Acerca de Javier de Lucas

catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política Instituto de derechos humanos Universitat de Valencia javierdelucas1@gmail.com

ENLACE A LA CONFERENCIA DE LUIS GARCIA MONTERO EN LA INAUGURACION DEL MASTER DE DERECHOS HUMANOS, DEMOCRACIA Y JUSTICIA INTERNACIONAL

El martes 26 de octubre, el poeta y profesor Luis García Montero inauguró el master y el doctorado “Derechos humanos, Democracia y Justicia internacional”, en La Nau, con una espléndida conferencia sobre <Los derechos humanos. Más que una causa>. Para muchos de nosotros, una lección extraordinaria de filosofía política y jurídica, además de un texto de belleza indiscutible.

Aquí, el enlace que proporciona la Universitat de la grabación:

https://wetransfer.com/downloads/dc55611d3e2d7d3434553a855c670c9e20171030090148/ff24c4d780841c2d93386d2ef304d25820171030090148/3f946c

 

DIEZ REFLEXIONES SOBRE LOS ENCARCELAMIENTOS DEL 2 11 Y SUS CONSECUENCIAS (Infolibre, 5.11.17)

El debate que el pasado 2 de noviembre alcanzó giros que en algún momento, a mi juicio, caían en lo melodramático por exageradamente trágicos (a mí, con todo respeto, me pareciósobreactuada la actuación de la diputada Marta Rovira, llorando y lamentando la decisión de -recordemos-prisión provisional como una amenaza contra Cataluña de proporciones apocalípticas, mientras clamaba por la resistencia a lo Masada), tiene origen inmediato, como es sabido, en cuatro decisiones judiciales, dos del Tribunal Supremo (un auto previo de 30 de octubre de la Sala de lo penal del que fue ponente el magistrado Marchena y otro, el del día 2, del magistrado instructor Llarena), y dos de la magistrada Lamela, de la Audiencia Nacional (uno en  el que dicta prisión provisional incondicional contra el exvicepresidente del Govern, Sr Junqueras y otros miembros del Gobierno que comparecieron ante la justicia y otro en el que dispone prisión provisional eludible mediante fianza de 50.000 euros para el ex-conseller Santi Vila, que dimitió de su cargo por no estar de acuerdo con la declaración unilateral de independencia, poco antes de que ésta se produjera y que también compareció).

De entrada, como se ha subrayado, leídos los cuatro autos, hay cierta unanimidad al sostener que habría sido deseable que la muestra de sindéresis exhibida por los magistrados Marchena y Llarena hubiera tenido eco en la magistrada Lamela. Aún sería posible que, al tratarse de los mismos delitos, finalmente las causas se unificasen en el TS, que ha actuado, de momento, con esa prudencia jurídica más plausible. Primero, en el auto del magistrado Marchena que abrió el paso a la calificación penal de los hechos como conspiración para la rebelión. Después, en las decisiones del magistrado Llarena, que aplazó la declaración una semana ante la petición de los abogados de suspender la comparecencia para poder ejercer el derecho de defensa con más tiempo y mejor preparación.

 

Las dos decisiones de la magistrada Lamela, antes incluso de su lectura detenida (como sucede en nuestro tiempo instantáneo, en el que las redes opinan sobre rumores, antes incluso de que se tenga constancia de lo acontecido), provocaron una reacción emocional que está prendiendo en buena parte de la ciudadanía de Cataluña, espoleada, a mi juicio de forma irresponsable, por algunas declaraciones de ciertos políticos y agentes sociales (por ejemplo los actuales representantes de la ANC), tan poco prudentes al menos como se reprocha a la magistrada Lamela.

 

Me parece obligado recordar una decena de consideraciones que considero básicas, a las que añadiré una coda.

1. Si queremos defender el Estado de Derecho y la democracia, la valoración de si estas conductas jurídicas, denunciadas por la fiscalía, son contrarias a Derecho, en qué grado (qué delitos) y cuáles deben ser, en su caso, sus consecuencias, corresponde en exclusiva a los jueces, no a partidos políticos, alcaldes, movimientos sociales, ni a ninguna otra instancia.

2. Los jueces deben motivar sus decisiones conforme a Derecho, lo que significa también, como dispone el artículo 3.1 del Código Civil, que sus interpretaciones se ajustarán a “…la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas [las normas]”. La jurisprudencia a ese respecto es muy clara (por ejemplo entre muchísimas, la sentencia del Tribunal Supremo 15.12.2005, sobre claúsulas testamentarias e hijos adoptivos).

3. Las decisiones judiciales son y deben ser controlables mediante los mecanismos de recurso, en sede judicial, claro. Eso no excluye la crítica de las decisiones judiciales, por supuesto (es necesaria y contribuye poderosamente a mejorar el Derecho), pero los recursos deben ejercerse ante los jueces, no en la calle y desde luego, no con violencia. En ese sentido, hay que agradecer todas las llamadas a que la protesta en las calles sea pacífica, como han hecho los encarcelados preventivamente ayer.

4. Todas las pruebas, todos los indicios, las propias declaraciones reiteradas de miembros del Govern y de la Mesa, evidencian que se ha producido de forma continuada, reiterada y sistemática un pulso a la ley, a la legalidad vigente en España, incluida la Constitución y las decisiones del Tribunal Constitucional. Son públicas y notorias las numerosas declaraciones de los hoy encausados en las que afirman que esa legalidad no vinculaba ya a las autoridades catalanas y ellos no la reconocían y que seguirán sin reconocerla. Los encausados han hecho gala de que para ellos no hay otra legitimidad que la de “las leyes catalanas” y el mandato democrático del 1-O. Ese pulso, esa desobediencia, genera, en cualquier Estado democrático, una respuesta, que ha de ser conforme a Derecho. Conductas que quiebran durante dos años la legalidad, no pueden quedar impunes si se prueba en un proceso judicial con garantías que esas conductas constituyen un delito. No cabe ahora decir que no se castigue, porque son representantes políticos. En España, hoy, hay en la cárcel y ante los tribunales no pocos electos y representantes políticos por violar la legalidad.

5. Ahora bien, es muy difícil aceptar que esas conductas respondan a lo que el Código Penal califica como delitos de rebelión. Falta un elemento básico, el de la violencia en forma colectiva. Ha habido, sí, episodios de violencia (los menos), que deben ser castigados. Pero no como rebelión. Esa tipificación no se sostiene a pesar de los esfuerzos del fiscal general y su gabinete técnico.

6. Sobre todo, una decisión excepcional y grave en un Estado de Derecho como debe ser la prisión provisional incondicional debe estar muy sólidamente fundamentada y en el caso del primero de los 2 autos de la magistrada de la AN, hay dudas no sólo verosímiles sino muy razonables sobre su fundamentación. Hay testimonios incluso sobre defectos procesales en la decisión. Creo que, sin duda, debe ser recurrida.

7. El señor Puigdemont, a mi juicio, carece de cualquier legitimidad para seguir reclamando la condición de president. Tuvo, indiscutiblemente (al menos su Govern: él fue nombrado a dedo posteriormente) legitimidad democrática de origen. Pero perdió la legitimidad democrática de ejercicio, no sólo por su empecinamiento en actuar contra la legalidad, unilateralmente, sino sobre todo con su errático y muy perjudicial ejercicio del poder, en las semanas decisivas de octubre y con posterioridad a la decisión del Senado que dio vía a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, con la disolución del Parlament y la convocatoria de elecciones. Un comportamiento perjudicial para los ciudadanos catalanes y también para los españoles. Empeorado con su fuga a Bruselas y su actitud de rebeldía ante la justicia española, a diferencia de la mayoría de los exmiembros de su Consell de Govern. Puigdemont se ha hurtado a la acción de la justicia, ha provocado dificultades procesales a sus compañeros y, sobre todo, ha hecho un circo mediático de la causa de Cataluña ante la opinión pública internacional.

8. Hay que recordar que la ley debe ser igual para todoscuando un ciudadano no comparece sin causa jurídicamente justificada, hay que obligarle a cumplir con ese deber. La OED (Orden Europea de Detención) contra Puigdemont y los cuatro consejeros que no han comparecido parece un trámite procesal normal y obligado. Por cierto: que la administración de justicia debe ser igual para todos y los ritmos procesales y las garantías a los acusados también, debería valer igual para los Urdangarin, Matas, Rato y tuttiquanti.

9. Contra el mantra que se está repitiendo a mi juicio irresponsablemente, no hay presos políticos: nadie está siendo juzgado por sus ideas, tampoco por la ideología independentista, que puede y de hecho sigue siendo defendida abierta e incluso masivamente. Los medios que las apoyan y promueven, que discuten públicamente la pertinencia de las medidas del 155 y las decisiones del Gobierno y de los jueces, siguen ahí: no sólo en radios y televisiones de alcance estatal, sino específicamente en medios catalanes, incluso de titularidad pública, como TV3, CatRadio, y en los periódicos y medios privados, donde intervienen libremente escritores, intelectuales, políticos, ciudadanos que defienden no sólo el legítimo independentismo, sino la causa del Govern… Recordaré que la aplicación del 155, por la postura decisiva del PSOE, a diferencia de la intención inicial del Gobierno de Rajoy, renunció a controlar los medios públicos (pagados por todos), aunque cualquier observador imparcial reconocerá que están al servicio de la causa independentista y son tan escasamente plurales como la TVE que sufrimos. El independentismo sigue, con todo derecho, ahí, porque todas las ideologías son libres mientras no impliquen actuaciones que causan daño a terceros y que violan la ley.

10. Me parece muy grave que, al socaire de los autos de la magistrada Lamela, se puedan plantear las elecciones del 21D en términos no políticos, sino ontológicos, el bien contra el mal, como ha propuesto a mi juicio irresponsablemente el señor Junqueras, que revela con eso que entiende mal la política democrática, pues se resiste a aceptar el pluralismo y el relativismo que la democracia comportan. Cuando el Sr. Junqueras insiste machaconamente en que los independentistas son bona gentgent decent, en realidad manda un mensaje equívoco (es que los no independentistas –no digamos, horror! els botiflers– son mala gent?). Parece vivir en los archivos de la edad media en los que es competente profesionalmente hablando: está hablando de una cruzada. Y eso siempre acaba mal. Las elecciones del 21D no deberían ser el choque de dos frentes, sino una ocasión que permita a los ciudadanos decidir entre programas políticos que incluyan, sí, la propuesta sobre el lugar o no de Cataluña en España, pero también, las respuestas concretas sobre las necesidades de los ciudadanos en educación, salud, trabajo, transporte, vivienda, etc.

Y termino con una referencia concreta: a mi juicio, reacciones como las de la señora Ada Colau, el señor Albano Dante Fachin, el señor Xavier Domenech y el señor Pablo Iglesias, son tan precipitadas como demagógicamente carentes de prudencia. No parecen propias de responsables políticos. Llamar a sustituir decisiones judiciales por la fuerza de la calle, llamar a elecciones frentistas, hablar de presos políticos, de Gobiernos legítimos y vulneración de la legalidad (ignorando o minusvalorando sistemáticamente las otras violaciones de la legalidad), recuperar lemas como la amnistía antes de que se produzcan decisiones judiciales firmes, es una grave falta de prudencia política: no contribuyen al bien común, al diálogo del que presumen, sino que alientan el enfrentamiento.

CARMEN (Cartelera Turia, 27.10.2017)

El lunes 23, en un Paraninfo de La Nau completamente abarrotado, se vivió un acto peculiar, una celebración académica, en el pleno –e infrecuente- sentido de esa expresión. Sí: con todos los ritos universitarios de la Universitat de València para la entrega solemne de su medalla. Pero en un ambiente de celebración, en el que el cariño, la amistad, la admiración de académicos, políticos, compañeras y amigos de Carmen Alborch Bataller, superó todo lo que yo, al menos, había visto nunca en esa solemne sala.

La medalla de la Universitat es una distinción que se acuerda, según disponen sus Estatuts y el reglamento ad hoc, “por razón de sus méritos, o de los relevantes servicios prestados a la Universitat.” Creo que la mayoría de los que la conocemos estamos de acuerdo en que ambos argumentos –méritos personales y servicios a la Universidad- concurren en la persona y en la trayectoria universitaria y pública de Carmen, y de forma extraordinaria. Porque Carmen ha sabido y sabe abrir caminos, incluso donde no los hay, para ella y, sobre todo, para los demás. Es así, ha sido siempre así, desde sus primeros tiempos como joven PNN, o cuando -con amigos como Tomás, Salomé y Salvador- pusieron en marcha la galería Temple, un motor de innovación, de vanguardia. Lo que muchas veces genera incomprensión e incluso rechazo. Además, y este es un mérito muy relevante, Carmen ha contribuido como pocos y en primera línea, tanto en la Universidad como en su actividad política, a ganar espacios en la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres. Porque ha sabido llevar esos ideales a un campo en el que su trabajo es particularmente brillante, el de la gestión y dirección cultural, que ella entiende bajo el imperativo de garantizar, de hacer posible el derecho a la cultura a todo el mundo, sin prejuicios, sin discriminaciones: desde el IVAM al Ministerio, o en su trabajo como parlamentaria.

Todo eso desde una pasión por la vida que es la imagen viva de la joie de vivre, una cualidad que, a mi juicio, Carmen encarna como nadie y que sabe transmitir. Esa joie de vivre, cuando se toma en serio, con profundidad, es lo contrario de lo que algunos asimilan erróneamente (creo) a superficialidad, a frivolidad. Porque para practicarla y transmitirla a fondo hace falta una notable inteligencia, una voluntad firme y determinada y una permanente curiosidad, rasgos de la personalidad de una Carmen que hace suyo el lema de los Monty Phyton en La vida de Brian: <Always look at the bright Side of Life>. Por eso, creo, Carmen ha sabido encontrar siempre magníficos compañeras y compañeros en sus proyectos e iniciativas, en todos los ámbitos. Por eso, también, tiene tantos amigos, tantas personas que le quieren, que le están agradecidos.

Y por todo ello, el solemne espacio del Paraninfo de la Universitat se convirtió este lunes en una fiesta. Que buena falta nos hace en estos tiempos.

NO HAY MAL QUE POR BIEN NO VENGA

No hay mal que por bien no venga. Vuelve y se populariza una discusión capital para una sociedad decente: la noción de legitimidad y con ella la relación entre leyes y voluntad popular, es decir, democracia. Como profesor de Filosofía del Derecho y Filosofía Política, en cierto modo, me siento feliz de que se discuta todo eso, siempre que sea sin insultos

Extremos a evitar: las tesis formalmente legalistas (strictu sensu) de quienes quieren identificar la legitimidad con la legalidad, sin más. Y, del otro lado, las populistas de quienes creen que todo lo que diga la mayoría del pueblo es la expresión pura de la justicia y la legitimidad.

Yendo un poco lejos, Sófocles con su Antigona, Shakespeare con Shylock, nos mostraron que consagrar la legalidad como justicia es una estupidez. Lo sabían los romanos y por eso los brocardos <summum ius summa iniuria>, pero también el <fiat iustitia pereat mundus>

No lo resolvió la paradoja de Rousseau con su distinción entre volonté générale y volonté de tous. Tampoco la solución de Weber, la legitimidad legal-racional, ni siquiera en la medida en que la ley sea no sólo racional, sino también expresión de la voluntad de la mayoría.

La historia nos muestra mil ejemplos de cómo la legalidad democrática no agota ni se identifica con la justicia. Y que, como ya apuntara Thoreau, la razón de uno solo (si ese uno solo tiene razón) puede valer más que la voluntad de la mayoría, si no la tiene. Thoreau inicia así la concepción moderna de un concepto no siempre claro, la desobediencia civil. Respecto a la desobediencia civil, confieso que he dedicado a estudiar ese concepto casi 40 años y sigo viendo necesidad de matices. Mi primer trabajo se titulaba “Por qué obedecer las leyes de la mayoría?”, allá por el año 1981. Y no tengo claro que, por ejemplo, hoy en Catalunya, se esté utilizando desobediencia civil, por más que casi todos los actores del debate -si nos referimos al amplio y plural campo que denominaría soberanismo, a no confundir con el estrictamente independentista, lo que exige un esfuerzo- se reconocen en esa definición: son desobedientes, creen en la desobediencia como arma política incluso preferente (más allá de recursos demagógicos conmo los habituales en Rufián, carentes de argumentación más allá del spot propagandístico). Así sucede, desde luego en las CUP, desde el inicio. También  en los Comuns (y no sólo con quienes proceden de Podem: Fachín): baste pensar en nombres como la propia Colau o Domenech, pero también Elisnda Alamany: a consultar la interesante entrevista que le hicieron en Pensament Critic (http://www.elcritic.cat/entrevistes/elisenda-alamany-hem-passat-dun-proces-il-lusionador-a-una-exclusio-del-dubte-i-la-discrepancia-17088). Lo mismo se advierte, aunque aprecio menor profundidad ideológica y mas evidente recurso a la herramienta, es decir, a las <prácticas de desobediencia civil> que no al concepto de desobediencia civil  en ERC (el ejemplo es Tardá). Lo que es más paradójico es que gente de derecha, de orden, como el PDe Cat, hable de desobediencia cada vez más. Pero lo cierto es que, sin excluir la honradez entre los dirigentes del PDeCat (ahí está Carles Campuzano para acreditarlo, un ejemplo de político honrado, inteligente), el oportunismo a la Mas u Homs, les hace saltar por encima de las contradicciones más elementales. 

me interesa destacar un matiz en el que no se repara habitualmente: hay que distinguir lo que es desobediencia civil (que siempre invoca un marco común de legitimidad y siempre es pacífica, y lo que impugna es una ley, o leyes, una sentencia, una decisión adminsitrativa, étc, no el sistema básico de legitimidad) y lo que son técnicas de desobediencia civil (sentadas, corte de calles, bloqueo de acceso a edificios oficiales, etc, etc: el manual de Zinn ofrece más de 150 ejemplos), que pueden ser utilizadas también por quien persigue la insurrección, la revolución. y que tienen en común ser no violentas. Y no niego que esas otras posiciones puedan tener justificación, aunque en una democracia, ese margen es muy, muy estrecho.

En líneas generales, diría que hoy en Catalunya se están utilizando de forma generalizada técnicas de desobediencia civil, pero no estoy tan seguro de que podamos hablar de desobediencia civil: porque buena parte de quienes actúan impugnan el marco común de legitimidad (la Constitución). Si eso es así, como en el caso de Gandhi, no estamos ante desobediencia civil, sino ante desobediencia revolucionaria, que emplea, sí, en la mayoría de los casos, técnicas de no violencia

Me parece que el error a evitar, en todo caso, es entrar en ese debate a base de slogans y simplismos, del tipo del enunciado por Josep Guardiola: “las leyes no pueden imponerse contra la voluntad del pueblo”, o del tipo contrario, “la ley es la ley”. Máxime si sabemos, como sabemos, de la fina línea entre democracia y demagogia, una relación sobre la que ya advirtiera Aristóteles y sobre la que insistió Tocqueville al denunciar el peligro de <tiranía de la mayoría> (Cuando una mayoría vota a favor de discriminar a una minoría, a favor de la tortura, a favor de la pena de muerte, a favor de un dictador, queda legitimada esa decisión?). Y si conocemos, como conocemos, las perversiones del formalismo jurídico, que pueden llevar a sostener que cualquier Estado es Estado de Derecho.

Añadamos que, desde Goebbels al menos, sabemos de la capacidad moderna de demagogia a través de la propaganda, del dominio de los media. Sabemos por la historia que, invocando el nombre, la voluntad de la mayoría (“el pueblo”), se han justificado los peores horrores. Y sabemos cómo se ha usurpado la voluntad real de la mayoría de los ciudadanos por parte de élites o grupos que no son mayoritarios, pero sí hegemónicos, en poder institucional, económico, mediático.

O sea, que la relación entre democracia, justicia, legalidad y derechos humanos, da para discutir con calma…

 

LA TRISTEZA COMO REFUGIO

Tomo prestada una fórmula que escuché a Luis García Montero en su maravillosa lección inaugural del master de derechos humanos, democracia y justicia internacional del IDH UV, el pasado jueves,  26 de octubre, en La Nau. En estos días, para muchos de nosotros, no ha quedado más refugio que la tristeza.

El viernes, 27 de octubre, fue un día de alegría y optimismo sobre su futuro para dos millones y medio de catalanes, quizá tres, que creen (la mayoría, pienso, de buena fe) que su sueño se ha hecho real. Probablemente, seguro, hay también españoles no catalanes que comparten es alegría: no sé calcular cuantos.
Al mismo tiempo estoy seguro de que, para otros tantos millones de catalanes, es un día de enorme tristeza y pesimismo sobre su futuro, y no sé qué país puede edificarse a partir de esa realidad de profunda división.
Desde luego, es un día de tristeza enorme, de sensación de fracaso para muchos millones de españoles, para la mayoría (creo), entre los que me cuento.
No veo otra salida que aplicar lo que dispone la Constitución, que, a mi juicio, ha sido fraudulentamente burlada por el Govern y el Parlament (y no ahora: grosera y explícitamente desde el 6 y 7 de septiembre de 2017). Por más que me duele saber que quienes son ya los responsables de aplicar la disposición constitucional, el artículo 155, es decir, el Gobierno Rajoy, no son en absoluto ( mi juicio) leales a la Constitución, sino a lo que ellos escogen de la Constitución.
Qué tristeza, qué pesimismo siento y seguro que sentimos muchos, sobre un futuro inmediato que no parece que vaya a recomponer nada, porque aunque se consigan imponer las medidas del artículo 155, eso no va a cerrar las heridas, no arreglará nuestro problema. Pero no se puede permitir tal ruptura de la legalidad, del Estado de Derecho, de la democracia. Sobre todo, no se puede dejar abandonados a los millones de ciudadanos que esperan que el Estado defienda sus derechos. Ojalá no nos veamos abocados a una situación de enfrentamiento en las calles

La desolación que a muchos no ensombrece hoy, no debe hacernos ceder a las tentaciones extremas. No se trata de revanchas o venganzas, de castigos ejemplares. pero tampoco, de alentar la irresponsabilidad de quienes nos han situado aquí, vulnerando legalidad, Constitución, democracia. Hay que responder desde el Estado de Derecho, desde la Constitución (y eso, hoy, inevitablemente, es el artículo 155), y el máximo de vigilancia en la garantía de los derechos de todos los ciudadanos. Eso significa evitar como sea enfrentamientos civiles. Y exigir que los que alientan a esa estrategia dejen claro que rechazan la consecuencia difícilmente reparable de que se produzcan víctimas. Desde el refugio de la tristeza…

La forma en que finalmente se ha anunciado la aplicación del 155, esto es, una intervención de mínimos, y muy limitada en el tiempo (poco más de 50 días), abocada a unas elecciones con garantías, pese a las circunstancias excepcionales del contexto, abre una puerta a la esperanza. Sea porque Rajoy ha actuado bajo la influencia del PSOE, sea por la supuesta mediación de Urkullu, sea porque ha habido un pacto oculto con sectores decisivos del procesismo (Mas, una parte de ERC, una parte de PdCat), que los ciudadanos se expresen a través de elecciones libres y con garantías, es una decisión difícilmente criticable, aunque desmonte la épica del independentismo, que pudo convocarlas y no supo/no quiso.

Laudatio en el entrega de la medalla de La Universitat de Valencia a Carmen Alborch (23.10.2017)

Magnífico y Excmo. Sr Rector de la Universitat de València

Distinguidas autoridades

Profesora Carmen Alborch, querida Carmen

Compañeros del Claustro de la Universitat de València

Señoras, Señores

 

(La medalla de la Universitat, conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 11 de nuestros Estatuts y en el correspondiente Reglamento, es una distinción honorífica que se otorga a personas físicas, corporaciones y entidades, por razón de sus méritos o de los relevantes servicios prestados a nuestra Universidad.)

(La iniciativa de otorgar esta medalla a Carmen Alborch partió de la Unidad de Igualdad de la Universidad, a cuya directora, Amparo Mañes, quiero agradecerlo expresamente, secundada por varios Departamentos, Institutos y Facultades. A propuesta del Vicerrectorado de Cultura e Igualdad, que hizo suya el Rector, el Consejo de Gobierno adoptó el acuerdo 161/2017 en su sesión de 7 de julio de este mismo año).

La propuesta de concesión de la medalla, tal y como fue aprobada por el Consejo de Gobierno, destaca “que tota la seua trajectòria és extraordinària, tant en l’àmbit de la igualtat com de la cultura”. Carmen Alborch enriquece así una lista de brillantes profesores universitarios entre los que se encuentra su maestro, Manuel Broseta (1992), la profesora Pérez Vera (1992), una de las primeras rectoras de Universidad, o las profesoras Ana Lluch (2014) y Celia Amorós (2017). También los exrectores, profesores Lapiedra, Ruiz y Tomás. Pero también a muy destacadas personalidades del mundo de la cultura, del arte, como Matilde Salvador (2001), el querido Raimon (2009) o Maria del Mar Bonet (2013).

Se me ha regalado el honor de pronunciar la laudatio de la profesora Alborch. Sí, lo considero un regalo que me hace una gran amiga y una deferencia que agradezco y agradeceré siempre al Sr Rector.

Hablo de regalo y deferencia, porque soy consciente de que hay muchas y muchos colegas que podrían hacerlo, sin duda, con más derecho que yo, porque conocen a la profesora Alborch mejor, o han compartido con ella proyectos e iniciativas por más tiempo y con más intensidad: les pido disculpas a todas, a todos, si no estoy a la altura de lo que les gustaría y de lo que merece nuestra querida Carmen.

Pero los regalos no se discuten. Se agradecen. Y les aseguro que en lo que toca a admiración, respeto y afecto por Carmen, quien les habla no se queda atrás. He contado además con la ayuda de un gran amigo y compañero de ambos, Jesús Olavarría. Si consigo acertar en mi exposición, será en buena medida gracias a él.

De sobra tengo el convencimiento de que todos quienes acompañan aquí, esta mañana, a la Profesora Alborch, tienen muy claros los méritos que avalan esta distinción. Me permitiré por eso el atrevimiento que, créanme, no es resultado de la pereza, de evitar el tradicional enunciado de cargos, obras, proyectos y distinciones, nacionales e internacionales. Como también saben Vds son muchos Qué digo? Muchísimos. Pueden encontrarlos en las notas curriculares y escritos biográficos sobre Carmen, al alcance de cualquiera que consulte a ese oráculo contemporáneo que es el Sr Google, comenzando por la siempre peligrosa –les prevengo- Wikipedia.

No. La verdad es que no estoy ni estamos aquí para una Laudatio que consista en enumerar datos que les aburran a Carmen, al Rector y a todos Vds. Estamos, estoy aquí, sobre todo, para compartir con Carmen y con Vds. algunas de las razones de esta celebración.

Creo que la primera de esas razones puede expresarse así. El nombre de Carmen Alborch, en la Universitat de València y más allá de ella, está vinculado a una capacidad fuera de lo común para abrir caminos e incluso crearlos donde no los había. Para saber contagiar a otros el entusiasmo para llevar a cabo esa tarea, que muchas veces comporta riesgo y aun incomprensión. Y creo que eso se debe a una característica muy particular.

No conozco a nadie que encarne mejor que Carmen lo que se llama joie de vivre. Nadie que tenga tanta capacidad de contagiarla a su alrededor, de expandirla. Eso, lejos de una visión simplista habitual, no se identifica con la frivolidad, con la superficialidad. Todo lo contrario: la joie de vivre sólo es poderosa, contagiosa, sólo es, permítanme el juego de palabras, algo muy serio, cuando nace de una inteligencia y determinación muy especiales, guiadas por una enorme curiosidad intelectual y por una muy firme voluntad de ayudar a crear las condiciones que hagan posible para los otros esa pasión por la vida.

A mi juicio, Carmen ha sabido encarnarla, en primer lugar, en su vida universitaria. Quienes han sido alumnos suyos son testigos de su afán de usar la docencia como instrumento para despertar interés intelectual y vital por lo que constituye su campo de trabajo, el Derecho Mercantil y abrir, sí, caminos. Por ejemplo, desarrollar un método docente que aprendió de su maestro y que era innovador en la época. Unas clases dialogadas que se alejaban de la trillada y tantas veces degradada lección magistral, ya se tratase de la letra de cambio o del voto de los accionistas.

La elección del Derecho Mercantil como especialidad para su trabajo universitario no fue casual. Como ha explicado en algunas ocasiones, además de la figura de su maestro, Manuel Broseta, influyó su interés por conocer desde dentro el corazón mismo de la dimensión jurídica del mercado, algo que excede a la visión tradicional del Derecho Mercantil como una parte específica, técnica, del Derecho privado, relativa a la actividad comercial, y se acerca más a su presentación como un Derecho característico del proceso liberal económico de globalización, vinculado al derecho o libertad de empresa.

Pocos han sabido expresarlo como el gran mercantilista italiano Francesco Galgano, a quien Carmen conoció durante una estancia de investigación en Italia en 1982 (Italia es també el seu país, encara que no li diuen Anna Lisa, sino Carmen), gracias a una beca de la Fundación March, para un estudio sobre las “Sociedades financieras en Italia”. Carmen (con M.Broseta) tradujo un libro imprescindible de Galgano para entender esa perspectiva, Las instituciones de la economía capitalista : Sociedad anónima, Estado y clases sociales. Creo que eso es una muestra significativa de su temprana perspicacia como investigadora, porque ese libro no es sólo un extraordinaria obra técnico-jurídica, sino que está escrito para entender el corazón de esa bestia salvaje, por expresarlo en términos de Adam Ferguson y sobre todo de Hegel, que puede ser, que es el mercado, institución dominante de nuestra sociedad civil, que algunos pretenden identificar con ella en términos de monopolio, de exclusividad. Las Universidades, permítanme recordarlo, como la asociaciones de vecinos o las ONGs, son también agentes de esa sociedad civil, con los mismos, si no mejores títulos.

Pues bien, creo que la trayectoria de investigación de Carmen, desde su tesis doctoral significativamente dedicada al Derecho de voto en la Sociedad Anónima. Supuestos especiales (1973) ha tenido que ver sobre todo con aspectos relevantes de la relación entre democracia, derechos y mercado o, como ella misma ha escrito en su memoria para el nombramiento como profesora honoraria de nuestra Universitat, con los derechos vinculados a la ciudadanía, la igualdad entre mujeres y hombres y la protección de los consumidores.

Y aquí la referencia a otra de las razones que pesan en este reconocimiento, la medalla de la Universitat: la lucha de Carmen por la igualdad entre mujeres y hombres, que comienza en la Universitat. Cito sus palabras: “el tema de la igualdad ha sido y es para mí una prioridad. Cuando era estudiante en esta Universidad ya me sentí involucrada en la lucha por las libertades y a favor de la igualdad, estrechamente vinculada con la consecución de la democracia. Fui tomando conciencia de las discriminaciones que sufríamos las mujeres y adquirí un compromiso vital, político e intelectual”.

Sí, desde su época como PNN, en compañía de ese grupo de jóvenes profesores que se reunían en la legendaria mesa de Económicas, y luego como la primera mujer profesora adjunta de Derecho Mercantil en Valencia (1977), la primera mujer directora de su Departamento (1984) y en particular la primera mujer Decana de la Facultad de Derecho (1985), aventura que tuvimos el privilegio de compartir algunos de los que estamos aquí esta mañana (he visto a Carmelo Lozano), Carmen entendió su trabajo como docente e investigadora en clave de lucha por la igualdad. Y la Universidad, sus compañeros, le devolvieron mucho. Vuelvo a su palabras en la mencionada memoria: en ese trabajo en su Departamento, escribe, “aprendí el valor y el ilimitado placer del conocimiento y el aliciente de participar en un proyecto colectivo. Aquí aprendí también el valor del diálogo y de la vocación pública”.

 

 

Pero es evidente que este reconocimiento que se le entrega hoy se debe también a la excepcional contribución de Carmen Alborch en el ámbito de la cultura, del espacio público, del ejercicio de la política.

Primero, desde su ciudad, pues apenas un año después de nacer en Castelló del Rugat, su familia se trasladó a Valencia, que es mucho más que su ciudad, como se pude apreciar en su estupendo La ciudad y la vida (2009). Su relación con Valencia, en efecto, es uno de los rasgos que marcan más a fondo su personalidad, su vida, y que la convierten en una cosmopolita arraigada. La alcaldesa que muchos soñamos para Valencia en 2007 y que no pudo ser. Pero no abandonó su compromiso político con los ciudadanos de València por el hecho de no haber sido elegida alcaldesa: entre 2007 y 2011 realizó una actividad de oposición seria, cortés siempre, pero firme, reflejada en su Anatomía de un mandato, balance de su gestión durante esos años.

Desde su ciudad, Valencia, decía, y luego en España y en el mundo, porque Carmen es una rara avis, alejada tanto de los frecuentes cosmopaletos, acomplejados por haber salido alguna vez de su pueblo a Nueva York, como de aquellos otros que hacen de su propio ombligo el límite del mundo que merece la pena conocer.

En ese camino sus aportaciones han marcado y para bien la vida de los demás, magníficamente acompañada, como siempre en sus proyectos, una característica que habla de esas cualidades que he mencionado: ya haya sido la Galería Temple (Tomás, Salomé, Salvador), la Asociación de mujeres universitarias o la Asamblea de Mujeres (Trini Simó, Olga Quiñones, Consuelo Catalá, Asunción Ventura, Isabel Morant, Maite Larrauri…), la creación del IVAM (Tomas Llorens, Vicent Todoli), la red de museos como Ministra de Cultura en el Gobierno de Felipe González, sucesora del añorado Jordi Solé Tura (José Guirao). Tras dejar el Ministerio, siguieron años de intensa actividad pública como diputada (1996-2008) y posteriormente en el Senado (2008-2016).

En su incansable actividad publica en el ámbito de la política cultural, valenciana, española, europea, global, la lucha por la igualdad de las mujeres y por la mejora de los derechos de los ciudadanos en el ámbito de la cultura ha sido una guía constante, en compañía de una generación de mujeres que se empeñó en la vida política (alguna de ellas están aquí, como Amparo Rubiales, Rosa Conde, Arantxa Mendizábal, Juana Serna…), ya fuese en la IV Conferencia Mundial de la mujer en Pekin (1995) y sus seguimientos en Nueva York (2005 y 2015), en foros en Kenia, Mozambique, Trieste, Valencia, Cádiz o Madrid , en su trabajo en la Ley de Propiedad intelectual, la ley de fundaciones y mecenazgo, en el fomento del cine español, en el impulso a la Directiva de televisión sin fronteras, y tantos otros. Pero se me ha ido la cabeza y he incurrido en el tópico de los datos, los cargos, las distinciones que quería ahorrarles.

Menos mal que, para suerte de todos Vds., tengo que terminar. No quiero hacerlo sin referirme a lo que Carmen Alborch nos ha regalado como ensayista, en particular a través de esa trilogía de enorme impacto popular, que ha extendido el número de sus admiradores a cientos de miles de lectores: Solas. Gozos y Sombras de una manera de vivir (1999), Malas. Rivalidad y complejidad entre mujeres (2002) y Libres. Ciudadanas del mundo (2004), a los que hay que añadir el más reciente, Los placeres de la edad (2014).

En esta tarea, Carmen se nos revela como la mujer orgullosamente sola, que es y que, dice ella misma, “se siente, en cambio, venturosa y cálidamente acompañada y ni por asomo se considera una persona solitaria”. Una mujer que como escribió en Malas, un libro dedicado a “las mujeres de mi vida”, sabe que las mujeres “podemos ser malas, pero podemos ser peores”, aunque si bien “no somos amigas por naturaleza, tampoco las peores enemigas”. Una mujer que vive a fondo la aventura que culmina en el anhelo de la libertad, de la igual libertad que es todavía un anhelo insatisfecho de buena parte de las mujeres del mundo, un anhelo por el que Carmen, como siempre, vive con pasión y sabe que todo puede reviscolar.

En 2015, tuve el placer de compartir la presentación en esta misma sala de su último libro, Los placeres de la edad, en el que Carmen sabe explicar la vida como una montaña rusa, no como una cuesta abajo. Y cómo, “cuando vas llegando a la cima de la montaña, con una edad, (que) te permite ver el paisaje con más plenitud y ser más libre”. En esa ocasión, como dijo en otra muy diferente un digamos, notable pensador, estábamos todos tan a gustito, que hice algo que no había hecho nunca: tuve la osadía de cantarle en público el estribillo de una canción de La vida de Brian, que creo que casa bien con el espíritu de Carmen, Always look at the bright Side of Life…Vaya! Me había prometido no volver a cantar, pero es que no hay quien se resista a esta melodía y la llevo en la cabeza desde primera hoa de la mañana. En fin, como diría otra notable pensadora, del rango del anterior, yo es que por Carmen, can-to!

No lo volveré a hacer, no teman y menos en ocasión tan solemne como esta. Pero sí quiero recordarle a Carmen el de una canción que le gusta, Heroes, de David Bowie: We can be heroes, just for one dayand again (añado). Gracias, Carmen, por enseñárnoslo.

“Los ciudadanos no nos merecemos ésto”, Cartelera Turia 2082, 12/10/2017

 

 

 

En democracia, los ciudadanos somos el soberano. Los políticos, empleados que nos deben dar cuenta. Para hurtar esa responsabilidad, con frecuencia, nos marean con retóricas vacías, cuando no tratan de engañarnos diciendo una cosa y la contraria a la vez. Peor, por supuesto, es que en lugar de gestionar los intereses de la mayoría dentro del respeto a los derechos básicos de las minorías, nos den gato por liebre y gestionen lo público a favor de intereses minoritarios o incluso particulares. Y el escenario se vuelve disparatado si ponen en peligro la paz social. En esta semana –desde luego, mucho antes también- ha habido, a mi juicio, numerosos ejemplos de esa amplia gama de fraudes por una parte de nuestros empleados.

El más grave, a mi entender, el que ejemplificó el martes10 el Sr Puigdemont. Vencido por la fuerte oposición de la clase empresarial y financiera, por la ausencia de apoyo internacional (el mazazo de Habermas en l’Express es durísimo), finge hacer la presentación de la Declaración de independencia ante el Parlament y proponer que se suspenda su entrada en vigor. Pero se impide que se vote, para no evidenciar la división interna. Luego se firma la declaración por los diputados, pero no en el hemiciclo del Parlament ni se somete a votación. Ergo no ha habido nada y se ha impedido al Parlament decidir nada. No hay nada que suspender o diferir, porque, que se sepa, no hay una declaración con fuerza normativa.

No es pequeña, no, la irresponsabilidad de Rajoy y sus ministros (SSS, Zoido y Catalá al frente), su negativa a plantear alternativas y reconocer la realidad de unamayoría de catalanes que quiere ser consultada y un tercio largo que desea la independencia. Ahora bien, no cabe negociación ni diálogo sin un marco común y si ese marco no es la Constitución, ¿cuál es? Porque según Puigdemont su marco legal es la Ley de Transitoriedad. En eso Rajoy no debe ceder: si el Govern no renuncia a su marco ilegal, no cabe negociación.

Lugar destacado merecen finalmente los que considero sobre todo caraduras que dicen sí y no, o se niegan a decir a los ciudadanos qué piensan y votan, y después de apoyar una posición minoritaria, se apartan del punto de partida común (el Estado de Derecho, la Constitución, reformable, pero siguiendo reglas) y encima se presentan como superiores a Govern y Gobierno y juegan a diálogo como mediadores, sabiendo que eso es una postura de parte. Sí: hablo de Ada Colau. Trepas que con tal de conservar el puesto están dispuestos a decir casi lo que sea, mirando siempre el provecho electoral, eso sí.

No nos los merecemos. Deben irse y dar paso a otros, mínimamente competentes y con sentido del bien común.

Fuése y no hubo nada (qué alivio! O no?), Infolibre, 11 10 2017

Creo que lo que sucedió ayer en el Parlament de Cataluña se puede resumir en media docena de reflexiones:

1. Puigdemont no ha dado el paso atrás que se le pedía. El paso atrás no es dejar en diferido la entrada en vigor de la independencia que él proclama desde un inexistente mandato democrático y que, por cierto, no le corresponde a él decidir, sino al Parlament. El verdadero paso atrás es no proclamar independencia y renunciar a la ilegalidad de las dos leyes votadas el 6 de septiembre: volver a aceptar que el marco vigente es la Constitución. En esto difiero de tesis como las de Colau, que nunca ha reconocido la vigencia de la Constitución y la ilegalidad de las dos leyes aprobadas en el Parlament el 6 y 7 de septiembre.

 

2. Puigdemont pretende avalarse en una enorme falsedad que ha pretendido dar por aceptada, verdadera,  cuando es inaceptable: como le ha recordado Rabell, no hay un mandato democrático del pueblo de Cataluña para la independencia, ni es cierto el falaz eufemismo empleado: “el pueblo de Cataluña se ha ganado el derecho a ser reconocido como un estado”. Los más de 2 millones de votos supuestamente emitidos (que no han sido certificados por ninguna Sindicatura o autoridad válida) no son ni de lejos la mayoría de los ciudadanos catalanes. Decidir a partir de ello la declaración de una República, como ha hecho Puigdemont en su discurso, es una grosera falacia antidemocrática.

 

3. Aunque algunos periodistas se empeñen en decirlo, Puigdemont no tiene competencia para decidir la independencia, sino el Parlament. Hasta que no vote el Parlament, no hay decisión política con fuerza jurídica, incluso si es la de diferir su entrada en vigor, es decir, la entrada en vigor según lo previsto en la Ley de transitoriedad. Otra cosa es que el Parlament hubiera votado a favor de la suspensión de lo previsto en la ley de transitoriedad y por tanto se hubiera pasado de iure(contra ius) a la declaración de independencia diferida. Ayer en el Parlament, sin embargo, no se votó nada. Y la pregunta es para qué sigue este Govern y esta legislatura si ha fracasado en el punto único de su programa. En puridad, debería disolverse el Parlament y proceder a elecciones, que clarifiquen el apoyo real a programas que vayan algo más allá de la Ítaca por venir. Lo ha dicho el PSC, no sólo C’s.

4. Se olvida que tanto la Ley de transitoriedad, como la de referéndum, atención, son el único marco legal que aceptan Puigdemont y su mayoría parlamentaria. Y bien, esas leyes son ilegales y fruto de un fraude democrático vergonzoso en el Parlament, los días 6 y 7 de septiembre de 2017, que pasará a los anales del parlamentarismo.

5. La treta de Puigdemont es fácil de desvelar. Seguir con la DUI es suicida para él y, lo que es mucho más importante, para Cataluña. Así se lo han hecho ver el empresariado y la clase financiera. No cuenta con ningún apoyo institucional de la comunidad internacional, muy específicamente de la UE y sus Estados miembros (que se suicidarían si admitiesen una secesión unilateral en un Estado de la Unión), pese a los desesperados intentos de la propaganda independentista de contar lo contrario (véase la pintoresca interpretación de Josep Ramoneda sobre las declaraciones de Tusk, fragmentadas al efecto). Por no hablar del mazazo de las declaraciones de Habermas a L’express, comparando al Front National con el independentismo catalán.

6. Ergo Puigdemont debe renunciar a lo que esperaban las masas que aguardaban fuera del Parlament. Pero intenta una treta nada original, la del victimismo, para contentar a todos, aunque sospecho que sólo contentará a los inocentes acríticos o a los angustiados que avizoraban el enfrentamiento en la calle. Por tanto, hace un memorial de agravios, desde Franco hasta el clásico la culpa es de Madrid durante los 40 años de democracia, hasta llegar a los malvados policías españoles que “tenían como objetivo en el 1-O sembrar el terror”. Carga sobre el inmenso error del uso completamente desproporcionado de la fuerza el 1-o, que ofreció la mejor baza al independentismo. Luego, se disfraza con piel de cordero (amamos a España; sorprendente en quien ha insistido en confundir España con Rajoy) y somos dialogantes. Por tanto, proclama la independencia, pero propone la suspensión de los efectos de la Ley de transitoriedad, algo que por cierto no puede decidir él. Lo tendría que acordar el Parlament. Y con ello arroja sobre el Gobierno español la carga de probar que es dialogante, como el buen Puigdemont.

La sorprendente conclusión es que el Parlament de Cataluña no ha declarado ni acordado nada, porque eso era absolutamente necesario para la estrategia de Puigdemont y Junqueras, y también, a regañadientes, muy forzados, de la CUP. Si se hubiera votado, más que probablemente se habría escenificado la fractura en el seno del independentismo. Visto así, lo que sucedió ayer es, de nuevo, otra ofensa al Parlament: aquí no decide el Parlament. Deciden Puigdemont y su sanedrín, con el atribulado Mas, al que, pobre, le exigen una multa por haber presuntamente malversado recursos de los contribuyentes.

La prueba del nueve de que hemos asistido a un fraude al Parlament es que lo único que hay es un documento que han firmado con demasiada solemnidad los diputados de la mayoría parlamentaria, pero que carece de valor jurídico, porque no ha sido votado por el Parlament.

¿Y qué hacer? Indiscutiblemente, el Gobierno español no puede seguir enrocado en la ignorancia de un importante porcentaje de ciudadanos catalanes (no la mayoría) que no quieren seguir en España y de un mayoría de catalanes que quieren ser consultados sobre su lugar en España o fuera de ella. Claro que también se podría decir que el Gobierno bien podría consultar a todos los españoles para saber si los españoles quieren seguir pagando privilegios y derechos desiguales a una parte de los ciudadanos españoles (vascos, navarros, catalanes), con el argumento territorial como moneda de cambio. Se dice que se abre la puerta del diálogo y, por tanto, el Gobierno de Rajoy debe sentarse a negociar. Es una verdad a medias: ¿se puede dialogar y negociar, si no se acepta un marco común de negociación que, hoy por hoy, no puede ser otro –sin grave fraude democrático– que la Constitución vigente? La respuesta, a mi juicio, es no. Otra cosa es que, evidentemente, a día de hoy esta Constitución no sólo es reformable, sino que debe ser reformada y a fondo. Pero si el marco de negociación no es la Constitución ¿cuál es entonces el marco vigente? ¿uno diferente del que votaron todos los ciudadanos españoles? A mi juicio, Rajoy debe olvidar el 155, pero no debe negociar, mientras el Govern de la Generalitat no acepte expresamente renunciar a “su marco legal” (Ley de transitoriedad) y regrese a la vigencia de la Constitución. Para negociar y cambiarla, sí. Pero desde la Constitución.

Constitución, derechos humanos, migraciones (con Fernando Flores), AlrevesyalDerecho, 10 octubre 2017

No es muy conocida por los ciudadanos la aversión del Gobierno de España al Consejo de Europa y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero existe, y es profunda y activa.

Si uno piensa un poco, esa actitud no es de extrañar, pues para el Partido Popular el Título Primero de la Constitución (“De los Derechos y Deberes Fundamentales”) suele resultar un engorro por lo que se refiere a los derechos (los deberes, según de quién), y no digamos el artículo 10, que le obliga a considerar como propias las normas de Derecho internacional universal y europeo de los derechos humanos ratificadas por España.

Una vía, la del artículo 10 CE, por la que “se cuela” el Tribunal de Estrasburgo y otros órganos del Consejo de Europa, para enmendarle la plana en temas clave de su discurso político, como la independencia judicial, la lucha contra la corrupción, la situación de los centros penitenciarios y los CIE, el tema vasco, la no investigación de casos de torturas… (ver, por ejemplo, aquíaquíaquíaquíaquíaquí y aquí). En coherencia con esa hostilidad, alguno de los episodios que sus representantes han protagonizado en la Asamblea del Consejo quedarán en los anales de la infamia y el ridículo… Pero eso queda para otro post.

Lo relevante ahora es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en su sentencia recaída en el Asunto N.D.y N.T contra España, de 3 de octubre de 2017, acaba de ofrecer otro motivo al Partido Popular para alimentar aquella animadversión, esta vez condenando a España por su política migratoria. En concreto, por el comportamiento de sus agentes en la frontera sur de Ceuta y Melilla, un comportamiento que vulnera de forma flagrante los derechos humanos de los inmigrantes. Se trata de la ´devolución en caliente’ de dos ciudadanos, uno maliense y otro costamarfileño, que habían intentado entrar en España en agosto de 2014 saltando la valla de Melilla junto con otras personas de origen subsahariano, con el resultado de su devolución inmediata a Marruecos, sin que mediara decisión administrativa o judicial alguna, y sin que las autoridades españolas hubieran procedido a su identificación.

El Gobierno Popular no puede decir que no se esperaba la condena del TEDH. Debe recordarse que en febrero de 2014 15 personas que trataban de llegar a nado a las costas de Ceuta murieron ahogadas a pocos metros de la playa, tras el acoso sufrido por la Guardia Civil mientras todavía estaban en el agua. Esta tragedia puso la atención de los medios en la frontera y provocó que saliera a la luz el modus operandi de la Guardia civil quien, como protocolo habitual ordenado por el Ministerio del Interior, resolvía (y resuelve) por la vía rápida la expulsión de inmigrantes que acaban de cruzar la frontera ilegalmente.

Ante el escándalo suscitado por los hechos de febrero, y para superar las exigencias del procedimiento legal, el Gobierno superó mediante una treta ténico-jurídica la prohibición de expulsiones de extranjeros sin expediente administratitvo individualizado, tal y como se establecía en la conocida como Ley de Extranjería. Lo hizo mediante la inclusión de una disposición adicional en la denominada Ley Mordaza, que reconocía el “régimen especial de Ceuta y Melilla“:

“Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”.

De este modo, el Gobierno pretendía legalizar las expulsiones automáticas de inmigrantes (las “expulsiones en caliente”) denominándolas ‘rechazo en frontera’. Sin embargo, ONG como CEAR, APDHA, Andalucía Acoge y PRODEIN, entre otras, varios Colegios de Abogados y el propio Defensor del Pueblo formularon su frontal rechazo a esta modificación legislativa, e incluso Nils Muižnieks, Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, denunció en un artículo en el Huffington Post que “España no podía legalizar lo que era ilegal”.

Ante la insistencia del Gobierno de que la actuación de los agentes era absolutamente legal, en junio de 2014, un nutrido grupo de profesores de Derecho presentó el Informe “Expulsiones en caliente”: cuando el Estado actúa al margen de la ley, un documento que desmentía de forma categórica los argumentos del Gobierno de España que justificaban la entrega a la policía marroquí de inmigrantes que habían accedido irregularmente al territorio español. El Informe mencionado denunciaba, entre otras cosas, que:

  • Las expulsiones por vía de hecho, ajenas al procedimiento establecido, vulneraban la legislación de extranjería y los derechos fundamentales de asistencia jurídica y de intérprete que protegen al extranjero.
  • El concepto “operativo” de frontera defendido por el Ministerio (una hipotética frontera constituida por la línea formada por agentes de la Guardia Civil en una playa española o por la valla interior en las ciudades de Ceuta y Melilla en las zonas de doble valla ) podía resultar práctico para la ejecución por la vía de hecho, pero era inadmisible jurídicamente. En este sentido, la Sentencia del TEDH deja claro que la delimitación territorial entre España y Marruecos es la que resulta de los tratados internacionales y rechaza que, como pretende España, pueda “moldearse” el territorio a iniciativa de un país como consecuencia de unos hechos concretos. Como ha destacado uno de los mejores especialistas en Derecho de extranjería, el letrado H.V Granero, en este punto la Sentencia del TEDH se apoya de modo evidente en la tesis sostenida por el Defensor del Pueblo de España en la que se subraya que “la jurisdicción española se ejerce también sobre el terreno entre las vallas de separación entre España y Marruecos”. Y por eso, como también subraya el mismo letrado, que el TEDH concluye que a partir del momento en que los demandantes descendieron de las vallas fronterizas ya se encontraban en territorio español y bajo el control, al menos de facto, de las autoridades españolas.
  • Los extranjeros que hubieran entrado clandestinamente por un puesto no habilitado no podían ser devueltos, sino que debían ser sometidos al procedimiento de expulsión, con las garantías inherentes al mismo.
  • Un acuerdo entre Estados no podía dar cobertura a actuaciones ilegales. Es decir, el Acuerdo hispano-marroquí de readmisión en ningún caso podía ser un título jurídico que permitiese excepcionar a las autoridades administrativas los procedimientos establecidos en la legislación de extranjería.
  • Las “expulsiones en caliente” eran incompatibles con nuestro derecho interno, pero no solo. También resultaban contrarias a la normativa comunitaria y al derecho internacional de los derechos humanos. Dotarlas de cobertura legal, una intención reiterada por el Ministerio del Interior, se consideraba inviable.

Ahora, tres años más tarde y quién sabe cuántas expulsiones ilegales después, esta sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a España por vulneración de la prohibición de la expulsión colectiva de extranjeros (art.4 del Protocolo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos), y por violación del derecho a un recurso efectivo (art.13 CEDH). Hay que subrayar, como ha hecho Rosa Ana Garijo en su análisis de la Sentencia, que el TEDH tuvo en cuenta las observaciones escritas presentadas por el Comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), y varias ONG (el Centro AIRE, Amnistía Internacional, el ECRE y la Comisión Internacional de Juristas), observaciones que coincidían en la tesis clavela violación de derechos humanos por parte de España con su política de devoluciones en caliente.

Políticas migratorias y de asilo, emblemas de la necropolítica

Este no es un asunto español; ni siquiera europeo. Cuando una publicación como Jeune Afrique se hace eco de una Sentencia del TEDH, podemos maravillarnos de la existencia de un mundo interconectado, en el que la mayoría de las noticias son asequibles en cualquier parte y casi en directo. Pero sobre todo debemos preguntarnos por la razón de la selección de esa entre las mil noticias. Y ahí está la clave: esta sentencia afecta potencialmente a millones de personas en todo el mundo, comenzando por el continente africano.

Sucede que llueve sobre mojado. No es ésta la primera vez que se plantean actuaciones inaceptables frente a los movimientos migratorios (sobre todo si son forzados). La historia viene de muy atrás. Es una historia en la que, una vez más, se unen discurso bélico, negocios y desprecio por seres humanos. La historia narrada por Conrad en El Corazón de las tinieblas, la del monstruoso negocio genocida de Leopoldo, el rey de los belgas, que puede tener mil otros nombres y otros muchos millones de seres humanos sacrificados. No: no vean en esto otro pladoyer sobre el complejo de culpa occidental, tantas veces fustigado. Es algo mucho más concreto: entender por qué ese constante recurso a la inmigración e incluso a los refugiados como amenaza. Entender por qué nuestra respuesta primaria y abrumadoramente mayoritaria frente a millones de seres humanos consiste en elevar muros (para ellos vale el “vayas donde vayas, vallas”), interponer no ya policía, sino ejércitos, por tierra, mar y aire.

Ese empeño, ese síndrome de fortaleza asediada –que no es en absoluto nuevo–, es en el fondo una historia que muestra hasta qué punto vivimos el discurso y la práctica de la necropolítica, como ha explicado el filósofo Achille Mbembé, tras las huellas del clásico de Foucault en el que el francés inauguró la reflexión sobre la biopolítica. Mbmembé entiende por necropolítica una concepción de la política en la que la vida de los otros es objeto de cálculo y por tanto carece de valor intrínseco en la medida en que no resultan rentables o dejan de serlo. En rigor, coincide con las tesis de Sassen y de Bauman, sobre el advenimiento de una etapa del capitalismo en el que el proyecto de la democracia inclusiva queda orillado, reforzándose por el contrario los mecanismos no sólo de desigualdad, sino de exclusión y expulsión de una parte de la población respecto a los beneficios del crecimiento económico. Ese es el rasgo, la exigencia más notable del modelo de capitalismo neoliberal en esta etapa de la evolución del proyecto del mercado global, que trata de obtener una desregulación que permita liberarse incluso de la sujeción a normas básicas como las que responden a la garantía de derechos humanos elementales entendidos como universales. La vida también: la condición del precariado es la de caducidad u obsolescencia programada, al igual que la de las mercancías. Por eso, el acierto de la fórmula de Bauman “industria del desecho humano”,

Pues bien, si hay un campo en el que esa necropolítica se ha desarrollado es el de las políticas migratorias y de asilo. La necesidad de burlar el Estado de Derecho, de arbitrar medidas ilegales que la mala conciencia intenta legalizar, nace de la confusión intencionada de lo que debiera ser gestión administrativa del tránsito de fronteras, con la estrategia necesaria para hacer frente a riesgos y amenazas para el orden público primero y enseguida para la seguridad y defensa básicas (nuestras fronteras, nuestro territorio, nuestro espacio de seguridad, libertad y justicia). De donde la necesidad de esos instrumentos de la necropolítica en el ámbito de la migración y el asilo, esas medidas de militarización de las fronteras, de sometimiento del régimen administrativo del tránsito de fronteras a una concepión de defensa que transmite el mensaje de que la soberanía territorial está amenazada por un “enemigo a la puertas (a las vallas”), los inmigrantes y refugiados. Una necesidad incentivada, claro, por el tintineo del business. Claire Rodierentre otros ha analizado y explicado al detalle cómo funciona y a quién beneficia este floreciente sector de seguridad de fronteras, con sus concertinas, detectores y, también armamento.

Afortunadamente, esta concepción y sus instrumentos ha sido combatida activamente desde su inicio. Lo han hecho ONG como Prodein Melilla, con el imprescindible Pepe Palazón, que documentó mediante fotografías y videos esas prácticas inaceptables (puede verse aquí el video de Prodein Melilla, de 13 de agosto de 2014). Insistimos, la sentencia que responde de modo directo a la eficaz representación legal de los dos demandantes desde el despacho de abogados Boye-Elbal, no puede entenderse sin el trabajo de denuncia de estas ONG, y de las secciones de extranjería de los Colegios de Abogados que no se cansaron de denunciar la perversión del Estado de Derecho que se han empeñado en cultivar, desde 2003, todos los Gobiernos españoles en la gestión de las fronteras de Ceuta y Melilla. Sí: el del melifluo y hoy aspirante a mediador internacional, Rodríguez Zapatero, también lleva a sus espaldas un registro de violaciones de derechos en frontera, con heridos y muertos. Ampliamente superado, por cierto, por el sexenio de Gobierno Rajoy, que rizó el rizo de la burla del Estado de Derecho, de la burla del respeto a la Constitución (ya hemos señalado que en el núcleo de la Constitución, por vía del artículo 10, se encuentran las normas de Derecho internacional universal y europeo de los derechos humanos ratificadas por España).

Frente la aversión de los Gobiernos, esos actores de la sociedad civil han tratado de desarrollar, por el contrario, una concepción garantista y comprometida. Esto es lo importante, que el TEDH da un espaldarazo al rechazo de esas criminales prácticas generalizadas en frontera –expulsiones colectivas, expulsiones en caliente– y las declara con toda claridad ilegales, porque violan derechos humanos y normas jurídicas vigentes. Una victoria del Derecho internacional de los derechos humanos que es indispensable vía crítica para evitar el anquilosamiento de la Constitución.

Fotos: 1. Tragedia del Tarajal. 2. Asalto a la valla fronteriza de Melilla en 2005. 3. Mariano Castillo: Muro-Playa-Tijuana. 4. Moises Yagüe: La valla.

De huevos y adjetivos (Cartelera Turia nº 2800, 29.09.2107)

En uso del proverbial fair play de los respetados responsables de nuestra Cartelera Turia, utilizaré esta primera columna de la temporada para discrepar, sin acritud, claro.

Me he sentido incluido entre los sentenciados en la imprescindible sección Los huevos de Colón (nº 2796) como ejemplo de la conspiración de los periódicos de Madrid contra todo lo que suena a catalán, o, lo que es incluso peor, como indocumentado, ya que comparto declaraciones que han merecido esos calificativos en los famosos huevos por discutir la actuación de los Mossos. Quizá sea mi ascendencia mesetaria (Soria, por parte de madre), o el rasgo frívolo y connatural a la condición (provisional, protesto) de tertuliano, pero soy de esos que han criticado algo de la actuación de las tropas de Trapero. Aún peor, soy reo de la condena enunciada por Colón, en el nº 2798, frente a declaraciones de algunos cargos municipales de las CUP, que han hablado de “ejecuciones extrajudiciales” por parte de los Mossos de Esquadra, declaraciones que habrían puesto como escarpias los pelos de los huevos. Yo he hablado, mea culpa, de esclarecer que no se haya producido eso. Menos mal que no he “meado fuera del tiesto”, a diferencia de la misma representante, pues no he atribuido a los Mossos ser un “cuerpo represivo que ejerce violencia sobre la clase trabajadora”.

Sobre la importancia de las palabras y también, aunque a veces resulte casi contradictorio, sobre la necesidad de no tomarse a uno mismo ni a nadie demasiado en serio, nadie puede dar, creo, lecciones a la Turia, cuya línea editorial no cree en nada, salvo en la prioridad casi absoluta de la libertad de expresión. Y sin embargo…

Sin embargo: someter a crítica la actuación de los Mossos no necesariamente significa estar comprometido en el complot de los media madrileños (la <meseta>) contra todo lo que suene a catalán. Sólo en un estado de excepción las actuaciones policiales son dogma de fe. Cuando se escribe “un solo agente se cepilló a cuatro terroristas, recibiendo cada uno un solo disparo” no se está haciendo sólo información, sino apología. Y no parece información neutral calificar de “indocumentados” a quienes sugieren que se pudiera disparar contra órganos no vitales, porque eso contradeciría las instrucciones generales frente a terroristas que puedan llevar explosivos, lo que resulta especialmente llamativo en el acto de que 50 Mossos se vieran obligados a abatir (he escrito sobre el uso perverso de ese término) a Younes Abouyaacoub.

No abundaré sobre el viejo contencioso entre las CUP y los Mossos: lo explican mejor en el Polònia. Pero no hace falta ser un conspirador madrileño para encontrar actuaciones extremadamente criticables por su violencia y falta de justificación. Denunciarlas acarrea la carga de la prueba. Pero no impide la denuncia, más necesaria hoy que nunca. Dicho sea sin acritud.