es toda la sociedad civil. La función de la Universidad no puede quedar supeditada a la formación de profesionales (no digamos, subalternos y precarios) determinados por los intereses más o menos coyunturales de los agentes del mercado. No, si queremos seguir defendiendo una Universidad Pública de gran calidad. Nos vale la advertencia del filósofo Byong-Chul Han: pareciera que para muchos el modelo a seguir sea que la Universidad tenga más clientes y sólo cree trabajadores. Que olvide que, ante todo, debe “formar espiritualmente”, por citar sus palabras. Por eso es tan importante la condición constitucional de autonomía de las universidades: para que no sean sumisa correa de transmisión del poder político, ni de ningún otro poder.

Pues bien, a la vista de todos esos elementos, los firmantes de este artículo, que sólo nos representamos a nosotros mismos, nos pronunciamos a favor de la candidatura de Vicent Martínez. En primer lugar, porque el análisis y propuestas que ofrece su programa se adecúa mejor, a distancia, del que encontramos en los de las otras dos candidaturas, conforme a los elementos de juicio que hemos consignado. Añadamos que el candidato ofrece una trayectoria muy sólida como profesor e investigador, una suficiente experiencia en la gestión y una voluntad muy clara de involucrarse y de contribuir lealmente a la búsqueda de soluciones, en particular a lo largo de estos cuatro últimos años, desde lo que podemos llamar convencionalmente, oposición constructiva. Algo que marca una profunda diferencia con la candidata García Benau, prácticamente desaparecida de escena durante ese tiempo.

Además, esta candidatura presenta un atractivo y sólido equipo, paritario, equilibrado en las áreas de conocimiento, que combina experiencia profesional y de gestión con juventud y en el que se percibe la suficiente dosis de ilusión por abrir puertas y ventanas de una Universidad que debe volver a brillar con la fuerza de años atrás. Es necesario salir de los caminos trillados, de la resignación ante lo supuestamente inevitable, y se ha de conseguir movilizar tanto potencial como tiene esta Institución que siempre ha destacado, siempre, por su eficacia social, tanto entre la sociedad valenciana como más allá de nuestras fronteras. 

Estamos convencidos de que es tiempo de cambio en la dirección de la Universitat de València. Por supuesto, no negamos cuanto de bueno han realizado los equipos del profesor Esteban Morcillo en estos ocho años, pero no desconocemos la responsabilidad de estos en problemas serios que hoy heredamos y eso nos parece un obstáculo a la hora de la credibilidad de su capacidad para el cambio necesario. Porque la inequívoca línea de continuidad de la candidatura de la profesora Mestre obliga, a nuestro juicio, a evaluar su gestión y no sólo a apuntar su experiencia. Y la gestión de la propia candidata y de algunos de los vicerrectores que nos propone, ofrece numerosos elementos de crítica, por la falta de solución en programas graves relativos a la precarización y falta de estabilidad del profesorado, por la mala organización de cuestiones como los estudios de máster y doctorado, por su distanciamiento y aun incomunicación en la relación con la comunidad universitaria. Pudiera pensarse que en la configuración de su grupo han pesado más los equilibrios internos del equipo saliente que la acumulación de fuerzas para la época que se inaugura a partir de la elección del nuevo equipo de gobierno. Un período que va a seguir siendo muy difícil, con viejos y nuevos problemas que, entendemos, sería deseable afrontar con un equipo nuevo, ilusionado y sin inercias del pasado reciente.

Nos hace falta un cambio seguro, pero cargado de ilusión y confianza. Por eso votaremos por la candidatura que encabeza Vicent Martínez.

 

RACIONALIDAD, LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA, UNANIMIDAD

Someter el Derecho al servicio de la antipolítica

La línea estratégica seguida por el Gobierno Rajoy en los últimos 5 años de lo que podemos denominar “contencioso catalán”, es susceptible de distintas interpretaciones y valoraciones. Creo que resulta verosímil argumentar que esa estrategia muestra cada vez más a las claras su dependencia de una concepción simplista e instrumental de la política -puramente electoralista- y, aún peor, de una visión maniquea de la misma, en aras de la cual se adoptan decisiones que están comportando serios perjuicios a elementos básicos del Estado de Derecho y contamina a instituciones constitucionales, como el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo, el Consejo de Estado, o el Tribunal Constitucional. Creo que puede sostenerse que el Gobierno Rajoy no ha dudado en utilizar con necesidad o sin ella la vía de plantear recursos ante el TC que bordean el abuso de esos instrumentos jurídicos. En el camino, se retuerce el razonamiento jurídico, con efectos asimismo nocivos sobre la imagen misma del Derecho y sobre los profesionales del Derecho, en particular los jueces y fiscales.

Si ese balance es cierto, el coste para el propio sistema que se dice defender resulta difícil de exagerar. ¿Por qué se asume? No parece fácil discutir los argumentos de quienes, siguiendo el principio interpretativo del cui prodest de la Medea de Séneca (cui prodest scelus, is fecit) señalan cuáles son los beneficios de esa línea de acción. En efecto, la insistencia en presentar ésta -la cuestión catalana– paradójicamente, como la única cuestión política (una trampa a la que por cierto han contribuido los medio, encegados en esta única discusión), es la coartada utilizada por el Gobierno y el PP (como lo es, extrema se tangunt, por buena parte de las fuerzas políticas independentistas) como pantalla para no hablar de la ineficiente o perjudicial gestión de problemas que afectan muy directamente a todos los ciudadanos, por no decir del problema de corrupción sistémica que afecta al PP y a los herederos de Convergencia. Lo paradójico es que, al tiempo que se trata de presentarla como la única cuestión política, la estrategia seguida por ambos extremos consiste en obstaculizar la respuesta política.

No niego, pos supuesto, que el contencioso catalán tiene una dimensión jurídica elemental e inexcusable, en la medida en que está plagado de comportamientos que niegan elementos básicos de legalidad, afirman la no vinculación a las instituciones constitucionales y a la propia Constitución y han proclamado unilateralmente la desconexión de ese orden jurídico-constitucional, sin intentar su reforma por los procedimientos previstos en el mismo. Pero ¿quién puede negar que el Gobierno del Estado conducido por Rajoy y Saéz de Santamaría mantiene una clarísima línea de oposición a la reforma desde dentro de ese orden constitucional y bloquea, por tanto, la posibilidad misma de una negociación en serio?

No me parece difícil argumentar que en esta confrontación, unos y otros utilizan líneas argumentales propias de la antipolítica: cuando unos acuden a argumentos esencialistas, que dividen el mundo entre <buenas personas>, <verdaderos demócratas>, <gente civilizada y culta> y, de otro lado, <opresores>, <franquistas>, <pintorescos vagos subvencionados>, los otros responden con una no menos esencialista concepción de la Constitución como texto sagrado e intocable, y con la consecuente criminalización de la idea misma de la independencia, la visión del enemigo constitucional frente al que vale todo. En suma, se ignora aquí lecciones elementales sobre la distinción entre conflictos negociables y no negociables, explicadas hace decenios por Hirschman. Si los conflictos son esencialistas, estáticos, del tipo aut/aut,, no cabe solución negociada. Si se afirma: <estoy dispuesto a negociar, pero debe quedar claro que sí o sí sobre el referéndum>; o bien, <la Constitución –que afirma la unidad de España- es el punto irrebasable e intocable>, no hay negociación posible. Se excluyen así las decisiones políticas que, por definición, son pactadas en mayor o menor medida.

Para mostrarlo, voy a acudir auto del Tribunal Constitucional del sábado 26 de enero de 2018 (la parte dispositiva del texto puede leerse aquí: http://w8ww.boe.es/boe/dias/2018/01/27/pdfs/BOE-A-2018-1140.pdf) que no pocos juristas y aun especialistas en Derecho constitucional han denunciado como un punto crítico en relación con los dos riesgos mencionados. Y ello como consecuencia del pertinaz empeño del Gobierno Rajoy y, si cabe decirlo así, de la orientación dirigida por la abogada del Estado y Vicepresidenta Sáez de Santamaría, porque su protagonismo en este caso ha sido evidente, con el añadido del desaire del Gobierno al dictamen del Consejo de Estado, contrario a su propósito, algo desconocido hasta hoy.

Quiero insistir en que lo que me importa es el auto como expresión de la categoría, no la anécdota. Como he señalado, creo que se trata de un ejemplo de hasta qué punto se fuerza a instituciones constitucionales con función dirimente interna (no sólo jurídica, sino política) a supeditar el Derecho a una concepción schmittiana, reductiva de la política, la de la política entendida en clave amigo/enemigo, en la que la invocación del peligro que supone el enemigo constituye un passe partout para la pretensión de que todos cierren filas, con el consiguiente perjuicio para el Estado de Derecho. Añadiré que esa lógica tiene un campo en el que se ha experimentado hasta el límite, el de la denominada “guerra contra el terrorismo”, frente a la que se nos pide una y otra vez la “unidad de todos los demócratas”, que exigiría olvidar no ya las discrepancias, sino el propio pluralismo. Una lógica que acaba con el garantismo, descalificado como exceso buenista que dejaría inerme al Estado frente al enemigo. Véase, por ejemplo, cómo a propósito de los execrables atentados terroristas de Barcelona y Cambrils, se ha criticado a quienes hemos denunciado la técnica (incluso el recurso retórico) de abatir al terrorista, a propósito de la cual no habría necesidad alguna de investigación o justificación, de forma que quienes pedimos investigación y explicaciones somos descalificados como cómplices objetivos del terrorismo. Es, a juicio de muchos de nosotros, una lógica incompatible con la democracia, porque, como se ha dicho, es la lógica de la razón de Estado (del “derecho” del Estado), no del Estado de Derecho.

 

 

El auto, expresión de una lógica jurídica marxista

Con envidiable y lúcida acidez, el profesor Presno Linera dejó escrito en su análisis de esta decisión del TC (https://presnolinera.wordpress.com/2018/01/29/los-hermanos-marx-y-el-auto-del-tribunal-constitucional-sobre-la-investidura-del-diputado-puigdemont/), que el esfuerzo por responder a la lógica de peligro extremo constitucional dio luz a una resolución propiamente marxista, entendiendo por lógica marxista la de Groucho Marx en Una noche en la ópera, que todos recordamos: “La parte contratante de la primera parte, será considerada como la parte contratante de la primera parte”. En efecto, el resultado del empeño del Gobierno por llevar al límite herramientas jurídicas (y no hablo de la existencia o no de conversaciones o mensajes del Gobierno a los magistrados del TC, sino del hecho del planteamiento mismo del recurso, pese al dictamen contrario del Consejo de Estado, una decisión que fuerza toda la práctica política en esta materia), es un auto cuya racionalidad jurídica resulta sumamente discutible. Y cabe preguntar: todo este esfuerzo, ¿por qué?

La obvia respuesta es que se trataba de no dejar fatalmente desairado al Gobierno en un asunto en el que se supone que está en juego nada menos que la unidad de la nación española, ese bien jurídico prioritario enunciado en el artículo 2 de la Constitución, que algunos parecen considerar el contenido único del texto constitucional. Pero no es eso lo que me interesa aquí, sino la justificación de cómo se llega a sostener que semejante decisión debía adoptarse por unanimidad. Me explico. No quiero discutir la tesis de quienes entienden que el aserto de que la nación española es una e indisoluble es la condición trascendental sin la cual es impensable España como Estado. Dejemos eso, por importante que sea, para otro día. Lo que trato de argumentar es si está justificado el valor otorgado al carácter unánime de las decisiones del TC a lo largo del contencioso catalán. No creo, en efecto, que a un lector mínimamente atento le haya pasado desapercibida la frecuente presentación de esa característica de unanimidad en términos de un logro encomiable, en gran medida atribuido a la sagacidad del anterior Presidente del TC y frustrado candidato a la magistratura en TEDH, el profesor Pérez de los Cobos. Una y otra vez, periodistas, expertos y opinadores de toda laya han insistido en que tal unanimidad de los magistrados del TC era tan difícil como imprescindible, para tener garantías a la hora de abordar el desafío secesionista. Y sin embargo, ese argumento me parece abiertamente discutible y aun rechazable. Este es el núcleo de la cuestión que quiero discutir. Si la aspiración a la unanimidad -la imposición del ese objetivo- es compatible con las exigencias de la racionalidad jurídica y de la legitimidad democrática.

 

Sobre la unanimidad como criterio deseable en las decisiones jurídicas y políticas

  1. Empecemos por consignar lo obvio: si se piensa con detenimiento, la unanimidad en las decisiones de órganos colegiados no pasa de ser una aspiración, pero es poco verosímil en términos de legitimidad democrática, porque es extremadamente difícil de conseguir si se respetan las exigencias imprescindibles del pluralismo y de la libertad de conciencia. En condiciones de libertad, lo normal es que se manifieste el disentimiento y la unanimidad es absolutamente excepcional. Esto es una obviedad, si se piensa por ejemplo en el procedimiento inexcusablemente plural que permite a las Asambleas legislativas interpretar las exigencias del Derecho y adoptar decisiones basadas en la voluntad política de la mayoría. Por supuesto, esa voluntad política que se impone en el juego plural de las mayorías, tiene una condición, el control de legalidad que corresponde a los tribunales y, en su caso, el control de constitucionalidad que es competencia exclusiva del TC. Recordaré otra obviedad, por cierto: eso no significa que el TC tenga la última palabra porque, en determinadas materias, hay tribunales superiores al TC según la arquitectura jurídica de la UE (el Tribunal de Justicia de Luxemburgo y el TEDH de Estrasburgo).
  2. ¿Vale la misma presunción sobre la excepcionalidad de la unanimidad, en el caso de las decisiones judiciales? ¿Es, por el contrario, la unanimidad de las decisiones judiciales colegiadas una característica deseable para reforzar su fortaleza, su credibilidad, su fuerza de obligar y por tanto los tribunales, pese a su carácter colegiado y, por ende, inevitablemente plural, deben orientar su esfuerzo a construir decisiones unánimes? ¿cuál es el precio de esa exigencia en términos de respeto a la libertad y al carácter deseable de razonabilidad, de la aceptabilidad de esas decisiones?
  3. Conviene señalar que el marco legal procesal que regula la adopción de las decisiones judiciales ofrece pistas indiscutibles que apuntan en efecto al carácter deseable de la apariencia de unanimidad, característica de la tradición que se conoce como decisión per curiam. De nuevo, trato de explicarme: conforme a esa tradición, se entiende que la decisión judicial de un órgano colegiado, sea cual sea su fundamento aritmético, esto es, con independencia de que todos o sólo una mayoría de sus miembros estén de acuerdo en sus términos, es decisión del Tribunal. Frecuentemente (artículo 255 de la LOPJ), adoptada por mayoría: “los autos y sentencias se dictarán por mayoría absoluta de votos, salvo que expresamente la ley señale una mayor proporción”. Por su parte, el artículo 260.1 de la misma ley dispone “Todo el que tome parte en la votación de una sentencia o auto definitivo firmará lo acordado, aunque hubiere disentido de la mayoría; pero podrá, en este caso, anunciándolo en el momento de la votación o en el de la firma, formular voto particular, en forma de sentencia, en la que podrán aceptarse, por remisión, los puntos de hecho y fundamentos de derecho de la dictada por el Tribunal con los que estuviere conforme. Se produce así la ficción jurídica de una voluntad del órgano colegiado, aunque no sea, en muchos casos, unánime.
  4. Sin embargo, la práctica de los tribunales nos muestra una tendencia constante a construir decisiones por unanimidad, probablemente, como decía, en aras de la fuerza de las resoluciones que es entendida como condición de la seguridad jurídica.
  5. En todo caso, insisto en la apariencia de la unanimidad: no es que todos los miembros del Tribunal piensen lo mismo, sino que negocian para acordar una decisión unánime. Una negociación que no tiene por qué ser una mercadería, sino un acuerdo jurídicamente razonable. Y, en el peor de los casos, la decisión del Tribunal es una, aunque haya votos particulares (que pueden no ser discrepantes sobre la resolución misma, como sucede en el caso de los votos particulares concurrentes, a diferencia de los votos particulares disidentes). Hay que señalar que hay países u órganos que no admiten los votos particulares, aunque la regla general es la contraria. Incluso se cita el aserto jurídico según el cual, en determinadas jurisdicciones (piénsese en casos célebres del Tribunal Supremo norteamericano), <el voto disidente de hoy es la sentencia de mañana>.

 

 

Unanimidad y disenso en las decisiones del TC

  1. El problema es mayor y aun a mi juicio diferente si hablamos de las decisiones del Tribunal Constitucional. En efecto, en estos días se ha repetido la tesis según la cual, precisamente por el lugar jerárquico que ocupa el TC en el ordenamiento y su función de última palabra sobre lo que es Derecho (sobre lo que es conforme a la Constitución), es aún mayor el carácter deseable de la unanimidad. Y el ejemplo por antonomasia sería precisamente el de la defensa de una condición básica de la Constitución (del Estado), como es la unidad de la nación española, frente al desafío secesionista.
  2. Reconoceré de nuevo lo que me parece una obviedad, esto es, que la línea roja es el carácter ilegal de ese desafío, esto es, el hecho de que se haya producido en flagrante y frecuente violación de principios constitucionales básicos (como el mencionado en el artículo 2, o como el de obediencia a las decisiones del propio TC). Otra cosa es la existencia de responsabilidades penales por comisión de delitos, hipótesis sobre la que deben decidir los tribunales ordinarios.
  3. Pero lo que me importa es, insisto, si cada vez que se acude al TC en recurso de constitucionalidad debe imponerse la unanimidad. O al menos si así ha de ser en casos de desafíos constitucionales extremos.

Mi respuesta es negativa y se basa en lo que me parece que aconseja el debate jurídico doctrinal sobre las dissenting opinions en sede constitucional y en particular del modelo que sigue la apuesta del TS norteamericano, consolidada por influencia del justice Marshall, de la existencia de una opinion of the Court, perfectamente compatible con los votos disidentes, incluso con el prestigio del voto del dissent. Uno de los jueces más influyentes en la historia del TS norteamericano, el justice Holmes, fue conocido como “the Great Dissent”. Particularmente famoso es su voto articular disidente en el denominado caso Lochner, en 1905, en el que la mayoría del Tribunal Supremo declaró inconstitucional una ley de Nueva York que limitaba el horario de trabajo en las tahonas..

  1. Pues bien, en las decisiones constitucionales no es infrecuente que los jueces tengan que afrontar el tipo de operación argumentativa que se ha denominado (Atienza) ponderación de principios, que puede ser particularmente difícil de realizar si nos hallamos ante casos en los que la arquitectura del sistema jurídico muestra sus límites (por ejemplo, cuando nos encontramos ante lo que se conoce como lagunas axiológicas, es decir, supuestos en los que la regulación jurídica aparece como insuficiente o insatisfactoria en términos de su adecuación y/o justificación: inconcluyente, en definitiva). La forma en que se haga prevalecer un principio, frente a otro, depende en gran medida de concepciones no ya jurídicas, sino ideológicas –políticas- y la única pista disponible es la exclusión de las que sean abiertamente inconstitucionales, pero eso no nos ofrece una respuesta jurídica evidente, una “verdad constitucional”, como a veces imaginan los legos.
  2. Creo que forzar la exigencia de unanimidad es precisamente lo que ha provocado que podamos considerar justificada la metáfora marxista utilizada por Presno Linera. Y ello significa que la imposición de la unanimidad como objetivo a lograr a toda costa, produce efectos mucho peores que el reconocimiento de que, precisamente porque la Constitución no es el resultado de una voluntad hegemónica, monista, sino de una negociación plural, que trata de dar cabida al máximo de pluralidad ideológica, existe una pluralidad de interpretaciones constitucionales incluso en el seno del TC. Insisto en subrayar que la expresión de esta pluralidad no comporta necesariamente una debilidad del fallo.
  3. Como dejara escrito Francisco Tomás y Valiente, “el voto particular…constituye una ventana abierta al exterior por la que el Tribunal hace pública sus propias dudas, aunque su fallo no pierda por ello rigor ni disminuya obviamente su eficacia. La autocrítica interna exteriorizada es así un poderoso instrumento de control, además de ser, desde la subjetividad de los firmantes de cada voto, una vía de descargo”. Es decir, la exteriorización de la pluralidad de juicios de los magistrados (si no se trata de mera correa de transmisión de posiciones partidistas, sino de una legítima y razonada opiniión discrepante) no sólo no es signo de debilidad, sino que contribuye a una mejor seguridad jurídica, pues abre la discusión de lo jurídicamente razonable y potencia que incluso las decisiones del TC sean objeto de control de la crítica jurídica doctrinal, de modo que permanezca abierta –como es exigible en términos de legitimidad democrática del Derecho- la posibilidad de que <el voto disidente de hoy sea la sentencia de mañana>, si consigue convencer a la mayoría. Algo análogo a lo que da fundamento de legitimidad democrática, por ejemplo, a las manifestaciones coherentes de desobediencia civil.
  4. Diré más. La imposición per omne fas ac nefas (en castellano decimos por fas o nefas) de la unanimidad, deteriora el prestigio real de una institución imprescindible, en lugar de reforzarla. Cuando la unanimidad se erige en objetivo prioritario, hay casos como este en los que no hay otra forma de asegurarla que someter la decisión a piruetas formales, que son difícilmente compatibles con la exigencia de razonabilidad jurídica y política –no lo olvidemos- que cabe pedir de las decisiones de un órgano que no sólo es técnico jurídico sino que tiene una dimensión inexcusablemente política, la de establecer lo que no es compatible con el orden constitucional. Es decir, en las decisiones del TC importa que sean compatibles con las normas y principios constitucionales y, por tanto, que no las sacrifiquen en aras de una exigencia de seguridad jurídica discutiblemente vinculada a la unanimidad. La seguridad es seguridad en las libertades, también en la libertad de elaboración de la propia decisión, lo que es también coherente con el principio constitucional básico de respeto al pluralismo. Las características de las decisiones de esta jurisdicción hacen altamente improbable la tesis de la única respuesta correcta. Porque lo que se trata, además, es de decidir si algo no es compatible con la Constitución, y no si hay una única manera de desarrollar lo dispuesto en la Constitución. En los casos en que no sea así (y el del auto en cuestión me parece evidente que lo es, e incluso que la respuesta negativa avalada por el Consejo de Estado era más razonable), lo lógico, lo coherente con la deseable exigencia de justificación razonable, también en términos del respeto al pluralismo ideológico, inexcusable ingrediente de la legitimidad democrática, es que la decisión del Tribunal sea el resultado de un voto de mayoría, con la presencia de votos particulares. Eso no significa que el TC se divida en términos de lógica partidista. Muy al contrario: es la lógica partidista (la de apoyo como sea al Gobierno frente a un enemigo constitucional) la que lleva a desastres como éste y al creciente desprestigio de una magistratura imprescindible, algo que no nos podemos permitir.

 

 

“European Refugees Policies: 20 key points” IV Bilbao European Encounters. Refugee’s Europe

The ideological assumptions of the current European model of migration and asylum policies leave open the risk of a regressive evolution of social-liberal states toward criminal-police states. This would lead to an extremely dangerous setback of the basic standards of Democracy and the Rule of Law and the institutionalization of various manifestations of exclusion and subordiscrimination, which seem to follow a colonial logic. In this way, the basic theses of <necropolitics> proposed by Mbembe following the footsteps of Foucault and Agamben would be confirmed. I will attempt my dissertation in 20 key points.

 

  1. It seems increasingly clear that there is a need for a philosophical approach -philosophical, political and legal at least- regarding the issue of forced migration, a concept in which I obviously include refugees, but also a large part of the migratory movements that tend to be classified as economic or labour migration.
  2. What is the meaning of a <philosophical approach>? The primeval philosophy is political philosophy, that is to say, a reflection on how to build a <good>society, a Decent Society (Margalit, 1996).
  3. It should be added that, in such an approach, which is of practical reason, the key -the minimum core- is the respect and effective guarantee of human rights requirements. These are, in turn, the minimum content of the Rule of Law, its legitimacy test.
  4. On october 2015 I published a reflection on soi-dissant <refugee’s crisis>, h.e., what was happening, and feared it would continue happening, under the title: Mediterráneo: el naufragio de Europa (“shipwreck of Europe in the Mediterranean”). I believe that judgment remains valid today.
  5. We are still witness to the wreck of the Rule of Law, if not its perversion, that is,the use of the Law (laws, administrative decisions and, to a lesser extent, jurisprudence) against the rights. This is the case, for instance, through the juxtaposition of the requirements set to maintain the European area of freedom, security and justice, and on the other hand, the respect for the rights of those who come to our borders and want to enter that space.
  6. The message that the european immigration and asylum laws is sending to its european citizens is one of a disjunction between <our rights>, that is, our level of well-being, freedom and security, and the rights of those others. If we want to extend the rights to those others, we will have to cut back our own, cut back our well-being, our security, our freedoms…
  7. In short, we are replicating what I referred to in previous works as the <syndrome of Athens>: the construction of a society with standards of excellence in regard to the truth, to beauty, to the good life, but at the cost of a growing process of exclusion, as explained by S.Sassen (2014), who has recently condemned in one of his latest works that logic of expulsion which accompanies the current stage of development of the global market’s process. For his part, Z. Baumann (2008) denounced the existence of an Archipelago of excepsions, functional to what he portrayed as the “human waste industry”, which feeds on human beings constructed from a status of precariousness and expiration, easily “replaceable”: migrant workers.
  8. Therefore, the emblems of thisconception would be the very institutions created within the framework of European migration and asylum policies: Immigrant detention centres (CIES/CRA), or the illegal transformation of refugee reception centres into detention centres, under the pretext of a necessary task of triage (de Lucas 2013, 2014). These are the hotspots, the place where the fate of those who try to reach the European continent is decided: only the genuine refugees may continue and even then, not all of them: note the failure of the timid operation of refugees relocation which ended in October 2017, very far from the goal of 170,000, due to the fierce resistance of the Member States’
  9. In that way, as denounced by professor and president of the ACLU David D. Cole (2000), a neocolonial logic is both accepted and practiced not only externally, but inside of our own A logic that rediscovers slavery -irregular migrant workers- and accepts it, and even contributes to its practice on our very doorstep (the case of Libya). Indeed, we allow the existence of slave markets, of ill-treatment, of rape and torture at our doorstep (again, this is the Libyan case). And we even encourage it via the externalisation of the migration and asylum policies; basically understood as policies of policing and public order, and even set out as Defence policies, equipped with military resources against an enemy that constitutes an enormous threat.
  • All of these are reason enough to argue that the European model of migration and asylum policies, seems to follow the logic of the necropolitics argued by the cameroonian philosopher Achille Mbembe, following the Foucault critique of biopower and also the thesis of Agamben (Mbembé, 2003, 2016). Indeed, this models combines in proportionate doses the security/defence arguments (immigrants and even refugees as the enemy, an enemy at our doorstep or an infiltrated enemy) and the logic of the market (immigrants as goods, as work tools whose presence is only justified if they produce benefit). All of this at a cost of more than 30.000 dead in the Mediterranean whose names –die List– have been published as a result of an enormous research work of the German newspaper Der Tagespiegel, on November the 9th,
  • The creation of a pathological imaginary of immigrants and asylum seekers results from the use of fobotypes through these policies’ legal instruments and the complicity of the media. We have gone from a standpoint of indifference to one of ethnic contempt, customary of a colonialism we are now re-discovering. A view that points at us as the civilised and the others as the barbarians or savages (Todorov, 2008). A view that fosters within our democracies the growth of the society of contempt, as explained by Honneth (2007, 2012).
  • In effect, all of this conceals a decadent society, a passive consumer of these fobotypes, of necropolitics, which feeds on We pay to get rid of that fear, that load we refuse to see: we externalise, as it was already intended at Sevilla’s European Council of 2002, or with the bilateral agreements with Gaddafi, which serve as precedent of the alleged agreement with Erdogan, in the Valletta agreement of 2016, from the Africa Plan; a hypocrite cooperation policy that only seeks to keep dominating those who we are supposedly helping, to keep corrupting its elites and forcing those Governments to violate the rights of their own people and the people who attempt to pass through those States.
  • From a legal standpoint, it is important to understand that the logic inspiring such policies carries the risk of stripping down the meaning of two fundamental rights:
    1. The right to life: one cannot ignore the fact that, for instance, regarding the victims in the Mediterranean, there is plenty of evidence of crimes of omission of relief which, moreover, are in flagrant violation of basic principles and obligations erga omnes of the International law of the sea, encoded in the Montego Bay Convention. The lives that are lost seem to be anonymous, statistical data for which no one should bother finding out responsibilities for every one of these deaths.
    2. The right of asylum: our policies are oriented to hinder its exercise, preventing legal and safe routes, making it as hard as possible to apply, even stripping down the basic content of the concept of asylum, as it occurs when (law passed in Denmark in 2016) refugees are submitted to a requirement of copayment for the benefits entailed by the recognition of the right to asylum, according to the Geneva Convention of 1951.
    3. In particular, there is a practice occurring in the Mediterranean at this time in the framework of the operation EUNAVFOR MED (euphemistically renamed Sophia), that gravely affects the right of asylum: the interception and forced return of migrants/refugees in the waters of Libya or next to its territorial sea,may well constitute a systematic violation of the principle of non-refoulement (ergo jointly responsible for the human rights violations of the people on Libyan soil). The minute the States of the EU involved in this operation intercept these people, they take them under their jurisdiction. Ergo, they have a legal obligation to apply extraterritorially the right of asylum’s standard legislative procedure, the principle of non-refoulement and the procedural guarantees.
  1. What is certain is that when refugees are no longer predominantly European, they no longer matter: the case of the Rohingyas (more than 800,000 in Bangladesh, where the largest refugee camp in the world is currently under construction) or the Southern Sudanese who have come to Uganda in number of 900,000: Meanwhile, the Europeans are overwhelmed by 160,000
  2. The true notion of refugees, beyond that provided by the Geneva Convention of 1951, is the proposal by the UN High Commissioner for Human Rights, Zaid Ra’ad Al Hussein, making real the dictum of Bauman on the <human waste industry>: “These are people with death at their back and a wall in their face”.
  3. In order to do so, we have not hesitated to pervert the legal language through fallacies that have emptied the meaning of the notion of asylum, that stigmatise immigrants at the expense of refugees and employ refugees as a source of danger, a threat, when they are the ones fleeing the danger that threatens them.
  4. Even more, refuge is twisted into a matter of moral platitude, of good conscience, of misunderstood solidarity, which is no longer a right and a duty, but a kindness issue. Therefore, its place is not that of a requirement of respect for human rights, but that of alms and NGOs’ altruism. And yet, it does not prevent a twisted stigmatisation of NGOs when they aren’t docile, presenting them as objective accomplices of the mafias.
  5. Ultimately, what is this all about? In short: Who has the right to what, and why. We are witnessing the emptying of the concept and very foundation of human rights. It is a case of curtailing the rights and curtailing the subjects of those rights, meaning: fewer rights (for social and economic ones become goods) and for less subjects (only nationals themselves), from the ambition of the market’s ideology itself, that is, the ambition of deregulation and the transformation of citizens into passive consumers (Ferguson, 1767).
  6. Social cohesiveness is thus destroyed, reducing us to possessive individualism, to the atomism that deflects us towards Cain’s syndrome: I am not my brother’s keeper and even less of those who I do not recognise as my brothers
  7. Faced with this, Jhering’s lesson, understanding law as a struggle for human rights, which in essence, is the message of emancipation, ofretaking the reins of our lives, of being lords of Law and of political life instead of a flock that chooses voluntary servitude (La Boétie). Because the oppositeof obeying like a flock is not disobedience (this is merely a tactic, an instrument), but to regain command, to be the masters of our lives and of politics and of the L

 

 

 

 

References

  • Agamben, Giorgio (1995), Homo sacer. Il potere soverano e la nuda vita, Torino, Einaudi.
  • ————–(2003) Stato di Eccezione. Homo sacer II.1, Torino, Bollati Boringhieri
  • Bauman, Zygmunt (2008), Archipiélago de excepciones, B.Aires/Barcelona, Katz
  • Cole, David D. (2000), No Equal Justice: Race and Class in the American Criminal Justice System, N.York, The New Press.
  • ———–(2003), Enemy Aliens: Double Standards and Constitutional Freedoms in the War on Terrorism, York, The New Press
  • de Lucas, Javier (2015), Mediterráneo: el naufragio de Europa, Valencia, Tirant lo Blanch
  • —————(2014) “Guantanamo is still there and the number of Guantanamos is multiplying”, Critical Legal Thinking, 01 29th 2014
  • —————(2013) “Between Repression and Paternalism: European Asylum and Immigration Policy after the Lampedusa Tragedy”, Critical Legal Thinking14th 2013
  • Ferguson, Adam, (1767), An essay on the History of Civil Society
  • Foucault, Michel (1997), Il faut deféndre la societé: cours au Collége de France 1975-76, Paris, Seuil
  • Honneth, Axel (2012), The I in We: Studies on the Theory of Recognition, Polity Press
  • ————-(2007), Disrespect: The Normative Foundations of Critical Theory, Polity Press
  • Jhering, Rudolf von (1872), Der Kampf ums Recht
  • Mbembé, Achille (2003), “Necropolitics”, Public Culture, 15/1, pp. 1-40.
  • ———–(2016) Politiques de l’inimitié, Paris, La Découverte.
  • Sassen, S., (2014), Expulsions: Brutality and Complexity in the Global Economy, Cambridge.Mass, Belknap Press.
  • Todorov, Tzvetan (2008), La peur des barbares: au-delà du choc des civilisations, Paris, Robert Laffont

Un secreto a voces: Esclavos (en el día internacional de los migrantes), Infolibre: www.infolibre.es/noticias/luces_rojas/2017/12/18/un_secreto_voces_esclavos_73178_1121.html?utm_source=twitter.com&utm_medium=smmshare&utm_campaign=noticias&rnot=1079418

Errantes sin derechos. Carne de esclavos

Este año, el día internacional de los migrantes se celebra a pocos días de que comience 2018, año de la conmemoración del 70 aniversario de la Declaración universal de los derechos humanos

(imagen de Eleanor Rooselvelt con la versión española de la Declaración)

Pues bien, uno de los argumentos que nos obligan a pensar en el camino que queda por recorrer aún es precisamente el hecho de la reaparición visible -cada vez con mayor entidad pues el número de los afectados no cesa de crecer- de uno de los dos fenómenos más graves de la negación de la igualdad elemental en derechos. Sí, junto a la subordiscriminación de las mujeres, la esclavitud es la expresión más clara de aquello que se ha llamado lo inaceptable universal, el negativo de ese principio de consenso universal que son los derechos humanos.

Lo cierto es que el recurso a la esclavitud parece inserto, si no en los instintos básicos de la condición humana, sí en los fundamentos mismos de la organización social. No es sólo que Aristóteles –en textos como los de la Política, Libro I, cap.II- la considerase natural y necesaria y por ello teorizara que hay seres humanos –los bárbaros– destinados a ser esclavos, sino que ese recurso que consiste en tratar a otros seres humanos como herramientas de trabajo, cuya explotación está ligada a nuestra prosperidad, aparece como condición transcultural, en Europa (las principales potencias coloniales, desde Grecia y Roma), en el continente americano (de los aztecas a los mayas y los incas), en Africa (comercio árabe y berberisco de esclavos), en India y el continente asiático, por no hablar de los orígenes de la colonización de Australia y Nueva Zelanda.

Puede decirse que no ha habido ninguna gran civilización que no esclavizara a sus enemigos derrotados. Aunque no es menos cierto que siempre existió una conciencia crítica, encarnada en las sociedades abolicionistas, como la que ayudó a fundar el inmenso William Turner, cuyo archifamoso cuadro Slave Ship, recreaba el asesinato de 142 esclavos africanos a manos de la tripulación del barco negrero Zong en 1781 (aquí, una breve explicación en video sobre esa pintura: https://www.youtube.com/watch?v=NoCW80MEGXY ) se expuso en 1840 para la reunión fundacional de la sociedad abolicionista. El cuadro se titula en realidad Slave Ship. Slavers Throwing Overboard the Dead and Dying, Typhoon Coming On y venía acompañado de unos versos del propio Turner (Fallacies of Hope) que terminaban así: “The dead and dying/ne’er heed their chains/Hope, Hope, fallacious Hope!/ Where is thy market now?”.

Pero, frente a esas excepciones, el negocio de la esclavitud ha tenido el carácter casi de constante histórica, multisecular, pues aunque la abolición formal se produjese ya en 1704, durante la Convención revolucionaria francesa, hay que esperar hasta 1803 para la primera abolición formal dictada por un país, Haití, y por ejemplo hasta 1865 para que la Enmienda 13 a la Constitución de los EEUU decretara su abolición en todos el territorio de la renacida Unión. Sólo en 1927 alcanza una dimensión universal, con la Convención sobre la esclavitud, en el marco de la Sociedad de las Naciones.

Lo cierto es que ese paso decisivo en el proceso de globalización del mercado que se alcanza con la revolución industrial, no se puede explicar sin la mano de obra de los esclavos y, por tanto, sin el recurso a la institucionalización de la esclavitud. Pues bien, hoy tenemos que reconocer que la fase actual de ese mismo proceso ha redescubierto el viejo recurso, esta vez en clave de las políticas migratorias.

Sin duda ya habrá algún lector sobresaltado por lo que pudiera considerar un argumento en el límite de lo demagógico, a propósito de nuestros modelos de políticas migratorias y de asilo, no sólo las europeas y estadounidenses, sino en todo el mundo, incluso de forma reciente –al menos incipiente- en un país modelo por su apertura constitucional a la inmigración, como es la Argentina. Como ya anticipara Adam Ferguson, el rumbo del proceso de globalización del mercado como institución eje del desarrollo de la sociedad civil (en colisión inevitable con el espacio público republicano), marcado por la ley de beneficio y competencia sin reglas ajenas como clave de la riqueza de las naciones, deviene casi inexorablemente en la institucionalización de la desigualdad y de la explotación. Lo que no pudo prever Ferguson en 1767 es que en el siglo XXI reapareciera en sus condiciones más crueles ese fenómeno, en las claves de expulsión (Sassen: Expulsiones. Brutalidad y complejidad en la economía global, 2015) y de lo que Bauman llamó industria del desecho humano (Archipiélagos de excepciones, 2008): migrantes y demandantes de asilo como carne de tráfico de verdaderos esclavos. Como pretexto también para otra industria floreciente, la del negocio de la seguridad y el fortalecimiento de fronteras que con tnta pertinencia ha explicado C. Rodier.

 

 

Las políticas migratorias hoy y el retorno de la esclavitud

Habrá quien piense que se trata de una perversión reciente, a la luz del terrible reportaje emitido hace escasamente un mes, en noviembre de 2017, por la CNN y en el que se ponía ante nuestros ojos la existencia de mercados de esclavos en Libia, en los que seres humanos son vendidos por cantidades que oscilan entre 100 y 200 dinares (de 60 a 120 euros) (http://cnnespanol.cnn.com/video/cnnee-pkg-nima-elbagir-subasta-de-esclavos-hombres-vendidos-como-mercancia/). La OIM publicó en las mismas fechas una denuncia de ese mercado de esclavos a las puertas de Europa (https://www.iom.int/news/iom-learns-slave-market-conditions-endangering-migrants-north-africa ). En el mismo sentido se ha pronunciado la OIT (http://www.bbc.com/news/world-africa-39567632).

   Que ese mercado es una industria floreciente se puede entender si se piensa en las cifras de inmigrantes bloqueados en Libia (416.556 según la OIM, a finales de septiembre de este año) y en las de solicitantes de refugio a la espera (44.306, a 1 de diciembre de 2107 según el ACNUR). Pero, sin duda, lo más espantoso es el hecho de la connivencia en esas prácticas esclavistas de la Guardia Costera libia y de la Dirección General libia para la lucha contra la inmigración ilegal. Los testimonios de ONGs como MSF y Proactiva Open Arms, de las que trabajan en apoyo de los solicitantes de refugio, como CEAR y muy recientemente, el demoledor informe de Amnesty International AI Lybia: Dark web of collusion (https://www.amnesty.org/es/documents/mde19/7561/2017/en/), cuyas conclusiones resumió el representante de AI John Dalhuisen (Una red terrible de colusión: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2017/12/libyas-wretched-web-of-collusion/), muestra la relación entre las cárceles para inmigrantes irregulares y asylum seekers rechazados (y en buena medida deportados a Libia por las autoridades europeas, sobre todo italianas) y esos mercados de esclavos.

No, no es nuevo. Lo sabíamos, por ejemplo, gracias a trabajos de periodistas entre los que mencionaré al incansable Nicolás Castellano: véanse sus reportajes en la región maliense de Gao, en 2008 (http://cadenaser.com/ser/2008/10/16/sociedad/1224123205_850215.html )

o, luego, en Benin, en 2014, en colaboración con las Misiones Salesianas, en el reportaje en el que nos contó el precio de un niño, 30 euros (http://www.periodistadigital.com/religion/solidaridad/2014/06/24/no-estoy-en-venta-reilgion-iglesia-solidaridad-misiones-salesianas-trafico-personas-documental.shtml ), o en su trabajo sobre los “camiones patera” que desde Niger tratan de alcanzar el Mediterráneo (https://elpais.com/diario/2010/02/28/eps/1267342014_850215.html ). El hecho de que esos mercados de esclavos, esa industria del desecho, hayan sido tratados en novelas como Camella (de Marc Durin-Valois) en 2005, o Eldorado, de Laurent Gaudé) en 2006 testimonia que no es un fenómeno reciente, por más que nosotros, europeos, cerremos los ojos a ese escenario del nuevo corazón de las tinieblas.

Lo que sucede es que estremece pensar en que el mercado de esclavos en Libia, a nuestras puertas, se lleva a cabo con personas de cuya suerte se desentienden los Gobiernos europeos y, para colmo, esos Gobiernos contribuyen a su florecimiento al negar terca y torpemente la existencia de vías legales, seguras y accesibles para los demandantes de refugio y para los inmigrantes que quieren trabajar y conseguir una vida mejor en Europa. Lo ha vuelto a denunciar Sami Nair (“Lo inmigrantes, a sorteo”, El País, 16 de diciembre de 2017). Y lo denunciaron recientemente 30 ONGs en un comunicado público, “Migración en la UE: es hora de una agenda ambiciosa basada en los derechos” (https://coordinadoraongd.org/2017/12/migracion-la-ue-hora-una-agenda-ambiciosa-basada-los-derechos-humanos/). Frente a eso, la respuesta de la UE en la reciente cumbre de Abidjan fue de nuevo la insistencia en la política de retorno, en asegurarse el blindaje frente a las rutas migratorias y la obsesión por la devolución de los “excedentes”, externalizando esa tarea a los países de tránsito, a cambio de supuestas políticas de ayuda al desarrollo que, en un alto porcentaje, conducen a la corrupción y acrecientan el sufrimiento de las poblaciones.

Mapa de las rutas de migración en el Mediterráneo central, elaborado por Unicef.

 

 

 

Las mujeres, la peor parte

Y como casi siempre, la peor suerte le corresponde a los niños y a las mujeres, que constituyen más del 52% de los inmigrantes que tratan de llegar a Europa. Probablemente el lector conozca el término sextorsión, un término acuñado por la investigadora Orthun Merkle (el cuerpo de la mujer como campo de batalla), una forma de corrupción que hace del cuerpo de la mujer un mero objeto para el intercambio de favores. “Mientras los hombres pagan con dinero, las mujeres pagan con su cuerpo”, explica Merkle, porque lo que las hace más vulnerables es el hecho de que la mayoría de las mujeres viajan solas y la vulnerabilidad se incrementa cuando no hay vías legales ni segura. Las fronteras son los lugares privilegiados de la sextorsión. Marwa Fatafta, de Transparencia Internacional subraya un segundo factor, la componente de autoridad de los funcionarios de fronteras, que les permite institucionalizar ese abuso sexual. De ahí la necesidad de que la Unión Europea no sólo priorice la dimensión de derechos en sus políticas migratorias, fomente las vías legales, seguras y accesibles, organice la cooperación a tres bandas en torno a la movilidad migratoria con protagonismo de los representantes de las sociedades civiles de los países concernidos y de los propios inmigrantes y luche contra todas las formas de corrupción, de trata y tráfico y explotación de los inmigrantes y de los demandantes de asilo, con especial atención a la dimensión de género, para luchar contra su vulnerabilidad y para empoderar a las mujeres como los mejores agentes del codesarrollo.

Por eso, a mi juicio, el interés de campañas como, #DJYONGA, lanzada por la cantante Fatoumata Diawara, contra la vergüenza inenarrable que supone que en pleno siglo XXI vuelva la esclavitud como negocio floreciente, a las puertas de Europa, sin que la UE haya emprendido ninguna iniciativa efectiva más allá de la retórica vacía de la cumbre de Abidjan, empecinada como están sus Gobiernos y aun el propio Presidente Tusk en el retorno de los desechables. Échenle, para terminar, una mirada a esta video de la cantante Fatoumata Traoré (https://www.youtube.com/watch?v=2_0BMw4_pw0): nadie tiene derecho a tomar a otro como instrumento. Empecemos por ahí.

 

 

DISCUTIR LA (DES)OBEDIENCIA http://almacendederecho.org/discutir-la-desobediencia/ Blog Almacen de Derecho, 5/12/2017

Un signo positivo: la recuperación del debate público sobre las razones de (des)obedecer

Para quienes nos dedicamos académicamente a la filosofía jurídica y política, uno de los efectos positivos que ha propiciado el debate sobre la independencia de Catalunya es que ha incentivado y aun popularizado discusiones sobre conceptos y problemas claves de esas disciplinas, como el de la noción de legitimidad y con ella -lo diré desde una perspectiva menos gremial-, la cuestión capital en política, porque atañe a la definición misma de democracia y por tanto nos compete a todos los ciudadanos: ¿Quiénes son y quiénes deben ser los señores de la vida pública, de la política? ¿El pueblo? ¿Puede y debe ser el Derecho otra cosa que la expresión de la voluntad popular? Así, se plantean a fondo las relaciones entre democracia, justicia, legalidad y derechos humanos. Creo que este hecho, el que se produzca una discusión pública de este tipo, debe ser saludado, con todos los matices que se quiera, como un indicador positivo, también en términos de la formación de una ciudadanía activa.

Me permitiré recordar de entrada una advertencia que, en punto a este debate, creo que resulta muy útil. Me refiero a la conveniencia de evitar dos extremos: las tesis formalmente legalistas (stricto sensu) de quienes quieren identificar la legitimidad con la legalidad, sin más. Y, del otro lado, las populistas de quienes creen que todo lo que diga/decida la mayoría del pueblo (o todo aquello a lo que preste su adhesión) es, por definición, la expresión misma de la justicia y la legitimidad. La historia nos ofrece mil ejemplos de cómo la legalidad democrática no agota ni se identifica con la justicia. Yendo un poco lejos, Sófocles con su AntigonaShakespeare con Shylock, nos mostraron que consagrar la legalidad como justicia es una estupidez. Lo sabían los romanos y por eso los brocardos <summum ius summa iniuria>, pero también en Roma se dio el extremo opuesto, el <fiat iustitia pereat mundus>. La paradoja de Rousseau con su distinción entre volonté générale y volonté de tous, no resolvió la tensión entre legalidad y justicia. Tampoco la solución de Weber, la legitimidad legal-racional, ni siquiera en la medida en que la ley sea no sólo racional, sino también expresión de la voluntad de la mayoría. Y es que, como ya apuntara Thoreau, la razón de uno solo (si ese uno solo tiene razón) puede valer más que la voluntad de la mayoría, si no la tiene. Thoreau inicia así la concepción moderna de un concepto no siempre claro, la desobediencia civil.

Me parece que un segundo error a evitar es entrar en ese debate a base de slogans y simplismos, del tipo del enunciado por Josep Guardiola: “las leyes no pueden imponerse contra la voluntad del pueblo” “justo es lo que el pueblo decide”. Tan simplistas como el contrario, “la ley es la ley”. Máxime si sabemos, como sabemos, de la fina línea entre democracia y demagogia, una relación sobre la que ya advirtiera Aristóteles y sobre la que insistió Tocqueville al denunciar el peligro de <tiranía de la mayoría> Y si conocemos, como conocemos, las perversiones del formalismo jurídico, que pueden llevar a sostener que cualquier Estado es Estado de Derecho. Añadamos que, desde Goebbels al menos, sabemos de la capacidad moderna de demagogia a través de la propaganda, del dominio de los media. Sabemos por la historia que, invocando el nombre, la voluntad de la mayoría (“el pueblo”), se han justificado los peores horrores. Y sabemos cómo se ha usurpado la voluntad real de la mayoría de los ciudadanos por parte de élites o grupos que no son mayoritarios, pero sí hegemónicos, en poder institucional, económico, mediático. No hay que elucubrar demasiado para encontrar ejemplos de tiranía de la mayoría: cuando una mayoría vota a favor de discriminar a una minoría, a favor de la tortura, a favor de la pena de muerte, a favor de un dictador, ¿queda legitimada esa decisión por provenir de un acuerdo de la mayoría?

En este marco, me parece que dos recientes artículos de mi colega el profesor de la UPF Jordi Mir, ofrecen un buen número de sugerencias con las que pretendo dialogar, sin intentar rebatir posiciones concretas, salvo de forma muy ocasional.

¿Tiempos de desobediencia?

Los nuestros han sido caracterizados, desde diferentes perspectivas, como tiempos de desobediencia, hasta el punto de que se ha llegado a aventurar que un rango distintivo de la generación que alcanza su mayoría de edad al final de la primera década del siglo XXI sería el “estado de rebelión”, lo que permitiría hablar de la era de los indignados. Se habría producido así un proceso de globalización del movimiento de denuncia y rechazo del statu quo que se extendió desde las plazas de ciudades árabes a Madrid, Génova, Nueva York o Hong Kong. Ciertamente, sus raíces se remontarían a la concepción altermundialista, al lema otro mundo es posible, que es sobre todo una propuesta de rechazo de un (des)orden social percibido como insoportable, por injusto y aun suicida, en términos de la sostenibilidad de la vida (la de los seres humanos y la del propio planeta). Pero no pretendo una disquisición sobre cuestiones que han sido ya muy tratadas (y sobre las que acaba de volver la activista N.Klein en su <Decir no no basta (Estado y sociedad)>, que, comparado con el anterior, <La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre> o con el clásico <No Logo>, decepciona y mucho), sino más bien apuntar a una pregunta y ofrecer algunas pistas para el debate a quien interese la cuestión.

A mi juicio, la pregunta es por qué hoy el prestigio social está del lado no ya de la indignación y la denuncia, sino abiertamente de la desobediencia, con el efecto estigmatizador sobre la actitud de obediencia, que parece sometida a sospecha. Y es que hoy parece asentada la tesis de que la desobediencia es la modalidad que exige aquí y ahora una política democrática.

Debo precisar de inmediato que no me refiero a esa constante en toda sociedad que viene simbolizada por el atractivo de la negación, vinculada a una necesidad generacional, biológica, la que todos experimentamos al constatar que nos encontramos en un mundo que hemos recibido y que percibimos como ajeno e incluso impuesto. En definitiva, un mundo que no es nuestro, de donde la necesidad de crear el propio. Prácticamente en todas las culturas y en todos los momentos históricos encontramos testimonios de ese rechazo, de esa desobediencia, que es sobre todo una actitud vital de “los jóvenes” hacia las pautas y valores imperantes, testimonios enunciados generalmente en tono de lamentación por la decadencia que ello supone para el orden social existente, cuyos valores son impugnados. Es el grito de non serviam! Que la Biblia atribuye al ángel predilecto que se rebeló contra su Creador, convirtiéndose así en ángel caído.

No. Hablo de algo más, de un fenómeno que, por su generalización, parece nuevo: se trata de reconocer que se ha producido una inversión de la comprensión de la desobediencia, que –en contextos democráticos- pasa de ser una actitud sospechosa por insolidaria y reprobable para la mayoría, en cuanto incompatible con las condiciones de una convivencia civil, a convertirse en la vía necesaria para construir una sociedad que de verdad merezca ese calificativo. Una sociedad decente, en el sentido de Péguy o Margalit o, digámoslo abiertamente, una sociedad justa.

Esto nos obliga, creo, a un esfuerzo de precisión sobre las condiciones de legitimidad de la desobediencia, lo que puede abordarse, a mi juicio, al menos desde dos vías que tienen una importante tradición. De un lado, la que construye el concepto de desobediencia civil, en contextos precisamente democráticos, cuando menos a priori. De otro, la de raíces anarquistas –en la mejor tradición libertaria[2]– que entiende que, siendo todo poder ilegítimo, la desobediencia es la acción política legítima por antonomasia, incluso un deber, lo que parece razonable cuando hablamos de regímenes no democráticos, pero resulta muy cuestionable en el otro caso.

Sobre la desobediencia en democracia

Mi propuesta parte de la aceptación de la tesis que sostiene que la desobediencia, si es civil, constituye una expresión genuina del espíritu de la democracia y del Derecho, y aun se diría –Camus- de la paradoja en la que se debate el hombre moderno, heredero de la Ilustración, su opción por el ideal de autonomía, pero esclavizado por las reglas de un mundo que le es ajeno y contra el que se rebela. Y advierto sobre la necesidad del adjetivo, que matiza de forma muy importante la tesis inicial, la del prestigio de la desobediencia. No hablo de la desobediencia, sin más, hablo de desobediencia civil, que encarna lo mejor del espíritu del Derecho y de la democracia mismas, cuando es, insisto, desobediencia civil.

Quizá nadie como Howard Zinn haya planteado mejor, más provocadoramente, la razón de ser de la desobediencia, desde que lo hiciera Sófocles, en el diálogo entre Antígona y Creonte, donde, claro está, no se habla de desobediencia civil, sino de la obligación de obedecer el mandato de leyes superiores, no escritas, cuando la ley no es justa. En un debate de 1970 sobre desobediencia civil, Zinn comenzó su intervención señalando que toda la discusión estaba planteada al revés, porque –afirma– “nos dicen que el problema es la desobediencia civil, cuando en realidad el problema es la obediencia civil” (puede verse aquí la lectura que hizo Matt Demon de ese texto de Zinn). Zinn es probablemente el más prolífico defensor de la desobediencia civil, el concepto teorizado por Thoreau en una conferencia escrita en 1848, que lleva ese título y en la que propuso los elementos conceptuales desarrollados luego entre otros por Bedau, Russell, Rawls o Habermas y, sobre todo, llevados a la práctica por los movimientos de defensa de los derechos civiles (Martin Luther King) y por los ecopacifistas, movimientos en los que jugaron un papel fundamental los críticos con el desarrollo del armamento nuclear y la generación de resistencia a la guerra del Vietnam.

Para Thoreau, en efecto, la desobediencia civil expresa el desacuerdo político y no sólo moral, de quien no halla justificado el imperativo concreto de una ley, porque choca con los fundamentos del pacto social al que se ha prestado consentimiento, el de los founding fathers en el caso de Thoreau, es decir, la Constitución, en términos de la teoría contemporánea de la desobediencia civil. Para Thoreau, la desobediencia civil es una conducta exigente, lo que significa que ha de ser pública y pacífica y, además, debe aceptar la sanción para probar su coherencia. Sin duda hay en Thoreau un impulso de moral crítica, un fundamento ético de la desobediencia civil, pero la clave está en la dimensión política: Thoreau no trata de cambiar el régimen político, pero tampoco salvar la aplicación de una ley a su caso concreto (la excepción personal o suspensión personal de la ley, propia de la objeción de conciencia). Por eso, su propuesta no es la de la revolución. Es una rebelión para preservar los valores del pacto político que comparte y defiende. De paso, diré que a mi juicio, aunque resulta indiscutible la importancia que tuvo para Gandhi la lectura de Thoreau, el movimiento que el Mahatma impulsó y que fue decisivo en la independencia de la India no es en realidad desobediencia civil, sino rebelión inspirada en una concepción religiosa, la doctrina de la satyagraha, que adquiere la dimensión de una verdadera revolución política, de carácter pacífico. Porque, obviamente, Gandhi no comparte ni los valores ni las reglas del sistema político del virreinato, la dominación inglesa en la joya de la corona que es la India, y no se rebela apelando a esa legitimidad, sino que la impugna. Insisto: alguna de las convicciones de Thoreau están muy vivas en Gandhi, comenzando por aquella que asegura que en un régimen injusto el único lugar para un hombre justo es la cárcel, tesis que llevó a Thoreau a la cárcel de Concord, al negarse a pagar los impuestos con los que se pagaba una aventura colonial, imperialista, la del gobierno de los EEUU de la época en México.

Como decía, creo que, en cierto modo, esta recuperación de la desobediencia como virtud, como motor de la vida política, tiene que ver con la percepción de que la disidencia activa o incluso la desobediencia, expresan el espíritu de la democracia, de la reapropiación del poder por parte de los ciudadanos. Esta matización sobre el sujeto, esto es, we, the people, me parece importante: prefiero esta referencia a todos nosotros los ciudadanos (luego matizaré sobre la necesidad de cuna concepción plural e inclusiva de la ciudadanía), por encima de las referencias habituales a las nociones de pueblo y, desde luego, más que a la de nación, porque hace referencia a todos y cada uno de los ciudadanos como sujeto político constituyente, como poder político originario, el demos. En cierto modo, es un desarrollo coherente de la concepción que desde el humanismo a la Ilustración reivindicará en profundidad el valor de la autonomía como principio sine qua non de la moral, la política y el derecho y que se refleja en la noción de contrato social como única justificación del poder. Una concepción presente en el agudo ensayo de Etienne de La Boétie, El discurso sobre la servidumbre voluntaria o el Contrauno, escrito en 1548, pero que se publicó en 1571[3] y en el que La Boétie impugna la obediencia propia de las monarquías absolutas, que es la obediencia de quien, en lugar de ciudadano, es tratado como súbdito o, como dirá Nietzsche, como rebaño. Impugna así la obediencia como hábito generado por el miedo, por la amenaza del monopolio de la violencia que detenta el rey. Impugnación de la obediencia como servidumbre voluntaria que encontramos también en la advertencia prudente que se recoge en una cita muy repetida (y habitualmente atribuida de forma errónea a Lichtenberg, en sus Aforismos) de las Mémoires del que fuera rival de Mazarino, el cardenal de Retz (1675): “Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto, y despiertan de su letargo, pero de forma violenta”. Es este un matiz muy importante: esa impugnación del deber genérico de obediencia, la habilitación de un derecho casi genérico de resistencia está ligada estrictamente al déficit de legitimidad del ancien régimepor tanto, en un régimen no democrático, no cabe la desobediencia civil, sino sólo la revolucionaria.

Cuando la desobediencia es civil, aparece, además, a mi juicio, como expresión indefectible de lo que constituye el alma del derecho, que no es otra cosa sino la idea de la lucha por los derechos, que ya está en Heraclito, pero que formula y desarrolla uno de los más grandes juristas del siglo XIX, Rudolf von Jhering. Sí: para que el Derecho sea instrumento de satisfacción de las necesidades reales de los ciudadanos, y no instrumento de dominación y discriminación, expresión de violencia, ley del más fuerte, ha de estar al servicio de los derechos como intereses legítimamente dominantes. En una sociedad democrática esa lucha está institucionalizada, a priori, a través de los mecanismos institucionales de representación y de participación. Pero, como señalara justamente Arendt cuando escribe sus reflexiones sobre la desobediencia civil a las que se refiere Jordi Mir, la desobediencia que arraiga en los campus norteamericanos en los 70 tiene mucho que ver con los límites que el establishment impone a la democracia representativa, límites sobre todo a la hora de garantizar esa lucha genuina por los derechos, que no parecen posibles en esa democracia bloqueada, que ha agotado su vía revolucionaria, como supo mostrar en su magistral novela….. Arendt intenta incorporar a las instituciones democráticas la desobediencia, pero fracasa en su propuesta porque (y aquí discrepo del análisis de Mir, que sugiere que el proyecto debe ser incorporar la desobediencia a la legalidad), no sabe resolver el oxímoron jurídico que eso plantea.

Pero es preciso afinar el análisis: cabe defender la legitimidad democrática del recurso a la desobediencia civil, que incluso puede ser entendida como una obligación política: porque esta desobediencia es el recurso para apelar a que la mayoría recupere el principio de legitimidad, expresado en el pacto político original, esto es, en nuestros sistemas políticos, en la Constitución.

¿Significa eso que es posible enunciar la existencia de un derecho a la desobediencia civil, esto es, de la desobediencia civil como derecho, incluso como derecho básico, tal y como sostiene mi colega de la UPF? Yo creo que no, salvo que hablemos de un <derecho moral>, un <derecho natural>, al estilo del derecho de resistencia y sólo muy excepcionalmente (como de hecho sucede sólo en la Ley fundamental de Bonn) ese claim for desobedience  es positivizado como derecho, pero con una muy importante precisión: no existe un derecho general a desobedecer cuando uno así lo estime justificado, sino de forma muy específica: hay derecho a desobedecer órdenes/normas/decisiones abiertamente contrarias a los derechos humanos y el orden constitucional

Este es el punto: frente a quienes verían en el derecho a la desobediencia un elemento constitutivo del pacto social democrático, hay que decir que eso significa entender mal las tesis de Locke sobre el appeal to heaven y no digamos las de Hobbes sobre la posición del ciudadano ante el Leviathan. El derecho a resistencia que invoca esa apelación divina es una última instancia, excepcional, en regímenes políticos en los que el control del soberano es muy limitado y difícilmente se puede trasladar a Estados de Derecho en los que las instancias de control y revisión son numerosas y con garantías, llegando incluso a instancias supraestatales. El derecho a desobedecer reconocido por Hobbes se limita a un supuesto extremo: aquel en el que el soberano/Leviathan no garantiza la vida. No: un derecho genérico, abierto de desobediencia pone en quiebra el fundamento mismo del Estado de Derecho.

Todo lo anterior no significa que no pueda ser legítima la desobediencia revolucionaria, las más de las veces violenta: y hay que añadir de inmediato que esa violencia no es ilegítima allí donde no ha existido un pacto social democrático (ilegitimidad de origen) o donde éste ha degenerado (ilegitimidad sobrevenida, nacida de una práctica no respetuosa con los principios de legitimidad) y ha practicado, por ejemplo, violaciones generalizadas de esos principios de legitimidad, como sucede cuando un régimen democrático en su origen viola de forma masiva los derechos humanos.

De esta forma, debemos matizar la tesis del prestigio de la desobediencia. La desobediencia tiene, como recordé más arriba, el prestigio del non serviam!, atribuido a Luzbel, el príncipe de los ángeles, que se rebela contra Dios y se convierte en Lucifer, Satán. Pero no olvidemos que el motivo de esa rebelión es el atributo del libre arbitrio concedido a los hombres. Por supuesto que el <ni dios, ni amo>, sigue siendo un lema que prolonga el ideal de la autonomía, pero hay que preguntarse qué sociedad puede construirse desde el primado de la desobediencia a norma alguna, a ninguna autoridad. Porque si lo pensamos bien, hemos de admitir que también cabe llamar desobediencia, sin más, a lo que calificamos de conducta criminal o delictiva, que en teoría nadie podría proponer como ejemplo a seguir, aunque tenemos testimonios constantes de lo contrario cuando, por ejemplo, se ofrece el modelo de los tiburones financieros, los especuladores, los depredadores de cuello blanco que saben desobedecer a la ley, poniendo su inteligencia en escapar, en disimular esa desobediencia, es decir, en lo contrario del carácter público de la desobediencia civil. Por eso me parece claro que quienes se llenan la boca al hablar de desobediencia como instrumento democrático, sin hacer más precisiones, olvidan que una sociedad en la que el modelo sea el desobediente, sin más, es la expresión de la ley del más fuerte, el más astuto. La desobediencia, sin más, es inviable como propuesta para construir una sociedad decente.

Sobre el límite de la legitimidad de la desobediencia

Antes de terminar estas pistas, quiero entrar más concretamente en el debate con las tesis de mi buen amigo y colega el profesor Mir. Ambos tomamos como referencia los argumentos que sostienen que en Cataluña se vive hoy un ejemplo masivo de práctica de la desobediencia civil, encaminada al objetivo de una democracia de calidad, basada en un mandato popular, el del referéndum del 1-O[4], que se realizaría a través de actos individuales y sobre todo colectivos de desobediencia civil.

Me interesa destacar un matiz en el que no se repara habitualmente, pero que sí se encuentra en el artículo de Jordi Mir con el que estas páginas pretenden dialogar: hay que distinguir lo que es desobediencia civil (que siempre invoca un marco común de legitimidad y siempre es pacífica, y lo que impugna es una ley, o leyes, una sentencia, una decisión administrativa, etc, no el sistema básico de legitimidad) y lo que son técnicas de desobediencia civil (sentadas, corte de calles, bloqueo de acceso a edificios oficiales, etc: el manual de Zinn ofrece más de 150 ejemplos), que pueden ser utilizadas también por quien persigue la insurrección, la revolución y que tienen en común ser no violentas: es decir, que son prácticas o técnicas de desobediencia civil precisamente en la medid a en que su carácter es pacífico, no violento. Y no niego que esas otras posiciones puedan tener justificación, aunque en una democracia, ese margen es muy, muy estrecho.

En líneas generales, diría que hoy en Cataluña se han utilizado y continúan usándose de forma generalizada técnicas de desobediencia civil, pero no estoy tan seguro de que podamos hablar de políticas de desobediencia civil: porque buena parte de quienes actúan impugnan el marco común de legitimidad (la Constitución). Lo que, por cierto, es perfectamente legítimo si se hace de forma pacífica y no se pretende romper violentamente ni imponer tal ruptura a la mayoría de la población. Pero si lo que se pretende es romper con el marco, con las reglas de la legitimidad vigente, en ese caso, como en el de Gandhi, no estamos ante desobediencia civil, sino ante desobediencia revolucionaria, que emplea, sí, con mucha frecuencia, técnicas de no violencia, técnicas de desobediencia civil.

Insisto. No creo que hoy, en Cataluña, se esté utilizando la política de la desobediencia civil, por más que casi todos los actores del debate -si nos referimos al amplio y plural campo que denominaría soberanismo, a no confundir con el estrictamente independentista, lo que exige un esfuerzo- la invocan y aun se reconocen en esa definición: son desobedientes, creen en la desobediencia como arma política incluso preferente (más allá de recursos demagógicos como los habituales en Rufián, carentes de argumentación pues se reducen al spot propagandístico). Así sucede, desde luego en las CUP, desde el inicio. También  en els Comuns (y no sólo con quienes proceden de Podem: Fachín): baste pensar en nombres como la propia Colau o Domenech, pero también Elisenda Alamany[5]: Lo mismo se advierte, aunque aprecio menor profundidad ideológica y más evidente recurso a la herramienta, es decir, a las <prácticas de desobediencia civil> que no al concepto de desobediencia civil, en ERC (el ejemplo es Tardá). Lo que es más paradójico es que gente de derecha, de orden, como el PDeCat, hable de desobediencia cada vez más. Pero lo cierto es que, sin excluir la honradez entre los dirigentes del PDeCat (ahí está Carles Campuzano para acreditarlo, un ejemplo de político honrado, inteligente), el oportunismo a la Mas u Homs, les hace saltar por encima de las contradicciones más elementales.

Una vez más

Insistiré: que se recurra a las técnicas pacíficas de desobediencia civil (sobre todo de desobediencia civil indirecta: ocupaciones, sitting on, etc.) no significa que se practique desobediencia civil. Y hablar de <desobediencia institucional> me parece confuso, e implica consecuencias muy contradictorias: ¿con qué fuerza puede tratar de obligarme a obedecer una autoridad que desobedece a su vez?

No, cuando no se impugnan normas, conductas, decisiones, actos y procedimientos, en nombre del marco de legitimidad que es el pacto político (y este, aquí y ahora, es la Constitución), a mi juicio no puede hablarse  ni de desobediencia civil, ni de desobediencia  institucional. Cuando se reclama derecho a votar y se trata de ejercerlo al margen de las reglas y procedimientos propios del marco de legitimidad (establecidos en la Constitución y en las leyes) y además se reivindica el voto para decidir la secesión, la independencia, se reclama ejercer un derecho y hacerlo mediante un procedimiento que la Constitución, el marco de legitimidad, no contempla. Eso significa situarse fuera de él, evidentemente, impugnarlo o darlo por no vigente. De esa forma, se rechaza el marco de legitimidad y se sustituye por otro que se presenta como mejor, en la medida en que es propio, de sus ciudadanos, el pueblo catalán. Esto no es desobediencia civil, sino otra cosa, que podemos llamar desobediencia revolucionaria, revolución. Sin duda cívica, sin duda ampliamente pacífica, pero persigue un cambio de régimen y por consiguiente tiene un alcance, sí, revolucionario. Pacifico, insisto, pero revolucionario, porque no hay que tener miedo a las palabras.

Se puede y se debe discutir si los argumentos con los que se ha justificado y aún se justifica este proceso revolucionario están suficientemente argumentados. Personalmente estoy convencido de que los que se alegan aquí y ahora por los partidos independentistas no lo están: porque, a mi juicio, como han señalado públicamente la inmensa mayoría de los profesores de Derecho internacional público, en Cataluña hoy es absolutamente impropio invocar el derecho de autodeterminación reconocido en el Derecho internacional. Y además, también a mi juicio, tampoco cabe hablar de que en España la democracia esté radicalmente afectada por la degradación/pérdida de la legitimidad de origen. No niego que el régimen constitucional se ha degradado, ante todo como consecuencia de las actuaciones y decisiones de gobiernos que, a mi juicio, han violado principios constitucionales (pienso, por ejemplo, en los derechos sociales), pero no de forma tan generalizada que se haya perdido la legitimidad democrática. Concretamente, estoy convencido de que el Gobierno Rajoy ha recortado indebidamente libertades y derechos, y de forma particularmente grosera en la falta de respeto a la división de poderes, a la independencia judicial y muy recientemente a las libertades de reunión y manifestación. Como me resulta imposible dejar de señalar que esos recortes fueron multiplicados por el Govern de Artur Mas y que el Govern de Junts pel Sí y el Parlament se apartaron de reglas elementales de respeto a los procedimientos democráticos y a los derechos de las minorías en la trayectoria acelerada del procés.

Pero todo lo anterior no invalida, también a mi juicio, la legitimidad democrática de la Constitución del 78, sino que exige desplazar del poder al Gobierno Rajoy, que no ha respetado principios básicos de esa legitimidad constitucional y ha bloqueado toda posibilidad de reformarla ahí donde, a todas luces, lo necesita. La divisoria es ésta: hay millones de catalanes y partidos políticos democráticos que creen imposible continuar con ese pacto constitucional, incluso con reformas y por eso están siguiendo la vía de la rebelión revolucionaria. A mi juicio, es un error, porque no hay un déficit de legitimidad democrática que obligue a apartarse de la reforma constitucional, incluido el recurso a la desobediencia civil. Recordaré que la Constitución que así se impugna no es en absoluto una ley sagrada y se puede, y a mi juicio se debe, modificar, porque hoy ese pacto político originario no responde en muchos puntos a lo que queremos los ciudadanos, y en particular los ciudadanos de algunos territorios. Y por eso creo que se equivocan de raíz quienes quieren abandonar ese marco de legitimidad y hacerlo mediante la vía revolucionaria. Conste que hablo de error, porque parto de su buena fe y reconozco la legitimidad de la pretensión independentista. Pero a mi juicio darlo por inservible es un error. Me parece preferible reformarlo, incluso a fondo, para seguir con un marco común de legitimidad. Porque ese pacto político del 78, reformado en aspectos muy importantes, entre los cuales se encuentra un modelo federal, es una solución mejor para todos, para los catalanes y para todos aquellos que no se sienten representados en aspectos importantes de ese acuerdo, de los derechos sociales a la cláusula del déficit, pasando por la desigualdad entre hombres y mujeres o la laicidad. Eso implica que todos puedan participar en la decisión, lo que significa votar, claro. La solución a la indiscutible insatisfacción ciudadana (y no sólo de millones de ciudadanos en Catalunya) consiste en volver a un acuerdo constituyente que dé la oportunidad de que se vote realmente qué pacto social se quiere, también, para introducir las reformas que permitan que, si fuera el caso de la decisión de la mayoría de los catalanes, decidan apartarse del pacto político del Estado español.


Foto: JJBose

[1] Retomo un ensayo anterior sobre desobediencia civil, en diálogo con el excelente artículo de Jordi Mir “En defensa del dret a la desobediencia civil”, (26.11.2017).  Cfr. también “Crisis de régimen en su fase catalana: miedos a la democracia“;  [2] Véase la reciente recopilación de M.Latorre, Nostra legge é libertá. Anarchismo dei Moderni, DeriveApprodi, 2017 [3] Fue su amigo, Montaigne, quien lo publicó. Hoy existen fundadas sospechas de que éste fuera el verdadero autor del panfleto. [4] Dejaré escrito algo que me parece evidente pero que sostendré en primera persona: a mi juicio, ese referéndum del 1 de octubre de 2017, tal y como se produjo finalmente –sobre todo por las deficiencias de los organizadores, pero también, de facto, por la torpeza del Gobierno central que llevó a actuaciones desproporcionadas, de violencia- en modo alguno se puede poner como ejemplo de referéndum democrático con garantías ni, por tanto, como fuente inequívoca de un pretendido mandato democrático “del pueblo de Cataluña”, aunque sí es un caso de consulta  tan democrática en cuanto a su espíritu, la apelación a la consulta popular, como ilegal e insuficiente. [5] A consultar la interesante entrevista en Pensament Critic.

NEGAR LA POLITICA, NEGAR SUS SUJETOS Y SUS DERECHOS (CEFD, diciembre 2017)

 Errantes sin fin

La errancia infinita. ¿Cómo describir mejor esa característica crucial de nuestra época, las grandes migraciones, el desplazamiento del mundo, el viaje soñado como un viaje de muchas etapas que permitirá finalmente el retorno a la patria[2], cuando se haya alcanzado el objetivo de acopio de medios para la vida digna y que tantas veces queda congelado por la muerte en el camino o por el reconocimiento de que la verdadera patria no es la que se dejó, sino aquella posible en esa etapa en la que se ha conseguido reconstruir el mínimo de dignidad? ¿Y qué decir de esos viajes que no son escogidos sino fruto de una alternativa de vida o muerte, como consecuencia de la amenaza de persecución, de la imposibilidad de vivir dignamente en la patria, en el hogar que se ven obligados a abandonar?

Aunque pueda parecer obvio, sigue siendo necesario insistir en la centralidad del fenómeno de las migraciones humanas y, en particular, la problematicidad de las que, de un modo u otro, aparecen como movimientos migratorios forzados, es un rasgo característico definitorio de nuestras sociedades. No una circunstancia aleatoria, pasajera, secundaria. Los movimientos migratorios no sólo están ahí. Van a continuar y, pese a todos los intentos de poner barreras (centrados en la errada concepción de dominación unilateral de las migraciones, al servicio exclusivo de los intereses de los países receptores, común a la mayoría de los Estados del UE, pero también a los EEUU o Australia, por ejemplo), pese a la extensión por doquier de ese principio que he propuesto formular con la aliteración “vayas donde vayas, vallas”, van a incrementarse. No hay muros, mares, armadas o ejércitos que puedan anular lo que, al fin y al cabo, está en nuestra herencia genética: somos animales viajeros desde que tenemos testimonio por la antropología científica, en consonancia por cierto con el relato bíblico pues Adán y Eva, nuestros primeros padres fueron también los primeros inmigrantes o los primeros refugiados o desplazados, según se mire.

Insistiré, una vez más. El error más común en el mundo jurídico y político ha consistido, a mi juicio, en la ausencia de reconocimiento de la profunda dimensión política de esta realidad. Amparándose en la indiscutible faceta económicolaboral de una parte importante de los procesos migratorios, se ha minusvalorado si no, pura y simplemente ocultado, que las migraciones desvelan déficits profundos en la configuración de las relaciones internacionales y también en le modelo de democracia liberal, en nuestras respuestas a las preguntas quién debe ser ciudadano, quién debe ser soberano, quién debe tener garantizados derechos y cuáles.

Por esa razón, creo que es necesario hablar de las migraciones forzadas como campo de lucha por los derechos de los más vulnerables, como parte de esa tarea prioritaria. Hablar de esos Ulises que, forzados por los nuevos Polifemos, se ven obligados a la invisibilidad de los nadie, nuevos ουτις (Ningún hombre», «Nadie»), pero en un sentido que queda muy lejos de la inteligente argucia del astuto Ulises narrada por Homero en el IX canto de La Odisea. Ahora no es Ulises quien se oculta en esa invisibilidad que es una muestra de la superior fuerza performativa de la palabra, de la razón. No. Es Polifemo quien impone a esos otros, los otros por antonomasia, su condición de invisibilidad, de no sujetos o, al máximo, de infrasujetos: titulares de un reconocimiento demediado en derechos, precisamente porque su diferencia es la coartada del mantenimiento de la desigualdad y la dominación[3]. Son esos nadie que en todo el mundo se ven representados en los versos que escribiera para otro propósito Bob Dylan en 1965, en su Like a Rolling Stone: ¿cómo sienta sentirse completamente sólo, ser un don nadie, sin saber cómo volver a casa? [4]

Todo ello se agrava en un contexto internacional en el que cada vez resulta más cuestionable un tópico que juristas, políticos y opinión pública habían aceptado como uno de los raros asideros firmes en el debate: la distinción entre inmigrantes y refugiados. Aún peor, la categoría jurídico internacional de refugiados parece hoy cada vez más cuestionable ante la consolidación de un fenómeno que no es nuevo, pero que parece alcanzar proporciones bíblicas. Me refiero a los desplazamientos masivos de población que se ve constreñida, en términos de vida o muerte, a huir de sus hogares buscando seguridad (refugio?) en otro país, habitualmente el más próximo. No lo hacen sólo por desastres naturales –cada vez más frecuentes- como terremotos o tsunamis, hambrunas o sequías, que cada vez resulta as difícil aceptar en su adjetivación de naturales. ¿Diría el Cándido de Voltaire hoy, en 2017, lo mismo que en su Poème sur le désastre de Lisbonne (O malheureux mortels! ô terre déplorable! /O de tous les mortels assemblage effroyable!/D’inutiles douleurs éternel entretien!”) en 1755? Si, como escribiera Adorno, este terremoto curó a Voltaire de la teodicea de Leibniz, de la creencia en el mejor de los mundos posibles, podemos nosotros hoy mantener que es la sola naturaleza, sin intermediación de la mano del hombre, la causante de estos desastres? ¿Podemos repetir que esos desplazamientos masivos son ajenos a las sobreexplotaciones mineras, al cambio masivo de cultivos por intereses de empresas transnacionales, a la contaminación irrefrenable de los recursos naturales y en especial de los ríos, del océano?

No. Ya no podemos descalificar como mera demagogia lo que con tonos proféticos denunciara Zygmun Bauman como <industria del desecho humano>, refiriéndose a las políticas migratorias y de asilo, lo que el filósofo Achille Mbembé, siguiendo a Foucalut ha denominado necropolítica. Ya no podemos desentendernos, desde la indiferencia, de la obligación de dar respuesta a las necesidades de esos millones de seres humanos, que serán cada vez más en muy pocos años, y cuya suerte, incluso pensando de forma egoísta y no desde parámetros de solidaridad, no va a dejar de incidir en la nuestra.

 

 

La igual libertad de quienes deben recuperar su rostro

No es exagerado sostener que las políticas migratorias y de asilo de los principales países receptores de inmigración[5] –con alguna notable excepción como el caso de Canadá, muy matizable por otra parte- nos muestran ese modelo que jurídica y políticamente s puede simbolizar en la superchería que fue la ideología oficial alemana hasta casi ayer, la teoría de que en Alemania no había inmigrantes sino Gastarbeiter, extranjeros invitados a trabajar durante un período de tiempo, pero de los que no se esperaba (no se deseaba, quiero decir) nada parecido a integración, porque se rechazaba cualquier posibilidad de un proceso social semejante. El inmigrante no debe modificar la sociedad que le recibe, no debe dejar huella. Obviamente, eso significa que, en el mejor de los casos, se le reconocerá un status de derechos que, por definición, no aspirará a la igualdad con los derechos de los trabajadores nacionales, ni, menos aún, de los verdaderos titulares de derechos, los ciudadanos. Esa es la guía de subordiscriminación[6] que preside las legislaciones migratorias, definidas en no pocos casos con el eufemismo no inocente de legislaciones de extranjería, pues la condición de extranjería es la que se trata de imponer como primera definición al inmigrante. Eso quiere decir que nunca será, nunca puede aspirar a ser un ciudadano. Exactamente igual que lo que advirtiera Arendt en su día respecto a los refugiados, que nunca dejarían de ser extranjeros, esos otros a los que se acoge, con el acento puesto más bien en el humanitarismo (en la calidad moral superior) de quienes abren sus puertas a esos desgraciados necesitados de asilo que no, en modo alguno, en el reconocimiento de que los que piden refugio tienen un derecho, son titulares de derechos reconocidos por la Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de Nueva York de 1967 y, por tanto, todos los Estados-parte en esos Convenios reconocen que tienen obligaciones jurídicas, deberes exigibles, respecto a quienes acrediten esa condición de refugiados.

Invisibles. Ese es el status deseado para inmigrantes y refugiados, como lo ha sido durante siglos para esos otros que simbolizan la diferencia (étnica –racial-, cultural, religiosa, nacional, lingüística). Por eso, se ha ensayado diferentes medios de gestión de la llegada y de la presencia, o de la existencia previa de los diferentes, de la segregación (ghetto) a la expulsión o a la eliminación. Como antes con las mujeres y los esclavos –y ahí está el testimonio de Aristóteles en una de las piedras fundacionales de nuestra cultura[7]– así hacemos hoy con los inmigrantes e incluso, retorciendo el concepto hasta el extremo, vaciándolo de contenido, con los refugiados que, según ha quedado claro en la gestión que han hecho los Estados miembros de la UE y la propia UE de la mal llamada “crisis de refugiados”, desde 2013 hasta hoy, no son otra cosa que aspirantes a refugiados, viajeros congelados en su viaje de vida o muerte porque no queremos que lleguen hasta nuestra tierra. No queremos que sea una etapa en el viaje de reencuentro con su patria. Como los inmigrantes, a los que hemos destinado a esa terrible condición descrita agudamente por Abdelmalek Sayad como presencia ausente[8]. Son las figuras del extranjero, del otro cuya sola existencia nos niega, como han ejemplificado nuestros clásicos (de Shakespeare a Defoe, pasando por Swift) y al que, precisamente por eso no podemos reconocerlo como igual, ignorando así la lección de Platón en su Alcibiades: “También el alma si se quiere reconocer tendrá que mirarse en otra alma”[9].

Hay que atreverse a la osadía de ir al otro lado de lo invisible, aunque ello encierre el riesgo de acabar en el ámbito de lo terrible, peor aún que lo desconocido, como ha escrito Francisco Jarauta en uno de sus luminosos textos, a propósito de Rothko:

“Como Turner en Venezia, Rothko quería ir siempre más allá de lo visible de las cosas. Aunque esta decisión lo precipite en el corazón de las tinieblas y lo haga ciego. Allí está la muerte, pero también el límite transfigurado”[10].

En ese aparente oxímoron que me hace evocar la afirmación del Patmos de Hölderlin, “donde está el peligro, crece también lo que salva”[11]. En el reconocimiento de ese corazón de las tinieblas, el genial descenso de Conrad al infierno creado por el colonialismo y simbolizado por la depredación llevada a cabo en el corazón de Africa por el rey Leopoldo de los belgas, ese espejo de la civilización europea, recreado por Ford Coppola en esa brillante metáfora que es Apocalypse Now, está la posibilidad misma de la redención. Reencontrar al otro, rehacer su viaje, hacer nuestra la experiencia de su nostalgia, de la frustración por la pérdida del hogar. Esa es la primera condición de todo proyecto serio de integración, como criterio de gestión de la diversidad cultural exógena que procede de las migraciones, incluso si hablamos del más prosaico acomodo razonable, el modelo realista propuesto por la política canadiense. Creo que lo explica mucho mejor de lo que yo pudiera hacer el premio Goncourt Laurence Gaudé en su Eldorado[12], la historia de la redención del capitán Salvatore Piracci comandante de un guardacostas con base en Catania, que ha de hacer frente diariamente a la tragedia de los barcos de inmigrantes que tratan de llegar a Europa y el joven sudanés Soleimán, uno de esos centenares de miles de africanos que tratan de encontrar el paraíso europeo. Son los dos protagonistas de una enésima recreación de la idea de viaje de retorno que está en la entraña misma de la noción misma del Mediterráneo, que antes de frontera es mar común.

 

 

 

El fracaso de la política europea de refugiados

El primer test inmediato del fracaso del modelo europeo de política de refugiados y de su supuesto Sistema Europeo Común de Asilo (SECA), se cifra en el ridículo grado de cumplimiento del compromiso de cuotas de reubicación adoptado en septiembre de 2015[13]. Como es sabido, la propia Comisión Europea tuvo que reconocer el fracaso estrepitoso de esa propuesta en marzo de 2017, tras la enconada oposición de los Gobiernos europeos, pero no sólo los del Este, sino también buena parte de los Gobiernos de las ricas democracias del norte (de Dinamarca a Austria, pasando por Francia, Países Bajos o incluso Alemania). Ese fracaso supone el incumplimiento de deberes jurídicos elementales que obligan a los Estados-parte de la Convención de Ginebra de 1951 sobre los refugiados y, a mi juicio, desvela cómo los solicitantes potenciales de refugio (de asilo o de la protección internacional subsidiaria) y los denominados inmigrantes irregulares (en realidad, los inmigrantes no cualificados, no convocados expresamente por los países del norte y del centro) son construidos como infrasujetos desde el punto de vista jurídico y político y forman parte de lo que Bauman ha denominado “industria del desecho humano”.

La interpretación que aquí sostendré relaciona esas políticas migratorias y de asilo con la quiebra de principios básicos del Estado de Derecho y de las exigencias de una democracia inclusiva y pluralista, como consecuencia de la imposición de tesis que podemos vincular a lo que conocemos como necropolítica o, en otros términos, con el proceso de degradación de la democracia que, al mismo tiempo que instaura en el orden interno (estatal) una lógica colonial que estrecha el pluralismo e incrementa la desigualdad, hace verosímil el riesgo de que las democracias occidentales desempeñen la función de poderosas máquinas de exclusión en el orden internacional.

El concepto de necropolítica no es nuevo y son evidentes sus fuentes, que remiten sobre todo a la noción de biopolítica de Foucault. Muy concretamente, habría que hablar del curso de Foucault en el Collège de France, entre 1975 y 1976, con el título “Il faut défendre la societé” y que se publicó en castellano como “Genealogía del racismo”, primera piedra de su biopolítica[14] Pero la noción de necropolítica se enriquece también con la crítica al colonialismo impulsada por F.Fanon, G.Deleuze y, en otra perspectiva, por Z.Bauman o B.Santos[15], precisamente porque los estudios postcoloniales le han proporcionado un importante impulso. Quiero recordar las que, probablemente, son dos de las corrientes que han producido las aportaciones más relevantes a ese respecto. De un lado, la nueva generación de estudios críticos postcoloniales, que denuncian la esencia discriminatoria del modelo del pretendido melting pot de los EEUU, sobre todo a partir del impulso que recibe esa crítica desde el movimiento black lives matter[16]. De otra parte, la revisión -asimismo crítica- del concepto de negritud, y de una visión filosóficopolítica y geopolítica autónoma africana, en la que la aportación de Mbembé me parece relevante.

Respecto a lo primero, rozamos lo obvio al recordar que la sociedad norteamericana conserva aún hoy buena parte de los rasgos de toda sociedad segregacionista y colonial (que ya fueron objeto de temprana crítica desde Montaigne y Las Casas), y que por lo que se refiere a la ficción de la fórmula del melting pot, fue analizada ya y desmontada por la Escuela de sociología urbana de Chicago, con Robert Ezra Park, entre 1925 y 1940. Ya entonces, se constataba el profundo racismo que permanece todavía hoy en los EEUU, pese al sin duda trascendental acontecimiento que significó la elección del primer presidente afroamericano, Barack Obama. La crítica se ha desarrollado en buena medida de la mano de los estudios de crítica cultural, con una fuerte denuncia de la ideología del colonialismo, que arranca de los ensayos de Edward Said que, a justo título, pueden considerarse fundacionales, desde su seminal Cultura e Imperialismo[17]. Desde el punto de vista filosófico jurídico quizá el trabajo más relevante de los últimos años sea el de la jurista afroamericana Michelle Alexander, que ha denunciado el racismo estructural de los EEUU (racismo como sistema racial de castas) en su ensayo The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness (2010)[18]. Son también muy interesantes los ensayos de escritor y periodista de The Atlantic, Ta-Nheisi Coates, autor entre otros, del impactante monólogo escrito como carta a su hijo con el título Between the World and Me[19].

En relación con lo segundo, es obligado recordar la crítica que representan clásicos como Frantz Fanon y Aimée Césaire[20] y hoy el filósofo Achille Mbembe[21], al que ya nos hemos referido anteriormente como autor de la fórmula <necropolítica>, y que ha ido situando la crítica anticolonial como un eje básico de su trabajo[22] En realidad, como apunté inicialmente y trataré de hacer ver a lo largo de estas páginas, la idea de <necropolítica> desarrolla una de las tesis básicas de Foucault. Se trata de una concepción de la política en la que la vida de los otros es objeto de cálculo y por tanto carece de valor intrínseco en la medida en que no resultan rentables o dejan de serlo. En rigor, como trataré de señalar en los epígrafes siguientes, lo que interesa de esta noción es aquello en lo que coincide con las tesis de Sassen y de Bauman, sobre el advenimiento de una etapa del capitalismo en el que el proyecto de la democracia inclusiva queda orillado, reforzándose por el contrario los mecanismos no sólo de desigualdad, sino de exclusión y expulsión de una parte de la población respecto a los beneficios del crecimiento económico. Ese es el rasgo, la exigencia más notable del modelo de capitalismo neoliberal en esta etapa de la evolución del proyecto del mercado global, que trata de obtener una desregulación que permita liberarse incluso de la sujeción a normas básicas como las que responden a la garantía de derechos humanos elementales entendidos como universales. La vida también: la condición del precariado es la de caducidad u obsolescencia programada, al igual que la de las mercancías. Por eso, el acierto de la fórmula de Bauman “industria del desecho humano”, sobre la que volverá más tarde.

 

 

Sobre el modelo de gestión política de las migraciones forzadas

Como señalé al comienzo, uno de los terrenos más interesantes en los que, a mi juicio, se puede tratar de verificar algunas de las tesis de la necropolítica a las que me acabo de referir, es el que proporciona el examen de la gestión de lo que podemos denominar como <migraciones forzadas>, concepto en el que incluyo obviamente a los refugiados, pero también a una buena parte de los movimientos migratorios que suelen ser clasificados como migraciones económicas o laborales. La clave –el núcleo mínimo- que permite proponer estas políticas como test para las tesis de la necropolítica la constituye, en mi opinión, el respeto (la violación) a las exigencias de los derechos humanos que son a su vez el contenido mínimo del Estado de Derecho.

En ese marco es evidente el papel de test que ha adquirido el fenómeno que podemos considerar como “vergüenza del Mediterráneo” (y no sólo en él: pensemos en lo que sucede en las rutas migratorias desde el Africa subsahariana o desde el cuerno de Africa hasta las costas de Libia, Marruecos: pensemos en los muertos abandonados en esos desiertos…), pues en sus aguas, como propuse en un trabajo anterior[23], estamos asistiendo al naufragio del Estado de Derecho, si no a su perversión, es decir, a la utilización del Derecho (leyes, decisiones administrativas y, en menor medida, jurisprudenciales) contra los derechos, por ejemplo, mediante la contraposición entre las exigencias del mantenimiento del espacio europeo de justicia libertad y seguridad y el respeto de los derechos de quienes llegan a nuestras fronteras y quieren entrar en ese espacio. El mensaje que el Derecho migratorio y de asilo europeo está enviando a los propios ciudadanos europeos es el de una disyuntiva entre <nuestros derechos>, es decir, nuestro nivel de bienestar, de libertad, de seguridad y justicia, y los derechos de esos otros. Los dirigentes europeos, en el debate que se ha producido en torno a la mal denominada <crisis de los refugiados>, desde 2013 y sobre todo entre 2015 y 2017, han enviado un mensaje inequívoco (idéntico al que s ha utilizado a propósito de las políticas migratorias): si los ciudadanos europeos queremos extender los derechos a esos otros, tendremos que recortar los nuestros, recortar nuestro bienestar, nuestra seguridad, nuestras libertades.

En definitiva, estamos reproduciendo lo que en otros trabajos denominé <síndrome de Atenas>, la construcción de una sociedad con standards de excelencia en cuanto a la verdad, a la belleza, a la vida buena entendida como bienestar, pero con el coste de la exclusión de quienes no son los nuestros, como lo pone de relieve la reaparición de formas de la esclavitud. Hemos redescubierto la esclavitud y hemos vuelto a practicar, como denunciara Foucault y tras sus huellas, Achille Membé, la necropolítica.

En efecto, ante nuestras puertas, admitimos la existencia de mercados de esclavos, de malos tratos, de violaciones y torturas (es el caso libio) e incluso la fomentamos por la vía de la externalización de la política migratoria y de asilo entendidas básicamente como políticas de control policial y de orden público, que incluso llegan a plantearse como políticas de Defensa, con recursos militares frente a un enemigo que nos amenaza. Y dentro de nuestras fronteras, practicamos un estrechamiento del acceso y de las garantías de los derechos como la vida, la salud, la educación, o el asilo, para categorías enteras de personas, estrechamiento que nos obliga a violentar las normas del estado de Derecho so pretexto de la condición administrativa de esas personas, definida de nuevo como condición peligrosa, rescatando el discurso del miedo, impropio del Estado de Derecho, de la democracia plural e inclusiva.

La creación de un imaginario patológico de inmigrantes y demandantes de asilo, presentados no ya como un desafío imposible de aceptar, sino como un riesgo para el espacio de libertad, seguridad y justicia del que gozan los ciudadanos europeos, y para su bienestar, la formulación en términos de disyuntiva entre la opción de mantenimiento del standard del que gozan los europeos y la opción por la extensión de derechos a esos otros, es la clave. El mensaje para los ciudadanos europeos es claro: si quieres reconocer derechos a esos que llaman a nuestras puertas, tendrás que apretarte el cinturón. Y la conclusión es no menos clara: esos pretendidos derechos de los otros en realidad no son derechos, son limosnas de las que ha de ocuparse las buenas gentes, las ONGs, pero sin exagerar.

La imposición de este mensaje ha exigido la estigmatización de esas categorías de seres humanos (inmigrantes y en particular inmigrantes irregulares; demandantes de asilo), fruto de la utilización de fobotipos a través de los instrumentos jurídicos de esas políticas y de la complicidad de los medios de comunicación. Hemos pasado de una mirada de indiferencia, a otra de menosprecio etnicista, típico del colonialismo que volvemos a descubrir. La mirada que nos señala a nosotros como civilizados y a los otros como bárbaros o salvajes: esos otros no son iguales que nosotros. Nada de igualdad de derechos; nada de deberes exigibles erga omnes.

Todo ello en realidad encubre a una sociedad decadente, consumidora pasiva de esos fobotipos, de la necropolítica, cuyo alimento fundamental es el miedo. Pagamos por quitarnos de encima ese miedo, esa carga que no queremos ver: externalizamos, como ya s pretendió en el Consejo Europeo de Sevilla de 2002, o con los acuerdos bilaterales con Gadafi que son el precedente del supuesto acuerdo con Erdogan, del acuerdo de La Valetta de 2016, del plan Africa, de una política de cooperación hipócrita que sólo persigue seguir dominando a los supuestos ayudados, corrompiendo a sus élites y obligando a esos Gobiernos a violar los derechos de sus propias poblaciones y de las poblaciones que tratan de transitar por esos Estados.

 

 

Necropolítica, refugiados, derechos. El modelo europeo.

Insistiré. Si hay un emblema de la necropolítica, este es el de la negación de la condición de sujeto a quienes son construidos, en todo caso, como objeto pasivo, cuando no pretexto, de un discurso de explotación y subordiscriminación. En el caso de los refugiados, ello comienza por un discurso que les niega su existencia, a través de la utilización de falacias y mentiras, de perversiones del lenguaje cuyo primer resultado es una modificación profunda del concepto normativo que se propone en la Convención de Ginebra de 1951. Veamos tres ejemplos de esas alteraciones.

La primera es que hablamos de <refugiados>, cuando la realidad es que no llegan a serlo, porque todo nuestro esfuerzo jurídico se centra en tratar de dificultar o impedir que adquieran esa condición normativa: en el mejor de los casos no son refugiados sino que son asylum seekers. Insisto, buena parte de nuestro empeño, buena parte del arsenal jurídico y comunicativo, está orientado a que no lleguen a serlo nunca, es decir, a privarles de la protección de derechos que es el núcleo de la cuestión: si existe un derecho, quién es su titular y quiénes son los titulares del deber correspondiente, esto es, de su reconocimiento y garantía. Luego les pongo algunos ejemplos de la destrucción, del vaciamiento del derecho de asilo.

La segunda es que quienes, como refugiados, son víctimas a proteger, se han convertido en amenazas frente a las que, contra las que hay que protegerse. Sí, la estigmatización de los refugiados como sospechosos, que acumulan otros estigmas previos (por ejemplo, etnoculturales, como la islamofobia), esto es, la suma de ignorancia y prejuicio que, desde Allport, sabemos que está en la base de la construcción del fobotipo, no es obra de Trump y de sus insidiosos intentos por ahora contenidos gracias a la resistencia de la sociedad civil norteamericana y la fortaleza de su sistema de división de poderes. La UE, los Gobiernos de la UE, con la ayuda de una determinada interpretación de las herramientas jurídicas del derecho de asilo (por ejemplo, la atrabiliaria Sentencia del pasado 4 de marzo de la Corte de Luxemburgo a favor de Bélgica en el asunto de visados humanitarios, por no hablar, evidentemente del malhadado Convenio entre la UE y Turquía, del uso de la noción de país seguro y de otros mecanismos del sistema de Dublín, etc) es decir, con lo que algunos juristas venimos denunciando desde hace años como xenofobia institucional, y con el inestimable concurso de los medios de comunicación, han conseguido lo intolerable: destruir la presunción de inocencia y el favor libertatis a favor de los demandantes de asilo.

La tercera, el vaciamiento del contenido jurídico del derecho de asilo tal y como se había definido desde la Declaración del 48 y, sobre todo, en eel marco convencional de Ginebra y N.York del que son Estados parte y por tanto sujetos obligados todos los Estados de la UE: señal de ese vaciamiento es la adopción de un mecanismo de deportación disfrazado de devolución a país seguro mediante el Convenio con Turquía, un país que, legalmente, no acepta como refugiados al 99% de los que reenviamos como tales. O el novedoso principio procedimental one in, one out, contenido en ese Convenio y que sería inaceptable para cualquier derecho fundamental, la vida o la libertad de expresión, por ejemplo. el escándalo de la transformación de los campos de acogida conforme a ese sistema convencional, en campos de concentración, como los actuales hotspot. Señal de ese vaciamiento es la mercantilización adoptada por el noble y democrático Parlamento de Dinamarca que ha impuesto el copago de las prestaciones que reciben los titulares de asilo que quieran quedarse en Dinamarca. Señal de ese vaciamiento es lo que está sucediendo en Ceuta y Melilla con una aplicación selectiva y discriminatoria de quienes son admitidos a la presentación de demanda de asilo, donde brillan por su ausencia los subsaharianos: de nuevo, nada que envidiar a Trump. El colmo de este vaciamiento es la conversión de los centros de acogida de refugiados en centros de internamiento, en manifiesta violación de lo dispuesto en la Convención de Ginebra (los demandantes de asilo no son delincuentes a quienes se pueda privar de la libertad deambulatoria)como se ha hecho en Grecia, volviendo a convertir en real las tesis de Arendt sobre el carácter emblemático de los centros de internamiento para nuestro tiempo[24].

Pero quizá lo más grave es la “naturalización” de un discurso de defensa y seguridad (patente en los Consejos Europeos de Bratislava y Malta d 2016), por encima del discurso de policía y orden público y por encima del discurso de derechos, del espacio de libertad, justicia y seguridad. Se comenzó por la típica y falaz contraposición de derechos, ya utilizada en la justificación de políticas migratorias, “o ellos o nosotros”, pero ya estamos abiertamente en un discurso de guerra, con el recurso a la presencia de la OTAN en las operaciones en el Egeo y en el canal central del Mediterráneo y con la pretendida justificación del recurso a Libia en la operación de externalización de las expulsiones de los desechados (insisto en la pertinencia de la fórmula de Bauman, <industria del desecho humano>) en los hotspots, cenbtros en los que se lleva a cabo ese triage prsentado como procedimiento técnico, acelerada con la vuelta de tuerca del Plan de Retorno anunciado el 4 de marzo de 2017, que incrementa los riesgos de la denostada directiva de retorno del 2008, que contribuyó a reforzar el papel de los CIE, con el aliciente de incentivar hoy lo que ya intentó la presidencia española de la UE, con el Gobierno Aznar, el 22 de julio de 2002, en el Consejo Europeo de Sevilla, externalizar esos campos y así, desentendernos, lavarnos las manos, respecto a la suerte de los derechos humanos de esos desechos.

Me parece necesario insistir, desde el punto de vista jurídico, en la gravedad de las consecuencias de esa orientación ideológica que desemboca en una lógica colonial y bélica, que vacía de sentido tres derechos fundamentales en relación con buena parte de los protagonistas de las migraciones forzadas, en particular los asylum seekers y los inmigrantes irregulares

  1. El derecho a la vida: cometemos continuamente delitos de omisión de socorro y las vidas que se pierden quedan como datos estadísticos sin que nadie se preocupe de averiguar responsabilidades por cada una de esas muertes.
  2. El derecho a la igualdad y la prohibición de toda forma de discriminación: es evidente que hablamos, como en la famosa reformulación del principio revolucionario en Animal Farm, (<todos los animales son iguales>) de <animales que son más iguales que los otros animales>.
  3. El derecho de asilo: nuestras políticas se orientan a dificultar su ejercicio, impidiendo vías legales y seguras, dificultando al máximo la posibilidad de plantear la demanda y aun modificando, como veremos, el <contenido esencial> de las prestaciones en que consiste el derecho de asilo. Véase los casos de Dinamarca, España, Grecia e Italia.

A la vista de lo anterior, parece difícilmente refutable la tesis que aquí se propone: el núcleo discriminatorio que hay en la mirada que construye a esos infrasujetos jurídicos a partir de una condición administrativa, evidente tanto en el caso de los inmigrantes irregulares como en el de los refugiados. En la mayoría de los supuestos históricos de discriminación, especialmente en los ligados con el esclavismo, el colonialismo, que reaparecen hoy en el trato que se depara a los inmigrantes (en particular, a los irregulares) es evidente, además, que esta concepción tiene el refuerzo de su funcionalidad desde el punto de vista económico, esto es, sirve para alimentar el negocio de la explotación laboral, que muestra toda su cruel ambigüedad en los dos extremos de la política de sobreexplotación, propia del capitalismo de casino. Todo ello muestra a las claras la extrema condición de precariedad –el epítome de la condición de “desechables”, de su “liquidez”- que se atribuye a los inmigrantes. En cierto modo, como se ha denunciado, esa utilización de los inmigrantes apunta al vínculo entre la nueva forma de esclavitud que afecta a los inmigrantes (como trabajadores) y las políticas migratorias (también de asilo). La tesis es bien conocida. Del mismo modo que hablamos de racismo y xenofobia institucionales, la otra cara del racismo y la xenofobia, las políticas migratorias (y de asilo) son el marco institucional que propicia nuevas formas de esclavitud que afectan a los inmigrantes (y asilados). Esas políticas forman parte de una concepción que muestra cómo los movimientos migratorios son piezas estructurales de un sistema, y no oleadas espontáneas, salvajes, incomprensibles: invasiones. No, las migraciones se integran en un sistema económico global, al que llamamos proceso de globalización, regido por la lógica neofundamentalista del capitalismo de mercado global que, a lomos de la pretendida movilidad y libre curso del mercado, extiende la desigualdad y la explotación. La negación de la igualdad (la negación al otro de su reconocimiento como persona), se concreta en la ausencia de un status jurídico de seguridad y en la quiebra de los principios de legalidad y de igualdad ante la ley, de la garantía de la igual libertad y la reducción de esos sujetos (infrasujetos si no propiamente no-sujetos) a propiedad. Es decir, lo que se instrumentaliza mediante ese Derecho de excepción que es el Derecho migratorio (más que Derecho de extranjería) que, como advierte Lochak, en coincidencia con Agamben y Bauman, opta por el “estado de sitio”, en lugar del Estado de Derecho y convierte en permanente la situación excepcional, provisional, extra-ordinaria que es un “estado de excepción”.

Lo cierto es que todo ello sucede, claro está, en un contexto histórico preciso: el nuestro de las primeras décadas del siglo XXI cuando, a diferencia de lo que ocurría en 1951, los refugiados ya no son predominantemente europeos. ¿Cómo no ver un prejuicio etnocentrista en la actual mirada sobre los refugiados? Estos otros refugiados no importan tanto como preocupaban los refugiados europeos; directamente, ya no importan. La verdadera noción de refugiados hoy, parece más bien la propuesta por el Alto Comisionado de derechos humanos de la ONU, Zaid Ra’ad al Hussein, en su intervención ante la Asamblea General de la ONU el 30 de marzo de 2016 para denunciar nuestra indiferencia y nuestro paternalismo incongruente: “These are people with death at their back and a wall in their face”,. Esa descripción hace real, a mi juicio, el dictum de Bauman sobre el presupuesto ideológico que permite entender nuestra mirada de indiferencia y aun de menosprecio frente a esos millones de seres humanos: lo que él denomina <industria del desecho humano>.

Para ello, como señalé más arriba, no hemos dudado en pervertir el lenguaje jurídico mediante falacias que vacían de sentido la noción misma de asilo, que estigmatizan a los inmigrantes frente a los refugiados, que hacen de los refugiados fuente de peligro, amenazas, cuando son ellos los que huyen del peligro que les amenaza. Aún más, se hace del refugio una cuestión de moralina, de buena conciencia, de mal entendida solidaridad, que ya no es un derecho ni un deber, sino una cuestión de bondad, de generosidad, de altruismo no exigible. Por eso, su lugar no es el de la exigencia de respeto de derechos, sino el del altruismo de las ONGs y de la limosna. Lo que no impide el giro de estigmatización de las ONGs, cuando no son dóciles, presentándolas como cómplices objetivos de las mafias. Primero se produjeron unas torpes declaraciones del ministro español de interior, Sr. Zoido, advirtiendo a las ONGs que debían ser muy cuidadosas para no incurrir en complicidad con las mafias, declaraciones por las que tuvo que excusarse tras ser interpelado en el Congreso de los Diputados español. Pero más relevante fue la decisión del Gobierno italiano, en la primera semana de julio de 2017, de imponer un código de conducta de trece preceptos[25] a todas las ONGs que actúan en operaciones de salvamento y rescate en lo que se conoce como “canal de Sicilia” o ruta central del Mediterráneo[26], de modo que quien no lo haga será considerado cómplice de las mafias que trafican con seres humanos. Solo cuatro de las nueve ONGs que operan en el Canal de Sicilia salvando emigrantes y refugiados han firmado el Código de conducta elaborado por el Ministerio del Interior italiano para regular la actividad de las asociaciones humanitarias. Entre las firmantes no está Médicos sin Fronteras (MSF)[27], mientras sí que han firmado la catalana Proactiva Open Arms, Save the Children y la alemana-maltesa Moas[28]. Queda por saber qué sucederá ahora, si los barcos de las ONGs no firmantes abandonarán la zona o si seguirán en ella sin respetar el Código. También es una incógnita saber cual será en este caso la reacción de las autoridades italianas.

 

 

Los riesgos para el Estado de Derecho y la democracia plural e inclusiva

He avanzado ya que lo más grave del arsenal jurídico del que se ha dotado la UE para sus políticas migratorias y de asilo es la creación de un estado de excepción permanente que, por otro lado, es perfectamente funcional al estadio de evolución del capitalismo global en el que vivimos, como han sabido señalar Saskia Sassen[29], Zygmunt Bauman (especialmente en diálogo con G.Agamben[30], donde ambos retoman la línea de análisis de D. Lochak, aunque sin citarla) y como insiste también, desde su habitual tono de provocación, Zizek[31]. Y así, nosotros, europeos, caminamos por la senda de una política, una antipolítica en realidad, que traspasa todas las líneas rojas de la democracia y del Estado de Derecho.

Sassen, en su trabajo más reciente y antes mencionado, subraya la profunda relación entre tres elementos clave de nuestras sociedades aquí y ahora: las migraciones, la desigualdad en las relaciones internacionales impuesta por la economía globalizada y el proceso de construcción del vínculo social y político. Así lo explica en su mencionado libro reciente, Expulsiones, en el que sostiene que el grado actual de violencia (devenida en ordinaria) del capitalismo en su estadio global, se explica por esa lógica de expulsión, que es como deberíamos llamar a la lógica que preside la economía globalizada. Para Sassen, asistimos al final de la lógica inclusiva que ha gobernado la economía capitalista a partir de la Segunda Guerra Mundial y la afirmación de una nueva y peligrosa dinámica, la de la expulsión. Una lógica que hace culminar la contradicción ya advertida por Adam Ferguson en 1767 en su Ensayo sobre la sociedad civil, entre la lógica de lo público y la lógica del mercado o, por decirlo de otra manera, entre la lógica de la universalidad de los Derechos y la expansión del Estado de Derecho, y aquella otra del beneficio y la “mano invisible”, que postula el regreso al más radical hands-off del Derecho y los poderes públicos en el ámbito que reclama para sí (desrregulado), el mercado.

Pues bien, a mi juicio, la constante más destacable en la inmensa mayoría de los proyectos de gestión del fenómeno migratorio, en las políticas migratorias y de asilo de los países que somos destinatarios de migraciones, es el empeño en olvidar, en ocultar una verdad evidente: la inevitable dimensión política de esas manifestaciones de movilidad humana (inmigrantes y, con mayor claridad aún, refugiados), su condición de res politica, tanto desde el punto de vista estatal como desde las relaciones internacionales. Frente a ello hemos impuesto una mirada sectorial, unilateral, cortoplacista que se concreta en la construcción de una categoría jurídica de inmigrante que, en realidad, es un concepto demediado o, como propone Baumann, un paria[32]: el inmigrante es sólo el trabajador necesario en un determinado nicho laboral en el mercado de trabajo formal (como si no se le utilizara en el mercado clandestino o informal) y mientras se someta a un estatuto precario guiado por la maximalización del beneficio de su presencia. Es una herramienta, ni siquiera un trabajador igual al asalariado nacional. Por eso, su condición precaria, parcial, de sospecha[33].

Todo eso, se acentúa aún más en el caso de los refugiados. El mismo Baumann, en línea con las tesis desarrolladas por Agamben desde su conocido Homo sacer, ha explicado cómo se crea un estado de suspensión del orden jurídico, ausencia de ley, desigualdad y exclusión social, que hace posible que mujeres y hombres pierdan su condición de ciudadanos, de seres políticos y su identidad, dentro de las fronteras mismas del Estado-Nación.

Lo que me parece más relevante y criticable, desde el punto de vista jurídico y político, es cómo, en aras de esa mirada, en el Derecho de migración y asilo, se convierte en regla la excepción, contraviniendo principios básicos del Estado de Derecho. Ese es un motto crítico que encontramos expresa y cabalmente formulado en los trabajos de la jurista francesa, defensora de los derechos de inmigrantes y refugiados Danièle Lochak[34], la constante, a mi juicio, más destacable y criticable: el estado de excepción permanente que hemos creado para los inmigrantes y que recientemente estamos trasladando, contra toda evidencia del Derecho vigente, a los refugiados. De ese modo hemos negado la condición misma de inmigrante, una categoría universal, a la vez que hemos vaciado un derecho fundamental, el derecho a ser inmigrante, a escoger el propio plan de vida, a circular libremente, que es un corolario indiscutible del principio (por cierto, liberal) de autonomía. Pero rizando el rizo, estamos desproveyendo a los refugiados de un estatuto jurídico vigente, el propio del standard normativo vinculante que es la Convención de Ginebra de 1951, so pretexto de una “crisis” tan urgente como inabordable.

Hemos creado políticas migratorias y de asilo, pues, que niegan su objeto, que lo deforman, lo sustituyen por una categoría vicaria: nos negamos a aceptar al inmigrante tout court y lo sustituimos por aquel que queremos recibir. Por eso, para nosotros, no todo el mundo tiene derecho a ser inmigrante, de forma que nuestra lógica inevitablemente produce inmigrantes “ilegales”, no-inmigrantes. Así lo explica una de las mejores expertas en política de migraciones, Catherine Withol der Wenden en un artículo publicado el año pasado sobre las novedades o las constantes en políticas migratorias[35].

Por su parte, Bauman, en diálogo con Agamben, ha insistido una y otra vez en la interpretación de la regresión evolutiva que ha sufrido el modelo de Estado social de Derecho en los últimos 20 años, que ha devenido en algo próximo a un Estado policial. Como explica con gran agudeza en su ya mencionado Archipiélago de excepciones -en el que no es difícil advertir la impronta de Foucault-, se trata de un proceso que, por mor de la lógica de esta fase del capitalismo global, transforma a buena parte de los que fueron Estados sociales en Estados excluyentes, Estados policiales-penales. Se crean así no ya pequeños espacios de infra-Derecho, zonas de no-Law’s land, que escapan a la soberanía tradicional del Estado de Derecho y que se encuentran regidos por un estado de excepción permanente, sino toda una red global de esas islas, verdaderos archipiélagos de la excepción. La metáfora del Archipiélago tiene como emblema, los campos de refugiados y los barrios de inmigrantes[36]. En ellos se puede comprobar cómo, si los “Estados sociales” de Derecho en cierto modo son una reformulación o superación del modelo hobbessiano de legitimidad, por incremento de sus outputs (es decir, porque más allá de la garantía de la vida frente a la violencia extienden la seguridad, la certeza en el status de sus ciudadanos, que ya no son meros súbditos), los “Estados penal-policiales” privan a una parte de la población (entre la que se encuentran los que ocupan los márgenes del sistema, lo que fueron consideradas “clases peligrosas”) de esos <beneficios>, los reducen a la condición de precariedad y sólo pueden acudir a una vieja argucia para mantener su adhesión. Es la coartada del agresor externo o del enemigo interior, frente al cual defienden a todos sus ciudadanos, también a los que han golpeado y reducido a la precariedad. Ese recurso, viejo argumento de la lógica del miedo, es el que Bauman denomina “el oscuro espejismo de los otros”: inmigrantes y refugiados. Esos verdaderos “excedentes” de la mano de obra global, y en particular los dos grupos que ejemplifican las migraciones forzadas y que constituyen el emblema de lo que, en términos durísimos, denomina “desecho humano”, producto genuino de la lógica de esta fase del mercado global: los inmigrantes irregulares (mal llamados “ilegales”, que es la forma en que se conoce a los trabajadores extranjeros no expresamente deseados) y los refugiados: “Uno de los resultados más letales del triunfo global de la modernidad es la acuciante crisis de la industria de tratamiento del desecho (humano)”, escribe Bauman[37]. Esa es la razón por la que se ven despojados de todos los elementos de identidad, de los marcadores nacionales: no tienen Estado, no son necesarios/útiles, o han dejado de serlo, no tienen “papeles”. Los Estados de la UE, explica Bauman, no están dispuestos a recibir a esos <excedentes de otros Estados> y acuden al argumento de problemas de orden público, de seguridad y aun de defensa de la soberanía nacional-territorial. Se esgrime sin rubor el argumento de que son ejército de reserva de la delincuencia, de la violencia, del terrorismo. Eso es lo que, a su juicio, explica el inaceptable rechazo de los refugiados. Y así, concluye: “la basura no precisa de distinciones afinadas ni de matices sutiles, salvo que haya que clasificarla para su reciclaje”.

En definitiva, ¿de qué va todo esto? La respuesta es la misma que podemos dar a la pregunta por la tarea de la política: se trata de establecer quién tiene derecho a qué y por qué. La respuesta de los gobiernos europeos ante el desafío de las migraciones forzadas (peor incluso que la de las instituciones de la UE) ha de entenderse no sólo en los términos de la disputa por los medios para extender nuestros deberes a todos aquellos que son titulares de derechos, pero no son nacionales, sino que tiene una lectura, una interpretación más profunda. Como ha señalado entre nosotros acertadamente Itziar Ruiz Jiménez[38], habría que reconocer que a lo que asistimos hoy es a un desmantelamiento del ámbito de reconocimiento y garantía de los derechos y a una lucha feroz por recortar el ámbito de los sujetos del derecho a tener derechos, que son los indicadores más claros de esa paradoja hacia la que corremos el riesgo de encaminarnos y que expresaríamos con la fórmula democracias excluyentes. Primero, so pretexto de la crisis, se ha profundizado en la mercantilización de los derechos económicos, sociales y culturales, las conquistas del siglo XX, a los propios ciudadanos, a las clases más débiles y aun a la clase media a la que se ha pauperizado. Ahora se trata de reducir el ámbito de sujetos que pueden aspirar al reconocimiento mínimo de derechos humanos fundamentales. Esa es la batalla. En ella, las primeras víctimas son esos otros más visibles, los inmigrantes y los refugiados, expulsados de la condición de sujetos de derechos. Asistimos al vaciamiento del concepto y fundamento mismo de los derechos humanos. Se trata de recortar los derechos y recortar los sujetos de los derechos: menos derechos (los sociales y económicos pasan a ser mercancías) y para menos sujetos (sólo los propios nacionales). Como han señalado de forma coincidente y desde diferentes perspectivas Sassen, Bauman o Lochak, se trata de la materialización de la lógica del individualismo posesivo denunciada por MacPherson: una visión atomista, más que individualista, que destruye el vínculo social, reduciéndonos a esas mónadas que nos reconduce al síndrome de Caín: yo no soy el guardián de mi hermano y menos aún de aquellos a los que no reconozco como mis hermanos.

Pero es posible otra política: una que actúe prioritariamente sobre las causas de los desplazamientos forzosos de centenares de miles de personas que buscan asilo. Y una política diferente, también, a la hora de la gestión de su acogida, que comience por crear vías legales, seguras y asequibles para quienes necesitan refugio y que posibilite soluciones excepcionales, como las que han supuesto en otras ocasiones el pasaporte Nansen o los corredores humanitarios. En ese sentido, hay que insistir en la posibilidad de llevar a cabo una doble acción, que permita el desanclaje de la gestión del derecho de asilo de su gestión como monopolio por parte de los Gobiernos de los Estados, por mor de la clásica concepción del asilo como campo de ejercicio exclusivo de soberanía, el mismo argumento que está, en el fondo, detrás del proceso de <renacionalización> de las políticas migratorias, denunciado por el profesor Nair.

En la UE eso es posible y aun podemos añadir que se cuenta con una masa crítica en la ciudadanía: un número importante de movimientos ciudadanos, de ONGs y de movimientos municipalistas (como la iniciativa “Ciudades Refugio”) que podría permitir una gestión descentralizad y más eficaz de la acogida de refugiados. Al mismo tiempo, la UE debería poder actuar desde una verdadera “mentalidad europea” ante el asilo. Es la propuesta que hiciera la exministra portuguesa de Trabajo, la europarlamentaria Maria Joao Rodrigues, quien, con gran inteligencia, advirtió que la denominada “crisis de refugiados” constituía también una verdadera oportunidad: una ocasión para impulsar una estrategia de crecimiento y de desarrollo sostenible en Europa. A esos efectos, Rodrigues propuso que se crease un fondo de la UE para financiar la red de ciudades refugio (en acción conjunta con los agentes de las sociedades civiles y con el sector privado), que pasarían a desempeñar un papel central (junto a las regiones) como las instituciones de gestión de la acogida, apoyo y sostenimiento del proceso de integración de los refugiados, algo similar a las iniciativas que vienen desarrollando las administraciones municipales a la hora de hacer posible la prestación de servicios a inmigrantes irregulares. Se trataría de proporcionarles financiación específica para que esos tres actores, coordinados por las administraciones municipales, sean una pieza clave en el desarrollo del proceso de integración, lo que implicaría darles capacidad de intervenir en la decisión sobre el proceso de acogida, ahora reservada a los Gobiernos centrales.

Esta idea debe completarse con una perspectiva europea, pero en un sentido diferente del de la identificación de lo europeo con la actuación de los Gobiernos de los Estados miembros, tal y como ha propuesto la politóloga y miembro del SPD, la profesora Gesine Schwan[39] : se trataría de poner en marcha un tipo de proyectos diferentes de los específicos propios de los Fondos de Cohesión: proyectos de carácter más general y holístico para los refugiados. Y lo cierto es que esta financiación de carácter directo es más eficiente que la que hay actualmente: la vía tradicional es muy cara, burocrática y complicada, tanto que en muchas ocasiones las ciudades interesadas pierden la ocasión de solicitar la ayuda porque no cuentan con personal cualificado para realizar los trámites necesarios. La vía propuesta podría ponerse en marcha con el próximo marco de financiación comunitaria que comienza en el 2021. De esta manera, sostiene Schwan, “el compromiso con los más necesitados puede paradójicamente convertirse en un impulso económico y social para la debilitada Unión Europea” y contribuiría, además, a reforzar el sentimiento de pertenencia a una entidad supranacional como la Unión, cada vez más cuestionada.

 

 

[1] Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, diciembre 2017

[2] No en balde, como se ha hecho ver, el término nostalgia tiene su origen en el mismo vocablo, nóstos.

[3] Sobre ello remito a mi “Nada para los Nadie”, Sin Permiso, abril 2012.

[4] When you ain’t got nothing, you got nothing to lose/You’re invisible now, you’ve got no secrets to conceal/How does it feel, ah how does it feel?/To be on your own, with no direction home/Like a complete unknown, like a rolling stone

 

[5] Es obvio que me refiero ante todo a los Estados de la UE y a la propia UE, como he tratado de analizar en Mediterráneo: el naufragio de Europa, Valencia, Tirant lo Blanch 2016 (2ª) y en otros trabajos. Pero esta afirmación vale también, a mi juicio, para países como los EEUU, Australia o México.

[6] Tomo el término de la expresión acuñada en el seno de la crítica jurídica feminista primero en los EEUU (I.M. Young, K. Crenshaw o CE.Mackinnon), que proponen tanto el concepto de “subordiscriminación” como el de “discriminación interseccional”. En nuestro país, en el ámbito de la iusfilosofía, autoras como Añón, Barrére, Gil, Morondo, Mestre, Rubio y otras han contribuido a esta conceptualización. Cfr. por ejemplo el colectivo (R. Mestre, coord.), Mujeres, derechos, ciudadanía, Valencia, Tirant lo Blanch 2008

[7] Política, Libro I, capítulo 1, 1-3: “lo primero para el hombre, casa, mujer y buey para el arado”. También, Política, Libro I, capítulo 2: “siendo las partes primitivas y simples de la familia el señor y el esclavo, el esposo y la mujer, el padre y los hijos, deberán estudiarse separadamente estos tres órdenes de individuos, para ver lo que es cada uno de ellos y lo que debe ser”.

[8] Cfr. A. Sayad

[9] Que, por cierto, abre el film de T. Angelopoulos, La mirada de Ulises.

[10] F.Jarauta, “Variaciones sobre el silencio. Resplandor”, Circo, 2016, p.6:

[11] “Wo aber Gefahrt ist, wächst/das rettende auch, Hölderlin, Patmos,

 

[12] Eldorado, Salamandra, 2007 (original, Eldorado, Actes Sud, 2006). Me permito sugerir dos lecturas más acerca de la percepción de ese viaje: Camella, de Marc Durin-Valois, Tropismos, 2005 (original, Chamelle, Lattés, 2002) y el extraordinario relato de Maylis de Kerangal, Lampedusa, Anagrama, 2016 (original, À ce stade de la nuit, Guerin,2014).

[13] Los datos se pueden encontrar en el Informe CEAR 2017, que puede descargarse en https://www.cear.es/wp-content/uploads/2017/06/Informe-Anual-CEAR-2017.pdf. Cfr. el mapa interactivo que ofrece el periódico El Mundo: http://www.elmundo.es/grafico/sociedad/2017/09/26/59ca2d09468aeb9f118b45f1.html .

[14] Desde la convicción profundamente nietzscheana de que la tarea intelectual a abordar es la genealogía, Foucault aborda el racismo como aspecto clave de la biopolítica, que a su entender es en realidad contrahistoria.

[15] La referencia habitual es la obra del filósofo Achille Mbembé. Concretamente, su ensayo Necropolitique, publicado en 2006 en la revista Raisons Politiques, nº 21/2006, pp. 29-60. Este trabajo, junto con uno anterior, “Du gouvernement privé indirect”, que había aparecido en la revista  Politique africaine. Nº73/1999 (pp. 103-121) fue publicado en castellano con el título Necropolíitica, Barcelona, Melusina, 2011. Sin las referencias propias de la perspectiva africanista de Mbembé, hay que remitir a las tesis de Sassen, Expulsiones. Brutalidad y complejidad de la economía global, Buenos Aires, Katz, 2015y de Bauman, Archipiélago de excepciones, Barcelona, Katz, 2008. Desde una perspectiva diferente, el diagnóstico de las consecuencias del modelo del capitalismo global es compartido por Susan George, por ejemplo en su Usurpadores. Cómo las empresas transnacionales toman el poder, Barcelona Icaria, 2015, o Naomi Klein en su La doctrina del Shock. El auge del capitalismo del desastre, Barcelona, Planeta, 2012. Sobre la noción de <necropolítica> puede verse, en un tono divulgativo, Clara Valverde, De la necropolítica liberal a la empatía radical, Barcelona, Icaria, 2016.

[16] Este movimiento nace en 2014, después de los asesinatos de Michael Brown y Eric Gardner por parte de la policía y encabeza en la actualidad la lucha por la igualdad de derechos de los negros en los EEUU, frente a la violencia policial y los abusos de los que son víctimas, lo que les lleva a señalar que, sin ese elemento clave de la justicia que es la igualdad, o la igual libertad, si se prefiere, no habrá paz.

[17] Si nos referimos a la relación entre cultura, política y colonialismo, además del clásico de Said, Cultura e Imperialismo, Barcelona, Anagrama, 1993, son básicos los trabajos de Deleuze y Guattari, los de Negri y Hardt, y, más recientemente, el de Sami Naïr El imperio frente a la diversidad del mundo, Madrid, DeBolsillo, 2004 y los de B de S. Santos, como su Para descolonizar el occidente. Más allá del pensamiento abismal. San Cristóbal de las Casas, Chiapas: Editorial Cideci Unitierra. y Descolonizar el saber. Reinventar el poder, Montevideo, Trilce, 2010. En una nota posterior me referiré a la aportación del filósofo camerunés Achille Mbembé, ya mencionado en la nota 1.

[18] Hay traducción castellana, El color de la justicia: la nueva segregación racial en Estados Unidos, Capitán Swing, 2014. Con la expresión “leyes Jim Crow” se alude al conjunto de leyes estatales y locales que institucionalizaron el segregacionismo entre 1860-1877 en los EEUU, en particular en el Sur y que derivaban de los llamados “Códigos Negros” (Black Codes) que, tras la victoria de la Unión en la guerra de Secesión y la obligatoriedad de acatar la 13ª Enmienda que abolió la esclavitud, fueron el instrumento a través del cual los Estados del Sur mantuvieron el segregacionismo. El espíritu de estas leyes se resume en el lema “separados pero iguales”, que mantuvo la ficción de la no discriminación en una realidad dominada jurídicamente por el espíritu segregacionista y mantenían un sistema de clases, de base racial, que implicaba una discriminación educativa, económica, social. Las “leyes Jim Crow” institucionalizaron, por ejemplo, la segregación en las escuelas públicas, lugares públicos, transporte público, baños y restaurantes e incluso en el ejército.

[19] Between the World and Me, Spiegel&Grau, N.York, 2015. Ya había analizado la extensión y arraigo de la discriminación en los EEUU en su The Beautiful Struggle. A Father, two Sons, and a unlikely Road to Manhood, N.York, Spiegel &Grau, 2008. Puede lerse también su ensayo en The Atlantic, july/august 2015, There is not a post-racial America.

[20] Sigue siendo imprescindible la lectura de los dos clásicos de Fanon, Piel negra, máscaras blancas (1952) y Los condenados de la tierra (1961), tanto como el Discurso sobre el colonialismo (1950) de Aimée Césaire. El senegalés Leopold Sédar Senghor es la figura clave en la comprensión del concepto de negritud, al que dedicó numerosos ensayos, reunidos entre otros en su Ce que je crois : Négritude, francité, et civilisation de l’universel, Grasset, 1988.

[21] El filósofo camerunés Achille Mbembe ha renovado la crítica con su ensayo Critique de la raison négre (2013) (hay versión castellana, Crítica de la razón negra, Ned ediciones, Buenos Aires 2016), que se suma a obras anteriores como De La Postcolonie, essai sur l’imagination politique dans l’Afrique contemporaine (2005), y Sortir de la grande nuit – Essai sur l’Afrique décolonisé (2010), en los que, tras las huellas de Fanon y Freud, realiza una importante aportación a los estudios postcoloniales desde lo que se denomina necropolítica. Es útil consultar también su On Private Indirect Government. Dakar: CODESRIA, 2000; Su última obra es Politiques de l’inimitié, Paris, Editions La Découverte, 2016.

[22] Además de los trabajos citados en la nota anterior, pueden verse sus artículos de 2006,  “Qu’est-ce que la pensée postcoloniale ?”, Esprit, 330/2006, pp 117-133 y “ La colonie : son petit secret et sa part maudite “, Politique Africaine, nº 102/2006, pp.101-12

[23] De Lucas, Mediterráneo: el naufragio de Europa, Valencia, Tirant lo Blanc, 2015. Hay segunda edición, corregida y ampliada, 2016.

[24] Sigue siendo imprescindible, a mi juicio, la lectura de las páginas que dedicó a esa institución en el capítulo IX de su Los orígenes del totalitarismo.

[25] El Código incluye 13 puntos con normas sobre transparencia financiera, junto a la prohibición de entrar en aguas libias, no apagar el radar, no enviar señales luminosas a las pateras que estén por zarpar de Libia y que las naves y personal de las ONGs estén preparadas para llevar a cabo tareas de socorro y de traslado de cadáveres sacados del mar. Especialmente polémica es la exigencia de la presencia a bordo de agentes de policía armados, encargados de realizar las investigaciones para descubrir a los traficantes de personas, que con frecuencia viajan en las balsas. Otro de los puntos que no ha contado con el visto bueno de algunas de las ONGs se refiere al traspaso de los emigrantes rescatados a las naves Frontex-Sophia de la UE y a las lanchas de la Guardia Costera italiana. Este punto había sido matizado durante la negociaciones y había quedado como algo excepcional, a discreción del comandante italiano del dispositivo. La firma del Código coincide con una decisión ya tomada por el Gobierno de Roma y que el Parlamento debe ratificar el Código antes de enviar entre dos y seis navíos de guerra frente a las costas de Libia, como apoyo a la Guardia Costera del país magrebí. Esta ayuda -que al principio preveía la entrada en aguas libias- la había pedido por escrito el Gobierno de Tripoli, aunque solo será posible hasta la “frontera” de las 12 millas marítimas. Sería la primera vez que Italia se acerca (oficialmente) a Libia desde la desastrosa aventura colonial de Benito Mussolini, por la que Italia está aún pagando los daños de guerra. Recientemente se ha sabido por filtraciones de prensa que la ayuda del gobierno italiano incluiría el envío de tropas que actuarían en territorio libio, infringiendo el límite reiteradamente enunciado por la Alta representante Mogherini en relación con la tercera fase de la operación EUNAVFOR MED en la que se enmarcan todas estas actuaciones: no boots on the ground.

[26] Los barcos de etas ONGs han salvado desde enero de 2017 un tercio aproximado de los 95.000 emigrantes desembarcados en Italia, según fuentes del propio Ministerio italiano del Interior.

[27] “En ningún país del mundo trabajamos con presencia de armas”, ha explicado Gabriele Eminente, director general del MSF, al referirse a una de las condiciones más controvertidas que Italia quería imponer a las organizaciones humanitarias: la presencia a bordo de agentes de policía encargados de realizar las investigaciones para descubrir a los traficantes de personas, que con frecuencia viajan en las balsas. “Habíamos pedido que se suprimiera esta condición porque pone en riesgo toda la operación de salvamento”, ha dicho. Las ONGs plantearon la posibilidad de que los agentes subieran desarmados o que entregasen antes las armas al jefe de la embarcación, los que las autoridades italianas no han aceptado.

 

[28] Inicialmente, las alemanas Jugend, Sea Watch y Sea Eye, y la española Proactiva, eran también reacias.

[29] Vid. S Sassen, Expulsions. Brutality and Complexity in the Global Economy, Harvard University Press, 2014 (trad français, Gallimard 2016). Hay traducción española, Expulsiones. Brutalidad y complejidad en la economía global, B Aires, Katz eds. 2015.

[30] Archipiélago de excepciones, una conferencia impartida en el CCCB de Barcelona, en diálogo con Giorgio Agamben y que fue luego publicada en Katz ediciones, 2008. Más recientemente, Bauman, Z., Strangers at our Door, Polity Press, 2016, en el que trata de analizar las raíces de lo que considera una de las patologías dominantes, “el miedo a inmigrantes y refugidos” y ofrecer alternativas.

[31] Cfr. por ejemplo, su artículo “Waht our Fear to Refugees says about Europe”, en la revista NewStateman: http://www.newstatesman.com/politics/uk/2016/02/slavoj-zizek-what-our-fear-refugees-says-about-europe. Más específicamente, su Refugees, Terror and other Troubles with the Neighbors. Against the Double Blackmail, 2016.

[32] Nuevos parias, de condición precaria e intercambiable, con fecha de caducidad, tal y como sostiene en su mencionado Archipiélago de exclusiones.

[33] Es lo que explica la conocida paradoja enunciada por el dramaturgo Max Frisch y que ignoran esos modelos de políticas migratorias: queríamos mano de obra y nos llegan personas, sociedades, visiones del mundo.

[34] Cfr. Face aux migrants: Etat de Droit ou état de siège, París, Textuel, 2007.

[35] “La réponse aux flux migratoires ressemble ainsi à un vaste Far West, où les États les plus puissants du monde font la loi par les règles qu’ils édictent en matière de droit à la mobilité, et n’acceptent pas que des normes mondiales s’imposent à l’exercice de leur souveraineté que constitue la gestion des flux migratoires. Si l’on est Danois, on peut circuler dans 164 pays ; si on est Russe dans 94 ; si on est subsaharien, cette possibilité peut se limiter aux doigts d’une seule main si le pays où l’on est né, et dont on a la nationalité, est considéré comme un pays à risque. Le droit à la mobilité est donc l’une des plus grandes inégalités du monde aujourd’hui, dans un contexte où il devrait constituer un des droits essentiels duxxie siècle. Les riches des pays pauvres peuvent, eux, migrer, car beaucoup de pays d’immigration ont prévu d’attribuer des titres de séjour à ceux qui leur apportent des capitaux, achètent un appartement d’une taille précise, ou créent une entreprise. Les plus qualifiés, les sportifs professionnels, les créateurs et artistes de haut niveau peuvent également migrer, car beaucoup de pays d’accueil ont opté pour une ouverture de leurs frontières à une immigration sélectionnée. Les étudiants se voient aussi entrouvrir les frontières, nombre de pays, européens notamment, ayant compris le risque d’une option sans immigration dans la course à la compétitivité mondiale”: Withol der Wenden, C., “Une nouvelle donne migratoire”, Politique Étrangère, 3/2015, pp 95-106..

[36] Quizá debiéramos añadir los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Bauman escribe que “es posible que la única industria pujante en los territorios de los miembros tardíos del club de la modernidad sea la producción en masa de refugiados. Y los refugiados son el ´residuo humano´ personificado: sin ninguna función ´útil´ que desempeñar en el país al que llegan y en el que se quedan, y sin intención ni posibilidad realista de ser asimilados e incorporados” (Bauman, 2008: 32)

[37] Bauman, 2008: 32.

[38] Cfr. Entrevista en la revista digital Agora,

http://www.agora-revistaonline.com/#!ENTREVISTAS-Itziar-RuizGim%C3%A9nez-En-Europa-hay-una-batalla-sobre-qui%C3%A9n-tiene-derecho-a-tener-derechos/c112t/5714fb870cf2331db0f847cc. Consultada el 20/04/2016.

 

[39] Cfr. por ejemplo la entrevista en Contexto, nº 143, 15.11.2017. http://ctxt.es/es/20171115/Politica/16117/crisis-inmigracion-europa-transeuropa-ciudades-refugio-Gesine-Schwan-ctxt-spd.htm#.WhBxbo08Bdc.twitter . La misma Schwan señala cómo en Polonia y en otros países de Centroeuropa “hay muchas ciudades que quieren llevar a cabo este tipo de iniciativas de integración y desarrollo, aun cuando el gobierno central es absolutamente xenófobo. A finales de junio de este año se publicó un manifiesto de once alcaldes de grandes ciudades polacas como Gdansk en el que declaran que la inmigración es un reto que hay que afrontar sea como sea. De llevarse a cabo con éxito, este plan contribuiría a modificar el punto de vista dividido que tenemos sobre este problema”.