Mojar las palabras en veneno El Diccionario Oxford ha elegido “tóxico” como palabra del año 2018. Bastaría un repaso a lo que se ha escrito en estas últimas semanas acerca de la degradación del teatro político para darle la razón. Y eso si concedemos, que ya es mucho tragar, la entronización de la dimensión espectáculo sobre la de argumentación, como expresión prioritaria en lo público. En realidad, esa extensión de la ponzoña es una perversión del lenguaje que va mucho más allá de los escenarios de la política profesional y que venimos aceptando sin reacción suficiente, entre la resignación ante lo inevitable y la indiferencia de las élites que se creen a salvo de esos excesos y la consideran una moda pasajera, un sarampión como el de tantos otros adanismos. Recomiendo a quien quiera un análisis en profundidad la lectura de un ensayo reciente de mi compañera de la Universidad de Valencia, Beatriz Gallardo-Paúl, Tiempos de hipérbole. Inestabilidad e interferencias en el discurso político. Como explicaba el mismo Oxford Dictionary en la justificación de la elección de la palabra del año, tóxico tiene su raíz en el griego τοξικον φαρµακον (tóxikon pharmakon), veneno para las flechas. Pues bien, creo que es en eso en lo que estamos, en envenenar los dardos que son los mensajes, las palabras. Pareciera, por ejemplo, que las redes sociales llevaran consigo esa tentación irresistible de la pérdida del respeto como condición de toda conversación, una consecuencia que no puede ser atribuida sólo al anonimato de tantos de sus protagonistas, puesto que la observamos a menudo entre quienes actúan a cara descubierta. En cualquier caso, lo cierto es que el veneno circula con rapidez y se extiende en todos los ámbitos. La 2 no, como era el caso, para una buena parte de la población, reducida a la vieja condición de siervos. Es una falacia que se repite hasta ser aceptada: confundir el hecho de la diferencia con la respuesta normativa que consiste en la desigualdad. Es decir, utilizar la diferencia como coartada para justificar que esos diferentes, esos otros, no son ni pueden ser tratados como iguales en derechos, ni tampoco son ni pueden ser sujetos de las decisiones políticas, ciudadanos, soberanos. Para vencer el discurso tóxico sobre las migraciones: una estrategia en tres etapas Hay quien trata de encontrar los antídotos frente al resentimiento y al odio como motores sociales, en las posibilidades de educar y aun de institucionalizar la empatía y de la cooperación, también de noble tradición filosófica. Por supuesto que me sumo a esos proyectos de garantía de una educación y de prácticas cívicas. Pero querría un paso más. Y para eso, me referiré a un ejemplo particularmente claro de la narrativa tóxica como estrategia política, sobre el que ya llamó la atención Gemma Pinyol en un excelente artículo a propósito de las migraciones (https://elpais.com/elpais/2018/07/05/opinion/1530814645_466534.html) y que estamos viendo crecer no ya en otros países europeos, sino aquí y ahora, en Cataluña y Andalucía y en el resto del nuestro. Hablo, claro, de políticas migratorias y de asilo, de mensajes electorales que no sólo envenenan sus propias flechas, sino que consiguen contagiar a otros que creen que también deben hacerlo, para no perder la delantera electoral. Hablo de ese discurso sobre los inmigrantes como otros que ni pueden, ni deben ser tratados como iguales. De esa narrativa forma parte un tipo de “información” presente en los medios de comunicación, pero también, a mi juicio, la difusión de esos mensajes tóxicos a través de instrumentos jurídicos de políticas de migración y asilo y de la perversión de su debate público. Para erigir la barrera del respeto frente a esta narrativa tóxica, para cambiar la mirada y el discurso hoy hegemónicos en la opinión pública a propósito de esos otros, inmigrantes y demandantes de asilo, es necesario diseñar y planificar una estrategia que incluya siempre tests de verificación de resultados, realizados por instancias independientes. Propongo tres etapas en esa estrategia El primer paso es una tarea de información y educación de la opinión pública y los agentes sociales. Porque necesitamos conocer a esos otros. Y para eso es imprescindible contar con análisis fiables, datos contrastados. Creo que esa necesidad es una de las aportaciones del GCM impulsado por la ONU y aprobado en Marrakesh precisamente en el 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y diría que necesitamos al menos estas cinco concreciones: a) Necesitamos una estrategia de recuperación y análisis de datos fiables sobre los movimientos migratorios y de refugiados que, ante todo, siguen la dirección que marca la necesidad: son Sur-sur. b) Necesitamos una estrategia eficaz contra ese proceso de difusión de rumores, medias verdades, fake news, sobre todo en las redes sociales. Por cierto, ya contamos con iniciativas muy positivas a ese respecto, como la estrategia antirumores para prevenir racismo (http://www.antirumores.com/proyecto.html.) o la red antirumores frente a estereotipos de migraciones, organizada por la Junta de Andalucía ( https://www.juntadeandalucia.es/organismos/justiciaeinterior/areas/politica s-migratorias/redantirumores.html). 3 c) Necesitamos revertir el tratamiento sectorial de las migraciones (como fenómeno sólo laboral, o económico-laboral) y analizarlas como fenómeno global que sólo puede ser abordado desde el multilateralismo y la cooperación. d) Necesitamos entender que aumentan las causas de la necesidad de demanda de asilo mientras se estrechan las soluciones, lo que es evidente respeto al cambio climático. Entender la necesidad de non refoulement, de vías de acceso seguras y legales e) Necesitamos, en suma, revertir el discurso sobre las verdaderas realidades, los desafíos reales y los medios con los que contamos: revertir el discurso de la inmigración como factor de enfrentamiento social y con ello la prioridad del discurso sobre defensa y aun guerra contra las amenazas, para construir el de cooperación internacional, de responsabilidad compartida y mutuo beneficio. Por supuesto, esa voluntad de mutuo conocimiento debe concretarse prioritariamente en el sentido de desmontar la gran asimetría, la del desconocimiento que tenemos nosotros hacia esos otros. Pero esa es una tarea de sumas, no de restas. Por eso, aunque se trate de un movimiento minoritario que llega a nuestro país con retraso respecto a la discusión que se ha vivido, por ejemplo, en los EEUU o en Francia, me parece peligroso que esté cobrando eco entre nosotros un movimiento que, en lugar de sumar en la lucha antirracista, divide. Me refiero a la reivindicación de quienes sostienen que sólo las personas racializadas pueden y deben tener voz. Que los blancos debemos callar y abstenernos de tomar parte en ese proceso de mutuo reconocimiento y de combate contra la ignorancia y los prejuicios. Me parece un grave error, porque a mi juicio, insisto, en este primer paso (y en los sucesivos) se trata de sumar, no de dividir, de imponer una suerte de revancha que podría acabar por constituir otro racialismo. En segundo lugar, necesitamos iniciativas concertadas entre las sociedades de origen, de tránsito y destino y los propios inmigrantes, y basadas en la prioridad que es la garantía de los derechos. Es decir, medidas que desarrollen el vínculo entre democracia, derechos y desarrollo sostenible como punto de partida del pilar internacional de toda política de migraciones. Un vínculo que, a mi juicio, ha de evitar tres riesgos que guardan una estrecha relación. El primero, el del paternalismo que ha caracterizado a buena parte de los instrumentos de políticas de cooperación y ayuda al desarrollo, herramientas diseñadas apriorísticamente por los donantes, como si los países receptores vivieran en un estadio de minoría de edad. El segundo, el del neocolonialismo que concibe las políticas de ayuda y cooperación al desarrollo como un medio para la expansión de los intereses económicos y geoestratégicos, tanto los del Estado, como los de sus empresarios; por ejemplo, cuando se condiciona la ayuda al cumplimiento de cuotas de policía en relación con prácticas de externalización de fronteras. El tercero, el de la complicidad -si no la incentivación- del circuito de corrupción que involucra a las élites de los países a los que se compra y corrompe so capa de prestar la cooperación: porque esas élites corruptas de los países destinatarios de tales políticas de ayuda y contra las que claman no pocas veces, con razón (basta ver el caso de Guinea ecuatorial o incluso el de Palestina) las críticas de derecha contra ese modelo de políticas solidarias, se corrompen también porque hay corruptores, y nosotros, tristemente, desempeñamos ese papel. Si se trabaja bien esas etapas, podremos pisar terreno seguro para el tercer y necesario paso: el de reconocer a quienes ya están aquí asentados la misma capacidad de decisión a la hora de adoptar las decisiones políticas que la obligación que les exigimos, cumplir con el deber de sufragarlas con los impuestos que pagan. Una vez 4 más, no a los neocolonialismos, a las fronteras interiores sobre las que ya advirtiera Balibar: no taxation whitout representation. Ese objetivo es el que describía la fórmula Inmigration for Citizenship, al que se encaminaba con carácter prioritario el modelo de políticas de migración canadiense anterior a la administración Harper, pero que no ha sido suficientemente recogido, a mi juicio, en la actual administración Trudeau (cuya política de refugiados es incontestablemente un referente mundial). A esos efectos, necesitamos recuperar o, mejor, volver a definir políticas de acogida y gestión de la presencia estable de los inmigrantes, que tengan en cuenta ante todo la exigencia de darles voz, escuchar sus necesidades, sus expectativas y propuestas, en términos de igual libertad con la que se reconoce a los nacionales. Y eso supone, por ejemplo, recuperar dos medidas en las que vengo insistiendo desde que en junio llegó al Gobierno el Presidente Sánchez. La primera, recuperar la dotación presupuestaria del Fondo de acogida e integración dirigido a Ayuntamientos y Comunidades Autónomas (creado por el primer Gobierno de Rodríguez Zapatero y luego reducido a mínimos al socaire de la crisis y anulado desde el primer momento por el Gobierno Rajoy), que son las administraciones más próximas a los inmigrantes con presencia en nuestro país y por tanto las que deben afrontar en primer lugar las tareas de servicios sociales y de ayuda para derechos sociales básicos, incluida la formación en el empleo, en la lengua y la ayuda a la vivienda, por ejemplo. La segunda, la reformulación de lo que se denominó Plan de Ciudadanía e integración y que vivió el mismo proceso de desaparición que el Fondo. Porque ese es el objetivo que permitiría gestionar la movilidad migratoria en beneficio mutuo de todos los actores implicados. Se trata de hacer posible reconocer como nuevos ciudadanos a los inmigrantes que tienen la voluntad de asentarse establemente en nuestro país, sin condicionar ese reconocimiento a exigencias de asimilación cultural y de costumbres, a peregrinos test de conocimiento que muchos nacionales no superarían. A mi juicio, debe bastar con dos requisitos, la voluntad acreditada por el hecho de residir y trabajar de modo estable, en un plazo a determinar (tres, cinco años), y la voluntad manifiesta de adquirir una competencia lingüística que les permita comunicarse en la lengua de uso común en nuestro país. Todo ello se resume en la fórmula por la que vengo, venimos, luchando desde hace decenios: hacer accesible la ciudadanía por vecindad y no por nacionalidad. Porque, a mi juicio, a esos aspirantes a ser nuevos ciudadanos debemos atribuirles la misma presunción favorable que a los nacionales, esto es su disposición a cumplir las leyes, los deberes, como todos los ciudadanos, una presunción que sólo se desvirtúa si hay una sentencia firme que establezca que las han infringido. Porque, en mi opinión, no hay nada que justifique imponerles un plus de lealtad a la ley, al ordenamiento jurídico, respecto a los nacidos aquí. Nadie lo lleva en sus cromosomas. Todos aprendemos a conocer el principio de respeto al Derecho y a adquirir la disposición de ajustar nuestra vida a esas reglas comunes de juego, que nos reconocen una presunción favorable de libertad, que no se destruye por un prejuicio repetido, sino sólo por una decisión judicial firme, tras un proceso con garantías.