Acerca de Javier de Lucas

catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política Instituto de derechos humanos Universitat de Valencia javierdelucas1@gmail.com

70 AÑOS DE ESPERANZA El País, 11 diciembre 2018

La Declaración universal de derechos humanos (DUDH) cumple setenta años. La pregunta es si hay motivo suficiente para celebrarla, cuando somos conscientes de que las violaciones de derechos en ella proclamados han sido cotidianas y masivas desde el mismo día de su aprobación y, sobre todo, cuando sabemos que, para muchos miles de millones de seres humanos, ese documento es poco más que retórica ajena a su vida real.  

 

A mi juicio, sucede con esto lo que con otras conmemoraciones de hitos en la historia de ese instrumento civilizatorio que puede ser el Derecho, pero que es percibido más bien como herramienta de dominación y discriminación para una amplia mayoría de la población que se ve ajena a sus supuestos beneficios, cuando no directamente excluida de ellos. Es decir, debemos evitar generalizaciones también en este caso indebidas. Y, sobre todo, creo que debiéramos evitar dos posiciones extremas, que hemos visto también con ocasión del 40 aniversario de la Constitución española de 1978.

 

De un lado, los exegetas que nos proponen una ceremonia cuasi religiosa, en torno a un dogma (la universalidad de los derechos humanos) recogido en un catecismo (Declaración universal), que tiene su iglesia (la ONU), sus sacerdotes (los bien remunerados funcionarios de la ONU y sus agencias) y también sacrificados misioneros (las ONGs). Como tal iglesia, dan por definitivo lo proclamado en la DUDH y, sin negar el contraste brutal de esos principios y objetivos con los hechos, destacan sólo los indiscutibles logros mientras se muestran incapaces de afrontar las imprescindibles medidas en torno a los grandes riesgos comunes, buena parte de ellos inéditos o incluso impensables en 1948: el desafío ecológico, el energético, el que supone el evidente incremento de los desplazamientos forzosos de poblaciones, étc.

 

De otro, la legión no ya de críticos, sino de los descreídos, adornados con el ropaje científico del <realismo>. Son quienes esgrimen la tópica distinción entre la perspectiva normativa (estigmatizada por idealista, ingenua, si no pura y simplemente, opio para los pobres excluidos, los humillados y ofendidos de turno) y la dura lección de la realpolitik, de unas relaciones internacionales en las que lo único que importa es la correlación de fuerzas en el tablero geoestratégico mundial, y no la defensa de estos o aquellos ideales. Además de ese tan manido como irreal abismo entre el punto de vista normativo y el “científico”, estos elegantes pesimistas -ser optimista no es cool– suelen adornarse con la versión más tópica y superficial de la distinción weberiana entre la responsabilidad como ética política adecuada, y la ética de la convicción, reducida a una sonrojante versión fundamentalista, como si mantener principios fuera sinónimo del pensamiento único o de la incapacidad para el diálogo y la crítica.

Paradójicamente, este tipo de élite insatisfecha, con su tan brillante como estéril pesimismo del mantra “no hay nada que hacer”, “falta voluntad política”, “no se dan las condiciones”. constituye el mejor baluarte para el inmovilismo reaccionario, o incluso para el dictum lampedusiano. Se diría que para ellos no existiría el progreso moral, sino sólo un incremento de la comodidad o bienestar que goza una parte reducida de la humanidad. “Es el mercado, amigos, no los derechos”, podemos escuchar en alguna grosera versión del dictamen de Adam Ferguson en su Ensayo sobre la historia de la sociedad civil (1767) en el que apuntó la línea de colisión entre la lógica del mercado y la lógica de lo público, la que estaría guiada por la democracia, por los derechos.

 

Frente a unos y otros, creo que conserva su pertinencia la sabiduría del motto del gran jurista alemán del XIX, Rudolf Ihering, “todo derecho en el mundo tuvo que ser adquirido mediante la lucha”. El Derecho en su mejor acepción, es lucha por los derechos. Sólo así puede dejar de ser un instrumento de explotación, de discriminación, de dominación ilegítima, para convertirse en una herramienta digna, que ayude a la emancipación de todas las mujeres y los hombres, a la igual libertad de todos los seres humanos, que ese es, en definitiva, el sentido de la tesis de la universalidad de los derechos. Eso exige garantizar la satisfacción de las necesidades básicas, comenzando por la defensa de la vida, de lo que nos da vida, que es el primer imperativo: nuestro planeta. Y afrontar el reto de la inclusión de la pluralidad, que ya no puede anclarse sobre el mito del ascensor social y palanca de integración que sería el trabajo, núcleo del vínculo social, en un mundo en el que la noción de trabajo estable, la misma categoría de <jornada de trabajo> y de trabajador, deja de tener sentido ante la transformación tecnológica.

 

Ni autocomplacencia, ni ocasión para la frustración o el cinismo, sino para la esperanza. Es el momento de reconocer la capacidad de quienes trabajaron para hacer posible la Declaración, como Eleanore Rooselvelt, John P.Humphrey o René Cassin, y mujeres como la india Hansa Metha, la pakistaní Begum Shaista Ikramullah o la dominicana Minerva Bernardino, a quienes ha querido rendir homenaje el Secretario General ONU (https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2018-12-06/un-secretary-generals-remarks-opening-exhibit-70th-anniversary). Todos ellos eran perfectamente conscientes de que la mayoría de esos derechos que querían proclamar, para la gran mayoría de los seres humanos, eran poco más que utopía en ese momento, en la mitad de un siglo XX que apenas salía de lo que quizá haya sido la página más sombría de la historia de la Humanidad. Entre las cenizas de la guerra y en un mundo enfrentado en dos bloques, podrían haber dicho que no se daban las condiciones, Pero todos ellos tenían la convicción y la decidida voluntad política de proclamar como imprescindibles esos principios, esa encarnación histórica del ideal de justicia que son los derechos humanos, y dejar así claro que ningún régimen político, ningún orden jurídico podría aspirar a presentarse como legítimo sin reconocerlos, primero, y sin tratar de garantizarlos a continuación. Y tenían el compromiso, la voluntad, de trabajar por lo que siempre será una tarea inacabada. Porque nunca podremos declararnos satisfechos con el estado de los derechos, aunque eso no nos impida reconocer los progresos conseguidos en estos 70 años.

 

La Declaración es el umbral mínimo de esperanza. Se ha convertido en menos de un siglo en el rasero indispensable al que tienen que rendir homenaje, aunque sea hipócritamente, todos los que aspiran a la condición de autoridad. Y al hacerlo, malgré soi tantas veces, dan la oportunidad para que podamos criticarlos, rechazarlos e incluso juzgarlos, como sucede hoy a través de ese fruto de la Declaración que son la Convención de Roma y la jurisdicción universal. Un fruto aún no maduro, pero ya florecido. Como fruto de la Declaración es la Convención para la eliminación de las formas de discriminación de la mujer, la CEDAW, la primera pieza de la arquitectura jurídico institucional desplegada desde la Declaración y los Pactos del 66. Y es un fruto legítimo de la Declaración el programa global de la Agenda 2030, con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se complementa con 169 metas asociadas a ellos y que arrancan de la prioridad de prioridades, la defensa de la vida, de lo que nos da vida, que es el primer imperativo: nuestro planeta. Porque si no hay vida, no ha lugar la discusión sobre los derechos.

 

La verdadera esperanza no es, no puede ser nunca confundida con la satisfacción ingenua de quien se acomoda al primer logro. La esperanza es siempre exigente: contra spem in spem credidit, escribió Pablo de Tarso refiriéndose a Abraham: tuvo esperanza, contra toda esperanza. La esperanza no se diluye ante la constatación de lo mucho que hay por ganar en esa lucha por los derechos. Si retomamos la advertencia de Gramsci, desde el pesimismo de su inteligencia, pero con el optimismo de su voluntad, podemos ser capaces de ver en ello su verdadera razón de ser.

 

Conviene ser conscientes de que ésta es una tarea inacabada e inacabable, la de luchar por la universalidad de los derechos, que es luchar por los derechos del otro, de los otros. Y siempre hay otros en peor situación, seres humanos que sufren violaciones inaceptables en sus derechos por el hecho de ser otros. Por eso, me parece que la manera más adecuada de conmemorar este aniversario de la DUDH es el compromiso con los ODS de la Agenda 2030. Y para eso, conviene seguir la propuesta de Honneth: nunca como hoy, quizá fue tan cierto que no podemos permitirnos el lujo del pesimismo. El optimismo, en particular el que sostiene la lucha por los derechos, lejos de la ingenuidad, es un imperativo moral.

 

 

VALENCIA CELEBRA LOS DERECHOS HUMANOS. CONGRESO INTERNACIONAL 70 ANIVERSARIO DUDH, El País, Comunidad Valenciana, 8 diciembre 2018

El Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de Valencia (IDHUV) organiza entre los días 10 y 12 de diciembre un Congreso internacional para conmemorar el 70 aniversario de la Declaración universal de derechos humanos (DUDH). Reuniremos en 6 conferencias y 8 paneles a medio centenar de académicos, expertos en organizaciones internacionales y en instituciones nacionales de defensa de los derechos humanos, así como a representantes de ONGs y también periodistas, para conversar sobre un eje común: cómo mejorar la lucha por los derechos de todos los seres humanos. Porque el IDHUV tiene como lema el del gran jurista alemán Rudolf Ihering, “todo derecho en el mundo tuvo que ser adquirido mediante la lucha”. Se trata de entender que todos debemos comprometernos en el objetivo de emancipación de todos los seres humanos, cada uno desde su particular inserción en el mundo, que le hace insustituible.

 

Eleanore Rooselvelt fue la gran responsable de impulsar la DUDH, al frente de personalidades como René Cassin, John P.Humphrey y con la destacada contribución de mujeres como la india Hansa Metha, la pakistaní Begum Shaista Ikramullah o la dominicana Minerva Bernardino, a quienes ha querido rendir homenaje el Secretario General ONU (https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2018-12-06/un-secretary-generals-remarks-opening-exhibit-70th-anniversary). Todos ellos eran perfectamente conscientes de que, en 1948, la mayoría de esos derechos que querían proclamar eran poco más que utopía, si no retórica vacía, para cientos de millones de seres humanos. Pero tenían la convicción y la decidida voluntad política de proclamarlos como imprescindibles y trabajar por lo que siempre será una tarea inacabada. Nunca podremos declararnos satisfechos.

 

Porque es una tarea inacabada e inacabable, he escrito y repetido que la DUDH es un punto de partida, el umbral mínimo de esperanza. En estos 70 años ha permitido poner en pie una arquitectura institucional de defensa global de los derechos humano, Hoy, la esperanza está puesta sobre todo en la Agenda 2030, con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que se complementan con 169 metas asociadas a ellos y que arrancan de la prioridad de prioridades, la defensa de la vida, de lo que nos da vida, que es el primer imperativo: nuestro planeta.

 

Con esa convicción invitamos a todos a asistir, a participar, a conversar en y a partir de este foro y de otros muchos, por supuesto. Es la tarea que da sentido a nuestro IDHUV, que es resultado del compromiso de nuestra Universitat. Quiero agradecer en particular la contribución de la Embajada de Canadá y de la Fundación Canadá, que se refleja también en la exposición de fotografías cedidas por el Museo Canadiense de Derechos Humanos que se podrá ver en Valencia, antes que en Madrid y Bilbao. Y nuestro agradecimiento al compromiso con los derechos de las personas, lema del Gobierno de la Generalitat Valenciana que quiere hacer de Valencia lo que la mayoría de nosotros deseamos, una tierra de inclusión de la pluralidad, de igual libertad en los derechos de todos, para todos.

 

 

HARTOS DE LA CARTA MAGNA, AlrevesyalDerecho, Infolibre, 6 diciembre 2018

Este 6 de diciembre de 2018, en España, soportaremos hasta el paroxismo la exaltación oficial de la Constitución española de 1978, con motivo de su 40 aniversario. No seré yo quien niegue -todo lo contrario- el valor de esta Constitución, que ha servido de marco para el más importante periodo de estabilidad y progreso que ha conocido nuestro país.

No me cuento entre los debeladores de la ‘cultura de la transición’ y tampoco entre quienes carecen del más mínimo sentido histórico y olvidan que las Constituciones son un producto jurídico y político, herramientas que sirven para acuerdos, que nacen de un contexto y de unas necesidades concretas, por mucha voluntad de durar que las presida. Sus fortalezas y debilidades son, por así decirlo, inevitables, porque no es mejor Constitución la que diseñan genios inmarcesibles del Derecho, la filosofía, la ciencia política, la ética pública y la economía, sino la que sirve para expresar un conjunto de reglas de juego ampliamente compartido por quienes tienen que jugar y un programa de convivencia no menos ampliamente acordado, que se trata de desarrollar.

Lo que me parece inadecuado es aproximar esta conmemoración a una fiesta religiosa, más que ciudadana, por aquello de no tocarla ni mancharla, como si la Constitución fuera un dogma caído del cielo o los diez mandamientos. Y es que este tipo de conmemoración desvela de nuevo una dolorosa paradoja. ¿Cómo vamos a creer a las autoridades que pronunciarán discursos una y otra vez sobre lo importante que es la Constitución, cuando en buena medida (hay excepciones, es cierto) son los mismos cuya falta de voluntad política para reformarla origina esa paradoja de que conviva la conciencia mayoritaria de la necesidad de reforma con la conciencia de su evidente imposibilidad, habida cuenta del bloqueo impuesto por las propias fuerzas políticas? Esa paradoja es, por cierto, la raíz de una importante y creciente brecha entre ese texto y las necesidades reales de los ciudadanos, empezando por las nuevas generaciones…

Hay otra razón para nuestra impaciencia ante los festejos conmemorativos, aunque esta parezca meramente lexicográfica y, por tanto, menor: el 6 de diciembre y en torno a estos días se dirá y escribirá mil veces que celebramos el 40 aniversario de nuestra ‘Carta Magna’. Y no, no es así. Por fortuna.

Por mucho que ruborice, alguien tendría que recordar que una Constitución es algo radicalmente distinto de la Carta Magna, aunque la metáfora, que se ha repetido casi desde tiempo inmemorial y nos hace creer que ese documento, la Carta Magna, es la garantía de los derechos de la ‘gente común’, del pueblo, de los ciudadanos, sea casi imbatible en el discurso, en la retórica política al uso.

La Carta Magna original, la de 1215, no es otra cosa que una suerte de acuerdo de paz otorgado/pactado por Juan sin Tierra ante los barones y la iglesia, en Runnymede, y ratificado tras la guerra de los barones en 1217. Es un acuerdo medieval entre el monarca inglés y los barones y la Iglesia, para que barones e Iglesia vean reconocidos por el rey sus privilegios como derechos. No es el documento de garantía de derechos de la gente común que, en todo caso, son súbditos en una sociedad feudal. Nada ni remotamente parecido a ciudadanos, al pueblo como denos, como sujeto y origen del poder constituyente que alumbra la Constitución. No, desde luego, en el sentido contemporáneo de Constitución, el democrático, es el pueblo, titular de la soberanía, quien proclama (o, según las versiones, reconoce) la existencia de derechos originarios de los ciudadanos. Incluso proclama que todos los seres humanos tienen derechos que en ningún caso pueden ser entendidos como concesiones graciosas de un autócrata.

Si seguimos empleando esa metáfora, se dice, es porque los revolucionarios norteamericanos aceptaron ese mito haciéndolo propio. Pero lo cierto es que la Declaración de independencia de 1776, como es lógico, no es una Carta Magna. La Declaración se separa radicalmente del mito de la Carta Magna, al que tanto ha contribuido Hollywood con sus películas sobre Robin Hood como precedente de los luchadores por los derechos del pueblo, en lugar de lo que se supone que, en caso de existir, habría sido: un miembro de la nobleza inferior, vinculado a la tradición sajona y enrolado en la causa de los barones, frente al rey y su apoyo normando. No: los padres fundadores norteamericanos son revolucionarios y proclamarán sus derechos sin la presencia de ningún vestigio de que estos sean fruto de un acuerdo entre el pueblo y el rey. Reivindican un nuevo sujeto político y otro fundamento de los derechos.

Así que deberíamos dejar de utilizar esta metáfora por socorrida y aceptada que sea. Conmemoremos la Constitución de 1978, no la Carta Magna. Y recordemos que no es el fruto de la bondad de un rey, ni de una élite política sabia y bondadosa. No. La Constitución española de 1978 nace de un poder constituyente democrático, de los ciudadanos como soberanos. O, como escribía Luis García Montero en su entrega semanal en Infolibre (https://www.infolibre.es/noticias/opinion/columnas/2018/12/02/la_constitucion_uno_mas_89449_1023.html), una verdad compartida y en movimiento. Y eso es algo que en esta celebración debería situarse en primer lugar.

 

LA BATALLA POR UNA VIVIENDA DIGNA. MODELO DE ESTRATEGIA DE LUCHA POR LOS DERECHOS, Luces Rojas, Infolibre, 28 11 2018

 

 

 

UNA NECESIDAD BÁSICA QUE SIGUE SIN SER TOMADA EN SERIO

Como ha sido recordado con frecuencia –entre nosotros, por ejemplo, lo ha hecho la profesora González Ordovás– el derecho a la vivienda digna es un caso paradigmático del déficit de una concepción ortodoxamente liberal de los derechos: un evidente derecho fundamental, que responde a una necesidad básica indiscutible y que, sin embargo, tal y como sucede con otros derechos económicos, sociales y culturales, no es tomado en serio suficientemente en los programas de derechos humanos de los Estados. Es lo que sucede en la Constitución española de 1978, que lo recoge sólo en su artículo 47, dentro del capítulo 3º del título I, dedicado a los derechos y deberes fundamentales, capítulo que tiene el expresivo enunciado De los principios rectores de la política social y económica. Se trata, insisto en recordarlo, de un déficit común a los derechos sociales, que conviene recordar en este 40 aniversario del texto constitucional y que, a mi juicio, está en el núcleo de las propuestas más interesantes de su reforma que postulan la inclusión expresa de los derechos sociales como derechos dotados de la protección fuerte, los de la sección 1 del capítulo 2, del título1.

También se ha repetido que la estrategia de lucha por la efectiva garantía de los derechos y, en particular, de esos derechos sociales, económicos y culturales, debería saber dar un paso más y no sólo en el orden estatal, sino también a escala internacional. Se trataría de promover una noción de ciudadanía activa que integre democracia, derechos y desarrollo sostenible, en el marco de la que podríamos llamar concepción holista, por integral y por global, de los derechos. Esa es, creo, una dimensión quizá no suficientemente subrayada de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (OSD) que constituyen la Agenda 2030 aprobada por Naciones Unidas en la cumbre de desarrollo sostenible, en septiembre de 2015.

Pues bien, a mi juicio podemos encontrar un ejemplo particularmente interesante de esta manera de entender el derecho a la vivienda y en cierta medida, como digo, los derechos sociales, en el reciente informe, presentado por Leilani Fahra, la relatora especial de la ONU sobre el derecho a la vivienda digna, hace apenas un mes, el pasado 19 de octubre 2018, en Nueva York, en el marco del Tercer Comité de la sesión LXXIII de la AG ONU dedicado sobre todo a la cuestión de los asentamientos informales  y que desarrolla el que ofreció  el 15 de enero de 2018 ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En el informe se llega a algunas conclusiones simples pero urgentes: las condiciones de vida en los asentamientos informales, dados sus alcance y gravedad, constituyen una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos en todo el mundo. La sociedad mundial ha llegado a aceptar lo inaceptable. Es un imperativo de derechos humanos mejorar los asentamientos informales de modo que se ajusten a las normas básicas de la dignidad humana. Pero se subraya también que el reconocimiento de esta realidad y la movilización de todos los agentes en el marco de un paradigma compartido de derechos humanos puede hacer posible el programa de mejora para 2030. 

 

LA ESTRATEGIA DE GARANTÍA DEL DERECHO A LA VIVIENDA COMO SÍMBOLO DE UNA VISIÓN HOLISTA, QUE INTEGRA CIUDADANÍA, DERECHOS Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Me interesa traer ahora ante la luz esos informes, ante todo porque abordan una nueva estrategia a propósito de cómo hacer efectivo el derecho a la vivienda. Es cierto que el objetivo prioritario es la reflexión sobre esas “prácticas habitacionales” en las que se ve inmersos los 850 millones de personas (más de la quinta parte de la población mundial) que viven en lo que la Relatora llama “asentamientos informales”. Se trata de esos “barrios marginales” o concentraciones urbanas periféricas, slums, en las que destaca la presencia de colectivos especialmente vulnerables, como los pueblos indígenas, los refugiados e inmigrantes. Junto a ellos, buena parte de los protagonistas del fenómeno generalizado del éxodo rural hacia las ciudades, convertidas progresivamente en metrópolis en las que ese tipo de barrios periféricos, asentamientos, etc, encarna gráficamente la desigualdad y la exclusión. Sus modalidades abarcan una gama amplísima: “Desde los campamentos de personas sin hogar desplazadas constantemente en los países más ricos, hasta las comunidades masivas en el Sur Global, como Orangi Town, en Karachi (Pakistán), con una población total estimada de 2,4 millones de habitantes. Las distintas modalidades incluyen precaristas en edificios abandonados, viviendas improvisadas en contenedores, tiendas de campaña o embarcaciones, o chabolas construidas con distintos materiales de desecho. En otros lugares, las comunidades informales establecidas desde hace mucho tiempo pueden vivir en viviendas duraderas de ladrillos y mortero”.

Y la Relatora añade un fenómeno cada vez más preocupante, que deriva de los mercados informales de alquileres no regulados, que con frecuencia practican la explotación, y que, recuerda, “constituyen un componente cada vez más importante de las viviendas informales”. Esta se relaciona con las crecientes dificultades de acceso a vivienda de alquiler (y no ya de propiedad) para los jóvenes o los de permanencia de ancianos en viviendas de alquiler, ante los cambios que plantean agresivas estrategias de mercado, la irrupción de fondos buitre en el sector inmobiliario, o los fenómenos de gentrificación, por no hablar del impacto de agentes que se comportan como depredadores en el sector turístico, no sólo por cómo alterna los precios de mercado sino la convivencia en viviendas y barrio. Recientemente, el Defensor del Pueblo de España presentó en un encuentro en la UIMP un informe sobre el particular que me parece extraordinariamente útil, por el análisis de esa realidad y por las recomendaciones que contiene, dirigidas a la Administración.

 

Pero , lo que más me interesa destacar en primer lugar es cómo conecta la Relatora esas deficiencias en el derecho a la vivienda con un sistema de exclusión, institucionalizado por los agentes del mercado. Es decir, me interesa el informe de la Relatora porque se aproxima a la crítica situación del derecho a la vivienda desde esa concepción integral y global a la que me refería más arriba. En efecto, para L Fahra, el derecho a la vivienda, a un hogar, es un derecho primordial porque no es sólo que tenga como objeto una necesidad básica, sino porque sin él nos vemos privados de seguridad, libertad, igualdad (being without home is being without security, equality, freedom). Por eso, advierte de que no puede rebajarse a la categoría de preferencia secundaria, o de mera expectativa o deseo, sino que significa la condición misma de estabilidad, seguridad, dignidad. El hogar es, en cierto modo, diría yo, el ancla de los derechos, o, como ella sostiene, “el lugar donde cada uno de nosotros, como persona, desarrolla y llega a ser capaz de ejercer y reclamar todos nuestros derechos”. A mi juicio, ese cambio de perspectiva debería ser integrado como elemento clave de lo que establece el Objetivo 11.1 de los OSD: “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”.

Y ¿en que consistiría esa nueva estrategia? La Relatora recuerda, insisto, que esos han sido analizados habitualmente como un estigma, como un ejemplo negativo: “Las condiciones de vida son alarmantes e intolerables. Los residentes suelen carecer de agua y saneamiento, y viven con el temor constante del desalojo”. Pero subraya que pueden ser tomados en cuenta como una oportunidad de avanzar estrategias sinérgicas entre esas tres claves propias de los OSD (democracia, derechos, desarrollo sostenible), si entendemos otra dimensión de este fenómeno, esta vez positiva. Comprenderlos como estrategia adaptativa o incluso como respuesta a los sistemas formales de exclusión, impuestos por la lógica del mercado respecto a un bien que debería ser considerado como derecho fundamental, el acceso garantizado a la vivienda digna. Coherentemente con ello, hasta ahora la respuesta ha consistido en gran medida en el desalojo de esos barrios y la reubicación de sus residentes en lugares igualmente periféricos.

Y es que,  antes de estigmatizar, hay que entender las causas.

A mi juicio, esta es la clave. L Fahra subraya que la informalidad es resultado de la exclusión sistémica. Y, por tanto, la estrategia debe basarse en erigir una barrera activa frente al paradigma dominante, basado en el predominio de elementos depredadores de un mercado de vivienda que se configura como pieza esencial de ese sistema de exclusión. Para la relatora, “la informalidad es creada y agravada por la imposición de un sistema determinado de leyes, mercados privados, planificación y asignación de recursos que no respeta y viola los derechos fundamentales de quienes no tienen más remedio que recurrir a los asentamientos informales. Se han impuesto sistemas de colonización de tierras y bienes en las relaciones de los pueblos indígenas con la tierra y la vivienda. En los países en desarrollo, grandes sectores de la población son considerados ilegales cuando se alojan como pueden y viven bajo la amenaza constante de ser expulsados de sus hogares por la fuerza.

En los países ricos, la ley no solo impide la construcción de albergues rudimentarios por las personas sin hogar, sino que a veces penaliza incluso los actos de comer y dormir… Las personas que migran a las ciudades en busca de trabajo o que son desplazadas de otros barrios deben crear, mediante los asentamientos informales, un sistema de vivienda subsidiario para satisfacer necesidades apremiantes que quedan sin atender en el sistema formal de vivienda. Los terrenos en la periferia de las ciudades suelen ser los primeros en ser ocupados y a esos ocupantes siguen empresarios informales que atienden las necesidades de agua, saneamiento, electricidad, transporte, alimentos, ropa y otras necesidades básicas”.

La Relatora recuerda que estos asentamientos proporcionan un remedio a la necesidad habitacional de trabajadores y proveedores de servicios de quienes dependen las ciudades. De donde la gravedad de la paradoja de que se vean penalizados, se les nieguen servicios, sufran discriminación generalizada y sean obligados a pagar precios exorbitantes por las necesidades básicas o a privarse de satisfacerlas. Pero destaca también que es erróneo ignorar que con frecuencia los asentamientos informales representan un logro increíble, una profunda expresión de individuos, familias y comunidades que reclaman su lugar y su derecho a la vivienda. Son “hábitats construidos por gente”, que crea hogares, cultura y vida comunitaria en las circunstancias más adversas.

El acto de reivindicar su lugar en las ciudades y construir viviendas desafía la exclusión espacial, la apropiación de tierras y bienes por los ricos sin más fin que la especulación, la colonización de territorios indígenas y las tentativas de las autoridades de volver invisibles a comunidades enteras, negándose a reconocerlas. En su respuesta, los asentamientos informales proclaman: “Aquí estamos” y “no vamos a desaparecer”. Son una forma de ejercicio de los derechos humanos de base comunitaria encabezada por personas sin vivienda, mujeres, víctimas de la desigualdad económica, personas con discapacidad, migrantes y víctimas de la discriminación racial y étnica. El enfoque basado en los derechos debe descansar en el reconocimiento de la dualidad de los asentamientos informales que son, a la vez, violación y reivindicación de derechos.

El nuevo enfoque basado en los derechos humanos para la mejora de los asentamientos informales, se basa en un derecho que reafirma Fahra: el derecho de los residentes a permanecer in situ si es posible, y a ser alojados adecuadamente lo más cerca posible también, cuando la reubicación sea necesaria o preferible. Y ahí es donde el nuevo enfoque entronca con el objetivo 11.1 de los ODS: un enfoque integrado de los derechos humanos centrado en la obtención de vivienda adecuada, en todas sus dimensiones, y en el protagonismo de las comunidades para definir concretamente en qué consiste para ellas la vivienda digna.

Por eso, las recomendaciones de Fahra, sus diez claves, insisten en una recuperación de la clave democrática a escala municipal que, en lugar de la fácil respuesta de castigo, obstrucción y penalización, potencie las sinergias entre las administraciones de las ciudades y las comunidades en cuestión, escuche y de protagonismo a esas comunidades y potencie “nuevos enfoques de la propiedad, la tenencia, la planificación inclusiva e iniciativas legislativas y programáticas innovadoras, y mediante la participación y la rendición de cuentas basadas en los derechos”. Eso exige integrar  el derecho a la participación, el acceso a la justicia, la cooperación internacional y la asistencia para el desarrollo, los problemas ambientales, y la relación entre empresas y los derechos humanos.

“POLITICAS MIGRATORIAS: DE LA NARRATIVA TÓXICA A LAS PROPUESTAS JURIDICAS PRIORITARIAS”, Conferencia inaugural FORO: MOVIMIENTOS MIGRATORIOS. ENFRENTANDO NUEVAS REALIDADES, UNIVERSIDAD DEL ROSARIO, Bogotá, 31 octubre 2018

 

 

 

 

  1. La movilidad humana, fenómeno estructural. ¿Novedades?

Creo que entre los desafíos que debemos abordar para afrontar con éxito los viejos retos y las nuevas realidades y oportunidades que nos plantea la movilidad humana, el primero es éste: reconstruir nuestra mirada sobre el fenómeno migratorio, para aceptar la pertinencia del dictum de Horacio en sus Satirae: quid rides? Mutato nomine, de te fabula narratur. No: las migraciones y los desplazamientos en busca de asilo no son ni un problema de otros, ni una novedad, sino una constante en la historia humana.

Pero es cierto que vivimos una novedad decisiva: la de la toma de conciencia de nuevos rasgos de la movilidad humana, que en buena medida suponen la ruptura de la tradición migratoria, de nuestra representación tópica de las migraciones (siempre en clave sur-norte, cuando empíricamente está demostrado que el volumen fundamental de la movilidad migratoria se produce en sentido sur-sur). Por no hablar de la relación entre las migraciones y el nuevo paradigma económico y social internacional que impone la dimensión tecnoeconómica de la etapa actual de proceso de la globalización (vs inmigraciones tradicionales).

En una palabra, las manifestaciones tradicionales de los movimientos migratorios están cambiando y desapareciendo. Recordaré dos de esos cambios:

* ahora y en el futuro, incluso inmediato, crecerán de forma muy relevante los desplazamientos migratorios relacionados directamente con los factores climáticos, que supera el número de las tradicionales. Migraciones sur-sur

* además, el cierre de mercado de los países desarrollados potenciará ineludiblemente las migraciones clandestinas en diferentes modalidades

 

¿Podemos hablar de nuevos rasgos de los movimientos migratorios entendidos cada vez más en su sentido amplio, las manifestaciones de movilidad humana, y sobre todo aquellas que debemos reconocer como forzadas, y no como expresión de una decisión libre, escogida sin condiciones que fuercen al proceso migratorio?: Creo que hay cierto acuerdo hoy en señalar al menos las siguientes notas:

 

  • Carácter forzada y compleja: el porcentaje más amplio de esos desplazamientos responde a condiciones que obligan a salir del propio país y en sus trayectorias y objetivos suelen converger los que denominamos como aspirantes a refugiados (asylum seekers) y los migrantes forzados (en particular los relacionados con cambio climático). Son movimientos mixtos por diferentes razones, pero con rutas similares: lo comprobamos en la actual “caravana de migrantes” que desde Centroamérica trata de llegar a los EEUU y las rutas en Africa.
  • Masiva (por su número, por el amplísimo contexto común geográfico, social, económico: amenazas medio ambiente, desigualdad radical, carencia de expectativas de vida),
  • Potencialidad para poner en jaque la capacidad de los Estados nacionales para la acogida de esos movimientos. Eso tiene relación con la tendencia creciente a una respuesta punitivo-defensiva
  • Incremento de los elementos de riesgo por parte de los protagonistas de esas manifestaciones de movilidad humana. Frente a ellos, estamos debilitando el standard de derechos y de respeto al Estado de Derecho: muy precisamente estamos convirtiendo las fronteras en espacios de muerte y ausencia de derechos elementales.
  • La militarización simbólica, pero con efectos destructivos: la lógica de estigmatización y criminalización que borra en los migrantes su condición de sujetos de derechos y aun la existencia de un marco legal internacional. Lógica de internamiento y deportación

 

 

  1. Frente a esas nuevas realidades, ¿qué errores hemos cometido en nuestra reacción, en los modelos de políticas migratorias y de asilo?

El primer error a mi juicio, es lo que se ha dado en denominar <narrativa tóxica> sobre las migraciones y los refugiados, como ha reconocido incluso la OIM. En la representación de estos fenómenos, los medios de comunicación, los instrumentos educativos y los instrumentos jurídicos son decisivos. Lo sabemos muy bien los juristas, porque nuestro material de trabajo es el lenguaje. Y en el ámbito del Derecho de extranjería, del Derecho migratorio y de asilo, la manipulación del lenguaje, la creación de categorías e instrumentos conceptuales que transmiten prejuicio, que sacrifican el análisis científico a lo que hoy llamamos fake-news, es sobre abundante. Piensen en ejemplos como la noción evidentemente fobotípica, de inmigrante <ilegal>, la confusión entre retorno, repatriación, devolución y deportación/expulsión, la estigmatización como delito de tráfico de personas de conductas de solidaridad con los inmigrantes, o la aparición de eufemismos como centros cerrados, plataformas de desembarco, hotspots para referirse a centros en los que personas que no han cometido delito son sometidos a la privación de la libertad de circulación. 

Necesitamos análisis fiables, datos contrastados y una estrategia de comunicación sobre las verdaderas realidades, los desafíos reales y los medios con los que contamos: cooperación internacional, responsabilidad compartida: respeto al Derecho, solidaridad y humanidad

Necesitamos revertir la atribución a las migraciones de las características sectoriales (un fenómeno laboral, o económico-laboral) y de su presentación como fenómenos específicos, bilaterales más incluso que regionales. Por el contrario, es necesario dos rasgos de la movilidad humana, su dimensión holística y su carácter global, que deberían imponer, en buena lógica, que las respuestas sean otra cosa que lo que constatamos hoy: políticas sectoriales y aisladas (nacionales) y desde luego, políticas unilaterales, de dominio y explotación de las poblaciones migrantes y de los países que las generan

Hemos de superar de una vez la ignorancia/indiferencia ante el vínculo entre migraciones y desarrollo sostenible. Debemos reconocer que sobre todo en uno de los factores más decisivos de la nueva movilidad humana forzada, la que se vincula con problemas medioambientales, la distinción entre refugiados y migrantes se desdibuja.

 

 

 

3.Insuficiencias y falacias del Derecho migratorio.

 

La mirada dominante en estas sociedades de acogida (las europeas, muy concretamente) es una mirada determinada tanto por las condiciones sociológicas de convivencia, como por la construcción jurídica del estatuto del inmigrante. La construcción sociológica concibe la inmigración como aportación necesaria de fuerza de trabajo y ese es el discurso de legitimación de la llegada de la inmigración: los necesitamos.

Si los necesitamos, no es un derecho de ellos a venir, es una necesidad económica y ello genera una determinada concepción de integración, de la aceptación de su llegada, pero ubicados de forma separada y de su condición de sujetos de Derecho y antes el derecho. Estratificación social: la diferencia como coartada de la desigualdad: pobreza y extranjería

El principal riesgo es el uso político de las migraciones como vector en la competencia política interna en Europa. Un uso que se concreta en la  construcción jurídica, el vínculo social y político que les ofrecemos es demediada: no hay integración porque ni hay igualdad y porque se impone la aculturación como condición de reconocimiento de derechos, porque hay dos déficits de reconocimiento. El primero, el del supremacismo del nosotros, tantas veces teñido de racismo si no al menos de xenofobia. El segundo,el menosprecio a esos otros a y cultura e identidad entendida como causa de retraso, de inferoridad… es la de un status precario, un sujeto siempre inacabado, provisional, desigual.  Las deportaciones…

La mirada determina la percepción y la construcción jurídica del inmigrante (“La saisie juridique de l’inmigré”)

 

 

 

 

 

  1. La regla áurea para políticas migratorias: hay que conjugar derechos, democracia, codesarrollo y desarrollo sostenible, lo que exige responsabilidad solidaria y compartida.

Esa regla aúrea apunta  a los 4 elementos del pacto global y a los 10 principios guía enunciados en su epígrafe 15

  • Focalización prioritaria enfoque derechos y revalorización de los elementos del Derecho internacional de migraciones y de su vinculatoriedad
  • Medios para seguridad de los inmigrantes y de las sociedades concernidas (y de los Estados): legalidad, carácter regular y ordenado. Cooperación en desarrollo humano, democracia y derechos, condición de la cooperación en gestión migratoria: multilateralidad.
  • Reducir la incidencia y riesgos de los inmigrantes forzados irregulares
  • Gestión de las consecuencias de la movilidad en contextos de desastres naturales y hambrunas…

 

 

 

  1. Cinco prioridades inmediatas en Derecho migratorio y de asilo

Para finalizar, quiero señalar cinco medidas jurídicas que me parecen hoy de todo punto prioritarias, en relación con los 23 objetivos (11, 13, 16 y 19) del Pacto global y que, a mi juicio, sirven para ayudar a concretar la valiosa pero un tanto confusa iniciativa de Etienne Balibar sobre <un derecho internacional de acogida> (cfr. https://elpais.com/elpais/2018/09/28/opinion/1538155804_075889.html ):

 

  • Asegurar los derechos en el tránsito de fronteras, comenzando por el derecho a defensa y a un proceso debido. También en los procesos de retorno, readmisión, y en el monitoreo de ese retorno. Mecanismos de accountability
  • Fin del uso de la detención como mecanismo generalizado de control migratorio. Medidas alternativas (objetivo 13)
  • Medidas efectivas de protección de sujetos vulnerables: mujeres y menores no acompañados
  • Medidas de protección contra todas las formas de discriminación, contra los delitos de odio (relacionados con racismo y xenofobia)
  • Medidas de acceso efectivo de los inmigrantes, con prioridad para los MENAS (menores migrantes no acompañados): educación y sanidad.

“Carmen Alborch: una Universitaria”, El País, cultura: https://elpais.com/cultura/2018/10/28/actualidad/1540742358_184083.html

Confieso que en estos días practico una forma quizá un poco particular de duelo -seguro que les pasa a otros- que consiste en leer cuanto se escribe sobre Carmen Alborch. Y confieso también que no sé a que carta quedarme. Bueno, si me perdonan la falta de pudor, personalmente lo tengo claro: me guardo la del privilegio que he disfrutado, el de su amistad. Pero me refiero a qué carta, qué dimensión destacar, para hablar de eso que llamamos <legado>, el legado de Carmen.

No es por un prurito de originalidad, ni por un resorte gremial, por lo que he elegido apartarme de lo que me parece que, con toda la mejor intención del mundo, es una forma habitual de hablar de Carmen: sí, fue una persona que impactó en el mundo académico, como primera directora del Departamento de Derecho Mercantil y como primera Decana de la Facultad de Derecho de la Universitat de València. Claro, todo el mundo lo subraya, como se menciona siempre la medalla de la Universitat, que recibió el año pasado. Pero diría que, en general, el ritornello cuando se habla de Carmen consiste en añadir de inmediato: pero fue más, muchísimo más…

¿Y cómo negarlo? La lista de cargos de relevancia social y política que desempeñó a lo largo de su vida es más que conocida y me exime de su enumeración. Y en muchos de ellos fue la primera mujer. Fue quien abrió camino a otras y sobre todo quien se empeñó en hacer ese camino con otras y no sólo con otros, como era habitual. Por esa razón, he leído de nuevo afirmaciones que la realzan destacando que no se quedó en la Universidad, sino que traspasó su personalidad, su modo de hacer, su influencia, a muchos otros ámbitos, del arte a la política, de ésta a la literatura, siempre con la convicción feminista. Y del mismo modo, se insiste, traspasó el ámbito de la ciudad que consideraba suya, Valencia, para destacar “en Madrid” (se sigue escribiendo esto como un logro…Vds verán) y en el mundo mundial. Y es verdad: Carmen supo llevar su carácter como emblema que la convirtió en una personalidad social, que tiene un hueco propio en nuestra historia reciente. 

Con todo, en estos días, cada vez que leía estas afirmaciones, sin duda ciertas, que proyectan el legado de Carmen sobre todo más allá de la Universidad, sentía un punto de incomodidad. El mismo que me había inquietado en alguna ocasión en la que me hizo el regalo de “presentarla” o, como diría un amigo, de ser su <telonero>. ¿Fué realmente sólo una etapa y corta, aunque brillante, la de su paso por la Universidad? ¿“Superó” de esa manera Carmen el tópico del profesor que, por destacado que fuere, deja como legado de su docencia e investigación, por fuerza, según se nos dice,  una huella reducida? No lo veo así y daré tres razones.

En primer lugar, porque ese legado de los profesores universitarios no se queda jamás en las paredes de las aulas y en el reducido número de los lectores de sus trabajos. Pese al descreimiento inevitable de quien lleva más de cuarenta años en ello, sigo pensando que la docencia universitaria es un motor social potencialmente poderosísimo y no tanto por el número real, más o menos importante, de quienes fueron estudiantes de Carmen en sus relativamente pocos años como profesora, sino por el efecto multiplicador que esa tarea consigue crear cuando se hace con pasión, como ella hacía y como seguro transmitió y dejó huella en no pocos de ellos que así, por fuerz, lo habrán pasado a muchos otros.

En segundo término, porque lo que Carmen aprendió como investigadora le sirvió, como a cualquiera de los que tratamos de investigar, como un marco de ideas e inquietudes, de preguntas y de intentos de respuesta que le permitió afrontar mucho mejor los retos que osó abordar en la gestión cultural, en el arte, en la literatura, en la política, en la vida. Por eso me parece un error pensar que su formación como jurista, como especialista en Derecho mercantil, aunque se interrumpiera relativamente pronto, fue algo menor en su biografía.

Y finalmente, porque conozco pocos ejemplos como el de Carmen en cuanto a la tarea de transferir conocimiento a la sociedad, para abrir caminos, insisto, para impulsar el progreso social, para mejorar la vida de las ciudadanas y los ciudadanos reales. Eso que nuestro admirado ministro Duque, en un lapsus que esperamos que corrija, quiere reconocer con el sexenio “tecnológico”, como si la única transferencia que se hace desde la Universidad fuera en ese ámbito.

Así que, si quieren saber qué tiene que hacer alguien que se dedique a la Universidad, ahí está el ejemplo de Carmen. Porque si no ponemos lo mejor de nosotros en esas tres tareas, no sé que hacemos en eso que sigue llamándose Universidad. Pero si las hacemos bien, somos mucho más que profesores: contribuimos a que la vida de los otros sea mejor.

 

 

LIBRES HASTA EL FINAL. Un punto de vista intempestivo sobre el derecho de todo ser humano a decidir poner fin a su vida. Infolibre, 24 de octubre de 2018

 

Aún es intempestivo reivindicar el derecho a la propia muerte

Voy a proponer en lo que sigue algunas consideraciones, probablemente intempestivas, seguro que políticamente inoportunas, sobre lo que considero el debate radical que queda oculto tras la actual discusión en torno a la despenalización de determinadas prácticas eutanásicas y de suicidio asistido, e incluso sobre el proyecto de ley del grupo parlamentario socialista que reconoce –por fin!- el derecho a la eutanasia.

Porque, sin negar los muy positivos avances que representan unas y otras, creo que no van a lo que a mi juicio es la raíz: el derecho original de todo ser humano a decidir sobre aquello que es más importante, nuestra propia vida y su final. Un derecho que por ahora es sólo, claro, una libertad (“no existe en la Constitución un derecho a morir”, nos recuerdan los ortodoxos juristas y políticos). Un derecho por cuyo reconocimiento pugnamos no pocos, y que corresponde a todos, se esté o no en algunos de los supuestos “legalizados”, se pertenezca o no a alguno de los dos grupos de personas reconocidos en ese buen proyecto, esto es, enfermos en fase terminal; graves discapacitados permanentes. Sólo esos supuestos, en efecto, justifican reconocer como un derecho la decisión de poner fin (las más de las veces,  de ayudar a poner fin) a la vida, de forma dulce, esto es, digna, que eso es la eutanasia. Un avance, desde luego, en la lucha por evitar tener que pasar por el sufrimiento y, menos aún, por la crueldad que supone la imposición a toda costa de su prolongación, algo a lo que intentan responder las diferentes modalidades de reconocimiento del derecho a los cuidados paliativos, la barrera en la que se detienen C’s y PP y también la iglesia católica.

Me atrevo a utilizar esa expresión nietzscheana, Intempestivas. Entre 1873 y 1876, publicó Nietzsche los volúmenes que componen sus Unzeitgemässe Betrachtungen, Consideraciones intempestivas, una feroz diatriba de la cultura oficial (alemana), guiadas por lo que él mismo considera el <proceder intempestivo>, esto es, “proceder en un sentido contrario al espíritu contemporáneo y, con ello, surgir un efecto sobre él y los tiempos futuros”. Lo intempestivo, como se ha escrito, busca “quebrar la temporalidad de lo actual como afirmación exitosa, como festejo de la realización del devenir de la historia”.

Pues bien, sin pretensión alguna de comparación con el genio y la ambición del filósofo alemán, lo que impulsa estas líneas es ese objetivo: abandonar de una vez la autocomplacencia acerca del triunfo del espíritu civilizado de estas reformas. Ir a la raíz.

Hay mucho que decir sobre los diferentes proyectos presentados en esta legislatura y que inciden en los cuidados paliativos y el derecho a la eutanasia, desde la iniciativa legislativa de Unidos-Podemos en la que se estaban manifiestamente presentes las tesis de la Asociación DMD y del Grupo de Estudios de Política Criminal, un proyecto del que en buena medida es deudor el socialista, la del Parlament de Catalunya para la reforma del artículo 143.4 del Código Penal, o la de C’s sobre los cuidados paliativos, hasta llegar al escandaloso plagio legislativo en el que ha incurrido el PP al presentar su enmienda a la totalidad del proyecto impulsado por el Gobierno. Sobre todo ello, puede leerse este artículo de Victor Alonso Rocafort  (https://ctxt.es/es/20170517/Firmas/12788/eutanasia-parlamento-Ciudadanos-PSOE-PP-Unidos-Podemos-Victor-Rocafort.htm). Reconozco que el proyecto de ley que reconoce el derecho a la eutanasia y que impulsa el Gobierno Sánchez es un avance muy positivo (aunque mejorable): ojalá se mejore en el trámite parlamentario y se apruebe .

Pero si escribo es para argumentar que incluso este proyecto de ley que reconoce el derecho a la eutanasia deja filosóficamente casi intacto el paternalismo que supone la sumisión de nuestra decisión sobre aquello que nos es más propio, la propia muerte, al control por parte de sabios, especialistas, clérigos y demás representantes de <la autoridad>.

 

 

Tres tesis sobre la coherencia de este derecho originario con la lógica de los derechos, del estado de derecho y de la democracia

Frente a eso, creo que es hora de que reivindiquemos coherentemente y de una vez el viejo ideal de autonomía, sin el cual, conceptos tan venerables como frecuentemente vacíos o redundantes tales como el de <dignidad humana>, son poco más que retórica que tantas veces se pone al servicio de decisiones que, de hecho, son incompatibles con esa dignidad. ¿Acaso no es la suprema indignidad tener que someterse a la decisión ajena sobre la única elección verdaderamente nuestra, la de la propia muerte?

Lo expondré a través de tres tesis que me parece están en consonancia con el argumento básico expuesto de forma concisa y brillante por Javier Pérez Royo en su artículo “derecho a la propia muerte” (https://www.eldiario.es/zonacritica/Derecho-propia-muerte_6_826327376.html). Esas tres tesis tratan de razonar que el desarrollo coherente de la cultura de los derechos humanos, del Estado de Derecho y de la idea misma de democracia, postulan el reconocimiento de este derecho básico.

 

 

Primera tesis: el derecho al libre desarrollo de la personalidad, y con ello, la dignidad de la persona, es el fundamento del derecho a decidir sobre la propia  muerte, que va más allá de la obvia libertad de elegir morir. Se trata de un derecho que debe ser reconocido como tal derecho humano de rango fundamental.

Formulación negativa:  No hay un desarrollo pleno y coherente de la cultura de los derechos humanos, si no se incluye este derecho a decidir la propia muerte

El primer argumento que, a mi juicio, justifica jurídicamente –quiero decir, constitucionalmente- la consideración del derecho a decidir  sobre la propia muerte como derecho fundamental, es que se trata, probablemente, de la manifestación más relevante del libre desarrollo de la personalidad, proclamado en el artículo 10 como fundamento del orden político y de la paz social. Me remito a  una tradición filosófica de larga data. Basta recordar el dictum de Sófocles: “quien sigue apegado a la vida en la desgracia, o es un cobarde o es un estúpido”, que encuentra desarrollo en el estoicismo romano de los Séneca (“La cosa mejor que ha hecho la ley eterna es que, habiéndonos dado una sola entrada a la vida, nos ha procurado miles de salidas”, escribe en las Epístolas morales a Lucilio) o Marco Aurelio. En esa tradición es ineludible referirse al ensayo de Hume, On Suicide (1790), pasando por los argumentos de Schopenhauer (1891), “es bastante obvio que no hay nada en el mundo para el que cada hombre tenga un título más irrebatible que su propia vida y persona”, la concepción de libertad y daño de J.S. Mill en On Liberty (1859), hasta llegar al planteamiento de Camus, que sostiene que la libertad no es tal si no lo es en el test, por sí decirlo, supremo: el del derecho a decidir (sí, el más genuino derecho a decidir, por así decirlo) sobre al propia vida, sobre su final. Decidir sobre las cuestiones que afectan de modo más relevante a mi propia vida, eso es la libertad, eso es la dignidad. Y entre esas cuestiones, ¿qué duda cabe que se encuentra la de la propia muerte?

 Creo que desde el punto de vista filosófico-jurídico podemos vincular el fundamento de esas tesis con la noción misma de autonomía de la voluntad, que otros calificarían jurídicamente como el derecho a decidir sobre el propio plan de vida. Y es obvio que este es el fundamento deontológico de lo que denominamos derechos humanos. Pero eso exige dos precisiones.

La primera es algo que, por evidente, a veces queda oculto. Me refiero a lo que entre otros, ha señalado mi colega el profesor J.C Carbonell cuando critica a mi juicio con razón, una parte de la jurisprudencia constitucional sobre esta cuestión. En efecto, no tiene ninguna racionalidad contraponer en bruto dos derechos como el derecho a la vida y el derecho a la muerte. La muerte es un hecho inevitable: nuestra única certeza (puesto que sabemos que, al menos para algunos, es posible evitar el deber de pagar los impuestos, la otra presunta certeza). No hablamos del derecho a la muerte, y menos todavía de la apología del suicidio sin más. Hablamos del derecho a elegir la muerte digna, como último acto de libertad.

Y en segundo lugar, no conviene convertir el derecho a la vida (condición ontológica de los derechos, sí) en un derecho sagrado, absoluto o en un imperativo categórico, un deber absoluto y sagrado, indisponible: sólo quienes adopten una determinada posición trascendente (no la única) u holista pueden sostener que el dueño de ese derecho no es  el propio sujeto, sino Dios, o la especie/grupo social/la sociedad, ante quienes tendríamos el deber de mantener la vida sin disponibilidad de nuestra parte. Ambas dos justificaciones son criticadas por Hume con toda claridad cuando escribe…

Pues bien, como han destacado notables juristas, una interpretación integradora de vida y libertad y, por tanto, una interpretación del artículo 15 a la luz del libre desarrollo de la personalidad, obliga a considerar que la vida es un derecho, no un deber. Es eso lo que nos explica Séneca cuando escribe “no se trata de huir de la vida, sino de saber dejarla”. Como reconoció la Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de abril de 1985, debe recordarse que la vida no es en ningún caso un imperativo incondicionado, porque como también ha recordado el TC, desde la más elemental consideración jurídica que fuera recordada por Kant, la noción de derechos –y la de deberes- absolutos es una contradicción en los términos, pues hace imposible la libertad individual, los derechos de los otros, el Derecho mismo.

Por supuesto que el elemento que justifica este enfoque en la perspectiva filosófico jurídica, como ya sugerí antes, es el argumento liberal de J S Mill en su muy relevante ensayo On Liberty, acerca de la justificación de la interferencia del poder, del Derecho, en el ámbito de la libertad individual. Como recordarán, no es otro que la noción de daño: pero no cualquier daño, sino un daño relevante y mayor que el de la limitación de la libertad. Y la pregunta es ¿cuál es ese daño, o, para expresarnos en términos jurídicos, cual es el bien jurídico dañado -y más relevante que la libertad individual- a la hora de no reconocer la regulación de la eutanasia como derecho y aun penalizarla? Confieso que no lo encuentro: creo evidente que ni el daño indiscutible que puede ocasionar a terceros su pérdida, ni la pérdida de la vida como un bien indiscutible pueden justificar a mi juicio el daño que se ocasiona al bien jurídico deontológicamente prioritario que es la libertad individual (la vida lo es ontológicamente, pero no deontológicamente). Un daño peor que el daño a terceros, a la sociedad, a la vida.

Porque, insisto, hablamos de un derecho, y no de un deber que se impone como imperativo categórico ajeno a la voluntad del propio sujeto. Esa concepción puede justificarse desde determinadas visiones morales o religiosas, pero jurídicamente hablando es una manifestación de lo que los iusfilósofos denominamos paternalismo no justificado, por incompatible con la autonomía moral y jurídica individual.

 

 

Segunda tesis: el derecho a decidir sobre la propia muerte es un derecho imprescindible desde la coherencia con la lógica del Estado de Derecho, con su lógico desarrollo, y con la noción garantista de la libertad que éste supone.

Formulación negativa: no hay Estado de Derecho pleno y coherente sin el derecho a decidir sobre la propia muerte..

Si el Estado de Derecho tiene un fundamento, una línea roja que podemos descubrir como elemento de sentido que lo hace preferible es precisamente éste: el compromiso de reconocer a la persona como dueña de su destino y respetarla en lo que vale su dignidad. Porque, como asegura el propio texto constitucional,  sin dignidad de la persona,  el Estado de Derecho carece de sentido.

Vuelvo a recordarlo: cuando nuestra Constitución define qué tipo de Estado y qué orden social institucionaliza, cuando quiere formular su núcleo, su fundamento, lo hace de forma inequívoca en su artículo 10: el libre desarrollo de la personalidad, es el fundamento del orden político y de la paz social.

El Estado de Derecho surge precisamente para proteger la libertad individual, radical y deontológicamente superior, previa, a la acción de poder al que sólo le otorgamos competencias limitativas de la libertad cuando se cumple, como también he recordado, la limitación formulada por ese paradigmático liberal que fue Mill. Prohibir esta manifestación de libertad, cuando hablamos de la elección libre de lo que uno considera muerte digna, es un abuso de poder, precisamente el mal frente al que se alzan el concepto y la arquitectura institucional del Estado de Derecho.

Eso es, por cierto, lo que me parece criticable en el indiscutible paso positivo que supone el proyecto de ley de eutanasia que impulsa hoy el grupo parlamentario socialista. Para el ejercicio del derecho a la eutanasia que, insisto, no es el derecho por el que abogo en estas páginas, proyecto de ley, incurriendo a mi juicio en un exceso de precaución que revela un fondo paternalista, establece la supeditación de la decisión al juicio apriorístico de una Comisión, a la que se atribuye competencia para decidir sobre un concepto plausible en principio, pero que me parece peligrosamente próximo a los conceptos jurídicos indeterminados, de tanto riesgo cuando hablamos de garantías de los derechos humanos, como es el de “valores vitales” (“conjunto de convicciones y creencias de una persona que dan sentido a su vida y que sustentan sus decisiones y preferencias  en los procesos de enfermedad y muerte”), recogido en el apartado 8 del artículo 3. No discuto la oportunidad de una Comisión de control y evaluación, pero creo que su función debe ser la de mera fedataria de la concurrencia de los requisitos que la ley disponga para el reconocimiento del ejercicio de este derecho.

 

 

Tercera tesis: el derecho a decidir sobre la propia muerte es un derecho imprescindible si hablamos de lógica propia de la legitimidad democrática.

Formulación negativa: no hay democracia plena y coherente sin este derecho.

La democracia es sobre todo democratización de la política: esto es, igualdad en las libertades que, ante todo, son libertades individuales. La democracia parte de considerar que el sujeto del poder es el pueblo, esto es, todos y cada un de los ciudadanos en condiciones de igual libertad. Y la democracia es el antídoto del discurso del miedo y de la minoría de edad. Las razones de la eutanasia como derecho son las de la libertad igual, la de ausencia de minoría de edad o tutelaje, las del respeto a la irreductible dignidad de cada uno de los ciudadanos . Aquí valen de nuevo las tesis de Mill y las de Hume: “es imposible que surjan en un pueblo las artes y las ciencias que nos liberan de la superstición si ese pueblo no cuenta con un gobierno que respete la libertad”.

En el fondo, la democracia es la lógica consecuencia política del ideal de emancipación, de autonomía, que, siguiendo las huellas de los estoicos y de los humanistas del Renacimiento (de Erasmo a Montaigne), propusieron los ilustrados -véase el Qué es Ilustración, de Kant-, aunque no se atrevieran a dar ese paso. La democracia es la respuesta al discurso político de la minoría de edad que hace de los seres humanos súbditos y no ciudadanos, el discurso del miedo la ignorancia, la superstición y el engaño, el discurso de la desigualdad del cerdo Napoleón en Rebelión en la granja (<todos los animales somos iguales pero unos somos más iguales que otros>) , el discurso paternalista que justicia la mentira y el engaño al pueblo por su propio bien. Y no: no necesitamos guías ni padres, ni salvadores que nos impongan lo que debemos hacer. Tampoco –y lo digo desde el máximo respeto- filósofos, médicos o clérigos que decidan por mí sobre el final de mi vida.

Me gustaría explicarme bien, para que se me entienda: no digo que el ejercicio de este derecho deba quedar exento de regulación, en aras de las garantías. Sostengo lo contrario, porque no creo en derechos absolutos y porque soy consciente de los riesgos. Pero no acepto que este sea un derecho cuyo ejercicio sólo pueden reclamar enfermos terminales o personas gravemente discapacitados: deben adoptarse todas las precauciones necesarias (por tanto, este no es un <derecho anómico>. Como todos, debe ser regulado para adoptar eficazmente las precauciones necesarias que eviten cualquier forma de abuso y debe disponer de la garantía última, que en Derecho es la decisión de un juez independiente sobre el ejercicio del derecho así regulado. Pero esas precauciones no pueden ser tales que supongan de hecho la supeditación de la libre voluntad a la voluntad de otros. Por eso, tampoco acepto que la última palabra sobre mi vida la tenga una comisión, por sabios y buenos que sean sus miembros.

 

No he ocultado que, con mejor o peor acierto, subyace a estas páginas el deslumbrante comienzo de “El mito de Sísifo” de Camus, donde leemos “No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio y es el suicidio”. Y soy consciente, por tanto, de su complejidad. Más aún, desde luego, de la prudencia exigible a la hora de argumentar por el reconocimiento del derecho a la propia muerte. Ese ejercicio de la prudencia es el privilegio que nos otorga la razón, tal y como nos recuerda perennemente Marco Aurelio: “una de las funciones más nobles de la razón consiste en saber si es o no, tiempo de irse de este mundo”.

 

CARMEN, EL EIFJAFJALLA Y EL CABAÑAL. Cartelera Turia, 26 de octubre de 2018

In memoriam, Carmen Alborch

Los amigos de la Turia me regalan este espacio para escribir sobre Carmen Alborch. En estas horas, he leído un aluvión de artículos, crónicas, entrevistas y recuerdos de amigos y compañeros que compartieron proyectos, aventuras y también  algún descalabro por, con, cabe Carmen. Así que he pensado dedicar estas líneas, no a tratar de definirla o evocarla, como han hecho y harán mejor otros, sino a contar una pequeña historia en la que, claro, se puede ver quién era Carmen. Una vez más, la he recuperado gracias a la memoria viva y a los archivos inagotables de mi amigo Jesús Olavarría, uno de sus “hombres favoritos”, como le llamaba Carmen.

Por mediación de Jesús, había conseguido que Carmen accediera a dar una conferencia en el Colegio de España, en Paris, entre las actividades del 75 aniversario del Colegio, para hablar de su libro La ciudad y la vida, publicado a finales de 2009. Carmen prefería no considerarlo un libro de memorias, sino de vidas entrecruzadas o, mejor, “un libro de pasiones”, de pasión por Valencia (la Valencia de la Universidad, la cultura, la amistad, la política…), porque tenía la capacidad de vivir con pasión, de transformar en pasión todo lo que afrontaba y contagiar de ello a quienes le rodeaban.

Acompañada por Jesús, que la presentó, Carmen nos habló de esas vivencias, pasiones y proyectos, entrelazando ciudad, política y vida, el jueves 15 de abril, poco después de que acogiéramos un programa de H25 con Angels Barceló y de un concierto de Raimon. El mismo día cenó entre otros con su amigo José Guirao: los valencianos y asimilados ocupábamos Paris!

Y entonces se cruzaron las cenizas del volcán islandés, Eyjafjalla, que obligaron a anular 5000 vuelos, y una huelga de trenes, la enésima contra Sarkozy. No había manera de salir de Paris el día 16: no hubo forma tampoco de encontrar un coche de alquiler en todo Paris: agotados. Pero Carmen quería estar el sábado en una manifestación en El Cabañal el 17 y luego participar en una demostración de globos aerostáticos. Como quería, tenía que ser posible. Nos movilizó para encontrar solución y al fin Irene tuvo la idea de buscar una agencia de alquiler fuera de Paris, et voilá! Desde una pequeña agencia a  30 kms al norte, Jesús, Carmen y yo emprendimos ese viaje, casi sin paradas y lo que es peor, como diría Consuelo, conmigo al volante (eso sí que fue una prueba de amistad ciega) hasta Valencia. Carmen estuvo con la gente de  El Cabañal y luego subió al globo.

Jesús me envió ayer los emails que les mandé con las prosaicas cuentas de los gastos de ese viaje que prorrateamos (peajes,  aguas, bocatas, gasolina) y uno suyo recordándome que no había incluido la multa que nos pusieron por circular a demasiada velocidad por el viaducto de Millau. Cómo nos reímos!! Y así fue como consiguió Carmen vencer al Eyjafjalla y cumplir con sus amigos y vecinos de Valencia. Como siempre: con lucha y alegría.

 

 

 

 

EL NUEVO TRAJE DE NUESTRAS UNIVERSIDADES. Sobre transparencia, democracia y Universidad. (El País, C.Valenciana, 9.10.2018)

El empeño del Govern del Botánic por hacer de la transparencia uno de los rasgos definitorios de su proyecto político es un acierto, porque sin transparencia no hay democracia o, en todo caso, de muy baja calidad. Entiendo por transparencia la reformulación por Habermas del principio kantiano de publicidad (“son injustas todas las acciones que se refieren al derecho de otros hombres cuyos principios no soportan ser publicados”): la democracia, sostiene Habermas, requiere institucionalización de la publicidad, como garantía del control por parte de los ciudadanos (los soberanos) sobre el ejercicio del poder. Así, la publicidad conecta con las exigencias de información (clara y accesible a todos), participación (de todos) y control, y deviene en el requisito de transparencia.

Es así, porque en democracia sucede lo contrario del planteamiento propio del ancien régime. En éste, el prestigio del rey no reside en su transparencia, sino en su condición sacral, separada, inaccesible al pueblo. En democracia, la auctoritas tiene relación directa con la disposición abierta a la mirada que desnuda los actos del poder. Como enseña el cuento de Andersen, El traje nuevo del Emperador, hay que verlos desnudos, porque es como se puede comprobar si el poder cumple con lo que quiere el pueblo.

¿Cumplen las Universidades con ese principio de transparencia? ¿Deben quedar al margen, o modular esas exigencias, en aras de su independencia, su autonomía? A mi juicio, las universidades han de ser por definición abiertas: su información debe ser asequible y las instituciones que representan a todos los ciudadanos deben poder tener los elementos necesarios para ejercer la crítica sobre su funcionamiento, al menos ahí donde se invierten recursos público, las universidades públicas.

Hemos avanzado en ese requisito. Pero queda mucho por hacer. Por ejemplo, como ha señalado el colectivo UNIDIGNA (www.unidigna.org) hay déficit de transparencia en la selección y promoción del profesorado (y también del personal de administración y servicios). No por ocultación, sino por el procedimiento que nos enseña La carta robada, de Poe: por exceso de luz y de datos y por orientación interesada del foco de visibilidad (lo que en magia se llama misdirection y en cine un macguffin).

Un ejemplo: la evaluación del profesorado pasa por aplicaciones informáticas que impiden en realidad la publicidad del acto de examen y la demostración de capacidades. Es el sistema imperante, que valora lo publicado según el medio de publicación (en razón de su impacto): revistas indexadas en JCR y Scopus. El problema es que esos índices de impacto no son -como algunos piensan ingenuamente- entes de razón, sino instrumentos que refuerzan la posición hegemónica en el mercado de multinacionales como Clarivate (a través de su producto Web of Knowledge) o Elsevier (dueña de Scopus). Claro, esos indicadores son públicos, pero ¿alguien puede hablar de evaluación transparente cuando el evaluador no lee ni una página del contenido, ni su autor tiene la posibilidad de exponerlo y defenderlo públicamente en el acto de evaluación? Una Sentencia del TS de junio de 2018 ha invalidado ese sistema y exigido que ANECA lea el contenido de lo que evalúa. Pero el Ministerio de Pedro Duque de momento se niega a aceptar que eso pueda ir más allá de la validez del caso concreto juzgado.

Podríamos hablar de la falta de transparencia en la adjudicación de subvenciones y proyectos (críticas reiteradas hacia la ANECA pero que, en el caso de la CV, se pueden redirigirse a la AVAP). O en las Fundaciones o entidades instrumentales (ADEIT, OTRI) que han creado las Universidades para realizar actividades que antes eran ejercidas por sus organismos estatutarios bajo mecanismos de control sencillo y accesible. O de la dificultad de participación real y control de la información institucional en las tan iluminadas como autocomplacientes páginas web…

Sí. Todavía al ver la ceremonia de tradición multicentenaria y los coloridos ropajes que resaltan la condición de élite de sus miembros, es posible que el niño señale que la Universidad va desnuda y que su pretendido nuevo traje oculta con dificultad algunas de sus vergüenzas.

UN PELIGROSO SILENCIO. La autonomía universitaria debe ser una garantía en democracia, no una barrera, El País, 26 09 2018

 

 

El goteo incesante de informaciones que desvelan irregularidades de grueso calibre en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), unido a la utilización partidaria de dossiers académicos de políticos relevantes, ha permitido construir debates que cumplen con todas las características de la cortina de humo.

De un lado, han servido para desviar la atención, incluso en sede parlamentaria, sobre las necesidades reales de los ciudadanos, la verdadera prioridad política. De otro -y es lo que me interesa señalar aquí- malgastan una oportunidad para analizar y tratar de dar respuesta a los problemas de una institución sin la que no es posible ni el progreso ni el bienestar de ninguna sociedad, la Universidad. Salvo que pensemos, claro, que la Universidad española vive en el mejor de los mundos posibles. Puede que le parezca raro a algún lector, pero les aseguro que ese es el mensaje que las máximas autoridades universitarias repiten como un mantra. En estas páginas lo habrán leído de boca del ministro y del presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades españolas (CRUE). Todo se resuelve con dos recetas: se trata de <incidentes aislados> (echemos mano de la estadística) y, en todo caso, no nos toca, porque la autonomía universitaria nos prohíbe actuar: dejemos actuar a la propia Universidad (¿??) y/o a los tribunales de justicia.

Lo más llamativo en este asunto es precisamente esto, ese <no toca> que es una omisión de responsabilidad, académica y política. Los universitarios, los ciudadanos, sufrimos desde hace meses el ruido, la indignación y el desánimo que producen los abrumadores indicios de colonización de una Universidad pública por intereses ajenos. Esa grosera instrumentación que sucede en la URJC y no sólo desde un partido (el PP de Madrid) que la ha usado y abusado de ella a su antojo, sino por parte de empresas y particulares, no es posible sin la complicidad, activa o por omisión, de las autoridades académicas y de sus instancias de control. Los viajes turísticos desde Italia para obtener títulos son sólo el penúltimo detalle de este escándalo.

El silencio de nuestras autoridades universitarias es una opción aparentemente avalada por el principio de autonomía universitaria. E incluso hay quien puede añadir que el ruido y la furia circunstanciales son el peor escenario para discutir a fondo problemas como los señalados, o los de la precarización del profesorado, la inadecuación y opacidad de las agencias encargadas de la selección del mismo y del control de la calidad de los títulos, el abandono de la investigación en las Universidades so pretexto de primar las verdaderas casas y semilleros de ciencia e investigación, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y los Organismos Públicos de Investigación (OPIS).

Esa opción por el silencio contribuye –evidentemente, malgré soi– a extender la sospecha ante preguntas legítimas que se hace la opinión pública: ¿Sólo son problemas de esa Universidad? ¿Es suficiente garantía la arquitectura de gobierno de las Universidades, con el Consejo Social como pieza destacada, para evitar esos riesgos, o los propicia? ¿En qué medida el diseño de grado y masters, so pretexto Bolonia, abocó a la transformación del mundo universitario en un microcosmos de <emprendidurías> a la búsqueda desesperada de clientes y financiación, abandonando exigencias mínimas de su condición de servicio público, al menos si hablamos de esa especie en peligro de extinción que es el modelo de universidad pública que se intentó construir en la transición?

Pues bien, sin entrar a fondo en la discusión de la interpretación constitucional del principio de autonomía universitaria enunciado en el artículo 27.10 de la Constitución (¿una garantía institucional o un derecho fundamental?), perfilado en sentencias del TC (por ejemplo, 26/1987, 130/1991, 103/2001, 223/2012) y sobre el que existe una amplia bibliografía académica incluida la que lo considera como un <mito> propio de otro contexto histórico, hay algo que me parece claro. Ese principio no puede servir en ningún caso para obstaculizar otro principio aún más básico, en la Universidad y en democracia. El de transparencia, el principio kantiano de publicidad reformulado por Habermas en un viejo ensayo que fue su disertación para la cátedra. La comunidad universitaria, la comunidad científica, no tiene sentido sino como comunidad abierta a la libre discusión. Y la democracia misma no puede existir sin la institucionalización de la publicidad de las decisiones públicas, como garantía básica del control por parte de los ciudadanos, los soberanos, de ejercicio del poder que llevan a cabo los servidores públicos.

En ese sentido, el bloqueo en la Mesa del Congreso de una iniciativa para la comparecencia de los rectores y exrectores de la URJC, con pretextos propios de un reglamentismo más parecido a la piratería parlamentaria que a la voluntad de transparencia y abusando así de una pintoresca interpretación del principio de autonomía universitaria, señala el mal camino. Quizá se corrija parcialmente en la Asamblea de Madrid, donde se anuncia la creación de una comisión de investigación ad hoc. La tentación de cerrar filas y bloquear o posponer la inmediata y transparente investigación y rendición de cuentas es la peor decisión posible si se quiere defender ese bien social, político y jurídico que es la universidad pública. La CRUE no puede seguir ignorándolo.

 

Javier de Lucas es catedrático de Filosofía del Derecho y director del Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València.