Acerca de Javier de Lucas

catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política Instituto de derechos humanos Universitat de Valencia javierdelucas1@gmail.com

La anécdota y la categoría. Sobre los Borbones y la democracia en España

La primera reacción ante el debate organizado en torno a la ausencia del rey emérito en el “solemne” acto de conmemoración de 40 años de democracia es de incredulidad. ¿Cómo es posible que tantos finos analistas se dejen arrastrar por una nueva manifestación del egocentrismo de Juan Carlos de Borbón, como si eso fuera importante hoy, con la que está cayendo para millones de personas en España, en Europa, en el mundo? Se trata acaso de una nueva maniobra de diversión, de una cortina de humo para desviar la atención de lo importante?

Quizá tendríamos que empezar por ajustar cuentas on lo importante: la commemoración de 40 años del comienzo <efectivo> de la transición era una buena oportunidad: no para más fastos, sino para tratar de esclarecer en qué consistieron los acuerdos que dieron lugar a la transición; quiénes los condujeron y por qué se alcanzaron, más allá del cuento de hadas de un príncipe de formación fascista y agazapado a la espera de la herencia del dictador (incluso en disputa dinástica con el padre, versión borbónica del síndrome freudiano) que deviene en salvador de la democracia, vía golpe de Estado del 23 de febrero…Pero eso se frustró doblemente. Ante todo, por el empeño de la mayoría del Congreso en escenificar un ritual más de desmemoria so pretexto de celebrar la memoria. Además, por el discurso del monarca reinante, que eludió entrar a fondo en nada que moleste a lo políticamente correcto (más allá de una balbuceante mención a la dictadura). Además, por las omisiones en ese discurso de Felipe VI de las preocupaciones reales de los ciudadanos y de los temas candentes de la agenda política. Todo eso podría haber contribuido a discutir, por ejemplo, cuánto borboneo puede soportar una democracia y a evocar por ejemplo el error Berenguer y sus consecuencias. O a interrogarse sobre la compatibilidad entre un poder vitalicio y unipersonal (monarquía) que no se contenta con el rol simbólico y las exigencias de la democracia. O sobre la contradicción de que existan dos reyes a la vez, o dos papas, sobre todo si el emérito no se mantiene en silencio, como lo hace el hoy prudente Ratzinger.

Pero no. Aquí nos quedamos con la supuesta ofensa al rey emérito por parte de la Casa Real (eufemismo para referirse a su hijo reinante y a su consorte, de indiscutible influencia sobre el reinante). Puestos a eso, hablemos de quién ofende a quién. Y yo creo que lo evidente es que Juan Carlos de Borbón nos ofende a todos los ciudadanos. Juan Carlos de Borbón, un rey cada vez menos ajustado a su papel simbólico y cada vez más incapaz de contener sus excesos que no tienen nada que envidiar a los de Trump. Un rey cuya conducta ajena al más mínimo criterio de honradez, austeridad y ejemplaridad y su ausencia de la menor empatía con los problemas de los ciudadanos españoles en los últimos años, estuvo a punto de echar a pique la monarquía. Un rey jubilado que cobra por no hacer otra cosa que comer y divertirse a tutiplén, y cobra un sueldo que mantendría a cien familias, mientras deja intacto el enorme patrimonio adquirido en su reinado. Un rey al que nadie ha visto leer un libro, pero sí disfrutar matando o viendo matar animales. Una vez más, ese rey sigue conjugando la única persona del verbo que conoce: yo, yo y después yo
Qué gran sentido de lealtad a la corona y al régimen que le regala su dorada jubilación exhibe el rey emérito, aireando mediante cortesanos afines su protocolario cabreo con su hijo y nuera…e
Pero aún peor es que encima hay políticos de diferentes partidos devanándose los sesos para desagraviarle y organizarle más comidas, francachelas y homenajes, como si no hubiéramos tenido bastante con la hagiografía imperante hasta casi ayer.
y ahora, de verdad, ¿acaso es éste el problema prioritario de los ciudadanos, del país? En qué están pensando cuando gastan horas de TV y radio y páginas en los medios, dedicadas a esta estupidez?

No hay otra respuesta: en seguir tratándonos como menores de edad.

Sin palabra, ni honor: la base del Derecho (Cartelera Turia, 2786)

La mayoría de nosotros somos conscientes de algunos de los cambios de uso de lo que eran expresiones casi obligadas en lenguaje ordinario y que llegan a desaparecer. Una de ellas, el empeño de la <palabra de honor>, lo más parecido a un compromiso sin juramento para toda una generación, a la que pertenezco. Dar la palabra de honor equivalía a poner en juego el máximo de fiabilidad del que uno disponía. Y por eso se debía reservar para compromisos importantes.

Dejo al lector la interpretación del por qué del desuso. Pero quería proponer una breve reflexión sobre el sentido del compromiso. Los profesores de Derecho estamos acostumbrados a explicar que, tal y como sostiene Kelsen (aunque haya ignorantes empeñados en repetir el lugar común de que para el jurista austríaco la norma fundamental-Grundnorm- , el presupuesto mismo de la idea de Derecho, es la Constitución, que ocuparía así la cúspide de la pirámide normativa, una imagen que no es de Kelsen, sino de sus discípulos), la base del Derecho es un viejo brocardo romano: <pacta sunt servanda>. Como hemos perdido el rastro de esa nuestra lengua materna, habrá que explicitar que eso quiere decir que hay que mantener la palabra dada, cumplir lo prometido. Sin esa claúsula, el Derecho no existe, es pura retórica.

Muchos entienden que, como las promesas electorales (Tierno dixit) son pura retórica, es decir, se hacen sabiendo que se incumplirán -algo que no aceptó Lluis Llach cuando demandó a Felipe González por incumplimiento de su promesa respecto a la salida de la OTAN; qué tiempos!-, el Derecho también es, son, poco más que parole, parole.

Pero no: si algo vale como Derecho es porque resiste incluso el voluble designio de quienes gobiernan. Es la ventaja del Gobierno de leyes, del Estado de Derecho. Por eso, si nos comprometimos como Estados-parte en el Convenio de Ginebra sobre refugiados, tenemos deberes que cumplir, le guste o no al Gobierno de turno. Al no hacerlo, nos convertimos en socios que no son fiables para nadie.

Conviene recordarlo en esta semana en que se celebra (20 de junio) el día internacional de los refugiados, mientras al Gobierno español (Rajoy, Saénz de Santamaría, Dastis, Catalá, Zoilo), le importa una higa haber cumplido sólo con apenas el 7% de su compromiso de reubicación de refugiados, a falta de tres meses. Claro que siempre habrá quien se consuele recordando que, sobre este particular, casi ninguno de los socios europeos es fiable.

No podemos callar (En el día mundial de los refugiados, Infolibre, Plaza Pública)

Cumplir con el ritual de los días dedicados a las diferentes causas produce, inevitablemente, tedio. La información reiterada sobre un mismo fenómeno o un aspecto de él, también. En esas circunstancias, ¿vale la pena pedir a los lectores que lean un nuevo texto sobre los refugiados?

Según es obvio, soy de los que creen que sí. Primero, porque estoy convencido de que nos hace falta más información, más análisis, más propuestas, que sirvan para darnos cuenta, para empezar, de que la inmensa mayoría de las personas a las que los europeos nos referimos como <refugiados>, no llegarán a serlo nunca.

No lo harán, de un lado, porque hemos puesto tal cantidad de obstáculos en el camino para que lleguen a presentar su solicitud (cerramos las vías legales y seguras), que la mayoría de ellos no lo conseguirán jamás. En España, sin ir más lejos, se acumulan 22000 solicitudes sin resolver, según acaba de denunciar CEAR.

No lo harán, además, porque una parte muy importante de quienes se ven obligados a huir de sus hogares y cruzar fronteras (y esto va a suceder cada vez más), no pueden ser considerados refugiados, porque les falta el elemento normativo de la persecución. Pero ¿cómo llamar entonces a las 900.000 sudaneses del sur que han llegado a otros países –a Uganda, por ejemplo- porque la vida es imposible en su país? Seguiremos llamándolos emigrantes, aunque añadamos el calificativo de forzados? Seremos impasibles ante la ausencia de protección específica?

Necesitamos más información, análisis, propuestas, que consigan movilizar a la opinión pública y presionen a los gobernantes para actuar. Y no hablo de fotos de Aylan. No pienso sólo en provocar la reacción emotiva ante el horror, aunque eso también es importante. Hablo de cómo ofrecer medios a quienes trabajan y se esfuerzan en la ayuda a los refugiados, para que consigan que se produzca la movilización sostenible, que exige una toma de conciencia de que este es un asunto que no puede, que no debe pasar de moda. Sé que no estamos igual que hace dos años. Hemos mejorado y hay que decirlo. Me consta que hay medios como éste en el que escribo, Infolibre, que dedican atención constante, por encima de las modas. Que hay profesionales de la información, empeñados en que no se deje de hablar de inmigrantes y refugiados. Y merecen nuestro reconocimiento. Como lo merecen las personas –cada vez más- que dedican su tiempo a trabajar en la ayuda a los que buscan refugio, en ONGs especializadas o simplemente como ciudadanos. Y hay que mencionarles. CEAR, Cruz Roja, ACCEM, Cáritas, MSF, Medicus Mundi, Abriendo Fronteras, campañas como las que impulsó el movimiento #personasquesemueven, con la ayuda de Patricia Simón…gracias a todos ellos.

Hay que conseguir que se lean y difundan las informaciones veraces. Por ejemplo, dos Informes anuales que, de nuevo en 2017, han visto la luz.

El primero, el Global Trends 2016 de ACNUR, que ofrece una visión actualizada y universal de la situación de los 65.6 millones de refugiados y desplazados (se puede descargar aquí: http://www.unhcr.org/5943e8a34); también se pueden ver los 5 datos principales en este video: https://twitter.com/Refugees/status/876671374881894401, o el rapport del Bureau para Europa de ACNUR, Desperate Journeys (http://www.unhcr.org/news/updates/2017/2/58b449f54/desperate-journeys-refugees-migrants-entering-crossing-europe-via-mediterranean.html ).

El segundo, con atención más específica al ámbito español y europeo, el Informe CEAR 2017, Las personas refugiadas en España y en Europa (https://www.cear.es/wp-content/uploads/2017/06/Informe-Anual-CEAR-2017.pdf ), cuyo resumen ejecutivo también se puede descargar (https://www.cear.es/wp-content/uploads/2017/06/Resumen-Ejecutivo-Informe-Anual-2017.pdf ). Se trata de la Organización con mayor tradición de atención específica a refugiados y desplazados y colaborar con ella, o con alguna otra de las ya mencionadas, que tienen competencia y experiencia en la compleja tarea de la acogida, como voluntarios o contribuyendo económicamente, es un buen primer paso.

Pero este año me parece importante insistir en un aspecto que subraya la urgencia y universalidad de la lucha por la protección de los refugiados. Hace una semana, dos directivos de agencias de Naciones Unidas, Amin Awad (director para Oriente Medio y Africa del norte del ACNUR) y Mohammed Abdiker (director de operaciones y Emergencias de la OIM), dieron cuenta de la sofisticación que se ha alcanzado por parte de quienes explotan la necesidad y escasez de esta nueva y floreciente mercancía, llegar a Europa como lugar seguro, a la hora de desarrollar su cruel negocio. Algunas de esas mafias, que controlan la ruta central del Mediterráneo desde las costas occidentales de Libia, difunden en FaceBook videos y fotos (o las hacen llegar a las familias de las personas en su poder) en las que se exponen los malos tratos a los que se exponen los refugiados que no cumplan sus condiciones: http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=56998#.WUVehxPyhmM.

Ya conocíamos, por ejemplo a través de los trabajadores de los barcos de MSF que operan en esa zona, testimonios fiables acerca de las violaciones, torturas y malos tratos que padecen miles de personas en lo que es la etapa final de su viaje. Ahora sabemos con certeza que la lucha por el asilo y contra la tortura, dos objetivos universales básicos, incondicionados, en la lucha por los derechos humanos, se hallan fuertemente entrelazados, como ha explicado magníficamente el profesor García Cívico en un recientísimo artículo, de imprescindible consulta, “Two-Lanes backstop: Refugees&Torture” ( http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/TAHRJ/article/view/3461/2799 ).

La lucha por el reconocimiento efectivo y universal del derecho de asilo a todos los que necesitan del refugio, es un objetivo que debe estar por encima de concepciones de partido, de coyunturas socioeconómicas, de conveniencias. Porque si fracasamos en esta causa, si, cansados de la reiteración de sus horribles imágenes, dejamos de denunciar el irresponsable y criminal incumplimiento de nuestros deberes para con los refugiados, tal y como practican nuestros gobernantes, dejamos de presionarles y recordarles que ese incumplimiento les priva de la más elemental legitimidad, socavaremos nuestra propia democracia, como socavamos cuando abrimos un resquicio a la tortura, so pretexto, por ejemplo, de la lucha contra el terrorismo. Y eso sí es nuestra responsabilidad como ciudadanos, como seres humanos.

 

LA LEY DEL MENOR (Cartelera Turia, nº 2784, 9 de junio de 2017)

Aunque no fue aclamada por la crítica, que vió en ella un correcto ejercicio de estilo sin el afán provocador de antaño, suelo regalar a mis amigos La ley del menor, un relato breve de Ian McEwan (Anagrama, 2015), que he utilizado también en los cursos de filosofía del Derecho, derechos humanos y argumentación jurídica. Cierto que el hilo argumental -la peripecia vital de su protagonista, la juez Fiona Maye- va más allá de sus dudas acerca de cómo afrontar el problema de un adolescente testigo de Jehová que se niega a recibir transfusiones y su compleja peripecia posterior. Pero quería tomar la novela como pretexto para referirme a un debate que no afecta sólo a la muy activa y comprometida vicepresidenta del Consell, sino a todos nosotros: hablo de los casi 4000 niños bajo tutela de la GVA.

El atomismo paleoliberal dominante, haciendo buenos los diagnósticos del gran Bacon (magna civitas, magna solitudo), o del Riesman de los años 50 (la muchedumbre solitaria), en su capacidad desintegradora del vínculo social, del mínimo de inclusión y solidaridad, refuerza exponencialmente la desigualdad entre los privilegiados que pueden vivir como mónadas (ricas) y los desechables, los que engrosan las filas del precariado y también quienes ni siquiera valen como consumidores. Que en esas categorías de desecho humano se encuentran los menores de edad no acompañados, resulta difícil de discutir.

La vicepresidenta Oltra nos descubría commocionada, hace un mes, que una parte significativa de los centros de acogida de menores gestionados bajo tutela del PP, se encuentran en condiciones infrahumanas e incluso hay indicios de que se hayan producido en ellos hechos tipificables penalmente, también por la falta del ejercicio obligado de control por parte de la administración competente, en los años de Gobierno del PP: empresas quebradas a las que se prorroga la gestión, menores que sobreviven en condiciones de hacinamiento e insalubridad, imágenes dickensianas (por ejemplo, las de la workhouse a la que se ve conducido Oliver Twist, que tendrá que lidiar con odiosos personajes como Fagin, Sikes o Monks). Por cierto, un abandono que en el caso de menores inmigrantes no acompañados (MENAS), se multiplica en el caso europeo, ante la indiferencia de nuestros Gobiernos. Y que llega al disparate denunciado en el Informe del SJM sobre los CIES: este año 2016 se descubrió la presencia de 51 MENAS internos en esos centros, el triple que en 2015.

No dudo de la implicación de la Consellera en la lucha por la protección de los derechos de esos niños, pero tras dos años de gobierno, ya no puede seguir sólo denunciando la evidente y horrible herencia que dejó en esta materia el desgobierno del PP: lo que hay ahora, tras dos años de su gobierno, es también responsabilidad suya. Claro que el PP parece más atento al beneficio político de la erosión de Oltra que no al interés de los menores y, en su estrategia de tinta de calamar, están dispuestos a impulsar comisiones de investigación sobre cuya viabilidad y pertinencia (entre otras razones, por interés de los propios menores) ya se expresó con claridad y buenos argumentos el sindic M.Mata. La propuesta de desinstitucionalización (que los niños vivan en familias de acogida y no en esos centros) parece la más razonable y en todo caso es inexcusable por lo que se refiere a los menores de 3 años cuya presencia en esos centros carece de justificación. Pongan los medios. En interés de los menores.

Archipiélagos de la desesperanza (Prólogo al Informe CIES 2016 SJM)

El Informe que el lector tiene en sus manos es un contundente y coherente alegato sobre la necesidad de acabar con una institución tan inútil como injusta, los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), y además en un aniversario tan importante como el que recordaba recientemente el Defensor del Pueblo en la presentación de su informe correspondiente a 2016: se cumplen treinta años de una sentencia del TC sobre los CIE que, al decir de esta Alta Institución “no ha sido aplicada en toda su extensión por parte de los distintos organismos con competencias”, lo que justificaría “una revisión profunda” del modelo de los CIE.

Hay que agradecer a quienes lo han preparado su trabajo paciente y riguroso, que huye de toda demagogia para exponer datos, contrastar denuncias, examinar argumentos y así posibilitar propuestas constructivas. Un primer dato me parece digno de subrayar: dos de cada tres extranjeros que han sido internados en los CIE acaban siendo puestos en libertad, lo que acredita empíricamente el fracaso de la finalidad que supuestamente justificaría la existencia de este inicuo tertium genus (no son cárceles, como dejó claro el TC en la sentencia de 1987 ya aludida, pero tampoco Centros de acogida, ni Centros de Estancia Temporal), esto es, asegurar la expulsión de nuestro país de todos aquellos a los que jurídicamente se debe considerar expulsables. Hay en el fondo de la opción por su mantenimiento una lógica jurídica que a muchos de nosotros nos repugna, por muchos y fuertes argumentos. El primero de ellos, la suspensión de derechos, de iure y de facto. El segundo, la noción misma de expulsables, que evoca la de desechables, tal y como argumentara el desaparecido Zygmunt Bauman, al que recordaré de inmediato y de quien tomo prestada la fórmula que da título a eta introducción. El tercero, importante para quien al cabo es, como yo, un profesor de Derecho, es el detrimento que estas instituciones suponen para la noción de Estado de Derecho, para el proyecto de una democracia constitucional que ha de ser necesariamente inclusiva y plural.

La primera razón por la que considero que, hoy, este informe es más que oportuno, necesario, es que en los meses que hemos vivido de este 2017, tenemos suficientes indicios de que vivimos un momento de acusado repliegue de la garantía de los derechos humanos y fundamentales de personas que, en su inmensa mayoría, no son delincuentes condenados por sentencia firme en virtud de la cual haya quedado acreditado que cometieron un delito de tal gravedad que les hace merecedores de la máxima sanción que un ordenamiento jurídico puede disponer, que es la privación de libertad. Por supuesto, hablo de Ordenamientos jurídicos que hayan incorporado esa exigencia civilizadora que es la abolición de la pena de muerte, lo que, por cierto, está lejos de ser todavía hoy una conquista unánime en la comunidad internacional. Las excepciones son bien conocidas. Pues bien, en el pasado mes de marzo, dos instituciones de la Unión Europea ha asestado un duro golpe a la legitimidad de sus políticas de inmigración y asilo: de un lado, la Comisión, que impulsa un plan de retorno en el que cuenta nada menos que con un Estado fallido como Libia, para insistir en la externalización de su política de expulsiones. De otro, la atrabiliaria Sentencia del pasado 4 de marzo de la Corte de Luxemburgo a favor de Bélgica en el asunto de visados humanitarios, por no hablar, evidentemente del malhadado Convenio entre la UE y Turquía, del uso de la noción de país seguro y de otros mecanismos del sistema de Dublín, etc. Eso significa insistir en la lógica orwelliana (la del cerdo Napoleón en Rebelión en la Granja) de que no todos los seres humanos son titulares iguales de derechos, algo inaceptable para cualquier persona con el más mínimo sentimiento de lo jurídico del que hablara el gran jurista alemán Jhering.

Pero hay otra razón más profunda, la que explicaba Bauman en su imprescindible Archipiélagos de exclusión: los CIE son una pieza de una concepción que somete a millones de seres humanos a la condición de piezas desechables de un sistema sometido a la más radical concepción de un mercado global desregulado que se autodirige por el principio del máximo beneficio y en el que los trabajadores son cada vez más concebidos y tratados como coste a reducir, no como sujetos de derechos y desde luego no, de derechos económicos y sociales. Los Centros de Internamientos de Extranjeros, la transformación de los centros de acogida de refugiados n otros tantos centros de internamiento (el ejemplo más terrible es la política australiana), los barrios periféricos de nuestras ciudades en los que viven inmigrantes a los que no se trata de integrar sino de contener, y de los que el Estado deserta, son, al decir de Bauman, los escenarios de esa nueva industria del desecho humano en la que parecemos empeñados. Suprimirlos es una exigencia de dignidad.

 

 

 

 

Cuestionario de El Temps: valoración de 2 años de Gobierno en la GVA

El número de El Temps de 30 de mayo de 2017 incluye un dossier con valoraciones de la ejecutoria del Gobierno de la GVA basado en el “Pacto del Botánic”, en el ecuador de su mandato. Comoquiera que lo publicado es un extracto, prefiero dejar constancia de lo que respondí al cuestionario…

––Després de dues dècades ininterrompudes amb governs del PPCV, el juny del 2015, la Generalitat Valenciana va experimentar un canvi de color polític. De manera breu, quin balanç fa dels primers dos anys del Govern del Botànic? Quines coses li han semblat més positives i quines més negatives?

Positivo: ante todo, en términos del alivio que supone toda renovación después de un período tan largo sin alternancia. Positivo también porque esta administración, al ser fruto de un pacto entre tres fuerzas políticas y en segundo lugar, al haber dado paso a un Gobierno bipartito, no parte de una lógica monocolor, monopartidista, la de las mayorías absolutas, y, por tanto, no trata de colonizar la sociedad civil como lo hizo el PP durante 20 años en la comunidad valenciana, no practica el expolio de lo público que llevaron a cabo los Gobiernos del PP en el Consell, en las Diputaciones, en los Ayuntamientos. Positivo finalmente por lo que se refiere al balance general del cumplimiento del contenido del acuerdo programático que es el Pacte del Botánic (como también, en el caso de la ciudad de València, el Pacte de la Nau), sobre todo porque me parece que se ha avanzado decididamente en las medidas y propuestas contenidas en los apartados de <rescate de las personas>, <gobernar para las personas> y <regeneración democrática y lucha contra la corrupción>, es decir, en términos de derechos. Otra cosa son los objetivos de <nuevo modelo productivo> y <financiación justa y auditoría ciudadana>, donde el grado de cumplimiento me parece manifiestamente insuficiente, aunque claro, el peso de la injusta y descompensada financiación impuesta desde el Gobierno Rajoy es un obstáculo muy difícil de salvar..

 

 

––Una de les matèries que més ha preocupat el nou Consell és la transparència. Considera que el nivell que s’ha assolit és suficient?

Aceptemos que siempre se puede avanzar en transparencia, como en casi todo. Pero creo que se puede decir que el esfuerzo ha sido notable, tanto en lo que se refiere a la exigencia de visibilidad y acceso de la información institucional para los ciudadanos, cuanto en la mejora de la capacidad de control y las medidas institucionales, aunque en este segundo plano, en el de la accountability, queda mucho por hacer, sobre todo si no nos limitamos al Consell y pensamos en instituciones como las Diputaciones.. Ese balance positivo me parece que justifica lo que a algunos les parecía un despropósito o una cortina de humo o simplemente fruto de la peculiar versión del Pacte del Botánic como nuevo >pacto del pollo>, crear una Consellería con semejante objetivo. Se puede mejorar: mencionaré solo un ejemplo reciente: el propio Consejo de Transparencia acaba de formular una declaración en la que reclama una reforma para obtener un estatuto propio, que le de la suficiente autonomía y eficacia de funcionamiento. Aún no tiene una respuesta.

 

––Percep que els valencians van desempallegant-se de l’estigma de la corrupció o, per contra, aquest procés requereix de molt més temps?

No: creo que aún no existe ese sentimiento generalizado de haber pasado página del peso asfixiante de la corrupción, porque mientras continúen pendientes los procedimientos jurisdiccionales por asuntos de corrupción que demuestran que el Gobierno del PP mantuvo un modelo de monopolio de poder en todos los ámbitos y con una ausencia de control tal que era casi inevitable que se generalizaran prácticas de corrupción (con la ayuda inestimable de los corruptores, por supuesto), esa mancha continuará contaminando la discusión y el espacio público. Pero me parece imposible dejar de reconocer que hay una sensación generalizada de alivio por el hecho de que el comportamiento de los responsables de la actual administración autonómica ya no da hoy para noticia diaria en términos de denuncias de corrupción y que se actúa bastante rápidamente cuando aparece una sombra al respecto.

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––Podem, com a força que dóna suport des de fora del Govern, reclama més participació de la societat civil. A través de quins mecanismes podria incrementar-se la influència de les diverses associacions ciutadanes en la governança pública?

Que la sociedad civil participe más, sobre todo si por sociedad civil no se entiende sólo empresarios y celebrities afines (como en la famosa foto del acto impulsado por el honorable Fabra, es una reivindicación de la más elemental concepción democrática y por tanto se puede avanzar siempre más. Creo que desde el Consell (y desde el Ayuntamiento de Valencia) se ha impulsado esa lógica de participación. Otra cosa es que se sostenga que toda decisión administrativa debe ser fruto de la deliberación de representantes de la sociedad civil, algo que a mi juicio significaría la parálisis. Me parece más importante que se impulse el control efectivo y a posteriori de las decisiones, por parte de los representantes de la sociedad civil (además, obviamente del control institucional –Corts- y jurisdiccional, y del control básico que significa la libertad de prensa), que no multiplicar consejos de participación de representantes de la sociedad civil para cualquier tipo de gestión administrativa.

 

––En temes de cooperació, quins canvis ha notat?

Ante todo, la voluntad de transparencia, de seguir reglas claras y previas y de control de las decisiones y proyectos adoptados en ese marco. Hay también, me parece, una mayor participación de los agentes de las acciones de desarrollo y codesarrollo, aunque quizá todavía no se ha implementado suficientemente lo que un buen colega (Sami Naïr) considera la clave de toda política en esta materia: la descentralización, el protagonismo de los agentes -públicos pero no institucionales- de uno y otro lado de la relación y los mecanismos de control público de las decisiones.

 

Quines qüestions considera irrenunciables amb vista als dos propers anys, quan s’haurà esgotat la legislatura? Quins deures haurien d’estar resolts el maig del 2019?

Ya las he señalado en mi respuesta a algunas de las cuestiones: la contribución de la GVA para que esta comunidad, los agentes sociales, los ciudadanos, puedan abordar la radical transformación que se nos viene encima en términos de cambio del modelo de trabajo y del modelo productivo. Me parece prioritario ayudar a recuperar el talento que se nos ha ido fuera. Invertir –invertir, no gastar- en el tejido de Ciencia e Investigación, sin supeditar el modelo público de enseñanza superior únicamente a los intereses de una parte del empresariado. Desarrollar instrumentos de control y participación (alguna de las iniciativas propuestas por Podemos en el Pacte del Botánic) van en ese sentido. No hablo,porque no tengo competencia, de la necesidad de infraestructuras que sitúen a la CV en la red estatal y europea (el corredor Mediterráneo es la más evidente, incluso para un lego como yo). Y, por supuesto, todo ello significar conseguir un cambio en el modelo de financiación que impera en el Estado. Lo que no se conseguirá, me temo, mientras al frente de España haya un Gobierno como el de Rajoy.

“Cultura para Todos” (Cartelera Turia, nº2782, 26 mayo 2017)

Conocemos –y en esta Cartelera Turia se ha denunciado con argumentos contundentes- el erial en que el Gobierno Rajoy ha convertido la política cultural en España, sumergida entre la irrelevancia y el acoso. A los dirigentes del PP les parece que eso de la cultura no da para un Ministerio, y cada Secretario de Estado titular de la competencia parece más decidido que el anterior en mostrar los dientes y salir corriendo. Eso sí, no sabemos muy bien si corriendo para que la cultura no le pille, como se decía en broma de Esperanza Aguirre, o corriendo en persecución de todo aquel que reivindique el papel de lo público en el ámbito cultural. De ahí los rasgos que definen el modelo cultural Rajoy: acoso laboral y tributario a los creadores, lógica cainita contra el cine, errática política museística, desprecio por el teatro, abandono de las bibliotecas públicas y demás extraordinarias contribuciones, en las que siempre sobresale su ocurrente ministro de Hacienda, cuyo bagaje cultural revela, según podemos constatar en sus salerosas intervenciones parlamentarias, un encefalograma cultural plano. Sabemos bien la coartada: en eso de la cultura, mercado y más mercado, y nada de subvenciones y mamandurrias a chupópteros seudointelectuales y artistas de andar por casa. Salvo que sean de esos que están dispuestos a cantar las glorias del Gobierno y de la España imperecedera.

Lo que no conocíamos –algunos, pobres de nosotros- es lo que se nos venía encima en caso de que Doña Susana Díaz encabezara la oferta socialista, como secretaria general y candidata a La Moncloa. Hablo de la lideresa de la socialdemocracia a la altura de los desafíos globales y ejemplo de modernidad racional, al decir de los corifeos editorialistas de El País, economistas platónico-heracliteanos (qué hallazgo, Jose Carlos Díez!) e intelectuales exquisitos, como el Sr Amón, que lo mismo dedican dos planas de su periódico a glosar la figura de un matador de toros que emborronan otra para hacer análisis político de altura, y clavar banderillas, puyas y estoques al morlaco Pedro Sánchez. Pues bien, la propuesta cultural de su programa hace de Rajoy y Montoro algo así como Masaryk o Havel. Lean: “Asia tiene excelentes playas, por lo que los turistas asiáticos que vienen a España buscan cultura…las actividades culturales contribuyen a mejorar la imagen de la Marca España…esto permitirá que los españoles podamos tener una mayor oferta cultural de más calidad y dará una solución a nuestros creadores que han sufrido especialmente la crisis”

Y aún siguen sorprendidos por el hecho de que no se haya producido una victoria arrasadora de la racial trianera…

Nuestros derechos y valores. Su terrorismo (alrevesyalderecho, 25/05/2017)

Una vez más, se ha cumplido el ritual. Ante el horror insoportable de un asesinato terrorista que se ha llevado las vidas de niños y adolescentes que disfrutaban de un concierto, hemos mostrado nuestro dolor y solidaridad con las víctimas, sus familias y amigos. Con la ciudad, Manchester. Con el país, el Reino Unido. A los mensajes y actos de condolencia y solidaridad, han seguido las más firmes condenas, las llamadas a la unidad y la reafirmación de que ninguno de los actos de execrable y cobarde terrorismo van a cambiar nuestras vidas. Y que los valores (incluso hay quien precisa, “nuestros valores europeos”) prevalecerán…

No creo que sea sólo quien suscribe quien está harto de tanta palabrería hueca, falaz, ineficaz. Y por más que corra el riesgo de ser malinterpretado me parece una obligación disentir y razonar el por qué de esta crítica. Vayan por delante dos precisiones: en lo que sigue no hay ninguna pretensión de superioridad moral ni de ningún otro tipo. Pero tampoco la mía es una reacción del tipo del denominado “victimismo occidental”, de ese mal entendido complejo de culpa, que se echa encima (nos echa encima) todos los males habidos y por haber. No: trato sólo de entender por qué, pese a que sabemos de los rasgos particulares de esta nueva modalidad de terrorismo, que es barato -porque no precisa especial financiación, ni medios sofisticados, ni estructuras organizativas complejas-, individual –aunque conectado a redes sociales-, difícilmente previsible, vinculado al yihadismo -pero no necesariamente en la forma de organización o franquicia de grupo armado leal al ISIS (antes a Al Qaeda)-, por qué, insisto, somos incapaces de dar respuestas aceptables, eficaces, duraderas.

Estoy convencido, en primer lugar, de que es un error seguir insistiendo en que “estos actos no cambiarán nuestro modo de vida, nuestros <valores>” y que tales valores y principios “prevalecerán contra su terrorismo”. Porque es mentira. Primero, porque ya lo han cambiado: basta con acercarse a las medidas de control en el transporte aéreo. No digamos nada si la reacción ante los ataques consiste en recurrir al cierre de fronteras, a la suspensión de derechos, a modificaciones legislativas propias de estados de excepción o a la vigilancia de grupos de inmigrantes o refugiados por el hecho de serlo o de ciudadanos sin más, por su pertenencia religiosa al Islam. Todo eso cambia, ha cambiado nuestro modo de vida y ha llevado a matizar no poco nuestros valores y principios. No digamos cuando, en el colmo, se llega a declarar el estado de guerra, algo que hizo la Administración Bush en los EEUU tras los ataques del 11S y que ningún Presidente (Trump, menos, claro) ha derogado. Pero algo que decidió también el Presidente Hollande en sesión solemne ante las Cámaras, reunidas en Versalles. Y recordaré que una parte de los medios de comunicación y de los <especialistas>, <analistas>, <comentaristas> que nos ilustran sobre la respuesta ante los ataques terroristas, alientan y justifican este tipo de respuesta: frente a la barbarie de los atentados, no cabe otra respuesta que la guerra, incluso a guerra. Y así, nos explican: estamos frente a una disyuntiva clara: la civilización contra la barbarie. Es o ellos o nosotros. Porque son nuestros valores y derechos, nuestras libertades y garantías los que están en juego contra su terrorismo.

Y no. Para decir que defendemos derechos y valores es preciso un mínimo de coherencia en esa defensa. Lo que exige, por ejemplo, defender esos derechos para todos los seres humanos y luchar por protegerlos para todos, al menos para aquellos que están bajo nuestra soberanía. Llorar por igual, por ejemplo, la vida de mi hija, de nuestros niños y adolescentes que han estado en peligro en el Manchester Arena, y los niños, adolescentes, que mueren víctimas del terrorismo de Estado que practica Arabia Saudí en Yemen. O los que mueren como consecuencia de los efectos colaterales asumidos por quienes lanzan drones mortíferos en una boda, o contra un hospital o escuela, en Afganistán, en Gaza o en Siria. La coherencia nos exige defender los derechos suspendidos a refugiados e inmigrantes por razón de su pertenencia etnocultural, religiosa o nacional. Velar por la garantía de la libertad y los derechos cuando se suspenden al menos para algunos grupos de seres humanos respecto a los cuales deja de valer el principio de presunción de inocencia y del favor libertatis, el derecho a la defensa, a la libertad deambulatoria, a la libertad de expresión y crítica o al reagrupamiento familiar. Exige también no ceder al chantaje que nos proponen los gobiernos europeos e incluso la propia Comisión cuando nos explican a los ciudadanos que hay que elegir entre mantener seguras las fronteras o restringir derechos de los que quieren llega, hasta poner en peligro sus vidas, como hemos visto por enésima vez en el naufragio de ayer a pocas millas de la costa libia. No ceder al chantaje de quienes nos cuentan que hay elegir entre mantener nuestro estándar de derechos y libertad, o rebajarlo si queremos compartirlo con quienes tratan de llegar hasta nosotros. Exige saber actuar contra los regímenes que violan masivamente esos derechos en el caso de las mujeres, o de los niños, o de los trabajadores extranjeros a los que tratan como esclavos, cuando son países “amigos” o simplemente ricos cuyas inversiones deseamos, como Arabia Saudí o las petromonarquías del Golfo.

No: estamos practicando y aceptando que se practique el principio orwelliano (Rebelión en la granja) según el cual “todos los seres humanos somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros”. No podemos arrogarnos esa maniquea representación de la civilización contra la barbarie, no podemos decir sin más que esos valores y derechos son nuestros y que somos nosotros los que los defendemos.

Para mejorar nuestra seguridad, para poder prevenir y proteger, hay que empezar por reconocer lo que no hemos hecho bien y enderezar el rumbo. ¿Qué es lo que lleva a un chico de Manchester de 22 años a inmolarse asesinando a un montón de conciudadanos, muchos de ellos niños y adolescentes? ¿qué tiene que pasar para esa <radicalización> que le hace creer que vale la pena semejante barbaridad? ¿Es sólo el efecto contaminante de un fanatismo religioso que adquiere en internet? ¿No hay que tratar de entender por qué fracasan las políticas de integración de quienes, siendo ciudadanos ingleses de nacimiento, se entregan a vínculos de pertenencia e identidad que les exigen destruir el vínculo social y político con el país en que han nacido y crecido? ¿Es eso sólo posible desde el fanatismo religioso o acaso no conduce a procesos similares otros tipos de fanatismo, el de la razón de Estado, el de ciertas religiones seculares, como el nacionalismo excluyente? ¿No hemos minusvalorado los procesos de desprecio y humillación social hacia cierto tipo de otros?

Soy de los que piensan que es válido el principio en que se basa la Estrategia Europea contra el terrorismo (“luchar contra el terrorismo de forma global, al tiempo que se respetan los derechos humanos y se crea una Europa más segura, que permita a sus ciudadanos vivir en un espacio de libertad, seguridad y justicia”). Sigo pensando que están vigentes y son adecuadas sus cuatro líneas de actuación, Prevenir (abordar los factores o causas profundas de radicalización), Proteger (reducir nuestra vulnerabilidad), Perseguir (lo que exige coordinación en los servicios de inteligencia para investigar las redes que alimentan a los terroristas, su financiación, su acceso a armamento) y Responder (coordinar las respuestas a los actos terroristas, mejorar la atención a las víctimas). Pero está claro que no hemos avanzado suficientemente en ellas desde 2005, aunque se hayan dado pasos positivos.

La realidad, sencilla, es que sólo hay un nosotros, complejo, diverso, que vuelve difícil la tarea de gestionar la diversidad: todos somos otros. Y que la lucha contra los terroristas, por difícil y compleja que sea (lo es contra este tipo de terrorismo, que, reconozcámoslo, consigue sus propósitos), no avanzará si no somos coherentes con nuestros valores y derechos y reconocemos nuestros errores. En el entretanto, sugiero al lector que bien vale dedicar un rato a una película irreverente, llena de humor negro y de sentido crítico, la que dirigiera en 2010 Chris Morris, Cuatro leones (Four Lions), sobre un grupo terrorista que prepara un atentado en Londres…

Jueces, poder, Derecho, desde el cine (entrevista con Paul Córdova)

Paúl Córdova Vinueza (en adelante, PCV): Durante el mes de julio de 2015, en el Ayuntamiento de Jaca, dentro de la programación de los cursos de verano de la Universidad de Zaragoza, usted impartió la conferencia Cine y política: más allá de Juego de Tronos,[1] donde, entre otros enunciados, manifestó que “la serie Juego de Tronos no es para aprender política”; sin embargo, considero que es una serie que pone de manifiesto que la política es sus distintas dimensiones es una relación conflictiva de poderes y el Derecho no es capaz de contener esos poderes. Nos enfrentamos constantemente a juegos de poder en las relaciones públicas e interpersonales. ¿Cuáles son sus perspectivas sobre las constataciones actuales más vigentes que nunca acerca de cómo el poder rebasa y supera al Derecho para definir la política realmente existente en los Estados y cuál es una definición suya de política al considerar la escena de la película Tiempos Modernos[2] cuando los obreros salen de la fábrica?

 

Francisco Javier de Lucas Martin[3] (en adelante, FJDLM): Llevo muchos años trabajando en el proyecto Cine y Derecho, con colegas de otras Universidades y con profesionales del Derecho de diferentes países. Soy un firme defensor de la tesis de que se puede y debe aprender del lenguaje cinematográfico, en su sentido amplio (desde luego, de series de TV también) para entender y criticar problemas jurídicos. Pero en el caso concreto que usted me cita, pensaba y pienso que la dosis de ficción y efectismo orientados al consumo de masas (violencia y sexo, básicamente) presente en las novelas y en la serie de G.Martin, Game of Thrones, hace muy difícil entenderlas como un instrumento apto para analizar y entender la política que nos interesa, lo que se dirime en nuestras sociedades, incluso si redujéramos la política a la lucha por el poder, un reduccionismo a mi entender injustificado. En mi opinión, son mucho más útiles, entre las series de televisión recientes, The Wire, Breaking Bad, The West Wing o House of Cards (tanto la versión original británica, como el remake norteamericano), o, entre las películas que salen del estrecho marco de los trials movies, un variadísimo elenco que si podemos identificar en su origen con el del cine mismo (pienso en La salida de los obreros de la fábrica, de los Lumière) y que incluye –para poner un ejemplo que usted aduce- esa maravilla que es la película de Chaplin, Tiempos Modernos, cuya contextualización es perfectamente trasladable como instrumento de análisis para entender qué conflictos, qué juegos de poder –sí, qué mecanismos caracterizan la organización y la gestión de la vida pública en nuestras sociedades. Por mucho que haya de sátira en la secuencia del trapo rojo que Chaplin sujeta y los obreros interpretan como bandera de insurrección, el lenguaje cinematográfico, la habilidad interpretativa, el montaje de la secuencia no enseñan mucho más que esas disputas de alcoba y sangre de la serie de Martin.

 

 

PCV: La verdad que persigue el Derecho es frágil, inconsistente y quebrantable. Los jueces son operadores jurídicos brutalmente humanos que están asediados por fenómenos de distanciamientos y disputas con una verdad inestable, que respiran honestidad y horror y que viven marcados por la grandeza y miseria de sus decisiones, ¿es posible pensar que, con los cambios del Derecho en el siglo XXI, el lenguaje de los jueces pueda insertar a este en sus contextos sociales para comprender mejor su sentido y función? A propósito, si en las Facultades de Derecho se enseñan leyes seguimos muy lejos de enseñar las funciones que aquel puede y debe desempeñar y así los jueces seguirán renunciando a la opción de interpretar Derecho pensando en cuál es su objetivo.

 

FJDLM: Concuerdo con usted en que el modelo dominante aún en muchas Facultades de Derecho que –en el marco de la tradición del Civil Law- siguen el patrón del formalismo legalista como representación del Derecho, de acuerdo con una Teoría del Derecho aún sometida a la ficción de la dogmática y a los dogmas de plenitud, coherencia y autosuficiencia del ordenamiento jurídico como sistema normativo, no habilita adecuadamente para la formación de los juristas, tampoco de los jueces. Ese modelo determinista propio del mecanismo de subsunción, que pretende atar al juez a las decisiones del legislador y con el que se trata de identificar el tipo de razonamiento (y de “verdad jurídica”) que deben perseguir los jueces, está hoy en gran parte descalificado desde el plano conceptual y metodológico, desde otra concepción de la verdad jurídica (que no puede entenderse en el sentido de reproducción exacta de la realidad por el pensamiento), de la ley y del papel de los jueces en una sociedad crecientemente plural. Otra cosa es que podamos entender que la ficción de una verdad jurídica precisa, a cuyo descubrimiento debería dedicarse el juez de forma infatigable, no tiene sólo unos presupuestos conceptuales y metodológicos ligados a ese modelo de positivismo formal legalista, sino que debe entenderse sobre todo en el marco del proyecto revolucionario, cuyo emblema jurídico sería el Code Napoléon y que lucha por evitar que los jueces que vienen del ancien régime, no metan bastones en las ruedas de esa revolución social y político y, así, desde una visión ideológica que les marca, hagan inútil la herramienta jurídica.

En todo caso, resulta difícilmente discutible hoy que los operadores jurídicos no deben ser formados según la guía de memorizar/almacenar el contenido del ordenamiento jurídico, sino sobre todo como artesanos capaces de interpretar el sentido que ha de atribuirse a las herramientas jurídicas (que, evidentemente, no son sólo las leyes) para cumplir con la función que se espera del Derecho. Finalidad ésta que queda lejos de ser unívoca, porque ya no hablamos de reproducir la voluntad del legislador, sino más bien de ser capaces de argumentar la justificación jurídica más razonable a adoptar.

Por lo demás, en la paráfrasis de Nietzsche que me parece atisbar en su tesis sobre la condición de los jueces, debo decirle que los jueces son demasiado humanos, sí, pero ni más ni menos que todos los demás. Aunque tiene usted razón al señalarlo, porque hace más difícil la tarea que se espera de ellos, precisamente por el hecho de que no están situados en el mismo rol que los demás operadores jurídicos. Sus decisiones son vinculantes y respaldadas por el sistema de fuerza y ello exige un plus de responsabilidad. Siempre que tengamos en cuenta que no se trata sólo de responsabilidad en el sentido técnico-jurídico, sino también en el social y político. Los jueces no son “boca muda de la ley”. Ningún juez está libre de su ideología, pero lo que es exigible es que argumente que los fundamentos de su decisión no sean arbitrariamente ideológicos, sino ajustados a Derecho; un Derecho que, quizá sea aún necesario recordarlo, no es un sistema lógico exento de supuestos previos (ideológicos, culturales, económicos, étc), sino el resultado de la tensión por el poder, tensión que se resuelve de forma más transparente y controlable, más razonable si es conforme a procedimientos democráticos, y no en la oscuridad impenetrable de un gabinete supuestamente aislado.

 

 

PCV: Una de las escenas utilizadas en la referida conferencia fue aquella de El padrino III,[4] concerniente al diálogo entre Vincenzo Corleone y Don Lucchesi -considerado “el máximo responsable del juego político”-, donde abordan los vínculos entre la política, las finanzas y las armas. ¿Es posible pensar que los jueces son los agentes que pueden revertir los contextos para que la política no continúe siendo el instrumento de la violencia y herramienta dirimente de las finanzas o los jueces son tan vulnerables y quebradizos ante los efectos de las finanzas que no pueden detener las condiciones en que funciona la política y el Derecho?

 

FJDL: Es una escena magnífica que revela una concepción de la política vinculada a la tradición de Calicles o Trasímaco y luego a la de Hobbes. Ya hemos concordado en que los jueces no son Hércules ni tampoco Aristóteles, añadiría yo. François Ost ha hecho algunos análisis muy útiles a ese respecto, tomando en cuenta las tesis de Dworkin. Los jueces no pueden –ni deben- suplir el marco limitatorio de su decisión que constituye el Derecho, cuando éste es el resultado de una legitimidad democrática. No pueden ni deben sustituir al legislador democrático; al constituyente, desde luego. Pero tampoco al legislador ordinario. Sí pueden invocar cuestiones de constitucionalidad y así llamar a la revisión de leyes por parte de quien tenga atribuida esa competencia de decisión (en el modelo kelseniano, meramente negativa, no alternativa del legislador). Competencia que no puede no ser política, algo que aún parecen no entender quienes tratan de hacer desaparecer los tribunales constitucionales como órganos políticamente contaminados por definición. Sí: la tarea de las cortes constitucionales no es, no puede ser, meramente técnico-jurídica. Por definición, tienen una dimensión política irrenunciable, la misma que tiene el Derecho como herramienta social.

 

 

PCV: En su artículo publicado en la revista Derecho a morir dignamente, usted manifiesta que “el derecho a la vida no es un derecho sagrado ni absoluto. En una sociedad plural la vida no ha de interpretarse desde concepciones religiosas”. Las posibilidades de elección sobre la vida de cada persona, las condiciones de dignidad en que esta pueda realizarse o suspenderse son ámbitos que pertenecen a la decisión y a la libertad de cada individuo, todo lo cual hace pensar en los conflictos de derechos que pueden presentarse en una situación de regulación jurídica-penal de la eutanasia, donde podíamos coincidir en que el derecho a la libertad es el más valioso. ¿Pueden estas argumentaciones –en un desarrollo más amplio y analítico- ser suficientes para que los jueces puedan adoptar decisiones hacia la despenalización o constitucionalización de la eutanasia? Esta pregunta lleva a sugerir otra a partir del siguiente razonamiento: la supremacía y el poder de los jueces es tan contundente que son capaces hasta de decidir acerca de los aspectos más íntimos de nuestras vidas, ¿cuáles son los límites de los jueces sobre decisiones que conciernen a la autonomía, libertad y decisiones personales?

 

FJDLM: Dejemos clara mi posición: me parece suficientemente argumentado como para no tenerlo que discutir a estas alturas, que el principio sobre el que gira el Estado liberal de Derecho y que no es desmentido por el Estado social, es el de libertad. Libertad como autonomía, capacidad de decisión. Libertad que, sin embargo, no debe considerarse como irrestricta, la libertad propia del individualismo atomista, pues tiene el límite claro en lo que Mill, desarrollando la tesis kantiana sobre la ungesellige Geselligkeit, deja argumentado en su capital ensayo On Liberty: como vivimos con otros, como ese ser-con, nos caracteriza y es lo que nos hace algo más que individuos, personas, el límite es el daño en un bien jurídico de tercero, lo que nos obliga a identificar el bien jurídico de rango superior en el caso de conflictos de bienes. Autonomía, claro, no para esclavizar, discriminar, maltratar a un tercero. Autonomía en un contexto de conjugación de autonomías (la expresión kantiana: un marco general de libertad). Si se prefiere, utilizaré la expresión de Balibar: egaliberté.

Dicho esto, la decisión, sin duda compleja, no puede ni debe quedar al puro arbitrio de los jueces. Aconsejo al respecto la lectura del espléndido relato de McEwan La ley del menor. Menos aún cuando el bien jurídico en juego es la máxima expresión de la capacidad de ser libre, por usar la referencia a Camus, es decir, el derecho a elegir la propia muerte. El derecho al suicidio, sí, del que ya hablara Hume. Por extensión, a la eutanasia. El paso previo es que los ordenamientos jurídicos reconozcan ese derecho como tal, en la medida en que, conforme a la tesis de Mill, no hay un daño a un bien jurídico ajeno y no se justifica, por tanto, la intervención paternalista, según las tesis que acepto (extremadamente reducida) de los casos de justificación de este modo de interferencia en el corazón de la libertad personal. Por supuesto, con todas las garantías jurídicas para asegurar que se trata de una decisión libre, lo que quiere decir, plenamente consciente.

 

 

PCV: En su artículo Violencia, fronteras, Derecho, usted sugiere la interrogante si ¿es el Derecho violencia institucional? y se pregunta si el vínculo entre Derecho, poder y miedo recurre al miedo como recurso de vínculo político instintivo. Los jueces también pueden estar sumidos en el miedo al poder y esta situación les priva de actuar libremente para juzgarlo oportunamente, y los jueces pueden terminar convertidos en víctimas que ejercen el monopolio legítimo de la violencia por temor al control y al poder que impone la violencia institucional para someter a los operadores de justicia. Los jueces controlados y sometidos son victimarios que también ejercen la mayor de las violencias: dejar impune al poder, ¿cuáles son sus consideraciones al respecto?

 

FJDLM: Ese artículo que cita, constata una evidencia que me parece difícil de negar: el hecho de que la concepción de fronteras como barreras limitadoras de la igualdad en derechos universales carece de justificación. Los derechos humanos que llamamos fundamentales no pueden depender del albur de un trazado geográfico-político. Aquí no vale el dicho de Pascal sobre la verdad y los Pirineos, Aún más cuando sabemos, como nos han mostrado científicas sociales de la talla de S. Sassen, W.Brown o E Balibar, que las murallas que se continúan edificando son una ficción para mantener una concepción bodiniana de la soberanía, cuando esa soberanía estatal-nacional, hoy es, absolutamente declinante, insostenible.

Pero hay otro argumento. Cada vez resulta más evidente que las fronteras se constituyen como espacio en el que juegan otras reglas de Derecho, otro Derecho distinto del común. Para decirlo con la bien conocida expresión propia de la dogmática penal del nazismo y reactualizada por el penalista Jacobs, las fronteras actúan como herramienta de un derecho penal del enemigo, identificado hoy no sólo con los narcotraficantes o con los terroristas, sino con los inmigrantes que llaman ilegales y muy recientemente, en el colmo del absurdo, con los refugiados. Las fronteras justifican la violencia porque han recuperado un sentido que creíamos caduco tras el fin de la guerra fría: el de muros defensivos, barreras necesarias para la seguridad y defensa frente a esos enemigos que acechan para invadirnos. En esas condiciones vale todo, porque de hecho se está justificando una concepción bélica contra inmigrantes y refugiados, a los que se acomuna con terroristas y narcotraficantes: enemigos del Estado. La UE desgraciadamente ha aceptado esa lógica en materia de sus políticas de inmigración y asilo. Y así vemos no ya a Frontex o Europol (cuerpos policiales) ejerciendo el control de fronteras, sino a la NATO en el Egeo y a las fuerzas navales de los Estados de la UE en el Mediterráneo Central o invadiendo ya, de nuevo, Libia. Ante semejante cuerpo normativo, los jueces poco pueden hacer para realizar su labor prioritaria: garantizar los derechos fundamentales de todos.

 

PCV: En su artículo Políticas públicas, inmigración y asilo, es posible apreciar que las políticas públicas y las decisiones judiciales y administrativas no son suficientes para responder a las problemáticas de inmigración, refugio y asilo porque las carencias de la sociedad siempre están por delante de las regulaciones jurídicas. ¿Tienen los jueces la última palabra cuando sentimos que las paradojas y tensiones sociales no son necesariamente parte integrante del núcleo del Derecho ni de las decisiones de los jueces?

FJDLM: Como ya se habrá comprobado, no soy muy partidario del activismo judicial, ni por razones doctrinales ni por la experiencia jurídica y política que he vivido (como profesor de Derecho, en las tareas como magistrado, y también, por ejemplo, como Presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR). La legitimidad democrática de los jueces, en sistemas como el español, es muy limitada y ha de contar siempre como fundamento y límite último con la conformidad constitucional. Sólo que el test de esa conformidad no queda en las manos de cada juez: únicamente el planteamiento de la misma, no su resolución. Las características de nuestras sociedades, globalizadas, interdependientes, plurales, hacen imposible que el legislador provea siempre e inequívocamente como para hacer verosímil ese sueño de la one right answer. No existe el juez Hércules que pueda suplir esas deficiencias con criterios propios y, al mismo tiempo, generalizables, ajenos al marco constitucional. Puede y debe, en su caso, manifestar que en ese marco no hay solución jurídicamente razonable, es decir, justa. Pero la tarea de proveer a esa solución excede de su capacidad y de su legitimidad.

 

 

 

[1] Serie de televisión estadounidense basada en las novelas Canción de hielo y fuego de George R. R. Martín.

[2] Largometraje de 1936, escrito y dirigido por Charles Chaplin, quien también es su actor principal.

[3] Catedrático de filosofía del derecho y filosofía política en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, (España). Fue Director del Colegio de España en París (2005-2012) en la Ciudad internacional universitaria (CiuP).

[4] Película de 1990, cuyo guión fue escrito por Mario Puzo y Francis Ford Coppola y dirigida por Coppola.

 

Presentación del libro de Nicolás Castellano, Me llamo Adou, Fundación César Manrique, Lanzarote, 11 5 17

 

Nicolás Castellano es, lo saben todos Vds, un periodista al que muchos admiramos profundamente por la calidad de su trabajo profesional, por su independencia y rigor de criterio, por su tenacidad para seguir informando sobre cuestiones importantes pero que ya no están de moda, cuando casi todos desisten de hacerlo porque la mayoría de los responsables de los media, los <jefes>, te sueltan eso tan terrible de <eso ya no es noticia>. Añadiré además que yo admiro y quiero al ser humano que es Nicolás. Porque nunca te falla como amigo, porque sigue con un grado de compromiso que envidio, porque es serio, pero lo contrario de aburrido…

Después de esta declaración pública de amistad, que tampoco hay que exagerar, vamos a lo que importa, el libro de Nicolás. Un libro imprescindible que cuenta con un deslumbrante y enjundioso prólogo de Luis García Montero, que voy a glosar en buena medida en mi presentación.

Me llamo Adou, la historia del niño Adou Ouguste Nery Ouattara es, a mi juicio, un magnífico testimonio contra la barbarie que domina la sociedad global que hemos construido (y no sólo <en la que vivimos>, como se suele decir). Una barbarie que destruye los lazos más elementales de humanidad, el reconocimiento del otro como ser humano. Pero también, un libro que ofrece razones para la esperanza, para que superemos eso que denuncia Luis García Montero en ese maravilloso prólogo: “la piedad fugaz que caracteriza nuestra vida líquida”, uno de los síntomas más claros de la enfermedad moral y política que se ha convertido en epidemia y que, como decía, debilita hasta anonadarlo el vínculo social y político entre los seres humanos en este mundo global. Y no me den explicaciones simplistas como esa de la aporofobia, un rasgo indiscutible, pero que no es en absoluto  la clave de la comprensión del complejo fenómeno en que consiste la demolición, insisto, del vínculo social y político.

Nicolás ha sido testigo, ha contado, ha denunciado con tenacidad, otros hechos de barbarie: la tragedia de las muertes en la playa de El Tarajal, el abordaje de una patera por una lancha de la Guardia Civil, o el abandono en el que dejamos a las víctimas de terremotos y desastres naturales después del primer espasmo de lo que yo he denominado el avestruz compasivo (los telemaratones, los sms a cuentas bancarias solidarias, que nos permiten en un lapso relámpago de tiempo seguir enterrando la cabeza, ajenos al horror que sucede alrededor y que afecta a los otros) por sólo mencionar algunas de ellas.

En alguna de las entrevistas con motivo del libro, Nicolás ha dicho que es precisamente esta foto del 7 de mayo de 2015, tomada por el escáner del puesto fronterizo de El Tarajal, en Ceuta, la que a su juicio ejemplifica, es el símbolo, del fracaso de Europa. Y no puedo estar más de acuerdo. Por muchas razones.

La primera es la carga simbólica de la maleta misma. De nuevo con nuestro amigo Luis, “si la vida y la historia del ser humano son un viaje, enfrentarse a lo que llevamos en nuestras maletas se carga de significado”. Mucha tinta ha corrido a cuenta, por ejemplo, de las maletas de Port Bou, las maletas de Benjamin, que inspiran como saben el nombre de una revista cultural. Esta maleta que contenía a Adou, ese monstruo, esa ballena que se traga al nuevo Jonás que es Adou, como escribe el admirado prologuista, explica la imposibilidad del viaje, del ejercicio de un derecho básico. Y la desesperación del padre de Adou, Alí Ouattara, un profesor de filosofía y de idiomas en Abidjan (Costa de Marfil) que, como tantos otros seres humanos, es consciente de que él y su familia deben abandonar ese infierno en el que viven, de la manera que sea. También como tantos centenares de miles de seres humanos, empleará años para conseguirlo él mismo, su mujer Lucy y su hija Mariam, la segunda de sus tres niños. Pero no para el mayor, Michel, ni para el benjamín, Adou. El mismo Alí recurrió, como tantos otros, a eso que demonizamos, los “traficantes de sueños que comercian con los seres humanos”, por seguir citando a nuestro poeta amigo: las mafias que son la única esperanza para ese derecho negado, pues nuestras políticas consisten ante todo en eso, en cerrar las vías del viaje legal, en negar ese derecho. Y consiguió que llegaran a España su mujer Lucie y su hija, Mariam. Pero la Ley española (este nuestro Derecho europeo y nacional de extranjería, inmigración y asilo) no le permitió la reunificación familiar de sus dos hijos, Michel y Adou, de 8 años de edad. Hay umbrales económicos, sellos, disposiciones administrativas, requisitos burocráticos que debía cumplir y que no consiguió reunir: al final, 56 euros, como cuenta Nicolás en el capítulo 9. Alí Outtara vuelve a recurrir a los criminales traficantes de sueños que, por 5000 euros, le prometen que traerán a Adou, -su Nery, como él le llama- convirtiéndolo así, paradójicamente, en traficante de seres humanos, traficante de su propio hijo. Déjenme que les diga: qué barbaridad! Es decir, como explicaría Forrest Gump, qué cosa de bárbaros…

La segunda, hablando en términos jurídicos y políticos -que son los propios de mi trabajo, de lo que puedo hablar porque, después de 40 años, algo sé o se me ha quedado-, por la barbarie que practicamos en relación con lo que se cuenta entre lo más valioso que hemos aportado al mundo desde Europa, desde Occidente: las nociones de derechos humanos y de ciudadanía como herramientas de emancipación. Hemos pervertido la noción de sujeto universal de derechos (esto es, la igualdad de todos los seres humanos desde el punto de vista del Derecho, de los derechos fundamentales) que es lo que significan la Declaración universal del 48 y los Pactos del 66, ratificados por todos los Estados de la comunidad internacional y, como explicara Bertold Brecht antes de que lo teorizara magníficamente Hannah Arendt, hemos reservado esa condición a quien tenga un pasaporte, a quien sea ciudadano de un Estado que cuenta. Hemos hecho real la modificación del lema revolucionario de la rebelión en la granja, esa triquiñuela del cerdo Napoleón y hemos convertido a la mayoría de seres humanos en menos iguales que nosotros, los seres humanos de verdad. Otra vez, qué barbaridad!

Aún más, en una inadmisible vuelta de tuerca, nos cebamos con los más vulnerables, los menores no acompañados inmigrantes, lo que -a mi juicio- constituye el más grave disparate jurídico en la historia del Derecho europeo, porque son los sujetos más vulnerables entre los vulnerables: como Adou. Es una idiotez, como pone Nicolás en boca de Adou: página 25 (leer…) Pero sobre todo, si pensamos en la entidad del riesgo, en las muertes de niños, de nuevo hay que decir: qué barbaridad!

Y, sin embargo, esta es una historia, insisto, de esperanza. La que nos produce Alí, capaz de vivir varias vidas en el intento de hacer de la suya y la de su familia una vida mejor. Porque ese es el carácter de tantos miles de inmigrantes: esforzarse tres veces más que nosotros, en historias de amor, de sufrimiento y de lucha, para obtener aquello que a nosotros no es dado como algo natural, los derechos. Ellos demuestran cómo hay que luchar por los derechos y en ese sentido nos civilizan…

Déjenme que añada algo más sobre bárbaros y civilizados, al calor de la actualidad inmediata. Salvo Jorge Verstringe y alguno más, estamos todos muy contentos porque este pasado domingo hemos frenado a la barbarie. Muy ufano, el Presidente Juncker ha sacado pecho porque hemos reducido a insignificantes las cifras de llegadas a Grecia a través del Egeo. La cosa marcha…A no ser porque, como asegura Nicolás, esa foto de la maleta en la que viajó Adou desmiente el mensaje triunfalista y saca al aire nuestras vergüenzas.

Como lo ha hecho también un audio recuperado y publicado por L’Espresso y que conocí gracias a Nicolás. Me refiero gracias al trabajo del periodista Fabrizio Gatti (http://video.espresso.repubblica.it/inchieste/cosi-l-italia-ha-lasciato-annegare-60-bambini-in-esclusiva-le-telefonate-del-naufragio/10267/10368), en el que se reproducen las conversaciones que tuvieron lugar antes de un trágico naufragio, el 13 de octubre de 2013 y que, a mi juicio, revelan un auténtico acto de barbarie.

Las autoridades de Malta recibieron una llamada de socorro desde el móvil de un médico sirio (el Dr Mohammed Jammo) que viajaba -480 personas en total- en un pesquero (por llamarlo algo) a punto de naufragar, a una distancia de 61 millas naúticas de Lampedusa y 118 de Malta. Durante cinco horas, la Libra, un barco de la Armada italiana que se encontraba a apenas una hora y media del pesquero, esperó que las autoridades maltesas e italianas dieran la orden de acudir en su ayuda. El audio recoge la angustia de las llamadas de quienes avisaban que estaban a punto de morir, y la desesperante burocracia europea, que se perdió en competencias, requisitos formales y respondía a las llamadas de socorro con el consabido “no es esta ventanilla; llame Vd a la otra”. Sólo que aquí no era cuestión de sellos, sino de vidas. La Valetta y Roma se arrojaron la pelota: cada uno decía que no le tocaba a su país, sino al otro, hasta que el barco naufragó. Murieron 268 personas y entre ellos, 60 niños. Quizá la mala conciencia de las autoridades italianas (ocultada hasta ahora), estuvo en el origen de la operación mare Nostrum mantenida durante todo el año siguiente 2014, por el gobierno italiano.

En mi opinión, los hechos ahora conocidos constituyen un manifiesto delito de omisión de socorro, además de una violación directa del Derecho internacional del mar, de principios consuetudinarios de ius cogens y de las normas del Convenio de Montego Bay, que exigirían depurar responsabilidades penales. ¿Habrá una investigación de las responsabilidades por esas muertes? Apuesto que no. Ningún Gobierno europeo las pedirá. Tampoco la Comisión Europea, ni el Consejo. Nuestros gobernantes cuentan con la saturación de la opinión pública, que parece haber pasado página de <eso de los refugiados>. Dan por amortizado el impacto de la muerte de mujeres, niños, ancianos, que arriesgan conscientemente sus vidas para salir del infierno que es su casa: no sólo Siria: Mali, Eritrea, la República Centroafricana, Sudán del Sur, Yemen…). Los que naufragaron ese día, los que naufragan ahora en el canal central del mediterráneo, desde las costas de Libia hacia las islas italianas, saben que las bandas criminales que les ponen en esos barcos de muerte son su única esperanza frente al cierre legal de rutas. Un cierre, por cierto, del que se muestra tan ufano se muestra el Presidente Juncker y otros políticos europeístas (“los flujos de refugiados hacia Europa han bajado en un 98%, desde 10.000 diarios a 47 en el día de hoy, gracias al acuerdo UE-Turquía”). Sí, son los mismos que se han mostrado tan aliviados por “el triunfo de Europa (Macron) frente a la barbarie”. ¿Barbarie, dicen? Acudiré a la sabiduría de la madre de Forrest Gump para recordar algo muy sencillo: bárbaros son los que hacen barbaridades, actos de barbarie.

A uno le gustaría que fuera verdad aquello de que No habrá piedad para los malvados. Pero lo que cuenta la película de Urbizu, como sucede también con la de Sorogoyen, Que Dios nos perdone, es un final feliz, comparado con estas historias reales.

A uno, la verdad, lo que le gustaría es poder decirles a todos los que tienen que desplazarse en el mundo, eso tan natural que escribe Nicolás en la dedicatoria de su libro…buen viaje!